La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se solicita a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los y las diputadas y diputados.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 343 diputadas y diputados; por lo tanto, hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 11:28 horas): Se abre la sesión.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica, se consulta a la Asamblea si es de dispensarse la lectura al orden del día.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura el acta de la sesión anterior.
Se solicita a la Secretaría consulte a la Asamblea si se dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si es de dispensarse la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la Afirmativa, diputada Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.
Se solicita a la Secretaría continuar con los comunicados de los Congresos de los Estados.
La Secretaría diputada Patricia Garduño Morales: Comunicaciones de los Congresos de los Estados.
(Del Congreso del estado de Chihuahua, que remite dos contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Del Congreso de Chihuahua, por el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la comisión correspondiente para su conocimiento.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Solicitud de licencia del diputado Roberto Colín Gamboa)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Está a discusión el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia al diputado Roberto Colín Gamboa para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el décimo distrito del Distrito Federal, del 4 al 7 de abril del presente año.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Solicitud de licencia del diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la secretaria poner a discusión los puntos de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Están a discusión los siguientes:
PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco, para separarse de sus funciones como diputado federal, electo en la tercera circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.
SEGUNDO. Llámese al suplente.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputado presidente.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobados. Comuníquense.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrante de Mesa Directiva de Comisión.)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de comisión)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política, en relación a cambio de integrante de comisión)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política: (Para la integración de la diputada Patricia Flores Fuentes en la Comisión de Equidad y Género)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política: (Para la integración de la diputada María del Carmen Mendoza Flores, diputado Francisco Javier Landero Gutiérrez y el diputado Tomás Trueba Gracían, en la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento al Manejo y Destino de los Recursos entregados al Fideicomiso F/9645-2 de las empresas mineras)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado.
Continuar con proposiciones de acuerdo de los órganos de gobierno de la Junta de Coordinación Política.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Acuerdo de la Junta de Coordinación Política: (Por el que se integra la delegación de la Cámara de Diputados en la II Reunión Interparlamentaria Brasil-México durante los días 17 y 18 de abril de 2006 en Brasilia, Brasil)
En votación económica se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.
Los ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.
Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política: (Por el que se modifica el resolutivo segundo del Acuerdo de la Cámara de Diputados LIX Legislatura, para la integración de la Sección Instructora)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momento secretaria. Por favor sonido en la curul del diputado Armando Neyra.
El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): Compañera presidenta. Con el permiso del compañero diputado Pablo Gómez, coordinador de la Junta de Coordinación Política y de quienes más la integran, yo quiero pedir rectificación del quórum porque al interior de la bancada de nuestro partido, tenemos una discusión muy fuerte que probablemente nos lleve todo el día y toda la noche.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Quiere usted que haya rectificación de quórum?
El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): Sí, para que si no hay quórum, suspenda usted la sesión porque no es correcto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En este momento sí hay quórum. En este momento además aquí está registrado. No hemos terminado en este momento, diputado Armando Neyra, está aquí a ojos de todos que tenemos 377 diputados registrados.
En el momento en que cerremos el registro de asistencia, revisaremos su petición. En este momento hay que continuar la sesión.
Continúe la secretaría por favor.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo: (Votación) Gracias.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Junta de Coordinación Política: (Por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Fiscalía Especial para la atención de Delitos contra Periodistas, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal para que en el ámbito de sus competencias den seguimiento y garanticen los derechos constitucionales de los trabajadores del periódico "La Crónica de Hoy")
El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): Señora presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito por favor. Sí, diputado Armando Neyra.
El diputado Armando Neyra Chávez (desde la curul): Cierre ya. Ya pasó el tiempo. Me está usted violando mi derecho. Todo mundo cuando pide rectificación de quórum, inmediatamente se lo dan sin importar el seguimiento de la sesión.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Diputado Armando Neyra, es hasta que esta presidencia instruya el cierre del sistema electrónico. Ahorita todavía no se ha cerrado. En el momento en que lo cerremos y se vuelva a pedir rectificación de quórum, en ese momento atenderemos su petición.
En este momento, señor diputado, está abierto el sistema electrónico de asistencia. Favor de continuar.
Un momentito. También el diputado Agustín Rodríguez.
El diputado Agustín Rodríguez (desde la curul): Diputada presidenta, muy buenos días. Yo creo que la solicitud que hace el diputado Neyra la hace en los términos del propio Reglamento de funcionamiento. Sin embargo, no es justificación la que está ahora argumentando para que se insista, de manera reiterada.
Le pedimos al diputado Neyra que respete al pleno de la Cámara y que permita que sesione. El asunto de partido que lo resuelva en su partido. Aquí es el pleno de la Cámara de Diputados y pedimos que se sesione en los términos en que se ha venido sesionando hasta ahora.
El diputado Armando Neyra (desde la curul): No se puede sesionar porque no hay mayoría. Entonces rectifique el quórum y si hay mayoría seguimos.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En este momento, le reitero, diputado Armando Neyra, no se ha cerrado el sistema electrónico y el tablero nos registra que tenemos 380 diputados registrados. Por lo tanto, tenemos quórum y habremos de continuar hasta cerrar el sistema electrónico de asistencia, que es una facultad de esta presidencia. Continúe.
El diputado Armando Neyra (desde la curul): Estamos 120 diputados.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En este momento tenemos 380 registrados, señor. Continúe la secretaría.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a punto de acuerdo sobre el periódico La crónica hoy).
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tenemos solicitudes para hablar a favor de este tema al diputado Luis Antonio González Roldán y al diputado Manuel Pérez Cárdenas. En consecuencia, tiene el uso de la voz el diputado Luis Antonio González Roldán, del Verde Ecologista.
Sí diputado Neyra.
El diputado Armando Neyra (desde la curul): Solicitaría que se lea el artículo 2 de acuerdos sobre asistencia, a ver si me convence.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Que lea la secretaría el artículo 2.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la presidencia se procede a la lectura del artículo 2 relativo al registro de asistencia inicial y final, así como de los retardos.
"Artículo 2. Las diputadas y diputados federales registrarán su asistencia inicial y final a través del sistema parlamentario de asistencia, votación y audioautomatizado.
"Para el inicio de la sesión, el sistema se instalará 90 minutos antes de la hora prevista y se cerrará a la hora en que la sesión ha sido citada, previa instrucción del presidente de la mesa directiva.
"Las diputadas y diputados que por cualquier causa no registren oportunamente su asistencia inicial como lo establece el párrafo anterior, podrán hacerlo ante la secretaría de la mesa directiva la que, a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, les proporcionará las cédulas para el efecto hasta 15 minutos después de cerrado el sistema parlamentario de asistencia, votación y audioautomatizado. Después de esta hora ningún registro de asistencia inicial será posible.
"Inmediatamente antes de que se levante la sesión la presidencia de la mesa directiva instruirá la apertura del sistema parlamentario de asistencia, votación y audioautomatizado para que las diputadas y diputados registren su asistencia final".
Cumplida la instrucción.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, el sistema electrónico de asistencia se cierra en el momento en que quien está presidiendo lo decide.
Por lo tanto continúe y en este momento tiene el uso de la palabra el diputado Luis Antonio González Roldán, para hablar a favor del punto de acuerdo de los derechos constitucionales de los trabajadores del periódico La Crónica de Hoy.
El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La libertad de prensa es la llave de acceso para el mantenimiento de los derechos civiles, así como es un indicador del grado de compromiso democrático de los actores políticos. En otras palabras, y como algunos refieren, dime cuánta libertad de expresión hay y te diré qué tan buen gobierno eres.
El día de hoy quien se opone a la libertad de expresión y por ende a la libertad de prensa, es un loco lleno de furia y carente de sentido. Hoy no debemos dar marcha atrás a los derechos que hemos conseguido ni tampoco debemos poner en riesgo nuestra libertad y dignidad para estar a modo con alguien.
El Partido Verde Ecologista de México, se suma a la amplia protesta de rechazo para condenar a quienes atentaron contra el periódico La Crónica, el pasado 15 de marzo y quienes utilizan la presión política y violentan para eliminar la libertad de expresión y los valores democráticos de nuestra sociedad, como lo sucedido también el pasado miércoles 28 de marzo donde fueron detenidos dos periodistas de este medio y tratados como delincuentes en la Delegación Álvaro Obregón.
Recordemos que no es la primera vez que esto sucede. Este diario ha sido sujeto de innumerables presiones por las opiniones que emite, como la u sucedió el 6 de octubre de 2004, cuando fue atacada la versión electrónica de este periódico o cuando a los reporteros de Crónica se les impedía el acceso a las conferencias mañaneras del ex Jefe de Gobierno del Distrito Federal y actual candidato a la Presidencia de la República por el Partido de la Revolución Democrática.
No es un lujo en las democracias decidir qué retórica se debe tolerar y cuál no. Por el contrario, es un valor de la democracia el permitir y respetar la divergencia de ideas.
No imitemos a Venezuela, donde la falta de democracia ha sido un caldo de cultivo para eliminar la libertad de expresión y reprimir a los que no piensan como lo dicta el régimen. Tampoco pensemos que la compra de medios y de reporteros, así como la manipulación y la distorsión de la realidad, es una forma de libertad de expresión.
Hoy la prensa mexicana es tan variada como diversificada; es la sociedad misma.
En México, como en toda sociedad democrática, la prensa debe informar libremente sobre las acciones de gobierno y ponderar o criticar su pertinencia, así como orientar a los ciudadanos en la formación de su opinión y en el mejor ejercicio de sus derechos.
No retrocedamos a los principios y valores de nuestra joven democracia ni permitamos que algún gobierno local o unos cuantos poderosos violen la observancia del mandato constitucional que garantiza el derecho a la información. Si solapamos estos atropellos a las garantías contenidas en la Constitución, sepultaremos de la misma forma a nuestro país, porque no hay medios malos para fines buenos y porque hoy ya no se puede amedrentar a la prensa crítica ni a los ciudadanos que piensan diferente, y pretender al mismo tiempo tener un gobierno para el bien de todos.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado González Roldán.
También ha solicitado el uso de la palabra nuestra compañera diputada Beatriz Mójica Morga, pero anteriormente la había solicitado el diputado Manuel Pérez Cárdenas, que tiene el uso de la tribuna, por el Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Pérez Cárdenas: Gracias Presidenta.
La libertad es el sustento de la democracia. Sin libertad cualquier proclama de democracia es simple engaño y demagogia.
Entre las piezas que la integran hay algunas de naturaleza extraordinaria, como el libre pensamiento, la libertad de prensa y la libre expresión. Sin el ejercicio de estas libertades ninguna sociedad puede llamarse libre y democrática y, por le contrario, vive cautiva de un estado autoritario y totalitario.
Avanzar en la construcción de estas libertades ha costado a nuestra sociedad sangre, sudor y lágrimas, como dijera Churchill. Hoy México puede presumir orgullosamente que goza de una libertad de expresión y de prensa como nunca antes.
El pasado 7 de marzo un diario de circulación nacional, "La Crónica de Hoy", inició una serie de publicaciones producto de una investigación periodística que descubrió la participación de células bolivarianas en la campaña de Andrés Manuel López Obrador. No habían concluido cuando comenzó una arremetida desde el interior y el extranjero en contra de "La Crónica".
El 15 de marzo más de 300 personas identificadas abiertamente con las organizaciones Pancho Villa y Movimiento Bolivariano de los Pueblos de México, violaron las instalaciones de "La Crónica" y amenazaron a su personal, ofreciendo castigo a quienes han hecho pública la existencia de células bolivarianas en la campaña de López Obrador.
El miércoles 28 a Airamsol (?) Martínez y Nicolás Tavira, periodistas profesionales de "La Crónica", fueron detenidos y tratados como delincuentes en la Delegación Álvaro Obregón, por haber informado que un asambleísta del PRD rompió los sellos de clausura que colocó la delegación y sin importarle tal restricción todavía construyó un piso más a su residencia.
Un día antes, Airamsol había sido avisada por funcionarios delegacionales, que serían colocados nuevamente los sellos de clausura quitados por el diputado y la invitaron a acompañarlos. Ella llevó al fotógrafo Tavira.
Ya en el lugar, cuando los periodistas hacían su trabajo, apareció la hija del diputado Hernández Nava y llamó a sus vecinos, aparecieron unos diez y a los pocos minutos llegaron 3 patrullas cuyos oficiales detuvieron a Airamsol y a Nicolás, acusándolos de allanamiento.
Colegas diputados: Es hora de detener esta escalada de ataques a la labor periodística, de ataques a un medio de información que ejerce las libertades de expresión y de prensa, independientemente de que guste o no lo que ahí se publica.
La Sociedad Interamericana de Prensa, reunida en Quito, manifestó ante los hechos de violencia contra "La Crónica", que esta misma estrategia de intimidación es la que practica Hugo Chávez, contra la prensa independiente. Las autoridades federales y locales tienen la obligación de garantizar el ejercicio de estas libertades y de cuidar y dar garantías a la integridad de quienes en ello laboran.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe intervenir para recomendar a las autoridades que garanticen precisamente esos derechos.
Por lo anterior, quiero decirle, señora Presidenta, que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, no solamente apoya este punto de acuerdo, sino que lo considera por supuesto de obvia y urgente resolución.
Es cuanto. Gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Pérez Cárdenas.
Tiene el uso de la palabra nuestra compañera Beatriz Mojica Morga, representante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Beatriz Mójica Morga: Gracias, señora Presidenta.
Hemos insistido aquí desde esta tribuna, el grupo de trabajo que da seguimiento a agresiones a periodistas y medios de comunicación, que este asunto de agresiones a periodistas que ahora está el caso de "Crónica", no es un asunto aislado, se está dando a lo largo y ancho del país, no es un asunto de colores partidistas, todos los gobiernos panistas, el PAN, todos, tienen casos de periodistas agredidos; esto nos tiene que poner luces rojas para atender la problemática que se está dando a lo largo y ancho del país.
22 periodistas asesinados en este sexenio, ni uno solo de ellos resuelto. Hemos insistido a la PGR que resuelva los asesinatos de periodistas, que resuelva las agresiones de periodistas, las agresiones a medios de comunicación, como la del periódico de "El Mañana" de Nuevo Laredo, y ahora qué es lo que está pasando con "Crónica".
Hemos insistido en esto y hemos insistido en que despoliticemos el tema, porque está permeado en la estructura y tenemos que combatirla de alguna manera, desde esta Legislatura, a base de legislación. Tenemos los casos muy graves de Martha Sahagún demandando al periódico "Proceso" y demandando a la periodista Olga Wornat y un juez resolviendo este asunto sin elementos que consideramos jurídicos, sin tomar en cuenta las pruebas de defensa.
Estamos a favor del punto de acuerdo de que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía Especializada de la Procuraduría, que de seguimiento a este tema del periódico "Crónica", porque efectivamente no podemos en estos momentos, en pleno Siglo XXI permitir agresiones a periodistas y, por tanto, coartar la libertad de expresión en nuestro país.
Tenemos casos, muchísimos casos, Mario Marín, de Puebla, que se sigue burlando de la sociedad mexicana, y quiero hacer un llamado desde esta tribuna también, para que se revisen los juicios políticos aquí, en la Cámara de Diputados, a la Procuraduría para que revise el caso, porque es una burla y un atentado a la libertad de expresión lo que el gobernador de Puebla y demás funcionarios hicieron contra la periodista Lydia Cacho.
Estos son algunos casos, hay muchos más, en cada uno de los estados de la república, en leyes mordaza, en fin, es una serie de cosas que tenemos que analizar y tenemos que manifestarnos en cada una de ellas.
Por eso estamos a favor del Punto de Acuerdo, pero si quisiéramos poner en esta Mesa el asunto de que el problema es mucho más grave de lo que está pasando en la Ciudad de México y tenemos que ir al fondo de todos ellos, y no podemos de ninguna manera ver que el Ejecutivo federal tampoco tener un respaldo que da a la señora Martha Sahagún hacia sus hijos, en el caso de la revista "Proceso" y de Olga Wornat.
Tenemos que revisar todo esto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana Tena representante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Efectivamente existen casos de agresiones a columnistas, reporteros y representantes de medios de comunicación en prácticamente en todos los estados de la república, incluyendo a los estados que gobierna el Partido Acción Nacional, el PRI y el Partido Verde Ecologista.
Lo que nunca se había visto, es que militantes de un partido político en el gobierno local, agredieran a un medio de comunicación, le tendieran una trampa a sus reportes, y al grito de "Obrador", "Obrador", apedrearan sus edificios y oficinas. Es algo inédito en la historia de nuestro país y los responsables deben pagar las consecuencias al nivel que lleguen.
Ha quedado de manifiesto, una vez más, que la camarilla que gobierna a la Ciudad de México, sólo respeta la libertad de expresión mientras no se atrevan a criticarlos, estos hechos nos dejan en claro que todo aquel que pretenda publicar algo en contra de los gobernantes y legisladores perredistas del Distrito Federal, pueden sufrir las consecuencias del uso faccioso de la fuerza pública o ser amedrentados.
Ese es el verdadero rostro de quienes hoy aspiran a gobernar nuestro país por parte del PRD, el rostro de la cobardía, de la intolerancia contra la crítica, de la violación al estado de derecho para sus conveniencias, de la manipulación y mal uso de las instituciones públicas para su beneficio.
Que nadie se atreva a pensar diferente de nosotros, porque de menos serán calificados de "chchalacas", aprendido de ser necesario. Ese es el mensaje que da a los habitantes del país el candidato del Partido de la Revolución Democrática, y sus huestes que a gritos de "Obrador", "Obrador", intentaron tomar el periódico "Crónica".
La denuncia que hoy hacemos y nos sumamos a través de este instrumento, no es cosa menor, pues de confirmarse el apoyo del gobierno de Venezuela en la campaña de López Obrador, no es excesivo pensar que este candidato pretenda silenciar permanentemente a todos aquellos que se atreven a criticarlo, tal y como lo ha hecho su amigo, Hugo Chávez de Venezuela, al iniciar una percepción política en contra de la prensa libre, tal como lo hace López Obrador, cuando dice: "cállate chachalaca", y tal como lo hace el gobierno del Distrito Federal y los grupos de presión perredista, como los Panchos Villa hoy en contra del periódico "Crónica"
Ante tal dezlenable actitud de los gobernantes perredistas y sus huestes en la Ciudad de México, esta soberanía debe condenar el hostigamiento a los periodistas y debe de alentar el respeto irrestricto de la libertad de expresión garantizada en nuestra Carta Magna.
Por ello, no está de más decirles a aquellos periodistas que se atrevan a criticar los malos gobiernos del PRD, que abanderamos con gallardía y convicción la lucha por la justicia y la verdad, nunca habrá poder político que los amedentre, porque parafraseando a Pacheco, periodista venezolana, perseguida por el gobierno autoritario de Hugo Chávez, la presión de cualquier periodista es la de toda la ciudadanía y de la misma democracia.
Es cuanto diputada Presidenta. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para hechos tiene el uso de la palabra el diputado Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís: Gracias Presidenta.
El diputado Triana ha sido comisionado o lo hace por su propia voluntad, para venir aquí a denostar...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito don Iván, por favor.
Dígame. Guillermo del Valle, sonido a la curul
El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde la curul): Gracias señora Presidenta. Solamente para solicitar rectificación de quórum, por favor.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Todavía no está cerrado el sistema electrónico y tenemos registrados, diputado, 396. Hay quórum y de aquí se puede ver, por lo tanto siga, diputado Iván García Solís.
El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde la curul): Reitero la verificación de quórum. Tengo duda.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Yo reitero mi contestación diputado; no se ha cerrado el sistema electrónico de asistencia y tenemos registrados 396 diputados, por lo tanto hay quórum.
El diputado Guillermo del Valle Reyes (desde la curul): No hay quórum evidente, solicito la rectificación. Es evidente la falta de diputados.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Es facultad de esta Presidencia definirlo. Está abierto el sistema de votación electrónico, no se ha cerrado y por lo tanto tenemos registrados 396.
Adelante diputado Iván García Solís.
El diputado Iván García Solís: Gracias Presidenta.
Nos encontramos en una situación...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito.
El diputado Pablo Pavón Vinales (desde la curul): Señora Presidenta. Hay acuerdos que han tomado las fracciones parlamentarias y aquí en el pleno de esta Cámara se informó la decisión de que el tablero electrónico se cerraría 20 minutos después de iniciada la sesión. Lea usted el Reglamento y respételo. Está usted obligada a respetarlo señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia también tiene la obligación de velar por los intereses de la Cámara, por lo tanto en este momento no se ha instruido el cierre del sistema electrónico de asistencia y habremos de continuar.
Yo le ruego al diputado Neira que nos espere; hay tres puntos que habremos de avanzar en ese sentido. Le ruego por favor que no vamos a cerrar el sistema electrónico de asistencia, por lo tanto diputado García Solís, favor de continuar.
El diputado Iván García Solís: Gracias. Gracias Presidenta.
El diputado Guillermo del Valle Reyes(desde la curul): Señora Presidenta, quiero dejar evidencia de que estamos sesionando sin quórum.
El diputado Iván García Solís: Compañeras y compañeros legisladores: Nuevamente el diputado Triana, de manera espontánea o por encargo juega el papel de provocador contra el Partido de la Revolución Democrática.
Debe considerarse que la situación política en que se encuentra su grupo partidista no es buena; es una situación comprometida; es una situación difícil porque es un grupo que defiende sin eficacia, por cierto, a un Gobierno que se ha caracterizado por la violación sistemática de la ley; es un Gobierno que ha dado ejemplo del nepotismo en una proporción no vista antes en este país; es un Gobierno que habiendo prometido el cambio, constituyó una especie de corte monárquica, haciendo una remembranza de las peores etapas monárquicas de este país; es un Gobierno en suma, cuyo desprestigio es creciente y es un Gobierno que desde luego está sufriendo –y qué bueno- las consecuencias de haber ofrecido ante la ciudadanía un país mejor y que está demostrando no sólo su incapacidad, sino también defectos muy graves que vimos aquí durante décadas, y que en vez de ser superados han sido profundizados. De manera diputado Triana, que usted viene aquí a hacer calificativos injustos, insustanciales, indefendibles, contra un Gobierno que está avanzando, contra un Gobierno exitoso; contra un Gobierno que ha tenido el respaldo creciente de la ciudadanía, pero además lo hace de manera completamente torpe, porque lo hace en un momento en que nuestro grupo parlamentario se une, se une a la propuesta de investigar aquellas agresiones o posibles agresiones contra órganos de difusión.
En resumen, diputado Triana, los hechos demuestran que es un provocador o inducido o por su propia voluntad, en ambos casos, muy poco constructivo para un Congreso como es éste.
Muchas gracias.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): ¡Señora Presidenta!
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Sí, diputado Triana? Gracias diputado García Solís.
El diputado Jorge Triana Tena (desde la curul): Para alusiones personales.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para alusiones personales tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Triana Tena.
El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia.
En algo tenemos que coincidir. Aquí ha hecho uso de la tribuna un legislador que no sabemos si de forma espontánea o por encargo de Hugo Chávez viene a defender lo indefendible.
Eso es un hecho y sería bueno que se nos aclarara, porque no se trata de un Gobierno, no se trata de un Gobierno democrático que ha abierto los espacios de expresión a las ideas distintas a las que tienen sus gobernantes, por el contrario, y lo saben, se trata de un gobierno faccioso que a diestra y siniestra ha tratado de pulverizar a las oposiciones; prueba de ello es la actitud del grupo parlamentario del PRD en la Asamblea Legislativa, mayoriteando y atracando las votaciones una tras otra al antojo del exJefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador.
Prueba de ello también son las amenazas que consignaron en su momento varios locutores y periodistas de la empresa Radio Fórmula por haber osado criticar a Andrés Manuel López Obrador; lo mismo sucedió con algunos columnistas del periódico El Universal, no es la primera vez que el Gobierno perredista de la Ciudad de México, intenta callar las voces de quienes piensan distinto a ellos y más aún, no ha habido el más mínimo respeto a la pluralidad de ideas en la Ciudad de México, en esta experiencia fastuosa que tenemos de un gobierno perredista.
Cualquier intento por pintar una barda en alguna colonia donde exista una red de círculo bejaranista o bolivariano, hoy día, es blanqueada de inmediato por algún simpatizante de Andrés Manuel López Obrador.
Jamás en lo que va de los gobiernos perredistas en la Ciudad de México, ha habido la entrada a la apertura, al diálogo, una reunión con la dirigencia de algún partido político que no sea el Partido de la Revolución Democrática. Y esas, compañeros legisladores, no son prácticas que se habían dado en el pasado en nuestro país, por lo menos en los últimos 20 ó 30 años.
Estas son prácticas que se dan hoy día pero en Venezuela. Entonces, que el Partido de la Revolución Democrática nos diga de una vez quién coordina la campaña de López Obrador: Manuel Camacho Solís, René Bejarano, Ortega o Hugo Chávez desde Venezuela.
Ese es el asunto de fondo, eso es lo que nos tienen que aclarar, ese es el punto que tienen que abrir; por qué, si no tienen nada que ver con el Gobierno de aquél país, por qué si nos hay círculos bolivarianos infiltrados en nuestro país a favor de Andrés Manuel López Obrador, por qué, ¿por qué? Quisiéramos saber nosotros, ¿por qué actúan igual que el gobierno de Venezuela?
En alguna ocasión, en alguna ocasión el diputado Jorge Kahwagi me comentaba sobre la existencia de los círculos bolivarianos y tuvimos dudas al respecto; sin embargo, hoy día no nos queda la menor duda, existe una similitud de ideas y de acciones, tal cual como sucede en Venezuela, hoy día vienen a tomar instalaciones de periódicos y de medios de comunicación.
Si así resultan hoy que no son gobierno, qué podemos esperar mañana si es que llega a cuajarse esta nefasta idea.
Es cuanto, diputada Presidenta.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Presidenta, para alusiones personales.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra por alusiones personales, el diputado García Solís.
El diputado Jorge Kahwagi Macari (desde la curul): ¡Presidenta!
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: ¿Sí, diputado Kahwagi?
Sonido a la curul del diputado Kahwagi.
El diputado Iván García Solís:¡Vaya! Vaya con este diputado...
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A ver, un momentito, diputado.
El diputado Kahwagi.
El diputado Jorge Kahwagi Macari (desde la curul): Sí, también para pasar por alusiones personales.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Inmediatamente después del diputado García Solís, tendrá usted el uso de la palabra, diputado Kahwagi.
El diputado Iván García Solís: Ya no sabemos entonces si este diputado actúa por encargo o por obsesión, pero lo que dice es cada vez más irracional.
Diputado Triana, usted dice que esta ciudad, es una ciudad cerrada al dialogo; usted dice que esta ciudad, es una ciudad antidemocrática, que el grupo parlamentario del PRD en la Asamblea lo es. ¡Oiga!, diputado, tome usted en cuenta, como funciona esta ciudad, ciudad abierta, ciudad de discusión, ciudad de la cultura y compare usted con sus gobiernos, ¡por favor!
Por favor, ¡fíjese!, lo que ocurre en Jalisco, en Jalisco, desee usted cuenta, de qué es, justamente un gobierno pro fascista, está en nuestro limites ¡eh!. El gobierno de Jalisco, el gobierno de Jalisco represor. Compare usted, la actitud del gobierno de Jalisco, con la actitud que ha tenido el gobierno de la ciudad de México, con el objeto, con el objeto de mantener las libertades ciudadanas y al mismo tiempo garantizar la vida de esta ciudad.
Tome usted en cuenta, tome usted en cuenta, de qué manera sensata, de qué manera responsable, el gobierno de la ciudad de México, ha enfrentado las protestas públicas; la mayor parte de las cuales tienen un origen causado por problemas federales y por ineficiencia, por falta de respuesta de las entidades federales, que debieran resolver esos problemas y que por ello, constantemente provocan protestas legítimas reconocidas y reconocibles y que el gobierno de la ciudad de México, trata de manera democrática.
De manera que todos sus adjetivos, su irritación, su molestia, lo único que puede revelar es, un estado de ánimo declinante, un estado de ánimo que corresponde con la imposibilidad de que convenzan a la ciudadanía de aquí y de fuera, que ustedes son opción real, que no han podido hacerla, no han podido serla en el país y que entonces, lo que no pueden allá, quieren reclamarlo para una ciudad que está en pleno desarrollo.
Termino diciéndole, diputado Triana, ponga más atención en lo que hace su partido, lo que hacen sus gobiernos. Revise Jalisco, revise Guanajuato, revise esos estados, sino de excepción, por lo menos de oscurantismo latente y reconozca que la ciudad de México, es la ciudad de la discusión, de la protesta y del reconocimiento, como aquí lo hacemos como grupo parlamentario, para que se investigue, sin ninguna sombra de sospecha ni de duda previa, de todo aquello que pueda representar una limitación a la libertad de prensa.
Estamos por esa libertad y esperemos que ustedes lo estén también, en los próximos puntos de acuerdo que reclamaremos para la actitud limitativa, limitativa y actitud antidemocrática que ustedes representan.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado García Solís.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Kahwagi, representante del grupo parlamentario el Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari: Con su venía de la Presidencia. Compañeras y compañeros:
Una vez más, estamos aquí constatando la intolerancia del Partido del PRD; una vez más nos damos cuenta, que en lugar de estarnos dando cuenta de que se están atacando la libertad de expresión, se ponen a atacar otros gobiernos y con ese pretexto, con el pretexto de decir, que si hay violaciones en otros estados, pues está muy bien que haya una violación a un medio de comunicación, que ha sido abiertamente atacado por pensar diferente en algunas ocasiones, de lo que a ustedes les gustaría.
Me parece incongruente para un legislador, el defender que se vaya a apedrear a un medio de comunicación, que se aprehendan a algunos periodistas que están cumpliendo con su deber y el decir, que está siendo enviado a alguien por estar defendiendo los derechos de un ciudadano, eso sí me parece intolerante, me parece completamente fuera de una democracia. La comparación de que quién está peor en un país, es triste. Tenemos que trabajar muy fuerte, trabajar en conjunto para que esto no pase ni aquí ni en ningún otro estado, pero no lo tomemos como arma política.
Esto es una realidad que está sucediendo, es una realidad que al grito de ¡López Obrador!, ¡López Obrador!, se trató de tomar un diario y también es una realidad que las autoridades del Distrito Federal retuvieron indebidamente a dos periodistas del Periódico "La Crónica", por pensar diferente.
Así es de que tengamos mucho cuidado, cuidemos la democracia que estamos construyendo poco a poco, con mucho esfuerzo en este país y no queramos otra vez regresar a los tiempos de antes, señores, que tanto ustedes criticaron.
No sé si esto, los sucesos que han pasado en el periódico, fueron dictados por Chávez, no lo sé, o por López Obrador; pero sí habría que llegar al fondo de todo esto.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Kahwagi.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal, del Partido Convergencia.
El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia, ciudadana diputada.
Me parece en verdad totalmente fuera de lugar, indebido, casi diría yo rupestre, el venir aquí a confundir lo que sin duda es un hecho evidente y reprobable, como es la agresión al periódico "La Crónica" y convertirlo, trastocarlo y utilizarlo, instrumentarlo como ocasión o tema de carácter electoral.
Esta Cámara, por unanimidad, creó, generó, la Comisión Especial de Defensa a Periodistas, Medios, Editores y ello, la legítima y la línea en favor de una de las instituciones imprescindibles en una democracia, como lo es la de la libertad de expresión y el respeto a la integridad de las personas que ejercen esta invaluable profesión en un medio democrático.
Traer, confundir, contaminar este tema con el de una supuesta implicación del Presidente Chávez en asuntos electorales mexicanos, me parece desviar, confundir, trastocar, en realidad, el sentido de lo que hoy esta Cámara debería de hacer en defensa de la libertad de expresión.
Lo de Chávez, es en verdad una especulación que hemos oído, que no tiene fundamento. Hay, en cambio, constatado el hecho de que el expresidente de España, José María Aznar, dio el padrinazgo al PAN, vino expresamente a un acto proselitista de campaña de Felipe Calderón y aquí esto que está en la evidencia y a la luz del sol, no se ha reprobado debidamente; y con el consiguiente efecto o la trascendencia de ese acto de Aznar como el hombre que comprometió a España en la guerra de Irak, que produjo a España el dolor y la sangre del 11 de marzo, que tiene a los Estados Unidos como patrón, como padrino, como protector, eso sí tiene que ver en la política y tiene una dimensión trascendente para esta Cámara, en tanto que supuso un acto de injerencia directo, no oculto, no especulativo, perfectamente constatable.
Por esto yo invocaría a no confundir los hechos, a hablar de que tenemos todos en conciencia que defender la libertad de expresión de los medios, la integridad de los periodistas, pero no traer aquí a esta tribuna asuntos electorales y desviar y por lo tanto demeritar lo que debería de ser en conciencia el único objeto de esta discusión: defender la integridad de "Crónica", esperarnos a que la investigaciones procedan y en el caso de que haya responsables, que éstos salgan a la luz.
Más allá, es de veras desviar, degradar el debate político en asuntos que no corresponden en rigor a esta Cámara.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado González Schmal.
Tiene el uso de la palabra para hechos la diputada Beatriz Mújica Borra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Beatriz Mójica Borra: Gracias señora presidenta.
Es muy lamentable la discusión y el tema que ha metido la fracción parlamentaria del PAN aquí, porque no le hacemos ningún favor a la lucha que están dando cientos de periodistas, varias organizaciones que dan seguimiento a agresiones a periodistas, en cuanto al fortalecimiento de la libertad de expresión.
No le hacemos ningún favor porque estamos usando un caso en el cual la fracción parlamentaria, ya nos habíamos manifestado que estamos a favor de que se investigue, que se haga lo correspondiente para que se garantice la seguridad del periódico "Crónica". Ya nos habíamos manifestado en eso.
Entonces estamos haciendo un flaco favor porque estamos metiendo otro tema que no tiene nada que ver y que sí tiene mucho de carga de campaña política.
Yo se que es un tema que trae el PAN en su estrategia electoral pero con esa estrategia electoral de verdad, no le hacemos ningún favor a los medios de comunicación, a los periodistas agredidos, en este caso, porque estamos usando al periódico "Crónica" para jalar agua para nuestro molino, para el molino de la fracción parlamentaria del PAN, para que tengan elementos de campaña.
Está bien para su campaña. Pero está muy reprobable el asunto para lo que aquí hemos discutido y en lo que hemos estado a favor todos. Hay muchos temas que se tienen que discutir y abordar en cuanto a agresiones a periodistas y esa debería ser la línea en la que tenemos que enfocarnos porque ahí no estamos haciendo mucho todas las fracciones parlamentarias.
Si de verdad queremos un país pleno de derechos y que se cumpla la libertad de expresión manifestada en la Constitución plenamente, tendremos que trabajar por ello, no sólo usando los casos para nuestra campaña política; no sólo usando que si Chávez está o no está.
El PRD se ha cansado de manifestar que de ninguna manera metió a Chávez en la discusión, sino que fue el PAN el que lo trajo y efectivamente nunca se han manifestado en cuanto al posicionamiento de AZNAR, que lo dio en su partido político.
Entonces no desviemos la atención, estamos de acuerdo en esta Cámara de Diputados en que se investigue el asunto. Vayamos avanzando en eso que podemos avanzar.
Seamos responsables con lo que pasamos a decir aquí y no desviemos la atención hacia temas que no son necesarios. Revisemos que desde la presidencia de la República se ha insistido en deslindar responsabilidades de los hijos de Martha Sahagún y se ha demandado a un semanario como "Proceso", coartándole su libertad de expresión y se le ha demandado por cosas que ni siquiera ellos manifestaron. Es una sanción de "Proceso" por un juicio ajeno.
Revisemos esos casos, revisemos el conjunto de lo que está pasando en México. Eso es lo que espera la sociedad de nosotros. No manifestar aquí y usar los casos para hacer campaña política a favor de un candidato que no tiene seguro el 2 de julio.
¿Por qué no le entramos en serio a la discusión de la libertad de expresión? Entrémosle. No desviemos la atención.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputada Beatriz Mójica. En virtud de que ya no tenemos ningún otro diputado registrado, consulte la secretaría si se aprueba el punto de acuerdo.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Pos instrucciones de la presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese.
El siguiente punto del orden del día es: se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Dafne Estela Torres Quintero, Marisol Zavala Torres, Celia Leticia Montes de Oca Cabrera, Gabriela Miranda Campero López Malo, Elsa Obrajero Montes, María del Rosario Vargas Chávez, y Rolando García Alonso.
Diputados suplentes, electos en el VI, XV; XI; I; XX Distritos de los Estados de Nayarit, Guanajuato y Distrito Federal y en la Primera y Cuarta Circunscripción Plurinominal.
Se designa en comisión para que acompañen en el acto de rendir protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: diputada María Guadalupe Suárez Ponce, diputada Susana Manzanares Córdova, diputado Horacio Martínez Meza, diputada María Elba Garfías Maldonado, diputada Carla Rochín Nieto, y el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su encargo)
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadanas y ciudadanos Dafne Estela Torres Quintero, Marisol Zavala Torres, Celia Leticia Montes de Oca Cabrera, Gabriela Miranda Campero López Malo, Elsa Obrajero Montes, María del Rosario Vargas Chávez y Rolando García Alonso, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado y diputada que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Dafne Estela Torres Quintero, Marisol Zavala Torres, Celia Leticia Montes de Oca Cabrera, Gabriela Miranda Campero López Malo, Elsa Obrajero Montes, María del Rosario Vargas Chávez y Rolando García Alonso: Sí protesto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si así no lo hicieren, que la Nación se los demande.
Bienvenidas a esta su casa. Bienvenidos. (aplausos)
Continúe la Secretaría dando lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política: (Por el que se solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores envíe a esta Cámara la información relativa que se conoció a través de medios de comunicación en el sentido de que dicha Secretaría ofreció al gobierno de los Estados Unidos de América la anuencia de México para que dentro de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), se instalen dentro de los aeropuertos nacionales, oficinas consulares de dicho país)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Bien. Ha solicitado a esta presidencia el uso de la palabra, para hablar a favor de este punto de acuerdo, el diputado Juan José García Ochoa, representante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan José García Ochoa: Muchas gracias presidenta. Señoras y señores diputados.
La intención de este punto de acuerdo es transparentar las decisiones que tome la Cancillería o el Ejecutivo Federal en materia de nuestras relaciones con los Estados Unidos.
Por supuesto que a todos nos interesa, creo que no hay una opinión en contra de los grupos parlamentarios, a todos nos interesa que los mexicanos tengan las mayores facilidades para poder ir a los Estados Unidos a trabajar, a visitar o a hacer negocios.
Por supuesto que también nos interesa que los ciudadanos americanos tengan las mismas facilidades para poder realizar sus actividades en México.
En el PRD incluso hemos dicho que nosotros queremos ir a una relación con los Estados Unidos en la cual no haya limitaciones al tránsito de personas, que no consideramos justo que haya todas las libertades para el cruce de dinero, de mercancías, pero que en el caso de las personas haya limitaciones que afectan sus derechos laborales y humanos por barreras artificiales.
Sin embargo, creemos que esto debe hacerse de cara a la opinión pública, sin acuerdos bajo la mesa y con toda transparencia. No creemos en acuerdos en lo oscurito con los Estados Unidos.
Yo creo que no hay ningún problema si se aclara por qué razón se pretende otorgar permisos al gobierno de los Estados Unidos para instalar oficinas consulares en los aeropuertos, gozando de los privilegios que dan, por el derecho internacional, este tipo de oficinas o de definiciones jurídicas para poder realizar actividades en estos lugares.
Creo que la transparencia debe ser un eje en la negociación de ASPAN. Creemos en una relación América del Norte en la que entendamos los problemas de seguridad de los Estados Unidos, incorporemos el tema migratorio mexicano y que construyamos un bloque de prosperidad y desarrollo para las personas, para los seres humanos. Pero esto debe hacerse siempre de cara a la opinión de los propios pueblos y sus soberanías, no solamente en la opinión de una o cuantas personas.
Por eso exigimos hoy que se pueda aclarar a qué tipo de acuerdos está llegando el gobierno de México con Estados Unidos en relación a ASPAN y en este tema de la instalación de oficinas consulares en los aeropuertos.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En virtud de que no tenemos más oradores registrados, en votación económica consulte la secretaría si se aprueba.
El diputado Armando Neyra (desde la curul): A ver si ahora sí me explico. Es necesaria la votación nominal. Es muy vergonzante que esté todo el pleno casi vacío. Por favor.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Nosotros tenemos como obligación, señor diputado, y le voy a leer el artículo 22 de la Ley Orgánica, que en su parte esencial dice que es obligación de esta presidencia de la mesa directiva dirigir las sesiones, velar el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios, la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara y asimismo hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.
En tal virtud, pregunte la secretaría, en votación económica, si se aprueba este punto de acuerdo e inmediatamente después instruya la secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
El diputado Armando Neyra (desde la curul): Está usted violando el acuerdo.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No estoy violando ninguno, señor diputado, estoy atendiendo. En este sentido no hay ningún litigio; es exclusivamente un diputado el que habló a favor.
Favor de preguntar si se aprueba e instruya la secretaría el cierre del sistema electrónico de asistencia.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado. Comuníquese. Se instruye a la Secretaría el cierre del Sistema Electrónico de Asistencia.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: ¿Falta algún diputado o diputada de registrar su asistencia?
Ciérrese el Sistema Electrónico de Votación.
Se informa a la Presidencia que hasta el momento hay una asistencia de 402 diputadas y diputados.
Quienes hasta el momento no han registrado su asistencia, disponen de quince minutos para realizarlo por cédula.
El diputado Fernando Ulises Adame (desde la curul): Presidenta, sería tan amable de darme la palabra, por favor.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Ulises Adame.
El diputado Fernando Ulises Adame (desde la curul): Sí, señor Presidenta. Mire, me da mucha pena, sin embargo se han estado violentando algunas cuestiones de procedimiento.
En la votación anterior se pregunto si estaba suficientemente discutido y usted inmediatamente lo sujetó a votación. Yo quisiera suplicarle, señora Presidenta, tener en consideración que no podemos sentar esos precedentes. Es importante lo que se está comentando; si los compañeros están solicitando que se haga esa verificación, es porque algo importante sucede. Sin embargo, mire, nosotros no podemos, a pesar de todo, pasar por encima de lo que está establecido. Yo sí quisiera suplicarle, señora Presienta que se vigilara eso, porque entonces vamos a entrar en un proceso diferente.
Y mire, para no desaprovechar la oportunidad, yo quisiera suplicarle que solicitara la rectificación del quórum.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Yo le quiero reiterar, diputado, que es de esta Presidencia preocupación fundamental, atender lo que dice nuestra norma, y la norma dice que el Presidente dirigirá las sesiones, velará por el equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara. Asimismo hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo. El diputado Armando Neyra, nos explicó que tenían un asunto de orden personal en su grupo parlamentario. Sin embargo, atendiendo, ya se instruyó el cierre del Sistema Electrónico de Asistencia y si usted lo considera volveremos a tomar ahora la verificación de quórum.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Álvarez (desde la curul): Presidenta, gracias.
Tenemos una situación excepcional en este momento en la Cámara. Hay una situación interna de un grupo parlamentario que además es el grupo parlamentario que tiene la mayor cantidad de diputados. Yo creo que debemos de respetar eso, debemos de respetar que el grupo parlamentario del PRI está deliberando en este momento creo que tenemos una serie de cuestiones de trámite, hay documentos que vienen del gobierno, que hay que dar de recibido, iniciativas cuyos autores tienen interés en presentar y que sean turnadas a comisiones. Si esta situación continúa cuando entremos a los temas donde la Cámara debe pronunciarse votando, creo que en ese momento la sesión debería suspenderse para continuar mañana. Esta es la forma en que yo creo que podemos respetar la situación interna que existe en el PRI, dando libertad a los integrantes de ese grupo parlamentario para que ellos puedan realizar su deliberación con absoluta tranquilidad y en completa libertad y sin que la Cámara impida el normal funcionamiento de la asamblea de ese grupo parlamentario.
No hay que olvidar que la Cámara por disposición constitucional está integrada por grupos parlamentarios. Y cuando hay una situación especial en un grupo parlamentario, la Cama debe de reconocerlo a plenitud, que eso es, Presidenta, lo que yo estoy proponiendo.
Démosle trámite a todas las cosa que están en el orden del día, hasta antes de llegar a la votación de dictámenes, y en ese momento yo solicitaría que si la situación sigue igual y no se ha reintegrado al pleno el grupo parlamentario del PRI, suspendamos la sesión, la suspenda usted, tiene facultades para hacerlo, de conformidad con la Ley Orgánica, para continuarla en el mismo punto en que la dejemos, el día de mañana. Esa es mi proposición.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias.
Sonido a la curul del diputado Fernando Ulises Adame.
El diputado Fernando Ulises Adame de León (desde la curul): Yo quiero reconocer en las palabras del diputado Pablo Gómez, que efectivamente existe el interés por parte de los grupos parlamentarios, en que se pudiera resolver lo que eventualmente sería un problema en cualquier de ellos, pero eso no amerita, señora Presidenta, a que se puedan violentar algunas cosas; con todo y lo que estamos leyendo ahorita.
Mire, pudiéramos generar un antecedente más serio. Yo sí le solicito nuevamente que se tenga más consideración al respecto.
Yo quiero dejar claro que el grupo nuestro solicitó por parte de un compañero y solamente en el hecho de darle cumplimiento, usted haría el cumplimiento también de ese artículo, el de velar por las libertades de los legisladores. Entonces, si un compañero está solicitándolo a grito abierto, vale la pena que se le escuche y si es voluntad de los compañeros de esta Cámara que se haga la rectificación del quórum o las decisiones que se tomen, que se apeguen a lo que está establecido, yo creo que se le tiene que dar cumplimiento, señora Presidenta, porque entonces tomaría usted atribuciones que no están establecidas.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Bien diputado Fernando Ulises Adame.
Sonido a la curul del diputado García Solís.
El diputado Iván García Solís (desde la curul): Presidenta, considero que el desempeño suyo en este tema es el adecuado, porque tiende a garantizar el desarrollo de una sesión que es importante, ahí está la agenda, y que esta Cámara tiene que cumplir.
Desde luego aquí se han expresado razones que implican que un grupo parlamentario tiene que reunirse, estar reunido y que por ello busca la forma de que esta sesión se interrumpa y se continúe después.
Creo que la propuesta que ha hecho el diputado Pablo Gómez es adecuada, porque rescata, por una parte, la conveniencia de que la Cámara sesione en plenaria. La opinión pública nos observa, la ciudadanía exige un trabajo más sistemático y más continuo de la Cámara y al mismo tiempo rescata la necesidad de que el grupo parlamentario, el más numeroso por cierto, pueda sesionar y resolver sus problemas.
Hay que decir que es conveniente que los grupos parlamentarios deben buscar espacios que no interfieran con el desarrollo de las plenarias, no siempre es posible; si esto ocurre así, creo que la propuesta que hace el diputado Pablo Gómez es buena, porque equilibra una y otra posición. Si nosotros desahogamos aquellos puntos que es posible que se traten, porque muchos de ellos son de trámite, y nos detenemos antes de ir a las votaciones y a los dictámenes de ley, entonces creo que sería muy buen antecedente, muy buen desempeño de la Cámara y daríamos una buena imagen ante la opinión pública.
De otra manera, insistir en la verificación de quórum es nuevamente exhibir que no estamos completos en un calendario que ha sido previamente inscrito por nosotros. Entonces, en resumen, sugiero que se tome en cuenta esta propuesta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sí, el diputado José Antonio de la Vega. Sí diputado.
El diputado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia (desde la curul): Diputada Presidenta, si bien es cierto que en el espíritu de la intervención del diputado Pablo Gómez y del diputado Iván García Solís, y en la interpretación que usted ha dado al reglamento de continuar la sesión, está el espíritu de no parar los trabajos que tenemos hoy en el orden del día y desahogar los temas que fueron inscritos, también es cierto que el Reglamento establece claramente la facultad para cualquier miembro de esta Cámara, para solicitar una rectificación de quórum.
Por tal motivo nosotros pedimos que se aplique el Reglamento, en los términos como está el espíritu de la ley.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Está bien diputado Amadeo Espinosa, por favor, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, sonido a su curul:
El diputado Amado Espinosa Ramos (desde la curul): Diputada, si bien entendemos el interés por preservar los trabajos de esta Cámara, es evidente que estamos ya simulando. Y entonces yo le pido que atienda la petición, por favor, de los diputados que están pidiendo la verificación de quórum. Estamos engañando a la gente y esto no es posible.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En este sentido, compañeras y compañeros diputados, que quede perfectamente claro que son facultades de la Mesa Directiva en que momento se instruye el cierre del sistema electrónico, éste está cerrado, y a solicitud de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, se instruya a la Secretaría para abrir el sistema electrónico para verificar quórum hasta por 10 minutos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
Abrase el sistema electrónico de asistencia para el registro de asistencia de los diputados hasta por diez minutos.
(VOTACION)
De viva voz para registrar su asistencia desde su curul:
La diputada Elsa Obrajero Montes: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada María del Rosario Vargas Chávez.
La diputada María del Rosario Vargas Chávez: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada Gazné Estela Torres Quintero.
La diputada Gazné Estela Torres Quintero: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz el diputado Rolando García Alonso.
El diputada Rolando García Alonso: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada Marisol Zavala Torres.
La diputada Marisol Zavala Torres: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada Gabriela Miranda Campero.
La diputada Gabriela Miranda Campero: Presente.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada Celia Leticia Montes de Oca.
La diputada Celia Leticia Montes Oca: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De viva voz la diputada Beatriz Mójica.
La diputada Beatriz Mójica: Presente
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Presidenta, hay una asistencia de 276 diputadas y diputados. Hay quórum, señora Presidenta.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por lo tanto, continúe la Sesión.
Solicito a la Secretaría continuar con los comunidades de la Junta de Coordinación Política.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario remite informe relativo al proceso de enajenación mediante subasta pública de una nave industrial con oficinas ubicadas en Tijuana, Baja California Norte, propiedad de Banco Unión, S. A., en liquidación, hoy en quiebra, cuya formalización fue el 2 de marzo de 2006, para dar cumplimiento al artículo 65 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Especial para la Investigación sobre el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal en los términos de la Ley General de Deuda Pública y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa, correspondiente al mes de febrero de 2006, recaudación federal participable que sirvió de base para el cálculo de pago de las participaciones a las entidades federativas, así como el pago de las mismas, correspondiente al mes de octubre de 2004; la evolución de la recaudación para el mes de febrero de 2006; las finanzas públicas y la deuda pública del mes de febrero, para dar cumplimiento al artículo 23, fracciones I y III de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2006)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (La Secretaría de Hacienda y Crédito Público remite el documento que contiene los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal De 2007, los escenarios sobre las principales variables Macroeconómicas para dicho año; escenarios sobre el monto Total del Presupuesto de Egresos, así como la enumeración de los programas prioritarios y sus montos, para dar cumplimiento al Artículo 42, fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 6º del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se encuentran con nosotros en este salón de plenos, alumnos y maestros de la Escuela Secundaria Técnica #3, de la Ciudad de Jalapa, Veracruz. Sean todos ustedes muy bienvenidos a ésta la Casa de la Nación. Ellos han sido invitados por el diputado Miguel Angel Llera Bello. Bienvenidos.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Auditoría Superior de la Federación, con el que remite el informe del resultado de la Revisión y Fiscalización Superior dela Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2004)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterado. Remítase al archivo para la consulta de los ciudadanos diputados y diputadas.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio del Ejecutivo Federal, con el que remite el Quinto Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, así como de los programas sectoriales)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio con el que remite la Iniciativa Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito, de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y de la Ley de Protección al Ahorro Bancario)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Secretaría de Gobernación.
(Dos oficios con los que remite contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítanse a las comisiones correspondientes y a los promoventes para su conocimiento.
El siguiente punto del orden del día, compañeras y compañeros diputados, son iniciativas de los señores y las señoras diputados y diputadas.
Esta Presidencia recibió del diputado Jesús Martínez Álvarez, del grupo parlamentario de Convergencia, iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales.
Túrnese a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
Esta Presidencia recibió de los diputado José Ángel Córdova Villalobos, Maki Esther Ortiz Domínguez, María Cristinas Díaz Salazar, Marco Antonio García Ayala, Pablo Anaya Rivera, Luis Antonio González Roldán, Antonio Morales de la Peña y Francisco Cuauhtémoc Frías Castro, de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista, iniciativa que reforma el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
En este sentido tiene el uso de la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia para presentar iniciativa que reforma los artículos 524, 525 y 526 del Código Federal de Procedimientos Penales.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputada Presidenta, buenas tardes.
La redacción actual de los artículos 524, 525 y 526 del Código Federal de Procedimientos Penales resulta imprecisa y guarda lugar a la duda y a la falta de eficacia jurídica en el combate a la utilización y tráfico de sustancias tóxicas prohibidas por las leyes penales y determinadas en la Ley General de Salud.
Ello es así, toda vez que actualmente se contempla en los artículos materia de la presente reforma el hábito de consumo de estupefacientes y psicotrópicos, lo cual, en ninguna medida contribuye al combate al narcomenudeo.
En ese orden de ideas, no es lo mismo que una persona tenga la necesidad física u orgánica de consumir una sustancia tóxica a que tenga fomentado un hábito para hacerlo.
Nos encontramos ante un hilo delgado que distingue un aspecto del otro. El espíritu del legislador al haber redactado el contenido de estos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales, sin lugar a duda se traduce en la búsqueda de una justificación médica para que una persona sea encontrada en posesión y consumo de estupefacientes o psicotrópicos, no sea sujeta a averiguación previa y su posible consignación posterior.
En la medida en que el Estado Mexicano justifique el hábito de consumo en las personas, poco terreno logrará avanzar en el combate al tráfico vía narcomenudeo, de tal suerte que se propone únicamente plasmar la posibilidad de que sea necesario para el indiciado, consumir sustancias tóxicas y ello sea debidamente ratificado mediante un dictamen en materia de toxicología y con la salvedades que en su caso determinen, las autoridades sanitarias.
El sujeto que realiza habitualmente el consumo de drogas, puede fácilmente burlar el ejercicio de la acción penal si lo que busca es poseerlas para su venta y distribución.
A contrario en su, quien demuestra clínicamente que tiene una dependencia justificada por virtud de algún padecimiento orgánica a consumir estupefacientes o psicotrópicos, únicamente puede demostrar que la posesión de determinadas cantidades razonables, atienden a su tratamiento médico, de lo contrario, es fácil desvirtuar el propósito que buscan los preceptos que se propone reformar.
Por lo anterior y con fundamento en los artículos 55, 56 y 57 del Reglamento del Gobierno Interior de este Congreso, someto a consideración del Pleno, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 524, 525 y 526 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
...
Título XII.-
...
Capítulo III.- De los que tienen la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos.
Artículo 524. Si la averiguación se refiere a la adquisición y posesión de estupefacientes o psicotrópicos, el Ministerio Público de acuerdo con la autoridad sanitaria, a que se refiere el artículo anterior, precisará acuciosamente si esa posesión tiene por finalidad exclusiva el uso personal, que de ellos haga el indiciado. En este caso y siempre que el dictamen hecho por la autoridad sanitaria indique que el inculpado tiene la necesidad de consumir éste estupefaciente o psicotrópico y la cantidad sea necesaria para su propio consumo, no hará consignación a los tribunales, en caso contrario ejercitará acción penal.
Artículo 525. Si se hubiere hecho la consignación y dentro de las 72 horas que señala el artículo 19 constitucional, se formula o se rectifica el dictamen en el sentido, de que el inculpado tiene necesidad de consumir el estupefaciente o psicotropico y la cantidad sea la necesaria para su propio consumo, el Ministerio Público, se desistirá de la acción penal, sin necesidad de consulta al Procurador y pedirá al Tribunal, que el detenido sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria federal para su tratamiento, por el tiempo necesario para su curación.
Artículo 526. Si el inculpado tiene la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos y además de adquirir o poseer los necesarios para su consumo, comete cualquier delito contra la salud, se le consignará, sin perjuicio de que intervenga la autoridad sanitaria federal para su tratamiento.
Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación, en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, tengo que decir, diputada Presidenta, muy amable.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Perdomo Bueno. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
A continuación tiene el uso de la palabra, nuestro compañero, el diputado Fernando Ulises Adame de León, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.
El diputado Fernando Ulises Adame de León: Muchas gracias, señorita Presidenta. Compañeros y compañeras diputados:
Recientemente durante la celebración del Foro Mundial del Agua, se hizo evidente que en México existen algunos problemas relacionados con este elemento, con este recurso.
México tiene un problema serio en materia de agua y al ser México el escaparate, el punto de atención en todo el mundo, en relación con el agua, queda claro que México, debe tomar este punto y tratar de corregir algunos de los errores que hemos venido arrastrando durante muchos años, relacionados con el uso, la administración del recurso.
A nosotros nos queda claro que en los acuíferos del país, tienen problemas serios en este momento. Se ha determinado que 104 de los 650 acuíferos, pero que son los más importantes, de donde se obtiene más del 60% del agua de este país, tienen actualmente problemas de sobre explotación, tienen problemas muy serios ya de calidad y en algunas regiones, por ejemplo, la Comarca Lagunera, por ejemplo Mexicali, por ejemplo, San Luis Rió Colorado, por ejemplo, también algunas partes del estado de Sonora, la calidad de las aguas del subsuelo ha disminuido.
La Comarca Lagunera, para ser preciso, el problema del hidroarcenisismo, se está convirtiendo en parte de la realidad. Este problema, sin embargo, no ha merecido la atención, para tratar de corregirlo. Actualmente la mayor parte de los acuíferos de este país, están sobre concesionados, el agua de riego incluso, la rodada está sobre concesionada y en poco tiempo, nosotros prevemos tener una crisis en ese sentido. Sin embargo, el problema más serio sin duda, es el que hemos venido arrastrando en los últimos años y que se relaciona con el tratamiento de las aguas.
En un discurso del ciudadano Presidente de la República, para conmemorar un día del entorno ecológico, se determina que hemos avanzado en este sexenio del 25 al 33 o 35%, en el tratamiento de las aguas, eso significa que en seis años avanzamos 8 puntos, lo que requerirá, sin duda, de otros diez sexenios para que nosotros hayamos cumplido la meta de darle tratamiento a las aguas residuales en este país.
Esto, sin embargo, es inadmisible; no es posible pensar que en los próximos años vayamos a revertir este problema, cuanto los asuntos están comprometiendo la integridad de las personas. Los problemas derivados de la toxicidad de las aguas está generando un problema serio en este país.
Sin embargo y a pesar de todo ello, no existe un tratamiento adecuado para que las aguas residuales en este país dejen de contaminar ríos, arroyos y demás. En México los problemas de contaminación del agua son tan serios, que han llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas. Se dijo durante el evento del foro mundial que México es de los países más rezagados en este sentido a nivel mundial.
Cuando alguien lo menciona, otro se agrede. Sin embargo se tiene que decir: en México se requieren las inversiones para hacer un tratamiento adecuado. No podemos esperar cinco, ni diez ni veinte y mucho menos cincuenta años para resolver esto. Se tiene que hacer la inversión y se tiene que promover a nivel local, a nivel federal, que el tratamiento de las aguas se haga de manera constante, que esa sea la constante.
La población en México se ha incrementado tanto, que con el mismo volumen de agua disponible tenemos prácticamente cuatro o cinco veces menos agua que hace cuarenta o cincuenta años. Y esto no se va a resolver. Se ha incrementado la demanda, se ha incrementado la necesidad.
Por eso, a nosotros nos parece importante hacer un planteamiento. En la Ley de Aguas Nacionales, se mencionan algunos asuntos muy importantes relacionados con el uso, relacionados con el tratamiento, relacionados con la disponibilidad. Pero se quedaron algunas lagunas relacionadas con el estímulo para la persona que haga el tratamiento de las aguas.
Por eso se genera esta iniciativa que pretende reformar diez artículos, adicionar cinco más, derogar doce fracciones de doce artículos de la nueva Ley de Aguas Nacionales y que en esencia pretende que los habitantes de este país, que los usuarios del agua de este país, empecemos a darle ya el tratamiento al agua, pero manifestando en todo momento que puede haber un interés fiscal o económico para las personas.
El interés de esta iniciativa es que si yo recibo un metro cúbico de agua blanca, después de utilizarla la regreso al ambiente totalmente blanca o la regreso a otros usuarios, tenga yo algunas prerrogativas de tipo fiscal.
Se pretende que cada uno de los usuarios la regrese limpia para que le sea costeable. Que no es en este momento costeable hacer el tratamiento, porque lo que nos están cobrando de derecho por depositarlas en el ambiente de manera sucia o residual, no le conviene económicamente a la empresa.
Estamos buscando que el agua se recicle, que el agua se rehúse. No va a haber más agua disponible. Se requiere entonces que cada uno de los usuarios haga la inversión y que descuente del pago de los derechos, que descuente a manera de estímulo fiscal, los costos que haga para el tratamiento de las aguas.
Nosotros creemos que no existe otra alternativa. Mantener las cosas como estamos ahora, posiblemente nos tarde unos cuarenta o cincuenta años antes de que le demos el tratamiento adecuado a las aguas y para entonces tendremos tantos problemas de salud, que difícilmente algunas regiones del país se salvarán de problemas de contaminación.
Nosotros queremos que esta iniciativa sea revisada y sea discutida a profundidad. Nos interesa que en este país se vuelva una costumbre el tratamiento de las aguas residuales y que se vuelva también una costumbre estimular a quien la retorne limpia al ambiente.
El daño que se genera al entorno es mucho más grande que el peso o los dos pesos que cuesta depositar un metro cúbico de agua residual altamente contaminada en un medio ambiente que cada vez tiene más problemas.
Queremos también en esta iniciativa, que se revisen algunas de las facultades de la Comisión Nacional del Agua, queremos terminar con la negativa ficta. Es decir, si no te contesto en 60 días quiere decir que está mal, ya no tienes, la respuesta es no, a una falta de atención por parte de la autoridad.
Queremos que en esta iniciativa quede muy claro que el tratamiento del agua es responsabilidad de todo el mundo no solamente de la Dependencia, no solamente del gobierno, sino que es parte fundamental de la responsabilidad de la sociedad. Muchas gracias.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias a usted diputado Adame. Esta iniciativa debe turnarse a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
A continuación tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Diego Aguilar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Nos ha pedido el diputado Francisco Diego Aguilar, posponer la iniciativa de reforma y adición a diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
Se recibió en esta presidencia del diputado Javier Orozco Gómez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 72 y 75 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, de la Administración Pública Federal.
Túrnese a la Comisión de la Función Pública.
A solicitud del diputado Adayán Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pospone para próxima sesión la presentación de la iniciativa que reforma el artículo 73 de la Ley de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expide la Ley Federal del Notariado.
Esta presidencia recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 2o.,1056, 1058, 1069 y 1193 del Código de Comercio.
Túrnese a la Comisión de Economía.
Tiene el uso de la palabra nuestro compañero el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma los artículos 49, 55, 82 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputada presidenta. Compañeras y compañeros.
El interés es el de proteger ante todo a la unión, debido a que en ningún artículo existe de manera explícita el objetivo que ha de mover en sus acciones al Presidente de la República, a nosotros los diputados, a los senadores, a los gobernadores o presidentes municipales.
Desafortunadamente no existe en la Constitución un artículo que obligue a los servidores públicos a anteponer siempre los intereses de la Nación, incluso, incluso ante los partidos por los que debe renunciar a todo cargo partidista y a voto por bancada, obligándose a votar de manera independiente en beneficio de las mayorías. Lo único que existe en la Constitución de manera directa, en un párrafo del juramento es: "Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen … etc."
Sin embargo, no dice claramente que debe anteponer los intereses de la Nación al de los partidos políticos. Claro, está respetando siempre la libertad de credo, religión o ideales partidistas.
Creo también que son válidas las corrientes, y así debe de ser en un régimen plural y democrático, porque representan los ideales de un gran número de mexicanos. Sin embargo, el interés nacional muchas veces no es el mismo interés que tienen los partidos sobre determinado asunto. Esto aplica también a intereses de grupo personales.
Por todo lo anterior presento esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar los artículos 49, 55, 82 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"ARTICULO 49.- El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres Poderes de la Unión tendrán como función primordial la de proteger y defender ante todo, los intereses de la Nación. Toda acción ejercida por los servidores públicos que ocupen cargos en cualquiera de estos poderes, deberá de tener como principio el respeto a la Constitución, el promover acciones que protejan y defiendan los intereses de la Nación que está por encima de cualquier interés personal, partidista o de grupo en beneficio de las mayoría, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión.
ARTÍCULO 128.- Todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen defendiendo siempre los intereses de la Nación por encima de cualquier interés personal, partidista o de grupos en beneficio de las mayorías, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión.
ARTÍCULO 55.- Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos: Fracción VIII.- Renunciar por escrito a cualquier cargo de partido político un mes antes de registrarse como candidato, y en caso de ser electo comprometerse a no asumir ninguno durante el tiempo que dure el período.
ARTÍCULO 82.- Para ser presidente se requiere: renunciar por escrito a cualquier cargo de partido político un mes antes de registrarse como candidato y en caso de ser electo, comprometerse a no asumir ninguno durante el tiempo que dure su período.
TRANSITORIO:
Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "
Es cuanto.
La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Perdomo Bueno. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Se pospone, a solicitud del diputado Abdayan Guzmán Cruz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la presentación de la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B, del articulo 123 constitucional.
Esta presidencia recibió del diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 2, 11 y 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B, del artículo 123 constitucional.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputado presidente. Compañeras y compañeros.
El capítulo primero del título octavo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, comprende los artículos 148 y 149, los cuales se refieren –el primero de ellos- a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de dos mil pesos; y el segundo, a que dichas multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación.
En la práctica cotidiana, resulta que estos medios de apremio que puede utilizar el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se respeten sus resoluciones y la ejecución de los laudos, es poco eficaz puesto que la multa que se impone regularmente por el tribunal no rebasa los mil pesos y esto aplica en cada requerimiento que realiza el tribunal cuando comisiona un actuario para que se constituya en el domicilio de la demanda y efectúe el requerimiento para que cumpla su resolución en términos del artículo 151 del ordenamiento invocado, lo que hace que dicha sanción sea ridícula e ineficaz.
Lo anterior implica que los trabajadores que han obtenido laudos favorables a sus demandas, que el cumplimiento de los mismos sea postergado indefinidamente o que definitivamente no se cumplan a pesar de que debería ser el Estado el primero en cumplir con lo ordenado por los tribunales, lo cual evidentemente constituye una violación a los artículos 123 constitucional y al 17 en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.
Si ya de por sí la carga de trabajo que existe en el tribunal que tiene a su cargo la responsabilidad de dirimir las controversias que se suscitan entre el Estado y sus trabajadores hace imposible cumplir con el espíritu de este principio que emana de la Constitución, resulta de la mayor relevancia que los legisladores promovamos una modificación que contribuya a dotar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los instrumentos jurídicos necesarios para que las autoridades administrativas respeten sus determinaciones.
Nuestra propuesta se fundamente jurídicamente en el tercer párrafo del artículo 17 de la Carta Magna que señala: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones".
Derivado de lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de decreto:
Artículo único. Se reforma el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en los siguientes términos.
Artículo 148. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer a discreción los siguientes medios de apremio.
1.- Multa hasta de mil pesos diarios.
2.- Arresto administrativo hasta por 36 horas.
3.- Separación temporal del cargo sin goce de sueldo.
4.- Consignación por el delito de desobediencia.
Transitorio y único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente, gracias.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Tiene la palabra el diputado Sergio Vázquez García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Coordinación Fiscal.
El diputado Sergio Vázquez García: Gracias, señor presidente.
Por obvio de tiempo leeré solamente el resumen de la iniciativa, por lo que le solicito que inscriba el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates para los efectos correspondientes.
El que suscribe, Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LIX Legislatura y con las facultades que me otorga la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento propio de este Congreso, me presento ante ustedes, ciudadanos diputados, para presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal.
En el Partido Acción Nacional estamos convencidos de que el Estado, organizado según sus normas e instituciones, postula un poder como elemento indispensable para la eficacia de la regulación en aras de la obtención de un fin con el debido orden.
Al respecto señala el maestro Efraín González Luna, en la obra denominada Humanismo político que el Estado es tan necesario a la vida humana como la sociedad misma y la integración del Estado, la fijación de límites de la acción del Estado, la formulación de los deberes del Estado y la afirmación de los derechos del hombre frente a las posibilidades de afirmación y depotismo del Estado, es decir, que la federación tiene que cumplir con su compromiso trascendente, debiendo de apoyar más a los estados en cualquiera de sus compromisos que impliquen la captación de recursos para ejercerlos y distribuirlos.
Es el caso que los recursos que la federación reparte en las áreas de seguridad pública a los estados y municipios, específicamente en lo que se refiere a la readaptación social y la prevención del delito, mismos que ahora, en esta iniciativa que presento abordo con la finalidad de poder otorgarle un giro de optimización y eficientización tanto de recursos como de resultados a los reclusorios de México y de las propias entidades, así como la aplicación de los programas en materia de prevención del delito, ya que ambos temas van de la mano que, de no ser tomado en cuenta así, sería ignorar de fondo el problema de la seguridad pública, pues al no haber readaptación social en la reclusión del delincuente, subsiste el delito y viceversa, convirtiéndose así en un circulo vicioso que denosta la poca o nula aplicación de programas propios de una tarea de Estado.
Así las cosas, la prevención del delito constituye un elemento firme apoyado en el artículo 10 de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados y sobre todo en las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobada por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas.
No obstante que no constituyen un imperativo jurídico, son reconocidas como fundamento de principios de justicia penitenciaria de acuerdo con la carta de las Naciones Unidas, conforma una fuente de derecho para los estados miembros. En dicho instrumento, en particular se sostiene de lo que señala el articulo 65, que el tratamiento de las personas sentenciadas a una pena privativa de libertad, debe tener por objeto inculcarles la voluntad de vivir conforme a la Ley, mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la actitud para hacerlo, debiendo estar encaminado a fomentarles el respeto de sí mismos y a desarrollar el sentido de la responsabilidad en vías de no volver a delinquir.
Actualmente la Secretaría de Seguridad Pública Federal al respecto establece un criterio de distribución de fondos de apoyo para la seguridad pública de los estados, mismos que se aplican de acuerdo a una fórmula que toma en cuenta lo siguiente: índice delictivo que registra el estado, es decir, a mayor índice poblacional, más dinero; índice de ocupación penitenciaria; avance de logros en la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública y Proyectos, sólo por cuanto respecta a los fondos que establece el anexo 33 denominado, Apoyo a Entidades Federativas y Municipios.
De tal suerte que al distribuir el recurso éste afecta más a los que actualmente sí cumplen con los requerimientos y acciones en pro de los reos contra aquellos centros que no cumplen o tienen alto índice delictivo y no como en algunas entidades federativas en las que el número de reos va en aumento y su readaptación social es nula, dando como resultado que el índice de criminalidad rebasa la capacidad de las instituciones, por lo cual en aras de optimiza la cooperación entre las entidades federativas, gobierno del Distrito Federal y el propio gobierno federal para el logro del objetivo común del Plan Nacional de Seguridad Pública, con esta iniciativa se pretende incentivarlos a través del otorgamiento de una mayor cantidad de recursos federales tanto a los centros de readaptación social que den eficaz cumplimiento al objetivo del mismo así como también el otorgar incentivos que los motiven a adherirse a la tarea conjunta de cumplir con el Plan Nacional de Seguridad Pública, destacando los programas de prevención del delito.
Dichos recursos federales serán utilizados para el mejoramiento de las funciones que compete a los centros de readaptación social y a las propias procuradurías de justicia para establecer programas funcionales con resultados positivos en el ámbito de la prevención, con lo cual se cierra el círculo de la seguridad pública, y sus políticas públicas se verán reflejadas en sus evaluaciones, debiendo de tomar en cuenta la nueva formula constituida, ya que de las reformas pronunciadas se desprende que ésta debe contener el avance en la aplicación de Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica, infraestructura, la prevención del delito y la readaptación social.
Entretanto también se propone que las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente a la implementación de programas preventivos.
Por otra parte y por lo que respecta a las dependencias que señalo en el artículo 46 y en atención a las reformas das en las leyes correspondientes, se propone el adecuarlas para que lleven la denominación que corresponde como lo es, en lugar de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, por Secretaría de la Función Pública; a la Contaduría Mayor de Hacienda, por Auditoria Superior de la Federación.
Por lo tanto presento la iniciativa para quedar como sigue
Único.- Se adiciona el párrafo tercero del artículo 44 y párrafo primero del artículo 45, en tanto que el artículo 46, las fracciones I, III y IV de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar redactadas de la siguiente manera:
Artículo 44: "El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y al Distrito Federal con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine, a propuesta de la Secretaría de Educación Pública utilizando para distribución de los recursos, criterios que incorporen el número de habitantes de los estados y del Distrito Federal, el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados, así como el avance de la aplicación del Programa Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización, tecnología e infraestructura y la prevención del delito y la readaptación social".
"Artículo 45.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, reciban dichas entidades, se destinarán exclusivamente a la implementación de programas preventivos del delito. Y posteriormente queda el artículo como se encuentra actualmente.
"Artículo 46, fracción I.- Desde el inicio del proceso de presupuestación, en términos de la legislación presupuestaria federal y hasta la entrega de los recursos correspondientes a las entidades federativas, corresponderá a la Secretaría de la Función Pública.
"En la fracción III también se cambia a Auditoría Superior de la Federación.
"La fracción IV se actualiza con el nombre de Auditoría Superior de la Federación.
"En el segundo párrafo: Secretaría de la Función Pública.
"Y por su parte, cuando la autoridad Contaduría Mayor de Hacienda en un Congreso Local detecte que los recursos-fondos, no han sido destinados a los fines establecidos en esta ley, deberá hacerlo del conocimiento inmediato de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso e la Unión.
"Transitorios.
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
"México, Distrito Federal, Palacio Legislativo de San Lázaro, abril de 2006.
Servidor: "Sergio Vázquez García".
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y publíquese íntegro el texto en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Francisco Mora Ciprés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 2º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y el artículo 4º de la Ley de Asistencia Social.
El diputado Francisco Mora Ciprés: Con su venia, ciudadano Presidente.
"El suscrito diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto pro los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2º de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y reforma la fracción primera, último párrafo, del artículo 4º de la Ley de Asistencia Social, al tenor de la siguiente:
"Exposición de Motivos
"Una de las preocupaciones constantes de los legisladores es fortalecer los mecanismos legales que garanticen el estado de derecho, la paz social y la justicia, resguardando en todo momento los derechos vigentes para los grupos poblacionales existentes. En este sentido, los menores son uno de los grupos sociales que más requieren de atención por parte de los órganos del Estado.
"Como todos sabemos, la riqueza de una nación estriba en sus niños, pues son ellos los encargados de conservar, enriquecer y acrecentar el patrimonio de ésta.
"La niñez sigue siendo un sector discriminado. Hasta etapas muy recientes, niñas y niños adolescentes, no han sido considerados como sujetos de derechos y merecedores de un trato digno y respetuoso para acceder a oportunidades de desarrollo.
"Niñas y niños se encuentran expuestos al maltrato físico, psicológico y sexual, la explotación laboral, la desnutrición y la falta de oportunidades e igualdad de género, para acceder, permanecer y terminar la educación escolar.
"El trato que recibe la infancia se agrava por otras condiciones que también pueden ser factores de discriminación, como la condición socioeconómica, la pertenencia étnica, a la discapacidad física o intelectual, entre otras.
"Este grupo necesita protección y cuidados especiales, depende de la ayuda y existencia de los adultos, especialmente durante los primeros años de su vida. No es suficiente otorgarles los mismos derechos y libertades que los adultos.
"En muchos lugares del mundo su situación es crítica por las condiciones sociales inadecuadas, catástrofes naturales, conflictos armados, explotación, alfabetismo, minusvalías, los niños y las niñas no son capaces de luchar solos eficazmente contra ellos.
Por consiguiente, la comunidad internacional ha instado a los gobiernos a aprobar leyes en las cuales se reconozcan sus condiciones y necesidades especiales y a que se instituya un marco de protección adicional, destinado a obtener su bienestar. El mundo de los adultos debe cuidar de ellos, defender sus derechos y ayudarles a desarrollar sus aptitudes y a realizarse armoniosamente.
En este sentido en el año 2002 fue presentada, aprobada la ley para la protección de los derechos de las niños, niños y adolescentes, la cual tiene como fin el contribuir a que en toda la república mexicana se cumpla la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
No obstante la situación de descuido y olvido en la que se encuentra nuestra población infantil mexicana, no se puede ignorar, y si bien es cierto que se ha avanzado de manera considerable en la visión del Estado ante este tema, con políticas públicas enfocadas a este sector y legislaciones que den certidumbre a los mismos, también lo es, éstas últimas son perfectibles.
En este contexto , esta iniciativa pretende dar claridad a lo establecido en el artículo 2 de la ley en comento y al artículo 4º. fracción I último párrafo de la Ley de Asistencia Social, pues de las lecturas de las mismas, podemos observar que existen una situación de vaguedad, al utilizar el concepto de 12 años incompletos, desde permanecer esta redacción no pareciera señalar un término tope en la edad para que un ser humano sea considerado como niño.
Tan es así, que el propio párrafo en sus líneas subsecuentes, utiliza correctamente el término para señalar 12 años cumplidos, aunque de la lectura de esta propuesta, pudiera ser a simple vista una cuestión irrelevante, no es así, pues como Legisladores debemos de tener en cuenta, que una de nuestras obligaciones es la relativa a construir ordenamientos jurídicos, lo más perfectibles posibles y dejar este artículo en los términos que se encuentra, se puede prestar a una doble interpretación.
Aunado a lo anterior, cabe la pena señalar, que la definición planteada en la ley que se pretende reformar, difiere en cuanto a la definición de niño, que es utilizada en la Convención sobre los Derechos del Niño en su primera arte, en el artículo 1º. que señala a la letra: "Para los efectos de la presente Convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad".
De lo anterior, podemos señalar, que retomando la mencionada Convención, en ésta no se hace distinción entre las personas con menos de 18 años, de ahí la subdivisión que se ha realizado para adecuarla a esta legislación, considerándose imprescindible crear dos categorías: los niños y los adolescentes, aun cuando la finalidad perseguida con esta opción, era la de regular la mayor sencillez las materias relativas al ejercicio de los derechos y garantías, los deberes y responsabilidades, es necesario señalar adecuadamente, el término objeto de la presente propuesta de reforma.
Evidentemente con la actual ley para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, brindamos a los niños mexicanos un marco jurídico de fondo, por lo que el perfeccionar la misma, con el fin de evitar cualquier confusión en su interpretación, a través de la construcción de relaciones sociales y espacios de convivencia democrática, así como también políticas que establezcan las bases para ello.
Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto:
Primero. Se reforma el artículo 2º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y reforma la fracción 1ª último párrafo, del artículo 4º de la Ley de Asistencia Social, para quedar como sigue:
Artículo 2: Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 11 años y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos.
Segundo. Se reforma la fracción 1ª último párrafo, del artículo 4º de la Ley de Asistencia Social.
Artículo 4º: Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Para los efectos de esta Ley, son niñas y niños las personas hasta 11 años y adolescentes, los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo 2º de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Transitorio. Unico: El presente decreto estará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señor Presidente: Solicito atentamente que se integre en el Diario de los Debates la propuesta íntegra. Es cuanto.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Publíquese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, de Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Social, con opinión de la Comisión de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 79 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma el artículo 8º de la Ley General de Desarrollo Social.
El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputado Presidente. Compañeras y compañeros:
Al inicio de la presente Legislatura sometí a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados un punto de acuerdo que a la letra dice: "Exhortar a la SEDESOL a garantizar la incorporación prioritaria de las personas con capacidades diferentes a los programas sociales, estableciendo cambios a las reglas de operación programáticas que sean pertinentes, particularmente los programas de Oportunidad y Hábitat". Eso fue en el año de 2003.
No obstante que el punto de acuerdo antes citado fue aprobado por este órgano legislativo y, pese a los informes que he solicitado a SEDESOL, hasta el momento desconozco y se desconoce públicamente cuántas personas y/o agrupaciones de personas con discapacidad han resultado beneficiadas con los programas de desarrollo social y qué tipo de beneficios han recibido.
Destaco lo anterior porque según datos del Consejo Nacional de Población, en un reporte que emitió en el 2004 decía que en el contexto de los hogares, 8.6% de las unidades domésticas del país tiene presencia de alguna persona con discapacidad, de los cuales el 81.8% tiene un discapacitado; 14%, 2 y 4.2% tiene 3 o más personas con discapacidad.
La Secretaría de Gobernación también afirmó que a las limitaciones o dificultades que suponen las discapacidades de estas personas, se unen el insuficiente acceso a recursos y medios para satisfacer sus demandas y necesidades y entre esto añade que sólo el 2.2 por ciento de las personas con discapacidad estudia y aunque este reporte es del 2004, lo cierto es que en la actualidad desconocemos cuántas personas con discapacidad han sido favorecidas con los programas de SEDESOL. Y también lo cierto es que superar la pobreza en condiciones de discapacidad resulta aún más difícil.
Sin embargo, debemos reconocer que las personas con discapacidad pueden desarrollar todo su potencial emotivo, intelectual y productivo si disponen de estímulos, oportunidades y servicios adecuados a sus necesidades como en mi tierra, en Córdoba, lo han demostrado Micky Simón, Luis Alfonso Castillo y Omar Osorio.
Y si el objeto de la Ley General de Desarrollo Social es asegurar el acceso de toda la población al desarrollo social, resulta de fundamental importancia atender las necesidades de las personas con discapacidad en los campos de la educación, acondicionamiento físico, salud, capacitación para el empleo y promover y proteger el ejercicio pleno de sus derechos.
La enorme gravedad que impone la combinación de dos condiciones muy difíciles de superar, como son la pobreza y la discapacidad, deben de ser motivo suficiente para considerar que los programas de desarrollo social deben aplicarse prioritariamente a las personas, familias o grupos que además de ser pobres, son discapacitados.
Es por eso que someto a la consideración de todos ustedes, esta iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social.
Artículo Único.- Se adiciona un párrafo al artículo 8 de la Ley General de Desarrollo Social para quedar como a continuación se indica.
"Artículo 8.- Los programas y acciones de desarrollo social se aplicarán preferentemente a las personas, familias y grupos sociales que al mismo tiempo padezcan la condición de pobreza y la condición de discapacidad".
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que contravengan lo dispuesto en este decreto.
Gracias por su atención.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Armando Leysón Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Armando Leysón Castro: Con su permiso diputado Presidente. Adelante diputado.
El suscrito diputado Armando Leysón Castro y el diputado Francisco Monárrez, someten a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el más firme propósito de garantizar el principio de laicidad en el ejercicio público al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
Hasta hace unos años, particularmente antes de 1992, la sociedad mexicana vivió regida por una legislación en materia de cultos religiosos que era letra muerta, aunque continuaban vigentes los preceptos constitucionales del 17, no se les daba cumplimiento en la práctica, ya que la regulación jurídica de las actividades religiosas, permaneció inalterada, lo mismo que en las prácticas de las iglesias que la violentaban.
Por ello la reforma constitucional a los artículos 3°, 5°, 24, 27 y 130 constitucionales, fueron de gran importancia y trascendencia, así como la Ley de Asociaciones Religiosas.
Estas innovaciones legislativas tanto las de carácter constitucional como las secundarias, implicaron la más profunda adecuación al marco jurídico del país; estos cambios se propusieron adaptar la normatividad que enmarcaba la actividad religiosa a las nuevas circunstancias de pluralidad social y desarrollo institucional.
En esta reforma constitucional se realizó una nueva configuración del artículo 130, el cual expresamente señala el principio de separación, entre el Estado y la Iglesia. Asimismo, se definen ahí las bases que guían la legislación secundaria, al asegurarse que la materia religiosa fuera de orden de público. Además se estableció la manera en que la ley reglamentaria, otorgaría personalidad jurídica a las iglesias y a las agrupaciones religiosas; creándose así, la figura de asociación religiosa, que es la forma legal, que garantiza la personalidad jurídica, a la que acceden estas instituciones, una vez que obtienen el registro que las constituye para poder actuar legalmente.
Dado que su objetivo en el ámbito espiritual y la organización de las prácticas del culto externo, las asociaciones religiosas no deben participar en la política partidista y ni hacer proselitismo a favor de candidato o partido alguno ni hacer explícita la prohibición de realizar reuniones de carácter político en los templos.
La reforma al 130 constitucional, conservó las limitaciones de esta participación política de manera contundente, de modo que el principio de separación Estado-Iglesia fuera efectivo. De igual forma, se le ordena al Estado, no intervenir de ningún modo, en los asuntos espirituales.
En lo referente a las libertades políticas, las modificaciones ampliaron los derechos de los ministros del culto, al otorgarles el derecho al voto activo y darles la posibilidad de ser votados, una vez separados de sus ministerios.
La modificación al artículo 130, no abandonó los motivos históricos que le dieron origen. El ordenamiento jurídico, confirma la separación entre las iglesias y el Estado, como un principio Juarista de enorme vigencia.
También se reformó el artículo 3°, cuya finalidad fue precisar que la educación, tanto la oficial, como la privada, será laica; con lo que se busco evitar que se privilegie algún credo, o que se promueva o que se profese alguno de ellos. Por eso, se señala la exigencia que la educación se mantenga ajena a cualquier doctrina religiosa.
En lo que se refiere a la práctica del culto religioso, se consideró conveniente precisar; por un lado, las actividades que de manera ordinaria se deben realizar en los templos. Y por otro, precisar las que lleven a cabo afuera de ellos, por lo cual tiene carácter especial las peregrinaciones, que no sólo son expresión de creencia, sino una parte de las tradiciones más arraigadas en diversos grupos de la población.
Por ello, la reforma al artículo 24, establece que los actos religiosos de culto público, se practicarán de ordinario en los templos, pero prevé que los que se celebren excepcionalmente fuera de éstos, deberán sujetarse a la ley reglamentaria.
Como se sabe la personalidad jurídica, capacita para tener propiedades y patrimonio propio, según el régimen fiscal correspondiente. Por ello, se modificó el artículo 27 correspondiente de la Constitución, para que las asociaciones religiosas, pudieran adquirir, poseer o administrar los bienes que le sean indispensables para cumplir su objetivo.
Finalmente, se insistió en esta reforma, que si el Estado tiene como preocupación la mejor vida posible del hombre, debe avocarse a atender sus necesidades de bienestar material, a través de políticas de desarrollo económico y social y las iglesias deben preocuparse y ocuparse sólo de la esfera espiritual.
Por otra parte, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria al artículo 130 constitucional y cumple 13 años de haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Esta ley fue fruto de la discusión, del análisis y el consenso de las diferentes tendencias políticas, representadas en este Congreso; en donde se consultó, dialogó con diversos líderes religiosos, para sentar las bases jurídicas que habrían de modelar el espacio y las relaciones entre la autoridad y la iglesia.
Los legisladores que suscribieron la iniciativa de esa ley, vieron la necesidad de expedir un ordenamiento jurídico, que detallara, preservara y refrendara, mediante normas especificas los principios básicos en materia de libertades religiosas.
Respecto a las libertades de creencias, demarcación clara entre los asuntos civiles y religiosos, igualdad jurídica, la Iglesia y la agrupación religiosa, así como la importancia de una educación laica, la ley de referencia mantiene en lo fundamental el impedimento que tienen los ministros de culto, para, en reunión pública o privada, constituida en junta o en acatos de culto o programada religiosa, criticar leyes fundamentales del país y sus instituciones, así como asociarse con fines políticos.
Es importante hacer una distinción entre las protecciones constitucionales y las legales a las libertades religiosas y las regulaciones a las libertades de asociación y reunión y a los derechos políticos de los ministros religiosos.
En las primeras se trata de que el Estado ofrezca y garantice seguridades y certeza para el ejercicio de las libertades de conciencia, específicamente de creencias y la práctica de estas. Es decir, libertades religiosas que pertenecen a la esfera de las garantías individuales.
En tanto que las segundas, las legales, son claras y evidentemente derechos relacionados con las libertades políticas de un segmento específico de los creyentes, como son los ministros de culto.
La modificación constitucional y la promulgación de la ley reglamentaria, buscaron ordenamientos cuyas normas pudiesen ser obedecidas de manera predecible y abierta y de forma tal, que no existieran privilegios ocultos ni discrecionales administrativas. Este cambio siguió el principio jurídico de que las leyes deben de tener una correspondencia directa con la realidad que busca normar (¿), pues sólo así se logra su cumplimiento.
Se legisló para asentar las bases sobre las que se fincarían las nuevas relaciones entre la sociedad, el Estado y la Iglesia. El Estado asegura así que la religión no sea pretexto para la trasgresión de la ley o de la soberanía nacional. La separación entre el Estado y la Iglesia y la condición laica del primero, pretenden asegurar que el gobierno no privilegie ni discrimine a ninguna religión ni a ninguna Iglesia. Ya, el derecho de los individuos y la sociedad, a ejercer sus libertades en materia religiosa, está asegurado por la igualdad de todos ante la ley.
Actualmente y como en antaño, en ocasiones las Iglesias continúan tomándose atribuciones que no les corresponden. No es extraño escuchar o ver en los medios de comunicación a ministros religiosos opinando sobre acciones de gobierno o políticas públicas. Pero más allá de lo anterior, encontramos también que algunos funcionarios públicos asumen y esgrimen posturas religiosas en el ejercicio de sus funciones gubernamentales, de tal suerte que se convierten en voceros religiosos desde sus puestos públicos, lo que significa un retroceso en el desarrollo democrático del país.
Queda claro que las estructuras e instituciones de gobierno no deben ser utilizadas para hacer proselitismo religioso; por el contrario, los funcionarios públicos y representantes populares, debemos garantizar que se cumpla el principio laico del ejercicio gubernamental.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa para quedar como sigue:
Artículo 24. "Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penada por la ley.
El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohíban religión alguna. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los Templos; los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos, se sujetarán a la ley reglamentaria.
Queda prohibido que los funcionarios públicos, en los distintos niveles y poderes de gobierno en el ejercicio de su encargo, se manifiesten y favorezcan y fomenten o induzcan una religión o culto religioso".
Transitorio: Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado éste en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de abril del año 2006.
Muchísimas gracias por su atención.
El El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Jaime del Conde Ugarte, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6o., 8o. y 9o. de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su venia señor presidente.
Durante los últimos años hemos observado una constante evolución en algunos contratos. En cuestión a aquél viejo principio contractual de que la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos.
En efecto, algunos contratos han dejado de ser libres acuerdos de las partes, en el que la voluntad de ellas no va a producir el contenido obligaciones del mismo ya que se ha dejado de negociar su contenido, para convertirlos en actos de simple adhesión a la voluntad de uno de los contratantes, generalmente el más poderoso económicamente hablando.
Así en materia de contratos de créditos con garantía que celebran las entidades o instituciones financieras, encontramos que el prestamista elabora el clausurado del contrato y el solicitante de crédito debe de adherirse al contenido del mismo sin ninguna modificación, pues en caso de no estar de acuerdo con los pactos previamente estipulados, el crédito le sería negado.
Es así como el notario se limita a transcribir en su protocolo el formato de contrato que le proporciona la entidad o institución financiera, quedando imposibilitado de cambiar sus términos aunque contengan cláusulas o disposiciones que pudieran resultar contrarias a los intereses del acreditado, lo que limita de manera drástica la función del notario como asesor de las partes y convierte su actuación en la de un revisor de los antecedentes de los inmuebles dados en garantía y tramitado de la documentación necesaria para la elaboración de la escritura de crédito y garantía y su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad, correspondiente.
El menester señalar que las entidades financieras para la formulación de los contratos de crédito, los realizan en formatos ex profeso, sin que se dé intervención al contratante o acreditado, en la formulación del mismo, lo que repercute en la transparencia a la que están obligadas las instituciones financieras en el otorgamiento de los créditos objeto de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
Desde luego que la falta de una correcta regulación protectora de los intereses de los acreditados, ha dado lugar a numerosas controversias judiciales entre las instituciones certificas y éstos; las cuales en su mayoría versan precisamente sobre el contenido de los contratos que habiéndose elaborado por las instituciones y sin una posibilidad real de negociar su contenido, frecuentemente acaban por generar obligaciones excesivas para los acreditados y quienes utilizan como argumento de defensa ante los tribunales precisamente, la redacción leonina de los mismos o la falta de claridad en el contenido de las cláusulas, o bien la supuesta simulación que existe en los contratos crediticios.
El avance en esta materia se dio con la publicación de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado. En dicha ley se busca que la transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios. Con dicho ordenamiento se buscó resolver uno de los problemas que se presentaban más constantemente y que era atacar la desconfianza de los deudores hacia las entidades financieras; obligando a éstas últimas a informar oportuna y suficientemente las condiciones que tendrán los créditos que otorguen, así como las cláusulas que contendrán las escrituras que formalizarán dicho contratos.
Asimismo en el mencionado ordenamiento al fomentar la competencia entre entidades financieras de manera más ordenada, se logró una reducción de las tasas de interés de los créditos hipotecarios, con lo que se incentivó la inversión de las familias y un fuerte impulso a la economía mexicana; empleando como detonante a la industria de la construcción, industria que se caracteriza por demandar hoy por hoy, en un 97% del total de sus insumos y bienes que son producidos en el país y con lo cual se contribuyó a reducir los niveles de desempleo en México.
En el aspecto de la transparencia logró la obligación a cargo de las instituciones financieras, de proporcionar información clara, expedita, sencilla, los términos y condiciones que tienen que incluirse en los contratos de crédito integrando de esta forma un esquema innovador y seguro para la protección y certidumbre de quienes demanden un tan deseado crédito hipotecario.
Sin embargo, debemos reconocer que en dicha ley quedaron muchos aspectos a la deriva, por lo que el presente iniciativa tiene por objeto establecer una mayor transparencia de las entidades financieras en sus relaciones con sus posibles clientes, ya que las entidades redactan de forma unilateral los clausurados que serán utilizados a efecto de formalizar las escrituras públicas que contiene los elementos del crédito autorizado, toda vez que el posible cliente o acreditado no interviene en la elaboración del mismo, es decir adhiriéndose a las condiciones establecidas por las entidades financieras.
Asimismo, la ley establece obligaciones para los notarios ante quienes se tramitan créditos garantizados que consisten primeramente en verificar que las cláusulas financieras del contrato coincidan con los términos y condiciones que se les ofrecieron al deudor en la oferta vinculante y además debe de verificar la no existencia de algún otro gasto o comisión que debiera haberse incluido en las cláusulas financieras.
De la misma forma respecto a las nuevas obligaciones para los notarios contenidas en las reglas emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público visualizando en el notario a una institución imparcial que debe de servir de auxiliar y asesora para las partes del contrato y pidiendo con esto que las entidades incluyan pactos distintos a los ofrecidos en la oferta vinculante.
Y si esto llega a suceder deberá de explicar al deudor las razones por las que no se respetó dicha oferta, aunque como ya se dijo, en nuestro país no se le brindan al notario las armas necesarias para cumplir totalmente su cometido ya que el contenido de las cláusulas financieras sigue quedando al arbitrio de la entidad financiera.
Con la presente iniciativa se logrará que toda persona al firmar un crédito de los regulados por la Ley de Transparencia y Fomento a la Competencia del Crédito Garantizado, no tenga ningún temor de que los pactos contenidos en su contrato sean de alguna manera contrarios a sus intereses, ya que las cláusulas financieras han sido revisadas y su contenido es imparcial logrando con ello que las partes del contrato tengan un equilibrio entre ellas.
Por lo que la presente iniciativa busca establecer que las entidades financieras den la oportunidad a los solicitantes de intervenir en la redacción de las cláusulas financieras y asimismo se establece la obligación de la entidad financiera de explicar los alcances y consecuencias jurídicas por la formalización del contrato respectivo, asimismo la facultad del acreditado de proponer por escrito modificaciones al contrato.
Se propone establecer en la presente iniciativa que la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia del Crédito Garantizado, que la oferta vinculante prevista por el ordenamiento y que sirve de detonante para la mayoría de sus disposiciones sea obligatoria expedirla para las entidades financieras ya que solamente la expide cuando lo solicita el acreditado.
El ordenamiento no contiene tampoco un clausulado debidamente redactado y con la opinión de fedatario público que permita suponer a los acreditados que no existen pactos leoninos o cláusulas dolosas en los contratos de crédito que regula la ley, asegurando con esto que la intervención que tiene el Notariado verdaderamente sirva para lograr el equilibrio de las partes que intervienen en los contratos que la ley regula.
Por lo que en la presente iniciativa se busca incluir los siguientes aspectos:
Primero.- Que las entidades financieras se obliguen a entregar la oferta vinculante a sus posibles clientes, aunque ellos no los soliciten para así otorgar al acreditado la posibilidad de comparar las condiciones que ofrecen cada una de las instituciones.
Segundo.- El contenido de las cláusulas financieras se deberá poner a disposición de los solicitantes del crédito por parte de las entidades financieras para informarlos oportunamente de los pactos que tendrán que aceptar al momento de formalizarlo, transparentando con ello las condiciones del otorgamiento del mismo.
Tercero.- La facultad del notario de no formalizar aquellos contratos de crédito que no contengan el clausulado financiero aprobado por el posible acreditado en la entidad financiera o bien impongan obligaciones pecuniarias en contra del acreditado en las demás cláusulas del referido contrato.
La presente iniciativa coadyuvará al desarrollo económico del país, toda vez que la fomentar el crédito hipotecario el posible acreditado o cliente en las entidades financieras tendrá mayor seguridad de involucrarse con un crédito seguro y adecuado a sus posibilidades económicas, así como que éstas se obligarán a mejorar los servicios proporcionados que dando mayor competencia entre ellas.
Por todo lo anterior nace la necesidad de incorporar de manera clara y precisa dentro del texto de la ley mayores garantías a los posibles acreditados al contratar un crédito hipotecario, por lo que el suscrito, Jaime del Conde, somete a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO que reforma y adiciona los artículos 6, 8 y 9 de la Ley de Transparencia y de Fomento a la Competencia en el Crédito Garantizado.
Es cuanto, diputado presidente.
El El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía.
Tiene la palabra el diputado Rafael Flores Mendoza, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 6 de la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
El diputado Rafael Flores Mendoza: Con su venia, diputado presidente.
Ustedes recordarán que, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica abrieron un programa denominado Braceros, que estuvo vigente de 1942 a 1965.
Este programa suplía la falta de mano de obra que había en el vecino país del norte porque ésta estaba ocupada precisamente en la Segunda Guerra Mundial y ocasionó que a los braceros se les conociera como los soldados del surco porque su misión era precisamente producir los alimentos que tanto requerían las potencias aliadas para derrotar a las naciones que constituían el eje.
En ese sentido, durante ese lapso de tiempo, de 1942 al 64 que duró el programa, a nuestros compatriotas se les estuvo reteniendo el 10 por ciento de su sueldo diciéndoles que con ello se iba a integrar un fondo de retiro para que cuando estuvieran en la tercera edad no tuvieran preocupaciones.
Pero es el hecho de que desafortunadamente esos fondos que retuvo una empresa norteamericana los entregó al gobierno mexicano y los fondos –cosa rara en este país—se desaparecieron; jamás llegaron a sus destinatarios.
Desde entonces, desde el 64 a la fecha los braceros a los que les fue retenido el 10 por ciento de su salario vienen dando una lucha férrea, decidida por recuperar aquella parte de su sudor que les fue negada, que se les quitó.
Tan es así que el año pasado finalmente sus esfuerzos se vieron coronados. Esta soberanía aprobó una ley que creó el Fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos.
Esta ley también prevé que año con año se va a destinar una cierta cantidad de recursos para, gradualmente, ir pagando a todos los trabajadores mexicanos que participaron en dicho programa.
Sin embargo, este fideicomiso tiene dos deficiencias muy, pero muy graves y son las que pretendemos modificar y subsanar. La primera deficiencia es que la Secretaría de Gobernación, a lo largo del 2004, del 2005, fue integrando un padrón con todos los braceros.
Desafortunadamente los extrabajadores braceros no se dieron cuenta o muy pocos se dieron cuenta de que se estaba integrando este padrón, por una parte, y por la otra, muchos creían que se trataba nuevamente de un engaño, como del que fueron objeto en décadas pasadas, cuando les decían que ya les iban a regresar su dinero, siempre y cuando se registraran en algún padrón, y como ese padrón nunca surtió efectos, ya muchos no se registraron y optaron por dejarlo así y desafortunadamente de los casi 4 millones de trabajadores braceros mexicanos que participaron en el programa el padrón está integrado actualmente por tan solo 110 mil trabajadores, lo cual nos da una clara señal, una clara muestra de la cantidad de compatriotas que no están dentro del padrón, que quedaron fuera del padrón.
Esta iniciativa tiene por objeto volver a abrir el padrón que elaboró la Secretaría de Gobernación para que puedan ser objeto de los beneficios que se da en la Ley que crea el Fideicomiso de Apoyo Social a los Trabajadores Braceros.
Es una primera necesidad inmediata. Tenemos que abrir nuevamente el padrón para que los beneficiarios se registren y también lo puedan hacer sus viudas o sus hijos para que tengan derecho a cobrar la indemnización que señala la propia ley.
La otra deficiencia que pretende cubrir esta iniciativa que someto a esta Cámara de Diputados es en cuanto a los documentos que exige actualmente la ley para comprobar que un trabajador fue migrante.
Actualmente la ley señala que únicamente pueden ser reconocidos como braceros, los que presenten su contrato o presenten la mica café o en su defecto algún recibo que se le haya otorgado cuando estuvo trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica.
Esta lista de verdad constriñe demasiado la oportunidad que tienen los braceros de demostrar que efectivamente participaron en dicho programa.
Nos hemos dado a la tarea de recorrer varias entidades federativas del país, entre las que destaca Zacatecas, por supuesto, de donde soy oriundo, y los propios exbraceros me señalan que perdieron sus documentos, que ya no cuentan con ellos y que entonces la Secretaría de Gobernación no los quiere registrar en el padrón.
Y bueno, yo quiero proponer aquí a esta soberanía que incluyamos dos tipos de documentos más para que también los braceros puedan acreditar tal condición. Me refiero que también podamos validar como un instrumento válido, valga la redundancia, contundente, que demuestre que fueron trabajadores braceros, las credenciales que expedía en su momento la propia Secretaría de Gobernación. Esos documentos yo creo que son prueba plena de que el trabajador participó en el Programa.
Y también por otro lado, el Departamento del Trabajo de Estados Unidos otorgaba menciones honoríficas a los trabajadores y muchos trabajadores sólo cuentan con esas menciones honoríficas que entregaba el Departamento de Trabajo norteamericano, entonces también estas menciones honoríficas deben ser parte, deben ser admitidas como prueba plena para que los exbraceros puedan acreditar su condición de tales durante la vigencia del programa.
Entonces esta iniciativa adiciona la fracción I del artículo 6° de la Ley del Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, señalando que se podrán registrar en el padrón de la Secretaría de Gobernación, en los sitios, plazos y en las condiciones que señale la convocatoria que al efecto se expida. Asimismo se modifica la fracción III donde se adiciona a los contratos, a la mica café y al recibo de pago, la credencial de trabajador emigrante expedida por la Secretaría de Gobernación en la época referida, así como la mención honorífica expedida por el Departamento del Trabajo.
Y en los transitorios, básicamente en el segundo y en el tercero, dice que la convocatoria para reabrir la inscripción en el padrón a que hace referencia la fracción I del artículo 6° de esa Ley, se emitirá en un plazo no mayor de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor de este decreto y que la convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en por lo menos dos diarios de circulación nacional.
Sería cuanto, señor Presidente y solicitaría que se inserte íntegro en el Diario de los Debates la presente iniciativa.
El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Maximino A. Fernández Ávila, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa que reforma el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El diputado Maximino A. Fernández Ávila: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
Los partidos políticos son los instrumentos básicos de cualquier democracia, ya que ayudan a informar y articular la opinión pública sobre diversos proyectos de gobierno. Los partidos políticos son los canales ideológicos que permiten la competencia pacífica en la arena política y proporcionan un marco para la expresión de las preferencias políticas. Entres su principal función los partidos políticos constituyen unidades organizativas a las que se les reconoce el derecho de participar en un proceso de elección política, para el cual se definen como una organización política que se adscribe a una ideología determinada y/o representa algún grupo en particular.
Para la consecución de su principal fin, que es la búsqueda de poder, los partidos políticos se definen para diferenciarse unos de otros y así poder captar simpatizantes que les otorguen su confianza a través de un voto y de esta forma puedan cumplir con sus objetivos y el de sus miembros.
Dos elementos que definen a los partidos políticos son, por un lado, la militancia y, por el otro, la ideología; estos son importantes, porque representan la parte medular del partido.
En la actualidad los partidos políticos, aunque cambian de acuerdo con las sociedades y los rasgos de la Constitución Política de los diferentes países, mantienen el grado de cohesión necesaria para funcionar en torno a un objetivo. La democracia interna les permite renovarse así, como les permite a su militantes poder acceder a cargos donde puedan tomar más y mejores decisiones.
La militancia en los partidos políticos representa el compromiso de los miembros con los objetivos que persigue el grupo, por lo cual es de vital importancia para los propios partidos, que sus integrantes cuenten con un mínimo de permanencia.
Ahora bien, de un tiempo para acá todos los partidos políticos en los ámbitos nacional y local, se han visto sujetos a renuncias de militantes que se cambian de un partido; esto no tiene mayor problema en la democracia, si no fuera porque muchas de estas renuncias tienen un tinte meramente electoral oportunista; son políticos fuertes que se combinan y cambian de partido, porque saben que independiente de los colores y la ideología que representan, tienen posibilidades de ganar una elección.
No estamos en contra de los principios de libre asociación ni de las preferencias de los individuos, sino por el contrario, consideramos que ambas son pilares de cualquier sociedad plural, libre y democrática.
Los seres humanos van cambiando a lo largo del tiempo sus preferencias, de acuerdo a sus intereses o a cambios en sus convicciones y esto debe seguir así y, por supuesto, la ley debe proteger estos principios antes mencionados.
Nuestra propuesta consiste entonces en evitar que se afecten los intereses de los militantes que han hecho carrera política dentro de los partidos y principalmente evitar la personalización de la política.
Debido a que nuestra democracia se basa en un régimen de partidos, es importante fortalecerlos en lugar de perjudicarlos. Los partidos políticos son escuelas de capacitación política que van formando cuadros entre sus militantes, para no tener sólo dirigentes importantes el día de mañana, sino partidos fuertes con una buena estructura.
Si seguimos permitiendo la personalización de la política, debilitaremos nuestros partidos, alejando más y más a los votantes que no ven una coherencia entre el candidato, la ideología, el discurso y los intereses que representa.
Nuestra democracia cada día es más cara, porque cada vez nos cuesta más dinero sacar a los electores a que voten en las urnas y esto en parte a que el ciudadano se dejó de identificar con las ideologías de los partidos, además de que se siente desvinculado de las plataformas políticas y de los mismos candidatos.
Un ciudadano puede ver un día un político defendiendo una bandera y otro día puede ve al mismo político desde otra trinchera, atacando al partido al que pertenecía.
Nuestras leyes deben salvaguardar los intereses de los militantes de los partidos, deben respetar a los ciudadanos que forman parte de un partido político y que se esfuerzan por cumplir con los requisitos formales de afiliación previamente establecidos por éste, es decir, con el compromiso firmado.
Los partidos políticos deben contar con representantes populares capaces, pero sobre todo confiables, militantes vinculados al partido por compromiso y convicción y no sólo por conveniencia, ya que a la larga resulta perjudicial para el partido y a los mismos electores.
Nuestra propuesta viene a beneficiar tanto a los militantes como a los ciudadanos, ya que de esta forma sabrán que al votar por un aspirante éste será leal a los principios, a la doctrina y a las estrategias de su grupo, que por un político no puede cambiar de discurso según el partido que lo haga candidato.
Los partidos políticos tendrán sus propios mecanismos para la selección de candidatos, eso concierne a la vida interna de los mismos, sin embargo es necesario garantizar los criterios en los cuales se deben dar estas elecciones y estos deben ser única y exclusivamente los criterios democráticos. La ley debe favorecer la voluntad de la mayoría y evitar que las lagunas de la propia ley sean utilizadas por los oportunistas.
Es importante señalar que una condición para gozar de credibilidad y autoridad moral, al menos en un plano individual, es la congruencia.
Ahora bien, en política la noción de congruencia no puede entenderse como mera cuestión lógica. Al hablar de congruencia saluda automática o implícitamente un conjunto de ideales, valores y principios que son, por decirlo de algún modo, las premisas constitutivas de los partidos, si es congruente o no, con una historia, un desarrollo, un porvenir determinados. La congruencia fortalece no sólo a los individuos sino al propio partido consolidando su presencia en la sociedad.
Sensibilizados por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se permite someter ante este plano la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, adicionando solamente un inciso h) que quedaría como sigue:
La obligación de sus candidatos de cumplir al menos con seis meses de militancia previo al día de la postulación.
Es cuanto señor Presidente.
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación.
Esta Presidencia recibió del diputado Omar Bazán Flores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional iniciativa de decreto para inscribir en letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro la leyenda "Los Migrantes Mexicanos".
Y se turna a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
El siguiente punto del orden del día, es la Primera Lectura, de los siguientes dictámenes.
De la Comisión de Gobernación con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 72 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 99 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.
De las Comisiones Unidas de Gobernación y de Radio, Televisión y Cinematografía con Proyecto de Decreto que reforma la fracción XXVII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma el párrafo tercero del artículo 3º de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y expide la Ley que crea la Agencia de Noticias del Estado Mexicano.
De la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 31 y 38 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.
De la Comisión de Gobernación con proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana María Eugenia Sánchez y Díaz de Rivera, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de las Palmas Académicas en grado de Caballero que le otorga el Gobierno de la República Francesa.
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Jorge Carrillo Ramírez, América Enrique Castillejos y Lázaro Romero Gómez, para prestar servicios en las Embajadas de Colombia y del Estado de Israel, en México, respectivamente, publicados en la Gaceta Parlamentaria.
Son de Primera Lectura.
Se instruye a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Lectura Orden del Día)
El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Se levanta la Sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles, cinco de abril a las once horas, y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las nueve horas.
(A las 14:45 hrs.)