El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Sí, señor Presidente. Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 387 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se abre la sesión (11.19 horas)
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
VOTACION
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
VOTACION
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Solicitud de cambio de integrantes en comité, del diputado Antonio Morales de la Peña.
En votación económica, se pregunta si se aprueba. Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor:
VOTACION
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la sírvanse negativa:
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Solicitud de cambio de integrantes en el comité, de la diputada Concepción Cruz García.
En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la sírvanse manifestarlo por favor:
VOTACION
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa:
VOTACION
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobada.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Solicitud de cambio de integrantes en comisión del diputado Isidro Camarillo Zavala.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Del diputado Jorge Triana Tena que asume la presidencia de la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Del diputado Elpidio Tovar de la Cruz, que asume la Presidencia del Comité de Administración.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
De la diputada Carla Rochín Nieto, para que presida el Consejo Editorial.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: De enterado.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
De la Junta de Coordinación Política relativo al reconocimiento a las Fuerzas Armadas mexicanas por su trabajo ante la destrucción del Katrina en Estados Unidos.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta presidencia tiene registrados para hacer uso de la tribuna a los siguientes diputados y diputadas:
Diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo,
Diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México,
Diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática,
Diputado José Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional y
Diputado Guillermo Martínez Nolasco del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: la decisión del Ejecutivo federal de enviar ayuda a los damnificados del huracán Katrina en el territorio de los Estados Unidos es una medida digna de encomio, es la fiel expresión de nuestra antaño política exterior siempre solidaria y fraterna con los pueblos caídos en desgracia.
Bien por nuestras fuerzas armadas que con su granito de arena apoyan a los que quedaron sin comida y sin tener con qué cobijarse. Bien por los soldados mexicanos que, con su experiencia en eventos de este tipo, tienen la capacidad y los medios para atender a la población desamparada.
Pero lo cierto es que como mexicanos hubiéramos querido acciones de más fondo por parte del Ejecutivo federal ante este meteoro que causó tantos daños. Por qué. Porque como hemos visto en las desgarradoras escenas que nos envían los medios electrónicos, son los pobres, sin importar su color o su idioma, los que más sufren en esta furia de la naturaleza, exacerbada por el gobierno del imperio que se niega a colaborar para evitar el sobre calentamiento global del planeta. Siempre dicen no a la firma del Protocolo de Kyoto.
Porque son los mexicanos, los latinos en general y los negros los que más han padecido las consecuencias de este tremendo azote. Porque nos duele que los indocumentados, trátese de mexicanos o de cualquier otra nacionalidad, tengan que estar entre las ruinas de Nueva Orleans escondidos, agazapados, como animales perseguidos, temerosos de ser expulsados.
De nada sirve que Bush se haga de la vista gorda y que tímidamente diga que no habrá acciones en contra de ellos.
Nos hubiera gustado que el presidente Fox le hubiera dicho a su homónimo del país del norte, de manera abierta y franca, que no debería ejecutar ninguna acción en contra de cualquier indocumentado, sin importar su nacionalidad, y en particular con los nuestros.
Que ahí estaban los mexicanos que se fueron de nuestro país para buscar la oportunidad que aquí se les ha negado trabajando honradamente, ganándose el pan para su familia, que los respetara y ayudara como a cualquier otro ciudadano de su país y que se garantizara su permanencia porque ahí están –Katrina fue la evidencia más clara de su existencia.
Esta desgracia es el argumento palmario de la necesidad de tener un acuerdo migratorio entre México y los Estados Unidos. Los hechos dicen más que mil palabras.
Porque, como hemos visto en las imágenes y en los medios escritos, ahí se muestra claramente quiénes son los encargados de limpiar y reconstruir el horror que causó Katrina, son los mexicanos, son los latinos, son los negros quienes hacen estas tareas.
La mano del pueblo y gobierno cubano, por ejemplo, quedó tendida; Fidel castro ofreció los buenos oficios de los excelentes médicos cubanos para socorrer a la población que necesitaba urgentemente de esos servicios. Pero el miedo al terror o tozudez del ranchero texano impidió que un gesto de buena voluntad se haya concretado; pudo más la soberbia del imperio que el dolor del pueblo norteamericano.
Estas son las absurdas contradicciones de un mundo globalizado que en la desgracia muestra su verdadero rostro.
Ante todo esto el gesto de los mexicanos de apoyar y auxiliar en una de las peores desgracias que le hayan ocurrido al pueblo vecino del norte, queda como una muestra indeleble de la nobleza y la solidaridad que nos caracteriza.
Por eso el Partido del Trabajo apoya el punto de acuerdo en comento.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
En los albores del siglo XIX el Ejército Mexicano ingresó a territorio del vecino país del norte, fue en 1846 cuando militares mexicanos llegaron hasta el norte del río Bravo, en Texas, un territorio que poco antes se había sumado a Estados Unidos.
México no reconocía en ese entonces al río Bravo como la frontera con el vecino país del norte; entre ambos países estalló entonces una guerra que en 1848 privó a México de la mitad de su territorio.
Por primera vez en más de 150 años un total de 167 soldados mexicanos cruzaron a territorio estadounidense como comisionados para aplicar el Plan de Emergencias en Casos de Desastres Naturales en la nación norteamericana. El convoy de 45 vehículos militares y 165 efectivos cruzaron la frontera por el puente Colombia, Nuevo León, aproximadamente a las ocho de la mañana del 8 de septiembre para conducir una misión de ayuda humanitaria a miles de damnificados del huracán Katrina refugiados en Texas.
El personal militar que ingresó a Estados Unidos lo hizo sin armas, con su grandeza, institucionalidad y nobleza para la atención a un desastre natural.
En un hecho histórico los soldados mexicanos cruzaron la frontera en una caravana militar al mando del General Francisco Ortiz Valadés y transportaron todo lo necesario para alimentar hasta a siete mil personas tres veces al día durante un mes.
Entre las encomiendas que cumple el contingente militar, están las de desplegar su misión de ayuda entre los más de cinco mil damnificados albergados temporalmente en las instalaciones de la ex base de la Fuerza Aérea Kelly al sur de San Antonio, Texas.
A su llegada a territorio estadounidense la caravana militar mexicana fue recibida por el General Braseck, Subcomandante del Quinto Cuerpo del Ejército de Estados Unidos, quien reconoció la valiosa colaboración de México ante esta contingencia y declaró estar muy impresionado por la capacidad y el profesionalismo del ejército Mexicano para conducir este tipo de misiones.
Cabe mencionar que los soldados mexicanos han tenido experiencias previas en misiones de ayuda internacional desplegadas principalmente en Centro América y Sudamérica.
Ahora bien, la labor social de nuestra Fuerza Armada en el extranjero, nos permite como país contar con una posición importante en el concierto mundial.
El día de hoy confirmamos nuestra postura pacifista y reafirmamos la importancia de continuar defendiendo los postulados de nuestra política exterior.
Hoy nuestras Fuerzas Armadas no sólo saben defender nuestra patria con orgullo y valentía, sino que también son capaces de ofrecer sus servicios incondicionalmente, con un país extranjero y lo han hecho porque la solidaridad es su principal arma.
No dejamos pasar por alto que las labores de Ejército Mexicano son claro reflejo del espíritu de solidaridad humana que nos vincula e identifica a todos los mexicanos. Reconozcamos entonces todas las labores que realiza nuestro Ejército Mexicano, desde el difícil combate al narcotráfico hasta la correcta aplicación de los diferentes planes de ayuda para la población.
Hoy nuestro Ejército está preparado para cumplir cabalmente con la importante misión que se le encomienda y es por esto que el Partido Verde Ecologista de México se suma al reconocimiento de nuestras Fuerzas Armadas, porque son un ejemplo de esfuerzo y colaboración mundial, así como un orgullo para todo el pueblo de México.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la palabra la diputada Cristina Portillo Ayala, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.
La diputada Cristina Portillo Ayala: El Partido de la Revolución Democrática se une al reconocimiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas por su desempeño durante las jornadas de rescate realizadas por la destrucción ocasionada por el huracán Katrina en el sur de Estados Unidos.
La solidaridad internacional del pueblo mexicano se vio a través de la participación de los 200 efectivos que integraban el convoy de 45 camiones del Ejército mexicano y los integrantes del buque Papaloapan.
La misión reviste también un carácter histórico porque es la primera vez en más de 150 años que soldados mexicanos pisan un territorio, el estadounidense, que hasta mediados del siglo XIX pertenecía a México.
En 1836 Texas declaró su independencia de México a lo que condujo a la intervención del Ejército Mexicano, al mando del entonces Presidente Antonio López Santa Anna. Tras una fácil victoria ante los separatistas texanos en El Álamo, el 6 de marzo de 1836 Santa Anna y sus tropas fueron sorprendidos mientras dormían el 21 de abril de este mismo año.
El Presidente mexicano fue tomado prisionero y para el 14 de mayo de 1836 firmó un acuerdo en el que se comprometía a no volver a intervenir en el territorio texano. Texas se anexó a Estados Unidos en 1845 y para 1848 Santa Anna firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la larga guerra y se selló con la cesión por parte de México de Arizona, Nuevo México, la Alta California y la salida de toda autoridad y militares mexicanos.
Estados Unidos aceptó la ayuda humanitaria de México y autorizó que personal militar colaboré en las tareas de rescate. Creemos que es una medida digna que nuestro Ejército mexicano y nuestro país es solidario con los países en desgracia. Creemos que es muy importante abrir este gran debate en nuestro país sobre el papel que tendremos que tomar hacia adelante en la participación del Ejército mexicano.
No podemos, no podemos dejar abierta la posibilidad de que nuestro país ingrese de facto a las operaciones de paz de Naciones Unidas sin antes haber tenido una amplia discusión en nuestro país de este tema. Creemos que México no puede participar en estas operaciones y estar a la altura de países invasores, porque el papel de México ha sido de un país pacifista y de un país que respeta la soberanía de otros países.
Creemos también que esta acción del Ejército mexicano abre una posibilidad para que Estados Unidos entienda que México a pesar de los malos tratos que le ha dado el gobierno estadounidense a los migrantes, México es solidario. Estamos en la posición de reclamar por supuesto a Estados Unidos, de exigir que se abra una nueva etapa de diálogo, de trato con nuestros connacionales, y una nueva etapa para firmar o avanzar en el tratado en cuestión migratoria. Es imposible tener un país tan cercano a nosotros y siempre en un papel muy indigno del gobierno mexicano de estar a las órdenes del patrón supremo.
Hacemos un llamado fraterno a Estados Unidos para que así como nosotros hemos colaborado en la desgracia con sus connacionales, ellos tengan la sensibilidad suficiente para llegar a un buen acuerdo migratorio por los derechos humanos y la dignidad de nuestros connacionales en desgracia y sobre todo los que viven allá y trabajan para los gringos.
Gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta Presidencia ha recibido la solicitud para hacer uso de la tribuna del diputado Jesús González Schmal.
Si la asamblea no tiene ningún inconveniente, el concedo el uso de la palabra, señor diputado, hasta por cinco minutos.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, señor Presidente.
En efecto, esta propuesta presentada por el Coordinador de Convergencia, Jesús Martínez Alvarez, tiene por propósito el que en el seno de esta representación se airé, se ventile, se conozca y se valore lo que significó la reciente salida del contingente militar mexicano, para prestar ayuda a los damnificados de los estados de Texas y Louisiana, en los Estados Unidos. En nuestro concepto, una acción que se puede catalogar evidentemente como encomiable y que nos merece por consiguiente pleno reconocimiento.
Es cierto que en otras áreas de la República donde se sufrieron calamidades, desde luego de menor gravedad, también se requería el mismo apremio y disponibilidad, que no obstante lo limitado de los recursos humanos y disponibilidad, se prestó y se contó con el ánimo de servicio y la gallardía castrense en las zonas afectadas del sureste y de Michoacán; donde también se desplegaron los efectivos necesarios y preparados dentro del Programa del DN3 para auxiliar a los mexicanos en desgracia.
En el caso de la salida de soldados mexicanos a los Estados Unidos, la medida evidentemente entendida en su dimensión de solidaridad universal con todos los hombres sin distinción de credo, nacionalidad y raza, también es cierto que hubo un segundo motivo que el de solidaridad en particular, por cuanto a que en la zona devastada de Nueva Orleáns se estima que viven alrededor de 150 mil mexicanos y que por cierto aún así apenas el año pasado se había cerrado el Consulado Mexicano en dicha ciudad.
Evidente también aquí debe contrastarse este envío de elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, preparadas, calificadas para estas contingencias, como una prestación de efectividad y una prestancia del Ejército Mexicano, como lo ha hecho infinidad de veces en territorio nacional.
Y precisamente hace 20 años aquí en la ciudad de México también fuimos testigos de esta enorme ayuda, de esta valiente acción de nuestro Ejército en auxilio de las personas que padecieron el terremoto en 1985.
Pero debe contrastarse este ánimo y esta disposición de México, con la negativa histórica que también México ha tenido para prestar a su Ejército hacia acciones bélicas ofensivas contra otros pueblos o en movilizaciones de paz poco claras, que en ocasiones sólo encubren intenciones de dominio de naciones poderosas en protección de sus propios intereses económicos o de políticas de seguridad nacional.
Por eso, el Ejército Constitucionalista, que nace justamente en el movimiento carrancista y se ratifica en el Plan de Guadalupe de marzo de 1913 bajo las órdenes del jefe nato Venustiano Carranza, que tiene por objetivo restaurar el orden constitucional y la dignidad nacional después el asesinato del Presidente Madero, tiene en los tiempos modernos una nueva y vital función, no sólo la de defender a la patria frente a cualquier agresión del extranjero, sino a partir de 1966 con el Plan DN3, asumió legalmente la misión de asistir a los mexicanos en desgracia cuando son víctimas de un desastre natural o provocado por la irresponsabilidad humana y actúan como un cuerpo unido, como un contingente con disciplina, eficacia y calidez humana, en defensa de la vida y de los bienes de quienes tienen en ellos su única esperanza de sobrevivir y de servir o de recibir servicios y auxilio.
Por esta razón, nos sumamos al reconocimiento de este esfuerzo que, evidentemente en los Estados Unidos, también llevó la ayuda necesaria, el socorro inmediato, la solidaridad de México para quienes, sin distinción repito, de nacionalidades, sufren las calamidades al que todo ser humano estamos expuestos.
Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Se pide a la Secretaría, instruya el cierre del Sistema Electrónico y dé cuenta del registro de Diputadas y Diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:¿Falta algún Diputado o alguna Diputada por registrar su asistencia?
Ciérrese el Sistema Electrónico.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento, hay una asistencia de 442 Diputadas y Diputados.
Se informa que quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de 15 minutos para realizarlo por Cédula.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene el uso de la palabra el Diputado José Bermúdez Méndez, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Bermúdez Méndez.- Con el permiso de la Presidencia.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Adelante.
El diputado José Bermúdez Méndez.- México tiene en sus Fuerzas Armadas, en su Ejército, sin duda, una institución leal y confiable al servicio y defensa de su patria. Los mexicanos podemos sentirnos orgullosos del profesionalismo, lealtad y patriotismo con que las Fuerzas Armadas Mexicanas cumplen su función de garantes de la Democracia, el Estado de Derecho y la Soberanía Nacional.
Asimismo, en reiteradas ocasiones en las que la población civil se ha visto amenazada a causa de desastres naturales o bien, sufren os efectos imprevistos e incontrolables de estos fenómenos, igualmente, el Ejército Mexicano ha respondido siempre con prontitud y gran capacidad para salvaguardar la seguridad y vida de los mexicanos y mitigar el sufrimiento de miles de personas.
A nadie escapa y mucho menos a los miles de beneficiados, las labores de protección y prevención de desastres naturales, que a través de programas con el Plan CN-3 han evitado y evitan el sufrimiento y muerte de quienes se ven afectados. Tan es así, que recientemente la propia ONU emitió un reconocimiento al Gobierno Mexicano por las acciones tomadas para prevenir mayores desastres y pérdidas de vidas ante fenómenos naturales.
Si duda, el Ejército es parte fundamental de dicha labor, por eso hoy en esta tribuna, los Diputados Federales de Acción Nacional, queremos reconocer, una vez más, la capacidad y disposición del Ejército para prestar ayuda humanitaria donde quiera que esta se requiera. Sin duda, la ayuda humanitaria prestada a los damnificados por el huracán Katrina en el Estado de Nueva Orleans en los Estados Unidos, es un motivo y muestra más de orgullo y capacidad de lo que es México y lo que somos los mexicanos y es que, intrínseco a ello, algo resulta de gran valor y relevancia, es el mensaje que el pueblo de México transmite a través de este tipo de ayuda humanitaria a nivel internacional, que es la colaboración, solidaridad y respaldo.
Ahí, pudimos atestiguar tanto el nivel de profesionalismo y capacidad con que cuenta el Ejército Mexicano para ayudar ante desastres naturales fuera y dentro de nuestro territorio y en países como en los Estados Unidos, como la solidaridad y fraternidad de los mexicanos y es que, como sabemos, no es la primera ocasión en que nuestro país brinda ayuda internacional de este tipo, en Guatemala, El Salvador y Belice, en Panamá, y recientemente en Indonesia, a través de la operación Fraternidad Internacional, México y los mexicanos tuvimos la oportunidad de mostrar nuestra solidaridad y capacidad para mitigar los daños y sufrimiento humano por muy lejos que este se presente.
Hoy, la ayuda prestada a los Estados Unidos, deja de manifiesto la disposición de los mexicanos por colaborar en labores que permitan brindar ayuda humanitaria y eviten el sufrimiento de personas inocentes. Lo hacemos también, conscientes que en el pasado hemos recibido las mismas muestras de apoyo y solidaridad de la comunidad internacional, recordando con esto y tan sólo como ejemplo, los devastadores hechos del terremoto del 85.
Extendemos pues, desde aquí, nuestro más amplio reconocimiento a la capacidad y profesionalismo del Ejército Mexicano, para brindar ayuda y protección a la población civil ante desastres naturales, y en esta ocasión ayudando a los miles de damnificados por el huracán Katrina en los Estados Unidos.
Y de esta forma nos unimos a las palabras de gratitud y reconocimiento que el propio gobierno de los Estados Unidos de América han manifestado.
Sin duda las fuerzas armadas mexicanas, además de cumplir plenamente con su función de garante de la democracia, el estado de derecho y la soberanía nacional, es también institución sólida y confiable, en la atención de ayuda humanitaria en desastres naturales.
Estamos ciertos que la mejor forma de corresponder a la ayuda internacional que México ha recibido ante desastres naturales, es la reciprocidad y compromiso. Nuestro Ejército tiene una gran capacidad para colaborar en desastres y en ello va implícito el mensaje de solidaridad y fraternidad de México y los mexicanos.
Enhorabuena y nuestro más amplio reconocimiento, una vez más, a la capacidad y solidez de nuestras fuerzas armadas mexicanas.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene en uso de la palabra el diputado Guillermo Martínez Nolasco del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Guillermo Martínez Nolasco: Con su permiso señor presidente. Respetables legisladores. Compañeros todos.
México cuenta con fuerzas armadas profesionales, disciplinadas, de paz que están al servicio del pueblo y las instituciones, que cumplen las misiones constitucionales que el Poder Legislativo les tiene señaladas, entre ellas, las relativas a brindar auxilio a la población civil en casos de desastres y prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas, sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas.
El Estado mexicano encuentra en la organización militar a un grado aliado, que trabaja con la convicción de servir a todos por igual, sus respectivos planes constituyen el instrumento operativo militar, que establecen los lineamientos generales, para que los organismos de aire, mar y tierra, realicen dichas actividades.
Mantener la capacidad de respuesta de las fuerzas armadas, debe ser el propósito fundamental del Estado, en ellas existen la convicción y la fortaleza para dar lo mejor de si mismas en beneficio de la nación, sin escatimar tiempo ni esfuerzo.
Son instituciones permanentes integradas por mexicanos voluntarios, dotadas con recursos que la nación pone a su disposición, para el cumplimiento de sus misiones. Surgen para satisfacer las necesidades nacionales de defensa, seguridad, auxilio de la población y mantenimiento del orden interno.
Participan en actividades de ayuda humanitaria, mediante la integración de delegaciones, para auxiliar a países afectados por calamidades. Para nuestro país este tipo de ayuda, tiene un contexto internacional de carácter bilateral, en donde no es necesaria la regulación de un tratado internacional, el apoyo que se proporciona se realiza con base en un esquema de coordinación y cooperación entre autoridades, de acuerdo con sus plan es de operaciones.
Para apoyar a las naciones afectadas por desastres, México ha organizado delegaciones de ayuda humanitaria integradas por personal militar de diferentes especialidades y diversos medios de transporte, con el fin de dar atención a los afectados y superar la situación de emergencia. El brazo armado de la nación ha realizado esta clase de actividades en países de Latinoamérica, Asia y actualmente de América del Norte; esto pone de manifiesto la sensibilidad del Gobierno Mexicano y el grado de adiestramiento de la institución armada del país para hacer frente a contingencias naturales más allá de nuestras fronteras.
Cabe señalar que el término ayuda humanitaria se aplica a los apoyos que se proporcionan a países afectados por desastres, aunque en éstos se emplean los mismos procedimientos y técnicas asentadas en los planes de auxilio de las Fuerzas Armadas, sin embargo, éstos se materializan exclusivamente en territorio nacional.
En fechas recientes las instituciones castrenses brindaron ayuda humanitaria a las víctimas del Huracán Katrina en los estados de Luisiana, Alabama y Mississippi en los Estados Unidos de América. En esta área se estima existen aproximadamente 145 mil connacionales damnificados. Ante la fuerza de la naturaleza, todo Gobierno se enfrenta a la destrucción humana y material y pone de manifiesto la vulnerabilidad del hombre y nos hace valorar el hecho de que las fronteras las establecen las naciones para definir sus límites geográficos, donde los conceptos geo-política y grado de desarrollo se desvanecen ante la presencia de fenómenos naturales que atentan contra la vida de los seres humanos y sus pertenencias, como el que azotó a nuestro vecino país del norte y que pueden ser superados con el auxilio internacional que se integra al propio esfuerzo para lograr la reconstrucción de las áreas afectadas.
Ante una tragedia, la solidaridad del hombre debe estar por encima de cualquier otro interés, esto es un proceder ético y no una obligación. La ayuda en estos casos debe ser espontánea, donde toda diferencia de índole religiosa, económica o de nacionalidad deben de quedar omitidas y únicamente se responda a un instinto de supervivencia apoyo entre seres humanos.
México ha sufrido los estragos de calamidades que han dañado su infraestructura y ocasionado cuantiosas pérdidas de vidas, sin embargo, la solidaridad internacional le ha brindado importantes apoyos, pero ha sido la unidad nacional la que ha permitido superar los daños y restañar con el tiempo las heridas infringidas por dichos eventos súbitos. La ayuda humanitaria nacional e internacional debe servirnos para verificar nuestras capacidades de respuesta y para reconocer nuestras insuficiencias y omisiones, previniendo con ello el futuro en donde podríamos ser, no el benefactor, sino el beneficiario.
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, apoya el pronunciamiento presentado por la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
De la Junta de Coordinación Política r para solicitar a los Consejeros del Poder Legislativo del Consejo General del IFE, presenten un informe sobre los trabajos del mismo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor.
Votación
Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa.
Votación
Mayoría por la afirmativa diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado, comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
De la Junta de Coordinación Política, relativo al cambio de fecha de la comparecencia del Titular de la Secretaría de Reforma Agraria.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
Votación
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Aprobado, comuníquese.
Continúe la Secretaría.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De la Diputación Permanente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que analice, discuta y promueva reformas a la legislación sobre el servicio público de energía eléctrica.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Energía para su conocimiento.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, modifique el decreto que contiene la reforma a diversas disposiciones de la Ley
del Impuesto sobre la Renta.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados, incluya los recursos necesarios para impulsar las políticas de fomento de empleo e inversión productiva que requiere el país en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Secretaría de Gobernación.
Oficio con el que remite contestación a Punto de Acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Remítase a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Cámara de Senadores.
Oficio con el que remite Acuerdo que exhorta a la Cámara de Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006, considere la programación de recursos para el financiamiento de las tareas de apoyo a transición gubernamental que deberán realizarse tras la conclusión del proceso electoral federal del próximo año.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina:
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite minuta de proyecto de decreto, que concede autorización al ciudadano Presidente Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración "Medalla de Oro" que le confiere el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria, España.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Alberto Francisco Cabrera Reyes y Eduardo Navas Gómez, para prestar servicios en la Embajada de Sudáfrica en México.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales:
Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta proyecto de decreto por el que concede permiso a los ciudadanos: Juan Herrera y González, Joaquín Aguilar Camacho, Pedro Alberto Collignon Collignon y Leopoldo Sergio García Ramírez, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos de los Reinos de Suecia y de España, respectivamente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Gobernación
El siguiente punto del orden del día es posicionamiento de los grupos parlamentarios con motivo del XX Aniversario del sismo del 19 y 20 de septiembre de 1985.
Se han registrado para referirse al tema los siguientes ciudadanos diputadas y diputados:
Diputado Luis Maldonado Venegas, del Partido Convergencia.
Diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.
Diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del Partido Verde Ecologista de México.
Diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Ernesto Herrera Tovar, del Partido Acción Nacional y
Diputado David Hernández Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene el uso de la tribuna hasta por diez minutos, el diputado Luis Maldonado Venegas, del Partido Convergencia.
El diputado Luis Maldonado Venegas: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas y diputados:
Se han cumplido 20 años desde aquellos sismos de gran intensidad que sacudieron a buena parte del país, dejando una secuela de destrucción, particularmente en la Ciudad de México.
No obstante el tiempo transcurrido, aún no se conoce una cifra fidedigna de las víctimas de ese fenómeno natural. Lo que es un hecho, es que se estima en varias decenas de miles el número de personas que fallecieron o fueron afectadas en su patrimonio e integridad física.
Ya parece un lugar común referirse a la falta de capacidad de respuesta por parte de las autoridades ante la magnitud del siniestro. Lo que observamos los capitalinos fue una parálisis de los dos niveles de gobierno a quienes correspondía hacer frente a la tragedia. Ante esta inacción empezó a desarrollarse una respuesta por parte de la sociedad civil que se organizó para ayudar a las víctimas y a los sobrevivientes de los movimientos telúricos, dando por resultado una febril actividad que tuvo los mejores dividendos, pues las tareas de rescate se multiplicaron, no obstante las condiciones de inestabilidad y desorden que prevalecían en esos momentos en la Ciudad de México.
Coincidimos con diversos analistas que han señalado de manera metafórica que el 19 de septiembre de cimbró, no sólo la tierra, sino también el sistema político mexicano, por las condiciones totalmente imprevistas, derivadas del severo juicio que la sociedad le formuló a la administración federal y capitalina, a causa de la impericia con que ambos niveles de gobierno reaccionaron ante la situación.
Por ello, además de lamentar la pérdida de las vidas humanas ocurridas como secuela de los terremotos de 1985, Convergencia desea hacer una reflexión acerca de las repercusiones sociales y políticas que ocasionaron los sismos de hace 20 años. De no hacerlo así, correríamos el riesgo de caer en la autocompasión, lo que no permitiría obtener enseñanzas de esa experiencia, que si bien fue traumática, mostró como ya lo dijimos, el camino de nuevas formas de organización y de participación social que ya se venían gestando en la sociedad mexicana, pero que no habían encontrado los cauces adecuados para mostrarse públicamente.
Así surgieron diversas organizaciones que enarbolando distintas demandas, progresivamente fueron formando un movimiento que acreditó plenamente su derecho legítimo para elegir a sus gobernantes, hecho que le había sido negado con la premisa de considerar a los capitalinos como ciudadanos de segunda clase con respecto al resto de la población de las 31 entidades federativas.
Estas organizaciones emergentes trajeron consigo mediante su empuje la transformación del marco jurídico que se había instalado en el Distrito Federal, colocando los cimientos de las reformas políticas para la ciudad capital de los años de 1993 y 1996, además de otras importantes modificaciones que dieron lugar por citar un ejemplo, a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal en el año de 1988.
Por lo anteriormente expuesto, mi grupo parlamentario quiere expresar aquí el propósito de superar la conmemoración meramente circunstancial, a fin de destacar los avances alcanzados en materia de representación política por la sociedad que fue protagonista central de estos hechos lamentables y memorables del año de 1985.
Además, las nuevas organizaciones posibilitaron la formación de cuadros que arribaron a la vida política para darle un aire de frescura tan necesario para revitalizar esta actividad.
Queremos reflexionar también en torno a la inacción de las autoridades de la época, para formular una voz de alerta confiando en que se haya aprendido la lección, a fin de que se adopten las medidas conducentes para evitar esas gravísimas omisiones, si ello fuera necesario.
En este sentido, afortunadamente nos encontramos ante una sociedad cada vez más demandante, que no toleraría, como no lo permitió en el año de 1985, la falta de respuesta oportuna a una situación similar.
Para CONVERGENCIA es claro que el país cambió gracias a las formas que adoptó la organización social para dar respuesta a la gravedad de la situación que generaron los sismos; es así que hemos obtenido enseñanzas de esa experiencia. Por ello, uno de los principales impulsos que guía nuestra acción política, es el dar voz a las nuevas organizaciones que emergen de la sociedad civil, incorporando sus demandas y plasmándolas en nuestro quehacer parlamentario, además de defender a toda costa los logros que han alcanzado a través de su lucha incesante sin aceptar por ningún motivo el más mínimo retroceso en los avances alcanzados.
También demandamos que se instrumenten con el rango de políticas públicas las acciones encaminadas a consolidar un sistema de protección civil a nivel nacional, con objeto de hacer frente a situaciones de extrema gravedad, como las vividas en el año de 1985. No hay excusa para no hacerlo, pues hemos sido testigos en años recientes de los estragos que pueden causar los desastres naturales.
Hoy rendimos homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que, arriesgando su propia vida, se dieron a la tarea de salvar la de otros y hacemos votos porque la humanidad reflexione también en la necesidad de dejar de atender, de atentar, contra su entorno natural.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia.
Legisladoras y legisladores:
El sismo del 19 de septiembre de 1985, abrió las entrañas de la corrupción y del desprecio de un gobierno que irónicamente uso como divisa el lema de "la renovación moral". Los escombros, los cadáveres, los heridos y los que milagrosamente salieron ilesos, no los removió el gobierno; los recuperó la ciudadanía.
Ante el pasmo y la paralización de las fuerzas públicas y de socorro oficiales, fue el pueblo de México el que a una sola voz y como un solo hombre, acudió ante esta tragedia que marcó de manera indeleble a esta Ciudad y al país entero. Nunca como ese 19 de septiembre se sintió la solidaridad, la fraternidad y la entrega incondicional de la población a sus hermanos caídos en desgracia.
Muchos y muy variados son los testimonios que han quedado impresos en libros, artículos, poesía y crónica. Muchas y muy variadas son las historias orales que se cuentan de boca en boca sobre este cataclismo. Todo mexicano tiene algo que contar, no hay capitalino o mexicano que no sepa, que ignore esta fecha, que señale un antes y un después en nuestra historia, porque el pueblo de México, ante la desgracia y el dolor ajeno, siempre lo asume como propio. En ese momento desaparecen todo odio y todo rencor. No hay distingos sociales, no hay pobres, no hay ricos.
Los héroes anónimos que emergen del pueblo mismo, con sus manos, con sus herramientas, con su entrega y una voluntad sin límites, se lanzaron a rescatar a sus hermanos.
El 19 de septiembre, esta fecha es del pueblo de México. Demandamos que nunca forme parte del Santoral oficial, que nunca sea secuestrada por la burocracia gobernante para hacer ejercicios retóricos. Que recordemos esta fecha como algo que nos duele, que recordemos a nuestros muertos, pero que nos sirva también para tener presente que los gobernantes privilegian el interés mezquino e inmediatiza a costa de los más desvalidos.
Y como lo hemos podido observar desgraciadamente y esto en forma reciente, no es privativo de un país sea éste poderoso o sea débil. La lección del 19 de septiembre es que no debemos de esperar a que los fenómenos naturales sean los que auditen la obra y la reglamentación pública.
¡Cuántos mexicanos podrían seguir viviendo en este momento si no hubiera campeado la corrupción durante tantos años o digámoslo mejor, cuántos ciudadanos de este país vivimos en riesgo constante porque la indolencia, la corrupción y muy a nuestro pesar, sigue!
Día tras día escuchamos que los más pobres de México, los campesinos, mueren y pierden su escaso patrimonio por los estallidos de los ductos de PEMEX. Todo ello perfectamente evitable. Y expresan con toda nitidez la incuria y la responsabilidad de nuestros funcionarios que es la misma que dio lugar a los trágicos acontecimientos del 19 de septiembre.
Por qué no nos quedamos conformes con que el sismo destruyó nuestra ciudad, con que el sismo que destruyó nuestra ciudad fue producto única y exclusivamente de las fuerzas de la naturaleza. Recordemos que fueron los edificios públicos los que mayoritariamente se colapsaron; lo mismo sucedió con algunas edificaciones particulares; según peritajes técnicos que están fuera de toda duda, indican que no se cumplió con la norma establecida.
Ya lo dijo Hamlet: "Algo está podrido en Dinamarca". Y nosotros agregamos: Algo está podrido en nuestro México y el hedor que despide es un hedor de muerte, de dinero mal habido y de tráfico de influencias, de indolencia y de corrupción.
Compañeras y compañeros diputados: ¿Tendremos que limitar nuestra ayuda a los mexicanos en desgracia formulando puntos de acuerdo para que recuperen sus bienes o se indemnice a sus muertos y heridos y para que sigamos demandando que se aplique con todo el rigor de la ley a los responsables? ¿Tendremos que legislar para que sea la naturaleza, los estallidos, los incendios o algún otro siniestro semejante, el indicador que audite la obra pública?
De nada nos sirve hacer leyes si quienes están encargados de cumplirlas o de dirimir la pertinencia de las mismas, viola la esencia misma de su encomienda. Pero que nadie evada su responsabilidad.
Tenemos todavía un buen trecho en esta Legislatura para proteger y preservar la vida y el patrimonio de los mexicanos. No podemos caer única y exclusivamente en lo que denunciamos. El mejor reconocimiento que podemos hacer a quienes murieron o quedaron lesionados o mutilados o a quienes perdieron su patrimonio y todavía no lo recuperan, es garantizar a través de la ley que esto no vuelva a ocurrir.
A 20 años de estos trágicos acontecimientos seguimos recordando sólo a nuestros muertos; en tanto que el gobierno actual y los pasados siguen indiferentes ante los que perdieron su hogar.
La naturaleza no entiende de leyes, pero los hombres sí la entendemos y estamos en condiciones de que los daños sean menores; que nuestra ciudadanía no sufra más por un gobierno ineficaz y corrupto.
¡Nunca más un 19 de septiembre, un Gilberto o un Paulina, nunca más estallidos en San Juanico o en Guadalajara¡
Es cuanto diputado presidente.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Guillermo Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
El diputado Guillermo Velasco Rodríguez: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados.
Han pasado veinte años desde que ocurrieron los terremotos más catastróficos que se recuerden en la ciudad de México. Todavía se encuentran frescas en la memoria las tristes imágenes que fueron comunes durante los funestos días del 19 y 20 de septiembre de 1985.
Muchos aún no dejamos de pensar que quizás escenas dramáticas como las de entonces pueden repetirse.
Como sabemos todo comenzó un 19 de septiembre a las 7.19 de la mañana, momento en el que un devastador temblor de 8.1 grados sacudió a esta ciudad durante varios segundos. El estremecimiento fue tan violento que numerosos edificios, casas y puentes no lo resistieron y se fueron desplomando hasta quedar reducidos a pedazos de concreto y acero retorcido.
Bajo los pesados escombros quedaron atrapadas miles de personas. Ese día jamás se borrará de nuestra memoria pues hace veinte años se sacudió la conciencia en nuestro país.
Recordar lo que aconteció a la ciudad de México hace veinte años, debe sumirnos en una profunda reflexión: ¿Qué tipo de cultura y prevención de desastres tenemos como país? Sobre todo ahora que es posible sufrir catástrofes por cualquier fenómeno natural.
No debemos olvidar los daños que se presentaron después de este fenómeno. La tragedia debió dejarnos enseñanza.
El 19 de septiembre del ’85, un minuto y medio bastó para que los capitalinos descubrieran las condiciones en las que se encontraban las construcciones. La capital del país es una de las más sensibles en el mundo y con la experiencia de esa fecha, se comenzó a dar mayor interés a los estudios técnicos y científicos para comprender de qué manera los fenómenos naturales del subsuelo repercuten en los daños estructurales.
El centro de la ciudad fue la región que más daño sufrió en su infraestructura urbana. Con el sismo en este sector, se perdió parte de la cultura habitacional y social de los capitalinos al desaparecer los centros familiares de atención hospitalaria y las edificaciones tradicionales.
Aunque parezca extraño, diversos estudios realizados fuera del país indican que el tres por ciento de la energía sísmica mundial se libera en México, lo cual se traduce en la presencia de por lo menos un sismo mayor de los siete grados Rigther cada año en el país que indudablemente afecta a la ciudad de México.
El Distrito Federal es altamente sensible a los sismos, debido a la diversidad de tipos de suelo que tiene lo que provoca que los movimientos telúricos adquieran dimensiones importantes.
La sensibilidad de la ciudad de México se atribuye a que una gran parte de las viviendas y oficinas están edificadas sobre el territorio donde miles de años atrás era el Lago de Texcoco. Sólo depende de la naturaleza el que ocurra un gran sismo en nuestro país.
Pero depende de nosotros que no olvidemos lo sucedido en esta ciudad. Y la forma de honrar a los varios de miles de personas que fallecieron en los sismos del ’85 es continuar con la cultura de la prevención y acción en caso de desastres naturales.
Los simulacros del día de ayer es muestra de ello. Lamentablemente fue una lástima que no hayan salido a la perfección y que nuestro inmueble no haya participado en él.
Como toda catástrofe natural, es imposible predecir una situación como la ocurrida hace veinte años; no obstante el siniestro puso en evidencia la incapacidad de las autoridades y del gobierno para afrontar una situación caótica de tales magnitudes.
Mostró la ausencia de dirección y coordinación y la poca ética de muchos que aprovechándose de la situación y del sufrimiento buscaron el beneficio propio. Lamentablemente también persistieron el tráfico de influencias y la falta de previsión, a pesar de que la ciudad de México es un lugar con una actividad sísmica muy alta.
La vulnerabilidad de la ciudad no sólo depende de qué tan frágil sea su suelo sino de qué manera las construcciones que se realizan en esos lugares son lo suficientemente resistentes o eficaces a los movimientos telúricos.
Por otra parte, en los últimos veinte años la población y manchas urbanas de México han crecido exponencialmente. La falta de planeación urbana y de coordinación entre autoridades genera vulnerabilidad y por lo tanto poca respuesta a las emergencias.
Por ello es necesario crear los instrumentos e instituciones, para que los desastres naturales no nos tomen desprevenidos. Que se procure una verdadera cultura de prevención de desastres, lo cual parece un poco más que difícil por las condiciones en que se encuentran los heroicos cuerpos de bomberos y las demás instituciones de apoyo ciudadano.
Frente a la incapacidad gubernamental de aquel entonces y en un hecho histórico de extraordinaria solidaridad, los mexicanos se unieron y se organizaron improvisándose como rescatistas, paramédicos, transportistas, socorristas, etcétera.
Hoy espero que los gobiernos tanto federales y de este Congreso de la Unión sirvan de pauta para resolver los problemas para todos los habitantes de esta metrópoli que no ha podido resolver ninguna administración capitalina, ya que ante la enorme estela de destrucción y muerte el gobierno en turno no tuvo la capacidad para reaccionar de manera pronta y adecuada.
El terremoto de 1985 fue un parteaguas para la sociedad mexicana, ya que cambió para muchos habitantes el concepto de vida; para otros el concepto de solidaridad y otros más incrementaron su grado de conciencia cívica. Ahí nació la sociedad civil y su lucha es tangible aún el día de hoy.
A la fecha es motivo de orgullo la gran solidaridad y respuesta que la sociedad civil mexicana ha mostrado ante las desgracias nacionales e internacionales; sin embargo, aún queda duda de la capacidad de respuesta de las autoridades en cualquier contingencia de gran magnitud.
No olvidemos que la separación gobernantes pueblo ha sido históricamente uno de los mayores problemas sociales, originado desde nuestra conformación como sociedad conquistada.
Es en los momentos críticos que hemos analizado donde surge este intento de integración como una posibilidad de recuperar la dignidad fracturada. Ante esto debemos de integrarnos como un solo actor, capaz de afrontar cualquier problema social, no sólo ante las desgracias naturales.
A raíz de los acontecimientos, no debemos de olvidar y poner énfasis en las tareas que aún quedan por resolver. Así, es imperioso que se modifique la normatividad en materia de construcción en nuestro país, que se reformen estas normas de construcción, específicamente en la capital y que se considere el apoyo de geólogos en los procesos de edificación, estableciéndose las normas oficiales mexicanas adecuadas.
De igual forma, urge intensificar la vigilancia en las construcciones, ya que hasta la fecha no se aplican estas normas por muchos constructores, lo que pone en riesgo vidas humanas y materiales ante futuros sismos o desastres naturales.
La precaución y evaluación de los riesgos ante una contingencia deben ser incrementados, ya que México es un país que por su situación geográfica se encuentra altamente vulnerable a los fenómenos naturales. El peligro es latente ante una nueva embestida natural.
Como sabemos, la capital del país se ubica en una de las regiones más vulnerables del planeta debido a su intensa actividad sísmica y volcánica.
Los estados costeros del territorio deben enfrentar anualmente los fenómenos hidrometeorológicos que afectan sus litorales.
Es así que, recordando los acontecimientos de hace 20 años y viendo la magnitud de las desgracias humanas que pueden alcanzarse ante un fenómeno natural, es que debemos fortalecer nuestros esfuerzos para asegurar que de ocurrir otra situación semejante las pérdidas sean las menores y que las respuestas sean las mejores que pueda haber, evitando negligencias y falta de coordinación.
Hoy, a 20 años de aquel triste momento, debemos de valorar el sentido de la conmemoración luctuosa del 19 y 20 de septiembre, a fin de que se minimicen los efectos que producen los fenómenos naturales. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Esta presidencia da la más cordial bienvenida a los estudiantes de las universidades Golfo de México, el Instituto de Estudios Superiores, Instituto Tecnológico y La Huasteca de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, invitados del diputado Pablo Anaya Rivera. Sean bienvenidos. (Aplausos)
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con su permiso, señor Presidente.
Diecinueve de septiembre, fecha emblemática, simbólica, que hace referencia a una ciudad lastimada y a un pueblo igual, que al mismo tiempo con coraje, con realismo, de manera concreta y verídica, dolorosa y gozosa, incierta y verdadera, de destrucción y constructiva, de sangre y serenidad, de urgencia y esperanza, de muerte y vida. Fecha que se refiere a la praxis de un sujeto llamado "la sociedad civil", un sujeto colectivo que convoca, distribuye, dirige, se solidariza con la amplitud y con toda la sociedad desde la causa de los damnificados.
Construir la democracia y recuperar la nación como hace veinte años, son tareas que reclaman otra forma y otro fondo para la participación de la sociedad en los asuntos públicos.
Hace veinte años reconstruimos la ciudad de México vulnerada por la corrupción, la negligencia y la irresponsabilidad acumulada. Las instituciones públicas no sólo se mostraron incompetentes ante la magnitud del desastre, sino que por la lógica corporativa y autoritaria mostraron el verdadero rostro de la clase política, no solidaria, temerosa, refugiada en el extraviado principio de la autoridad y empecinada en un retorno a la normalidad de la cual precisamente se generaron las causas del desastre.
Hoy debemos dignificar nuestra identidad como pueblo solidario, dispuesto a luchar por las mejores causas históricas de nuestro país, más allá de las coyunturas; y proponemos la reconstrucción nacional desde una nueva cultura política, incluyente y abierta al debate de los disensos para construir los consensos necesarios para estar preparados y fortalecer a la sociedad civil que ya demostró tener la capacidad de ser garante de la defensa de México sin simulacros políticos ni discursos retóricos.
México está en una crisis, una crisis de descomposición. Incluye todos sus aspectos fundamentales, el económico, político, social, religioso, valoral, de relaciones internas y externas, de sistemas de referencia, de matriz, de sentido.
Hay quienes resisten y quieren construir algo distinto, más justo, más ético, más humano, pero no es fácil resistir. Hay que aprender a decir "¡No!" No al desprecio, no a la arrogancia, no a la acumulación de riqueza, no a la pobreza que de esa acumulación se deriva, no a los amos del país, no a los poderes financieros, no a eso que llaman democracia y que no es participación del pueblo, sino derroches inmorales del dinero para comprar votos que permitan seguir en el poder a los mismos de siempre; no a la nación privatizada, no a la injusticia socioeconómica, no a la desescolarización, no a la destrucción del medio ambiente, no al narcotráfico y a las drogas, no a la exclusión de la mujer, no a toda discriminación, no a la destrucción televisiva del pensamiento; no a la violencia callejera, a la violencia económica, a la violencia política, familiar, social, estatal, electoral, verbal. No al abajamiento de cualquier ser humano.
En esta nueva etapa del ciclo de la globalización neoliberal, nuevos desastres se ciernen sobre México como una expresión de su vulnerabilidad ante las crisis económicas recurrentes y las erróneas decisiones políticas del gobierno federal.
A lo largo de 20 años han transcurrido desastres asociados con fenómenos naturales y procesos tecnológicos de todo el territorio nacional, el recuento de la devastación se cuenta en miles de muertes evitables. En el contexto del debilitamiento de las instituciones de la República por la aplicación de programas ortodoxos de ajuste que hemos cuestionado desde hace varios años e incluso han sido criticados por organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
A estos desastres se suman nuevos peligros, el principal: la apuesta política para reinventar el control autoritario clientelar sobre la sociedad civil, en la perspectiva de desmovilizar a los ciudadanos y a las comunidades para subordinarse a la normalidad patológica de la antidemocracia.
¡Cuidado! No confundamos la democracia con una parte de ésta, las elecciones no deben de estar por encima del respeto a los derechos constitucionales y humanos de la ciudadanía que debe de asumir, como quedó demostrado hace 20 años, sus obligaciones a contracorriente de las imposiciones burocráticas.
En este XX aniversario de los sismos, el mejor homenaje a quienes reconstruyeron la ciudad, a quienes dignificaron la vida entre los escombros, es el redoblar esfuerzos, que nos comprometamos por fortalecer a la sociedad. Un país sujeto a la dinámica de pactos, contubernios y complicidades, cimentadas en la exclusión y la manipulación no tiene opciones para pensar y construir un futuro mejor para las generaciones venideras.
El mejor homenaje a quienes murieron por el desastre social es no perder la memoria histórica, que a pesar del tiempo transcurrido tiene un veredicto indiscutible: hay responsabilidades por omisión, por corrupción y arbitrariedades. Por ello en la reconstrucción nacional no podemos permitir que nuevos desastres ocurran y que el propio Poder Legislativo permanezca a la expectativa.
Como representantes populares asumamos la obligación de dotar a la sociedad de instrumentos jurídicos que fortalezcan su participación en los asuntos públicos, en la definición de nuevos horizontes que debemos construir juntos.
Otro país es posible. Hay que ponernos a trabajar para construirlo, desde abajo, desde las bases, desde el pueblo, desde la gente común, desde la solidaridad, porque sólo así se construye un mundo distinto y un país distinto y nuevo. La lucha ahora es por una nueva mayoría en el país. En el Partido de la Revolución Democrática y con la sociedad vamos por esa mayoría.
Es cuanto, señor Diputado.
(Aplausos)
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el diputado Ernesto Herrera Tovar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
El diputado Ernesto Herrera Tovar: Con su venia ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Adelante Diputado.
El diputado Ernesto Herrera Tovar:
Compañeras y compañeros Diputados:
Hace 20 años ocurrieron los sismos más catastróficos que se recuerden en la ciudad de México. Sin duda, todavía se encuentran en la memoria de todos nosotros las tristes imágenes que fueron comunes durante los trágicos días del 19 y 20 de septiembre de septiembre de 1985. Sólo 120 segundos fueron suficientes para que la naturaleza destruyera lo que llevó décadas en construir. La furia de dos sacudidas, de 8.1 y 7.6 grados en la escala de Richter, dejó sin casa 50 mil familias, 40 mil lesionados que debieron ser hospitalizados y 41 mil millones de pesos en daños materiales.
Las autoridades reconocieron entonces 9 mil 500 muertos, 150 mil damnificados, 53 mil edificios afectados, de los cuales 757 se colapsaron y tuvieron que ser demolidos; daños millonarios en infraestructura, vivienda y servicios públicos que se vieron paralizados.
Fueron días de duelo nacional, la situación había salido de control gubernamental. Toda previsión fue rebasada por mucho y solamente el ejército de auxilio y solidaridad, que integraron cientos miles de mexicanos, hizo posible el rescate de cientos de víctimas que por días permanecieron debajo de los escombros.
Sin embargo, estos días que dejaron huella imborrable, sumado al profundo dolor de muchas familias mexicanas, difíciles como pocas veces en la historia, resaltaron la solidaridad y la unidad de todos los mexicanos.
En efecto, en medio de la emergencia la ciudadanía reaccionó de manera inmediata para rescatar a quienes habían quedado bajo los escombros y prestar ayuda a todos los damnificados. Así, las calles de esta ciudad se llenaron de cientos de héroes anónimos que arriesgaron su propia vida y trabajaron incansablemente para auxiliar a quienes sufrieron las consecuencias de esta terrible contingencia.
La respuesta social pareció sorprender a todos. Lo que surgió como una voluntad individual de hacer algo, se encontró de frente con una voluntad colectiva de organización y de reconstrucción.
Como nunca emergió el pueblo solidario, se dio sin cortapisas y sin presiones. Fue la sociedad civil, fueron los jóvenes en mezclilla, las mujeres con su calor humano, los hombres como eslabón de cadena interminable, en fin, fue el pueblo de México el que curó al herido, el que sepultó al muerto, el que rescató al atrapado, el que consoló a la viuda y al huérfano. México, su pueblo, su gente, enfrentó al tragedia y consolidó ante el mundo su ser solidario.
Tampoco podemos olvidar la ayuda desinteresada de las naciones hermanas que acudieron al auxilio del país, particularmente una ciudad postrada. Las demostraciones de ayuda de todas partes fueron prueba contundente de que hay en la comunidad internacional posibilidad de respuesta. El auxilio pronto y eficaz de tantos países en apoyo humano, financiero, médico, logístico, contribuyó definitivamente a aliviar el dolor y superar la adversidad.
Aún no terminábamos de reponernos del primer sismo, cuando al día siguiente, en un segundo movimiento telúrico, la ciudad volvió a sufrir pérdidas humanas y materiales.
Ocurrido cuando el anochecer apenas cubría la ciudad, el temor y la incertidumbre se apoderaron nuevamente de la población citadina. La reacción de la población fue de temor, en algunos casos de éxodo, como fue el caso de la salida nocturna de cientos de habitantes del centro de la ciudad que pernoctaron en el Zócalo el día 20 de septiembre.
Una lección quedó clara en estos sismos: Debemos estar preparados, la naturaleza no espera y su fuerza puede ser devastadora. Si bien es poco lo que podemos hacer para enfrentarla, es mucho lo que podemos hacer para evitar pérdidas humanas.
En este sentido, no debemos centrar nuestro esfuerzo a responder únicamente ante la aparición de desastres ni comenzar a organizarnos una vez que éstos hayan ocurrido. Por ello, la implementación de medidas tendientes a la protección de las vidas, el patrimonio y el medio ambiente no es un asunto menor, al contrario, debe ser la primera tarea del Estado moderno.
Aunque no se disipa la amenaza de un sismo de grandes dimensiones, hoy en día estamos seguros que una tragedia de dicha magnitud no deberá suceder, dado que hemos transitado de una posición reactiva a una preventiva; esto frente a la defensa de la vida y el patrimonio de millones de mexicanos.
Contamos hoy día con un Sistema Nacional de Protección Civil, que organiza y coordina los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil en las labores de prevención, atención y reconstrucción de emergencias y desastres.
Tenemos órganos especializados en la investigación de los fenómenos naturales, así como su impacto en nuestra sociedad. De igual manera se cuenta con recursos económicos a través del FONDEN y FOPREDEN, para encarar la reducción de riesgos y atención a calamidades y atención a las víctimas de desastres naturales.
Pero lo más importante, se cuenta con una cultura de protección civil y un pueblo solidario y una clara conciencia de que para la ciudad de México, los temblores de tierra han sido y seguirán siendo su principal riesgo.
En retrospectiva, después de 20 años, hemos aprendido diversas lecciones, como lo es el valor y alcance de la solidaridad entre todos los mexicanos, hemos aprendido que un Gobierno puede trabajar mejor, con honestidad y eficiencia, todo esto, si cuenta con una sociedad organizada y consciente. Hemos aprendido que el país debe ser gobernado con la gente más honesta y preparada, hemos aprendido que el autoritarismo en la toma de decisiones sin tomar en cuenta el sentir ciudadano, es un agravio lacerante sobre el dolor de las tragedias.
Hemos aprendido y descubierto la calidad del pueblo que somos. La protección civil como garante del patrimonio y la vida de todos los ciudadanos, debe ser para todos nosotros un tema prioritario y de nuestra responsabilidad de cada uno de los órganos de Gobierno quedará el poder fortalecer un sistema de protección civil y una cultura de esta para la protección de miles y millones de familias.
Hagamos un honor a los caídos el 19 de Septiembre de 1985. Muchísmas gracias, es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra el Diputado David Fernández Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
El diputado David Fernández Pérez: 7.19 horas del 19 de Septiembre de 1985. Datos estadísticos o una experiencia que nos obliga a prevenir .
Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros Legisladores. A 20 años del siniestro en que la naturaleza nos mostró la fuerza de destrucción que despertó una nueva forma de atender siniestros en donde nos obliga a que nazca, a que se de inicio a la cultura de la protección civil.
Es importante recordar los datos estadisticos que reflejan la dimensión de la tragedia, las cifras de muertos, los edificios y construcciones destruidas, el costo de la reconstrucción, entre otros datos, es importante recordarlos.
De hecho, platicábamos hace unos momentos con nuestra compañera María Esther Scherman y comentaba de él, que incluso de Diputados fallecidos en aquel siniestro, de igual forma debemos recordar que además de os sucesos de la ciudad de México, en Ciudad Guzmán, Jalisco, también dejó un rastro de muerte y destrucción, además de otros Estados de la República como Guerrero y Michoacán.
Los fatídicos recuerdos de muerte y destrucción de aquél 19 de Septiembre de 1985, en el que el miedo, la angustia, la incertidumbre y sobe todo, la crisis colectiva, hacía presa de todos los habitantes de la ciudad.
Bueno, debo decir de casi todos, porque un gran grupo de mexicanos mostraron su sentido de solidaridad, esos hombres que actualmente siguen siendo ejemplos a seguir a quienes popularmente conocemos como "topos", a ellos, la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, desde esta tribuna, nuestro más sincero reconocimiento.
Sirva esta intervención, para hacer un sentido homenaje a quienes en situaciones emergentes piensan en el bienestar de los demás, me atrevo a decir que es en la historia de México del mejor ejemplo del concepto de solidaridad.
Del reconocimiento al Ejército, ya se ha hablado en esta tribuna el día de hoy. México sigue en pie, se anunciaba, y cuando se difundían imágenes de los edificios destruidos, la gente se preguntaba, ¿en dónde, cómo sigue en pie?
La experiencia que se vivió es de gran importancia, toda vez que esa amarga experiencia sirvió para adoptar medidas para prevenir una catástrofe similar en un futuro, ya que es fundamental puntualizar el riesgo de una nueva tragedia, siempre estará latente, es definitivamente una posibilidad permanente.
Y lo que debemos de hacer es convertir ese riesgo, en una oportunidad de prepararnos dentro del esquema de una cultura preventiva, dentro del marco de la protección civil.
Los últimos eventos mundiales que se han presentado, nos alertan sobre el incremento de la intensidad y destrucción. Me pregunto, y les pregunto si realmente estamos preparados, como lo señala la titular de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, les pregunta si realmente tienen la confianza de que estamos preparados para enfrentar un siniestro, una contingencia como la que se vivió en 1985.
Cada que hay un temblor, por mínimo que sea, las gentes que convivieron con ese evento, vuelven a recordar y vuelven a sentir el mismo miedo y les aseguro que la misma angustia, y se vuelven a sentir desprotegidos.
Estoy seguro de que la respuesta es que no estamos prevenidos para esa situación, y no porque de una u otra forma no se sea tan honesto, como se manifestó en esta tribuna, y que se estén aclarando los más de 600 millones de desviaciones que se dieron a través de la Coordinación de Protección Civil.
Lo que podemos avance, lo debemos de avanzar también con leyes, y ese debe ser un compromiso de este Legislativo. Leyes que nos permitan presentar, al momento de los desastres una cultura preventiva, que disminuya los riesgos latentes y garanticen la atención con oportunidad y eficiencia.
En el actual cotidiano pareciera que la cultura preventiva, es reducida a señalamientos, a carteles con indicaciones de cómo se debe actuar en casos de siniestro, y lo más avanzado que se ha hecho fue la convocatoria a un simulacro que se efectuó el día de ayer, como ya se mencionaba aquí incluso este edificio no participó, y podríamos decir que de hecho en la propia Secretaría de Gobernación, las alarmas no funcionaron, al parecer no sabían cómo hacer que funcionaran.
Resulta que debemos de diferenciar entre simulacro y simulación. La simulación que se hace, solamente sirve para que muchos compañeros de las dependencias públicas, encuentren en esos supuestos simulacros un tiempo de diversión, porque la verdad lo agarran como algo chusco.
Debemos diferenciar pues entre el simulacro y la simulación y precisamente en esta materia, porque definitivamente lo que está en juego son vidas, son vidas de mexicanos, son vidas de conocidos nuestros, son vidas probablemente de un familiar nuestro, probablemente la de nosotros mismos.
Debemos reconocer, si, los avances. Hoy se cuenta con un número de expertos en actividades sísmicas, al tiempo de contar con tecnología de punta en la medición de estas, así también de alarmas sísmicas que permiten a la población de un tiempo determinado para que ésta pueda ser desalojada.
¿Es suficiente?, creemos que no es lo que realmente se requiere. Esto nos permite prevenir o atender el que podamos invertir en investigaciones sísmicas.
Hoy la inversión es mínima, la regulación en materia de construcción no atiende el alto riesgo y si de una cosa debemos estar seguros, es de que estos eventos naturales seguirán presentándose. Si con esta seguridad de que se presentarán los movimientos sísmicos, le agregamos por ejemplo que en el Distrito Federal en lugar de invertir en infraestructura hidráulica, se hicieron segundos pisos y que las fugas de tuberías provocan grandes huecos subterráneos, tengan la seguridad de que se está incrementando el riesgo, pero como en la naturaleza, en la política las consecuencias no son predecibles.
Para finalizar, los priístas consideramos que lo más rescatable del mismo y el mejor reconocimiento que podemos hacer a que con sus acciones demostraron lo mejor de México, la solidaridad del mexicano, lo apasionante que es arriesgarse por otros, el que estamos obligados a reconocerlo y la mejor forma de que este Legislativo lo haga, es presupuestar, crear una estancia especializada para que investigue y atienda estos eventos sísmicos con una visión de toma de decisiones de Estado.
Es cuanto compañero Presidente. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Sonido a la curul de la diputada María Esther Scherman.
La diputada María Esther Scherman Leaño (desde la curul): Diputado Presidente, yo quisiera solicitarle respetuosamente dos cosas:
Primero, que pudiésemos hacer un evento de verificación de quórum, pero con el efecto de que estuviésemos presentes todos en un minuto de silencio en conmemoración y en homenaje a las víctimas de los sismos de hace 20 años y especialmente a tres compañeros de la LIII Legislatura que fallecieron en este fenómeno: al diputado Ricardo Horacio Casanova, de Oaxaca, al diputado Alfredo Sergio Mañueco Guzmán, de Veracruz y a la diputada Concepción Barbosa Hernández, de Colima.
Ojalá me pueda conceder ambas solicitudes.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con mucho gusto ciudadana diputada.
En términos del artículo 27 del Acuerdo Parlamentario, se pide a la Secretaría abrir el registro electrónico por 10 minutos para verificar el quórum, mientras tanto continuará el desahogo de la sesión y al final de la verificación de quórum, si le parece bien, solicitamos el minuto de silencio.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para registrar la asistencia.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Tiene la palabra la diputada Martha Larguette Lardizábal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 308 del Código Civil Federal.
La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con su venia señor Presidente.
La familia como célula nuclear de la sociedad, ha cambiado con el paso de los años, siglos, adaptándose a las circunstancias tanto políticas como culturales, económicas, ambientales, siendo necesario entonces que en estos entornos se actualicen las normas jurídicas para una integral protección de todos sus miembros, específicamente de los más débiles. Así, es indispensable adecuar a la realidad social la materia que involucra a las personas y familias del Código Civil Federal vigente desde 1932, hoy rezagado en algunos aspectos de suma relevancia.
En la actualidad dicho ordenamiento establece en el artículo 308 lo que han de comprender los alimentos y en el caso que nos ocupa la propuesta tiene la finalidad de ampliar y establecer supuestos que hoy están omisos en esta legislación.
En este sentido, se pretende incluir en el concepto de los alimentos la obligación de cubrir los gastos de atención médica, la hospitalización e incluso, los gastos de embarazo y parto, ya que actualmente sólo se prevé la asistencia en casos de enfermedad.
Lo anterior se legitima cuando encontramos que en nuestra compleja realidad son muchos los casos en que al divorciarse, la mujer embarazada queda en un grave estado de indefensión, pues sin obligación legal que lo constriña a más, el padre del producto se limita a cumplir con los gastos de enfermedad, quedando al margen los gastos derivados por el embarazo y el parto.
Asimismo, cuando tratándose de los hijos o de sus padres adultos mayores ya, los obligados a administrar los alimentos se olvidan de los gastos por medicina preventiva o por hospitalización, que son generalmente más caros que los generados por asistencia en caso de enfermedad.
Por otro lado y con el ánimo de darle la protección a los grupos vulnerables, también se pretende incluir la obligación de proporcionar, dentro de los alimentos, a las personas con capacidades diferentes, a las declaradas en estado de interdicción, las provisiones necesarias para lograr en lo posible, su rehabilitación, habilitación y desarrollo.
En materia de adultos mayores, pareciera ociosa alguna modificación a este precepto, tomando en cuenta que éstos son ya titulares del derecho a recibir alimentos, más como la obligación de cubrirlos puede ser en forma de pensión, cada vez son más las familias que sin violentar la legislación, se olvidan de sus mayores en centros de reposo o asilos.
Por tanto, proponemos que el otorgamiento de alimentos a los adultos mayores cuando proceda, se procure administrarlos incorporándolos al seno familiar y no en el formato de pensión, para satisfacer en ellos tanto las necesidades económicas como las emocionales.
El 12 de noviembre del año 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 3° párrafo primero y fracciones III y V, así como al numeral 31 de la Constitución Federal, declarando obligatorio para el Estado Mexicano, brindar la educación pre-escolar, estableciéndose sendas disposiciones transitorias a fin de que dicha obligatoriedad entrar en vigor paulatinamente.
En consecuencia, es indispensable establecer la imperatividad para quienes ejercen la patria potestad o tutela o por otro concepto deben otorgar los alimentos de llevar a sus hijos a recibir la educación pre-escolar, la primaria y la secundaria en el ya citado artículo 308 del Código Civil Federal.
Estoy consciente de que en la actualidad el Código Civil Federal, particularmente la materia del derecho de las personas y la familia, tiene una aplicación territorial muy limitada desde que territorios federales pre-existentes, se transformaron en estados libres y soberanos y que el Distrito Federal, a través de sus órganos de gobierno, ha fortalecido sus atribuciones, entre ellas la de legislar en materia civil.
De esa manera se han reducido drásticamente las poblaciones y los espacios territoriales en los que el Poder Legislativo Federal tiene facultad de legislar en materia civil.
No obstante, destacamos la importancia que tiene el Código Civil Federal como modelo a seguir por parte de las legislaturas de las entidades federativas y confiamos en que las reformas propuestas en esta iniciativa, en caso de aprobarse por esta soberanía, motiven reformas similares en los niveles de los distintos estados y del Distrito Federal.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II, someto ante este pleno el siguiente proyecto con carácter de decreto.
Artículo Único.- Se reforma el artículo 308 del Código Civil Federal, para quedar redactado así.
Primero.- La comida, el vestido, la habitación, la atención médica, la hospitalaria y en su caso los gastos de embarazo y parto.
Segundo.- Respecto de los menores además, los gastos para su educación pre-escolar primaria y secundaria y para proporcionarles oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales.
3°. Con relación a las personas con capacidades diferentes o declarados en estado de indefensión, lo necesario para lograr en lo posible su habilitación o rehabilitación y desarrollo.
4°. Por lo que hace a los adultos mayores se procurará que los alimentos se les proporcionen integrándolos a la familia.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en este salón de sesiones a los veinte días del mes de septiembre.
Diputada Martha Laguette Lardizábal.
Señor Presidente, es esta una versión resumida de la iniciativa en comento, por lo cual atentamente solicito se publique su versión íntegra en el Diario de Debates.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, publíquese la versión íntegra en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Angel Pasta Muñuzuri, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 11 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados.
El diputado Angel Pasta Muñúzuri: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Adelante diputado.
El diputado Angel Pasta Muñúzuri: Compañeros y compañeras diputadas:
El suscrito, diputado federal Angel Pasta Muñúzuri, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley que establece las normas mínimas sobre la readaptación social de los sentenciados, la cual se fundamenta y motiva bajo lo siguiente:
Exposición de Motivos
Hablar del sistema penitenciario mexicano es entrar en un mundo complicado, triste, duro, donde existen sufrimientos y poca readaptación. El ser humano al ser detenido, privado de su libertad por cometer delitos que se pagan con pena corporal, llamése indiciado, procesado o sentenciado, el estado de ánimo físico y mental se ve afectado. Las cárceles mexicanas no reúnen en la realidad, lo que en la ley se prevé.
La educación, sin duda alguna es un elemento indispensable para la readaptación social del interno. Este tiene el derecho a recibir educación y que ésta a su vez se certifique con el documento que así lo acredite, por ello es necesario esta reforma de ley que expongo de modo tal que se eleve a ley para otorgar al estudiante sentenciado mayor seguridad, de que sus estudios del nivel de que se trate, constaten en un certificado expedido por las autoridades correspondientes. Se debe de establecer en el marco legal penitenciario el valor de la educación en el carácter humano, ya que esto dará respeto al pleno desarrollo de la persona y se debe de privilegiar el desarrollo humano del individuo.
Los legisladores de Acción Nacional sustentamos nuestro trabajo, acción y fin de nuestros esfuerzos, en la promoción, salvaguarda y la plena realización de la persona humana. Cada persona debe de ser respetada independientemente de su condición o actuar. Por ello, sus estudios se deben de reconocer con sus certificados correspondientes, parte fundamental para mejorar la vida de un preso en el nivel educativo. Garantizar su educación es construir su readaptación, fomentar con ello el ámbito por aprender. El ser humano es educable y perceptible.
Al agregar a esta iniciativa lo que la educación que se imparta a los sentenciados sea humanista, se está garantizando de éstos, desarrollen un sentido humano de bien, que es parte de su ser desde su nacimiento.
Un filósofo llamado "Terencio", señalo: "...hombre soy y nada humano me es ajeno". Por ello, la educación es y seguirá siendo la principal actividad humana para ayudar; a quienes habitan en las cárceles son personas, personas recluidas y al aprobarse esta iniciativa de ley, estaremos diciendo sí a un mejor proyecto educativo de las personas, en cualquier circunstancia en que éstas se encuentren.
Honorable Asamblea, por lo anterior expuesto, someto a la consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 11 de la Ley que establece las normas mínimas Sobre Adaptación Social y de Sentenciados.
Artículo 1º. Se reforma el artículo 11 de la Ley que establece las normas mínimas Sobre Adaptación Social de los Sentenciados para quedar como sigue:
Artículo 11. "... todo interno tendrá derecho a recibir educación por parte de Estado y ésta será no sólo de carácter académico, sino también humano, cívico, social, higiénico, artístico, físico y ético. Será, en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especializados.
Una vez cursados y acreditados los niveles escolares respectivos, las autoridades competentes deberán transmitir y entregar al interno la documentación oficial correspondiente".
Transitorios:
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública.
Se pide a la Secretaría instruya el cierre del sistema electrónico y dé cuenta del registro de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 388 diputadas y diputados. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado la diputada María Esther Scherman, con motivo del Vigésimo Aniversario de los Sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985, les voy a suplicar podamos ponernos de pie, para guardar un minuto de silencio por las víctimas de ese sismo y de manera particular, como lo ha solicitado la diputada, en memoria de la diputada Concepción Barbosa, de Colima; diputado Alberto Mañueco Guzmán, de Veracruz y diputado Ricardo Hernández Casanova, de Oaxaca.
Se guarda un minuto de silencio en memora de las víctimas de los sismos de 1985.
Gracias.
Tiene la palabra la diputada Eliana García Laguna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La diputada Eliana García Laguna: Gracias, señor Presidente.
La iniciativa que el día de hoy se presenta se enmarca en el contexto de la reforma en materia de justicia que requiere urgentemente nuestro país.
En momentos en que surge esta imperiosa necesidad de modificar y fortalecer el trabajo que realiza el Poder Judicial, la propuesta cumple con el objetivo de consolidar una de las instituciones necesarias para alcanzar un estado de derecho democrático, social, imparcial y justo.
El objetivo central es consolidar la función de la administración del Consejo de la Judicatura a fin de permitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal Electoral, enfocarse de manera exclusiva a la función jurisdiccional.
Pretende garantizar la independencia del Consejo de la Judicatura Federal respecto de la Suprema Corte, con lo que a su vez se pretende apuntalar el objetivo de que el Consejo sea un órgano que permita la participación ciudadana.
Lo anterior a través de la propuesta de que el presidente de la Suprema Corte y el del Consejo de la Judicatura no recaigan en la misma persona y que los consejeros en su mayoría sean miembros de la sociedad nombrados por la Cámara de Senadores, excluyendo la posibilidad de que sean miembros del Poder Judicial y los tres restantes sean magistrados de circuito nombrados por insaculación. De esta manera habría una mayoría de miembros de la sociedad civil; pero también se evitaría que los consejeros provenientes del Poder Judicial sean nombrados de acuerdo a criterios exclusivos de la Suprema Corte de Justicia.
Por otra parte, se pretende evitar la participación de la Suprema Corte en actividades propias del Consejo, como es la posibilidad de revocación de los acuerdos generales que emita el propio Consejo.
En este sentido se formulan las propuestas de reforma al párrafo noveno para excluir o en su caso limitar la intervención de la Suprema Corte en las decisiones administrativas que tome el Consejo, dejando a salvo la posibilidad de que los jueces y/o magistrados destituidos puedan impugnar esta decisión ya sea en la Corte o ante el Senado.
Esta propuesta pretende fortalecer la autonomía e independencia interna del Consejo de la Judicatura, evitando que sus decisiones administrativas sean nulificadas por la Corte.
Es evidente que la facultad de la Suprema Corte y en su caso de los tribunales superiores de justicia de los estados de revisar prácticamente cualquier acto del Consejo de la Judicatura Federal o Local, no sólo mina la autonomía y la independencia que dicho órgano debiera tener para realizar su labor de manera eficiente y sin intervención de la Suprema Corte, sino que además distorsiona la esencia misma que motivó la creación del Consejo de la Judicatura, puesto que al revisar las acciones de este órgano, la Suprema Corte y los tribunales de justicia en realidad lo que están haciendo es involucrarse nuevamente en una labor administrativa que fue lo que justamente se pretendió evitar al crearse el Consejo de la Judicatura.
Debe existir una división entre la función de juzgar y la de administrar, objeto y fin de creación del Consejo, que se ha visto rota al otorgar facultades de revisión de actos administrativos a la Suprema Corte y a los tribunales superiores de justicia.
Luego entonces la impartición de justicia no puede ser eficaz si el órgano que administra y vigila se encuentra subordinado al órgano que preside, a quienes deben ser vigilados.
En virtud de lo anterior se sugiere que para evitar que el Consejo de la Judicatura realice su trabajo bajo la supervisión y subordinación de la Suprema Corte, se propone que sea el Senado a través de su Comisión Jurisdiccional, quien revise las decisiones del Consejo de la Judicatura, únicamente por lo que respecta a la remoción de jueces y magistrados, con lo que se garantizaría que el Consejo no actúe subordinado a la Corte.
Cabe resaltar que las deficiencias que imperan en la conformación del Consejo, no han pasado desapercibidas para los organismos internacionales que en materia de derechos humanos han emitido recomendaciones al Estado Mexicano, sobre la necesidad de realizar reformas que doten de mayor autonomía al Consejo de la Judicatura en el ámbito local.
Esta iniciativa que presentamos el día de hoy, adquiere mayor importancia dada la resolución que acaba de ser conocida a través de los medios de comunicación en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia revocó una resolución del Consejo de la Judicatura Federal y desde esta tribuna queremos hacer una denuncia del hecho que sucedió, en donde el Consejo resolvía destituir al magistrado de circuito Héctor Gálvez Sánchez, acusado de acoso sexual por dos de sus subordinadas.
Sin embargo, la resolución del máximo tribunal del país resolvió que sólo procedía contra este magistrado una sanción administrativa.
El Consejo de la Judicatura había dictaminado que el delito de acoso sexual que se le imputó al magistrado Gálvez Sánchez, era por faltas que como servidor público denunciado eran de gran gravedad y trascendencia, y que perjudicaban la imagen del Poder Judicial de la Federación y que deterioraba la función jurisdiccional.
Se estableció además que el juzgador faltó al profesionalismo y a la excelencia propios de su actuación al no cumplir de manera ejemplar sus deberes y por actuar de manera irrespetuosa, indecorosa, falta de sencillez y de honestidad.
Pese a los argumentos y evidencias expresados por los consejeros de la Judicatura Federal en relación con el caso del magistrado, los ministros Juan Díaz Romero, Guillermo I. Ortiz Mayagoitía, Sergio Aguirre Anguiano y desafortunadamente dos de las ministros mujeres, resolvieron que la conducta de hostigamiento sexual del magistrado Héctor Gálvez, no era causa suficiente para destituirlo y por lo tanto resolvieron que se hacia la revisión administrativa y dejaba sin efectos la sanción del Consejo de la Judicatura.
Esta determinación que tomó la Suprema Corte es jurídica, ética y políticamente inaceptable pues quienes realizan la función judicial en el máximo tribunal del país, deberían aplicar en su justa dimensión la legislación penal vigente que establece en el Código Penal Federal, en la parte final del artículo 257, que si un hostigador fuese servidor público y utilizase medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su encargo.
Es de destacarse que el ministro Genaro Góngora Pimentel fue la única voz disidente a esta determinación de la Suprema Corte y refirió que "qué otro tipo de consideraciones podrían exponerse por parte del Consejo para sustentar su decisión si no es precisamente aquello que se señaló como la afectación a la imagen de la institución, el deterioro a la función jurisdiccional".
Y agregó el ministro Góngora: "que el licenciado Gálvez Sánchez no es un magistrado bromista y besucón, es un acosador sexual", y que ahí radicaba la gravedad de su conducta.
Después de esta oprobiosa resolución de la Suprema Corte de Justicia, nos preguntamos: ¿Quién vigila a los que se supone que deben impartir la justicia en el máximo tribunal del país? En ése sentido la sociedad requiere mecanismos realmente eficientes para el control de los miembros del Poder Judicial de la Federación.
Es reprobable que los ministros no se hayan conducido de conformidad con la lealtad, legalidad, honradez, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de su función como ministros.
Reprobamos la resolución de la Suprema Corte de Justicia que brinda un manto de impunidad a un magistrado acusado de hostigamiento sexual por dos de sus subordinadas.
Nuestro país requiere hoy más que nunca un Poder Judicial Federal fuerte, sólido y eficaz, y con seguridad lo tendrá limitando a los juzgados y tribunales de funcionarios que no asumen su compromiso.
La propuesta de reforma la dejamos a la mesa y solicitamos su inserción en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, insértese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación.
El diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, entregó a esta presidencia iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Como lo ha solicitado, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado José Mario Wong Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, señor diputado presidente.
Compañeras y compañeros diputados: en mi carácter de diputado a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar una iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar el concepto de la obligatoriedad del trabajo penitenciario como base para la readaptación social en los Ceresos que administre la federación. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos.
Las crisis recurrentes de tipo económico por las que atraviesa nuestro país, en conjunción con la falta de empleo y oportunidades de desarrollo en todos los niveles de la sociedad, son en parte causas por las que se ha incrementado de manera más que proporcional y a últimas fechas el índice delictivo nacional y es motivo de alarma que una de las formas como en el país se combate la delincuencia sea por medio de la construcción de nuevos centros de reclusión con el descuido eminente de las actividades y tareas que pudieran realizarse por medio de programas de prevención del delito.
Por otro lado y en virtud de la situación mundial en donde la globalización es la principal característica de fines del siglo pasado y principios de este nuevo milenio, no hay empleo suficiente, las cárceles están saturadas y las autoridades de todos los órdenes de gobierno enfrentan un serio problema debido a la escasez de recursos para seguir construyendo y manteniendo estas infraestructuras penitenciarias.
Para coadyuvar con la manutención de los reos del fuero federal, el gobierno establece una especie de cuota que se denomina como socorro de ley y que en muchos de los casos representa menos de la mitad de un salario mínimo diario por reo.
Estas son sólo unas pocas de las múltiples razones para rediseñar y tomar enfoques que se adecuen a la realidad nacional con medidas de cooperación y colaboración y medidas de preliberación, libertad anticipada, así como un eficaz sistema de readaptación social a partir de la obligatoriedad del establecimiento del trabajo penitenciario y se pueda hablar de una auténtica reincorporación social de los excarcelados a la sociedad, con un oficio a desarrollar en su nueva vida productiva.
Esta concepción parte de la premisa de que la readaptación social debe darse por medio del trabajo y la capacitación para el mismo, en la necesidad de crear fuentes alternas de empleo que tanto demanda la sociedad, el mejor aprovechamiento de los recursos existentes y a un esquema de colaboración interinstitucional para combatir frontalmente a la delincuencia y lograr la plena reincorporación de estos individuos a la sociedad como personas productivas, con bajos niveles de reincidencia.
El hacer el trabajo penitenciario obligatorio y con acciones tendientes a beneficiar a la población de escasos recursos a obtener satisfactores, se sustenta a su vez en una premisa que debemos desarrollar hasta lograr los objetivos de una nueva política penitenciaria que aquí se sustenta: el interno debe producir al menos lo que consume.
Partiendo de este corolario, se hace necesaria la instalación de proyectos productivos al interior de cada centro de reclusión, con una auténtica vocación social, productiva y de reinserción social, con seguimiento permanente a los excarcelados.
Un primer esquema de Ceresos productivos es el que se refiere a la elaboración de ladrillo y block de concreto, el cual pudiera ser vendido a todas aquellas personas que acrediten ser de escasos recursos, no ser propietarios de bien inmueble alguno catalogado como vivienda y así partir de convenios de coordinación interinstitucional con entidades del sector público para que dediquen terrenos con servicios para que estas familias y bajo el régimen de autoconstrucción, supervisados por prestadores de servicio social de la Faculta de Ingeniería de nuestras instituciones de educación superior, se dediquen a la construcción de sus viviendas.
Podemos destacar en este paso del proceso de autoconstrucción, es factible contar con asesoría de los diversos colegios de profesionistas que tengan que ver con la construcción, ya que en el artículo 5º., de la Constitución Federal se establece la obligatoriedad de estas agrupaciones de prestar un servicio social permanente a la comunidad.
Estos profesionales de la construcción, también pueden darse a la tarea de diseñar, buscar o acopiar un manual de autoconstrucción absolutamente didáctico. Es decir, que sea totalmente entendible por persona de escasa cultura y por el más preparado de los ingenieros o profesionales de ese ramo productivo.
Esta es sólo una de las múltiples opciones para lograr que el trabajo penitenciario tenga la oportunidad de ser productivo, remunerado y permanente.
Aquí cabe hacer un paréntesis para realizar una reflexión en torno al contexto que enfrentan algunos reos que ante su incapacidad económica se encuentran prácticamente en una situación de indefensión, pues a pesar de haber compurgado su pena, no han tenido la capacidad de reparar el daño de manera pecuniaria.
Esta es una auténtica oportunidad de retomar y aplicar a cabalidad la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados de aplicación federal que en su artículo 10, párrafo tercero señala: "Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: 30 % para el pago de la reparación del daño; 30 % para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo; 30 % para la constitución del fondo de ahorro de éste y 10 % para los gastos menores del reo.
México daría un paso gigantesco al iniciar en un nuevo milenio la construcción de un esquema diferente, rompiendo paradigmas, aprovechando la existencia de mano de obra permanente, en primer lugar, para reducir los excesivos gastos de manutención de la población penitenciaria.
En segundo término, logrando beneficios para los que menos tienen, tratando de reducir las abismales diferencias entre los que no tienen absolutamente nada, y al final del procedimiento, para enseñar un oficio o actividad productiva a los internos para que una vez excarcelados se dediquen a actividades lícitas.
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con el carácter de decreto:
Artículo Unico: Se adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: "Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo penitenciario, con carácter de obligatorio La capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente".
"Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, para tal efecto".
Transitorio
Artículo 1º.- Conforme lo dispone el artículo 135 de la Constitución Política Federal, envíese copia de la iniciativa y de los debates del Congreso a las legislaturas de los estados o a las diputaciones permanentes en su caso y hágase el cómputo de los votos respectivos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución.
Artículo 2º.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de septiembre del año 2005.
Atentamente, el de la voz, diputado federal José Mario Wong Pérez. Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Guillermo Tamborrel Suárez para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales suscrita también por la diputada Guadalupe Suárez Ponce, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Guillermo Tamborrel Suárez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia.
"A nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional los diputados federales Guadalupe Suárez Ponce y Guillermo Tamborrel Suárez, con fundamento en las facultades que nos otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 71 fracción II y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de ley que adiciona una fracción VI al artículo 65 de la Ley General de Educación y reforma el artículo 15 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para garantizar el derecho de los padres de familia a participar en las ceremonias cívicas de sus hijas e hijos bajo la siguiente
"Exposición de Motivos:
"Cuanto vigorice la unidad nacional, acendre y fortalezca los valores tradicionales que dan forma y sentido a la nación y coordine y jerarquice justamente los intereses parciales en el interés nacional, debe tener el apoyo pleno de la colectividad y de sus órganos. Cuanto conspire a romper esta unidad, a deformar su carácter o a desquiciar esos intereses ha de ser rechazado y combatido por todos. Principios de doctrina del Partido Acción Nacional, septiembre de 1939
"Compañeras y compañeros Diputados:
"La construcción de una nueva patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos reclaman de la participación decidida sin prejuicios, intereses personales o resentimientos de todas y todos en la causa de la nación. Entrega que sólo se hará presente cuando las y los mexicanos nos comprometamos verdaderamente con la nación, cuando nos sintamos intensamente en lo más profundo del corazón a México como nuestra casa grande. En suma, cuando amemos y no sepamos amados por nuestro extraordinario país.
"Por ello, el reto más importante y de mayor trascendencia que enfrentamos las y los mexicanos de hoy es, aunque parezca paradójico, el que 120 millones de habitantes de origen nacional se sientan orgullosa y sólidamente mexicanos las 24 horas del día, los 365 días del año, bajo cualquier circunstancia, en los triunfos y también en las derrotas por dolorosas y momentáneas que éstas pudiesen ser.
"De ahí la imperiosa y urgente necesidad de despertar y fortalecer en todas las y los mexicanos el espíritu de México. Ciertamente las personas cuidad y protegen a lo que aman, llegando inclusive a dar en su nombre lo más valioso que alguien pudiese tener: la libertad y la vida.
"Ha sido ese inmenso amor a México, el espíritu de México, el que ha impulsado a nuestros héroes, algunos reconocidos y otros los más desconocidos, a escribir páginas extraordinarias en nuestra historia como nación. Ha sido precisamente el espíritu de México el que ha guiado a nuestros padres y a los padres de nuestros padres y así sucesivamente en la defensa de nuestro pueblo, de nuestra identidad y soberanía. Ha sido el espíritu de México el que hoy nos permite erigirnos con orgullo en el concierto de las naciones. De ahí la importancia de respetarlo e impulsarlo.
"Por lo anterior y acorde con nuestra responsabilidad como legisladores federales nos corresponde legislar para fortalecer el espíritu de México de la mejor manera posible, espíritu que se gesta en el seno familiar ya que es en la familia el espacio natural donde se comparten y reproducen los valores esenciales.
Espíritu que sin duda alguna se debe nutrir en la escuela, razón por la cual legisladores que nos han antecedido, plasmaron en la ley, entre otras muchas cosas, la garantía y privilegio de nuestras hijas e hijos, de participar activamente en la ceremonia de los honores a la Bandera e Himnos Nacionales, de manera periódica en sus escuelas primarias y secundarias, privilegio que lamentable y prácticamente desaparece cuando la mayoría de mexicanas y mexicanos concluimos la educación básica, ya que el quehacer cotidiano de la mayoría de las y los mexicanos, no contempla la participación activa y periódica en ceremonias cívicas.
"Por lo anterior y atendiendo el llamado de fortalecer al espíritu de México, nos permitimos someter a su consideración al presente iniciativa de ley que busca garantizar el derecho de los padres de familia a participar regularmente en las ceremonias cívicas de las escuelas de sus hijas e hijos.
"Ciertamente en algunas escuelas, sobre todo del área rural, los directores de las mismas sí permiten el que las mamás pasen al interior de la misma, sin embargo es muy común observar en las zonas urbanas sobre todo, a las madres asomadas tras las rejas espiando las ceremonias, circunstancia que amén de no contribuir al fortalecimiento del espíritu de México, violenta la dignidad de esas madres que, como si se tratase de delincuentes, se asoman tras los barrotes de las rejas escolares.
"En suma, la participación directa y presencial de los padres o tutores, está sujeta a la voluntad del director o directora escolar, de ahí la imperiosa necesidad de garantizar el derecho de los padres o tutores a participar en las ceremonias cívicas. Con ello habremos de estimular y por ende fortalecer aún más el patriotismo de nuestras hijas e hijos y al mismo tiempo el patriotismo de los padres de familia, ya que al facilitar el acceso de estos últimos a las ceremonias cívicas, a éstas, las ceremonias, les habremos de imprimir la fuerza natural que conlleva a la familia, habremos de permitir que el honrar a nuestra Bandera e Himnos Nacionales se transforme en un lazo más que una más a nuestras familias en su interior y entre ellas, fomentando entonces el retejido solidario y subsidiario de la comunidad al ofrecerles un espacio adicional de convivencia. También les daremos a los padres de familia o tutores, el privilegio de participar en honores a la Bandera e Himnos Nacionales, de manera constante y periódica.
"Con todo ello, compañeras y compañeros diputados, habremos de cumplir con la sagrada misión de fortalecer el espíritu de México".
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Educación Pública y Servicios Educativos.
El diputado Adrián Chávez Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, entregó a esta Presidencia iniciativa que adiciona el artículo 194 H-Bis a la Ley General de Derechos.
Como lo ha solicitado, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alejandro Agundis Arias: Con su permiso, ciudadano Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Adelante diputado.
El diputado Alejandro Agundis Arias: "Compañeras y compañeros diputados:
El Poder Legislativo es un órgano fundamental de la democracia constitucional, integrado por representantes de la nación. Esta naturaleza representativa puede ser expresada como la voz del pueblo en los asuntos públicos.
"En este cuerpo colegiado se intentan traducir las inquietudes y anhelos de la sociedad, temas que conciernen al Estado y al conjunto de la misma. Las principales funciones parlamentarias son, la Legislativa, la Financiera y Presupuestaria, la Jurisdiccional, la Administrativa, la Constituyente y la de Control y Contrapeso Político.
La función Legislativa, es la atribución fundamental de dictar leyes, reformarlas, derogarlas y darles una interpretación auténtica. Esta función Legislativa, tiene como principal propósito, adecuar el ordenamiento jurídico a la realidad y las contingencias para cada período de la Historia.
La función Presupuestaria se le confiere exclusivamente a la Cámara de Diputados, esta, se encarga de aprobar, previa discusión y negociación, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Poder Ejecutivo para cada Ejercicio Fiscal. La tarea de los Diputados no se queda ahí, pues debe revisar todo el proceso desde su aprobación hasta la revisión de la Cuenta Pública, es decir, el ejercicio real del gasto gubernamental.
La función Jurisdiccional permite al Poder Legislativo decidir sobre la validez o invalidez de una acusación a cualquier servidor público, de os Supremos Poderes, ya que estos cuentan con un fuero que garantiza que no pueden ser sometidos a juicio sin el levantamiento previo y expreso de este fuero.
La función Administrativa, cuenta con dos vertientes; la primera, concierne a la ratificación o proposición de altos funcionarios públicos; la segunda, implica la capacidad de los Legisladores para diseñar las propias reglas del juego al interior de las Cámaras. Estas reglas emanan, en el caso de México, principalmente de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La función Constituyente, es una forma de la función Legislativa. Esta función, permite a los Legisladores la reforma parcial de la Norma Suprema, es decir, de la Constitución Política.
Por obvias razones, este proceso de Reforma Constitucional implica un proceso legislativo mucho más complejo que cualquier otro, es necesario la aprobación de ambas Cámaras, de los Congresos Locales y el Decreto Presidencia.
Ahora bien, el control político, es una función muy relevante conferida al Poder Legislativo, en especial, esta función responde a la necesidad de dar un equilibrio entre los Poderes mediante pesos y contrapesos entre uno y otro. Es una buena forma de monitorear y dar seguimiento al buen ejercicio de los asuntos públicos por parte del Poder Ejecutivo.
Dentro de esta importante función, en la Cámara de Diputados, las Comisiones de Investigación se constituyen con carácter Transitorio, para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo 3º del Artículo 93 Constitucional y son reguladas a través del Artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso Genera de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice:
Las Comisiones de Investigación se constituyen con carácter Transitorio para el ejercicio de la facultad a que se refiere el párrafo 3º.del Artículo 93 Constitucional.
Sin embargo, como puede verse, este artículo sólo se refiere a la constitución de dichas Comisiones pero no contempla la manera en que deben funcionar, cuándo y cómo deben ser constituidas, qué asuntos pueden ser investigados y cuáles son los alcances e implicaciones jurídicas de sus resultados.
Además, se limita los alcances de la función investigadora de la Cámara de Diputados porque sólo puede investigar los asuntos referidos en el Artículo 93 de la Constitución, dejando fuera asuntos de interés general o que van más allá de la función pública.
Por esta restricción y para tratar de actuar dentro del marco de la legalidad, en varias ocasiones en que ha sido necesario investigar hechos que salen de lo contemplado por el Artículo 93 Constitucional, se ha tenido que conformar Comisiones Especiales de Investigación cuando la función de las Comisiones Especiales no es la de investigar.
Por otro lado, muchas veces y en varios países, se ha afirmado que las Comisiones de Investigación muchas veces se convierten en un instrumento destinado a ajustar políticamente cuentas a determinado funcionario público, a quien estuvo gobernando antes o a los adversarios políticos.
Estas afirmaciones encuentran mayor cabida, cuando la Legislación es vaga y no existen reglas claras para su funcionamiento.
Por o anteriormente expuesto, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos necesario reformar el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos por lo que sometemos ante el pleno de esta, la siguiente Iniciativa de Decreto mediante el cual se reforma el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTICULO UNICO.- Se reforma el Artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41.- El pleno del Congreso a propuesta de la Mesa Directiva de al menos tres grupos parlamentarios o de la cuarta parte de los miembros de la Cámara, podrá acordar la creación de una comisión de investigación sobre cualquier asunto de interés público.
Las comisiones de investigación elaborarán un plan de trabajo y podrán requerir la presencia, por conducto de la presidencia de la Mesa Directiva, de cualquier persona para ser oída, tales comparecencias se ajustarán en todo caso a los siguientes requisitos:
La notificación del requerimiento para comparecer y de los asuntos sobre los que se debe informar, habrá de hacerse con 15 días de antelación, salvo cuando por concurrir circunstancias de urgente necesidad, se haga con un plazo menor que en ningún caso podrá ser inferior a tres días.
En la notificación, el ciudadano requerido, sea apercibido de sus derechos y obligaciones y podrá comparecer acompañado de la persona que designe para asistirlo.
Las conclusiones de estas comisiones no tendrán ninguna implicación jurídica ni afectarán a las resoluciones judiciales y deberán plasmarse en un dictamen que será discutido en el pleno de la Cámara.
Las conclusiones de la Cámara por el pleno de la Cámara, serán publicadas en la Gaceta Parlamentaria y comunicadas al Ejecutivo Federal.
TRANSITORIO:
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro sede de la H. Cámara de Diputados de la Unión, a los 20 días del mes de septiembre de 2005.
Es cuanto señor presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Esta presidencia da la más cordial bienvenida a los alumnos a la Universidad UNIVER del Bajío que nos visitan de León, Gto., así como a la maestra Beatriz Salomón García, directora general, invitados del diputado Salvador Márquez Losornio.
Bienvenidos.
Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Bravo Carvajal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que reforma el Artículo 116 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Francisco Javier Bravo Carvajal: Con su permiso diputado presidente. Compañeros diputados.
El suscrito diputado federal a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción III del Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos.
Uno de los valores fundamentales del Estado moderno, es necesariamente el de la justicia, este valor engloba diversos aspectos en sí mismo, pues va desde la certeza de las personas ded tener a su favor diversas garantías y derechos, expresamente consagradas en las leyes, pero además es necesario que cuenten a la vez con la certeza en que el Estado les proporcionará en todo momento los medios y las instituciones adecuadas para salvaguardar esos derechos.
En el Estado mexicano se ha desarrollado un sistema de impartición de justicia extenso y en general provechoso para el ciudadano mexicano, en nuestra Constitución se establece de conformidad con las teorías clásicas que contamos con una división de poderes, en donde destaca para esta materia el Poder Judicial.
De igual forma, en la misma Constitución en su parte orgánica se han plasmado las características de organización de dicho Poder, las garantías propias de quienes los integran, los requisitos a que se debe sujetar a quienes pretenden desempeñar tan importante función pública y los periodos y condiciones en que ejercerán dicho cargo, pero nuestra Constitución Federal no sólo se ocupa de constituir y organizar propiamente al Poder Judicial Federal, sino que además establece ciertas normas esenciales a efecto de que las entidades federativas constituyan, organicen y garanticen en sus respectivos ámbitos de competencia, a los Poderes Judiciales de los estados, esto en los términos del artículo 116 Fracción III, en relación con el propio artículo 41 también de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Encontramos pues que se deja a las entidades federativas en plenitud de facultades para constituir estos Poderes con atención a los principios que se establecen a través del Pacto Federal, sin embargo, encontramos que en la redacción de la Fracción III del artículo 116, en sus párrafos 3º y 4º se establecen precisamente normas mínimas respecto a los requisitos que deben reunir quienes aspiren al cargo de Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales, sujetándolos a que reúnan los mismo requisitos señalados para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
También se establece como condición el que los nombramientos de los Magistrados y Jueces integrantes de los Poderes Judiciales locales sean hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con probidad y eficiencia y en la administración de justicia o que merezcan, por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Debe señalarse que existe plena coincidencia en el establecimiento de dichos requisitos para la elección de quienes tendrán a su cargo tan importante función, sin embargo, en el caso concreto las legislaturas han optado por adoptar íntegramente la redacción de los párrafos 3º y 4º de la Fracción III del artículo 116 constitucional, sin adicionar o aterrizar el procedimiento de elección por temor a incurrir en alguna contradicción con el texto de la Carta Magna.
Al respecto, cabe señalar que la referencia al artículo 95 se sujeta a señalar los requisitos de elegibilidad de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin embargo, no establece el procedimiento concreto de elección. De esta forma, la mayoría de las legislaturas locales se han limitado a establecer un procedimiento similar al de la elección de los Ministros, sin intentar otros sistemas o procedimientos de elección que garanticen la certeza en cuanto a las cualidades de los ciudadanos propuestos a dichos cargos.
Es de señalarse que para otras elecciones de integrantes del Poder Judicial, la misma Carta Magna contempla procedimientos muy completos en los que se posibilita esa comprobación fehaciente de los requisitos de elegibilidad, así como de las cualidades de los candidatos, es decir, a través de establecimiento de parámetros objetivos establecidos previamente en leyes especiales, como es el caso del nombramiento de Magistrados de Circuito por el Consejo de la Judicatura Federal.
Consideramos que en atención al sistema federal en el que se sustenta el Estado Mexicano, es válido proponer que sean las legislaturas de los estados las que propongan en sus propias Constituciones o en las leyes especiales, los procedimientos para la comprobación de los requisitos de elegibilidad de los Magistrados de los Poderes Judiciales de los estados, pudiendo ser la investigación y comprobación de sus antecedentes, la implementación de exámenes de oposición o cualquier otro medio o criterio objetivo que garantice la elección de las personas más adecuadas para el cargo.
Considero que es necesario adicionar la redacción del párrafo 4º de la Fracción III del artículo 116 constitucional, para el efecto de que el establecimiento de estos procedimientos de comprobación o criterios objetivos de elección de Magistrados de los Tribunales locales, no sea confundido indebidamente con la implementación de nuevos requisitos de elegibilidad no contemplados en el artículo 95 de nuestra Carta Magna.
Lo que busca la presente iniciativa es otorgar a las legislaturas locales, las herramientas necesarias para que ellos a su vez puedan garantizar a la sociedad de que los integrantes de los tribunales locales electos cumplen objetivamente con los requisitos de elegibilidad señalados en la Constitución y pueden responder a las exigencias sociales de una excelente impartición de justicia.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Único.- Se reforma el párrafo cuarto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 116....
"Fracción III.- El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las constituciones respectivas; la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los estados.
"Los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales, deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local en sus respectivos estados durante el año previo al día de su designación.
"Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales locales, serán hechos preferentemente entre aquellas personas que haya prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Las legislaturas de las entidades federativas establecerán los procedimientos con criterios objetivos para la comprobación de los requisitos de elegibilidad y elección de magistrados y jueces.
"Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las constituciones locales, podrán ser reelectos y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinan las constituciones y las leyes de responsabilidad de los servicios públicos de los estados.
Todo lo demás queda en los mismos términos.
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la administración y enajenación de bienes del sector público.
El diputado Marko Antonio Cortes Mendoza: Con su permiso, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Marco Antonio Cortes Mendoza: El suscrito diputado, Marco Antonio Cortés Mendoza, integrante del Partido Acción Nacional, someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de bienes del sector público con base en la siguiente
Exposición de Motivos
El 19 de diciembre del año 2002 se publicó la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del sector público, con lo cual se aprobó la Ley Federal para la Administración de Bienes asegurados, decomisados y abandonados.
La creación de esta ley tuvo por objeto regular la administración y destino de bienes que la Federación, por diversas formas se adjudicara, asegurara, decomisara o tuviese en custodia y su concentración se lleve a cabo por parte del servicio de administración y enajenación de bienes.
Otro de los beneficios que trajo consigo esta reforma, es que se reducen los gastos que se erogan por la administración, operación y enajenación de bienes y empresas a disposición del Gobierno Federal, amortizando procedimientos que se llevan a cabo en diversas instituciones y unidades administrativas.
En esta ley se contempla que la enajenación de los bienes pueda llevarse a cabo a través de la donación y la compra-venta. Y respecto al procedimiento de donación se contempla la posibilidad, como caso excepcional, a favor de los gobiernos de los estados, de los municipios o del Distrito Federal, para que los utilicen en los servicios públicos locales, en fines educativos o de asistencia social o a instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que lo requieran para el desarrollo de sus actividades.
Cuando los bienes provienen del comercio exterior, sólo podrán donarse aquellos que sean inflamables, explosivos, contaminantes, radioactivos, corrosivos, perecederos, de fácil descomposición o deterioro, flora, animales vivos, aquellos que se utilicen para la prevención o atención de efectos derivados de los desastres naturales y los destinados para la atención de zonas determinadas de alta marginalidad.
Para llevar a cabo el procedimiento de donaciones el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, se apoya en un comité de donaciones, el cual es el órgano de apoyo que tiene por objeto recibir las solicitudes de donación y verificar que las mismas cumplan con los requisitos que establecen las disposiciones de la materia y esta integrado por el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien lo preside y como el titular del SAE, un representante de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público con el nivel de Director General y el titular del Área de la Administración de Bienes del SAE.
Por lo anteriormente establecido, presento lo siguientes:
Considerandos
Primero. Que lamentablemente la ley no es muy clara en lo referente a los procedimientos para las donaciones. Lo anterior, debido esencialmente a que ésta nos remite al Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, el cual, del mismo modo presenta omisiones y remite a los lineamientos para la donación de bienes, los cuales a la fecha no han sido publicados aún por la Junta de Gobierno del SAE, la cual está encargada de realizarlos.
Segundo. Que esto ha traído como consecuencia que las bodegas del SAE se estén llenando de productos que por su composición sufran deterioros, descomposición y sobre todo, desaprovechamiento por parte de las instituciones que bien podría darles una utilidad, pública fundamental para la ciudadanía.
Tercero. Que por lo anterior se propone reformar y adicionar algunos artículos al Capitulo II de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, con el propósito de darle mayor claridad y celeridad a los procesos de donaciones, que de acuerdo a la experiencia se ha tenido en ordenamientos anteriores, de los cuales se retoman algunos y pueden mejorar de manera fehaciente dichos procedimientos.
Por lo tanto, con fundamento en lo anterior expuesto en la exposición de motivos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa.
Artículo Único. Se reforman los artículo 34 y 35 y se adicionan los artículos 34 Bis, 34 Ter, 34 Quater, 34 Quintus, de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para quedar como sigue:
Artículo 34. El SAE únicamente podrá donar o asignar bienes a favor de personas o instituciones mexicanas, de asistencia pública o privada de beneficencia, instituciones educativas, de investigación científica u otras análogas que requieran para el desarrollo de sus funciones y que cuenten con la autorización para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 34 Bis. Los bienes que se podrán donar son los siguientes:
1. Los que sean transferidos para su donación.
2. Los perecederos de fácil descomposición o que por su propia naturaleza sean susceptibles de conservarse, sin que se extingan en un periodo de corto tiempo, según quede constancia en su dictamen de perennidad y calidad de aptitud para el consumo humano. El cual será emitido por un perito nombrado por la autoridad competente.
3. Aquellos respecto de los cuales se realicen los procedimientos de venta, sin que haya sido posible venderlos y en su caso, se cuente con la autorización previa de la entidad transferente.
4º. Los incosteables.
5º. Aquellos que derivados de caso fortuito o fuerza mayor, sea imposible proceder a su venta.
6º. Los demás casos de naturaleza análoga que determine el Comité de Donaciones.
Artículo 34 ter. En la donación de los bienes deberá observarse, de la manera imparcial, se entregan estos bienes y se dará preferentemente a las personas física o instituciones siguiente:
1. Instituciones municipales del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
2. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
3. Asilos de ancianos, orfanatos, comedores y albergues para damnificados por desastres naturales.
5. Cruz Roja Mexicana. Se dará preferencia a las personas físicas o instituciones que se ubiquen en las zonas geográficas más cercanas a los lugares en donde se encuentren dichos bienes, a efecto de agilizar su entrega y con ello seguir criterios de oportunidad y de costos.
Se procurará que una misma persona o institución, no pueda verse favorecida en dos ocasiones sucesivas, a menos que las circunstancias particulares así lo ameriten.
Artículo 34 cuarter. Tratándose de bienes perecederos de fácil descomposición, se podrá autorizar su donación vía fax o correo electrónico, a efecto de que proceda su entrega inmediata, procedimiento que se integrará y regirá de acuerdo con lo restablecido (¿) en el Reglamento.
Artículo 34 quintus. El SAE deberá llevar un estricto control y registro de los bienes donados, para lo cual deberá integrar un expediente en el que conste la solicitud, los documentos en los que se especifique el destino de los bienes y con los que se acredita el cumplimiento de los requisitos correspondientes, así como el contrato respectivo.
Artículo 35. Para la donación de los bienes, el SAE se apoyará en el Comité de Donaciones, el cual se integrará y regirá de acuerdo con lo restablecido en el Reglamento, el cual deberá establecer procedimientos administrativos sencillos y dinámicos, para que los bienes sean donados con toda oportunidad.
El Comité de Donaciones tendrá un plazo no mayor a noventa días hábiles, para determinar si procede o no la donación o en su caso, informar al interesado el resultado de su trámite.
Transitorios:
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro de los noventa días siguientes a la publicación del presente decreto, deberá hacer las adecuaciones al reglamento para el debido cumplimiento del presente decreto, particularmente aquellas referidas a los procedimientos administrativos para los bienes que sean donados con toda oportunidad.
Diputado Presidente, solicito sea inscrito íntegra la iniciativa en el Diario de Debates.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.
Se obsequia su petición y se turna la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Omar Ortega Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 259 del Código Penal Federal.
El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante, diputado.
El diputado Omar Ortega Alvarez: En virtud del tiempo, le solicito se integre íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.
Compañeras y compañeros Diputados:
En esta ocasión acudo a esta tribuna con el fin de exponer un tema a todas luces importante para la sociedad y en especial para todos aquellos convencidos de que la igualdad en oportunidades de vida, tanto para los hombres como para las mujeres, es una exigencia social.
Contrario a este ideal, el acoso u hostigamiento sexual que se presenta en las relaciones laborales, perpetrado por un superior jerárquico o compañero de trabajo tanto hacia las mujeres como hacia los hombres, ha ido en aumento y cada día resulta más común el observar cómo este tipo de conductas provocan en los subordinados y amenaza para la salud laboral de los trabajadores hombres y mujeres, ya que se dirige como una forma de violencia que puede causar trastornos sicológicos en las víctimas, agrava enfermedades físicas y provoca en los casos más agudos, hasta secuelas permanentes.
Esta conducta delictiva denominada así como concepto en la década de 1970 en Estados y punible por la Ley contra la Discriminación, ha ido saliendo a la luz gradualmente como un fenómeno reconocido en todo el mundo y percibido como un problema de significativa importancia que debe ser tratada desde la legislación nacional.
Este comportamiento que nuestra legislación define como hostigamiento sexual, requiere ser profundizado en su génesis devenir y consecuencias, así como en las características de su manifestación y los mecanismos a través de los cuales se produce el daño a la víctima.
Por lo que es necesario entender que el acoso sexual no en todas las ocasiones es perpetrado por superiores jerárquicos hacia los subordinados, sino que también entre iguales se puede observar esta conducta ilícita.
Este hostigamiento sexual al que nos referimos tiene claros puntos de contacto con la violencia, discriminación y el entorno laboral, social, familiar y cultural.
En el artículo 259 bis del Código Penal Federal vigente, se establece perfectamente que la definición de hostigamiento sexual, sin embargo la presente iniciativa pretende eliminar dentro del tipo penal la condición de superioridad jerárquica. Asimismo eleva la penalidad señalada para este delito, en el entendido de que estamos hablando de una conducta que afecta de manera irremediable la confianza y afecta directamente a la víctima en su ámbito laboral, personal y social.
De ahí la necesidad de que la legislación tutele estas situaciones y se pronuncie por la condena y sanción de tales conductas que inciden en la moral y en los derechos de la propia víctima.
Este problema de las relaciones de trabajo entre los integrantes de las empresas como institución, el empleador respecto de un trabajador y entre los trabajadores entre si, ya sea por la parte de superiores o de inferiores jerárquicos o de colegas, se ha expandido notablemente en los últimos años y en todos los niveles de la sociedad.
Esta conducta inesperado de naturaleza sexual que afecta la dignidad de la mujer y el hombre en el trabajo, incluye la conducta verbal o no verbal y en algunos casos física, que lleva al rechazo, a la sumisión del empleado o de los trabajadores incluyendo los superiores jerárquicos y se usa mucho en el acceso a la formación profesional o al empleo; en la continuación del empleo; para la promoción; el ascenso de un salario y otras decisiones vinculadas al empleo creando un medio hostil, intimidatorio y humillante para la víctima de tal conducta.
De tal forma que podemos decir que con relación a los empleados las consecuencias del acoso sexual pueden ser demoledoras para la víctima. Además de los dañinos efectos síquicos y físicos mencionados antes, la víctima corre el riesgo de perder su trabajo o experiencia, relacionadas con él, tales como su formación profesional o llegar a sentir que la única solución posible es renunciar a todo ello. El acoso sexual lleva a la frustración, pérdida de autoestima, ausentismo y merma de la productividad.
Con relación a las empresas además de los efectos negativos ya apuntados, el acoso sexual incluso puede ser la razón oculta que empleados valiosos abandonen o pierdan su puesto de trabajo, cuando por otra parte habían dado muestras de un buen rendimiento y si la empresa consiente un clima de tolerancia hacia el acoso sexual, su imagen puede verse dañada en el supuesto de que las víctimas se quejen y hagan pública su situación.
Por añadiduria corre también crecientes riesgos financieros porque cada día son más los países en que una acción judicial a instancias de las víctimas, puede fácilmente determinar daños e imponer sanciones económicas.
Y con relación de las consecuencias que tiene el acoso sexual para la sociedad podemos decir que en su conjunto podríamos resumir diciendo que el acoso sexual impide el logro de la igualdad, condena la violencia sexual y tiene efectos negativos sobre la eficiencia de las empresas, que entorpecen la productividad y el desarrollo.
Al respecto, desde 1985 la Conferencia Internacional del Trabajo reconoció que el acoso sexual en el lugar de trabajo deteriora las condiciones laborales de los empleados, sus perspectivas de empleo y promoción abogada por la incorporación de medidas para combatirla y evitarlo en las políticas para progresar en la igualdad.
Desde entonces la OIT ha señalado el acoso sexual como una violación de los derechos fundamentales de los trabajadores, declarando que constituye un problema de seguridad y salud, un problema de discriminación, una inaceptable situación laboral y una forma de violencia, primeramente contra las mujeres.
A mayor abundamiento, en la Unión Europea el casi ocho por ciento de los empleados, es decir unos doce millones de personas afirman haber sido víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo y en el intervalo de los últimos doce meses.
En un número abrumador de casos de denuncias de hostigamiento sexual en México, las víctimas son mujeres pero cada vez hay más casos de hombres acosados por mujeres y también los hay de acoso dentro del mismo sexo.
Con esta reforma se pretende que la conducta tipificada como hostigamiento sexual no solamente se considere de superior jerárquico hacia el subordinado y en consecuencia este derecho se pueda dar no solo en las relaciones laborales.
Compañeras y compañeros diputados, solicito de esta manera su apoyo para la aprobación de esta propuesta de reforma que brindaría la certeza legal necesaria a todas aquellas víctimas de este delito que impacta irreversiblemente la vida de las víctimas y del mismo.
Por lo anteriormente expuesto presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 259-Bis del capítulo primero, titulado "Del hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación", del título décimo quinto del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Artículo Único.- Se reforma el artículo 259-Bis del capítulo primero, titulado "Del hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación", del título décimo quinto del Código Penal Federal, bajo el tenor de la siguiente:
Artículo 259-Bis.- Al que con fines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo valiéndose de sus relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera otra, se le impondrá sanción de dos a cuatro años de prisión y de 50 a 200 días de multa.
Si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el cargo le proporcione, además de la pena señalada se le destituirá de su cargo. Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño material o moral. Sólo se procederá contra el hostigador a petición de parte.
Transitorios:
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Como lo solicita, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y además insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres: Con su permiso diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.
El diputado Roberto Antonio Marrufo Torres: El suscrito diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, homologando ambas a nueve días inhábiles, mismas que se fundamentan y motivan en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
La afinidad en el contenido de las leyes primarias y secundarias son de vital importancia, pero cuando no lo son pueden incidir en la mala aplicación de la justicia y confusión en quienes tienen la obligación de aplicarla, tal es el caso de la Ley de Amparo reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
El estado de derecho se define como aquel régimen jurídico en el que se establecen y cumplen ordenamientos legales y se garantiza el respeto de las garantías individuales de todos los mexicanos, debiendo éstas ser congruentes entre sí y faciliten la defensa de los ciudadanos cuando sus derechos sean vulnerados por cualquier motivo o circunstancia.
La falta de coordinación en los días inhábiles que encontramos en los artículos de referencia de la Ley de Amparo y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación crean confusión entre jueces, magistrados y otros funcionarios encargados de la impartición de justicia en nuestro país, ya que estas dos normas jurídicas son de importancia para la adecuada atención de los derechos más elementales de todos los mexicanos.
El artículo 23 de la Ley de Amparo Reglamentaria, de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: "Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1º. de enero, 5 de febrero, 1º. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre".
En cambio, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación nos dice, en su artículo 163, que en los órganos del Poder Judicial de la Federación se consignan como días inhábiles los sábados y domingos, 1º. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, dentro de los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley.
En función de lo anterior, la Ley de Amparo ordena 8 días inhábiles, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación únicamente señala 6 días inhábiles. Inadecuadamente, esta falta de coordinación entre estos dos ordenamientos que tienen una enorme relación entre sí confunde a jueces, magistrados y por lo tanto dificulta la impartición de la justicia.
Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, es necesario modificar y reformar las leyes que presenten inconsistencia o carezcan de claridad, impidiendo la impartición de justicia de manera eficaz, debiéndose aclarar lagunas legales en nuestras leyes y códigos, como en el caso que nos ocupa, debiendo darse certeza jurídica tanto a juzgadores como a juzgados.
El objetivo principal de esta reforma es homologar los días inhábiles entre dos ordenamientos legales, uno primario de la Ley de Amparo Reglamentaria en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y uno secundario de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su artículo 163.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y reforma los párrafos referidos y que a la letra dice: "Artículo 23. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, 1º. de enero, 5 de febrero, 1º. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre". Párrafos segundo, tercero y cuarto igual.
Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la federación se consideran como días inhábiles los sábados y domingos, el 1º. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicará actuación judicial alguna, debiendo decir en el artículo 23 "Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, 1º. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre." Párrafos segundo, tercero y cuarto igual.
"Artículo 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1º. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1º. y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la ley.
TRANSITORIO
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de septiembre.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a compañeros regidores del Partido Acción Nacional, del municipio de Altamira, Tamaulipas. Ellos son invitados por el diputado José Julián Sacramento. ¡Bienvenidos!
Tiene la palabra el diputado José Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de sicología y psiquiatría.
El diputado José Antonio Cabello Gil: Con su permiso, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4º., el derecho de toda persona a la protección a la salud, compromiso que es asumido por el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
El Ejecutivo Federal y los gobiernos estatales han ampliado la cobertura de los servicios de salud a la gran mayoría de la población. No obstante millones de familias pobres realizan grandes gastos por los pagos que destinan por servicios de salud, medicamentos y/o intervenciones.
La Encuesta Nacional de Salud y el Censo Nacional de Población y Vivienda 2000, señalan que más de la mitad de la población n cuenta con un seguro de salud debido a su modalidad de empleo y/o por su bajo poder adquisitivo, lo que le impide pagar un seguro médico para toda la familia, ya sea en el Seguro Social o en una institución privada.
Por ello el Seguro Popular de Salud se creó con tres grandes objetivos:
Primero: Brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social.
Segundo: Crear una cultura de prepago a los beneficiarios del Seguro Popular de Salud, y
Tercero: Disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos de salud.
Por otro lado la Ley General de Salud establece el derecho a la protección de la salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su artículo 2º., dicha legislación menciona que el derecho a la protección a la salud, tiene como finalidades, entre otras, la del bienestar físico y mental del hombre, para contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y el disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población.
Y en su artículo 3º., dicha Ley establece que la salud mental es materia de salubridad general y asimismo considera como un servicio básico de salud, esto en el artículo 27.
De hecho todo el capítulo séptimo hace referencia a la salud mental, específicamente el artículo 72 mencionando que la prevención de las enfermedades mentales tiene carácter prioritario.
De lo anterior se puede deducir que el ámbito de la salud mental es fundamental para nuestro sistema de salud.
Son indudables las ventajas y las bondades de la integración de un mecanismo de salud universal como lo es el Seguro Popular de Salud. Dicho mecanismo establece que de acuerdo a los artículos 76 bis 1 y 77 bis 9 de la Ley General de Salud, como mínimo se deberán contemplar los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de consulta externa y hospitalización para las especialidades básicas de medicina interna, de cirugía general, gineco-obstetricia, pediatría y geriatría, y en el segundo nivel de atención. Sin embargo en dicho mínimo no se contempla el otorgamiento de servicios relativos a la salud mental.
De acuerdo al Programa Nacional de Salud, la relevancia de la problemática de los padecimientos mentales estriba en que se estima que por lo menos una quinta parte de la población mexicana padece en el curso de su vida de algún trastorno mental. Cuatro millones de adultos presentan depresiones, medio millón padece esquizofrenia, un millón de personas tiene epilepsia y la demencia la padecen el 10 % de los mayores de 65 años.
Es una tendencia creciente de estos padecimientos, en los próximos diez años la demanda de servicios de salud mental en México constituirá una de las principales presiones para el sistema de salud.
Entre las quince principales causas de pérdida de vida saludable en México, se encuentran las enfermedades psiquiátricas y neurológicas; seis de ellas están relacionadas de alguna manera con este tipo de trastornos y con las adicciones como son. Homicidios y violencia, accidentes de vehículo motor, enfermedades cerebro-vasculares, cirrosis hepática, demencias, consumo de alcohol y trastornos depresivos. El impacto económico de las enfermedades mentales es también poco conocido en México.
"En el panorama epidemiológico el Banco Mundial calcula que los padecimientos siquiátricos y neurológicos contribuyen con el 12 por ciento del costo total de las enfermedades médicas y para la Organización Mundial de la Salud alcanzan el 20 por ciento. Estos trastornos medidos por años de vida, ajustados por discapacidad, representan el 11.5 por ciento total de la carga total de enfermedades, entre ellas destaca la depresión que por sí sola representa el 36.5 por ciento del total y el alcoholismo con 11.3 por ciento.
"En un análisis realizado por la organización Mundial de la Salud en 1996 sobre el diagnóstico situacional en salud mental se detectó que 5 de las causas líderes generadoras de discapacidad en el mundo se refieren a trastornos mentales. Uno de los problemas por los que no se le había dado la importancia que merece la salud mental, es que había sido medida con base en las tasas de mortalidad, siendo que la mayoría de estos padecimientos no causan defunciones por sí mismos.
"Lo que sí resulta altamente significativo es la discapacidad que provocan las enfermedades siquiátricas y neurológicas, situación que impacta fuertemente en la economía familiar y social. Por ello y para salvaguardar los derechos de las personas con discapacidad mental es imprescindible cubrir la demanda de servicios de atención y protección a la población con escasos recursos económicos.
"Esta iniciativa pretende que la salud mental pase a formar parte de los servicios mínimos del Seguro Popular de salud, a través de la reforma al artículo 77 Bis 1 y 77 Bis 9 de la Ley General de Salud. De esta forma se da cabal cumplimiento con los preceptos establecidos en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 2, 3 y 27 de la Ley General de Salud y todo su capítulo siete, en donde claramente se enmarca el ámbito de la salud mental como un servicio básico y prioritario del sistema de salud pública de nuestro país.
"Esta iniciativa propone el manejo y tratamiento de los trastornos mentales en el ámbito de la atención primaria, vía seguro popular, como un paso fundamental que permita facilitar el acceso a los servicios de salud al mayor número de personas.
"Dada la limitada capacidad del sistema de salud pública tanto en recursos como en infraestructura y recursos humanos para atender la gran demanda de servicios de atención a la salud mental, esta iniciativa propone la integración de un artículo transitorio como se hizo con el surgimiento del Seguro Popular, en donde se establece la incorporación gradual y acumulativa de atención a la población demandante de dicho servicio. Con ello se evitará el que se ejerza una gran y decidida presión de la demanda de los servicios de salud sobre la propia capacidad de atención de nuestro sistema de salud pública.
"Hay que reconocer, debo decirlo, el esfuerzo de ciudadanos profesionales y organizaciones civiles que han hecho de la salud mental una causa para garantizar mejores condiciones de vida para los mexicanos, entre ellas, quiero destacar el trabajo de Voz Pro Salud Mental, quien realiza importantes contribuciones a este noble fin.
"Por lo anteriormente fundado y expuesto me permito someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 77 Bis 1 y 77 Bis 9 de la Ley General de Salud en los términos en los que queda consignado en el cuerpo de la iniciativa".
Por obviedad de tiempo pediría a la Presidencia se inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, diputado Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Gracias Diputado.
Como lo solicita, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.
Túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Jorge Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que adiciona un Capítulo Quinto Bis denominado Comisión Consultiva de Protección y de Gestión a los Usuarios de Energía Eléctrica y Consumidores de Productos Derivados de los Hidrocarburos a la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Jorge Castillo Cabrera: Con su permiso, señor Presidente.
"El suscrito, diputado federal, Jorge Castillo Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 70 y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 62, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea, la iniciativa que adiciona un Capítulo Quinto Bis, denominado Comisión Consultiva de Protección y de Gestión de los Usuarios de Energía Eléctrica y Consumidores de Productos derivados de los Hidrocarburos; en virtud de la siguiente
"Exposición de Motivos
"Antecedentes.
"La Ley General de Desarrollo Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, se auto define como una ley de orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional y que tiene por objeto, entre otras, garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social y regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales.
"En el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 0202, fue publicada la Ley de Energía para el Campo, que tiene como objeto expreso el de coadyuvar al desarrollo rural del país, estableciéndose acciones de impulso a la productividad y competitividad como medidas de apoyo tendientes a reducir las asimetrías con respecto a otros países, es decir, para contrarrestar, entre otros, algunos efectos del TLC para los productos agrícolas mexicanos.
"Las medidas de apoyo al campo previstas en la ley antes citada, son a través del establecimiento de precios y tarifas de estímulo, entre otros, de los insumos agropecuarios, que incluyen: gasolina, diesel, combustóleo y la energía eléctrica, empleados directamente en actividades agropecuarias.
"No obstante que la Ley de Energía del Campo fue votada por unanimidad por el Congreso de la Unión, la misma no ha sido cumplida cabalmente y no ha producido los beneficios que de ella se esperaban por parte de los productores del campo.
"El sistema de tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad, es un serio problema para el desarrollo del campo, puesto que son aplicadas a discreción y no cuentan con una regulación adecuada, ocasionando que una gran cantidad de campesinos se encuentren con enormes adeudos por este concepto, motivando el cierre de los pozos por parte de dicha Comisión, con la molestia y el coraje de los productores del campo.
"Los habitantes de los estados de Campeche, Chihuahua, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, desde hace mucho tiempo han solicitado tarifas preferenciales, en virtud de que en estas entidades cuentan con capacidad efectiva de generación de energía eléctrica de aproximadamente 10 mil megawatts y solicitan que se aplique a estos estados del sur y del norte, mecanismos de compensación por su capacidad de generación, que se traduzcan en tarifas eléctricas adecuadas a la realidad social y económica de la región.
"Por todo lo anterior y de acuerdo a los siguientes considerandos:
"Uno.- Del análisis del breve resumen de antecedentes anteriores, podemos concluir que en México existe un marco constitucional y legal que se orienta a garantizar y promover derechos individuales y sociales, que permitan a los mexicanos tener acceso y disfrutar de niveles adecuados de bienestar.
"Dos.- Se propone la creación de una Comisión Consultiva, integrada por los titulares de las dependencias y entidades, que son los responsables de la determinación de la política, la producción y distribución energética del país y una amplia gama de representaciones sociales, de grupos, organizaciones de consumidores populares, urbanos, productores agropecuarios, pequeña y mediana industria, para dar un sentido y una dirección definitiva social a nuestra política energética.
"Dicho organismo se denominará Comisión Consulta de Protección y Gestión de los Usuarios de Energía Eléctrica y Consumidores de productos derivados de los Hidrocarburos, y tiene como función fundamental opinar en la determinación de las políticas, lineamientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de tarifa, precios y estímulos, en relación a los productos energéticos, así como asesorar y gestionar a favor de los ejidos, comunidades, grupos y organizaciones sociales en sus problemas y conflictos relacionados con los servicios de energía eléctrica y consumo de los productos derivados de los hidrocarburos.
"Pueden ser sujetos beneficiarios de las disposiciones que se proponen y de las acciones y gestiones correspondientes de la Comisión Consultiva y de la Secretaría, las organizaciones y grupos sociales de la ciudad, los ejidos, comunidades, en general los productores del campo, la pequeña y mediana industria.
"Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración del H. Congreso de la Unión, el siguiente Decreto:
UNICO.- Se adiciona un Capítulo Quinto -bis, denominado Comisión Consultiva de Protección y de Gestión de los Usuarios de Energía Eléctrica y Consumidores de Productos derivados de los Hidrocarburos, a la Ley General de Desarrollo Social, en los siguientes términos:
Capítulo VI bis. Comisión Consultiva de Protección y de Gestión de los Usuarios de Energía Eléctrica y Consumidores de Productos derivados de los Hidrocarburos.
Artículo 60. A) La Comisión Consultiva de Protección y de Gestión de los Usuarios de Energía Eléctrica y Consumidores de Productores derivados de los Hidrocarburos, es el órgano plural de consulta y participación ciudadana en la determinación de las políticas, lineamientos y resoluciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública en materia de Tarifas, Precios, Apoyos, estímulos y Subsidios en la distribución de Productos Energéticos del consumo popular, así como de asesoría y gestión a los ejidos, comunidades, grupos y organizaciones sociales en sus gestiones encaminadas a tener acceso a los servicios de Energía Eléctrica y el consumo de los diversos productos derivados de os Hidrocarburos. Podrán solicitar la participación , beneficios y gestiones a que se refiere este Capítulo, los grupos y organizaciones sociales de usuarios y consumidores populares no industriales y comerciantes en los centros urbanos, os productores del campo, personas físicas, ejidatarios y de comunidades rurales y la pequeña y mediana industria.
Los productos energéticos a considerar , en los términos de este Capítulo, serán: la energía eléctrica, el gas, la gasolina, diesel, combustóleo.
Señor Presidente, en razón del tiempo o respetando los tiempos, yo pediría , en razón de que está publicada en La Gaceta, bueno que quede el texto íntegro publicado en La Gaceta.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: En la Gaceta está publicado pero lo insertamos en el Diario de los Debates y lo turnamos a las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Energía.
Esta Presidencia… se otorga el uso de la palabra al Diputado Jorge Triana Sena, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar Iniciativa que reforma el Artículo 71 de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos y Adiciona un Artículo 57-bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
El Artículo 71 de la Constitución hace referencia al procedimiento legislativo, en específico, a uno de sus actos, la Iniciativa, a través de la cual da comienzo el procedimiento de formación, operación de leyes o decretos, así como su trámite, al tiempo que se determina, quienes cuentan con la facultad de representación de iniciativas, el Presidente de la República, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados.
Es así como los Legisladores Federales y Locales, encuentran en la Iniciativa Legislativa una de las razones más importantes atribuibles a su cargo, pues al ser Representantes Populares, son conocedores tanto del miedo como de las necesidades del pueblo e incluso sería inconcebible que aquellos que aprueban la creación y modificación de marco jurídico, estuviesen impedidos de la facultad de iniciativa.
Pero en el caso del Presidente, las razones por las cuales también cuenta con tal facultad, son histórica y políticamente distintas de los Legisladores.
La facultad de Iniciativa con la que cuenta el Ejecutivo, se fundamenta en el antecedente histórico que data de los orígenes del mismo Parlamento, cuando, a menos, hasta el Siglo XIII, era el Rey quien detentaba el Poder Legislativo y sólo cuando este lo consideraba necesario, solicitaba el respaldo del Parlamento.
Progresivamente y sin embargo, el Parlamento fue estableciendo la costumbre de desarrollar una especie de negociación con el Monarca, cuando este lo solicitaba, para votar nuevos impuestos. al acordar un cierto número de medidas legislativas que el Rey debía acatar.
Así, el régimen representativo adquirió la forma de aquél en cuyo seno una o dos asambleas selectas representan al pueblo frente al Poder central y participan en el Gobierno, primero, por el voto de los impuestos y luego, por el voto de las leyes
El modelo presidencial importó del Parlamentarismo Inglés la facultad de Iniciativa del Ejecutivo, misma que fue pieza clave en la conformación del régimen presidencialista autoritario, que predominó en el Sistema Político Mexicano durante gran parte del Siglo XX., ya que el Presidente de la República, el gran Legislador, presentaba la gran mayoría de las Iniciativas de Ley o Decreto y el Congreso, supeditado al Ejecutivo, las aprobaba sin mayor discusión.
Pero tal condición de sometimiento del Legislativo al Ejecutivo, concluyó en la medida en que la oposición fue ganando espacios en las Cámaras, haciendo cada vez más fácil la aprobación al vapor de las iniciativas presidenciales y generando, cada vez más, un importante producción de iniciativas por parte de los legisladores que no tenían con anterioridad.
Hoy, que el presidente no cuenta con una mayoría absoluta de legisladores de su propio partido en el Congreso, sus iniciativas han dejado de tener el dato preferencial que tuvieron durante la época del autoritarismo. Hoy, las iniciativas del presidente deben esperar el tiempo que cada Comisión parlamentaria considere necesario, para ser votadas en el pleno de la respectiva Cámara.
Actualmente en la Cámara de Diputados hay iniciativas del presidente que llevan más de un año en Comisiones, sin haber sido aun dictaminadas. El presidente indiscutiblemente ha dejado de ser el gran legislador, y este título lo ostenta ahora como siempre debió hacer sido el propio Congreso.
Pero el hecho de que las iniciativas tengan que esperar un tiempo excesivo para su votación en el pleno, no necesariamente nos ilustra un acto benéfico para el funcionamiento del Estado. El presidente de la república, como responsable de la acción del gobierno, a través de la administración pública, requiere hacer sus facultades, presentar iniciativas, pero si éstas no son siquiera discutidas en el Congreso, el resultado de la acción de gobierno pudiera verse afectado.
El Congreso tiene todo el derecho de aprobar o rechazar las iniciativas del Ejecutivo, pero desde nuestra perspectiva lo que no debe hacer, es dejar de analizar sus iniciativas, dejar de correr tanto tiempo para ser dictaminadas.
Ahora no todas las iniciativas que presenta el Ejecutivo tienen el mismo peso específico y tendrán la misma trascendencia para el mejoramiento de la acción pública, ¿entonces cómo determinar cuáles iniciativas del presidente tendrán más repercusión que otras y quién lo determinará?, esto es lo que pretende resolver la presente iniciativa, la aplicación del trámite legislativo preferente para las iniciativas que presente el Ejecutivo pero no para todas sus iniciativas.
La propuesta aquí planteada pretende crear la figura de trámite legislativo preferente, que existe ya en algunos países de América Latina de hecho, la cual consiste en eficientar los tiempos para la votación de una iniciativa presentada por el Ejecutivo a partir del establecimiento de fechas fatales.
Se propone que a partir del día en que la iniciativa es presentada por el Ejecutivo a la Cámara de origen, éste cuente con un tiempo máximo de siete días naturales para su votación, y que si concluido este tiempo la Cámara de origen aun no lo hubiese votado, la iniciativa se tendría por aprobada por esa Cámara, en los mismos términos en que hubiese sido presentada por el presidente.
Luego de que se tenga por aprobada la iniciativa en la Cámara de origen, sería enviada a la Cámara revisora a más tardar el siguiente día natural. La Cámara revisora enviaría la iniciativa a comisión, pero tendría que ser votada por su pleno en un término máximo de siete días naturales contados a partir del siguiente día en que hubiese sido recibida.
Y de igual forma, si concluido este tiempo la Cámara revisora aun no la hubiese votado, la iniciativa se tendría por aprobada en los términos en que hubiese presentada por la Cámara de origen.
Si la Cámara revisora desechara en lo general o en lo particular la iniciativa, ésta tendría que volver a la Cámara de origen a más tardar al día siguiente de su votación, con las observaciones correspondientes y en un plazo máximo de siete días naturales, tendría que ser nuevamente examinada y votada por el pleno de la Cámara de origen, quien regresaría a la Cámara revisora a más tardar el siguiente día natural la misma iniciativa.
Para darle mayor certidumbre al trámite preferente, se propone que para que la iniciativa sea rechazada en lo general o modificada en lo particular, se requiera del voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara que corresponde presentes al momento de la votación.
Evidentemente no se le podía dar el carácter de preferente a iniciativas de cualquier naturaleza, ya que en algunos casos la propia Constitución establece el trámite a seguir para la aprobación de determinados asuntos, además con el objetivo de que el presidente no pretenda abusar de este trámite en perjuicio de los actores políticos, se pretende exceptuar del carácter de preferente las iniciativas del presidente que presente en materia presupuestal al sistema electoral y de partidos o de modificaciones constitucionales.
Finalmente, y con el objeto de que el trámite preferente, no se convierta en práctica común y herramienta del Ejecutivo para obligar al Legislativo a que le aprueben todas sus iniciativas, como sucedía en el pasado, se propone que el Ejecutivo solamente pueda presentar hasta una iniciativa preferente por cada período ordinario de sesiones, de este modo sería el propio Ejecutivo quien evaluaría qué iniciativa habría de merecer por su relevancia, el carácter de preferente.
En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del artículo 71 de la Constitución y del artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presento a esta honorable asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 71 de la Constitución y adiciona un artículo 57 Bis al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
Es cuanto diputado Presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias diputado.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Federico Barbosa Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Federico Barbosa Gutiérrez: Con su venia señor Presidente.
En un contexto de creciente incertidumbre económica mundial y de alta competencia de los mercados, los gobiernos democráticos requieren mecanismos y procedimientos de planeación estratégica. En este desafío diario el Plan Nacional de Desarrollo debe ser instrumento donde se plasme la visión del país que queremos a corto, a mediano y a largo plazo.
La naturaleza jurídica del mismo lo encontramos en el artículo 26 constitucional, cuando establece que el Estado organizará un sistema de planeación democrática de desarrollo nacional, mediante la participación de los diversos sectores sociales. A partir de esa base constitucional, el Poder Ejecutivo lleva a cabo esta facultad, es decir, consulta, elabora y propone ante el Congreso de la Unión el Plan Nacional de Desarrollo para su aprobación. La propia Constitución prevé la intervención del Poder Legislativo en esta materia.
La Ley de Planeación obliga al titular del Poder Ejecutivo a remitir el Plan Nacional de Desarrollo al Congreso de la Unión para su examen y opinión el Poder Legislativo formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, remisión y adecuaciones del propio Plan. Eso significa que el Poder Legislativo tiene una participación fundamental en ese instrumento de planificación del país, no sólo en la elaboración del propio Plan, sino en su posible modificación. Por tanto, en esta base legal encontramos facultades amplísimas del Poder Legislativo en esta materia.
Ahora bien. De acuerdo con los últimos informes de la Cuenta Pública, se exige retomar criterios de evaluación nacional e internacional. Así se puede leer de los informes de la Auditoría Superior de la Federación relativos a las Cuentas Públicas del Ejecutivo Federal, en el que se destacan entre otras deficiencias, más de 44 objetivos generales que registraron las dependencias y entidades de la Administración Pública, que no están vinculados con los objetivos rectores y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
La falta de documentos y muchos de ellos imprecisos, impiden llevar un seguimiento del sistema de planeación del Gobierno Federal, por ello es altamente recomendable evaluar el Plan Nacional de Desarrollo para poder sustentar su existencia. Es en este sentido que uno de los mayores desafíos que tiene esta Cámara de Diputados es garantizar un marco jurídico eficaz y democrático que facilite el cumplimiento de las atribuciones y responsabilidades de los Poderes de la Unión.
Ante esta responsabilidad, el Poder Legislativo está obligado a impulsar reformas legales, a crear mecanismos de control y supervisión en actos concretos del Ejecutivo, que contribuyan a erradicar la percepción negativa de la función pública. Por esta razón, considero necesario proponer la creación de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, a efecto de que esta soberanía pueda cumplir con las tareas que debe desarrollar responsable de velar por el buen funcionamiento del Plan Nacional de Desarrollo.
La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos observa un Capítulo VI, denominado de las Comisiones y los Comités, señalando en su artículo 39 que las comisiones son órganos constituidos por el pleno de esta Cámara, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales, sólo que ninguna de las comisiones ordinarias de esta Cámara de Diputados tiene facultades de evaluación y seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo de manera puntual y expresa.
En tal virtud resulta indispensable reformar y adicionar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de adicionar el numeral 6, en el que se establezca la constitución de la Comisión que se propone.
Con el propósito de la creación de esta Comisión, se podrán atender, resolver los problemas sobre la planeación para el desarrollo sustentable que requiere el país.
En consecuencia, la presente iniciativa busca resolver los siguientes problemas:
Que la Cámara de Diputados cuente con una comisión ordinaria que dé seguimiento y evalúe periódicamente el Plan Nacional de Desarrollo.
Facultar a la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de dicho plan para dictaminar, realizar estudios, emitir opiniones, emitir resoluciones y presentar informes.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
"Artículo Único.
"Artículo 40.
"Numeral 1.- Las comisiones ordinarias que se establecen en este artículo, desarrollan las tareas específicas que en cada caso se señalan.
...
"Numeral 6.- La Comisión para el Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, se integrará por 30 legisladores, encargada de evaluar y dar seguimiento a los proyectos y programas establecidos en el propio Plan Nacional de Desarrollo.
"La propia Comisión tendrá las siguientes facultades:
A) Preparar proyectos de ley o de decreto para adecuar las normas en materia de planeación para el desarrollo sustentable del país.
B) Dictaminar y opinar sobre iniciativas y propuestas que se presenten en esta materia.
C) Promover y realizar estudios que versen sobre disposiciones normativas en materia de planeación para el desarrollo sustentable del país.
Artículo Transitorio
"Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Señor Presidente, solicito que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Y así será don Federico.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don René Meza Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Rene Meza Cabrera: Gracias, señor Presidente.
El suscrito, diputado federal en ejercicio, miembro de la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional que integra la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presenta iniciativa que reforma diversos artículos, título y numeración del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con base en la siguiente:
Exposición de Motivos
"Credencial para votar con fotografía" gramaticalmente es un error, por que se entiende que se vota con "la fotografía". La frase correcta debe ser "Credencial con fotografía para votar". Este error gramatical lo encontramos en diferentes artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mejor conocido como el COFIPE.
Este Código está estructurado por libros, títulos, capítulos y artículos, su libro 5° y último consta de 6 títulos, pero después del título 5° el que debiera ser el 6° lleva el ordinal 3°, es decir, este libro tiene dos títulos 3°, lo cual desde luego es otro error.
Finalmente el artículo del COFIPE está numerado como debe de ser, progresivamente del 1 al 285 más 5 grupos de artículos transitorios.
En su última reforma de fecha 28 de junio de 2005 publicada el día 30 de junio de 2005 en el Diario Oficial de la Federación, se agregó al COFIPE un sexto libro compuesto por un título único, constando de 27 artículos numerados del 273 al 300 más 7 transitorios.
Si consideramos que inicialmente este Código terminaba en el artículo 285 y se agregaron 27 numerados del 273 al 300, tenemos que del 273 al 285 están repetidos 12 artículos, o sea, tiene su numeración repetida del artículo 273 al 285, otro error más.
En el año próximo de 2006, se efectuarán en el país elecciones federales, lo cual significa que el COFIPE será frecuentemente consultado y aplicado, lo que hace de urgente necesidad la corrección de las anomalías que estoy señalando, máxime en esta ocasión en que será consultado por los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero, ante los que proyectaríamos una imagen deplorable con un instrumento legal plagado de fallas técnicas.
Estas consideraciones me impulsan a proponer las siguientes enmiendas:
1. Escribir correctamente la frase "credencial con fotografía para votar", en los artículos antes citados.
2. Corregir el Libro Quinto, poniendo el Título Sexto en lugar del Título Tercero, entre los artículos 272 y 273.
3. Recorrer la numeración a partir del artículo 285, asignando al artículo 273 con que se inicia el Libro Sexto, adicionado el numeral 286 y continuar progresivamente la numeración para evitar la repetición.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma diversos artículos, título y numeración del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar en los siguientes términos:
Artículo 1°. Se cambia la frase "credencial para votar con fotografía", por la siguiente: "credencial con fotografía para votar", en los artículos 144 párrafo primero y seis, 150 párrafo segundo, 151 párrafo, incisos a) y b) y párrafos primero, 159 párrafo primero.
Artículo 2°. Se cambia el título tercero que sigue al título quinto en el Libro Quinto por el Título Sexto, para quedar como sigue:
Título Sexto. Artículo 3°. Se recorre la numeración del artículo desde el 286, en lugar del 273, en el inicio del Libro Sexto, en la forma siguiente:
Libro Sexto. Del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, Título único, artículo 286, etcétera.
Transitorio.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados. México, a 20 de septiembre del 2005.
Es todo, señor Presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias don René.
Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Tiene el uso de la palabra la diputada María Concepción Fajardo Muñoz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 32 de la Ley General de Educación.
¿Está la diputada Fajardo?. Adelante, Conchita.
La diputada María Concepción Fajardo Muñoz: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Una de las más importantes obras históricas que registra nuestro país, es el de la educación. Procurarla para todos, siempre ha sido uno de los ideales de los gobiernos de la República. Hombres como José María Luis Mora y Valentín Gómez Farías, inspirados en el pensamiento liberal mexicano del Siglo XIX, son precursores de las reformas que en materia educativa hemos registrado como nación.
La Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma constituyen la visión y el legado histórico de grandes hombres que sentaron las bases para el fortalecimiento de la República, la defensa de la soberanía nacional, encontrando en la educación el basamento imprescindible para las generaciones futuras.
El artículo 3° de nuestra Carta Magna es síntesis de esa visión que hoy los mexicanos hemos institucionalizado, en educación laica obligatoria y gratuita, se sintetiza mucho de lo que hoy somos como nación y la tarea que tendremos que emprender a futuro para seguir fortaleciéndola.
Después de la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, la creación de la Universidad de México por Justo Sierra en 1910, la promulgación de la Constitución en 1917, reafirmando el artículo 3° de nuestra Constitución.
Es necesario, compañeras y compañeros diputados, destacar un hecho trascendental para la vida futura de la República: la educación.
Un hombre visionario como José Vasconcelos, pudo llevar a cabo esta tarea. Formaba parte de una generación de intelectuales a quienes mucho le debe la educación y la cultura de México. A este mexicano, que siendo Presidente Adolfo de la Huerta, fue Rector de la Universidad y creador del lema universitario "Por mi Raza Hablará el Espíritu", síntesis que en su definición, decía Vasconcelos, es una actitud de arte mexicano para contrarrestar las influencias del vecino del norte, no siempre bien asimiladas por nosotros.
Ya con el gobierno, Obregón fue el fundador, en 1921, de una de las Instituciones más importantes con las que cuenta nuestro país: la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En cuatro años al frente de la SEP, fue el gran impulsor de procurar la educación para todos los indígenas, campesinos, niños, niñas, jóvenes, etcétera, todos incluidos en un verdadero despliegue de imaginación, creatividad y conciencia de lo que significaba para la Nación y para la población todo ese esfuerzo.
A Vasconcelos, siguieron otros mexicanos que han honrado su ejemplo. Hombres como Narciso Ovasol (¿), Jaime Torres Bodet, Agustín Yánez, Jesús Reyes Heroles, entre otros, se suman a esta pléyade de personajes que han visto en la educación la plataforma fundamental para formar hombres y mujeres que luchen por su país, que defiendan la República, protejan la libertad y fortalezcan la democracia.
Por eso, la educación constituye en las democracias el basamento fundamental para hacer de la cosa pública la mejor manera de fortalecer el bienestar de la población y garantizar el desarrollo del país; sin embargo, pareciera que en México nos referimos a hechos históricos y empezamos a ver de manera preocupante que la educación no avanza y la calidad educativa no es la esperada y la equidad de género sigue siendo una asignatura pendiente.
En términos de indicadores, no se observan cambios importantes a partir del 2000. El nivel de analfabetismo se ubica en una tasa del 8.3 por ciento en población mayor a quince años; en cobertura educativa en rango de seis a catorce años, todavía existe poco en nuestro país de 2.5 millones de mexicanos que no asisten a la escuela no porque no quieran, sino porque la cobertura no alcanza.
Es cierto, hemos avanzado en educación. Hace casi seis décadas el promedio de educación no superaba el tercer año de primaria, con un nivel de analfabetismo de casi el 60 por ciento en la población de quince años en adelante. Sin embargo, nuestro reto hoy es el que sigue y sigue siendo enorme.
De acuerdo a datos del INEGI y de los anexos del V Informe Presidencial, el índice de analfabetismo es del 8.3 por ciento. Sin embargo, corresponde a las mujeres el 5.1 y a los hombres el 3.2. Si estimamos que son 7 millones de analfabetas, entonces existen en nuestro país casi 4.5 millones de mujeres de quince años en adelante que no saben leer ni escribir. Esta cifra no es para enorgullecer a cualquiera; es más, y en el último año de tan festejado gobierno del cambio.
Pero hay más todavía: en esta inequidad de género, por ejemplo, el nivel superior, 89 de cada 100 mujeres mexicanas mayores de dieciocho años no cuentan con un grado de educación superior; es decir, de cada 100 mujeres mexicanas, apenas 9 tienen cuando menos un grado de educación superior en postgrado, sólo 2 mil de cada mil (¿) Por eso es en educación superior.
Vayamos al número para medir en términos reales cuál es la verdadera situación de inequidad en que nos encontramos las mujeres. Alrededor del 48 por ciento de la población se ubica en lo que se llama el rezago educativo, correspondiendo a las mujeres el 28 y los hombres el 20. Es decir que de acuerdo al rango de quince años y más, algo así como 26 millones de mujeres y 19 de hombres, no terminaron siquiera la primaria.
No es un dato para la estadística, es un dato para reflexionar sobre la competitividad del empleo, la preparación, el desarrollo, la calidad humana y la defensa de los valores que tenemos como Nación.
Aún más. Se dice que han abatido a niveles nacionales de analfabetismo; es cierto también que el promedio de la educación ha crecido. También es cierto, sin embargo, en este desarrollo desigual y combinado en los primeros dos deciles de la población, es decir el 20 por ciento su promedio de educación no es mayor al tercer año de primaria; el cuarto y quinto decil al quinto de primaria. Es decir, que el 50% de la población de México no tiene ni siquiera un nivel de educación de 5o. de primaria y de ese 50% las mujeres representamos poco más del 30%.
Los indicadores no son para lamentarnos ni para nota mediática; son para la reflexión; para generar nuevas ideas, más imaginación para enfrentar estos retos donde las mujeres debemos luchar por una nueva cultura de género, donde siempre exijamos quedar incluidas.
La educación históricamente en nuestro país ha sido un asunto de Estado, en ese Estado estamos incluidas las mujeres. Tampoco es un asunto de moda, a las mujeres no nos interesan las ginecofilias hoy tan socorridas en un afán demagógico. Sí queremos formar parte de los grandes temas que interesan a la Nación; que interesan a la República, la educación es uno de esos temas compañeros.
Por lo anterior como diputada federal del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución General de la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es que vengo ante esta Honorable Asamblea, a presentar la siguiente:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 32 de la Ley General de Educación, adicionándole un último párrafo para quedar como sigue:
Artículo 31. Las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo; una mayor equidad educativa, así como el logro de una efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanencia de servicio educativos.
Dichas medidas estarán dirigidas de manera preferente a los grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales de desventaja.
Durante la aplicación de estas medidas las autoridades educativas deberán promover acciones necesarias para que permitan alcanzar la equidad de género que garanticen un desarrollo integral y combata la discriminación y fomente una cultura con perspectiva de género.
TRANSITORIO
UNICO. La siguiente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.
Le solicito diputado presidente que la presente iniciativa sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, de no haber sido publicada.
Es cuanto. Gracias.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Así será diputada.
Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El diputado Gonzalo Moreno Arevalo: Con su permiso diputado presidente:
Pongo a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios e Impugnación en Materia Electoral, atento a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En el pasado mes de abril el Tribunal Electoral del Distrito Federal, determinó no entrar a fondo al asunto relativo al recurso planteado por el Partido de la Revolución Democrática en contra de la resolución emitida por el Instituto Electoral del Distrito Federal, resultante de una denuncia presentada por el extinto Partido Alianza Social, en contra de la resolución del Instituto Electoral del Distrito Federal, que se negaba a sancionar el Secretario de Gobernación Santiago Creel Miranda, por rebasar los topes de campaña, pese que el dictamen de la comisión que fiscaliza los recursos de los partidos políticos, así lo determinaba.
Ello en razón de que supuestamente el Partido de la Revolución Democrática, no pudo acreditar el interés jurídico en dicha controversia, lo cual es una opinión o criterio que no es compartido, toda vez que si los partidos políticos son entes de interés público y la función que desempeñan por consecuencia también lo es del interés general, máxime en tratándose de cuestiones de fiscalización a los recursos que manejan los partidos y agrupaciones políticas, así como a sus candidatos.
Segundo.- Ha sido evidente el interés general manifestado por la sociedad en el sentido de trasparentar, justificar de manera satisfactoria qué es lo que hacen los institutos políticos con los recursos públicos que se les asigna, pero en especial el hecho de sus actuaciones sean honestas, justas, leales y transparentes que garanticen de manera efectiva el ejercicio de la democracia en México.
Sin embargo, las limitaciones de la ley y las redacciones laxas de la misma permiten en muchos de los casos que la justicia se vea limitada.
Tercero.- En tal virtud resulta claramente evidente la necesidad que existe actualmente de modificar la legislación para que se quede de manera clara el interés jurídico legal en su caso difuso, que poseen todas las instituciones políticas en el ámbito de la pluralidad y las vigilancias mutuas que se deben de ejercer y que contemplan la norma en el actual sistema de partidos a razón de lo cual si bien es verdad que el propio artículo 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que un partido político, aportando elementos de prueba pueda pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos o de alguna agrupación política cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.
También resulta ser cierto que este concepto o facultad es limitativo por el hecho de no contemplar también a sus candidatos, pero además que para efectos de la legitimación ante una eventual negativa infundada de los órganos electorales de conocer o de obrar en consecuencia en estricto apego a la norma, esta acción u omisión no pueda ser impugnada por los demás actores políticos en la instancia judicial ante lo contemplado por el artículo 13 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual literalmente dice lo siguiente:
"La presentación de los medios de impugnación corresponde:
a).- A los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos los registrados formalmente ante el órgano electoral responsable cuando éste haya dictado el acto o resolución impugnados. En este caso sólo podrán actuar ante el órgano del cual estén acreditados.
2.- Los miembros de los comités nacionales estatales, distritales, municipales o sus equivalentes según corresponda en este caso, deberán acreditar su personería (sic) con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos, partido y
Tercero.- Los que tengan las facultades de representación conforme a estatutos o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultado para ello.
b).- Los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho, sin que sea admisible representación alguna los candidatos deberán acompañar el original o copia certificada del documento en el que conste su registro y las organizaciones o agrupaciones políticas o de ciudadanos a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable".
Lo anterior es "Y no establece una limitación clara respecto de lo que el impugnante en las instancias subsecuentes debe acreditar su interés legítimo por ser parte del principio en la controversia, tampoco da la facultad de hacerlo conforme a los criterios que establece el tribunal electoral por lo que se precisa especificar que en ciertos casos en los cuales se discutan cuestiones de interés social general, puedan ser proseguidos por los demás entes políticos en razón de preservar su interés general, que no es exclusivo de algún partido o agrupación política, o en su caso candidato ciudadano en lo específico".
Por lo anteriormente expuesto, someto respetuosamente a la elevada consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 13 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para quedar de la siguiente forma:
"Artículo Único.- Se reforman los artículos 40 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y 13 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral".
El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el artículo 40, queda de la siguiente forma:
1.- Un partido político, agrupación política o candidato aportando elementos de prueba, podrá pedir al Consejo General del Instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos, de una agrupación política o un candidato cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática.
La Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el artículo 13, la presentación de los medios de impugnación corresponde a:
Tratándose de asuntos en los cuales impliquen intereses generales como la fiscalización a los partidos políticos o el incumplimiento de las obligaciones legales en el ámbito de las campañas políticas, cualquier partido político, agrupación política o candidato podrá proseguir los juicios y recursos legales, teniéndoles por acreditado el interés legal y jurídico aun cuando no fueren parte en primera instancia.
Transitorios.
Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en el Palacio de San Lázaro a los 20 días del mes de septiembre del 2005.
Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Muchas gracias, diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Derechos Humanos.
Señoras y señores legisladores: esta presidencia acaba de recibir oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite minuta proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 28 al 30 de septiembre de 2005 a efecto de que realice una visita de trabajo a las ciudades de Vancouver, provincia de Columbia Británica, y Calgary, provincia de Alberta, Canadá, por lo que esta presidencia turna la minuta a la Comisión de Relaciones Exteriores.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los siguientes dictámenes:
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 5 del capítulo II denominado "de los derechos", a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Economía, con proyecto de decreto que adiciona el segundo párrafo de la fracción III del artículo 12 del Código de Comercio.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley General de Educación
De la Comisión de Salud con proyecto… Sí, diputado Wintilo Vega.
El diputado Wintilo Vega (Desde la curul): El dictamen que acaba de dar como primera lectura de la Comisión de Hacienda y que tiene que ver con asuntos educativos y el Impuesto al Valor Agregado es un dictamen que surgió sin que hubiera sesionado la Comisión de Hacienda.
Me gustaría que le preguntara al presidente de la Comisión si sesionó la Comisión porque inclusive no lo manda el presidente de esa Comisión. Lo turnó otro diputado, no el diputado presidente de esa Comisión.
Le pediría que hicieran la rectificación con el presidente de la Comisión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo Vega, está el día de hoy el dictamen publicado en la Gaceta Parlamentaria. Entiendo que en la sesión de la Mesa Directiva del próximo jueves tendremos que abordar el asunto, de tal suerte de ver y de verificar, en caso de que exista alguna anormalidad o ilegalidad en la entrega de este dictamen, poderlo regresar a la Comisión para que se resarza dicha ilegalidad.
El diputado Wintilo Vega (Desde la curul): Es que si da usted por hecho la primera lectura, ya no puede resarcir el trámite parlamentario. No creo que haya ningún inconveniente en que se esperara a verificar si sesionó la Comisión de Hacienda. No pasaría nada y el jueves en la reunión de la directiva sea el trámite.
Pero si no, estaría usted dando por válido un dictamen donde no hubo sesión de la Comisión.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Diputado Wintilo, no creo que sea el argumento. Más bien sería el deseo de esta presidencia de atender la petición de un vicecordinador de un grupo parlamentario que pertenece a la Junta de Coordinación Política.
Tengo en mis manos el dictamen y tiene 19 firmas, 23 firmas. Pudiese ser que esta presidencia lo diese por válido. Sin embargo, basta la petición de un grupo parlamentario para que lo retiremos del listado de las primeras lecturas.
Con ese argumento es que esta presidencia retira ese dictamen de la primera lectura.
Sonido en la curul de la diputada Tatiana Clouthier.
La diputada Tatiana Clouthier (desde su curul): Sumándome al comentario que hace el diputado Wintilo Vega, yo quisiera comentar que aquí viene una reforma que se propone a la Ley de Educación, artículo 57 en el mismo dictamen, y no fue turnada ni considerada en la Comisión de Educación. Yo pediría que se considerara el darle turno a la parte que le compete a la Comisión de Educación, por favor.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Luego entonces esta Presidencia retira del orden del día de esta sesión dentro de los dictámenes a listarse como de primera lectura, éste que ha ocasionado la petición del diputado Wintilo Vega y que usted secunda.
La diputada Tatiana Clouthier Carrillo (desde su curul): Preguntaría con esto si con esto estoy dando por entendido que se daría trámite también para que la Comisión de Educación pudiera tener parte o la parte que le corresponde al dictamen.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Retirándolo del listado de la primera lectura, revisaremos que ese dictamen, en cuanto nos llegue, venga por los conductos legales previstos y que sea de ambas comisiones, como fue turnado originalmente.
De la Comisión de Salud con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Con proyecto de decreto que reforma los artículos 234, 245 y 254 bis y deroga el artículo 252 de la Ley General de alud.
Con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alonso Fabriciano Gómez Sanz, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario del Reino de España en la ciudad de Morelia, con circunscripción en el estado de Michoacán.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Roque Orduña, Gabriela Ramírez González, Mariana Hernández Esperanza, Noé Saúl Tejeda Colín, Eduardo Aguilar Santuario y Jacinto Solís Robles, para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada y consulado de los Estados Unidos de América y en la embajada del Japón en México, respectivamente.
Con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Alfonso Sandoval Escobar, Moisés Martínez Sandoval y Ricardo Segura Ponce de León, para prestar servicios de carácter administrativo en la embajada y consulado de los Estados Unidos de América y en la embajada de Australia en México.
Publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Salvo el dictamen que ya comentamos y que retiramos del listado de Primera Lectura, los demás son de Primera Lectura.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta a la asamblea con el orden del día de la próxima sesión.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres:
Da lectura al orden del día de la próxima sesión
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda con todo afecto y respeto a la abogada María de los Angeles Fromow. Sea usted bienvenida.
Se ruega a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por seis minutos para verificar la asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 de Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.
Se toma el registro de asistencia.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Señor Presidente, hay una asistencia de 389 diputadas y diputados.
El Presidente diputado Francisco Arroyo Vieyra (A las 16:03 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá verificativo el jueves veintidós de septiembre a las diez horas. Se les informa que el sistema electrónico estará abierto dos horas antes.