El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se ruega a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos legisladores.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 259 diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (10:01): Se abre la sesión
Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se dispensa la lectura
Proceda la secretaría a someter a discusión el acta.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada el acta.
Continúe la secretaría con el capítulo de comunicaciones de la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores referente a la iniciativa que reforma el primer párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Comunicación del diputado Carlos Reyes Gámiz relativa a la instalación del Parlamento de la Juventud del Distrito Federal 2005.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a cambio de integrante de comisión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: De enterado
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la comparecencia de la Secretaría del Medio Ambiente.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
VOTACION
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Tiene el uso de la palabra la diputada Evangelina Pérez Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social para incorporar diversas disposiciones en materia indígena.
La diputada Evangelina Pérez Zaragoza: Con su venia, señor Presidente.
"El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por conducto de la suscrita diputada Evangelina Pérez Zaragoza, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa de adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, a partir de la siguiente
"Exposición de Motivos:
"Desde el ámbito legislativo se ha buscado impulsar diversas normas jurídicas para apoyar y establecer los mecanismos que permitan garantizar los derechos y la cultura de los indígenas.
"Con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 2001 se amplió el reconocimiento de la composición pluricultural y pluriétnica del Estado nacional. Con ello se busca construir una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y la sociedad, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural en el diálogo y el respeto a las diferencias.
"La misma forma constitucional mandata un proceso de modificaciones sustanciales a la legislación federal y estatal. Adicionalmente se requiere un proceso de reforma institucional donde los tres niveles de gobierno asuman las responsabilidades que les corresponden en materia indígena, a efecto de llevar a cabo las acciones necesarias y destinar los recursos suficientes para garantizar los derechos derivados de dicha reforma constitucional.
"En congruencia con lo que establece nuestro marco jurídico y en respuesta a las condiciones sociales prevalecientes en los pueblos y comunidades indígenas se hace necesaria la promoción de políticas específicas y de programas de desarrollo y bienestar para la población indígena.
"Las condiciones de vida de los pueblos indígenas están generalmente asociadas a la pobreza extrema. De acuerdo con datos del Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 2001-2006, para el año 2000 de los 2,443 pueblos indígenas y de los municipios calificados como indígenas en la medida que concentran un 30 por ciento y más de la población indígena estimada. De éstos el 88 por ciento, es decir, 707 están considerados de alta y muy alta marginación.
"Su compleja y severa situación de los pueblos indígenas han logrado conservar su dignidad y participar constructivamente en su desarrollo, conservando cultura, identidad, instituciones, autoridades y tradiciones propias.
"Por ello, la presente iniciativa busca que los gobiernos municipales, los gobiernos de las entidades federativas, gobierno federal, mediante acciones coordinadas impulsen el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, fortaleciendo la economía local.
"El financiamiento suficiente y oportuno para proyectos productivos indígenas encaminados a erradicar las desventajas y competitivas a incorporar nuevas tecnologías que hagan más eficiente sus sistemas de producción, además de promover lo necesario para apoyar el seguimiento supervisión de dichos proyectos, así como los elementos necesarios para la organización, capacitación y asistencia técnica de las indígenas.
"Cualquier formulación de carácter nacional para atender la compleja realidad de los indígenas requiere de la participación de los mismos. Por ello, se atiende a lo que expresaron en la consulta a los pueblos indígenas sobre sus formas y aspiraciones de desarrollo, que llevó a cabo la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entre fines del 2003 y 2004, donde participan y participaron un total de 4 mil 269 integrantes de 59 pueblos indígenas.
"Lo anterior nos lleva a plantear adiciones a la Ley General de Desarrollo Social, ya que establece entre su objeto, el de fomentar el sector social de la economía y particularmente de su Título Tercero. Establece un capítulo específico para el fomento del sector social de la economía; es ahí donde se plantea adicionar las disposiciones necesarias que den cumplimiento estricto a la fracción I y VII del Apartado B del artículo 2 constitucional.
"Con estas reformas, los pueblos indígenas y sus comunidades tendrán la posibilidad de participar plenamente en los proyectos productivos y oportunidades reales de nuevos modelos de desarrollo sostenible en sus tierras, encaminados a lograr un desarrollo ecológicamente racional y sostenible, que reconoce, promueve y fortalece la incorporación y a su vez la aportación de las comunidades indígenas al desarrollo social.
"Si no avanzamos en cambios estructurales en las políticas públicas en asuntos indígenas, no se podrá hablar de una nueva relación entre Estado, sociedad nacional y pueblos indígenas.
"Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos citados, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la Ley General de Desarrollo Social para quedar como sigue:
"Artículo Unico.- Se adiciona un segundo, tercer y cuarto párrafos del artículo 34 de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue:
"Artículo 34.- Los gobiernos federal, estatal y municipal, con la participación de los pueblos y comunidades indígenas, apoyarán las actividades productivas y de desarrollo sustentable de las zonas indígenas, mediante acciones coordinadas que permitan fortalecer la economía local, mejorar las condiciones de vida de los pueblos y lograr la suficiencia de los ingresos económicos de los indígenas, procurando establecer de manera conjunta con ellos nuevos modelos interculturales de desarrollo regional.
"Además, se le dará prioridad en la asignación de subsidios o programas alimentarios para la ejecución de proyectos de recuperación nutricional, a partir de esquemas sostenibles de producción y autosuficiencia alimentaria.
"En dichas acciones deberán considerarse las aplicaciones de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la organización, la capacitación, asistencia técnica y el uso de tecnologías para incrementar su capacidad productiva. Asimismo, se asegurará el acceso equitativo al crédito, a los sistemas de abasto y comercialización.
"En las reglas manuales de operación de los programas sociales destinados a la población, deberán de incluirse cláusulas de excepción y ofrecer alternativas en sus requisitos, atendiendo a las limitaciones derivadas de la condición socioeconómica de los indígenas, por ejemplo la carencia del registro civil o credencialización.
"Además, los contenidos de dichas reglas y manuales deberán de difundirse en idioma español y en las lenguas habladas por los pueblos indígenas de la República Mexicana, reconocidas por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.
"Las autoridades municipales determinarán equitativamente los recursos presupuéstales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias.
Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas.
Tiene la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona el artículo 171 del Código Penal Federal.
El diputado Omar Bazán Flores: Con su venia señor Presidente. La transformación del Derecho es una necesidad que se ajusta a la realidad histórica como lo define el Maestro Villoro Tandojo, por eso es urgente la reforma de la Fracción II del Artículo 171 del Código Penal Federal, relativo a las sanciones aplicables, a los conductores en estado de ebriedad, ante el grave problema que actualmente representa para la comunidad.
Las personas que circulan por las carreteras del país en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes u otras sustancias similares y cuyas sanciones bajo la actual Legislación resulta inadecuado e ineficaz, puesto que la experiencia indica que finalmente por la baja penalidad que contempla el Código Penal Federal para la sanción de este ilícito, consiste en una pena privativa de libertad y multa mínima, que los Jueces Federales sustituyen por multas y concesiones además del beneficio de la conducta condicional, representa un alto costo para la Federación por los gastos erogados por la tramitación y por cada proceso ocasiona sin resultado práctico para la sociedad ni para el propio infractor.
Por ello, se propone una pena alternativa con media ((?) y medidas de prevención de los males mayores; para el caso actualmente del alcoholismo y el conductor de infractor quien al no recibir la rehabilitación adecuada, volverá a registrar su mayor gravedad y sus consecuencias.
La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de salud de la Federación y las Entidades Federativas en materia de Salubridad General, conforme a lo que dispone la Fracción XVI del Artículo 73 de esta Constitución.
Desde el año de 1978 la Confederación Internacional para la Atención Primaria a la Salud, ha puesto una concepción en la salud que ha generado una influencia importante en el enfoque informativo de los Estados, al entender la misma como el Estado, completo de bienestar físico mental y social y no solamente la ausencia dela infección o enfermedades, es un derecho fundamental y el logro de grado más alto posible de la misma, en un objetivo social importantísimo para el mundo y para nuestro país.
Expuesto lo anterior, enfocaremos nuestra propuesta al problema de Salud Pública, relativo a las adicciones, entre otras , el alcoholismo, para la cual resulta indispensable localizar y puntualizar la Legislación que se ocupa del tema. Con la finalidad de fortalecer una propuesta que lleve a la comprensión del problema tanto a los Legisladores como a la Autoridad Judicial y a la Autoridad Administrativa, a efecto de establecer una coordinación de competencia para la atención y prevención de dicha enfermedad.
Si como ya se dijo, es cierto entonces que el alcohol es el principal factor crinonogeno (?) de los accidentes de tránsito por lo que esta conducta debe de ser severamente sancionada; sin embargo del análisis del problema encontramos que además el sujeto activo resulta ser un enfermo , por tanto la propia Ley debe darle alternativas entre una sanción privativa de libertad o una rehabilitación, pues a nada práctico conduce la imposición de penas de prisión o multas mínimas por parte de los Jueces Federales bajo la Legislación vigente, en la que finalmente la pena de prisión se sustituye por multas, al conceder al sustanciado en la mayoría de los casos este beneficio quedando vigente el problema con un alto costo para la Federación y para los Estados, incautando el respeto a los Tribunales del Poder Judicial de la Federación sin ningún resultado positivo para la sociedad ni el propio infractor.
Por lo tanto, es referente que se proponga una Reforma por parte de los Legisladores a la pena federales contemplados en el artículo 171 cuya redacción actualmente es de este tenor: "Se impondrá prisión hasta de 6 meses, multa hasta de cien pesos y suspensión a pérdida de derecho a usar Licencia de manejar".
No. 2, al que en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes comentan alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulen al manejo de vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda, sin causar daño a las personas o a las cosas.
Texto vigente. Artículo 171.- Se impondrá prisión hasta de seis meses, multas hasta de 100 pesos y suspensión a pérdida de derecho al usar la licencia de manejo.
1.- Derogado.
2.- Al que en estado de ebriedad o bajo influjo de drogas y enervantes cometan alguna infracción a los reglamentos de tránsito y circulen al manejar vehículos de motor, independientemente de la sanción que le corresponda sin causar daño a las personas o a las cosas.
Por lo anteriormente expuesto, presento a esta soberanía la iniciativa de Ley que reformael Artículo 161 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Texto modificado.- Artículo 71.- Se impondrá prisión de seis meses hasta tres años y de 180 a 360 días de multa y suspensión de los derechos para conducir vehículos hasta por cinco años o a tratamiento para la atención de las adicciones de seis meses a un año por conductores y por conducto de la Secretaría de Salud, bajo la supervisión del Ejecutivo, al que el estado deberá o bajo el influjo de estupefacientes u otra sustancia que produzca efectos similares, maneje el vehículo de motor.
Atentamente diputado Omar Bazán. Muchas gracias presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.-
Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que adiciona una fracción IV al Artículo 3. de la Ley Federal del Impuesto sobre Automóviles Nuevos.
El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados.
Es como un ver en las avenidas transitadas el humo que arrojan vehículos o el humo de las industrias, ese flujo de aire oscuro es visible, porque contiene partículas que provienen de la mala combustión.
Otro fenómeno cotidiano en las grandes ciudades, es la disminución de la visibilidad, provocada por las partículas suspendidas en la atmósfera.
La calidad del aire en las características de tamaño y composición de las partículas suspendidas, juegan un papel importante en los efectos a la salud y al bienestar del ser humano, las partículas primarias están presentes en la atmósfera en la forma que se emitieron y las partículas secundarias se forman en la atmósfera a partir de los hidrocarburos, óxidos de nitrógeno u óxidos de azufre principalmente.
Generalmente en las partículas secundarias, son más dañinas a la salud que las primarias. Estudios e investigaciones recientes demuestran que las partículas que causan problemas significativos de contaminación del aire y efectos a la salud, son las de tamaños menores a 10 mm. conocidas como PMCM10, las PM10 con diámetros aerodinámicos de aproximadamente siete veces menores que el grosor de un cabello, pueden viajar a lo más profundo del sistema respiratorio y depositarse en los alvéolos pulmonares, quedando atrapados en las membranas.
Las principales fuentes de partículas, son básicamente los procesos de combustión que se utilizan en vehículos, procesos industriales tales como las plantas generadoras de energía, los incineradores, actividades de la construcción, los incendios y las erosiones de los suelos.
Muchos estudios muestran la relación entre las concentraciones ambientales de partículas y los efectos en la salud. El incremento en las partículas está altamente correlacionados con el ingreso hospitalario por enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio, tales como deficiencia pulmonar, incremento de problemas respiratorios y muerte prematura.
Las partículas afectan de manera directa a los pulmones y las vías respiratorias. En grandes ciudades como la nuestra, estamos continuamente expuestos a las partículas que frecuentemente están combinadas con otras sustancias peligrosas, éste es el caso de las partículas más pequeñas que tienden a reaccionar con gases, confiriéndoles un alto grado de peligrosidad.
Las medidas adoptadas en los últimos años para frenar el deterioro de la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México han generado buenos resultados; la tendencia ascendente de ciertos contaminantes atmosféricos ha sido controlada, como en el caso del plomo, del bióxido de azufre y de las partículas, sin embargo, la dinámica de la contaminación atmosférica es a tal grado compleja que su evolución nos ha ido revelando dimensiones poco exploradas e incluso desconocidas anteriormente. En este sentido se ha observado que ciertos contaminantes han alcanzado niveles inaceptables, pues los efectos que producen sobre la salud son sumamente preocupantes.
Hoy en día, una marca automotriz se debe preocupar por ofrecer motores con tecnología que redunden en beneficio, como una óptima potencia con un alto rendimiento de combustible o una emisión de gases más limpios. En otros, el rendimiento de combustible considerado como la distancia que recorre un auto con un litro de combustible. Actualmente existen en el mercado diversos parámetros de rendimiento, que van desde 8 hasta 18 kilómetros, pero con la intención de propiciar la venta de automóviles eléctricos, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con motor de combustión interna nuevos, con un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina, se considerará conveniente incluir un incentivo económico para excluir el pago de impuestos a este tipo de automóviles, con la intención de contribuir a la mejora de la calidad del aire.
En este sentido, para continuar introduciendo incentivos que permiten contribuir a la mejora en la calidad del aire, en el ámbito federal mexicano el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona una Fracción IV al artículo 8 de la Ley Federal de Impuestos Sobre Automóviles Nuevos, para quedar como sigue:
Artículo 8: "No se pagará el impuesto establecido en esta ley en los casos siguientes...Fracción IV: Tratándose de automóviles eléctricos nuevos, así como de aquellos eléctricos que además cuenten con un motor de combustión interna nuevos, con un rendimiento de 20 kilómetros por litro de gasolina".
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Proceda la Secretaría al cierre del sistema electrónico y a dar cuenta del registro de diputados y diputadas.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Falta alguna diputada o algún diputado de registrar asistencia? Si falta alguna diputada o diputado de registrar asistencia, tienen hasta 15 minutos para realizarlo por cédula.
Señor Presidente, hay una asistencia registrada de 392 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Secretario.
La iniciativa anterior se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa de reforma a los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en materia de notificaciones.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Con su permiso diputado Presidente.
El suscrito, diputado Juan Fernando Perdomo, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia de la LIX Legislatura de este Congreso, presento ante esta honorable soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
La defensa de la legalidad y el debido proceso son preocupaciones constantes para el grupo parlamentario de Convergencia. Se estima oportuno que los códigos y leyes mexicanos no tengan espacios o lagunas que generen dudas al momento de interpretar aspectos procedimentales, que a la postre pueden generar mayor retardo en el despacho de los asuntos y en el propio sistema de impartición de justicia mexicano.
El hecho de que se precisa la manera en que se pueden subsanar las omisiones de los litigios, por lo que respecta al señalamiento del domicilio en la localidad del juicio, en el que se puedan desahogar notificaciones personales y diligencias judiciales, no obedece a otra cosa que a la certeza que debe de imperar en los procedimientos.
La redacción actual de los preceptos que se reforman en la ley adjetiva, resulta confusa y genera incertidumbre, ya que de una interpretación laxa de los mismos, surgen dudas sobre la posibilidad de que se reanude la práctica de notificaciones personales, a partir de señalamiento de domicilio, cuando dicho requisitos hayan sido omitidos previamente por algún litigante.
Por lo anterior y con fundamento en los artículo 55, 56, 57 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 306 y 308 del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar como sigue:
"Artículo 306.- Cuando un litigante no cumpla con lo prevenido en la primera parte del artículo anterior, las notificaciones personales se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deben ser personales, hasta en tanto sea subsanada la omisión.
"Si faltare a la segunda parte del artículo, no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes se promueva o a las que les interese que sean notificadas mientras nos se subsane la omisión, a menos de que las personas indicadas ocurran espontáneamente al Tribunal a notificarse.
"Artículo 308.- Los tribunales tienen el deber de examinar la primera promoción de cualquier persona o la que expusiere en la primera diligencia que con ella se practicare y, si no tuviera la designación de la casa en que han de hacérseles las notificaciones personales, acordarán desde luego, sin necesidad de partición de parte ni certificación de la Secretaría sobre la omisión, que se procede en la forma prescrita por el artículo 306, en caso de que no haya sido debidamente subsanada la misma".
Transitorio
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado José Porfirio Alarcón Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un Título XII a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Compañeras y compañeros legisladores.
El suscrito, José Alarcón Hernández, diputado federal de esta LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta Honorable Soberanía a presentar una iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un Título XII a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de crear un fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación.
La iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de este día, por eso me concretaré a señalar dos o tres aspectos de la exposición de motivos y del contenido de la propia iniciativa que lo que hace es adicionar, como he expresado un título duodécimo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Para los efectos es importante partir de que la justicia como valor, como ideal, como servicio público, como garantía constitucional y derecho público fundamental, requiere de cuantiosos recursos para poder ser otorgada de manera pronta, completa, imparcial y gratuita.
Como lo establece la Constitución es precisamente este Honorable Congreso a través de la Cámara de Diputados, el que le asigna el presupuesto correspondiente al Poder Judicial de la Federación, pero también, como es conocido, como es perfectamente comprobable, los recursos de que dispone el Poder Judicial de la Federación siempre han resultado insuficientes. Por ello la proposición en esta iniciativa para la creación de este fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación.
Así pues, la presente iniciativa se inscribe en la búsqueda de más recursos para resolver precisamente la insuficiencia de ellos y en todo caso estar en mejores condiciones para poder ofrecer una justicia pronta, expedita a todos los mexicanos, en todas las entidades federativas, mejor dicho en casi todas, hecha excepción de cuatro estados, este fondo de apoyo está vigente con el objeto de obtener una mayor cantidad de recursos para este objetivo.
Lo que se pretende, subrayo, con la creación de este fondo de apoyo a la administración de justicia del Poder Judicial de la Federación, es ofrecer mejores condiciones de justicia conmutativa para todos los mexicanos. Los recursos que se allegue este fondo, cuya constitución se propone serían independientes de aquellos otros que la Honorable Cámara de Diputados le asigna a través del presupuesto anual de Egresos de la Federación.
Sería entonces un nuevo título de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se integraría con dos tipos de recursos: unos propios y otros ajenos, afectados éstos últimos en forma transitoria al fondo. Entre los primeros se encuentran las donaciones al fondo y los provenientes de patrimonio propio del Poder Judicial de la Federación y los segundos, entre otros los intereses que se generen por las inversiones que se hagan de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante los juzgados y tribunales del Poder Judicial de la Federación.
El Consejo de la Adjudicatura Federal se encargaría de la administración y supervisión del fondo. Los recursos se invertirían en valores de renta fija y en valores y deposito en renta fija del más alto rendimiento, siempre y cuando no se pierda la disponibilidad inmediata y suficiente de las sumas que resulta necesario reintegrar a los depositantes o entregar a los particulares que tengan derecho a ellos.
Uno de los objetivos prioritarios de toda nación, debe ser el constante mejoramiento de su sistema de impartición de justicia y el acercamiento de ésta a los justiciables, por ser ahí donde desembocan las necesidades sociales. Ello obliga a la búsqueda de soluciones que permitan al Poder Judicial de la Federación allegarse de recursos que le permitan sufragar algunas de sus apremiantes necesidades, lo que en la especie seguramente se lograría de llegar a constituirse el mecanismo de financiamiento planteado.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración de esta soberanía esta iniciativa que, repito, ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Esta iniciativa comprende cuatro capítulos, comprende algunos artículos: del 242 al 261 y tres artículos transitorios.
Compañeras y compañeros legisladores, ante la importancia de resolver la insuficiencia de recursos ante la necesidad de ofrecer mejor calidad de justicia a los mexicanos, es que presento esta iniciativa y en su momento pido a la comisión correspondiente la dictaminación de esta iniciativa, para que presentado el dictamen al pleno, éste pueda dar su veredicto.
El cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra la diputada Janette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La diputada Janette Ovando Reazola: Compañeros legisladores, la que suscribe, diputada federal Janette Ovando Reazola, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LIX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad que me otorga lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, a fin de establecer la obligatoriedad de los debates en las campañas políticas.
Lo anterior, conforme a la siguiente exposición de motivos:
La democracia es la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno. En este régimen político la soberanía reside en el pueblo y es ejercida por éste de manera directa o indirecta.
En términos más simples, la democracia es el régimen por el cual la sociedad delega voluntariamente la representación de sus intereses a un grupo de personas que tendrán la obligación de obtener para ésta su máximo beneficio, satisfaciendo a cabalidad sus necesidades.
La sociedad será quien organice para decidir qué personas se encargarán de realizar las tareas de gobierno y de tomar las mejores decisiones para la comunidad, teniendo siempre presente que la idea central de la democracia es la igualdad de los ciudadanos.
Si bien es cierto que para lograr una verdadera democracia es necesario contar con instituciones transparentes y confiables que aseguren el cumplimiento del estado de derecho, también lo es que el primer paso para alcanzar dichos objetivos es el ejercicio del voto.
El voto, como derecho y obligación de los ciudadanos mexicanos, es un acto de enorme trascendencia, ya que en él se resumen las aspiraciones, esperanzas y preocupaciones de cada uno de los ciudadanos en lo individual. El voto y la eficacia del mismo, ha permitido a nuestro país aunque a paso lento, la transición de la democracia en estos días.
Actualmente los mexicanos tienen la posibilidad de ejercer este derecho aunque el mismo no es una tarea fácil, pues implica que al decidir a quién se favorece con éste, el voto se visualiza quién constituye la mejor opción que garantice una representación responsable que defienda mejor los intereses de la sociedad. Esto es que el ciudadano debe estar plenamente convencido de la importancia que tiene el emitir su voto de manera consciente y responsable, pues de él depende el curso de la vida política del país.
La democracia es un proceso complejo y dinámico en el que confluyen diversos factores sociales que van más allá de la mera emisión del voto y que tiene que ver con el ejercicio de los deberes y derechos del ciudadano, ya que este es un sujeto activo de la política capaz de nombrar a sus representantes y gobernantes, que también se organiza en defensa de sus derechos para ser escuchados por el gobierno y para influir en el rumbo y la dirección del país.
En ese sentido, la transición a la democracia es tarea de todos y es importante para la misma entablar y conducir acciones que confluyan para el cumplimiento de este propósito. Una de esas estrategias es el establecimiento de debates públicos entre los candidatos presidenciables, lo cual permitiría matizar el impacto de las campañas mediáticas al ir más allá de discusiones ociosas sobre las actuaciones de la vida personal de los contendientes o de la pura imagen sin contenido, que a menudo es la fuente principal de los posicionamientos de los candidatos.
En efecto, los debates públicos permitirían la comparación entre los candidatos, propuestas, plataformas políticas y objetivos y estrategias concretas en atención a los temas de verdadero interés nacional, generando mayor conciencia entre los electores.
La pretensión de la presente reforma se centra en establecer dichos eventos con el propósito de dar a conocer los electores quiénes son los candidatos; su manera de pensar; su preparación; sus objetivos e incluso para permitir al electorado identificar a los candidatos como la futura autoridad que tendrá en sus manos el poder de representarlos en el ámbito nacional e internacional durante un periodo determinado.
La realización y difusión de debates implica presentar a los votantes propuestas, plataformas políticas a efecto de clarificar los objetivos de los candidatos y las medidas concretas que piensan aplicar para obtener sus pretensiones y distinguir la diferencia que existe entre su propuesta y las de los otros candidatos, a efecto de tener mayores elementos de convicción al momento de elegir.
En conclusión, esta iniciativa propone la adición de un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, con el propósito de facultar al consejo general del Instituto Federal Electoral para que éste sea quien procure la realización, difusión y programación de debates públicos durante las campañas políticas electorales a efecto de fortalecer la cultura democrática en nuestro país, estableciendo que en los tiempos de debates no quedarán comprendidos dentro de los topes de financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que le correspondan a cada partido.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes secretarios, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 82 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue:
ARTICULO 82.
1. El consejo general tiene las siguientes atribuciones:
2. El consejo general procurará la realización de debates públicos entre los candidatos presidenciables de los diferentes partidos políticos cuya difusión será a través de la radio y la televisión.
Los tiempos de los debates no quedan comprendidos en los topes del financiamiento de los partidos políticos y candidatos, ni en los tiempos que le corresponda a cada partido.
ARTICULO TRANSITORIO
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de septiembre de 2005.
Atentamente.
Dip. Janette Ovando Reazola.
Muchas gracias señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal.
La diputada Angélica de la Peña Gómez: Mucha gracias señor presidente.
Honorable asamblea: Esta iniciativa con proyecto de decreto pretende reformar los artículo 52 y 54 del Código Penal Federal para eliminar el concepto de calidad de la gente, la víctima, sustituyendo éste por el concepto de condición de la víctima.
La determinación de la pena realizada por los jueces implica su individualización al delito y al delincuente de que se trata. ES un proceso de adaptación de la pena legal a caso concreto.
La regla para la individualización judicial definida en el artículo 52 y en el artículo 51 del Código Penal Federal, proporciona las bases utilizables por el juez para fijar la pena en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias referidas a la conducta delictiva y las circunstancias referidas a la personalidad del delincuente y a la calidad de la víctima.
La importancia de esta regla deriva del hecho de que al no haber una pena fija para el delito cometido, los jueces deben fijar la pena aplicable dentro del rango establecido como mínimo o máximo legal con base en las respectivas escalas penales.
La aplicación de esta regla de individualización de la pena permite ponderar los aspectos esenciales de la personalidad del autor; de las circunstancias del tiempo, modo, lugar; las circunstancias específicas del delito, los vínculos, autor, víctima, las condiciones y características de la víctima, todo esto a través de un contexto integral.
Las disímiles consecuencias que el delito atrae aparejadas en relación a la víctima, pueden expresarse a partir de distinciones jurídicas que se reflejan en las escalas legislativas. Así del mismo modo que el bien jurídico protegido determina la mayor o menor entidad del delito, la víctima no acusa las consecuencias de un robo de la misma manera que una violación.
Y no merece la misma pena quien comete un delito contra una persona adulta a quien actúa contra una persona menor de edad o aquél que aprovecha la situación para cometer un delito en perjuicio de una persona con discapacidad, por ejemplo.
Dentro de cada acción delictiva, la extensión del daño puede ser mayor o menor. Esto se relaciona con otras circunstancias, fundamentalmente con el medio empleado, las condiciones de tiempo, lugar, modo y ocasión de la comisión del delito y las circunstancias capaces de configurar en concreto conductas delictivas de muy distinta índole criminal o potencial.
Para los jueces es trascendente conocer las circunstancias específicas en las que se cometió la conducta delictiva.
En este sentido, la criminalística y la criminología, ciencias auxiliares del derecho, nos dan la pauta de las preguntas básicas a resolver en el proceso: qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué, para qué y contra quién. Esta última pregunta se refiere a la víctima del delito, a sus condiciones generales y específicas.
En el Código Penal Federal aparece esto referido en la fracción V del artículo 52 únicamente como la calidad de la víctima u ofendido. Mención desde nuestro punto de vista, notoriamente incorrecta e insuficiente.
Y por qué? Bien, el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, nos refiere el término calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo que permiten juzgar su valor. Es por tanto ésta, una denominación incorrecta y peyorativa tratándose de personas, teniendo en cuenta que no hay personas de mayor o menor valor sino condiciones y características específicas de cada individuo.
Asimismo aparece insuficiente la mención existente ya que la individualización de la pena resulta esencial que el juzgador conozca las características de la persona contra quien se actuó; las condiciones de la víctima que pudieron determinar al autor en la comisión del ilícito; aquellas que pudieron ser un factor criminógeno determinante para el sujeto activo; la existencia de una relación causal; los vínculos autor-víctima; los aspectos tanto objetivos como subjetivos de la relación entre estos y las consecuencias que en este último generó la conducta.
Es importante que tengamos en cuenta que la moderna victimología no agota su cometido y pretensiones en la elaboración de programas indemnizatorios, de contenido económico patrimonial a favor del sujeto pasivo del delito que la reduciría a un aspecto mercantilista que de ninguna manera es su cometido.
Esta reforma pretende contribuir para que se haga indispensable un verdadero estudio del sujeto activo del delito, pero también de la víctima, a través de un conjunto de reglas generales y principios comunes que contribuyan al progreso y evolución de las ciencias criminalísticas y jurídicas, facilitando la comprensión del fenómeno.
Es hora, diputadas y diputados, de superar los tradicionales planteamientos jurídicos penales y criminológicos que centran su atención en el delincuente, olvidando que éste no es el único que forma parte de este drama que es el delito.
Se debe poner fin a la ironía que supone convertir en destinatarios de todos los movimientos humanitarios a los delincuentes y prescindir de actitudes de signo semejante de las víctimas.
Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a su honorable consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 52 y 54 del Código Penal Federal para eliminar el concepto de calidad de la gente y de la víctima, sustituyendo éste por el concepto de comisión, condición de la víctima.
Es cuanto. Agradezco su atención. Solicito al señor presidente que por favor lo turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su respectivo dictamen. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se recibió del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que adiciona un segundo párrafo a la fracción IV del artículo 2 y un párrafo a la fracción I del artículo 10 de la Ley General de Personas con Discapacidad.
Túrnese a la Comisión de Atención a Grupo Vulnerables.
Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario del Partido Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 1069 del Código de Comercio en materia de formalidades y notificaciones.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: El suscrito, Juan Fernando Perdomo, diputado de esta legislatura, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, presento ante esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma disposiciones del Código de Comercio al tenor de la siguiente exposición de motivos.
En los litigios de naturaleza mercantil es importante que las partes cuenten con un equilibrio en cuanto a derechos y prerrogativas para el desarrollo y desahogo de los procedimientos.
Se propone la reforma al artículo 1069 del Código de Comercio en lo que se refiere a las notificaciones practicadas al litigante que haya omitido señalar el domicilio en la localidad donde se ventila un juicio determinado.
Ello es así debido a que se considera que la teleología de las notificaciones personales es dar certeza a aquellas decisiones que deben hacerse del conocimiento de las partes de manera personal, observando criterios de certeza jurídica.
Como consecuencia, creemos firmemente en que la propuesta en esta reforma será una gran utilidad para que los litigantes tengan la oportunidad de salvaguardar sus garantías de audiencia y legalidad mediante el señalamiento de domicilio en el que se le puedan practicar notificaciones personales, cuando ello haya sido omitido en el desarrollo de las etapas predeterminadas.
Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, someto a consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 1069 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 1069. Todos los litigantes en el primer escrito o en la primera diligencia judicial deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias.
Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven.
"Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las notificaciones se harán conforme a las reglas para las notificaciones que no deban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos referidos. Si no se designara el domicilio de la contraparte se le requerirá para que lo haga y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente.
"Las partes podrán autorizar para oir notificaciones en su nombre a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante.
"Las personas autorizadas en los términos de este artículo serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil para el Distrito Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad mediante escrito presentado al tribunal haciendo saber la causa de la renuncia.
"Los tribunales llevarán un libro de registro en cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados. Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oir notificaciones e imponerse de los autos a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refieren los párrafos anteriores.
"El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la autorización otorgada.
Transitorio
"Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto diputado Presidente. Muchas Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: A usted Diputado.
Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el diputado Federico Madrazo Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante Diputado.
El diputado Federico Madrazo Rojas: "El objetivo de la presente reforma constitucional es contribuir al fortalecimiento de las instituciones que garantizan la democratización del régimen político mexicano, como es el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI, con el propósito de consolidar la transparencia y la rendición de cuentas como principio rector del ejercicio del poder público.
"En la democracia moderna el interés público se delega en el gobierno emanado de la elección realizada a través del voto de los ciudadanos. Por lo tanto, la actuación del poder necesariamente debe ser visible y debe observar como norma básica la máxima publicidad posible de sus actos.
"La teoría constitucional nos señala que la interrelación del Estado liberal y democrático parte del supuesto de que son necesarias ciertas libertades para el ejercicio del poder y de la necesidad de un poder democrático para el reconocimiento de las libertades que atañe al individuo. Por lo tanto, es indispensable dentro de este marco el reconocimiento de los derechos inalienables al individuo por parte del Estado como limitante del ejercicio del poder. Estos derechos son el principio fundamental de un régimen democrático.
"La participación de los ciudadanos debe asegurarse con la concesión de libertades y el otorgamiento de seguridad jurídica ante el poder absoluto del Estado. Desde la Carta de Declaración de los Derechos Humanos de la ONU se estableció que a través de los derechos sociales se asegurará la participación en las instituciones políticas denominándoles garantías democráticas de participación.
"En México la voluntad democrática del gobierno dio garantías institucionales al derecho fundamental de todo ciudadano, otorgando seguridad jurídica por medio de la reforma al artículo 6o. constitucional de 1977, asentando que, el derecho a la información será garantizado por el Estado.
"Posteriormente, en el año 2000 se establecieron reglas claras, con el objetivo de consolidar al a transparencia como condición sine qua non de nuestras instituciones democráticas. Así, sociedad y gobierno impulsaron la incorporación al derecho positivo de nuestro país, de la Ley Federal de Acceso y Transparencia a la Información Pública Gubernamental.
"Esta ley se conforma por 64 artículos divididos en cuatro Títulos, en donde se pueden identificar con claridad tres ejes rectores. El primero se refiere a la obligación de los poderes del Estado a hacer pública la información. El segundo alude al derecho ciudadano de acceder a la información y al mecanismo institucional para concretarlo. El tercero se enfoca a la creación del IFAI como autoridad que vigilará el cumplimiento de la ley, resolución de controversias y difusión de la cultura de la transparencia.
"Pero este órgano resuelve las controversias y aplique la ley exclusivamente al Poder Ejecutivo y entes de la Administración Pública Federal. Respecto a los demás Poderes de la Unión se concede la libertad institucional como sujetos obligados por la misma para decidir su instancia de vigilancia y la resolución de conflictos.
"A tres años de su existencia, de su actuación y desempeño, se han podido detectar las limitaciones y los rubros que necesitan mejorarse para su desarrollo.
"En cuanto a las limitaciones, resulta como prioridad el ampliar sus facultades para ser realmente la autoridad en al materia, con competencia en todos los poderes y órganos de gobierno. Esta propuesta tiene su origen en que el poder de un Estado, de un régimen democrático, tiene la obligación de estar comprometida con la transparencia.
"Las acciones de gobierno tienen el carácter de públicas y son sujetas en todo momento al escrutinio ciudadano. Por lo tanto, se debe de tener a disposición toda la información que en su actividad diaria genera, sin mayor restricción que lo señalado y bajo las causas que la propia ley establece.
"Es importante entender este replanteamiento del ejercicio del poder como una distribución de facultades.
"Los organismos de este tipo necesitan funciones específicas como método para complementar los objetivos del Estado y salvaguardar los principios de imparcialidad, especialización técnica y contar con la rectoría de algún asunto de competencia estatal de manera exclusiva, como es la transparencia gubernamental.
"Para el caso mexicano, encontramos que el IFAI tiene un campo de acción limitado por la propia legislación, su actuación está siendo subestimada, concretándose sólo al Poder Ejecutivo y a la Administración Pública Federal.
"Por ende, es pertinente facultar al Instituto para ser autoridad competente ante todos los órganos públicos de gobierno y generar un verdadero compromiso oficial con la transparencia y rendición de cuentas, así como contar con una autoridad facultada para resolver los asuntos, hacer valer sus decisiones y ser órgano rector en la materia para establecer lineamientos generales y criterios sobre la misma.
"De esta forma, es indispensable otorgar al IFAI el rango de órgano constitucional autónomo e institucionalizarlo como autoridad máxima ante todos los sujetos obligados por la Ley Federal de Transparencia y con capacidad para hacer sus resoluciones en la materia, siendo así ésta la autoridad rectora de todo lo relacionado al derecho a la información pública.
"Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 6 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
En virtud de que ésta ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, me permito obviar su lectura y solicito a la Presidencia se publique este texto íntegramente en el Diario de los Debates.
Es cuanto, diputado Presidente.
(Aplausos)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se obsequia su petición.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado José Ángel Córdova Villalobos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma la fracción XI y adiciona una fracción XII al artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Compañeras diputadas; compañeros diputado.
El crecimiento demográfico registrado a fines de los setentas en el país, junto con la disminución de la mortalidad, los avances médicos y los nuevos tratamientos para enfermedades y las mejoras del Sistema de Salud, han implicado el incremento de la población en edades avanzadas con el consecuente aumento en la esperanza de vida al nacer, la cual en estos momentos llega en promedio a 74 años.
De acuerdo con los Criterios de Naciones Unidas, una población puede considerarse envejecida si más del 5% de sus miembros tienen más de 65 años o si el 10% de su población tiene 60 años o más, como es el caso de México, según indicadores demográficos de la CONAPO , cuenta ya con 7.59% de población mayor de 60 años, de los cuales el 12% tienen alguna limitación o ausencia de capacidad para realizar una actividad dentro de margen que se considera como normal para un ser humano.
En la actualidad, según el INEGI, uno de cada 13 mexicanos es mayor de 60 años, en el 2020 uno de cada 8 será mayor de 60 años y para el 2040 uno de cada 4, es decir, una cuarta parte de la población.
A mediados del siglo pasado, el patrón de mortalidad en nuestro país, estaba dominado por enfermedades infecciosas las cuales daban cuenta del 60% de todas las muertes, la transición epidemiológica en México ha revertido la relación a tal punto en 1998, más del 60% de las muertes fueron causadas por problemas crónico degenerativos.
Asimismo, ha provocado una nueva estructuración demográfica en la que la presencia de los adultos mayores se ha vuelto cada vez más importante. La demanda de servicios de salud para los adultos mayores se ha incrementado, por ejemplo, la proporción de hospitalizaciones de la gente mayor de 64 años, ha pasado de 8.3% en 1993 a 12% en 1999, en 2001 fue hospitalizado el 10.3% de esta población, mientras que sólo el 4.6% de la población entre 15 y 64 años ingresó al hospital.
Más aún, el 43% de las muertes intra hospitalarias, se registró entre la población de más de 65 años. Adicionalmente, el Programa de Atención al Envejecimiento de la Secretaría de Salud Federal expone que este grupo consume más del 30% del Presupuesto asignado a la Seguridad Social en pensiones y en jubilaciones, que utiliza el 30% del Presupuesto en Salud y que ocupa hasta un 60% de las camas de hospitales.
México se encuentra ante el reto que representa el envejecimiento demográfico; actualmente ocupa el 7 lugar entre los países de envejecimiento acelerado, con un 7% de la población de 60 años y más, por lo que en las próximas décadas la población de México completará la última fase de la transición demográfica, encaminándose rápidamente a un crecimiento cada vez más reducido y a un perfil envejecido, lo que implica grandes cambios para el país, particularmente en la generación de políticas adecuadas para la estructura poblacional futura y las demandas de este sector creciente de la población.
Nuestra Constitución en su Artículo 4 garantiza el acceso a los Servicios de Salud como un derecho fundamental de todo individuo, sin distinción de sexo, edad, religión, etc. y tratándose de los adultos mayores, es preciso señalar que por sus características constituyen un grupo vulnerable de riesgo específico, por lo que se tienen que diseñar servicios de salud concretamente para ellos, con profesionales de Salud capacitados en Geriatría que permitan acrecentar la posibilidad de un envejecimiento exitoso y por ende, la identificación de los adultos mayores como un recurso potencial cada avez con un mayor peso específico en nuestra dinámica social.
Debe ser prioridad para el Estado, elevar la calidad de vida del adulto mayor bajo un modelo innovador que privilegie la atención preventiva incorporando atención médica especializada para la detección, tratamiento y control de la morbilidad de este grupo de edad.
Sin embargo, en la actualidad el país y particularmente el Sistema de Salud se encuentra sólo parcialmente preparado para dar atención adecuada a esta población. El proceso de envejecimiento se está dando sin que se desarrolle una cultura adecuada hacia la gente mayor., sin los espacios para brindarles una atención digna y las dependencias públicas carecen de la infraestructura o de los especialistas para proporcionar servicios de Geriatría para atender problemas crónicos degenerativos.
Actualmente la situación es tan grave, que mientras que la ONS recomienda un geriatra por cada 10 mil habitantes, en nuestro país sólo hay uno por cada 45 mil habitantes, ya que a la fecha sólo existen poco más de 250 geriatras certificados, para atender a los más de siete millones de adultos mayores en el país.
La especialidad de geriatría creada en 1989 es relativamente nueva y pese a que el Instituto Nacional de la Nutriciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Zubirán, el Hospital Español de la ciudad de México así como el IMSS, el ISSSTE ya imparten la especialidad, y según las cifras del Consejo Mexicano de Geriatría, cada año se crean 30 plazas de geriatras a nivel nacional, sigue habiendo un déficit importante.
Hasta el año del 2004 se contaba con 120 médicos geriatras en todo el país, para esta población, lo que arroja un índice de un geriatra por cada 44,940 pacientes, de ello resulta la urgencia de que en este momento el déficit de atención médica especializada sea resuelta.
Ahora bien, y de manera conservadora, necesitamos tener un médico geriatra por cada 750 o mil adultos mayores, se tendrían que formar más de 30 mil geriatras durante los próximos 45 años.
Atendiendo a la problemática de los adultos mayores, a partir del 2002, el ISSSTE implementó el Programa Integral del Adulto Mayor en el primero, segundo y tercer nivel de atención, que incluye entre otras cosas que los hospitales regionales de tercer nivel, se cuente con la especialidad de geriatría, sin embargo, se trata de una medida aislada, ya que aun cuando existe el Programa de Acción de Atención al Envejecimiento por parte de la Secretaría de Salud Federal en el Sistema Nacional de Salud, no se han implementado programas o acciones concretas, para atender a los adultos mayores, por las que se fomente la generación de más especialistas en geriatría con sus plazas respectivas y por las que se efectúe una reasignación de recursos para la atención de las enfermedades crónicas degenerativas.
Los Institutos Nacionales de Salud, llamadas las perlas de la medicina en nuestro país, que se han distinguido precisamente por la formación de recursos humanos, que después han ido hacia todas las entidades de nuestro país para continuar reproduciendo estos conocimientos, que han desarrollado una medicina de muy alta calidad y que además son los pioneros y los que van en mayor avance en los programas de investigación, deberían de contar ahora con un nuevo instituto, con un instituto dedicado a los adultos mayores.
Algunas personas podrán pensar que esto puede quedar incluido dentro de los institutos ya existentes, pero sería tanto como los de pediatría también, llevarlos a los institutos ya existentes.
La población adulta mayor va a ir creciendo y tenemos que desarrollar una nueva institución que avance en formación de recursos, avance en investigación, para que demos a nuestros adultos mayores la calidad de vida que merecen.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XI y se adiciona una fracción XII del Artículo 5. de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud que diría:
Dentro de la lista de los Institutos, el No. XI.- Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología para la atención e investigación de las enfermedades, tratamiento y cuidado del adulto mayor.
No. XII.- Los demás que en el futuro sean creados por ley o decreto del Congreso de la Unión.
ARTICULOS TRANSITORIOS
PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2006.
SEGUNDO.- El Ejecutivo Federal incluirá en el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2006 la asignación de recursos para la creación del Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología.
Es todo, señor presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra la diputada Jazmín Zepeda Burgos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que adiciona un párrafo tercero al Artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deportes.
La diputada Jazmín Zepeda Burgos: Con su permiso señor Presidente.
La suscrita diputada federal, Jazmín Elena Zepeda Burgos, de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo 3 al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, al tenor de la siguiente exposición de motivos:
Es tarea y responsabilidad de las y los legisladores, generar iniciativas que creen, actualicen y/o deroguen los instrumentos jurídicos necesarios para garantizar el equilibrio del Estado en su relación con los derechos de las y los ciudadanos. Este quehacer legislativo debe considerar todos y cada uno de los ámbitos de influencia social, económica, política, cultural y deportiva y es justamente en éste último donde es urgente realizar una revisión.
De manera particular, haremos referencia a la necesidad de que en el ejercicio deportivo se cuente con una legislación que proteja las garantías jurídicas de las que gozan las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos, lo cual nos lleva a revisar de manera puntual los aspectos que regulan este tema y por tanto, su conclusión genera la iniciativa que aquí se presenta.
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 73 fracción XXIX, Inciso J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión está facultado para legislar en materia de deporte. El ordenamiento jurídico cuya adición se plantea en la presente iniciativa es la Ley General de Cultura Física y Deporte, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 2003 y que entró en vigor al día siguiente de la citada fecha. Esta legislación es de interés público y de observancia general en toda la República.
Atendiendo a lo establecido en sus artículos 1 y 2, corresponde su aplicación e interpretación en el ámbito administrativo al Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y tiene por objeto establecer las bases generales de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, así como de la concertación para la participación de los sectores sociales y privados en materia de cultura física y deporte.
En términos generales, la finalidad de la iniciativa que se pone a consideración de esta soberanía consiste en precisar con toda claridad en el propio texto de la Ley, que ninguna disposición podrá restringir los derechos de los sujetos que regula, como tampoco desconocer la competencia de las autoridades en el ámbito deportivo de nuestro país.
En los últimos meses se han suscitado diversos asuntos en los cuales algunas asociaciones deportivas han pretendido desconocer la vigencia de la Ley de Cultura Física y Deporte, esta situación obedece a que en ciertos casos en los estatutos o reglamentos, ya sea nacionales o internacionales que rigen una determinada actividad deportiva asociada, se contemplan disposiciones que pretenden desconocer la competencia de las autoridades nacionales o bien, ciertos derechos o procedimientos regulados en la Ley. Inclusive se llega al absurdo de establecer la prohibición de acudir en caso de una controversia, a lo que denominan como Tribunales Nacionales, siendo que en el caso concreto de nuestro país en la Ley de Cultura Física y Deporte se reconoce y regula la competencia y procedimientos en materia deportiva en la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya naturaleza en esencia es la de un tribunal deportivo.
Lo anterior evidentemente resulta ilógico, ya que la aplicación de toda ley es general, abstracta e impersonal, por lo que no es entendible que un determinado sector del amplio universo deportivo pretenda escudarse en sus normas reglamentarias o estatutarias para tratar de excluirse del ámbito de la aplicación de la Ley de Cultura Física y Deporte. Esta lamentable situación resulta aún menos comprensible cuando se trata de disposiciones contenidas en normas federativas internacionales, mismas que bajo ningún concepto pueden contravenir o desconocer los derechos, obligaciones, instituciones o procedimientos establecidos en nuestro Sistema Jurídico.
Conviene aclarar que no se trata de un conflicto de leyes, sino de una cuestión de abuso y extraterritorialidad que bajo ningún concepto se debe permitir. En concreto, en el ámbito del futbol profesional en las últimas semanas se han presentado dos asuntos delicados, en los cuales la Federación Mexicana de Futbol, A.C., se condujo de manera arbitraria, violando flagrantemente los derechos reconocidos de los deportistas nacionales. En uno de ellos, el Director Técnico del equipo de futbol profesional de la Universidad Nacional Autónoma de México fue sancionado sin que se respetara su derecho de audiencia, entre otras muchas irregularidades.
En el otro, dos jóvenes jugadores profesionales que también fueron sancionados a nivel federativo, fueron prácticamente obligados a desistirse de un procedimiento que habían iniciado ante la Comisión de Apelación de Arbitraje del Deporte, siendo de éste, que ya habían obtenido una suspensión a la citada sanción.
El artículo 13 de la Carta Magna establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. En el diverso 14 se contiene los principios que rigen la garantía de legalidad, en virtud de la cual nadie puede ser privado de su derecho, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales nacionales, previamente establecidos siempre que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento.
En esta tesitura la adición del tercer párrafo al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte, se propone buscar, precisar en el texto de dicha disposición, que esta clase de normas estatutarias que limitan a los derechos de los deportistas o bien, desconocen a las autoridades competentes en la materia, serán nulas de pleno derecho y no producirán efecto legal alguno.
Con esta medida se estará legislando de manera contundente para evitar que algunas asociaciones se escuden en los documentos privados que las rigen, para generar fueros o situaciones de excepción, que lo único que buscan es abrir espacios a la arbitrariedad.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 51 de la Ley General de Cultura Física y Deporte.
Artículo 1.
Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 51 Capítulo 2 Sección Segunda de las Asociaciones Deportivas Nacionales para quedar como sigue:
"Capítulo 2 Sección Segunda de las Asociaciones Deportivas Nacionales:
"Será nula de pleno derecho y no producirá efecto legal alguno toda cláusula, disposición o norma interna de las asociaciones deportivas nacionales, ya sea reglamentaria o estatutaria o de cualquier otra índole, cuando se desconozcan, restrinjan o limiten de cualquier forma los derechos que tutela esta ley y a los sujetos que regula, o bien, cuando se pretenda desconocer la competencia de jurisdicción que corresponde conforme al derecho a las autoridades y tribunales mexicanos".
Transitorio
Único.- Este decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los trece días del mes de septiembre del año dos mil cinco.
Gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Juventud y Deporte.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a 85 estudiantes procedentes de Querétaro, de la Preparatoria Sur Rosendo Salvador Allende, invitados del diputado Guillermo Tamborrel Suárez. Bienvenidos.
(Aplausos)
Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados.
Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LXI Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado bajo el tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció los derechos de Seguridad Social, lo cual obligó al Estado a crear leyes e instituciones necesarias para el cumplimiento de los compromisos obtenidos con la clase trabajadora.
En el caso de los trabajadores del Estado, el Gobierno Federal estableció un organismo público descentralizado dedicado a cumplimentar los programas de asistencia en materia de salud, prestaciones culturales, deportivas, recreativas y económicas para sus familiares y sus derechohabientes denominado: ISSSTE, con importantes resultados frente a toda Latinoamérica.
En la actualidad este instituto enfrenta graves problemas para satisfacer las necesidades de sus beneficiarios, en buena medida porque su legislación carece de los elementos indispensables para responder a los compromisos encomendados, que en diverso trabajo habré de plantear. Por ahora trataré el caso de las personas con discapacidad y los adultos mayores que en esta ley son excluidos.
Por otra parte, en el caso de los varones o mujeres solteras descendientes de los beneficiarios que rebasan la edad de 18 años, conforme a este ordenamiento legal le son negados los servicios de salud cuando dejan de estudiar, cumplen 25 años de edad o contraen nupcias. Dichas hipótesis atentan contra lo preceptuado en el párrafo tercero del artículo 4 de la Ley Fundamental.
Por ello resulta indispensable reformar los artículos 24 fracción III, 27, 28 fracción I y 78 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con la finalidad de erradicar de nuestro sistema las normas que propician actos de discriminación que dañan a la sociedad.
Asimismo es impostergable reformar determinados artículos de la ley en comento, porque sus preceptos atribuyen facultades a dependencias del Poder Ejecutivo Federal, para la funcionalidad del ISSSTE, desaparecidas durante los últimos 20 años, como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la Secretaría de Programación y Presupuesto, transformadas en otros organismos dedicados a cumplir estas disposiciones. Por ende, esto obliga al Instituto a modificar su ordenamiento rector para operar con una dinámica que permita a la población satisfacer sus necesidades.
Debemos adquirir conciencia que el gasto público sólo podrá cumplimentar los fines que en las leyes se establecen, cuando las normas gozan de estructuras capaces de responder a las exigencias sociales del país, como ocurre en el caso de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual durante décadas ha favorecido los intereses de los servidores públicos en el país.
Por ello promuevo la presente iniciativa que brindará los fundamentos legales pertinentes para que esta ley garantice la continuidad y excelencia del ISSSTE en su noble tare durante los próximos años, para seguir siendo un motivo de orgullo de todos los mexicanos.
Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, para quedar como aparece publicado en la Gaceta Parlamentaria de esta fecha.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 13 días del mes de septiembre del 2005.
Solicito de manera atenta y respetuosa señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: La Presidencia obsequia su petición.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
La siguiente iniciativa del diputado Angel Pasta Muñuzuri del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a solicitud de su grupo parlamentario se pospone. Esta iniciativa tiene que ver con una reforma al artículo 11 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.
Tiene la palabra el diputado Lázaro Arias Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un artículo noveno transitorio a la ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.
El diputado Lázaro Arias Martínez: Compañeras y compañeros diputados:
De conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados Lázaro Arias Martínez, del PRI; Rafael Sánchez Pérez, de Acción Nacional y Javier Salinas Narváez, del PRD; además con las firmas de las fracciones parlamentarias del PRI de todos los diputados de Jalisco y de Acción Nacional y muchas firmas también de diputados que se adhieren a esta propuesta, del PRD, someten a su consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de proyecto de decreto, del cual se adiciona un artículo noveno transitorio de la Ley de crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores, con base en la siguiente exposición de motivos:
Durante la década de los 90s, particularmente a partir de la crisis de diciembre del 94, el sistema bancario del país se vio contraído en su oferta para captar ahorros y otorgar créditos al consumo en beneficio de la población en general. Esta contracción del mercado de las bajas tasas de interés afectaron en particular a los pensionados y jubilados y trabajadores que hayan recibido indemnizaciones por retiros que cubrían parte de sus necesidades básicas de los intereses ganados, difícilmente podían mantener sus ahorros en instituciones bancarias que no los premiaban.
Ante la nula oferta de servicios financieros, la demanda de los sectores de menores ingresos propició el surgimiento de diversas organizaciones y sistemas que ofrecían servicios de ahorro y crédito, cuyas operaciones se realizaron al margen de las leyes que regulaban las entidades financieras y sin la necesaria vigilancia gubernamental.
La falta de un marco institucional que imprimiera mayor transparencia a estos intermediarios, tuvo como resultado que ahorradores y usuarios hayan sido víctimas de fraudes que provocaron su quebranto patrimonial a causa de actos fraudulentos y malos manejos de administradores, consejeros o socios, principalmente, a las diferentes entidades jurídicas o económicas o personas físicas que se ostentaron como tales entidades que operaban sistemas de ahorro y préstamo, para lo cual las acciones de Estado sólo han resuelto parcialmente este problema.
Cierto es que ello dio la pauta a la expedición de la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas y de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000, pero cierto es también que esa disposición abarcó el conjunto de los afectados habida cuenta que estableció condiciones y mecanismos que no todos pueden cumplir, como dejar la carga de la comprobación de los requisitos formales de la ley a los ahorradores, cuando ello era responsabilidad de los administradores de las mismas excluir a las figuras jurídicas que no contemplaban operaciones de inversión como las cajas populares constituidas en asociaciones o sociedades civiles.
La ley en comento () ha sido objeto de diversas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre del 2002, 28 de enero de 2004, 29 de junio del 2004 y el 27 de mayo del 2005. En dichas reformas se salvan () algunos aspectos relativos a la aceptación de las sociedades de ahorro y préstamo, a los trabajos de auditoría contable, a los montos a pagar, a la identificación () de los ahorradores, a la revisión de los casos de sociedad que están en procedimiento de quiebra o en concurso mercantil, beneficiándose algunas cajas de ahorro y sociedades mercantiles.
No obstante, estas reformas son insuficientes para resolver el quebranto patrimonial que todos los pequeños ahorradores, dado que los requisitos establecidos no resuelven condiciones de equidad y justicia, el quebranto patrimonial de miles de ahorradores, por lo que es necesario revisarlas y profundizarlas a fin de que permitan contribuir a la solución integral de este problema.
Cabe destacar que hoy en día no ha quedado totalmente resuelto el problema sobre el quebranto de las cajas de ahorro y sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, menos aún el de aquellos ahorradores que desafortunadamente no se encuentren previstos en los supuestos señalados en la propia Ley del Fideicomiso y sin embargo se han visto aún más afectados no sólo en lo económico, también en lo social y en lo moral, porque además de haber perdido sus ahorros, fueron víctimas de defraudadores que mediante engaños, apreciaciones erróneas y promesas no cumplidas, dispusieron de sus recursos económicos dejando a la gran mayoría sin medios para subsistir.
Deducimos que el objetivo del legislador al elaborar la iniciativa correspondiente para la creación del fideicomiso administrador, así como la adecuación de reformas necesarias para el mismo ordenamiento legal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2002, tuvieron como premisas la justicia social, el humanismo, la igualdad y la solidaridad, dando lugar con ello a modificaciones al artículo de la ley del fideicomiso, así como la adición de los artículos séptimo y octavo transitorios, con lo cual salvaguardaron los derechos legales de los ahorradores, independientemente de las consecuencias jurídicas que conlleva la problemática.
A partir de esta premisa resulta imperante de acuerdo a nueva cuenta las disposiciones plasmadas en la multicitada ley a efecto de responder a todas y cada una de las demandas de los ahorradores de las cajas populares.
No podemos ni debemos ser excluyentes, menos aún si existen los medios y la disposición para resolver el problema de parte de todos los actores involucrados en el proceso de pago correspondiente. El permanecer inertes ante este escenario resultado irresponsable de nuestra parte y probablemente injusto para los ahorradores y contrapuesto al espíritu de la Ley de Fideicomiso, ya que derivado del mal manejo de irregularidades cometidas por el supuesto administrador o directivo de una supuesta sociedad, sufren la pérdida de sus ahorros que en muchas ocasiones representan todo su patrimonio familiar.
Además se enfrentan a lo complejo que resulta satisfacer los requisitos y subsanar los impedimentos necesarios para verse beneficiados por la bondad del fideicomiso-pago al igual que otros ahorradores.
Resulta positivo que el artículo octavo transitorio emanado de la reforma del año 2002 a la ley que crea el fideicomiso, señale que el fideicomiso previa instrucción del comité, facilitará la recuperación de los depósitos efectuados de los ahorradores de las sociedades mercantiles no sujetas al apoyo conforme a la misma ley, siempre y cuando cumplan con un serie de requisitos enlistados en el mismo precepto.
Sin embargo, se vuelve a complicar el mecanismo para el otorgamiento del beneficio plasmado en esta ley, ya que automáticamente se deja fuera a muchos otros ahorradores al carecer de uno de los requisitos referidos.
Por ello es que se propone como medida de refuerzo adicional un artículo (no se entiende) transitorio multicitado en el ordenamiento legal a efecto de contemplar otras hipótesis que permitan generar mayor flexibilidad y facilidad en beneficio no sólo de los ahorradores afectados sino de las mismas instancias involucradas en el proceso correspondiente para el mejor cumplimiento de su objetivo.
Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO por el cual se adiciona un artículo noveno transitorio a la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores para quedar como sigue:
ARTICULO NOVENO. Con objeto de facilitar la recuperación de los depósitos de los ahorradores defraudados por personas físicas que se ostentaron como sociedad no sujetas al apoyo de los términos de esta ley que hayan estado en un procedimiento judicial de carácter penal, el fideicomiso procederá previa instrucción del comité, al pago de los depósitos correspondientes, siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:
a) Que para la comisión del delito por parte de una o más personas físicas, éstas hayan actuado al amparo de una razón social o nombre comercial.
b) Que la captación de recursos públicos se haya efectuado en forma pública y notoria mediante anuncios, volantes o cualquier tipo de publicidad, en las cuales se haya usado precisamente la razón social o nombre comercial a que alude el inciso anterior.
c) Que la captación de recursos haya dejado de hacerse con antelación al 30 de noviembre del año 2000.
d) Que los ahorradores hubiesen formulado denuncia penal en contra de los supuestos representantes con antelación al 31 de diciembre de 2001 y como consecuencia de ello, los supuestos representantes hayan sido sujetos a proceso judicial.
e) Que los documentos en los que constan los depósitos de los ahorradores hayan sido emitidos a título personal, precisamente por la persona o personas físicas sujetas a proceso judicial o hayan sido contempladas dentro del proceso correspondiente.
f) Que exista una declaración de procedencia del delito emitida por la Procuraduría Fiscal de la Federación antes del 31 de diciembre de 1999.
g) La calidad de los ahorradores se reconocerá de acuerdo a los resultados de las auditorías y/o en el procedimiento de carácter penal a efecto de que se inderalicen los pagos correspondientes a los beneficiados por la presente ley.
h) Que se haya obtenido el reconocimiento del beneficio y la reparación del daño por parte de la autoridad competente mediante sentencia judicial. Para tal caso de que existe imposibilidad jurídica de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por las disposiciones contenidas en los artículos 8o. y 8o. bis y bases generales de la presente ley. Los pagos correspondientes no estarán sujetos a los mismos, bastando para que proceda el pago que el ahorrador cubra los requisitos establecidos en el artículo transitorio.
Artículos transitorios
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan al presente ordenamiento".
Es cuanto diputado Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias a usted diputado.
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE FOMENTO COOPERATIVO Y ECONOMÍA SOCIAL.
Tiene la palabra el diputado José Angel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma la fracción IV del artículo Quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Compañeras diputadas, compañeros diputados.
El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los numerales 55 fracción II, 56, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IV del artículo quinto de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud a fin de que pase a formar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el nombre del distinguido doctor Ismael Cossio Villegas, de conformidad con la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, como organismo público descentralizado fue creado para la atención de padecimientos del aparato respiratorio coadyuvando al funcionamiento y consolidación del Sistema Nacional de Salud.
Este instituto contribuye al cumplimiento del derecho a la protección a la salud en el ámbito de la medicina del aparato respiratorio alto y bajo en la prestación de servicios de salud, particularmente en materia de atención médica especializada en aspectos preventivos, curativos y quirúrgicos, aplicando las medidas de asistencia y ayuda social a su alcance en beneficio especialmente de los pacientes de escasos recursos económicos.
Además, se ha constituido en un pilar en la formación de recursos humanos para el país en el área de la neumología y de la otorrinolaringología, así como otras especialidades técnicas.
Brinda una atención en salud de la mejor calidad y se ha distinguido por las grandes aportaciones en el área de investigación, contando con laboratorios de avanzada comparables a los de cualquier país más desarrollado del mundo.
En el campo de la medicina y en especial en el de la neumología, el doctor Ismael Cossio Villegas se destacó como un líder. Desarrolló su labor en el Hospital General, en el que fue fundador de la Campaña Nacional contra la Tuberculosis en 1929, organización que presidió durante cuatro ocasiones en diversas épocas.
Durante el período que comprende de 1929 a 1949 fue jefe de los pabellones de tuberculosos del Hospital General. Organizó y presidió el Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. Desempeñó con especial esmero el cargo de profesor de la facultad de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México durante treinta y nueve años.
Fundó casi todos los hospitales y dispensarios médicos antituberculosos que funcionan en el país hasta el año de 1970. Fue nombrado director del entonces Sanatorio de Huipulco en 1956, cargo que desempeñó hasta 1965.
El hospital-sanatorio de Huipulco, después Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ahora Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (?)
Dentro de su carrera profesional destaca el haber sido fundador del Laboratorio Nacional de BCG y de la Oficina del Timbre de la Tuberculosis. Asimismo, con otros maestros funda la Sociedad Mexicana de Estudios sobre Tuberculosis y Enfermedades del Aparato Respiratorio, actualmente llamada Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax. Fue director de la revista de esta sociedad.
En 1936 ingresó a la Academia Nacional de Medicina y fue el primero en ocupar el sillón de la sección de pisiología. En 1960 fue vicepresidente de esta Academia y en 1961 su presidente.
En 1949 fue presidente del Congreso Internacional de la Unión Latinoamericana de sociedades de fisiología. Produjo múltiples trabajos científicos sobre neumología y el primer libro de texto mexicano para la clínica del aparato respiratorio, en 1937. Los abscesos de pulmón, en 1940. Problemas de patología respiratoria y tuberculosis en 1975.
Con fecha 19 de octubre del 2004, la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en cumplimiento a lo que establece el artículo 16, fracción VIII de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud aprobó, a propuesta de su director general, el trámite ante la coordinadora del sector para imponer el nombre de Doctor Ismael Cossío Villegas a este instituto.
Por su destacada labor al servicio de la neumología, la Comisión Interna de la Secretaría de Salud, encargada de estudiar y dictaminar sobre las propuestas de imposición de nombres a los establecimientos sectorizados, aprobó con fecha 26 de abril de 2005 imponer el nombre de Ismael Cossío Villegas al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, tomando en consideración que la imposición del nombre acordado pasará a formar parte de la denominación oficial del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y que esta institución de investigación y docencia se sustenta en la Ley de los Institutos Nacionales de Salud.
Por las consideraciones antes expuestas, me permito presentar a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para quedar como sigue:
Unico. Se reforma la fracción IV del artículo 5 de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud para quedar como sigue:
Fracción IV. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cossío Villegas para los Padecimientos del Aparato Respiratorio
Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Salud.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida a diversos funcionarios de Indianápolis y empresarios de los Estados Unidos de Norteamérica que realizan una misión comercial a México. Sean bienvenidos. Ellos son invitados de la diputada federal Rebeca Godínez y Bravo. (aplausos).
La iniciativa que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal de la diputada Martha Laguette Lardizábal, se pospone a solicitud de su grupo parlamentario, el del Partido Revolucionario Institucional.
La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la diputada Eliana García Laguna, se pospone a solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra el diputado Oscar González Yáñez, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
El diputado Oscar González Yáñez: Con el permiso de la presidencia.
Los suscritos, diputados federales de la 59 legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, bajo las siguientes consideraciones y exposición de motivos:
El sector servicios ha registrado en los últimos años un importante crecimiento hasta colocarse a la par y por encima de otros sectores económicos como son el industrial y el agrícola. La actividad económica relacionada a los servicios intensivos en conocimiento tiene un alto potencial, ya que involucra aspectos de la innovación tecnológica que lo impulsan más que a los dos anteriores mencionados.
"Las tecnologías de la industria microelectrónica, las telecomunicaciones y la informática han provocado en las últimas dos décadas el crecimiento de nuevas actividades y de otros sectores relacionados con los servicios. Por ejemplo, en nuestro país durante el cuarto trimestre del 2004 el PIB del sector servicios creció 5.6 por ciento con respecto del cuarto trimestre de 2003.
"De este crecimiento destaca el sector comunicaciones que creció 9.9 por ciento. También destaca el favorable crecimiento observado en telefonía celular y tradicional. De manera acumulada el PIB del sector servicios creció durante 2004 en 4.8 por ciento.
"Como se demuestra del análisis de las cifras señaladas, el sector de telefonía local móvil se ha erigido en mayor crecimiento en la última década. Cifras al tercer trimestre del 2004 señalan que el número de usuarios de telefonía celular es de 35 millones aproximadamente, de los cuales 32 millones 763 son subsectores bajo la modalidad de prepago, o sea, mejor conocido como fichas. Y 2 millones 294 mil lo hacen bajo la modalidad de pospago, plan de renta mensual.
"Los crecimientos más significativos a nivel de usuarios se han dado en tres momentos muy concretos del desarrollo de la industria. En 1996, cuando se introduce la tarjeta de prepago. En 1997, con la introducción de descuentos en llamadas entrantes. Y en 1999 bajo la modalidad de "el que llama paga"
"La telefonía celular ha pasado de ser un artículo suntuario, de privilegio para algunos sectores de la sociedad, a convertirse en un artículo de primera necesidad para todos los sectores de la sociedad. Prácticamente cualquier mexicano, ya sea ama de casa, estudiante, profesionista, trabajador por su cuenta, todos cuentan con un teléfono celular. Muchos micronegocios prefieren contratar una línea celular a una línea convencional porque el costo de la línea fija es mayor.
"Se ve una clara preferencia de los usuarios a utilizar la modalidad de prepago, ya que la condiciones son más flexibles que estar bajo el esquema de pospago. Por principio de cuentas en la modalidad de prepago no hay plazo forzoso para pagar ninguna cuenta.
"Además en la modalidad de prepago se adquiere el aparato que incluye una cantidad importante de tiempo aire gratuito.
"En la modalidad de tarjetas prepagadas los usuarios tienen la certeza de cuántos minutos utilizan en las llamadas entrantes y salientes. Tiene un saldo límite y le permite al usuario tener mayor control y no depender solamente de la cuenta que le pueda hacer la empresa.
"Son cuatro las compañías que abarcan prácticamente el total de la oferta de la telefonía local móvil: Telcel, Telefónico Movi Star, Iusacel y Unifon. Cada una de ellas ofrece una gran variedad de planes en la modalidad de prepago y pospago, lo que le da un mercado característica de alta segmentación.
"Cifras del 2004 muestran que en México Telcel tiene 28 millones 851 usuarios, el 77.23 por ciento del mercado. Telefónica móvil es 5 millones 639 usuarios, el 15 por ciento. Iusacel tiene 1 millón 460 mil usuarios, casi 4 por ciento del mercado. Y Unifon 1 millón 404 mil usuarios, poco menos de 4 por ciento de los usuarios.
"Por otra parte, la telefonía local móvil tiene un marco normativo que tiene como eje la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la cual se derivan reglas de carácter general relativas a la prestación de servicios local de telefonía, ya sea local o fijo.
"El artículo 7 de la ley en comento, establece la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para establecer las políticas y acciones encaminadas a promover un adecuado desarrollo del sector comunicaciones.
"La COFETEL, a solicitud del Poder Legislativo, ha realizado investigaciones para determinar qué tan elevadas son las tarifas de México de manera competitiva. Los resultados de este estudio señalan que para el caso de la modalidad de pospago, México está por arriba de países como Estados Unidos y Perú, entre otros.
"Los rasgos van desde 6 centavos de dólar por minuto en Perú, contra 21 centavos de dólar en México, en el plan tarifario más económico. Para un plan de tarifas en consumo de mil minutos en mes, en México el minuto está en 17 centavos de dólar y en Estados Unidos es de 4 centavos de dólar.
"Para el caso de prepago, México ofrece tarifas mucho más atractivas, llegando a un grado tal que son las más atractivas del continente, llegando a ser de 6 centavos de dólar por minuto, mientras que en Estados Unidos es de 10 centavos de dólar por minuto.
"De esta comparación se desprende que hay una disparidad en las tarifas que ofrecen en las dos principales modalidades de prestación de servicios de la telefonía celular. Esta situación es ampliamente avalada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y por la propia COFETEL, pone en una situación de desventaja y de inseguridad jurídica al consumidor, porque la forma de medición de la facturación no es plenamente conocida por el usuario al momento de adquirir y usar un teléfono celular.
"Supongamos que un usuario haga 6 llamadas, cada una con duración de 1 minuto con 1 segundo. Lo lógico es que al usuario se le debería de cobrar 6 minutos con 6 segundos. La compañía de telefonía celular aplicando el redondeo, le cobrará 12 minutos, poco más del doble del tiempo que efectivamente hizo el usuario del servicio. De esta forma las compañías celulares obtienen una ganancia por minuto de casi el 100 por ciento de ganancias por un servicio que no prestan y que no dan a la ciudadanía.
"Esta reforma que buscamos de ninguna forma nos parece lesiva para el sano desarrollo del sector de la telefonía celular y de las empresas que participan en el mismo. Por el contrario, esta reforma legal propiciará aún más el crecimiento del sector, porque el usuario al recibir una facturación apegada al tiempo de aire efectivo, podrá incrementar su consumo.
"El artículo 60 de la Ley Federal de Comunicación establece claramente que las tarifas garantizarán la prestación de un servicio de calidad, competitividad, seguridad y permanencia.
"La reforma que proponemos a la Ley Federal de Telecomunicaciones es adicionar un segundo párrafo al artículo 60, donde se establece la obligación de los concesionarios y permisionarios de telefonía local móvil, la obligación de facturar a los usuarios el tiempo de aire efectivo de llamada. Esto estaría buscando que la empresa que presta ese servicio solamente pueda cobrar exactamente el tiempo del servicio que presta y no el tiempo de un servicio que no está prestando y que va en detrimento de la economía del propio usuario.
"Una de nuestras tareas fundamentales es encontrar mecanismos que permitan proteger al os ciudadanos de nuestro país y una de nuestras tareas fundamentales es cuidar la economía de todos los ciudadanos de nuestro pueblo.
"Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos lo siguiente:
"Artículo 60.- Sin menoscabo de lo señalado en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil, el parámetro para fijar la tarifa será la facturación de tiempo aire efectivo de llamada, eliminando el cobro por redondeo de llamada".
Con esto, nuestra fracción parlamentaria busca proteger la economía familiar y la economía de todos los habitantes de nuestra sociedad.
El teléfono celular se ha convertido en un instrumento de importancia fundamental, ya no es un artículo de lujo y por tanto esta soberanía está obligada a proteger la economía de todos los habitantes.
"Transitorios". Y termino, señor Presidente, con su permiso.
"Artículo Primero:- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Artículo Segundo.- Las compañías que gozan de una concesión para prestar el servicio de telefonía local móvil, contarán con 180 días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto, para hacer los ajustes necesarios al Sistema de Facturación que se derivan de la adición planteada en el presente Decreto.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 13 días del mes de Septiembre.
Diputado Alejandro González Yáñez, Pedro Vázquez González, Juan Antonio Guajardo Anzaldúa, Diputado Joel Padilla Peña, Diputado Francisco Antonio Espinosa Ramos, Diputado Oscar González Yáñez, todos de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.
Por su atención, muchas gracias.
(Aplausos)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias Diputado. Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
A solicitud del Diputado Lázaro Arias Martínez, la Iniciativa que adiciona un Artículo 9 Transitorio a la Ley que crea el Fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, se rectifica el trámite y se turna únicamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El siguiente punto del Orden del Día son dictámenes a discusión con Puntos de Acuerdo.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se de lectura a los Puntos de Acuerdo.
Permítame un segundo, Secretario. Con qué objeto Diputado Gutiérrez de la Garza?
El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza (Desde su curul): Para hacer una respetuosa solicitud de esta Presidencia.
Es de todos conocido que la naturaleza jurídica de un proyecto de Ley a un dictamen de una Proposición con Punto de Acuerdo, requiere de un trámite especial; tan es así, que hay una diferencia en su trámite en los Artículos 57 y 58 del propio Reglamento.
Apelando a esa diferencia en cuanto al trámite, yo quisiera solicitar respetuosamente a esta Presidencia, que los cinco dictámenes a discusión de Proposiciones con Punto de Acuerdo, sean votados en votación económica, en un solo acto y en el evento que algún Diputado desee reservar alguno de ellos para discusión, procedamos a la misma, en razón de que ya están previamente publicados, como bien fue señalado por esta Presidencia, en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Gutiérrez de la Garza, tiene usted razón, por economía procesal se puede hacer como usted lo sugiere, siempre y cuando ningún individuo integrante de la Asamblea aparte o se reserve alguno de ellos, porque eventualmente puede haber una proposición de modificación a los Puntos de Acuerdo. Es el mismo tratamiento que usted recordará, esta Presidencia le otorga a los dictámenes negativos de iniciativas presentadas por los individuos de la Cámara o por quienes tienen la facultad de presentarlos , según el 71 de la Constitución.
Luego entonces, vamos a desahogar la dispensa de que sólo se lean los Puntos de Acuerdo y posteriormente esta Presidencia preguntará a la Asamblea si estamos de acuerdo en darle este tratamiento o de si se reserva alguno.
Por favor.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se autoriza que sólo se de lectura a los Puntos de Acuerdo.
Los Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sólo se van a leer los Puntos de Acuerdo Vamos a seguir la sugerencia del Diputado Gutiérrez de la Garza, a excepción del primero de los dictámenes en el que el PRD quisiera una intervención para proponer una modificación.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se va a dar lectura a los Puntos de Acuerdo del Dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para exhortar a la PGR y a la PROFEPA , llevar a cabo las acciones necesarias para desalojar los asentamientos irregulares ubicados en la reserva de la Biósfera de Montes Azules.
Punto de Acuerdo.
PRIMERO.- Se exhorta a la Comisión Intersecretarial a que informe a esta soberanía acerca del avance que se tiene en la reubicación de los asentamientos humanos producto de invasiones, así como de la existencia de nuevas invasiones en la reserva de la biósfera de Montes Azules, Chis.
SEGUNDO.- Exhortar a la Secretaría de la Reforma Agraria a agilizar los trámites necesarios para la reubicación y asignación de tierras a los lugareños desalojados de Montes Azules.
TERCERO.- Exhortar a la Secretaría de Gobernación a verificar la legal estancia y comportamiento adecuado, actividades autorizadas por la Ley General de Población y su Reglamento de los extranjeros presentes en la selva lacandona y, en su caso, realizar las acciones legales correspondientes para mantener el estado de derecho en la zona.
CUARTO.- Se exhorta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, en coordinación con la Procuraduría General de la República a que investiguen el saqueo de biodiversidad, biopiratería por empresas nacionales y/o extranjeras en Montes Azules.
QUINTO.- Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a que establezca un programa de restauración ecológica, para revertir los procesos de deterioro ambiental, que se han producido dentro de la reserva de la biósfera de Montes Azules, de acuerdo con el Artículo 78 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
Firman Comisiones Unidas de Gobernación y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta presidencia tiene registro al señor diputado Adrián Chávez Ruiz en contra.
Tiene el uso de la palabra.
El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso diputado presidente.
Estamos nosotros de acuerdo en el Primero, Segundo, Cuarto y Quinto apartados de este Punto de Acuerdo, pero queremos plantear que en el Tercero existe una ambigüedad, a todos nos interesa proteger Montes Azules, a todos nos interesa proteger la selva lacandona, por principios y por convicción.
Sin embargo, el Tercer apartado de este Punto de Acuerdo creemos que cae en la ambigüedad, da pie a establecer valoraciones absolutamente subjetivas, al mencionar que se debe observar el adecuado comportamiento de los extranjeros en la zona y realizar las acciones legales para que, en el caso de que no estén cometiendo esta actuación correcta, pues poder actuar de determinada forma.
Sabemos que en Chiapas existen extranjeros que están saqueando nuestros recursos naturales, existen extranjeros que se están aprovechando de nuestra riqueza, pero también sabemos que existen quienes están vinculados en tareas humanitarias, en tareas de defensa de los derechos humanos y de apoyo a las comunidades indígenas.
Por lo tanto, nosotros creemos que no podemos desconocer que en el pasado se han cometido excesos, so pretexto de la Ley de Población Nacional, expulsando extranjeros y acosando extranjeros que no realizan actividades de otra índole más que exclusivamente humanitaria.
En ningún momento debemos demandar en esta ocasión particular mensajes equivocados y nosotros creemos que deberíamos rescatar el espíritu de los Legisladores respecto a evitar ese saqueo, esa participación en la destrucción de la selva lacandona, pero estableciéndolo de manera precisa.
Proponemos en este Tercer apartado, una redacción que hemos platicado con compañeros del Revolucionario Institucional del Verde Ecologista y del Partido Acción Nacional, para que quede de la siguiente manera:
TERCERO.- Exhortar a la Secretaría de Gobernación a investigar, y en su caso realizar las acciones legales correspondientes contra los extra njeros involucrados en actividades de tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y en general saqueo de la biodiversidad en la selva lacandona.
Es cuanto ciudadano presiente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado. Nos lo deja por escrito?
Se ruega a la Secretaría consultar en votación económica si es de aceptarse la modificación propuesta por el diputado Chávez Ruiz, previa su lectura.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia a la asamblea si es de aceptarse la modificación presentada por el diputado Chávez y que dice, doy lectura:
TERCERO.- Exhortar a la Secretaría de Gobernación a investigar y en su caso realizar las acciones legales correspondientes contra los extranjeros involucrados en actividades de tráfico ilegal de especies, deterioro ambiental y en general saqueo de biodiversidad en la selva lacandona.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces, se ruega a la Secretaría consultar a la asamblea en votación económica si es de aprobarse este punto de acuerdo, con la modificación hecha por el diputado Chávez Ruíz y aceptada por la asamblea.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse este punto de acuerdo, con las modificaciones que el diputado ha presentado y aceptada por la asamblea.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Se ruega a la Secretaría dar lectura a los puntos resolutivos de los siguientes puntos de acuerdo. Perdón por la redundancia y la votación económica se reserva al final en conjunto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Comisión de Cultura, por el que exhorta al Presidente de la República y al Secretario de Educación Pública expidan la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado "Rancho Las Trancas" cuente con toda la protección legal que le corresponde.
Unico. Se exhorta al Presidente de la República y en su caso al Secretario de Educación Pública, para que expidan la declaratoria correspondiente a efecto de que el predio denominado "Rancho Las Trancas" cuente con toda la protección legal que le corresponde, de conformidad con los artículos 5, 21 y 23 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricos y Artísticos.
Firma la Comisión de Cultura.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.
Primero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta soberanía sobre el fundamento, criterios y condiciones bajo las cuales se otorgan permisos para realizar sorteos por televisión y sobre el número de permisos otorgados para este fin.
Segundo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta soberanía respecto a las participaciones que han respondido al Gobierno Federal por los productos obtenidos por los permisionarios que realizan sorteos por televisión.
Tercero. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que informe a qué establecimientos de prevención social y de asistencia se han canalizado las participaciones generadas por el otorgamiento de permisos para llevar a cabo sorteos por televisión.
Cuarto. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que informe a esta soberanía si la Dirección General Adjunta de Juegos y Sorteos ha tomado conocimiento de quejas motivadas por el incumplimiento de la normatividad vigente o de las bases que rigen los sorteos por televisión, así como del estado que guardan dichas quejas.
Con la firma de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Turismo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia y Derechos Humanos, por el que se exhorta a las autoridades del Distrito Federal, en lo particular a la Secretaría de Salud, a que se lleve a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico de los hospitales del Gobierno del Distrito Federal.
Acuerdo único. Se exhorta a las autoridades del Distrito Federal, en lo particular a la Secretaría de Salud, a que se lleve a cabo una investigación a fondo de la situación que guarda el servicio médico en los hospitales del Gobierno del Distrito Federal.
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados y firma la Comisión de Salud, Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se va a dar lectura a los puntos de acuerdo del dictamen de la Comisión de Pesca, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la SAGARPA a decretar una Norma Oficial Mexicana para el acompañamiento de la fauna de acompañamiento de la pesquería del camarón y especies de escama.
Punto de Acuerdo
Primero.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se instruya al Instituto Nacional de Pesca para que por sí o en coordinación con instituciones científicas y universidades, continúe con las investigaciones necesarias para optimizar los diseños de las redes de arrastre empleadas por la flota camaronera comercial, de tal manera que se reduzca significativamente la relación de las capturas de fauna de acompañamiento con respecto a la captura de camarón. Asimismo se lleven a cabo las investigaciones que permitan la utilización rentable de la fauna de acompañamiento.
Segundo.- Los resultados y recomendaciones que arrojen los estudios referentes al punto anterior, se entreguen al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Pesca Responsable, a fin de que dicho Comité determine qué resultados y recomendaciones podrían ser incorporados por medio de modificaciones a la Norma Oficial Mexicana 002 PESC-1993, para ordenar el aprovechamiento de las especies de camarón en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos.
Firma, la Comisión de Pesca.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se reserva para su votación económica en conjunto.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si son de aprobarse los puntos de acuerdo sometidos a su consideración.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo sometidos a consideración del pleno.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
La mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados, comuníquese.
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia ha recibido dos comunicaciones de la Junta de Coordinación Política a efecto de incluir en el orden del día uno que tiene que ver con la integración de la Delegación de Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - México, y otro que tiene que ver con licencia de ciudadano diputado.
Pregunte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de incluirse en el orden del día los asuntos que he mencionado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia se consulta si se acepta que se incluya en el orden del día los asuntos referidos.
En votación económica se pregunta si se acepta.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así pues, se ruega a la Secretaría dar cuenta con el comunicado de la Junta de Coordinación Política que tiene que ver con la integración de la Delegación de Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea México.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración de la Delegación Diputados ante la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea México.
En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con la solicitud de licencia del señor diputado don Arturo Osornio Sánchez.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
De la Junta de Coordinación Política, en relación a la solicitud de licencia del diputado Arturo Osornio Sánchez.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En consecuencia, se ruega a la Secretaría someter a discusión los puntos de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Puntos de Acuerdo
Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Arturo Osornio Sánchez para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el primer distrito del Estado de México a partir del 15 de septiembre del año en curso.
Segundo.- Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobados.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Salud y a las autoridades sanitarias del Estado de Tamaulipas, para que de manera urgente fortalezca las acciones de prevención y control, a fin de erradicar el brote de dengue clásico y hemorrágico, suscrito por la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que se turna a la Comisión de Salud.
Asimismo, esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para crear una comisión especial para fortalecer la protección a periodistas, medios de comunicación y la libertad de expresión, suscrita por la diputada Beatriz Mújica Morgan, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, misma que se turna a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra el señor diputado don Víctor Hugo Islas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial de la Función Pública.
El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: Señor Presidente.
El que suscribe, diputado federal Víctor Hugo Islas Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo para proponer la creación de la Comisión de la Función Pública, con base en los siguientes:
Considerandos
El Poder Legislativo Mexicano ha fortalecido su autonomía y capacidad de decisión, ejerciendo con mayor rigor las funciones que le corresponden. De esta manera la actividad legislativa es más profusa y resaltando el hecho de que, a diferencia de años pasados la pluralidad democrática del país, permite que la proporción de proyectos legislativos que presentan los legisladores con relación a los del Poder Ejecutivo, han variado su correlación de manera radical.
En legislaturas pasadas los porcentajes de presentación de iniciativas eran hasta de un 90% para el Ejecutivo y hoy día, los legisladores federales y congresos locales en los términos dispuestos en el artículo 75 de la Constitución Política, tenemos el mayor porcentaje de elaboración y presentación de propuestas de reforma constitucional, modificaciones de leyes secundarias y proposiciones vinculadas a temas coyunturales de la mayor importancia para todos los mexicanos.
El nuevo activismo del Congreso deviene en un mejor equilibrio entre los poderes, en una representación más fidedigna de la voluntad ciudadana y en la consolidación del camino democrático que hemos elegido los mexicanos, edificando, durante más de medio siglo, instituciones y procedimientos deliberantes, participativos, sustentados en la soberanía popular.
Esta es la era del Poder Legislativo, de acuerdo con los datos de Fridon Hous(), en el año 2000 el 66% de los gobiernos nacionales en el mundo fueron electos mediante el sufragio universal. La victoria de la democracia se constata al compararnos este dato con el hecho de que en 1950, solamente el 30% de los gobiernos se elegían por esta vía, que la esencia misma del estado social y del sistema democrático.
No obstante, creemos que el avance cuantitativo y las condiciones del entorno democrático de las instituciones parlamentarias, no bastan para que el parlamento esté a la altura de las condiciones sociales y económicas y de la eficacia de las respuestas legales, políticas que la sociedad demanda a sus múltiples y cambiantes problemas.
Si no se propicia una evolución rápida hacia la profesionalización y se..., termino? Bueno, ahí tienen ustedes.
Señor Presidente vamos a dejar aquí ya, esta propuesta que dará como resultado la oportunidad que tengamos todos de que la función pública cumpla cabalmente con sus delicada responsabilidad.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Le ruego me disculpe diputado, es obligación de esta Presidencia cuidar los tiempos en tribunal. Su propuesta se turna a la Junta de Coordinación Política.
Gracias, diputado Víctor Hugo Islas.
Tiene la palabra la diputada Myriam Arabian Couttolenc, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo para que comparezca el Director General de Infonavit, ante las Comisiones de Vivienda y Seguridad Social, e informe sobre el estado que guardan los conjuntos habitacionales que se construyeron con la llamada Línea 1.
La diputada Myriam de Lourdes Arabian Couttolenc: Con su permiso, diputado Presidente.
Diputados y diputadas:
Ya no más mentiras, no más acuerdos a espalda de la gente. En mi oficina distrital contamos con copias de escrituras de más de un conjunto habitacional que reflejan la deficiente aplicación de las facultades que otorga el artículo 42 de la Ley del INFONAVIT.
Con motivo de mis funciones como diputada federal consistentes en formular iniciativas de ley que atiendan las denuncias parlamentarias de la ciudadanía, requerí informes al INFONAVIT a través de un procedimientos parlamentario. INFONAVIT, a través de su jurídico en Puebla, Roberto Peralta y bajo las órdenes de Jorge Pulido, Jurídico de Oficinas Centrales, ambos nombrados por el Director General, rindieron informes, es decir contestaron a interrogatorios escritos a través de un documento oficial, un documento público, un documento federal.
Qué informaron? Que 6002 personas son copropietarias, propiedad privada, patrimonio de 6002 trabajadores, más de 440 mil metros cuadrados que no están regularizados y que para que se regularicen se necesita una sola Asamblea con 6002 propietarios que aprueben reglamento.
Sin embargo, el delegado de INFONATIV en Puebla, informó en audiencia parlamentaria que se habían vendido dos terrenos a terceras personas, terrenos que formaban parte de la propiedad privada irregular.
Justo dentro del plazo para querellarse, propietarios presentaron denuncia penal contra INFONAVIT por la probable comisión del delito federal de fraude por doble venta, probable responsabilidad penal que se detectó a través de mi actividad parlamentaria.
Al rendir su declaración ante el Ministerio Público Federal, el INFONAVIT aseguró que no todos los 6002 eran copropietarios de las áreas comunes y que se trata no de un solo régimen de propiedad, sino de cinco.
Señor Director del INFONAVIT, le pregunto y solicito que informe:
1. son 6002 propietarios?
2. Son cinco regímenes de propiedad en condominio en "La Margarita" o sólo un solo régimen?
3. El INFONAVIT mintió en la averiguación previa o mintió en documentos públicos?
Presentaré la denuncia penal por falsedad de documentos y falsedad en informes dados a una autoridad con motivo de sus funciones, por eso le pido que responda 1- y que reconozca:
El derecho de propiedad privada de 6002 copropietarios trabajadores de la Unidad Habitacional "La Margarita" por más de 440 mil metros cuadrados, al tiempo que desconozca que el ayuntamiento de Puebla, se haga cargo de áreas privadas que son comunes a 6002 personas.
Termino, señor Presidente.
Acuerde la regularización de estos más de 400 metros cuadrados a los 6002 propietarios mediante un fideicomiso de administración, el que el INFONAVIT renuncia a sus derechos como fideicomitente y que el fiduciario se someta a la voluntad de los 6002 condóminos, porque los derechos de los trabajadores se logran cuando se aplica la ley.
Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputada.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Vivienda y de Seguridad Social.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a vecinos del municipio de Tlalnepantla de Baz, que hoy nos visitan en esta Honorable Cámara de Diputados, invitados por la diputada Adriana González Furlong.
Tiene la palabra el señor diputado Juan Pérez Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor Reyes Tamez Guerra, a funcionarios del gobierno del estado de San Luis Potosí y del CONALEP, a reinstalar a los profesores de esta institución educativa injustamente despedidos por respetar sus derechos a la libre sindicalización e iniciar el procedimiento de responsabilidades administrativas y de otra índole, en contra de los servidores públicos que resulten implicados.
El diputado Juan Pérez Medina: El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, creado por decreto presidencial en 1978 como un órgano público descentralizado del gobierno federal, es una institución educativa de nivel medio superior, integrante del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, orientado de manera sustancial a educación profesional técnica.
Y bien, desde hace 8 años los profesores de CONALEP del Estado de San Luis Potosí, iniciaron un movimiento en la defensa de sus derechos laborales ya que se les obliga a firmar contratos de prestación de servicios profesionales de carácter civil renovables de manera semestral bajo el falso argumento de que no son trabajadores; privándoseles en consecuencia, de todas sus prestaciones que en derecho les corresponden incluida la prestación médica en general, su acceso a la seguridad social.
Asimismo se les obliga a la entrega de las llamadas "cartas de procedencia laboral", para delegar en otro supuesto patrón la responsabilidad derivada de la prestación de sus servicios.
La lucha de estos trabajadores obtuvo un significativo triunfo cuando el lo. de enero del año 2005 la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de aquella entidad, otorgó el registro y toma de nota a su sindicato académico de trabajadores y trabajadoras de CONALEP.
Aunque las autoridades de este colegio se inconforman contra la determinación de esta Junta, tanto el juzgado segundo de distrito como el revisor del segundo tribunal colegiado del noveno circuito, les negaron el amparo de la justicia federal.
Sin embargo, días después en abierta violación a nuestra Carta Magna, a la Ley Federal del Trabajo y a los más mínimos derechos humanos laborales y hasta a la lógica de las autoridades de CONALEP, se solicita y la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje concede la cancelación del registro al Sindicato Académico de Trabajadores y Trabajadoras de CONALEP, bajo la argucia inadmisible de que estos profesores no prestan un servicio personal subordinado a esta institución. Desde luego todo este juicio sumarísimo se hizo en abierto contubernio con el gobierno del Estado que encabeza Marcelo de los Santos Fraga.
Finalmente refiero que en algunos estados del país ya fueron reconocidos los sindicatos académicos de los profesores de CONALEP y tienen ya celebrados contratos, como ha sucedido con los estados de Sonora, Michoacán, Guerrero, Chiapas y Baja California. En el resto del país los profesores de CONALEP padecen como en San Luis Potosí, las condiciones de semiesclavitud ya señaladas.
Por todo lo expuesto someto a la consideración de esta Cámara de Diputados con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta al Secretario de Educación Pública doctor Reyes Tamez Guerra y a la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional Técnica, para que intervenga ante el director de CONALEP del Estado de San Luis Potosí, para que proceda a reinstalar de manera inmediata a los 38 profesores que fueron despedidos injustificadamente de este colegio, con motivo de su lucha constitucional por el registro de su sindicato, exhortándoles al propio tiempo para que a todos los e
Segundo. A la Junta Directiva Nacional del Colegio de Educación Profesional, se exhorte al Secretario de Educación Pública, técnica, al gobernador del Estado de San Luis Potosí Marcelo de los Santos Fraga, al director de CONALEP del Estado de San Luis Potosí, al Secretario del Trabajo del Estado y al presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, a respetar el derecho constitucional de libre sindicalización, a favor de los profesores de CONALEP del Estado de San Luis Potosí, evitando entrometerse de cualquier manera en la vida sindical de los mismos.
Por lo que respecta a la decisión de las autoridades de amparo procedan a reconocer el registro a favor del sindicato académico de trabajadores y trabajadoras del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de San Luis Potosí.
Tercero. Se exhorta al Secretario de la Función Pública para que de conformidad con sus facultades de atracción gire las apreciables instrucciones con el objeto de que se inicien los procesos de responsabilidad en contra de los servidores públicos que omitieron o realizaron conductas contrarias a la legalidad, imparcialidad y honradez.
Ruego a usted se inserte de manera íntegra este Punto de Acuerdo en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Insértese de manera íntegra el texto de la presente proposición en el Diario de los Debates.
Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.
Las ciudadanas diputados y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa.
VOTACION
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Está a discusión la proposición.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores a favor? Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.
El diputado Pablo Franco Hernández: Con la venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros.
Nos parece que es de urgente resolución este punto, porque sí es necesario hacer un llamado a un gobierno estatal que se ha caracterizado por asumir una actitud de intromisión en los asuntos sindicales pero además de tratar de ir en contra siempre de la organización de los trabajadores.
En el caso de los trabajadores de General Tire, el gobernador Marcelo de los Santos hizo campaña en contra del sindicato en los medios de comunicación. hizo campaña en contra de un sindicato que busca participación de los trabajadores.
En el caso de CONALEP, utilizando el poder del control que se tiene sobre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sin tener legitimación activa, demanda la cancelación de registros, se lauda favorablemente simplemente buscando legitimar un problema que estamos viviendo en México que es el de la precaridad en el trabajo.
Tenemos a la gente trabajando. La autoridad primero permite que los patrones contraten a la gente sin prestaciones, con contratos de prestación de servicios profesionales cuando son trabajadores, cuando sus actividades se prestan en términos de los artículos 10 y 20 de la Ley Federal del Trabajo y luego con ese mismo pretexto se les niega su derecho a organizarse.
Es decir, primero se permite que los patrones tengan trabajadores en una condición simulada, en una relación laboral fraudulenta y después esto se utiliza en contra de los propios trabajadores.
Preocupante es de suyo esta política laboral que tiende a terminar con los trabajadores y pretender en convertirlos en supuestos prestadores de servicios profesionales cuando no lo son, pero más preocupante es la actitud de un gobernador que se asume por encima de la ley como el único determinador de quién tiene derecho o no a organizarse.
Esta preocupación la hemos manifestado antes. Lo hemos dicho en más de una ocasión. Este gobernador tiene que ser perfectamente ubicado como un gran enemigo de los derechos de los trabajadores y particularmente como un gran enemigo de los derechos laborales de los sindicatos.
Por eso es que debe aprobarse este punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias diputado. Esta presidencia no tiene registrados más oradores, luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes (desde su curul): Para hablar a favor, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Disculpe usted, no lo teníamos registrado. Adelante. Don Agustín adelante, tiene usted el uso de la palabra y en términos del reglamento, habiendo sólo dos oradores a favor, cerramos la lista de oradores.
El diputado Agustín Rodríguez Fuentes: Con su permiso señor Presidente y una disculpa por insistir en un planteamiento tan importante como es el del respeto a la libre sindicalización.
No puede ningún gobierno, ninguna autoridad, limitar el derecho que tienen todos los trabajadores mexicanos a sindicalizarse y si por ejercer ése derecho se les aplica la sanción de rescindirles su contrato bajo la justificación de que es ha concluido su contratación existiendo y manteniéndose la fuente de trabajo, está claro entonces que se está violentando de manera muy contundente el artículo 123 en donde se establece el derecho a la libre sindicalización.
Por esa razón es importante que los trabajadores que tienen interés en organizarse lo hagan con la garantía constitucional, pero además lo hagan con el absoluto conocimiento de causa de que esta Cámara de Diputados estará en todo momento atenta a que sean respetados sus derechos en este ejercicio de libre sindicalización.
Por esa razón solicito a esta honorable asamblea que aprobemos este exhorto que está planteando mi compañero diputado Juan Pérez Medina, que será hacerle un acto de justicia a compañeros maestros del Conalep y que tendrán en todo momento un reconocimiento a la Cámara por estar al pendiente del respeto al libre ejercicio de sus derechos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias, don Agustín Rodríguez Fuentes.
Esta presidencia informa que se ha inscrito en contra y el Reglamento le da todo el derecho de hacerloal diputado Marco Gama, del Partido Acción Nacional.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias, diputado presidente. Efectivamente, compañeros diputados, vengo a convocarlos a manifestarnos en contra del punto de acuerdo presentado, no sin antes dejar perfectamente claro que de ninguna manera se limitaría ni se está limitando en el estado de San Luis Potosí el derecho a la libre organización y a la libre sindicalización.
Este proceso se está llevando a cabo por parte del comité del Conalep y no es un asunto resuelto. De ninguna manera aceptamos que se manifieste como cierta la intromisión del gobierno del estado en el asunto.
En este momento el procedimiento jurídico que está llevando con toda claridad la parte demandante, los trabajadores, se encuentra vigente. La cancelación que generó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en este momento está vigente, por lo cual las personas inconformes no pueden ser consideradas, en este momento, como trabajadores sino como prestadoras de servicio.
Estamos a favor, sí, por supuesto, de la legalidad y que se haga el procedimiento con toda claridad y se expida, por parte de la autoridad competente, a este pleno el resultado de este juicio.
El resultado que hasta este momento tenemos en vigencia es combatible por parte de la parte demandante. Esto se puede combatir a través de un juicio de amparo directo, lo cual en este momento no se ha hecho.
Sin embargo, están los cauces abiertos por parte de las autoridades y dentro del proceso legal para que esto se haga.
Estamos a favor de la legalidad y no de juicios a priori sobre la situación que prevalece dentro del ámbito judicial en San Luis Potosí. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Franco para rectificar hechos, en términos del 102, pero por analogía, por 3 minutos.
El diputado Pablo Franco Hernández: Gracias, diputado presidente. Pues sí, efectivamente resulta que la autoridad laboral se excede en sus facultades, admite una demanda de cancelación de registro cuando debió desecharla por reclamar alguien que no estaba legitimado para reclamar la cancelación de registro.
La ley es clara. En materia de registro sindical los patrones no son parte. Ese es un asunto que depende exclusivamente de los trabajadores. Por lo tanto, el registro otorgado a la organización sindical debía estar firme y no tendrían por que los trabajadores estar recurriendo al amparo directo, efectivamente, para combatir un laudo que desde luego van a echar abajo puesto que estamos presenciando una flagrante violación a la ley.
El problema a fin de cuentas no es ese, el problema así es de la política de un gobernador que utiliza los instrumentos del estado para obstruir la organización sindical.
Ese es el punto, ese es el punto y ahí vienen también, decía, los trabajadores de General Tayer, el señor trató de imponer a un sindicato a su gusto, los trabajadores lo rechazaron. Los líderes sindicales fueron despedidos, hoy tienen laudo favorable y la Junta se niega a reinstalarlos. Ese es el problema. El problema es no nada más delos trabajadores de CONALEP, es un problema de todos los trabajadores de San Luis Potosí que tienen que estar padeciendo un gobernador de esa naturaleza.
Por eso es que pues aquí nos pueden venir a decir que tienen derecho a reclamar, pero también tienen ante todo un derecho constitucional a sindicalizarse y la autoridad está obligada a tutelar ese derecho constitucional.
Gracias ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
No habiendo más oradores registrados se considera el tema suficientemente discutido...
El diputado Marco Antonio Gama Basarte (Desde su curul y sin micrófono): Para rectificar hechos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Marco Gama? Para rectificar hechos. Tiene usted el uso de la palabra hasta por tres minutos.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Gracias diputado Presidente.
Con el respeto que me merece el diputado que me antecedió en el uso de la voz, es importante reiterar el llamado a este pleno a que desechemos el punto de acuerdo que se está presentando, debido a que de ninguna manera nosotros nos podemos erigir como parte juzgadora en este tema.
No podemos de ninguna manera prejuzgar ni mucho menos enviar determinaciones a la instancia que en este momento es competente para el asunto que se está comentando. No podemos de ninguna manera transgredir el ámbito del resto de nuestras instituciones.
Permitamos entonces en el juicio que se comenta que se generen los juicios necesarios, el procedimiento jurídico necesario, para entonces sí conocer un resultado y venir aquí a este pleno a hablar con claridad.
No podemos porque de repente resulta fácil en esta tribuna pintar escenas dramáticas y escenarios dramáticos en cada uno de los estados. Creo que nuestra responsabilidad es actuar con claridad, con transparencia en cada uno de los asuntos que se nos presenta, respetando el ámbito de competencia del resto de las autoridades.
Reitero, pues, la invitación para desechar este punto de acuerdo y esperar el resultado del proceso judicial que se está llevando a cabo.
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia tiene la solicitud del diputado Salvador Martínez Della Rocca de rectificar hechos...
El diputado Salvador Martínez Della Rocca (Desde su curul y sin micrófono): Es una pregunta al orador...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Ah, es una pregunta.
Diputado Marco Gama acepta una interpelación... Ya bajó de la tribuna.
Entonces pregunte la Secretaría a la asamblea si el tema se considera suficientemente discutido.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si la propuesta se considera suficientemente discutida.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces pregunte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados...
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Permítame un segundo.
Diputada con qué objeto?
La diputada María Guadalupe Morales Rubio (Desde su curul): Para solicitar votación nominal, Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra:Quiénes apoyan su propuesta?
(Varios diputados del PRD levantan la mano apoyando la propuesta)
En términos reglamentarios y de ley, del 148 de nuestra Ley Orgánica, ordene la Secretaría la apertura del sistema electrónico hasta por tres minutos, en el entendido de que esta votación no se tomará en cuenta para efectos de registro de asistencia. Porque así lo dice el Acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161.
Ábrase el sistema electrónico de votación por tres minutos.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Vamos a ampliar el término por cinco minutos porque hay varios compañeros que...
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ábrase El sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.
VOTACIÓN
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Señor Presidente, se emitieron en pro 212 votos, en contra 121 y 4 abstenciones.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobada. Comuníquese.
Esta Presidencia repite que por ser ésta una votación de origen económica, pero en términos del 148 haberse registrado de manera nominal, no opera en cuanto al acuerdo de asistencia.
Tiene la palabra el señor diputado Ángel Alonso Díaz Caneja, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para que el Ejecutivo Federal libere los recursos para la continuidad de la construcción del Puerto Fronterizo "El Ceibo" en el estado de Tabasco, suscrita por diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste.
El diputado Angel Alonso Díaz Caneja: Con su venia, señor Presidente.
"A nombre de los diputados integrantes de la Comisión Especial Sur-Sureste de México, de la Quincuagésima Novena Legislatura de este Honorable Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea el presente Punto de Acuerdo, para que el Ejecutivo Federal, mediante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de la Función Pública, dé cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2005 y libere los recursos para la continuidad de la construcción del Puerto Fronterizo de "El Ceibo", en el estado de Tabasco.
"Consideraciones
"Primero.- Que el Poder Legislativo Federal, derivado de la necesidad de atender la problemática de la región sur sureste del país, estableció en el anexo 19 del Presupuesto 2005, destinar recursos fiscales al Puerto Fronterizo de "El Ceibo", en el estado de Tabasco.
"Segundo.- Que el referido proyecto inició formalmente su construcción en el año 2004, con una inversión inicial de 30 millones de pesos y para el presente ejercicio fiscal 2005, se autorizaron 60 millones de pesos, mismos recursos que fueron recortados por la Secretaría de la Función Pública, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo cual afecta crucialmente un proyecto que se encuentra en proceso de construcción y que por su ubicación adquiere una relevancia de seguridad nacional.
"Tercero.- Que la importancia de destinar estos recursos al estado de Tabasco para la ejecución del proyecto fronterizo de "El Ceibo", tiene como propósito garantizar la presencia de autoridades en el cruce colindante en esa región de México con Guatemala.
"Por los razonamientos expuestos, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Primero.- Se le exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como a la Secretaría de la Función Pública, den cumplimiento a lo establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2005, especialmente a los recursos que le corresponden a la construcción y conclusión del Puerto Fronterizo de "El Ceibo".
"Segundo.- Túrnese para su estudio y dictamen este punto de acuerdo, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de esta Honorable Cámara de Diputados:
"Tercero.- Con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito que el presente Punto de Acuerdo se turne de urgente y obvia resolución, además de que se inserte el texto de manera íntegra en el Diario de los Debates".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia obsequia su petición de insertar íntegramente el texto en el Diario de los Debates.
No opera la urgente resolución, en función de que no fue acordado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, lo que opera es turnarla a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta Presidencia recibió de parte del señor diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular de la Secretaría de Educación Pública, doctor Reyes Taméz Guerra, aperciba a las autoridades de los centros educativos particulares, se sujeten a la escala de evaluación vigente en el país.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene la palabra el señor diputado don Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a reformar los Artículos 2317 y 2320 del Código Civil de su competencia, a efecto de facilitar la adquisición de una vivienda digna a un mayor número de habitantes.
El diputado Edmundo Gregorio Valencia Monterrubio: Con su permiso, señor Presidente. Por razón de tiempo solicito a la Presidencia se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Honorable Asamblea, el de la voz, Diputado Federal Edmundo Valencia Monterrubio, integrante del Partido Acción Nacional, someto a consideración la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, con base en las siguientes consideraciones.
Facilitar la adquisición de vivienda digna a un mayor número de habitantes en la ciudad de México, es prioritario, por lo que es de observar que el Artículo 2317 del Código Civil, ahora del Distrito Federal, reflejaba el espíritu del Legislador que consideró el derecho de propiedad, un medio para cumplir una verdadera función social, simplificando las formalidades en la enajenación de inmuebles, facilitando así a los más desamparados, adquisición de una vivienda digna. Sin embargo, la cantidad establecida como base de aplicación no ha sido actualizada con relación al costo actual de las viviendas, por lo que la reforma sugerida se funda en ajustar dicha disposición a la realidad económica del país y con ello permitir que las enajenaciones de interés social puedan otorgarse en documento privado, así como también los contratos en los que el Gobierno Local, enajene terrenos o casas para constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos.
En los casos del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra, previendo a la inscripción de estos en el Registro Público de la Propiedad, logrando reducir los gastos destinados, otorgar seguridad jurídica, respecto de la propiedad inmobiliaria de interés social en el Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto y convencido de lo importante que es poner al alcance de un mayor número de habitantes vivienda digna, propongo el siguiente Punto de Acuerdo.
UNICO.- Se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que revise y en su caso analice la posibilidad de reformar las disposiciones referentes a la compraventa de vivienda estipulada en el Código Civil del Distrito Federal, con el propósito de aumentar el tope máximo del valor de las viviendas, establecidos en os Artículos 2317 y 2320 a una cantidad actualizada y acorde con el valor vigente que presentan hoy en día esa clase de viviendas, con el objeto de garantizar que las enajenaciones de inmuebles de interés social, pueden otorgarse en documento privado así como también en os contratos a os que el Gobierno del Distrito Federal enajene terrenos o casas para la constitución del patrimonio familiar o para personas de escasos recursos económicos, en los casos del Programa de Regularización de las Tenencias de la Tierra, previendo en todo momento los referidos actos, ante el Registro Público de la Propiedad, con la finalidad de abaratar los gastos pendientes a otorgar seguridad jurídica respecto a la propiedad inmobiliaria de interés sociale n el Distrito Federal.
Por su atención, gracias. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.
Tiene la palabra la Diputada Guadalupe Morales Rubio, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la PROFEPA verifique e inspeccione las instalaciones de la Planta de Gas Satélite Oriente.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Gracias Diputado Presidente.
En la Terminal de Almacenamiento y Distribución Satélite Oriente, se encuentra ubicada en la Colonia Granjas México, a un costado del Palacio de los Deportes, una planta de PEMEX que implica un riesgo latente para la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la zona.
En esta terminal de almacenamiento en la calle de Añil en la Colonia Granjas México, muy cerca de esta Cámara de Diputados, se maneja un volumen de almacenamiento diario de 13 millones de litros de gasolina y 8 millones de litros de diesel, que son grandes cantidades de combustible que se almacenan y se distribuyen en ese lugar.
Es necesario que se lleve a cabo una verificación de la terminal de Pemex, para el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad, que redundará en beneficio y seguridad de los habitantes que viven en las cercanías de estas instalaciones petroleras.
Las actividades que realice Protección Civil contribuyen a promover la cultura de protección civil entre las comunidades educativas, las empresariales y las industriales de esta demarcación, que esta verificación signifique también una oportunidad para que los habitantes de esta demarcación se encuentren tranquilos y seguros, de que la presencia de una planta de Pemex dentro de la ciudad más grande del mundo, no genera riesgos para sus vidas y para sus inmuebles.
Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este pleno el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta a la Dirección General de Protección Civil y Profepa para que practiquen una verificación a las instalaciones de la Planta Pemex en la zona de Ixtacalco, con el fin de garantizar la integridad física de los habitantes de esta zona.
Muchas gracias señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted diputada.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene la palabra la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con Punto de Acuerdo, a efecto de dirigir un extrañamiento y exhortar al presidente municipal de Mérida, Yuc., a conducirse con respecto a la investidura de los representantes populares, autoridades selectas y ciudadanos en general, evitando medidas represivas innecesarias.
No está en el Salón de Sesiones, luego entonces queda para el final del capítulo como lo marca el Reglamento.
Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que exhorta al gobierno federal y al gobierno del estado de Chiapas, a aumentar la seguridad en la zona fronteriza entre México y Guatemala e iniciar una investigación para determinar las causas de los asesinatos de mujeres que en recientes fechas se han verificado en la localidad de Ciudad Hidalgo, Chis.
Lo retira del Orden del Día.
Tiene la palabra la diputada Guadalupe Morales Rubio del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al Instituto Nacional de Inmigración, la instalación de un módulo de revisión e inspección en la terminal de autobuses de Oriente (TAPO), con el de prevenir el arribo de inmigrantes centroamericanos integrantes de la organización conocida como Mara Salvatrucha.
La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Gracias presidente.
Como todos sabemos el fenómeno de las Mara Salvatrucha se ha convertido en un problema de inmigración violenta y de seguridad nacional para nuestro país, la situación es cada vez más preocupante al considerar que la frontera sur de México en los últimos años han ingreso entre 10 y 15 mil Maras hacia nuestro territorio.
Los Mara han traspasado nuestras fronteras y están contaminando a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Las cifras reflejan un alto grado de imitación por parte de nuestros compatriotas, durante el período del 2003 y 2004 tan sólo en Chiapas, han sido detenidos 365 pandilleros pertenecientes a las cédulas de esta organización, y de esto el 70% de los detenidos resultó ser de origen mexicano, el 30% resultó proveniente de El Salvador, Nicaragua,. Honduras y Guatemala.
Durante la visita que se realizó en Washington, el grupo de trabajo de Seguridad Hemisférica de esta Cámara de Diputados, las oficinas del Centro para Estrategia y Estudios Internacionales, se pronunciaron porque el asunto es muy preocupante para ellos y está siendo considerado como un asunto de seguridad nacionales. Nos transmitieron también su preocupación por el crecimiento de esta problemática.
Soy representante popular de este IX Distrito Electoral en donde se encuentra la Central de Autobuses TAPO, puerta de ingreso al Distrito Federal de todas aquellas personas procedentes de los estados sureños del país y que, debido a la vulnerabilidad de nuestra frontera sur, logran llegar a esta ciudad miembros de estas Maras.
Por ello, solicito del Instituto Nacional de Migración la instalación de un módulo en la terminal conocida como la TAPO de esta ciudad, para que frene el avance al centro-norte del país de este violento fenómeno migratorio, además de que muchas de estas personas se quedan instaladas por algún tiempo alrededor de estas colonias y es un fenómeno de inseguridad para nuestros vecinos.
El Instituto Nacional de Migración tiene por objeto facilitar los flujos de personas que favorezcan el desarrollo económico, social y cultural de este país, así como coadyuvar de manera efectiva en la salvaguarda de la seguridad y soberanía nacional y nosotros tenemos el deber de combatir y evitar la imitación por parte de nuestros connacionales. Por lo anterior, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
Se solicita la instalación de un módulo del Instituto Nacional de Migración en la Terminal Central de Autobuses Oriente, TAPO, con el fin de prevenir la llegada de los inmigrantes centroamericanos miembros de esta organización delictiva conocida como la Mara Salvatrucha, por esta terminal de autobuses.
Muchas gracias Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
El diputado Gonzalo Moreno Arévalo ha pedido a esta Presidencia que se propuesta quede para la siguiente sesión.
Tiene la palabra la diputada Blanca Gámez Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Embajada de México en los Estados Unidos de América, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos, el padrón que identifica aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América.
La diputada Blanca Gámez Gutiérrez: Con su permiso señor Presidente.
En fechas recientes, autoridades migratorias y la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua han manifestado que carecen de algún tipo de padrón que identifique a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves, como homicidio o violación sexual en Estados Unidos. De acuerdo con declaraciones de Julieta Núñez, Delegada del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua, la única instancia que tiene esa información es la Agregaduría () de la Procuraduría General de la República en los consulados mexicanos, pero sólo en los casos en que los paisanos tienen cuentas pendientes con las leyes mexicanas. Es por ello que se hace indispensable que las autoridades de la Unión Americana den aviso al Gobierno Federal y a las procuradurías estatales, acerca de los delincuentes sexuales repatriados.
De acuerdo con informes de la Oficina de Aplicación de la Ley de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos en El Paso, han sido deportados a México más de 90 individuos arrestados por delitos sexuales en los últimos 6 años, desde que se implementó un operativo denominado "Depredador", además de que una gran cantidad de pederastas y agresores sexuales, muchos de origen mexicano a quienes autoridades policiacas estadounidenses consideran muy peligrosos, viven en El Paso, Texas y Las Cruces, Nuevo México, poblaciones vecinas al municipio de Ciudad Juárez, sin que las autoridades mexicanas tengan control domiciliario sobre ellos.
La gran mayoría de estas detenciones incluyen a connacionales que residen de manera legal o indocumentada en Estados Unidos, mismos que son deportados a México una vez cumplidas sus sentencias en el vecino país del norte. Para nuestro país resulta de la mayor importancia contar con estos datos, en virtud de que con ellos se pueden tener elementos para iniciar investigaciones que puedan ayudar a resolver casos de violaciones o peor aún, casos de feminicidios como los que aquejan a los estados fronterizos.
La necesidad de obtener esta información se justifica debido a las cifras que dio a conocer la Secretaría de Seguridad Pública municipal de Ciudad Juárez, que afirma que el 40% de los violadores o agresores sexuales que son arrestados al mes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública municipal reinciden en la comisión de los mismos delitos. Creemos que es la cooperación la única vía para enfrentar la inseguridad en la frontera y por tanto, que compartir la información sobre los agresores sexuales, que aportarán las autoridades estadounidenses a México, será de gran importancia para mejorar la seguridad, la prevención de delitos y la impartición de justicia en la zona.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, se somete a la consideración del pleno de esta asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo de urgente u obvia resolución.
Primero.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias a fin de obtener y compartir con las autoridades estatales y municipales de los estados fronterizos, el padrón que identifica a aquellos connacionales deportados que han compurgado sentencias por delitos graves en los Estados Unidos de América.
Segundo.- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal, a través de la Embajada de México en Estados Unidos, a hacer las gestiones necesarias para que el Gobierno de los Estados Unidos con suficiente antelación, tanto a la Procuraduría General de la República como a las Procuradurías de los Estados Fronterizos, la fecha y datos generales de deportaciones que efectúen de mexicanos que hayan compurgado sentencias por delitos graves en Estados Unidos, aún si no tienen cuenta pendiente con la justicia mexicana.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias a usted.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si considera de urgente y obvia resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, se considera de urgente resolución.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores.
Luego entonces considera el asunto suficientemente discutido.
Pregunte la Secretaría a la asamblea si es de aprobarse la proposición.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se acepta la proposición presentada por la diputada Blanca Gámez.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado, comuníquese.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia recibió del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal y a las Secretarías de Energía, de Economía y de Hacienda y Crédito Público, modifiquen el decreto del 16 de mayo del año 2005 y contemplen al Estado de Chihuahua, dentro del esquema de subsidio de gas doméstico.
Se turna a las Comisiones Unidas de Energía, Economía y Hacienda y Crédito Público.
Asimismo, esta Presidencia recibió del diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, autorice en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal del próximo año, una partida especial para subsidio al gas doméstico.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación tiene el uso de la voz nuestra compañera, la diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que solicita se incorpore en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal del 2006, una partida especial a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción y pavimentación de la carretera en el tramo Altzayanca, Tlaxcala Libres, Puebla.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estimadas señoras y señores diputados:
El Estado de Tlaxcala con sus poco más de 4 mil kilómetros cuadrados de extensión territorial, con una participación en el PIB del 0.5 por ciento y una población cercana al millón 100 mil habitantes, se dice que es la entidad mejor comunicada del país y también la más pequeña.
Con poco más de 2 mil 470 kilómetros de infraestructura carretera que incluye 260 kilómetros de red federal de carreteras principales pavimentadas, 1,020 kilómetros de red federal secundaria pavimentada, la entidad presenta municipios por su falta de comunicación sobre todo en infraestructura carretera que muestran rezagos.
El municipio de Altzayanca ubicado al oriente de la entidad, es uno de los más extensos y olvidados de los gobiernos tlaxcaltecas. Fundado en 1871, ha mantenido una relación de amistad y cooperación permanente con el municipio de Libres del estado de Puebla. Son 16 kilómetros que separan a la cabecera municipal de Altzayanca con Libres y sin embargo, las diferencias en oportunidades de desarrollo y desigualdad contrastan notablemente.
Por ejemplo, el municipio de Altzayanca jamás ha sido considerado como una opción para crear nuevas empresas generadoras de empleo, lo mismo sucede con la formación y capacitación de profesionales, toda vez que no cuenta con algún centro de enseñanza de Educación Superior. Esto provoca la emigración de los jóvenes a otras zonas del estado y del país, que buscan mayor preparación y mejores oportunidades de vida.
Cabe mencionar que una de las industrias o agroindustrias que tuvieron mucho auge en la región y que constituyó el sustento de miles de familias, fue la producción del pulque. Hoy esta industria trabajada de manera artesanal, está prácticamente extinguida, situación que agudiza la pobreza de miles de paisanos.
Por eso es que, con lo anterior y fundamentado en el artículo 58 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal por el grupo parlamentario del PRI, es que vengo ante esta Honorable Asamblea a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo.
Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006, una partida especial por un monto de 48 millones, a fin de destinarlas a la construcción y pavimentación de la carreta en el tramo Altzayanca-Tlaxcala-Libre-Puebla.
Que este punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Comunicaciones y Transportes.
Le solicitaría diputada Presidenta, que esta proposición sea publicada en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria, de no haber sido publicada.
Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De acuerdo a su solicitud, favor de publicar íntegro en el Diario de los Debates y en su caso en la Gaceta y turnarse a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Por favor uso de la palabra allá en la curul del diputado Murat.
El diputado José Adolfo Murat Macias: Sí, Presidenta para hacerle una solicitud de rectificación de quórum, por favor.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Con mucho gusto.
Se solicita a la Secretaría favor de ordenar que se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos, para verificación de quórum.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico hasta por diez minutos.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación seguiremos con la sesión
Para ello tiene el uso de la palabra nuestra compañera, la diputada Yanette Ovando Reazola, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a que en el presupuesto del 2006, se asignen recursos adicionales para la construcción de un hospital en el municipio de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
La vida es el bien más preciado de la persona humana y la salud es primordial para su preservación y dignificación. La salud es definida como la ausencia de padecimientos de naturaleza biosocial, la salud es necesaria para la potencialización de la persona.
Si bien el Gobierno Mexicano ha realizado esfuerzos para ampliar el acceso de la población a los servicios de salud con la implementación de programas y con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 15 de mayo del 2003 del decreto por el que se crea el Seguro Popular que ha significado el avance más significativo en materia de salud desde la creación del Instituto Mexicano de Seguridad Social, con este seguro hemos hecho grandes avances, pero también han quedado grandes rezagos en esta materia.
La zona de Los Altos de Chiapas, ha sufrido uno de los más graves rezagos en materia de servicios de salud, debido en gran medida a la indiferencia que se ha mostrado durante muchos años de los tres niveles de gobierno respecto a estos asuntos.
No podemos dejar de señalar que las administraciones federales y estatales actuales, han tratado de abatir este rezago, lo cierto es que aún falta mucho por hacer.
En esta zona de Los Altos de Chiapas, existen 21 municipios indígenas la mayoría poblados por habitantes de habla indígena, que son los más atrasados y los más necesitados.
Por otro lado, si bien el estado no se destaca por su industrialización, sí cuenta con una de las mayores riquezas nacionales: sus reservas petroleras, sus reservas de agua y genera el 45 por ciento del suministro eléctrico nacional.
Lo anterior es claramente descriptivo de la situación deficitaria en materia de salud que aqueja a los chiapanecos, es por eso que en esta ocasión aprovecho este espacio de tribuna para hacer la petición sentida de no sólo los habitantes de la Ciudad de San Cristóbal, sino de las indígenas mujeres que acuden a la Ciudad de San Cristóbal en busca de servicios de salud y que tienen que pasar horas sentadas en el piso esperando a que un doctor las reciba donde no tenemos la sala de urgencias, donde no contamos con un tomógrafo, tenemos goteras en el hospital y es una ciudad que cuenta con 300 mil habitantes y los indígenas haciendo cola para recibir servicios de salud.
Apelo al sentido común de la gente, de los diputados que nos acompañan, que nos olvidemos de los partidos políticos, que podamos atender esta zona prioritaria de salud en San Cristóbal y respondo a la petición que han hecho muchas personas de distintos partidos para que esta tribuna sea utilizada en beneficio de la salud de los habitantes de la zona de Chiapas.
Es por eso que por lo anteriormente señalado, comparezco a esta honorable soberanía a presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Unico. Exhortar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Honorable Cámara que dentro del análisis del presupuesto de 2006, asigne dentro de su presupuesto al ejercicio 2006, recursos adicionales para 270 millones de pesos para la construcción de un hospital de segundo nivel en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas.
Atentamente, diputada Janette Ovando Reazola. Muchas gracias, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de turnarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Queremos hacer la aclaración que el reloj que está en el tablero lleva el tiempo de los oradores. Estamos tomando los diez minutos para verificación de quórum en el reloj que tenemos, aquí la señorita María Elena.
A continuación tiene nuevamente el uso de la voz nuestra compañera diputada Martha Palafox Gutiérrez, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se incorpore en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2006, una partida especial a la Secretaría de Salud para la construcción de un hospital de especialidades en el municipio de Huamantla en el estado de Tlaxcala.
La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Muchas gracias, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Tlaxcala, entidad enclavada en grandes urbes del país como la Ciudad de México, a 120 minutos de Puebla, Capital, constituyen para los tlaxcaltecas el principal espacio para la atención médica; esto nos coloca en una situación de vulnerabilidad y desventaja, en especial para la gente pobre, sobre todo poblaciones alejadas como los municipios de Tequesquitla, Terrenate, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Clasco, Citlatepetl, Quiztenco, Alzayanca, entre muchos otros.
En Tlaxcala ocupamos el 29 lugar en unidades médicas; en hospitales el último lugar; en recursos materiales el penúltimo lugar, que incluye camas censables, consultorios, laboratorios de análisis clínicos; en personal médico el 29 lugar y el penúltimo lugar en médicos en consultas externas; y el último lugar en urgencias y medicina especializada.
En diabetes de cada 100 mil anualmente se mueren en nuestra entidad por causa de esta enfermedad, casi 100 hombres y 92 mujeres, cuando el promedio nacional no es mayor a 80; en cirrosis hepática 79, cuando el promedio nacional es de 60.
La procuración de la salud es un asunto de Estado, así la ha concebido nuestro país desde hace más de 62 años. Y Tlaxcala no debe permanecer al margen de las políticas de salud pública.
Es cierto, no somos una entidad que genere tantos recursos para que le sea atractiva a la Federación, pero sí los necesarios para ser autosuficientes si avanzáramos en un verdadero federalismo fiscal.
De los 493 nosocomios con que cuenta la Secretaría de Salud, el 30% alrededor de 130 son certificados. En Tlaxcala ninguno se ubica en este rubro.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 fracción I del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en mi calidad de diputada federal del grupo parlamentario del PRI, es que vengo ante esta Honorable Asamblea, a solicitar la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo.
Que en la Secretaría de Salud se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación paras el 2006, una partida especial por un monto de 70 millones de pesos destinados a la construcción de un hospital de alta especialidad, certificado, en el municipio de Huamanga, Estado de Tlaxcala y que este punto de acuerdo sea turnado a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud.
Le solicitaría diputada presidenta que este Punto de Acuerdo sea publicado, de no haber sido así. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted diputada Pallados.
Sí, ya ha sido publicado y favor de turnarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Juan Bárcenas González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a que declare el primer sábado de julio, como el Día Nacional del Cooperativismo.
El diputado Juan Barcenas González: Con su permiso diputada presidente:
En 1923 el comité ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional, recomendó conmemorar un día internacional de las coooperativas. El 16 e diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU a través de la Resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un día internacional de las cooperativas, mismo que a partir de julio de 1995 en conmemoración al centenario de la creación de la Alianza Cooperativa Internacional, se institucionalizó.
En la actualidad las sociedades cooperativas desempeñan una importante labor en nuestro país desde los diferentes sectores en su quehacer económico y social; transporte, turismo, agropecuario, pesca, cajas de ahorro y préstamo, producción industrial, consumo, servicios y actividades diversas. Promoviendo la competitividad, la productividad y la calidad en las actividades que las mismas desarrollan, así como la promoción a la participación social más activa, con criterios de equidad.
Lo anterior en beneficio de sus respectivos socios y las comunidades en zonas y regiones en donde se desarrolla. Mención aparte es la contribución en la generación de empleos.
La celebración del día internacional del cooperativismo se proyecta como un motivo para impulsar en la población nacional la importancia, desarrollo histórico y proyección del cooperativismo en el impulso de la economía del país; principalmente la de los pequeños productores agropecuarios, los pequeños ahorradores y la pequeña y mediana industria.
Por ello en cada celebración de este día deberemos promover conferencias, talleres y foros de divulgación y capacitación sobre los temas del cooperativismo como la forma más positiva de recordar y enaltecer el Día Nacional del Cooperativismo.
Me queda la convicción de que celebrar un Día Nacional del Cooperativismo estaríamos reconociendo a las instituciones, grupos y personas del sector cooperativo de este país que durante décadas de trabajo arduo han tenido la capacidad de alcanzar un nivel de rentabilidad que no solo beneficia a sus socios sino a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo económico de la comunidad a la que pertenecen y de nuestra patria.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Único.- En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación que incluya el primer sábado del mes de julio en el calendario cívico de conmemoraciones como el Día Nacional del Cooperativismo.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Bárcenas.
FAVOR DE TURNARLO A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN.
Instruya la Secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Hay un registro de 343 ciudadanos diputados, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias secretaria. Hay quórum. Continuamos con la sesión.
En tal virtud, tiene la palabra nuestro compañero diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, del grupo parlamentario de Partido Revolucionario Institucional para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al Procurador General de la República ajuste su proceder al marco institucional y jurídico aplicable, y establezca los contactos necesarios y pertinentes a través de los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco.
El diputado Sergio Armando Chávez Dávalos: Con su permiso diputada Presidenta.
Con las facultades que me da la Constitución Política Mexicana y como diputado federal, propongo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO: Como es públicamente conocido, en el amanecer del día primero de agosto de este año, en un lugar conocido como "El Carril", del municipio de Tonalá, Jalisco, se suscitaron una serie de hechos delictivos en los cuales fallecieron cuatro personas y varias resultaron heridas.
Por información periodística, estas pérdidas se debieron a la utilización de granadas de fragmentación y a la presencia de personas fuertemente armadas y con visos de enfrentamiento entre grupos de narcotraficantes totalmente ajenos al municipio de Tonalá.
Es decir, los hechos tanto de armas como de narcotráfico caen de manera plena bajo la responsabilidad de la Procuraduría General de la República. Sin embargo a los pocos días de los eventos el Procurador General de la República, Daniel Francisco Cabeza de Vaca, señaló que había policías municipales de Tonalá custodiando a los narcotraficantes, pero olvidó decir los cómo y los por qué.
En ningún momento informó por qué había gente con granadas, con armas de alto poder, con todas las señales de la delincuencia organizada. No recordó señalar dónde estaban sus investigadores y por qué circulaba sin problemas esta gente armada.
En todo caso, si los policías estaban o no cuidando a los narcotraficantes el Procurador tiene la obligación de investigar y no andarlo divulgando, en otras palabras callar y trabajar y no andar buscando la nota periodística para favorecer su imagen.
El Procurador no debió de publicar porque eso es evidenciar líneas de investigación que por mandato legal está obligado a reservar hasta en tanto se detenga a los culpables.
Se debe resaltar que dentro de la legislación vigente encontramos claros ejemplos de la reserva que debe de prevalecer dentro de los procedimientos indagatorios tendientes a la persecución de los delitos.
Atendiendo la fundamental legal referida, hay que valorar si el propio Procurador cayó en violaciones a la ley que se supone él es el primer garante en materia federal.
Por lo anterior y ante la gravedad de los hechos y la actuación del Procurador General de la República y en base en los artículos 58 y 59 de la Ley del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito en obvia y urgente resolución se apruebe el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Único.- Solicítese al licenciado Daniel Francisco Cabeza de Vaca, Procurador General de la República, que en el desarrollo de su actuación como titular de la estancia referida ajuste a su proceder el marco institucional y jurídico aplicable y, en su caso, de ser ello, establezca los contactos necesarios y pertinentes a través de los medios oficiales con el presidente municipal de Tonalá, Jalisco. Es cuanto, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Chávez Dávalos.
Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvante manifestarlo.
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Hay duda, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Consulte nuevamente, por favor.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia, nuevamente consultamos si se considera de urgente y obvia resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Solicite, para evitar problemas, que la votación sea nominal. Se instruye a la secretaría que se abra el sistema electrónico hasta por tres minutos.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos.
VOTACION
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Favor de cerrar el sistema. Es que eran tres minutos, señores diputados, y ya concluyeron. Señores, señoras diputados, fue un acuerdo de tres minutos. Favor de cerrar el sistema electrónico.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
Diputada presidenta, se emitieron 206 votos en pro, 118 en contra y 5 abstenciones.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No hay mayoría calificada, por lo tanto, en virtud de que no hay las dos terceras partes que requiere el reglamento, favor de turnarlo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las instituciones del sector público de salud, integrados en el Consejo de Salubridad General, a que se cumplan las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención con grupo terapéutico número 20.
El diputado José Antonio Cabello Gil: Gracias, diputada presidenta. En últimas fechas se han alzado voces de muchísimos ciudadanos y organizaciones civiles, entre ellas la de Voz Pro Salud Mental, por el desabasto de medicamentos incluidos en el cuadro básico.
Destaca particularmente el caso de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20, referente a la siquiatría.
Por lo antes fundado y expuesto y pidiendo se incorpore el texto completo del punto de acuerdo en la Gaceta Parlamentaria, me permito someter a la elevada consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- Se exhorta a las instituciones del sector público de salud, integradas en el Consejo de Salubridad General, a que se cumpla cabalmente con las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud.
"Segundo.- Se exhorta en forma especial a las instituciones del sector público de salud integradas en el Consejo de Salubridad General a que se cumpla con las disposiciones relativas al abasto de medicamentos del cuadro básico para primer nivel de atención y del catálogo para segundo y tercer nivel de atención del grupo terapéutico número 20, de acuerdo a las disposiciones de los artículos 27, 28, 29 y 30 de la Ley General de Salud, y
"Tercero.- Se exhorta al Consejo de Salubridad General a través de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de Insumos a que se redoblen los esfuerzos y las acciones tendientes a enriquecer y mantener actualizados los insumos integrados en cuadro básico del primer nivel de atención médica y el catálogo de insumos del segundo y tercer nivel, de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología en el campo médico, tal y como lo marca el artículo 3o. del Reglamento Interior de la Comisión Interinstitucional del cuadro básico de insumos del sector salud".
Es cuanto diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Cabello Gil.
Favor de turnarlo a la Comisión de Salud.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se solicita una partida especial de apoyo a las entidades federativas que poseen en su territorio pozos y complejos petroleros con cargo a los excedentes derivados de la venta de hidrocarburos al exterior.
El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Las finanzas estatales están debilitadas, tienen que absorber servicios educativos y de salud, entre otros, y a partir de su descentralización se han establecido maneras uniformes sin conceder diferencias territoriales de productividad petrolera, que tomando en consideración la alta siniestralidad de las instituciones petroleras no compensan los daños ecológicos, habitacionales, productivos, sociales y especialmente humanos en las entidades federativas que poseen pozos petroleros y refinerías importantes.
Es cierto que enfrentamos el reto de reformar el régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, a la luz de favorecer su expansión sostenida en el largo plazo, generar recursos para el financiamiento de los programas públicos y a la vez liberarlos para que se invierta en más infraestructura propia, así como la conservación y mantenimiento de sus instalaciones que acusan un serio déficit de más de 20 años.
Estos problemas se han reflejado en la ocurrencia de un importante número de accidentes en las instalaciones de Pemex, catalogados como verdaderos desastres y como un fuerte impacto muchas veces en varios kilómetros a la redonda de los sitios que acontecen, sin dejar de considerar que más allá de las indemnizaciones la recuperación de infraestructura y la fertilidad del suelo, el saneamiento ambiental y la reintegración de la vida de las comunidades puede llevar un largo periodo de tiempo que no se compensa con el esquema actual de indemnizaciones y apoyos.
En este año han ocurrido varios desastres importantes en lugares como Veracruz, Tabasco y recientemente en Francisco Z. Mena, en la sierra norte del estado de Puebla.
Por lo anterior, presento esta proposición con la posibilidad de que con un sentido de justicia federalista se establezca un mecanismo para que se compense a las entidades federativas que presentan más riesgos y siniestros petroleros por el número de instalaciones existentes en su territorio, con recursos adicionales que les permitan enfrentar de inmediato y en el largo plazo los efectos de tales desastres.
La propuesta consiste en establecer en el Presupuesto de Egresos para el año 2006 una disposición por la cual un porcentaje de dichos recursos se distribuyan conforme al riesgo de siniestralidad o bien por la cuantía del equipamiento petrolero existente para fortalecer a las entidades señaladas ante los riesgos naturales a la infraestructura y a la vida de sus habitantes.
En el año 2006 se prevé una perspectiva positiva en los mercados petroleros, por lo que consideramos que nuestra propuesta además de justa, redistributiva y federalista es plenamente viable. Por ello solicito la aprobación de esta honorable asamblea para que en su momento se integre en el decreto de Presupuesto aprobado para el año 2006.
"Unico.- Se solicita la asignación de recursos adicionales derivados de los excesos petroleros para las entidades federativas que presentan un mayor riesgo de siniestralidad por existir en su territorio pospetroleros y complejos petroquímicos, a efecto de que puedan enfrentar la atención a la población damnificada, la recuperación de la riqueza del suelo, la rehabilitación de la infraestructura y de viviendas, así como dar seguimiento a estas acciones en el mediano y largo plazo. Para ello se establecerá una fórmula específica en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2006.
Es cuanto, Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Islas Hernández.
Favor de turnarlo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
A continuación tiene el uso de la voz el diputado Juan Bárcenas González, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación declare el 6 de julio como el día cuando 400 familias indígenas tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización.
El diputado Juan Barcenas González: Con su permiso, diputada Presidente.
"Desde sus inicios la sociedad tlaxcalteca se ha caracterizado por mostrar una notable cohesión y homogeneidad, debido entre otras causas a que tuvo su origen en un grupo indígena muy definido, el cual también integró la parte medular de su desarrollo posterior.
"Este núcleo social reconfiguró y consolidó su diferenciación, a raíz de su constante lucha por sostener su autonomía frente al señorío Tenochca, especialmente durante el gobierno de Moctezuma Xocoyotzi y luego por mantener vigentes los privilegios exclusivos que le concediera la corona española durante la etapa virreinal.
"La población tlaxcalteca comenzó a reducirse tras los enfrentamientos con los españoles y después, con su participación en la toma de Tenochtitlan y en las expediciones, descubrimientos y conquistas organizadas por los capitales españoles, de las cuales muchos ya no regresaron.
"Otro factor que influyó en el abatimiento de la población, fue la colonización de la Gran Chichimeca en 1591, lo que implicó por disposición del Virrey Luis de Velasco II, la salida de 400 familias a colonizar, pacificar y culturizar algunas zonas de los actuales estados de San Luis Potosí, Jalisco, Zacatecas, Nuevo León y Coahuila.
"El 6 de julio de 1591, después de reunirse en el pequeño valle del Convento Franciscano de Nuestra Señora de las Nievas, salieron 100 carretas con poco más de 900 personas entre hombres, mujeres y niños de los cuatro señoríos de Tepectipac, Ocotelulco, Quiahuiztlán y Tizatlán.
"Este hecho ha marcado la historia de México y Tlaxcala, por lo que cada año se recuerda con una magna escenificación y diversos eventos culturales, hecho que me anima como orgulloso tlascalteca, a solicitar sea incluida esta fecha en el calendario cívico de conmemoraciones.
"Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
"Punto de Acuerdo
"Unico.- En el marco de la división de poderes, esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Gobernación, que incluya la fecha del 6 de julio en el calendario cívico de conmemoraciones, como el día cuando 400 familias tlaxcaltecas salieron hacia el norte del país para apoyar su colonización".
Es cuanto. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted, diputado Bárcenas González.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Gonzalo Alemán Migliolo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para que la Secretaría de Salud apoye con un recurso emergente al estado de Tamaulipas, para prevención y control del dengue.
El diputado Gonzalo Alemán Migliolo: Muchas gracias, señora Presidenta.
"El suscrito, diputado federal del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo.
"Consideraciones
"Hago uso de esta tribuna para solicitar su apoyo, a efecto de que esta representación popular tome medidas urgentes ante un problema muy importante que afecta la salud pública.
"Tamaulipas se encuentra en estado de alerta, al haber detectado que en lo que va de este año se han confirmado 1 mil 371 casos de dengue clásico y 345 de hemorrágico. Y se tiene la estimación que a la fecha existen 6 mil 288 casos probables de Dengue Clásico y mil 143 de Denge. Hemorrágico que comparados con los tres casos de Dengue Clásico en el 2004 presentan un crecimiento exponencial.
De acuerdo a la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, los índices se encuentran en niveles de alarma y emergencia en la mayor parte de las jurisdicciones.
Las lluvias producidas por el Huracán Emily han favorecido las condiciones de brotes por este padecimiento. Por ello, es imperativo establecer en la región un plan de emergencia para la atención de pacientes por Dengue Hemorrágico, así como fortalecer la vigilancia epidemiológica para controlarlo.
Asimismo se requiere controlar la reproducción de larvas y llevar a cabo acciones de nobulización sobre todo en poblaciones en donde existe un mayor riesgo. Se debe implementar un Operativo Emergente de Atención Médica, estableciendo planes de atención hospitalaria en cada unidad del sector Salud
Quiero señalar, que el Gobierno del Estado está realizando un gran esfuerzo, tanto en trabajo como en aportación de recursos, para llevar a cabo las acciones necesarias ya mencionadas. Pero desgraciadamente el Estado de Tamaulipas, no cuenta con recursos suficientes, por lo que presento el siguiente Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución..
Punto de Acuerdo. Esta Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Salud, a través de la COFETRIS (?) para que considere coordinar con las autoridades correspondientes del Estado de Tamaulipas, un Operativo de Emergencia para coadyuvar en la solución de este grave problema de salud y evitar que se extienda a otras regiones del país.
Solicito respetuosamente a esta Mesa Directiva, que se publique este documento íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias a usted Diputado Alemán Migliolo.
De acuerdo a su solicitud, en caso de que no haya sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, favor de hacerlo e inscribirlo íntegro en el Diario de los Debates.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí, señora Presidenta.
En votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la Proposición.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Gracias.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se considera de urgente resolución.
Como consecuencia de que no tenemos registrados oradores a favor ni en contra, consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta a la Asamblea, si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos Diputados y ciudadanas Diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, Diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias Vice presidenta González Salas.
Tiene la palabra el señor Diputado don Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud presente un Informe sobre los Contenidos de los Programas de Actividades de Educación en materia de Combate a la Obesidad Infantil.
El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su debido permiso, señor Presidente. El suscrito, Diputado Norberto Enrique Corella Torres de la LIX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y con fundamento en la normatividad vigente, presenta ante esta honorable Cámara de Diputados, la solicitud para que se pida a la Secretaría de Salud que presente ante las Comisiones correspondientes de esta Cámara de Diputados, un Informe sobre los Contenidos de los Programas de Actividades de Educación en materia de Combate a la obesidad infantil, en base a las siguientes consideraciones:
Para el grupo parlamentario de Acción Nacional, el luchar por el bienestar humano es una premisa ineludible, pero para el buen desarrollo y desempeño de cualquier ser humano es indispensable contar con una salud que le permita su realización como ser, debe tenerse entendido que gozar de salud plena es una prioridad para cualquier nación, de la que parte su desarrollo sustentado en su propia población, más aun en aquellos que representan el futuro de, que son los niños.
Por ello, creemos que la atención que se le da a la obesidad infantil, debe incrementarse, ya que es una verdadera enfermedad, la cual, sin control, eleva el riesgo de que se torne grave, por lo que la prevención se vuelve la mejor herramienta para su combate.
Existen algunas personas que creen que un niño obeso es sinónimo de salud, al paso del tiempo y con su crecimiento esto dejará de serlo, sin embargo, estas ideas están equivocadas, ya que en realidad los niños obesos corren un mayor riesgo de padecer obesidad en la edad adulta, más en aquellos niños que la padecen entre los seis y los doce años.
Esta Cámara tiene la obligación de supervisar que las dependencias encargadas de ejecutar los programas y actividades en materia educativa para la prevención, tratamiento y control de la obesidad, cumplan con su finalidad, de conformidad con el espíritu de esa disposición legal.
Por lo anteriormente expuesto, solicito que se presente el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se solicita a la Secretaría de Salud presente ante las Comisiones de Salud y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Cámara de Diputados, un informe sobre los contenidos de los programas y actividades para la prevención y tratamiento y control de la obesidad infantil.
Señor presidente, este Punto de Acuerdo ya fue publicado en la Gaceta, sin embargo, le solicito que sea publicado en el Diario de los Debates, tal y como fue integrada su versión escrita y no en esta síntesis que acabo de presentar.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así se hará, diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carvajal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las autoridades de Justicia y de Seguridad Pública del estado de Jalisco, a efecto de que entreguen los fondos del Fondo de Seguridad, destinados al pago de dotación complementaria para los trabajadores del área.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En ejercicio de la facultad que me confieren los Artículos 71 fracción II, 73 fracción X y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a consideración de esta H. Asamblea, la proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, mediante el cual se haga un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco y a los titulares de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública, a efecto de que entreguen los recursos del Fondo de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, destinados a pago de dotación complementaria para los trabajadores del área de seguridad pública.
Lo anterior derivado de los siguientes antecedentes:
En junio de 1998 el gobierno federal y los gobiernos estatales suscribieron el Convenio de Coordinación del Programa de Seguridad Pública 1995-2000 en el cual se acordó la constitución de un fideicomiso estatal para la distribución de fondos, mediante el cual se administran recursos económicos con la finalidad de capacitar y equipar, dotar de infraestructura y dignificar las instalaciones encargadas de la prevención, procuración y administración de justicia en el estado.
Parte de los fondos de ese fideicomiso, se utilizan para dignificar la actividad de los servidores públicos del área de la seguridad pública del estado de Jalisco, esto a través de la implementación de estímulos económicos, ya que su sueldo es realmente bajo.
Cabe señalar que recientemente en el estado de Jalisco se aprobaron diversas reformas a la Constitución Política de la entidad, así como diversas reformas a la Ley de Servidores Públicos del estado y sus municipios, que buscaban limitar el otorgamiento de bonos, estímulos económicos o compensaciones desproporcionados, sin embargo, las reformas citadas fueron de tal generalidad que restringieron estas situaciones en todos los casos y han generado una serie de arbitrariedades laborales que causan preocupación.
Por lo anterior y en los términos señalados, someto a consideración del pleno el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por la que se hace un atento exhorto a los titulares de la Procuraduría General de Justicia y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Jalisco y a los titulares de las dependencias municipales encargadas de la seguridad pública, a efecto de que no se limite ni disminuya la dotación complementaria que se entrega semestralmente a los trabajadores de las diferentes corporaciones del área de seguridad pública del estado de Jalisco y sus municipios, mismos que son entregados a través del Fideicomiso de Seguridad Pública en cumplimiento de los diversos convenios celebrados y toda vez que esta prestación no es contraria a derecho.
Solicito atentamente la publicación íntegra de la presente proposición con punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así se hará señor diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si considera de urgente resolución estos puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor.
Votación
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
No hay mayoría calificada, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Tiene la palabra la diputada Martha Leticia Rivera Cisneros, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que en los estados se realicen parlamentos de niñas y niños y se promueva la participación infantil. Y antes de eso les damos la más cordial bienvenida a invitados de Tlaquepaque, Jalisco, invitados por el señor diputado don David Hernández Pérez.
La diputada Martha Leticia Rivera Cisneros: Con su permiso diputado Presidente.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4 establece que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud y sano esparcimiento para su desarrollo integral, correspondiendo a los ascendientes, tutores y custodios el debe de preservar esos derechos y al Estado el de proveer lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno del mismo.
De igual forma, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes vigente a partir de mayo del 2000, otorga a los niños y a los adolescentes derechos como los de expresar libremente su opinión, ejercer sus capacidades de análisis y crítica y el inalienable derecho a recibir información.
Como consecuencia de estos argumentos y en uso de las atribuciones que como diputada federal de la LIX Legislatura e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional y en aras del desarrollo democrático de nuestro país y buscando que este cuerpo legislativo sea garante de los derechos de la niñez, presentamos y sometemos a la aprobación de este honorable pleno el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los Congresos locales, para que realicen anualmente el Parlamento de las Niñas y los Niños en su estado, invitando a la autoridad educativa local, el Instituto Electoral de la entidad y a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.
Segundo.- Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta a los institutos estatales electorales, a que realice de manera simultánea a las elecciones locales, ejercicio de participación cívica infantil y juvenil, orientados a la formación de valores y prácticas de la democracia y participación en la resolución de los problemas locales.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra la diputada Ruth Hernández Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración y a la Secretaría de Relaciones Exteriores, permitir la participación de organizaciones civiles en el proceso de repatriación voluntaria.
Se pospone para la siguiente sesión.
Tiene la palabra el señor diputado don José Ángel Córdova Villalobos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Sistema Nacional de Vacunación, a fin de que se reactiven los proyectos para iniciar la aplicación gradual de la vacuna contra el neumococo.
El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente.
El que suscribe, diputado federal José Ángel Córdova Villalobos, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud, a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación de la vacuna contra el neumococo dentro del esquema básico de vacunación.
La Organización Mundial de la Salud reconoce al neumococo como la principal causa de mortalidad en menores de cinco años, entre las enfermedades que se pueden evitar a través de esta vacuna.
Las enfermedades provocadas por esta bacteria son la primera causa de muerte en el mundo en niños menores de dos años, alrededor de 1.2 millones de muertes estimadas.
Pese a las dificultades para registrar padecimientos de origen neumocóxico, en México se estiman alrededor de 7 mil 500 muertes anuales por neumonía y mil 500 por meningitis en niños menores de cinco años.
En México el 95 por ciento de los casos de meningitis en niños, son atribuidas a infecciones provocadas por neumococo de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El neumococo puede provocar enfermedades mortales como la meningitis, que en los chiquitos que presentan este problema va a causar en el 25 por ciento de los sobrevivientes, además sordera en el 32 por ciento y muerte aproximadamente en el 8 por ciento.
La neumonía que en esta el neumococo es el responsable entre el 50 y el 70 por ciento de todos los casos de neumonía y además puede tener bacteriemia estos niños.
El costo se estima, de estas enfermedades causadas por neumococo, fueron en el 2002 de aproximadamente 3 mil 100 millones de pesos.
La Secretaría de Salud maneja para el Programa de Vacunación el esquema universal y el esquema básico para menores de cinco años. Sin embargo y a pesar de que el pleno del Consejo Nacional de Vacunación en su primera reunión en 17 de febrero del 2004, acordó incorporar la vacuna contra el neumococo, esto no fue dado por insuficiencia de recursos presupuestales.
Por otro lado es bien conocido que existe el riesgo de una epidemia de influenza que además favorece la presentación de neumonías por neumococo en todo el mundo. Por ello resulta fundamental esta protección para todos los niños y en particular par los niños de zonas de alta marginalidad o niños que tienen alguna causa de inmuno-supresión como puede la presencia de un cáncer.
Por ello, ponemos a su consideración este
Punto de Acuerdo
Único. En el que se exhorta a la Secretaría de Salud, a fin de que se incluya de manera progresiva la aplicación de la vacuna contra el neumococo dentro del esquema básico de vacunación, iniciando con la población de mayor riesgo como son niños con inmundo supresión o habitantes de zonas de alta marginalidad.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado Córdova.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Esta Presidencia le da más cordial bienvenida a este recinto a un grupo de invitados del señor diputado Jaime del Conde Ugarte, del estado de Aguascalientes.
Sean ustedes bienvenidos.
Aplausos
Tiene la palabra el diputado Evaristo Corrales Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas locales a que integren una Comisión de Pesca y Acuacultura.
El diputado Evaristo Corrales Macias: Con su permiso, diputado Presidente.
En México el Sector Pesquero ha aprovechado en cierta medida el proceso de desarrollo pesquero mundial, sin precedentes, caracterizado por el uso de motores de diesel, el empleo de materiales sintéticos para construir redes, líneas, la polea motriz, el uso de refrigerantes, las bombas de succión, intercambiadores de calor, lo cual permitió mejorar notablemente sus técnicas y métodos de captura, así como la autonomía en embarcaciones y su poder de pesca.
De 1970 al 82, la pesca recibió el mayor apoyo que se le ha dado y se crea el Departamento de Pesca en 1976, como dependencia autónoma y en 1982 se transforma a una Secretaría de Pesca, que funcionó durante los sexenios del 82 al 94. En esta etapa se impulsa la investigación fundamentalmente para el crecimiento, desarrollo pesquero, se apoya a la acuacultura, inicia técnicamente la chamani cultura.
La producción pesquera se incrementó considerablemente de 254 mil toneladas en 1970 a 1 millón 565 mil en 1981. En el sexenio del 94 al 2000, la pesca sufre un fuerte golpe y al desaparecer la Secretaría de Pesca y transformarse nuevamente en una Subsecretaría . En el 2001 la Subsecretaría de Pesca se transformó en una Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), con sede en Mazatlán, Sinaloa y el decreto que crea la comisión la cataloga como un órgano desconcentrado de la SAGARPA, con múltiples funciones, pero con facultades reales y poder de decisión sumamente limitados que relegan su importancia, su lejanía geográfica del sur y del noreste del país; aunado a su escaso poder de decisión, han dificultado su accionar en detrimento de los agentes del Sector Pesquero y Acuícola.
Por lo que toca al marco jurídico que regula la pesca, el año pasado se reformó el artículo 73 de la Constitución Política, para facultar a los congresos locales, al Congreso de la Unión, perdón, a expedir leyes que establezcan la concurrencia al Gobierno Federal, de los gobiernos de los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias.
De esa participación local promovida por dicha reforma, se hace cada vez necesaria la intervención de los estados en la elaboración del marco jurídico local, que permita construir las normas que estimulen el desarrollo de la actividad pesquera en nuestro país. Necesitamos que nuestros congresos locales por medio de un ente especializado atienda de manera directa y específica los asuntos relacionados con el sector.
El ejemplo más claro de la importancia de la Comisión de Pesca en esta propuesta, que ha promovido la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, a través de la cual se han impulsado reformas legales, mayores recursos presupuestarios a la pesca, el acercamiento de las propuestas del Sector Pesquero a este Cuerpo Legislativo y una comunicación más estrecha a las legislaturas locales.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito se someta a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo.
Único. Con pleno respeto a la autonomía estatal, se exhorta a las legislaturas locales, a las distintas entidades federativas de la República Mexicana que integren en sus respectivos órganos de gobierno una Comisión de Pesca y Acuacultura, que se encargue de atender los aspectos normativos relacionados con el Sector Pesquero.
Señor Presidente, quisiera solicitar, con fundamento en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 59, quisiera solicitar sea sometido a esta Honorable Asamblea este punto de acuerdo, como urgente y obvia resolución.
Es cuanto y muchas gracias por su apoyo.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Tiene usted razón en cuanto al fundamento del Reglamento, en lo que no tendría usted razón, es que en el acuerdo marca que la Junta de Coordinación Política tome un acuerdo previo. Luego entonces, esta Presidencia lo turna a la Comisión de Gobernación.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia, (desde su curul): Señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Sí, señor diputado de la Vega Asmitia. Sonido en la curul del diputado de la Vega Asmitia.
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde su curul): Diputado Presidente, si bien efectivamente hemos establecido esa práctica para que un asunto que no sea de urgente resolución previamente comunicado se turne a comisión, en muchas ocasiones esta Presidencia ha concedido, siempre y cuando el pleno así lo acuerde, la posibilidad de que el asunto sea considerado de urgente y obvia resolución cuando lo amerita el tema, como es el caso, por lo cual le solicitaríamos que consultara a la Asamblea si el asunto pudiera considerarse de urgente y obvia resolución.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Usted considera que el tema de que se integren Comisiones de Pesca y Acuacultura en las diversas Legislaturas es de urgente resolución?
El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (desde su curul): Sí, señor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Pregunte la Secretaría a la Asamblea si así se considera, en votación económica, en el entendido de que son dos terceras partes.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Se considera de urgente resolución.
Esta Presidencia no tiene registrados oradores, luego entonces pregunte la Secretaría a la Asamblea si se acepta la propuesta.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se acepta la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia le da la bienvenida a personas que provienen de los municipios de "Saltillo", "La Fragua" y "Atzizihuacan" del estado de Puebla, invitados por el señor diputado Angel Alonso Díaz Caneja ()
Tiene el uso de la palabra el diputado Omar Bazán Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal... Perdón, ésta ya se turnó, esta ya se turnó. Les ruego me disculpen.
Señoras y señores legisladores, esta Presidencia recibió de parte de la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, para que emitan el dictamen correspondiente al cuanto al replanteamiento de la fórmula para el establecimiento del precio del gas natural en México.
Esta Presidencia de igual manera recibió de parte del diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitud de excitativa a las Comisiones de Medo Ambiente y Recursos Naturales y de Ganadería. Con la misma fundamentación, se instruye el mismo trámite.
Asimismo esta Presidencia recibió de integrantes de la Comisión Especial Sur-sureste, la solicitud de excitativa a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Se instruye con el mismo fundamento el mismo trámite.
De parte de los diputados María de Jesús Aguirre Maldonado y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitud de excitativa a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Defensa Nacional. Se instruye el mismo trámite con el mismo fundamento.
Y del diputado Jorge Triana Tena, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, solicitud de excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Mismo trámite y mismo fundamento.
Recibió también del señor diputado Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que se aboque a derogar los artículos 925 y 925-A del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, misma que se turna a la Comisión del Distrito Federal, misma que se turna a la Comisión del Distrito Federal.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Recibimos de parte de la diputada Adriana González Furlong, una solicitud para ampliar el turno de la iniciativa que presentó el señor diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa y reforma diversas disposiciones de la Ley Genral de Salud, a efecto de que se tome en cuenta la opinión de la Comisión de Grupos Vulnerables.
Ampliación que estamos acordando favorablemente en este acto.
Se ruega a la secretaría dar cuenta con el orden del día de la siguiente sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Lectura del orden del día
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: (A las 14:50) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 20 de septiembre a las 11:00 horas.
Se les informa que el sistema electrónico estará abierto dos horas antes.
La última rectificación de quórum cuenta como lista final de asistencia.