El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga (Toca la campanilla y dice:) Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se va a procede a pasar lista de asistencia de quienes integramos la Comisión Permanente.
(Lista de asistencia)
¿Falta algún legislador o legisladora de pasar lista de asistencia?
Señor Presidente informo a usted, que hay una asistencia de 32 ciudadanos y ciudadanas legisladoras.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Hay quórum se abre la sesión (A las 11:40 horas)
Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del orden del día.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
La Secretaria diputada Amelia Gámez Gutiérrez: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Aprobado por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se dispensa la lectura.
Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
La Secretaria diputada Amelia Gámez Gutiérrez: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Aprobada por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de comunicaciones. Continué la Secretaría.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Lectura de la solicitud de licencia de la diputada Jazmín Elena Burgos, del Partido de la Revolución Democrática)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: De conformidad con lo que establece el artículo 78 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La Secretaría diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada Jazmín Elena Zepeda Burgos, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la quinta circunscripción Plurinominal, a partir de está fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Da lectura al oficio de la diputada María Esther Scherman Leaño por el que comunica que se reincorpora a sus labores legislativas)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: De enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Senadora diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio del estado de Baja California con el que remite acuerdo para que el Congreso de la Unión participe en los trabajos emanados de la estrategia establecida en torno a la medida aprobada por legisladores estadounidenses para la construcción de un doble muro entre México y Estados Unidos)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Segunda Comisión de Trabajo para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio del Director de Gobierno del estado de Baja California, con el que remite escrito del Ingeniero Juan José Luis García Leyva, en el que solicita la intervención inmediata del Congreso de la Unión, en relación con representantes de elección popular que han evadido la acción de la justicia)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio del Doctor Ricardo Ojeda Bohórquez por el que comunica que a partir del 1o. de enero del 2006 ha sido designado Coordinador de los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión de Justicia y Derechos humanos de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio del Congreso del Estado de Chihuahua con el que remite iniciativa que reforma el artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura al oficio por el que informa que la Administración General de Aduanas no asignó mercancías provenientes de Comercio Exterior en el mes de diciembre de 2005)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La Secretaria diputada Lucero Saldaña Pérez: (Da lectura a otro oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite la propuesta del Presidente de la República el nombramiento de la doctora Olga Hernández Espíndola como Magistrada de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Marco Antonio Peyrot González pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Oro por Servicios Distinguidos que le confiere el Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada de la República de El Salvador)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (15 oficios de la Secretaría de Gobernación con los que remite las hojas de servicios de Fernando González Morayra, Juan José Braulio Cruz Bailón, Francisco Ortiz Valadez, José Cornelio del Salvador Macías Cabrera, Juan Gerardo Chávez Vidal, Arturo Vallarta Tafolla, Jens Pedro Lohmann Iturburu, Salvador Castillo Sandoval, Miguel Angel Patiño Canchola, Francisco Javier Labastida Domínguez, Paulino López Bernal, Carlos Ignacio Velasco Wall, Agustín Martínez Fernández, Roger Santiago Peniche Polanco y David Huerta Hernández, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos )
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite contestación a punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Comisión correspondientes de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: (Veintiocho oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Senadores)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Remítase a la Cámara de Senadores.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Solicitudes de particulares:
(Oficios de las ciudadanas Belén Negrete Núñez e Irma Araceli Cruz Molina, por los que solicitan el permiso Constitucional necesario para que puedan aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de Caballero, que les confiere el Gobierno de Francia)
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Esta presidencia recibió del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que adiciona la fracción II del Artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Irma Figueroa Romero: Con su venia, señora presidenta.
A nombre de la diputada Angélica de la Peña Gómez, del PRD, es que presento esta iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Uno de los pasos más trascendentales que México ha dado a propósito de nuestro compromiso vinculante con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, es lo establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la promulgación de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que refiere en su título cuarto el derecho al debido proceso de adolescentes que infringen la Ley Penal.
El Congreso Constituyente ha aprobado la reforma al artículo 18 de nuestra Carta Magna, que nos obliga a la federación y a las entidades federativas a la adopción de un nuevo modelo para la creación de un sistema integral de justicia para adolescentes que implica la conformación de instituciones, tribunales, y autoridades especializadas en la procuración e impartición de justicia para personas, a partir de los 12 años cumplidos y hasta los 18 años incompletos, a quienes se les atribuya la comisión de una conducta tipificada como delito en las leyes penales.
Esta reforma ha sido reconocida por diversos expertos como una de las reformas estructurales que el Congreso Constituyente ha logrado impulsar en esta Legislatura.
En ese sentido el Congreso de la Unión, los congresos de los estados y la Asamblea del Distrito Federal, tendrán la obligación de legislar sobre un sistema integral de justicia para adolescentes, en el marco de lo establecido por los párrafos 4o., 5o. y 6o. del artículo 18 de nuestra Carta Magna.
Las leyes que creen los nuevos sistemas deberán respetar los principios, derechos y garantías de las personas menores de 18 años de edad, atendiendo al principio del interés superior del adolescente.
Asimismo los Poderes Ejecutivos de los estados y del Distrito Federal, habrán de implementar las estructuras que permitan el correcto funcionamiento del sistema, adecuando o en su caso creando, los establecimientos necesarios para la escusión (?) de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia de cada entidad federativa y celebrando los convenios que se requieren con la Federación, para el caso de las y los adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia, por la comisión de alguna conducta prevista como delito, en las leyes penales federales.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversos artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 1o. Se reforman los artículos 42 y 67 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue:
Artículo 42. La Asamblea Legislativa tiene facultades para:
Fracción XXX. Legislar sobre el Sistema Integral de Justicia para adolescentes, conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y
Fracción XXXI. Las demás que le otorgan a la Constitución y este estatuto.
Artículo 67. Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal son las siguientes:
Fracción XXXI. Administrar los establecimientos de ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia de carácter local, así como ejecutar las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia, por la comisión de alguna conducta prevista como delito en las leyes penales del fuero común en estricto apego a los principios, derechos, garantías y demás ordenamientos previstos en la ley, al principio del interés superior del adolescente y a lo dispuesto por los jueces especializados y por los jueces especializados de ejecución.
Fracción XXXII. Celebrar convenios con la Federación, para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento de adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia por la comisión de algunas conductas previstas como delito en las leyes penales federales, conforme a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los demás ordenamientos aplicables.
Fracción XXXIII. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este estatuto y otros ordenamientos.
Artículo 2o. Se reforma la fracción XXV del artículo 30 bis, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 30 bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
Fracción XXV. Celebrar convenios con las autoridades estatales y del Distrito Federal, para la ejecución de las medidas de orientación, protección y tratamiento del adolescente sujeto al Sistema Integral de Justicia por la comisión de alguna conducta prevista como delito de las leyes penales, federales, conforme a lo que establecen los párrafos 4o., quinto y sexto del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y,
Artículo transitorio.
UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Solicito se inserte totalmente en el Diario de los Debates, señora presidenta.
Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y del Distrito Federal, de la Cámara de Diputados.
Se recibió del diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma los artículos 185 y 189 del Código Federal de Procedimientos Electorales.
Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Joel Padilla Peña: Con permiso de la Presidencia.
"Ciudadanos Secretarios de la Honorable Comisión Permanente de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión:
"El suscrito, diputado federal a la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Honorable Comisión Permanente, la presente iniciativa que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:
"Exposición de Motivos
"La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el texto original del artículo 91, los requisitos que se exigen para que una persona pueda ser designada por el Presidente de la República como Secretario de Despacho. Este artículo 91 es de los pocos preceptos constitucionales que no han sido objeto de modificación desde el 1º de mayo de 1917, fecha en la que entró en vigor nuestra Constitución.
"Hasta el día de hoy, tres son los requisitos que se exigen: Primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento; segundo, estar en ejercicio de sus derechos y, tercero, tener 30 años cumplidos.
"En México el Presidente de la República ejerce funciones tanto de Jefe de Estado como de Jefe de Gobierno. En este último rol el artículo 89 constitucional, en su fracción II, otorga al titular del Ejecutivo la facultad de nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho, siempre y cuando la persona elegida para la sustitución cumpla con los requisitos señalados en el artículo 91.
"Por otro lado, en 1917 la sociedad mexicana era eminentemente rural y las oportunidades de acceso a la educación superior eran prácticamente inexistentes para la mayoría de los mexicanos. Tan es así, que el Estado Mexicano post revolucionario, en cumplimiento de lo señalado en el artículo 3º, se da a la tarea de construir todo un sistema educativo a nivel nacional.
"El país, para consolidar su desarrollo, requería profesionistas en los distintos ámbitos de la vida nacional: abogados, médicos, ingenieros, maestros, contadores y economistas, entre muchos otros.
"La Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, las universidades públicas e institutos tecnológicos de los estados y de manera más reciente la Universidad Autónoma Metropolitana, son las instituciones encargadas de formar a los profesionistas que el país necesita para hacer frente a los retos que como nación tenemos.
"Las tareas de gobierno son totalmente diferentes en el México de 1917, a las del México del siglo XXI. El Congreso de la Unión dota al Poder Ejecutivo de los instrumentos legales que éste requiere para el desarrollo de su función de gobierno.
"Por ello, en opinión del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, resulta imprescindible el reformar el artículo 91 de nuestro texto constitucional, para establecer entre los requisitos que se deben cumplir para ser designado Secretario de Despacho, el que se cuente con grado académico de al menos licenciatura.
"Esta propuesta la hacemos en el ánimo de reconocer el proceso de socialización y adquisición de conocimientos de la realidad mexicana que en las instituciones de educación superior se obtienen.
"El papel de las instituciones de educación superior son la educación, la investigación y la difusión y preservación de la cultura. El sistema educativo nacional de carácter público, ha permitido que jóvenes pertenecientes a las familias de escasos recursos económicos, puedan acceder a la educación universitaria y aspirar a transformar de manera benéfica su entorno familiar y social.
"Estos cientos de miles de mexicanos y los que en el futuro egresen de las universidades, cuentan con la formación intelectual y el compromiso social para contribuir a un verdadero cambio en México, participando en las tareas de gobierno, particularmente como responsables durante un período gubernamental de conducir los trabajos de una Secretaría de Estado como titulares de las mismas.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo no soslaya y sí reconoce el esfuerzo de la infinidad de personas, las que por razones ajenas a su voluntad, no pudieron acceder a un centro de educación superior y que con esfuerzo propio y múltiples sacrificios, han logrado consolidar una formación autodidacta, lo que les ha permitido que también contribuyan de manera muy importante al desarrollo nacional.
Reconocemos que el ejercicio de la Función Pública, implique también el desarrollo de las capacidades políticas del individuo. La Función Pública supone también el tomar decisiones con oportunidad política; ésta es la parte medular de la función de gobierno, tomar decisiones y asumir responsablemente las consecuencias que esto entraña, pero también para decidir hay que tener conocimiento sobre el asunto en el que se debe tomar una decisión y aplicar el caudal de conocimientos que se tenga y la experiencia acumulada para resolver un conflicto.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración, el siguiente Proyecto de Decreto que reforma el artículo 91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 91.- Para ser Secretario de Despacho se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. Asimismo, deberá contar con grado académico al menos de licenciatura, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello".
Transitorios
Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Jesús González Schmal, del grupo parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores.
El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia ciudadana Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Usted lo tiene.
El diputado Jesús González Schmal: La seguridad social, la conquista revolucionaria consagrada en el artículo 123 constitucional, efectivamente consigna el derecho de los trabajadores a los servicios de salud, pensiones, oportunidad de acceso a una vivienda digna y desde luego la consideración humana a su condición de trabajador al servicio de la nación.
Este derecho a la seguridad social a través de las instituciones creadas por mandato del artículo 4° y 123 de nuestra Constitución, como lo es una de ellas y fundamental, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en los años recientes ha representado para millones de trabajadores mexicanos y sus familias, la oportunidad de acceder al techo digno para la vida familiar estable y productiva.
En 1972, año en que fue publicada la Ley del INFONAVIT, ésta ha sufrido diversas reformas con la finalidad de ir mejorando su funcionamiento de conformidad a los acontecimientos de carácter financiero, económico y social de la nación.
Estas modificaciones han transformado a la institución y con todo ello los manejos comparativos de los distintos períodos en la que ha sido administrada, arrojan un balance satisfactorio y positivo para los trabajadores mexicanos, pero consideramos que es tarea fundamental en el cumplimiento de estos derechos sociales de nuestra Constitución, el que los organismos que manejan recursos públicos y más aún éstos tripartitas cuando existen aportaciones de patrones y trabajadores, requieren como elemento fundamental la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello se hace inaplazable las adecuaciones jurídicas que se refieren a estas medidas de fiscalización que requieren todas las instituciones.
Los organismos financieros del país, han contribuido a que los esquemas de financiamiento se modifiquen, por lo que estos factores se deben considerar fundamentalmente en el caso del INFONAVIT, que ya no otorga o que ya no debe otorgar créditos a empresas constructoras y desde 1998 ésta ha sido una política adoptada por la Dirección del Instituto y confirmada desde luego por el actual Director, el ingeniero Borrás.
Si bien es cierto que desde 1972 se estableció en la Ley del INFONAVIT que otorgará crédito a las compañías constructoras, ello obedeció que en aquel entonces era necesario y pertinente hacerlo para poder promover la oferta de viviendas, pero a la fecha esta práctica no está siendo necesaria, dado que ha habido otros mecanismos públicos y privados de financiamiento que han sustituido estas fuentes necesarias para la construcción de unidades habitacionales.
Por ende y dado que esta política ha sido sana y conveniente, estamos considerando y proponiendo que en la propia Ley del Instituto de la Vivienda, el Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se deroguen aquellas disposiciones que tenían por objeto el que el Instituto aportara capital a los constructores o promotores de vivienda y en cambio, sus recursos se concentren en el financiamiento a los adquirentes, a los demandantes, a los trabajadores, a fin de eficientar el uso del capital para su mejor utilización al presente y al futuro.
Recordemos que la demanda de viviendas en México alcanza la cifra de 750 mil unidades anuales, que el rezago se ha ido cubriendo lentamente, pero que con esta política nueva del INFONAVIT será propicio y conveniente que haya más oferta de vivienda por parte de capital público y privado y que el INFONAVIT se reduzca y se contraiga al financiamiento del comprador, para hacer posible que haya más oferta y sobre todo más adquisición de este derecho social fundamental de la clase trabajadora, que le consagró la Constitución desde 1917 y que a más o menos un siglo de distancia apenas se ha empezado a cubrir en los últimos años.
Dejo pues y solicito a la Mesa Directiva y a la Presidencia de esta Comisión Permanente, se inscriba íntegro el texto de esta iniciativa a fin de que conste en el Diario de Debates para los efectos consiguientes.
Muchas gracias.
La Presidente diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Como lo solicita el señor diputado González Schmal, insértese íntegro el texto en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que deroga la Fracción 2ª del artículo 4º de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
El senador David Jiménez González: Muchas gracias ciudadana Presidenta. Con su permiso.
Estimadas compañeras y estimados compañeros legisladores: Nosotros sabemos que dentro de las facultades que tienen las autoridades, sean éstas municipales, estatales o federales, al emitir –repito- sus actos de autoridad tienen que ceñirse forzosamente a lo que establecen las leyes, que viene siendo uno de los principios que rigen la vida de los mexicanos y fundamentalmente la acción de las autoridades; es decir, el principio de legalidad.
No hay en ninguna parte de la República en donde las autoridades tengan que ajustar cada uno de sus actos a lo que dictaminan las leyes, como les he comentado. Estos actos de autoridad pueden llegar a afectar la esfera jurídica del gobernado. Lo comentábamos hace aproximadamente unos 15 días, cuando presenté una iniciativa relacionada con la garantía de audiencia, en el sentido que debería de respetarse a todo gobernado, a todo ciudadano que pudiera ser privado de su libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o sus derechos, tal y como lo establece el artículo 14 de la Constitución; ya no hablo de la vida porque está, como todos sabemos, está prohibida la pena de muerte ya en nuestro país.
Pues bien, ante esta situación me puse a reflexionar, que si bien es cierto, de acuerdo con los estudios que se han realizado por parte de los órganos jurisdiccionales, existe una serie de actos de autoridades, fundamentalmente administrativas, que no funda ni motivan sus actos, dando por consiguiente una violación flagrante a la Constitución.
Y por eso fue, que pensé que era importante que además de requerir, de exigir que se respete la garantía de audiencia, ésta debe de estar íntimamente vinculada con otra de las garantías que son fundamentales dentro de nuestro estado de derecho, la garantía de legalidad. Y ésta garantía de legalidad, tiende a obligar a que las autoridades, además de respetar la garantía de audiencia, tengan dentro del ámbito de su competencia atribuciones al realizar sus actos, que fundarlos y que motivarlos, porque si no lo hacen de esta manera, también están violentando el orden constitucional.
Y hay dos dispositivos muy importantes, que sin duda afectan a millones de mexicanos, afectan o regula, como podamos entenderlo, como queramos entenderlo mejor dicho, el actuar de las propias autoridades: una, pueden caer dentro del ámbito de las autoridades fiscales y otras, dentro del ámbito de las autoridades jurisdiccionales que tienen que conocer de los actos administrativos que emita la esfera correspondiente.
Por eso yo le pido la autorización a la Presidencia, que en esta ocasión en lugar de participar nuevamente para presentar la iniciativa relacionada con el Código Fiscal y con la Ley de Procedimientos Administrativos, porque van en el mismo sentido, me autorice que tomando en consideración las reflexiones que estoy haciendo en mi exposición, pueda presentar en un solo acto la propuesta de reforma y modificación a una y otra ley, desde luego no estamos violentando de ninguna manera el procedimiento, sino por economía inclusive procesal –como diríamos nosotros-, podríamos obviar el tiempo, ya que van dirigidas en este mismo sentido las dos iniciativas que presento el día de hoy.
Pues bien, evitar que en la emisión de los actos de autoridad realmente lleguen a ser inconstitucionales, pues vamos a proponer que éstas tengan forzosamente la obligación de motivar y de fundarlos, para que no se presente ninguna violación constitucional. Nosotros sabemos que la Constitución y las leyes secundarias, las leyes ordinarias establecen cuáles son las competencias y las competencias pueden ser en razón de materia, de grado o de territorio.
De tal suerte, que si nosotros establecemos dentro de las propias disposiciones, como es el caso que nos ocupa el día de hoy en el Código Fiscal y en la Ley de Procedimientos Administrativos, incorporamos claramente este dispositivo, vamos a evitar que muchos, muchísimos de los actos de autoridad sean considerados inconstitucionales, con pérdida de tiempo de las propias autoridades y sin lugar a duda con una afectación directa para los gobernados, porque la resolución que podría caer, ya sea que la autoridad jurisdiccional que conozca en primera instancia, fuera dada en razón de proteger al gobernado o en última instancia ya mediante la resolución de un juicio de amparo, sería el de obligar a la autoridad a que motivará y fundará su acto para que no fuera considerado inconstitucional; por eso, es importante que de una buena vez, en éstas dos materias, quede establecida ésta disposición para que preservemos éstas dos garantías: la de audiencia y la de legalidad.
De tal manera que la primera propuesta sería en el sentido de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación que quedaría de la siguiente manera:
"Decreto:
"Artículo único.- Se reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:
"Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos". Nos establecen varias fracciones pero a la que yo me refiero que es la II, quedaría de la siguiente manera:
"Señalar la autoridad que lo emite y el precepto Disposiciones Legales en que apoye citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso o la parte de la normatividad correspondiente".
Esta sería, Presidente, nuestra propuesta respecto del Código Fiscal de la Federación en donde se llevaría a cabo la modificación a la fracción II.
Y en la otra iniciativa que es relacionada con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo va en el mismo tenor, con la siguiente reforma:
"Decreto:
"Artículo único.- Se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para quedar como sigue:
"Artículo 3o.- Son elementos y requisitos del acto administrativo.
"Fracción I, párrafo segundo: La autoridad deberá precisar el precepto o disposiciones legales que le otorguen competencia citando, en su caso, el apartado, fracción, párrafo, inciso o subinciso conducente de la normatividad correspondiente".
Yo le pediría a la Presidencia en consecuencia que en el Diario de los Debates de la Permanente como en la misma agenda aparezca íntegramente la publicación de estas dos iniciativas, cada una en su respectivo trámite para que pueda ser considerada a las Comisiones que van a ser turnadas por esta Mesa Directiva.
Muchas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Como lo solicita, publíquense íntegramente las iniciativas presentadas por el Senador David Jiménez González en el Diario de los Debates y asimismo por lo que hace a la que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación, túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores.
Y por lo que hace a la que adiciona un párrafo a la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero para presentar iniciativa que adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona un artículo 121 Bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por la diputada Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Irma Figueroa Romero: Con su permiso, señora Presidenta.
"A nombre de la diputada Angélica de la Peña Gómez y las y los diputados integrantes de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia es que presento esta iniciativa.
"Nuestro país consagra en el artículo 4o. constitucional que las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
"La Ley Federal del Trabajo en su artículo 123 prohibe el trabajo de personas menores de 14 años, pero la realidad en México es otra porque niñas, niños y adolescentes, quienes deberían ocuparse principalmente en estudiar y jugar son privados de esos derechos, ya que tienen que incorporarse al trabajo a tempranas edades.
"Merece especial atención la situación de niñas y niños que realizan trabajos peligrosos, entre otros, la explotación sexual en cualquiera de sus modalidades, su venta o el tráfico, la servidumbre, el trabajo forzoso, el reclutamiento forzoso u obligatorio para utilizarles en conflictos armados, su utilización para la realización de actividades ilícitas, los trabajos que los expongan a abusos de orden físico, psicológico o sexual, etcétera.
"Derivado de lo anterior se presentan diversas modificaciones a la ley laboral, así como a la reglamentaria del artículo 4o. constitucional a fin de proteger a las y los adolescentes que realizan trabajo doméstico y señalar las peores formas de trabajo de los adolescentes.
" Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un inciso h) a la fracción primera del artículo 175 de la Ley Federal del Trabajo, recorriendo los subsecuentes y adiciona un artículo 121-bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo primero.- Se adiciona un inciso h) a la fracción I del artículo 175 de la Ley Federal de Trabajo recorriendo los subsecuentes para quedar en los siguientes términos:
Artículo 175.- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciséis años en: Expendio de bebidas embriagantes de consumo inmediato; trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres; trabajos ambulantes salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo; trabajos subterráneos o submarinos; trabajos peligrosos o insalubres; trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su desarrollo físico normal; establecimientos no industriales después de las diez de la noche.
El h).- Hogares de terceros que realicen trabajo doméstico y los demás que determinan las leyes.
Artículo segundo.- Se adiciona un artículo 121-bis a la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 121-Bis.- Se entenderá que niñas, niños y adolescentes están en circunstancias especialmente difíciles cuando entre otros casos sufran:
Primero.- Explotación sexual en cualquiera de sus modalidades.
Dos.- Formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud como la venta y el tráfico de niñas o niños. La servidumbre por deudas y la condición de siervo y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niñas o niños para utilizarlos en conflictos armados.
Tres.- Utilización, reclutamiento o la oferta de niñas y niños para la prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas y el turismo sexual infantil.
Cuatro.- Lenocinio en su contra.
Cinco.- Utilización, reclutamiento u oferta de niñas o niños para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes o para la realización de actividades que supongan el porte o el uso ilegal de armas de fuego u otras armas.
Seis.- Realización de trabajos en que el o la adolescente estén expuestos a abusos de orden físico, psicológico o sexual.
Siete.- Exposición a trabajos que se lleven a cabo bajo tierra, bajo el agua y en alturas peligrosas o en espacios cerrados.
Ocho.- Exposición a trabajos con maquinaria, equipos y herramientas peligrosos o que conllevan la manipulación o el transporte manual de cargas pesadas.
Nueve.- Exposición a trabajos realizados en un medio insalubre en el que las o los adolescentes estén expuestos a substancias, agentes o procesos peligrosos, o bien a temperaturas o niveles de ruido o de vibraciones que sean perjudiciales para la salud.
Diez.- Jornadas de trabajo con horario prolongados o nocturnos, o los trabajos que retienen injustificadamente a la o los adolescentes en los locales del empleador.
Once.- Secuestro, tráfico o adopción ilegal, sustracción, así como venta de niñas, niños y adolescentes.
Doce.- Exposición en desastres naturales por radiaciones de productos químicos peligrosos; y,
Trece.- La condición de embarazo en adolescentes.
TRANSITORIO
Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Señora presidenta, solicito se inserte íntegro en el Diario de los Debates.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Como se solicita, insértese íntegramente el contenido en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Atención a Grupos Vulnerables, con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados.
Esta presidencia recibió del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma la fracción II artículo 70 del Código Penal Federal.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Irma Figueroa Romero, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal.
La diputada Irma Figueroa Romero: Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal.
Es deber de nosotros como legisladores contribuir a fin de que la ciudadanía perciba que realmente velamos por sus intereses. De ahí, que debemos proteger sus bienes jurídicos, auxiliándonos del Derecho, pues sabemos que el Derecho se constituye por una clase particular de normas sociales y precisamente las normas o reglas de Derecho que en general forman un ordenamiento sistemático cuyo fin ulterior perseguido a la luz de la noción histórica de justicia, es la construcción y el mantenimiento de un determinado orden.
Y que el Derecho Penal en específico, es el conjunto de normas emitidas por el Estado, relativas a la clasificación de las conductas que constituyen los llamados delitos y las consecuencias que tales conductas provocan, mediante las normas jurídicas emitidas por el Estado, se regulan y clasifican las conductas de los gobernados que constituyen algún delito y también se regulan y clasifican las sanciones a esas conductas delictivas o sea, las penas y/o medidas de seguridad. Son elementos esenciales del Derecho Penal.
Como Poder Legislativo, debemos estar atentos a los reclamos ciudadanos, nuestros representados piden que regulemos de manera más efectiva lo que tiene que ver con los daños en la propiedad ajena, establecido en el capítulo sexto del Código Penal Federal en el título vigesimosegundo de los delitos contra las personas en su patrimonio. En el artículo 397 se estipula que: Se impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 5 mil pesos a los que causen incendio, inundación, explosión con daño o peligro.
1) Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentre alguna persona.
2) Ropas, muebles, objetos, en tal forma que puedan causar graves daños personales.
3) Archivos públicos o notariales.
4) Bibliotecas, museos, templos, escuelas o edificios.
5) Montes, bosques, selvas, pastos o cultivos de cualquier género.
En el caso concreto de los dos primeros incisos, es necesario reflexionar sobre la gravedad que implica que se causen daños a este tipo de propiedad ajena pues se trata del patrimonio de las personas, muchas veces fruto de años de trabajo. De ahí que es necesario incrementar la pena tanto privativa de la libertad, como la sanción económica que conlleva además de la reparación de la propiedad lesionada, sobre todo cuando dicho daño se realiza con dolo.
No podemos permitir que se dejen impunes este tipo de lesiones al patrimonio de las personas y también es necesario reconocer que día con día en la sociedad mexicana, se incrementa la delincuencia, los motivos y los orígenes de la misma son diversos.
Pero sin duda , el incremento a las penas contribuye a la privación o prevención del delito.
En el programa emergente de acciones para afrontar el fenómeno delictivo de (no se entiende) 4, de la seguridad de Seguridad Pública en lo que se refiere a la incidencia delictiva, nos informa que durante la presente administración se ha observado el término de denuncias registradas ha sido superior a millón y medio anual.
Las denuncias ante agentes del Ministerio Público por delitos del fuero común, relativos a delitos patrimoniales muestran un incremento entre el año 2001 y el año 2003, siendo para el primero de 231 mil 893 denuncias y para el segundo, 256 mil quejas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, me permito someter a consideración de este Honorable Congreso, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 397 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 397. Se impondrán de 5 a 10 años de prisión y multa de 100 a 5 mil pesos a los que causen incendio, inundación, explosión con daño o peligro.
1. Un edificio, vivienda o cuarto donde se encuentren alguna persona.
2) Ropas, muebles u objetos, en tal forma que puedan causar o graves daños personales.
3) Archivos públicos o notariales.
4) Bibliotecas, museos, templos, escuelas, etc.
5) Montes, bosques, selvas, pastos.
Para la fracción I y II de este artículo, se incrementará la pena privativa de la libertad, hasta por 15 años y la sanción pecuniaria de hasta 50 mil pesos. Además de la reparación de la propiedad, si dicha acción se realiza con dolo.
Transitorio.
UNICO. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Muchísimas gracias por su atención.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Iván García Solís, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Iván García Solís: Gracias, Presidenta. "Ciudadanas y ciudadanos Legisladores:
En esta ocasión presento una propuesta que atiende a la urgencia de crear una instancia legislativa para abordar los temas metropolitanos. Cuando aludimos a estos temas metropolitanos estamos hablando no solamente de la gran zona metropolitana de la Ciudad de México, sino también de otras entidades federativas, algunas de cuyas ciudades convergen, colindan y crean problemáticas comunes que afectan a los estados.
"En el caso del Distrito Federal, el Estado de México y el de Hidalgo, convergen en el caso del D.F., 16 demarcaciones territoriales, 58 municipios del Estado de México y 1 del estado de Hidalgo.
"Para atender este tipo de problemas existe ya una coordinación intergubernamental. Esta coordinación ha establecido convenios de colaboración, principalmente entre el Distrito Federal y el Estado de México; faltaría en este caso el estado de Hidalgo. Y esto marcha pero marcha lentamente, no con la eficacia debida y, desde luego, sí la solidez institucional que se requiere.
"Por ello, propongo la creación de una nueva figura, una figura que sería el Congreso Metropolitano. Este tema, hay que decirlo, fue discutido de manera insistente, en el Senado sobre todo, pero también en la Cámara de Diputados, a raíz de la reforma política pendiente en esta entidad federativa, en el Distrito Federal. Se dijo: El tema metropolitano está pendiente, no está completa esta solución y por eso tenemos que abordarla.
"Esta propuesta tiende, pues, a contribuir para la elaboración de una trama institucional que dé salida a estos asuntos.
"El texto mismo indica cuál es el sentido de la propuesta. La reforma dice así:
"Artículo Primero.- Se adicionan dos párrafos finales a la fracción II del artículo 116 constitucional, para quedar como sigue:
"En los estados en donde se presente una continuidad demográfica, las respectivas Legislaturas nombrarán de entre sus diputados ya electos, a los representantes al Congreso Metropolitano. Cada estado contará con igual número de legisladores. El número de integrantes se determinará a razón de uno por cada 500 mil habitantes por zona metropolitana.
"El Congreso Metropolitano durará tres años. Las resoluciones se tomarán de común acuerdo entre sus integrantes, quienes desempeñarán su cargo de manera honorífica y se encargarán de estudiar y proponer en sus respectivas Legislaturas, la reforma a las leyes o decretos y presupuestos objeto de los Convenios de Coordinación a que se refiere la fracción VI del artículo 115 de esta Constitución".
"Este es el texto que propongo para la reforma constitucional citada. Y, agrego, tómese en cuenta que estamos aquí generando un cuerpo de legisladores, en el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, aproximadamente de 40 personas, 40 legisladores que se tomarían de entre los legisladores locales de cada entidad involucrada, es decir, no implica nuevas elecciones, no implica costos adicionales, no implica salarios adicionales y por lo tanto es una forma funcional que da más representatividad, más solidez, más complementariedad a los instrumentos de que hoy se dispone, que son pocos.
"Los convenios son muy limitados, no siempre son cumplidos y desde luego no tienen el respaldo de otro poder que no debe estar ausente en estas decisiones.
Dejo en manos de la Secretaría este texto, con la petición de que sea publicado junto con esta intervención en el Diario de los Debates.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Como lo solicita, insértese íntegramente en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Esta Presidencia recibió del diputado Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa que reforma el artículo 101 del Código Fiscal de la Federación.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
La iniciativa que reforma el artículo 276 y que adiciona los artículos 188 Bis y 275 Bis a la Ley General de Salud, suscrita por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pospone para la siguiente sesión.
Tiene la palabra el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar iniciativa que deroga la fracción II del artículo IV de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
El senador David Jiménez González: Muchas gracias, ciudadana Presidente.
Yo quería hacer la siguiente aclaración:
Las dos iniciativas anteriores, las uní porque se trataba de la materia que estábamos comentando, que era desde luego la motivación y fundamentación de los actos de autoridad.
En el caso de esta iniciativa es diferente, por eso que es subo por segunda ocasión y es mi tercera iniciativa de este día.
Esta iniciativa tiene fundamentalmente el objeto de derogar la fracción II del artículo 4° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios. Esto atiende fundamentalmente a lo que establece nuestra Constitución en su artículo 31 fracción IV, en donde debemos todos los mexicanos, de contribuir al gasto público, es decir, mediante el pago de nuestros respectivos impuestos, de tal manera que debemos de respetar principios como el de la proporcionalidad y de la equidad tributaria, situación que no se da hoy día con el artículo 4° de esta ley que le he mencionado en su párrafo segundo que habla que los bienes se enajenen sin haber modificado su estado, forma o composición, salvo que se trate de bebidas alcohólicas a granes o de sus encontrados, tomando en consideración que el artículo 4° es muy claro al establecer que los contribuyentes a que se refiere la ley, pagarán el impuesto a su cargo.
De tal manera que esta iniciativa que presento yo en este momento, no es con motivo de reformar, modificar o adicionar un precepto, sino que se trata concretamente de derogar esta fracción II del artículo 4° porque resulta –desde nuestro punto de vista- inconstitucional porque no responde a los principios que el artículo 31 en su fracción IV se establece, que es la proporcionalidad y la equidad.
Esto quiere decir, que los que tengamos que pagar impuestos, lo hagamos de acuerdo con nuestra capacidad económica. Si el que tiene un ingreso mayor, pues de desde luego tendrá que tener que pagar un impuesto mayor que aquél que no lo tiene, de esta manera estamos respetando los principios que la propia Carta Fundamental establece en materia tributaria.
Por eso, ciudadano Presidente, quiero dejar en manos de la Mesa Directiva, esta iniciativa que deroga la fracción II del artículo 4° de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.
Muchas gracias por su atención.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias senador David Jiménez González. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra la diputada Rebeca Godínez y Bravo, para presentar iniciativa que adiciona los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, suscrita por la diputada Nora Yu Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias señor Presidente. Con su permiso.
Las suscritas diputadas federales Nora Elena Yu Hernández y la suscrita Rebeca Godínez y Bravo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis a la Ley de Comercio Exterior, bajo la siguiente exposición de motivos:
En virtud de la necesidad de facilitar, incentivar y otorgar certidumbre jurídica en las operaciones de comercio exterior a través de una legislación que mejore el entorno del comercio exterior, hemos considerado de suma importancia la reforma de dos disposiciones vigentes atendiendo principalmente a las siguientes consideraciones:
Aun y cuando existen disposiciones legales vigentes con el propósito de coadyuvar a que las donaciones de los extranjeros que realizan de buena fe a organismos públicos o a personas morales mexicanas autorizadas para ello, a la fecha es un hecho que estos trámites no han sido ágiles, ya que en un principio dichas disposiciones jurídicas han resultado a veces difíciles de entender para aquellas personas que no están familiarizadas con esas disposiciones, al contrario de las personas que día a día tienen la obligación de encargarse de su aplicación, y qué decir de aquellos casos en los que necesitando ciertas localidades ayuda, por ejemplo, dado los recientes sucesos de desastres naturales y cuando la gente es, cuando más necesita ayuda o ciertos bienes para resolver algunas necesidades elementales, éstas no pueden llegar porque simplemente la aduana no los ha dejado pasar o porque se impidió el ingreso, solicitando el cumplimiento de una serie de trámites de manera inadecuada.
Por otro lado y atendiendo a que es competencia de la Secretaría de Economía estudiar, proyectar, establecer y modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias, la exportación, importación, circulación y tránsito de mercancías, se sugiere prever en un artículo los casos en los que se exima del cumplimiento a estas restricciones y regulaciones no arancelarias, sobre todo para aquella mercancía que es donada para fines muy específicos. Lo anterior toda vez que se ha dado el caso de que en las aduanas llegan mercancías de otros países, cuya intención es la donación para casos de desastre o bien como apoyo a comunidades o municipios en extrema pobreza, por lo que se podría limitar a los supuestos para los que se propone la reforma. Esta medida permitirá agilizar el despacho de dichas mercancías, evitando así el trámite de cierta forma burocrático que actualmente se lleva a cabo en este sentido por las autoridades aduaneras.
Por otra parte, el actual Reglamento de la Ley de Comercio Exterior establece que las aduanas podrán autorizar una o más prórrogas automáticas sobre la vigencia original del permiso de importación, siempre que el interesado demuestre que el embarque de la mercancía se realizó durante el periodo de vigencia del mismo.
Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior.
Artículo único. Se adicionan los artículos 17 Bis y 24 Bis de la Ley de Comercio Exterior, para quedar como sigue:
Artículo 17 Bis: Se exime del cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, la importación de las siguientes mercancías:
Una. Las que sean donadas para ayuda a comunidades en condiciones de extrema pobreza o cuando se presenten supuestos de caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa que haga necesaria la inmediata entrada de la mercancía a territorio nacional.
Dos. Las remitidas por Jefes de Estado o Gobiernos extranjeros a la Federación, Distrito Federal, estados y municipios, así como a establecimientos de beneficencia o de educación.
Tres. Los artículos de uso personal de mexicanos cuyo deceso haya ocurrido en el extranjero.
Cuatro. Las destinadas a instituciones de salud pública a excepción de los vehículos, siempre que únicamente se puedan usar para este fin, así como las destinadas a personas morales no contribuyentes autorizada para recibir donativos deducibles en el Impuesto sobre la Renta.
Cinco. Las donadas al Fisco Federal con el propósito de que sean destinadas al Distrito Federal, estados, municipios o personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta que en su caso expresamente señale el donante, para la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido, vivienda, educación y protección civil o de salud de las personas, sectores o regiones de escasos recursos y,
6. Las mercancías que mediante reglas determine la Secretaría.
Artículo 24 Bis. Cuando existan causas que justifiquen la prórroga de los permisos previos y de los cupos a que se refieren los artículos 21 y 24 de esta ley, la Secretaría podrá autorizar dichas prórrogas en los términos y condiciones que establezca mediante reglas.
Transitorio.
Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Le solicito atentamente se integre la iniciativa, íntegramente en el Diario de los Debates. Gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Godínez. Como lo ha solicitado, intégrese íntegramente en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Pasamos ahora entonces a los dictámenes de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos:
Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Isabel la Católica, en grado de encomienda con insignia y del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España.
Silvia Moreno Galván y Angel Pérez Rodríguez, para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China, en México.
Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez, Diana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón, para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
Karla Yessica Andrade Quiñones, Virginia Guadalupe Mójica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz, para prestar servicios en la Embajada y Consulados de los Estados Unidos de América en México, Ciudad Juárez, Chihuahua, Mérida, Yucatán, Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.
Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y sus Consulados en Hermosillo, Sonora y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
José María Ortega Padilla, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda que le confiere el gobierno de España.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Son de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la afirma, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Muchas gracias.
Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa, favor de manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Embajador Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda con Insignia y del Mérito Civil, en grado de Encomienda, que le confiere el gobierno del Reino de España.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación en conjunto.
Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos: Silvia Moreno Galván y Angel Pérez Rodríguez, para prestar servicios en la Embajada de la República Popular China en México.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Mónica Madera Reveles, Texipactli Serrano Fernández, Alejandra Negrete Villa, César Yigal Urías Sánchez y Ana Alejandra Cortés Chávez y Ricardo Assemat Calderón para prestar servicios en la Embajada de Canadá en México y su Consulado en Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el gobierno interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Esta a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Karla Yessica Andrade Quiñónez, Virginia Guadalupe Mojica Victoria, Mari Carmen Aranda Azar, Luciano Escamilla Cruz, Juan Pablo López Cruz y Juan Amador Romero Ruiz para prestar servicios en la Embajada y Consulado de los Estados Unidos de América en México; Ciudad Juárez, Chihuahua; Mérida, Yucatán; Monterrey, Nuevo León y Tijuana, Baja California, respectivamente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo.
En virtud de que nadie ha hecho uso de este derecho, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Antonio Morán Mora, Luz del Carmen Salcedo Vaudrecourt, Teodora María López Noriega y Mercedes González Gutiérrez para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y sus Consulados en Hermosillo, Sonora y Monterrey, Nuevo León, respectivamente.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el dictamen en lo general. NO habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo.
No habiendo quien haga uso de ese derecho, se reserva para su votación en conjunto.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José María Ortega Padilla, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Mérito Civil en grado de Encomienda que le confiere el Gobierno de España.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: No habiendo quien haga uso de la palabra proceda la Secretaría a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y de todos los reservados para su votación.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Rosario Herrera Ascencio por la afirmativa.
Senadora Lucero Saldaña, por la negativa.
(Votación)
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Ciudadana presidenta, se emitieron 28 votos a favor y ninguno en contra.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Aprobados en lo general y en particular los proyectos de decreto por 28 votos.
Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se acaba de recibir en esta presidencia, de la primera y terceras comisiones de trabajo, dictámenes relativos a las ratificaciones de nombramientos EN favor del magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y del vocal ante la Junta de Gobierno del IPAB.
Con fundamento en el artículo quinto del Acuerdo que Establece los Lineamientos para el Desarrollo de las Sesiones de la Comisión Permanente, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se autoriza se incorporen al orden del día para el trámite correspondiente.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia, se consulta a la Asamblea en votación económica, si se autoriza la incorporación al orden del día para el trámite correspondiente de los dictámenes de la Primera y Tercera Comisión de Trabajo.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo: (Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias. Se incorporan al orden del día los dictámenes mencionados en el rubro de dictámenes a discusión, que es el que en este momento abordaremos.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo para exhortar al Ejecutivo Federal a elaborar y publicar a la brevedad el Reglamento de la Ley de Asistencia Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de septiembre de 2004:
UNICO.- Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a elaborar y publicar a la brevedad, el Reglamento de la Ley de Asistencia Social que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de septiembre del año 2004, sin perjuicio de otras acciones o responsabilidades que puedan corresponder al incumplimiento de la atribución de proveer en la esfera administrativa al exacto cumplimiento de las leyes que expida el Congreso de la Unión conforme a la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los once días del mes de enero de 2006.
Rúbrica y nombres de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Eso es todo presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
Esta presidencia no tiene registrado ningún orador al respecto, por lo que se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
En votación económica, pregunte la Secretaría si es de aprobarse el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En votación económica, se consulta a la Asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo: (Votación)
Gracias.
Por la negativa: (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado. Comuníquese.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo, para solicitar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social información sobre diversos actos de ejecución en contra de empresarios textileros del estado de Tlaxcala.
PUNTO DE ACUERDO:
Único.- Se solicita al director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, informe a la Cámara de Diputados de la forma y términos en que se están realizando los actos de embargo y de bloqueo o inmovilización de cuentas bancarias de empresarios textileros en el Estado de Tlaxcala, del fundamento que se invoca para la realización de tales actos y se proporcione un listado de acciones relacionadas con lo anterior, en las que se especifique el monto del crédito involucrado, el sujeto deudor involucrado y se describa el procedimiento seguido y el estado en que se encuentra el mismo.
Por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia.
Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Está a discusión el punto de acuerdo.
Esa presidencia no tiene registrado ningún orador, por lo que se considera suficientemente discutido y consulte la secretaría a la asamblea, si es de aprobarse el punto de acuerdo.
Secretaria diputada Blanca Gámez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Las y los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (Votación)
Las y los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Aprobado por la mayoría señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Se va a dar lectura al punto de acuerdo del dictamen de la Segunda Comisión de Trabajo, por el que la Comisión Permanente ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Salvador Campos Icardo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía, y en forma concurrente sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyan, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.
Punto de Acuerdo.
Unico. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del C. Salvador Campos Icardo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyan, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, México, D.F. a 11 de enero del 2006.
Firma la Segunda Comisión.
Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
No teniendo esta presidencia ningún orador registrado, se considera suficientemente discutido este punto, por lo que la secretaría pregunte a la asamblea si es de aprobarse.
La Secretaria diputada Blanca Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este Recinto el C. Salvador Campos Cardo, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Turquía y en forma recurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante la República de Azerbaiyan, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzca a este Salón, lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores:
Diputado Miguel Lucero Palma
Senadora Yolanda Eugenia González Hernández
Diputado Francisco Landero Gutiérrez
Diputada Irma Figueroa Romero
Diputado Javier Orozco Gómez
Diputado Joel Padilla Peña.
La Secretaria diputada Blanca Gámez Gutiérrez: Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
Se invita a los presentes a ponerse de pie.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Ciudadano Salvador Campos Icardo: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de Turquía y en forma concurrente, sujeto a la recepción de los beneplácitos correspondientes, ante las Repúblicas de Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turkmenistán, que se le han conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Ciudadano Salvador Campos Icardo: ¡Sí, protesto!
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Sí así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Felicitaciones.
(Aplausos)
Se pide a la Comisión designada acompañar al Embajador cuando él desee retirarse.
En virtud de que los siguientes dictámenes ya se han distribuido a los ciudadanos legisladores, proceda la Secretaría a dar lectura sólo a los puntos resolutivos.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Se va a dar lectura al Punto de Acuerdo del dictamen de la Primera Comisión de Trabajo, por el que la Comisión Permanente ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano licenciado Jorge Alberto García Cáceres, como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un único periodo adicional de seis años, contados a partir del 1º de enero del año 2006.
"Punto de Acuerdo
"Unico.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano licenciado Jorge Alberto García Cáceres, como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un único periodo adicional de seis años, contados a partir del 1º de enero del año del 2006.
"Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, Distrito Federal, a dieciséis de enero del dos mil seis. Dip. Enrique Burgos García, Presidente. Y firma la Comisión".
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia, está a discusión el Punto de Acuerdo.
En virtud de no tener registrado en esta Presidencia a ningún legislador, se considera suficientemente discutido el punto, por lo que se solicita a la Secretaría pregunte a la asamblea si es de aprobarse este Punto de Acuerdo.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Las legisladores y legisladores que estén por la negativa, favor de expresarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Aprobado el Punto de Acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra a las puertas de este recinto, el licenciado Jorge Alberto García Cáceres, cuyo nombramiento como Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para un único periodo adicional de seis años, contados a partir del 1º de enero del año 2006, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzca a este salón y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley, se designa en Comisión a los siguientes ciudadanos legisladores:
Al diputado Mario Zepahua Valencia, al senador David Jiménez González, al senador Francisco Fernández de Ceballos y Urueta, al senador César Raúl Ojeda Zubieta, al diputado Javier Orozco Gómez y al diputado Joel Padilla Peña.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido)
Se invita a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Ciudadano licenciado Jorge Alberto García Cáceres: "¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien prosperidad de la Unión?"
El licenciado Jorge Alberto García Cáceres: "Sí, protesto".
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Muchas felicidades.
(Aplausos)
Se pide a la comisión designada acompañar al Magistrado cuando él desee retirarse.
(La comisión cumple con su encargo)
Proceda la Secretaría a dar lectura al dictamen de la Tercera Comisión relativo a la ratificación del nombramiento del licenciado Ernesto Zamarrita Morones, como Vocal de la Junta de Gobierno, del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, período comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre del 2009.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: "Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas.
"Honorable Asamblea:
"A la Comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el oficio suscrito por el Subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, porque a su vez remite el diverso suscrito por el Presidente de la República, con el respectivo expediente con hoja de servicios mediante el cual somete a la aprobación de la Comisión Permanente, en los términos de los artículos 89 fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, la propuesta de ratificación del ciudadano contador público Ernesto Zamarripa Morones, a efecto de que cubra un último período de cuatro años como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario.
"La Comisión que dictamina realizó el respectivo análisis del expediente personal del interesado y del cual se desprende que el Contador Público, Ernesto Zamarripa Morones satisface los requisitos que por ley se exigen para ser vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
"Para efectos de emitir un dictamen fundado y motivado y con el objeto de que la Comisión evaluara integralmente las características y el perfil del ciudadano propuesto para desempeñar dicho cargo en cuanto a su capacidad técnica y profesional, solvencia moral, honestidad y en general actitud de servicio para dicho cargo, el ciudadano propuesto compareció ante esta Comisión para efectos de su evaluación.
"En esa virtud, los integrantes de la Comisión deliberaron y resolvieron que el ciudadano contador público Ernesto Zamarripa Morones, reúne y satisface el perfil adecuado para ser aprobado como Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, a efecto de que ejerza tal cargo en durante un último período de cuatro años comprendido del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.
"Por lo anterior y con fundamento en los artículos mencionados de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y 122 y 123 y de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente
"DICTAMEN
"Primero.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, se aprueba la propuesta de ratificación del ciudadano contador público Ernesto Zamarripa Morones, para que ejerza el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario por un último período de cuatro años, del 1° de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2009.
"Segundo.- Tómese la protesta de ley al ciudadano citado en el resolutivo anterior para estar en actitud de desempeñar el cargo de Vocal de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario".
Con esta fecha firma la Comisión.
Es todo, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo leído.
Está Presidencia no tiene registrado ningún orador. Señor Senador Víctor Ojeda, tiene usted el uso de la palabra en contra.
El senador César Raúl Ojeda Zubieta: Muchas gracias compañera Presidenta. Mil disculpas por la distracción.
En el grupo parlamentario del PRD tenemos un sentimiento de insatisfacción como resultado de los escasos resultados obtenidos después de 9 meses de haberse creado en el Senado de la República la Comisión Especial de Investigación del Funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en la que han comparecido el titular y los cuatro actuales vocales del Instituto y se han sostenido reuniones de trabajo con 4 ex vocales.
No se han cumplido los propósitos de la Comisión, de alcanzar la transparencia, la seguridad jurídica y el fincamiento de responsabilidades a quienes cometieron quebrantos contra la Hacienda Pública durante el proceso de rescate bancario, tal como lo dispone el artículo 5º transitorio de la Ley del IPAB, proceso que por cierto es un asunto concluido para la Junta actual del Gobierno del Instituto.
La conclusión es categórica, sin lugar a dudas se puede afirmar que las actuales autoridades del IPAB no han hecho los esfuerzos necesarios para resarcir el daño ocasionado a la Hacienda Pública Federal por las operaciones ilícitas que no fueron suficientemente corregidas, ni se procedió penalmente para castigar a los responsables de ello. Los cuantiosos recursos transferidos a través del Presupuesto de Egresos de la Federación durante los últimos 10 años para cubrir el pago de los intereses de los pagarés emitidos por el FOBAPROA ascienden a los 400 mil millones de pesos, lo cual permite dimensionar la magnitud del problema.
Asimismo, durante el presente año el IPAB absorberá recursos presupuestales superiores a los 30 mil millones de pesos. El reto que implica para el Estado cumplir satisfactoriamente con dicho compromiso le impide enfrentar adecuadamente otros compromisos constitucionales en la promoción del desarrollo económico y social, baste señalar que los recursos del FOBAPROA-IPAB ascienden a un billón de pesos.
Hoy se nos pide olvidar este pasado vergonzoso que representa una afrenta a los mexicanos y mirar al futuro, no obstante, consideramos que como legisladores tenemos la responsabilidad de velar por el eficiente desempeño de las instituciones de la República, por ello sostenemos que la pretensión de ratificar como Vocal por un periodo de cuatro años, al señor Ernesto Zamarripa no puede recibir el beneplácito de los legisladores perredistas.
Estamos de acuerdo en la necesidad de que funcionarios capaces y comprometidos con el país desempeñen cargos de tan alta responsabilidad en el IPAB, en tal virtud no podemos votar por la ratificación señalada, debido a que el señor Zamarripa ha sido parte de la Junta de Gobierno en el que ha avalado las decisiones de una Junta incapaz de hacer cumplir la Ley del propio Instituto.
Son múltiples las evidencias de los ilícitos cometidos en el proceso de rescate bancario que se pretenden mantener impunes. El informe de las auditorías realizadas por Mackey a petición de la Cámara de Diputados sostiene que algunos bancos, debido a su alto índice de capitalización nunca debieron entrar al Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo cual representó una seria irregularidad. Otro banco convino con el FOBAPROA en que no repartiría utilidades mientras era apoyado con recursos públicos, no obstante, en 1966 dicha institución distribuyó utilidades entre sus accionistas evidenciando así que nunca debió ingresar al programa de rescate referido.
El propio IPAB detectó a través de su auditoría interna, diversas irregularidades en la realización del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, entre los que sobresalen créditos otorgados sin garantías e intereses moratorios excesivos. Considerando en conjunto la corrección de estos actos sin sustento legal, se hubieran traducido en una reducción sustancial que habría permitido un menor daño al Erario Público, sin embargo, la pregunta es: ¿Por qué las autoridades del IPAB avalaron esas acciones irregulares, por qué no se aplicó la ley y se invalidaron los títulos de deuda correspondientes?
Por último, cabe hacer énfasis que recientemente las auditorías gel (¿) han arrojado resultados positivos reducidos, ya que se llevaron a cabo sobre la base de las auditorías de Mackey y no sobre una base ampliada de revisiones que hubieran aportado mayores evidencias respecto de probable nuevas irregularidades.
Quiero adicionalmente a ellos, hacer un comentario que me han hecho llegar algunos senadores, tanto de mi grupo parlamentario como de otros grupos, acerca de la improcedencia constitucional para que la Comisión Permanente retome la aprobación del nombramiento de Ernesto Zamarripa como Vocal del IPAB. No soy abogado y en consecuencia, daré lectura y estoy convencido de que los distinguidos juristas que hay aquí de todas las bancadas, podrán hacer una reflexión en voz alta y seguramente nos podrán ilustrar al respecto.
El artículo 63 constitucional dispone expresamente un quórum de más de la mitad del número total de sus miembros, para que puedan sesionar cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión. Tal quórum, precisamente por ser constitucional, es necesariamente observable y definitivamente inmodificable por las leyes secundarias o por reglamentos o acuerdos del propio Congreso o de alguna de sus Cámaras, independientemente de los niveles de votación, dígase, relativa, absoluta o calificada, que exijan la propia Carta Fundamental o las leyes secundarias para los diversos asuntos.
Pues bien, en ejercicio de sus potestades constitucionales y de lo establecido en la propia Ley del IPAB; el pasado 15 de diciembre la Cámara de Senadores, sesionando con el quórum constitucional, atendió y resolvió un dictamen debidamente tramitado por la comisión legislativa encargada del asunto, por el que se proponía el nombramiento de un vocal del IPAB. La asamblea de los senadores tomó una votación también amparada en la Constitución y en nuestra Ley Orgánica y toda vez que el dictamen no alcanzó la votación requerida por la Ley del IPAB, la Mesa Directiva determinó desechar el dictamen, es decir, desechar la propuesta del Ejecutivo.
En la ley no existe, no puede existir disposición alguna que amplié el quórum necesario para la discusión de algún asunto y esta ampliación; tampoco puede hacerla ningún acuerdo parlamentario, pues en ambos casos se iría en contra de la Constitución. Así, el dictamen se voto debidamente y la Mesa Directita emitió un acto jurídico formal. La del 15 de diciembre, compañeros y compañeras, es una resolución soberana del Senado de la República, haciendo uso de una facultad exclusiva, por lo que no puede ser revertida por un órgano diverso de este Congreso, como lo esta Comisión Permanente.
Por su atención, muchas gracias. Nuestro voto en contra, por supuesto.
La Presidenta Rebeca Godínez y Bravo: No habiendo más oradores registrados, perdón. ¿En pro o en contra, señor Senador? A favor el senador Héctor Larios.
El senador Héctor Larios Córdova: Con el permiso de la Presidencia.
Me parece que las opiniones que en esta tribuna ha vertido el compañero senador César Raúl Ojeda Zubieta, en tanto a su apreciación personal sobre el desempeño de la Junta de Gobierno, sobre el desempeño de la Comisión de Seguimiento del IPAB, son opiniones respetables, que desde luego no compartimos. Sí me preocuparía el que quedará la duda de que estamos saltando el procedimiento.
Efectivamente el día 15 de diciembre se presentó en el Senado este mismo dictamen, un dictamen semejante. En ese momento, si todos los senadores presentes hubieran votando a favor, no hubiera habido el quórum de votación requerido por el artículo 75 de la Ley del IPAB, que es de dos tercios de los integrantes del Senado. Si todos los senadores hubieran votado a favor, no se hubiera reunido ese requisito y en consecuencia, no hubiera existido votación y hubiera tenido que repetirse una votación cuando hubiera un mínimo de 85 senadores presentes; solamente estaban 83, de los cuáles el 77% votó a favor, mucho más de dos tercios.
En ese sentido, al igual que cualquier otra votación como sucede en cualquiera de las Cámaras, cuando habiéndose instalado la Cámara hay quórum y se realiza una votación, si en la votación no hay quórum, es como votación no realizada. Me parece que aducir este tema, insisto, las opiniones de la evaluación que el senador hace sobre el desempeño de la Junta del IPAB, son respetables, no las compartimos, pero tampoco podríamos dejar pasar como verdad cierta, el que estamos violando procedimientos que están establecidos en nuestras normas.
Es cuanto, señora Presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias senador.
Tiene el uso de la palabra el diputado Héctor González Schmal, para hablar en contra.
El diputado Héctor González Schmal: Con su anuencia, ciudadana Presidenta.
En efecto, hay dos causas de fondo para estar en contra de este dictamen que aprueba la inserción del contador Zamarripa como vocal del IPAB.
El primero de ellos es en efecto, el relativo al funcionamiento de este Instituto que como todos hemos sido testigos en los últimos tiempos fue urdido, diseñado, para asumir una deuda privada de un fideicomiso que había creado el Presidente Zedillo y que trasladó a través del Ipab, del Fobaproa al Ipab como una deuda nacional que tenemos que pagar éstas y las sucesivas generaciones.
Pero por si fuera poco este instrumento que de por sí constituye un agravio a México a sus finanzas, al patrimonio de las generaciones subsecuentes, en su actual operación está siendo objeto de severos cuestionamientos.
¿Quién no ha sabido que los integrantes aquí algunos presentes de la Comisión de Investigación del caso de la empresa Construcciones Prácticas, de los hijos de la señora Sahagún, han recibido de parte del Ipab la concesión de diversos activos que este Instituto tiene y que a su vez recogió de los que los bancos le otorgaron en las garantías que se habían cedido al patrimonio del Ipab?
No sabemos cuánto pago efectivamente el Ipab a Bancrecer y a Banorte por estos 1,700 departamentos. Pero lo que sí sabemos es que fueron rematados a precios irrisorios y que constituyen hoy mismo una preocupación muy seria de la Cámara de Diputados por dilucidar cómo se están efectuando, cómo se están llevando a cabo estas operaciones y qué consecuencias van a tener y qué tanto se han multiplicado y que desconocemos y qué irregularidades crónicas ya en su operación se advierte en este Instituto.
Por consiguiente este sería el aspecto de fondo. El siguiente que vertió aquí el Senador Ojeda es en efecto un proceso viciado. Si en la Cámara de Senadores no hubo evidentemente quórum no podía ni siquiera darse una inexistencia, es simplemente un acto irrelevante, jurídicamente no tuvo razón, no se dio pues en los hechos y en tanto ello no puede ahora subsanarse o tratarse de depurar mediante una convalidación de este órgano de representación bicamaral.
De modo que yo diría que tendríamos que retomar este asunto, regresarlo a la Tercera Comisión, reestudiar su procedibilidad jurídica parlamentaria y en todo caso volver a intentar una aprobación una vez perfectamente sustentado el derecho que pudiéramos tener aquí en esta Comisión Permanente para aprobar un acto que no tuvo realización en la cámara de origen, en la Cámara de Senadores, cuando se sometió a aprobación.
Yo por lo consiguiente votaré en contra por las dos razones y desde luego una vez que se vuelva a reemitir la propuesta seguiré estando en contra por las razones de fondo, porque este Instituto definitivamente está causando daño a México y no se va a subsanar simplemente con cambiar o confirmar algunos de sus vocales.
Muchas gracias.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra el Senador Rodríguez Prats para hablar a favor.
El senador Juan José Rodríguez Prats: Con su permiso señora Presidenta.
Es correcta la actitud del diputado Jesús González Schmal y yo comparto su preocupación. Yo creo que uno de los grandes temas de las décadas recientes de la LVII Legislatura será aquella decisión de crear el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, de los conflictos que nos vimos internamente las fracciones parlamentarias para responder a una propuesta del Presidente.
Recordemos que se mandaba en un transitorio la aprobación de una cuantiosa deuda pública, si aquella era deuda contingente o teníamos que incorporarla al Presupuesto, las facultades del Ejecutivo, las facultades del Congreso.
Yo creo que definitivamente muchas páginas se han escrito de esto y se seguirán escribiendo. Y comparto desde luego la necesidad de que se esclarezca y de que vayamos a fondo. El Partido Acción Nacional no pretende de ninguna manera ocultar ni mucho menos ser cómplice de alguna acción que desvirtúe este Instituto que se llama de protección al ahorro bancario. O sea de protección a los cuenta habientes, a los dieciséis millones de cuenta habientes que tienen sus recursos en las instituciones bancarias.
Pero el tema específico es en relación a un funcionario que debe formar parte y que es propuesta del Ejecutivo para que se ratifique, dada la experiencia, dada la información que el mismo tiene y que forme parte de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Este es el tema.
Y yo creo que si estamos hablando del prestigio de una persona, de su profesión, de su calidad moral, debemos dar este voto a favor, porque repito: es una propuesta del Ejecutivo que el procedimiento en la Cámara de Senadores no se llevó a cabo no porque hubiera un rechazo. Creo que mi compañero, el senador Héctor Larios lo explicó con claridad, y esto es claro en el derecho parlamentario: no hubo el quórum para efectuar la elección.
Este es el punto central. No es que se haya rechazado para que no se pueda someter de nuevo el dictamen a discusión. Es que no hubo el quórum, porque curiosamente el artículo 75 de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario señala como único caso, es el único caso en todo nuestro derecho, en donde está exigiendo un quórum de dos terceras partes de los integrantes y esto fue lo que no pudo complementarse en el Senado. No fue una votación de rechazo, por lo tanto la votación debe repetirse. Y en este caso, ante la Comisión Permanente.
Por esas razones mi grupo parlamentario votará a favor de este dictamen.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra nuevamente el senador César Ojeda.
El senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta: Gracias compañera presidenta.
Insistiría en que más allá de diferencias, yo siempre he reconocido la capacidad de tanto los integrantes de la bancada del PRI como del PAN en su conocimiento profundo de los ordenamientos, y con todo respeto, en una primera revisión, sin ser docto en el tema, créanme estamos violentando de manera indebida y además innecesaria porque al final de cuentas podríamos replantear y convocar tal vez al señor Presidente que enviara de nueva cuenta alguna propuesta.
Les voy a dar algunas consideraciones que algún otro compañero, también de la bancada de Acción Nacional me hace llegar, miembro de la Comisión Especial del IPAB, donde me da sus consideraciones, donde dice que el Presidente… "las iniciativas presentadas –hace algunas consideraciones y dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presenten los diputados o los senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de Debates".
El quince de diciembre, cuando se debatió el dictamen sobre el mencionado vocal a la hora de la votación, el dictamen no alcanzó el mínimo de votos que exige la Ley del IPAB. Artículo 75 de las dos terceras partes del Pleno del Senado.
La Tercera Comisión dictaminadora de la Permanente acaba de dictaminar de nueva cuenta el mismo dictamen.
Como la propuesta del Presidente no tuvo la debida aprobación del Senado, debe de existir –estas serían las dos opciones en la reflexión que hacen conocedores del tema- debe existir un nuevo escrito del Presidente de la República en el mismo sentido. No lo hay. Simplemente trasladamos el dictamen de la Comisión a la Comisión Permanente.
El presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, ha trasladado su dictamen a la Tercera Comisión de la Permanente para volver a someterlo al Pleno de la Permanente, lo cual es ilegal.
Yo les rogaría, con todo respeto, entiendo que este tipo de situaciones pudieran obviarse pero yo reconozco, teniendo discrepancias de fondo con algunos de ustedes, que son gente con mucho talento, que conocen el derecho y no podrían –sólo en base a tratar de avalar o acatar alguna solicitud del Ejecutivo- violentar lo que es fundamental: nuestra Carta Magna.
Por su atención, muchas gracias.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Tiene el uso de la palabra el senador Rodríguez Prats.
El senador Juan José Rodríguez Prats: Me parece que tenemos que -con su permiso presidenta- referirnos a esa sesión del 15 de diciembre.
Según el artículo 75 de la Ley del IPAB, tenía que haber 85 integrantes y votamos 83, se votaron 74 a favor y 19 en contra o sea, no hubo votación porque no hubo quórum, para este caso específico, por lo tanto ese dictamen no es que se haya votado o se haya rechazado, no hubo quórum y por lo tanto de acuerdo al Derecho Parlamentario sí corresponde volver a someter, ahora ante la Comisión Permanente, ese dictamen.
Eso es todo presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Gracias.
Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: En consecuencia se consulta a la Asamblea en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. (Votación)
Por la negativa. (Votación)
Suficientemente discutido señora presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Suficientemente discutido efectivamente y entonces proceda la secretaría a tomar la votación nominal sobre este punto de acuerdo.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Vamos a proceder a recoger la votación nominal del punto de acuerdo.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Estaré recibiendo los votos por la afirmativa y le solicitamos a la diputada Blanca Gámez, haga lo relativo a los votos por la negativa.
(Votación)
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Señora presidenta, se emitieron 28 votos en pro y 6 votos en contra.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Le pedimos a la secretaría nos haga la cuenta de la mayoría calificada que requiere la Ley del IPAB, favor.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se requerían 25 votos como mínimo presidenta.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Por lo tanto sí se alcanza la mayoría calificada, con 28 votos en pro y perdón ¿cuántos en contra secretaria?
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Seis.
La Presidenta diputada Rebeca Godínez y Bravo: Y seis en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular, el punto de acuerdo, por 28 votos.
Comuníquese al Ejecutivo.
Esta presidencia recibió del diputado Rogelio Rodríguez Javier, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, proposición con punto de acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, para que homologue el valor del salario a nivel nacional, eliminado las tres zonas económicas.
Túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador Héctor Michel Camarena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con Punto de Acuerdo en apoyo a la agroindustria azucarera mexicana.
El senador Héctor Michel Camarena: Con su permiso, señora Presidente. Con el permiso de los compañeros y compañeras legisladoras.
La agroindustria azucarera sin duda que está en un grave riesgo jurídico. En el año 2002 el Congreso de la Unión aprobó un impuesto muy importante a la importación de fructuosa, el 20 por ciento. Este impuesto sin duda ayudó en mucho a que los industriales, a que los obreros, pero fundamentalmente a que los productores de caña, los ejidatarios y los pequeños propietarios, pudieran consumirse en el territorio nacional los excedentes que el gobierno de Estados Unidos se negaba a recibir.
La actitud del gobierno federal, y lo tenemos que decir claro, posterior a esta aprobación, fue estar en contra de este impuesto, y lo derogaron. Tuvimos que recurrir en controversia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuevamente el impuesto está vigente.
En mi estado, Colima, no es un estado importante en la producción, pero sí tenemos anualmente una producción de 120 mil toneladas anuales, y decía que está en riesgo porque después de muchas gestiones ante el gobierno federal se logró convencerlos para que apelaran una resolución de la OMC.
Esta resolución que va sin duda a resolver la apelación que hizo el gobierno federal, implica un riesgo muy grave. Si no logramos revertir la resolución con esta apelación, está en riesgo que se quite ese 20 por ciento que impusimos aquí a la fructuosa.
Por otra parte, hay una demanda que empresas de los Estados Unidos de América interpusieron por el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio, de manera muy especial con el famoso impuesto a la fructuosa. También está en riesgo de que si no hacemos una defensa adecuada, pudiera ser condenado el gobierno de México a pagar más de 600 millones de dólares.
El tema de la agroindustria es un tema social y económicamente muy importante, estamos hablando de que en este tema están involucrados 227 municipios del país, 15 estados de la República y 440 mil empleos directos en 58 ingenios del país. Este no es un problema directamente de los industriales, de los obreros, de los productores, ejidatarios y pequeños propietarios, éste es un problema sin duda del Estado Mexicano y el Estado Mexicano lo tiene que enfrentar con todo.
Hemos visto la forma en que está actuando el Gobierno Federal y nos parece que requiere una mayor atención jurídica y constitucional; lo hemos visto en las últimas resoluciones, de manera muy especial en la resolución que acaba de emitir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con relación a la expropiación de los ingenios y que declaró inconstitucional, entre otras cosas, por no haberle dado la oportunidad de audiencia.
Con base en todo esto, compañeros y compañeras, deseo presentar como Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución el siguiente. Pero antes, quisiera decirles que en esta semana se va a desarrollar la audiencia en Ginebra, Suiza, con relación a la apelación y que en la primera quincena del próximo mes tendremos una resolución con relación a este tema, con los riesgos que señalé. Por eso creo que este punto o estos puntos que estos planteando son de urgente y obvia resolución, en los siguientes términos:
Primero.- Que el Gobierno Federal informe a esta Comisión Permanente el estado procesal que guarda la apelación que formuló a la resolución de la OMC con relación al IEPS y qué expectativas tenemos a nuestro favor con dicho medio de defensa.
Segundo.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al Gobierno de la República, a incrementar sus medidas en la atención de la apelación citada en el punto anterior, ya que está en riesgo la eliminación del IEPS y con ello la agroindustria azucarera en su conjunto.
Igualmente, a que se fortalezca la defensa jurídica que se tiene con motivo de la demanda que promovieron empresas estadounidenses y que, por este litigio, el Gobierno Mexicano puede ser condenado a pagar más de 600 millones de dólares a Estados Unidos de América; y
Tercero.- Que el Gobierno Federal de México demande al Gobierno de Estados Unidos de América ante el organismo internacional competente, el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio con ese país, con relación a los excedentes de caña de azúcar que el Gobierno de Estados Unidos se niega a recibir, no obstante está perfectamente convenido en el tratado.
Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de este Punto de Acuerdo, se inserte en el Diario de los Debates.
Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado señor senador, se ordena insertar el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates.
Y como lo ha solicitado, le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los legisladores que estén por la negativa, favor de expresarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición.
Esta Presidencia no tiene oradores registrados, en consecuencia el asunto se considera suficientemente discutido y le ruego, señora Secretaria, consulte a la asamblea, en votación económica, si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada María del Rosario Herrera Ascencio: En votación económica se pregunta si aprueba la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Muchas gracias.
Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobada, comuníquese.
Esta Presidencia recibió del diputado Federico Döring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas a suscribir o renovar la vigencia de los convenios denominados "PLANDESOL", que permitan la integración del Padrón Único de Beneficiarios Estatal de los programas sociales.
Como lo ha solicitado, se ordena turnar esta proposición a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el diputado Julián Nazar Morales, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente exhorte al titular del Poder Ejecutivo Federal a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al Presupuesto asignado al Programa Especial Concurrente, para el Ejercicio Fiscal de 2006.
El diputado Julián Nazar Morales: Con su permiso compañero Presidente. Compañeros diputados, senadores, senadoras y diputadas:
Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a no hacer recortes al gasto aprobado por esta soberanía.
El suscrito diputado federal, Cruz López Aguilar, Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados; el senador de la República, José Antonio Aguilar Bodegas, Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado y el suscrito diputado federal, Julián Nazar Morales, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de la Unión y en uso de las facultades establecidas en los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior de este Congreso General de los Estados Unidos, venimos a presentar este punto de acuerdo:
Una de las principales tareas que nos propusimos al inicio de esta legislatura fue la de revertir el proceso de descapitalización e impulsar el desarrollo sustentable del campo, utilizando para ello el Programa Especial Concurrente del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con este objeto hemos autorizado un crecimiento en términos reales de dicho programa, para los años 2004, 2005 y 2006. Asimismo, nuestro propósito se sustentó siempre en la aplicación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual surgió de un proceso intenso y delicado, al interior de la sociedad rural.
Los industriales de productos del campo, el Gobierno Federal y los legisladores se dieron a la tarea para que esta Ley es sin lugar a duda el marco que estaba esperando y que necesitaba urgentemente el agro y dar el cumplimiento de acuerdo al proyecto que todos buscamos a largo plazo y que aliente la producción en el campo mexicano.
La apertura del Tratado de Libre Comercio con América del Norte puso de manifiesto la poca sensibilidad de nuestros representantes al momento de negociar el capítulo agropecuario, ya que dichos funcionarios tenían un desconocimiento total de la realidad que imperaba en el sector. Los resultados reflejan la desaparición de los pequeños productores del sector social, la extinción de ramas de producción, la concertación de las exportaciones y el rentismo y la enajenación de los derechos agrarios. Toda esta situación viene a dar al traste con la esperanza de las gentes que menos tienen, que son los campesinos, por las consideraciones siguientes:
Toda la información que se manejó en los medios de comunicación y se han obtenido a través de otras fuentes de la Comisión de Agricultura, Ganadería de la propia Cámara de Diputados, hablan de un ajuste que el Gobierno en estos momentos quiere hacer al Presupuesto que se aprobó el 15 de diciembre. Esto es preocupante para el agro mexicano, toda vez que esta práctica que se ha venido haciendo recurrente en estos últimos años, han hecho de los productores nacionales una situación desesperante para todas las familias que dependen de ello.
Por eso, compañeros senadores, diputados, la preocupación nuestra de presentar este punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo y decirle a Hacienda que no proceda los ajustes que quiere hacer, en relación a reducir el Presupuesto del 2006, toda vez que está atentando y está pensando hacer un recorte de 750 millones de pesos a un programa que ha sido uno de los pilares para el desarrollo en el país, como es el Programa de la Alianza.
Aunque en mi estado como sector campesino nosotros no hemos sido beneficiados por este Programa por el Gobierno actual, defendemos, estamos obligados a defender que se respete este Presupuesto, porque los 32 estados de la República dependen su producción principalmente de este tipo de programas. De igual forma, hay un recorte inusitado que se está queriendo dar a través de la Dirección de FIRCO, de alrededor de 1300 millones de pesos.
Esta práctica de este tipo de proyecto que hoy se está estilando en este Gobierno nos lleva a quedar en claro lo que muchas veces se ha manifestado, de que han desaparecido los pobres en México. Con estas prácticas ahora entiendo por qué la pobreza desaparece en México y se transforman en miseria. No podemos regatearle estos centavos, porque no son ni siquiera pesos, cuando tenemos un contrincante o dos contrincantes como es Estados Unidos y Canadá, en donde le están apostando a tener una gran inversión en el campo para que compitan con nuestro país, en donde el gobierno destinó 180 mil millones de dólares en un proyecto multianual y a nosotros nos están llevando al rincón del olvido y del abandono, al estar aplicando éstas prácticas.
Por ello, compañeros senadores, compañeros diputados, presentamos este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
Único. Que la H. Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haga un enérgico y respetuoso exhorto al titular del Poder Ejecutivo Federal, a no hacer ningún tipo de recorte o ajuste al presupuesto asignado por la Cámara de Diputados, al Programa Especial Concurrente para el Ejercicio Fiscal del 2006 y dar así una muestra de respeto entre Poderes y un manejo de aliento y certidumbre a nuestros productores del campo mexicano.
Defendamos lo que por ley le corresponde a los que menos tienen, aquellos que han dejado la pobreza para estar en la miseria y que esa miseria transforma en miserable a aquellos que en la desesperación, buscan tener un ingreso a través de lo ilícito y no podemos seguir destinando mayor presupuesto para la seguridad pública, porque no va haber policías suficientes que cuiden, cuando la miseria se refleja en los hogares mexicanos.
Por ello, señor Presidente, pedimos que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates este punto de acuerdo.
Es cuanto y agradezco a la Honorable Asamblea, muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Señor diputado, señor diputado Nazar, nada más para precisar. ¿Solicitó usted, reitero usted la urgente y obvia?
Como lo ha solicitado se ordena insertar el texto íntegro de esta proposición en el Diario de los Debates y le ruego a la señora Secretaria, consulte a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Con todo gusto, señor Presidente.
En votación económica se pregunta a la asamblea, si se considera el anterior asunto de urgente y obvia resolución.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Quienes estén por la negativa, sírvanse expresarlo. (Votación)
No, no se considera de urgente y obvia resolución, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Sí, diputado Nazar. ¿Tiene usted alguna consideración que hacer?
El diputado Julián Nazar Morales (desde su curul): Unas cuantas manos en contra y la mayoría a favor.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Votación calificada se requiere. Se aclara que es votación calificada.
Vamos a darle, aceptar la duda que usted tiene señor diputado, para que quede claro. Repita la votación señora senadora.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Se consulta nuevamente a las y los legisladores, si se considera el anterior asunto de urgente y obvia resolución.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo. (Votación)
Gracias.
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Ahora sí, efectivamente, sí se considera de urgente y obvia resolución, votaron 13 a favor, 8 en contra. Bueno, es mayoría calificada.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: ¿Cuál es la determinación, señora Secretaría?
Por favor, le pido a Servicios Parlamentarios que asista en relación con el cómputo a la señora Secretaria, para que me informe sí hay o no mayoría, como lo marca el reglamento para estos casos.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: De conformidad con el Reglamento es con relación al número de presentes. Luego entonces no se considera que hay suficientes votos para ser considerado mayoría calificada.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muy bien.
Se ordena remitir esta proposición con punto de acuerdo a la Tercera Comisión de Trabajo de esta Permanente.
Tiene la palabra el diputado Francisco Landero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Educación Pública, a instituciones de educación media superior y superior, así como a las Secretarías de Educación de los Estados, realicen los acuerdos pertinentes a fin de evitar la falsificación de documentos que acrediten la obtención de grados académicos.
El diputado Francisco Landero Gutiérrez: Con su permiso diputado Presidente.
Una de las principales metas en materia de educación es realizar programas educativos que cuenten con las suficientes habilidades técnicas y científicas que lleven a los profesionistas a una formación capaz de impulsar el desarrollo de nuestro país. Por ello la sociedad civil y el gobierno deben seguir apostando por una educación de calidad en la que se formen profesionistas de alto nivel.
En cumplimiento de este principio debemos de preservar la calidad de estos profesionistas y no debemos permitir que personas que no cuentan con ética alguna falsifiquen certificados, títulos, cédulas profesionales o cualquier documento que acredite la obtención de grados académicos que dañan el desarrollo de la educación en nuestro país.
Estas acciones ilícitas ponen en riesgo al sistema educativo nacional y a los estudiantes que se esfuerzan en el cumplimiento de los programas educativos y los requisitos curriculares que les permiten obtener un título profesional.
En virtud de lo anterior la Secretaría de Educación Pública ha tenido a bien diseñar 15 candados de seguridad que procuran hacer infalsificables los documentos emitidos por la Dirección General de Profesiones.
No obstante y aún con los dispositivos de seguridad la accesibilidad de los avances de la tecnología permite que personas sin escrúpulos lleven a cabo la falsificación de certificados, títulos y cédulas profesionales. Además también que se falsifican los sellos gubernamentales que los acreditan como oficiales, incurriendo en los delitos de falsificación de documentos y sellos oficiales, así como usurpación de funciones, tal y como lo establece en los artículos 244, 245 y 250 del Código Penal Federal.
Tan solo en el año 2005 la Procuraduría General de la República recibió 534 denuncias del delito de falsificación de documentos, las cuales han sido radicadas por la ventanilla única y remitidas a las subsedes correspondientes.
Asimismo los medios de comunicación han dado a conocer diversos lugares como la Plaza de Santo Domingo en el Distrito Federal e imprentas clandestinas que ofrecen los documentos que acreditan la culminación de estudios de educación media superior y superior, así como cédulas profesionales por cantidades que van desde lo mil hasta los 45 mil pesos.
Legisladoras y Legisladores:
Es importante aprobar la siguiente proposición con punto de acuerdo que lleva la firme intención de salvaguardar la inversión más preciada que puede tener la nación que es la educación.
Por lo antes expuesto me permito presentar a esta soberanía los siguientes
"Punto de Acuerdo:
"Primero.- Se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a las instituciones de educación media superior y superior en todas las entidades federativas y a las Secretarías de Educación Pública de los estados a celebrar los acuerdos y convenios pertinentes para unificar los candados de seguridad, con el fin de evitar la falsificación de certificados, títulos, constancias y otros documentos que acrediten la obtención de algún grado académico.
"Segundo.- Se exhorta a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a realizar acciones coordinadas para la detección y detención de quienes cometan este tipo de delito. Asimismo se hace un llamado atento al Poder Judicial a resolver las denuncias que tienen en su poder e impongan las sanciones aplicables correspondientes en el menor plazo posible".
Es cuanto diputado Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el Senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar proposición con punto de acuerdo relativo al triunfo electoral de Michele Bachelet, en Chile.
El senador Rafael Melgoza Radillo: Muchas gracias señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
El pasado domingo quince de enero, la candidata de la Concertación por la Democracia, Michele Bachelet, se convirtió en la primera mujer en ser electa presidenta de la República de Chile tras obtener el 53.49 por ciento de los votos y una diferencia de casi siete puntos sobre el candidato de la Alianza Conservadora, Sebastián Piñera.
Triunfo claro y contundente que aunado a lo acontecido recientemente en Bolivia y en otros países de la región, demuestra una vez más el avance de la democracia en América Latina y la consolidación de una propuesta política como opción de gobierno eficiente y con visión de estado, esto a juicio de los votantes.
Bachelet, es una mujer y una ciudadana que ha dedicado toda su vida a las causas democráticas en su país y que al igual que miles de hombres y mujeres, sufrió en su familia y en su persona la represión de la dictadura militar pinochetista. Por ello es que proponemos celebrar su ascenso al cargo gubernamental más importante en su país y desearle el mayor de los éxitos en el ejercicio de la nueva responsabilidad que le ha sido conferida por el pueblo chileno.
Ahora bien, el proceso electoral chileno arroja un conjunto de lecciones que –en nuestra opinión- en México no podemos y no debemos pasar por alto.
El programa político de la coalición que impulsó la candidatura de Michele Bachelet, se encuentra sustentado en la estabilidad política y económica heredada particularmente por la administración del presidente Lagos, y tiene como principales características un fuerte contenido social, el impulso a la participación del estado en la economía y el reconocimiento de la importancia de responsabilizar tanto al mercado nacional como al internacional del crecimiento económico, un crecimiento económico que estimule el desarrollo y que promueva la justicia, la equidad y la igualdad de oportunidades para todas y todos los ciudadanos.
En otras palabras, el triunfo de la coalición por la democracia fue un voto de confianza a un gobierno que ha mantenido finanzas sanas y baja inflación pero que no ha descuidado su papel social y su obligación de garantizar el bienestar para las mayorías.
Como todos los países latinoamericanos, Chile es un país que aún enfrenta retos y dilemas pero también es el país que cuenta con los instrumentos económicos y con las condiciones políticas necesarias para salir adelante.
No tenemos la menor duda de que México pronto se sumará a esta corriente de países que ha adoptado esos planteamientos políticos, económicos y sociales, una posición de estado progresista, democrática y responsable; una posición que cree en el mercado; una posición que cree en la inversión y el capital extranjero, pero también una posición que plantea y ejerce un modelo alternativo para hacer frente a la pobreza y a la exclusión en la que se encuentran millones de personas en nuestro continente.
Y aquí es donde debemos profundizar sobre otra de las grandes lecciones de lo acontecido en la República de Chile el pasado fin de semana. La nueva presidenta de Chile gobernará en un escenario político completamente diferente al escenario en el cual gobernará el próximo presidente mexicano.
El triunfo en la segunda vuelta electoral permitirá a Bachelet contar con el respaldo suficiente para poder sacar adelante en el Congreso las reformas y la propuesta de gobierno en torno a la cual se articuló la coalición por la democracia. Coalición que se encuentra estructurada alrededor de un proyecto y no sólo a partir de intereses electorales coyunturales.
Ojalá que en el mediano plazo seamos capaces de aprender y asimilar las enseñanzas del proceso electoral chileno y entendamos que la única forma de contribuir a consolidar la democracia en nuestro país, es llevando a cabo una reforma a fondo en nuestro sistema político, una reforma que nos permita generar incentivos para la cooperación entre las distintas fuerzas políticas; una reforma que nos obligue a colocar los intereses nacionales por encima de los intereses particulares y una reforma que garantice la gobernabilidad del país, independientemente de la orientación ideológica del gobierno en turno.
Ojalá que también las fuerzas políticas nacionales, reconozcamos de la democracia cristiana chilena, su contribución para darle certeza y legalidad al proceso y al resultado electoral.
Reconozcamos también la posición que en ese sentido emitió rápidamente quien fue el candidato de esa fuerza política de oposición en aquel país, cuando textualmente dijo: "Felicito a Michele Bachelet, por su triunfo. No sólo porque será la primera presidenta de Chile, sino también como un homenaje a esos millones de mujeres que con esfuerzo y tenacidad han logrado el lugar que les corresponde en nuestra sociedad."
Palabras de Sebastián Piñera.
Finalmente compañeras y compañeros legisladores, no está por demás aprovechar la ocasión para pedirle al señor Presidente de la República que durante la próxima visita a la República de Chile y a Honduras, observe las normas más elementales de la diplomacia y evite involucrar a nuestro país en nuevos diferendos internacionales.
De igual forma exhortamos al titular del Ejecutivo, a efecto de que en su encuentro con la presidenta electa de Chile, en su carácter de Jefe de Estado, le exprese y reitere el beneplácito del pueblo de México por el triunfo de la izquierda socialista chilena.
Por todo lo expuesto es que presentamos a la consideración de esta asamblea el punto de acuerdo que se publica hoy en la Gaceta Parlamentaria y que el texto que se contiene es el siguiente:
UNICO. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, expresa sus más sinceras felicitaciones a la doctora Michele Bachelet, por el triunfo obtenido en las elecciones presidenciales de su país y le desea el mayor de los éxitos en el ejercicio de esta nueva responsabilidad que le ha sido conferida por el pueblo chileno.
Rogándole señor presidente, pregunte a la asamblea si es de considerarse de urgente u obvia resolución. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Gracias senador.
Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa. (Votación)
Mayoría por la afirmativa señor presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición.
Esta presidencia tiene registrada a la senadora Lucero Saldaña, para hablar en pro.
La Secretaria senadora Lucero Saldaña Pérez: Muchas gracias señor presidente.
Para el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es digno de reconocer los triunfos que se han tenido por diversas mujeres y por supuesto que apoyamos y respaldamos este punto de acuerdo, particularmente de Michele Bachelet, quien en su país fue Secretaria de la Defensa Nacional y como médica de profesión tiene precisamente el sentir de la sociedad. Ella se ubica como la primera mujer elegida en su estado chileno, pero también como la sexta en lo que representa a América Latina.
Es digno también de hacer mención de Liberia, que también una nueva presidenta Ellen Johnson, se convierte en la primera mujer jefa de estado, elegida en el continente africano.
Ya en Asia han gobernado Filipinas y Sri Lanka mujeres, mientras que en Europa lo han hecho en Gran Bretaña, Dinamarca y Holanda. También es para considerar los reinados que son funciones simbólicas y representativas pero tienen también un alto reconocimiento.
Es importante señalar que en Finlandia, de hecho la presidenta nuevamente ha sido elegida en su primer vuelta, con 46 votos a favor, y está por fines de este mes la segunda vuelta, lo cual significa que actualmente hay seis Jefas de Estado, además de Chile, Liberia y Finlandia, Filipinas, Irlanda y Letonia, y siete Jefas de Gobierno, recientemente Alemania, Nueva Zelanda, Bangla Desh, Sao Tomé y Príncipe, Mozambique, Canadá y Bahamas.
Creemos también que el sexo ha sido una variable fundamental relacionada con la actividad política. Se han visto las dificultades que se tienen, sobre todo a nivel cultural.
Efectivamente muchos países han aceptado y aplicado lo que son acciones afirmativas, que son cuotas electorales y que esto ha permitido una mayor participación, pero a lo largo del mundo lo que nos preocuparía es esa construcción del sujeto político mujer, que es lo que nos brinda una garantía de la plenitud de los derechos de ciudadanía, no solamente para ser consideradas como el grueso del electorado; todavía tenemos grandes dificultades, ahí ese sub registro que se ha mencionado, en los ámbitos y espacios locales, municipales; tan sólo en nuestro país hay un 3.7 por ciento de presidentas municipales, y creemos que así las dificultades que han tenido varias mujeres en sus distintos regímenes, en los países, pues han tenido que ver con dificultades para tener realmente una presencia fuerte en los parlamentos y en las funciones de gobierno.
Pero si bien creemos que este reconocimiento de estas mujeres que suben y que están tomando ya la administración y el gobierno de sus países, nos significa que estos avances y el incremento de la participación política femenina es ya un objetivo de desarrollo ampliamente reconocido y constituye además uno de los cuatro indicadores dentro de los objetivos del milenio para analizar el progreso alcanzado con relación a la igualdad de género.
No obstante esta sub representación actual en los cargos, este instrumentos transformará el tipo de decisiones que se tomen y generará un cargo de percepción necesario para realizar avances mucho más genuinos en su condición de ciudadanas con derechos plenos.
Respaldamos este unto de acuerdo y el grupo del PRI estaría votando a favor.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias senadora Lucero Saldaña.
Tiene la palabra el señor diputado Francisco Landero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Francisco Javier Landero Gutiérrez: Subo a esta tribuna para saludar el punto que está presentando el senador Melgoza, al cual por supuesto Acción Nacional se suma. Y nos parece importante en Acción Nacional subir a esta tribuna para expresar nuestra alegría de que una democracia como la chilena se esté consolidando con el triunfo de Michelle Bachellet, que llega a la Presidencia.
Pero también subo a esta tribuna, porque nos parece muy importante recalcar las lecciones y el aprendizaje que da este triunfo.
Este triunfo de los ciudadanos chilenos nos lleva primero a señalar la importancia de los acuerdos. El pueblo chileno ha sabido lograr acuerdos, tanto ciudadanos como entre los partidos y gubernamentales. Ha sabido también privilegiar las prioridades de las demandas ciudadanas, ha llevado a que también se privilegien las coincidencias sobre las diferencias y esto ha permitido que puedan formarse coaliciones que parecieran utópicas, como el que se realice una coalición entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano. Es ahí donde en México todos los partidos políticos y actores sociales debemos de tomar en cuenta estas lecciones.
¿Por qué no buscar aquellas coincidencias sobre las diferencias? ¿Por qué no buscar qué reformas son prioritarias, en dónde existen las coincidencias y sacarlas adelante?
¿Por qué no privilegiar los acuerdos de civilidad política más allá de las diferencias políticas o coyunturales que pudiera haber?
Creo que también es un mensaje de prudencia y nos lleva a señalar que es posible que se privilegie la unidad y las prioridades ciudadanas sobre aquellas divergencias.
También es para nosotros un gusto señalar el que haya triunfado una mujer tanto en el país de Liberia como en Chile, porque eso da también fortaleza a que el tema de la equidad debe ir avanzando en nuestro país. Debemos privilegiar también este tema y saludamos como mucho gusto esta situación y conminamos a la Delegación Mexicana a que transmita nuestras felicitaciones a la nueva Presidenta y al gabinete que está por formar.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Landero. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Suficientemente discutida. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Aprobada, comuníquese.
Tiene la palabra la senadora Yolanda Eugenia González Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de presentar proposición con Punto de Acuerdo, relativo al decreto mediante el cual se declaró el año 2006 como Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García.
La senadora Yolanda Eugenia González Hernández: Con su permiso, senador Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Como todos sabemos, el pasado 29 de diciembre del 2005, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto Presidencial mediante el cual se declara el año 2006 como el año del Bicentenario del Benemérito de las Américas Don Benito Juárez García. Y asimismo, se instruye que a partir de la entrada en vigor de este decreto, toda la correspondencia oficial del Estado, debe contener el rubro o al calce la leyenda: "2006 Año del Bicentenario del Benemérito de las América don Benito Juárez García".
Este sencillo pero merecido homenaje a la memoria de una de las figuras más representativas de nuestra identidad nacional, fue producto del consenso en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, ante un conjunto de medidas impulsadas por diversos compañeros y compañeros legisladores, entre las cuales destacan, precisamente, la conformación de una comisión especial organizadora de los eventos conmemorativos del Bicentenario y la acuñación de una moneda conmemorativa.
En este sentido, considero que tan magno aniversario representa una invaluable oportunidad para reencontrarnos con las nuevas generaciones y que se involucren y conozcan la obra, el pensamiento y los valores de don Benito Juárez García, así como para reflexionar colectivamente sobre los cimientos en que está basada la grandeza de nuestra historia, de la cual hoy nos vemos recompensados con orgullo del fruto de las batallas y de las gestas heroicas de hombres como nuestro Ilustre Benemérito Don Benito Juárez García.
En este sentido, al hablar del delegado político y social de la obra de Don Benito Juárez, pues representa una tarea fundamental e inagotable, simplemente para mencionar lo que son las leyes de reforma.
Es un breve ejemplo de los hechos que determinaron y consolidaron nuestra estructura jurídica y política como nación independiente.
Las acciones y aportaciones históricas de don Benito Juárez constituyen un legado plenamente vigente en nuestra actual democracia republicana. En este sentido, el Bicentenario de su Natalicio, adquiere un profundo significado que sin duda trasciende a lo dicho en esta tribuna.
Es por eso que hoy solicito de las señoras y los señores legisladores, que nos sumemos también nuevamente a celebrar el Bicentenario del Natalicio de nuestro "Benemérito de las Américas", proponiéndoles el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta respetuosamente a las legislaturas de los estados y a los cabildos municipales, a que realicen sesiones solemnes el día 21 de marzo del año 2006, en conmemoración del Bicentenario del Natalicio de don Benito Juárez García y asimismo, acordar en sus respectivas instancias que en su papel de día oficial, la siguiente leyenda: "2006, Año del Bicentenario del Natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez García".
Segundo. Se exhorta respetuosamente a través de la ANUIES a todas las universidades públicas y privadas del país, a sumarse al decreto del año del Bicentenario, honrando la memoria de don Benito Juárez, incluyendo también al rubro o al calce de su correspondencia oficial la leyenda: "2006, Año del Bicentenario del Natalicio de don Benito Juárez García", así como realizar y difundir en eventos conmemorativos la obra, vida y pensamiento de este ilustre mexicano.
Es cuanto senador Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias senadora González Hernández.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo sobre el tema de los ingenios azucareros expropiados por el Gobierno Federal.
El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
El pasado lunes 16 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo sobre un tema que en innumerables sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como en el seno de sus comisiones, diputados y senadores siempre expresaron que era un paso inadecuado: la expropiación de los ingenios azucareros.
Aunque seamos reiterativos, hay que insistir en que la agroindustria de la caña de azúcar es estratégica para nuestro país, pues el valor de la producción nacional asciende a los 30 mil millones de pesos; representa un poco más del 0.5 del Producto Interno Bruto Nacional; participa con el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional; genera alrededor de 2.5 millones de empleos directos e indirectos y utiliza más de 700 mil hectáreas de cultivo.
Se trata de una actividad que genera trabajo en 59 ingenios azucareros, los cuales irradian beneficios en 227 municipios de 15 entidades federativas donde residen 12 millones de mexicanos. Por tanto, todo aquello que el Ejecutivo ha dejado de hacer o ha hecho mal, ha repercutido negativamente tanto social, económica como políticamente en extensas regiones de México y en un gran número de sus habitantes.
Tengamos presentes casos concretos, como cuando ante el establecimiento del IEPS a la fructuosa, el Ejecutivo intentó su abrogación mediante un decreto administrativo en el año 2002, mismo que el Poder Judicial Federal consideró inconstitucional; igualmente, el decreto del 14 de enero del año 2005, con el que la SAGARPA informó la decisión presidencial de abrogar el Decreto Cañero, eliminando con ello la única reglamentación existente para ordenar la producción y el mercado de un cultivo estratégico, como lo establece la Constitución o bien, de los intentos de veto, los juicios de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, emanada del propio Congreso para llenar la laguna jurídico-productiva creada por el Presidente de la República.
Al plan del Ejecutivo de reducir los aranceles de la importación azucarera, así como de establecer cupos de importación de la misma, mediante licitación pública para satisfacer la demanda nacional e incentivar la baja de los precios, hay que añadir la impericia con que manejo la expropiación de los ingenios azucareros. Ahora resulta que la solución que se había encontrado para aliviar la crisis de la agroindustria, concluyó en un fiasco jurídico y administrativo de consecuencias inmensurables.
En efecto, la expropiación selectiva de 27 de los 59 ingenios azucareros el 3 de septiembre del año 2001, que aportaban entonces el 47% de la producción nacional para supuestamente ordenar el mercado azucarero y revenderlos a más tardar en marzo del año 2003, se ha convertido en otra acción inútil y sin fundamento constitucional, de acuerdo con lo resuelto en estos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es evidente entonces que la política azucarera aplicada por el gobierno del Presidente Vicente Fox, no ha servido para dar ordenamiento y transparencia al mercado y que por falta de pericia jurídica y sensibilidad para solucionar los múltiples problemas laborales, productivos, competitivos y sociales del sector. Hoy dichas acciones se revierten, el gobierno tuvo que destinar alrededor de 3 mil millones de pesos, para mantener en operación los ingenios expropiados y ahora tendrá que sumar el costo que implica la indemnización y los daños y perjuicios.
No podemos soslayar que el responsable de haber iniciado este tipo de decisiones equivocadas, fue en su momento el Secretario Javier Usabiaga, que incluso abandonó su cargo dejando en crisis el sector cañero en busca de un cargo de elección popular. Como si el ayer no fuera aleccionador el día de ayer, desde Washington, el actual Secretario Francisco Mayorga, declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia contra la expropiación de los ingenios azucareros, sólo aceleró su eventual regreso a manos privadas, es decir, para él no hay repercusiones.
Con esto el actual Secretario demuestra ser otro desconocedor de la materia y confunde las figuras jurídicas, como la intervención que se pudo haber utilizado, ya que aunque no fue su decisión, él era parte de ese equipo de trabajo en la Secretaría de Agricultura. La gran diferencia al expropiar, son los costos asociados que ésta operación implica y que son cuantiosos, así como la eventual recuperación que se originaría con su venta y sobre todo, el atropello al estado de derecho, del cual debe ser garante el mismo gobierno.
Ante las recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión...
El Sen. Presidente Jorge Zermeño Infante: Señor senador, le suplico concluya.
El Sen. José Antonio Bodegas: Concluimos.
...Ante las recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión tiene que llamar nuevamente a cuentas a los funcionarios involucrados, pues además de éstos amparos perdidos por el gobierno, debemos saber la situación de los otros casos. Los medios de comunicación dan cuenta de que los 27 ingenios expropiados, 2 se han desistido de la demanda contra el gobierno, 11 han pasado a manos de éste, 4 tienen que ser devueltos y que los otros 10, pueden correr la misma surte de ser perdidos.
Es necesario saber también, lo que ha ocurrido con la gestión pública de estos ingenios, pues recordemos que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría especial al fondo de empresas expropiadas del sector azucarero, en la que documentó que en el año 2002 había encontrado diversas insuficiencias en sus registros contables y en el control de los recursos fiscales transferidos y ministrados a los ingenios.
Ante este revés del Ejecutivo, que genera incertidumbre y provoca suspicacias en el sector y en toda la sociedad, se hace necesario que comparezcan ante este Poder Legislativo los señores Secretarios de Agricultura y el Titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero para que informen al Poder Legislativo de la Unión el estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de estos ingenios.
Concluyendo. Toda vez que este tema se ha venido tratando por el Senado de la República desde la LVIII Legislatura, en la que se constituyó incluso una comisión especial para los asuntos relativos a la agroindustria azucarera, nos permitimos solicitar atentamente a la mesa directiva de esta Comisión Permanente que la presente proposición con punto de acuerdo se turne a la Cámara de Senadores para que dictamine la procedencia del mismo y comparecencia solicitada.
Pasamos pues a la proposición con
"Punto de Acuerdo:
"Único.- Con motivo de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales invalidan las expropiaciones de ingenios azucareros realizados por parte del Poder Ejecutivo en el año 2001, se cita a comparecer a los señores Secretarios de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, y Titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, para que informen al Poder Legislativo de la Unión el estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de dichos ingenios"
Dejamos en poder de la mesa directiva la petición del presente punto de acuerdo.
Por su atención muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias Senador Aguilar Bodegas.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República.
Tiene la palabra el diputado Mario Zepahua Valencia para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aplique con seriedad las políticas pertinentes para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El diputado Mario Zepahua Valencia: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y compañeros Legisladores:
A más de 10 años de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica uno de los desacuerdos predominantes es el relativo a los transportistas fronterizos, debido a eventos cotidianos que producen inequidad entre los estados, sin que se logre aplicar las soluciones previstas en el concordato, dada la deficiente interpretación de la norma por parte de cada una de las naciones, colocando a este sector productivo en nuestro país en crisis.
Conforme a lo convenido con el acuerdo trilateral en materia de transporte en una primera etapa, la frontera de México con Estados Unidos se abrió a la libre circulación el 18 de diciembre de 1995. Este compromiso menciona que los camiones mexicanos de carga transitarán por California, Arizona, Nuevo México y Texas y los transportistas estadounidenses por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California.
Este intercambio, agrega el acuerdo internacional, se dará siempre y cuando el origen o destino del transporte comercial suceda fuera del territorio nacional, lo cual para México ha representado en los últimos 10 años un ingreso del 142 por ciento más en comparación a los 10 anteriores.
En una segunda etapa, el Tratado señala que a partir del 2000 los camiones de carga mexicanos y estadounidenses podrán transitar por la totalidad del territorio de ambos países; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos de América de 1999 impuso una política dilatoria para postergar el libre tránsito de camiones mexicanos por su territorio en su totalidad, argumentando que los vehículos mexicanos no cumplen con los requisitos de seguridad, todo ello motivado por actos de presión de empresas camioneras estadounidenses como Teamster (?), la Fundación Legal Ambientalista, la Asociación de Empresarios de Camiones de California y el Grupo Civil Ciudadano Público, quienes demandado ante la Corte Suprema del país vecino una orden de restricción urgente para los camioneros mexicanos.
Es importante invocar que el 17 de enero del 2003, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos determinó que su gobierno debe estudiar el impacto causado al medio ambiente con la apertura de las carreteras a transportistas mexicanos, por lo que se pospuso el permiso para conceder el ingreso de camiones mexicanos al territorio estadounidense en tanto no se realizara una declaración completa sobre el impacto ambiental producido, lo cual fue desobedecido por parte del Gobierno Federal.
Más allá de lo antes señalado, debemos ponderar que el Tratado de Libre Comercio en su capítulo del transporte, obliga a las naciones a cumplir con especificaciones hasta hoy que no han sido observadas por Estados Unidos, a lo cual el Poder Legislativo Federal no ha sido omiso o ajeno al problema.
Habida cuenta que el Senado de la República, el jueves cuatro de septiembre de 2003 aprobó un punto de acuerdo propuesto por el senador Emilio Gamboa Patrón, a través del cual se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal Mexicano a poner solución a este problema.
Por lo anterior, es de concluir que no existe solución a estos días para este conflicto, por lo que es importante hacer más esfuerzos para lograr el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en los términos que fue concebido durante su negociación en lo referente a los transportistas de carga, situación que solo se logrará con la intercesión de la cancillería, por ser la legitimada para negociar las soluciones concretas que verdaderamente beneficien a nuestro país mediante la aplicación de los procedimientos diplomáticos pertinentes que resuelvan con políticas serias la erradicación de actos discriminatorios que afectan al mercado mexicano y a los transportistas nacionales que se ven afectados en su economía solo por intereses extranjeros ajenos a esta nación.
Por ello es que invito a esta honorable Asamblea a realizar una exhortación para que el Secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Ernesto Derbéz Bautista, tome cartas en el asunto de una vez por todas y resuelva lo conducente a fin de dar por terminado este conflicto.
Por lo anteriormente expuesto, se desprende el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO.
Primero.- Se solicita se exhorte con respecto a su competencia, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbéz Bautista, a que se apliquen con seriedad las políticas pertinentes de legalidad previstas en el Tratado de Libre Comercio para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos que transiten por los Estados Unidos de América.
Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de enero del 2006.
Señor presidente, solicito de manera atenta se publique íntegro el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates.
Es cuanto señor presidente. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Zepahua.
Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo e insértese en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado, el texto íntegro.
Tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la SAGARPA rinda un informe evaluatorio de lo actuado por el Gobierno Federal en el período en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió, los beneficios generados y las medidas que en este nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera citando a comparecer al titular de la SAGARPA sobre el tema y suscrita por la diputada Estela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Cesar Raúl Ojeda Zubieta: Muchas gracias compañero presidente.
Y aunque el compañero Aguilar Bodegas tocó el tema, a mí me parece importante hacer algunas puntualizaciones. En principio, lo que va a generar esta resolución de la Corte, no solamente sobre el amparo promovido por Fomento Azucarero del Golfo, del grupo Machado, sino lo que evidentemente va confluir en que el mismo criterio se utilice para los otros amparos y en consecuencia los 27 ingenios del país seguramente bajo esta resolución, regresarán a sus dueños originales.
Esta resolución estableció que tratándose de expropiaciones debe haber garantía de audiencia previa y de ahí se llevó a la declaratoria de que quede interrumpida la jurisprudencia en sentido contrario y se establece un primer precedente, que de ser reiterado en cuatro ocasiones más, dará lugar a una nueva jurisprudencia.
Ello significó hacer válido el recurso de amparo interpuesto por este grupo y va en consecuencia la obligación del Estado de reintegrar a este mismo grupo los ingenios que les fueron expropiados en el 2001 por causa de utilidad pública.
La referencia que hacía el Estado, era en el sentido de que la agroindustria azucarera nacional atravesaba por una fuerte crisis que afectaba la salud financiera de las empresas y los ingresos de los productores cañeros, debida a la competencia desleal de la fructuosa, tanto de la que se importaba de los Estados Unidos y como de la que se producía internamente con maíz subsidiado por ese mismo país; que se habían acumulado los excedentes de azúcar por cerca de los 3 millones de toneladas métricas en el periodo 95-2001; que no podían ser colocadas en el mercado nacional ni mucho menos en el internacional, donde los precios eran inferiores a los costos de producción del azúcar en el país; que la mayoría de los ingenios eran insolventes para hacer frente a sus compromisos financieros y las instituciones de crédito ya no podían continuar prestándoles; lo que ponía en peligro los pagos de los adeudos, en particular con los productores cañeros a quienes no se les podía cubrir el costo de sus productos.
Con esos argumentos y ante lo dramático de la situación que se manifestaba en las calles, de manera cada vez más desesperada por los productores, el Estado tomó la decisión de expropiar los 27 ingenios que tenían los mayores problemas financieros, aduciendo como ya dijimos, razones de utilidad pública y la insolvencia de los ingenios.
Fue un hecho que es medida expropiatoria, sumada a la aplicación del impuesto especial del 20%, aplicado a las bebidas endulzadas con edulcorantes, distintos al azúcar, adoptada por este Congreso, se crearon condiciones favorables para el repunte de la actividad azucarera e hicieron posible el saneamiento de los ingenios y apoyar el ingreso de los productores cañeros.
Pero hoy, compañeras y compañeros legisladores, nos enteramos de que el Ejecutivo no fundamentó adecuadamente las razones de la utilidad pública de la expropiación, pues lo que se nos decía, no llevaban a la necesidad de expropiar los ingenios.
La Corte no encontró correctamente fundamentadas las razones de la utilidad pública de la expropiación de los ingenios y la revirtió, pues no consideró válido el argumento del desabasto de azúcar, habida cuenta del monto que ya comentamos era cerca de los 3 millones en el abasto, en las reservas de la producción de azúcar.
Pero además también la revirtió porque consideró que la insolvencia no era razón de la expropiación de los ingenios, ya que podían recurrir a otras fuentes para su financiamiento, sin necesidad de llegar a la expropiación.
Como se dijo, la resolución que invalida la expropiación también se basa en la nueva jurisprudencia que en esa misma sesión estableció la Corte sobre el derecho de audiencia, el cual deberá garantizar previo a la expropiación.
Y esto creo yo que es verdaderamente preocupante y aquí seguramente mis amigos doctores que hay sobre el tema, será motivo de análisis y revisión probablemente en el periodo ordinario, porque bajo esta nueva jurisprudencia se va a anteponer el bien individual al bien de la colectividad.
Hay que llamar la atención sobre el riesgo que representa anteponer el bien individual al colectivo en los casos de expropiación de utilidad pública. Pero eso será sin duda, como ya lo comentamos, motivo de una reflexión mayor.
Pero respecto a la insolvencia como razón de utilidad pública o no, queremos expresar enfáticamente, que reprobamos lo actuado por el Ejecutivo, por haber incurrido en una falla fundamental, que sin duda tendrá costos económicos para la sociedad, que es quien por la vía fiscal, tiene que pagar el error cometido.
En un marco de transparencia en la función pública y rendición de cuentas, esa falta tiene que ser reparada y sancionada; el perjuicio económico que pudiera haberse causado a la sociedad.
Los funcionarios responsables de este error deben enfrentar sus responsabilidades y en el Congreso debemos actuar en consecuencia para resguardar el patrimonio de la sociedad.
Para clarificar la magnitud del daño, compañeras y compañeros legisladores, me permito presentar a su consideración la aprobación del siguiente
"Punto de Acuerdo
"Primero.- Se solicita al titular de la SAGARPA, que a la brevedad rinda un informe evaluatorio de lo actuado por el gobierno federal en el periodo en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió con tal medida, los beneficios generados y las medidas que en el nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera.
"Segundo.- Se cita a comparecer al titular de la SAGARPA, para que analice ante esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, los fundamentos jurídicos en que esa dependencia basó la expropiación de los ingenios y las razones por las que fueron invalidados por la Corte, así como las implicaciones que de ello se derivan".
Por su atención, muchas gracias compañeros.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias senador Ojeda.
En virtud de que el asunto es similar al presentado por el senador Aguilar Bodegas, túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República.
Esta Presidencia recibió proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que rinda un informe acerca del manejo de los recursos públicos destinados a la Fundación "Vamos México", suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Se recibió proposición con Punto de Acuerdo para que el Presidente de la República informe a esta representación nacional, los planes y proyectos requeridos para la rápida recuperación de la industria petrolera nacional, que le fueron solicitados el pasado 13 de octubre de 2005, suscrita por los diputados Francisco Rojas Gutiérrez y Víctor Alcérreca Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra la diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, para presentar proposición con Punto de Acuerdo para solicitar la intervención del Ejecutivo Federal, a través de la SAGARPA, SEMARNAT y la Secretaría de la Función Pública, en el conflicto que vive la comunidad pesquera del Puerto San Carlos, en el municipio de Comondú, en el estado de Baja California Sur, en relación con la nueva pesquería denominada "Almeja generosa" y suscrita por la diputada Estela Ponce Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Con el permiso de la Mesa Directiva.
"Compañeras y compañeros Legisladores: A nombre de la diputada Estela Ponce Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea Permanente, la proposición con Punto de Acuerdo como de urgente resolución, bajo el tenor de la siguiente:
"Exposición de Motivos
"El Estado de Baja California Sur, con más de 2 mil 200 kilómetros de litoral, posee una gran riqueza pesquera y de especies marinas susceptibles de ser explotadas. En sus costas se encuentran recursos marinos de alto valor comercial y es frecuente el hallazgo de nuevas pesquerías.
"En el caso de una nueva pesquería denominada Almeja generosa, cuya explotación ha originado un conflicto grave entre las organizaciones de pescadores de la comunidad del Puerto de San Carlos, en el municipio de Comondú, este conflicto ya amenaza con desbordarse y alcanzar un nivel de consecuencias lamentables para la comunidad pesquera del Puerto de San Carlos.
"Algunos de los antecedentes son los siguientes.
"Por normatividad, siempre que existe el descubrimiento de una nueva pesquería, es competencia del Subcomité de Pesca y Recursos Marinos, que lo integran el presidente del municipio de que se trate, el delegado de SAGARPA y SEMARNAT, la representación de los pescadores a través de sus organizaciones y la unidad científica representada por el Centro Regional de Investigación Pesquera, CRIP; el encargado de determinar las acciones a seguir, incluyendo la supervisión de los trabajos técnicos que soporten la existencia y el estado del recurso, su rendimiento máximo sostenible, así como la posibilidad de ser explotado.
"De acuerdo a la información que se pudo recabar en esa comunidad pesquera, la reunión del Subcomité no se llevó a cabo para determinar las características de la Almeja generosa, al parecer la información se manejó de manera soterrada y poco transparente, sólo con el conocimiento de algunos dirigentes de cooperativas y la subdelegación de SAGARPA. Incluso, el Proyecto de Prospección y Evaluación cuyo costo se estimó en 550 mil pesos, no fueron enterados la mayoría de los pescadores.
Es norma que cuando se descubre un nuevo producto, este costo se prorratea entre todos los pescadores que deseen participar en la explotación del recurso. Para el caso de la Almeja generosa no fue así y sólo los informados de la nueva pesquería participaron en el proyecto.
Todo esto fue avalado por la autoridad de SAGARPA a través del delegado, el CRIP, quien ratificó el dictamen del proyecto y fijó una cuota de explotación de 180 mil organismos y la CONAPESCA que dio sólo 25 permisos para los más de 113 unidades económica, incluyendo cooperativas, permisionarios y pescadores independientes.
La razón de la exclusión fue porque no participaron para cubrir el costo del proyecto de prospección y evaluación. Esto ha motivado molestia entre la mayoría de los pescadores del Puerto de San Carlos, donde 43 unidades económicas de las 113 que existen, han alzado la voz protestando por esta situación, reclamando su participación en la explotación de la almeja.
Por su parte, los que supuestamente participaron en el proyecto se niegan a ceder en este sentido. Se comenta la comunidad que el costo del proyecto fue financiado por dos empresarios japoneses, mismos a los que se les está vendiendo la almeja.
Es por ello, que ante la gravedad del conflicto se tomó la determinación de suspender la explotación. No obstante las 180 mil almejas que se fijaron como cuota de explotación, quedan poco más de 37 mil, cantidad de los pescadores inconformes demandan se les sea asignada para ser aprovechada por ellos.
Ante lo delicado de este conflicto en el puerto de San Carlos, es que acudo a esta Honorable asamblea permanente para solicitar el siguiente:
Punto de Acuerdo
1. Se reúna de manera inmediata el Subcomité de Pesca y Recursos Marinos en el Municipio de Comodú, incluyendo la representación del grupo de pescadores inconformes, a fin que sea a través de ella que se atienda la demanda de los pescadores en torno a los 37 mil organismos que quedan por explotarse.
2). Que el Subcomité de Pesca y Recursos Marinos retome el asunto de la Almeja generosa, a fin de determinar lo necesario para transparentar la información referente a la explotación de este recurso en los próximos años, incluyendo un nuevo proyecto de prospección y evaluación, cuyo costo se propone sea cubierto por la SAGARPA y la SEMARNAT, toda vez que se trata de una nueva pesquería con un alto valor comercial en esa región. Asimismo, que este proyecto se considere la opinión del SINNOR y SISIMAR, Instituto de Investigación Pesquera de Prestigio Nacional con sede en Baja California Sur.
3). Exhortar a la autoridad federal para que a través de la SAGARPA, la SEMARNAT, con opinión de la Secretaría de la Función Pública, se realice una auditoría administrativa sobre este asunto, para deslindar responsabilidades y despejar toda sospecha en relación a la explotación de la Almeja generosa en el puerto de San Carlos, Baja California Sur.
Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, con fundamento en el artículo 59 de nuestro Reglamento, someta a consideración de este Pleno si este Punto de Acuerdo es de considerarse de urgente resolución. Asimismo, sea insertado el texto íntegro del Punto de Acuerdo en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias diputada Aracelly Ortega.
Consulte la Secretaría a la asamblea si este asunto se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la asamblea con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Las y los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo. (Votación)
Aprobado por la mayoría, Presidente
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Se considera de urgente resolución.
Está a discusión.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica pregunte la Secretaría si se aprueba el Punto de Acuerdo.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Las y los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (Votación)
Las y los legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo. (Votación)
Aprobado por la mayoría, señor Presidente.
El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias Secretaria.
Aprobada, comuníquese.
Tiene la palabra la diputada Rebeca Godínez Bravo, para presentar proposición con Punto de Acuerdo, para exhortar al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, otorgue mediante la incorporación en la Resolución Miscelánea Fiscal para el año 2006, una prórroga al 31 de diciembre de 2006 para la aplicación en lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 3ª del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, suscrita por la diputada Diva Adamira Gastélum, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En virtud de no estar presente la diputada, túrnese a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar a los Gobiernos y Congresos locales de los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, para consultar a la brevedad con una regulación en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Túrnese a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el diputado Iván García Solís para presentar proposición con punto de acuerdo, para que en el ámbito de su competencia, la Secretaría de Educación Pública investigue a fondo la falsificación de títulos y certificados profesionales de estudios y refuerce las medidas para evitar la emisión de documentos apócrifos, suscrita por el diputado Inti Muñoz Santini, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En virtud de no estar presente el diputado, túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el diputado Jorge Legorreta Ordorica, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar proposición con punto de acuerdo para que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales intervenga y en su caso sancione, a los presuntos responsables por la afectación que se está realizando en el Lago Valle de Bravo por una construcción en el conjunto residencial "Sotavento", dentro de la zona federal.
En virtud de no estar presente el diputado, túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
Esta Presidencia recibió proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República, para crear una fiscalía especial de atención a delitos cometidos contra periodistas, a cargo de la diputada Sheyla Fabiola Aragón Cortés, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Túrnese a la Primera Comisión de Trabajo.
Tiene la palabra el senador Rafael Melgoza Radillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a fin de presentar proposición con punto de acuerdo en relación al operativo de revisión en el Aeropuerto de la Ciudad de México.
Túrnese a la Primera Comisión de la Comisión Permanente.
Tiene la palabra la diputada Sofía Castro Ríos, para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular de la SAGARPA, aplique políticas públicas gubernamentales que tengan por objeto capacitar a nuestros productores mexicanos, a fin de que sean aptos para soportar la transformación del campo ante la aplicación del Tratado de Libre Comercio y suscrita por la diputada Silvia Asunción Domínguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Sofía Castro Ríos: Buenas tardes. Con su venia Presidente.
A nombre de la senadora Silvia Asunción Domínguez López recurro a esta soberanía, a fin de presentar este punto de acuerdo.
Históricamente la agricultura ha sido el sector más desprotegido del país, hoy las expectativas no son muchas. En el mes de enero del 2003 el Tratado de Libre Comercio eliminó casi todos los impuestos sobre productos agrícolas entre los países que integran el Tratado de Libre Comercio, confrontando a los agricultores mexicanos con una competencia desenfrenada y desleal, para la cual están pobremente preparados. Por lo anterior, el Gobierno Mexicano se ha tardado en entrar en acción para defender al desesperado sector agrícola. El Presidente Fox, públicamente se declara del lado de los campesinos, pero su reputación por favorecer consistentemente las inversiones extranjeras, cuestiona su sinceridad.
La marginación, la falta de tecnología, apoyo directo y el olvido, son algunos de los problemas que contribuyen a que la situación sea alarmante. Datos de la Presidencia de la República, afirman que la inversión histórica para el campo es de más 120 mil millones de pesos de manera integral y si bien es cierto que nunca se había invertido dicha cantidad al sector, aún no es suficiente.
Las perspectivas de lograr un crecimiento económico sostenido y niveles de vida más altos, descansan en gran medida en la capacidad de exportar más productos agrícolas a mercados mundiales de alta competitividad y de aumentar la productividad del campo; pero la capacidad de la región para incrementar sus exportaciones sigue topando con serios obstáculos estructurales, que se levantan más allá de sus costos, específicamente la carencia de apoyos en esta actividad.
Según estimaciones en un futuro, de los 5 millones de familias rurales, sólo una vivirá en la agricultura en México, por lo que la situación del campo está a punto de la quiebra. Además, aunado a lo anterior es importante resaltar que en la actualidad el 81% de la población rural vive en miseria; dos de cada tres mexicanos viven en pobreza extrema, están en el campo y en 2008 que inicia la apertura arancelaria podría aplicar en una crisis social histórica, deteriorando totalmente el campo.
En consecuencia la pobreza rural, es resultado del desarrollo inequitativo que se ha dado en el campo mexicano, pero al mismo tiempo constituye una severa restricción para las posibilidades de expansión de los productos; ha agotado el crecimiento extensivo de la producción agrícola y con la necesidad de competir en los mercados externos, el único camino viable para la agricultura mexicana, es aumentar la productividad mediante el uso intensivo de tecnología y decisiones de producción que realmente encadenen el sistema producto, factores sustantivos en una política gubernamental que pese no sólo por los subsidios, sino por la capacitación de los productores y que además genere los mínimos de bienestar indispensables entre la población campesina y que permitan soportar la transformación del campo y radicar la pobreza extrema en este sector.
El Poder Legislativo Federal como órgano representativo de la sociedad y las instituciones nacionales, está facultado para cooperar en la coordinación y desarrollo del esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, la inequidad y el desequilibrio social. Esta realidad requiere de un esfuerzo compartido que permita desplegar las enormes potenciales de este país.
En efecto, México se caracteriza por poseer un cúmulo humano y material de capacidad, pero desafortunadamente a su vez existen carencias, deficiencias, incongruencias, que requieren poner en marcha políticas viables y aplicables en la actualidad, que se sean integrales en los aspectos económico y social.
Es importante pues destacar, que en algunos estados las condiciones de atraso y marginación han sido la causa de conflictos sociales y políticos, cuya solución se encuentra sujeta a la voluntad y a la autoridad pública para abatir el origen de los problemas. Sin duda los grandes retos que enfrenta esta actividad, exigen corresponsabilidad para alcanzar el bienestar y el porvenir de millones de mexicanos. En este sentido, resulta imprescindible crear los instrumentos técnicos-jurídicos necesarios para impulsar a esta actividad primaria frente a un gran reto, que es la apertura comercial.
En este orden de ideas, el Banco Mundial autorizó un crédito de 100 millones de dólares al gobierno mexicano para invertirlos en el campo. De ellos, este año se ejercerán 25 millones de dólares, los mismos aunados al presupuesto destinado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les permitiría crear los medios técnicos-jurídicos necesarios para impulsar a la agricultura mexicano y lograr mayor equidad entre los países miembros del TLC.
Compañeras y compañeros legisladores, no olvidemos que los campesinos mexicanos representan la nueva fuerza del campo, la innovación y renovación de la capacidad y el compromiso, la muestra del éxito de crear proyectos productivos, sustentables que mejoren la calidad de vida.
En consecuencia, solicito la aprobación de este punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el licenciado Francisco Mayorga Castañeda, a que aplique políticas públicas gubernamentales que generen la competitividad basada en apoyos directos técnicos financieros y que nos lleven no solo a la especialización y la alta productividad, sino también a una estructura fortalecida para la transformación del campo.
Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Como lo ha solicitado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se considera de urgente resolución la proposición.
Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los ciudadanos legisladores y legisladoras que estén por la negativa, favor de expresarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión la proposición.
No habiendo oradores, el asunto está suficientemente discutido.
Consulte la Secretaría a la asamblea si se aprueba la proposición.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los legisladores y legisladoras que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
Los legisladores y legisladoras que estén por la negativa, favor de manifestarlo. (Votación)
Mayoría por la afirmativa Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Aprobado. Comuníquese.
Esta Presidencia recibió comunicación del diputado Alfonso Nava Díaz, por la que solicita modificación al trámite dictado a la iniciativa que crea la Ley del Parque Vehicular en México presentada el 11 de enero del año en curso.
En virtud de que se trata de una solicitud formulada por el propio promovente, se modifica el trámite y se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores.
En virtud de que ha transcurrido el tiempo acordado para celebrar esta sesión, ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Secretaria diputada Blanca Amelia Gámez Gutiérrez: (Da lectura al orden del día de la próxima sesión)
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Muchas gracias, señora Diputada.
(A las 15:20 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 25 de enero, a las 11:00 horas.