SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII
LEGISLATURA,
DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2000.
ORDEN DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2000. |
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APERTURA | |
Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
COMUNICACIONES | |
De los Congresos de los estados de : Baja California, Guerrero, Morelos, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas. | |
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
De reformas a la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del partido Acción Nacional (en materia de psicotrópicos). (Turno a Comisión) | |
De reformas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (en materia de psicotrópicos) (Turno a Comisión) | |
De reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre producción y Servicios, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologísta de México. (Turno a Comisión) | |
De reformas a la Ley de Coordinación Fiscal , a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologísta de México. (Turno a Comisión) | |
De Ley de Amnistía Nacional, a cargo del diputado Jaime Larrazabal Bretón. (Turno a Comisión) | |
DICTÁMENES | |
De la Comisión de Reglamentos y prácticas parlamentarias con Punto de Acuerdo para que la H. Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje a los atletas olímpicos y a los atletas papalímpicos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paralímpicos celebrados en la ciudad de Sidney, Australia, en el año 2000. (Publicaso en la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre, discusión y votación) | |
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley que Crea el Fondo de Apoyo a los Ahorradores Afectados por las Cajas de Ahorro. (Dispensa de trámites) | |
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. | |
PROPOSICIONES | |
Con Punto de Acuerdo sobre la integración complementaria de las Comisiones de la H. Cámara de Diputados, publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 1° de diciembre, a cargo del Partido de la Sociedad nacionalista. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo sobre el Ejercicio Fiscal del Presupuesto de Egresos del año 2000, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ( Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo sobre el incremento en el Ramo 33 (Programa de Combate a la Pobreza), en el estado de Baja California Sur, a cargo de la dip. Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del trabajo. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo para formular y ejecutar el Programa Integral de Desarrollo de la Sierra Norte de Puebla, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo sobre el "Puente Internacional Zaragoza-Ysleta" que cominica las poblaciones fronterizas de Zaragoza, Chihuahua, Estados Unidos mexicanos, e Ysleta, Texas, EUA, a cargo del dip. José Carlos Borunda Zaragoza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, pesca y Alimentación, la limitación a la importación de alimentos transgénico, a cargo del dip. José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo para solicitar que se reactive la entrega de la Medalla al Mérito Cívico " Eduardo Neri" a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de Acuerdo sobre pensionados ferrocarrileros, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión) | |
Con Punto de
Acuerdo sobre el apoyo a la comercialización de granos básicos en el estado de
Baja California Sur a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo ( Turno a Comisión) |
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Con Punto de Acuerdo para que atiendan las demandas de los trabajadores al servicio del Estado a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática . (Turno a Comisión) | |
EXCITATIVAS | |
A la Comisión de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologísta de México. ( Turno a Comisión) | |
A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y derechos Humanos, a cargo del dip. Auldárico Hernández Gerónimo, del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. ( Turno a Comisión) | |
A las Comisiones de Salud y de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del grupo parlamentario del Partido del trabajo. ( Turno a Comisión) | |
A las Comisiones de Hacienda y Crédito público y de Comercio y Fomento Industrial, a cargo del dip. Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática. ( Turno a Comisión) | |
AGENDA POLÍTICA | |
Comentarios sobre la integración del Gabinete del Presidente Vicente Fox Quesada, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. | |
Comentarios sobre las políticas de gobierno en el estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. | |
Comentarios en relación al Estado de derecho del país, escencialmente en el estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. | |
Comentarios, sobre la situación salarial de los Servidores Públicos Federales, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. | |
CLAUSURA |
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2000.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Ruego a
la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN
MILAN: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 286 ciudadanos
diputados.
EL C. PRESIDENTE: Hay quórum
(10:41 horas) Se abre la sesión
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA ORDEN DEL DIA, INSÉRTESE
PRIMER PERIODOORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
De los Congresos de los Estados de: Baja California, Guerrero, Morelos,
Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
INICIATIVA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL SEGUNDA
LEGISLATURA.
De reformas a diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal
y se acompaña voto particular del C. Dip. Marco A. Michel. (Turno a Comisión).
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a la Ley General de Salud, a cargo del 6rupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. ( en materia de Psicotropicos). (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno
a Comisión).
De reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (Turno a Comisión).
De Ley de Amnistía Nacional, a cargo del Dip. Jaime Larrazabal
Bretón, Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
Comisión).
DICTAMENES
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con Puntos
de Acuerdo para que la H. Cámara de Diputados celebre una Sesión para rendir homenaje a
los atletas olímpicos y a los atletas paraolímpicos que participaron en los ~OCVII
Juegos Olímpicos y XI Juegos Paraolímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia
en el año 2000. (Publicado en la Gaceta Parlamentaria del 15 de diciembre, discusión y
votación).
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto
por el que se expide la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores y se adiciona el Artículo 51B, de la Ley General de Organizaciones y
Actividades Auxiliares del Crédito. (dispensa de trámites).
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo sobre la integración complementaria de las
Comisiones de la H. Cámara de Diputados, Publicada en la Gaceta Parlamentaria del día
10. de diciembre, a cargo del Partido de la Sociedad Nacionalista. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el Ejercicio Fiscal del Presupuesto de
Egresos del año 2000, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el Incremento en el ramo 33 (programa de
combate a la pobreza), en el Estado de Baja California Sur, a cargo de la Dip. Rosa Delia
Cota Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para formular y ejecutar el Programa Integral de
Desarrollo de la Sierra Norte de Puebla, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre pensionados ferrocarrileros, a cargo del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la
lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a
los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su
votación.
EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta
a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en
consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los
grupos parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a su votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo
(VOTACION)
Se dispensa la lectura
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION,
CELEBRADA EL JUEVES CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados
Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta minutos del jueves catorce de diciembre de
dos mil, con la asistencia de trescientos un diputados, el Presidente declara abierta la
sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos,
en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Guerrero, con acuerdo relativo a la práctica de una auditoría a la
Secretaría de Educación Guerrero. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la
Contaduría Mayor de Hacienda.
Guerrero, con acuerdo para solicitar que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación para el año dos mil uno, se considere un incremento en la partida
destinada al sector educativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Guerrero, con acuerdo por el que se pronuncia a favor de la Iniciativa
del Sur, presentada por los senadores de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, y
porque en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil
uno, se incluya un fondo especial para el desarrollo de los estados del sur del país. Se
turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Puebla, con acuerdo por el que solicita un aumento al Fondo General de
Participaciones y se reforme la Ley de Coordinación Fiscal. Se turna a las comisiones de
Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Sonora, con acuerdo por el que se pronuncia para que en el Presupuesto
de Egresos de la Federación de dos mil uno, se incrementen los recursos en materia
educativa, y particularmente para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
estado. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Yucatán, con la que informa de actividades propias de su legislatura.
De enterado.
Comunicación de la Comisión de Equidad y Género por la que solicita
que sea la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública la que dictamine de manera
exclusiva la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo quinto de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales. Como se solicita el dictamen respectivo deberá ser
presentado únicamente por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Comunicación de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, por la
que solicita que la minuta enviada por el Senado, con proyecto de Ley de Fiscalización
Superior de la Federación, sea dictaminada únicamente por la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública. Como se solicita, el dictamen respectivo deberá ser presentado
únicamente por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México, que
reforma el art1culo dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución
Democrática, que reforma el artículo tercero de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con
proyecto de decreto que reforma el artículo quinto de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa en votación económica la segunda lectura. A
discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados:
Bernardo Borbón Vilches, del Partido Acción Nacional; y José César Nava Vázquez, del
mismo partido, quien presenta una propuesta de modificación al artículo transitorio del
artículo único del proyecto de decreto.
La Asamblea aprueba, en votación económica, la propuesta del diputado
José César Nava Vázquez.
Para recoger la votación nominal respectiva a las once horas con
veintiún minutos, se ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia, con el
registro de cuatrocientos dieciocho diputados.
Se aprueba el proyecto de decreto, con la modificación al artículo
transitorio, por trescientos setenta y cinco votos en pro y dos votos en contra. Pasa al
Senado para los efectos constitucionales.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
Alejandro Gómez Olvera, del Partido de la Revolución Democrática,
sobre el fortalecimiento del federalismo fiscal y las haciendas municipales. Se turna a
las comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Hablan sobre el mismo asunto, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar,
del Partido del Trabajo; y Heriberto Huicochea Vázquez, del Partido Revolucionario
Institucional.
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo, para la Mesa de la
Democracia en el Estado de Nayarit. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Altredo Ochoa Toledo, del Partido Revolucionario Institucional, sobre
el uso de los Símbolos Patrios.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Habla sobre el mismo tema el diputado Félix Salgado Macedonio, del
Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
Para rectificar hechos, suben a la tribuna los diputados: Manuel de
Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional; y David Augusto Sotelo Rosas, del
Partido de la Revolución Democrática.
Para complementar el trámite, se da lectura al artículo treinta y
cuatro, numeral uno, inciso b), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, y el Presidente turna también la proposición con punto de acuerdo a la
Junta de Coordinación Política.
César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario
Institucional, en relación con el trámite dado a la iniciativa de reformas
constitucionales en materia de los pueblos indios, presentada por el diputado Juan Nicasio
Guerra Ochoa el veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete.
Para rectificar hechos, se concede la palabra a los diputados: Jaime
Cleofas Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional; Alejandro Zapata
Perogordo, del Partido Acción Nacional; José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo;
Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; César Augusto Santiago
Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Amador Rodríguez Lozano, del mismo
partido, quien acepta interpelación del diputado Alejandro Zapata Perogordo y, desde su
curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, solicita moción de orden, que el
Presidente atiende.
Continúan rectificando hechos o contestando alusiones personales, los
diputados: Fernando Pérez Noriega, del Partido Acción Nacional, quien acepta sendas
interpelaciones de los diputados César Augusto Santiago Ramírez y Amador Rodríguez
Lozano; y César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera el tema suficientemente discutido.
La Secretaría da lectura a la proposición del diputado César Augusto
Santiago Ramírez y al artículo cuarenta, numeral dos, incisos b) y c) de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y el Presidente la turna a
la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para que oriente a la Mesa
Directiva sobre el trámite que debe recaer a la iniciativa planteada.
La Asamblea autoriza que se modifique el orden del día, y se concede
el uso de la palabra al diputado Luis Alberto Pazos de la Torre, del Partido Acción
Nacional, quien presenta un informe a nombre de la comisión pluripartidista encargada de
atender las demandas de un grupo de maestros.
Para hechos, hablan los diputados: Pedro Miguel Rosaldo Salazar y
Miguel Bortolini Castillo, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Rubén Benjamín Félix Hays, del Partido Revolucionario Institucional,
sobre el presupuesto no ejercido por el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul.
Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública, y de
Vivienda.
Para rectificar hechos, habla el diputado José Banales Castro, del
Partido Acción Nacional, quien presenta propuestas al respecto. Se turna su intervención
a las comisiones citadas.
Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario
Institucional, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil uno,
se destinen recursos para brindar apoyo a la comercialización de la cebada y darle un
valor agregado a la malta.
Para referirse al mismo asunto, habla el diputado José María Anaya
Ochoa, del Partido Acción Nacional.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
Se turna la proposición y la intervención del diputado Anaya Ochoa a
las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Adela del Carmen Granel Campos, del Partido de la Revolución
Democrática, sobre la producción y comercialización del cacao.
Hablan sobre el mismo tema los diputados: Carlos Raymundo Toledo, del
Partido Acción Nacional; y Feliciano Calzada Padrón, del Partido Revolucionario
Institucional.
Para rectificar hechos, sube a la tribuna el diputado José Ramón Soto
Reséndiz, del Partido Acción Nacional.
Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial; Agricultura
y Ganadería, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Martha Angélica Bernardino Rojas, del Partido de la Revolución
Democrática, en relación con el Censo General de Población y Vivienda dos mil,
realizado por Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el
municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.
Para rectificar hechos, hablan los diputado Ulises Ramírez Núñez,
del Partido Acción Nacional, quien solicita una excitativa a la Comisión de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios, con relación a un punto de acuerdo presentado el cinco
de octubre de dos mil, que el Presidente hace; y Antonio Silva Beltrán Reyes, del Partido
Revolucionario Institucional.
Se da cuenta con un oficio de la Comisión de Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios, relativo a la propuesta con punto de acuerdo del diputado Ulises
Ramírez Núñez, del cinco de octubre de dos mil.
Se da lectura a la proposición de la diputada Martha Angélica
Bernardino Rojas, y se turna a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos
Migratorios.
El Presidente solicita al grupo de diputados que atiende la relación
con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, permanezca como
grupo de trabajo para darle seguimiento a la propuesta con punto de acuerdo, y exhorta al
Presidente Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl a levantar su huelga de hambre.
Con base en el acuerdo parlamentario que regula la duración de las
sesiones, la Secretaría da lectura a los asuntos pendientes de esta sesión, y al orden
del día de la próxima sesión, y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con
tres minutos7 citando para la que tendrá lugar el martes diecinueve de diciembre de dos
mil, a las diez horas.
EL C. PRESIDENTE: Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.
EL MISMO C. SECRETARIO: Está a discusión el acta. No habiendo quien
haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo
(VOTACION)
La mayoría por la afirmativa, Señor Presidente.
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EL C. PRESIDENTE: Pasamos ahora al punto de comunicaciones.
Ruego a la Secretaría dar cuenta de las mismas.
EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2000, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA COMUNICACION DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA RELATIVO AL SECTOR
AGROPECUARIO, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, RELATIVA AL
PROGRAMA RURAL DE ABASTO, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y Presupuesto y Cuenta Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO RELATIVA A LAS
CAJAS POPULARES, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
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LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RELATIVA AL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RELATIVA A
LA SOLICITUD DE FONDO ESPECIAL PARA MUNICIPIOS CON ULTRACRECIMIENTO, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
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LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
RELATIVA A LA ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
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LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA COMUNICACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI,
RELATIVA A LA ELECCION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
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APENDICE No. 9
LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA DOS OFICIOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA, RELATIVAS A LA
APERTURA DEL PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES Y A LA ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA Y LA
CLAUSURA, INSÉRTENSE.
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
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LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA COMUNICACION DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y
Asuntos Migratorios.
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LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA A INICIATIVA RELATIVA A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO
FEDERAL, SEGUNDA LEGISLATURA, INSÉRTESE.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: La iniciativa
remitida a esta honorable Cámara de Diputados por la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito Federal.
Gracias, señora Secretaria.
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Pasamos ahora al punto de la orden del día relativo a la presentación
de iniciativas de ciudadanos Diputados.
Para presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Salud en
Materia de psicotrópicos, se concede el uso de la palabra al Diputado Juan Alcocer
Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
No estando presente en el salón, se pasa para el final del punto de
iniciativa.
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En consecuencia, se concede el uso de la
palabra para presentar iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta al
Diputado Gregorio Urias Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Tiene el uso de la palabra el Diputado Gregorio Urias Germán para
presentar iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN [PRD]: Muchas gracias, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
Por parte de nuestro grupo parlamentario, del Partido de la Revolución
Democrática, hemos estado analizando y discutiendo todos estos días el tema del paquete
económico enviado por el Ejecutivo, y consideramos inevitablemente que nuestra posición
y nuestras propuestas de reformas, adiciones, tienen que considerar ineludiblemente la
nueva etapa que vive el país.
A partir de los resultados electorales del 2 de julio la mayoría de
los mexicanos votaron realmente por un cambio, para mejorar sus condiciones económicas de
vida, para mejorar sus condiciones sociales, para mejorar las relaciones políticas
democráticas de la sociedad con el Estado.
Los funcionarios del Ejecutivo y los funcionarios del Poder
Legislativo, que fuimos electos en ese proceso del día 2 de julio, tenemos sin duda una
responsabilidad objetiva con nuestros electores y estamos obligados a responderles, a
cumplirles, en lo que en estos próximos días aprobemos en esta Cámara de Diputados y en
el Poder Legislativo.
Por supuesto que tenemos que hacerlo con responsabilidad, en atención
a las condiciones económicas y sociales que vive nuestro país, a la viabilidad y a las
posibilidades reales con que contamos. Sin embargo, lo que no tenemos derecho a hacer: es
a tomar resoluciones en materia de política económica, en lo que a la Ley de Ingresos y
al Presupuesto de Egresos se refiere, si no valoramos justa y equitativamente el conjunto
de sectores y de grupos sociales que conforman nuestra nación mexicana, tenemos que hacer
una propuesta justa y equilibrada.
Sin duda que en los sexenios anteriores se legisló y se tomaron un
conjunto de resoluciones que significaron profundas transformaciones estructurales,
económicas, sociales, políticas, desde este Poder Legislativo y desde esta Cámara de
Diputados. Trajo consecuencias económicas, fundamentalmente se atendió la necesidad del
desarrollo de la economía mexicana, de la productividad, del crecimiento, de la
atracción de la in versión privada externa, desarrollar la competitividad. Y hubo muchos
costos y hay aún muchas secuencias. Hubo también trances sumamente dramáticos, como el
de diciembre de 1994.
Lo que no podría negar hoy un sector importante de la sociedad
mexicana, los grandes empresarios nacionales y extranjeros que tienen sus empresas en
México y que están integrados en "holdings", es que el Estado Mexicano hoy
requiere de más recursos, de incrementar su capacidad recaudatoria para cumplir con sus
necesidades sociales y sería yo más preciso, para poder responder a la nueva etapa de
cambio de transición que vive el país, a las nuevas exigencias y demandas y compromisos
y promesas que se hicieron en la campaña electoral previo al día 2 de julio por todos
nosotros y fundamentalmente por quien ahora es responsable del Poder Ejecutivo.
Estas grandes empresas deberían no entrar en una discusión
desgastante, en una confrontación con nosotros como Cámara de Diputados o como Poder
Legislativo deberían de buscar el acuerdo, el consenso y la negociación por el bien del
país, para que podamos continuar las transformaciones en México en un clima de
estabilidad, de paz y de gobernabilidad. Deberían de hacer ellos hoy una aportación para
lo que México está exigiendo.
Creo que en el conjunto de políticas que se han implementado y que se
han legislado desde este Poder Legislativo, han sido beneficiados o por lo menos han sido
atendidas sus posiciones, sus propuestas, sus exigencias, ha habido un conjunto de
concesiones, pero que ha llegado la hora, ha llegado el momento, el país los necesita y
esperemos contar con su cooperación para incrementar a través de reformas a la Ley de
Ingresos, incrementar la capacidad de recaudación y el monto de recursos con que
contemos, para que a la hora de discutir y dictaminar el Presupuesto de Egresos podamos
todos los grupos parlamentarios consensarlo y llevar soluciones lo mejor y lo mayor
posible a la gran cantidad de demandas que tenemos de parte de todos los mexicanos.
"Iniciativa para derogar el Capítulo IV y reformar el artículo
119A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
"Cámara de Diputados del H, Congreso de la Unión.
"Los diputados miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentan la siguiente iniciativa para derogar el Capítulo IV,
artículo 57A hasta el 57P de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como para modificar
el artículo ll9A del mismo ordenamiento.
" Exposici6n de Motivos
"La debilidad estructural de los ingresos públicos quedó de
manifiesto a raíz de la ...
LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE.
Al finalizar la lectura de la iniciativa, agregó:
Señor Secretario, hago entrega de esta iniciativa de reforma a la Ley
del Impuesto Sobre la Renta.
Muchas gracias, señor Presidente.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias
diputado Urias Germán. La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de
Hacienda y Crédito Público.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se concede el uso de la palabra para
presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y
Servicios, al diputado Antonio Arevalo González, del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México,
EL C. DIP. JOSE ANTONIO AREVALO GONZAUEZ (PVEM): Con su permiso, señor
Presidente.
" Diputados y Diputadas: Los riesgos por el consumo de productos
que deterioran nuestro organismo han sido ampliamente subestimados por el público e
incluso por muchas de las autoridades responsables de la protección y promoci6n de la
salud pública.
" Hasta hoy muchos de los productos nocivos para la salud han
quedado sin regulación expresa, permitiendo su promoción y venta indiscriminada, sin
importar los graves trastornos que causan en la salud, sobre todo si su consumo es
reiterado.
" El tabaco y sus derivados forman parte de estos productos. Su
aceptación como parte de las costumbres de muchas sociedades, así como la incidencia que
tiene su producción en la generación de recursos sociales y económicos de los países,
han impedido que se pongan en marcha acciones más severas para controlar y ,..
LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE
EL C. P.RESIDENTE: Muchas gracias diputado don Antonio Arévalo
González.
La Iniciativa que usted ha presentado a nombre del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito
Público.
Se concede, después de solicitar a las compañeras y compañeros
Diputados poner un poco de su parte de atención y silencio para escuchar las iniciativas
que están presentando los señores Diputados, se concede el uso de la palabra para
presentar Iniciativa de Reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, al diputado Francisco
Agundis Arias, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
EL DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS (P.V.E.M.): Con su permiso señor
Presidente, compañeras y compañeros Diputados.
La descentralización fiscal que vivió México iniciada a finales de
los años 70 y profundizada en los últimos 15 años, en un ambiente macroeconómico,
ciertamente adverso y lleno de agravios.....
LEYO INICIATIVA COMPLETA
EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado Francisco Agundis Arias. La
Iniciativa que usted ha presentado a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México se inscribe íntegra en el Diario de los Debates y se turna a la
Comisión de Hacienda y Crédito Público,
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Para presentar una Iniciativa de Ley de
Amnistía nacional se concede el uso de la palabra al Diputado Jaime Larrazábal Bretón,
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JAIME LARRAZABAL BRETON (P.R.I.): Gracias Ciudadano
Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable
Cámara de Diputados, Ciudadanas Diputadas y Diputados, señoras y señores. Hoy hablare
en esta tribuna, no con mi voz, sino con la voz de aquellos que para ser escuchados
decidieron, tomar una vía distinta a la institucional......
LEYO INICIATIVA COMPLETA.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias. Diputado Jaime Larrazábal Bretón.
La Iniciativa que ha presentado a nombre de la Fracción Oaxacaqueña del Partido
Revolucionario Institucional, se turna a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos, de
Gobernación y Seguridad Pública.
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EL C. PRESIDENTE: Compañeras y compañeros Diputados, sí me permiten
un minuto de su atención.
Esta Presidencia quiere expresar a nombre de todas las señoras y
señores Diputados, sus condolencias y la solidaridad del compañero don Fernando Ortiz
Arana por el sensible fallecimiento de su señora madre doña Virginia Arana Mora y
expresarle su respeto, su afecto y solidaridad guardando en memoria de su señora madre y
como solidaridad con usted un minuto de silencio.
SE GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO
Descanse en paz, un abrazo don Fernando.
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Voy a solicitar a todas las señoras y señores Diputados que no hayan
marcado su asistencia lo hagan en este momento, voy a solicitar a la Secretaría dé
cuenta de la asistencia y que ordene cerrar el registro de asistencia.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN: Se informa a la
Presidencia que hasta este momento el sistema electrónico registra la asistencia de 471
ciudadanos diputados.
EL C. PRESIDENTE: Ciérrese el registro de asistencia.
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EL PRESIDENTE: Había quedado pendiente para
el final del punto de iniciativas la presentación de una iniciativas de reformas a la Ley
General de Salud en materia de psicotrópicos a cargo del diputado Juan Alcocer Flores,
del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien se le concede en este
momento el uso de la palabra.
EL DIP. JUAN ALCOCER FLORES: Con su venia señor Presidente.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos....
LEYO INSÉRTESE
Solicito la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Salud. Es
cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Juan Alcocer Flores. La iniciativa que
usted ha presentado a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y como
usted lo solicita, se radica en la Comisión de Salud.
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El siguiente punto de la orden del día son la
presentación de dictámenes, se pone a discusión el dictamen con punto de acuerdo para
que la Cámara de Diputados celebre una sesión para rendir homenaje a los atletas
olímpicos y a los atletas paraolímpicos que participaron en los Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos celebrados en la ciudad de Sidney, Australia, en el año 2000.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al
dictamen en virtud de estar publicado en la Gaceta Parlamentaria del día 15 de diciembre.
EL SECRETARIO, DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN: Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la
lectura al dictamen en virtud de estar publicado en la Gaceta Parlamentaria del 15 de
diciembre,
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O N
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O N
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura al dictamen y se concede el uso
de la palabra al diputado Augusto Gómez Villanueva, Presidente de la Comisión para
fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
EL DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: Con su permiso señor Presidente.
Señoras y señores diputados:
Es para mi motivo de gran satisfacción acudir a esta tribuna a
fundamentar a nombre y en representación de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, que me honro en presidir, el dictamen con punto de acuerdo para que la
honorable Cámara de Diputados celebre una sesión en homenaje a los deportistas mexicanos
que participaron en los juegos olímpicos y paraolímpicos de Sidney, Australia.
Todos los integrantes de nuestra Comisi6n, al discutir y aprobar la
iniciativa presentada por la diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo, a nombre de diversos
grupos parlamentarios; así como la iniciativa del diputado Juan Carlos Regis Adame, a
nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y la iniciativa presentada por la
diputada Olga Patricia Chozas, a nombre del Partido Verde Ecologista de México,
coincidieron en expresar el reconocimiento nacional a los deportistas que con gran
entusiasmo y capacidad representaron a nuestro país en dichos juegos.
Coincidieron también en que la educación física y la práctica del
deporte estimula la formación individual, la salud y el bienestar social de la
población, por eso es oportuno y conveniente como lo señala el dictamen que sometemos a
su consideración que las instituciones de la República alienten el desarrollo del
deporte, la ampliación de su cobertura, las nuevas alternativas para su práctica y la
búsqueda de la excelencia.
Tomando en consideración que las tres propuestas presentadas ante el
pleno coincidieron en que la Cámara de Diputados promueva y reconocimiento nacional a los
atletas mexicanos, hemos resuelto fundir en un sólo dictamen las propuestas presentadas
por los diversos grupos parlamentarios y dedicar una fecha para reconocer el esfuerzo,
dedicación y disciplina de los deportistas olímpicos y paraolímpicos, sin distinción
entre unos y otros.
Es posible y además estimulante que otras instituciones públicas y
organismos privados hayan hecho reconocimientos a los méritos de nuestros deportistas,
pero en esta ocasión por primera vez, será la Cámara de Diputados en donde se
encuentren representadas todas las ideologías, sectores sociales y partidos políticos
quien rinda homenaje a los exponentes de la juventud mexicana que por su esfuerzo,
preparación, voluntad y decisión fueron seleccionados para competir en la contienda
mundial.
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias recibió con
optimismo esta propuesta de expresar el reconocimiento de la representación nacional a
quienes por su tezón se han hecho merecedores de el, Entendemos este re conocimiento, no
como una mera felicitación protocolaria, sino como ocasión oportuna para reflexionar
juntos dentro de la transparencia de la cosa pública sobre los triunfos merecidos que
nuestros atletas alcanzaron y que constituyen orgullo y gusto nuestro y de todos los
mexicanos.
Los hombres y los pueblos con futuro tienen la voluntad de superar las
adversidades naturales o históricas, se trata de hombres y de pueblos que sobrepujan la
dificultad basándose en inteligencia y empeño, con ello construyen su destino, de eso se
trata, el triunfo no es casualidad en la competencia, es camino largo, esfuerzo constante,
paciencia, resistencia física, inteligencia en la construcción de hechos y razonamiento
profundo, es en suma la capacidad de hacer que los hechos correspondan con los sueños,
capacidad de hacer, de construir por sí mismo y también capacidad de soñar.
Esas victorias que nuestros compatriotas construyeron tienen el pasado,
el origen del juego, los humanos jugamos y en el juego hallamos el placer de conocer las
capacidades propias y las de los demás, jugamos por placer pero también por
conocimiento, en pocas actividades se realiza y construye mejor lo humano que en el juego;
jugar es vivir; triunfar es aprender a vivir, esta es la lección.
Por eso hoy los legisladores reconocemos en estos ejemplares mexicanos
el principio supremo del aprendizaje y del ejemplo, admiramos su calidad humana más
completa cuando mayor es la sabiduría y la sencillez con la que se acepta el triunfo,
porque victoria no es casual, es victoria que nos hace mejores, la victoria no es solo
merecimiento, se hace, uno la hace y nunca es fácil, ni se regala, por eso vemos en
nuestros deportistas olímpicos y paraolímpicos, en su ejemplar esfuerzo, perseverancia y
amor a México, la motivación para construir el triunfo.
Cuando por la tarde y la noche de cada día, al regresar del trabajo,
vemos en las calles de la Ciudad de México verdaderas legiones de jóvenes y adultos, y
aun de mujeres y hombres mayores entregados al deporte, cerrando calles en la dureza del
pavimento, envueltos en el placer del juego y experimentando la competencia humana,
tenemos la certeza de que México siempre saldrá adelante. Hacer deporte no es fácil en
las ciudades a pesar de los muchos campos deportivos, de los miles de canchas, de la
multitud de lugares de juego, porque no son suficientes frente a la avalancha de un pueblo
que tiene muy antiguo la cultura del deporte y el juego, y sí debemos aprender que el
deporte y el juego forman parte de nuestra cultura, y que la cultura es participación de
muchos y goce para muchos.
Ser culto no significa obtener un status privilegiado; significa ser
deudor ante la sociedad y sus semejantes. Triunfar es construir lo que se piensa, no
arrogarse el derecho de pensar por los demás. El deporte y el juego son escuela de la
democracia, también un instrumento de la libertad. El que juega es libre; el que triunfa
realiza en sí la libertad de todos los demás. El juego, por tanto, el deporte, por tanto
y el juego son instrumentos para la libertad.
Creemos firmemente en el humanismo que revoluciona las conciencias,
aquellos que en el arte vuelven a los clásicos de nuestra pintura, de nuestra escultura,
de nuestro deporte y de nuestra literatura revolucionaria, no lo hacen para recrearse en
lo que consideran obras perfectas; lo hacen para regresar al hombre, para encontrarse a
sí mismos, libres de la fábrica, libres de la atadura de la ignorancia, erguidos frente
a cualquier intento de enagenación o alienación, libres frente a la industria de las
conciencias, libres ante gobiernos o grupos monopólicos u oligárquicos, libres en su
país y luchando por la libertad en su país y del mundo.
Quienes quieren comerciar en industrializar las conciencias están en
contra de la libertad de conciencia; quienes buscan encerrar el deporte en el campo
estrecho del anuncio la venta subordinan al deporte a objetivos de comercio y de ganancia;
quienes como nuestros deportistas, han practicado su capacidad de elegir el triunfo, son
luchadores por la libertad de todos nosotros. Deporte y juego forman parte de la
educación y de la cultura, son escuelas de carácter, son causas de libertad.
Los legisladores nos empeñaremos por escribir en la Constitución el
derecho de los mexicanos al juego y al deporte, un derecho social más, no una dádiva,
sino un derecho a la libertad, porque el deporte y el juego son eso: derecho a la libertad
y derecho a la vida.
El triunfo, las victorias de nuestros compatriotas, nos defienden y nos
honran a todos, por eso queremos recibirlos con cariño, en ellas y en ellos reconocemos
el genio que habita en los juegos de la libertad.
Por todo lo anterior, solicito a ustedes, señoras y señores
diputados, su respetable voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado don Augusto Gómez Villanueva.
Una vez que ha quedado fundamentado el dictamen, y no habiendo quien
haga uso de la palabra, solicito a la secretaría consulte en votación económica, si se
aprueba el punto de acuerdo.
LA SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: En votación
económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo presentados.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo levantando la mano. (votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo de la misma manera. (votación)
Hay mayoría, señor Presidente, porque se aprueben los puntos de
acuerdo.
EL PRESIDENTE: Aprobados los puntos de acuerdo para celebrar una
sesión homenaje a nuestros atletas olímpicos y paraolímpicos.
Y concedo el uso de la palabra a la diputada Norma Enriqueta Bacilio
Sotelo, para presentar el programa de dicha sesión.
LA DIP. NORMA ENRIQUETA BACILIO SOTELO: Con su permiso, señor
Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas:
Hace algunas semanas propusimos hacer un digno reconocimiento de esta
Honorable Cámara de Diputados, a los deportistas que nos representaron en los juegos
olímpicos y paraolímpicos en Sidney, Australia.
Sería primera vez que esta Cámara reconozca de manera explícita y
pública, el esfuerzo de muchos jóvenes que representados por aquellos que lograron
excelencia olímpica, dieron ejemplo de perseverancia y coraje para poner muy en alto el
nombre de nuestro país.
Los jóvenes de hoy, mujeres y hombres, enfrentan una realidad llena de
tentaciones que no siempre son las que impulsan el desarrollo real de sus capacidades y en
muchas ocasiones las aniquilan.
México necesita generaciones de niños y jóvenes, mujeres y hombres
más sanos, más fuertes y más capaces para enfrentar de mejor manera el futuro con menos
delincuencia, menos pandillerismo, sin drogadicci6n, sin deserción escolar, en síntesis,
necesitamos un México más sano, próspero y productivo,
Reconocer a quienes nos han representado con dignidad y éxito, es
reconocernos a nosotros mismos como mexicanos, es reconocer las bondades del deporte que
queremos sean parte de una cultura del esfuerzo y perseverancia para todos nuestros hijos
y futuras generaciones. Démosle este justo reconocimiento y con ello nuestro compromiso
de apoyar decididamente al deporte para que tengamos en el futuro muchos más jóvenes
triunfadores,
Por ello, la Comisión de Juventud y Deporte reconoce el trabajo y
apoya el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para
rendirles este justo reconocimiento.
Distinguidos compañeros y compañeras diputados: Respetuosamente
ponemos a su consideración el programa para este acto, el día jueves 21 de diciembre a
las 10 de la mañana.
PROGRAMA
Reconocimiento a medallistas olímpicos y paraolímpicos. Hora: 10 de
la mañana; lugar: acceso principal de Palacio Legislativo; recepción a deportistas y
autoridades deportivas por parte de la Comisión de cortesía de la Cámara de Diputados y
bienvenida a cargo del diputado Arturo Escobar y Vega, Presidente de la Comisión de
Juventud y Deporte y traslado al Salón de Legisladores de la República,
A las 10:30, en el Salón Legisladores de la República, intervención
del diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados.
10:40 Salón de Legisladores de la República, palabras por parte de
los Coordinadores de los grupos parlamentarios.
10: 55 Entrega de reconocimientos.
11 :1O Intervención de los representantes de los deportistas: Soraya
Jiménez Mendivil y Juan Ignacio Reyes González.
11: 20 Vestíbulo Sur de Galerías, inauguración de pinturas de
exposición
Muchas gracias por su aprobación, agradecemos su asistencia, están
todos cordialmente invitados. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Bacilio.
Se designa como comisión de cortes7a de la Cámara de Diputados, a la
Comisión de Juventud y Deporte, y se hace extensiva la invitación a todos las señoras y
señores diputados, a participar en esta Sesión de Homenaje,
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EL PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del
día es la lectura del Dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley que
crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, y se adiciona el
artículo 51B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Es de primera lectura.
En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del
día de hoy, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y
se pone a discusión y votación.
Quiero solicitar a la Secretaría dar lectura íntegra, sin solicitar
la dispensa del dictamen, en segunda lectura.
LA SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO: Comisión de Hacienda y
Crédito Público. Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II...
La Secretaria Alma Carrolina Viggiano y el Secretario Manuel Medellín,
dan lectura al dictamen.
Trámite: Es de Segunda Lectura.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.
Es de Segunda Lectura el dictamen y por tanto esta a discusión en lo
general y en lo particular el Proyecto por el que se expide la Ley que Crea el fideicomiso
que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y se adiciona el Artículo 51B de la Ley General de
Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito.
Para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 108 del
Reglamento que señala la oportunidad antes de iniciar la discusión, se concede el uso de
la palabra al diputado Enrique Octavio de la Madrid Cordero, para fundamentar el dictamen.
EL DIP. ENRIQUE OCTAVIO DE LA MADRID CORDERO: Con su permiso, señor
Presidente.
Señoras y señores diputados: El día de hoy vengo a someter a su
consideraci6n y en representación de la Comisión de Hacienda, el decreto por el que se
expide la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de
Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.
Este dictamen fue aprobado por la Comisión de Hacienda por unanimidad
de sus miembros presentes.
El dictamen parte de las iniciativas presentadas por el Partido de la
Revolución Democrática, el Partido Revolucionario Institucional, y el Partido Acción
Nacional el pasado 26 de octubre. Dichas iniciativas buscaron tanto promover una ley de
ahorro y crédito popular que regule el crédito y el ahorro popular hacia adelante, como
a atender la problemática de los ahorradores defraudados.
El proyecto de ley que hoy sometemos a su consideración, pretende hoy
abordar el problema de los ahorradores y dejaremos para un momento posterior lo que sería
la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Se tiene la intención de dictaminarla para poderla
presentar al pleno en el próximo período de sesiones.
El problema de los ahorradores tiene diferentes explicaciones. Por un
lado una legislación deficiente que imponía requisitos más severos para las sociedades
de ahorro y préstamo que para las cooperativas de ahorro y préstamo.
Es así que se crearon un número desmedido de cooperativas con el
efecto o con la intenci6n de evadir una regulación mucho más severa,
Por otro lado también se explica por un esquema de supervisión
insuficiente y deficiente que no permitió detectar a tiempo situaciones irregulares o
incluso conductas ilícitas.
Un nivel también de cultura financiera bajo, explica que para muchas
personas no reconocieron que un nivel de tasas de interés mucho más altas que las del
mercado, conlleva también un nivel de riesgo mucho mayor, y también porque no decirlo un
bajo, muy bajo nivel de participación e involucramiento de muchos de los socios de estas
entidades, con el fin de supervisar a sus órganos de gobierno.
Desde el inicio de esta Legislatura un grupo plural de diputados, ha
tenido la responsabilidad de evaluar una serie de alternativas, a fin de encontrar una
solución al problema de los ahorradores.
Desde un principio se reconoció la dificultad que tendrían los
ahorradores de recuperar sus ahorros sin la utilización de recursos fiscales.
Se reconoció también que el problema rebasa los límites de las
relaciones entre los particulares y que por consiguiente se había convertido en un
problema social de enormes dimensiones, que justifica la utilización de recursos
fiscales, para resarcir parcialmente al mayor número de ahorradores.
Por otro lado, se han tomado en cuenta lo limitado de los recursos
públicos, para hacer frente a tantas demandas de la sociedad, tan o más apremiantes que
la que aquí nos concierne.
Por ello se buscó resarcir parcialmente al mayor número de los
ahorradores y especialmente el de aquellos que no disponen de recursos, para hacer frente
a sus necesidades básicas, y que encontraban en este sistema un mecanismo para
atenderlas.
Como se ha expresado ya y se desprende de la lectura, quisiera
simplemente destacar algunas de las características de esta iniciativa de ley.
Por un lado se crea un fideicomiso que administra el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores. En realidad son dos fondos, el primero de ellos un fondo que tiene como
principal objetivo apoyar a los ahorradores afectados, en donde se les solicita a la
federación aportar 1,785 millones de pesos.
Por otro lado, se habla de un fondo de 500 millones de pesos, cuyo
principal objetivo es el destinarlo al fortalecimiento de las entidades, muchas veces
algunas de estas cajas o de estas sociedades, pudieran apoyarse con recursos, con algún
crédito de liquidez, que le permitiría resolver su problema financiero y que
evidentemente esto es mucho más barato, mucho más económico que tener que apoyar a
ahorradores en una sociedad insolvente.
Se dijo también que este es un fideicomiso público, en donde la
fiduciaria será Nacional Financiera.
¿Quiénes son elegibles como ahorradores? Tienen que ser miembros de
una sociedad que tenga cuando menos un año de existencia y también que esa sociedad haya
iniciado trámites de auditoría, a fin de terminar su nivel de insolvencia antes del 30
de noviembre de este año y que se hubieran pagado esas auditorías con recursos públicos
o que sean éstas aprobadas por el Comité Técnico del fideicomiso. Los recursos
federales se aplicarán a través de la suscripción de convenios con las entidades
federativas.
El monto máximo del resarcimiento será de un 70%, 70% hasta aquellas
personas que tengan un saldo neto de hasta 19 veces a lo que le hemos denominado monto
básico. Este monto básico de ninguna manera será superior al equivalente a 10 mil
pesos.
Los ahorradores una vez que reciban los recursos fiscales, quien así
decidan hacerlo, tendrán que ceder sus derechos litigiosos a favor del fideicomiso, para
que éste pueda continuar con las acciones correspondientes.
El fideicomiso tiene un plazo máximo de vigencia de dos años o un
plazo menor si se extingue el patrimonio antes de ese período.
Señoras y señores diputados, es de esta manera como el grupo plural y
en concreto la Comisión de Hacienda, ha encontrado una solución que contribuya a
resolver el problema de los ahorradores, al mismo tiempo que actuemos de una manera
responsable.
Muchas gracias.
PRESIDENTE: Muchas gracias diputado De la Madrid Cordero.
Esta presidencia informa a la asamblea que para la discusión en lo
general se han inscrito para la fijación de posiciones de sus respectivos grupos
parlamentarios, los siguientes señores diputados: el diputado Jorge Alberto Rodríguez
Pasos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Delfino Garcés
Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado
Herbert Taylor Arthur, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado
José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
Se concede el uso de la palabra hasta por 15 minutos, al diputado Jorge
Alberto Rodríguez Pasos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
DIP. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS: Con el permiso de la presidencia;
compañeras y compañeros diputados:
En representación del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
acudo a esta tribuna a fijar nuestra postura sobre el dictamen con Proyecto de Decreto de
la ley que crea el fideicomiso que administrará el fondo para el fortalecimiento de
sociedades y cooperativas de ahorro y préstamo y de apoyo a sus ahorradores.
El fraude a los socios de numerosas cajas de ahorro no es reciente; de
hecho surgió hace diez años con la caja "Capricornio" en Sinaloa y siete
estados más de la república. En Baja California surgió la caja del "Arbolito"
y Zacatecas, múltiples cajas más, entre otros estados. Este problema se agravó y se fue
acumulando sin que las autoridades correspondientes hicieran nada al respecto, hasta que
finalmente hizo crisis en el transcurso de la segunda mitad de este año. No obstante, las
autoridades de la administración anterior eludieron por todos los medios posibles su
responsabilidad, denotando incompetencia o lo más grave, el hecho de que en el problema
del fraude a los ahorradores había intereses oscuros que no querían afectar.
Ante ello, los ahorradores se organizaron y emprendieron una tenaz
lucha para tratar de rescatar los escasos recursos que con mucho esfuerzo habían logrado
guardar en estos organismos de ahorro. Realizaron diversas movilizaciones y acudieron a
esta Soberanía en espera de alguna respuesta favorable a sus peticiones.
Nuestro grupo parlamentario fue uno de los primeros en responder
positivamente a sus legítimos reclamos, presentando un Punto de Acuerdo para que se
atendiera el problema, se realizaron las investigaciones conducentes y se asignaran
recursos públicos para sufragar las afectaciones de que habían sido víctimas los
ahorradores.
En reiteradas ocasiones insistimos en que se debían brindar apoyos
fiscales para resarcir el daño causado a los miles de ahorradores que sumaban varios
miles de millones de pesos. Asimismo, señalamos la necesidad de revisar y estudiar todas
aquellas propuestas que están enfocadas a plantear iniciativas para reglamentar el
funcionamiento de las cajas de ahorro, porque la ley vigente que regula las organizaciones
auxiliares de crédito, presentaba una serie de ausencias y limitaciones que no hacían de
esta forma de ahorro un mecanismo funcional y complementario del financiamiento para
allegar recursos a las actividades de los pequeños y medianos productores y proteger el
patrimonio de los socios.
A raíz del problema planteado, se hizo evidente que las cajas de
ahorro eran un verdadera mina de oro para los administradores de éstas, que a final de
cuentas terminaban enriqueciéndose con los dineros y el patrimonio acumulado durante
muchos años por los miles de pequeños ahorradores que con la esperanza de acrecentar sus
recursos, los depositaban en estas organizaciones de crédito.
No podemos dejar de mencionar que las cajas de ahorro en tanto
organizaciones auxiliares de crédito, han cumplido un papel importante respecto a ciertos
segmentos de la economía del país. Han sido la única forma disponible de miles de
microempresarios, para allegarse recursos que canalicen a sus actividades productivas.
También por esta razón, ha sido verdaderamente lamentable la situación en que cayeron
numerosas cajas de ahorro, cancelando con ello sus efectos económicos positivos.
Por las consideraciones anteriores el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo celebra que con el dictamen en comento se atienda cuando menos una parte
importante de la problemática en que se vio envuelto el sistema de las cajas de ahorro,
en particular lo relativo a la situación de los patrimonios de los ahorradores que antes
de esta medida veían peligrar su pérdida definitiva.
La creación del fideicomiso contemplado en la ley propuesta con
recursos públicos restituye el sentido de equidad que debieran guardar siempre las
instituciones del Estado.
La cobertura del quebranto sufrido por los ahorradores dispuesta en la
misma ley es pertinente y establece en forma adecuada las condiciones para recibir sus
beneficios.
Quedará pendiente, por otra parte, el mantener la atención para que
los delitos implicados en la situación que llevó a esta soberanía a elaborar la
propuesta de ley que ahora comentamos sean sancionados conforme a derecho. La impunidad
debe ser desterrada definitivamente de nuestro país y las garantías que se desprenden de
nuestras leyes deben de ser plenamente ejercidas por la ciudadanía.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo
emitirá su voto a favor sobre el presente proyecto de decreto.
También exigimos, exigimos también, que quede claro, que se castigue
y finque responsabilidad penal a los funcionarios de Hacienda que tuvieron qué ver en el
fraude de las distintas cajas de ahorro.
Segundo, como lo dije, apoyamos este dictamen de momento, pero exigimos
el pago del 100% ahorrado por los miles de defraudados de las distintas cajas de ahorro,
como El Arbolito, Capricornio, Cajas del Sol, entre otras.
Tercero, que la PGR rinda cuentas claras de lo asegurado a las cajas de
ahorro en general y, si hay faltantes, también se investigue y castigue a los
funcionarios responsables de este robo.
Cabe señalar también que, compañeros, cuánto dinero, cuánto dinero
se le está dando al Ipab, miles de millones de pesos. Hay que quitarle un poquito, creo
yo y creemos en la fracción del PT, para resarcir el daño a los ahorradores.
Estamos rescatando a los banqueros pero no estamos rescatando a los
miles de ahorradores que tienen su esperanza en ese dinero que depositaron para ganar un
interés. Mucha gente de la tercera edad, pensionados y jubilados están allí, tienen
este problema, y esa gente votó por nosotros.
Somos diputados federales, somos representantes del pueblo, venimos de
distritos, de 300 distritos de la República, y creo yo que estamos obligados moralmente y
éticamente a ayudar a esta gente que su ahorro, su dinero, lo tiene en las cajas de
ahorro.
Muchas gracias y es cuanto, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado Rodríguez Pazos.
Se concede el uso de la palabra, hasta por 15 minutos, al Diputado
Delfino Garcés Martínez, para presentar la posición del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO DELFINO GARCES MARTINEZ: Con su permiso, Señor
Presidente. Compañeras y compañeros diputados: hace casi dos meses subí a esta tribuna
para presentar una iniciativa de ley y crear un fondo público que respaldara a los
ahorradores afectados por las omisiones, la negligencia y los abusos de la autoridad y
particulares.
Aquella iniciativa había sido presentada a consideración de los
grupos parlamentarios por el Consejo Nacional de Ahorradores el 26 de septiembre, como
culminación de una magna marcha nacional.
Aquí afuera la aprobamos en lo general los perredistas y, en
consecuencia, la presentamos a consideración del pleno.
Por qué el PRD apoya la causa de los ahorradores para lograr su
resarcimiento. Porque es un problema que afecta a más de 300 mil familias, el 25% de
ellas no tienen otra fuente de ingreso y el 40% son jubilados y pensionados, afectados por
el mismo problema.
Por qué la crisis del sistema de cajas de ahorro popular pudo haberse
evitado. Y no fue así por las graves omisiones y la interesada negligencia de la
Secretaria de Hacienda y la Comisión Bancaria y de Valores.
"¿Por qué debe repararse el daño a los afectados, toda vez que
existen graves responsabilidades públicas sobre lo que sucedió y los responsables deben
rendir cuentas? Ambos principios, reparación del daño y rendición de cuentas son
irrenunciables si queremos vivir un sistema de mocrático.
"¿Por qué el gobierno cuenta con economías e ingresos
extraordinarios que le permiten atender este grave problema sin gravar a los
contribuyentes? ¿Por qué apoyamos esta ley? Respaldamos la iniciativa que hoy se
presenta y se somete a consideración del pleno de la Cámara porque recoge la mayoría de
las tesis y propuestas que hicieron los ahorradores y que el PRD ha respaldado.
" 1. Decimos que en el caso de los ahorradores de la red de
cooperativas que organizó Ocampo Verdugo, el gobierno federal aseguró los bienes con el
argumento del lavado de dinero y 9 meses después no so lo no hay pruebas de ello, sino
que el propio gobierno anterior inició el sobreseimiento que hizo. Algo similar se puede
decir de la desafortunada y equivocada intervención de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores en el caso de El Arbolito. Mismo caso que en cuanto a las cajas de El Sol, en
las que el gobierno federal no hizo absolutamente nada cuando pudo haberse evitado la
pérdida de los depósitos de los ahorradores.
"El sistema de cajas de ahorro entró en crisis y en ello hay
responsabilidad pública negligente. Las consecuencias son de interés público, más de
300 mil familias afectadas, como ya lo decíamos, insistir en que todo es un asunto entre
particulares no es solo irresponsable, sino cómplice con todo lo sucedido.
"2. La ley, una vez aceptado el principio de reparación del daño
establece un fondo público denominado Fondo para el Fortalecimiento de Sociedad
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorrado res, que queda sujeto a la
supervisión de esta representación nacional y que contará con el respaldo de recursos
públicos federales hasta por 2,285 millones de pesos. La reparación del daño encuentra
así el instrumento de su realización.
"3. Se propone que los ahorradores que tenían hasta 190 mil pesos
de depósito, puedan tener la posibilidad de vender al fondo público sus derechos a
cambio del 70 por ciento del monto establecido en los pagarés.
Con esta decisión se cubre el 95 por ciento de los ahorradores y a los
3, 000 adicionales se les deja a salvo por completo su derecho a continuar los
procedimientos en curso para recuperar los bienes asegurados por la PGR, la Secretaría de
Hacienda y las Procuradurías Estatales.
"4. Se acordó tomar los recursos federales preferentemente del
actual ejercicio fiscal, con el propósito de garantizarles suficiencia al fondo que se
instituye a partir de las economías y márgenes existentes en este año y que en el año
2001 podrían no existir.
"5. Se propuso para el PAN y el PRI y decidimos aceptar el plantea
miento de que las entidades federativas aportaran también recursos complementarios, a
efecto de asegurar que los ahorradores reciban el porcentaje descrito.
"Sin embargo, nos preocupa que algunas entidades con presupuestos,
ya de suyo restringidos, tengan dificultades para realizar aportaciones y en consecuencia
insistiremos para llegar a un acuerdo en torno al presupuesto para establecer el PAEF,
como se hizo este año con el Presupuesto de Egresos de la Federación, de modo que los
estados puedan hacer frente a sus aportaciones sin demérito del conjunto de las
legítimas demandas presupuestales que han hecho.
"Sexto. Otra decisión importante que facilitó que la iniciativa
hoy presentada pudiera tener consenso, fue la modificación de la tabla porcentual de
resarcimiento que originalmente incrementaba el porcentaje de pérdidas a los ahorradores
de 0 a 60 por ciento conforme aumentaba el monto de los depósitos. Una vez ello se
resolvió en favor de una tabla pareja para todos los beneficiarios en virtud de la fuerte
correlación entre la edad y el monto de los depósitos, es decir, que si no se hubiese
tomado la decisión referida, habría habido un porcentaje considerable de jubilados y
pensionados con pérdidas cuantiosas e irreparables en sus ahorros.
"Séptimo. Apoyamos esta iniciativa porque establece claramente
que el pago deberá iniciarse en enero y porque se asegura que fuesen incluidas las
Sociedades de El Arbolito y las Cajas de El Sol.
" ¿Qué queda pendiente? La rendición de cuentas, exigir cuentas
a la anterior administraci6n. Sin transparencia no habrá garantías de que esto vuelva a
ocurrir".
Quiero decirlo aquí, en esta tribuna, la más alta del país, que es
cierto que la iniciativa que hoy se presenta tiene asuntos controversiales, pero también
es cierto que estamos tratando de resarcir el 70 por ciento a los compañeros afectados,
producto de la negligencia, producto de las omisiones y los abusos de la autoridad, es por
ello que nosotros no nos sumamos, es iniciativa del PRD, es una propuesta que recogimos y
hoy, hoy con el consenso de todas las fracciones parlamentarias va a ser ley,
Solamente termino diciéndoles, compañeras y compañeros diputados:
Por primera vez en la Cámara las fracciones parlamentarias llegamos a acuerdos no como
quisiéramos, no como quisiera el PRD que se les resarciera al 100 por ciento a los
ahorradores los daños que les causaron, pero sí hicimos un extraordinario esfuerzo para
lograr ese recurso fiscal que a partir de enero estará fluyendo hacia los ahorradores
afectados.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Muchas gracias
diputado Delfino Garces Martínez.
Para hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, le cedemos el
micrófono a la tribuna al diputado Herbet Taylor Arthur, hasta por quince minutos, del
Partido de Acción Nacional.
EL C. DIP. HERBERT TAYLOR ARTHUR (PAN): Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeros, compañeras Diputadas; Amigos ahorradores que han
peregrinado durante varios meses, algunos durante ya casi dos años en búsqueda de
resarcir el patrimonio perdido: Debo hacer alguna narración de hechos.
El día 29 de agosto, cuando estuvimos aquí presentes los diputados a
tomar protesta, nos presentamos ante un grupo de ahorradores, más o menos 60, aquel 29 de
agosto aún no siendo diputados sino habiendo tomado protesta y ahí nos hicieron saber la
condición difícil que estaban viviendo. En esa ocasión estuvimos presentes diputados de
diferentes grupos parlamentarios y debo de recordar que estuvo por el PRI la diputada
Lorena Martínez; por el PRD quien me antecedió en el uso de la palabra, el diputado
Delfino Garcés; y un servidor.
Puedo decir entonces que los grupos parlamentarios y en particular los
que he mencionado, iniciamos los trabajos prácticamente en el primer momento que llegamos
a esta LVIII Legislatura. Conocimos de ellos sus conflictos, sus dudas y nos dimos cuenta
que estamos metidos en una dinámica de grandes confusiones, de gran incertidumbre y de
una cantidad impresionante de contradicciones,
Como ejemplo les diré que a los ahorradores se les decía por parte
del señor José Sil Ocampo Verdugo, quien hizo toda una red de distribución, una red de
cajas populares por la República, que los afectados ascendían a más de un millón y
medio de ahorradores, No se podía precisar ni el monto del tamaño de la pérdida ni
tampoco el monto de las cantidades de bienes que se podían recuperar o que se habían
logrado,
En suma, reinaba la confusión; pero además en esto se les da una
acusación de unos contra otros, ahorradores contra ahorradores, comités administrativos
de las cajas contra los ahorradores, ellos contra los directores, contra los Gobiernos de
los Estados, contra la PGR, contra Hacienda, en fin, llegó un momento que acusaciones
contra los diputados, reinaba el caos, no había claridad, no había rumbo, no había
certeza.
Y fue hasta octubre, ya instalada una Comisión de Trabajo de los
diferentes grupos parlamentarios, que empezamos a tener algo más de información, pudimos
conocer que no era millón y medio en el caso del señor José Sil Ocampo y sus 25
estados, eran 166 mil ahorradores afectados.
Pudimos saber entonces que el monto del daño patrimonial ascendía
más o menos a 3 mil 600 millones de pesos, pudimos saber entonces que los bienes que se
tenían ascendían, los bienes incautados del señor Sil Ocampo ascendían entre 800 mil y
mil 200 millones de pesos, nos dimos cuenta para sorpresa de todos, de ahorradores, de
autoridades, de diputados que los bienes no alcanzarían si apenas para un tercio de
resarcir el patrimonio de los ahorradores.
Los diputados iniciamos con firmeza la búsqueda de la solución,
trabajamos intensamente y debo decirlo también, que en ese momento a los ahorradores
reinaba la desesperación, la angustia, el desánimo, cuando gente empezó a manipular,
empezó a mentir, empezó a engañar, empezó a distorsionar la verdad; los ahorradores
escucharon fechas, promesas, montos, formas que nunca se cumplieron, quién prometió una
cantidad, quién prometió otra, quién daba un plazo para iniciar el pago, quien decía
formas que nunca llegaron, esto provocó que los ahorradores vivieran en una especie de
montaña rusa anímica, pasando de la euforia por saber que mañana les pagarían, al
desánimo al tercer día de saber que todo había sido falso, la angustia de los
ahorradores, la angustia de esos hermanos nuestros, se incrementaba con cada mentira, con
cada manipulación, con cada engaño y yo puedo decir, amigos, que a estos señores, a
estas damas, si bien dolorosa la situación que vivían mucho más el uso de prostitución
que le estaban haciendo con mentiras y promesas falsas. Creo que mucha gente merece para
ellos darles una disculpa por haberlos manipulado así.
Y hoy por fin nos encontramos ante esta tribuna ya una discusión... ya
una iniciativa de un dictamen para darle solución a los problemas, debo hacer, debo hacer
el reconocimiento a diferentes actores de los diferentes partidos políticos; si bien
muchos se acercaron a la mesa, si muchos trabajaron intensamente, mencioné algunos de los
diferentes partidos, al diputado Enrique de la Madrid, a la diputada Lorena Martínez, al
diputado Eduardo Andrade, quienes trabajaron por ese partido intensamente; por el PRD al
diputado Delfino Garces y al diputado Antonio Magallanes; por el Partido Acción Nacional
el diputado Julían Hernández, el diputado Manuel Minjares, Fernando Herrera. Creo que
esto ha sido un esfuerzo de hombres y mujeres de bien, de hombres y mujeres decentes que
han dejado a un lado en la mesa sus intenciones partidistas y hemos juntos buscado una
solución a tan grave dolor. Para ellos, mi reconocimiento, mi felicitación.
Logramos consensos, el consenso de hoy lo podré resumir rápidamente,
independientemente de lo que contenga el cuerpo jurídico y las normas que ahí se marcan,
el consenso es que al 97.5 de los ahorradores afectados de diferentes cajas de ahorro,
así El Arbolito, así El Sol, así las del Siglo Campo como Vallarta y otras más,
recibirán el 70% en los próximos días, en los próximos días iniciales del año, el
70% de su patrimonio que habían perdido y al 2.5% restante, más o menos a 5, 500
personas, a ellos les quedaran los bienes para continuar con su litigio, son hombres y
mujeres que han aportado mayor cantidad de dinero a esas cajas que tendrán seguramente
mayores posibilidades de ir recuperándolo pero fundamentalmente a ellos no les serán
atacados sus bienes para que les queden íntegros y puedan entonces incrementar
fuertemente su posibilidad de recuperar el patrimonio perdido.
Creo que hemos llegado a una buena solución: a los más débiles, a
los de mayores montos, a los más angustiantes, a los enfermos, a los presionados, a los
jubilados, a aquellos que perdieron todo, que no pueden hacer una operación porque
perdieron su capital, a ellos una pronta solución con el 70%; a los otros, a los que
tienen un poco más de posibilidades de lucha, los bienes, para que puedan a mediano plazo
recuperar su patrimonio.
Esa solución, esa solución ha sido aceptada hoy ya por los
ahorradores; los principales beneficiarios hoy ven con buenos ojos, lo han dicho en los
medios, lo han dicho en corto, lo han dicho en público, que esta solución les satisface,
que si bien no recuperan todo ven el ánimo y logran recuperar su patrimonio; pero algo
más, nos han dicho a nosotros que recuperan la esperanza en las instituciones, recobran
la esperanza de ver que la Cámara de Diputados deberás quiere resolver problemas
sociales.
Ellos agradecen y me piden haga patente a todos ustedes el ánimo a
encontrar esta solución.
Si bien estamos satisfechos con que estamos llegando al final de este
rescate, debe ser urgente entender que solamente estamos trabajando ahora en lo que tiene
que ver con el rescate a los que hoy han sido defraudados, pero falta todavía un camino
largo, un camino largo que implica reestructurar todo el sistema, reestructurar todo el
sistema de crédito y ahorro popular; es necesario que pongamos rápido y de inmediato una
nueva figura jurídica que permita darle certeza, seguridad, transparencia, tranquilidad
al sistema de crédito y ahorro popular, sistema que con estos hechos que acabamos de
narrar nos puede quedar claro que ha sido manoseado y ha sido tumbado.
Por lo tanto, pido y convoco con el mismo animo que hicimos el trabajo
anterior, a todos los diputados, que nos metamos de lleno a crear el nuevo sistema de
crédito y ahorro popular que nos va a permitir, nos va a permitir que la banca popular
crezca y de servicios a cientos de miles de mexicanos, ese es en verdad el gran tema; hoy
fue ir a salvar un accidente, lo demás es construir las carreteras.
Debemos de buscar, amigos diputados, amigos ahorradores, debemos de
aceptar que cada partido político ha cumplido con sus promesas, con sus compromisos, así
de campaña como desde la Cámara.
Yo pediría a todos los diputados presentes que hiciéramos un voto a
favor de esa iniciativa, de es te dictamen, y pediría y agradecería a los ahorradores, a
los amigos ahorradores la oportunidad que nos dieron de trabajar para ellos, la
oportunidad que nos dieron de buscar soluciones a un problema tan grave, de conocer su
dolor, de conocer su angustia, de saber a ciencia cierta de qué tamaño se puede causar
daño por una mala figura jurídica o por una omisión criminal por autoridad alguna,
Les prometemos no descansar, les prometemos continuar hasta no ver
realizado el trabajo de la nueva Ley de Crédito y Ahorro Popular que regulará sin duda
todo el sistema.
A ustedes amigos ahorradores, gracias por esta oportunidad de
colaborar.
Y a todos ustedes amigos, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Herbert Taylor Arthur.
Se concede el uso de la palabra para la fijaci6n de la posici6n del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, al diputado José Francisco
Yunes Zorrilla, hasta por 15 minutos.
EL C. DIPIJTADO JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA (PRI): Con su permiso,
diputado Presidente.
Con el permiso y agradeciendo la atención de las señores y señores
diputados.
Quiero empezar con esta oportunidad, para comentar de manera muy
sentida y de manera muy respetuosa, que para el Partido Revolucionario Institucional, para
el PRI, llegar a este momento con la solución de un tema tan fuertemente vinculado con
nuestra sociedad y con resultados sumamente devastadores en el patrimonio y en la
economía familiar de muchos mexicanos, es motivo de muchísima satisfacción, y lo es mas
cuando podemos llegar a este punto y en este momento presumiendo en los hechos la
aceptaci6n y la coincidencia de muchos de los partidos que conforman esta Legislatura.
Yo quiero, en primer lugar, comentar que el Partido Revolucionario
Institucional, el PRI desde siempre ha estado fuertemente ligado, fuertemente vinculado
con aquellos núcleos sociales mas desprotegidos, ha sin lugar a dudas, dirigió sus
esfuerzos en el tiempo con aquellos sectores de la sociedad que en la práctica y en el
tiempo reflejan mayor vulnerabilidad.
Por eso, desde el primer momento, por eso sin escatimar esfuerzo, el
tema de los miles de ahorradores defraudados en el sistema de ahorro popular fue objeto de
nuestra atención y fue objeto de la atención del Partido Revolucionario Institucional
con apego irrestricto a su condición, sin lugar a dudas desprendiéndonos de los motivos
y las motivaciones electorales, sin lugar a dudas dejando a un lado lo que un partido
político debe y tiene que hacer para cumplir en términos solidarios, toda vez que la
solidaridad debe ser el elemento sustancial en la práctica política para encauzar la
solución de este problema; sin colores, sin matices y con mucha disposición.
Cuando el Partido Revolucionario Institucional, cuando cada uno de los
miembros de este instituto político, se relacionó con los miles de ahorradores, oyó de
ellos sus lamentos, pudo percibir como real la difícil situación por la que atravesaban
los hombres y las mujeres de tercera edad que de un día para otro vieron cómo se esfumó
todo su esfuerzo acumulado en años de trabajo. Cuando jubilados, cuando pensionados,
cuando importantes hombres y mujeres del campo de este país, de la noche a la mañana se
encontraron con que lo que habían atesorado con arduo trabajo había desaparecido, el
Partido Revolucionario Institucional entendió, como el resto de los partidos políticos,
que se trataba de un problema de fuerte vinculación social, un problema que había que
tratar con conciencia, un problema que no podía esperar; un problema al cual no se le
podía olvidar ni mucho menos dar la espalda.
Por eso, el Partido Revolucionario Institucional con muchísima
disposición, empezó a negociar con las distintas fracciones una posible solución,
escuchando siempre la voz directa de todo ese cúmulo de población que se encontraba
definido y explicado en los ahorradores defraudados.
Con muchísimo gusto podemos el día de hoy decir que se encontró una
solución pero no una solución a cualquier costo, no una solución que podía prescindir
del precio; el Partido Revolucionario Institucional en el tiempo buscó encontrar un punto
de acuerdo en el cual se pudiese responder con criterio de equidad, con criterios de
eficiencia, que de la misma forma se pudiese responder sin alterar algunos otros sectores,
a terceros de esta sociedad.
Hoy, la fórmula se encuentra en esta ley que crea el Fideicomiso que
Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores, y podemos decir que va a
contar con los recursos para resolver y para poder sacar adelante a un número importante
de la población comprendida, inmiscuida en este problema. Pero de la misma manera,
podemos decir con muchísima responsabilidad, que esto no va a significar contrastarlo con
otros sectores importantes de esta sociedad, que el compromiso que tiene el Partido
Revolucionario Institucional con los que menos tienen, con la gente del campo y de su
desarrollo rural, con la educación pública y las universidades, van a contar con los
recursos que están previstos y que se han propuesto en el presupuesto. Y esto finalmente
nos provoca muchísima tranquilidad y muchísima satisfacción.
Sin embargo, el paso que hoy se da tendrá que complementarse por una
solución de fondo, por una solución que reorganice y que genere en términos de
certidumbre y de seguridad, al sistema popular de ahorro. Por eso es que se va a trabajar
fuertemente, con el mismo ánimo para tratar de alcanzar en la práctica un instrumento de
arreglo institucional, de alcance jurídico, que permita en la práctica evitar el daño
moral, que permita en la práctica superar los problemas de información asimétrica del
sistema financiero, principalmente vislumbrado en la selección adversa, tratar de
disminuir los costos de transacción, para que los agentes económicos que participen en
los sistemas financieros formales y en los informales, puedan en su participación
contribuir al engrandecimiento de este país.
La ley que en su oportunidad y en su momento se tendrá que generar,
que se tendrá que analizar, que se tendrá que diseñar, va a tratar de resolver para que
en el futuro este tipo de situaciones tan tristes y tan lamentables no puedan volver a
suceder.
Yo me voy a despedir reiterando el compromiso del Partido
Revolucionario Institucional con aquellas causas, con aquellos sectores, con aquellas
razones que hagan de la política realmente una actividad más noble.
Nos vamos contentos y lo decimos públicamente, de ver que en la
práctica se puede llegar a acuerdos razonables, que no hay impedimentos mayores cuando
existe buena voluntad y cuando el objeto de nuestro esfuerzo realmente tiene rostros y
nombres adentro de la población nacional.
Yo quiero dejar también perfectamente claro que con esta posición el
Partido Revolucionario Institucional, al dar un cauce de solución a más de 200 mil
familias mexicanas, al poderle dar una esperanza a ese núcleo de población tan inmenso y
tan importante envuelto en una cauda que lo legítima, está sin lugar a dudas, el mismo
tiempo sirviéndole a este país, está cumpliendo con México,
Esa es la disposición del Partido Revolucionario Institucional, y ese
va a ser el ánimo con el cual encarará cada uno de los puntos, cada uno de los asuntos
que representen interés nacional. Muchas gracias por su atención.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Yunes Zorrilla.
Solicito a la señora Secretaria consulte a la asamblea si se considera
suficientemente discutido el dictamen en lo general para luego pasar a preguntar si se van
a reservar artículos para discutirlo en lo particular.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRIA: Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen que nos
ocupa se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo de manera económica,
(Votación)
Muchas gracias. Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
manifiéstenlo de la misma manera.
(Votación)
Hay mayoría, señor Presidente. Suficientemente discutido el dictamen.
EL PRESIDENTE: Gracias, ciudadana Secretaria. Está suficientemente
discutido el dictamen en lo general, y consulto a la asamblea si algún ciudadano
legislador va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiendo reserva de artículo alguno para su discusión en lo
particular, se pondrá a votación en un solo acto en lo particular y en lo general.
Solicito a la Secretaría, se abra el sistema electr6nico hasta por
diez minutos para recibir la votación de las señoras y los señores diputados.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRlA: Se pide se hagan los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y se abra el sistema
electrónico de votación por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en
lo particular.
(VOTACION)
EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN: Señor Presidente, se emitieron 447
votos en pro, uno en contra y dos abstenciones.
EL PRESIDENTE: Aprobado el dictamen por 447 votos en pro. Aprobado en
lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley que crea
el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro, Préstamos y de Apoyo a sus Ahorradores, y se adiciona el
artículo 51B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
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El siguiente punto del orden del día es
Proposiciones con Punto de Acuerdo. Y para presentar una proposición sobre la
integración complementaria de las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados,
publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 1o. de diciembre, se concede el uso de la
palabra al diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta
por diez minutos.
Solicito a las señoras y señores diputados, guardar el silencio y la
atención debida al orador.
Quiero insistir a las señoras y señores diputados en ocupar sus
lugares y guardar el debido silencio y atención al orador.
La ley que acabamos de aprobar merece la felicitación de todos
nosotros, pero habrá de continuarse con los trabajos de esta sesión.
Solicito de nueva cuenta el silencio y la atención debida al orador.
EL DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias, señor Presidente. Compañeras
y compañeros legisladores: El tan reiterado compromiso hecho por todos nosotros de
respetar la ley, el estado de derecho y ser garantes de su cumplimiento, se queda por
parte de la Junta de Coordinación Política en letra muerta y falta absoluta de respeto a
la investidura de algunos legisladores.
Lo expresado en con relación a lo siguiente: Con fecha 28 de
septiembre, el Partido de la Sociedad Nacionalista envió un oficio a la Junta de
Coordinaci6n Política en el cual solicit6 la inclusi6n de los diputados del Partido a
diversas comisiones en términos del artículo 43 numeral 4 de la Ley Orgánica.
Con fecha 29 de septiembre en sesi6n ordinaria la Junta de Coordinaci6n
Política propuso al pleno un punto de acuerdo para la subdivisi6n y creaci6n de
comisiones, siendo aprobada la propuesta y por ende la creaci6n de 40 comisiones
ordinarias.
A su vez el mismo acuerdo en su punto segundo, estableció que el
número de miembros que conformarán las comisiones, así como los nombres de quienes
ocupen presidencias y secretarías, serán las que determine el Acuerdo respectivo.
El martes 3 de octubre, se presentó al pleno una iniciativa de decreto
por el cual se reforman y adicionan los artículos 39 numeral 2 y 43 numeral 1 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dando la posibilidad a los
diputados, de pertenecer a tres comisiones,
Con fecha 3 de octubre en cumplimiento del acuerdo para la subdivisión
y creación de las comisiones ordinarias aprobadas por el pleno en la sesión del día 29
de septiembre, se publica en la Gaceta Parlamentaria la integración de las comisiones
ordinarias y de sus mesas directivas que funcionarán durante la LVIII Legislatura,
asignando a los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista las siguientes
comisiones:
A la diputada Norma Patricia Riojas, Justicia y Derechos Humanos,
Comercio y Fomento Industrial. A la diputada Bertha Alicia Simental, Cultura y Educación
Pública y Servicios Educativos. Al de la voz, Hacienda y Crédito Público y Relaciones
Exteriores.
En dicho acuerdo en la parte final, establece que en términos de lo
dispuesto por el Numeral 2 del Artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso los
Coordinadores de los Grupos Parlamentarios se reservarán el derecho de realizar las
sustituciones de sus integrantes en las Comisiones, mediante comunicación al pleno y a
sus mesas directivas.
Con oficio sin número del 27 de noviembre, la Junta de Coordinación
Política, solicitó a los secretarios de la mesa directiva que el acuerdo mencionado en
el Numeral anterior sea sometido al pleno, después de haber recibido las propuestas de
los Grupos Parlamentarios.
Con fecha lo. de diciembre en la Gaceta Parlamentaria, en la parte
correspondiente a Comunicaciones, aparece un oficio fechado el 30 de noviembre, por el
cual el Secretario General Fernando Franco González Salas, por instrucciones de la
presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada Beatriz Paredes Rangel,
ordena al licenciado Alfredo del Valle, Secretario de Servicios Parlamentarios, publique
de inmediato en la Gaceta el acuerdo celebrado el 27 de noviembre.
En dicha publicación aparece el acuerdo separando a los diputados del
Partido de la Sociedad Nacionalista, que venían participando en las Comisiones
normalmente,
Considerandos: Que el Artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos en su Numeral 1 establece entre otras cosas, que
el presidente de la mesa directiva es el presidente de la Cámara de Diputados y expresa
su unidad;
Que el mismo Artículo 22 pero en su Numeral 3 expresa que el
presidente velará por la eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de
la Cámara, asimismo hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los
intereses particulares o de grupo.
Que el Articulo 33 de la Ley Orgánica establece que la Junta de
Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara.
Que el Artículo 39 en su Numeral 1 establece que las Comisiones son
órganos constituidos por el pleno.
Que el Artículo 43 Numeral 1 señala que las Comisiones ordinarias se
constituyen durante el primer mes del ejercicio de la Legislatura, tendrá hasta 30
miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma.
Que el Artículo 44 Numeral 2 en su parte conducente, establece que el
Coordinador del Grupo Parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las
Comisiones, podrán solicitar su sustitución temporal o definitiva.
Hechos. Con apego al Artículo 43 Numeral 1 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Partido de la Sociedad Nacionalista,
en tiempo y forma, enteró a la Junta de Coordinación Política de las Comisiones en las
cuales determinó integrar a sus diputados.
Con fecha 3 de octubre la Junta de Coordinación Política determina la
integración de las Comisiones ordinarias, ordenando publicarse la lista de las demás en
la Gaceta Parlamentaria e incluye a los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista
en las comisiones antes mencionadas.
Después de casi dos meses de participación constante en dichas
comisiones, la Junta de Coordinación Política arbitrariamente, sin motivación ni
fundamentación, sin derecho legal a hacerlo, modifica la integración de las comisiones
debidamente constituidas. La Junta de Coordinación Política solicita a los secretarios
de la mesa directiva, por oficio de 27 de noviembre, se sirva proponer al Pleno la
integración complementaria de las comisiones de conformidad a las propuestas de los
grupos parlamentarios y esto no se llevó a cabo.
El 10. de diciembre en la "Gaceta Parlamentaria" se publica
el acuerdo de la Junta, referente a la integración complementaria de las comisiones, en
dicha publicación y en flagrante violación al artículo 44, numeral 2 y del acuerdo de
la Junta, de fecha 2 de octubre, se establece el procedimiento de sustitución de los
diputados integrantes de comisiones. La Junta de Coordinación Política decide sustituir
a los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, sin que los mencionados diputados
pertenezcan a las fracciones parlamentarias que decidieron su cambio o sustitución.
El acuerdo por el cual se derivan los hechos en comento, se refiere
únicamente a la integración complementaria de las comisiones; nunca a la sustitución
modificación o reestructuración de las mismas. La Junta de Coordinación nunca enteró
al Pleno de tal acuerdo sino hasta la publicación de la Gaceta, aun cuando este órgano
solicitó por mutuo propio a los secretarios realizarlo y ponerlo a consideración del
Pleno.
La Ley Orgánica establece que únicamente el coordinador del grupo
parlamentario al que pertenezcan los diputados miembros de las comisiones, podrá
solicitar su sustitución temporal o definitiva. Es ilegal que la Junta decida sustituirlo
sin fundamento jurídico, ya que los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista no
pertenecemos ni perteneceremos a algún grupo parlamentario diferente al que pueda
constituir nuestro instituto político.
La Junta de Coordinación Política se extralimitó en sus atribuciones
dejándonos en absoluto estado de indefensión, actuando unilateralmente y con el fin de
satisfacer sus propios intereses. Es un hecho, como ha quedado demostrado, que ni la Junta
de Coordinación Política, ni las comisiones respectivas, ni el pleno de la Asamblea,
tienen facultades ni pueden ejercer votación alguna que vaya en contra de una
disposición expresa y de la legalidad enmarcada en nuestros ordenamientos jurídicos.
Le solicitaría señor presidente un minuto para concluir.
PRESIDENTE: Solamente permítame diputado. Esta presidencia quiere
rogar a la asamblea, que le autoricen ampliar el plazo en término del orador, para que
pueda concluir con un planteamiento a mi juicio importante para la vida institucional de
la Cámara.
Si la asamblea me autoriza, en votación económica desde aquí
pregunto si me autorizan a ampliar el tiempo para que el orador concluya su intervención.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo levantando la
mano.
(VOTACION)
Los que estén en contra, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
He sido autorizado y se le solicita señor orador concluya su
intervención, está usted autorizado para continuar en el uso de la palabra.
DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA (continúa) Muchas gracias señor
presidente; muchas gracias compañeros diputadas y diputados:
Es un hecho, como ha quedado demostrado, que ni la Junta de
Coordinación Política ni las comisiones respectivas ni el pleno de la asamblea tienen
facultades ni pueden ejercer votación alguna que vaya en contra de una disposición
expresa y de la legalidad enmarcada en nuestros ordenamientos jurídicos.
En consecuencia, el Presidente de la Mesa Directiva, como Presidente de
la Cámara de Diputados, debe ejercer el cumplimiento de las funciones constitucionales de
la misma. A su vez, deberá hacer prevalecer el interés general y la legalidad de la
Cámara por encima de los intereses particulares o de grupo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, Señor Presidente, y en
ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica, el Partido de la Sociedad
Nacionalista presenta a usted el siguiente punto de acuerdo.
1. Se restablezca en forma inmediata a los diputados del Partido de la
Sociedad Nacionalista en las comisiones de las que fueron sustituidos ilegalmente.
Se integren a los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista a
una comisión más, en términos del artículo 44, numeral 2, de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
3. Que la integración complementaria de las comisiones de esta H.
Cámara de Diputados sea sometida y aprobada por el pleno.
4. Se notifique a las mesas directivas de las comisiones respectivas de
la restitución de los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista, así como de las
nuevas que se integren de conformidad con el punto 2.
Se emita un extrañamiento a la Junta de Coordinación Política y a la
Secretaría General de la Cámara de Diputados por haber inflingido flagrantemente el
artículo 39, numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos por no acatar la disposición en donde se establece que las comisiones son
órganos constituidos por el pleno.
Firman la presente proposición con punto de acuerdo: Diputada Norma
Patricia Riojas Santana, Diputada Bertha Alicia Simental García, Diputado Gustavo Riojas
Santana y los diputados del Partido de Alianza Social.
Por lo anterior y agradeciendo nuevamente la atención dispensada,
Señor presidente, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gustavo Riojas Santana. Ha
planteado usted un tema delicado de la vida institucional de la Cámara y ha orientado su
punto de acuerdo a gestiones directas de la Presidencia de la Cámara.
Permítame realizar los siguientes trámites con la motivación y
fundamentación siguiente:
Primero. Esta directiva tiene como órgano de consulta auxiliar para la
dirección de los trabajos de la Cámara a la Comisión de Reglamento y Prácticas
Parlamentarias. El artículo 40 de la Ley Orgánica establece que la Comisión de
Reglamento y Prácticas Parlamentarias podrá ser consultada para orientar las
determinaciones de la Mesa Directiva.
Por lo tanto, en consulta turno lo planteado por el Diputado Gustavo
Riojas Santana, a nombre del Partido de la Sociedad Nacionalista, de los diputados del
Partido de la Sociedad Nacionalista, a la Comisión de Reglamento y Prácticas
Parlamentarias.
Segundo. Esta Presidencia tiene la convicción, por su planteamiento,
de que el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que reestructura las comisiones
de la Cámara se aplica con efecto retroactivo en perjuicio de los diputados del Partido
de la Sociedad Nacionalista y solicita a los tres Diputados que representan a este
instituto político, permitan a la Presidencia de la directiva interponer sus oficios ante
la Junta de Coordinación Política para revisar con la consulta hecha a la Comisión de
Reglamento y Práctica Parlamentaria, la situación planteada por usted. Y a la brevedad
hacer del conocimiento de los tres Diputados que integran o que re presentan en la Cámara
de Diputados al Partido de la Sociedad Nacionalista darle una respuesta más amplia.
Gracias por su voto de confianza, Diputado Riojas.
Túrnese a la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria.
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Para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre el ejercicio fiscal del Presupuesto de Egresos del año 2000, se concede el
uso de la palabra al Diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES [PT]: Con su venia, Diputado
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
Hace aproximadamente un año la anterior Legislatura de esta honorable
Cámara vivió un proceso hasta entonces inédito en la vida democrática de nuestro
país. Por vez primera en el ejercicio de su plena soberanía y en cumplimiento de nuestra
Carta Magna los Diputados miembros de las diversas fracciones procedieron a examinar y a
discutir libremente el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentados
por el Jefe del Ejecutivo Federal.
Como resultado de amplios procesos de debate y de negociación, en los
que siempre se antepuso el interés general al interés particular y partidista, se llegó
a importantes acuerdos que dieron por resultado un Presupuesto de Egresos de la
Federación que tuvo como línea general el fortalecimiento del federalismo y destinar
mayores recursos a los programas de índole social, aunque quizá no en la medida
suficiente para cubrir el rezago provocado durante los últimos sexenios permeados por las
políticas económicas neoliberales.
Así, los Diputados del Partido del Trabajo conjuntamente con los
Diputados de oposición, pugnaron porque fueran incrementados los recursos dirigidos a
diversos programas sociales, entre otros al Programa del Combate a la Pobreza, al
financiamiento de proyectos productivos, a dotar de mayores recursos a diversos
productores agrícolas y al Programa de Empleo Temporal.
Se logró que Fonahpo tuviera una asignación adicional de 100 millones
de pesos, para vivienda, a través de suelo y vivienda digna, que resultaron programas
virtuales, se destinaran recursos adicionales como también a Liconsa, Diconsa, Fidelis y
a la comercialización.
Ante la actitud independiente y responsable asumida por la mayoría de
los Diputados que integraban la anterior Legislatura, es de todos conocido que el Poder
Ejecutivo no ocultó su desagrado. Por lo cual, no obstante la importancia y necesidad de
que los recursos aprobados por la pasada Legislatura llegaran de manera oportuna a sus
destinatarios, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sabemos si por soberbia,
perversidad, ignorancia o burocratismo, hizo todo lo posible por no cumplir con lo
mandatado en el decreto y los recursos en muchos casos no fueron entregados oportunamente
a las dependencias responsables de ejecutar los programas sociales, a los cuales este H.
Congreso determinó una reasignación de recursos contraviniendo una reasignación de
recursos. contraviniendo con ello la disposición de los Legisladores de apoyar.
Fue así como Fonahpo hasta la fecha no ha podido ejercer todavía esos
100 millones de pesos que se le asignaron. A Fidelis, a Diconsa y a Liconsa no se le han
entregado todavía hasta el momento esos recursos presupuestales que se planteó que se le
reasignaran a esas importantes instituciones que tienen programas sociales, que permiten
superar las difíciles condiciones de pobreza en que se encuentran sectores muy
importantes de la población.
El programa de vivienda más del 60 por ciento de ese presupuesto no ha
podido ser ejercido hasta la fecha, porque se convirtieron en programas virtuales, porque
a través de las redes de operación no se les dio sustento para que en la realidad se
pudieran ejercer esos programas.
Fonaes, todos los recursos que recuperó Fonaes en febrero y marzo de
este año, que le fueron devueltos a la Secretaría de Hacienda con el objetivo de que le
volvieran a ser entregados a FONAES para impulsar proyectos productivos, hasta la fecha no
se los han entregado tampoco, no se los han devuelto.
La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de realizar las
modificaciones programático presupuestales, aparte que fue un compromiso que adquirieron
en el debate del presupuesto, porque resulta que dijeron que se modificaron los artículos
pero no se modificaron las metas ni los programas en los que se tenían asignados esos
presupuestos. Pero la Secretaría de Hacienda, de acuerdo al artículo 18 del propio
Presupuesto de Egresos, tiene la facultad de modificar esos programas y de modificar esas
metas para que correspondan realmente al espíritu del presupuesto que se reasignó en
este Congreso del Estado, en este Honorable Congreso en la Legislatura pasada,
A pesar de esto, esas reasignaciones, esas metas y esos programas no
fueron modificados con el claro objetivo de que no se ejercieran de no darles viabilidad,
Sin embargo, la mayor muestra de irresponsabilidad mostrada por los funcionarios de la
Secretaría de Hacienda, responsables de la administración de recursos de los programas
sociales, fue haber suspendido por más de tres meses la entrega de los recursos
correspondientes al Programa de Empleo Temporal, situación sobre la cual nunca se dio
ninguna explicación en cuanto al motivo de la suspensión, esto llegándose a publicar en
algunos periódicos como sucedió en los periódicos de Tlaxcala. Con dicha medida se
afectó y se agravió a un gran número de personas, sobre todo de las regiones más
empobrecidas del país, como fueron y son el estado de Chiapas, Zacatecas y otros estados
más, deteriorando aún más sus condiciones de extrema pobreza.
Planteamos también que no por el cambio de gobierno se retrasen aún
más los programas y los objetivos que tiene el presupuesto del 2000.
Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo que establece
el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
"UNICO. Se formula un exhorto a las autoridades de la Secretaría
de Hacienda, para que el gasto destinado a los programas de desarrollo social se ejerza de
conformidad con los requerimientos presupuestales de las dependencias responsables de los
mismos; estos constituyen un compromiso de la nación para con la población marginada del
país y su incumplimiento afecta y agravia aún más a los que menos tienen.
"Asimismo, se hace un llamado a los diputados de todas las fuerzas
políticas representadas en esta H . Cámara de Diputados, para establecer en el decreto
de Egresos de la Federación del 2001, las normas necesarias que limiten al Ejecutivo para
que sin razón alguna suspenda temporal o de manera definitiva la autorización y
ministración de recursos destinados para los programas sociales.
"También proponemos que para el presupuesto del 2001 en lo que se
refiere a las reasignaciones, la Secretaría de Hacienda informe mensualmente sobre su
ejercicio a esta Honorable Legislatura.
"También que las dependencias beneficiadas de las reasignaciones
sean las que realicen las modificaciones programático presupuestales y que la Secretaría
de Hacienda informe las áreas que se verían afectadas, teniendo que contar estas
afectaciones con el aval de la Legislatura, para evitar que se afecten programas
prioritarios; porque afectaron, le dieron recursos a algunos programas de la SEDESOL
aparentemente recortando otros programas también de mucha importancia que tienen que ver
con el ataque frontal a los graves problemas de marginación y de pobreza en que se
encuentran sectores de la población muy importantes.
"Y planteamos también que se turne a la SECODAM, como dice el
Presupuesto de Egresos, y a la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se hagan las
auditorías de desempeño que corresponden; esto es muy importante, para que no queden en
la impunidad las irregularidades y las irresponsabilidades en que en forma impune cayeron
algunos funcionarios de la anterior administración federal''.
Muchas gracias compañeros.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado José Narro.
Su punto de acuerdo abarca varios pedimentos, de tal manera que se
turna a la Comisión de Hacienda y sólo en la parte conducente a la Comisión de
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
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Para presentar un punto de acuerdo sobre el
incremento en el Ramo 33, Programa de Combate a la Pobreza, en el estado de Baja
California Sur, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño,
del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MDNTAÑO (P.T.): Con el permiso de la
Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de
la honorable Cámara de Diputados el presente Punto de Acuerdo bajo la siguiente
Exposición de Motivos.
Con la crisis económica desatada partir del error de diciembre de
1994, la economía mexicana se vio sumida en una serie de problemáticas de toda índole,
económicas, políticas y sociales; a partir de 1995 se manifestó una de las crisis
económicas más severas de la vida moderna de México con lo que se ha llevado a dos
terceras partes de la población a la pobreza y a 30 millones de habitantes a la pobreza
extrema.
Al igual que con otras variables que afectan a la población, el
desarrollo regional en el país no es homogéneo, por esta razón nos encontramos con
estados de la República ricos o con mayores ingresos al promedio nacional y al mismo
tiempo entidades muy por debajo de esa media del país. Con la finalidad de buscar un
desarrollo económico que proporcione bienestar a toda la población tratando de aminorar
los desequilibrios entre los estados se hace necesario buscar los mecanismos idóneos que
permitan redistribuir el ingreso nacional entre las distintas entidades federativas.
Para ello, en 1998 se dio un paso de gran importancia en la búsqueda
de descentralizar la asignación de recursos que la Federación proporciona a los estados
con la creación del Ramo 33 denominado Aportaciones Federales para Entidades Federativas
y Municipios, con el cual se coadyuva a fortalecer las haciendas locales al
institucionalizar y dar permanencia a los recursos que se transfieren a los estados y
municipios con la finalidad de combatir la pobreza de manera sistemática y generar
mejores oportunidades para toda la población.
En Baja California Sur hemos visto reducidos en los últimos tres años
estos recursos, estas acciones son contrarias a las necesidades que tienen que hacer
frente al Gobierno de esta Entidad viéndose agudizados los problemas en cada uno de los
municipios.
Cabe mencionar que el Estado de Baja California Sur por su ubicación
geográfica presenta una situación casi de aislamiento del resto del país, ya que su
único acceso es a través de nuestro vecino Baja California o por vía marítima del
estado de Sinaloa. Esta circunstancia provoca que la entrada de bienes del exterior y la
salida de la producción del Estado sea muy costosa. El resultado de esta situación es un
mayor encarecimiento del nivel de vida de la población subcaliforniana. Nuestra Entidad
ocupa en la actualidad el cuarto lugar entre los estados que atraen más población
migrante según el ultimo censo, uno de cada tres de sus residentes nació en otra entidad
del país, además decidieron cambiar su residencia con el objetivo de obtener un ingreso
mejor que el que recibían en su estado de origen, reunirse con sus familiares, motivos de
estudio o por encontrar mejores condiciones de seguridad.
La llegada a permanente de población migrante a esta entidad significa
una fuerte presión a los presupuestos públicos tanto del estado como de los municipios
debido a que es necesario atender las nuevas necesidades e infraestructura, servicios y
viviendas.
Baja California Sur ocupa el 3.7% del territorio nacional, con 7.36
millones de hectáreas, además cuenta con 2 mil 705 kms. de litorales que representan
más de la cuarta parte de los litorales de México; sin embargo a esta problemática
habría que agregar que la existencia de cerca de 2 mil comunidades y ranchos dificulta
enormemente la construcción de infraestructura y servicios además de que su instalación
resulta bastante onerosa debido a lo disperso de las localidades.
En esta situación se hace necesario destinar mayores recursos a los
municipios para que tengan la posibilidad de proporcionar los servicios necesarios para la
creciente población, así como para cubrir las necesidades de la industria manufacturera
y de servicios.
Actualmente Baja California Sur cuenta con una población
mayoritariamente joven, 32% de los habitantes es menor de 15 años y 64% se ubica entre
los 15 y los 64 años. Esta situación es de gran importancia pues ubica a nuestra entidad
con un enorme potencial, ya que la población transita por una etapa donde el volumen de
habitantes en edades laborales alcanza su mayor peso relativo en relación con la
población en edades dependientes.
Además, el perfil educativo de la población de 15 años o más
continúa mejorando paulatinamente; el promedio de años de estudio de este segmento de la
población es de 8. 4 años en la actualidad, mientras que en 1990 era de solo 7.5 años.
Para poder utilizar dicho potencial es necesario fortalecer la
educación y la capacitación laboral para que se incorpore al proceso productivo en
mejores condiciones y con las posibilidades de obtener mayores ingresos, con esto se puede
garantizar el reforzamiento de los programas de seguridad pública al proporcionar
ingresos suficientes a las familias de crear mayores facilidades para el ahorro financiero
y el desarrollo de capitales, así como el aumento en la inversión local.
Entre las características económicas del Estado, destaca el hecho de
que continúa la terciarización (?) de la economía que se aprecia en el aumento
significativo de la población ocupada en el sector del comercio y los servicios que
creci6 de 59.4% en 1990, a 65.2% en el 2000, en tanto que en el sector primario disminuyó
de 18 . 3 a 12% en el mismo lapso y la ocupación en el sector industrial creció apenas
de 18.8 a 19.9% en el período de referencia.
Hasta la fecha, en Baja California Sur el 94.7% de las viviendas
disponen de servicio eléctrico; 91% tienen acceso a agua entubada y 81% tiene drenaje,
esto significa aumentos importantes respecto de 1990 de 6,7%, 3 y 15 puntos porcentuales;
no obstante estos avances, la creciente y constante emigración de nuevos habitantes hace
necesario incrementar substancialmente los fondos del ramo 33 ya que de lo contrario se
agudizaría la precariedad de las arcas municipales y la insuficiencia de servicios que
demanda la población.
Por otra parte, la disminución de los recursos proporcionados por el
ramo 33 se origina en los criterios considerados en la fórmula que emite la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público para la asignación de los recursos presupuestales; esto
ha ocasionado que en el caso de Baja California Sur se disminuya considerablemente el
monto de las aportaciones provenientes del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social,
situación que impide y reduce las posibilidades para atender las demandas sociales y los
márgenes de atenci6n de los ayuntamientos.
Debemos mencionar que en 1998 el monto autorizado a través del FAIS
ascendió a 99 millones 481,552 pesos con el cual se ejecutaron 822 obras y acciones, sin
embargo para 1999 esta cifra disminuyó en una cuarta parte ya que se le ubicó en 74
millones, 442 mil pesos, en razón de ello sólo se lograron ejecutar 534 obras; para el
año 2000 la inversión de este fondo fue del orden de 17. 9 millones de pesos, lo que
representa una caída del 76% respecto a 1999 y del 82% comparado con lo asignado en 1998.
A fin de recuperar los recursos que el Estado y los ayuntamientos han
dejado de recibir a través del ramo 33 solicitamos restituir los recursos de este fondo
por lo menos a los niveles de 1998, para ello sea necesario utilizar la metodología de
distribución en la que se utilice el porcentaje aplicado en 1998 el cual consistía en
84. 5% de acuerdo con el nivel de pobreza y el 15. 5% restante se distribuyera de manera
paritaria entre todos los estados.
En su caso establecer una fórmula de excepción debido a la
afectación que se ha tenido en los años de referencia. No es posible que municipios como
Los Cabos tengan una asignación de 2.7 millones de pesos, cuando es uno de los municipios
que mayores recursos aporta a la Federación en ese centralismo que afecta al país.
Debemos advertir la incongruencia de estas asignaciones, pues
municipios como La Paz, capital del estado con una poblaci6n de más de 200 mil habitantes
tienen menos recursos del ramo 33 que el municipio de Coroneo, Guanajuato con nueve mil
habitantes, que recibió este año 20 millones de pesos, contra sólo 7 millones en el
municipio de La Paz,
Otro caso patético es el municipio de Los Cabos, que con un
crecimiento poblacional de más de 17% anual recibió este año s61o 2.7 millones de
pesos.
Si no se recibe apoyo para la infraestructura en este municipio, las
personas que emigran de otros estados de la república buscando un mejor nivel de vida, se
les concena a la marginación y a la pobreza por la incapacidad que tiene el gobierno en
proporcionar los servicios.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo.
Artículo Unico. Esta soberanía procurará que a fin de recuperar los
recursos que el estado y los ayuntamientos de Baja California Sur han dejado de recibir a
través del ramo 33 para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio
fiscal de 2001 les sea restituido el nivel de recursos obtenidos a través del fondo de
apoyo a la infraestructura social, para lo cual se propone se utilice la metodología de
distribución en la que se utilice el porcentaje aplicado en 1998, el cual consistía en
84. 5% de acuerdo con el nivel de pobreza, y el 15. 5% restante de manera paritaria entre
todos los estados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de diciembre de
2000.
Atentamente, diputados y diputadas de todos los partidos políticos,
nos apoyaron de todas las fracciones y de todos los partidos políticos apoyaron este
punto de acuerdo par que Baja California Sur tenga mejor apoyo del ramo 33.
Muchísimas gracias.
EL C.. PRESIDENTE: Gracias, diputada Cota Montaño.
La proposición que usted ha presentado se turna a las Comisiones de
Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Para presentar una proposición con punto de
acuerdo, para formular y ejecutar el Programa Integral de Desarrollo de la Sierra Norte de
Puebla, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, al diputado Alberto Amador
Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10
minutos.
EL DIP. ALBERTO AMADOR LEAL: Gracias señor Presidente. Compañeras,
compañeros diputados:
Los desequilibios regionales, tanto de las grandes regiones de México,
norte, sur, centro, costas, como de las microrregiones al interior de los estados,
reflejan la desigualdad económica y social de la nación. En efecto, se han identificado
92 microrre3iones en las cuales se localizan los mayores rezagos sociales y productivos,
es en estas zonas en donde tenemos el mayor reto de pobreza extrema, de dispersión de la
población y de obstáculos de diversa naturaleza para por lo menos igualar los
indicadores sociales al promedio nacional.
En la coyuntura actual que se distingue por la alternancia en el
Gobierno de la República, y a la vez un renovado pluralismo político en los estados y
los municipios, la promoción del desarrollo regional asume un papel de enorme
trascendencia. Ciertamente, para hacer concurrir las visiones, los afanes, y desde luego
los recursos de los tres órdenes de gobierno, hará falta antes que nada voluntad
política, pero también instrumentos que faciliten los acuerdos y que permitan un
despliegue eficaz e incluyente de los programas de gobierno. Por ello se propone, en el
marco del Sistema de Planeación, se promueva la ejecución de programas especiales para
el desarrollo integral e incluyente de las regiones prioritarias, entre ellas de la Sierra
Norte de Puebla, que junto con la Sierra Nororiental, la Mixteca y la Sierra Negra, forman
parte de las zonas de mayor rezago del estado de Puebla. Integrada esta región por 35
municipios, tiene una población de 627 mil habitantes, es decir el 12.5 por ciento del
total del estado.
En los últimos 12 años los serranos hemos emprendido un esfuerzo
sostenido para avanzar en la solución de esta problemática, no obstante, el efecto de
las intensas lluvias de octubre del año pasado que afectaron una considerable parte de la
población, hizo más evidente la naturaleza estructural de los graves problemas de esta
región de Puebla, lo cual se manifiesta en desigualdad social, improductividad y
deterioro creciente del ambiente.
Por ello es apremiante, compañeras, compañeros diputados, así lo
exigen los hombres y las mujeres de la sierra, recuperar el sentido colectivo y solidario
de esta región en la búsqueda de mejores horizontes. Conviene repensar estrategias y
acciones, a ello convocamos a los gobiernos, a los legisladores locales y federales y a
las mujeres y hombres de esta entrañable parte de la patria: a construir juntos una nueva
tentativa que entre otros tome en cuenta los temas de fondo que a todos interesa: el
fortalecimiento y ampliación de los programas de educación, alimentación y salud, para
que no se por falta de ingreso de los padres que las niñas y los niños dejen de ir a la
escuela; el establecimiento de bachilleratos ahí donde egresen más de 50 alumnos de la
educación secundaria; la construcción ya comprometida, del Tecnológico Regional de
Huauchinango, la Universidad Tecnológica de Xicotepec, la extensión de la Universidad
Autónoma de Puebla, en Chignahuapan y la ampliación de la oferta de educación
tecnológica en Tetela de Ocampo, por mencionar algunos temas importantes.
Habrá que ampliar también la infraestructura de comunicaciones y
transportes concluyendo el proyecto para pavimentar las cabeceras municipales de los 35
municipios, concluyendo la Autopista México Tuxpan, que ha llegado ya a los límites
entre Puebla e Hidalgo, e impulsando la construcción de la Autopista Apizaco Tlaxco
Huauchinango.
Habrá también que recuperar el desarrollo urbano ordenado y un amplio
programa de vivienda. Le región tiene además altos riesgos y deterioro creciente de los
recursos naturales. Se requiere la decisión de los gobiernos para establecer plantas de
tratamiento de agua en todas las zonas, así como para reordenar el desarrollo de las
cabeceras municipales.
Una parte fundamental es construir una nueva relación del estado con
las comunidades indígenas. Se trata no sólo de aspectos materiales o del bienestar, sino
de un asunto central de nuestra identidad como nación,
Cerca del 30% de la población de esta región orgullosamente preserva
la lengua y la cultura indígena. Por ello el primer paso es fortalecer la educación
bilingüe es este el eslabón para articular tradiciones, lenguas, acceso al conocimiento,
y en general cultura, identidad, bienestar y desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados: El Plan Estatal de Desarrollo
otorga prioridad a las regiones de Puebla. En el marco del convenio de desarrollo social
suscrito entre el Gobierno Federal y el del estado de Puebla, así como del Convenio de
Política Social y Desarrollo Regional celebrado entre el gobierno del estado y los
municipios, se han logrado avances que hoy deben ser reforzados.
De esta manera se logrará una mayor eficiencia y eficacia en el
desempeño de las funciones concurrentes y coordinadas de los tres órdenes de gobierno.
Para este fin, en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado, conviene establecer un Subcomite Regional para la Sierra Norte en el que
participen además de los servidores públicos, académicos, productores, maestros,
trabajadores, representantes indígenas y de jóvenes y mujeres.
Es tiempo de sumar voluntades del gobierno, de las fuerzas políticas,
de los legisladores, de los grupos sociales y productivos; el pluralismo y la alternancia
son valores de la democracia que carecerían de sentido si no se traducen en el
fortalecimiento de las instituciones y en la construcción de un gran movimiento social a
favor del desarrollo y del bienestar.
Por lo anterior, señor Presidente, nos permitimos proponer el
siguiente Punto de Acuerdo.
Que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo
Social en los términos de las facultades que le confiere el artículo 32 fracciones II y
IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública, y lo que estipulen los convenios de
coordinación que en la materia suscriban con el gobierno del estado de Puebla, promueva
la formulación del Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte de Puebla.
Para tal efecto, habían de considerarse los elementos aquí
presentados y realizados y realizarse una amplia consulta entre los municipios, las
comunidades y los sectores sociales y productivos.
Dicho programa, deberá considerar también la estimación de los
recursos financieros que anualmente se propongan en los proyectos de los presupuestos de
egresos de los gobiernos federal, estatal y municipales.
Atentamente, diputado Cutberto Cantorán Espinosa, diputado Alberto
Amador Leal.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 14 de diciembre del año 2000.
Muchas gracias, señor Presidente. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Su Punto de Acuerdo se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Están inscritos para referirse a este tema, el diputado Ramón
Mantilla y González del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la diputada
Erika Spezia Maldonado del Partido Verde Ecologista de México.
Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado
Ramón Mantilla González.
EL DIP. RAMON MANTILLA GONZLAEZ: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: En representación del Grupo Parlamentario del PAN, y
de manera particular por los diputados del estado de Puebla, me permito comentar lo
siguiente:
En relación al punto de acuerdo sobre el Programa Integral para la
Sierra Norte de Puebla, es conveniente hacer las siguientes puntualizaciones:
En puebla, al igual que en Chiapas, que en Guerrero, que en Oaxaca, que
en Veracruz y en Yucatán, poseemos el 80.2 % de los municipios de alta y muy alta
marginación.
En el estado de Puebla somos el cuarto lugar de población migrante
hacia los Estados Unidos y el mismo gobierno del estado considera que después de la
industria automotriz y de autopartes, la fuente de divisas extranjeras, provienen de los
poblamos radicados en otros países, básicamente en los Estados Unidos de Norteamérica,
pues nada más se considera que 250 mil poblanos radican en Nueva York.
También quisiéramos puntualizar que la Sierra Negra, al igual que la
mixteca poblana, tienen carencias en salud, educación y comunicación, pues sus
habitantes tienen en ocasiones que caminar de 5 a 6 horas para llegar a una escuela o a un
centro de salud. Y quisiéramos contribuir a realizar esfuerzos para aliviar a nuestros
hermanos en estas zonas altamente marginadas.
Actualmente no han sido suficientes los esfuerzos en la aplicación de
las políticas públicas en la entidad a pesar de haberse gastado cuantiosos recursos
económicos en los tres niveles de gobierno.
Por tanto requerimos de una visi6n y acción coherentes por de los tres
niveles de gobierno en una verdadera integración integral para actuar con efectividad y
transparencia.
Es muy importante invertir para que estas regiones se encaminen a
lograr ser autosuficientes y alejarlas del paternalismo.
Debemos de actuar solamente de manera subsidiaria pero vigilando el
transparente manejo de los recursos.
Por lo tanto, compartimos este esfuerzo que será ejemplo para
posteriores apoyos a nuestras regiones marginadas en el estado, pues tenemos que dar
testimonio de solidaridad por nuestros hermanos mas olvidados. Por esto nosotros
consideramos indispensable que no es solamente necesario hacer un esfuerzo para el
proyecto de la Zona Norte de Puebla, sino integra asimismo este proyecto a la zona mixteca
y también a la Sierra Negra del estado de Puebla.
Por su atención, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado Mantilla González,
Se concede el uso de la palabra a la diputada Erika Spezia Maldonado,
del Partido Verde Ecologista de México, para referirse al mismo tema.
LA DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO: Con su permiso, señor Presidente.
Señoras y señores diputados: La Sierra Norte de Puebla es un espacio
pluriétnico con una historia extensa en folclore y tradición. En dicho espacio
territorial comparten identidad cultural y geoeconómica y registran altos grados de
marginación y pobreza, distintas poblaciones. Esto contrasta con el gran potencial
productivo y la diversidad de recursos naturales.
En otras entidades de la República se han llevado a cabo acciones para
impulsar el crecimiento y el desarrollo conjunto de una región. Estos programas son
efectivos ya que la promoción conjunta de distintas comunidades y municipios, es factible
cuando forman parte de la misma economía regional.
Para abatir el rezago de la Sierra Norte de Puebla, se requiere la
generación de una oferta interinstitucional articulada, así como la conformación de
paquetes de atención integral, el paso previo a estas acciones pasa por la conformación
de un Consejo Regional.
En lo que respecta a la oferta de administración pública, tiene que
abarcar a la Fagarpa, Sedesol, CFT, Semarnap, Sector Agrario, la SEP, Secofi y Salud.
Asimismo para un óptimo desenvolvimiento de un plan integral de desarrollo de la Sierra
Norte, tiene que ponerse mucho énfasis en la coordinación de las distintas Secretarías
e instituciones y la participación social.
En un esfuerzo de esta magnitud estarían involucrados organizaciones
civiles, comunidades, consejos regionales, gobiernos municipales, federal y estatal.
La Sierra Norte de Puebla requiere un impulso adicional y coordinado
para la generación de procesos de desarrollo regional integrales, sostenidos en el tiempo
y ecológicamente sustentados.
Finalmente, me gustaría hacer una recomendación para un mejor
ejercicio de los recursos del programa de esta región, considero importante que haya, que
exista una coordinación del gasto social para el desarrollo de la Sierra Norte poblana,
para que este recurso sea manejado de manera transparente y con resultados palpables para
los habitantes de esta zona.
Además no podemos dejar de mencionar que no sólo en esta zona debe
implementarse un programa de desarrollo como el que se menciona, existen zonas en Puebla
como la Sierra Negra o la Mixteca, las cuales se encuentran en similares condiciones y que
deben considerarse. Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada Erika Spezia.
Para dar cumplimiento con el acuerdo que establece la interrupción de la sesión a las
tres de la tarde, sólo se dará el uso de la palabra para un Punto de Acuerdo más al
diputado Javier García González, para presentar una proposición sobre pensionados
ferrocarrileros hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO JAVIER GARCIA GONZALEZ: Con su permiso señor
presidente. Ciudadanas diputados. Ciudadanos diputados. Los diputados del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura de esta
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los
Artículos 23 párrafo primero inciso f), 116 y 122 de la Ley Orgánica del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción VI, 83 y 87 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General, presentamos a esta H. Soberanía, proposición con Punto de
Acuerdo a tenor de las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S
PRIMERO. Con fecha 4 de noviembre de 1999, la diputación obrero a la
LVII Legislatura presentó iniciativa con proyecto de decreto sobre reforma al proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2000, a efecto
de que se incluyera dentro del ramo decimonoveno, relativo a aportaciones para la
seguridad social, una partida que contemplara los recursos necesarios para que el
Instituto Mexicano del Seguro Social, otorgar a los ferrocarrileros jubilados con
anterioridad al lo. de enero de 1982, pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad
avanzada, proyecto que no fue dictaminado.
El antecedente de este asunto es un convenio celebrado el día 29 de
diciembre de 1981 entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los ferrocarrileros
jubilados con anterioridad al lo. de enero de 1982, por el cual quedaron inscritos ellos y
sus familiares al Seguro Social por cuanto a los seguros de enfermedad y maternidad y la
modalidad de poder generar a su muerte pensiones de viudez, orfandad y protección a
ascendientes o descendientes.
Por omisión o por mal fe, en el convenio de referencia no se
incorporó a estos trabajadores ferrocarrileros jubilados antes de 1982 a los seguros de
invalidez, de vejez, de cesantía, lo que ha privado de elementales prestaciones de
seguridad social, a hombres que dejaron su juventud y entregaron su esfuerzo personal a la
nación, puesto que arriesgando con valentía su vida, su salud, la tranquilidad de sus
familias, trabajaron para la entrañable empresa de los mexicanos: Ferrocarriles
Nacionales de México.
Permítame esta Asamblea rendir un emocionado homenaje a los
trabajadores ferrocarrileros de nuestra patria, por su aporte histórico al movimiento
revolucionario de 1910: fueron los conductores, fueron los fogoneros, los garroteros, los
mecánicos, los jefes de estación, de vía, los que condujeron en sus vagones a los
revolucionarios, por todo el territorio de nuestra patria, para ganar a la tiranía de
Porfirio Díaz, usando las propias vía que el dictador construyera con capital
extranjero, las sendas ferroviarias que condujeron a nuestro pueblo al triunfo de un
movimiento armado reconocido como la primera revolución social en el mundo.
Me emociona compañeros diputados, estar ante ustedes en esta alta
tribuna, pero sobre todo, mi emoción surge de quien tiene como su servidor, el orgullo de
provenir de una familia ferrocarrilera, de quien sintió en carne propia la pérdida de un
hombre que amó a los ferrocarriles y murió en el cumplimiento de su deber, como lo
hicieron también muchos compañeros ferrocarrileros.
Nací en una ciudad rielera: Apizaco, Tlaxcala, que conmemoró el
centenario de su existencia el año pasado, ciudad fundada por ferrocarrileros. Apizaco es
una ciudad que a fines del siglo pasado inicia un emporio ferrocarrilero y con esa
trascendente vía de comunicación da vida en paralelo a otros medios de comunicación
como el telégrafo, el teléfono y la carretera. Surge una generación de hombres que
aprendieron el oficio de ferrocarrilero, no obstante que antes del triunfo revolucionario,
sólo realizaban trabajos de inferiores sin acceso a cargo de mando ni directivos,
reservados éstos a los norteamericanos y a los ingleses, dueños entonces de la empresa
de ferrocarriles. Pronto se convirtieron en trabajadores altamente calificados y por
cuatro generaciones formaron a los mejores trabajadores ferrocarrileros del país.
Apizaco logra tener el mejor taller de reparación de locomotoras de la
región, los ferrocarrileros apizaquenses también participaron en movimientos sociales,
algunos siendo sancionados, no por despido, justificado o injustificado, sino por la
conducta de lucha social, y además no alcanzaron jubilación, porque entonces tenían
sólo 50 10 años de antigüedad en el trabajo. Y ahí sobreviven en todas partes de la
república, algunos con sus familias, con una graciosa dádiva que el Gobierno Federal les
otorga y que hoy tienen un monto mensual de casi 200 pesos.
Hace dos años se vende la empresa de Ferrocarriles Nacionales de
México; se cierran los talleres; no se permite a los trabajadores ni a sus hijos,
acercarse ni a la barda de la construcción de los nuevos talleres; se les prometieron
fuentes de trabajo alternas; nada se cumplió. Poco a poco mueren los ferrocarrileros y
sus familias quedan en el peor del desamparo.
Justicia, compañeras y compañeros diputados. Para los que entregaron
sin temor su vida por servir a nuestra nación he visto llorar a hombres de 40 años que
por la venta de estas empresa quedaron sin trabajo y he visto morir en la miseria a los
viejos ferrocarrileros de mi tierra y sé que lo mismo ocurre en todo el país.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, a petición de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social de esta Cámara de Diputados en la LVII Legislatura,
cuantificó en 908 millones de pesos los recursos necesarios por concepto de capitales
constitutivos para estar en condición de otorgar una pensión mensual a los
ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que no cuentan con este beneficio.
Tanto en el Seguro Social como en la empresa de Ferrocarriles, cuando
eras propiedad del Gobierno Federal, manifestaron no estar normativamente obligados ni
contar con los recursos para hacer esta aportación. Dichos ferrocarrileros ya esperaron
20 años; no deben esperar 20 años más para que reciban lo que en justicia tienen
derecho.
Tenemos la palabra todos los diputados.
Por lo anteriormente expuesto solicito a la Presidencia de esta Cámara
se sirva turnar a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y
Cuenta Pública y Seguridad Social para su análisis, discusión y aprobación el
siguiente punto de acuerdo.
Unico. Se considere en el presupuesto de egresos de la Federación para
el ejercicio fiscal del año 2001 dentro del ramo 19, Aportaciones para la seguridad
social, la inclusión de una partida por la cantidad de 998 millones de pesos, más el
impacto inflacionario correspondiente a partir de la fecha de aprobación, para que el
Ejecutivo Federal lo destine a conformar los capitales constitutivos ante el Instituto
Mexicano del Seguro Social que permita, a partir del 1O. de enero del año 2001, liquidar
a los ferrocarrileros jubilados con anterior al 1O. de enero de 1982 el importe de sus
pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, según corresponda.
Firman más de 50 diputados. Todos los compañeros diputados que
estamos aquí tenemos la palabra. Gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Diputado. Como usted lo ha
solicitado, se turna su proposición con punto de acuerdo a las comisiones de Hacienda,
Presupuesto y Cuenta Pública y Seguridad Social.
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Honorable Asamblea: Se ha llegado la hora que establece el acuerdo
parlamentario para dar por terminada la sesión.
La directiva, con fundamento en el artículo 20, inciso c), determina
que el orden del día de la sesión de hoy que queda por desahogarse será el orden del
día de la sesión de mañana.
Dé lectura al orden del día de la próxima sesión, Señor
Secretario.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN:
LECTURA DE ORDEN DEL DIA, INSÉRTESE
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 38
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA
20 DE DICIEMBRE DE 2000
Lectura del acta de la sesión anterior
COMUNICACIONES
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia
Cívica que con motivo del 185 Aniversario Luctuoso del Generalísimo José María Morelos
y Pavón, tendrá lugar el 22 de diciembre, en la Columna de la Independencia, a las 10:00
Horas.
De la Academia Mexicana de Historiadores y Cronistas Parlamentarios y
periodistas de la fuente del Congreso.
De los Congresos de los Estados de: Jalisco y San Luis Potosí.
Del Consejo de la Judicatura Federal.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo sobre el "Puente Internacional Zaragoza
Ysleta", que comunica las poblaciones fronterizas de Zaragoza, Chihuahua, Estados
Unidos Mexicanos e Ysleta, Texas, E.U.A., a cargo del Dip. José Carlos Borunda Zaragoza,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para solicitar a las Secretarías de Economía y
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la limitación a la
Importación de Alimentos Transgénicos, a cargo del Dip. José Rodolfo Escudero Barrera,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para solicitar que se reactive la entrega de la
Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri", a cargo del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
Con Punto de Acuerdo sobre apoyo a la comercialización de granos
básicos en el Estado de Baja California Sur, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que atiendan las demandas de los Trabajadores
al Servicio del Estado, a cargo del Dip. Alfonso Elías Cardona, del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
EXCITATIVAS
A la Comisión de Salud, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido
Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y
Derechos Humanos, a cargo del Dip. Auldárico Hernández Gerónimo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
A las Comisiones de Salud y de Gobernación y Seguridad Pública, a
cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y
Fomento Industrial, a cargo del Dip. Mario Cruz Andrade, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
AGENDA POLITICA
Comentarios sobre la integración del Gabinete del Presidente Vicente
Fox Quesada, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre las políticas de gobierno en el Estado de Chiapas, a
cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios en relación al Estado de Derecho del país, esencialmente
en el Estado de Yucatán, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la situación salarial de los Servidores Públicos
Federales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
EL C. PRESIDENTE: (15:08 horas) Se levanta la
sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, día 20 de diciembre, a las 10: 00
horas.
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APENDICES DE LA SESION ORDINARIA DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2000.
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALAFORNIA
H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
México, DF
Por medio del presente nos permitimos informarles que en sesión
ordinaria de la H. XVI Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada
el 7 de diciembre del año en curso, se acordó enviarles una atenta recomendación. para
que se incluya en el Presupuesto del 2001, en el rubro de Asistencia Social, una partida
especial para programas que atiendan a niños con discapacidad funcional. (Se anexa
fotocopia del Acuerdo).
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan otorgar al
presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra distinguida consideración
y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 7 de diciembre del 2000.
DIP. Juan Manuel Molina Rodríguez (rúbrica)
Presidente
Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica)
Secretario
Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez Presidente de la Mesa Directiva Del
Congreso del estado de Baja California PRESENTE
Compañeras y compañeros diputados: Amigos de los medios de
comunicación: Respetable concurrencia:
Este viernes 8 y sábado 9 de diciembre, son días de esperanza para
los niños con discapacidad funcional, porque se llevará a cabo el Teletón 2000 con la
unidad de los mexicanos, quienes con su participación económica contribuirán a la
atención de estos pequeños en los Centros Infantiles de Rehabilitación Teletón, en
donde con amor, cariño, voluntad y el equipo médico más avanzado del país, se busca la
rehabilitación de éstos a la vida productiva.
Debemos resaltar que los niños con discapacidad funcional, necesitan
un espacio en la sociedad. Necesitan de todo nuestro respeto para que sean integrados y
queridos, por lo que merecen en principio los trescientos sesenta y cinco días del año,
que nuestra actitud no los lastime, sino que se transforme de la mirada de angustia o de
lástima a una mirada de amor, para que dejen de estar solos con ellos mismos, olvidados a
veces por sus propias familias.
En la tarea de rehabilitarlos, las instituciones y medios de
comunicación que promueven el Teletón, deben saber que no están solos, que la tarea de
incorporar a es te sector a la vida productiva es tan importante, que merece el respeto y
apoyo de todos los mexicanos, como seguramente lo veremos en el desarrollo de la actividad
que este fin de semana se habrá de celebrar.
El Teletón, nos ha marcado positivamente una fecha para dar y para
demostrar nuestro sentir y adhesión a ellos, a sus familias y a quienes han lanzado el
primer llamado masivo solidario. Sin embargo desde esta tribuna, nos corresponde ahora,
realizar un exhorto al Sr. Presidente de la República, Vicente Fox Quezada quien al
inicio de su mandato, mostró su actitud de consideración a niños de la calle
desayunando con ellos en el barrio de Tepito, para que muestre su sensibilidad e interés
por los niños discapacitados más allá de un día para que establezca un programa que
atienda a niños en condiciones especiales para que sean incorporados al proyecto de nueva
nación.
Manifestaciones como las que vimos de parte del hoy Presidente de la
República el día primero de diciembre, deben de plasmarse en acciones concretas, ya que
la mejor forma de ayudar a los niños, tengan o no in capacidad disfuncional, no sólo se
cumple desayunando con ellos un solo día, sino apoyándolos por el resto de sus vidas.
Por otra parte, consideramos que esta Legislatura debe demostrar su
solidaridad con los mexicanos y con las familias de los niños con discapacidad funcional,
pro poniendo para tal efecto se aporte la cantidad de $37,500.00 (treinta y siete mil
quinientos pesos) en la celebración del Teletón, edición 2000, tal y como en su
momento, los diputados integrantes de este Congreso nos solidarizamos con el hijo de
Paulina.
Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 114, fracción
III. 115, 116 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja
California, sometemos a su consideración el siguiente:
Punto de Acuerdo
Primero. Que se envié una recomendación al Congreso de la Unión, con
copia para el Presidente de la República. Vicente Fox Quesada, para que se incluya en el
Presupuesto del 2001, en el rubro de Asistencia Social. una partida especial para
programas que atiendan a niños con discapacidad funcional.
Segundo. Que los diputados integrantes de esta XVI Legislatura formen
una bolsa de su ingreso propio por la cantidad de 537,500.00 (treinta y siete mil
quinientos pesos), y se envíe en solidaridad y apoyo a la campaña que se promueve a
través del Teletón 2000.
Tercero. Solicitar a los compañeros diputados que por tratarse de un
asunto que requiere de tomar acciones inmediatas, se someta a la consideración de esta
Asamblea, para su resolución.
A su consideración señores diputados.
Atentamente
Mexicali, BC, a 7 de diciembre de 2000.
Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica)
Coordinador del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática
Dip. Jaime Jiménez Mercado
Dip. Gilberto Flores Muñoz (rúbrica)
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H. LVIII Legislatura del Congreso de la Unión México, DF
Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en
sesión ordinaria de la H. XVI Legislatura constitucional del estado de Baja California,
celebrada el día 29 de noviembre del año en curso, se acordó solicitarles muy
respetuosamente, que las comisiones correspondientes presenten al gabinete agropecuario
del Ejecutivo de la nación, la necesidad de que la actividad agropecuaria sea considerada
como prioritaria y estratégica en el desarrollo político, económico y social de nuestro
país; asimismo, se hagan las propuestas necesarias para que en el marco de propiciar una
mejoría en la rentabilidad de la actividad, se dé un trato preferencial al sector
agropecuario en los precios de los combustibles y lubricantes requeridos en el proceso de
producción, los cuales cada mes son aumentados en perjuicio de los campesinos. (Se anexa
fotocopia del Acuerdo)
Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan otorgar al
presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra distinguida consideración
y respeto.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mexicali, BC, a 29 de noviembre del 2000.
Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez (rúbrica)
Presidente
Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica)
Secretario
Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez Presidente de la Mesa Directiva Del
Congreso del estado de Baja California PRESENTE
Compañeras y compañeros diputados:
Me permito comparecer ante esta H. Asamblea Legislativa con fundamento
en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo III, 28, fracción I, y 36 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en lo
establecido por los artículos 10, fracción VIII, 114, fracción III, y 121 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para presentar a la consideración de esta H.
Legislatura del estado de Baja California el presente Punto de Acuerdo Económico bajo la
siguiente
Introducción
Para todos nosotros es clara la situación precaria por la que
atraviesan la mayoría de los hombres dedicados a hacer producir la tierra en nuestra
entidad como resultado de la baja rentabilidad que la actividad presenta en nuestros
días.
Hemos sido testigos de la manera en que se han visto afectados los
productos agropecuarios como resultado de la aplicación de políticas de apertura
comercial para los productos del campo, derivado esto de un fenómeno de globalización de
mercados donde nos está correspondiendo competir con economías más fuertes y
organizadas que la nuestra con las consabidas desventajas.
Por otro lado nos damos cuenta de que mes a mes se incrementa el costo
de combustible y lubricantes que son insumos fundamentales en el proceso productivo donde
el uso de maquinaria y equipo agrícola son comunes en una agricultura altamente
tecnificada como la que manejan nuestros campesinos en Baja California.
De igual manera los insumos, como semillas, fertilizantes y
agroquímicos reflejan incrementos importantes al inicio de cada subciclo agrícola
producto de es tos aumentos los cuales son trasladados para que sean cubiertos y
absorbidos por los campesinos con el con siguiente aumento en los costos de producción y
reducción de la rentabilidad de la actividad.
Estamos ciertos que los productores agropecuarios están haciendo
esfuerzos extraordinarios y los resultados son importantes, hemos alcanzado volúmenes de
producción por unidad de superficie mejores que en otras partes del país y del mundo,
sin embargo no ha sido suficiente para afrontar los bajos precios que en el mercado tienen
los productos agropecuarios.
Esta situación ha provocado una marcada descapitalización de los
productores agropecuarios principalmente los más humildes, dando como resultado que una
gran parte de las parcelas del Valle de Mexicali estén rentadas a empresas o consorcios
donde la utilidad o ventaja de los productores es ser contratados como peones para llevar
cabo las tareas del campo.
Existen casos en que ni eso alcanzan nuestros campe sinos viéndose en
la necesidad de emigrar a la ciudad y sumarse a la fuerza de trabajo como obreros en
maquiladoras.
Es por eso que en esta oportunidad y aprovechando el hecho de que es
nuestra responsabilidad como representantes populares propugnar por mejorar la condición
en que esta actividad se desarrolla en nuestro estado y derivado de que observamos una
baja rentabilidad y una constante descapitalización de la actividad agropecuaria que
mantiene a los productores rurales en un estado de incertidumbre, por la falta de
satisfactores no sólo para realizar las actividades productivas. sino para sostener las
necesidades básicas de sus familiares, que expresamos los siguientes:
Considerandos
Que es necesario que la actividad agropecuaria sea revalorada
necesitamos que se reconozca y se entienda que en cuanto tengamos un campo capitalizado y
productivo, nuestras demás actividades económicas tendrán un mejor comportamiento y por
lo tanto estaremos más cerca de un verdadero desarrollo rural integral con los beneficios
sociales que esto implica.
Que los acontecimientos de las últimas décadas en el sector
agropecuario reflejan que la causa principal de la crisis por la que atraviesa, es la
pérdida de rentabilidad donde gran influencia ha tenido los bajos precios de los
productos en el mercado mundial y los altos costos de producción con los que nuestros
campesinos enfrentan el proceso productivo.
Lo que implicara dar ocupación o incorporar a una actividad productiva
distinta a los miles de trabajadores que serán expulsados del campo con las repercusiones
económicas, sociales y políticas que ello implica.
Que en el seno del Comité Directivo Agrícola del Distrito de
Desarrollo Rural 02 Río Colorado, órgano colegiado donde se tiene la representación de
todos los organismos campesinos e instituciones que tienen qué ver con el sector
agropecuario se han tomado acuerdos para solicitar a quien corresponda se instrumenten
acciones tendientes a apoyar al sector.
Que es facultad de los diputados presentar ante el Pleno de esta
Soberanía Punto de Acuerdo Económico, de conformidad a lo establecido en el artículo 36
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como
26,44, 114, fracción III, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del esta do de
Baja California.
Por lo que bajo los considerandos anteriores el suscrito somete a la
consideración de esta Honorable Asamblea para su aprobación los siguientes:
Resolutivos
Primero. Que este H. Congreso del estado de Baja California solicite a
la Cámara de Diputados de la Honorable LVIII Legislatura federal que las comisiones
correspondientes presenten al gabinete agropecuario del Ejecutivo de la nación la
necesidad de que la actividad agropecuaria sea considerada como prioritaria y estratégica
en el desarrollo político, económico y social de nuestro país.
Segundo. Se solicite por parte de esta H. Soberanía a la propia LXIII
Legislatura federal se hagan las pro puestas necesarias para que en el marco de propiciar
una mejoría en la rentabilidad de la actividad, se dé un trato preferencial al sector
agropecuario en los precios de los combustibles y lubricantes requeridos en el pro ceso de
producción, los cuales cada mes son aumentados en perjuicio de los campesinos.
Dado en la Sala de Sesiones de la H. XVI Legislatura de este Congreso
del estado de Baja California a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Sergio Avitia Nalda
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
Chilpancingo, Guerrero, 28 de noviembre del 2000.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
PRESENTES
El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero. en sesión de este día tuvo a bien aprobar, la
Propuesta de Punto de Acuerdo Parlamentario, suscrita por los integrantes de la Comisión
de Gobierno, relativo a la permanencia del Programa Rural de Abasto, operado por Diconsa y
la asignación de recursos financieros suficientes a este Programa. Documento que me
permito anexar al presente, para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida
consideración.
El Oficial Mayor
Lic. Luis Camacho Mancilla (rúbrica)
Se emite Acuerdo
El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los
artículos 47, fracción I, de la Constitución Política lo cal, 8°, fracción I, y 127,
párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre
del pueblo que representa tuvo a bien expedir un Acuerdo Parlamentario bajo los
siguientes:
Considerandos
Primero. Que en el ano de 1979 se estableció el Pro grama Rural de
Abasto, para dar respuesta a la necesidad de garantizar reservas de granos básicos y la
garantía de precios de esos productos, lo que en un momento se conoció como el programa
Conasupo Coplamar, hasta transformarse en lo que actualmente es Diconsa, filial de
Conasupo, encargada de distribuir granos básicos y productos de primera necesidad en
comunidades marginadas.
Segundo. Que para la operación de este Programa Rural de Abasto. se
crearon los comités rurales de abasto en cada una de las tiendas que se establecieron a
lo largo del país y se crearon las asambleas regionales en los almacenes, de las que
surgieron los Consejos Comunitarios de Abasto.
Tercero. Que en la actualidad en el estado de Guerrero existen 15
almacenes Diconsa, con igual número de Consejos Comunitarios de Abasto, distribuidos en
las diferentes regiones del estado. Asimismo, existen 1,133 tiendas que operan en igual
número de comunidades y que prestan un servicio a una población aproximada de un millón
ochocientos mil consumidores; lo que nos hace ver la importancia de este sistema de abasto
rural, sobre todo en una geografía tan accidentada como la nuestra, en donde Diconsa en
muchas ocasiones representa la única opción de abasto de ser vicios básicos de primera
necesidad.
Cuarto. Que en los últimos años se ha reducido el presupuesto federal
destinado a la operación de este tipo de programas, con la entendible protesta de
diversos núcleos de la población, sobre todo los de comunidades marginadas representadas
por los Consejos Comunitarios de Abasto.
Para el presente ejercicio fiscal la Cámara de Diputa dos del
Honorable Congreso de la Unión, asignó una partida presupuestal de 715.9 millones de
pesos para la operación del programa, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público sólo ha entregado $400.00 millones de pesos, faltando 315.9 millones de pesos,
lo que ha obstaculizado el cumplimiento de los objetivos del programa en el presente año.
Quinto. Que lo antes expuesto nos hace ver la importancia y necesidad
de que siga operando en el país y sobre todo en el estado de Guerrero, el Sistema Rural
de Abasto, que permita a la población que habita en zonas alejadas y de escasos recursos
el suministro de productos básicos de primera necesidad con precios accesibles. Por lo
tanto, atendiendo a sus funciones de representación popular es conveniente que este
Honorable Congreso solicite al Ejecutivo federal y al Honorable Congreso de la Unión, la
permanencia institucional de este programa y la asignación de recursos financieros para
su operación.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local; 8°, fracción I. y 127.
párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor:
El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien
expedir el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Primero. La Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, solicita atenta y respetuosamente al Poder Ejecutivo
federal y al Honorable Congreso de la Unión, la permanencia del Programa Rural de Abasto
operado por Diconsa, así como la asignación presupuestal de recursos financieros
suficientes, que permita llevar a la población productos básicos de primera necesidad a
precios accesibles, sobre todo en aquellas regiones con un alto índice de marginación.
Asimismo, se pronuncia porque la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público aporte al Programa Rural de Abasto operado por Diconsa, los restantes 315.9
millones de pesos, que no fueron entregados y que se presupuestaron por la Honorable
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Segundo. Comuníquese el presente al Titular del Poder Ejecutivo
Federal, y a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión
para los efectos legales procedentes.
Transitorio
Unico. El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de
la fecha de su expedición.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo a los
veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil.
Dip. Héctor Apreza Patrón (rúbrica)
Presidente
Dip. Olga Bazán González (rúbrica)
Secretaria
Dip. Javier Galeana Cadena (rúbrica)
Secretario
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Chilpancingo, Guerrero, 22 de noviembre del 2000.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
PRESENTES
El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar, un
Acuerdo Parlamentario. por el que se pronuncia a favor de una solución positiva al
conflicto que enfrentan los ahorradores de las cajas populares que operaban en el país a
cargo del C. José Cirilo Ocampo y en particular a las personas asociadas en la "Caja
Popular Guerrerense". Documento que me permito anexar al presente, para los efectos
legales procedentes.
Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi
distinguida consideración.
El Presidente del H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Guerrero
Dip. Héctor Apreza Patrón (rúbrica)
Se emite Acuerdo
El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los
artículos 47, fracción I, de la Constitución Política lo cal, 8, fracción I, y 127,
párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre
del pueblo que representa tuvo a bien expedir un acuerdo parlamentario bajos los
siguientes:
Considerandos
Primero. Que el ahorro interno es una de las principales estrategias
que en materia económica se deben impulsar para generar y consolidar la riqueza de una
nación, de tal forma, que con los excedentes financieros obtenidos por los sectores
productivos, se lleven a cabo acciones que promuevan el desarrollo económico y social del
país, y contribuyan a superar las condiciones de marginación en que se encuentran
millones de mexicanos.
Segundo. Que en nuestro país. paralelamente a las instituciones
bancarias se ha desarrollado el establecimiento de cooperativas de ahorro, mejor conocidas
como cajas populares, en las cuales se presentan servicios de intermediación financiera
accesibles al común de los ciudadanos. Provocando que miles de mexicanos hayan confiado
sus ahorros a estas asociaciones, con el ánimo de obtener un mayor beneficio de forma
legal.
Tercero. Que una de estas asociaciones manejada por el C. José Cirilo
Ocampo, es la denominada "Caja Popular Guerrerense", que en nuestra entidad
agrupa a un total de 1,336 ahorradores con un capital a la fecha de 19 millones de pesos,
y quienes ante las denuncias y posterior detención de esta persona, no han podido accesar
a los ahorros depositados en esa asociación, ya que tanto la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores, como la Procuraduría General de la República, han intervenido y embargado
la totalidad de los bienes y capitales con que cuentan estas cajas de ahorro.
Cuarto. Que ante esta situación, los aproximadamente 1,181 ahorradores
del país, se han organizado en su mayoría, para exigir la devolución de su dinero,
acudiendo a diversas instancias que van de la Procuraduría General de la República. La
Secretaría de Hacienda y el mismo Congreso de la Unión, sin que a la fecha se haya dado
solución positiva al conflicto.
Quinto. Que este problema, cuya solución trasciende del ámbito local
es de prioritaria atención, ya que en el se ven comprometidos los ahorros de miles de
mexicanos que en muchos casos constituyen su único patrimonio, por lo que se hace
necesario que este H. Congreso se pronuncie a favor de una solución pronta a es te
conflicto en que involuntariamente se encuentran miles de mexicanos. Haciendo un exhorto
respetuoso al H. Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la
República, para que presenten una alternativa de solución pronta y completa que permita
a los miles de pequeños ahorradores involucrados, obtener en el menor tiempo posible la
devolución de sus ahorros.
Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 47, fracción I. de
la Constitución Política local, 8, fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la
Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor:
El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso
del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien
expedir el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Primero. La Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del
Estado Libre y Soberano de Guerrero, se pronuncia a favor de una solución positiva al
conflicto que enfrentan los ahorradores de las cajas populares que operaban en el país a
cargo del C. José Cirilo Ocampo, y en particular a las 1,336 personas asociadas en la
"Caja Popular Guerrerense", haciéndose un exhorto respetuoso al Presidente de
los Estados Unidos Mexicanos, al H. Congreso de la Unión. a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, a presentar una
alternativa real que permita en el menor tiempo posible la devolución de los ahorros
invertidos por las personas que demuestren tener derecho de ellos, procediendo de igual
forma a aplicar las sanciones que jurídicamente procedieren.
Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario al Ejecutivo
federal, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a
la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República para los efectos
legales procedentes. Y desee cuenta al Pleno de esta Legislatura de la respuesta obtenida
al presente.
Transitorio
Unico. El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de
su expedición.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo a los
veintidós días del mes de noviembre del año dos mil.
Dip. Héctor Apreza Patrón (rúbrica)
Presidente
Dip. Consuelo Ibancovichi Muñoz
Secretaria
Dip. Olga Bazán González (rúbrica)
Secretaria
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS
Cuernavaca, Mor., a 30 de noviembre del 2000.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión PRESENTE
Le remitimos Punto de Acuerdo emitido por la Comisión de Régimen
Interno y Concertación Política de este Congreso, mismo que fue aprobado por el Pleno en
la sesión de hoy, por el cual esta XLVIII Legislatura se pronuncia en apoyo al Acuerdo
tomado por el Congreso de Querétaro a que se considere en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2001, la aprobación de un incremento al porcentaje de las
Participaciones Federales a los Estados y Municipios para que éste sea como mínimo el 25
por ciento, así como el hecho de que se establezca mayores beneficios tributarios.
Sin otro particular le reiteramos nuestra consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Los Secretarios de la Mesa Directiva
del H. Congreso del estado de Morelos
Dip. Joel Juárez Guadarrama (rúbrica)
Dip. Jesús Fernando Contreras Arias (rúbrica)
Honorable Asamblea:
En el ejercicio de las atribuciones que consagran los artículos 40,
fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 38,
inciso n), de la Ley Orgánica del Congreso del estado de More los; 6, fracción VIII, del
Reglamento Interior para el Congreso del estado de Morelos, los suscritos diputa dos
integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sometemos a su
consideración el presente Dictamen, de cual se desprenden las siguientes:
Consideraciones
Que en fecha 28 de noviembre del año en curso se remitió a la
Comisión de Régimen Interno y Concertación Política el Acuerdo tomado por la
Legislatura del estado de Querétaro, solicitando a la Cámara de Diputados del Congreso
de la Unión el incremento a las Participaciones de la Federación a los Estados y
Municipios.
Que una vez analizado el Punto de Acuerdo de referencia, se reconoce
que efectivamente la situación económica de la sociedad es sumamente compleja,
deficiente producto del centralismo, y de una permanente invasión de la soberanía
estatal, lo que ha llevado a romper con principios básicos de estructura republicana y
federalista.
Que resulta una necesidad imperiosa recobrar la autonomía estatal
frente a la federación, pues ésta no se puede entender si no tiene suficiencia
económica para afrontar las necesidades y requerimientos de la sociedad en su conjunto, y
esto sólo es posible si los esta dos logran incidir directamente en diferentes ámbitos
de recaudación fiscal, hoy de exclusividad de la federación, sin embargo tenemos que del
total de lo que recauda la federación, sólo reparte entre los estados el 20 por ciento
de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y su fórmula inasequible
de cálculo para definir las participaciones a los estados.
Que en este sentido los estados y sus gobiernos deben plantear ante la
H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el incremento gradual de dichas
participaciones, que permitan a los gobiernos estatales tener mayor capacidad de respuesta
a las demandas de la sociedad y el impulso del desarrollo social y económico, en un
ámbito estrictamente republicano y de impulso al federalismo constitucional y
democrático.
Que de igual manera que a las entidades estatales, a los Municipios se
les debe dotar de mayores recursos económicos necesarios para satisfacer las demandas que
les compete ante atender y resolver.
Que con la firma del Convenio de Adhesión, las entidades federativas
han suspendido contribuciones esta tales y municipales, de manera que esto ha presentado
una importante reducción en ocupaciones de financia miento propio para las entidades y
sus municipios.
Que la manera como las entidades pueden incentivar su desarrollo
regional y a su vez contribuir al desarrollo de los municipios, es contando con un mayor
monto de recursos vía participaciones, aportaciones y nuevas potestades tributadas y así
tener mayor autonomía en el gasto público, tomado en consideración que los ingresos por
participación son una de las principales fuentes de ingreso de las entidades y que las
alternativas más importantes del financiamiento del gasto público estatal y municipal.
Que dadas las particularidades de la fórmula de las participaciones,
no es posible modificar la distribución sin dejar de afectar a otras entidades, dando el
efecto "suma cero", por lo que si desea contar con mayores recursos, se hace
necesario incrementar el monto del Fondo General de Participaciones.
Que es necesario que la federación incentive un desarrollo estatal y
municipal mediante incrementos al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento
Municipal y los fondos de aportaciones que contribuyan a dotar al municipio de mayores
recursos para el fortalecimiento de los municipios y la infraestructura social.
Que partiendo del hecho de que los gobiernos locales son los que tienen
el conocimiento pleno de las necesidades que se presenten en su entidad, el gasto público
en principio deben hacerse mediante el fortalecimiento de los Fondos Generales de
Participaciones, para el estado y sus municipios dispongan de los re cursos suficientes
que les permitan tener autonomía en su administración y asignación en su
redistribución local.
Que para alcanzar efectivamente tales propósitos, es necesario pugnar
porque el Presupuesto de Egresos del año 2001, que habrá de aprobar la H. Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la facultad que le confiere la fracción
IV del artículo 74 Constitucional, se otorguen a los estados y municipios los recursos
federales suficientes para lograr una mayor autonomía económica y financiera.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a su
consideración el presente
Punto de Acuerdo
Primero. Solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la
Unión y en particular a la H. Comisión Permanente de Programación y Presupuesto, que en
ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideren en el Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ano 2001, la aprobación de un incremento al porcentaje
de las Participaciones Federales a los Estados y Municipios para que éste sea como
mínimo el 25 por ciento, así como el hecho de que se establezcan mayores beneficios
tributarios, con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta ante las crecientes
demandas de la sociedad y el impulso sostenido del desarrollo social y económico.
Segundo. Una vez aprobado lo anterior, envíese copia del presente
Acuerdo a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su conocimiento y
trámite correspondiente.
Transitorio
Unico. Publíquese el presente en el Periódico Oficial del Gobierno
del estado, para los efectos legales a que haya lugar.
Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de noviembre del año
dos mil.
Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del
Reglamento Interno para el Congreso del estado de Morelos, solicitamos se califique el
presente como asunto de urgente y obvia resolución.
Atentamente
Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política de la XLVIII Legislatura
del Congreso del Estado
Dip. Jorge V. Messeguer Guillén (rúbrica)
Presidente
Dip. Víctor Hugo Manzo Godínez (rúbrica)
Secretario
Dip. Sergio Alvarez Mata (rúbrica)
Vocal
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión
PRESENTES
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el Pleno de este Poder
Legislativo aprobó el Dictamen presentado por la Comisión de Fomento Económico en
relación con la propuesta presentada por el dip. Ramón Salas López, integrante de esta
LXIX Legislatura, a efecto de que este Congreso solicite respetuosamente a la H. Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión con temple en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio 2001 el Programa Rural de Abasto, el cual asciende a 715.9
millones para el ejercicio fiscal del 2000.
En virtud de lo anterior le remitimos copia del Dictamen antes
mencionado para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, esperando una
respuesta favorable a la presente solicitud.
Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial
saludo.
Atentamente
Monterrey, NL, a 11 de diciembre del 2000.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Joel Ibarra Ortegón (rúbrica)
Secretario
Dip. David Puente Rodríguez (rúbrica)
Secretario
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Fomento Económico nos fue turna do para su estudio y
dictamen, la propuesta presenta da por el dip. Ramón Salas López en la sesión del día
21 de noviembre del año en curso, a efecto de que es te Congreso envíe una respetuosa
solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el pro pósito de que
el mismo haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a
la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los recursos
asignados al Programa Rural de Abasto; además de que realice las acciones conducentes
para que dicho programa se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para
el ejercicio 2001.
En su propuesta destaca el diputado Ramón Salas López lo siguiente:
Que la distribución del gasto público en nuestro país ha sido uno de
los aspectos más discutidos en los últimos años.
Que las necesidades de crecimiento y desarrollo de la población han
ido de la mano con la atención a la pobreza extrema de millones de mexicanos que por
diferentes razones se han ido rezagando, quedando en condiciones de desventaja que
requieren urgentemente de apoyos básicos en materia de alimentación.
Continúa expresando el promovente que la atención a la salud, la
educación, la vivienda, la seguridad pública, el empleo, el campo, el equipamiento
urbano, etcétera, se han mantenido en el ánimo de los poderes federales Ejecutivo y
Legislativo, sobre todo en los momentos de elaboración y aprobación de la Ley de
Ingresos y del Presupuesto de Egresos, sin embargo, aún falta mucho por discutir sobre el
tema relacionado con el abasto social.
Continúa manifestando el promovente que si bien es cierto que el
Programa de Abasto Social, en estos momentos no constituye la solución de fondo al
problema de la pobreza en México. También es cierto que se re quiere como un paliativo
importante que atenúe los efectos negativos del desarrollo social, en lo que llegan con
plenitud sus beneficios a las familias actualmente en desventajas.
Expresa además que para el año 2000 se asignaron en el Presupuesto de
Egresos de la Federación 715.9 millones de pesos para el Programa de Abasto Rural, sin
embargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha no ha liberado el total
de dicha cantidad.
Asienta el promovente que en nuestro estado existen numerosas familias
agrupadas en los Consejos Comunitarios de Abasto, AC, que es un organismo que abarca todo
el estado de Nuevo León y parte de los estados de Tamaulipas, Coahuila y San Luis
Potosí, que bajo un convenio de coordinación con Diconsa, opera en 744 comunidades,
beneficiando alrededor de 78,000 familias de escasos recursos Ilevandoles un margen de
ahorro superior al 14 por ciento en precios al consumidor.
Continúa manifestando que algunos productos básicos como maíz,
frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, leche Liconsa, abarrotes y mercancías generales,
son ofrecidos por esta organización de Consejos Comunitarios de Abasto, AC, en beneficio
de la economía y la alimentación de los más necesitados, contribuyendo además, a
evitar el encarecimiento irracional de estos productos al aumentar la oferta en el mercado
y elevar los niveles de competitividad.
Hace énfasis el promovente en la inquietud que existe ante las
personas beneficiadas por este programa, respecto a lo que pasará con este presupuesto
durante el mes de diciembre en caso de que no sea liberado en su totalidad y si
continuará la aplicación presupuestal de este importante programa en un futuro.
Finaliza su escrito proponiendo se apruebe un Punto de Acuerdo para que
este Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, con el propósito que haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su
totalidad los recursos asignados al Programa Rural de Abasto, asimismo se solicite a la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con temple al Programa Rural de Abasto en
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2001.
Compañeros diputados:
La propuesta formulada por el compañero dip. Ramón Salas López en la
sesión del pasado 21 de noviembre del presente año, tiene su fundamento jurídico en el
artículo 8° constitucional que establece el derecho de petición, así como en el
diverso 63, fracción IV, de la Constitución Política del estado de Nuevo León,
referente a vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, que en este caso
sería el Presupuesto de Egresos que por ser aprobado por la Cámara de Diputados federal
tiene el rango de ley para su aprobación.
Es de mencionarse que la Presidencia del Congreso tuvo a bien someter a
la consideración del Pleno la pro puesta de mérito, en donde el diputado Américo
Ramírez Rodríguez propuso una modificación al punto primero de la propuesta, para que
fuese por resolución de la Legislatura que se envíe una excitativa a la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y a la Secreta ría de Desarrollo Social del Gobierno de la
República. a efecto de que se cumpla con el programa.
Igualmente, consideramos que el punto segundo de la propuesta, debe
quedar en sus términos, a efecto de que en el Presupuesto del próximo ejercicio fiscal
se contemplen este tipo de apoyos que son de gran ayuda a los sectores populares de Nuevo
León, sobre todo los ubicados en las áreas rurales.
Tomando en consideración la propuesta del dip. Ramón Salas López,
así como los agregados hechos en tribuna, es que esta Comisión se permite recomendar al
Pleno su aprobación al siguiente proyecto de
Acuerdo
Primero. Esta LXIX Legislatura al H. Congreso del estado de Nuevo
León, acuerda hacer una respetuosa excitativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público y a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los
recursos asignados al Pro grama Rural de Abasto.
Segundo. En los mismos términos, es que este Congreso del estado,
acuerda solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se contemple en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, el Programa Rural de Abasto,
que asciende a 715.9 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal.
Tercero. Envíese el presente Dictamen a las instancias mencionadas en
los puntos primero y segundo del acuerdo, para su conocimiento y efectos legales a que
hubiere lugar.
Cuarto. Téngase por atendida la solicitud presentada por el dip.
Ramón Salas López y archívese el expediente como concluido.
Monterrey, NL, a 11 de diciembre de 2000.
Comisión de Fomento Económico
Diputados: Adrian Villagómez García (rúbrica). Presidente; Eloy
Treviño Rodríguez (rúbrica), vicepresidente; David Puente Rodríguez (rúbrica).
secretario; Fernando Aguilar Jiménez (rúbrica), vocal: Antonio Perales Elizondo
(rúbrica), vocal; Erasmo Santos Muñoz (rúbrica). vocal; Oscar González Vallejo
(rúbrica), vocal; Francisco Martínez Oviedo (rúbrica), vocal; Glona Mendiola Ochoa
(rúbrica), vocal; Humberto Treviño Landois (rúbrica), vocal; José Ricardo Villarreal
Barbarín (rúbrica), vocal.
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CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
PRESENTES
En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, la LXIX Legislatura del
H. Congreso del estado de Nuevo León aprobó un Punto de Acuerdo a fin de solicitar al H.
Congreso de la Unión para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la
Ley de Coordinación Fiscal en su Capítulo V, se incluya un fondo especial para
municipios con ultracrecimiento o con potencial de ultracrecimiento, mediante la partida
presupuestal correspondiente, entendiéndose por potencial de ultracrecimiento aquel que
rebasa en dos veces la media nacional de crecimiento poblacional e industrial y de
ultracrecimiento aquellos que rebasan en tres veces dicha medida.
En virtud de lo anterior, les anexamos al presente, un original del
Punto de Acuerdo antes mencionado.
Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para reiterarles las
seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Monterrey, Nuevo León, a 5 de diciembre del 2000.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Joel Ibarra Ortegón (rúbrica)
Secretario
Dip. David Puente Rodríguez (rúbrica)
Secretario
Acuerdo
Primero. Esta LXIX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León
resuelve promover ante el H. Congreso de la Unión, Iniciativa a fin de que se incluya en
el Presupuesto de la Federación para el año 2001 y en la Ley de Coordinación Fiscal en
su capítulo V, un fondo especial para municipios con ultracrecimiento o con potencial de
ultracrecimiento, mediante la partida presupuestal correspondiente.
Segundo. Para los efectos de esta propuesta, se en tiende por potencial
de ultracrecimiento aquel que re basa en dos veces la media nacional de crecimiento
poblacional e industrial y de ultracrecimiento aquellos que rebasan en tres veces dicha
medida.
Tercero. Con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase la presente Iniciativa
a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que
corresponda.
Monterrey, NL, a 5 de diciembre del 2000.
Dip. José Humberto Sánchez Gutiérrez (rúbrica)
Presidente
Dip. Joel Ibarra Ortegón (rúbrica)
Secretario
Dip. David Puente Rodríguez (rúbrica)
Secretario
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTES
En sesión ordinaria del H. Congreso del estado celebrada el día de la
fecha, se eligió al Presidente y Vicepresidentes del Congreso del estado, que fungirán
durante el lapso del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2000, en este primer periodo
ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal, resultando electos los
siguientes legisladores:
Presidente Dip. Fernando Toranzo Fernández
Primer Vicepresidente: Dip. Olivo Martínez Borja
Segundo Vicepresidente Dip. José Antonio Orta Lara
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes,
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado, propiciando la ocasión para reiterar les la seguridad de nuestra
atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz (rúbrica)
Presidente
Dip. Javier Algara Cossío (rúbrica)
Secretario
Dip. Emilio de Jesús Ramírez Guerrero (rúbrica)
Secretario
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DEL CONGRESO DEL ESTADO DE
SINALOA
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión
Palacio Legislativo México, DF
Por medio de la presente, nos permitimos comunicar a ustedes, que el
día de hoy la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa abrió su segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente
al segundo año de su ejercicio constitucional. y eligió la Mesa Directiva que fungirá
durante el tiempo que dure, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Jorge Quevedo Segura
Vicepresidente: Dip. Martín Salvador González Ramírez
Vicepresidente: Dip. Audómar Ahumada Quintero Secretario: Dip. Oscar
Félix Ochoa
Secretario: Dip. Héctor Estrada Meza
Prosecretaria: Dip. Dora Luz Salomón Osuna
Prosecretaria: Dip. María del Carmen Arias Rodríguez
Lo que comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales
correspondientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Culiacán Rosales, Sin. noviembre 24 del 2000.
El Oficial Mayor
del H. Congreso del estado de Sinaloa
Lic. José Antonio García Becerra (rúbrica)
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión
Palacio Legislativo México, DF
Por medio de la presente, nos permitimos comunicar a ustedes, que el
día de hoy la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y
Soberano de Sinaloa, clausuró su segundo periodo extraordinario de sesiones,
correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, entrando en funciones la
Diputación Permanente durante el receso de la misma.
Lo que comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales
correspondientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Culiacán Rosales. Sin. noviembre 24 del 2000.
El Oficial Mayor
del H. Congreso del estado de Sinaloa
Lic. José Antonio García Becerra (rúbrica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
México, DF.
Adjunto nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del Acuerdo #69
aprobado por e} Pleno de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, en sesión
ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual esta Soberanía Popular, solicita al H.
Congreso de la Unión, para que se implemente lo necesario, para crear la Pro curaduría
de la Defensa del Migrante. Les comunicamos lo anterior, en cumplimiento al contenido del
referido documento.
Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y
especial consideración.
Atentamente
"Sufragio Efectivo. No Reelección."
Zacatecas, Zac., a 28 de noviembre del año 2000.
La H. Legislatura del Estado.
Lic. Cruz Tijerín Chávez (rúbrica)
Profr. Rodolfo Ortiz Aréchar (rúbrica)
Secretarios
Acuerdo #69
La Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Zacatecas.
RESULTANDO UNICO. En sesión ordinaria del día de hoy, se dio a
conocer al Pleno de esta Asamblea Popular un proyecto de punto de acuerdo que en ejercicio
de la facultad que le confiere el artículo 82, fracción III, de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo, presentó la diputada Ma. Edith Ortega González, en su carácter de
Presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos Migratorios y Tratados Internacionales,
mismo que fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su
dictamen y trámite.
CONSIDERANDO
Que al no haber resuelto históricamente los problemas de marginación
e injusticia, nuestro estado se convirtió en expulsor de su mano de obra, estimándose
que entre 1955 a 1995, la población zacatecana decreció un millón 400 mil habitantes, a
causa de la migración.
Que las remesas de dinero de los zacatecanos en el extranjero
representan alrededor de 400 millones de dólares, 162% superiores al presupuesto federal
asignado a la entidad. Por lo que se han convertido en el factor de desarrollo más
importante del Estado.
Que cada año pasan por nuestras carreteras un sinnúmero de migrantes
que regresan a sus hogares, los cuales retornan en camionetas, autobuses y vehículos que
son sometidos a constantes y arbitrarias revisiones donde sufren chantajes y despojos.
Distintas denuncias manifiestan que desde el puente internacional se les exige 600
dólares por autobús para el agente aduanal. Y en ocasiones, aún dándolos, de todos
modos son sujetos de revisión. Más adelante, en las garitas, sin cuidado les son
aventadas sus pertenencias y equipaje, en revisiones que tardan hasta tres horas. Y aunque
no exista nada que impugnar les son exigidos 10 dólares mínimo.
Sin ninguna razón, ya dentro del territorio nacional, les piden
documentos como matrícula consular, cartilla, pasaporte, aún sabiendo que la mayoría se
fueron a trabajar de ilegales, todo con el fin de chantajearlos y quitarles 20 o 50
dólares en cada garita o parada de revisión.
Y para los que viajan en un vehículo particular la ex torsión es aún
mayor. Cada revisión puede significar 100, 200 o hasta 500 dólares.
Aunque se han hecho innumerables denuncias contra autoridades
migratorias. de la Procuraduría General de la República y de otras corporaciones, nada
se ha hecho y la impunidad prevalece.
Los migrantes centroamericanos en su paso por el territorio nacional,
también son víctimas de constantes atropellos.
Con fundamento en los artículos 97, 101, 106, 108, 109, 112 y
relativos del Reglamento Interior del Poder legislativo, por decisión del Pleno de la
Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas. es de acordarse y se
acuerda:
PRIMERO. La LVI Legislatura del Estado de Zacatecas se adhiere al Punto
de Acuerdo expedido por su homóloga del Estado de San Luís Potosí referente a la
defensa de los derechos de los migrantes.
SEGUNDO. Se solicita a las autoridades migratorias. Policía
Ministerial del Estado y Federal Preventiva, para que los actos de sus integrantes se
apeguen estrictamente a la legalidad en la revisión, inspección y vigilancia que
realizan en los lugares de operación establecidos en las carreteras estatales y federales
que se encuentran en territorio del Estado.
TERCERO. Se solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
ordene se restrinjan los puestos de revisión migratoria.
CUARTO. Se propone al Congreso de la Unión y al titular del Poder
Ejecutivo Federal implementar lo necesario para crear la Procuraduría de Defensa del
Migrante.
QUINTO. Esta Legislatura, a través de su Comisión de Asuntos
Migratorios, Tratados Nacionales e Inter nacionales convocará a los Congresos Estatales,
a las autoridades migratorias federales y estatales, a las organizaciones civiles y
particulares interesados a participar en un foro de análisis y búsqueda de acuerdos para
enfrentar los problemas de los migrantes al retornar a territorio nacional.
SEXTO. La Legislatura faculta a la Comisión de Asuntos Migratorios,
Tratados Nacionales e Internacionales para darle seguimiento al presente Acuerdo.
Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Sexta Legislatura del
Estado, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil.
Lic. Luis Gerardo Romo Fonseca (rúbrica)
Diputado Presidente
Lic. Cruz Tijerín Chávez (rúbrica)
Profr. Rodolfo Ortiz Aréchar (rúbrica)
Diputados secretarios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE.
Con fundamento en los artículos 122 Apartado C. Base Primera fracción
V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción
VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 10 fracción II de la Ley Orgánica
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 71 del Reglamento para el Gobierno
Interior de este Organo Legislativo, me permito enviar al Honorable Congreso de la Unión,
a través de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa por las que se reforman y derogan
diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con las adiciones y
modificaciones, aprobados por el Pleno de esta Asamblea el día de hoy.
Asimismo, anexo al presente el razonamiento de voto del diputado Marco
Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para el efecto de que
conozcan el espíritu del voto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, el cual no es parte ni del resolutivo ni del dictamen en ninguno de sus
considerandos.
He de agradecer a ustedes, dar a esta iniciativa el trámite
correspondiente y aprovecho la oportunidad, para reiterarle mi consideración atenta y
distinguida.
DIP. RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ.
PRESIDENTE
DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE
PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA SOBRE UNA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal y 18. 19, 23 y 67 de su Reglamento las Comisiones Unidas
de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal, previo estudio del turno correspondiente, emiten el presente Dictamen conforme a
los siguientes:
Antecedentes
1 El día 6 de octubre de 2000 la presidencia de la Mesa Directiva de
esta representación turnó a las suscritas Comisiones Unidas, más la de Estudios
Legislativos y Prácticas Parlamentarias, una propuesta para que la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por
el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal,
presentada ante el pleno por la Diputada Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la
Revolución Democrática.
2. El día 7 de noviembre el Pleno de esta Asamblea, a petición
expresa, concedió una extensión del plazo señalado para dictaminar por los artículos
22 y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal.
3 El día 8 de noviembre, la Comisión de Estudios Legislativos y
Prácticas Parlamentarias solicitó a la Mesa Directiva una rectificación de turno a fin
de que la iniciativa fuera dictaminada exclusivamente por las Comisiones Unidas de
Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública.
4 Las suscritas Comisiones Unidas se consideraron competentes para
dictaminar dicho turno toda vez que la materia del mismo se corresponde con las materias
indicadas en las fracciones II y IX del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal. en plena conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica.
5 Se procedió a la consulta de los miembros de las Comisiones a efecto
de recibir sus comentarios, mismos que fueron recabados e incorporados a este Dictamen.
Considerandos
La iniciativa que se propone para ser presentada por este órgano
legislativo al Congreso General guarda total correspondencia con las facultades propias de
esta Asamblea toda vez que se trata de una materia de afectación directa al ámbito
jurídico y presupuestal del Distrito Federal con lo cual se observa perfectamente lo
dispuesto por los artículos 122 base primera fracción V. inciso ñ). de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42. fracción VIII del Estatuto de Gobierno del
Distrito Federal; 10 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal; y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal.
2. Son pertinentes las modificaciones que la iniciativa propuesta
plantea a la Ley de Coordinación Fiscal, por las siguientes razones:
a) No se tiene una razón significativa que sustente la distinta
consideración que la Ley de Coordinación Fiscal mantiene con respecto al régimen
presupuestal del Distrito Federal! en comparación con los Estados pues aun cuando esta
Entidad no constituye un Estado de la Federación, sus habitantes sí mantienen una
idéntica relación fiscal con las administración pública federal! pues las
contribuciones de que se nutre la recaudación federal participable Y por lo tanto! el
Fondo General de Participaciones! son federales. Por lo que al no depender dicha
recaudación de algún factor institucional diferente en el Distrito Federal con respecto
de los Estados no se comprende la distinta consideración que hacia los mismos dirige la
Ley en cuestión.
b) Es decir que los habitantes del Distrito Federal como los de
cualquier Estado guardan una idéntica relación fiscal con la federación y sin embargo.
hay una seria disparidad en los beneficios obtenidos a partir de dichas contribuciones. y
que por vía de las administraciones locales reciben unos y otros
c) Esta disparidad en el reparto de los beneficios obtenidos de una
idéntica relación fiscal. rompe con el principio de equidad y proporcionalidad que
ordena el articulo 31 constitucional.
d) Hay pertinencia en la iniciativa que se presenta pues se encuentra
inmersa dentro de las necesidades de una reforma fiscal misma que ya está en proceso de
discusión en los distintos foros que integran la vida pública nacional.
e) Por otro lado la modificación propuesta es coherente con los
recientes cambios que han fortalecido la independencia de la administración pública
local con respecto de la sujeción a que aún se encuentra sometida con la federación.
3 Con objeto de uniformar los preceptos relativos a fin de conseguir
una mayor coherencia normativa deben integrarse algunas modificaciones a la propuesta
inicial en el artículo 33, primer párrafo, así como en su inciso b).
4 Estas Comisiones Unidas no consideran pertinente la reforma a la
fracción IV del articulo 21. dado que en dicha fracción se señala una atribución de la
Comisión Permanente de Funcionarios Públicos Fiscales, que tiene que ver con la
vigilancia sobre la determinación, liquidación y pago de participaciones a los
Municipios y la naturaleza orgánica del Distrito Federal aun no contiene esa figura. y
las Delegaciones, como instancias administrativas y políticas análogas. no se encuentran
incluidas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en virtud de que no cuentan con
facultades recaudatorias.
5 Por esta última razón y en relación con las Delegaciones, no se
consideran procedentes las reformas a los artículos 35 y 46.
6 De igual forma. estas Dictaminadoras no consideran suficientemente
fundamentadas las reformas propuestas a los artículos 1, 10, 10A 10B 12. 13 y 19 así
como la derogación de los párrafos cuarto, último y cuarto de los respectivos
artículos 10, 10A y 13, que contiene la iniciativa en comento. y que consideraban la
incorporación del Distrito Federal al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como
entidad federativa y no por ministerio de ley, por lo que no se consideran en el cuerpo
del presente Dictamen.
Por lo anteriormente expuesto. y con fundamento en los artículos 85 de
la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 18 22, 23 y 67 de su
Reglamento las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. someten a la consideración del Pleno el
siguiente:
Dictamen
Primero Es de aprobarse la propuesta para que la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por
el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de coordinación Fiscal. con las
modificaciones que se han dispuesto en los anteriores considerandos.
Segundo. Instrúyase a la Mesa Directiva de esta Asamblea Legislativa a
fin de que presente en tiempo y formal ante el Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos la siguiente iniciativa:
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 1221 apartado Cl base primera fracción VI
inciso ñ)l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo
421 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y en los artículos 101
fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 71
del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
presenta ante este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal. al tenor de la siguiente
Exposición de motivos
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal constituye un elemento
clave en el Fortalecimiento de las haciendas públicas de las Entidades Federativas Por lo
que se refiere al Distrito Federal. dicha importancia se ve evidenciada por el monto tan
significativo que tienen las participaciones federales en los ingresos de esta Entidad.
La actual política financiera del Gobierno Federal conforme a las
metas establecidas por el nuevo federalismo mexicano, se encamina al armonioso
fortalecimiento de las haciendas públicas de las Entidades Federativas y de los
Municipios. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 19952000 (PND), avanzar hacia el
nuevo federalismo consiste en apoyar las iniciativas de Entidades y Municipios para
estabilizar sus finanzas públicas y consolidar sus fuentes propias de ingreso. Reformar
las bases del Sistema de Coordinación Fiscal implica, así, otorgar mayores ingresos y
atribuciones del gasto a las Entidades Federativas, en correspondencia con sus
responsabilidades institucionales y sus funciones públicas.
En noviembre de 1997, el Ejecutivo Federal presentó durante el mes de
noviembre, a consideración del H. Congreso de la Unión, una iniciativa de Decreto para
adicionar el Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado " De los Fondos
de Aportaciones Federales". El propósito del Ejecutivo de acuerdo a la exposición
de motivos de la iniciativa, era dar respuesta a la insuficiencia de recursos tributarios
planteada por las Entidades Federativas y sus Municipios, para atender en forma
satisfactoria las necesidades más sentidas de la población, especialmente aquellas en
materia de educación básica, atención a la salud y el desarrollo de la infraestructura
municipal.
En el debate legislativo, la Comisión dictaminadora de la Cámara de
Origen considero conveniente ampliar el alcance de la reforma y propuso la creación de
dos fondos adicionales que se destinarían a la satisfacción de las necesidades
municipales y del Distrito Federal.
El decreto. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de
diciembre de aquel año, consideró los fondos siguientes:
El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. El Fondo
de Aportaciones para los Servicios de Salud. El Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios
y del Distrito Federal El Fondo de Aportaciones Múltiples
Con la aprobación de esta iniciativa, se estableció por mandato de
ley la existencia de fondos específicamente orientados a atender prioridades en materia
de salud, educación, infraestructura social, fortalecimiento municipal, seguridad
pública y asistencia social; se fijaron montos a distribuir vinculados a porcentajes de
la Recaudación Federal Participable; y se establecieron (en algunos fondos) fórmulas de
distribución de los recursos a Estados, Municipios y Distrito Federal. Sin duda la
reforma de 1997. representó un avance sustantivo en la consolidación del federalismo
mexicano la distribución equitativa y la reestructuración de las transferencias de
recursos hacia los Municipios y al Distrito Federal, de acuerdo con las políticas
establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Estas adecuaciones a la Ley de Coordinación Fiscal permitieron que los
recursos federales concentrados en el Ramo General 26 del Presupuesto de Egresos de la
Federación, Superación de la Pobreza, se descentralizaran a los Estados y Municipios y
de ese modo propiciaran la atención de los rezagos sociales desde el ámbito y
capacidades de los Estados y Municipios.
De este modo se consolidó el proceso de descentralización iniciado en
1995, se fijó un monto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación semejante al
2.5% de la Recaudación Federal Participable: se establecieron instrumentos públicos con
rango de Ley para la transferencia de los recursos vinculados a los índices explícitos
de pobreza y se determinaron las necesidades básicas que se atenderían con los recursos
del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS). Con la creación del FAIS se constituyó
un sólido y transparente instrumento del Estado mexicano para combatir la pobreza y
atender los rezagos sociales.
Lamentablemente ni en la iniciativa del Ejecutivo ni en el posterior
análisis en el H. Congreso de la Unión se consideró la participación del Distrito
Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Con el argumento que
el Distrito Federal, "no era Estado ni estaba constituido por Municipios ". se
determinó excluirlo de uno de los principales instrumentos federales para el combate y
superación de la pobreza.
No se consideró el importante número de personas en situación de
pobreza y pobreza extrema que habitan en la Ciudad de México. ni las presiones sobre
servicios, la infraestructura urbana y los recursos del Gobierno de la Entidad que provoca
esta población
Además. es preciso señalar que aplicando la fórmula de distribución
del FAIS contenida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, y considerando
los datos del Censo de 1990 el Distrito Federal se ubicaría en el lugar decimonoveno, en
cuanto a niveles de pobreza extrema Es decir la Ciudad de México concentraba en ese año.
en términos relativos y absolutos. más personas en situación de pobreza que más de la
mitad de los Estados que sí participan de los recursos del FAIS.
Del mismo modo. no se tomó en cuenta la obligación del Estado
mexicano de atender las necesidades sociales, en especial la pobreza extrema, en cualquier
parte del territorio nacional donde éstas se manifiesten.
En consecuencia se propone modificar la Ley de Coordinación Fiscal a
fin de incorporar al Distrito Federal en la distribución de los recursos con cargo al
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social.
Son las prioridades sociales aquí expuestas, y no la inexistencia de
Municipios en el Distrito Federal, las que determinan la urgente necesidad de reformar la
ley.
Por otra parte se presenta una propuesta para restituir la
participación del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
los Municipios bajo las siguientes consideraciones:
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
del Distrito Federal. creado en 1997, consideraba, para efectos de referencia, un 2 5% de
la recaudación federal participable y su destino estaba exclusivamente encaminado a la
satisfacción de los requerimientos y de las obligaciones financieras. así como a la
atención de necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública. Además el Fondo
se repartiría en proporción directa al número de habitantes con que contara la Entidad
Federativa, de acuerdo a la información oficial disponible más reciente
No obstante que en la iniciativa del Ejecutivo y en el dictamen citado
se propone dar permanencia a los recursos que la Federación aporta a través de los
nuevos fondos, el Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, publicado
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 diciembre de 1998, aprobado por el H
Congreso de la Unión, eliminó la participación que tenía el Distrito Federal en el
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal
vigente hasta el ejercicio fiscal de 1998.
Esos recursos no pueden ser sustituidos por ninguna otra fuente de
ingresos; afectan principalmente el pago de los compromisos contraidos y nuevos proyectos
prioritarios para la Ciudad de México, previstos en el Programa General de Desarrollo
19982000 y en el Programa de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, considerados en
las iniciativas del paquete financiero presentado ante la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal en el mes de diciembre de 1998.
En ese año el monto a repartir entre los Estados y el Distrito Federal
ascendió a 6 7321 millones de pesos, de los cuales al Distrito Federal le correspondieron
626 9 millones de pesos; esto es el 9 3% del total a distribuir
Para 1999 el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal se
eleva a 13 097 6 millones de pesos, esto es, un 94 5% superior a lo presupuestado en el
año inmediato anterior. Al calcular con la misma fórmula la aportación del Distrito
Federal, para 1999 se le habrían asignado 1.219 3 millones de pesos para satisfacer sus
compromisos financieros y de seguridad pública y para el ejercicio fiscal del año 2000
le habrían correspondido 1.481.2 millones de pesos.
El argumento esgrimido al reformar la Ley de Coordinación Fiscal y
excluir la participación del Distrito Federal en el referido Fondo fue que dicha Entidad
al ser la sede de los Poderes de la Unión y Capital de nuestro país ha contado con un
régimen de apoyo subsidiario en todos los ámbitos y que ha provocado la concentración
de la vida económica política y social del país. Por lo que, atendiendo a principios de
equidad distributiva, se realizó dicha modificación para que el citado Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, fuese
distribuido únicamente en beneficio de los Municipios.
El anterior criterio carece de sustento si se considera que el Distrito
Federal no es la única entidad a la que se han canalizado subsidios. Además. es
contradictorio si se toma en consideración lo señalado en el Dictamen de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 1999, que en el punto 5 "
Avance en el Federalismo" menciona que es indispensable que en la distribución de
recursos prevalezcan criterios de equidad y transparencia para asegurar que las regiones
con mayores rezagos y carencias reciban mayor cantidad de recursos"
Por ello con esta iniciativa proponemos restituir la participación del
Distrito Federal en el fondo referido La rectificación legislativa busca elevar el
bienestar de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal y contribuir a mejorar las
condiciones de servicios públicos y de la seguridad individual y colectiva de las
familias.
Por otra parte, se propone modificar el artículo 36 de la Ley de
Coordinación Fiscal a fin de establecer que el monto anual del Fondo para el
Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal será por un monto equivalente al
2.5% de la Recaudación Federal Participable Con ello se evitaría que el resto de las
Entidades Federativas y sus Municipios resultaran afectados por la incorporación del
Distrito Federal a este Fondo.
Cabe señalar que este monto se establece con base en el antecedente
existente en 1998, cuando el Distrito Federal participaba de los recursos del Fondo
referido. En efecto, en ese año el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal
establecía: "El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación con recursos federales. por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo
2° de esta Ley,..." En virtud de que en los años 1999 y 2000 se le excluyó de tal
Fondo. el porcentaje de la Recaudación Federal Participable se redujo 0 15% Por ello,
consideramos necesario restablecer el porcentaje original a fin de darle congruencia
técnica a esta propuesta legislativa.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 122
apartado A fracción I, y apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ) de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción VIII, del Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal; así como 10 fracción II, de la Ley Orgánica de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 71 de su Reglamento: la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal. somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la
siguiente:
Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de
la Ley de Coordinación Fiscal
ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 25. fracción IV: 32. en sus
párrafos primero y segundo: 33. párrafos primero, con sus inciso a) y b) segundo y
tercero: 34 en su párrafo primero. y su fracción V y en sus párrafos penúltimo y
último: 36. párrafo primero: 37; y 38, primer párrafo de la Ley de Coordinación
Fiscal. para quedar como sigue:
Articulo 25. ......
IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y
del Distrito Federal;
Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos
federales por un monto equivalente, solo para efectos de referencia. al 2.5% de la
recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2° de esta Ley, según
estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al
efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la
recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la
Infraestructura Social de las Entidades y el 2.197% al Fondo para la Infraestructura
Social Municipal y del Distrito Federal.
Este Fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del ano
por partes iguales a las Entidades por conducto de la Federación y a los Municipios a
través de las Entidades de manera ágil y directa sin mas limitaciones ni restricciones.
incluyendo las de carácter administrativo que las correspondientes a los fines que se
establecen en el artículo 33 de esta Ley
Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados, los Municipios y el
Distrito Federal se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras. acciones
sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población
que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes
rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del
Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización
municipal, electrificación rural y de colonias pobres infraestructura básica de salud,
infraestructura básica educativa mejoramiento de vivienda, caminos rurales. e
infraestructura productiva rural y
b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las
Entidades: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional, intermunicipal o
del Distrito Federal.
En el caso de los Municipios y del Distrito Federal, éstos podrán
disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social
Municipal y del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un programa
de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal, a
través de la Secretaría de Desarrollo Social. el Gobierno estatal correspondiente y el
Municipio de que se trate; y, en su caso, entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del
Distrito Federal.
Adicionalmente, las Entidades y Municipios podrán destinar hasta el 3%
de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a
las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, las
Entidades y los Municipios deberán:
Artículo 34. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social distribuirá el fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social,
entre las Entidades, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente
fórmula y procedimientos:
I a IV ..........
Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de
una Entidad, se obtiene la Masa Carencial de la Entidad determinada por la siguiente
fórmula:
(fórmula)
En donde:
MCEk = Masa Carencial de la Entidad k.
MCHjk= Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en la Entidad k;
y,
jk = Número total de hogares pobres extremos en la Entidad k.
Una vez determinada la Masa Carencial en la Entidad se hace una
agregación similar de todas las Entidades para obtener la Masa Carencial Nacional.
Cada una de las masas carenciales de las Entidades se divide entre la
Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo
de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada Entidad, como lo
indica la siguiente fórmula:
( Fórmula)
En donde:
PEk=Participación porcentual de la Entidad k;
MCEk = Masa Carencial de la Entidad k; y
MCN = Masa Carencial Nacional.
Así la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Entidad de la
pobreza extrema a nivel nacional. según lo establecido
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación el Ejecutivo Federal. por conducto de la Secretaría de
Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada ano. en el Diario Oficial de
la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el
cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk)
que se asignarán a cada Entidad.
Articulo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos
de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 2.50 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el
artículo 2 de esta Ley según estimación que de la misma se realice en el propio
presupuesto con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación
para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los
Municipios, por conducto de los Estados, y al Distrito Federal! de manera ágil y directa
sin mas limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo,
que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de esta Ley: al
efecto, los gobiernos estatales deberán publicar en sus respectivos órganos oficiales de
difusión los montos que corresponda a cada Municipio por concepto de este fondo, así
como el calendario de ministración, a más tardar el 31 de enero de cada año.
Articulo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal reciban los
Municipios, a través de los Estados, y el Distrito Federal. se destinarán exclusivamente
a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus
obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la
seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo
al Fondo a que se refiere este artículo, los Municipios y el Distrito Federal tendrán
las obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del artículo 33 de esta Ley.
Articulo 38. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal en proporción directa al número
de habitantes con que cuente cada entidad federativa de acuerdo a la información
estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática.
....................................
TRANSITORIOS
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas que se opongan al presente decreto.
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diciembre de 2000.
Tercero. Téngase el turno de referencia como totalmente concluido,
para los efectos de lo dispuesto por el artículo 28, última parte, del Reglamento para
el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
INTERVENCION DEL DIPUTADO MARCO A. MICHEL PARA RAZONAR SU VOTO DEL
DICTAMEN DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE
COORDINACION FISCAL Y PROPONER UN ADENDUM A DICHA INICIATIVA.
Un elemento fundamental para poder llevar a cabo el proyecto de una
gran ciudad lo constituye sin duda la solvencia de sus finanzas. No es posible
instrumentar políticas públicas encaminadas a lograr una ciudad más equitativa, más
segura, más justa, elevar el nivel de vida de su población, dotarla de empleos, mejorar
los servicios urbanos y combatir la pobreza si se carece de una base financiera firme.
La solidez financiera es el producto del fortalecimiento de sus fuentes
de financiamiento (recursos propios derivados de impuestos, derechos y aprovechamientos,
participaciones y aportaciones federales, etc.), de una administración escrupulosa y
ordenada de esos recursos, acompañada de mecanismos eficientes de rendición de cuentas.
La Fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea
Legislativa, ratifica los compromisos contenidos en su plataforma política: la Ciudad
debe contar con los recursos necesarios para reactivar su desarrollo y atender las
demandas más sentidas de los capitalinos, en especial de los que menos tienen.
Por ello, el día de hoy que se pone a consideración del pleno de este
órgano legislativo un proyecto de Iniciativa que Reforma diversas disposiciones de la Ley
de Coordinación Fiscal, manifestamos nuestro acuerdo con los propósitos que ella
persigue: obtener un mayor volumen de recursos federales para el combate a la pobreza y la
marginación.
Con ello reiteramos, la disposición de los 16 diputados de la
fracción del PRI de apoyar todas las medidas que coadyuven a lograr el proceso de
fortalecimiento del Distrito Federal, de luchar junto con las otras fuerzas políticas
porque la ciudad cuente con los recursos suficientes para mejorar el nivel de vida de los
capitalinos.
Somos una oposición crítica, seria y propositiva, que planteamos
soluciones viables y que no tenemos la mezquina intención de regocijarnos con los errores
ni le apostamos al fracaso del nuevo gobierno.
Sin embargo, advertimos que no otorgaremos carta blanca, ni firmaremos
cheques en blanco al gobierno del Distrito Federal. Nos pronunciamos porque se le
proporcionen más aportaciones federales, pero consideramos que la llegada de más
recursos no representa por sí misma la panacea, ni una solución mágica para la Ciudad,
por lo que nos permitimos hacer algunas precisiones que ayudarán a aclarar el sentido de
nuestra adhesión y el contexto en el que lo hacemos.
Es un hecho que en la administración de los últimos tres años, la
captación de ingresos propios sufrió una baja sensible a pesar de que la economía
capitalina observó un crecimiento, situación que refleja la incapacidad del gobierno por
mejorar las finanzas de la ciudad. La fuente de financiamiento primordial de la Ciudad de
México deben ser los recursos propios producto de una eficiente recaudación.
Por otra parte, las participaciones federales mostraban una
disminución desde tiempo atrás; esta contracción más que una política de
hostigamiento contra las administraciones de signo político, se ha desarrollado en el
contexto de la política de descentralización de las últimas décadas. En efecto, desde
principios de los años noventa, las participaciones federales bajaron hasta situarse en
un 12% de la recaudación federal participable, cuando la participación del DF en la
economía nacional es de aproximadamente un 23%.
Así, pues, desde antes del año de 1997, en que se modifica de manera
sustancial la Ley de Coordinación Fiscal, se habían puesto en práctica acciones
orientadas a disminuir las participaciones federales de las tres grandes zonas
metropolitanas del país: la Ciudad México, Monterrey y Guadalajara.
En cuanto a las aportaciones federales con el fin de fortalecer las
regiones y de manera especial de destinarle más recursos a los estados que mostraban más
índices de pobreza, el Distrito Federal ha recibido un tratamiento poco sistemático. Por
ejemplo, en el caso de PRONASOL, nuestra Ciudad no contó con esos recursos en todos los
años en que estuvo vigente ese programa y en 1997 se le incluyó en el FORTAMUN
desapareciendo posteriormente.
Por otra parte, el endeudamiento fue uno de los factores que
desequilibró las finanzas de la capital desde hace dos décadas, a partir de entonces, el
poder legislativo le ha puesto gran cuidado, vigilancia y límites al endeudamiento. El
monto de endeudamiento había llegado a 12 mil millones de pesos en 1997.
Para 1998 la Cámara de Diputados le aprobó al gobierno del Distrito
Federal un monto de deuda de 8 mil millones de pesos, recursos que la nueva
administración no gastó en su totalidad ya que sólo ejerció la mitad y el resto lo
guardó en los bancos, en cambio suspendió o bajo el ritmo de las grandes obras del
metro, el acuaférico, o el drenaje profundo, obras que sin duda le darían viabilidad a
la Ciudad y apuntalarían el pago del servicio de la deuda. A partir de este momento, el
gobierno capitalino incurrió en una administración financiera irracional y absurda.
Esta situación junto con una serie de problemas que tuvieron que ver
con aspectos relacionados con las formas políticas y procedimientos administrativos
tuvieron como consecuencia que el poder legislativo un año después no autorizara el
total del monto de endeudamiento que solicitaban las autoridades locales.
Para el año 2000 el congreso de la Unión autorizó otros 6 mil
millones de endeudamiento, a la fecha no sabemos en que se ha gastado la deuda contraida
en los últimos tres años; lo que sí tenemos certeza es que no se utilizó para impulsar
los grandes proyectos que requiere la ciudad de México, ni se construyeron obras
redituables.
Si a la suspensión de las grandes obras le adicionamos el castigo a
que están sometidos los precios de servicios como el Metro, el deterioro de los activos
continuará y estaremos echando por la borda el esfuerzo de millones de mexicanos en
muchos años y comprometiendo el futuro de la Ciudad.
No podemos darnos el lujo de endeudarnos para completar el gasto
corriente, o para desarrollar acciones que no resultan estratégicas para la Ciudad,
tampoco podemos darnos el lujo de pedir prestado para tener reserva de gasto y autorizar
transferencias de recursos de deuda para solventar gasto corriente de manera ilegal o
liberar pasivos de años anteriores, como sucedió hace días en esta soberanía cuando el
PRD le autorizó al Gobierno del Distrito Federal un tercer paquete de transferencias
presupuestales de programas prioritarios a no prioritarios durante el año 2000.
De nada servirá allegarle más recursos a la Ciudad si continúa el
desorden administrativo y presupuestal del Distrito Federal; si continúa, el manejo
equivocado y poco transparente del endeudamiento y de las aportaciones federales; si
persiste el manejo discrecional y desordenado de las finanzas públicas, con subejercicios
y transferencias ilegales.
De poco servirá obtener recursos que comprometen las finanzas de la
Capital sin tener en cuenta los proyectos estratégicos que le darán viabilidad y las
grandes obras que necesita con urgencia.
De poco servirán los recursos si no se realizan obras que resarzan
financieramente y se insiste en políticas de precios y tarifas ficticias que le darán
popularidad momentánea al gobierno pero insuficiencia y ahogo presupuestal futuro.
Los desequilibrios en las finanzas y el desorden administrativo podrán
generar consecuencias que afectarán en el mediano plazo a la población con menores
ingresos y comprometerán el futuro de la capital del país.
El PRI piensa que el nuevo Jefe de Gobierno merece una oportunidad, el
beneficio de la duda, estamos a favor de que se otorguen aportaciones federales
adicionales a las contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal vigente; pero
consideramos pertinente establecer las bases para el manejo claro y transparente de los
fondos y que eviten además controversias innecesarias con los estados y municipios por
las aportaciones federales.
Por tanto, nos parece más adecuado el que las aportaciones para el
combate a la pobreza y la consolidación de la infraestructura social en las demarcaciones
territoriales del Distrito Federal se canalicen a través de un fondo especial para el
Distrito Federal, dentro de los previstos en el articulo 25 de la mencionada Ley.
Este fondo prevé la canalización al Distrito Federal de un .28% de la
recaudación federal participable, sin pasar por los fondos de fortalecimiento municipal y
de infraestructura social, lo que es afín a la propuesta de las Comisiones Unidas de
Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, en el propósito de que se otorguen más
recursos al Distrito Federal, pero precisa de mejor manera sus alcances y resuelve, desde
nuestro punto de vista, la eventual contradicción que presenta con las políticas de
descentralización y consolidación del federalismo.
Adicionalmente, los miembros de la fracción del Partido Revolucionario
Institucional pondremos a consideración de esta Asamblea, en fecha próxima, una
propuesta específica que indique la manera como se asignen a las demarcaciones los fondos
antes señalados.
PROPUESTA
Se adiciona una fracción VIII al artículo 25 y un artículo 45 Bis a
la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue:
"Artículo 25.
I. a VII.
VIII. Fondo Especial para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los
Habitantes del Distrito Federal.
Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán
y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo."
"Artículo 45 Bis. El Fondo Especial para el Mejoramiento de la
Calidad de Vida de los Habitantes del Distrito Federal se determinará anualmente en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales, por un monto
equivalente, sólo para efectos de referencia, de .28% de la recaudación federal
participable a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, según estimación que de la
misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley
de Ingresos de la Federación para ese ejercicio.
Este fondo se entregará al Distrito Federal de manera ágil y directa
sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo
que las correspondientes a los fines del mismo.
Las aportaciones federales que con cargo al Fondo Especial para el
Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Habitantes del Distrito Federal reciba dicha
entidad se destinarán exclusivamente al fortalecimiento de sus demarcaciones
territoriales para infraestructura social, urbanización, mejoramiento de vivienda,
servicios básicos y en general obras y acciones de alcance o ámbito intrademarcacional.
El Distrito Federal distribuirá entre los órganos político
administrativos de sus demarcaciones los recursos del fondo aplicando en lo conducente la
fórmula, procedimientos y criterios de los artículos 34 y 35 de esta Ley, debiendo
publicar en su órgano de difusión oficial los montos que correspondan a cada uno de
ellos por concepto de este fondo, así como el calendario de ministración, a más tardar
el 31 de enero de cada año.
El Distrito Federal proporcionará al Ejecutivo Federal la información
financiera, operativa y estadística que le sea requerida y tendrá las obligaciones a que
se refieren las fracciones I a III del artículo 33 de esta Ley.
Por lo Anterior, nuestra fracción votara a favor el Dictamen en
discusión, solicitando que se incluya el presente documento de razonamiento de nuestro
voto con la propuesta que hemos referido, para que sean los legisladores federales quienes
decidan el camino por el que se canalicen las aportaciones adicionales previstas en la
propuesta de iniciativa.
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INICIATIVA PARA DEROGAR EL CAPITULO CUARTO Y REFORMAR EL ARTICULO119A
DE LA LEY DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
Los diputados miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentan la siguiente iniciativa para derogar el Capitulo IV,
Artículos 57A, hasta el 57P de la Ley del Impuesto Sobre la Renta así como para
modificar el artículo 119A dei mismo ordenamiento.
Exposición de Motivos
La debilidad estructural de los ingresos públicos quedó de manifiesto
a raíz de la agudización de la crisis económica y de la caída de los precios
internacionales del petróleo en 1998.
Los ingresos públicos reflejan un estado tan crítico, que ponen en
grave riesgo el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, obligando con ello, a
una reestructuración integral e impostergable del sistema tributario mexicano.
La crisis fiscal, se explica en gran medida por la subordinación de la
política tributaria a los intereses de los grandes capitales, mediante regímenes de
estímulos, incentivos, deducciones y todo tipo de apoyos fiscales para un selecto grupo
de empresas y personas, sin considerar las graves consecuencias que ello ha significado
para la economía en su conjunto.
De ésta manera mientras que el gasto gubernamental se ha reducido de
manera muy importante durante la última década, aún cuando ello ha implicado recortes
sobre programas que inciden sobre el bienestar social y la infraestructura productiva, la
recaudación tributaria apenas ha crecido con respecto al Producto Interno Bruto,
descansando la mayor parte de ella, en los ingresos petroleros los que representan el
32.5% de los ingresos públicos, en los causantes cautivos y en los impuestos al consumo.
La estrategia aplicada se ha basado en los impuestos indirectos, la
suma del IVA, IEPS e ISAN que gravan el consumo de las personas, representan el 49% de la
recaudación tributaria total, dicha estratégia prioriza los impuestos regresivos por
encima de los impuestos distributivos, es decir la estructura tributaria empeora la
distribución del ingreso en el país y las finanzas gubernamentales.
Las fallas estructurales de la política tributaria son diversas, la
recaudación se ha recargado históricamente en la clase media, los asalariados y PEMEX,
mientras desgrava a los grandes grupos corporativos, que tributan en el Régimen
Simplificado o las que utilizan el Régimen de Consolidación Fiscal (acotado pero aún
vigente) y que han servido como una puerta para la elusión fiscal.
Es bien sabido que cualquier sistema tributario para ser eficiente debe
de cumplir con 6 condiciones básicas;
1 ) Eficiencia y neutralidad; lo que significa que, no debe de crear
distorsiones en la economía.
2) Competitividad; es decir, que no debe restarle competitividad a las
empresas.
3) Equidad; que debe distribuir la carga fiscal de manera equitativa;
que pague más, quién más tiene. ;
4) Simplificación; que debe ser de fácil administración.
5) Seguridad Jurídica; que debe otorgar seguridad jurídica a los
contribuyentes.
6) Potencial Recaudatorio; o sea que, debe de permitir que el Estado
cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones.
De esta manera la existencia de Regímenes Especiales, como el de la
Consolidación Fiscal y el Régimen Simplificado han deteriorando la eficiencia, la
equidad y el potencial recaudatorio de nuestro sistema tributario.
Particularmente el esquema de la Consolidación Fiscal, se ha
convertido en un mecanismo que ha introducido gran inequidad al sistema ya que sólo las
grandes firmas aprovechan esta facilidad.
Por su parte la existencia del Régimen Simplificado sin limitación
alguna ha provocado que grandes empresas agroindustriales y del autotransporte que
tributan bajo este régimen, prácticamente no paguen impuestos
Aún cuándo es urgente la reforma fiscal integral, existen mecanismos
diferentes de la aplicación del IVA a los alimentos y a las medicinas que permitirían
incrementar la recaudación de manera muy importante, dando con ello "oxígeno a las
finanzas públicas" en lo que se acuerda la tan mencionada Reforma Fiscal Integral.
De acuerdo con estimaciones del Servicio de Administración Tributaria
(SAT), la derogación del Esquema de Consolidación Fiscal y la acotación del Régimen
Simplificado provocaría que aproximadamente 10,000 empresas y 128 grupos que tributan en
estos esquemas, incrementarán la recaudación fiscal en aproximadamente 50,000 mil
millones de pesos.
Por lo anteriormente expuesto; con fundamento en el artículo 71
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
someter a la consideración del Pleno la iniciativa de decreto por el que se derogan y
reforman diversas disposiciones de la Ley del impuesto sobre la renta para quedar como
sigue:
Artículo Primero. Se deroga el capítulo cuarto, y en consecuencia los
artículos 57A, a 57P de la Ley del impuesto sobre la renta. Para quedar:
Artículo 57 A. Derogado Artículo 57 B. Derogado Artículo 57 C.
Derogado Artículo 57 D. Derogado Artículo 57 E. Derogado Artículo 57 F. Derogado
Artículo 57 G. Derogado Artículo 57 H. Derogado Artículo 571.
Derogado
Artículo 57 J. Derogado Artículo 57 K. Derogado Artículo 57 L.
Derogado Artículo 57 M. Derogado Artículo 57 N. Derogado Artículo 57 O. Derogado
Artículo 57 P. Derogado
Artículo Segundo. Se reforma el artículo 119 A de la Ley del impuesto
sobre la renta para quedar como sigue:
Artículo 119 A ...no podrán pagar el impuesto en los términos de
esta sección quienes en el año de calendario anterior obtuvieron más de dos millones de
los ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación,
agencia y representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos
públicos.
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNION. PRESENTE.
BERNARDO DE LA GARZA HERRERA, FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO
ARÉVALO GONZALEZ, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA
CAMPOY RUY S+NCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y
VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA
DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR
GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del
Honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MEXICO con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su
dictamen y a las Comisiones de Salud y de Juventud y Deporte su opinión y posterior
discusión al Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los riesgos por el consumo de productos que deterioran nuestro
organismo han sido ampliamente subestimados por el público e incluso por muchas de las
autoridades responsables de la protección y promoción de la salud pública. Hasta hoy,
muchos de los productos nocivos para la salud han quedado sin regulación expresa,
permitiendo su promoción y venta indiscriminada, sin importar los graves trastornos que
causan en la salud, sobretodo, si su consumo es reiterado.
El tabaco y sus derivados forman parte de estos productos. Su
aceptación como parte de las costumbres de muchas sociedades, así como, la incidencia
que tiene su producción en la generación de recursos sociales y económicos de los
países, han impedido que se pongan en marcha acciones más severas para controlar y
descincentivar su consumo, aún cuando se sabe que el daño que ocasionan en la salud es
progresivo y a largo plazo irreversible.
No podemos seguir con esta indiferencia, mas aún cuando el tabaquismo
y las enfermedades asociadas a éste, se encuentran ubicadas entre las diez principales
causas de mortalidad en el mundo.
Actualmente, alrededor de 4 millones de personas fallecen cada año por
padecimientos relacionados al consumo del tabaco o por la exposición al humo del tabaco.
Si la tendencia actual persiste, para el año 2020 habrá más de 10 millones de muertes
anuales en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco, y 7 de cada 10,
ocurrirán en los países en vías de desarrollo.
En México, los hechos hablan por sí solos. Los datos más recientes
revelan que 122 mexicanos mueren diariamente a consecuencia del tabaquismo. Esto
representa el 10% de las muertes nacionales, es decir, uno de cada 10 mexicanos fallece a
causa del tabaquismo.
Los datos son alarmantes si se considera que los niños y jóvenes son
los principales elementos del mercado cautivo y por lo tanto los consumidores más
expuestos y afectados. De los 13 millones de fumadores que existen en nuestro país,
aproximadamente el 10% tienen entre 12 y 17 años de edad. Sin duda, un factor
determinante de esta situación es la combinación de la creciente permisibilidad y
fuertes campañas publicitarias de las empresas tabacaleras, que por un lado, apuntan los
beneficios del consumo del tabaco ligándolo a actividades consideradas como "sanas''
y por el otro, limitan la información al público sobre los daños potenciales a la
salud.
Más grave aún, es el hecho que en los países industrializados las
tasas de consumo de tabaco han diminuido y que en los países en desarrollo, como el
nuestro, ocurra un fenómeno contrario que genera un fuerte problema de salud pública y
grandes pérdidas económicas por gastos en atención médica, así como por ausentismo
laboral.
El Partido Verde Ecologista de México no puede ignorar la realidad de
este mal que aqueja al grueso de la población mexicana, sin que se adopten compromisos y
acciones senas.
La adicción al tabaco debe ser vista como una epidemia, por lo tanto
no es suficiente que el control del consumo constituya una prioridad de salud. Es y debe
ser considerada una prioridad de nuestro país, un gran reto para la salud pública
nacional.
Por lo anterior, proponemos una reforma consistente en elevar el
impuesto al tabaco de manera que este hecho desmotive el consumo de cigarros y libere
recursos para luchar contra los efectos negativos que ocasiona en la salud y economía de
los mexicanos.
La experiencia internacional muestra que el uso de impuestos especiales
a los productos derivados del tabaco, es posiblemente una de las medidas más eficaces, no
sólo para hacerse de recursos que pueden ser destinados a fondos de investigación y
campañas contra el consumo excesivo, sino además, para incentivar a los consumidores a
dejar de fumar y prevenir que otros empiecen a adquirir el habito.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial,
el aumentar 10% el precio del tabaco podría reducir el consumo alrededor de 4% en los
países de ingreso alto y 0.8% en los países de ingreso medio y bajo, especialmente entre
los sectores más pobres y desfavorecidos de la población, con lo que se podría evitar
aproximadamente 10 millones de muertes en el mundo.
En nuestro país, se sabe que la sensibilidad del consumo del tabaco al
incremento en precios es mínima, lo que implica que es posible y necesario aumentar el
precio del producto a mayores niveles si se busca realmente disminuir el consumo.
Asimismo, se ha demostrado que el gravamen al tabaco en México ha sido altamente efectivo
en su capacidad recaudadora, toda vez que la estructura oligopólica en la producción ha
facilitado el control y vigilancia en la recaudación.
Partiendo de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México
propone un incremento al impuesto especial sobre el tabaco y productos derivados que
permitirán obtener una recaudación del orden de 4,839 millones de pesos adicionales a lo
que estima el proyecto de Ley de Ingresos presentado para el año 2001.
Estos incrementos de 75% en cigarros con filtro y 25% en cigarros sin
filtro, representarían aproximadamente una carga adicional de 4 pesos y 1 peso en
promedio por cajetilla respectivamente. Asimismo, se calcula que el aumento en precios,
inducirá la disminución del consumo alrededor de 6% en cigarros con filtro y 2% en
cigarros sin filtro.
El artículo 73 constitucional, fracción XXIX último párrafo
establece que las entidades federativas participarán en el rendimiento de las
contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Lo
anterior ha provocado que la distribución de los ingresos provenientes de la recaudación
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de tabaco labrado, se distribuyan, en
programas que muchas veces no están relacionados a la lucha contra el tabaquismo y
desarrollo social, o de estarlo, representan una mínima proporción. Por eso, para que la
medida propuesta pueda surtir efectos en la lucha contra la adicción al tabaco de manera
apropiada se requiere desarrollar y fortalecer diversas actividades con un enfoque
integral que abarque el ámbito de la prevención, la legislación, la educación, el
tratamiento, la rehabilitación y la investigación.
Por lo anterior, consideramos que con el aumento de 4,839 millones de
pesos en la recaudación, la Federación, a través de sus distintos mecanismos de
distribución, podrá incrementar:
12 millones de pesos, a becas para indígenas que cursan secundaria,
nivel medio superior y/o terminal. Este es un programa establecido en el presupuesto de
egresos del 2000, a través del cual se destinaron 8.28 millones de pesos para otorgar
12,000 becas a la población indígena. Sin embargo, en el presupuesto de egresos para el
2001 este programa ha desaparecido, por ello se propone su reincorporación para poder
otorgar aproximadamente 17,390 becas.
500 millones de pesos al Fondo de Aportaciones Múltiples del ramo 33
para que se incremente el número de desayunos escolares, J en lugar de otorgar 4.6
millones de desayunos diarios, se puedan otorgar 12.34 millones de desayunos diarios.
1,000 millones de pesos a proyectos de Desarrollo Social.
1,800 millones de pesos al fortalecimiento de los estados a través de
los ramos 20, 26 y 33, para lograr un mayor combate a la pobreza y desarrollo de los
estados y municipios.
200 millones de pesos al combate de adicciones, específicamente al
Programa de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Secretaría de Salud.
500 millones de pesos para investigaciones referentes al cáncer, a
través del Programa Especia denominado Fomento de la Investigación Científica y
Tecnológica del Ramo 12, ya que actualmente, el presupuesto sólo contempla destinar 22.2
millones de pesos para que el Instituto de Cancerología realice esta función.
150 millones de pesos a la subfunción de Servicios de Salud Pública
para que se realicen campañas de prevención y promoción en contra del consumo de
tabaco.
50 millones de pesos a la Dirección General de Salud Ambiental para
llevar acabo una regulación sanitaria más eficiente a favor de la protección de nuestro
medio ambiente.
El resto, podría destinarse a los sectores más desprotegidos de
nuestro país y a fomentar el desarrollo sustentable.
Con la iniciativa presentada el Partido Verde Ecologista de México,
reafirma su compromiso con la población para proteger su salud, por encima de intereses
comerciales de grupos reducidos que resultan beneficiados con el negocio del tabaco en
detrimento de la salud de los mexicanos.
Consideramos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la
salud de la población, y el dilema entre ley y libertad, a propósito del tabaco, debe
resolverse cada vez más a favor de la necesidad, el derecho y el deber de la sociedad de
aprobar leyes congruentes con esta responsabilidad.
Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se reforman los párrafos 1 ) y 2) del inciso
G) de la fracción I del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios.
ARTICULO UNICO. Se reforman los párrafos 1) y 2) del inciso G) de la
fracción I del articulo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y
Servicios, para quedar como sigue:
Artículo 2°.
I
.
G) Tabacos labrados:
1 ) Cigarros175%
2) Cigarros populares sin filtro elaborados con tabacos obscuros con
tamaño máximo de 77 milímetros de longitud, cuyo precio máximo al público al 1° de
enero de cada ano, no exceda de la cantidad que establezca el Congreso de la Unión, así
como puros y otros tabacos labrados 46%
TRANSITORIO
UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estado Unidos Mexicanos, a los 19
días del mes de diciembre de 2000.
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APENDICE No. 13
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNION. PRESENTE
BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO
ARÉVALO GONZALEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, OLGA PATRICIA
GHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO
BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA
SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR
GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior
discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La descentralización fiscal mexicana iniciada a finales de los años
setentas y profundizada en los últimos 15 años en un ambiente macroeconómico muy
adverso hiperinflación, recesión, pobreza y crisis transexenales, sufrió de las mismas
ataduras y barreras que la modernización total del sistema fiscal.
La motivación básica de la descentralización fue política, pero no
hubo pacto entre los tres niveles de gobierno, menos aun un plan nacional para el
desarrollo sustentable.
Nuestro país está organizado como una República representativa,
democrática y federal, según se desprende de la misma lectura del artículo 40 de la
Constitución.
El Federalismo, como forma de organización del Estado, constituye una
aspiración que surge con la Independencia, en correspondencia con el mosaico regional de
nuestro país, que luego de un continuo proceso de evolución y consolidación; se ha
enraizado en nuestra sociedad, aunque, como sabemos con vicios y muchas imperfecciones
esta aspiración histórica hoy se expresa en la voluntad de los mexicanos de que la
unidad nacional se integre y nutra con la diversidad de sus regiones.
Hablar de Federalismo implica no sólo una mutua cooperación existente
entre la Federación como tal y las entidades federativas, para que cada uno, dentro de
los límites que su competencia le fija, pueda desarrollar sus actividades según la
organización adoptada, sino que también se erige como la forma de organización
política mas adecuada para un México democrático, justo y equilibrado.
Durante las últimas décadas, un número importante de países, ha
hecho un considerable esfuerzo hacia la descentralización del sector fiscal, es decir de
transferencia recursos para que las entidades federativas asuman la responsabilidad por
los servicios a los niveles de su competencia.
En ese marco, para fortalecer la forma política asumida, hemos
aprobado en el Congreso una serie de preceptos legales que constituyen pasos definitivos
tendientes a verificar la actualidad de un Federalismo renovado.
Así, hemos avanzado con pasos firmes para asegurar que no sólo en lo
político, sino incluso también en lo económico, las Entidades que integran la
Federación puedan desarrollarse y aportar al desarrollo de ésta.
Para ello, las entidades federativas requieren que los recursos que se
les asignen sean suficientes y que su distribución sea la más adecuada, acudiendo con
tal motivo a una redistribución de funciones de decisión y operación de las políticas
públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas.
Las reglas que surgen del examen político, es que en la generalidad de
los casos la descentralización protege la libertad individual porque reduce el poder de
los responsables de la prestación de los servicios
En el análisis económico, es más eficiente, en el sentido de
producir mayor bienestar con iguales recursos y, en consecuencia, es mejor la mayor
descentralización posible, en el sentido de que los servicios del sector público
deberían prestarse en el menor nivel.
La Federación, como corresponsable de la situación, ha previsto la
creación de un sistema de Coordinación Fiscal entre ella y los Estados que la integran
para coadyuvar en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales, redistribuyendo
la recaudación federal en la forma más justa y equilibrada posible, evitando la
proliferación de regímenes fiscales que por su diversidad, se constituyan en un
obstáculo para el buen desarrollo de la vida nacional.
Con anterioridad, se puso énfasis en el gasto, al descentralizar
conceptos importantes que hoy son responsabilidad de los órdenes de gobierno más
cercanos a la población. Ahora, corresponde al gobierno no sólo dotar de los recursos a
los Estados, debe también procurar la satisfacción de las necesidades más sentidas de
la población, principalmente en los rubros de salud, educación básica y el desarrollo
de la infraestructura básica municipal.
El tema de conservación, preservación y mejoramiento del medio
ambiente, está sumamente relacionado con el de desarrollo de la infraestructura básica
municipal.
Nosotros como representantes populares, debemos percatarnos que la
degradación ambiental de las comunidades, se debe en gran medida a que sus pobladores, al
no poder disponer de recursos para garantizar por lo menos su subsistencia, se ven
orillados a depredar el medio ambiente.
Para evitarlo, se debe procurar a esas comunidades, los medios
necesarios, en primer término, para subsistir y evitar que sigan depredando, y en
segundo, para que aquellos lugares que sufrieron algún deterioro ambiental, puedan
regenerarse para conservarlos, pues los elementos que poseen llegan a ser incluso de
interés nacional.
La presente iniciativa que el grupo parlamentario de Partido Verde
Ecologista de México somete a la consideración de esta Asamblea, tiende a procurar que
los Fondos integrados por la Federación al desarrollo de la infraestructura básica
municipal, sirvan también para procurar el mejoramiento ambiental de los lugares que
padecen en la actualidad algún deterioro.
Como es sabido, uno de los más grandes y graves problemas ambientales
del país, es el provocado por el inadecuado manejo y disposición de los residuos
generados a nivel municipal; según datos de la Dirección de Residuos Sólidos de la
Secretaría de Desarrollo Social, los municipios rurales y semirurales, generan 11,500
toneladas de residuos, de un total de 84,800 toneladas, generadas en todo el país cada
día.
Así, el establecimiento de Centros de Acopio Educativo Productivos,
para el Manejo Integral y Disposición de Residuos Sólidos, en las comunidades más
pobres del país, es una necesidad inaplazable; lejos de verse como una infraestructura
suntuaria e innecesaria, la operación de tales centros aporta la solución a otros
problemas de las comunidades en las que operen; como es sabido, muchos de los problemas de
salud de las comunidades pobres de nuestro país se deben a las condiciones de
insalubridad en las que viven nuestros compatriotas afectados de condiciones de pobreza
extrema; en efecto, el inadecuado manejo de los
residuos sólidos que los transforma en basura inutilizable, crea
condiciones poco favorables para un ambiente adecuado y el desarrollo y salud de los
mexicanos y, por el contrario favorece el incremento en la tasa de morbilidad por
enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias.
Asimismo, la operación de estos centros aportará la solución a
problemas como el de la educación ambiental tan necesaria en nuestro tiempo, dadas las
condiciones de degradación ambiental que sufre nuestro país; dichos centros constituyen
también un opción para el desarrollo de actividades empresariales a nivel micro y
pequeño; ya que la reutilización y reciclado de los materiales pueden ser una fuentes de
ingresos para los municipios que, a su vez, pueden aportar dichos recursos a otros rubros
del gasto público municipal.
De igual forma, se puede fomentar la producción de composta a partir
de los residuos orgánicos generados en el municipio y mejorar los cultivos de la
comunidad, y así agregar más valor a su producción agrícola, dada la gran demanda que
existe, sobre todo en el mercado externo, de los productos agrícolas de origen orgánico.
De esta forma, planteamos el incremento de los fondos destinados a la
infraestructura socia! municipal contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal al plantear
un 4% del total de los ingresos participables en lugar de! 2.5% actualmente establecido
por la ley, y que el 3.697 de dichos fondos se destine al de infraestructura social
municipal y mejoramiento ambiental; el incremento propuesto, no afectará otros rubros del
presupuesto federal ya que el mismo puede ser financiado por los fondos ya previstos por
el propio presupuesto y, además, es inferior al monto total de la recaudación que se
obtendrá con el incremento al Impuesto Especial sobre Producción de Tabaco, que el mismo
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a planteado en esta misma
sesión.
Los beneficios que traiga el mejoramiento ambiental, no excluyen ni
aminoran los efectos que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social tienen en los Municipios, por lo contrario, la adecuada
aplicación y distribución de los mismos aportarían para que además de ayudar al
mejoramiento del medio ambiente, las comunidades, aprovechando los recursos ambientales
restaurados y suficientes se desarrollen de manera optima.
Finalmente, cabe señalar, que la aplicación de esos recursos se
integrará en aquellos del Fondo para la Infraestructura Social y Ambiental Municipal; es
decir, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO. Mediante el cual se reforman la fracción III del artículo
25, el párrafo primero del artículo 32, los párrafos primero y segundo, así como la
fracción IV del articulo 33, los párrafos primero y segundo del artículo 34, y los
párrafos primero y tercero del artículo 35, todos de la Ley de Coordinación Fiscal.
ARTICULO UNICO. Se reforman la fracción III del artículo 25, el
párrafo primero del artículo 32, los párrafos primero y segundo, así como la fracción
IV del artículo 33, los párrafos primero y segundo del artículo 34, y los párrafos
primero y tercero del artículo 35, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar
como sigue:
Artículo 25. ...
I
II....
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
Mejoramiento Ambiental;
IV.... V....
Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
Mejoramiento Ambiental se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la
Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de
referencia, al 4 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el
artículo 2° de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio
Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación
para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 por ciento
corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Estatal y
el 3.697 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental
Municipal.
Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental reciban los estados y
los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de las obras, acciones
sociales y ecológico ambientales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a
sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, de pobreza
extrema, y con deterioro en las condiciones de su entorno ambiental en los siguientes
rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinas. urbanización municipal;
electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud;
infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; caminos rurales;
infraestructura productiva rural; establecimiento y operación de centros de acopio
educativo productivos para el manejo de residuos sólidos como servicio de limpia
municipal; conservación de los recursos naturales de flora y fauna silvestres, así como
el mejoramiento del entorno ambiental en cualquier situación que fuera en detrimento para
el desarrollo mínimo indispensable necesario para la calidad de vida y del ecosistema en
la región.
En el caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2 por
ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento
Ambiental Municipal que les correspondan, para la realización de un programa de
desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a
través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el
municipio de que se trate.
Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deberán:
I.. II.... III....
IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información
que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
Mejoramiento Ambiental les sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por
conducto de los Estados.
Artículo 34. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de
Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y
Mejoramiento Ambiental entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema y de
deterioro ambiental, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:
I.... II.... III.... IV
V
.
Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la
Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental se realiza en función que corresponda a
cada Estado de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.
Artículo 35. Los Estados distribuirán entre los Municipios los
recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Municipal, con
una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter
redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y
profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más
reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior
publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En
aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la
fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y
ponderadas con igual peso cada una de ellas:
a) ... b) ... c) . . . d) ...
Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio
con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la
Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Municipal correspondientes a sus
Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos fiscales de difusión a más
tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su
respectiva metodología, justificando cada elemento.
TRANSITORIOS
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19
días del mes de diciembre del 2000.
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off
CIUDADANO DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES, PRESIDENTE DE LA MESA
DIRECTIVA DE ESTA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS.
CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS.
SEÑORAS Y SEÑORES.
Hoy hablaré en esta tribuna no con mi voz, sino con la voz de aquellos
que para ser escuchados decidieron tomar una vía distinta a la institucional. Hablaré
con la voz de todas aquellas personas que están ahora en la cárcel o prófugas de la
justicia, como consecuencia de esa decisión, pero también con la voz de las víctimas de
los actos de violencia acaecidos en Estados como Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca.
Como ustedes recordarán, el día 16 de noviembre, en esta misma
tribuna, me pronuncié por la necesidad de abrir espacios de diálogo y civilidad para la
región de los loxicha en la sierra oaxaqueña. Ese punto de acuerdo se ha resuelto, de
forma parcial, gracias a la reciente Ley de Amnistía aprobada en Oaxaca el 8 de diciembre
pasado. Digo que en forma parcial porque dicha ley sólo abarca delitos del fuero común,
dejando subsistente los correspondientes al ámbito federal. Esto impide que el propósito
fundamental de dicho cuerpo legal se cumpla, puesto que los individuos permanecen tras las
rejas y muchos sigan sustraídos de la acción de la justicia. Como podrá confirmarlo el
abogado de los loxicha, el Lic. Israel Ochoa Lara, que el día de hoy nos honra con su
presencia, esta situación impide que la paz se restablezca puesto que en realidad no hay
amnistía.
Esta es una de las razones por las que los diputados que suscribimos la
presente iniciativa decidimos asumir nuestra responsabilidad como legisladores y proponer
a esta soberanía una amnistía nacional. Este proyecto de ley es ambicioso, pero encierra
en su seno la esperanza de un futuro mejor para todos los mexicanos, pero sobre todo,
pretende crear los canales de comunicación adecuados para que hoy, por fin, las espadas
se conviertan en arados.
Creo prudente señalar que el enfoque federal de esta propuesta
encuentra un antecedente inmediato en la: Ley de Amnistía para Chiapas, decretada por el
Congreso de la Unión el 22 de enero de 1994.
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. Tomando en cuenta que miles de mexicanas y mexicanos han decidido
tomar las armas para ser escuchados en sus demandas de un país más justo.
2. Teniendo en consideración que la gran mayoría de ellos son de
origen indígena.
3. Puesto que como consecuencia de la comisión de actos violentos
tipificados como delitos federales se han girado y ejecutado cientos de órdenes de
aprehensión.
4. Ya que cientos de personas, familias, niñas y niños, han resultado
víctimas de esos actos violentos.
5. Conscientes de que el ámbito adecuado para resolver cualquier
conflicto es el de la paz.
6. Preocupados por el hecho de que la violencia sólo engendra más
violencia si no se le combate; con respuestas adecuadas a las preguntas y con esperaría y
apoyo para los olvidados.
7. Asegurando que la construcción de un México mejor se hará a
través de la campaña democrática en donde TODAS las ciudadanas y TODOS los ciudadanos
tengan voz y voto y sin que ninguno quede al margen de las decisiones nacionales.
8. Aclarando que el propósito de este cuerpo jurídico no es el de dar
una oportunidad a quienes encontraron en las armas la única vía para el cambio social,
sino el de crear los canales de comunicación adecuados para resolver juntos los problemas
que causaron los levantamientos.
9. No olvidando que ya existen cuerpos normativos de carácter estatal
y federal en los cuales se ha otorgado el beneficio de la amnistía en términos
similares, pero que, por desgracia, no han sido cumplidos ni aplicados en su totalidad,
puesto que aún siguen existiendo personas privadas de su libertad con motivo de
levantamientos armados o que se encuentran prófugas de la justicia.
10. Asumiendo la responsabilidad que como legisladores tenemos, hemos
decidido ejercer la facultad que la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos nos otorga en la fracción XXII del artículo 73, en el sentido de conceder
amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación.
Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción
II: (segunda) del artículo 71 constitucional, XXII (vigésimo segunda) del artículo 73
constitucional; así como en el inciso e), del párrafo sexto del artículo 45 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de
las Comisiones correspondientes la siguiente: INICIATI:VA DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA, con
la seguridad de que los pronunciamientos que se hagan al respecto tendrán en mente, antes
que cualquier interés político, la voluntad de resolver un problema centenario y de
brindar una alternativa a quienes olvidamos durante siglos.
LEY FEDERAL DE AMNISTIA
Artículo 1
Se decreta amnistía a favor de toda persona contra quien se haya
ejercido o pueda ejercerse acción penal ante los tribunales de la Federación por delitos
cometidos con el propósito de alterar la vida institucional o jurídica del Estado
mexicano o de alterar la paz y el orden social establecidos, con móviles políticos o de
reivindicación social, haya formado parte o no de grupos armados.
Artículo 2
Se entiende por amnistía la exclusión de la responsabilidad jurídica
derivada de la actualización del supuesto normativo penal, lo que implica la extinción
de las acciones penales y de sus sanciones. Por lo tanto, se deja a salvo la
responsabilidad civil y los derechos de quienes pueden exigirla.
Artículo 3
La extinción de la acción penal y de las sanciones implica que las
personas que se beneficien de la amnistía no podrán ser aprehendidas, detenidas,
procesadas o molestadas por los ilícitos señalados en el artículo 1de esta ley y que
las personas que se encuentren procesadas o compurgando una pena deberán ser puestas de
inmediato en libertad, obre se yéndose los procesos y dejando sin antecedentes penales a
los individuos en cuestión.
Asimismo, el Ministerio Público declarará extinguida la acción
persecutoria derivada de la integración de las averiguaciones previas.
Las autoridades judiciales cancelarán las órdenes de aprehensión
pendientes de ejecución.
Cuando se hubiere interpuesto juicio de amparo por los individuos
susceptibles de que se les aplique la amnistía, la autoridad responsable remitirá copia
certificada de las órdenes giradas con motivo de la aplicación de la presente ley a los
Tribunales que conozcan del enjuiciamiento para que dicten el auto de sobreseimiento
correspondiente.
Artículo 4
La presente ley se aplicará única y exclusivamente a las conductas
cometidas desde el 1 de enero de 1994 hasta la fecha de su entrada en vigor.
Artículo 5
Los individuos que actualmente se encuentren prófugos de la justicia,
dentro o fuera del país, a consecuencia de la comisión de alguno o varios de los delitos
que comprende la presente ley, podrán beneficiarse de esta amnistía en los términos y
con las condiciones que ella misma establece.
Artículo 6
En el caso de los individuos que se encuentren prófugos de la
justicia, la amnistía sólo se otorgará a cambio de la entrega de cualquier tipo de
instrumento, arma, químico o explosivo utilizado o que pueda ser utilizado en la
comisión de los delitos que comprende esta ley, dentro de un plazo de 180 días contados
a partir de la entrada en vigor de la misma.
En el caso de que el individuo susceptible de ser acogido dentro de la
amnistía sea el responsable o tome parte en generar información impresa o electrónica
como parte de los delitos, deberá suspender dicha actividad dentro del mismo plazo.
Artículo 7
La Comisión Nacional de Derechos Humanos vigilará el exacto
cumplimiento de la presente ley y podrá solicitar la aplicación de la misma en los casos
que ella considere que entran dentro del supuesto normativo. Asimisma, se encargará de
supervisar en coadyuvancia con las autoridades gubernativas encargadas de la seguridad
pública, la integridad física de la persona, familia y patrimonio de los acogidos por la
amnistía, así como de las víctimas de los delitos que comprende esta ley.
Artículo 8
Se integrará una Comisión encargada de velar por el exacto
cumplimiento de esta ley.
Esta Comisión estará integrada por dos representantes del Poder
Ejecutivo, que serán el Procurador General de la República y el Titular del Consejo de
Seguridad Nacional; por dos representantes del Poder Legislativo que serán designados por
el Congreso de la Unión en sesión plenaria; dos representantes del Poder Judicial
Federal que serán el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro
miembro designado por dicho poder; por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos
Humanos; y por dos representantes de la Sociedad Civil designados por Organizaciones No
Gubernamentales.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La presente ley será difundida a través de todos los medios
de comunicación en el país y fuera de él y deberá ser remitida a la Oficina de
Desarrollo para los Pueblos Indígenas para que sea alejada en todos los bandos de las
poblaciones de cualquier entidad tanto en español como en lenguas indígenas.
Tercero. Esta ley no deroga las leyes estatales o federales en las
cuales se haya otorgado amnistía por los mismos delitos o por distintos.
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INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD PARA EL
CONTROL Y VIGILANCIA DE SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS, A CARGO DEL C. DIP. JUAN ALCOCER
FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL.
Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55, 56 y 62
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, en mi calidad de Diputado Federal, me permito someter a la consideración de
esta Honorable Soberanía, la iniciativa de decreto que reforma la Ley General de Salud,
con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Las adicciones y la drogadicción son en nuestro país, un problema
digno de atenderse con prontitud y eficiencia porque atentan contra la estabilidad
familiar, la convivencia pacífica, la economía y la salud de los mexicanos, sin embargo
el marco jurídico que regula la compra venta de los medicamentos sicotrópicos es
actualmente obsoleta, lo cual permite que el comercio de estas sustancias se realice
prácticamente de manera libre.
Es de todos nosotros conocido el hecho de que por las farmacias rondan
comúnmente adictos a los estimulantes y tranquilizantes
(Quienes además suelen mezclar estas sustancias con el uso de
inhalantes) en ese paraíso de drogas, no importa el precio de la cocaína ó la lucha
contra el narcotráfico, tampoco necesitan ocultarse en las sombras de la noche para
llevar a cabo "el intercambio" ni mucho menos requieren avionetas privadas ó
grandes cantidades de dinero; tampoco se arriesgan a ser capturados por la policía y ser
sentenciados. Simplemente se acercan al mostrador, enseñan una receta, pagan un precio
módico !y ya esta!. !como quien compra cacahuates!.
Y es así de fácil porque conseguir una receta para surtir
sicotrópicos es de lo mas sencillo en este País, hay incluso varias maneras de hacerlo,
las cuales van, desde sacar copias fotostáticas de cualquier prescripción, ocultando con
una "máscara" los medicamentos originalmente escritos (pero dejando el membrete
y los registros para ser reproducidos) hasta la sencilla operación de diseñar una receta
en una computadora doméstica, inventando el nombre y los registros de un profesionista
también imaginario. Pero el ilícito puede ir aun mas lejos sin que nadie lo detecte,
basta con mandar imprimir recetarios a cualquier imprenta puesto que para reproducir esta
clase de documentos no se necesita requisito alguno.
En la práctica médica diaria no es extraño encontrar padecimientos
originados por la automedicación; en el caso de los psicotrópicos, las iatrogenias más
comunes son las ocasionadas por los fármacos utilizados para bajar de peso y desde luego,
los tranquilizantes que indiscriminadamente se utilizan para cualquier trastorno de
ansiedad y hasta para cometer suicidio.
Las sustancias psicotrópicas al igual que los estupefacientes poseen
un poder terapéutico indudable, sin embargo por su efecto sobre la fisiología y la
conducta del ser humano, así como por sus reacciones secundarias deben de ser prescritas
y sobretodo controladas y evaluadas por un profesional en medicina, lamentablemente en la
actualidad están a la disposición de cualquier persona, facilitando así las adicciones
y con ellas también, graves daños a la salud.
En "La Ley General de Salud", los psicotrópicos se
clasif1can en cinco grupos, el farmacéutico los obtiene a través de un mayorista que los
surte en una factura común junto con el resto de los medicamentos y hasta cosméticos; al
llegar los productos en cuestión, el farmacéutico debe de registrar la
"entrada" en el libro correspondiente a su grupo (que previamente ha sellado la
S.S.A.); Al vender el medicamento se registra la "salida" y retiene la receta en
caso de pertenecer al grupo II, en el caso del grupo III únicamente se sella y se
devuelve, el cliente podrá surtirla hasta tres veces más dentro de los próximos seis
meses.
Todo esto sin embargo carece de importancia porque como ya expusimos,
el "fabricar" una receta apócrifa, es fácil y sencillo, aun así, algunos
farmacéuticos han caído en la corrupción que genera la falta de control efectivo de los
psicotrópicos, vendiéndolos al doble ó al triple de su precio normal a toda aquella
persona que desee consumirlos, pero que carezca de la prescripción requerida ó de los
conocimientos necesarios para cometer por sí mismo el ilícito.
Es necesario pues, darle a las autoridades sanitarias y a los
profesionales de la salud, los elementos necesarios para controlar y combatir estos males
sociales.
Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de lo dispuesto por la
Fracción VIII del Artículo 3 Constitucional en el que se otorga al Congreso de la Unión
la facultad de legislar en materia de salud, someto a esta Cámara de Diputados de la
LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se reforman diversos de la Ley General de
Salud para quedar como siguen:
Artículo primero. Se reforma el artículo 241 para quedar como sigue:
Artículo 241. La prescripción de estupefacientes se hará en
recetarios especiales, que contendrán para su control, un código de barras y holograma
asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales en los
siguientes términos:
Artículo segundo. Se reforma el artículo 251 y 252 para quedar como
sigue:
Artículo 251. Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción
III del artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones
aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a
que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público,
receta médica especial de acuerdo a lo establecido en el artículo 240, 241 y 242, la que
deberá surtirse por una sola vez, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de
Salud.
ARTICULO 252. Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción
IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones
aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a
que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público,
receta médica especial de acuerdo a lo establecido en el articulo 240, 241, y 242, la que
podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de
la fecha de su expedición y no requería ser reten1da por la farmacia que la surta, las
primeras dos veces.
ARTICULOS TRANSITORIOS
UNICO. La Secretaría de Salud establecerá lo conducente para lo que
señalan los artículos 240, 241 y 242 de la Ley General de Salud, en un plazo no mayor de
30 días a la entrada en vigor de este Decreto.
México, D.F. a de Diciembre del 2000.
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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
CELEBRE UNA SESION PARA RENDIR HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN
LOS JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS DE SYDNEY 2000, Y PARA QUE LES SEA ENTREGADA UNA PLACA
CONMEMO;RATIVA DE LA LVIII LEGISLATURA A LOS DEPORTISTAS QUE OBTUVIERON MEDALLAS OLIMPICAS
Honorable Asamblea
A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio y dictamen las
siguientes proposiciones:
1. Con punto de acuerdo para realizar un acto solemne y rendir homenaje
a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, presentada en
el Pleno por el Diputado Juan Carlos Regis Adame, a nombre de integrantes del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, el 5 de Octubre de 2000.
2 Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura, otorgue un reconocimiento a cada uno de los deportistas mexicanos que
participaron en la justa de Sydney, Australia, presentada en el Pleno por la Diputada
Norma Enriqueta Basilio Sotelo, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de
los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución
Democrática y Verde Ecologista de México, el 5 de octubre de 2000.
3. Con punto de acuerdo para que se otorgue a los medallistas
olímpicos que triunfaron en los Juegos Paraolímpicos de Sydney 2000, un reconocimiento
público por su destacada participación en dicho evento, presentada por la Diputada Olga
Patricia Chozas y Chozas a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, el 31 de octubre de 2000.
CONSIDERACIONES
Cada cuatro años con excepción de las dos Guerras Mundiales las
mejores y los mejores atletas del mundo se dan cita en alguna ciudad del planeta para
representar a su país en la justa deportiva más importante de los tiempos modernos.
Con una filosofía y una serie de símbolos que se han forjado poco a
poco, enriqueciendo la tradición humana del olimpismo, los Juegos son el clímax de la
unidad y la paz entre los pueblos; la disciplina, la dedicación y la superación de los
seres humanos.
No muy alejados de la filosofía olímpica actual, los Juegos
Olímpicos de la Antigüedad llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia
representaban un momento de unión entre las diferentes colonias griegas del
Mediterráneo. Nacieron como enormes festivales en los que la religión, las prácticas
atléticas y la música se unían para honrar a los dioses y esclarecer quiénes podían
asumir el título de mejores "deportistas" de la época.
Veinticuatro siglos después, el movimiento olímpico resucitó de la
mano del Barón Pierre de Coubertin. La herencia de la vieja Grecia floreció un G de
abril de 1896, cuando se iniciaron los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna, después de
quince años de trabajos y preparativos
Grecia, y en concreto Atenas, alzaron el telón de un movimiento que
ahora, a finales del siglo XX, es el único capaz de unir a todos los pueblos del mundo.
Después de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 se han celebrado otras
26 ediciones de los Juegos, cada vez con mejor organización y mayor participación de
atletas y países.
Por otro lado, a partir de 1960 se celebran cada cuatro años los
Juegos Paraolímpicos, donde participan atletas con alguna discapacidad física o mental.
El término paraolímpico proviene de la palabra paralelo y significa
que son los Juegos "paralelos" a los Juegos Olímpicos. Dicha justa deportiva
está igualmente llena de valores que elevan la conciencia de los seres humanos al
permitir que personas con alguna discapacidad demuestren que son plenamente aptos para
competir en los deportes.
En el mes de septiembre del año 2000se celebraron en la ciudad de
Sydney, Australia los XXVII Juegos Olímpicos de la Era Moderna, y posteriormente, en
octubre de este año, los XI Juegos Paraolímpicos.
México participó en ambos encuentros con delegaciones de deportistas
preparados y triunfadores, que trajeron a nuestro país 6 Medallas Olímpicas y 34
Medallas Paraolímpicas, además de poner en alto el deporte nacional al clasificar en los
primeros lugares de las disciplinas en que actuaron.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es la encargada
de dictaminar las propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales
Ya que las tres proposiciones con Puntos de Acuerdo Presentados ante el
Pleno solicitan que se lleve a cabo algún tipo de reconocimiento u homenaje a los atletas
mexicanos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paraolímpicos
celebrados en la ciudad de Sydney, Australia, por parte de la LVIII Legislatura de la
Cámara de Diputados, las propuestas fueron turnadas a esta Comisión.
En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los
deportistas mexicanos que participaron en la justa deportiva de "Sydney 2000",
la Comisión ha decidido fundir en un solo dictamen las tres propuestas presentadas en ese
sentido.
De tal forma, no se hace distinción entre los deportistas olímpicos y
los paraolímpicos, reconociendo en ambas delegaciones su esfuerzo, dedicación y
disciplina.
Por ello este órgano legislativo ha decido poner a consideración del
Pleno un Acuerdo para que sea organizada una sesión para rendir homenaje a las
delegaciones de atletas mexicanos que participaron en los pasados Juegos Olímpicos y
Paraolímpicos.
Además, se propone hacer entrega, en esa misma sesión, de placas
conmemorativas a aquellos atletas olímpicos y paraolímpicos que hayan obtenido medallas
para nuestro país.
Actuando de esa forma, esta soberanía reconocerá a los deportistas su
gran esfuerzo, y dará un ejemplo a la sociedad mexicana, sobre todo a nuestra juventud,
de que México reconoce a quienes destacan en actividades positivas y provechosas.
Si se desea que los atletas mexicanos sigan triunfando en las
competencias internacionales, es muy justo que las instituciones estimulen y alienten su
vocación deportiva.
Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que
le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso
General y los artículos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta
Honorable Asamblea el presente dictamen con punto de
A C U E R D O
Artículo Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
celebrará una sesión para rendir homenaje a los atletas olímpicos y a los atletas
paraolímpicos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paraolímpicos
celebrados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000.
Artículo Segundo. La Cámara de Diputados entregará en la misma
sesión, una placa conmemorativa de la LVIII Legislatura a cada uno de los atletas que
obtuvieron medallas en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paraolímpicos
efectuados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000.
TRANSITORIOS
Primero. Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte, para
organizar la sesión para rendir homenaje a los atletas mexicanos que participaron en los
XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paraolímpicos celebrados en la ciudad de Sydney,
Australia en el año 2000.
Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación y será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.
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APENDICE No. 16
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Poder
Legislativo Federal.-- Cámara de Diputados.-- Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71
fracción II y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Delfino Garcés Martínez miembro del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión, presentó el 26 de octubre del año 2000 a esta Cámara
de Diputados, una Iniciativa de "Ley que crea el Fondo de Apoyo a los Ahorradores
Afectados por las Cajas de Ahorro".
De la misma forma, en esa fecha el grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional presentó la iniciativa que expide la "Ley de Ahorro y
Crédito Popular y que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito".
Por su parte, diputados de los grupos parlamentarios de los partidos
Acción Nacional y Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa de Decreto por
el que se expide la "Ley de Ahorro Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social
para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y se reforman y derogan diversas disposiciones
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito".
Dichas iniciativas fueron turnadas a esta Comisión de Hacienda y
Crédito Público para su estudio y dictamen. Después de analizarlas y evaluarlas, con la
participación de los sectores involucrados, de servidores públicos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público y, desde luego, con representantes de los grupos de
ahorradores afectados, a continuación se presenta a esta honorable Asamblea el siguiente:
DICTAMEN
Descripción de las iniciativas
El proyecto de ley que presentó el grupo parlamentario del PRD tiene
como propósito fundamental el de apoyar, mediante la aportación complementaria de
recursos públicos, la recuperación de los ahorros que miles de ahorradores han perdido a
raíz de diversos ilícitos que se han cometido en algunas cajas de ahorro.
En efecto, algunas entidades constituidas bajo la modalidad tanto de
sociedades cooperativas ahorro y préstamo como de sociedades de ahorro y préstamo,
tuvieron un funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado a tiempo por las
autoridades correspondientes, en perjuicio de cientos de miles de afectados, en su
mayoría personas de escasos recursos que actuaron de buena fe. En tal sentido, la
iniciativa se fundamenta en los siguientes razonamientos:
Propone restablecer la equidad en el trato que se da a los ahorradores
e inversionistas de la banca comercial que hasta ahora cuentan con un seguro de depósito
ilimitado y los ahorradores de las cajas populares que no tienen seguro alguno.
Considera la iniciativa que diversos grupos parlamentarios han
expresado su sentido favorable a la utilización de recursos públicos para resarcir el
daño causado a este tipo de ahorradores.
El costo fiscal que se generaría al momento de apoyar a los
ahorradores se vería disminuido al quedar la fiduciaria como propietaria de todos
aquellos bienes que se fueran recuperando a la culminación de los juicios promovidos.
En atención a lo anterior, la iniciativa del PRD prevé una
aportación inicial de 2 mil millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos del
2000 y aportaciones subsecuentes para cumplir cabalmente el objeto del fideicomiso que
serían previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2001.
Por su parte, los artículos transitorios de la iniciativa presentada
por diputados del grupo parlamentario del PRI, tienen como propósito único el de apoyar
a los ahorradores afectados por el cierre de diversas instituciones de ahorro y préstamo,
para lo cual se fundamenta que dicho problema rebasa los límites de las relaciones entre
particulares y se traduce, por consiguiente, en un verdadero problema social.
Por analogía al rescate bancario, considera la iniciativa que se deben
establecer las bases de un sano y eficiente sistema de ahorro popular, lo cual encuentra
su soporte jurídico en el artículo 25 de nuestra Carta Magna.
En la exposición de motivos correspondiente se indica que debe
prevalecer un criterio de equidad vinculado al principio de solidaridad con aquellas
personas de menores ingresos que han sido usuarias del sistema de ahorro y crédito, por
lo que se requiere estructurar un sistema de apoyo que resarza los saldos netos a los
ahorradores que han sido afectados.
Estas operaciones se realizarían a través de un Fideicomiso de
carácter público para garantizar su absoluta transparencia y la existencia de controles
adecuados sobre su operación.
Por lo que respecta a la tercera iniciativa, que presentaron diputados
del PAN y del PVEM, vale la pena señalar que su mención obedece en este caso particular,
al espíritu general que expresa en cuanto a la necesidad urgente de contar con un marco
jurídico moderno y eficaz que permita regular y fomentar el ahorro y crédito popular,
bajo condiciones de seguridad y rentabilidad razonables.
De hecho, estas dos últimas iniciativas son prácticamente iguales en
los propósitos, objetivos y alcances que persiguen en esa materia, por lo que, sin duda,
merecerán su pronto análisis y dictaminación.
Consideraciones de la comisión
Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público estiman
que, dada la urgencia de resolver el problema de las familias mexicanas que perdieron sus
ahorros por la insolvencia o quiebra de las sociedades de ahorro y préstamo o, en su
caso, de cooperativas de ahorro y préstamo, es indispensable actuar responsablemente para
asegurar alguna forma de apoyo a la mayoría de los ciudadanos afectados que, en muchos
casos, no disponen de ningún otro recurso para hacer frente a sus necesidades básicas
que encontraban en este sistema de ahorro popular un mecanismo para atenderlas.
Los miembros de esta comisión dictaminadora constataron que algunas
entidades constituidas bajo las modalidades de sociedades cooperativas de ahorro y
préstamo y sociedades de ahorro y préstamo, tuvieron un funcionamiento irregular o hubo
negligencia de parte de quienes estaban a cargo de su administración y en su caso, no
fueron supervisadas adecuadamente, en perjuicio de cientos de miles de ahorradores
afectados.
Ante esta problemática social, es evidente la necesidad de un marco
jurídico integral que permita regular y fomentar el ahorro y crédito popular.
Por otro lado, a raíz de la presentación de las iniciativas, se han
efectuado diversas reuniones con los sectores interesados, con diversas autoridades que
tienen incidencia sobre la materia y, por supuesto, con los representantes de los grupos
de ahorradores afectados, quienes han sido también atendidos por una comisión plural de
diputados que prácticamente desde el inicio de la presente legislatura han estado al
pendiente de este asunto, los cuales han aportado a esta comisión sus puntos de vista
para la tarea dictaminadora.
Las iniciativas ponen de manifiesto la existencia de una enorme falla
en el sistema de ahorro popular lo cual ha ocasionado elevados costos sociales y
considerando que los diversos grupos parlamentarios se han expresado en sentido favorable
a la utilización de recursos públicos para apoyar de manera extraordinaria el daño
causado a este tipo de ahorradores, se incluye en la propuesta de dictamen la creación de
un "Fideicomiso que administra el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores", para garantizar la
absoluta transparencia de aplicación de los recursos públicos destinados a este fin y la
existencia de controles adecuados sobre su operación.
Dicho fideicomiso contará con un comité técnico integrado por un
representante de cada una de las siguientes instituciones: de las secretarías, de
Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de la Contraloría y
Desarrollo Administrativo, así como un representante de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los
Usuarios de Servicios Financieros, y dos representantes de la Comisión Consultiva que, a
su vez, se integra por los representantes de los gobiernos de las entidades federativas
con mayor número de ahorradores afectados.
Cabe señalar, que este fideicomiso no será considerado como una
entidad paraestatal y que su domicilio será el Distrito Federal.
Esta comisión considera importante señalar que su patrimonio se
constituirá por las aportaciones del Gobierno Federal, las que realicen las entidades
federativas de acuerdo a los convenios que se suscriban; de los productos que se generen
por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente el fondo, así
como de los propios que se aporten para el mejor cumplimiento de su objeto social.
Para su constitución y debida operación, el Gobierno Federal, a
través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportará hasta 2 mil 285
millones de pesos, en los términos que se señalan en el proyecto de ley.
De este monto 500 millones de pesos se destinarán a apoyar el
fortalecimiento de las sociedades de ahorro y préstamo y de las cooperativas de ahorro y
préstamo que registren problemas graves de liquidez o solvencia, para lo cual deberán de
cumplir previamente con diversos requisitos que demuestren su viabilidad operativa y
financiera.
Es importante destacar que la aplicación de los fondos federales, así
como los estatales para el apoyo a los ahorradores estarán reflejados en los convenios
que para el efecto suscriban.
Se propone también que el fideicomiso deberá administrar el fondo por
un periodo de hasta de dos años, contados a partir del inicio de sus actividades o, bien,
hasta que extinga su patrimonio, lo que ocurra primero.
Respecto a los sujetos del apoyo, esta comisión estima necesario que
debe prevalecer un criterio de equidad vinculado al principio de solidaridad con aquellas
personas de menores ingresos que han sido usuarias del sistema de ahorro y crédito, por
lo que se requiere estructurar un sistema de apoyo basado en saldos netos a los
ahorradores que han sido afectados.
Además, esta Comisión de Hacienda tomó en cuenta el hecho de que
algunas de las sociedades o cooperativas de ahorro y préstamo pagaban intereses
excesivamente altos, en algunos casos hasta de más de tres veces el interés del mercado
y que esos intereses capitalizados generaron ganancias que en términos de competencia
normal hubieran sido muy inferiores. Ello justifica también la reducción de los
porcentajes de recuperación, al excluir este concepto del esquema de apoyo.
Al respecto, diversos grupos de trabajo de diputados con presencia
plural exploraron diferentes alternativas, las cuales se orientaron por dos principios
básicos: 1) Que el apoyo alcanzara al mayor número de ahorradores, y 2) Que hubiese un
reparto equitativo de los recursos públicos disponibles.
En cuanto a la equidad, se consideró que era importante permitir la
recuperación de los montos de ahorro menores que suponen una mayor necesidad de quienes
tenían depositados esos fondos, pero también que el reparto alcanzara a niveles
relativamente mayores, en donde se encuentra la presencia de grupos sociales vulnerables
como jubilados y pensionados, mujeres que viven solas o son cabeza de familia, personas
desempleadas y, que en ocasiones, habían depositado todos los recursos obtenidos por su
retiro del empleo y que prácticamente vivían de los intereses que les dejaba todo su
patrimonio depositado en esas entidades.
En atención a lo anterior y dado el tiempo transcurrido, se establece
que los pagos derivados de esta ley se iniciarán a más tardar 10 días hábiles con
posterioridad a que se hayan cumplido los requisitos previstos en ésta, y continuarán en
el orden sucesivo en que se presenten los ahorradores hasta que se agote el patrimonio del
fideicomiso.
En materia de requisitos, la que dictamina estima conveniente señalar
que será indispensable que las entidades de ahorro y préstamo a las que pertenezcan los
ahorradores afectados se hayan constituido con anterioridad de un año a partir de la
vigencia de la presente disposición.
Por otra parte, los ahorradores que tengan obligación de declarar el
impuesto sobre la renta, deberán presentar las declaraciones correspondientes al tiempo
en que hayan sido ahorradores o hasta por un máximo de cinco años.
Conjuntamente con el grupo de diputados que participaron desde un
inicio en los trabajos de análisis y propuesta de solución a la problemática descrita,
se realizaron diferentes estudios y ejercicios para encontrar una fórmula que sirviera de
base para el reparto y que, si bien tomaba como punto de referencia cantidades concretas
sobre las cuales elaborar diferentes escenarios, debían concluir en un mecanismo
expresado en términos abstractos y generales que deben ser propios de una ley.
De esta manera, se llegó a la conclusión de que era necesario
establecer un "Monto Básico de Pago" a partir del análisis de depósitos de
las sociedades afectadas. Y para hacerlo compatible con un monto de recursos aceptable, se
determinó que dicho Monto Básico se estructurara a partir del saldo promedio del saldo
neto de ahorro más bajo de aquellas sociedades cuya situación se conoce integralmente,
por haberse concluido las auditorías correspondientes.
Ahora bien, con el fin de lograr que los primeros recursos beneficien a
un mayor número de los ahorradores afectados, se concluyó que el "Monto Básico de
Pago" debería ser la mitad del mencionado saldo promedio, mismo que nunca podrá ser
mayor de 10 mil pesos, pero siempre buscando que se pudiera satisfacer por lo menos una
parte importante de las necesidades a cubrir.
La aplicación de las fórmulas llevó a esta Comisión Dictaminadora
al establecimiento de un esquema que permite a aquellos que tienen una cantidad hasta de
19 veces el equivalente del Monto Básico lograr una recuperación del 70% de dicho saldo.
Por encima de 19 veces el monto básico, esta Comisión de Hacienda
considera que la generalidad de los ahorradores que disponían de recursos de ese nivel no
se encuentran en la misma condición de desamparo y problema que los ahorradores de
menores recursos. Más aún, considera que tienen la capacidad suficiente para litigar
acciones legales y judiciales que les permita la recuperación de su dinero a partir de
los bienes que, pertenecientes o que se han asegurado a quien manejaba esas sociedades o
cooperativas de ahorro y préstamo, ahora en insolvencia, no justifican la aplicación de
recursos públicos.
Por saldos netos de ahorro, se entiende el monto que conste en los
títulos de crédito o documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados
por ahorrador, menos los créditos no cubiertos por el mismo, sin considerar la cobertura
de ninguna cantidad por concepto de intereses.
Por último, es preciso señalar que al efectuarse el pago se estipula
que los ahorradores, además de exhibir el documento comprobatorio de los depósitos
realizados, deberán manifestar por escrito que ceden sus derechos a favor de la
fiduciaria y que no se reservan acción ni derecho alguno contra la entidad insolvente, el
fideicomiso o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito
Público somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE
ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y
PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y SE ADICIONA EL ARTICULO 51B DE LA LEY GENERAL DE
ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO.
ARTICULO PRIMERO. Ley que crea el Fideicomiso que administrará el
fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de
apoyo a sus ahorradores.
ARTICULO 1. Se crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus
Ahorradores.
ARTICULO 2. El Fideicomiso tendrá por objeto:
I. Fortalecer el esquema financiero de las Sociedades de Ahorro y
Préstamo y Cooperativas de Ahorro y Préstamo que cumplan con los requisitos que
establece esta Ley, con el objeto de fomentar la cultura del ahorro popular;
II. Apoyar a los ahorradores de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y
de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo que se encuentren en estado de insolvencia
comprobada.
ARTICULO 3. El Fideicomiso será público y contará con un Comité
Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes
Instituciones: de las Secretarías, de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá;
de Gobernación, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como un representante
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un representante de la Comisión Nacional
para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, y dos
representantes de la Comisión Consultiva quienes serán los representantes de los
gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados,
conforme a los resultados de las auditorías, y que hayan celebrado los convenios a que se
refiere el artículo 10 de esta Ley.
Este Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no
queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
ARTICULO 4. La Comisión Consultiva a la que se refiere el artículo
anterior estará integrada por los representantes de los gobiernos de las entidades
federativas en las cuales existan ahorradores afectados, que hayan celebrado los convenios
a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, y por dos presidentes de los Consejos de
Administración de las sociedades que cumplan los requisitos a que se refiere la misma,
electos de entre ellos mismos a convocatoria del Comité Técnico del Fideicomiso.
Todos los miembros de esta Comisión tendrán los mismos derechos.
ARTICULO 5. El fondo, que será el patrimonio administrado por el
Fideicomiso, se constituirá por:
I. Las aportaciones del Gobierno Federal por un mil 785 millones de
pesos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y de 500 millones a que se refiere el
artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes
entre sí y distintas a aquellas en que se administre el resto de las aportaciones;
II. Las aportaciones que hagan las entidades federativas;
III. Los productos que se generen por la inversión y la
administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo;
IV. Los bienes que se aporten al Fondo; y
V. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor
cumplimiento de sus fines.
ARTICULO 6. El fideicomitente del Fideicomiso a que se hace referencia
en el artículo anterior será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
La fiduciaria será Nacional Financiera, S.N.C. y los fideicomisarios
los ahorradores afectados que cumplan con los requerimientos que se señalan en esta Ley
o, en su caso, las sociedades que sean objeto de fortalecimiento, de acuerdo al segundo
párrafo del artículo 13 de este ordenamiento y a lo que en concordancia con ellas
determine el Comité Técnico.
Dicho Comité Técnico tendrá de manera enunciativa más no
limitativa, las siguientes facultades:
I. Aprobar los términos mínimos de referencia, conforme a los cuales
deben practicarse las auditorías a las sociedades para su fortalecimiento, con el
propósito de que los recursos de este Fideicomiso se apliquen de forma transparente a los
Fideicomisarios;
II. Aprobar las bases y procedimientos a través de los cuales se
reconocerán los montos a pagar, así como la identidad de los ahorradores afectados; los
procedimientos para determinar las cantidades que se podrán entregar a los mismos, así
como los procedimientos para documentar dichas entregas;
III. Determinar mediante reglas de carácter general los requisitos que
deben reunir los títulos de crédito o documentos comprobatorios de los derechos de
crédito de los ahorradores afectados para ser considerados válidos;
IV. Determinar con base en la auditoría correspondiente y en las
reglas que emita, cuando es viable la recuperación financiera de una sociedad que
presente problemas de solvencia, y en su caso, aprobar el monto necesario para su
saneamiento;
V. Determinar las reglas y procedimientos para la enajenación de los
bienes aportados al Fideicomiso; así como aprobar las mismas;
VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos de
los cuales puedan derivar afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como
aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines;
VII. Autorizar, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, los gastos que
resulten necesarios, para el manejo del mismo, incluyendo los honorarios que correspondan
al Fiduciario, así como aquellos que deriven del proceso de extinción del mismo.
VIII. Instruir al fiduciario, por escrito respecto de la inversión de
los fondos líquidos del Fideicomiso;
IX. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso;
X. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Fiduciario
sobre el manejo del patrimonio fideicomitido;
XI. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso, se destinen
al cumplimiento de sus fines;
XII. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio
de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso,
comunicando dichos criterios y decisiones por escrito a la Fiduciaria;
XIII. Girar instrucciones a la Fiduciaria acerca de las personas a
quienes deberá conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones
secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio
fideicomitido, indicando expresamente cuándo el (los) mandatario (s) o apoderado (s)
podrán delegar sus facultades a terceros;
XIV. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al
Fideicomiso, y
XV. Cualesquiera otras derivadas de la legislación aplicable y de la
presente Ley, necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso.
ARTICULO 7. Se entenderá por sociedades a las Sociedades de Ahorro y
Préstamo y a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que hace referencia la Ley General
de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de Sociedades
Cooperativas, respectivamente.
Se entenderá por saldo neto de ahorro, el resultado del monto que
conste en los títulos de crédito o documentos equivalentes que comprueben los depósitos
realizados por ahorrador, menos los créditos no cubiertos por el mismo. Para los efectos
de dicho cálculo no se computarán intereses.
ARTICULO 8. Sólo podrán acogerse al contenido de esta Ley, las
sociedades que cumplan los siguientes requisitos:
I. Haberse constituido legalmente por lo menos con un año de
anticipación a la vigencia de la misma;
II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de
auditoría con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de
noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean,
en su caso, aprobados por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 3 de esta Ley;
y
III. Realizar los actos corporativos necesarios para que estas
sociedades procedan a su disolución y liquidación, en los plazos que fije el Comité
Técnico de este Fideicomiso, en los casos que así proceda.
ARTICULO 9. El Presupuesto de Egresos de la Federación dispondrá de
una partida de mil 785 millones de pesos para realizar los pagos previstos en esta Ley.
ARTICULO 10. La aplicación de los recursos federales estará
condicionada a la suscripción de convenios que realice el Fideicomiso creado por esta
Ley, con los gobiernos de las entidades federativas, en donde existan problemas de
ahorradores afectados. En cada convenio se establecerán los montos de aportación de las
partes.
Una vez suscrito el convenio con alguna entidad federativa, se
aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de
otros convenios.
ARTICULO 11. El Fideicomiso efectuará los pagos derivados de sus fines
a los ahorradores plenamente identificados como afectados, siempre y cuando éstos
soliciten su pago al Fideicomiso en los términos establecidos en esta Ley, dentro de los
60 días naturales a partir de la fecha en que el Comité Técnico publique el
procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente, mismo que
deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos
diarios de circulación nacional, durante dos días consecutivos.
Tratándose de las Sociedades de Ahorro y Préstamo, el Fideicomiso
sólo efectuará los pagos a los ahorradores que se encuentren, en su caso, reconocidos
dentro del procedimiento de quiebra respectivo.
Los pagos que se realicen a los ahorradores afectados se efectuarán de
acuerdo a las siguientes:
BASES GENERALES
PRIMERA. El Monto Básico de Pago, será la mitad del promedio del
saldo neto de ahorro en cada sociedad a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. El
promedio del saldo neto de ahorro, se determinará dividiendo el monto total de los
depósitos realizados con saldo acreedor en la sociedad de que se trate, entre el número
de ahorradores con saldo acreedor de la misma.
En ningún caso el Monto Básico podrá ser superior a 10 mil pesos,
esto se aplicará para cualquiera de las sociedades que se encuentren en estado de
insolvencia, en los términos del artículo 2 de esta Ley.
SEGUNDA. Todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor
a diecinueve veces el Monto Básico recibirá el 70% de dicho saldo.
TERCERA Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente
a diecinueve veces el Monto Básico podrán recibir la recuperación de dicho saldo con
recursos provenientes de otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las
acciones legales que correspondan.
CUARTA. Los ahorradores sujetos a estos apoyos deberán de cumplir con
los requisitos previstos en este mismo ordenamiento para ser elegibles para recibir los
pagos a que se refieren estas bases.
El Comité Técnico del Fideicomiso previsto en la presente Ley queda
facultado para decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de
administración y dominio que realice sobre los bienes a que se refieren las fracciones IV
y V del artículo 5 de esta Ley.
QUINTA. El ahorrador deberá manifestar por escrito que cede sus
derechos de crédito a favor del Fideicomiso; que renuncia expresamente al pago de los
intereses que se hayan generado a su favor y los que puedan generarse hasta el momento en
que se efectúe el pago, y que no se reserva acción ni derecho alguno que pueda existir a
su favor, en contra de la sociedad insolvente de que se trate, del Fideicomiso o de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los actos que deriven de esta Ley.
Los títulos de crédito o los documentos comprobatorios deberán ser
entregados al fiduciario contra el pago realizado.
SEXTA. La Fiduciaria podrá subrogarse en todos los derechos tanto de
crédito como de carácter litigioso que deriven de los títulos de crédito o los
documentos entregados por los ahorradores, conforme lo determine el Comité Técnico.
La Fiduciaria en ningún caso podrá beneficiarse de algún saldo
remanente a favor; en cambio estará obligada a coadyuvar con el Ministerio Público en
las causas penales vinculadas con los procesos que se contemplan en esta Ley, hasta su
conclusión.
SEPTIMA. El Comité Técnico del Fideicomiso determinará mediante
reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los títulos de crédito o
documentos comprobatorios para ser considerados válidos y los métodos de identificación
de los ahorradores.
OCTAVA. Los ahorradores que tengan obligación de presentar
declaración anual del Impuesto sobre la Renta deberán adjuntar las declaraciones
realizadas durante los años en que hubieran sido ahorradores de una sociedad, hasta por
un máximo de cinco años o bien, durante el tiempo que hubiesen estado obligados a
presentarla, si ésta es menor a la vigencia del título de crédito o documento
comprobatorio correspondiente.
ARTICULO 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se
destinará exclusivamente para las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito
de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez
y/o solvencia.
ARTICULO 13. El Comité Técnico del Fideicomiso con base en la
información de la auditoría correspondiente, determinará cuándo es viable la
recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de liquidez y/o solvencia,
en su caso, el monto necesario para su fortalecimiento, al que se refiere el artículo
anterior.
Las sociedades que se encuentren en este supuesto, deberán cumplir
además con los siguientes requisitos:
I. Justificar la viabilidad operativa y financiera de la sociedad y la
idoneidad del apoyo mediante la práctica de una auditoría, que reúna los requisitos que
determine el Comité Técnico del Fideicomiso;
II. Determinar que como consecuencia de los resultados de la
auditoría, es más conveniente que dicha sociedad se mantenga en operación, porque tal
opción se considere razonablemente menos costosa que liquidarla;
III. Presentar un programa de saneamiento;
IV. Acreditar que durante los 6 meses anteriores a la entrada en vigor
de la presente Ley, las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero e
inversiones de sus ahorradores, fueron inferiores al 80% de la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio, o en su defecto, la tasa de interés que en su caso la
sustituya; y
V. Otorgar garantías a satisfacción del Comité Técnico.
ARTICULO 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá
emitir reglas de carácter general a efecto de proveer a la mejor observancia de los
preceptos de esta Ley.
TRANSITORIOS
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Para efectos de esta Ley el Fideicomiso se considerará
constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo anterior.
TERCERO. El período durante el cual operará el Fideicomiso que
administrará el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y
Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores será de dos años contados a partir del inicio de
sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta Ley, lo que
ocurra primero.
Si al término de su operación existiesen remanentes de recursos
públicos, éstos se aplicarán al fondo o fondos que existan para asegurar el debido
funcionamiento de las sociedades dedicadas al ahorro y crédito popular, que sean
regulados mediante una ley que tenga por objeto regular, promover y facilitar el servicio
de captación de recursos, colocación de crédito y otorgamiento de otros servicios
financieros por parte de las mismas. De no existir tales Fondos se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación.
CUARTO. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más
tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos
previstos en esta Ley, y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos
ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del Fideicomiso conforme a lo
previsto al artículo 5 de esta Ley, con excepción de los recursos previstos para el
saneamiento de las sociedades a que se refiere el artículo 12 de este mismo ordenamiento.
Sin menoscabo de lo anterior, una vez que el saldo del patrimonio del
Fideicomiso sea igual o inferior a 175 millones de pesos, éste deberá iniciar los
trámites necesarios para su extinción.
QUINTO. Para efectos de la aportación que deberá fideicomitir la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 9 de esta Ley,
ésta se realizará a través de ampliación líquida con cargo a un monto adicional de
gasto programable al previsto en los artículos 35, fracción 1, inciso e) y 84,
penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal del año 2000. En caso de que esta ampliación no sea suficiente, se
deberá prever la erogación correspondiente con cargo al Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal del año 2001.
SEXTO. Para los propósitos de esta Ley, se adiciona el primer párrafo
del artículo 51B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito.
ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona el primer párrafo del artículo 51B de
la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como
sigue:
Artículo 51B. El Gobierno Federal y las entidades de la
Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el
resultado de las operaciones que realicen las organizaciones auxiliares del crédito y
casas de cambio así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones
contraidas con sus socios o con terceros. Lo anterior salvo que, en el caso de las
organizaciones auxiliares del crédito a que se refiere el artículo 38A de esta Ley,
exista provisión presupuestaria específica, aprobada por autoridad competente.
TRANSITORIO
PRIMERO. La adición al artículo 51B de la Ley mencionada en el
artículo anterior entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
SALA DE COMISIONES Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal
a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil.