SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII
LEGISLATURA,
DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2000.
ORDEN DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2000. |
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APERTURA | |
Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
COMUNICACIONES | |
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA | |
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EXCITATIVAS | |
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PROPOSICIONES | |
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AGENDA POLÍTICA | |
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CLAUSURA |
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2000.
EL C. PRES1DENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA
CERVANTES: (Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO: Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 267 diputados.
EL C. PRESIDENTE (A las 11:14 horas): Hay quórum, se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGEANO: Se va a dar lectura al
orden del día.
Se da lectura al orden del día
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA
22 DE DICIEMBRE DE 2000
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
De los Congresos de los Estados de: Guanajuato, Michoacán, Nuevo León
y Quintana Roo.
De la H. Cámara de Senadores.
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
Que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Petróleo, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión)
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Ley de
Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2001
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.
EXCITATIVAS
A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y
Derechos Humanos, a cargo del Dip. Auldárico Hernández Gerónimo, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión).
A las Comisiones de Salud y de Gobernación y Seguridad Pública, a
cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y
Fomento Industrial, a cargo del Dip. Mario Cruz Andrade, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y del Distrito
Federal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
A las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Jurisdiccional,
a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión).
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, se apruebe en este Período, al Instituto de Seguridad Social para las
Fuerzas Armadas Mexicanas, un monto a fin de que sea unificada la situación de retiro del
personal militar con los beneficios que ha otorgado la Ley al personal retirado
últimamente, a cargo del Dip. José Alvaro Vallarta Ceceña, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a la Comercialización de Productos y
Programas de Abasto Social por parte de las Instituciones Federales, a cargo del Dip.
José de Jesús Hurtado Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a Comisión)
Con Punto de Acuerdo en relación al Presupuesto para el año 2001,
referente a la atención de los Pueblos Indígenas, a cargo del Dip. Héctor Sánchez
López, del Grupo Parlamentari3O del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo para proteger la producción de granos y la
soberanía alimentaria de nuestro país, a cargo del Dip. Silvano Aureoles Conejo, del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos que se
aprobará en este período, a la UNAM, se le considere una partida extra anual destinada
al mantenimiento y operación de dos buques oceanográficos, con la finalidad de sostener
e impulsar la investigación oceanográfica y aprovechar los recursos marítimos, a cargo
del C. Dip. César Patric3io Reyes Roel, a nombre de integrantes de la Comisión de
Marina. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto del año 2001, se
considere el apoyo a las áreas marginadas en el Estado de Zacatecas, a cargo del Dip.
Juan Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo para evitar el establecimiento de un relleno
sanitario en León, Guanajuato, a cargo del Dip. Alejandro García Sainz Arena, del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
AGENDA POLITICA
Comentarios sobre la integración del Gabinete del Presidente Vicente
Fox Quesada, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre las políticas de gobierno en el Estado de Chiapas, a
cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la situación salarial de los Servidores Públicos
Federales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
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EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del
orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea s; se le dispensa la
lectura al acta, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a
los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a su
votación.
LA C. SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO: Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura del acta de la sesión
anterior, tomando en consideración que ha sido entregada copia de la misma a los
coordinadores parlamentarios y ha sido publicada en la Gaceta.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo, en votación económica.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo de la misma manera.
(Votación)
Se dispensa la lectura del acta, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Le pido a la Secretaría ponga a discusión el acta.
LA C. SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO: Está a discusión el
acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se
pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo en votación económica.
Votación
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
Votación
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION,
CELEBRADA EL JUEVES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO
DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA
LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados
Unidos Mexicanos, a las once horas con cuarenta minutos del jueves veintiuno de diciembre
de dos mil, con la asistencia de trescientos ochenta y cinco diputados9 el Presidente
declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos,
en votación económica.
Comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca, con acuerdo por el que
solicita que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de
dos mil uno, se incremente la partida al sector agropecuario. Se turna a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca, con acuerdo por el que
se invita al Congreso de la Unión, para que en el ámbito de sus atribuciones,
complemente los alcances de la Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca. Se turna a la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Se refieren al centésimo octogésimo quinto aniversario luctuoso de
José María Morelos y Pavón, los diputados: Concepción Salazar González, del Partido
Verde Ecologista de México;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes;
Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Sergio Acosta
Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor González Reza, del Partido
Acción Nacional; y Esther López Cruz, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rigoberto Romero Aceves, del Partido Acción Nacional,
presenta iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley
de Pesca y del Código Penal. Se turna a las comisiones unidas de Pesca, y de Justicia y
Derechos Humanos.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto
de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código de
Procedimientos Penales. Es de primera lectura.
La Asamblea dispensa, en votación económica, la segunda lectura.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo César Jesús
Buenrostro Díaz, del Partido Acción Nacional, quien a nombre de la Comisión
Dictaminadora, fundamenta el dictamen.
A discusión en lo general, fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo;
David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática; Germán Arturo
Pellegrini Pérez, del Partido Acción Nacional; y José Elías Romero Apis, del Partido
Revolucionario Institucional.
Para rectificar hechos, se concede el uso de la palabra a los
diputados: Martí Batres Guadarrama y Félix Salgado Macedonio, ambos del Partido de la
Revolución Democrática.
A las trece horas con treinta y un minutos, la Secretaría informa del
registro de cuatrocientos ochenta y dos diputados, y ordena el cierre del sistema
electrónico de asistencia.
Continúa rectificando hechos el diputado Efrén Nicolás Leyva
Acevedo, del Partido Revolucionario Institucional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo
general.
Sin que se reserven artículos para su discusión en lo particular, se
recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, misma que
resulta aprobatoria por cuatrocientos cincuenta y nueve votos en pro y ninguno en contra.
Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
El Presidente informa que la Comisión de Hacienda y Crédito Público
solicita posponer la presentación de sus dictámenes registrados en el orden del día,
para un momento posterior de la presente sesión.
La Asamblea autoriza modificar el orden del día para pasar de
inmediato al capítulo de proposiciones.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Luis Artemio Aldana Burgos, del Partido Acción Nacional, en relación
con el Estado de Derecho en México, esencialmente en el Estado de Yucatán. Se turna a la
Junta de Coordinación Política.
Hablan sobre el mismo tema los diputados: José Manuel del Río Virgen,
de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; y Jorge Alberto Rodríguez
Pasos, del Partido del Trabajo.
Rectifican hechos los diputados: Jesús López Sandoval, del Partido
Acción Nacional;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia;
Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional; Rosa
Elena Baduy Isaac, del Partido Revolucionario Institucional; Uuc-kib Espadas Ancona, del
Partido de la Revolución Democrática; Roger Antonio González Herrera, del Partido
Acción Nacional;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes;
y Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido Revolucionario
Institucional.
Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática,
para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil uno, se incrementen
los recursos destinados a la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura. Se turna
a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Jorge Luis García Vera, del Partido Revolucionario Institucional, para
que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para dos mil uno, se incrementen los
recursos orientados al sector educativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
La Asamblea autoriza dejar sin efecto en la presente sesión, el
acuerdo parlamentario que regula la duración de las sesiones.
Continúa hablando sobre el tema de la educación, el diputado Jorge
Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo.
Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo, sobre la producción
y comercialización de la cebada. Se turna a las comisiones de Agricultura y Ganadería, y
de Presupuesto y Cuenta Pública.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Es de primera
lectura.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura en votación económica.
A nombre de la Comisión Dictaminadora, habla la diputada Rosalinda
López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para fundamentar el
dictamen, y quien presenta propuestas para modificarlo que son aprobadas por la Asamblea
en votación económica.
A discusión en lo general, fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados:
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia;
José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución
Democrática; Francisco Raúl Ramírez Avila, del Partido Acción Nacional; y Roberto
Javier Fuentes Domínguez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo
general.
Sin reserva de artículos, se aprueba en lo general y en lo particular
con las propuestas aprobadas, por cuatrocientos veintinueve votos en pro y ninguno en
contra. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto
de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales (miscelánea).
Es de primera lectura.
La Asamblea le dispensa la segunda lectura en votación económica.
A nombre de la Comisión Dictaminadora, habla el diputado José Manuel
Minjarez Jiménez, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen, y quien
presenta propuesta para modificarlo que es aprobada por la Asamblea en votación
económica.
A discusión en lo general, fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios, los diputados: José Luis Ugalde Montes, del Partido Revolucionario
Institucional; Francisco de Jesús de Silva Ruiz, del Partido Acción Nacional; José
Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime
Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Riojas Santana, del
Partido de la Sociedad Nacionalista, quien fija la posición de su partido respecto del
dictamen a discusión.
La Asamblea considera suficientemente discutido el dictamen en lo
general.
Se reserva para su discusión en lo particular el artículo cuarenta y
cuatro del Código Fiscal de la Federación.
Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no
reservados por cuatrocientos trece votos en pro y ninguno en contra.
Sin que nadie haga uso de la palabra para referirse al artículo
reservado, se recoge la votación nominal respectiva y se aprueba en los términos del
dictamen por trescientos cincuenta y seis votos en pro y siete en contra.
Aprobado en lo general y en lo particular, con la modificación
aceptada, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
fiscales (miscelánea). Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto
de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Es de primera lectura.
En votación económica la Asamblea le dispensa la segunda lectura.
Habla a nombre de la Comisión Dictaminadora, el diputado César
Alejandro Monraz Sustaita, del Partido Acción Nacional, para fundamentar el dictamen.
A discusión en lo general, fijan la posición de sus respectivos
grupos parlamentarios los diputados: Luis Herrera Jiménez, del Partido de la Revolución
Democrática; Arturo San Miguel Cantú, del Partido Acción Nacional; Reyes Antonio Silva
Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional; y Juan Carlos Regis Adame, del Partido
del Trabajo.
La Asamblea considera, en votación económica suficientemente
discutido el dictamen en lo general.
Se reservan para la discusión en lo particular los artículos ciento
sesenta y cuatro y ciento ochenta y cuatro de la Ley Aduanera.
La Secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular de
los artículos no reservados, misma que resulta aprobatoria por cuatrocientos veintinueve
votos en pro y ninguno en contra.
Para referirse a los artículos reservados, se concede el uso de la
palabra a los diputados: Salvador Rocha Díaz, del Partido Revolucionario Institucional,
en contra; y César Alejandro Monraz Sustaita, del Partido Acción Nacional, en pro.
Rectifican hechos los diputados: Gustavo Riojas Santana, del Partido de
la Sociedad Nacionalista; José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido
Acción Nacional; Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional; Tomás
Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática.
La Asamblea considera, en votación económica, suficientemente
discutidos los artículos reservados.
La Secretaría recoge la votación nominal de los artículos reservados
en los términos del dictamen, misma que arroja los siguientes resultados: ciento noventa
y un votos en pro y doscientos veintiséis votos en contra. Se desechan los artículos
ciento sesenta y cuatro y ciento ochenta y cuatro de la Ley Aduanera.
Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no
desechados, el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones
de la Ley Aduanera. Se turna al Senado de la República, sin los artículos desechados,
para los efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y
el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con trece minutos, citando para la
próxima que tendrá lugar el viernes veintidós de diciembre a las diez horas con treinta
minutos.
Aprobada el acta, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Aprobada el acta de la sesión anterior.
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El siguiente punto del orden del día es
el relativo a Comunicaciones. Proceda la Secretaría a dar lectura a las Comunicaciones.
APENDICE No. 1
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON: Se va a dar lectura a varias
Comunicaciones.
Del Congreso del Estado de Guanajuato que comunica la Elección de
Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el Tercer mes del Primer Período
Ordinario de Sesiones del Primer Año de Ejercicio Legal.
EL C. PRESIDENTE: De Enterado.
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APENDICE No. 2
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON:
Del Congreso del Estado de Guanajuato que comunica la Instalación de
LVIII Legislatura para el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Primer
Año de Ejercicio Legal y la Elección de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer
mes.
EL C. PRESIDENTE: De Enterado.
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APENDICE No. 3
EL C. DIP. SECRETARIO BERNARDO BORBON:
Del Congreso del Estado de Michoacán que comunica la Apertura del
Tercer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de Ejercicio
Constitucional.
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
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APENDICE No. 4
EL MISMO C. SECRETARIO:
Congreso del Estado de Nuevo León.
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
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APENDICE No. 5
EL MISMO C. SECRETARIO:
Congreso del Estado de Quintana Roo
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
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Oficio de la Cámara de Senadores.
CC. SECRETARIOS DE LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS. PRESENTE.
Anexo me permito remitir a ustedes Acuerdo del Senado de la República
solicitando a la Honorable Cámara de Diputados asignación de recursos por la cantidad de
$6,000 millones de pesos destinada al pago único a los pensionados jubilados del IMSS,
ISSSTE, ISSFAM y a los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que se financiará con
cargo a los excedentes del Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio
y/o de el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, aprobado en sesión
celebrada en esta fecha.
La Presidencia dictó el siguiente trámite "Túrnese a la Cámara
de Diputados.
Para los efectos anteriores anexo al presente en doce fojas, el acuerdo
descrito.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
ACUERDO DEL SENADO DE LA REPUBLICA SOLICITANDO A LA HONORABLE CAMARA DE
DIPUTADOS ASIGNACION DE RECURSOS POR LA CANTIDAD DE $6000 MILLONES DE PESOS DESTINADA AL
PAGO UNICO A LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL IMSS, ISSSTE, ISSFAM Y A LOS FERROCARRILEROS
JUBILADOS ANTES DE 1982, QUE SE FINANCIARA CON CARGO A LOS EXCEDENTES DEL PRESUPUESTO DE
EGRESOS DE LA FEDERACION DEL PRESENTE EJERCICIO Y/O DE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION PARA EL AÑO 2001.
HONORABLE ASAMBLEA:
CONSIDERANDO
PRIMERO. Que la consolidación de un régimen de pensiones justo y
equitativo es una prioridad impostergable del Estado Mexicano, a fin de realizar un acto
de justicia para aquellas mexicanas y aquellos mexicanos que han entregado su vida a la
construcción de nuestro país y que enfrentan la angustia de sentirse desprotegidos e
impotentes ante la insuficiencia de sus pensiones, por el marco legal vigente, es de
elemental justicia el mejoramiento de las pensiones que otorgan tanto el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE), el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM) y de los Ferrocarrileros jubilados
antes de 1982.
SEGUNDO. Ciertamente, parte de dichas inquietudes de mejoramiento de
las pensiones quedaron consideradas en la nueva Ley del Seguro Social, que entró en vigor
el lo. de julio de 1997, al establecerse, entre otras medidas, que el monto de las
pensiones se incrementará anualmente conforme al Indice Nacional de Precios al
Consumidor, de manera que no perdieran su poder adquisitivo.
A pesar de que en su oportunidad se reconoció la necesidad de mejorar
la situación de los pensionados conforme a la anterior Ley del Seguro Social, éstos no
se vieron beneficiados al presentarse situaciones inflacionarias en el país, razón por
la cual un millón ochocientos mil pensionados del IMSS, aproximadamente, que se
encuentran bajo las disposiciones de la ley derogada, han venido sufriendo en los últimos
años un decremento en el poder adquisitivo de sus pensiones, estando en las mismas
circunstancias los pensionados del ISSSTE, del ISSFAM y Ferrocarrileros jubilados antes de
1982.
TERCERO. Por tales antecedentes, legisladores de diversos partidos en
la Cámara de Diputados aprobaron, durante la pasada Legislatura, reformas al Artículo
131 así como adiciones a los Artículos Undécimo y Duodécimo Transitorios de la Ley del
Seguro Social, Minuta que se encuentra en este momento siendo objeto de discusión por el
Senado de la República.
CUARTO. Que un sistema de pensiones justo y eficaz que mantenga la
calidad y cobertura en el servicio de salud, y sea al mismo tiempo capaz de mantener la
capacidad adquisitiva del monto de las jubilaciones es, sin lugar a dudas, la mínima
garantía que el Estado Mexicano debe otorgar a aquellas mexicanas y aquellos mexicanos
que se encuentran bajo el régimen de pensiones y jubilaciones.
QUINTO. Con base en tales consideraciones se impone, como un acto de
justicia social, dar un beneficio adicional a los pensionados y jubilados al amparo de la
Ley del Seguro Social derogada, así como a los jubilados y pensionados del ISSSTE, del
ISSFAM y los Ferrocarrileros jubilados con anterioridad a 1982.
SEXTO. Con el objeto de conservar la salud financiera de los sistemas
de pensiones, resulta necesario hacer reformas legales de fondo a las leyes del Seguro
Social y del ISSSTE, que posibiliten los recursos adicionales necesarios para incrementar
el monto de las pensiones, y que cuenten con la permanente certidumbre financiera en ambas
instituciones, pilares fundamentales de la justicia social en México.
SEPTIMO. Que en razón de todos los anteriores considerandos, es
conveniente posponer la discusión de las reformas al Artículo 131 de la Ley del Seguro
Social y Artículos Undécimo y Duodécimo Transitorios de dicha ley, a fin de que se haga
una revisión integral de los sistemas nacionales de pensiones, pero al mismo tiempo
reconociendo la necesidad impostergable de aliviar la condición precaria de los
pensionados y jubilados del IMSS, ISSSTE, ISSFAM y Ferrocarrileros jubilados anteriores a
1982, los Grupos Parlamentarios representados en el Senado de la República, se sirven
someter a la consideración del Pleno el siguiente:
ACUERDO
1. 1 La Cámara de Senadores respetuosamente solicita a la H. Cámara
de Diputados que se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2001, y/o se
financie con los excedentes del presente Presupuesto de Egresos de la Federación, una
partida presupuestal de 6, 000 millones de pesos para cubrir el pago único a favor de los
pensionados y jubilados del IMSS, ISSSTE, ISSFAM y de los ferrocarrileros jubilados antes
de 1982.
2. A efecto de lo anterior, se instruirá a la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público para que ejerza una cantidad de 6,000 millones de pesos para. Efectuar
el pago único a los pensionados y jubilados referidos, con la siguiente distribución:
3.A. PENSIONADOS IMSS
1. Se destinarán 2,380 millones de pesos para que todos aquellos
pensionados por vejez, cesantía en edad avanzada, incapacidad total permanente,
invalidez, orfandad y ascendencia, cuya pensión tenga un valor mensual inferior a un
salario mínimo general del Distrito Federal, excepto los casos de pensiones de viudez y
por incapacidad parcial que se les dará un tratamiento especial, reciban un pago
anualizado en forma diferenciada en razón a su percepción actual, para lo cual se
asignarán cantidades distintas favoreciendo de manera sustancial a aquellos cuya
percepción actual sea menor, sin que el valor de la pensión más el pago a que se
refiere este inciso exceda del que corresponderá a los pensionados cuya pensión tenga un
valor mensual equivalente a un salario mínimo general del Distrito Federal más el
incremento descrito en el siguiente subinciso. En caso que de dicha asignación resultaran
excedentes, éstos se destinarán a favor de los pensionados.
II. Todos aquellos pensionados por vejez, cesantía en edad avanzada,
incapacidad total permanente, invalidez, orfandad y ascendencia, cuya pensión tenga un
valor mensual igual o superior a un salario mínimo general del Distrito Federal, y como
máximo un valor igual a 1.1 veces un salario mínimo general del Distrito Federal,
excepto las pensiones de viudez o incapacidad parcial que se les dará un tratamiento
especial, recibirán un pago anualizado de hasta un 15 por ciento del valor de la
pensión, sin que el valor del pago más la pensión exceda la que corresponderá a los
pensionados cuya pensión tenga un valor mensual equivalente a 1.1 veces el salario
mínimo general del Distrito Federal más el incremento descrito en el siguiente
subinciso;
III. Todos aquellos pensionados por vejez, cesantía en edad avanzada,
incapacidad total permanente, invalidez, orfandad y ascendencia, cuya pensión tenga un
valor mensual superior a 1.1 veces un salario mínimo general del Distrito Federal, y
hasta un valor de 1.3 veces el salario mínimo general del Distrito Federal, excepto las
pensiones de viudez o incapacidad parcial, recibirán un pago anualizado equivalente al 10
por ciento de su pensión.
IV. Todos aquellos casos de incapacidad parcial permanente recibirán
un pago único de 1,650.00 pesos.
3.B Pensiones POR VIUDEZ DEL IMSS
Todos aquellos casos de pensión de viudez cuyo valor de la pensión
sea igual o menor a dos salarios mínimos generales del Distrito Federal, recibirán un
pago único equivalente a llevar al 100% de la pensión base que le correspondía en vida
al asegurado o la cantidad de 1,650.00 pesos, lo que resulte más benéfico.
Para todos los casos previstos en los apartados 3.A y 3.B se
considerará el número de pensionados registrados por el Instituto al 30 de Mayo del
2001.
3.C. JUBILADOS Y PENSIONADOS ISSSTE
El monto que resulte de dividir 645 millones de pesos entre el número
de pensionados y jubilados registrados por el Instituto al 30 de Mayo del 2001.
3.D. PENSIONADOS DEL ISSFAM
El monto que resulte de dividir 116 millones de pesos entre el número
de pensionados registrados por el Instituto al 30 de Mayo del 2001.
3.E. FERROCARRILEROS JUBILADOS ANTES DE 1982
Se destinarán 95 millones de pesos a ser divididos entre el número de
ferrocarrileros jubilados antes de 1982, y 183 millones de pesos al capital constitutivo
del fondo de los ferrocarrileros jubilados con anterioridad de 1982 que no fueron
considerados en el convenio de incorporación al régimen del IMSS.
4. Todos los pagos considerados en el punto número 3 deberán
realizarse a más tardar durante el mes de mayo del 2001.
11. Realizar todos los estudios actuariales, financieros, económicos y
jurídicos necesarios para que, a más tardar el 15 de abril de 2001, se presente a la
consideración del H. Congreso de la Unión una propuesta de modificaciones a las Leyes
del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al
Servicio del Estado y del ISS IFAM que permita, sin afectar su viabilidad financiera,
garantizar incrementos en el monto de las pensiones de todos los pensionados mediante
ajustes periódicos a fin de que el valor de su pensión mantenga en todo tiempo su poder
adquisitivo original.
III. Estos beneficios se harán extensivos a quienes se ubiquen en
algunos de sus supuestos durante el año 2001, o a sus beneficiarios, en caso de
fallecimiento.
Salón de Sesiones del Senado de la República, a los veintiún días
del mes de diciembre de dos mil.
EL C. PRESIDENTE: El Acuerdo que nos remita la colegisladora se turna a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO: Son todas las
comunicaciones Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor secretario. El siguiente punto de la
Orden del Día es la presentación de Iniciativa de los CC. Diputados, esta Presidencia
quiere informar a la Asamblea que en este momento la Comisión de Hacienda se encuentra
reunida para integrar los dictámenes de los cuales se dará cuenta en la Sesión del día
de hoy.
Esta Sesión como todos ustedes saben, está destinada al procesamiento
de los dictámenes que genere la Comisión de Hacienda en Materia de Coordinación Fiscal
y Ley de Ingresos de la Federación.
La directiva va a entrar en este momento en contacto con la Comisión
de Hacienda, para poder informar a la Asamblea a qué horas estima que se pueda contar con
los dictámenes referidos y dar cuenta con ellos en esta Sesión, en tanto vamos a
desahogar el punto relativo a la presentación de iniciativas de los CC. Diputados y a
excitativas que han quedado pendientes de agendas de Sesiones anteriores.
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EL C. PRESIDENTE: En consecuencia, se concede
el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que Reforma la Ley
Reglamentaria del Articulo 27 de la Constitución Política de los Esta dos Unidos
Mexicanos en materia de petróleo.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias señor presidente.
Amigas y amigos legisladores. Quisiera robarles un momento de su atención para expresar
algunas opiniones y argumentos respecto al problema del alza de los precios del gas.
Como seguramente recordarán algunos, hace algunas semanas, vine a esta
tribuna a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, del PRD y del PR, para presentar
un Punto de Acuerdo que redujera en un 25% el precio del gas LP y que se fijara una nueva
estrategia del gas natural y del diesel.
A lo largo de estos días un grupo de diputados del Partido
Revolucionario Institucional interesados en este problema, hemos estado teniendo reuniones
con funcionarios del Ejecutivo federal, tanto de la Secretaría de Energía como de la
Comisión Reguladora de Energía, y hemos solicitado la valiosa cooperación del Instituto
de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, para allegarnos de mayor información,
y hemos encontrado una realidad que realmente preocupa, estremece y nos obliga a tomar
medidas de fondo.
Como ustedes recordarán hace algunos años, se tomó la determinación
de liberar el precio del gas bajo el argumento de que era necesario que actuaran las
fuerzas del mercado, que abriendo una competencia entre los distintos miembros que crean
el proceso económico del gas y de los energéticos en general, necesariamente se iba a
llevar a la baja el precio del gas natural, del gas LP.
Esta teoría que funciona en algunos países, en México no funcionó.
Y no funcionó, amigas y amigos, porque la realidad es que no hay una verdadera
competencia en el mercado de gas. Ciertamente existen alrededor de 800 distribuidores del
gas, pero en la realidad hay cinco grandes grupos que controlan la distribución y los
precios del gas. Se han puesto de acuerdo y se han fijado territorios, de tal manera que
si una persona en una colonia popular no recibe buen servicio de esa distribuidora, no
puede solicitarle a la otra, porque le dice: es que éste es el territorio asignado a la
otra.
De tal manera que esta actitud de los grandes distribuidores del gas,
ha generado una distorsión en el mercado.
Ya se terminó la época del capitalismo salvaje, amigas y amigos; ya
se terminó la época del dejar ver y del dejar pasar; ya se terminó la época del estado
policía o el estado gendarme donde solamente se dedicaba a observar a las fuerzas del
mercado para que éstas actuaran libremente.
En México, por disposición constitucional, tiene el Estado la
obligación y la responsabilidad de intervenir en el proceso económico; tiene la
obligación de intervenir para regular a las fuerzas del mercado, porque el mercado no es
ideología ni es Dios, ni el mercado es todo; aquí mismo en esta tribuna el primero de
diciembre Vicente Fox hizo la misma reflexión: no permitiría que el mercado determinara
el futuro de esta Nación y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos la fracción
parlamentaria del PRI, al proponer una reforma al artículo 14, fracción II de la Ley
Reglamentaria en materia de Petróleo.
Confiesan las propias autoridades que desde hace cuatro meses, los
acuerdos que se tenían con las gaseras de han dejado de cumplir; que desde el primero de
septiembre acuerdos que se tenían para que las gaseras establecieran un verdadero
procedimiento de mantenimiento a los cilindros de gas, porque después de un estudio de
PROFECO se encontró que 3. 3 kilos de gas en cada cilindro se venden de menos y se cobran
esos 3. 3 kilos.
De tal manera que ante esta circunstancia verdaderamente monopólica,
las autoridades de la Secretaría de Energía optaron por solicitar ante la Comisión
Federal de Competencia a través de una queja, que se determinara si en el mercado del gas
había un mercado monopólico.
El propósito de la Secretaría de Energía era claro: el actual
artículo 14, fracción II de la Ley Reglamentaria del artículo 27 en materia de
Petróleo dice que cuando la competencia no es efectiva en el caso del gas, a juicio de la
Comisión Federal de Competencia se pueden fijar los precios y tarifas del gas.
¿Por qué la Secretaría de Energía se fue por ese camino? Porque
estaba segura que no existía en verdad un mercado efectivo de competencia en materia del
gas, pero no tenía facultades para poder determinar el precio del gas porque la ley le
obliga que antes de que se fije una tarifa, necesaria mente la Comisión Federal de
Competencia debía determinar si el mercado era efectivo o no.
La realidad, amigas y amigos, es que no necesitamos gran
investigación, la gente cotidianamente nos dice del terrible aumento del gas LP. Quiero
decirles solamente una cifra de este año: en febrero aumentó el 3%, en marzo el 2.97, en
abril el 3.01, en mayo el 2.02, en junio el 1.97, en julio en 2.1, en agosto en 2, en
septiembre en 7.45, en octubre en 3.72, en noviembre en 3.9 y en diciembre 3.80. En con
junto, 30% de aumento tan solo en este año.
¿Y qué pasa con las clases populares?, ¿y qué pasa con la gente en
las colonias? Vemos hoy un desplegado de los industriales quejándose y exigiendo una
tarifa del gas natural pidiendo que se establezca una tarifa mexicana que no esté
asociada a la tarifa del estado de Texas, y piden que se establezca a 3 dólares el BTU
(?), porque en México está a 7 dólares siguiendo el mercado de Texas.
Los industriales se reunieron ya con el Secretario de Energía; los
industriales se expresan en los medios de comunicación, y la gente pobre, amigos, y las
gentes en las colonias, quiénes van a ver por ellas. Nosotros, nosotros somos los
representantes de esas personas que en las colonias están exigiendo una determinación
del Poder Legislativo Federal. Están pidiendo que dejemos de ser representantes del
Estado, que dejemos de ser representantes del gobierno, que no traigamos aquí a la
Cámara los asuntos de nuestros partidos, que seamos verdaderos representantes populares
trayendo aquí los temas de la gente, los temas que a veces son pequeños, que a la mejor
no ocupan grandes líneas en los periódicos, pero somos los únicos que podemos tomar
decisiones que puedan resolver esos problemas.
Y aquí en este caso tenemos que tomar una decisión; tenemos que
recuperar el control, el control político de un grupo de distribuidores que ya no quiere
acatar ni siquiera las decisiones de la Secretaría de Energía. ¿Saben qué nos dicen en
la Secretaría de Energía y otros funcionarios relacionados con esto? Son gente muy
poderosa, tienen muchos recursos, apoyan a muchos políticos, están muy bien
posicionados.
Yo me pregunto: aquí en esta tribuna, en esta asamblea qué es más
importante para nosotros ¿el interés de unos cuantos o el interés general?
Por eso la fracción parlamentaria del PRI trae a esta tribuna una
propuesta de reforma a esa fracción II del artículo 14 de la Ley Reglamentaria en
materia de Petróleo para darle a la Secretaría de Energía la facultad de determinar los
precios y tarifas en materia de gas.
No podemos seguir con el simulacro de que hay una competencia efectiva
en materia de gas. Los hechos evidencian lo contrario. Tenemos que tomar una decisión y
esa decisión nos corresponde a nosotros.
Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. (aplausos)
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS.
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben Diputados
Federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, presentamos a la consideración del Honorable Congreso de la
Unión, la iniciativa que reforma la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en
el Ramo del Petróleo, conforme a la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El libre mercado es una herramienta humana para lograr mayor
productividad y dar al consumidor oportunidades reales de elección entre diversos
productores. El mercado abierto alienta la competencia y con ello, teóricamente, se bajan
de precio los productos y la sociedad se beneficia, al obtener en mejores condiciones y
precios los productos.
Sin embargo, el desarrollo concreto del proceso productivo y comercial
en todas las naciones, ha mostrado que el libre mercado, sin el contrapeso y el control
del Estado, lleva al monopolio y a que productores o comerciantes de gran peso, determinen
unilateralmente el valor de determinado bien y con ello sometan a los consumidores a su
arbitrio.
La fuerza reguladora del mercado, no puede convertirse en un mecanismo
para que unos cuantos logren ganancias a costa de los niveles de vida de la población. El
principio liberal de dejar hacer y dejar pasar, que dominó la llamada época del
capitalismo salvaje, tuvo como consecuencias la formación de las organizaciones
sindicales y también la formación y consolidación del Estado interventor. Ahí, donde
sólo regulan las leyes ciegas del mercado, aparece la revuelta y el descontento.
En México el proceso de desregularización de la economía tiene como
objetivo crear un mercado abierto, en el cual la competencia permita un mayor consumo de
la población. Sin embargo, este aliento renovador de la desregularización no es un
dogma, sino un instrumento para beneficiar a la sociedad. Modernizar no quiere decir que
el Estado se abstenga de intervenir en la vida económica y mucho menos, que se excluya de
sus obligaciones sociales.
Cuando un proceso de desregulación no tiene los efectos de
modernización productiva, alentar la competencia y sobre todo de bajar los precios al
consumidor, es que la desregulación no está funcionando y que no existen condiciones
objetivas para que el Estado deje de intervenir directamente.
Libre mercado es competencia real, oferta genuina de condiciones de
venta entre las cuales los consumidores podemos elegir. La simulación, la formación de
redes comerciales que tienen como raíz empresas monopólicas son los peores enemigos de
la libre competencia y son también quienes esquilman de manera indebida a la población.
En los dos últimos años, la liberalización del precio del gas LP
para uso doméstico ha tenido como consecuencia concreta que los precios de este vital
producto se disparen. Sólo en el año 2000, el precio del gas LP tuvo un incremente de
29.05%, según datos de la PROFECO, y ello ha tenido consecuencias muy graves para las
familias con escasos recursos.
Por otra parte, la liberalización del precio del gas LP para uso
doméstico no ha creado una amplia oferta y tampoco hay evidencias de que exista una
competencia real entre diversos distribuidores. Si bien es cierto que existen cientos de
empresas registradas como distribuidoras, lo real es que unos cuantos grupos han
monopolizado regionalmente el mercado. Quien se niega a seguir sus reglas monopólicas no
puede participar y ello ha derivado en que los precios suban y la calidad del servicio se
deteriore.
Es patente que un reducido grupo de grandes consorcios dominan la
distribución del gas LP y que estos poderosos grupos han condicionado la oferta de tal
manera, que el precio del gas al liberarse ha subido y no ha existido ningún beneficio
para los consumidores. Tampoco es visible que las condiciones de distribución hayan
mejorado.
Por otra parte, otro de los objetivos de la liberalización que era un
abasto suficiente y continuo, solo se ha logrado para las zonas urbanas con alto
equipamiento. Porque las zonas marginadas, en las cuales vive buena parte de la
población, sobre todo la de bajos ingresos, está a merced de una distribución que
depende de la voluntad de las compañías que además de imponer precios, imponen también
condiciones. Es común la venta de cilindros con menos peso de lo estipulado y que a las
zonas marginadas se les impongan precios mayores.
La PROFECO estima que el 67% de la distribución de gas LP se realiza
en cilindros portátiles. En los operativos realizados en 1997 y 1998, se registró que un
considerable número de cilindros presentó un faltante de hasta 3.300 kg.
El precio del gas LP por otra parte, ha tenido una alza de tal magnitud
que muchas familias no lo pueden soportar. Si bien los incrementos pueden ser absorbidos
por los segmentos de altos ingresos, que son un sector minoritario de la población del
país, lo cierto es que para la mayoría el incremento continuo del precio limita aún
más su de por si ya magro consumo.
Un ejemplo basta para observar la dramática situación por la que
atraviesan muchas familias. Con un salario mínimo de alrededor de 35.9 pesos diarios para
la zona A, los consumidores con este ingreso deben de pagar 5.92 pesos el kilo de gas.
Según datos de la PROFECO una familia de cuatro miembros consume en promedio 40 kilos al
mes, lo que significa un impacto desfavorable para los consumidores que sólo perciben uno
o hasta cuatro salarios mínimos.
Las distribuidoras de gas LP, a partir del 1° de septiembre dejaron de
reconocer los acuerdos que tenían con la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y
la PROFECO y por ello, ahora determinan libremente el precio. Esto ha generado la alza
indiscriminada y significa un comportamiento de rebeldía ante los acuerdos
institucionales.
El Estado mexicano es constitucionalmente, quien debe regular, orientar
y vigilar el proceso económico. Por ello, el Estado mexicano no puede estar al margen de
la vida económica y mucho menos al margen de las llamadas fuerzas del mercado.
El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir para que la vida
económica de la nación tenga un sentido social. Es obligación del Estado participar en
la vida productiva y sobre todo, evitar que, el interés de unos pocos, amparado en
cualquier planteamiento técnico de libertad de comercio, devenga en abuso a las grandes
mayorías.
La fracción del PRI, considera que el sistema de libre mercado en el
caso del gas no ha funcionado. Tan es así que la Secretaría de Energía interpuso una
queja a la Comisión Federal de competencia, donde solicitaba una investigación para
determinar las posibles prácticas monopólicas en la fijación del precio en la
distribución del gas. El propósito de esta intervención por parte de la Secretaría de
Energía era muy claro, buscaba que al observarse que habría posibles monopolios en la
distribución del gas L.P., se debía aplicar la Fracción II del actual Artículo 14 de
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el ramo del petróleo, que actualmente establece:
que la secretaria de energía determinará los precios y tarifas de las ventas de primera
mano de gas, cuando no existan condiciones de competencia efectiva según el criterio de
la Comisión Federal de Competencia.
Por lo que hemos expuesto, la Fracción Parlamentaria del PRI sostiene
que no existen condiciones efectivas de competencia en la distribución del gas LP y por
ello, consideramos que no debe seguirse sacrificando al pueblo de México y a sus sectores
mas necesitados, con precios tan altos del gas y esperar hasta que la Comisión Federal de
competencia determine si es de aplicarse un precio controlado de este producto. Por ello,
por la representación que ostentamos del pueblo de México y con la obligación que
tenemos de velar por sus intereses, proponemos modificar la ley, para que se pueda fijar
sin necesidad de la intervención de la Comisión Federal de Competencia el precio de
venta de primera mano del gas.
La fracción parlamentaria del PRI propone un cambio a la Ley
Reglamentaria del articulo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para que se regule
el precio del gas LP y se eviten los abusos y sobre todo, la caída de los niveles de vida
de la población.
Consideramos que la regulación del precio del gas LP es una condición
necesaria para evitar que la mayoría de los mexicanos padezcan en su economía. Pero
sobre todo, es un mecanismo para evitar que unos cuantos intereses, determinen el precio y
fijen condiciones onerosas a la población de escasos recursos.
Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos diputados federales
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos a la
consideración la siguiente:
INICIATIVA PROYECTO DE
Decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27
Constitucional en el Ramo del Petróleo.
"Artículo Unico: se reforma la fracción II del artículo 14 de
la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar
como sigue":
Artículo 14. .......
I........
II. La determinación de los precios y tarifas aplicables.
III. a VI........
TRANSITORIO
Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación
en el Diario Oficial de la Federación".
Por eso la fracción parlamentaria del PRI trae a esta tribuna una
propuesta , .;~de reforma a esa fracción II, del artículo 14 de la Ley Reglamentaria en
materia de Petróleo para darle a la Secretaría, de Energía la, facultad de determinar
los precios y tarifas en materia de gas.
No podemos seguir con el simulacro de que hay una competencia efectiva
en materia de gas. Los hechos evidencian lo contrario. Tenemos que tomar una decisión y
esa decisión nos corresponde a nosotros.
Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: La iniciativa presentada por el Diputado Amador
Rodríguez Lozano se turna a la Comisión de Energéticos.
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El siguiente punto del orden del día sería
dar cuenta con dictámenes de primera lectura. La Comisión de Hacienda en este momento se
encuentra reunida para generar los dictámenes a la Ley de Ingresos y a la Ley de
Coordinación Fiscal. En virtud de que no están estos dictámenes aún listos para dar
cuenta con ellos en esta sesión, vamos a pasar al siguiente punto, que sería excitativas
que vienen quedando pendientes de sesiones anteriores.
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Para presentar excitativa a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, se
concede el uso de la palabra al Diputado Auldárico Hernández Gerónimo, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO: Muchísimas gracias,
Ciudadano Presidente. Señor Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa
Directiva de esta H. Cámara de Diputados: El suscrito, en mi calidad de Diputado Federal
de la LVIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión, por medio del presente escrito y
con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promuevo ante esta
soberanía la presente excitativa al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
"En Tabasco el derecho fue violado por una autoridad electoral a
quien la ley le impone conducirse con imparcialidad y ética profesional. José Fernando
Ojesto Martínez Porcayo, Magistrado Electoral, pisoteó la ley al inclinarse abierta y
públicamente por uno de los contendientes en los pasados comicios electorales, ahondando
las condiciones de inequidad en que se desarrollaron.
"A la fecha este delito, cuya competencia recae en el Congreso de
la Unión, como muchos otros de esta naturaleza llevados a cabo en nuestra entidad, sigue
impune. No podrá hablarse de transición a la democracia si los vicios del régimen
autoritario, fraudulento y corrupto se repiten a la escala local.
"El cambio político que se respira en nuestro país trae consigo
un clamor de no volver a tolerar la antidemocracia, el autoritarismo y la impunidad que se
observaron en el proceso electoral del estado de Tabasco y que dieron como resultado una
elección tramposa, plagada de irregularidades planeadas mediante una red de complicidades
en todos los ámbitos del gobierno estatal y federal, así como por el contubernio del
Instituto Electoral de Tabasco en estas acciones.
"El Partido de la Revolución Democrática manifestó, con toda
oportunidad, que de ninguna manera se pueden avalar los resultados emitidos por el Consejo
Electoral de dicha entidad federativa, por ser contrarios al sentir de aquellos que se
manifestaron en las urnas.
"Para la sociedad tabasqueña es evidente que la actuación del
ciudadano magistrado electoral José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Presiden te del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido un serio obstáculo para
el cambio democrático en el estado de Tabasco. Se ha alejado de la función de servidor
público que establece los principios constitucionales y legales. Esta actitud raya en
total y absoluta desvergüenza, en virtud de que el Magistrado Electoral, quien dice
respetar la ley, emitió juicios sobre la gravedad y magnitud de los hechos denuncia dos
en su momento por el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional,
el Partido de la Sociedad Nacionalista y otros actores políticos en el estado de Tabasco.
"De ahí que los ciudadanos Martí Batres Guadarrama y Jesús
Ortega Martínez, en su carácter de legisladores integrantes del Congreso de la Unión,
presentaron la denuncia de juicio político en contra del ciudadano Magistrado Electoral
José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, Presidente del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, como lo estipula el artículo 110 constitucional.
"El ciudadano Magistrado Electoral, quien dice respetar la ley y
las instituciones democráticas, ha pasado por encima de éstas al descalificar a los
partidos políticos inconformes, tan solo por recurrir a otra instancia por el cúmulo de
anomalías e irregularidades observadas en el proceso electoral al mejor estilo
madracista.
"Sin embargo, el magistrado electoral no guardó imparcialidad con
la cual debe conducirse y él mismo ha puesto en duda no solo su propia capacidad sino la
de todo el órgano electoral para conducir el proceso electoral con la debida autonomía y
el respeto a la ley. Con ello traiciona la confianza del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación. La conducta de una autoridad con alta investidura como lo es
del Magistrado Electoral José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, ha vulnerado la
Constitución General de la República y la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos.
"En un Estado democrático de derecho es inadmisible que el
Magistrado Electoral esté al margen de las responsabilidades que derivan de su desempeño
en el cargo. La imparcialidad con la cual debe conducirse en sus obligaciones para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad y eficiencia es un principio que debe de ser
observado en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Su incumplimiento, como es el
caso, dará lugar al procedimiento y a las acciones que correspondan.
"En tal mérito, esta Cámara de Diputados tiene la
responsabilidad de vigilar la actuación de los servidores públicos. Por ello, los
Diputados y Diputadas debemos pronunciarnos rotundamente a favor del juicio político para
separar del cargo al Magistrado Electoral José Fernando Ojesto Martínez Porcayo,
Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que existen los
elementos suficientes para suponer que ha tomado parte de la concepción preparación y
ejecución de un hecho contrario a derecho.
"La responsabilidad histórica y jurídica del Magistrado
Electoral José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en los hechos reclamados es evidente,
sus actos no pueden quedar impunes y al margen de la ley. Por lo tanto, esta soberanía
tiene la obligación de dar trámite al presente juicio político por las violaciones a la
Constitución General de la República y a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos por las siguientes
" C o n s i d e r a c i o n e s
"Primero. Desde la fecha en que se presentó la denuncia de juicio
político en contra del ciudadano Magistrado Electoral, Presidente del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, han transcurrido en exceso del plazo que concede el
artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, para que las comisiones de ambas Cámaras presenten su dictamen en los negocios
de su competencia.
" Hasta el momento las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y Justicia y Derechos Humanos no han creado la Subcomisión de Examen Previo,
instancia encargada de conocer de estas y otras denuncias de juicio político. Pueden
aducirse algunas en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
respecto a la Ley Orgánica del Congreso, pero si existe voluntad política las lagunas se
superan con un acuerdo parlamentario en tanto se reforma la ley .
"Segundo. El silencio, la omisión y el congelamiento de las
iniciativas y los asuntos de su competencia, es a todas luces injustificado y denota una
falta de voluntad para ejercer las tareas que nos encomendaron nuestros electores. Esto ha
ocurrido con la solicitud de juicio político contra Roberto Madrazo Pintado y la
solicitud que el Partido de la Revolución Democrática presentó para ampliar la facultad
de la Comisión Especial para el Proceso Electoral del Estado de Tabasco.
"Por 71 años el Poder Legislativo se mantuvo sumiso al Ejecutivo,
cuyo titular no lo vio ni lo escuchó. ¿Hoy que las condiciones políticas están
cambiando queremos más años de sumisión?
"Tercero. El clima político en el estado de Tabasco se ha
enrarecido nuevamente, en virtud de que Roberto Madrazo decidió entregar en un acto
público la administración a Manuel Andrade Díaz, violando abiertamente la Constitución
en la entidad, que señala como fecha para el cambio de gobierno el 1° de enero ,..
(Silbidos en el salón)
(Gritos en el salón: ¡Tiempo!)
EL C PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTE5: Permítame
señor diputado.
Quiero informar a las señoras y señores diputados que cuando está en
uso de la palabra un orador no puede ser interrumpido, salvo las causales que establece el
propio reglamento. Y para presentar excitativas a las comisiones por conducto de la
Presidencia no hay un plazo predeterminado, salvo el que señala el reglamento para los
discursos de todos los miembros de las Cámaras, que no podrán ser superiores a 30
minutos,
En este caso se concede el uso de la palabra para formular una
excitativa hasta por 30 minutos, de tal manera que no se le puede estar reclamando en este
momento el tiempo al orador ni muchísimo menos interrumpiendo su participación.
De todas formas yo ruego al señor orador que concluya su intervención
a la brevedad posible.
EL C. DIP. AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO: Muchísimas gracias.
"El clima político en el estado de Tabasco se ha enrarecido
nuevamente, en virtud de que Roberto Madrazo decidió entregar en un acto público la
administración a Manuel Andrade Díaz, violando abiertamente la Constitución de la
entidad, que señala como fecha para el cambio de gobierno el 1° de enero del 2000.
"Roberto Madrazo no puede anticipar la entrega de la
administración en tanto no llegue la fecha legalmente establecida. Asimismo, incurre en
una nueva transgresión a la ley, porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación no ha terminado de revisar las irregularidades del proceso ni resuelto al
respecto.
"Tampoco puede hacer la entrega si el Congreso del Estado de
Tabasco no ha emitido el bando correspondiente. Lo anterior refleja el desprecio de
Madrazo por los poderes constituidos. Urge por tanto restablecer el estado de derecho en
Tabasco.
"Por lo anterior expuesto y fundado, a usted, Presidente de la
Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados de esta Quincuagésima Octava Legislatura,
muy atentamente pido se sirva":
"Primero. En los términos del artículo 21 fracción XVI del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
enviar la presente excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y
Justicia y Derechos Humanos, para que instalen la Subcomisión de Examen Previo, con el
objeto de que la Cámara de Diputados inicie el procedimiento de revisión de la
correspondiente denuncia de juicio político instaurado en contra del C. Magistrado
Electoral José Fernando Gesto Martínez Porcallo, Presidente del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, presentada el 6 de noviembre del año en curso por los
ciudadanos Martí Batres Guadarrama y Jesús Ortega Martínez, con el objeto de que dicha
resolución sea presentada ante este pleno.
2o. Que en su carácter de Presidente de la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y con fundamento por lo dispuesto
en el Inciso c) del Artículo 38 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, impulse el trabajo de las Comisiones de Gobernación y Seguridad
Pública y justicia y Derechos Humanos orientando a la instalación de la Subcomisión de
Examen Previo y con hecho se dé causa a las denuncias de juicio político que se han
presentado.
Muchísimas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Diputado. Como usted lo solicita, esta
Excitativa que usted ha presentado por conducto de la Presidencia, se hace llegar a las
Comisiones respectivas y le informo a usted y a la Asamblea que el día de hoy se dará
cuenta con un Dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que contiene
un proyecto de Decreto que modifica a la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, a efecto de posibilitar la instalación de la Comisión de Examen
Previo en los términos de la nueva Ley Orgánica del Congreso, en forma tal que en la
sesión de hoy mismo se dará cuenta con este Dictamen y se hace la excitativa a las
Comisiones que usted ha señalado de Gobernación y de Justicia.
Para presentar una Excitativa a la Comisión de Salud y de Gobernación
y Seguridad Pública, se concede el uso de la palabra al Diputado Jorge Alberto Rodríguez
Pasos, con la solicitud de que haga uso de la palabra hasta por un tiempo máximo de
quince minutos.
EL DIPUTADO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS (P.T.): Con el permiso de la
Presidencia, compañeros y compañeras Diputados, ciudadanos Secretarios de la Cámara de
Diputados del honorable Congreso de la Unión, Presente. Con fecha 23 de Abril de 1998 el
grupo parlamentario del Partido del Trabajo sometió a la consideración del pleno de la H
. Cámara de Diputados una Iniciativa de Decreto para crear la Comisión Nacional de
Arbitraje Medico como organismo público descentralizado del Gobierno Federal.
El Presidente de la Mesa Directiva ordenó el turno a las Comisiones de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Salud para el efecto de preparar el Dictamen
correspondiente; sin embargo¡ hasta la fecha dichas Comisiones no han actuado conforme al
Mandato que el Artículo 21 Fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos les impone.
El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estima necesario que se
dictamine en sentido aprobatorio respecto a dicha iniciativa toda vez que la misma
complementa el ámbito de la protección de la salud que nuestra Norma Fundamental
establece en su Artículo 4o. así como las diferentes leyes reglamentarias que regulan la
tutela de este derecho.
El propósito de la iniciativa en comento es transformar la naturaleza
jurídica de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico que actualmente es órgano des
concentrado de la Secretaría de Salud, conforme a su decreto de creación publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de junio de 1996, para convertirlo por decisión del
Poder Legislativo en organismo público descentralizado contando con las características
que la doctrina del derecho administrativo y que la ley le otorgan a este tipo de
órganos.
Se trata de sustraer a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico de la
relación jerárquica, orgánica y funcional que actualmente guarda respecto de la
Secretaría de Salud para que como organismo descentralizado cumpla con el sólo limite
que la ley de su creación le impone con las atribuciones que se le asignen.
Dada la negligencia que muchos médicos tienen respecto del tratamiento
de sus pacientes, se hace necesaria la creación legislativa de un organismo que se aboque
a la conciliación de los intereses entre las partes de la relación médica ya que dicha
comisión actuaría por:
a). probables actos u omisiones derivados de la prestación del
servicio médico;
b). probables casos de negligencia médica que impacten en la salud del
usuario.
Ya que en materia médica es muy difícil restituir o restablecer el
goce de la salud perdida hasta antes de la presentación de la negligencia o impericia
médica, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico actuaría en amigable composición
como arbitro cuando las partes expresamente se sometan a dicho arbitraje.
Continuamente nos enteramos de la profunda indignación y frustración
que muchos ciudadanos expresan ante la impotencia en la actuación de los prestadores de
servicios médicos creyendo que no cuentan con los instrumentos legales para atacar esas
conductas, por ello nuestro grupo parlamentario en la honorable Cámara de Diputados, con
la presentación de la iniciativa comentada pretende, al cambiar la naturaleza jurídica
de la Comisión y ampliar sus atribuciones, dotar a la ciudadanía de mejores instrumentos
jurídicos que le permitan defenderse.
Queremos dejar en claro que no pretendemos en esta iniciativa enfrentar
a las partes que intervienen en la relación médica y desde luego establecer un carísimo
sistema de seguros médicos como existe en los Estados Unidos, no, simplemente pretendemos
que existan en nuestro país mejores prestado res de servicios que estén aptitud de
atender profesionalmente a la población, pero cuando estos actúen con negligencia
respecto de los pacientes, lograr que sus conductas no queden impunes.
Compañeras y compañeros legisladores:
De igual forma, con fecha 7 de septiembre de 1999, la diputada Mercedes
Maciel presentó una solicitud al Presidente de la Mesa Directiva para que se excitara a
las comisiones mencionadas sin que éstas cumplieran su cometido .
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que
dispone el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito atentamente excite a las
comisiones de Gobernaci6n y Seguridad Pública y de Salud de la honorable Cámara de
Diputados a efecto de que formulen y presenten dictamen acerca de la iniciativa de decreto
para crear la Comisión Nacional de Arbitraje Médico como organismo público
descentralizado del gobierno federal, presentada por el grupo parlamentario del Partido
del Trabajo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de
diciembre del 2000,
Atentamente: Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo:
diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; diputada Rosalía Peredo Aguilar, diputado
José Narro Céspedes, vice coordinador; diputado Jaime Cervantes Rivera, diputada
Rosadelia Cota Montaño, diputado Félix Castellano Hernández, diputado Juan Carlos Regis
Adame y su servidor, diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos.
Muchas gracias compañeros.
EL PRESIDENTE: Gracias compañero Jorge Alberto Rodríguez Pasos. Esta
Presidencia, toda vez que ya es la segunda excitativa a las comisiones de Salud y
Gobernación y Seguridad Pública, señala como plazo para la presentación del dictamen
antes de la conclusión del presente período ordinario de sesiones, o bien la
información relativa a la imposibilidad de dictaminar en dicho plazo para hacerlo del
conocimiento del Pleno.
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Se concede el uso de la
palabra para presentar una excitativa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y
de Comercio y Fomento Industrial, al diputado Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática, solicitándole haga uso de la palabra hasta un
máximo de 15 minutos,
EL DIP. MARIO CRUZ ANDRADE: Con su permiso señor Presidente.
Distinguidas diputadas y diputados:
El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 39, 45 párrafo 6, inciso
e), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21
fracción XVI, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me
permito presentar la siguiente excitativa al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES: El asunto relacionado con los autos de procedencia
extranjera en México, es mucho más complejo de como se ha tratado de minimizar en
algunas ocasiones, se trata de un problema que atraviesan aspectos de política
económica, de política social, de seguridad pública, de administración de justicia y
de corrupción.
Una gran franja de este problema puede explicarse a partir de la
migración de mexicanos hacia los Estados Unidos, es una reacción de sobrevivencia
dolorosa ante un país que cierra cualquier posibilidad de subsistencia, principalmente en
áreas rurales y en ciudades enteras. Sin embargo, gran parte de quienes emigran regresan
a sus lugares de origen con el modesto capital que lograron juntar, esos recurso se
emplean para rehacer en alguna medida su actividad económica, con la idea de que ésta
les permite mantenerse en su tierra, dentro de esos recursos muchas veces incluyen
automóviles que pudieron adquirir con el fruto de su trabajo en el extranjero, se trata
de instrumentos que emplean para elaborar o para transportarse en áreas o zonas mal
comunicadas de difícil acceso.
Otros poseedores de esos tipos de vehículos son los familiares
principalmente los migrantes mexicanos, quienes reciben los automotores como una ayuda
generosa que les permite continuar con sus tareas cotidianas. También hay aquellos que
cuentan con esos vehículos por la simple razón, que es lo único que aún conservan de
su aventura migratoria y sus necesidades imperiosas, se trata de un sector social que
sólo con esos vehículos ante una alternativa de no contar con nada.
En esos tres grupos de poseedoras se encuentra la mayor cantidad de
vehículos de procedencia extranjera, quienes viven cotidianamente el acoso y los excesos
de supuestos servidores públicos, extorsionándolos de sus escasos recursos económicos y
creándoles una incertidumbre constante, A esto hay que agregar la falta de control en los
mismos, con lo que tenemos un resultado negativo en cualquier perspectiva, se trata de
más de un millón y medio de vehículos que están ya en territorio nacional y que tienen
una situación irregular gracias entre otras cuestiones al poco caso por parte de las
autoridades administrativas y que ha significado que el Congreso tome cartas en el asunto,
esto obligó a la Cámara de Diputados a asumir el compromiso con la ciudadanía que les
di6 la confianza, concibiendo las leyes como instrumento de soluci6n de los problemas y no
como entrampado represores capaces de crear conflictos o bien de ahondarlos.
Por ello, el 25 de abril de este año se aprobó en esta Cámara el
proyecto de decreto para regularizar la permanencia en el país de autos de procedencia
extranjera, parecía que se caminaba en la misma direcci6n. No obstante, la nueva
Legislatura del Senado abordó con responsabilidad el asunto y el pasa do 23 de noviembre
aprobó por unanimidad el dictamen emitido sobre el particular, con modificaciones
positivas a la minuta que envió a la Cámara, tales como ampliar los años para permitir
la regularización a modelos que corresponden a 1970, posteriores hasta el año de 1993,
Que los automóviles no susceptibles a ser regularizados puedan ser
donados a las entidades que el total de lo recaudado se quede en los estados con la
siguiente proporción:
El 60% a los estados y el 40% a los municipios; establecer un lapso
para la regularización y una fecha límite de ingreso al país de dichos vehículos;
plantea una vigencia expresa de la ley, se trató de un acto de responsabilidad.
En los términos del artículo 72, la minuta regresó a esta Cámara
con las modificaciones, el 28 de noviembre de los corrientes. En esa misma fecha, se
turnó a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Comercio y Fomento Industrial
para su análisis y dictamen, sin embargo, no se ha dictaminado la misma y podrían
percibirse signos de que en franca paradoja, ahora sea en la Cámara de Diputados donde se
aplace la solución de este problema, lo que sería un despropósito indeseable.
El dictamen aprobado en el Senado en pleno vierte consideraciones
específicas que garantiza la correcta aplicación de la ley, compromete a las autoridades
de los tres niveles de gobierno; garantiza la no recurrencia de este problema, buscando
evitar que se siga agravando un problema social que perjudique mayormente a nuestros
compatriotas que han emigrado a los Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida.
No podemos dejar pasar más tiempo, pues se podría agravar más la
situación con toda la carga de extorsiones de inseguridad que representa el internamiento
en el país de más de medio millón de vehículos sin control alguno. Debe de ser en este
periodo de sesiones donde resolvamos esta problema.
Por lo anterior expuesto, y con fundamento en los artículos 39, 45
párrafo 6, inciso E, de la Ley Orgánica General del Congreso de los Estados Unidos
Mexicanos, y 21 fracción XVI, 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General, me permito solicitar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados del Honorable Congreso de la Unión:
Unico: Les formule a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, de
Comercio y Fomento Industrial, una excitativa para que presenten el dictamen
correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se crea la Ley para
Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, en este periodo ordinario de
sesión.
Palacio Legislativo a los 22 días del mes de diciembre del año 2000.
Atentamente: diputado Mario Cruz Andrade.
Es cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias don Mario Cruz Andrade.
Esta Presidencia, como se ha solicitado, hace la excitativa
correspondiente a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento
Industrial, para que antes de concluir el periodo de sesiones en curso emitan el dictamen
correspondiente, o presenten a la asamblea una solicitud de ampliación del plazo y un
informe que contenga la motivación para ello.
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Se encontraban reservados turnos para
presentar excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y a petición del
grupo parlamentario del PRD se pospone para una próxima sesión. Igual, excitativa a la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y Jurisdiccional, que se pospone a
petición del grupo parlamentario del PRD, para próxima sesión.
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Se han entonces agotado las
excitativas que se habían venido acumulando de las sesiones pasadas. Esta Presidencia
tiene conocimiento, y como ya se hizo saber a la asamblea, de un dictamen emitido por la
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, y solicito a la Secretaría dar cuenta con
él a la asamblea.
EL SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES:
Comunicación de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
enviando dictamen que contiene Proyecto de Decreto de reformas a los artículos 10, 11 y
12 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
DIP. RICARDO FRANCISCO GARCAA CERVANTES Presidente de la Conferencia
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos
P R E S E N T E
Con fundamento en el inciso a) del apartado 1 del artículo 38 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitirle
el Dictamen que contiene Proyecto de Decreto de reformas a los artículos 10, 11 y 12 de
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de que
pudiera ser incluido en el orden del día de la sesión que acuerde la Conferencia para la
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.
Agradeciendo la atención que se sirva dar a la presente, aprovecho la
ocasión para; enviarle un cordial saludo.
EL PRESIDENTE: Publíquese el dictamen en un alcance de la Gaceta
Parlamentaria de esta fecha y se agenda el dictamen para su conocimiento, discusión y
votación, en la Sesión del próximo 26 de diciembre.
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La Mesa Directiva tiene información de que
se sigue trabajando en el seno de la Comisión de Hacienda, sin habernos determinado una
hora aproximada para la emisión de los dictámenes que se están procesando, de forma tal
que continuaremos en la Sesión ofreciendo el uso de la palabra para la presentación de
Proposiciones con Punto de Acuerdo, particularmente las que quedaron pendientes de
sesiones anteriores,
Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que en el
Presupuesto de Egresos de la Federación, se apruebe en este período al Instituto de
Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas un monto afín de que sea unificada de
que sea unificada la situaci6n de retiro del personal militar con los beneficios que ha
otorgado la ley al personal retirado últimamente,
Para presentar este Punto de Acuerdo, se le concede el uso de la
palabra al diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
EL DIP. JOSE ALVARO VALLARTA CECEÑA: Muchas gracias, señor
Presidente.
Antes de dar lectura a la Proposición, quiero agradecer a los
diputados Alfredo Ochoa Toledo, del PRI; al diputado César Reyes Roel, Presidente de la
Comisión de Marina; al diputado Julio César Lizárraga López también, Secretario de la
Comisión de Marina, por su sensibilidad y cooperación y ayuda que tuvieron para que se
pudiera elaborar esta Proposición con Punto de Acuerdo.
Proposición con Punto de Acuerdo para que la Comisión de Presupuesto
y Cuenta Pública tome en cuenta al elaborar su respectivo dictamen, sobre el decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, la
cantidad necesaria para que se entregue acerca de 9 mil militares retirados a fin de que
le sea homologado el haber de retiro y demás prestaciones que la ley otorga al personal
recientemente retirado, a través del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas.
Acudo ante esta tribuna para exponer la difícil situación que
actualmente atraviesa una parte del personal militar retirado, sus familiares y
derechohabientes del Ejército, Fuerza Aérea y Armada Nacionales, principalmente por
encontrarse en situación de retiro sin recibir otro tipo de prestaciones que recibe el
personal que recientemente se retiró conforme a la Ley del Instituto de Seguridad Social
para las Fuerzas Armadas Mexicanas vigentes.
Antecedentes
Es competencia del Congreso el levantar y sostener a las instituciones
armadas de la unión, a saber Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, y para
reglamentar su organización y servicio conforme a lo dispuesto por la fracción XIV del
artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
Consideraciones
Que el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, se crea con carácter de organismo público descentralizado federal, con
personalidad jurídica y patrimonio propio el 29 de junio de 1976;
Que el Instituto referido otorga los haberes de retiro, pensiones y
compensaciones, entre otras prestaciones al personal militar retirado;
Que el haber de retiro es la prestación económica vitalicia a que
tienen derechos los militares retirados en los casos y condiciones que fija esta ley;
Que es de justicia moral que el personal militar retirado señalado,
mismo que se encuentra cobrando únicamente un haber de retiro y sin otro tipo de
prestaciones a que tienen derecho, sea homologado con relación al personal que
recientemente ha pasado a situación de retiro conforme a la Ley vigente, quien sí cobra,
además de su haber, otro tipo de prestaciones. Para ello invoco una garantía
constitucional consagrada en el artículo 14 que dice: " A ninguna ley se dará
efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. "De lo que podemos interpretar en
sentido contrario que sí se puede aplicar retroactivamente la ley cuando sea en
beneficio.
Que el promedio de edad de los militares señalados es mayor de 70
años de edad, por lo que es justo que al personal militar mencionado, se le otorguen las
prestaciones señaladas ya que por su condición física requieren de mayores servicios
médicos, lo que se traduce en un incremento en sus gastos por este concepto, así como
también aumentan otro tipo de necesidades por motivo de su vejez.
Es justo que el Estado retribuya de alguna manera los años de servicio
que han prestado estos militares al país, en el servicio de las armas, de tal forma que
no resulte muy gravoso para la economía de la nación; por lo que solicito que las
prestaciones sean otorgadas a partir del año 2001.
Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a
consideración del pleno el siguiente Punto de Acuerdo para que se discuta y se apruebe
por esta Cámara de Diputados.
PUNTO DE ACUERDO
Compañeras y compañeros legisladores: Hago un atento llamado para que
se apruebe la propuesta para otorgar a los cerca de 9 mil militares retirados del
Ejército, la Fuerza Aérea y Armada de México, para que sean homologados sus haberes de
retiro y demás prestaciones a las que actualmente se otorgan al personal que pasó a
situación de retiro conforme a la Ley el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas vigentes.
Que el Punto de Acuerdo aquí' expuesto sea considerado para la
elaboración del dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal en el año 2001 por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
Que la cantidad que resulte sea asignada al Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para que éste le entregue al personal militar
mencionado en la forma que corresponde conforme a la ley vigente a partir del año 2001.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 58 numeral 3 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, así como el artículo noveno inciso "c" del Acuerdo Parlamentario
relativo a las sesiones, integración del orden del día, los debates y las votaciones de
la Cámara de Diputados, solicito se turne a la brevedad el presente Punto de Acuerdo a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes.
Atentamente, diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, 21 de diciembre
del 2000. También la firman el diputado César Reyes Roel, Presidente de la Comisión de
Marina; el diputado Alfredo Ochoa Toledo, Presidente de la Comisión de Defensa y el
diputado Julio César Lizárraga López, Secretario de la Comisión de Marina.
Por su atención, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, La
proposición que usted ha planteado, desde luego se turna a la Comisión de Presupuesto y
Cuenta Pública.
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Para presentar una proposición con punto
de acuerdo, en relación con la comercialización de productos y programas de abasto
social por parte de las instituciones federales, se concede el uso de la palabra, hasta
por diez minutos al diputado José de Jesús Hurtado Torres del Grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO JOSE DE JESUS HURTADO TORRES: Con su venia señor
Presidente. Señoras diputadas. Señores diputados. Ante la nueva perspectiva del campo
mexicano y en congruencia con la posición historia de Acción Nacional sobre el respeto a
la dignidad de la persona humana, entendiendo que es el sector agropecuario y rural donde
aun las condiciones humanas distan mucho de ser dignas, los diputados de Acción Nacional,
sabedores de que en nuestro país el gobierno es el principal consumidor de productos
agropecuarios, tanto para dependencias federa les como la Sedena, Marina, el IMSS, el
ISSSTE, el DIF; sabedores también de que es quien consume estos productos para
distribuirlos a través de sus programas de abasto social, como son Diconsa, Liconsa,
Progresa, Kilo por Kilo, Fidelist, es por ello que proponemos sea el gobierno en primera
instancia, quien consuma en este país los productos nacionales básicos agropecuarios,
como la leche, el frijol, el maíz, el arroz, etc., y no suceda como en el pasado que el
gobierno permitió la importación de estos productos de manera indiscriminada a precios
dumping, afectando seriamente al agro mexicano.
Pero aun más, no sólo permitió la importación de estos productos,
sino que él mismo se encargó de importarles para abastecer los programas antes
referidos, siendo en mucho un obstáculo serio al desarrollo de nuestros productores
mexicanos.
Utilizó para ello un argumento falaz e insensible, puesto que hizo
prevalecer el criterio mercantil sobre el aspecto social encomendado al gobierno,
estableciendo que se trataba de productos más baratos y que por eso debía importarlos,
como si fuese el aspecto del precio el único factor a considerar en este proceso.
Y así se pueden presentar varios ejemplos: el pasado mes de octubre,
en plena cosecha de sorgo, teníamos en el puerto de Topolobampo un barco cargado hasta
los topes de sorgo, en plena cosecha, que de no ser por la intervención oportuna de
algunos compañeros legisladores, hubiese causado un daño irreversible a la economía de
los productores nacionales.
También es el caso de nuestros productores lecheros en todo el país,
en regiones especiales como la región de Los Altos, Zacatecas, Aguascalientes, la Comarca
Lagunera, donde hemos llegado inclusive a tirar este producto porque no tiene precio en el
mercado nacional, mientras el gobierno se dedica a importar leche en polvo de otros
países, pero ni si quiera en ocasiones es leche en polvo, lácteo suero, fórmulas
lácteas, subproductos que afectan seriamente la alimentación de nuestros niños
mexicanos.
Creo que definitivamente debemos solicitar un cambio en esta política
referente a los cupos de importación de productos agropecuarios.
Tal como estos casos referidos, está el caso del frijol en Zacatecas,
del algodón, del café, de la copra, etc.
Mis amigos, este es un problema donde el gobierno no ha respetado, ha
violentado de alguna manera el artículo 131 constitucional, donde se faculta a este
Congreso para autorizar al Ejecutivo a que implemente restricciones en esta materia, y me
permito leer textualmente:
"El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión
para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e
importación expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para
restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de
productos, artículos efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio
exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar
cualquier otro propósito en beneficio del país". Así está constitucionalmente la
autorización para que ejerzamos esta facultad.
Ante esta visión, nuestros productores nacionales no sólo han
enfrentado una competencia desleal, sino que fue impulsada por el Ejecutivo con los
criterios antes mencionados.
Hoy Acción Nacional propone una nueva visión que impulse al campo
mexicano con el apoyo del gobierno en lo que éste puede intervenir, facilitando,
promoviendo, impulsando el desarrollo y la inversión en el campo mexicano, pero además
comprando los productos de nuestro país.
Si el gobierno mexicano utilizase los productos nacionales para su
programa de abasto a entidades públicas y para su programa de abasto social, ese simple
hecho haría despegar el desarrollo agropecuario.
Aunado a lo anterior, tenemos que considerar que deben ser los
productores quienes en coordinación con la actual Secretaría de Agricultura y
Ganadería, determinen los cupos de importación de estos productos al país, pues es esta
Secretaría quien tiene el conocimiento de la producción nacional y por tanto, de las
necesidades que debemos cubrir en este país y no sea como en el pasado, que es otra
secretaría ajena al aspecto agropecuario quien decidía los cupos de importación. Por
eso creemos que debe ser la Secretaría de Agricultura cabeza de sector, y no mero ente
operador de otras secretarías. Finalmente es ella quien en coordinación con productores
deben determinar los cupos de importación a este país.
Hoy Acción Nacional, convencido de que ha llegado la hora del campo, y
ante la firme decisión de erradicar el rezago social que tenemos en el mismo, proponemos
a todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, que se sumen a este punto de
acuerdo:
Primero. Que los cupos de importación de productos agropecuarios sean
auto rizados por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, en combinación, en
colaboración con los productores agropecuarios, que son quienes tienen el conocimiento
directo de la problemática tanto de la producción nacional como de los faltantes del
consumo nacional, a fin de que la autorización de importación de estos productos sea con
base en las necesidades nacionales y no en caprichos de funcionarios.
Segundo. Que el gobierno mexicano sea el primer aliado del productor
nacional utilizando en sus programas de abasto social y en sus programas de abasto a
entidades públicas, los productos agropecuarios nacionales y facilite así de manera
importante el desarrollo del campo mexicano.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
Acompañan a este punto de acuerdo, perdón, el diputado Ramón Ponce
del grupo parlamentario del PAN, Francisco Esparza del grupo parlamentario del PAN, Tomás
Ríos Bernal del PAN, Jesús Dueñas del PAN, José Roque Rodríguez del PAN, José Ma.
Anaya del PAN, Francisco Ortiz del, PAN, César Reyes del PAN, Rafael Ramírez del PAN,
Juan Paredes González del PRI, Víctor Díaz del PRI, Jorge Ramos del PRI, José Rodolfo
Escudero del Verde Ecologista y el de la voz.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado José de Jesús Hurtado
Torres.
Túrnese a las Comisiones de Fomento Industrial y de Desarrollo Social.
Para hechos ha solicitado la palabra el Diputado Juan Paredes Gloria,
del Partido Revolucionario Institucional y tiene la palabra hasta por 5 minutos .
EL C. DIPUTADO JUAN PAREDES GLORIA: Con su permiso, Señor Presidente.
Ciudadanos diputados y diputadas: el objeto de mi intervención, en representación del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a este punto de acuerdo es el
celebrar que el Diputado Jesús Hurtado, del Partido Acción Nacional haya presentado una
propuesta tan significativa para resolver un problema de tanta prioridad para la sociedad
mexicana como es la comercialización.
Sin embargo, también es necesario complementar esta petición con la
distribución de los productos de primera necesidad que es el fin nacional del programa de
abasto social.
Como todos saben, este programa atiende uno de los rubros más
importantes del orden social como es la alimentación de las familias mexicanas en
condiciones de pobreza, aislamiento y sin fuentes alternativas de abasto, que propicias
que disminuyan los niveles de marginación para superar los altos niveles de desnutrición
que persisten.
Quiero destacar que el programa de abasto social comprende también el
programa de abasto rural y es en este programa donde más énfasis debemos hacer. No
solamente es una actividad con responsabilidad de las instituciones federales, sino un
programa eminentemente participativo donde su operación es responsabilidad de la sociedad
y también de las comunidades y el gobierno pues simplemente quiero poner un ejemplo: el
programa de abasto rural que beneficia a más de 30 millones de mexicanos, con una red
comercial de 33 sucursales, 30 almacenes, 294 almacenes rurales y más de 23, 400 tiendas
rurales, todas ellas dentro del programa de abasto rural operado por Diconsa.
Destaco, señores diputados, que hoy nuestro país vive un momento
lleno de grandes paradojas: hemos intentado de muchas maneras aliviar la pobreza y las
carencias de la sociedad y del campo mexicano y vemos, sin embargo, que se amplían las
diferencias.
Cómo poder entender que las familias campesinas, que son las que
generosamente proveen de alimentos a los mexicanos y compran ellas mismas los productos
básicos a precios encarecidos. Tal parecería que hay una definición de origen.
¿No creen ustedes que debemos preocuparnos más por las causas que
explican el origen de esta paradoja? Tenemos muy claro y estamos conscientes de las
preocupaciones presupuestales de nuestro país; sin embargo, consideramos que cuando se
presentan momentos de emergencia derivados de factores no controlables por el hombre no es
admisible debilitar una institución que brinda el apoyo alimentario a millones de
familias campesinas de todo el país como es Diconsa.
Tenemos muy presente el esfuerzo que se está haciendo por parte de
Diconsa en el abasto a las comunidades rurales desplazadas por la erupción del volcán
Popocatépetl. Es en estos momentos difíciles el mensaje para la sociedad y los
campesinos de todo el país que debe ser claro.
Primeramente que la comercialización de los productos regionales sean
comprados aquí por el gobierno, pero que también que los programas de abasto social no
van a desaparecer, al contrario, deben de crecer y se consolidarán para asegurar la
sobrevivencia de los que más lo necesitan.
Muchas familias esperan que los programas de abasto lleguen hasta ellas
venciendo el reto de las lejanías, las dificultades del medio geográfico, la carencia de
transporte y de vías de comunicación para llevar los artículos de primera necesidad a
más de 30 millones de mexicanos dispersos en todo el país.
Esta es la gran experiencia que los sistemas, por ejemplo de Diconsa y
Progresa y otros más, juntos con los consejos comunitarios de abasto, lograron convertir
en las más amplias y eficaces redes de distribución de alimentos en el país, han sido
agentes también reguladores de precios y existencias y forman también la contraloría
social.
Pero además constituyen un sistema inteligente y participativo para la
estabilidad política, el crecimiento económico y el bienestar social.
Finalmente, quiero apuntar que con esta decisión no se paralizará el
es fuerzo de renovación de la actualización de los programas de abasto social, sino al
contrario, se le dará énfasis a su operación, consolidación operativa y financiera, a
fin de que se multiplique su radio de acción y en lugar de disminuirlo y además de que
cobren también conciencia los que ven a los artículos de primera necesidad como su
herramienta para abusar y enriquecerse.
Termino enfatizando que es responsabilidad tanto de partidos políticos
como de instituciones de gobierno la necesidad de hacer vigente el mandato del artículo
28 constitucional que obliga a que las agencias gubernamentales actúen para garantizar la
distribución de productos básicos e impedir el acaparamiento, la especulación y las
maniobras permanentes para elevar los precios.
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se apoya
el punto de acuerdo presentado por el señor Diputado Jesús Hurtado, del Partido Acción
Nacional, sobre la comercialización.
Con el agregado de que se apoye con mayores recursos a los programas
para la distribución de los productos básicos.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA [PRI]: Gracias al
Diputado Juan Paredes Gloria.
EL C. DIPUTADO VICTOR DIAZ PALACIOS [PRI. Desde su curul y sin
micrófono]: ¡Para hechos!
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA [PRI]: Dénle por favor
sonido a la curul del Diputado Víctor Díaz Palacios.
EL C. DIPUTADO VICTOR DIAZ PALACIOS [PRI. Desde su curul]: Para hechos.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA [PRI]: Tiene usted la
palabra Diputado Víctor Díaz Palacios, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO VICTOR DIAZ PALACIOS (PRI) Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
El compañero Diputado de Acción Nacional Jesús Hurtado ha venido
aquí a esta tribuna, la más alta de la nación, a exponer un punto de acuerdo en que por
supuesto los priístas, Diputados de esta LVIII Legislatura, estamos de acuerdo. Sin
embargo, queremos puntualizar algunos conceptos.
Mi Partido, el Revolucionario Institucional, siempre estará de acuerdo
en todas y cada una de las políticas que beneficien realmente a los campesinos, siempre y
cuando no se caiga en populismo ni en crear falsas esperanzas.
Por eso nosotros en este momento hemos firmado el punto de acuerdo del
compañero Jesús Hurtado, pidiendo al gobierno, quien es el que regula la importación de
los granos, a través de la hoy Secretaría de Economía, lo siguiente.
1o. Que realmente verifique que la importación de granos sea en los
términos pactados en los tratados que tenemos con los otros países.
2o. Que cuide los ciclos de la cosecha, porque nos estamos dando cuenta
que realmente tenemos la importación de granos precisamente cuando nosotros estamos
entregando la cosecha. Y esto, compañeras y compañeros Diputados, hace caer el precio de
nuestros granos.
3o. Que se apliquen correctamente los aranceles, como lo hacen todos
los países, pero en especial los países con los que tenemos estos tratados.
Yo quiero mencionarles aquí, por ejemplo, los apoyos que gozan los
agricultores de los Estados Unidos de Norteamérica. En el año 2000, que está por
terminar, el gobierno de los Estados Unidos dio 7.3 veces más el apoyo económico al
agricultor que lo que gasta México. Esto quiere decir que mientras en México tenemos
para la Sagar 3 mil 6 millones de dólares, en Estados Unidos gastó 62 mil 200 millones
de dólares.
Esto es que hay una gran diferencia entre el apoyo que recibe el
agricultor norteamericano con el que reciben nuestros agricultores mexicanos. Ojalá que
la nueva autoridad pueda entender la problemática de todos y cada uno de los productores.
Que las dependencias que están consumiendo estos granos, estos productos lácteos, esta
carne, primero se abastezcan del mercado nacional y después, si no es suficiente, lo
traigan de otros países.
Y por último, yo quiero dejar aquí muy en claro y pedirles a los
amigos y amigas diputadas y diputados que están en la Comisión de Presupuesto, que no se
olviden de todos los puntos de acuerdo de las diferentes bancadas representadas aquí en
esta honorable asamblea, que todos y cada uno hemos pedido apoyo al campo, que aquí sin
distingo de ideologías estamos solicitando su apoyo. Si no se puede en la misma manera
que lo tienen los Estados Unidos, cuando menos que sí exista un apoyo substancial que nos
permita ser competitivos y sobre todo ser autosuficientes y no como ahora que habría que
preguntarnos si en el caso del maíz somos consumidores o productores.
Muchísimas gracias por su atención.
(aplausos)
EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias al diputado
Víctor Díaz Palacios.
Ha solicitado la palabra para hechos, el diputado Rodolfo Escudero
Barrera, del Partido Verde Ecologista de México.
EL C. DIP. JOSE RODOIFO ESCUDERO BARRERA (PVEM): Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados: Ahorita que vino nuestro
compañero, el diputado José de Jesús Hurtado, estamos nosotros los del Partido Verde,
completamente de acuerdo en su punto de acuerdo, debido a lo siguiente.
Estuve pensando cuál es la situación ahorita, sin embargo cuál va a
ser la situación en el futuro. Ahorita nuestro país se está convirtiendo en un país
importador en lugar de productor, Si seguimos así nuestros campesinos van a desaparecer y
vamos a tener una deficiencia en la agricultura aquí en México.
Nosotros pensamos que definitivamente el gobierno su deber es respaldar
al campesino y pensar primero en nuestra producción interna, pensar en lo que produce el
país y consumir lo que produce el país primero que todo.
Es de gran importancia pensar también en la cuestión de agricultura
orgánica. Estamos ahorita haciendo unas grandes inversiones los inversionistas privados
en este país en cuestión de transgénicos, sin embargo la misma o menos inversión se
necesitaría para pensar en la agricultura orgánica, que vendría siendo de mucho más
salud que lo que s está haciendo ahorita con los transgénicos.
Nosotros, los del Partido Verde, estamos cien por ciento respaldando al
diputado Jesús Hurtado y nos gustaría que también los demás partidos se pongan en este
respaldo con el diputado.
Muy amables. Gracias.
(aplausos)
EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias al diputado
Rodolfo Escudero Barrera.
EL C. DIP. JAIME RODRIGUEZ LOPEZ (Desde su curul): Señor Presidente,
pido la palabra para hechos.
EL C. VICEPRESIDENTE: Adelante diputado Jaime Rodríguez López, tiene
usted la palabra para hechos, hasta por cinco minutos.
EL DIPUTADO JAIME RODRIGUEZ LOPEZ (P.R.I.): Con su permiso señor
Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Sin duda alguna que el tema del campo es
hoy en día un asunto toral para el país; el Punto de Acuerdo que trajo a esta la más
alta tribuna de la nación el Diputado José de Jesús Hurtado de Acción Nacional y que
después han reforzado varios compañeros diputados del PRI y del Verde Ecologista,
quisiéramos sumarnos con una propuesta.
Estamos totalmente de acuerdo en que se debe regular la importación de
agroalimentos al país, buscando que esto tenga un efecto positivo para todos quienes
intervienen en las cadenas productivas hasta la industrialización. Nosotros estaríamos
de acuerdo en que de inmediato nos reunamos, las Comisiones de Comercio, de Agricultura y
Ganadería, de Desarrollo Social, Desarrollo Rural junto con las autoridades actuales que
tiene que ver con la materia.
Si bien es cierto que esta Soberanía es quien autoriza al Ejecutivo
Federal para regularlas importaciones al país, lo que ha ocurrido en la práctica es que
ha impactado negativamente sobre todo a los productores de granos pero también a varios
del sector pecuario.
La solución que tiene que darse es definir cuál es nuestro déficit
de cada uno de los productos y definir los tiempos de entradas, sobre todo que no sean en
cosechas que tenemos en el país, y, Numero 3. Que revisemos las calidades de los
productos que llegan, porque efectivamente nos llegan productos de muy mala calidad, con
almacenajes no de meses sino a veces hasta de años.
Estamos de acuerdo que las importaciones deben ser complementarias, y
un asunto más, cuando José de Jesús, el Diputado del PAN dice que habrá un barco en
Topolobampo, debemos de tener cuidado con las aduanas; existe un contrabando enorme con
frijol y con otros productos y que ello es lo que está llevando a la debacle de los
productores nacionales.
En las aduanas y esto es un asunto que se tiene que ver con la
Secretaría antes con la Secretaría de Hacienda, tiene que fortalecerse un esquema de
vigilancia real en las aduanas no solo para los granos, para los cárnicos y los derivados
de productos agropecuarios.
Por ello pues, en este punto de acuerdo proponemos, la fracción
parlamentaria del PRI, que de inmediato esta soberanía haga el llamado de las comisiones
unidas a que hice mención para que con las dependencias gubernamentales que tienen que
ver con el tema, de inmediato abordemos este asunto y no permitamos que las cosechas
venideras de nuestros productores nacionales, vuelvan a andar buscando soluciones con las
tomas de carreteras, amén de que en el presupuesto de este año podamos dejar previstos
recursos necesarios para los apoyos a la comercializaci6n del campo mexicano.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Jaime Rodríguez López.
Esta Presidencia considera que las intervenciones del diputado Juan
Paredes Gloria, del diputado Víctor Díaz Palacios, del diputado Rodolfo Escudero Barrera
y del diputado Jaime Rodríguez López, si bien efectivamente respaldan el punto de
acuerdo presentado por el diputado José de Jesús Hurtado Torres, además lo complementan
y lo enriquecen con información, con criterios y con propuestas que será de utilidad a
las comisiones unidas a las que se ha turnado el asunto conocer.
Por ello se ruega a la Secretaría también, además del punto de
acuerdo entregue la versi6n estenográfica a las citadas comisiones.
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Otro punto de acuerdo, este relacionado con
el Presupuesto para el año 2000 y en particular el presupuesto referente a la atención
de los pueblos indígenas, será presentado a esta Asamblea por el diputado Héctor
Sánchez López del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene la palabra hasta
por diez minutos.
EL DIP. HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Compañeras diputadas, compañeros
diputados:
Si hay un tema que ha sido reiterativo en el discurso político en los
últimos años, es el tema indígena. Recuperado por los partidos políticos, los
gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los legisladores federales y locales, el
asunto de los pueblos indígenas y las condiciones de extrema pobreza, marginación,
olvido, atraso, exclusión social, etc., es la situación en la que se encuentran diez
millones de mexicanos de los más de 50 millones de pobres que existen en el país, por lo
que debe de ser un asunto de preocupación e interés del Estado y de sus instituciones.
Sin embargo, hoy que hablamos del Presupuesto, ni los partidos
políticos ni el gobierno federal y estatales y la mayoría de los diputados, no nos
acordamos de los pueblos indios de México. Hablamos de otras cosas, pero los indígenas
en el problema del Presupuesto son excluidos en la discusión, por eso la Mesa Directiva
de la Comisi6n de Asuntos Indígenas en pleno acordó realizar un detallado análisis del
presupuesto presentado por el Ejecutivo Federal para el próximo año en materia de
atención a los pueblos indígenas del país y estar en posibilidades de presentar una
propuesta integral que contribuya a dar los primeros pasos si queremos ir resolviendo la
crítica situación en la que viven más de 10 millones de mexicanos que han resistido
durante 500 años.
Lastima que a los pobres se les siga lastimando y no hagamos nada por
mejorar si situación. Es en y con los pueblos y comunidades indígenas donde encontramos
los mayores niveles de pobreza, marginación, desnutrición, insalubridad, bajo nivel
educativo, por lo que los recursos que el gobierno dispusiera para su atención en este
momento no serían suficientes para que en un año se resolvieran, pero cuando menos
estaríamos dando los primeros pasos para atenderlos. Esta propuesta parte de ese
reconocimiento, pero también del hecho de que la nueva coyuntura política por la que
atraviesa nuestro país, nos permite reconocer que estamos obligados a encontrar recursos
necesarios para ayudar a resarcir los daños de olvido y marginación en los que se
mantuvo a los pueblos indígenas y se les mantiene.
Muchos conocen la situación de los albergues, con pisos de tierra,
techos de palma, niños a los que se les destinan tres pesos diarios para su
alimentación, pueblos sin caminos, sin servicios básicos, sin clínicas y hospitales.
Apenas el martes pasado aquí el pleno de la Cámara aprobó un apoyo
para los ahorradores, es correcto, por supuesto aquellos que con muchos esfuerzos de su
trabajo lograron acumular un pequeño capital y ponerlo a trabajar para poder subsistir.
Apenas ayer nos informamos que la Cámara de Senadores aprobó un apoyo por única vez de
6, 000 millones para los jubilados y pensionados, qué bien, han entregado ellos su vida
al trabajo durante estos 25 ó 30 años de trabajo han hecho un pequeño patrimonio, sus
casas, prestaciones sociales, de seguridad social y hoy hemos acordado darle un apoyo a
estos grupos que han sido marginados y olvidados. Pero qué decimos de los indígenas que
no han tenido, no sólo trabajo, en estos últimos 100 años, que no han tenido
prestaciones sociales, que no tienen vivienda, que no tienen empleo, que sus hijos sufren
de desnutrición. ¿Qué es lo más prioritario para este país?
A veces nos olvidamos de quiénes son los marginados de los marginados
de este país y destinamos más de 3,000 millones de pesos para los ahorradores;
destinamos más de 6, 000 millones de pesos para los jubilados y pensionados, qué bueno
que lo hagamos, pero no nos olvidemos de los indígenas de este país, no solamente veamos
a los jubilados, pensionados y a los ahorradores porque los tenemos aquí enfrente, porque
a lo mejor son familiares o amigos nuestros o vecinos nuestros y los vemos todos los
días, pero los indígenas refundidos en la sierra; en la montaña donde a veces ni
siquiera camino hay, esos como no los vemos, nos olvidamos de ellos.
Por eso hoy les pido, compañeras y compañeros diputados, que nosotros
somos los que aprobamos el presupuesto que no nos olvidemos de los indígenas. Deberíamos
de tener el 10% del total del presupuesto federal del próximo año, que éste se
destinara a los pueblos indios de México, pero las circunstancias económicas que
enfrentamos nos obligan a encontrar los equilibrios en el presupuesto mínimo que hoy
estamos solicitando para ser incorporado en el Presupuesto de Egresos del 2001.
Compañeras y compañeros, es una vergüenza para nuestro país que se
destine el 0. 25% del gasto federal para la atención de los pueblos indios, ni siquiera
el 1 % se destina, y no habló sólo del INI, hablo de los Ramos 09 de SCT, que incluye el
programa de empleo temporal; hablo del Ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública,
sobre Dirección General de Educación Indígena; del Ramo 16 de la Secretaría del Medio
Ambiente y Recursos Naturales, que incluye los recursos del Programa Nacional de
Reforestación; del Ramo 20 de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, que agrupa a
tres organismos descentralizados con impacto directo a las comunidades indígenas: El INI,
CONASA y DICONSA, los programas de atención integral a jornaleros, de créditos a la
palabra y de empleos en zonas marginadas. A estos ramos: 9, 11, 16 y 20 que tienen impacto
en las comunidades indígenas, se destinaron 3 mil 956 millones de pesos.
Esta reducción, esta cantidad que hoy se propone en el Presupuesto
2001, que propone el Ejecutivo, propone que ahora sean 3 mil 152 millones de pesos. Hay
803 millones de pesos menos que lo que se gastó el año pasado. Esta reducción significa
una caída de 25.4 en términos reales y 20 por ciento en términos nominales. No sólo no
nos dan más a los indígenas, sino nos quitan, compañeras y compañeros, porque los
indígenas tal vez no tienen los recursos para venir a plantarse aquí enfrente de la
Cámara, porque tal vez no pueden llegar acá a reclamar sus derechos, porque hoy no han
tenido ni voz ni cara los indígenas para estar aquí en su mayoría, reclamando lo que
les corresponde.
Por eso, compañeros y compañeras, nosotros proponemos una propuesta
alternativa: proponemos que se amplíe 6 mil 39 millones de pesos más a los 3 mil 900 que
hay, para que lleguemos al punto 7 por ciento, ni siquiera al uno por ciento, compañeros,
ni siquiera al uno por ciento para los indígenas, pero hoy he visto que se anda
cabildeando por ahí y se habla de recursos para otros lados, pero nadie, nadie se ha
acordado de los indígenas, y a lo mejor lo van a votar así y no van a poner en
consideración la propuesta alternativa nuestra, pero que quede como testimonio de la
comisión, porque éste es un acuerdo de la mesa directiva y la comisión, que quede como
testimonio y en la conciencia de todos nosotros, diputadas y diputados, que no fuimos
capaces de ser sensibles a la situación en la que viven los indígenas.
¿Cómo queremos paz, si los indígenas están muriéndose de hambre y
de enfermedades? ¿Cómo queremos Ley de Amnistía, si los indígenas siguen en las mismas
condiciones de marginación? Eso no es posible.
Dejamos acá una proposición de punto de acuerdo:
Por lo anterior, y con fundamento en el artículo 23 numeral 1, inciso
F de la Ley Orgánica del Congreso General, y 58 de su Reglamento para su Gobierno
Interno, turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública la siguiente proposición
de punto de acuerdo:
Unico: Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a partir del
análisis elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas, y que se detallan en el anexo
que se presentan, destine el incremento solicitado para la atención de los pueblos
indígenas en los rubros citados, y sean incorporados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2001.
Muchas gracias.
PROYECTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVO PARA FORTALECER A LAS COMUNIDADES
INDIGENAS
La Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados pone a la
consideración el presente Proyecto de Presupuesto Alternativo para Fortalecer a las
Comunidades Indígenas. La propuesta enviada por el Ejecutivo, prácticamente ignora las
grandes necesidades de los pueblos indios. En contraste, el presente proyecto busca que se
inicie, de una vez por todas, un proceso que tienda a revertir los enormes rezagos
acumulados en esta materia.
En principio, se realizó una agrupación de los rubros distribuidos a
lo largo del proyecto de presupuesto de egresos enviado por el Ejecutivo, identificando
los que tienen un impacto directo en los niveles de bienestar de la comunidades
indígenas. Los conceptos seleccionados se encuentran en los siguientes ramos
presupuestales:
1 ) Ramo 09. Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En este ramo se incluyó el Programa de Empleo Temporal (PET) impulsado
por los Centros SCT en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana
Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán1 todos con fuerte presencia indígena.
2j Ramo 11. Secretaría de Educación Pública (SEP).
En este ramo se identificó a la Dirección General de Educación
Indígena (DGEI), la cual lleva a cabo programas con impacto directo en los pueblos
indios.
3) Ramo 16. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SMARN).
En este ramo se incluyeron los recursos del Programa Nacional de
Reforestación (PNR) canalizados por las Delegaciones de la Secretaría en los estados de
Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y
Yucatán, con importante población indígena.
4) Ramo 20. Secretaría de Desarrollo Social. (SEDESOL).
En este ramo se agruparon tres organismos descentralizados con impacto
directo en las comunidades indígenas: el Instituto Nacional Indigenista (INI), la
Comisión Nacional de Zonas Aridas (CONAZA) y Diconsa. Además, se incluyeron los
programas de Atención Integral a Jornaleros Agrícolas, de Créditos a la Palabra, y de
Empleos en Zonas Marginadas, impulsados por las Delegaciones de Sedesol en Chiapas,
Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
A pesar de que el gasto ejercido por muchas otras entidades del sector
publico también afecta a las comunidades indígenas, se prefirió concentrar la propuesta
de adecuación presupuestal en los rubros que tienen, sin lugar a dudas, un impacto
directo sobre los pueblos originarios de México.
El proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo incluye una
disminución absoluta por 803.6 millones de pesos en los rubros seleccionados. Esa
reducción significa una caída de 25.4 por ciento en términos reales (ver el Cuadro 1).
Como se puede ver, la propuesta oficial no muestra ninguna preocupación por las
comunidades indígenas, ya que le quita la cuarta parte de los recursos que tuvo
disponibles durante el ejercicio fiscal de 2000.
En contraste, la presente propuesta plantea una ampliación
presupuestal por 7 mil 214 millones de pesos para los citados rubros (ver el Cuadro 2).
Así, el gasto público con impacto directo en las comunidades indígenas crecería en
162.0 por ciento (145.4 en términos reales), como se puede ver en el Cuadro 3. Aunque
este aumento resulta aun insuficiente para superar los enormes rezagos acumulados,
constituye un buen punto de partida si se quiere realmente hacer algo por los pueblos
indios.
La ampliación de 7 mil 214 millones de pesos propuesta no es
exagerada, sobre todo si se recuerda que está destinada a los 10 millones de mexicanos
que padecen los mayores niveles de marginación. El ajuste propuesto resulta inferior al
aumento del presupuesto del Poder Judicial (Ramo 3) que propone el Ejecutivo (5, 525
millones de pesos). Comparado con los 39 mil 178 millones de pesos que se busca destinar
al rescate bancario (Ramo 34), la presente propuesta resulta en realidad muy modesta.
Los recursos existen. Por ejemplo, el gasto presupuestado para el pago
de los intereses de la deuda pública aumenta en 5 mil 436 millones de pesos. Este
incremento no se justifica, ya que durante los últimos meses se ha registrado una fuerte
amortización de deuda externa. Además, para 2001 se espera una importante reducción en
las tasas de interés. Este rubro del presupuesto, como de costumbre, está muy inflado, y
con sólo ajustarlo a la situación real permitiría compensar, sin problemas, la
ampliación propuesta.
En los primeros 3 Cuadros se presenta un resumen de la propuesta. En
los siguientes 5 Cuadros se incluye el detalle de los programas y conceptos presupuestales
que se propone modificar.
Por todo lo anterior, con fundamento en el artículo 23 numeral uno,
inciso f de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y 58 de
su Reglamento para su Gobierno Interior turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública la siguiente:
Proposición con Punto de Acuerdo
UNICO: Que la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública a partir del
análisis elaborado por la Comisión de Asuntos Indígenas y que se detallan en el Anexo
que se presentan, destine el incremento solicitado para la Atención de los Pueblos
Indígenas en los rubros citados y sean incorporados en el Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Héctor Sánchez López.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
EL DIP. CANDIDO COHETO MARTINEZ: (desde la curul) Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: El diputado Cándido Coheto Martínez, por favor denle
sonido a su curul.
EL DIP. CANDIDO COHETO MARTINEZ: Para hechos.
EL PRESIDENTE: ¿Para hechos, diputado? Tiene usted la palabra para
hechos hasta por cinco minutos.
EL DIP. CANDIDO V. COHETO MARTINEZ: (El ciudadano diputado inició su
intervención en dialecto zapoteco). Señores diputados, señoras diputadas; señor
Presidente:
Gracias por darnos la oportunidad de hablar con ustedes para exponerles
las necesidades de nuestros pueblos. Esto es lo que dije en zapoteco.
Vengo aquí a exponer algunas de las razones por las que los
legisladores que integramos la Comisión de Asuntos Indígenas de esta Cámara,
consideramos justo un trato especial para los diez millones de indígenas de México en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001.
Los pueblos indios de México, desde La Colonia, han sido sometidos a
una relación desigual en la que se han estigmatizado sus creencias, prohibido el uso de
sus lenguas, menospreciado su medicina y despoja dos de sus recursos naturales, Tal
situación los oblig6 a dejar sus mejores tierras y refugiarse en los mas abrupto de las
montañas para defender su derecho a vivir en libertad, conservar sus lenguas, sus
culturas y su identidad. En suma, para no claudicar en su lucha por la defensa de su
derecho a ser.
El justo reclamo de los indígenas en los últimos tiempos, es
consecuencia del estado de marginación en que viven y de la aplicación de políticas
equivocadas que han negado su capacidad para proponer soluciones a sus problemas y ser los
ejecutores de los programas destinados a su desarrollo.
La causa fundamental de la pobreza y la marginación que sufren nuestro
pueblos es de carácter político, porque no tienen el lugar que les corresponde en el
Pacto Federal.
Ante tal situación, debemos adoptar una actitud intransigente que se
revele a la contemplación pasiva de la pobreza, que por cotidiana se vuelve indiferente y
adoptar medidas que revitalicen el ejercicio de la inteligencia y la capacidad creadora
para desterrar la improvisación, la incongruencia programática y el paternalismo.
El reto, es impulsar un verdadero combate a la desigualdad, no en el
discurso sino en la realidad; no en la intención, sino en los hechos. La grandeza
histórica de México nos enseña que la pobreza no es destino inevitable de los
indígenas.
Por ellos, es necesario que a través del Presupuesto de Egresos de la
Federación para el año 2001, se tenga una base financiera segura que garantice un trato
justo e impulse el desarrollo integral, sustentable de los 62 grupos étnicos de México.
Uno de los factores que ha limitado el desarrollo de las comunidades
indígenas, es el de la falta de vías y medios de comunicación, por lo mismo ha sido una
de las demandas más sentidas de los pueblos. Si los caminos y las carreteras son
detonadores de la economía y el bienestar comunitario, proponemos en este renglón un
incremento del 100% a la propuesta enviada a esta soberanía por el Ejecutivo Federal.
En el aspecto educativo, los niños indígenas tienen que prepararse en
el conocimiento de su cultura, pero también tiene que acceder al conocimiento de la
cultura nacional. Por ello, las comunidades demandan de una educación de mayor calidad
para formar ciudadanos críticos, creativos y solidarios, que enfrenten su futuro con
decisión y confianza en sí mismos. Lograrlo requiere de más recursos presupuestales
para aplicarlos en la formación y actualización de maestros, producción de materiales
didácticos en la investigación y evaluación educativas, pero sobre todo, en la
difusión de sus ricas manifestaciones culturales.
Y aquí reafirmamos que los pueblos podrán llegar tan lejos como vaya
su educación,
Los recursos naturales de las comunidades indígenas, han sufrido un
dramático deterioro. Para detenerlo, revertirlo e impulsar un desarrollo sustentable, la
Comisión propone que en el rubro de "reforestación", se considere un
incremento del 105 % con relación al presupuesto del presente año.
Por lo que respecta a los habitantes de las zonas áridas, estos
demandan mayores apoyos financieros para diversificar sus estrategias productivas y
enriquecerla con recursos técnicos que les permitan enfrentar la hostilidad de su
hábitat. Es por ello que como un acto de justicia social, se les debe asignar un
presupuesto que garantice su pleno desarrollo.
De igual manera se propone un mayor apoyo presupuestal a los programas
encaminados a impulsar las microempresas y las actividades productivas a través de los
créditos a la palabra por cuanto propician un desarrollo autogestivo.
Por lo que toca al abasto popular. . . ( Interrupción)
EL PRESIDENTE: Señor diputado, con todo respeto, se ha extendido usted
ya más de un minuto. Le ruego por favor termine.
EL C. DIP. CANDIDO COHETO (En tribuna, continúa): Por lo que toca al
abasto popular, en muchas regiones indígenas es la única vía de suministro de básicos.
Por ello no debemos aceptar la disminución del 78 % que en este rubro se propone.
Aceptarlo es condenar a los pueblos indios a un destino de miseria y en otro elemento para
contribuir al etnocidio. En consecuencia, proponemos la asignación de 1037 millones de
pesos que representa el 11.6% de incremento con relación al presupuesto aprobado para
este año.
Honorable Asamblea: Esta legislatura se solidarizó con los ahorradores
defraudados. Hoy la historia nos da nuevamente la oportunidad para resarcir en parte la
deuda que los mexicanos tenemos con los dueños originarios de esta nación: los indios de
México.
Debemos evitar que la pobreza genere más violencia. Un Estado justo no
puede dar menos a quienes más necesitan. Este es el criterio que sustenta la propuesta de
reasignación presupuestal que hoy sometemos a su respetable consideración.
Es cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Cándido Coheto Martínez.
Es criterio de esta Presidencia que si bien efectivamente respalda el
Punto de Acuerdo del diputado Héctor Sánchez López, adiciona algunas propuestas que
deben de ser del conocimiento también de la Comisión de Presupuesta y Cuenta Pública,
por lo que se ruega a la Secretaría incluir esta Versión Estenográfica y enviarla a la
Comisión citada.
Está inscrita la diputada Nicasia García Domínguez, del Partido
Verde Ecologista de México, para hacer uso de la palabra y se le concede hasta por cinco
minutos.
LA C. DIPUTADA NICASIA GARCIA DOMINGUEZ:
(Habla en dialecto)
Con su venia señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas,
hace apenas un par de semanas subí a esta tribuna para expresar en aquella ocasión por
mi conducto la posición del Partido Verde Ecologista de México, en la cual manifesté mi
preocupación por las múltiples carencias que adolece la propuesta que formuló el
Ejecutivo federal, para dotar de una erogación real y eficaz hacia los pueblos indígenas
de nuestro país en el Presupuesto de Egresos del 2001.
No obstante que en aquella oportunidad se señaló la gran falta de
sensibilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2001, ya que no
podemos permitir nosotros los legisladores, una disminución del 36% en el bienestar
social en materia indígena.
Las posiciones en torno a tal asunto se han polarizado mucho más hoy,
gracias a esa inadmisible falta de sensibilidad política una solución adecuada está
cada vez más lejos, lo que digo yo aquí al analizar la propuesta del Ejecutivo federal
para el Presupuesto de Egresos de la Federación, que habrá de ejercerse en el 2001,
guardar una estrecha relación con la falta de sensibilidad a que me he referido.
Si, compañeros, me pregunto y pregunto a esta asamblea, ¿cómo
podemos aprobar un Presupuesto de Egresos de un millón 339 mil de pesos, y tan sólo 893
millones ha programado sociales, los cuales representan tan sólo el 0. 6% del total del
presupuesto.
¿Qué nos justificará frente a todos nuestros hermanos indígenas?
Esto no implica que necesariamente se tenga que recortar el gasto programado en algunas
áreas que consideramos estratégicas en el desarrollo nacional, como lo es la educación
y el medio ambiente.
Debemos reorientar el gasto en áreas que no rinden los frutos
necesarios o con un aumento desmedido en el presupuesto para el próximo año, en aquellas
en donde se ha concluido su ciclo en el panorama nacional.
Compañeros y compañeras, si existe verdadera voluntad de diálogo no
hagamos oídos sordos y a todas las voces indias que claman para que el gobierno les
otorgue lo que necesitan y merecen, no sólo de manera desproporcionada para cumplir con
el rubro en el presupuesto.
Digo, y desproporcionado porque para el combate a la pobreza, la
propuesta de presupuesto que hoy analizamos, establece como en los últimos años, en
aumento del 12% respecto al año anterior, compañeros y nos daremos cuenta de que esos
egresos para combate a la pobreza no tiene un efecto directo a los pueblos indígenas.
Honorable Asamblea, lo anterior nos lleva sin duda a uno de los
aspectos más importantes para el cuestionamiento del rubro presupuestal al que me he
venido refiriendo, en el que la estrategia de desarrollo social no reconoce la desigual
dad, la marginación y la explotación que padece gran parte del pueblo mexicano y muy
particularmente lo pueblos indígenas.
Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, solicitamos nuevamente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública de esta Cámara de Diputados, realice las negociaciones pertinentes con la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que el Ramo 20 del Presupuesto de Egresos
del año 2001, se aumente la partida en bienestar social para promover el desarrollo en
los pueblos más vulnerables.
Estoy aquí en esta alta tribuna para pedirles, señores y señoras
diputadas, su apoyo, su consideración, su sensibilidad para llevar equidad y justicia a
los pueblos indígenas de México con un presupuesto digno, suficiente para impulsar la
conservación de los recursos naturales y apoyos y proyectos productivos.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputada Nicasia García Domínguez.
Para hechos tiene la palabra el diputado Santiago López Hernández del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO SANTIAGO LOPEZ HERNANDEZ. Con su venia, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Estamos acá como un indio más de la República, representamos al
grupo étnico Cheltal de Chiapas y venimos también a exigir que se atienda, que se busque
que el presupuesto para los indígenas sea mayor, ya que no es sola mente en el rubro de
la economía en donde se margina a los indígenas, sino también en la educación, en la
salud, en la justicia y en la política.
Se ha seguido, no solamente en esta ocasión se pretende o se quiere
excluir a los indígenas, sino que históricamente a los indígenas siempre se les ha
marginado.
Por eso, si queremos realmente que los indígenas estén al mismo nivel
económicamente que la mayor parte del resto de los grupos de la otra cultura, como
nosotros llamamos, la cultura dominante, pues bueno, también se atienda pues a los
indígenas y se reactive su economía en el campo, que es donde más nosotros señalamos
donde está el abandono.
Los campesinos de México seguimos trabajando con el azadón y el
machete; no podemos hablar de desarrollo mientras olvidemos a los indígenas en la
producción del campo.
El origen del conflicto es precisamente éste, compañeros, el reparto
desigual de nuestros ingresos y de nuestros recursos en el país. El origen del conflicto
es que en los discursos se habla muy bonito del indígena, pero en los hechos no vemos, no
tenemos nada, no se nos resuelven nuestros problemas y desde luego que nosotros, como ya
se señaló, somos el grupo más olvidado y marginado del país.
Si queremos realmente, como nosotros decimos, que los indígenas sean
atendidos, pues bueno, que se vea ese interés y que no solamente nosotros, los
indígenas, subamos aquí a exigir, sino que también aquellos diputados y diputadas
quienes siempre han hablado y han dicho un buen discurso aquí en la tribuna exigiendo la
solución del conflicto de Chiapas, o bueno, apoyemos a los indígenas ahora que se puede
destinándoles mayores recursos a las comunidades y ejidos porque cuando se habla de que
se quiere solucionar el conflicto sacando a los militares de Chiapas, yo creo que eso no
es la solución del conflicto sacando a los militares. La solución del conflicto es que
realmente atendamos esas comunidades en donde están marginados,
donde hacen falta caminos, en donde hacen falta hospitales, en donde
hace falta energía eléctrica, en donde hace falta agua potable para
que realmente esos indígenas, nuestros hermanos indígenas, realmente se incorporen a la
vida y a la cultura nacional.
De otra forma, estaremos de alguna forma permitiendo que los indígenas
o nuestras comunidades se vayan extinguiendo poco a poco, que es lo que pretende de alguna
forma políticamente, como nosotros llamamos, la otra cultura, la cultura dominante para
nosotros.
Si eso es lo que queremos, eso esperaremos nosotros como indígenas en
el país y, como ya lo señalaron, si esos recursos que están hoy y con eso pretenden
resolver esos conflictos, esos problemas, la verdad, compañeros y compañeras diputados y
diputados, yo no veo que esa sea la solución, pues de nuestros problemas.
Por lo tanto, invito y quiero, pues, dejar aquí la constancia de que
nosotros, nuestras comunidades allá queremos que se nos entienda y se nos reconozca y
realmente busquemos la solución, pues, de los conflictos que ya no sólo de los
chiapanecos, sino que también es de todo el país, para que no otros países nos vengan a
decir, nos vengan a señalar qué es lo que tenemos que decir los mexicanos y no sea caldo
de cultivo los indígenas para experimentar o para que hagan sus políticas, que nada
tienen que ver con la nuestra y con los mexicanos.
Les agradezco, pues, señores diputados y señoras diputadas, que me
hayan escuchado. Gracias, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputado Santiago López Hernández.
Ha pedido la palabra, para hechos, el Diputado Auldárico Hernández
Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática, y tiene la palabra hasta por 5
minutos.
EL C. DIPUTADO AULDARICO HERNANDEZ GERONIMO [PRD] Muchísimas gracias,
ciudadano Presidente.
[En chontal] U TZU PTZI KA JUTLA U SEK'i KA K'ABLA MACH U CHI TREBE U
BOKE KA Y l'LA "Acabaron nuestros frutos/ cortaron nuestras ramas quemaron nuestro
tronco/ pero no han podido arrancar nuestras raíces".
Por eso me preocupa el silencio de os compañeros de Acción Nacional
en este tema. Y nos preocupa al país entero, a los pueblos indígenas de México, porque
desde la otra semana estamos viendo la gran preocupación de los presupuestos, de las
macroeconomías y demás negocios. Sin embargo, yo vengo a esta tribuna también a hacer
un llamado que se piense en los pueblos indígenas. Las tesis son muchas y muy amplias en
esta materia.
Sin embargo, yo considero, señoras y señores Legisladores, de que
aquí me han antecedido en la palabra. Es cierto, de que a veces aquí se ha venido a
rasgarse las vestiduras cada cuando hay efemérides, con discursos patrioteriles, a veces
para quedar bien. Sin embargo, hoy más que nunca que se está discutiendo un tema
elemental y lo saben de que si no es tomado en cuenta, en consideración dentro de estas
discusiones el rubro de presupuesto asignado a los pueblos indígenas será siempre el
tema discordante.
Además de que se habla de autonomías y se seguirá hablando, y esto
es un tema muy complejo todavía y esto es muy práctico.
Señores Legisladores y señoras Legisladoras:
Reitero este llamado para que de manera consciente por lo que aquí se
ha expresado pongamos énfasis y pensemos de que los pueblos indígenas vamos a seguir
ahí, vamos a seguir en nuestros pueblos, vamos a seguir resistiendo, pero yo creo que ya
están cambiando los tiempos y vamos resolviendo de fondo el problema de las asignaciones
del presupuesto. Es importante que se le asigne el presupuesto necesario, de lo contrario
seguirá habiendo problemas.
Ya aquí se ha hablado demasiado de lo que pudiera pasar. Hay problemas
en todos lados. Consideramos que hay que asignar los presupuestos a las dependencias que
corresponda. Sin embargo, yo creo que los pueblos indígenas se merecen un trato más
justo.
Por ello hago este llamado. Ahorita están discutiendo sus compañeros
en las Comisiones. Que no se les olvide que existen también los pueblos indígenas y que
tienen que tener un trato muy justo en este rubro.
Muchísimas gracias compañeros.
(aplausos del grupo parlamentario perredista)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA [PRI]: Muchas gracias,
Diputado Auldárico Hernández Gerónimo.
Ha solicitado la palabra también para hechos el Diputado José
Feliciano Moo y Can, del Partido Revolucionario Institucional, a quien se le concede la
palabra hasta por cinco minutos.
off
EL C. DIPUTADO JOSE FELICIANO MOO Y CAN [PRI]: Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeros y compañeras Diputadas y Diputados:
Vengo a esta tribuna, una vez más, para invitarlos a todos ustedes a
re flexionar y a tomar una decisión determinante que pueda poner fin a este México de
desigualdades en el que reclama un esfuerzo de todo el pueblo de México y de todas las
sociedades.
Históricamente los indígenas de México son los que más sangre le
han aportado a este país y a los que menos justicia les hemos dado. Desde la Colonia
fueron los primeros en morir. En la época de la Independencia, junto con el Cura Hidalgo,
fueron la sangre que más se derramó. En la época de la Reforma también fue la sangre
que más se derramó. Y en la época de la Revolución también fue la sangre que más se
derramó. Pero cuando los gobiernos y la sociedad mexicana han pensado en este país, han
sido los últimos en ser considerados.
Por eso hoy venimos a nombre de todos los indígenas de México a decir
les que esto ya no puede seguir existiendo en un país que ha dado un paso importante en
la democracia, que no se puede presumir de democracia cuando todavía tenemos pueblos
marginados y en la miseria.
Es por ello que es importante que todos los Diputados hagamos un es
fuerzo para estudiar a fondo el presupuesto y reestructurarlo para destinarle mayores
recursos a los pueblos indígenas de México.
No puede haber una ley completa, no puede haber un gobierno pleno, con
solamente tener la voluntad de reformar la Constitución y dar las autonomías, si no se
allegan de recursos presupuestales suficientes para poder lograr una verdadera autonomía;
porque la autonomía no se puede dar por solamente un decreto constitucional, reclama del
esfuerzo de toda la sociedad y de todas las autoridades.
Es por ello que la postura de la Comisión de Asuntos Indígenas
intenta ser congruente con las urgentes necesidades de los pueblos indígenas. Se trata de
una propuesta a todas luces justa, puesto que otros sectores como los trabajadores del
Estado, ahorradores defraudados y jubilados del IMSS, han recibido la atención que
merecen. Entonces, no existe razón alguna para negar los apoyos que nuestra comisión
propone.
Más aún, el incremento en los recursos destinados a los indígenas
que propone la comisi6n, representa sólo un 2.41 por ciento de los 209 mil millones de
pesos destinados a cubrir los compromisos de la deuda pública, es decir, los recursos
pueden reasignarse con un criterio de justicia, compromiso y urgencia, con el fin de
atender a los mexicanos más pobres y marginados que son los indígenas de México.
Compañeros: Vamos todos a hacer grande a México, vamos a hacerlo con
hechos, congruentes y darle al que más necesita y al que se le ha pospuesto por 500
años, una realidad justa a los indígenas de México. Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Muchas gracias al
diputado José Feliciano Moo y Can.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto de acuerdo es el
referente al tema de proteger la producción de granos y la soberanía alimentaria de
nuestro país, a cargo del diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución
Democrática, quien tiene la palabra hasta por diez minutos.
EL C. DIP. SILVANO AUREOLIES CONEJO (PRD). Gracias Presidente.
"Compañeras y compañeros diputadas y diputados: Con fundamento
en el articulo 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, vengo a hacer del conocimiento
del pleno una proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes
"Antecedentes
"El Tratado de Libre Comercio de América del Norte suscrito por
el gobierno federal y aprobado con carácter de ley por el Senado de la República, ha
resultado a siete años de su puesta en marcha, gravemente lesivo para el sector
agropecuario y forestal mexicano, es decir, resalta que aún dicho tratado fue negociado
por el gobierno mexicano en condiciones claramente adversas para el sector rural,
"Se logró establecer un tratamiento especial de desgravación a
muy largo plazo, a quince años, para los productos agropecuarios extremada mente sensible
para la agricultura, la economía y la seguridad nacional, tales como el maíz, el frijol,
la cebada, el arroz, papas, manzanas frescas, malta, cerdos en pie, carne de puerco en
canales, jamones y otros productos establecidos en el mismo acuerdo.
" El acuerdo de clasificación de dichos productos como
extremadamente sensibles para México y un plazo de desgravación de 15 años y 10 años
respectivamente, incluyó un sistema de arancel cuota, mediante el cual se autorizaba un
nivel de importación por dichos productos cada año sin el pago de aranceles, al tiempo
que se acordó un arancel para todas aquellas importaciones que rebasaran dicha cuota.
"Así, por ejemplo, en el caso del maíz la cuota libre de arancel
para las importaciones del mismo, proveniente de los Estados Unidos, se estableció en 2.5
millones de toneladas para el año 1, es decir, para 1994, aumentando el 3 por ciento en
cada uno de los años subsiguientes hasta el año 14, es decir, el año 2007, en el que la
cuota de importación libre de arancel sería de 3.7 millones de toneladas,
"A partir del año 15, es decir, en el 2008, la importación de
maíz se liberaría por completo. Asimismo se acordó un arancel creciente en 14 años
para las importaciones fuera de cupo.
"Para el primer año, es ...para las importaciones fuera de cupo;
para el primer año, es decir el año 94 sería de 2 mil 206.4% y para el 2007 o el año
14, 18.2%, para desgravar por completo en el año 2008 y así liberar las importaciones.
Esa protección mínima acordada en el TLC para los productos
agropecuarios nacionales sensibles y extremadamente sensibles, permitiría en teoría
proporcionar un período de transición y un margen razonable de protección para los
productores agropecuarios del país principalmente para los pequeños y medianos
productores.
Dicha transición y margen de protección permitiría impulsar un vasto
pro grama de fomento a la competitividad y reconversión productiva a efecto de garantizar
una gradual adaptación y desarrollo de los sectores más vulnerables de la agricultura
mexicana y más estratégicos desde el punto de vista de la seguridad nacional.
Sin embargo, la realidad a este respecto, en los siete años de
vigencia del TLC ha sido diametralmente opuesta al texto de la Ley aprobada en el Se nado
de la República y que constituyó un compromiso de estado frente a la agricultura
mexicana y principalmente frente a un sector desfavorecido y mayoritario que son los
pequeños y medianos productores de granos básicos de temporal.
Por decisión unilateral de SECOFI, en cinco de siete años se rebasó
el cupo de importación libre de arancel de maíz sin cobrar un solo centavo de impuestos
acordados en el Tratado, esto ha significado, compañeras y compañeros una pérdida
fiscal de más de 2 mil millones de dólares tan solo para el caso del maíz y la completa
liberalización del mercado de maíz no en el año 15 como estaba establecido sino a
partir del año 3 es decir del 1996.
Si tomáramos en consideración la información del Departamento de
Agricultura Norteamericano para las ventas de maíz a México, desde el año 1 o sea 1994
se incumplió el cobro de aranceles para las importaciones de maíz, es decir, no ha
tenido efecto la protección y el período largo de degravación para los productos
extremadamente sensibles como es el caso ya referido del maíz las bodegas, y así se
inició con el desmantelamiento de una gran cantidad de estímulos y mecanismos de apoyo
como fue el caso de las bodegas rurales CONASUPO y la eliminación de los subsidios a la
Cadena Maíz Tortilla,
Observando lo anterior, la honorable Cámara de Senadores de la pasada
Legislatura tuvo a bien incorporar en la Ley de ingresos del 2000, un Articulo Transitorio
autorizando el cobro de los aranceles para las importaciones fuera de los grupos
establecidos, Aún así, se importaron, compañeras y compañeros, 2 millones de toneladas
de maíz por arriba del cupo establecido,
La Secretaría de Economía antes SECOFI y los importadores
argumentaron la insuficiente producción interna y los elevados costos al consumidor pero
contrario a eso, el costo de la Canasta Básica se increment6 en un 370% solo del 94 al
2000 de conformidad esto con la Asociaci6n Mexicana de Estudios para la Defensa del
Consumidor.
Por otro lado, es justamente por la desprotección y la competencia
desleal de las importaciones, que la producción nacional se ha estancado cumpliendo con
la protección... incumpliendo con la protección originalmente pactada en el Tratado de
Libre Comercio, el campo mexicano tendrá capacidad para satisfacer la demanda nacional de
alimentos actual y de los próximos 25 años; restablecer y ejercer el derecho de nuestro
país para proteger a sus sectores sensibles y estratégicos, así como restablecer el
acuerdo del Estado con los campesinos mexicanos es un imperativo de justicia, de
legalidad, de fortalecimiento del estado de derecho; asimismo es una precondición para el
aumento de la oferta interna de alimentos y materias primas a precios apropiados; la
reconstrucción e impulso a la competitividad de las cadenas aeroalimentarias y la
garantía de la calidad de los alimentos a que tiene derecho toda la población mexicana.
Lo anterior, debe estar asociado a un manejo adecuado, transparente y
participativo de los cupos de importación, un impulso a la cadena agroalimentaria
integrada y competitiva, un mejoramiento de los sistemas y apoyos a la distribución, un
mejoramiento del nivel adquisitivo de los salarios y la superación de las imperfecciones
del mercado agroalimentario dado principalmente por la altísima concentración
anticompetitiva del sector procesador, comercializador y distribuidor.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de
esta honorable Cámara, el siguiente PUNTO DE ACUERDO:
UNICO. Es obligatorio el cobro de los aranceles para los productos que
rebase la importación de la cuota libre de arancel consiganda en el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte para el año 2001, es decir establecer, compañeras y
compañeros, en la Ley de Ingresos del año que entra el compromiso de que se cumpla con
lo pactado en el Tratado.
Quisiera aprovechar el tiempo que me resta para retomar, aquí subieron
a la tribuna compañeros prácticamente de todos los partidos para pedir el apoyo al tema
de la comercialización y se hicieron propuestas de que hubiera reunión de las comisiones
unidas para abordar el tema; compañeros, el asunto es muy sencillo: que el gobierno
mexicano cumpla con lo establecido en el Tratado de Libre Comercio y que pongamos en la
Ley de Ingresos del año que entra este texto que he presentado para que paguen aquellos
introductores al país.
Ahí está la solución. Este asunto... Presidente, le pido 30 segundos
para terminar... Este asunto de no cumplir con el Tratado y que además Herminio Blanco,
el exsecretario de Comercio y Fomento Industrial haya violado la Ley de Ingresos del 2000,
ha generado que se hayan evadido impuestos, compañeros y compañeras, por más de 50 mil
millones de pesos por concepto de las importaciones y por el otro lado, haber
prácticamente quebrado la planta productiva nacional.
Por lo tanto, les pido su comprensión y que introduzcamos en la Ley de
Ingresos este texto. Aquí, compañeras y compañeros, no solamente ha sido de quebrar la
planta productiva y de evadir los impuestos en este país, sino que este asunto huele mal;
aquí hay algo raro y le vamos a buscar porque pareciera ser que algo pasó pero se
evadieron impuestos por muchos miles de millones de pesos que tanta falta le hacen al
Erario Público para atender las demandas sociales en este país.
Muchas gracias compañeros y compañeras.
EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Silvano Aureoles Conejo...
EL DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO: Le entrego el punto de acuerdo firmado
por compañeros del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional,
del Partido del Trabajo y del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
C Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la mesa directiva
de la H. Cámara de Diputados. Presente.
El suscrito diputado federal, presidente de la Comisión de Desarrollo
Rural de la H. Cámara de Diputado e integrante de la Fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de la
Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento
para el gobierno Interior, vengo a hacer del conocimiento del pleno una proposición con
punto de acuerdo con fundamento en los siguientes
ANTECEDENTES
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) suscrito por
el gobierno federal y aprobado con carácter de ley por el Senado de la República, ha
resultado a siete anos de su puesta en marcha gravemente lesivo para el sector
agropecuario y forestal mexicano.
Es de resaltar que aún cuando dicho tratado fue negociado por el
gobierno mexicano en condiciones claramente adversas para el sector rural, se logró
establecer un tratamiento especial de desgravación a muy largo plazo (15 años) para los
productos agropecuarios extremadamente sensibles para la agricultura, la economía y la
seguridad nacional, tales como el maíz, frijol, cebada, arroz, papas, manzanas frescas,
malta, cerdos en pie, carne de puerco en canales, jamones, manteca de cerdo, grasas y
aceites animales, trozos de gallina, pavo, etc.
El acuerdo de clasificación de dichos productos como extremadamente
sensibles para México y un plazo de desgravación a 15 anos y 10 años respectivamente,
incluyó un sistema de arancelcuota mediante el cual se autorizaba un nivel de
importación de dichos productos cada año sin pago de aranceles al tiempo que se acordó
un arancel para todas aquellas importaciones que rebasaran dicha cuota. Así por ejemplo,
en el caso del maíz, la cuota libre de arancel para las importaciones del mismo
provenientes de Estados Unidos se estableció en 2.5 millones de toneladas para el ano
uno, es decir, 1994, aumentando el 3 por ciento en cada uno de los anos subsiguientes
hasta el año 14, es decir, el año 2007, en el que la cuota de importación libre de
arancel sería de 3.7 millones de toneladas. A partir del año 15 (2008), la importación
de maíz se liberalizaría por completo. Asimismo, se acordó un arancel decreciente en 14
años para las importaciones fuera de cupo; así, para el primer año (1994) sería de
206.4% y para el ano 14 (2007) sería del 18.2%, para desaparecer por completo el ano 15
(2008) y completar así la liberalización total a las importaciones de maíz provenientes
de Estados Unidos y Canadá.
Esta protección mínima acordada en el TLCAN para los productos
agropecuarios nacionales sensibles y extremadamente sensibles permitiría, en teoría,
proporcionar un periodo de transición y un margen razonable de protección a los sectores
agropecuarios sensibles, principalmente para los pequeños y medianos productores. Dicha
transición y margen de protección permitiría, impulsar un vasto programa de fomento a
la competitividad y de reconversión productiva a efecto de garantizar una gradual
adaptación y desarrollo de los sectores más vulnerables de la agricultura mexicana y
más estratégicos desde el punto de vista de la seguridad nacional, de cara a la
liberalización total que sobrevendría ineludiblemente en el ano 15 del TLCAN.
Sin embargo, la realidad a este respecto en los siete anos de vigencia
del TLCAN ha sido diametralmente opuesta al texto de la ley que aprobó el Senado de la
República y que constituyó un compromiso de Estado frente a la agricultura mexicana y
principalmente, frente a su sector más desfavorecido y mayoritario, los pequeños y
medianos productores de granos básicos de temporal.
Por decisión unilateral de la Secofi, en cinco de siete anos se ha
rebasado el cupo de importación libre de arancel de maíz sin cobrar un sólo centavo de
los impuestos a la importación acordados en el TLCAN. Esto ha significado una pérdida
fiscal de más de 2,000 millones de dólares tan sólo para el caso del maíz y la
completa liberalización del mercado del maíz no en el ano 15 del TLCAN (2008) sino a
partir del año 3 (1996).
Si tomáramos en consideración la información del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos para las ventas de maíz a México, desde el ano 1, o
sea desde 1994, se incumplió el cobro de aranceles para las importaciones de maíz fuera
de cuota. Es decir, no ha tenido efecto la protección y el período largo de
desgravación para productos extremadamente sensibles como el maíz comprometida con los
productores nacionales: se ha vivido la liberalización y desprotección total a partir
del ano uno, no ha habido un indispensable impulso a la competitividad, y mínimamente
fomento a la reconversión.
En cambio sí se desmanteló abruptamente todo el sistema de apoyo y
regulación a la producción y distribución de alimentos básicos: eliminación de los
precios de garantía, virtual supresión del crédito agropecuario, desaparición de
Conasupo, privatización de Almacenes Nacionales de Depósito, desaparición de Bodegas
Rurales Conasupo, eliminación del subsidio a la cadena maíz tortilla, etc.
Todo lo anterior, ha afectado al subsector de granos básicos
desordenando los mercados, deprimiendo los precios, propiciando la caída en la
rentabilidad, estimulando el rentismo, la migración y la utilización de prácticas
agrícolas antiecológicas y demandando subsidios a la comercialización tan crecientes
como ineficientes e inequitativos. Asimismo ha sido afectado el importante y estratégico
sector cañero y azucarero nacional a causa de la importación de endulcorantes y maíz
para producirlos. Además, se han desarticulado las cadenas productivas y se ha propiciado
una concentración anticompetitiva en el sector agroprocesador y agrocomercializador que
ha impactado desfavorablemente en los precios al consumidor.
Observando lo anterior, la H. Cámara de Senadores de la pasada
Legislatura tuvo el tino de incorporar en la ley de ingresos 2000 en su artículo
transitorio autorizando el cobro de los aranceles para las importaciones fuera de cupo
establecidos en el TLCAN. Aún así, se importaron, en el caso del maíz, casi 2 millones
de toneladas de maíz arriba de cupo sin pagar el arancel correspondiente.
La secretaria de Economía antes Secofi y los importadores argumentan
la insuficiente producción interna y los elevados costos al consumidor pero contrario a
eso el costo de la canasta básica se incrementó en promedio en 370% de 1994 al 2000, de
conformidad con el Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor (La
Jornada; 24/10/00).
Esta argumentación es falaz, puesto que aún sin pagar impuestos a la
importación, tenemos un mercado internacional con precios deprimidos en los anos del
TLCAN, con excepción de 1996, habiendo recibido subsidios de apoyo a la comercialización
de la Sagar-ASERCA por aproximadamente 15 mil millones de pesos.
Por otro lado, es justamente por la desprotección y la competencia
desleal de las importaciones que la producción nacional se ha estancado. Cumpliendo con
la protección originalmente pactada en el TLCAN, el campo mexicano tendrá capacidad para
satisfacer la demanda nacional de alimentos actual y la de los próximos 25 anos.
Restablecer y ejercer el derecho de nuestro país para proteger a sus
sectores sensibles y estratégicos así como restablecer el acuerdo del Estado con los
campesinos mexicanos, es un imperativo de justicia, de legalidad, de fortalecimiento del
estado de derecho. Asimismo, es una precondición para el aumento de la oferta interna de
alimentos y materias primas a precios apropiados, la reconstrucción e impulso a la
competitividad de las cadenas agroalimentarias y de la garantía de la calidad de los
alimentos a que tiene derecho toda la población mexicana.
Lo anterior, debe estar asociado a un manejo adecuado, transparente y
participativo de los cupo de importación; un impulso a cadenas de agroalimentarias
integradas y competitivas; un mejoramiento de los sistemas y apoyos a la distribución, un
mejoramiento del nivel adquisitivo de los salarios, y, la superación de las
imperfecciones del mercado agroalimentario dadas principalmente por la altísima
concentración anticompetitiva del sector procesador, comercializador y distribuidor.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable
Cámara de Diputados el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PARA SOLICITAR LA ADICION DE UN PARRAFO AL ARTICULO SEGUNDO TRANSITORIO
DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2001 CON EL FIN DE
PROTEGER LA PRODUCCION DE GRANOS Y LA SOBERANIA ALIMENTARIA DE NUESTRO PAIS:
TRANSITORIOS
Segundo...
UNICO: "Es obligatorio el cobro de los aranceles para los
productos que rebasen la importación de la cuota libre de arancel, consignados en el
Tratado de Libre Comercio de América del Norte para el ano 2001"
EL PRESIDENTE: De conformidad con el punto único de acuerdo que nos ha
planteado el diputado Silvano Aureoles Conejo, esta Presidencia turna dicho punto de
acuerdo a las comisiones de Hacienda y Crédito Público dado que el planteamiento lo
formula para que se incorpore la Ley de Ingresos y siendo temas referentes a la
importación, también a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Tiene la palabra para hechos el diputado José Manuel del Río Virgen,
en nombre del Partido Convergencia para la Democracia y del Partido del Trabajo, hasta por
cinco minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Convergencia): Gracias,
señor Presidente, con su permiso.
Convergencia por la Democracia y el Partido del Trabajo apoyan la
propuesta con punto de acuerdo para solicitar la adición de un párrafo al artículo
Segundo Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001,
con el fin de proteger la producción de granos y la soberanía alimentaria en nuestro
país.
Para amplios sectores del pueblo de México, la apertura comercial
iniciada desde los años 80 y acentuada fuertemente con el ingreso en nuestro país al
Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, no ha beneficiado como se esperaba a los
pequeños y medianos productores de este país.
Queda claro que los grandes monopolios resultaron los más favorecidos
con las decisiones que tomaron algunas autoridades correspondientes, quienes en una
vinculación orgánica y permanente con el gran capital también obtuvieron su cuota de
poder y sus respectivos dividendos, porque lo menos que les interesó ha sido defender a
nuestra planta productiva, así como la gene ración de empleos dignos y bien remunerados.
En el caso del sector agropecuario, a pesar del atraso en el que se
encontraba desde hace varias décadas, algunos funcionarios de la entonces SECOFI se
dieron a la tarea de negociar a ultranza y en condiciones total y absolutamente
desfavorables, un tratado comercial que desde su origen no vislumbraba los beneficios que
esperaba el pueblo de México en aquella época.
Supuestamente, y digo supuestamente porque a pesar de que los períodos
de liberación comercial estipulados fueron muy cortos, al momento de su aplicación,
nuestras autoridades resultaron muy limitadas y por tal motivo desaceleraron
drásticamente la velocidad de desgravación y por otra no han cumplido con las tarifas
arancelarias principalmente las importaciones de grano, ni han respetado los cupos libres
de arancel.
Con esta medida se ha afectado de manera dramática a los productores
nacionales que tienen que competir con un precio subsidiado por el gobierno de los Estados
Unidos de Norteamérica y Canadá, al tiempo que en México se ha desmantelado en breve
lapso todo el sistema de apoyos con los que contaron anteriormente los productores del
campo en nuestra nación,
Los cultivos más afectados con las medidas antes mencionadas son
principalmente el maíz, cebada, arroz, papa, algunos frutales como manzana, carne de
cerdo, en pie o en canal, entre otros.
Una cuestión que debemos tener en cuenta es la relativa al
incumplimiento de las medidas negociadas en el TLC. Resulta realmente incomprensible para
la mayoría de los campesinos de este país. Que además de enfrentar y competir contra
las importaciones procedentes del mercado agrícola más grande del orbe, tiene que hacer
frente a las medidas unilaterales del gobierno, que en lugar de protegerlos a veces
termina por afectarlos.
Resulta preocupante que los campesinos tienen que luchar con sus
propias autoridades, quienes están para cuidar sus intereses, pero en realidad con sus
acciones benefician, a lo mejor sin quererlo, a los vecinos productores del norte.
Convergencia y el Partido del Trabajo coinciden y apoyan la propuesta
del punto de acuerdo que comentó el diputado Silvano Aureoles y hace un atento llamado a
las autoridades de la Secretaría de Economía para que se realicen las acciones
pertinentes encaminadas a reconsiderar los períodos de desgravación de los productos
agrícolas más sensibles a la competencia externa, pero sobre todo que se vigile la
aplicación estricta de las medidas de protecci6n previstas en el TLC para la
comercialización de los cultivos ya mencionados.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, al diputado José Manuel del Río
Virgen.
Ha solicitado la palabra y se le concede para hechos, hasta por cinco
minutos, al diputado César Duarte Jaquez, del Partido Revolucionario Institucional.
EL DIP. CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Son muchos los temas que podemos abordar en busca de la solución de
los problemas de la producción de abasto e importación de granos y de productos
básicos. Ayer, por ejemplo, las reformas dadas en esta Honorable Cámara sobre la Ley
Aduanera, dieron una nueva condición para que las importaciones documentadas, para que
las importaciones ilegales se sigan dando en la frontera, pero no es ahí precisamente en
donde se ha corregido el problema; se siguen importando cárnicos, granos, leche y el
pretexto es abaratar en México o equilibrar los precios, pero el pueblo nunca los ha
visto, nunca ha reflejado esas importaciones los precios, nunca han reflejado esas
importaciones o su pretexto en el pueblo los precios.
Aquí el control de cupos ha dejado de ser o no ha funcionado
adecuadamente como un comité que determine y que tome decisiones adecuadas, sino todo lo
contrario; ha pasado a ser un comité evaluador únicamente.
Buscamos insisto muchas formas de cómo abatir este problema. El
pretexto insisto de la importación ha sido para abaratar precios, pero el productor hoy,
el productor de frijol sigue recibiendo dos pesos y en el supermercado no baja de diez a
doce. ¿ Dónde está ese diferencial? Por una parte inundados los mercados de frijol
norteamericano; inundado el mercado de carne norteamericana que tiene años congelada.
Nosotros aquí hacemos una solicitud, señor Presidente, para que esta
Presidencia someta a la consideración del pleno, para que de manera urgente se haga la
creación de una mesa de trabajo entre las comisiones que corresponden a esta Cámara con
las dependencias de gobierno que atiendan el caso de las importaciones de básicos, y
especialmente las de granos, y lleguemos a encontrar el rumbo y la forma de la solución
de este problema.
Ya es tiempo de ponerle mano a un control adecuado a los productos
básicos que vienen al país.
Muchas gracias.
EL DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO: (desde la curul) Señor Presidente,
solicito la palabra para hechos.
EL PRESIDENTE: Se concede el uso de la palabra para hechos, hasta por
cinco minutos, al diputado Silvano Aureoles Conejo.
EL DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO: Gracias Presidente. Compañeras y
compañeros:
Yo quiero solamente sumarme a esa propuesta de la integración de la
mesa de las Comisiones Unidas, para que vayamos abordando este tema a mas profundidad.
Pero yo quisiera llamar su atención, quisiera pedirles que hoy tenemos una gran
oportunidad, el día de hoy viernes 22, porque vamos a aprobar, compañeras y compañeros,
la Ley de Ingresos, y ahí podemos establecer con mucha precisión qué queremos que se
haga al respecto. Y es muy sencillo: que el Gobierno Federal, que el Ejecutivo Federal
cumpla con el tratado, y después seguimos trabajando en las comisiones, en las mesas de
trabajo, para ir ajustando aquello que se requiera, pero hoy es muy sencillo: apoyemos
para que en la Ley de Ingresos que nos van a presentar más tarde, se incluya este
párrafo y que se resuelva el problema.
Esto no elimina, compañeras y compañeros, que en el futuro abramos
una investigación a fondo: ¿qué pasó con la evasión fiscal, quién se benefició con
los miles y miles de millones de dólares, de pesos, que se evadieron al fisco mexicano
con las importaciones? ¿quien se beneficio con esa comisión o con esa falta de
aplicación de la ley? Eso lo sabremos, no vamos adelantar juicios, pero esa
irresponsabilidad debe de conocerla el pueblo de México y que paguen aquellos que
destruyeron la planta productiva, que evadieron los impuestos y que inundaron al país de
productos, en la mayoría de los casos, chatarra.
Muchas gracias, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado Silvano Aureoles Conejo.
Ha solicitado el uso de la palabra para este tema, el diputado Jaime
Alcántara Silva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y se le
concede por cinco minutos.
El diputado Jaime Alcantara Silva, se ha inscrito para referirse a la
proposición que a nombre de la Comisión de Marina será presentada a continuación; al
recibir la Presidencia su solicitud de uso de la palabra, lo registro en el tema que
estabamos abordando, pero corresponde al siguiente tema. De tal manera, diputado, que le
voy a ofrecer el uso de la palabra en cuanto lleguemos a ese tema.
Habiéndose agotado los oradores en relación al Punto de Acuerdo para
proteger la producción de granos y la soberanía alimentaria de nuestro país, ya
habiéndose dado el turno correspondiente al punto de acuerdo.
Sin embargo, en las exposiciones de los señores diputados ha habido
propuestas adicionales, particularmente la que se refiere a la integración de una mesa de
trabajo de las comisiones unidas, para analizar a fondo el problema de la producción
agropecuaria de nuestro de país. De tal manera que las versiones estenográficas de este
debate, se turnan a las Comisiones de Agricultura y de Comercio.
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Para presentar un Punto de Acuerdo para
que el Presupuesto de Egresos que se aprobará en este período, a la UNAM, se le
considere una partida extra anual destinada al mantenimiento y operación de dos buques
oceanográficos con la finalidad de sostener e impulsar la investigación oceanográfica y
aprovechar los recursos marítimos.
A nombre de los integrantes de la Comisión de Marina, hará uso de la
palabra hasta diez minutos, el diputado César Patricio Reyes Roel.
EL DIP. CESAR PATRICIO REYES ROEL: Gracias, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
Con base en los fundamentos legales aplicables, los integrantes de la
Comisión de Marina acordamos enviar al Pleno de la H. Cámara de Diputados la siguiente
proposición con Punto de Acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos que se aprobará
en este período a la Universidad Nacional Autónoma de México, se considere una partida
extra anual por 24 millones de pesos para los años siguientes destinados al mantenimiento
y operación de sus dos buques oceanográficos "El Puma", y "Justo
Sierra", con la finalidad de sostener e impulsar la investigación oceanográfica y
aprovechar adecuadamente los recursos marinos.
Lo anterior motivado al tenor de los siguientes antecedentes: El
Congreso tiene la facultad para sostener la investigación científica en los términos
del Artículo 73 fracción XXV de la Constitución.
Con fecha 15 de noviembre del 2000, se efectuó en reunión de trabajo
de la Comisión de Marina la exposición de la actividad oceanográfica del país en donde
fue presentada la problemática que tienen los buques oceanográficos "El Puma"
y "Justo Sierra", por la Coordinación de Investigación Científica de la UNAM.
En el año de 1975 México incorporo en el artículo 27 de la
Constitución Política el concepto de la Zona Económica Exclusiva, quedando la misma
como parte integral de su patrimonio nacional. Este concepto abrió grandes perspectivas
en lo que se refiere al potencial de recursos naturales renovables y no renovables y creo
al mismo tiempo la obligación de investigar sus características, preservar sus recursos
y proteger su ecología.
Para hacer frente a esta responsabilidad, el gobierno de la República,
a través de la Universidad Nacional Autónoma de México, autorizó la construcción de
dos buques oceanográficos diseñados con la capacidad y flexibilidad adecuada para
trabajar en la Zona Económica Exclusiva Mexicana.
Desde su principio los buques fueron operados por la UNAM dentro del
marco de un convenio tripartita CONACyT PEMEX UNAM, con diez años de vigencia. Estas tres
entidades compartían el uso de los buques así como los costos totales de su operación y
mantenimiento. Mediante este mecanismo los buques fueron puestos a disposición de toda la
comunidad oceanográfica del país y su utilizaci6n fue de unos 200 días anuales en
promedio, es decir, 85% de su capacidad máxima de alrededor de 235 días al año.
A partir de 1991, al vencerse el convenio tripartita, los buques se
quedaron enteramente a cargo de la UNAM, lo que resultó en una reducción drástica en el
uso de los buques, ya que las instituciones fuera de la UNAM no contaban con los recursos
para sufragar los gastos de operación y como consecuencia de esta situación la
utilización de cada unidad se redujo a aproximadamente 100 días por año, que
corresponde sólo al 50 % de su capacidad anual.
Para aligerar la carga financiera la UNAM ha concedido el uso de los
buques a instituciones de educación superior y a empresas nacionales y extranjeras bajo
la modalidad de fletamento temporal e incluso ha tenido que fletar a compañías
norteamericanas que le han contratado al mismo PEMEX, y utilizó los ingresos
extraordinarios para la modernización del acervo instrumental científico y operacional
de ambos buques, además de sufragar parte considerable de la operación.
De lo anterior se presentan las siguientes consideraciones Que la
entrada en operación de estas unidades al inicio de la década de los 80'2 representó un
avance en el desarrollo oceanográfico nacional ya que los trabajos efectuados en estos
buques contribuyeron de manera significativa al conocimiento de los mares de México y
áreas oceanográficas aledañas en todas sus facetas como biológicas, ecol6gicas,
químicas, físicas y geol6gicas; que en la actualidad se cuenta con más de 2 mil
trabajos científicos basados en los datos obtenidos en el transcurso de las más de 400
campañas efectuadas, destacando que varios de los cuales han sido de muy alta calidad y
utilidad para diversos usuarios nacionales de la investigación como: PEMEX, la industria
pesquera, etcétera.
Que a esta producción se agrega un gran número de tesis de
licenciatura, maestría y doctorado, un hecho que además de su valor científico confirma
que la UNAM es la principal formadora de recursos humanos en la investigación marina.
Que no obstante sus casi 18 y 20 años de edad y su uso relativamente
intenso, los buques de la UNAM continúan en óptimas condiciones para su operación,
siendo necesario únicamente renovar algunos equipos que actualmente son obsoletos para
que vuelvan a ser las plataformas de trabajo que estén a disposición de todos los
investigadores marinos de México.
Para tal efecto es necesario que se les asignen los medios financieros
suficientes, adecuados y oportunos que permitan a estos buques rendir a su máxima
capacidad en la actividad, para lo que fueron adquiridos.
Que en la actualidad los buques están subutilizados a pesar de la gran
demanda que existe por parte de la comunidad oceanográfica nacional para disponer de sus
servicios, misma que no cuenta con los recursos para costear su operación, operación que
asciende actualmente a un costo anual de ambos buques acerca de 24 millones de pesos, lo
que cubre los gastos de mantenimiento y operación efectiva por 200 días en el mar de
estas unidades.
Que las instituciones que forman parte de la comunidad científica
oceanográfica del país, han manifestado su preocupación porque se asigne una partida
específica para la operación de los buques, entre otras se encuentran el Centro de
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida, la
Universidad Autónoma Metropolina Unidad Xochimilco, el Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste, el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo A. C.
Unidad Mazatlán en Acuacultura y Medio Ambiental, el Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología de la UNAM, la Universidad de Guadalajara Campús Puerto Vallarta, la Unidad
de Oceanográfica Física del Centro de Investigación Científica de Educación Superior
de Ensenada y el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Guaymas.
Por lo anteriormente expuesto y fundados los integrantes de la
Comisión de Marina, suscribimos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública otorgue a la
Universidad Nacional Autónoma de México una partida extra anual etiquetada por 24
millones de pesos para el mantenimiento y operación de sus buques oceanográficos, con la
finalidad de sostener, impulsar y darle continuidad a la investigación oceanográfica
nacional y así aprovechar adecuadamente nuestros recursos marinos.
De resultar las investigaciones de alto nivel que se esperan con el
trabajo realizado en los buques, a los que se asigne este recurso presupuestal, esta
asignación deberá incluirse en un programa permanente en el presupuesto de la
Universidad Nacional Autónoma de México.
SEGUNDO. Que se exhorte a la Universidad Nacional Autónoma de México,
para que asuma la responsabilidad de mantener los buques en condiciones adecuadas de
operación y ponerlos a la disposición de las investigaciones marinas, previa evaluación
de los proyectos sin costo para las instituciones nacionales interesadas.
TERCERO. Que se exhorte a la Universidad Nacional Autónoma de México,
para que busque los mecanismos para establecer un comité de vigilancia integrado por los
presidentes de las Comisiones de Marina, Pesca, Ciencia y Tecnología de la Cámara de
Diputados por el Coordinador de Investigación Científica de la UNAM y por un
representante de la Dirección de Oceanografía Naval de la Secretaría de Marina.
La función de este Comité será la de vigilar, auditar y discutir el
destino de los recursos del presupuesto asignado.
CUARTO: Que se conforme un Comité Académico Interinstitucional, con
el objeto de evaluar y asignar el tiempo de buque a aquellos proyectos que se consideren
de trascendencia nacional. Este órgano estará compuesto por científicos de reconocida
capacidad dentro de la comunidad coeanográfica nacional y de dos distinguidos expertos en
representación de los usuarios de la investigación.
QUINTO. Los recursos serán depositados dentro de la Tesorería del
Patronato de la UNAM y serán vigilados y auditados por la Contraloría de la UNAM.
Así lo acordamos y firmamos en el Palacio Legislativo de San Lázaro,
a los doce días del mes de diciembre del año dos mil. Veintiún rúbricas de los
integrantes de la Comisión de Marina que hemos concensado dicha proposición y hemos
incidido específicamente en el punto antes mencionado, a sabiendas de que el objetivo
fijado es perfectamente ejecutable.
Por lo expuesto, y con fundamento en los Artículos 58 Numeral 3 y 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos así como el Artículo 9o. inciso c) del Acuerdo Parlamentario relativo a las
sesiones e integración del orden del día, los debates y las votaciones de la Cámara de
Diputados, solicito se turne a la brevedad el presente Punto de Acuerdo a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes. Es cuanto señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado César Patricio Reyes Roel.
Como usted lo solicita, desde luego se turna la proposición con punto
de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se le ofrece el uso de la palabra al diputado Jaime Alcántara Silva
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos
para referirse a este tema.
EL C. DIPUTADO JAIME ALCANTARA SILVA. Con su permiso, señor
Presidente.
Creo que la Comisión de Marina ha tomado una determinación que aunque
sea un leve destello, seguramente marcará pautas para que en el futuro no lejano, la
investigación pueda ser parte de nuestra vida diaria y que México esté inmerso en la
gran posibilidad de convertirse en un país con investigación.
El caso de los dos buques, yo creo que debiera ser incluso solamente un
señalamiento para que nosotros destináramos, tanto en el sector público como en el
privado, recursos para la investigación. 24 millones de pesos a la mejor estén dispersos
por ahí en alguna oficina burocrática para kleenex, para refrescos, para servilletas y
creo que es algo verdaderamente sustancial para la vida de nuestro país.
Quisiera darles algunos antecedentes y yo quiero referirme en una sola
vertiente: en el ámbito pesquero, y en el ámbito pesquero se justifica si no tuviéramos
ese otro gran refilón, que es dado los días en los que estamos viviendo, la gran
referencia de nuestro presupuesto nacional.
Nuestro mar territorial tiene algunos antecedentes: el 10 de abril de
1865 se hizo un enunciado que decía: "el mar territorial conforme a los principios
reconocidos por el derecho de gentes y salvas las disposiciones contenidas en los
tratados......", y hace el anuncio de lo que es el mar territorial, sin decir
específicamente de qué se trata.
En 1902 nuestro mar territorial tuvo ya una definición en un convenio
firmado con países como Suecia, Noruega, Ecuador, Gran Bretaña, Holanda y otros y fue
fijado por ley.
Lázaro Cárdenas, en 1935, en base a prácticas de otros países
amplió hasta 9 millas; en el 67, en la Presidencia de Gustavo Díaz Ordaz se fijo en 12
millas y fue la XLVII Legislatura la encargada de recibir y dictaminar dicha iniciativa .
Pero en 1975, como una cuestión que fue motivo de una gran
controversia, como muchos lo recordamos, se dio lo que hasta ahora tenemos nosotros y que
tiene reconocimiento ya internacional, no obstante repito, ustedes recordarán aquellas
grandes resistencias sobre todo de los países pesqueros con un gran potencial como
Estados Unidos, Japón, Noruega, y son las 200 millas náuticas sobre el mar.
Mediante esas reformas hoy México ejerce una soberanía sobre una
superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados. El mar territorial, como todos
lo sabemos, solamente puede ser explotado por las naciones que lo ejercen y, salvo el
caso, por ejemplo con Cuba, donde no hay 400 kilómetros, en el resto, tanto en el lado
del Golfo como en el lado del Océano Pacífico, nosotros tenemos 200 millas y
prácticamente pocas investigaciones para que nosotros sepamos cómo explotar esos
recursos pesqueros.
Nosotros tenemos litorales en el Pacífico por 7,147 kilómetros y en
el Golfo y el Caribe 2,756 kilómetros. Esto nos habla de un gran potencial, pero con
mínimos recursos.
México, en 1997, estaba en el lugar número 19. Lo increíble, abajo
de países como Perú, Chile y China. Esto es algo inentendible, poco explicable no
obstante, repito, que los grandes recursos que tenemos son para que nuestra flota, para
que nuestros pescadores pudieran vivir plenamente de una industria como la pueden vivir
otros países avanzados.
En no pocas ocasiones nosotros vemos reportes, escuchamos por la
televisión que en el Pacífico, sobre todo, encontramos buques japoneses; del lado del
Golfo encontramos buques norteamericanos y, sin embargo, nosotros no somos capaces de
explotar estos recursos.
Tenemos nosotros 17 pesquerías y se han reconocido más de 31 especies
de animales marinos que todavía no se sabe su situación actual. La pesca constituye una
parte importante del quehacer económico nacional. El sector pesquero emplea alrededor de
320 mil personas en el país y constituye una fuente importante de alimentos para la
población y aporta insumos para la industria y divisas de la venta externa de los
productos acuícolas.
En 1997, por ejemplo, que son de los últimos datos que tuvimos, la
producción pesquera llegó a un millón 571 toneladas. Sin embargo, aun con estos
números que pudieran sonar de alguna forma como que estamos haciendo grandes avances,
aún nos falta muchísimo.
Hay conocimiento también de que países como Alemania utilizan
técnicas en las que un gran número, un gran tonelaje de especies son tiradas al mar,
después de ser capturadas, porque no les sirven. Esto simplemente con que nosotros lo
tuviéramos, aun las especies que son arrojadas al mar y que evidentemente mueren,
serviría para darle de comer a muchos pudiéramos aportar como Legislatura para que los
recursos se pudieran dar a la UNAM, hace falta una política general, una investigación
general como política de Estado. ¿Qué vamos a hacer?
Empresas extranjeras, por ejemplo como la Dupont, tiene investigaciones
hasta del 2 por ciento exclusivamente, perdón, recursos exclusivamente por el 2 por
ciento para investigación. En muchos casos su gente se la pasa 10, 15 años sin lograr
investigar absolutamente nada. Sin embargo, cuando llegan a descubrir cuestiones
importantes desquitan lo que quizá no hubieran trabajado en 100 ó 200 años.
Es por ello que me sumo a la propuesta de la Comisión de Marina, a
efecto de que estos 24 millones de pesos que en poco o en nada pudieran impactar con los
recursos que se destinarán para el gasto público del 2001, pudieran ser canalizados y
creo que serán de los mejores recursos, sobre todo si se hacen como lo está proponiendo
la propia Comisión, que sean etiquetados a efecto de que no puedan ser objeto de algún
cambio en el destino final de ellos.
Y quiero también aquí exhortar no solo a la Comisión de Presupuesto
sino a la Comisión de Ciencia y Tecnología, a la Comisión de Educación, a efecto de
que la investigación como tal sea hoy día parte consustancial de los estudios
nacionales. Estoy seguro que con ellos nuestro futuro podrá ser promisorio.
Muchísimas gracias.
[Aplausos del grupo parlamentario priísta]
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Al
contrario, gracias a usted Diputado Alcántara Silva.
Para referirse a este tema, que corresponde a la proposición con punto
de acuerdo para que el Presupuesto de Egresos que se aprobará en este periodo a la UNAM
se le considere una partida extra anual destinada al mantenimiento de operación de buques
oceanográficos, con la finalidad de sostener e impulsar la investigación oceanográfica
y aprovechar los recursos marítimos, ha solicitado también el uso de la palabra el
Diputado Omar Fayad Meneses y se le concede hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES [PRI]:
Señor Presidente;
Amigas y amigos Diputados:
He pedido hacer el uso de la palabra en este tema para apoyar este
punto de acuerdo y que en virtud de ello se pueda incluir este presupuesto que se
solicita, para que los dos buques que se dedican a la investigación oceanográfica de la
Universidad Nacional puedan seguirse sosteniendo y lo hago tratando de mover y de motivar
en ustedes un sentimiento particular debido a que no es la frivolidad de querer sostener
dos barcos por una institución, sino que esta institución y estos buques se dedican a la
tarea más noble, al mejor fin: se dedican a la educación y se dedican a la
investigación científica y tecnológica y se dedican a preparar a los jóvenes mexicanos
en los temas de investigación oceanográfica.
Los mexicanos tenemos qué ver el potencial que nuestros litorales
tienen. Los mexicanos no podemos perder de vista que tenemos un potencial inmenso en la
pesca y que tenemos un potencial inmenso en las actividades que se realizan en nuestros
mares. Sin embargo, a veces no dan los resultados que esperamos porque no contamos con los
elementos necesarios, porque la investigación científica y tecnológica es poca, porque
la investigación que se realiza es pobre y porque no se tienen ni los recursos necesarios
ni los elementos necesarios para realizarla de la mejor manera.
Por eso es que debemos de pensar que todo aquello que resulte o redunde
en el apoyo a través de los mejores mecanismos para la enseñanza y del apoyo para la
investigación científica sea un tema que se considere como una constante en las labores
que realizamos aquí en la Cámara, para que podamos apoyarla.
El presupuesto que se pide es poco. La verdad de las cosas es que ese
presupuesto puede obtenerse en cualquiera de los rubros y en cualquiera de las partidas
que estamos manejando en el presupuesto de cualquier cosa. No es grande el número de
recursos que se requieren y es por ello que quienes estamos empeñados en apoyar esta
moción, hemos querido comentar con ustedes la nobleza del fin para lo que los dos buques
se van a dedicar.
Amigas y amigos: Tenemos en el Pacífico litorales por más de 7 mil
kilómetros y en el Golfo y en el Caribe por más de 2 mil 500. Son muy grandes nuestros
litorales, es muy poco el presupuesto que se requiere, es mucha la labor de educación y
de investigación que se requiere también. Esto va a permitir explotar mejor nuestros
mares para vivir mejor. Ojalá que podamos apoyar a los compañeros que presentan este
punto de acuerdo y que esta Cámara y que el Congreso pueda aprobar el presupuesto
necesario para que estos dos buques de investigación oceanográfica puedan no solamente
seguir cumpliendo cabalmente su fin sino que ojalá también en lo sucesivo podamos
incluir otro punto de acuerdo para que esta flota pueda seguir creciendo,
Muchísimas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias
diputado Omar Fayad Meneses.
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Compañeras y compañeros diputados: Hemos recibido en este momento
oficios de la Honorable Cámara de Senadores y ruego a la Secretaría dé cuenta con
ellos.
EL C. SECRETARIO, DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: De la Presidencia de la
Mesa Directiva del Senado de la República.
Oficio del Senado de la República, con el que se remite Minuta
Proyecto de Decreto que concede permiso a la C. Lic. Ma. de los Angeles Moreno Uriegas,
para aceptar y usar la condecoración de la orden Manuel Amador Guerrero en grado de Gran
Cruz que le confiere el gobierno de la República de Panamá.
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a la ciudadana
Licenciada MARIA DE LOS ANGELES MORENO Y URIEGAS, para aceptar y usar la Condecoración de
la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la
República de Panamá.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO UNICO. Se concede permiso a la ciudadana Licenciada MARIA DE
LOS ANGELES MORENO Y URIEGAS, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Manuel
Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República de
Panamá.
EL C. PRESIDENTE: Esta Minuta que nos ha remitido la colegisladora, se
turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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EL C. SECRETARIO, DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Un segundo comunicado
de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.
Oficio del Senado de la República, con el que se remite Minuta
Proyecto de Decreto que concede permiso a los CC. General Brigadier Diplomado de Estado
Mayor, Carlos Valle Mosqueda y General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor Roberto
Miranda Sánchez, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos
extranjeros.
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor CARLOS VALLE MOZQUEDA y General de Brigada
Diplomado de Estado Mayor ROBERTO MIRANDA SANCHEZ, para aceptar y usar condecoraciones
conferidas por gobiernos extranjeros.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor CARLOS VALLE MOZQUEDA, para aceptar y usar la Condecoración
Medalla Conmemorativa Primero de Agosto, que le confiere el Gobierno de la República
Popular China.
ARTICULO SEGUNDO. Se concede permiso al ciudadano General de Brigada
Diplomado de Estado Mayor ROBERTO MLRANDA SANCHEZ, para aceptar y usar la Condecoración
de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de
la República de Panamá.
Es todo, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
Esta minuta que también la remite la Honorable Cámara de Senadores,
se turna igualmente a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Esta Presidencia quiere ampliar el turno que dio a la iniciativa
presentada por el diputado Amador Rodríguez Lozano al inicio de esta sesión, en
relación a una reforma a la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de petróleo y que fue turnada a la
Comisión de Energéticos.
Solicito a la Secretaria tomar nota que se amplía el turno también a
la Comisión de Comercio.
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Continuando con las proposiciones con punto de acuerdo, se concede el
uso de la palabra al diputado Juan Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del Partido
del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que en el
presupuesto del año 2001 se considere el apoyo a las áreas marginadas en el estado de
Zacatecas,
Tiene usted el uso de la palabra hasta por diez minutos, diputado Juan
Carlos.
EL DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME (P.T.): Con el permiso de la
Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El Grupo Parlamentario del Partido del
Trabajo tiene particular interés en abordar los problemas que enfrentan diversas
entidades de nuestro país relativos a la carencia de agua y a la situación de miseria en
que se encuentran millones de nuestros compatriotas que habitan en las zonas áridas que
abarca a los Estados de Durango, Hidalgo, particularmente del Valle del Mezquital, Sonora,
Aguascalientes, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Zacatecas.
Para resolver la problemática del agua y la atención a los pobladores
que viven en condiciones de pobreza extrema, se crearon los programas de la Comisión
Nacional de Zonas Aridas, la CONAZA, cuyos objetivos fundamentales son apoyar la
conclusión de obras, acciones y proyectos orientados al abasto y distribución de agua
para consumo humano y para la producción agrícola.
Su línea de acción fundamental se orienta a fomentar el desarrollo de
proyectos productivos que sean viables y que alienten la expansión agropecuaria,
La importancia de esos programas estriba en que representan un punto de
apoyo para hacer que en los desiertos y semidesiertos de nuestro país los habitantes
cuenten con agua potable así como con el apoyo financiero para el desarrollo de la
producción agropecuaria beneficiando con ello a 4.8 millones de personas que están
distribuidas en 512 municipios.
Sin embargo los recursos que se proponen a estos programas para el
ejercicio fiscal del año 2001 son apenas de 169 millones de pesos, nos interesa destacar
que este programa también atienda a los habitantes que viven en condiciones de pobreza
extrema en estados como Baja California Sur, Sonora, Querétaro, Puebla Yucatán y
Tlaxcala, en este ultimo Estado a través del Plan Acuario cuyo objetivo es abastecer de
agua a un amplio sector de la población en suma, la CONAZA representa un esfuerzo de gran
trascendencia coordinado por la SEDESOL como cabeza de sector.
También es importante puntualizar la situación eh la que se encuentra
un número considerable de municipios del Estado de Zacatecas que forman parte de las
zonas áridas en las que no se dispone prácticamente del sistema de riego por falta de
precipitación pluvial, donde las cosechas son de muy bajo rendimiento y los cultivos se
llegan a perder en más del 70%.
Resulta lamentable ver la situación de los productores zacatecanos que
habitan en los municipios como Concepción del Oro, Mazapil, El Salvador, Melchor Ocampo,
Vila de Cos, Vinos, Noria de Angeles, Villa González Ortega, Cañitas de Felipe Pescador,
Francisco R. Gurría, entre otros, que por la falta de agua para regar sus cosechas se
sumergen más y más en la miseria y ante este hecho no podemos permanecer cruzados ni
permitir que por criterios de burocratismo o por intereses ajenos al campo los recursos
económicos que necesita esta población para resolver sus graves carencias se le den de
manera limitada y a cuentagotas.
Quiero señalar que el Estado de Zacatecas ha sido uno de los más
castigados por las sequías que ha sufrido nuestro país en los últimos años y eso ha
obligado a que miles de zacatecanos emigren hacia Estados Unidos en busca de mejores
oportunidades que muchas veces no encuentran en la entidad ni en otra región del país.
Los problemas que aquejan a los pobladores de los municipios de la
parte norte del Estado son verdaderamente dramáticos, entre ellos destaca en particular
la desnutrición que sufren miles de infantes, la tierra de uso agrícola como ya lo
dijimos son de baja productividad en su mayoría, la producción agropecuaria es de
autoconsumo; las vías de comunicaci6n son de terraceria y caminos vecinales; en materia
de salud los hombres, las mujeres y los niños de distintas comunidades que integran estos
municipios tienen que acudir a clínicas regionales donde se presta atención únicamente
en servicio de martes a jueves, por lo que hasta la forma de enfermarse pareciera ser que
tiene que programarse.
Estas comunidades también carecen de servicios elementales como es
luz, drenaje, agua potable, alcantarillado, entre otras. Como ya lo señalamos en el caso
del agua potable tienen que consumir de pozas que se construyen para aprovechar las
escasas lluvias que de vez en cuando llegan a producirse. Ya no se diga las oportunidades
de empleo, allá no se conocen otras opciones que no sea trabajar en el campo o emigrar
hacia Estados Unidos, o bien trasladarse de forma temporal hacia otras entidades de la
República.
En estas circunstancias, esta soberanía tiene hoy el compromiso legal
y moral con el pueblo de este país pero en particular con los hombres del campo, que
esperan que de nuestras acciones surjan respuestas de solución a sus necesidades y lo
mejor que podemos hacer en nuestra función de legisladores es partir de una actitud
absolutamente sensible a las justas demandas de los habitantes de las zonas áridas del
territorio nacional y en particular de Zacatecas.
Por esta razón, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos propone al Pleno de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO:
ARTICULO UNICO. Que esta honorable Cámara de Diputados apruebe
incrementar en 100% los recursos presupuestales que propone el Ejecutivo Federal para los
programas de la Comisión Nacional de Zonas Aridas, la CONAZA, con el propósito de que
los recursos incrementados se designen al desarrollo de proyectos productivos, así como a
la perforación de pozos para agua potable para abastecer del vital líquido a los
pobladores de los municipios de la zona norte del Estado de Zacatecas y para que se
beneficien de estos programas.
Es cuanto señor Presidente.
Firman este punto de acuerdo el diputado José Antonio García Leyva,
Jorge Luis García Vera, del Partido Revolucionario Institucional; Alfonso Oliverio Elías
Cardona, Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; José Narro
Céspedes, Juan Carlos Regis Adame, Rosalía Peredo Aguilar y Jaime Cervantes Rivera, del
Partido del Trabajo.
Hacemos entrega a esta Secretaría.
EL PRESIDENTE: La proposición presentada por el diputado Juan Carlos
Regis Adame, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo para evitar el
establecimiento de un relleno sanitario.... Don Augusto Gómez Villanueva, para el tema
anterior.
Se le concede el uso de la palabra al diputado don Augusto Gómez
Villanueva.
EL C. DIPUTADO AUGUSTO GOA~IEZ VILLANUIEVA (PRI): Con su permiso,
señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Cuando hablamos de zonas áridas, hablamos de la superficie geográfica
del país que equivale a la mitad del territorio nacional, el 52.5%; 512 municipios que
abarcan 76 micro regiones en las cuales en las tierras dedicadas escasamente a la
agricultura temporal y a la ganadería menor, se localizan cuatro millones 800 mil
campesinos, que tienen las condiciones económicas y sociales más difíciles del campo
del país y que logran sobrevivir en una agricultura de franca subsistencia.
Son las regiones en las cuales habitan las familias mexicanas que se
debaten en la más infinita de las pobrezas, desnutrición y desempleo son la dualidad que
las caracteriza. Es ahí donde la falta de vías de comunicación se vuelve uno de los
más grandes agravios al ser humano, su aislamiento es sinónimo de un eterno sufrimiento
por la falta de agua, con un clima hostil que asocia el frío intenso de las estaciones de
invierno y una temperatura insufrible en la época de verano, la escasa precipitación
pluvial se traduce en una producción recolectora de maíz y de temporal que arroja un
promedio de 200 kilogramos por hectárea, la más baja del país, Es ahí donde reside la
población que registra los más altos Indices del subdesarrollo, alta mortalidad y
morbilidad, como lo decía mi compañero diputado que hizo uso de la palabra y una
población infantil que fallece por enfermedades digestivas y de las vías respiratorias
que en el promedio general de la población mexicana ha desaparecido. Sin embargo, es ahí
en donde reside el mayor número de mexicanos calificados como analfabetos, los más
pobres de los pobres, los que agotados los recursos de subsistencia de las plantas del
desierto tienen que emigrar con largas penalidades a otros lugares como jornaleros
agrícolas a las ciudades o a los Estados Unidos.
El tema presentado por nuestro compañero diputado legislador por el
Partido del Trabajo, podría tener el mismo rostro en Zacatecas, Baja California,
Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, algunas micro regiones de
Querétaro, Aguascalientes, otras como la Mixteca en Oaxaca y otras en Hidalgo, Tlaxcala y
otras tantas entidades federativas.
El tema, por lo tanto, trasciende no sólo a la geografía y al paisaje
humano, el tema tiene que ver con el contexto de la geografía de México, pero también
con la visión histórica, cultural y política, pero básicamente con los criterios de
política económica que hoy por hoy es importante recordar, que tratándose de una
propuesta para ser considerada en el Presupuesto de Egresos de la Federación, debe de
reexaminarse a la luz de la filosofía que los inspira.
Consideramos que es muy importante que si bien ahí concurren factores
que conlleva nuestro propio subdesarrollo y las múltiples exigencias que impone el
crecimiento demográfico, lo grave es que en este presupuesto se ignore que el problema es
de tal gravedad que habría que reexaminarlo a la luz de una mesa específicamente
dedicada al tema del desarrollo agropecuario, porque si revisamos el contenido y la
filosofía del actual presupuesto, encontramos que para el desarrollo agropecuario se
destina la cifra más baja de toda la historia para atender las crecientes demandas de
este desarrollo y del campo del país. Pero más grave resulta que se ignore en el
proyecto decreto enviado por el Ejecutivo a esta Cámara, la propiedad social, ejidos,
comunidades y pequeñísimos microminifundistas, y por otra se pretenda prácticamente
desaparecer la banca de desarrollo y privilegiar sólo a las organizaciones no
gubernamentales en los programas de apoyo a las microempresas, incluyendo la transferencia
de los recursos de FONAES, y que ahora se ubicarían en la Secretaría de Comercio.
La asignación de recursos productivos, obras hidráulicas, crédito e
investigación, son temas que efectivamente deben de llamar la atención a los miembros
integrantes de las Comisiones de Hacienda y Programación y Presupuesto, para revisar los
criterios que se deben aplicar para la asignación de estos recursos.
Estos y otras tantas cuestiones tienen que ver y están presentes en el
Presupuesto de Egresos, por lo tanto la propuesta de los compañeros diputados del PT de
Zacatecas la hacemos nuestra el Partido Revolucionario Institucional, porque consideramos,
la diputación de la Confederación Nacional Campesina y del sector agrario en general,
que desde ahora debemos de participar en la organización de una mesa de desarrollo del
campo y en ella incluir las zonas áridas como uno de los temas de su agenda.
El tema del campo debemos de enfrentarlo y proponerlo como una
política de Estado. Ignorar su importancia y gravedad es tanto como anunciar que los
propósitos de paz y de diálogo podrían trasladarse a una convocatoria a la
insurrección campesina.
Creemos que el gasto productivo debe ser moderna expresión del
esfuerzo de la sociedad, es la sociedad la que ahorra los impuestos. Dejemos que el
presupuesto sea expresión del propósito social de desarrollar un país, de dar
ocupación y empleo como el que, sin duda, hace falta en las zonas áridas, lograr la
excelencia para expresar el apoyo que la sociedad da a quien nos piden; no nos piden
limosna, sino que nos piden apoyo digno a su digno trabajo.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Augusto Gómez Villanueva.
Se solicita a la Secretaría que incluya el texto de la intervención
del diputado Gómez Villanueva en el turno a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública.
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El siguiente punto de acuerdo es el referente al tema mediante el cual
se busca evitar el establecimiento de un relleno sanitario en la Ciudad de León,
Guanajuato, a cargo del diputado Alejandro García Sainz Arena, del Partido Verde
Ecologista de México, quien tiene la palabra hasta por diez minutos.
EL DIP. ALEJANDRO GARCIA SAINZ ARENA: Con su permiso, señor
Presidente. Compañeras y compañeros diputados:
En relación con la información presentada por ciudadanos residentes
de la Ciudad de León, Guanajuato, esta fracción parlamentaria del Partido Verde
Ecologista de México pone a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados lo
relativo a la situación del nuevo relleno sanitario del municipio de León, y al tenor de
las siguientes observaciones nos permitimos hacer las siguientes consideraciones:
Que esta fracción parlamentaria, con la información recibida y
ampliada por la investigación realizada, tiene conocimiento documentado de las graves e
irreversibles afectaciones que la ejecución del proyecto de referencia causaría al
hábitat de la zona.
Derivado de dicha investigación se pudo constatar que existen serias
contradicciones e irregularidades entre los esfuerzos de conservación y protecci6n en la
zona y las actividades económicas y de desarrollo promovidas en el mismo sitio como lo es
el proyecto en cita.
Antes de explicar las características del lugar, en donde se pretende
llevar a cabo el mencionado relleno sanitario, debemos de tener en consideración que para
elegir un sitio adecuado para la disposición final de los residuos sólidos municipales,
debemos de tener en cuenta las características que un lugar como éste debe de tener.
En primer lugar debemos de tomar en consideración el medio físico del
lugar en cuestión, mismo que no debe estar en llanuras de inundaciones, valles aluviales,
sierras en cuencas cerradas en lugares de vientos fuertes o precipitaciones voluminosas.
También es importante que el terreno sea impermeable, lo anterior por
los lixiviados, los cuales se disuelven en líquidos aumentando su toxicidad y fácilmente
pueden ser arrastrados por las precipitaciones pluviales o también pueden generar
emanaciones.
Para la localización de un relleno sanitario, es de vital importancia
que éste se ubique a por lo menos un kilómetro de cualquier cuerpo de agua,
independientemente de que éste sea subterráneo o no. En cuanto a la inclinación del
terreno, éste debe de tener una inclinación de entre uno y seis grados.
Quizá uno de los factores más importantes a considerar en la
elección de un terreno sanitario, es que el predio no forme parte de algún tipo de área
natural protegida, ya sea federal o estatal.
Una vez mencionada las características que se supone debe de tener un
predio en donde se pretender establecer un relleno sanitario, analizaremos las
características del predio en donde se pretende ubicar el proyecto.
El lugar denominado en la zona " El Verde", tiene un uso de
suelo de reservar ecológica y forestal, el cual sólo puede ser accedido por la carretera
federal número 45, que va a Lagos de Moreno, Jalisco, la cual tiene tráfico pesado con
alta incidencia de accidentes.
El Verde se encuentra a 60 metros de un arroyo, el cual podría llegar
a ser contaminado por los lixiviados. Asimismo los lixiviados podrían fácilmente
contaminar los mantos acuíferos, ya que el suelo en donde se pretende llevar a cabo el
proyecto, se caracteriza por su alta permeabilidad, al estar formado principalmente por
piedra redonda.
En este mismo sentido, se debe de tomar en consideración que en la
comunidad aledaña, "El Lobo", existen espejos de agua a 80 metros y otro cuerpo
de agua a 60 metros; de hecho existen antecedentes de filtraciones de gaseoducto que pasa
por la zona, por lo que el lugar no es adecuado para la instalación de la obra que se
pretende.
Más aún, en virtud de que el mencionado lugar se encuentra en una
zona alta, la misma cuenta con vientos dominantes que se dirigen a la ciudad de León,
Guanajuato y acarrearía fetidez hacia la ciudad.
Otros inconvenientes del pretendido lugar, es que se localiza a 200
metros del límite con el estado de Jalisco, y que por debajo del camino que lleva a este
sitio, se localiza un gaseoducto de PEMEX, mismo que podría ser afectado por el peso de
los grandes camiones recolectores de basura que transitarían a diario.
En lo que respecta a los aspectos legales, las bases de la licitación
para llevar a cabo el mencionado proyecto establecen que los participantes deberán
localizar, seleccionar, proponer y afectar a la prestación del servicio, el sitio para el
confinamiento de los residuos sólidos municipales no peligrosos.
La Ley Ambiental Estatal del estado de Guanajuato, establece en el
artículo 103, fracción I, que para la preservación y aprovechamiento sustentable del
suelo, se consideran entre varios criterios el siguiente:
El uso del suelo debe ser compatible con su vocación y no debe alterar
el equilibrio del ecosistema.
Conforme al criterio antes mencionado, no es entendible que la
autoridad municipal en inobservancia de la ley haya propuesto como sitio un lugar
destinado a la reserva ecológica y zona de recarga y microcuenca, según lo dispone el
Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial vigente en 1997.
Por su parte, de acuerdo al artículo octavo del mencionado
ordenamiento, es atribución del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato evaluar
el impacto ambiental que puede causar la realización de estas obras, actividades
públicas o privadas que no se encuentran reservadas a la federación y emitir la
resolución correspondiente.
Ahora bien, el artículo 27 de la Ley Ambiental de Guanajuato establece
lo siguiente:
"Requerirán previamente en materia de impacto ambiental al
Instituto de Ecología del estado, quien pretenda llevar a cabo alguna de las siguientes
obras o actividades, las de carácter público o privado destinadas a la prestación de un
servicio público de competencia estatal o municipal que por sus características objeto
implique riesgo al ambiente."
Por otra parte la empresa inicio sus operaciones antes de obtener los
permisos, licencias y la firma del título concesión, pese a que se establece en las
bases que el propio ayuntamiento emiti6, en donde dice que el participante al que se le
otorgue la concesión, deberá suscribir el título concesión a más tardar dentro de los
5 días siguientes a la aprobación del Honorable Congreso del Estado a la solicitud del
plazo de la concesión, lo que le daría posibilidad de obtener los permisos y licencias
referidas. En contravención a ello la empresa realizó actividades desde el 23 de agosto
del año en curso, lo cual ocasionó la intervención de la Procuraduría de Protección
del Ambiente del Estado, la cual clausuró el sitio y suspendió las actividades que se
estaban realizando.
Es importante mencionar que la empresa debasto sin autorización
alguna, aproximadamente 16 hectáreas de vegetación, lo cual si recordamos que el área
donde se pretende ubicar el proyecto es una reserva ecológica y forestal, resulta
doblemente grave.
Por otro lado, debemos de tomar en consideración que normalmente los
rellenos sanitarios tienen 50% de materia volátil, 25 de desechos inertes y 25 de
humedad, por lo que aproximadamente un 75 % de los desechos provocarían contaminaci6n
atmosférica y al suelo, por lo que aunado al argumento mencionado con anterioridad y
tomando en consideración que se planea realizar una excavaci6n de s61o 9 metros de
profundidad, implicaría, como se mencion6 con anterioridad, que los vientos arrastrarían
la contaminación atmosférica a la ciudad de Le6n, Guanajuato.
Para concluir es preciso mencionar que existen otros predios con
características más adecuadas para llevar a cabo un proyecto de la naturaleza del que se
propone y en donde el impacto ambiental de las obras sería considerablemente menor en el
predio denominado " El Verde".
Con base en las observaciones formuladas y las consideraciones
apuntadas, sometemos al pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Se solicita respetuosamente a las autoridades del estado de
Guanajuato, para que consideren el llevar a cabo el mencionado relleno sanitario en otros
sitios distintos al que hoy ocupa el área natural protegida estatal y en donde la
población tenga menor riesgo de tener un impacto negativo por contaminación.
Firman al calce todos los miembros del Partido Verde Ecologista, el
diputado Miguel Gutiérrez, del PAN; el diputado Víctor Díaz, del PRI; Juan Carlos
Sáinz Lozano, del PAN; Silvia Alvarez, del PAN y Jesús Hurtado Torres, del PAN.
Es todo, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado García Sáinz Arena.
Sobre este tema y al terminar este tema la Presidencia informará a la
Asamblea el estado que guarda la elaboración de los dictámenes de la Ley de Ingresos y
de la Ley de Coordinación Fiscal. Pero en este tema todavía está inscrito el diputado
Rubén García Farías, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
a quien se le concede el uso de la palabra por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO RUBEN GARCIA FARIAS: Gracias diputado presidente.
Incuestionablemente que los temas ambientales son de la mayor envergadura,
incuestionablemente que el ser humano parece que se está empeñando en destruir en ésta
la tierra, la casa de los seres humanos.
A veces pineso que don Goyo precisamente pudiera estar disgustado por
la forma en que estamos destruyendo nuestro hogar, por eso y por otras muchas razones he
considerado pertinente acudir a esta tribuna a manifestar la plena solidaridad del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a quien me antecedió en el uso de
la palabra.
Reclamar la construcción de un relleno sanitario, pudiera parecer por
una parte un asunto baladíe, por otra parte pudiera parecer que estuviéramos
incursionando en el ámbito de atribuciones del gobierno del estado de Guanajuato o del
gobierno municipal de León.
Yo debo de decir que hay profunda razón de que se acuda a esta tribuna
en este asunto, León es la primera ciudad en importancia industrial ahora ya educativa,
de mi estado de Guanajuato. El relleno sanitario ha venido a ser un conflicto que no se ha
podido resolver, porque ha habido combinaciones políticas con combinaciones mercantiles.
El Congreso del Estado ha tenido que negar la concesión a una empresa,
a la Promotora Ambiental que tiene un arreglo marcadamente mercantilista con el gobierno
municipal. El gobierno municipal había otorgado una concesión de 15 años, la cual no
puede otorgarla así, porque es atribución del Congreso del Estado, que cuando una
concesión exceda el límite temporal de un gobierno municipal, tiene que revisar y
autorizar esa concesión el Congreso local.
En el caso la empresa de acuerdo con el Instituto de Ecología del
estado de Guanajuato, propuso un método de trinchera, con este método en ese predio el
Caracol, donde se busca construir el relleno sanitario, sólo podría confinarse basura
durante siete años.
Pero después el gobierno municipal, presionando al Instituto de
Ecología, consigue que se autorice a la empresa un método de pastel, mediante el cual si
pudiera haber un confinamiento de más de 15 años.
Aquí la opinión pública en León y en Guanajuato, considera que
estas maquinaciones son reprobables; la opinión pública de León se ha pronunciado en
contra de este relleno sanitario, todas las colonias del norte del municipio de León y
algunos otros municipios han manifestado su opinión a este proyecto.
Más todavía: el Congreso Local, por conducto de su Comisión de
Régimen Interno, presidida por el diputado Ricardo Alfredo Ling Altamirano, el 20 de
diciembre han propuesto un acuerdo para que el gobierno del estado conozca de este
problema, en virtud de que siendo las atribuciones del municipio, pero involucrando al
municipio de San Francisco del Rincón, de Romita y a una extensa región del centro de la
entidad, es necesario que haya una autoridad elevada que con el municipio y con los
municipios respectivos, puedan encontrar una solución.
Creo que el punto de acuerdo de nuestros compañeros del Verde
Ecologista que han manifestado ya preocupaciones de esa índole en varias ocasiones y que
nosotros, por cierto, hemos apoyado la emisión de esos puntos de acuerdo, creo yo que es
correcto que nosotros por la vía que considere más aceptable y correcta esta soberanía,
nos dirijamos al gobierno del estado, al Congreso Local y al ayuntamiento del municipio de
León para que se busque la mejor solución, pero digo la mejor porque algunas de las que
se están presentando involucran problemas para la agricultura, que también serían muy
graves.
En fin, si la emisión del acuerdo es una resolución de esta
soberanía, yo propongo también que se atiendan eminentemente las cuestiones agrícolas
porque el riego se afecta, y esa es una gran preocupación de los agricultores de la
región.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Rubén García Farías.
La proposición planteada por el diputado Alejandro García Sáenz
Arenas se turna a la Comisión de medio Ambiente y Recursos Naturales.
EL C. DIP. MIGUEL GUTIERREZ, HERNANDEZ, (desde su curul). Señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Permítame, diputado.
Como había ofrecido a la Asamblea, quiero informar el estado que
guardan la generación de los dictámenes y en un momento más le atiendo su solicitud.
Compañeras y compañeros.
Es verdaderamente loable y merecedora de toda nuestra consideración y
respeto, el esfuerzo que están realizando los integrantes de todos los grupos
parlamentarios en la Comisión de Hacienda.
El informe que tiene esta Presidencia, es que en este momento se
encuentra ya consensado el dictamen relativo a la Ley de Ingresos y se encuentra en la
última revisión el dictamen relativo a la Ley, a las reformas a la Ley de Coordinación
Fiscal.
No quiero ocultar ninguna información a la Asamblea. El acuerdo
político es que se tengan ambos dictámenes para procesarlos en el pleno. Tenemos uno de
ellos, se ha iniciado ya el proceso de reproducción para fotocopiado o de impresión,
para dotarlo a todas las señoras y señores diputados; pero en este sentido estar
prolongando la sesión indefinidamente también me parece que no corresponde a los
trabajos que venimos realizando. Y la Presidencia quiere sugerir y ojalá la asamblea
esté de acuerdo decretar un receso para comer de 45 minutos y en 45 minutos, con los
dictámenes reproducidos para que todos podamos conocerlos, retomar la sesión y ver si se
puede procesar en esta misma sesión ambos dictámenes, que es el compromiso político que
se tiene que honrar en esta sesión.
Señor Diputado, usted quería solicitar el uso de la palabra, pero
ahorita sería el momento de abrir el receso, para comer, por 45 minutos.
¿Quiere hacer uso de la palabra en este momento?
EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNANDEZ: Es para hechos, sobre el
mismo tema, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra, por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNANDEZ: Con su permiso, Señor
Presidente. Ha sido verdaderamente importante para un servidor, conocedor de la
problemática de los desechos sólidos municipales en el Municipio de León, unirme a este
punto de acuerdo del compañero del Partido Verde Ecologista.
Quiero decirles que tendría que manifestarme, primero, en favor de una
cultura de la vida, de una cultura que hemos perdido de vista los mexicanos y mexicanas y
que nos empieza a atrapar. Una cultura en donde hemos creído que, por arte de magia,
desaparecen esos productos que llamamos basura y que, además, con esa inconciencia
convertimos en lugares verdes, convertimos en lugares que son reservas ecológicas en
verdaderos centros que en un futuro nos van a regresar el daño a nosotros.
En otros países ha sido visto cómo se han buscado aparentes
soluciones técnicas a este problema. Honestamente, nada de lo que en el mundo se ha
descubierto para tratar los residuos sólidos municipales es una solución técnica.
Simplemente son tratamientos, simplemente se busca cómo resolver temporalmente este
problema.
Y así tenemos que en algunos los queman, producen electricidad; en
otros simplemente los arrojan al mar. En nuestro país todavía en muchos municipios
podemos observar los tiraderos a cielo abierto, sin considerar aún al menos esta técnica
del relleno sanitario.
Un relleno sanitario que técnicamente no esté bien sustentado, a la
larga lo que va a originar es que va a contaminar mantos friáticos; es que esos
lixiviados, que son el producto de esa basura, van a contaminar esa poca agua que nos
queda todavía en nuestro país. Va a producir polución. Y si están ubicados, como
éste, en una zona donde el viento predominante es de norte a sur, ya verán ustedes,
cuando visítenla ciudad de León si se llevara a cabo este relleno, que el viento va a
traer hacia nosotros, hacia los que habitamos en esta ciudad, los terribles olores y otro
tipo de enfermedades y problemas orignados precisamente.
Porque aunque el relleno sanitario aparentemente entierra toda la
basura, en realidad hay un 20 ó 30% de efectos que no están controlados en ese entierro.
Yo quisiera decir que también subo a esta tribuna de una manera
respetuosa. Yo creo que se vienen haciendo verdaderos esfuerzos en la ciudad de León por
buscar resolver este problema; se han buscado varios sitios, se han buscado convenios para
que se tenga una zona de confinamiento regional. No se ha llegado a esta solución, pero
también les pido a las autoridades municipales que tengan la prudencia y que en este
momento busquen verdaderamente un lugar en el que se pueda desarrollar este proyecto y que
a larga vida no nos produzca otros problemas a nuestra ciudad.
Espero que el gobierno del Estado, espero que los ciudadanos no nada
más en un sentido crítico sino en un sentido propositivo, como yo le digo, a favor de la
vida, comprendamos que la solución no es seguir tirando la basura sino que también
emprendamos una cultura de separación de los desechos en nuestras casas, de la no
producción de basura, que ésta realmente es la solución al problema de la basura.
Yo creo que a la par en lo que buscamos estas soluciones técnicas,
debemos emprender una verdadera campaña de educación en la que todos estemos
contribuyendo a que en el futuro no necesitemos relleno sanitarios, no necesitemos buscar
estas aparentes soluciones mágicas a estos problemas.
Por su atención, muchas gracias.
Aplausos del grupo parlamentario panista
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Al contrario,
gracias a usted Diputado Miguel Gutiérrez.
Esta Presidencia acaba de recibir comunicación del Gobierno del
Distrito Federal y pido a la Secretaría dar cuenta con el oficio.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA [PRI): Con
mucho gusto, señor Presidente. Es un oficio dirigido al Diputado Ricardo García
Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados.
"El día de hoy, 22 de diciembre de 2000, los Jefes Delegacionales
y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal acordaron por consenso buscar que el
Presupuesto que a nivel federal se asigna a la ciudad sea justo y suficiente para cubrir
los compromisos con la población capitalina de todas las demarcaciones territoriales.
"Para lograr ese objetivo se formó una comisión integrada por
los Jefes Delegacionales José Espina Von Roehrich, de Benito Juárez; Francisco de Souza
Mayo, de Cuajimalpa y Guadalupe Chavira de la Rosa, de Milpa Alta, y René Bejarano
Martínez, del Gobierno del Distrito Federal.
"La comisión concertará reuniones con la Comisión de
Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y con la Junta de Coordinación Política de
la Cámara de Diputados, a la que asistirán los Jefes Delegacionales y en la que se
buscará llegar a un acuerdo institucional.
"Por este motivo me permito solicitar a usted atentamente pudiera
hacer los trámites conducentes para que las reuniones solicitadas se lleven a cabo.
"Atentamente,
"Profesor René Bejarano Martínez, Secretario Particular del C.
Jefe de Gobierno del Distrito Federal".
Es tanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias,
señora Secretaria.
Túrnese esta comunicación a la Comisión de Presupuesto y Cuenta
Pública y a la Junta de Coordinación Política.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antes del receso, dé cuenta la Secretaria con la asistencia registrada
a esta sesión y ordénese el cierre del sistema de asistencia.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN [PRI]: Señor
Presidente: El tablero electrónico refleja una asistencia de 467 Diputados más 1 que
reportó problemas en su sistema, 468 Diputados.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Ciérrese el
sistema electrónico.
[A las 15:15 horas] Y se decreta un receso para reiniciar al punto de
las cuatro de la tarde, 16:00 horas.
R E C E S O
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: (A las 16:18
horas) Se reanuda la sesión.
Señoras Diputadas; señores Diputados: Esta directiva quiere hacer un
público reconocimiento y solicitar a todos los diputados se sumen a él, a los
integrantes de la Comisión de Hacienda que han estado trabajando, honrando los
compromisos y estableciendo los acuerdos políticos, los consensos amplios que han logrado
la generación de un dictamen para la Ley de Ingresos para el año 2001.
En este momento se encuentran aún trabajando en la Comisión de
Hacienda para generar el dictamen relativo a las reformas a la Ley de Coordinación
Fiscal.
En virtud, como lo señalé antes del receso, de que entre los grupos
parlamentarios existe el compromiso de tener ambos dictámenes y procesarlos en su
conjunto, esta Presidencia instruye a la Secretaría a que se elabore un anexo de la
Gaceta Parlamentaria del día de hoy, incluyendo el dictamen sobre la Ley de Ingresos, la
cual estará a disposición de las señoras y señores diputados esta misma tarde.
El día de hoy entregará a la Presidencia de la Cámara la Comisión
de Hacienda el dictamen relativo a la Ley de Coordinación Fiscal Y se ordena su
Publicación en la Gaceta Para el martes 26 de diciembre.
En consecuencia, solicito a la Secretaría dé cuenta con el orden del
día que se propone para la sesión del día martes 26 de diciembre.
LA C. SECRETARIA, DIP. ALI~A C~ROLINA VIGGIANO AUSTRI~: Orden del día,
26 de diciembre del 2000.
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2000
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 40
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA
26 DE DICIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACION
Del Congreso del Estado de Chihuahua.
DICTAMENES DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Ley de
Ingresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2001.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con Proyecto de Decreto
que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con Proyecto de
Decreto por el que se reforman los artículos 10, 11 y 12 de la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
EL C. PRESIDENTE: Gracias ciudadana Secretaria.
Recordarles entonces que queda a disposición de las señoras y
señores diputados los anexos de la Gaceta Parlamentaria que se generarán el día de hoy.
(A las 16: 23 horas) Se levanta la sesión y se
cita para el próximo martes 26 de diciembre a las once horas.
Feliz Navidad a todos.