La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (Toca la campanilla y dice): Pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 346 diputadas y diputados. Por lo tanto, hay quórum.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli (A las 11:14 horas): Se abre la sesión.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura al orden del día, en virtud que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Se dispensa la lectura.

Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada el acta.

A continuación la Secretaría continuará con comunicaciones.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Comunicaciones. (Del diputado Quintín Vázquez García)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los Puntos de Acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los puntos siguientes:

Puntos de Acuerdo

Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Quintín Vázquez García, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Noveno Distrito del Estado de Jalisco, a partir de esta fecha.

Segundo.- Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos y ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado, comuníquese.

Se encuentra a las puertas de este recinto las ciudadanas Norma Patricia Rodríguez Guardado y Guadalupe Mendívil Morales, diputadas federales electas en el Noveno y en el Séptimo Distrito Electorales de los Estados de Jalisco y de Sonora, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones a los siguientes compañeros diputados: María del Carmen Izaguirre Francos, Jorge Leonel Sandoval Figueroa, Víctor Hugo Islas Hernández, Angélica Ramírez Luna, Bernardino Ramos Iturbe, y María Ávila Serna.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple con su encargo)

Se pide a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ciudadanas Norma Patricia Rodríguez Guardado y Guadalupe Morales Mendívil: "�¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?"

Las ciudadanas Norma Patricia Rodríguez Guardado y Guadalupe Morales Mendívil: "Sí, protesto".

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si así no lo hicieran, que la Nación se los demande.

Bienvenidas las dos a esta su casa. (Aplausos)

Continúe la Secretaría, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Del diputado José Ángel Cabello Gil)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Como lo solicita el diputado José Antonio Cabello Gil, se retiran sus proposiciones presentadas los días 8 de diciembre de 2005 y 14 de febrero del año en curso. Comuníquese a la Comisión de Gobernación y Archívense los expedientes.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De los Congresos de los estados.

(Del congreso del estado de Tlaxcala que remite acuerdo para solicitar al Honorable Congreso de la Unión, reconsidere la posibilidad solidaria de la clase trabajadora y del gobierno federal para el rescate del ISSSTE se haga sin omitir lo establecido por los artículos 123 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 177 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social para su conocimiento.

La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: (Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica, que con motivo del 507 Aniversario del natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza que tendrá verificativo el 23 de febrero a las 10:00 en la Plaza de las 3 Culturas).

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes compañeros: diputado Aníbal Peralta Galicia; diputado Jorge Triana Tena y diputado Francisco Diego Aguilar.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que con motivo del 66 Aniversario del Día de la Bandera, que tendrá verificativo el 24 de febrero a las 8:00 horas)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Para asistir en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes compañeros: diputado Flemón Arcos Suárez Peredo; diputado Ernesto Herrera Tovar y diputado Emilio Serrano Jiménez.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: De la Asamblea Legislativa.

(La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remite acuerdo por el que solicita a la Comisión a Grupos Vulnerables, atienda la problemática de personas con discapacidad inconformes con el manejo del programa conocido como "ECODIS")

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, remite acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión a que llame al gobernador del estado de Puebla Mario Marín a juicio político)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que remite acuerdo en el que solicita que la Cámara de Diputados constituya una Comisión Especial para investigar comunicaciones telefónicas entre el Gobernador del estado de Puebla y el empresario Kamel Nacif).

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

La Secretaria, diputada Patricia Garduño Morales: (Oficio de la Junta de Coordinación Política, solicitando que la diputada Ruth Trinidad Hernández Martínez, sustituya como Presidenta en el Comité de Comunicación Social a la diputada con licencia Patricia Flores Fuentes)

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la Afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio de la Junta de Coordinación Política, solicitando que el diputado José Evaristo Corrales Macías, sustituya al diputado José Orlando Pérez Moguel, como Secretario en la Comisión de Pesca)

En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Las ciudadanas diputadas y ciudadanos diputados que estén por la negativa. (votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobada.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Junta de Coordinación Política, solicitando que la diputada Marcela Guerra Castillo, cause baja como integrante en la Comisión de Ciencia y Tecnología y el diputado Gonzalo Moreno Arévalo, cause baja como integrante en la Comisión de Transporte)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: De enterada.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: (Oficio de la Junta de Coordinación Política, solicitando que la diputada Ofelia Ruiz Vega, cause alta como integrante en las Comisiones de Desarrollo Social y de Participación Ciudadana)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas: De enterada.

La Secretaria diputada Patricia González Salas: (Acuerdo de la Junta de coordinación Política, por el que esta Soberanía pide al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la C. Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el gobernador constitucional del Estado de Puebla, la Procuradora General de Justicia de dicha entidad, así como la jueza de la causa)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta presidencia la solicitud de compañeros diputados para posicionamiento en referencia a este punto.

En consecuencia tiene la palabra hasta por 5 minutos el diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo.

El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia diputada presidenta; legisladoras y legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se pronuncia por la aprobación de la propuesta que nos presenta la Junta de Coordinación Política.

En esencia, se trata de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de nuestra Constitución, nombre alguno o algunos de sus miembros para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de una garantía individual.

La petición de esta Soberanía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, será en el entorno de las graves violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, realizadas por las autoridades del Estado de Puebla.

La sociedad mexicana se conmovió con la difusión de la conversación telefónica realizada por el gobernador Mario Martín y el empresario Kamel Nacif. Y de esta conversación se desprende claramente cómo los órganos de procuración e impartición de justicia actuaron por consigna y en consecuencia violentando el orden jurídico previsto por la Constitución General de la República y por las leyes del Estado de Puebla.

En el caso que nos ocupa, el gobernador determinó la culpabilidad de Lydia Cacho, sin que mediara proceso penal alguno. Se sujetaron los órganos jurisdiccionales a la consigna política y actuaron de manera parcial.

Ante esta situación la Cámara de Diputados no puede permanecer pasiva y observando cómo transcurren los acontecimientos. Esta es la casa donde se hace la ley y todos los servidores públicos al tomar posesión de su cargo, protestan el cabal cumplimiento del orden jurídico vigente.

El gobernador de Puebla, actuó como personero de Kamel Nacif, con ello pone en entredicho la función e imparcialidad del Poder Judicial del Estado de Puebla.

Se pone también en entredicho al vigencia y el respeto de las garantías individuales a las que tiene derecho todo procesado. En síntesis, se pone en entredicho la vigencia del estado de derecho por una actitud facciosa de las autoridades del Estado de Puebla.

Por esta situación nuestro grupo parlamentario apoya que esta soberanía le solicite al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que averigüe la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho.

Desde esta Cámara debemos de decir un no rotundo a la impunidad venga de donde venga; que la Suprema Corte intervenga y se deslinden las responsabilidades. Basta ya que desde el Poder Ejecutivo estatal se tire línea para que los hechos se ajusten al deseo del gobernante y con ello la justicia se aplique de manera facciosa.

Confiamos en que se apruebe esta propuesta y que este lamentable hecho sirva de ejemplo a todos aquéllos que bajo el amparo del Poder Público pretendan subordinar la justicia a sus mezquinos intereses.

Es cuanto diputada Presidente. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Pedro Vázquez.

Damos la más cordial bienvenida a compañeros estudiantes de la licenciatura en derecho de la Universidad de Cuautitlán Iztcalli y personal que lo acompaña. Ellos son invitados por el diputado Edmundo Valencia Monterrubio. (Aplausos)

Asimismo solicito a la Secretaría se instruya el cierre del sistema electrónico de asistencia.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: �¿Falta alguna ciudadana o ciudadano diputado de registrar asistencia? Ciérrese el sistema electrónico de asistencia (11.39 horas)

Presidenta, hay una asistencia registrada de 395 ciudadanos diputados y ciudadanas diputadas.

Se comenta a los ciudadanos legisladores que aún no hubieran registrado asistencia, tienen quince minutos para hacerlo mediante cédula.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Continuamos con el posicionamiento de acuerdo a... Tiene la palabra por el Partido Convergencia, nuestro compañero diputado Jesús González Schmal.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia ciudadana presidenta.

En efecto, como lo habíamos señalado en ocasión anterior, la instancia que hoy se abre a la nación para conseguir, para lograr justicia en este deleznable, en este terrorífico caso de colusión de autoridades de dos poderes del Estado de Puebla, unidos –yo diría uncidos- para conseguir la violencia al estado de derecho cuyo objeto era nada menos que la periodista Lydia Cacho, no puede quedar simplemente como un episodio por más negro y obscuro que sea de nuestra vida histórica si no fuese porque hay una oportunidad de que la impunidad no se consagre una vez más en nuestra vida institucional para permitir que estos actos se multipliquen en los tiempos venideros.

Esta oportunidad de terminar con la impunidad, evidentemente va a estar a cargo de la Suprema Corte de Justicia, que sin lugar a dudas tiene que atraer a su conocimiento, a su competencia la investigación del caso porque no se trató de una insignificancia; no se trató de un hecho que pudiera en una memoria débil, dejarse transcurrir sin mayor connotación, sin mayor marca en nuestra vida pública.

Es un hecho que cimbró a la opinión pública, que nos ha conmovido por dos razones y en dos vertientes: porque se trata de una luchadora social agraviada mediante una simulación de notificación para secuestrarla desde Cancún y recluirla en la cárcel en Puebla; y porque esta luchadora social ejercitaba sus derechos plenos constitucionales en el ejercicio de la libertad de expresión, pero también porque se trataba de algo todavía más grave.

Se trataba de la práctica de la pederastia. Se trataba quizás de la comisión del delito más inhumano, más cobarde, más deleznable: el abusar, el hacer víctima de la peor degradación humana, de la peor perversión nada menos que a una criatura, a un niño o a una niña para arruinarles el futuro, para romperles el horizonte del crecimiento en el equilibrio sicológico en la plenitud de sus facultades para realizarse en el orden humano.

Esto pues, conjuga dos aspectos que deben tener a esta Cámara de Diputados alerta, en plena y permanente alerta para que la Suprema Corte de Justicia al atraer esta investigación ahonde, profundice en estas causas, en estos hechos –y como señalaba- que la impunidad no vuelva a envolverlos y a cobijarlos en el olvido.

Y además, para que se cimbre la conciencia nacional de por qué estos actos inhumanos, estos actos terroríficos de abusar de los menores están en crecimiento en México. Por qué es que se repiten continuamente y se multiplican a nuestra vista y son hombres del poder, del dinero, de la mejor condición social los que llegan a estas prácticas degradantes, negativas o negadoras de la propia esencia y condición humana.

Yo diría pues que en qué buen momento esta Cámara asume esta responsabilidad y traslada a la Suprema Corte de Justicia la obligación de darle al pueblo la satisfacción de la justicia ahora y darnos a todos los elementos profundos de reflexión por qué están ocurriendo estos horrores en nuestra patria y cómo debemos actuar y responder para evitar que prosigan en el futuro próximo. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado González Schmal.

A continuación tiene el uso de la palabra nuestro compañero diputado Pablo Gómez Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados:

Celebro que se haya producido en la Cámara un acuerdo político para solicitar a la Suprema Corte de Justicia una investigación sobre la posible violación de los derechos humanos de una escritora Lydia Cacho, y de los elementos que se han dado alrededor del asunto, la posible confabulación de servidores públicos con el propósito de procurar impartir justicia de manera confabulada, lo cual viola la Constitución y las leyes del país.

Espero también que el Senado de la República acuerde exactamente lo mismo el día de hoy y que una comisión nombrada por la Suprema Corte se aboque al esclarecimiento.

Quiero sin embargo decir que espero que el resultado de esta investigación o tenga la misma suerte que aquella que se abrió en el caso de la matanza de Aguasblancas, en donde el gobernante que tuvo responsabilidad en esa violación tan terrible de los derechos humanos, solamente fue separado de su puesto por voluntad de él y bajo instrucciones del Ejecutivo Federal y nunca fue sometido a ningún procedimiento de carácter jurisdiccional.

Creo yo que el estado de la impunidad es producto de la inmadurez de la democracia o de la ausencia de la misma. El estado de la impunidad es contrario a la República, recuerda los privilegios de las viejas monarquías, de los señores feudales, dueños de tierras e individuos, señores de horca y cuchillo.

Tenemos ante nosotros un caso bastante claro. El gobernador da órdenes siguiendo los deseos o para satisfacer a un amigo suyo. El gobernador de Puebla no puede seguir gobernando. Puebla no merece tener un gobernador que se pueda para más de cinco años, que es lo que resta de su período constitucional, en la situación en la que está actualmente el señor Marín.

�¿Quién quiere acercársele? �¿Quién quiere pactar con él? �¿Quién quiere hacer algo con él? �¿Quién quiere aparecer junto con él en algo?

Yo pienso que el señor Marín, después de lo que hemos conocido, no puede seguir siendo gobernador porque perjudica a los poblanos, perjudica a la República, perjudica a la Federación.

Pero pido a la Cámara, a todas las bancadas, que abramos el juicio político porque es nuestra obligación. Aquí este Poder de la Unión tiene que hacer lo que la Constitución dice que debe hacer. Si le pedimos a la Corte que investigue, por qué no habremos de hacer nosotros lo que la Constitución dice que es nuestra obligación hacer? Que se reúna la Comisión de Examen Previo, que los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia convoquen a la Comisión de Examen Previo, que la Comisión de Examen Previo resuelva que se reúna la plenaria de comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y resuelva, y si no hay mayoría, si hay empate, que resuelva el Pleno y que se turne el asunto a la Sección Instructora, que es lo que corresponde, de acuerdo con la ley; que se abra ese procedimiento, debe incoarse el procedimiento contra el gobernador Marín y este Poder de la Unión ejercer las facultades que en materia de responsabilidad política le asigna la Constitución.

Renunciar a esas facultades es en sí mismo una trasgresión del texto constitucional y de los deberes que el pueblo le ha conferido al Congreso de la Unión. Muchas gracias. (Aplausos).

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputado Pablo Gómez.

A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso, señora Presidenta.

Por supuesto que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional está totalmente sumado al punto de acuerdo que hiciera suyo la Junta de Coordinación Política porque de manera muy expresa los diputados federales poblanos del grupo parlamentario del PAN, las ciudadanas y los ciudadanos, distinto a lo que el Gobernador nos ha querido decir y manifestar, como lo hiciera el pasado domingo haciéndonos convertir a esta Cámara de Diputados como una de las fuerzas oscuras, ocultas, que nos estamos equivocando; distinto a todo ello, nos encontramos, los poblanos, sumamente indignados y avergonzados con la República por la falta de carácter, por la falta de valores, por la falta de sensibilidad de nuestro Gobernador en el estado.

Yo quiero decirles, amigas y amigos diputados, que no nos encontramos, por supuesto, más que de acuerdo, en la solicitud del juicio político, porque entendemos perfectamente lo que acá ha venido a expresar el diputado y compañero nuestro González Schmal en el sentido de que no podemos dejar impune un asunto que va más allá de la violación de los derechos humanos, de la libertad de expresión, más allá de que a una periodista, y que hoy se ha hecho una práctica común y recurrente por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de estar atentando cada que la pregunta obligada es: �¿qué está sucediendo con el gobernador Marín?

Más allá de ello como lo manifestaba en esta tribuna nuestro compañero González Schmal, la violación, el atentado contra la dignidad de las personas, que se hace todavía peor cuando estas personas son menores de edad, son pequeñas que han sido vulneradas no solamente en sus derechos, sino en su propia dignidad, nos avergüenza, y nos avergüenza muchísimo.

Yo quiero decirles, amigas y amigos diputados, que verdaderamente en nosotros, los poblanos, pesa, y pesa profundamente, la pérdida de valores que han tenido nuestras autoridades en el estado de Puebla.

Señor Gobernador: No se equivoque. No hay fuerzas oscuras que estén atentando contra usted; fue usted quien provocó esta situación en el estado de Puebla, e la República Mexicana y en el exterior, más allá de nuestras fronteras.

Nos ha amenazado, señor Gobernador, a todos los que hemos señalado, la barbarie que usted ha hecho en el estado. Ha dicho que no provoquen a los poblanos; usted los provocó. Ha dicho que hay fuerzas ocultas que están en su contra; que no se equivoquen. Ésta, señor Gobernador, esta Legislatura, no es una fuerza oculta.

Nos ha dicho que "no nos metamos con usted". �¿Es acaso otra más de sus amenazas? Ha llamado usted a la provocación y a la polarización en el estado de Puebla; ha dicho el Secretario de Gobernación, el día de ayer, que han sido los partidos políticos los encargados del espionaje. �¿Hubo o no entonces la llamada telefónica?

�¿Hay ingobernabilidad en el estado de Puebla? Por supuesto que sí. �¿Hay desconfianza en usted? Por supuesto que sí. �¿Necesitamos que renuncie? �¡Por supuesto que sí, por dignidad de los poblanos, por dignidad de la República, por nuestra dignidad frente al os organismos internacionales y a los medios de comunicación internacionales! �¡No lo queremos más como gobernador de los poblanos! �¡No lo queremos más!

�¡Dé usted la cara, sea usted pulcro, si en algo le queda la palabra en estos momentos! Muchas gracias.

(Aplausos)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Flores Mejía.

Tiene el uso de la tribuna nuestro compañero diputado Carlos Flores Rico, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias. Fíjense que cuando yo me apunté para ser diputado, me puse como obligación legislar. Yo entendía por legislar pues hacer leyes, armar puntos de acuerdo. Luego me dijeron que también había que hacer tareas de presupuestación y, bueno, pues le entramos. Y unas horribles fue como la de hacer política fiscal. Pero la que nunca me imaginé que me tocara hacer y menos en la tribuna, es la más importante quizás de las tareas de un legislador: velar por la legalidad.

La legalidad es esa superficie normativa en la que todos, incluidos los diputados y aquellos que tenemos fuero para hablar y hablar y hablar, también tenemos que someternos.

Hoy venimos nosotros, como grupo parlamentario, a apoyar este punto de acuerdo. Pero lo vamos a apoyar no por el escarnio, no por el oportunismo, no por la contienda electoral, no por la venganza, no por un fin mórbido, sino por valores superiores a esos y que tienen que ver con la ética, con el comportamiento serio, honesto de la política y por la reivindicación del papel de este Congreso.

La Cámara debe ejercer su papel y el papel que ahora va a ejercer por este acuerdo es demandar a la Corte que supervise, que revise, que verifique y que juzgue si alguna garantía de la compañera periodista ha sido violada, y si así ha sido, que la ley se cumpla y que se obre en consecuencia, pero si no que se reivindique la libertad, la legalidad y sobre todo los valores de la convivencia política.

Este caso empezó mal; muy mal, empezó fuera de la ley, ha seguido mal, con una pésima actuación de comunicación también de parte de los involucrados, empezó mal, sigue mal pero debe acabar bien y debe acabar bien por los valores; ya dije uno. Suficiente sería �¡eh!, la legalidad.

Pero hay más, por ejemplo, la libertad de expresión. Este es un valor tan importante como el de la propia legalidad. No hay manera, no debe haber manera que un exponente de los medios de comunicación, desde el reportaje, la investigación, la noticia, la crónica, la opinión, sea reconvenido por nadie y mucho menos por quien tiene poder; eso no se vale.

Nosotros no lo vamos a admitir y vamos a apoyar ese punto de acuerdo, porque junto a la legalidad está el principio también ...

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Un momentito por favor, diputado Flores Rico.

Sonido a la curul del diputado Felipe de Jesús Díaz.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde la curul): Si el vocero del gobernador Mario Marín, me permite hacerle una pregunta.

El diputado Carlos Flores Rico: Encantado, señor vocero de Calderón.

El diputado Felipe de Jesús Díaz González (desde la curul): Gracias, un orgullo, un orgullo.

�¿A qué se refiere cuando usted manifiesta actos de venganza? Si nos puede explicar, usted nos manifestó que no vienen por venganza o no está firmándose por venganza; que está de acuerdo primero por asuntos de venganza. �¿A qué se está refiriendo usted?

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias. �¿Puedo contestar?

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Si usted considera diputado, adelante.

El diputado Carlos Flores Rico: Cuando termine señor diputado, con mucho gusto, ahora sigo mi discurso y con mucho gusto al final �¿Le parece bien?

Cuando yo hablo de que se tiene que reivindicar el principio de la legalidad también igualo el de la libertad de expresión, pero hay uno más; es el de la perspectiva de género. Tampoco es posible admitir que porque se trate de la ley o en nombre de la ley, se viole uno de los más sagrados conceptos de la modernidad, que es la perspectiva de género.

Entonces fíjense ustedes: Por legalidad, por libertad de expresión, por perspectiva de género y por uno que está en el fondo del fondo, que es el ominoso caso de pederastia que está dando origen a toda esta situación, de ninguna manera, de ninguna manera el priísmo va a socavar alguno de estos principios, por eso lo vamos a apoyar, pero hay que deslindarlo completamente: Uno, de la política electoral que ahora nos agobia a todos; de la venganza –y por eso entiendo diputado y lo hago dentro de mi tiempo, aquella actitud que de manera indebida quiere cobrar facturas fuera de la ley y más cercana a la pasión que a la ética de las personas. Esa es la venganza y por si usted seguramente lo sabe, ocurre también de vez en cuanto en esta Cámara. Muchas gracias.

El diputado Pedro Avila Nevárez (desde la curul): Señora Presidenta, pido la palabra para hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul del diputado Rogelio Flores Mejía.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (desde la curul): Nada más diputada, si me registra usted para rectificación de hechos por favor.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Y también la pidió el diputado Pedro Avila. En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía, posteriormente diputado Pedro Avila, usted tendrá el uso de la voz.

El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Con su permiso diputada Presidenta.

Diputado Flores Rico, yo nada más le quiero comentar a usted que no nos encontramos en esta tribuna discutiendo un acto de campaña ni venimos acá por una venganza política. El hecho de que se haya generado una conversación vergonzosa entre la máxima autoridad de nuestro estado y un empresario prominente en el estado de Puebla, para violentar los derechos individuales de una periodista; el hecho de que en la actualidad el staff del señor Gobernador del estado de Puebla no permita ni siquiera acercarse a los reporteros a la máxima figura del estado; el hecho de que se haya generado de manera muy pronta y expedita la justicia en Puebla con el caso de la periodista Lydia Cacho; por el hecho de que hoy el Gobernador está pidiendo la polarización en el estado de Puebla; por el hecho de llamar fuerzas ocultas y oscuras a quienes estamos queriendo la legalidad en el estado; el hecho de que la justicia en Puebla vale dos botellas de cognac y así lo manifestó el vocero del señor Gobernador, que no sabía si se las habían tomado o no en le mes de diciembre; estos hechos nos avergüenzan y yo le pido a usted pueda ser sensible ante esta situación.

Si bien es cierto ustedes están puestos con este punto de acuerdo, quiero considerar que es porque queremos recobrar la ética y los valores, el escrutinio mismo al cual estamos expuestos todos los políticos en esta República.

Y más allá de nuestras fronteras quiero decirle a usted que el discurso tendría que ser desde esta tribuna que estamos apostados con la ética y los valores, que queremos de ahora en adelante que la prudencia política de cada uno de nosotros nos lleve a la búsqueda y consecución del bien común, del respeto de los derechos humanos, de la dignidad de las personas y que no sea la confusión de que nos mueven las pasiones, de que nos mueve el proceso electoral.

Desgraciadamente esto cayó durante este período electoral, pero no tiene nada que ver con la indignación que tenemos los mexicanos y de la cual estamos siendo portavoces muchos de los diputados, muchos de los medios de comunicación, y yo le pido a usted pueda consultar las encuestas que se han levantado en Puebla para saber cuál es el sentimiento de los ciudadanos en nuestra entidad y más allá de ella. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Flores Mejía. Tiene el uso de la palabra nuestro compañero, el diputado Pedro Ávila, hasta por tres minutos.

El diputado Pedro Ávila Nevárez: Con su permiso, compañera Presidenta.

Qué tristeza da ver que una persona de nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, el señor ése, que no debe llamarse señor porque es un depravado y un degenerado, Marín, ha hecho, ha hecho toda una confusión y una –podría decir yo- una ofuscación de todos los verdaderos priístas de México, de aquellos que admiramos a López Mateos, de aquellos que admiramos a Lázaro Cárdenas, de aquellos que admiramos la labor que nuestro partido ha hecho durante 70 años.

Los verdaderos priístas, los que en realidad sentimos en carne propia este problema porque se trata de nuestra niñez a la que se le está pervirtiendo y anulando su vida, pedimos justicia, que se haga justicia y que caiga ese sátrapa del poder porque no puede un degenerado estar gobernando un estado tan heroico como el estado de Puebla.

Qué tristeza da el venir aquí y escuchar cosas que no deben decirse en una tribuna tan sagrada como es la tribuna de la patria. Ese estado de Puebla que ha sido heroico en mil ocasiones, que no sólo se dio la Batalla del 5 de Mayo, que se han dado infinidad de batallas como las que dio Manuel Ávila Camacho al hacer el seguro social o mandar el Escuadrón 201 a combatir a la Segunda Guerra Mundial ahora gobernado por un individuo que se vende por dos botellas de cognac.

Esos, esos no son los verdaderos priístas, esos degenerados como Salinas de Gortari que mando a matar a Ruiz Massieu y a Colosio; esos no son los verdaderos priístas. Los verdaderos priístas están en las escuelas, en las fábricas, en los gobiernos que se llevan bien, que se dirigen bien y que llevan a México hacia delante.

Por eso, en este día, a nombre de los priístas bien nacidos, condenamos este acto porque nuestro partido, nuestro partido –que se oiga bien- no es parapeto de sin vergüenzas.

Hace 70 años, nuestro partido nacionalizó la industria eléctrica, el petróleo, creó las instituciones educativas de México, creo el Banco Ejidal, creó todas las instituciones sobre los que ahora gobierna el Presidente Fox y sigue y entregó el poder en una forma limpia, pero ahí al partido se han adherido muchas gentes que no quieren a México, gentes que van en puestos de elección popular para hacer esas zazapatrerías que está haciendo este señor Marín.

En el PRI hay gente buena, gente que gobierna, que es la mayoría del pueblo de México; ese es el verdadero PRI, el PRI que está a lado de los intereses del pueblo y de la gente humilde y que en este caso pide justicia, porque no estamos al servicio de la barbarie y menos en contra de una periodista como Lydia Cacho, a quien se iba a asesinar vilmente con la autoridad de esas gentes que no tienen nada de moral. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul de la diputada Portillo, por favor.

La diputada Cristina Portillo Ayala (desde su curul): Gracias señora Presidenta, si me permitiera hacer uso de la palabra para hechos.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por tres minutos, pase a la tribuna.

La diputada Cristina Portillo Ayala: Gracias, señora Presidenta.

A Lydia Cacho Ribeiro, se le agredió en su doble carácter de periodista y defensora de derechos humanos. Los abusos que ha estado sufriendo ella, van más allá de su persona, son un atentado en contra de la sociedad misma y de su derecho a estar bien informada de manera veraz, oportuna y plural.

Cada vez que un periodista o una periodista son víctimas de la violencia, la intimidación o la detención arbitraria en razón de su empeño por dar a conocer la verdad, todos somos ciudadanos y ciudadanas, los que nos vemos privados de nuestros derechos a ser informados o expresarnos y actuar de acuerdo con nuestra conciencia.

En la arbitraria detención de Lydia, nos encontramos de nuevo y evidentemente ante el uso de las instituciones de justicia y de procuración de justicia, para fines distintos a los que marca la Constitución. En este mismo caso las instituciones del estado de Puebla, han sido arrastradas a una profunda crisis de legitimidad, el Poder Ejecutivo no es ya mandatario de la sociedad y el Poder Judicial, ya no administra justicia. Se trata de un caso de violación de garantías individuales que por su gravedad y magnitud se ha convertido en un verdadero problema de Estado, que impone, como lo hemos estado aprobando aquí, la intervención de la Suprema Corte.

�¡Señor gobernador!, si tiene usted dignidad debe de dejar su cargo. �¡Señor gobernador!, le recordamos desde aquí, desde la máxima tribuna de la nación, los estados no son de personas ni las leyes son de aplicación a conveniencia de los poderosos, hoy en este país. Este país ya cambió, este país es democrático y queremos que usted como cualquier ciudadano enfrente la ley, por toda la serie de agravios que no sólo ha sido capaz de propinarle a la periodista, sino a la sociedad; somos una sociedad libre y queremos estar bien informados. Si tiene dignidad deje su cargo, cuanto antes. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Portillo.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido este punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los diputados y las diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los diputados y las diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Suficientemente discutido. Sonido a la curul del diputado Gutiérrez de la Garza.

El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (desde la curul): Gracias, diputada Presidenta. Para hacer una solicitud respetuosa a dos situaciones: la primera de ellas, a que instruya a la Secretaria a que de lectura al punto de acuerdo, para que quedé perfectamente precisado el acuerdo de esta Honorable Cámara de Diputados y en un segundo término si esta votación pudiera ser nominal.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: �¿Quién apoya su solicitud en el segundo punto? Adelante.

Se instruye a la Secretaría para leer el punto de acuerdo y posteriormente abrir el sistema electrónico hasta por diez minutos, para recabar la votación.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Sí señora Presidenta.

"Acuerdo único. Esta soberanía pide al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre a alguno de sus integrantes para que averigüe los hechos que presuntamente pueden constituir un agravio y violación de las garantías individuales en perjuicio de la ciudadana Lydia Cacho, en donde pudieran estar involucrados el Gobernador Constitucional del estado de Puebla, la Procuradora General de Justicia de dicha entidad, así como la jueza de la causa".

Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento. Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para recoger la votación.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Por diez minutos, Secretaria.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por diez minutos.

(Votación)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia da una cordial bienvenida, les damos una cordial bienvenida y un saludo a los estudiantes de licenciatura de derecho de la Universidad Cuautitlán Izcalli y el personal que lo acompaña, que han sido invitados por nuestro compañero, el diputado Edmundo Valencia Monterrubio. Sean ustedes bienvenidos. (Aplausos)

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Ciérrese el sistema electrónico.

Señora Presidenta, se emitieron 373 votos en pro, 1 en contra y 3 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, aprobado. Comuníquese.

Continúe la Secretaría con las comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para exhortar al Ejecutivo Federal por conducto de la Comisión Nacional Forestal, a modificar las reglas de operación para el otorgamiento de apoyos del Programa para el Desarrollo Forestal)

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta Presidencia la solicitud, para hablar a favor del punto de cuerdo, del diputado Pascual Sigala Páez, del Partido de la Revolución Democrática y del diputado Guillermo Tamborrel Suárez. En consecuencia, tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Pascual Sigala.

El diputado Pascual Sigala Páez: Con su permiso, diputada Presidenta. Muchas gracias.

He pedido, compañeros y compañeras, hacer uso de esta tribuna, para manifestar nuestro respaldo al planteamiento que ha retomado la Junta de Coordinación Política, en el sentido de exhortar al Ejecutivo Federal para que las reglas de operación para el otorgamiento de los programas del PRODEFOR, del Programa para el Desarrollo Forestal, sean revisadas y sean modificadas.

Desde hace algunos meses, las cinco organizaciones de alcance nacional de productores forestales de este país, y me refiero a la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, a la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunal, a Productores Forestales y Agropecuarios de la República Mexicana, a la Unión Nacional de Ejidos y Comunidades Forestales y a las CNPR, a la Confederación Nacional de Propietarios Rurales del Sector Forestal, han estado planteando la necesidad de que la Comisión Nacional Forestal a través del Consejo Nacional Forestal, retomen el tema de las reglas de operación para canalizar los recursos que esta Cámara de Diputados ha designado para el impulso al desarrollo forestal en este país.

Hay una cerrazón en la Comisión Nacional Forestal para escuchar los planteamientos de las organizaciones de productores y sí, en cambio, han estado constituyendo, construyendo, apuntalando, una organización nacional que le han dado en llamar "Confederación Nacional de Silvicultores", creada ex profeso para poder canalizar y bajar los recursos destinados al sector forestal a través de esta organización. Con esto violan evidentemente principios constitucionales de la libre asociación de los productores y limitan el acceso de nuestros productores, los productores forestales, de las áreas más pobres de este país, las áreas más marginadas de este país para que accedan a los limitados recursos que esta Honorable Cámara ha destinado para el ejercicio del año 2006.

Por eso manifestamos nuestro absoluto respaldo a nombre de la subcomisión forestal de esta Cámara, para que el Ejecutivo retome, escuche, haga suyo este planteamiento y plantee una mesa de diálogo donde las organizaciones de productores forestales puedan ser escuchadas, puedan ser atendidas y puedan ser incluidos sus planteamientos para el tema que tiene que ver con la modificación de las reglas de operación y finalmente la canalización de los recursos que la Cámara de Diputados ha destinado al sector, al ninguneado sector forestal de nuestro país. Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Sigala. A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Guillermo Tamborrel Suárez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Guillermo Tamborrel Suárez: Muchas gracias. Con el permiso de la presidencia.

Las nuevas reglas de operación del Programa de Desarrollo Forestal, ya fueron modificadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de febrero. Para su modificación se hizo una amplia consulta en la que se escucharon las voces más representativas del sector. Fueron objeto de análisis y discusión en 4 reuniones del Consejo Nacional Forestal y se resolvieron más de 10 impugnaciones ante la COFEMER.

Sí son incluyentes y dan un paso en esta materia en relación con las anteriores. Ahora los beneficiarios de este programa son principalmente los propios silvicultores. En efecto, los apoyos privilegian a las asociaciones de silvicultores, cuyo objetivo principal consiste en lograr el ordenamiento forestal de México pero no excluyen de los apoyos a otros tipos de organizaciones ni a particulares.

Una de las principales diferencias es que con estas reglas de operación se atienden los mandatos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que en cuando menos cinco artículos señala puntualmente que la CONAFORT y los gobiernos estatales deben promover, asesorar y apoyar la organización de los dueños de los recursos forestales.

No olvidemos que en México 95% de la superficie forestal es de ejidos y comunidades. Por ello hoy existen 218 regiones forestales y hoy hay 218 asociaciones de silvicutores que representan a 677 mil silvicutores. Ahora, los únicos que podrían sentirse excluidos son algunos, muy pocos, simuladores que se hacían pasar por silvicutores desplazando y explotando a los verdaderos silvicultores. Y encontraban en los programas forestales recursos que nunca llegaban a los bosques y selvas.

Las organizaciones de silvicultores principalmente beneficiarios de este programa, son la vía que nos marca la ley para garantizar el ordenamiento de nuestro país.

Ordenar al sector forestal implica un estudio regional previsto en la ley, que determinará los proyectos requeridos para detonar al sector a nivel regional. Hablamos de infraestructura de caminos, labores de conservación, prevención de suelos, control de incendios y plagas, las áreas de servicios ambientales y las sujetas a manejo forestal.

De no contar con una organización regional que en forma consensada oriente su ordenamiento, seguirá el dispendio de recursos públicos y el desorden, apoyando caminos que no llevan a ninguna parte y que sólo dejan a su paso erosión y desertificación.

Concluyo diputada presidenta.

Las asociaciones de silvicultores son una nueva forma de entender la participación social porque garantizan que la voz de los auténticos silvicultores sea escuchada.

Por ello y con mucho respeto, me permito someter a la consideración de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y en sí de este Pleno, que se lleve a cabo una reunión de trabajo en comisiones unidas en la que participe como invitado el director general de la Comisión Nacional Forestal para que dialoguemos directamente con él las dudas que las señoras y los señores diputados tengamos en esta materia.

Por su atención, muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputado Tamborrel.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si está suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si el punto de acuerdo está suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia, Consulte la Secretaría, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor: (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa: (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado.

Comuníquese.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se interpone controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de actos del Poder Ejecutivo Federal consistentes en la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación del 18 de enero del 2006.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral uno del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente cuyo original se anexa, suscrita por diversos diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD, por lo que se somete a la consideración del Pleno de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente:

ACUERDO:

Primero.- La Cámara de Diputados acuerda interponer controversia constitucional en contra de actos del Poder Ejecutivo Federal consistentes en la expedición publicada y entrada en vigor del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de enero del 2006.

Segundo.- Se interpone ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversia constitucional de mérito y a la vez se instruye solicitar la suspensión del acto reclamado previo análisis para sustento legal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de febrero de 2006.

Firman: Diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional en contra.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Ha llegado a esta presidencia solicitud para hablar en contra de este punto de acuerdo de la diputada María Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional; y a favor, del diputado Carlos Flores Rico del grupo parlamentario del PRI, y del diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra nuestra compañera diputada María Beatriz Zavala Peniche, del grupo parlamentario de Acción Nacional para hablar en contra del punto de acuerdo hasta por cinco minutos.

La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Con el permiso de la mesa directiva y de esta Honorable Asamblea.

Los grupos parlamentarios del PRI y del PRD han considerado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, que el Reglamento de la Ley de Desarrollo Social se extralimita y viola a la Ley General de Desarrollo Social.

Nuestro grupo parlamentario considera que están en todo su derecho de presentar esa controversia constitucional en términos de sus propios argumentos con los cuales no coincidimos, y que será la Suprema Corte de Justicia la que decida la procedencia o no de esta pretendida controversia.

Anteriormente la Cámara de Diputados, también con la aprobación de estos grupos parlamentarios, ha presentado otras controversias como en el caso del Presupuesto del año fiscal anterior, y bueno, la Corte falló en contra de esa controversia. Ahora esperamos a ver qué pasará con ésta que nosotros consideramos no tiene una argumentación sólida legal y que está sujeta y responde a consideraciones de coyuntura política.

En la pretendida controversia señalan que el artículo 16 del Reglamento está violando o se extralimita al 27 de la Ley General de Desarrollo Social, porque consideran que para la integración del padrón de beneficiarios de los programas sociales, no debe de o no se permite o no se establece que participen los gobiernos de las entidades federativas.

Realmente el artículo 16 del Reglamento, considera que los elementos y la información que señale la Comisión Nacional de Evaluación serán considerados para establecer la integración de este padrón y la Secretaría tendrá en cuenta las opiniones y los elementos técnicos, la Secretaría de Desarrollo Social, que aporten los gobiernos de las entidades federativas así como los gobiernos municipales. No os parece que haya una extralimitación o una falta al artículo 27 de la Ley General de Desarrollo Social.

También señalan que el artículo 37 del Reglamento no considera o excluye al Consejo Nacional de Evaluación para identificar a los grupos personas que se encuentran en situación de pobreza. Nada más que ese artículo 37 establece muy claramente que las personas o grupos en situación de pobreza son aquellos que identifique la Secretaría con sujeción, utiliza la palabra con "sujeción", que nos parece determinante y clara a los lineamientos y criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la política de Desarrollo Social. Muy claro.

También señalan que el artículo 38 dl Reglamento deja fuera al Consejo Nacional de Evaluación en cuanto a los indicadores que va a producir el INEGI para los criterios de medición de la pobreza. Pero se dice en ese artículo que su diseño, el diseño de los indicadores que hará el INEGI, tomarán en cuenta las opiniones del Consejo Nacional de Evaluación. Otra vez muy claro.

Y seguimos. También se dice en la pretendida controversia, que se viola el artículo 50 fracción IX de la ley, en los artículos del 44 al 65, al eliminar una facultad de la Comisión Nacional de Evaluación como órgano de coordinación de las entidades federativas.

En primer lugar el espíritu del legislador no puede ser que la Comisión Nacional de Evaluación coordine a los gobiernos autónomos y a las entidades federativas, pero además se dice que a Secretaría propondrá esas reglas de participación social y se ajustarán muy claramente al Reglamento y a la Ley de Desarrollo Social.

No consideramos que haya elementos para esta Controversia Constitucional.

También se dice que las entidades federativas no pueden realizar evaluaciones de sus programas; pero el artículo 81 de la Ley dice muy claramente que podrán hacerlo. Dice: "El Consejo Nacional de Evaluación de la política social es un organismo público descentralizado, con patrimonio propio —etcétera— y de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, y tiene por objeto normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecutan las dependencias públicas". Con toda claridad, ahí está. No encontramos nada que violente la Ley de Desarrollo Social; están en todo su derecho de presentar esta Controversia y esperaremos, si así lo decide esta Cámara, los resultados de la Corte.

Esperamos que rectifiquen y que se den cuenta de que se ajusta el Reglamento a la Ley de Desarrollo Social. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias, diputada Zavala Peniche. A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero, el diputado Julio Boltvinik Kalinka, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

Asimismo, queremos dar la más cordial bienvenida al personal docente y estudiantes de la escuela primaria "Miguel Hidalgo", del municipio de Puente de Ixtla, del estado de Morelos. Todos ellos han sido invitados por la diputada federal Rosalina Mazari Espín. Sean ustedes bienvenidos. (Aplausos).

El diputado Julio Boltvinik Kalinka: Con su venia, señora Presidenta.

Creo que no fue muy elocuente quien me precedió en el uso de la palabra, para argumentar a favor o en contra de la Ley y el Reglamento y el decreto que regula al Consejo, pues hay que conocer la ley, (repite) la ley a fondo, y pues no es el caso de la fracción del PAN, pues que no ha hecho su tarea. Por eso es que no percibe las diferencias que hay entre la Ley y el Reglamento.

Es muy claro que excede las atribuciones reglamentarias del Ejecutivo Federal, invade las facultades legislativas del Congreso de la Unión porque en el Reglamento va más allá de la ley; niega cosas que están en la ley y modifica otras sustancialmente.

Los argumentos que dio la diputada Zavala, pues no se sostienen. Miren, en medición de la pobreza, para dar ejemplos importantes, el Reglamento le da a la Secretaría la facultad de identificar las personas y grupos en pobreza; pero eso va en contra de lo que dice la Ley en los artículos 36 y 37, que le da las facultades de medición de la pobreza al Consejo Nacional de Evaluación; no sólo las normativas, sino también las ejecutivas. Es muy clara la Ley, dice: "... Los estudios que hará el Consejo cada dos años, a nivel de entidad federativa, y cada cinco a nivel de municipio...", y está muy claro quién está identificando a las personas pobres; no sólo la norma.

Lo mismo pasa con el argumento de la Diputada en relación a las facultades de evaluación. Lo que señalaste, Beatriz, efectivamente, el artículo 37 del Reglamento dice: "con sujeción a los lineamientos que establezca el Consejo", pero eso deja al Consejo solamente las facultades normativas, y el Consejo en la ley es muy claro, que tanto en medición como en evaluación tiene facultades normativas y de llevar a cabo las tareas de medición y de evaluación.

Y luego, en la cosa de la Comisión Nacional, Beatriz, no es un problema de que si coordina o no coordina; el asunto es que la Ley le da la facultad a la Comisión Nacional de Desarrollo Social; no a la Comisión Nacional de Evaluación, como dijiste en la tribuna, sino a la Comisión Nacional de Desarrollo Social, que es lo que yo llamo la República del Desarrollo Social, para aprobar las reglas de participación social, y casi la mitad del Reglamento es lo que hace: establecer reglas de la participación social a través de convenios de concertación, coinversión social, etcétera, que ocupan una buena parte del Reglamento y no consultó a la Comisión Nacional de Desarrollo Social para hacer esa inclusión de cosas que obviamente van más allá de la ley.

Es decir, está muy claro el asunto, no es la primera vez que la Secretaría de Desarrollo Social hace lo mismo. Cuando publicaron el decreto que regula el Consejo Nacional de Evaluación, el 24 de agosto pasado, la Junta de Coordinación Política había acordado que la Cámara se fuera a controversia constitucional, pero con sabiduría abrió un espacio de negociación entre la Cámara de Diputados y la SEDESOL, para que nos pusiéramos de acuerdo y llegáramos de acuerdo a reformas de ese decreto. Llegamos a ese acuerdo, vino Josefina Vázquez Mota, en comparecencia, y afirmó ahí que ya habían enviado las reformas al decreto que regula el Consejo, a los órganos que tienen que revisar esto en el Ejecutivo Federal.

El hecho es que en la reciente comparecencia de la nueva Secretaria, ella dejó en claro que no va a haber reformas al decreto, es decir, en esa ocasión la Cámara confió en la vía de negociación, en la palabra de los funcionarios de la SEDESOL. Pero parece ser que no tienen palabra y entonces nos dejaron colgados y por eso compañeros, compañeras, es muy importante que vayamos a esta controversia constitucional.

Y como dice la diputada, �¡claro!, las controversias constitucionales son para que decida la Corte quién de las partes tiene razón. Si los argumentos del gobierno federal para defender el Reglamento de la ley fueran tan débiles, Beatriz, como los que tú hiciste aquí en la tribuna, pues creo que está muy claro que la Corte nos va a dar la razón a nosotros. Esperemos que el contendiente del otro lado sea de más nivel y pueda hacer un buen debate y una buena disputa. Gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: A continuación tiene el uso de la palabra para hablar a favor del punto de acuerdo, el diputado Carlos Flores Rico, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Carlos Flores Rico: Gracias diputada Presidente.

Tengo que reconocer dos cosas inicialmente. Uno es que en la Comisión de Desarrollo Social, donde ese tema se ha ventilado, siempre hemos tenido un excelente ambiente de diálogo y de comunicación, que nos ha permitido sacar muchas cosas juntos y que hemos logrado avances enormes. La muestra más relevante es la propia ley, que salió con un voto unánime de todo este pleno y además el voto unánime en el Senado.

De manera que es una cuestión relevante que hoy vengamos con una diferencia, si bien menor, porque es del reglamento, es fundamental que quede claro hasta dónde llega la ley y hasta dónde el reglamento.

Y la otra cuestión es que por razones que me imagino tienen que ver con el enjambre burocrático, este reglamento que ahora discutimos, debió haber salido noventa días después de que se publicó la ley, es decir, hace ya casi dos años. Por eso es lamentable que ahora que sale tenga imperfecciones.

Tiene este reglamento una riqueza enorme, porque recogió muchas opiniones de mucha gente durante mucho tiempo y de hecho se refleja en su factura, pero tiene todavía detalles.

Yo creo que esta controversia va a ser útil, porque va a poner precisión en tres o cuatro puntos que me parece a mí que pueden ser perfectamente aclarados, para evitar conflictos posteriores entre el Consejo Nacional de Evaluación y la Secretaría y entre la Comisión Nacional de Desarrollo Social y el propio sector central.

Me parece entonces que es una controversia que debemos apoyar, tanto el PAN como el PRD y el PRI, porque no obstaculiza la continuación de una negociación con el sector para aclarar estos puntos. Inclusive sirve como presión para todos nosotros, para que si nosotros y la Secretaría no logramos apoyarnos mutuamente y hacerlo adelante, la Corte lo diga.

Es una pena, pues, que todo vaya a la Corte hoy en día, elecciones, asuntos judiciales estatales, asuntos de otro orden e inclusive hasta la cuestión reglamentaria, pero bueno, ese es el camino de la democracia hay que abordarlo. Yo lo que pediría son dos cosas:

Uno. Que aprobáramos este punto de acuerdo para que la Corte tome cartas en el asunto y revise quién tiene razón en qué parte, y

Segundo. Para que nos dé un buen entorno y pudiéramos acercarnos a la Secretaría y sus áreas de apoyo como son la de Hacienda, la Consejería Jurídica, la COFEMER, el Jurídico de Presidencia y podamos acordar de manera tácita, republicana una mejor forma de tratar estos tres puntos que están en la controversia.

Finalmente me gustaría muchísimo también hacer un exhorto a la Secretaría en esta tribuna, para que con el mismo espíritu que la Secretaría compartió la atribución del Presidente de la República de enriquecer la propuesta de Reglamento, pudiera ahora que se ha llegado a este nivel, abrir este espacio de conciliación, de revisión y de corrección del decreto.

Me parece que en el fondo estamos todos de acuerdo, lo que queda pendiente es si refleja o no el texto explícito del Reglamento. En tanto eso ocurre, el Reglamento opera, funciona y puede ser tergiversado en su manejo en una evaluación que puede aproximarse hacia el mes de mayo o junio y que pudiera ser el juego apologético de crear un penegírico (�¿) de la política nacional de México a favor de un candidato. Yo creo que no es necesario; pudiéramos relevar la pena de hacer una apología electoral en el mes de mayo o junio si aceptamos ahora abrir la posibilidad de que sea el acuerdo, la conciliación, el diálogo, la comunicación entre Congreso y Ejecutivo o bien dejar a que la Corte con su imperio establezca quién tiene la razón y en qué.

Les pido pues que por esta ocasión aprobemos este punto de acuerdo -requiere mayoría calificada- para que vaya a ser la Corte quien lo defina y no el interés coyuntural de la temporada electoral.

Muchas gracias.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Carlos Flores Rico.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Sonido a la curul de la diputada Beatriz Zavala.

La diputada Beatriz Zavala Peniche (desde la curul): Le solicitaría que la votación fuera nominal, sería importante que constara para envío a la Suprema Corte en esta –si se aprueba así- en esta controversia que se pretende aprobar por parte de la Cámara.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: �¿Quién apoya su solicitud? Bien.

En virtud de que se encuentra suficientemente discutido, se instruye a la Secretaría se abra el sistema de votación electrónico...

La diputada Sofía Castro Ríos (desde la curul): Ya está votada la proposición.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: No, no está votado. Lo que se votó exclusivamente es si estaba suficientemente discutido y sí está suficientemente discutido. En tal virtud, a solicitud de la diputada Beatriz Zavala y acompañada por el número de compañeros diputados suficiente, se instruye a la Secretaría que se abra el sistema electrónico hasta por 5 minutos para recabar la votación del punto de acuerdo que hemos estado discutiendo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema de votación electrónico por 5 minutos para recabar la votación.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a la señora Nora Hilda Tamez, Regidora del Municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, y a las personas que la acompañan. Sean ustedes bienvenidas.

Ellas han sido invitadas por la diputada Blanca Judith Díaz Delgado.

(VOTACION)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz, la diputada Guadalupe Mendívil Morales, por favor.

La diputada Guadalupe Mendívil Morales (desde la curul): A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz, la diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado.

La diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado: A favor.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputada Presidenta, se emitieron 233 votos en pro, 116 en contra y 4 abstenciones.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: En consecuencia está aprobado, comuníquese.

Favor de continuar con el orden del día dando lectura a los Acuerdos de la Junta de Coordinación Política, por favor.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se integra la Delegación de la Cámara de Diputados en la XLV Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos de América)

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado, comuníquese.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del Secretario de Gobernación, licenciado Carlos María Abascal Carranza)

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado, comuníquese.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora)

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.

La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Aprobado, comuníquese.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Del Gobierno del Distrito Federal, remite tres contestaciones a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítanse a las comisiones correspondientes para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Oficios de la Cámara de Senadores. (Oficio con el que devuelve la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 36 de la Ley General de Salud, para los efectos del inciso d) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Salud.

El Secretario Dip. Marcos Morales Torres: (Oficio del congreso del estado de Michoacán, para solicitar a la Cámara de Diputados dictamine la minuta con proyecto de decreto que adiciona fracción IX, al artículo 32 pasando la actual a ser X y el 38 quáter a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y 62 Bis a la Ley de Protección al Ahorro Bancario)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su Conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Oficio por el que remite acuerdo del Congreso del estado de Coahuila, por el que se adhiere a otro del Congreso del estado de Sonora, en relación a la Ley General de Población y a la Ley Aduanera)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones de Gobernación y de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Oficios de la Secretaria de Gobernación.

(Oficio diverso de la Directora General de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz mediante el cual solicita se les hagan llegar las propuestas del Consejo Consultivo)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítase a las Comisiones de Salud, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Puntos Constitucionales, para su conocimiento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Dos oficios de la Secretaría de Gobernación por los que se solicita permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Eugenia Mesta Espinosa y Raymundo Salazar Mendoza, puedan prestar servicios en las Embajadas de Italia y de la República del Paraguay, en México, respectivamente)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: (Tres oficios de la Secretaria de Gobernación, con los que remite contestaciones a puntos de acuerdo, aprobados por la Comisión Permanente durante el Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la LIX Legislatura)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Remítanse a la Comisión correspondiente y al promovente para su conocimiento.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Minuta. (Oficio de la Cámara de Senadores con el que remite la minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario a varios ciudadanos para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que los confieren el Ejército de la República de Chile, el Gobierno de la República Francesa, el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa de la República Francesa, respectivamente)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Esta Presidencia recibió iniciativa con proyecto de decreto por el que se convoca al Congreso de la Unión a la celebración de una Sesión solemne el 21 de marzo de 2006 en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a efecto de conmemorar el Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Comparezco ante ustedes, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, así como de los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:

El artículo 8 constitucional, establece la prerrogativa que tienen los individuos de hacer peticiones escritas a las autoridades y la correlativa obligación de éstas de responderlas en breve término, sin que ello signifique que deban hacerlo en el sentido deseado por los signatarios.

Los requisitos para el ejercicio de este derecho son que las peticiones se formulen de manera respetuosa, por escrito y que las referentes a aspectos políticos sean planteadas por las personas que tengan la calidad de ciudadanos, sin más limitaciones que las pronunciadas en jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Entre las más destacadas, cobra interés el criterio de la Segunda Sala del máximo tribunal, publicado en el Semanario Judicial de la Federación del mes de julio de 1995, página 95, el cual señala que la institución denominada "negativa ficta" aplicable en las materias fiscal y administrativa, regulada por el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, el cual señala que las peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses. Transcurrido dicho plazo, sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo y mientras no se dicte resolución.

La jurisprudencia de mérito, expresa que la "negativa ficta", es el sentido de la respuesta que la ley presume, ha recaído a una petición escrita, cuando la autoridad emite resolverla en el plazo previsto de los tres meses. Su objeto es evitar que el peticionario se vea afectado en su esfera jurídica ante el silencio de la autoridad que debe emitir respuesta, romper la situación de indefinición derivada de una omisión, pudiendo el interesado interponer los medios de defensa previstos en los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Esta figura trasciende en la necesidad de realizar una reforma, porque si bien es cierto el Poder Judicial de la Federación ha señalado que la negativa ficta y el derecho de petición no deben ser considerados como instituciones idénticas, podemos estimar que la negativa ficta obra en el sentido de la respuesta que la norma presume ha recaído a una petición cuando la autoridad no resuelve en un periodo determinado.

Por lo tanto el concepto es congruente con la Constitución y el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que de ningún modo deben operar los supuestos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

Este fundamento ha sido motivo de diversas críticas por las inconformidades expresadas con la reforma del 1 de enero del 2004, porque dio lugar a que los contribuyentes contasen con la posibilidad de formular consultas de criterio con relación a la aplicación de las disposiciones fiscales que por su complejidad son difíciles de comprender.

Esta facultad obliga a las autoridades a que resuelvan las consultas siempre que versen en situaciones concretas, es decir, que no sean hipotéticas y se desee conocer el punto de vista de la autoridad.

No es posible que en nuestro país se deje al contribuyente a la surte de criterios de la autoridad que si bien es cierto pueden los promoventes recurrir, se viola la garantía de petición, toda vez que la Constitución por antonomasia es la que debe prevalecer.

Asimismo, las disposiciones que establecen cargas tributarias a los particulares, son de aplicación estricta, pero para el caso de situaciones litigiosas o sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales, más no en el caso de las consultas.

Por ende, no existe justificación para que el contribuyente interprete la afonía de la autoridad como algo ajeno a la grave negativa ficta, porque es un caso de grave arbitrariedad que consciente el párrafo segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

Por tales consideraciones exhorto respetuosamente a esta Honorable Asamblea, a que hagamos una profunda valoración de la objetividad de la presente iniciativa a fin de corregir los dispositivos notoriamente transgresores de la Ley Fundamental y que atentan contra los intereses de los contribuyentes.

Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación.

ARTICULO UNICO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 16 de febrero del año en curso.

ARTICULO UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 21 días del mes de febrero del año 2006.

Solicito de manera atenta y respetuosa señor presidente se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates.

Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Como lo solicita el señor diputado, publíquese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene la palabra el diputado Ricardo Alegre Bojórquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código de Comercio.

El diputado Ricardo Alegre Bojórquez: Gracias. Con su permiso del diputado presidente: El que suscribe Ricardo Alegre Bojorquez, en su carácter de diputado federal, perteneciente a esta Legislatura, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El análisis ético sobre los honorarios médicos, presenta actualmente una complejidad acorde con las múltiples variables que caractericen a la sociedad y cultura en la cual la actividad médica está inserta.

En efecto, el médico desarrolla su actividad en una sociedad pluralista con concepciones tanto materialistas en sus diversas acepciones como otras espirituales extremas que se complica además con un sistema mixto de salud pública y privada, la cual trasciende en el tema económico y social referente a los pacientes por la estrecha relación existente entre ellos.

Por ello, la dicotomía –tema ya considerado anteriormente- es un tema cuya insistencia se refiere a una correcta legislación a esta práctica, entendida en su generalidad como la participación del médico en los ingresos que laboratorio clínico y gabinetes obtienen y que es debida al envío de pacientes. Esto es, una deformación del convenio entre el médico y su paciente.

Este convenio materializado en el acto médico se fundamenta en la relación médico-paciente que por ser una relación de interdependencia entre dos personas, exige el respeto a la dignidad de ambos.

Por un lado, el paciente se pone en las manos del médico con la expectativa de mejorar su salud y por otro lado el médico solicita una remuneración a cargo de su servicio.

Dentro de esa relación se encuentran los laboratorios clínicos y los gabinetes de diagnóstico que tienen como misión contribuir al diagnóstico médico, la cual al ser manipulada y al existir una necesidad por parte del paciente para saber cuál es su estado de salud y cuáles son los medios para tratamiento, es donde surge la forma anti ética, la ya mencionada dicotomía, dando lugar a la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos o entre médicos y miembros de otras profesiones sanitarias con el objeto de obtener ganancias económicas.

Las formas en que es posible la dicotomía pueden ser, directa que es cuando el laboratorio entrega el dinero o equivalente a un médico a cambio de que le solicite estudios a sus pacientes.

Esta presenta dos modalidades, que es obvia y disimulada. La obvia puede ser una participación en dinero calculada en un tanto por ciento, una participación en bienes o servicios que pueden ser calculados por puntos o metas; o bien puede ser disimulada, por ejemplo como un pago simbólico y exentarlo del pago del arrendamiento del consultorio, un préstamo de automóvil o de equipo médico, pago de viajes o cursos médicos.

En ambas formas generalmente esta participación es proporcional al volumen de trabajo que es referido por el médico, y es un ingreso que por su origen inmoral el médico oculta tanto al paciente como a las autoridades y a la sociedad en general.

La dicotomía se presenta en forma de cohecho ya sea en una institución oficial o en una empresa privada. Cuando el funcionario responsable de seleccionar el laboratorio en que deben llevarse a cabo los exámenes para la cual trabaja, pide o recibe una participación para él. Asigna el contrato de prestación de servicios o de subrogación, según su beneficio económico particular; oculta el ingreso y además evade al Fisco.

La dicotomía está presente en México desde hace muchos años. Se estima que al menos 30 por ciento de todos los laboratorios y gabinetes la proporcionan a los médicos.

La gran mayoría de los médicos de prestigio no aceptan ésta. Sin embargo en la vida de cada laboratorio de análisis, se conocen casos muy sorprendentes de médicos de gran renombre que no solo aceptan la dicotomía sino que la piden y la que exigen al laboratorio y que señaladamente dirigen a sus pacientes hacia laboratorios que son ampliamente conocidos por practicar la misma.

El porcentaje de estos laboratorios y gabinetes ofrecen entregar al médico la comisión que oscila entre 20 y 50 por ciento de lo que el laboratorio cobra. Esta situación tiene graves consecuencias.

Al anteponer el interés del laboratorio y del médico en obtener beneficios de lucro al interés de contribuir el diagnóstico del paciente aminora o nulifica la capacidad de contribuir al diagnóstico y afecta a éste, demorándolo o alterándolo y al realizarse esta práctica impide al médico exigir calidad.

Con ello se da lugar a la realización de una infinidad de exámenes haciendo creer al paciente, quebrantando la confianza conferida al médico, que todos ellos en razón de ello no se pueden sancionar dentro de este ordenamiento tales actividades.

Pero no hay que dejar de lado la necesidad en cuanto a la contemplación, dentro de ese Código, de establecer que los laboratorios clínicos o farmacias, como comerciantes, deben desempeñar sus actividades de acuerdo a los usos honestos, así también el de constituir una fuerte decisión ante la Comisión Mercantil y la Dicotomía para evitar el disfrazamiento de esa actividad en una figura jurídica legal donde tal participación oculta de honorarios es injusta y que tiende a una elevación de los gastos al paciente.

Casi siempre la participación oculta de honorarios es en su estructura ética un injusticia. Lo es en primer lugar si provoca una elevación de los honorarios, la que se entrega precisamente como comisión al colega.

La injusticia es todavía mayor si se ocasiona un exceso de prescripción o se sientas indicaciones superfluas de procedimientos y diagnósticos. El resultado práctico de la dicotomía que nos atañe hoy en día, obliga a cirujanos que pagan por el envío de pacientes a elevar sus tarifas para dividirlas con el médico que los envía, deteriorando así la consulta privada de los médicos y cirujanos, tomando en consideración que los pacientes que son afectados por la práctica y aunado a ello, el no tener más recursos para continuar con los tratamiento reales y necesarios para su salud.

Y es así que en este acto exhorto a las legislaturas de los estados para que en sus respectivos códigos penalicen esta práctica deshonesta que infringe en la salud, aspectos que como representante debemos considerar buscar siempre soluciones para la erradicación de estas prácticas.

Por lo tanto esta actividad debe de ser sancionada de tal forma que se pueda erradicar la corrupción existente en la práctica médica y recobrar el interés fundamental en los profesionistas de la salud. Ésta debe ser siempre por el bien de su paciente, delimitando con ello la ética y profesionalismo que requiere su actividad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas, atendiendo a la iniciativa previa sobre el mismo tema, me permito cometer a consideración de este honorable consejo, la siguiente iniciativa.

En virtud de ello propongo adicionar el artículo 6 del Código de Comercio a fin de establecer normativamente un principio ético ampliamente difundido en la comunidad médica, el de beneficencia. Esto nos lleva a que los profesionales de la salud pongan por encima el cuidado de tan preciado bien en las personas antes que cualquier beneficio económico.

En este tenor, con la adición del artículo 308 bis, se busca sancionar con la clausura o suspensión del ejercicio de la profesión, el acto de participar en la transferencia de comisiones o referenciar pacientes entre médicos o a establecimientos de análisis clínicos u otros servicios de diagnóstico o tratamiento.

Este proyecto también establece supuestos en los que no habría dicotomía, los cuales son: Cuando la derivación de pacientes se haga por compañerismo profesional y cuando el paciente pueda otorgar un consentimiento informado en el caso de que el profesional sea accionista o propietario del establecimiento.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, atendiendo a la iniciativa previa sobre el tema, me permito someter a consideración de este honorable Congreso, y el texto le pido, Presidente, que se anexe al Diario de los Debates. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Insértese íntegro el texto de la iniciativa del señor diputado, en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene el uso de la palabra la diputada Roció Sánchez Pérez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de las Personas con Discapacidad.

La diputada Rocío Sánchez Pérez: Con su venia, diputado Presidente. Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados:

Ejerzo las prerrogativas que otorga ala Constitución General de la República, para presentar la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de las Personas con Discapacidad.

Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable soberanía la presente iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de las Personas con Discapacidad con base en la siguiente,

La presente iniciativa tiene por objeto incluir el principio de transversalidad a las políticas públicas de Estado contenidas en la presente ley; ampliar las facultades del Consejo Nacional para que elabore un informe del estado que guardan las políticas en las dependencias del Gobierno Federal en la materia; integrar a la Secretaría de Gobernación al Consejo Nacional, que permita la participación del Conapred, y finalmente, establecer algunas normas con relación al Consejo Consultivo.

Esta reforma coadyuvará a la viabilidad jurídico-administrativa de la Ley, y en consecuencia, que su positiva vigencia se perciba en la sociedad mexicana.

Proponemos que el principio de transversalidad se sume a las características de las políticas del Estado en materia de discapacidad y que haya una perspectiva integrada de las políticas públicas de Estado.

La transversalidad ya se desarrolla en la Administración Pública; un ejemplo lo es la transversalidad de políticas públicas para el desarrollo sustentable de la Semarnat, en el que se suscriben acuerdos de concertación entre más de 32 instituciones de la Administración Pública Federal para reforzar la integralidad y congruencia del Gobierno Federal en la operación de las políticas públicas.

En este esfuerzo interinstitucional participan la Sagarpa, Pemex, Conapo, Fonatur, Banobras, Sedesol, INEGI, Conacyt, en síntesis, la transversalidad propiciará que las dependencias de la Administración Pública Federal elaboren, ejecuten y evalúen planes, programas y demás acciones que se deriven de la aplicación de la ley o de acuerdos de concertación.

Proponemos, por otro lado, sumar el quehacer político-social del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), que de acuerdo con el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación.

El Consejo es el organismo rector para promover políticas y medidas pendientes a avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad, también se encarga de recibir y resolver las reclamaciones, los reclamos y quejas por presuntos actos discriminatorios cometidos por particulares o por autoridades federales en el ejercicio de sus funciones, y desarrolla acciones para proteger a los ciudadanos de distinciones o exclusiones derivadas de su origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que impida o anule el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.

Lo anterior dará soporte jurídico y programático a los objetos de esta ley ya que una de las razones que dieron origen a la ley fue la de contar con un ordenamiento que elimine en la sociedad las prácticas discriminatorias de que son objeto las personas con discapacidad.

La inclusión de la Secretaría de Gobernación por medio del Conapred en el Consejo Nacional será un importante aporte para el logro de los fines de la ley.

La vigente Ley General de las Personas con Discapacidad no establece tiempo para que los seis miembros del Consejo Consultivo permanezcan en el Consejo Nacional, por lo que consideramos necesario adicionar un nuevo párrafo para establecer un periodo de tres años para éstos y que el Consejo Nacional en su estatuto norme las formas de renovar a estos consejeros, así como la estructura, organización y funciones del Consejo Consultivo.

La propuesta evitará la discrecionalidad en la aplicación de la ley y que organizaciones sociales con posturas diferentes a las del gobierno en turno, sean excluidas del Consejo Consultivo por pensar diferente.

En las políticas públicas de Estado no existen márgenes para la discrecionalidad.

Presidente, agradeceré se inserte íntegramente el proyecto de decreto en el Diario de los Debates y se dé el turno procesal correspondiente.

Es cuanto.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Como solicita la diputada, insértese íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

La iniciativa presentada por el diputado Ricardo Alegro Bojórquez, se corrige el turno. Pasa a la Comisión de Salud para su dictamen, con opinión de la Comisión de Economía.

Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

Se recibió del diputado David Hernández Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma los artículos 65 y 66 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tiene la palabra el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su anuencia, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante diputado.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: "El suscrito, diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante de la LIX Legislatura de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la normatividad vigente, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, que reforma el artículo 14 de la Ley General de Educación, con fundamento en la siguiente:

"Exposición de Motivos

"El sistema federal bajo el cual se organiza la República Mexicana, implica la coexistencia de distintos órdenes de gobierno, que regidos bajo una misma Constitución nacional, tienen un conjunto de atribuciones que deben ejercer de forma individual la mayoría de las veces, en algunas ocasiones de forma conjunta y en ciertos casos deben ejercerlas de manera compartida, a pesar de que el ámbito material de competencia sea el mismo.

"En el caso concreto de la educación prestada por particulares, el artículo 3�º constitucional establece en su fracción VI lo siguiente. Cito un fragmento de la citada fracción: ‘Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que realicen en planteles particulares’. Fin de la cita.

"La anterior disposición representa el fundamento constitucional para prestación de servicios educativos de cualquier nivel por los particulares. Concretamente es la base para que existan las instituciones particulares de educación superior, las que concentran el 33 por ciento de la matrícula total de dicho nivel educativo.

"A su vez, existen otras normas que establecen la concurrencia de la Federación y las entidades en materia de registros de validez oficial, como son la Ley para la Coordinación de la Educación Superior y la Ley General de Educación.

"El primer cuerpo normativo citado establece en su artículo 16, cito textualmente:

"La autorización para impartir educación normal y el reconocimiento de validez oficial a otros estudios de tipo superior, se regirán por la Ley Federal de Educación, por la presente Ley y por los convenios a que la misma se refiere, en la inteligencia de que para plantel, extensión, dependencia y plan de estudios se requeriría, según el caso, autorización y reconocimiento.

"La autorización a que se refiere el párrafo anterior podrá ser otorgada por los Gobiernos de los estados sólo cuando los planteles funcionen en su territorio".

Por su parte, la Ley General de Educación en su numeral 14 establece, entre otras atribuciones, que: "...pertenecen a las autoridades locales y federales otorgar, negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos a los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica que impartan los particulares". Fin de una cita textual de la Ley General de Educación, artículo 14, fracción IV.

Con base en lo anterior, tanto las autoridades Federales como las locales otorgan reconocimientos de validez oficial a instituciones particulares que tienen entonces la opción de registrar sus programas en cualquiera de los dos ámbitos: el federal o el estatal.

Siguiendo la legislación citada, la Secretaría de Educación Pública ha emitido el Acuerdo 279, que establece tanto los requisitos como el procedimiento y formatos a cubrir para registrar un programa académico en una institución de educación superior particular. De igual manera, cada entidad federativa plantea dentro de su legislación local, el procedimiento y requisitos a cumplir para otorgar un registro de validez oficial local. En particular se aprovecha la estructura de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior; COEPES, para la revisión de las distintas propuestas educativas. Sin embargo, la situación anterior provoca dos conflictos:

Uno. Que no hay coincidencia entre los requisitos y el procedimiento federal y los locales. Si bien, en algunas entidades se utiliza como base el referido artículo 279, entre otras los requisitos son diversos, igual sucede con los procedimientos.

Segundo. No en todas las entidades la COEPES funciona de forma armónica, en algunas se revisan con profundidad las propuestas educativas y en otras no.

En consecuencia, lo que sucede es que la citada Ley no ofrece a las autoridades de las instituciones particulares la certeza sobre el procedimiento a seguir, ya que ésta es diferente para cada tipo de registro. Lo anterior tiene un impacto importante en la calidad educativa, pues según sea el caso, se puede regir el procedimiento lo más laxo, ya sea local o federal, con la consiguiente disparidad en la calidad educativa. Por lo tanto, es conveniente y necesario llevar a cabo la revisión acerca de la pertinencia de la disposición legal actual, esto es, que los dos ámbitos de Gobierno compartan la atribución de otorgar registros de validez oficial de estudios.

Es probable que el diseño actual obedezca a que en una forma útil de permitir que los sistemas educativos estatales cuenten con herramientas para que los planes de estudio, en el ámbito de la educación superior, se adapten a su realidad social.

En todo caso, se propone que mediante convenios de colaboración entre autoridades se pueda definir un procedimiento y requisitos únicos, lo que redundará en una mayor claridad del camino a seguir para obtener el Registro de Validez Oficial, el famoso REVEO, unificando así lo que hasta ahora queda sujeto a 32 criterios distintos; uno por cada entidad federativa del país. Así se lograría dentro de un esquema de concertación, unificar y concordar los procedimientos y requisitos en beneficio de una educación de calidad en todo el ámbito nacional.

Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación:

Artículo único. Se reforma la fracción IV del artículo 14 de la Ley General de Educación para que quede de la siguiente forma:

Fracción IV: "Otorgar, negar y retirar el Reconocimiento de Validez Oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica, que impartan los particulares". Y se agregaría lo siguiente:

"Las autoridades educativas federales y locales, deberán establecer mediante convenios de colaboración, la uniformidad entre los procedimientos y requisitos para el otorgamiento, negación o retiro al reconocimiento de validez oficial".

Señor Presidente, dado que esta iniciativa ya fue publicada de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria, le agradeceré se sirva ordenar sea insertada tal cual apareció en la Gaceta Parlamentaria, en el Diario de los Debates y no de la forma sintetizada por economía parlamentaria que he presentado.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Se obsequia la petición del diputado y se dispone que se inserte íntegro el texto de su iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del diputado Javier Manzano Salazar, se retira del orden del día.

La iniciativa que reforma los artículos 399 y 399-Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, del diputado Jorge Legorreta Ondorica se pospone.

Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que expide una nueva Ley de Energía para el campo. Túrnese a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra el diputado José Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

El diputado José Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso, diputado Presidente.

Fue desde los movimientos de José Vasconcelos por lograr la ansiedad autonomía universitaria que nace a la idea de que los jóvenes estudiantes y los recintos académicos no fueran almas y espacios muertos, sino actores necesarios para la transformación de México.

Posteriormente fue el doctor Gustavo Baz Prada, quien propuso al Rector de la Universidad Nacional la prestación del servicio social por parte de los estudiantes de medicina, en atención de grupos y regiones desfavorecidas; específicamente en la primera tarea se llevó a cabo en el estado de Puebla, en el año de 1936.

De esta forma, el servicio social se fue generalizando al interior de la universidad y finalmente, por iniciativa aprobada en 1942, se incorporaron como obligatorios los servicios profesionales de índole social en el párrafo cuarto del artículo 5�° Constitucional y su reglamentación quedó establecida en la ley correspondiente del año de 1945.

El servicio social compromete a los jóvenes a devolver a la sociedad un beneficio por la oportunidad recibida de acceder a la educación, la cual muchos otros no han podido aspirar.

No obstante, el servicio social también es una etapa para que el estudiante viva un primer encuentro con la realidad social; una primera experiencia de aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula; un espacio para confrontar la teoría con la práctica. Todo esto en el marco del apoyo para los que menos tienen.

Según información oficial, el número de prestadores de servicio social al año, es de 300 mil; sin embargo, ese potencial no es aprovechado al máximo en virtud del cambio de estrategias, la desaparición de instancias complementarias con la labor de las instituciones de educación superior y sobre todo, el trabajo aislado que realizan algunas dependencias.

Por ello, es importante la cooperación de todos los actores en el desarrollo que lleve a potenciar el servicio social; es urgente que se clarifiquen las metas y los caminos de este servicio; se privilegie la evaluación y se tomen en cuenta las características especificas tanto de los prestadores como de los beneficiarios y también las regiones para lograr que este servicio tenga un mejor impacto.

Con tal motivo las instituciones de Educación Superior, públicas y privadas a través de sus asociaciones, han entablado un dialogo productivo y constantemente han realizado congresos, coloquios, encuentros, foros sobre este tema.

De las discusiones realizadas en estos eventos, se desprende que el estudio y la discusión de los temas expuestos se orientan a: evaluar las actividades del servicio social, con el propósito de conocer el impacto académico y social, a establecer redes de intercambio de información y proyectos sobre temas de áreas comunes, a promover la coordinación interinstitucional de las dependencias, instituciones, para que no exista duplicidad y también se rescatan nuevas y varias metodologías de intervención en las comunidades.

Por otro lado, se busca establecer un sistema que permita la elaboración de un padrón de proyectos de servicio social que incorpore los mejores programas en las instituciones de Educación Superior; por ello, el servicio social contribuye a la formación integral del estudiante y permite a los futuros profesionistas deseosos de trascender, ser generosos con sus conocimientos y solidarios con quienes menos tienen.

Es en ese sentido, que de acuerdo con las necesidades planteadas por los diferentes actores, buscamos dar respuestas y proponemos a través de esta iniciativa, una definición del servicio social y de sus principales objetivos, puesto que no existe claridad jurídica, respecto a este tema.

Al mismo tiempo, se pretende que los proyectos de servicio social se orienten a los sectores más desprotegidos de la sociedad, apoyándose en el conocimiento científico y técnico, existente en las instituciones de Educación Superior. Para reforzar esta acción se propone conferirle a la Federación, sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios, la función de promover y fomentar acciones que impulsen el desarrollo de los proyectos de servicio social.

Además esta iniciativa busca que se tomen en cuenta los derechos mínimos del estudiante, prestador del servicio social. Del cual, si bien es cierto, que la prestación del servicio social no crea ninguna relación laboral; también lo es el que ninguna instancia en la actualidad se hace responsable ni siquiera de su salud, durante el transcurso de su actividad, por lo que esta iniciativa pretende resarcir dicha omisión.

Se propone el desarrollo de un sistema nacional de información sobre el servicio social, en el cual cooperen todos los actores de dicho servicio, para que éste sea un sistema integral que contenga información completa y actualizada y permita a los diferentes usuarios decidir la distribución y contenido de los proyectos.

Por otro lado, se busca potenciar la evaluación del servicio social, para colocarlo en una posición de mejora continua y ofrecer a las universidades e instituciones de Educación Superior, una herramienta más para elevar sus estándares de atención y profundizar en su función social.

Por lo anterior es muy importante, que desde los diferentes ámbitos de acción y en esta Cámara de Diputados, apoyemos y fomentemos este servicio, revaloremos su misión y lo fortalezcamos; no simplemente con un mero trámite, un requisito o una mera prueba de resistencia, sino como una forma de capitalizar lo más valioso de la juventud: las ganas de servir, de participar, de ayudar a quien lo necesita, de compartir conocimientos.

Por ello, los invito a permitir que miles de estudiantes se comprometan de manera organizada y provechosa a favor de las comunidades y grupos más desprotegidos, a estudiar esta propuesta y darle su voto de confianza.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 12 y al capítulo 3 del Servicio Social de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma el artículo 75 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Con la venia de la Presidencia.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Adelante.

El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: Uno de los derechos más preciados de la sociedad contemporánea, es la remuneración justa del trabajo desempeñado, suficiente para proporcionar una vida decorosa a quien lo devenga y a su familia. Su consecuencia natural sería la justa distribución de la riqueza que, en nuestro país, lamentablemente, no es una realidad. Los siguientes datos son muy ilustrativos de lo anterior:

De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares 2004, más de 30 millones de mexicanos sobreviven con menos de un salario mínimo. No se diga del dramatismo de la población en pobreza extrema: unos 10 millones de mexicanos sobreviven con 12 pesos y 21 centavos al día, poco más de una cuarta parte del salario mínimo o lo equivalente a un dólar.

En el otro extremo, una quinta parte de la población concentra el 52.7 del ingreso total generado por la sociedad. Esta quinta parte de los mexicanos percibe ingresos 173 por ciento superiores a lo que obtienen en conjunto 51 millones 600 mil habitantes, equivalentes a la mitad de la población de nuestro país.

Resaltan también los contrastes entre los pudientes: el ingreso de 10 por ciento de la población que ocupa el vértice de la pirámide social, duplica al que recibe el 10 por ciento que le precede. Estos contrastes económicos surgidos luego de las altas expectativas que el 2 de julio del 2000 trajo consigo, explican la generalizada percepción de que los servidores públicos de alto rango no cumplen debidamente con su trabajo y que constituyen un grupo privilegiado en medio de una población que se sabe pobre y por lo tanto vulnerable.

Quisiera darles unos datos publicados en el número 19 de la Revista "Pulso Ciudadano" en diciembre del año pasado, que publica un estudio del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta Cámara que plantea los siguientes indicadores:

Los ciudadanos otorgan una calificación a su Presidente, en el mejor de los casos, de 6.9 puntos; entre el 56 y el 65 por ciento de la población considera que los problemas se han salido de control del Presidente; sólo el 24 por ciento de la población se dice satisfecha con el funcionamiento de la democracia.

La eficacia Política es media, según el 40 por ciento de la población y baja, según el 25 por ciento. El 34 por ciento de la población percibe como responsable de que la situación económica empeore al Presidente y el 58 por ciento considera que son los diputados y senadores.

En el año 2003, a la salida de la Legislatura anterior, el 59 por ciento de los mexicanos consideraba poco eficiente el trabajo de los legisladores y sólo uno de cada diez dijo que los legisladores trabajan mucho. Sólo el 9 por ciento de los ciudadanos encuestados creía que los diputados toman decisiones por el interés de sus representantes, aunque no hace falta una encuesta para saber cómo percibe la población a quienes ocupamos cargos de elección popular o altos puestos en la administración pública federal. Eso puede recogerse en una conversación cualquiera en nuestro país, amén de que periódicamente los medios de comunicación retratan como piedra de escándalo los montos de los emolumentos públicos.

Una sencilla comparación nos demuestra muy bien la desproporción de los salarios de los altos funcionarios: el ingreso neto del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica es de 400 mil dólares al año, que es cerca de diez veces, diez veces, el ingreso percápita de aquel país. Pero el salario del Presidente de México es de 176 mil dólares anuales sin contar con prestaciones, que equivale a 18 veces más el ingreso percápita de nuestro país, 18 veces más.

La remuneración de nuestro Presidente es de 57 por ciento más alta que la del Presidente anterior y duplica la inflación acumulada desde noviembre del año 2002. El salario del Presidente de México es seis veces mayor al del Presidente de Argentina y tres veces más que el Presidente de Brasil.

En términos netos, nuestro Presidente gana más que el Primer Ministro de Inglaterra o el Canciller Alemán, además de que los gastos del Ejecutivo corren por cuenta del erario, lo que permite una capacidad de ahorro impresionante. Y por si fuera poco señala una pensión de ayudantía del Estado Mayor Presidencial vitalicia.

También los ingresos de los secretarios de Estado son escandalosos, 165 mil pesos netos mensuales, equivalente a 120 veces el salario mínimo mensual, con el que tiene que conformarse 30 millones de mexicanos.

Cabe mencionar que los presidentes Nestor Kirstchen, de Argentina y Alejandro Toledo, de Perú, así como el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador, redujeron voluntariamente sus salarios al asumir sus cargos, acto que cualquier consideración aparte es coherente con la comprometida situación financiera de los mexicanos.

Por ello creemos que la mejor forma de responder a todo lo escrito, es la acción directa de los depositarios de la soberanía popular. Estamos obligados a responder ante las demandas de la población con mayor apuro y diligencia entre más justas son.

Por eso la intención de este proyecto es en primer lugar la reducción de los salarios de los servidores públicos de alto rango a nivel federal, para ajustarlos razonablemente a la brevedad y en el futuro, a los parámetros siguientes: La realidad económica y social del país, los parámetros internacionales y la justicia social, entendida ésta como el usufructo del avance económico, político y cultural por parte de todos los habitantes de nuestro país, por el solo hecho de pertenecer al esfuerzo común que lo hace posible.

También tiene como intención este proyecto, evitar en el futuro que los sueldos de los servidores públicos aumenten más allá de la inflación estimada por el Banco de México, a fin de ligarlo a la marcha de la economía y no a las expectativas de lucro de los miembros del aparato gubernamental. Así no se reduce el poder adquisitivo de los funcionarios a largo plazo.

Y de tercer intención de este proyecto, es que el artículo transitorio pretende reducir los salarios en 15% al momento de entrar en vigencia para responder así a la necesidad de ahorro y austeridad, imperativa desde la perspectiva de la población mexicana.

Los sueldos resultantes serán el piso de aplicación de este proyecto una vez convertido en parte de la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO que adiciona dos párrafos al artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULO UNICO. Se adicionan dos párrafos y el artículo 75 para quedar de la siguiente manera:

Los sueldos del presidente de la República y de los funcionarios públicos que ocupe los cuatro grupos jerárquicos por debajo de aquél, sólo podrán aumentar en una cantidad igual al índice inflacionario estimado por la autoridad competente. Pero en ningún caso el aumento podrá exceder el 5%.

Los sueldos de los diputados y senadores del Congreso de la Unión, se sujetarán a lo dispuesto en el párrafo anterior en lo que al Presidente se refiere.

Y también queremos agregar transitorios:

Primero. Los salarios del Presidente de la República, de los funcionarios públicos que ocupen los 4 grupos jerárquicos por debajo de aquél, de los diputados y de los senadores del Congreso de la Unión, se ajustarán a la baca (?) en un 15% en el presupuesto siguiente a la entrada en vigor de esta modificación.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por su atención muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Se recibió de la diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 546 de la Ley Federal del Trabajo. Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Pedro Avila Nevarez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma y adicional diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión.

El diputado Pedro Avila Nevarez: Con su permiso señor presidente.

Traigo a esta tribuna una vez más fortalecimiento de los principios de libertad, soberanía e independencia de nuestra patria y que en las horas recientes de nuestra historia se agigantan ante el enmohecimiento de quienes ahora gobiernan.

La radiodifusión en nuestro país antes que la televisión, fue y sigue siendo un vínculo del pueblo con el acontecer nacional.

Su realidad formada desde una cabina o en el trabajo de campo, permitió a generaciones de mexicanos conocer los grandes hechos que han transformado nuestra historia.

La radio y la televisión se convirtieron en el principal generador de opinión y se constituye constantemente en un espacio para la expresión de la diversidad social y política del país.

Esta función social requiere establecer nuevas formas en el campo de la comunicación. Se requiere de nuevas reglas en la participación del Estado como garante del derecho a la libertad de expresión y de información.

La actual ley, que entró en vigor en el gobierno del patriota presidente Adolfo López Mateos, establece la función social de la radio y la televisión que el Estado debe proteger y vigilar al debido cumplimiento.

Debemos establecer nuevos elementos que lleven al cumplimiento seguro y eficiente de sus fines y garantizar la participación de todos los sectores en esta actividad.

La verdadera democratización de los medios de comunicación electrónica es la integración a estos de los pequeños empresarios, organizaciones y grupos de la sociedad que representan el mosaico del pueblo de México, por eso propongo a ustedes que el Estado garantice la igualdad de oportunidades y equidad de las condiciones para las concesiones y permisos que otorga a esta tarea fundamental el Estado Mexicano.

No se debe privilegiar el poder económico sobre la diversidad de pensamiento e intereses de todos los mexicanos. �¿Quién tiene entonces el patrimonio de la verdad? �¿Quién tiene la voz segura para decirla? �¿Cuáles son las estrategias para persuadir de que tiene ese patrimonio?

Las formas para demostrar la verdad y la valentía son diferentes, según la madurez de medios, las exigencias de las audiencias, la competencia y las capacidades para informar.

Qué bueno que la Cámara de Senadores detuvo la ley que en esta representación popular se aprobó porque tenía serias deficiencias que solo protegía a los grandes consorcios nacionales de radio y televisión y dejaba desprotegidos a la mayoría de los concesionarios pequeños de provincia y de la capital del país.

Seamos capaces de madurar una nueva generación de hombres y mujeres que tiendo para sí la banda de frecuencias, permitan la diseminación de la semilla que los liberales guiados por el Benemérito de las Américas, don Benito Juárez, nos heredaron; que prevalezca el conocimiento sobre la ignorancia, la ciencia sobre el dogmatismo.

Por eso presento a esta H. Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto.

Artículo Primero.- Se adiciona un último párrafo a los artículos 2 y 7, así como se modifican los artículos 4, 5 incisos 1), 2) y 4), 13) y 36), y se adiciona un nuevo inciso décimo al artículo 31 y un inciso quinto al artículo 37, todos de la Ley de Radio y Televisión para quedar como sigue:

Artículo Dos.- Para el otorgamiento, el Estado deberá garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de condiciones evitando en cualquier caso el monopolio de este servicio. Óigase bien, el monopolio de este servicio.

Artículo Cuatro.- La radio y la televisión constituyen una actividad de interés público, por lo tanto el Estado deberá de vigilar y proteger el debido cumplimiento de su función social garantizando el derecho a la libertad de expresión e información.

Artículo Cinco.- La radio y la televisión tienen la obligación social de contribuir al fortalecimiento de la soberanía, nacionalidad, independencia e integración de la nación y el mejoramiento de todas las formas de convivencia humana.

Al efecto, a través de sus transmisiones deberán: 1.- Afirmar el respeto a los principios de libertad, tolerancia, pluralidad de ideas, derechos individuales y sociales, la dignidad humana y los vínculos familiares.

Y segundo, evitar influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud, así como evitar todo lo que signifique la violencia y explotación de éstos.

Artículo 4�°: Fortalecer las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacionales, así como la lucha contra toda forma de discriminación.

Artículo 7�°: El Estado garantizará y otorgará las facilidades para la operación de la radio a las comunidades indígenas, mujeres, jóvenes y otros grupos vulnerables, así como a grupos de asociaciones no lucrativas con fines sociales, culturales, de servicios comunitarios y educativos.

Artículo 13: Las estaciones comerciales requerirán concesión; las estaciones oficiales, culturales, de experimentación, escuelas radiofónicas y las que establezcan las entidades de organismos públicos, así como los grupos de asociaciones con actividades no lucrativas con fines sociales en beneficio de la comunidad para el cumplimiento de sus fines y servicios, sólo requerirán permiso.

Artículo 31: Son causa de revocación de las concesiones:

X. Cualquier acto u omisión que vaya en contra de lo que establece el artículo 5 de esta Ley.

Artículo 36: No podrá otorgarse otra nueva concesión al que hubiese incurrido en alguna de las causas enumeradas en las fracciones IV, VI, VII y X del artículo 31.

Artículo 37: Los permisos para el funcionamiento de estaciones de radio y televisión, podrán ser revocadas por los siguientes motivos:

VI: Cualquier acto u omisión que vaya en contra de lo que establece el artículo 5�° de esta Ley.

Dado en el Palacio de San Lázaro a los 21 días del mes de febrero del año 2006.

Esta iniciativa será el mejor homenaje que podremos rendirles a aquellos grandes fundadores de la radio y de la televisión mexicana, como el durangueño Alejandro Stevenson que entregó su vida al servicio de la radio y la televisión mexicana.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.

Tiene la palabra el diputado Norberto Enrique Corella Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de Ley del Ejercicio Profesional.

El diputado Norberto Enrique Corella Torres: Con su venia, diputado Presidente.

El suscrito diputado Norberto Enrique Corella Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, y con fundamento en la normatividad vigente, somete a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Ejercicio Profesional bajo la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La ley reglamentaria del artículo 5�° constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal que actualmente se encuentra en vigor y que se conoce como la Ley de Profesiones, mantiene la misma estructura desde hace 60 años. Podemos observar que esta Ley ya ha sido reformada en tres ocasiones en más de medio siglo. Dos en 1974 y la más reciente a finales de 1993 con motivo de las adecuaciones legales necesarias para la implementación en México del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.

No obstante la realidad del tema se ha modificado de manera sustancial en el país y la conocida Ley de Profesiones es totalmente obsoleta.

En primer término la estructura de profesiones que actualmente ofrecen las diversas instituciones educativas de nivel superior, es mucho mayor que cuando se promulgó la Ley en 1945. Además la oferta educativa de este nivel ya nos e restringe a la Universidad Nacional Autónoma de México o al Instituto Politécnico Nacional. A estas dos instituciones se deben agregar las instituciones públicas de educación superior que existen en los estados del país, así como la cada vez mayor oferta de instituciones particulares que ofrecen estudios profesionales.

Por otra parte, el cambio de la estructura demográfica y socioeconómica de la población permite que hoy en día un número cada vez mayor de personas con interés de continuar sus estudios en el nivel profesional puedan hacerlo.

Estas dos circunstancias, sólo por mencionar las fundamentales, obligan a modernizar el marco legal en el que se desenvuelven los profesionistas de nuestra Nación, así como las atribuciones y los mecanismos para ejercerlas y con que la ley dota a las autoridades educativas y administrativas.

El primer cambio estructural de esta iniciativa de ley, con relación a la norma vigente se refiere a establecerla como una Ley del Ejercicio Profesional, se establecen principios y criterios, así como atribuciones específicas que deben ser aplicadas por las autoridades educativas del Distrito Federal en los asuntos de orden común y en toda la República en los asuntos de orden federal.

La principal finalidad de esta propuesta tiene por objeto el dotar de vigencia, distintas circunstancias que en la actualidad se presentan y que no se reflejan en un marco normativo que en verdad la regule. Las circunstancias de cada día han superado por mucho el marco normativo que la regula, y en este caso la ley reglamentaria, el artículo 5�º constitucional.

El proyecto de ley que se presenta el día de hoy tiene diversos objetivos, en lo particular, el primer de ellos se refiere a insertar en el marco jurídico secundario las disposiciones constitucionales en materia de expedición de títulos y registro profesional, que los artículos 5�º en su segundo párrafo, 73 fracciones XXV y fracción V del artículo 121 prevén como una atribución de los estados que integran la Federación.

En este rubro es importante señalar que el Congreso Federal ha mantenido la atribución de legislar en la materia por lo que respecta al Distrito Federal, ya que el tema del Ejercicio Profesional no fue incluido expresamente como una atribución de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal durante la reforma constitucional que especificó el reparto de atribuciones legislativas entre el Congreso General y la propia Asamblea.

Las ventajas de la iniciativa que presento hoy sobre la actual ley son las siguientes:

Primero, se establece un catálogo de conceptos empleados en el articulado de la propuesta. Las profesiones que requieren título y cédula para su ejercicio, las características bajo las cuales podrán los extranjeros ejercer su profesión en territorio nacional; también se señala qué instituciones están facultades para expedir títulos; se agregan también las características del Registro Público Profesional, así como las facultades de la Dirección General de Profesiones sobre las actividades y obligaciones del Ejercicio Profesional.

Además, encontramos las sanciones para aquellos que ostentan un grado, sin tenerlo; así como la posibilidad de permiso, a los pasantes de una profesión, para su ejercicio; el derecho a una remuneración por el desempeño profesional sobre las actividades de los colegios profesionistas, así como el servicio social y las sanciones.

Por lo anteriormente expuesto, presento a esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto de Ley de Ejercicio Profesional.

Señor Presidente: dado que la iniciativa completa ya fue insertada en la Gaceta Parlamentaria y que por economía parlamentaria y procesal omitiré leer la iniciativa completa de Ley del Ejercicio Profesional, ruego a usted que ordene la inserción completa en el Diario de los Debates.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, Diputado. Como lo solicita, insértese íntegro el texto de la iniciativa del Diputado en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Se recibió del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 19 y 27 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Fernando Alberto García Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa de decreto para inscribir con letras de oro en el Muro de Honor del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de Fuerzas Armadas Mexicanas.

El diputado Fernando Alberto García Cuevas: Con su permiso, señor Presidente.

"Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, a fin de que se inscriba en el Muro de Honor del Palacio Legislativo, el nombre de Fuerzas Armadas Mexicanas, de acuerdo con la siguiente:

"Exposición de Motivos

"Hablar de nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas es hablar de los más acendrados valores de la sociedad mexicana: lealtad, patriotismo, valor, entrega.

"Desde los poderosísimos ejércitos de México, Tenochtitlán, Texcoco y Tacuba, que al unirse en la triple alianza conformaron la primera potencia militar de Mesoamérica, hasta las instituciones patrióticas y leales que son hoy el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México, han sido parte fundamental de la vida y el desarrollo nacional.

"Desde sus orígenes, incluso los más remotos, nuestro pueblo ha manifestado una gran capacidad de organización militar y ha demostrado su inclinación a que sus ejércitos sean la salvaguarda de nuestro sistema político institucional.

"Fue por ello que los ejércitos de la Confederación de la Anáhuac lucharon hasta desfallecer para evitar la invasión española por parte de las huestes de Cortés, logrando incluso varias victorias que parecían increíbles.

"Recordemos la poderosa infantería texcocana, que se batió a pié firme en las mesetas tenochscas, respaldadas en los flancos por la fuerza naval de señorío mexica. Casi 5 mil lanceros y flecheros se movilizaron en las aguas del Lago de Texcoco, organizados impecablemente en pequeñas flotas, para hacer frente a la escala de trece bergantines que el conquistador construyó en Tlaxcala.

"Esa fue la primer batalla naval de gran envergadura que protagonizó una incipiente flota armada mexicana y esas fueron las primeras páginas que se escribieron en la historia nacional, referentes al valor y al heroísmo de nuestro ejército de tierra.

"Posteriormente, �¿cómo podríamos no referirnos al ejército de don Miguel Hidalgo, que conformó sus tropas con pequeños grupos de labriegos y el genio militar de Abasolo y Allende y el del generalísimo Morelos, que desarrolló con acierto una institución bien disciplinada y entrenada, que lo hizo ser reconocido como la figura militar más grande de esta etapa del a guerra de independencia?

"Y ya como nación independiente, México organizó sus Fuerzas Armadas, teniendo como preocupación fundamental la respuesta a las agresiones extranjeras, factor mismo de sobrevivencia como estado nacional.

"En forma recurrente, las tropas mexicanas se cubrieron de gloria en distintos acontecimientos, en guerras diferentes contra potencias distintas. Pero destaca siempre el hecho de que las Fuerzas Armadas Mexicanas han sido siempre un ejército de paz y nunca un instrumento de agresión o de conquista externa.

Recordemos las páginas más sentidas en donde haya quedado de manifiesto el valor de un mexicano, y ahí casi seguramente estará un militar o un marino: la Batalla de Puebla; el Sitio y la Defensa de Veracruz; la Batalla del Molino del Rey; la Toma del Castillo de Chapultepec, sólo por mencionar algunos cuantos acontecimientos gloriosos. Y cómo está conformado por el pueblo nuestro Ejército, nuestras tropas han luchado siempre por la preservación de los principios que nuestro pueblo más aprecia, como la libertad, la paz y la justicia social, por ello en ocasiones las Fuerzas Armadas incluso se han conformado por revolucionarios.

Durante esta gesta nació también nuestra Fuerza Aérea, formalizada por el primer jefe constitucionalista en 1915, luego de quedar éste convencido de que las incursiones practicadas por la incipiente escuadrilla aérea de la milicia auxiliar del Ejército había desempeñado un papel crucial para la nación.

Del mismo modo, nuestro Ejército, al batirse en el teatro de operaciones del Pacífico contra el Ejército Imperial del Sol Naciente, al concluir el Escuadrón 20m, 53 misiones de combate en la zona de Luzón. Así, desde su inicio en la vida moderna, al integrarse el Ejército Constitucionalista de Carranza y luego al entrar en la época de actuación contemporánea después de la Segunda Guerra Mundial, nuestras Fuerzas Armadas Mexicanas, herederas de esa gloriosa tradición de justicia y valor y lealtad, también se han destacado por sus tareas de apoyo a la población y a las autoridades civiles en tiempos de paz: campañas permanentes contra el narcotráfico; campañas de reforestación; de alfabetización; de vacunación infantil; de extinción de incendios forestales y de auxilio a la población en casos de desastre. En éste último rubro recientemente nuestras tropas han tenido una muy destacada participación internacional, al auxiliar con medicinas, alimentos y personal militar a las víctimas del tsunami en el sureste de Asia, así como a la población de varias comunidades del estado norteamericano de Luisiana, devastadas ciertamente por el Huracán "Katrina".

Nuestras tropas salen al exterior en misiones humanitarias y de auxilio a la población, jamás para impulsar acciones de agresión y menos aún, como recientemente se infirió, para involucrarlos en actos delictivos en territorio extranjero. Nuestras Fuerzas Armadas no pueden estar bajo sospecha, antes al contrario; recibir sí el justo reconocimiento a su leal proceder en favor de los intereses de la patria.

Las Fuerzas Armadas Mexicanas constituyen la síntesis del pueblo de México con sus luchas, sus victorias, sus empeños por la defensa de la patria por garantizar su independencia y su libertad; sus tropas están conformadas por la raíz misma de nuestra nación, ellas, no hay duda alguna, son el pueblo y a él se han debido en los grandes momentos que han definido nuestro rumbo nacional.

Por estas consideraciones propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de "Fuerzas Armadas Mexicanas".

Artículo 1. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, el nombre de "Fuerzas Armadas Mexicanas".

Transitorios:

Primero. Facúltese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que, en coordinación con la Mesa Directiva de esta Cámara, organice la ceremonia con la que se dé cumplimiento al decreto alusivo.

Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Es cuanto señor Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 67 de la Ley General de Educación.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado José Julio González Garza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que deroga la fracción III del artículo 31 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

El diputado José Julio González Garza: Con su venia, señor Presidente.

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, propongo a la consideración de esta H. Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que deroga el artículo 31 fracción III segundo párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos

En el Proyecto de Miscelánea Fiscal para 2005 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público reformó el artículo 31 de la Ley del ISR, estableciendo que todos los contribuyentes que incluyeran consumos de combustible para vehículos marítimos, aéreos y terrestres dentro de sus gastos deducibles, tendrían que utilizar como medios de pago cheques nominativos, tarjetas de crédito, débito y de servicios además de monederos electrónicos autorizados por el SAT, aún cuando dichos consumos de combustible no excedieran el monto de 2 mil pesos.

Dentro de los principales objetivos de dicha reforma estaban: el reducir los costos de operación de las empresas, tener mayor información sobre la deducción por combustibles por parte de las autoridades, contar con opciones de pago más seguras que portar dinero en efectivo; evitar la alteración de contenido registrado en los comprobantes y el mercado negro de facturas, así como disminuir la venta ilegal de estos productos, entre otros. Al día de hoy podemos constatar que dicho objetivos no se han cumplido.

Hemos escuchado las quejas de las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a que los medios de pago electrónicos establecidos en la ley tales como las tarjetas de crédito, débito y servicios, así como el monedero electrónico, resultan inapropiados debido a que no se puede acceder fácilmente a estos instrumentos financieros, lo que inhibe la deducibilidad en el consumo de combustibles.

Más complicado aún resulta el uso de cheques nominativos ya que no son recibidos por cualquier establecimiento por el temor a falsificaciones, lo que limita el uso de los mismos de una manera notable.

En virtud de lo anterior, al tener dificultades para poder ser tarjetahabiente calificado como persona moral debido a los diferentes requisitos que determina la banca comercial, no todas las empresas pueden contar con la posibilidad de tener una tarjeta empresarial o chequera empresarial para el pago de combustibles.

Y por otra parte, no todas las gasolineras cubren con los requisitos para tener la terminal punto de venta para cobrar vía tarjeta; adicionalmente no todas las gasolineras aceptan cheques, con lo que se les orilla que las empresas busquen un medio de pago empresarial para poder hacer deducibles estos gastos en combustibles, lo cual genera a su vez, más gasto administrativo relacionado a los controles de pago, con lo que el proceso de deducción se complica en lugar de simplificarse como originalmente estaba previsto, y no sólo esto, a poco más de un mes de haberse iniciado la vigencia de la obligatoriedad de utilizar los medios mencionados para la deducción de combustibles, los contribuyentes han enfrentado otras dificultades para cumplir con esta medida, como ha sido la carencia de terminales punto de venta para recibir pagos por medios electrónicos en las gasolineras. El traslado indebido de comisiones en el pago con tarjetas de crédito o débito y la lentitud en el cobro cuando se paga con estos medios.

Este tipo de medidas han generado enormes costos a todos los agentes económicos involucrados; por una parte los concesionarios de estaciones de servicio, tienen que invertir en una exhibición y en un momento en cambios tecnológicos que representan un incremento significativo en su estructura de costos y que de momento no pueden ser compensados con el margen de utilidad que obtienen de la venta de combustibles. Adicionalmente los concesionarios han tenido que invertir el tiempo de capacitación de su personal para aprender a utilizar dichas terminales.

Esto ha sido reconocido por la misma Secretaria de Hacienda y Crédito Público, por lo que a través del SAT, ha instrumentado medidas transitorias para tratar de resolver la situación. Sin embargo, estas soluciones no han sido satisfactorias, pues se sigue presentando las mismas anomalías y además se le ha agregado al consumidor una responsabilidad de fiscalizador que no debe tener y que le corresponde únicamente al gobierno cumplir.

Si bien, en las medidas transitorias aplicadas por el SAT se permite al contribuyente pagar en efectivo, solicitando la factura correspondiente cuando la gasolinera no cuente con los medios electrónicos o se pretenda cobrar comisiones o cargos adicionales al del combustible por utilizar medios de pago electrónico como, tarjetas de crédito o débito; así como cuando exista tardanza por parte del expendedor para aceptar pagos por medios electrónicos. En estos casos se obliga al contribuyente a que mensualmente informe ante el SAT el número de las estaciones de servicios donde se realizó el consumo del combustible y el pago en efectivo, el monto total de la compra por estación y las razones por las que se hizo dicho pago.

Entonces, los consumidores también incurren en costos adicionales al atribuírseles obligaciones de fiscalización que no les corresponden y no tendrán que realizar, sí existieran las condiciones necesarias y adecuadas para la aplicación de las reformas que la Secretaría propuso. A esta situación hay que aunarle el hecho de que dichas reformas, no logran resolver la problemática de deducción en las zonas rurales, en donde hay numerosos casos en los que las gasolineras no cuentan con la infraestructura necesaria para recibir el pago de las gasolineras con monedero electrónico u otra vía.

Asimismo se deja a un lado la opción de pago de los gastos por consumos de combustible mediante vales de gasolina, debido a que ya no son válidos para la deducción, con lo que se renuncia a un esquema de pago que por muchos años fue de gran utilidad para el manejo administrativo de las empresas, respecto al consumo de combustible.

Por esta razón es que esta disposición de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pudiese resultar violatoria de las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias, consagradas en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que se podría dejar de reconocer la existencia de un gasto real, con lo cual resultaría el pago de un Impuesto sobre la Renta, que no estaría vinculado a su vez a la capacidad real contributiva. Asimismo se está realizando una injustificada distinción, entre las deducciones en general y las deducciones de consumo de combustible, atendiendo únicamente a la forma de pago de los mismos.

Existe otro problema adicional ligado con esta disposición de la ley y es que las terminales punto de venta que proporciona la banca comercial para el pago con tarjetas de débito o crédito, conllevan el pago de una comisión a la banca por transacción realizada; esa comisión debe ser pagada en este caso por el concesionario de las estaciones del servicio de combustible. Sin embargo, y en virtud de que la comisión oscila significativamente entre 4 y 7%, el margen de utilidad del concesionario se ve reducido.

Si el concesionario como está ocurriendo en la actualidad, se ve obligado por ley a contar con una terminal punto de venta para realizar los cobros de manera electrónica y además el contrato de la Banca Comercial le impide trasladar la comisión del cobro de tarjeta al consumidor, so pena de retirarle la terminal, es de suponer que el concesionario buscará una nueva forma de no perder su margen de utilidad.

Esto es lo que ha generado las quejas del consumidor, porque observan que las estaciones de servicio no están vendiendo litros de gasolina que no son de litro. Es decir, puede estar ocurriendo que la pérdida del margen de utilidad por el pago de comisiones a la Banca, la estén compensando con una venta ficticia de combustible.

Esto in duda genera una externalidad negativa para los consumidores, en la medida en que ellos, además de convertirse en contribuyentes fiscalizadores, no obtienen el número de litros que efectivamente están pagando al concesionario de la estación de servicio, de acuerdo a las quejas que los consumidores al presentado ante la Procuraduría Federal del Contribuyente.

Considerando lo anterior, proponemos la derogación del artículo 31 fracción III, segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se pide a la Secretaría que dé lectura a la solicitud de licencia del diputado David Hernández Pérez.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Junta de Coordinación Política. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de febrero del 2006.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, Presidenta de la Mesa Directiva. H. Cámara de Diputados. Presente.

Con fundamento en el artículo 5�º. del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos,..

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Un momento, Secretaría. La solicitud de licencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Con gusto, señor Presidente.

(Da lectura a la solicitud de licencia del diputado David Hernández Pérez, para separarse de su cargo de diputado federal a partir del 21 de febrero del 2006)

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado David Hernández Pérez, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XVI Distrito del estado de Jalisco, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobados. Comuníquense.

Esta Presidencia acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política, con la que solicita proponer al pleno la incorporación al orden del día de un acuerdo.

Solicito a la Secretaría dar cuenta con ésta y consultar a la Asamblea, en votación económica, si es de modificarse y dar curso al asunto para el trámite correspondiente.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: De la Junta de Coordinación Política, dirigida a la diputada Marcela González Salas, Presidenta de la mesa Directiva.

Con fundamento en el artículo 5�º. del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, solicitamos a usted atentamente incluir en el orden del día de esta sesión, en el primer turno posible del capítulo correspondiente el siguiente asunto:

1. Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativa al derrumbe de la mina de carbón Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.

Sin más por el momento agradecemos de antemano las atenciones que se sirva dar al presente.

Firman: diputado Pablo Gómez Alvarez, presidente de la Junta de Coordinación y coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI; diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Alejandro González Yáñes, coordinador del grupo parlamentario del PT y diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día, para incorporar el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias secretaria. Dé lectura por favor a la proposición de punto de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativa al derrumbe de la mina de carbón Basta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila.

"La Junta de Coordinación Política con fundamento en lo dispuesto por el inciso b) numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo décimocuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al orden del día de las sesiones, las discusiones de los dictámenes y la operación del sistema electrónico de votación, hace suya la Proposición con punto de acuerdo, relativo a la materia objeto del presente, que presentan diputadas y diputados de diversos grupos parlamentarios.

Por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:

ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, manifiesta su solidaridad con los trabajadores de la mina de carbón Basta de Conchos, en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila y con sus familiares, con motivo del derrumbe acontecido en la madrugada del domingo 19 de febrero de 2006.

Segundo. Se solicita al Secretario de Trabajo y Previsión Social Francisco Javier Salazar Sáenz y al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Fernando Flores y Pérez, un informe detallado sobre el cumplimiento de los preceptos de seguridad e higiene, de las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social.

Así como el resultado de las inspecciones realizadas al establecimiento de referencia.

Tercero. Se solicita a las autoridades mencionadas que en coadyuvancia con las instancias federales, estatales y municipales, que conozcan del caso, presenten un informe de las causas que provocaron el incidente objeto de este acuerdo.

El deslinde de posibles responsabilidades y en cumplimiento de derechos, las prestaciones e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores y sus familiares, conforme a la ley.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 21 de febrero de 2006.

Firman: Diputado Pablo Gómez, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario del PRD; diputado Emilio Chuayffet Chemor, coordinador del grupo parlamentario del PRI; diputado José González Morfín, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Alejandro González Yañez, coordinador del grupo parlamentario del PT y diputado Jesús Martínez Alvarez, coordinador del grupo parlamentario de Convergencia.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Esta presidencia informa a la asamblea, que se han registrado para hablar a favor de la propuesta: el diputado Miguel Alonso Raya, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la diputada Blanca Epen Canales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Alonso Raya, hasta por 3 minutos.

El diputado Miguel Alonso Raya: Gracias. Con su permiso señor presidente:

Como es conocido compañeras y compañeros, de todos ustedes, en la madrugada de este domingo una explosión de gas grisú provocó un derrumbe al interior de la mina carbonífera Pasta de Conchos ubicada en el municipio de San Juan Sabinas en el Estado de Coahuila.

De acuerdo a la información disponible, el derrumbe impidió la salida de 65 mineros y provocó lesiones en once de sus compañeros que se encontraban en la boca de la mina.

Desde ese momento las labores de rescate continúan con la presencia de familiares y vecinos de la comunidad que esperan con angustia los resultados de las labores de rescate que se dan en condiciones difíciles y con el tiempo en contra, pues lo que se ha revelado en los medios, la posibilidad de supervivencia de esos trabajadores son mínimas.

Esta situación no sólo es conmovedora en sí misma y debiera mover a la solidaridad inmediata y unánime de este cuerpo colegiado sino que además mueve a la reflexión sobre la situación que enfrentan los trabajadores de este país.

Según reportes de la Organización Internacional del Trabajo, la globalización económica se ha construido sobre las espaldas de millones de personas debido al elevado índice de muertes y accidentes de trabajo en todo el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo donde la clase obrera se encuentra más vulnerable.

Alrededor de 2.2 millones de personas fallecen cada año víctimas de riesgo de trabajo. Esto se agrava en países como el nuestro en que menos de la mitad de los trabajadores gozan de seguridad social, al crecimiento del trabajo informal y a la inobservancia de normas de seguridad e higiene en las empresas formales con datos hacia el 2001. América Latina y El Caribe reportan un promedio de 39 mil accidentes mortales al año, 34 por ciento más que los reportados en el ’98.

En nuestro país, según la Secretaría del Trabajo los índices de siniestralidad en las unidades productivas se han mantenido estables en los últimos cinco años con un promedio de 2.3 casos de accidentes y enfermedades laborales por cada cien trabajadores.

Sin embargo, las propias autoridades reconocen que estos riesgos sólo abarcan a las empresas formalmente establecidas y con registro en el Seguro Social, por lo que este indicador está subestimado, tomando en cuenta que de una población económicamente activa de 43 millones de personas, poco más de trece millones están asegurados en el régimen obligatorio.

Según testimonios recogidos en el lugar del desastre, estamos no sólo ante una tragedia personal y humanan sino ante un evento que pudo evitarse.

La presencia de los familiares a la puerta del establecimiento no es casual. Los rescates se realizan a puerta cerrada, la información fluye con lentitud. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió recomendaciones en enero, sin que se sepa si fueron atendidas. Incluso una de las personas que participó en la inspección, en estas quedaron atrapadas e incluso el propio titular de la dependencia declaró en el lugar de los hechos, no sabe qué pasó con la inspección.

Los familiares denunciaron los bajos salarios, la falta de medidas de seguridad y la falta de inscripción de los trabajadores en el Seguro Social y el ocultamiento de información sobre estos lamentables sucesos.

Por todo ello, compañeras y compañeros, estamos solicitando se apoye los puntos de acuerdo ya informados por esta Secretaría de esta Mesa Directiva, para que de inmediato se proceda a que las autoridades informen a este cuerpo colegiado detalladamente sobre lo acontecido en la mina y qué ha pasado con las condiciones y la supervisión y el resultado de la misma en el caso de este accidente tan lamentable que se ha dado esta mina de carbón.

Por su atención, muchas gracias a todos ustedes.

El presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Jesús González Schmal para hablar en favor de la propuesta. Esta presidencia le concede el uso de la palabra hasta por tres minutos.

El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia señor presidente.

Efectivamente en el centro del Estado de Coahuila se localiza la zona carbonífera más importante de Latinoamérica.

Los yacimientos carboníferos en el subsuelo del Estado de Coahuila han sido en los últimos tiempos objeto de graves conflictos porque los explotadores en pequeñas escalas han sido copados por los grandes acaparadores, por los grandes extractores de esta materia prima y, por ejemplo, la misma proveeduría de la Comisión Federal de Electricidad en la carbo-eléctrica situada ahí en el Estado de Coahuila, ha tenido incluso que importar carbón de los Estados Unidos de Norteamérica.

Ahí también, como todos ustedes saben, se localiza la compañía acerera más grande de América Latina "Altos Hornos de México", que fuere una empresa de las muy grandes, gigantescas que el Estado mexicano tuvo y que fue privatizada y que hoy, desde luego, desarticulada, también se desvinculó con el proveedor de carbón y está de alguna manera permitiendo una desarticulación entre la materia prima y su procesamiento acerero que de algún amanera cundió para hacer que este cuadro de explotaciones particulares y muchas de ellas incluso de empresas extranjeras, se esté dando de alguna manera anárquicamente y sin cuidar, sin dar garantía de las condiciones de un trabajo tan delicado, tan riesgoso, tan difícil, tan, diríamos, agotador, como es el de trabajo en el subsuelo en esas temperaturas y con esas condiciones de enrarecimiento del aire que muchas veces, incluso, sin necesidad de derrumbes, han tenido y han dejado incapacitados a muchos trabajadores.

De modo que nosotros nos sumamos a la solidaridad de esta Cámara, a la excitativa para que se colabore, se contribuya a la salvación de los mineros que están ahora atrapados en esas condiciones tan difíciles, angustiantes, y que en el futuro se tomen evidentemente las medidas para que esta actividad tan delicada, tan riesgosa, se lleve a cabo respetando condiciones de previsión, de seguridad social, de seguridad en la extracción y en la industrialización que permita la preservación de la vida humana y el respeto a la integridad de los trabajadores.

Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, diputado.

A continuación tiene el uso de la palabra la diputada Blanca Eppen Canales, para hablar a favor de la propuesta.

La diputada Blanca Eppen Canales: Con su permiso, señor Presidente.

Hago uso de la voz a nombre de las y los diputados que integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional y especialmente de los de Coahuila para apoyar este acuerdo y solidarizarnos con las familias de los miembros afectados por la explosión de la mina Pasta de Conchos, ubicada en San Juan Sabinas, y deseamos el pronto rescate de los mineros.

Asimismo nos sumamos para que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y de Economía, investiguen estos lamentables hechos para que no se vuelvan a repetir.

No obstante que este Congreso de la Unión recientemente aprobó reformas a la Ley Minera que precisamente buscan mejorar las condiciones de las minas y de sus trabajadores, es claro que se requiere de más acciones, además de las legislativas, para que las disposiciones de las leyes realmente incidan en el bienestar de las personas a las que van dirigidas. De ahí el compromiso necesario de todos los actores involucrados, autoridades y sociedad civil para garantizar su efectivo cumplimiento.

Por lo anterior, el grupo parlamentario de Acción Nacional, nos sumamos a esta propuesta e invitamos a todas y todos los diputados para que apoyen a las familias coahuilenses en desgracia.

Reconocemos el apoyo del gobierno federal y nos sumamos a los esfuerzos que se están realizando con el fin de que estas personas regresen con bien a sus familias.

Enviamos un mensaje de solidaridad a los mineros y a sus familiares de estos trabajadores que quedaron atrapados en la mina de Coahuila, y haremos todo y más de lo que está al alcance para rescatarlos y llevarlos de regreso a casa. Les queremos decir que en esta Cámara de Diputados estamos unidos y que no dudaremos en ayudarles en cuanto sea necesario.

Seguiremos en contacto y atentos a hacer todo lo que esté al alcance para el rescate de estos trabajadores.

Quiero hacer mención a la solidaridad que une a las distintas fuerzas políticas representadas en este Congreso, más allá de las distintas ideologías.

Estamos en la mejor disposición de ayudar, dentro de nuestras facultades, a las familias de estas personas.

Hacemos un llamado a las autoridades federales, locales y demás equipos de apoyo y de rescate para que redoblen los esfuerzos para el pronto y eficaz rescate de estos mineros. Gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, Diputada.

Tiene la palabra la diputada Laura Elena Martínez Rivera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para hablar a favor de la propuesta.

La diputada Laura Elena Martínez Rivera: Acudo a esta tribuna en representación de los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para apoyar la propuesta de la Junta de Coordinación Política, pero especialmente para expresar nuestra solidaridad a los familiares de los sesenta y cinco mineros atrapados en las entrañas de la mina Pasta de Conchos, del municipio de San Juan de Salinas, de mi estado de Coahuila, desde el pasado domingo.

Minuto a minuto se apagan las vidas de estos esforzados trabajadores y que gracias a su sacrificio millones de mexicanos pueden encender un foco en sus hogares.

La zozobra y la incertidumbre reina en los alrededores de las minas; sus familiares hacen guardia con la esperanza de que salgan con vida, pero es en vano, cada momento se extingue esta posibilidad.

Esta difícil circunstancia nos obliga no sólo a expresar nuestro pesar y dolor por esta tragedia, así como nuestra solidaridad y apoyo para sus deudos.

Pero todo ello no es suficiente. Requerimos y solicitamos la acción firme y decidida para que las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, deban cumplir con un Estado de Derecho y el orden jurídico a que están obligadas estas autoridades para evitar que en lo futuro puedan repetirse estos actos tan pesarosos. Es necesario recordar la recurrencia y los reiterados accidentes en el pasado remoto y en el reciente.

De acuerdo a la ley, es obligación primera de la empresa la seguridad de los trabajadores. La Ley Minera obliga también al Ejecutivo Federal a establecer los lineamientos de seguridad y supervisión de su atribución; pero más allá de buscar culpables, que será resultado de una investigación, como ya lo expresó nuestro Gobernador, el profesor Humberto Moreira, debemos acelerar los trabajos de rescate con todos los recursos a nuestra disposición.

Desde esta tribuna nosotros deseamos ratificar nuestro compromiso y esfuerzo para una pronta solución y que esperamos no ocurra lo que se está vislumbrando.

Yo les agradezco a todos mis compañeros la solidaridad que han mostrado para nuestros mineros en Coahuila y expresamos también la necesidad de que estas cosas no se repitan y que se haga una exhaustiva investigación y que después de este suceso, no vuelvan a repetirse estas muertes. Muchas gracias.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias, Diputada.

Esta Presidencia informa que ya no hay oradores registrados, por lo que se considera el asunto suficientemente discutido.

Consulte a la Asamblea, en votación económica si se aprueba.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se aprueba la proposición.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación). Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación).

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Aprobado. Comuníquese.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la solicitud de licencia del diputado José Manuel Carrillo Rubio.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Del diputado José Manuel Carrillo Rubio.

El Presidente, diputado Alvaro Elías Loredo: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, están a discusión los siguientes:

"Puntos de Acuerdo

"Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado José Manuel Carrillo Rubio, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el Décimo Quinto Distrito del Estado de Jalisco, a partir del veintidós de febrero del presente año.

"Segundo.- Llámese al suplente".

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Aprobados. Comuníquense.

Esta Presidencia recibió de la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la SEMARNAT y a PEMEX, consideren medidas pertinentes para atender los puntos relativos al desarrollo sustentable de la Cuenca de Burgos.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente.

Se recibió del diputado Carlos Blackaller Ayala, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a las Secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de la Función Pública, investiguen y sanciones a la empresa Constructora COCESA de Aguascalientes, y a la inacción del Centro SCT Jalisco, por suspensión de obras.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Transportes y de la Función Pública.

Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud, así como al Consejo Nacional contra las Adicciones, modifiquen el artículo 126 del Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente.

Túrnese a la Comisión de Salud.

Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Economía y a la PROFECO, actualicen el acuerdo que establece las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que prestan los particulares, de fecha 10 de marzo de 1992.

Túrnese a la Comisión de Economía.

Se recibió del diputado Jorge de Jesús Castillo Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Ejecutivo Federal proteger al Camino Real de Tierra Adentro, que recorría al país, como vía cultural, urbano y ambiental.

Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Cultura.

Tiene la palabra el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo, por el que se exhorta al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral, rinda un informe acerca de los resultados obtenidos al transcurrir la vigencia del acuerdo denominado "Tregua Navideña Electoral".

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: No encontrándose en este salón de sesiones el señor diputado, pasa al final de este capítulo.

Tiene la palabra el diputado Alfonso Moreno Morán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal dar solución a la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico.

El diputado Alfonso Moreno Morán: Con su permiso diputado Presidente.

El suscrito diputado federal Alfonso Moreno Morán, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción 2�ª del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55 fracción 2�ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente proposición con punto de acuerdo, por el cual se exhorta al Gobierno Federal para que dé solución a la constante alza de tarifas en el servicio de energía eléctrica para consumo doméstico, conforme a las siguientes consideraciones:

Desde ya algunos años, la población mexicana ha sufrido un grave deterioro en su ingreso debido a las constantes alzas en la electricidad, el gas, diesel y gasolina, esta situación se agudiza más en aquella población que por su condición económica carece de los recursos suficientes para atender sus necesidades más prioritarias.

Es el caso que se presenta en comunidades del norte de Guanajuato, de los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo y San Diego de la Unión, en donde destinan hasta el 30% de su ingreso para pagar el consumo de este servicio. En dichos cobros se nota un comportamiento anormal, en el que se disparan enormemente las lecturas de dicho consumo con una importante repercusión económica que afecta lamentablemente el bienestar familiar.

A la fecha se han presentado tanto en el Senado como en esta Cámara, una gran cantidad de puntos de acuerdo en donde se exige al Gobierno Federal dar solución al problema de la constante alza de tarifas del servicio de energía eléctrica para consumo doméstico. En todos estos pronunciamientos ha quedado claro que las familias mexicanas ya no podrán soportar por mucho tiempo esta situación, resulta por lo tanto urgente que las autoridades den una solución favorable y definitiva a este grave problema.

Estamos conscientes de la necesidad que se tiene de la aprobación de una reforma energética, que siendo de vital importancia para el país haría posible una reducción en los costos de este servicio, minimizando un problema social cuya manifestación pondría en riesgo la estabilidad económica y social de las familias mexicanas.

Por mucho tiempo se ha postergado la actualización de las tarifas eléctricas para ponerlas a la par de los costos de producción, lo que ha propiciado que el monto de los subsidios gubernamentales haya crecido considerablemente, por ejemplo: en 1995 el subsidio de las tarifas fue de 11mil 124 millones de pesos; en el 2002 alcanzó los 40 mil 700 millones de pesos; en el 2005 por los decretos del 7 de febrero y 5 de abril, la Secretaría de Hacienda autorizó a la Comisión Federal y a Luz y Fuerza del Centro el ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas eléctricas y se redujo el monto de este subsidio.

Con el nuevo ordenamiento se modificó la estructura tarifaria y en el 95 se establecieron costos más altos y diferenciados a partir de criterios de consumo máximo y temporalizado. Por ello se hace un atento llamado para que el Ejecutivo Federal modifique las tarifas de energía eléctrica, a fin de que los más de 24 millones de usuarios se vean beneficiados con cobros que estén al alcance de sus posibilidades económicas.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Unico. Exhortar al Gobierno Federal para que dé solución a la constante alza de tarifas en el servicio de energía eléctrica para el consumo doméstico.

Es cuanto diputado Presidente.

El Presidente diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Economía.

Tiene la palabra el diputado Carlos Hernán Silva Valdés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal para que el Tribunal Superior Agrario, la Secretaría de la Reforma Agraria y la Procuraduría Agraria, atiendan lo relacionado al juicio de la pérdida de hectáreas de la superficie original el ejido "Hoyo del Aire", localizado en el Municipio de Taretan en el Estado de Michoacán.

El diputado Carlos Hernán Silva Valdés: Con su anuencia ciudadano Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Adelante diputado.

El diputado Carlos Hernán Silva Valdés: En México los Tribunales Agrarios fueron creados fundamentalmente para lograr que la impartición de justicia en el agro sea ágil, pronta y expedita.

Asimismo la Procuraduría Agraria tiene como obligación prevenir y denunciar ante la autoridad competente las violaciones de las leyes agrarias, estando obligada además a denunciar el incumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios y empleados de la Administración de Justicia Agraria.

En Michoacán tanto el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XIX, como la Procuraduría Agraria de esa Delegación, han actuado sistemáticamente de manera defectuosa, en particular en la solución de los conflictos tipificados como focos rojos y han permitido con su ineficiente actuación que controversias simples se eleven a esta peligrosa categoría.

En particular, en el Municipio de Taretan, Michoacán, el ejido "Hoyo del Aire", promovió juicio sobre restitución de 100 hectáreas contra sedicente pequeño propietario que indebidamente invadió, obteniendo un resolutivo absurdo y alejado absolutamente de la justicia.

En este caso pese a la encomienda formal escrita que dicho ejido hizo a la autoridad procuradora, ésta la abandonó a su suerte irresponsablemente, pues nunca estuvo atenta a los términos y plazos procésales ni se inconformó en tiempo y forma con la sentencia.

Por su parte el Tribunal Unitario aludido, resolvió a favor de la actora pero desechando la documental pública representada por las certificaciones del PROCEDE y aceptando sólo parcialmente los peritajes que demostraban la invasión de la superficie temida desde siempre como parte del núcleo agrario.

En consecuencia, ambas autoridades son responsables de la pérdida de 30 hectáreas por la irresponsabilidad y negligencia con las que atendieron la encomienda que les fue dada, omitiendo utilizar las atribuciones e incumpliendo con las obligaciones de la Ley Agraria.

Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal del grupo parlamentario del PRD, ante la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, someto a la consideración del Pleno de este Honorable Asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.

Primero.- Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal para que en el marco de sus atribuciones y facultades, solicite al Tribunal Superior Agrario y en particular al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Judicial XIX, actúen con irrestricto apego al marco jurídico en vigor y reabran el viciado juicio cuya resolución lesiona severamente al ejido "Hoyo del Aire" del Municipio de Taretan.

Segundo.- En igual forma a que ordene a la Secretaría de la Reforma Agraria indemnice, en su caso, a dicho ejido por los daños y perjuicios consistentes en la pérdida de más de 30 hectáreas de su superficie original.

Tercero.- Asimismo a que se asegure de que la Procuraduría Agraria cumpla cabalmente con el mandato constitucional que tiene impuesto a través de la Ley Agraria, en particular para que la delegación en Michoacán tenga un desempeño eficaz.

Cuarto.- Y a que instruya al Procurador Agrario para que dé inmediata solución a la queja administrativa promovida por dicho ejido agraviado en contra del personal de la delegación de esa Procuraduría en Michoacán.

Es cuanto diputado Presidente.

El Presidente diputado Álvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria.

Se pospone la presentación de proposición con punto de acuerdo, por el que se solicita se decrete a la Laguna de Cocomulco en el estado de Hidalgo como área natural protegida, suscrita por los diputados Cuauhtémoc Ochoa Fernández y Alfredo Bejos Nicolás, de los grupos parlamentarios de los partidos Verde Ecologista de México y Revolucionarios Institucional, respectivamente.

Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, para presentar proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobernadores de los estados de Guanajuato y Querétaro, suscriban el convenio que establece el "Fideicomiso Pago", suscrita por los diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados:

A nombre de los integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, pongo a consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, de conformidad con lo establecido por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Los ahorradores defraudados de los estados de Oaxaca, Querétaro, Guanajuato y Morelos, presentaron el 27 de julio del año 2005, una petición a esta soberanía, para efecto de que diputadas y diputados de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, realizaran una investigación con relación a que los titulares de los gobiernos de dichas entidades federativas, no han suscrito el convenio de colaboración establecido en la ley que crea el fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores; conocido como el "Fideicomiso Pago".

Se solicitó información al licenciado Guillermo Barnes García, comisionado de dicho Fideicomiso, quien informo el 7 el octubre del 2005: "El gobernador del estado de Oaxaca había suscrito el convenio de colaboración, no corriendo la misma suerte los estados de Querétaro, Guanajuato y Morelos".

Por tanto, se constituyó grupo de trabajo para asistir al estado de Morelos, en donde hubo compromiso del representante del gobierno, a que el gobernador suscribiría el convenido respectivo; en virtud de que cuenta con los recursos suficientes para cubrir con la cantidad que corresponde aportar. Se daría inicio al proceso de pago en la entidad, compromiso que se realizó en presencia del Presidente del congreso local.

Respecto al estado de Guanajuato, se sabe que existe disposición de todos los grupos parlamentarios, toda vez que se hizo un esfuerzo institucional al problema que les aqueja a los ahorradores de esta entidad. Sin embargo, el gobernador constitucional a la fecha no ha suscrito el convenio para iniciar este proceso de pago correspondiente, máxime cuando la Junta de Gobierno y de Coordinación Política en el congreso estatal, ordenó que el gobernador suscribiera el instrumento jurídico respectivo.

En cuanto al estado de Querétaro, se arriba a la conclusión de que diputados de diversos grupos parlamentarios realizaron una labor importante para resolver el problema. Se desglosa que la no aprobación de dicho punto de acuerdo, no fue por falta de recursos; toda vez que el informe del gobierno, existió un subejercicio en el estado. Además el gobernador de la entidad de Querétaro, no mostró sensibilidad al problema de los ahorradores.

Cabe precisar que la investigación se realizó en los estados de Oaxaca, Morelos, Querétaro y Guanajuato y fue lo mismo lo que sucedió en los estados de Michoacán, Durango y Jalisco. Existió disposición tanto de los congresos locales, como de los gobiernos para recibir al grupo de trabajo que se constituyó con este Poder Legislativo.

Por lo anterior, ponemos a consideración de esta asamblea.

Primero. Que la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura, exhorte respetuosamente a los gobernadores de los estados de Querétaro y Guanajuato, para efecto de que formalicen los respectivos convenios de coordinación y estén en posibilidades de cumplir con lo establecido con la ley del "Fideicomiso Pago".

Y segundo. Esta Cámara de Diputados se congratula por los trabajos realizados en los gobiernos de Oaxaca, Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco; así como de los diputados que integran los Honorables Congresos de Oaxaca, Guanajuato y Morelos, Michoacán, Durango y Jalisco, para dar cumplimiento cabal a lo establecido en el ordenamiento legal señalado.

Es cuanto, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera de urgente resolución.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento, si se considera de urgente resolución la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación) Gracias.

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, está a discusión la proposición.

Esta Presidencia no tiene registrados oradores; en consecuencia, considera que el asunto está suficientemente discutido.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se aprueba la proposición.

El Secretario diputado Marcos Morales Torres: En votación económica, se pregunta a la Asamblea si es de aprobarse la proposición.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada. Comuníquese.

Ruego a la Secretaría dé lectura a una solicitud de licencia del diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, que acaba de llegar en este momento.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: (Solicitud de licencia por tiempo indefinido del diputado Francisco Javier Bravo Carvajal, para separarse del cargo de diputado federal, a partir del 22 de febrero de 2006)

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Francisco Javier Bravo Carbajal, para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el V Distrito del estado de Jalisco, a partir del 22 de febrero del presente año.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Gracias.

Los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Belisario Iram Herrera Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la SAGARPA, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobernación, intervengan en el problema de los trabajadores de la "MOSCAMED" en Chiapas y Tabasco.

El diputado Belisario Iram Herrera Solís: Con su venia del señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados:

Presento ante esta soberanía la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación; del Trabajo, de Salubridad y de Gobernación, su intervención en el problema de los trabajadores de "MOSCAMED" de la basta región Chiapas-Tabasco con Guatemala, al tenor de los antecedentes y consideraciones siguientes:

ANTECEDENTES

El Programa de "MOSCAMED", se encuentra vinculado a un esquema de cooperación internacional. Este se ha venido desarrollando desde hace 27 años con un gran avance en la tecnología aplicada moderna, en el moderno integrado de plagas vegetales, insecto estéril, control biológico, a gran escala, con resultados reales para el beneficio del área agroalimentaria, asegurando con ello la economía de nuestra fruticultura y evitando el aseguramiento de la plaga mosca del mediterráneo en territorio mexicano.

Durante 1978 y 1979 por las alianzas tripartitas y el apoyo de organismos internacionales como la FAO, OEA, se construyó en Metapa, Chiapas, la planta de cría y esterilización de moscas del Mediterráneo.

En 1980 se alcanzaron los objetivos de producción hasta 500 millones de moscas estériles por semana, cumpliendo con la liberación del insecto, sobre todo en la vasta zona de los límites de Chiapas, Tabasco, Campeche, con Guatemala, lo cual contribuyó eficazmente a evitar el establecimiento de la plaga en México, situación que permitió mantener el área libre y erradicar los brotes recurrentes en la frontera con Guatemala, con la constante de alcanzar la barrera de contención de la plaga en mediano plazo hacia el interior de Centroamérica, al menos 100 kilómetros.

Con el acuerdo de SAGARPA e ICA, todos los trabajadores contratados para cumplir con las metas de cooperación internacional para la erradicación de la plaga mosca del Mediterráneo, han venido siendo sujetos de maltrato, hostigamiento y sobre todo de acoso laboral, incumplimiento de sus derechos, de garantía social, salud, con falta de equipo apropiado para laborar, la constante presión sicológica, de pronto despido por parte de sus jefes inmediatos y funcionarios de CENASICA, manteniéndoles en condiciones deplorables de estabilidad para alcanzar que México como país hortícola por excelencia, pueda cumplir con los acuerdos internacionales de combate a este temible plaga.

Las consideraciones: Si en tres años en el pasado, los trabajadores de este programa proyecto de erradicación control de plaga mosca del mediterráneo, alcanzaron la meta de producción de insectos estériles.

Para esos momentos en administraciones de otros gobiernos de conciencia clara, que cumplieron con proyectos compartidos internacionales, no se entiende por qué sobre todo en esta administración no se le procura apoyo a los trabajadores que se encuentran en constante riesgo de salud, por estar en contacto con estas pupas que sirven para el control, erradicación de la terrible plaga que mucho afecta la producción frutícola del sur-sureste de nuestro país.

Quiero hacer énfasis sobre la responsabilidad con que todos los trabajadores y trabajadoras de MOSCAMED, han brindado todo su esfuerzo, conocimiento, en la aplicación del programa fitosanitario producción y liberación del insecto estéril para la protección de la plaga mosca del Mediterráneo, con la que en fechas recientes podemos decir:

UNICO. Se exhorta a la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos, Pesca y Alimentación, Trabajo y de Salud, Gobernación, su intervención en la problemática de los trabajadores de MOSCAMED de Chiapas, Tabasco, en virtud de que se puede generar un conflicto donde salga afectado el programa del control de la plaga mosca del Mediterráneo, barrera fitosanitaria de seguridad nacional que permite la explotación de productos frutícolas del sur-sureste del país.

Es cuanto señor presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Tiene la palabra el diputado Emiliano Ramos Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Proposición con Punto de Acuerdo relativo al comercio informal y ambulantaje en el Sistema de Transporte Colectivo, Metro.

El diputado Emiliano Ramos Hernández: Con la venia de la presidencia.

En este sexenio la situación económica de las familias mexicanas se ha mermado con el fracaso del sistema económico neoliberal. Ante esta realidad indiscutible y por la falta de empleos remunerados y la pérdida de los mismos, miles de personas se han visto en la necesidad de sumarse a las filas del comercio informal, para subsistir de alguna manera y subsanar las necesidades primordiales de sus familias.

Tal es el caso como muchos otros, de una comerciante en el Metro, conocidas como doña Refugio, jubilada por un accidente y de 58 años de edad, quien no ha conseguido trabajo desde hace varios años y actualmente vende dulces de producción mexicana en los vagones del Metro, para llevar unos pesos extras a su casa. Ella fue detenida y retirada en razón de la aplicación de la Ley de Cultura Cívica, de una estación del Metro. Lo grave es que en su detención hubo abuso de autoridad, uso desmedido de la fuerza y vejación a sus derechos humanos y constitucionales. Es el trato que da la policía que labora al interior del METRO.

Cabe destacar que ella no vende piratería ni productos ilegales. Vende productos nacionales.

Es cierto que la ley prohibe el ambulantaje en el METRO pero no permite la violación de los derechos humanos y constitucionales. El objetivo de la ley es prevenir y castigar los delitos pero no puede haber una homologación entre asaltantes y vendedores. No debe haber una criminilización de la pobreza en este país.

Tenemos que considerar lo siguiente: Nuestro país atraviesa por una crisis profunda en cuanto a lo que se refiere a generación de empleos y por lo tanto el número de personas que se auto-emplean.

También tenemos que considerar que los pocos empleos que se generan son por lo común mal remunerados y que se ha perdido el poder adquisitivo de la clase trabajadora de manera alarmante a raíz del año de 1978, cuando comenzaron las crisis económicas.

También debemos considerar que por lo tanto muchísimas familias han tenido que recurrir al comercio en pequeña escala en las redes del METRO. Esto efectivamente constituye una falta administrativa pero es inadmisible que sean tratados como delincuentes.

El Estado debe aceptar su corresponsabilidad al ser incapaz de ofertar alternativas de otra naturaleza a las familias que se ven obligadas a subsistir mediante el comercio ambulante. También hay que considerar que se han violentado los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor generando un caldo de cultivo que puede derivar en enfrentamientos de proporciones peligrosas y que en este sexenio, tan sólo en los primeros tres años ha crecido más la tasa de desempleo que en todo el sexenio anterior.

Por lo anterior, propongo a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero.- Conforme al pacto federal y total respeto a la división de poderes, se exhorte al Gobierno del Distrito Federal a que gire las instrucciones pertinentes para que las sanciones correspondientes a quienes ejercen el comercio en el Sistema de Transporte Colectivo METRO, sean realizadas con apego a derecho y en estricta vigilancia del respeto a los derechos humanos y las garantías individuales de quienes ejercen esta labor.

Segundo.- Se exhorta al Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa para que de inmediato se entable una mesa de negociación y acuerdos con los representantes de las agrupaciones que ejercen el comercio en el sistema de transporte colectivo METRO para alcanzar acuerdos mínimos que tienden a resolver este conflicto latente.

Es cuanto. Muchas gracias.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

Tiene la palabra la diputada Rosario Herrera Ascencio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se crea una comisión especial para vigilar que no se utilicen los programas sociales a cargo del Gobierno Federal en beneficio de algún partido político en el próximo proceso electoral del 12 de marzo en el Estado de México.

No se encuentra. Se reserva su lectura.

El diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, nos ha pedido que se retire la proposición con punto de acuerdo que había presentado del orden del día.

Ruego a la Secretaría dé lectura a la solicitud de licencia del diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, con la que nos acaba de dar cuenta en este momento.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Diputado Sergio Chávez Dávalos, diputado federal.

Diputada Marcela González Salas y Petricioli, presidenta de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura. Presente.

El suscrito, diputado federal por el VII Distrito electoral del Estado de Jalisco, con cabecera en el municipio de Tonalá, Sergio Armando Chávez Dávalos, integrante de la fracción parlamentaria del PRI, anteponiendo un respetuoso saludo, por este conducto me permito presentar a su elevada consideración solicitud de licencia al citado cargo por tiempo indefinido y a partir del primer minuto del día miércoles 22 de febrero del año en curso.

La referida solicitud es para estar en posibilidades de atender asuntos relacionados con mis derechos políticos que se encuentran amparados por la Constitución Mexicana y que se relacionan con aspiraciones personales y sociales además de no afectar las tareas legislativas que el pueblo de Tonalá me confirió.

Por lo anterior, mucho agradeceré la atención que le otorgue a la presente y se proceda conforme a lo establecido en el marco legal y reglamentario aplicable.

Atentamente.

Ciudad de México a 21 de febrero del 2006.

Sergio Armando Chávez Dávalos.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: En consecuencia se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

La Secretaría diputada María Sara Rocha Medina: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero.- Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Sergio Armando Chávez Dávalos, para separase de sus funciones como diputado federal electo en el séptimo distrito del Estado de Jalisco, a partir del día 22 de febrero del presente año.

Segundo.- Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor. (Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)

Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobados. Comuníquese.

Tiene la palabra el diputado Javier Salinas Narváez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al conflicto con los Estados Unidos de América y la economía nacional.

El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Presidente, con su venia.

El suscrito, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, me permito presentar ante esta asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Desde el inicio de la presente administración, pero especialmente en el último año, muchos y muy graves han sido los problemas que aquejan la relación de México con nuestro vecino y principal socio comercial: Los Estados Unidos.

En cascada se han sucedido una serie de debates, críticas y acusaciones en las que debiera ser para nuestro país por razones estratégicas, la relación más cuidada y mejor llevada del mundo. Un distanciamiento evidente y un deterioro progresivo de los canales de comunicación han puesto de relieve la incapacidad de nuestra política exterior para construir una relación respetuosa y ordenada con el gobierno de la nación más poderosa de la tierra.

Lamentablemente los tropiezos y desatinos de la diplomacia mexicana se han ido trasminando hacia otras áreas de la actividad pública y amenazan con poner en riesgo la imagen de México en el mundo de los negocios, el turismo y la economía en general.

Los constantes llamados de diversas autoridades estadounidenses sobre la problemática que se vive en la frontera, donde el narcotráfico y la inseguridad son problemas comunes y el clima nacional de inseguridad, desalienta la inversión. Frente a esos llamados y a las diversas intentonas por dirigir desde el exterior la política interior de México, diversos actores políticos y sociales hemos reclamado con energía el respeto a la soberanía nacional. Con todo, los que tienen en sus manos los instrumentos y las riendas del gobierno federal, sólo han lanzado entre la estridencia, la tibieza algunos pronunciamientos que terminan por no decir nada.

Pero más allá de los desplantes nacionalistas de algunos secretarios de Estado, donde el Ejecutivo Federal no ha querido o no ha podido mandar señales claras al gobierno de los Estados Unidos de que en México estamos ocupados en resolver nuestros problemas. La geografía, la historia y la economía. Nos obligan a llevarnos bien con los Estados Unidos, a defender nuestros intereses con inteligencia, a buscar mecanismos de protección para los connacionales que cada año envían 16 mil millones de dólares en remesas, pero sobre todo en saber negociar los temas de nuestra agenda.

Es en la economía donde estamos resintiendo ya los efectos de una política exterior sin objetivos, metas ni rumbo, un desplante diplomático nos alejo del MERCOSUR y otro más podría costarnos un acuerdo comercial de largo plazo con Bolivia, para la obtención del gas a bajo costo.

No se trata aquí de decir si somos del norte o del sur, de que si México debe estar en la orbita latinoamericana o en la norteamericana, se trata de encontrar las fórmulas que nos permitan como nación, tomar decisiones estratégicas para el futuro de México.

La geopolítica mundial es más, mucho más compleja que las viejas batallas de la guerra fría.

Entender la globalización significa saber que necesitamos estar bien con todos los países con los que comercializamos, con los que intercambiamos tecnología y los que vemos como prospecto para invertir o recibir en ellos inversión.

Por lo anterior me permito someter a esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo:

UNICO.- Se solicita la comparecencia ante este pleno de la Cámara de Diputados de los Secretarios de Relaciones Exteriores y Economía, para conocer los impactos que está teniendo en nuestro país el prolongado conflicto con los Estados Unidos y de los instrumentos que se está empleando para administrar (27) sus efectos.

Es cuanto. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Economía.

Tiene la palabra el diputado Adrián Chávez Ruiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al ataque a pescadores de marinos en el municipio de Progreso, Yucatán.

�¿No está? Muy bien. Consecuencia, ruego a la Secretaría dé cuenta con los asuntos en cartera o en su caso, con la orden del día para la próxima sesión.

La Secretaria diputada Maria Sara Rocha Medina: Orden del día de la próxima sesión, número 8.

Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del tercer año de ejercicio de la LIX Legislatura.

(Orden del día del 23 de febrero del 2006)

Acta de la sesión anterior, comunicaciones, oficios de la Secretaría de Gobernación con el que se remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, dictámenes a discusión: seis dictámenes a discusión con puntos de acuerdo y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.

Es cuanto, diputado Presidente.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por seis minutos para verificar la asistencia.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior; ábrase el sistema electrónico por seis minutos para recabar la asistencia.

(Verificación de quórum)

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: De viva voz, la diputada Guadalupe Mendívil Morales.

La diputada Guadalupe Mendívil Morales: Presente.

La diputada Norma Patricia Rodríguez Guardado: Presente.

La Secretaria diputada María Sara Rocha Medina: Gracias. Diputado Presidente, se encuentran presentes 375 diputados.

El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (16:11 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el jueves 23 de febrero a las 10 horas y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 8 horas.