SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII
LEGISLATURA,
DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2000.
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ORDEN DEL DIA 9 DE NOVIEMBRE DE 2000. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
| MINUTA | |
| PROPOSICIONES | |
| EXCITATIVA | |
| AGENDA POLÍTICA | |
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2000.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES. Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES. Se informa a la Presidencia que el tablero electrónico refleja el registro de 251 diputados, señor Presidente. Hay quórum.
EL C. PRESIDENTE. (A las 11:20 horas). Se abre la sesión.
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EL MISMO C. SECRETARIO. Se va a dar lectura al orden del día para la sesión del día 9 de noviembre del 2000.
Da lectura al orden del día.
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 9 NOVIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACINES
De los Congresos de los Estados de: Campeche, Colima, Chihuahua y Guanajuato.
De Presidentes Municipales del Estado de Guanajuato.
Del Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Del C. Dip. Eric Eber Villanueva Mukul, Vicepresidente de la Mesa Directiva.
Del Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a diversas disposiciones legales sobre la requisa, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Ley de Responsabilidad Civil por Daños y Deterioro Ambiental, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones relativas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
MINUTA
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Eduardo José Danielewicz Mata, Gabriel García Rincón, Luis Crescencio Sandoval González y María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo sobre los trabajadores del INEGI, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la Contaduría Mayor de Hacienda, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el traslado de los restos mortales de nuestros connacionales que fallecen en el extranjero, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que se revise el proyecto turístico de Xcaxel, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión)
Con Punto de Acuerdo para que se cite a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a funcionarios relacionados con la materia ambiental, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (urgente resolución).
Con Punto de Acuerdo en relación al Bono Sexenal, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre las Leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la revisión del Capítulo Agropecuario del T.L.C., a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
EXCITATIVA
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
AGENDA POLITICA
Comentarios sobre la Reforma del Estado, a cargo del Grupos Parlamentario del Partido del Trabajo.
Pronunciamiento sobre las elecciones en los Estados Unidos de América, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
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EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Le solicito, señor Secretario, consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura, toda vez que ha sido publicada y entregada a los grupos parlamentarios.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se dispensa la lectura del acta, considerando que ha sido publicada en la Gaceta, para que se proceda a su discusión y votación de inmediato.
Quienes estén en favor de la dispensa, manifestarlo en votación económica.
(votación)
Gracias.
Quienes estén en contra de la dispensa, manifestarlo de igual manera.
(votación)
Mayoría en favor de la dispensa, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Póngala a discusión y votación, señor Secretario.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES. Se pone a discusión el acta.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL MARTES SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y cuatro minutos del martes siete de noviembre de dos mil, con la asistencia de trescientos treinta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea en votación económica, aprueba el acta de la sesión anterior en. sus términos.
Diversas comunicaciones de los congresos de los estados de:
Colima, con la que adjunta punto de acuerdo sobre el Presupuesto de Egresos de dos mil uno y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, acerca de importaciones. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Colima, sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación de dos mil uno y el sector educativo. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Jalisco, sobre la explotación de los bancos de arena, piedra, tierra, cantera, jal y similares, y su relación con los ingresos municipales. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oaxaca, sobre el pago del estímulo a los trabajadores al servicio del Estado, con motivo de la conclusión de la presente administración del Poder Ejecutivo Federal. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Quintana Roo, sobre un incremento presupuestal para el Estado y sus municipios. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Una comunicación de la Secretaría de Gobernación con la que notifica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en su viaje a Bandar Seri Begawan, Brunel Darussalam, realizará también una visita a la República de Singapur los días doce y trece de noviembre de dos mil. De enterado.
Dos comunicaciones del Congreso del Estado de Quintana Roo, con las que remite:
Acuerdo sobre presupuesto y educación. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Acuerdo con el que requiere recursos económicos del Fondo de Desastres Naturales. Se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Una comunicación de la Comisión Especial para observar en los términos legales aplicables, el proceso electoral de renovación del Poder Ejecutivo, Congreso Local y ayuntamientos del Estado de Tabasco, con la que notif1ca que cuenta con un informe previo de actividades. De enterado.
Se da cuenta con tres acuerdos de la Junta de Coordinación Política, para constituir los comités del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública; del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias; y del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. En sendas votaciones económicas se aprueban. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
Se da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que informa de la designación de los diputados que formarán parte de la Comisión de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión. De enterado e inclúyase en el registro de comisiones y comités.
Para hablar sobre Felipe Carrillo Puerto, en el aniversario de su natalicio, suben a la tribuna los diputados: Rosa Elena Baduy Isaac, del Partido Revolucionario Institucional; Eric Eber Villanueva Mukul, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
La Secretaría informa que al cierre del registro electrónico, hay una asistencia de cuatrocientos veintiséis diputados.
Rinde homenaje a Jesús García, Héroe de Nacozari, la diputada Olga Haydée Flores Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal.
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
Cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
A los cuatro se les dispensa la segunda lectura. No habiendo quien haga uso de la palabra, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y siete votos en pro y ninguno en contra. Se turnan al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
Otro dictamen de la misma Comisión con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y en los consulados generales de ese país en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en Guadalajara, Jalisco. Sin discusión, la votación nominal es aprobatoria por trescientos catorce votos en pro y ninguno en contra.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal.
Se turna al Senado de la República para los efectos constitucionales.
Para presentar proposiciones con proyectos de punto de acuerdo, hablan los diputados:
Rigoberto Romero Aceves, del Partido Acción Nacional, a nombre de la Comisión de Pesca, para analizar el incremento del precio del diesel para la industria pesquera. Se turna a las comisiones de Pesca y a la de Energía.
José Soto Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la contaminación del Río Papaloapan, provocada por diversas fábricas de papel. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sobre el mismo asunto, hablan los diputados: Francisco Arano Montero, del Partido Acción Nacional; y Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México.
Celestino Bailón Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática coopera en el Estado de Guerrero.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial; de Presupuesto y Cuenta Pública; y de Agricultura y Ganadería.
Sobre el mismo tema, hablan los diputados: Jesús Dueñas Llerenas, del Partido Acción Nacional; y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.
Se pone a consideración de la Asamblea una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que dentro del permiso constitucional concedido por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de noviembre de dos mil, realice una visita de trabajo a la República de Singapur, los días doce y trece del mismo mes y ano. La Asamblea considera el asunto de urgente resolución y sin discusión se aprueba por doscientos noventa y ocho votos en pro y ocho en contra. Se turna al Poder Ejecutivo Federal para los efectos constitucionales.
También se pone a consideración de la Asamblea una proposición de la Junta de Coordinación Política que crea e integra la Junta de Apoyo Administrativo de la propia Junta de Coordinación Política. Se aprueba en votación económica y se ordena publicar en la Gaceta Parlamentaria.
El diputado José Carlos Borunda Zaragoza, del Partido Acción Nacional, presenta una proposición con punto de acuerdo sobre la administración y conservación de aguas subterráneas fronterizas. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sobre el mismo asunto7 habla el diputado Claudio Mario Bres Garza, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, se pronuncia en relación con el porrismo en los planteles educativos.
Para referirse al mismo tema, habla el diputado Héctor Israel Ortiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal.
La Secretaría da lectura al informe de la Comisión Legislativa encargada de atender la demanda de bono sexenal de diversos grupos de trabajadores, miembros de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. De enterado.
La diputada Alba Leonila Méndez Herrera del Partido Acción Nacional se refiere a la situación de la cafeticultura en México.
Para el mismo asunto, suben a la tribuna los diputados: Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo; y Adolfo Zamora Cruz del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
Desde su curul, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, solicita se verifique el quórum. El Presidente atiende la solicitud y, una vez confirmada la asistencia de diputados, hace un atento llamado a los grupos parlamentarios y a todos los diputados, para que presten atención a los diferentes temas del orden del día.
Se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática, quien se pronuncia sobre la elección del nuevo comité ejecutivo del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Para el mismo tema, suben a la tribuna los diputados: Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, del Partido Acción Nacional.
Para hacer un pronunciamiento sobre el Estado de Tabasco, se concede el uso de la palabra al diputado Auldárico Hernández Gerónimo, del Partido de la Revolución Democrática.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con treinta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves nueve de noviembre de dos mil, a las once horas.
No habiendo diputados que hagan uso de la palabra, se pregunta en votación económica si se aprueba.
Quienes estén por la afirmativa, manifestarlo en votación económica.
(votación)
Gracias. Quienes estén por la negativa, manifestarlo de igual manera.
(votación)
EL C. PRESIDENTE. Aprobada el acta.
Gracias, señor Secretario.
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Pasamos al siguiente punto del orden del día, comunicaciones.
SRIA. DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA:
OFICIO DEL ESTADO DE CAMPECHE
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión México, DF
La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche comunica que, con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, el día de hoy quedó debidamente constituida e instalada, habiéndose previamente elegido y tomado protesta, la Directiva que coordina el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional, misma que se integró de la siguiente manera:
Integrantes de la Directiva
Presidente: Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo
Primer vicepresidente: Dip. Jorge Rosiñol Abreu
Segunda vicepresidenta: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí
Primer secretario: Dip. Celso Vera Talango
Segunda secretaria: Dip. Ana Laura Alayola Vargas
Tercer secretario: Dip. Juan José Boeta Tous
Cuarto secretario: Dip. Donaldo Obregón Pérez
Integrantes de la LVII Legislatura
Mayoría relativa
Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo. Distrito I. PRI
Dip. Rafael Eduardo Alcalá Ortiz. Distrito II.
PAN Dip. Vicente Castellot Castro. Distrito III. PRI
Dip. Carlos Manuel Cambranis López. Distrito IV. PAN
Dip. Luis Fernando Sadek Abad. Distrito V. PRI
Dip. María Rafaela Santamaría Blum. Distrito VII. PRI
Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres. Distrito VII. PRI
Dip. Jorge Rosiñol Abreu. Distrito VIII. PAN
Dip. Silverio Baudelio del C. Cruz Quevedo. Distrito IX. PAN
Dip. José del Carmen Rodríguez Vera. Distrito XI. PAN
Dip. Alberto Abreu May. Distrito XII. PRI
Dip. Sergio Pérez Jiménez. Distrito XIII. PRI
Dip. Antonio Piedra Castro. Distrito XIV. PRI
Dip. Raúl Armando Uribe Flores. Distrito XV. PRI
Dip. Celso Vera Talango. Distrito XVI. PRI
Dip. César lván Arcila Amézquita. Distrito XVII. PRI
Dip. Blanca Rosalina Bernés Chan. Distrito XVIII. PRI
Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí. Distrito XIX. PRI
Dip. Juan Antonio Martínez Delgado. Distrito XX. PRI
Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera. Distrito XXI. PRI
Representación proporcional
Dip. Jorge Jiménez Domínguez, PAN
Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle, PAN
Dip. Edgar Esteban Richaud Lara, PAN
Dip. José Jesús Durán Ruiz, PAN
Dip. Donaldo Obregón Pérez, PAN
Dip. Mario Alberto Romero Gutiérrez, PAN
Dip. Fernando Eutirnio Ortega Bemés, PRI
Dip. José del Carmen Gómez Casanova, PRI
Dip. Juan José Boeta Tous, PRI
Dip. Rafael Teobaldo Pou Vera, PRI
Dip. Martín de la Cruz Castillo Valenzuela, PRD
Dip. Ana Laura Alayola Vargas, PRD
Dip. Fitzgerald de León Villard, PRD
Dip. Ana María López Hernández, PT
Lo que nos permitirnos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Celso Vera Talango (rúbrica)
Primer secretario
Dip. Ana Laura Alayola Vargas (rúbrica)
Segunda secretaria
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión México, DF
La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche comunica que, con fundamento en los artículos 22, 29 y 33 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, el día de hoy quedaron debidamente constituidas las comisiones extraordinarias y ordinarias de esta honorable Asamblea, mismas que se integraron de la siguiente manera:
Comisiones extraordinarias
Gran Comisión o Comisión de Gobierno y Administración
Presidente: Dip. Fernando Eutimio Ortega Bemés Vicepresidenta: Dip. Yolanda Valladares Valle
Secretario: Dip. José del Carmen Gómez Casanova Primer vocal: Dip. Martín de la Cruz Castillo Valenzuela
Segundo vocal: Dip. Rafael Teobaldo Pou Vera
Comisión de Vigilancia
Presidente: Dip. Luis Fernando Sadek Abad
Vicepresidente: Dip. José del Carmen Rodríguez Vera. Secretario: Dip. Sergio Pérez Jiménez
Primera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas. Segundo vocal: Dip. Antonio Piedra Castro
Comisiones ordinarias o de dictamen legislativo
Puntos Constitucionales y Gobernación
Presidente: Dip. Enrique Ariel Escalante Arceo Secretario: Dip. Silverio Baudelio Cruz Quevedo Primer vocal: Dip. Juan José Boeta Tous Segundo vocal: Dip. Celso Vera Talango Tercera vocal: Dip. Ana María López Hernández
Finanzas, Hacienda Pública, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios
Presidente: Dip. Juan Antonio Martínez Delgado Secretario: Dip. Rafael Eduardo Alcalá Ortiz
Segundo vocal: Dip. Luis Fernando Sadek Abad
Tercera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas
Desarrollo Social
Presidente: Dip. Tomás Enrique Gutiérrez Pérez Secretario: Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera Primera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas Segundo vocal: Dip. Antonio Piedra Castro Tercer vocal: Dip. Alberto Abreu May
Fomento y Desarrollo Agropecuario y Forestal
Presidente: Dip. Jorge Rosinol Abreu Secretario: Dip. Antonio Piedra Castro Primera vocal: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí Segundo vocal: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres Tercer vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard
Desarrollo Industrial, Fomento Económico y Desarrollo Turístico
Presidente: Dip. María Rafaela Santamaría Blum Secretario: Dip. Carlos Ernilio Baqueiro Cáceres Primer vocal: Dip. Juan José Boeta Tous Segundo vocal: Dip. Edgar Esteban Richaud Lara Tercer vocal: Dip. Vicente Castellot Castro
Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas
Presidente: Dip. Raúl Armando Uribe Flores Secretario: Dip. Mario Alberto Romero Gutiérrez Primer vocal: Dip. Sergio Pérez Jiménez Segundo vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard Tercera vocal: Dip. María Rafaela Santamaria Blum
Salud, Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales
Presidente: Dip. Carlos Manuel Cambranis López Secretario: Dip. Juan José Boeta Tous Primera vocal: Dip. Blanca Rosalina Bernés Chan Segundo vocal: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres Tercera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas
Educación, Cultura y Deporte
Presidente: Dip. César Iván Arcila Amézquita Secretario: Dip. Celso Vera Talango
Segunda vocal: Dip. Yolanda Guadalupe Valladares Valle Tercer vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard
Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos
Presidente: Dip. Vicente Castellot Castro Secretario: Dip. Donaldo Obregón Pérez Primera vocal: Dip. María Rafaela Santamaría Blum Segundo vocal: Dip. Alberto Abreu May Tercer vocal: Dip. Fitzgerald de León Villard
Fomento y Desarrollo Pesquero
Presidente: Dip. Fitzgerald de León Villard Secretario: Dip. Celso Vera Talango Primer vocal: Dip. Silverio Baudelio Cruz Quevedo Segundo vocal: Dip. Alberto Abreu May Tercera vocal: Dip. Ana María López Hernández
Fortalecimiento Municipal
Presidente: Dip. José Jesús Durán Ruiz Secretario: Dip. Raúl Armando Uribe Flores Primer vocal: Dip. Enrique Alejandro Muñoz Herrera Segunda vocal: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí Tercera vocal: Dip. Ana Laura Alayola Vargas.
Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas
Presidente: Dip. Jorge Jiménez Domínguez Secretaria: Dip. Isabel del Rosario Chan Pantí Primera vocal: Dip. Blanca Rosalina Bemés Chan Segunda vocal: Dip. Ana María López Hernández Tercer vocal: Dip. Carlos Emilio Baqueiro Cáceres
Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Celso Vera Talango (rúbrica)
Primer secretario
Dip. Ana Laura Alayola Vargas (rúbrica)
Segunda Secretaria
Trámite: De enterado.
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MISMA SECRETARIA:
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
CC. Diputados Secretarios
De la Mesa Directiva
De la H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
México, DF
En Sesión Pública Ordinaria celebrada el día de hoy, los integrantes de la H LIII Legislatura del Estado Libre y Soberano de Colima, en ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 37, fracción I, de la Constitución Política local; 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, emitieron y aprobaron por unanimidad de votos de sus integrantes un Punto de Acuerdo, el cual en su resolutivo textualmente señala:
"Se exija al C. Presidente de la República Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, autorizar el pago extraordinario denominado bono sexenal, a los trabajadores de base al servicio de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Se solicite a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la modificación del articulo 54 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2000, con el objeto de permitir que el Ejecutivo federal pueda otorgar el pago antes mencionado."
Lo que comunicamos a ustedes, en vía de petición y para los efectos de ley correspondientes
Sin otro particular, aprovechamos el conducto para enviarles un cordial saludo
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Colima, Col, octubre 31 del año 2000
Dip. Antonio Morales de la Peña (rúbrica)
Secretario
Dip. Roberto Alcaraz Andrade (rúbrica)
Secretario
Trámite: De enterado.
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MISMA SECRETARIA:
OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
C. Dip. Presidente De la H. Cámara de Diputados
Por este conducto, me permito hacer de su conocimiento, que en sesión celebrada el día de la fecha, se eligió la Mesa Directiva que presidirá los trabajos del primer periodo ordinario de sesiones, dentro del tercer ano de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del estado de Chihuahua, que fungirá durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2000, la cual quedó integrada de la siguiente forma:
Presidente: Dip. José Bernardo Ruiz Ceballos Vicepresidente: Dip. Cesáreo Valles Machuca Vicepresidente: Dip. Rafael Torres Enríquez Primer secretario: Dip. Héctor Arreola Arreola Segundo secretario: Dip. Guillermo Ontiveros Valles Prosecretarios: Dip. Manuel Monárrez Huerta Dip. Hiram Apolo Contreras Herrera
Sin más por el momento, reiterarnos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente de la Diputación Permanente
Dip. José Duarte Murillo (rúbrica)
Trámite: De enterado.
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MISMA SECRETARIA:
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión PRESENTES
La Quincuagésima Octava Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, aprobó el Acuerdo mediante el cual este Congreso se solidariza y apoya el Acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Zacatecas, relativo al rechazo a la convocatoria para la
Acuerdo aprobado, junto con su Dictamen.
Aprovecho la ocasión para reiterarles las seguridades de mi consideración distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Gto., 19 de octubre del 2000.
El Presidente del Congreso del estado
Dip. Jesús Cobián Correa
Acuerdo
La Quincuagésima Octava Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Unico. El Congreso del estado de Guanajuato, se solidariza y apoya el acuerdo aprobado por el Congreso del estado de Zacatecas, a través del cual rechaza enérgicamente la importación de frijol que se propone en la publicación del 14 de julio del 2000, en el Diario Oficial de la Federación, que invita a los comercializadores y empacadores de granos básicos para la importación de frijol de Nicaragua, Estados Unidos de América y Canadá, toda vez que dicha acción afecta gravemente la economía de los productores nacionales.
Remítase al Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados.
Guanajuato, Gto., 19 de octubre del 2000.
Dip. Jesús Cobián Correa (rúbrica)
Presidente
Dip. Antonio Guerrero Horta (rúbrica)
Secretario
Dip. Antonio Rico Aguilera (rúbrica)
Secretario
C. Lic. Dip. Ricardo García Cervantes
Presidente del Honorable Congreso de la Unión
En cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 38 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, nos permitimos informarle que en sesión solemne, celebrada el día 10 de octubre del 2000, quedó legal y solemnemente instalado el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Celaya, estado de Guanajuato, quedando integrado de la siguiente manera;
Presidente Municipal: José Manuel Mendoza Márquez.
Síndicos: Rodolfo Herrera Aguilar, Cristina Hermosillo Ramírez.
Regidores: Juan Maldonado Patlán, Salvador Rocha Uribe, José Alfredo Ramírez Valenzuela, Pedro Luis Ramírez García, Leticia de Jesús Gamiño Jiménez, José de Jesús Morales Torres, Fernando Márquez Guerrero, Arturo Armando Mancera Mendoza, José Morett García, Ramón Medellín Aguirre, Ma. Concepción Jiménez Lemus, Esthela Baylón Vázquez
Secretario del H. Ayuntamiento: Roberto Romualdo Orozco Galindo.
Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente
"Celaya, Municipio Unido"
Celaya, Gto., 11 de octubre del 2000
José Manuel Mendoza Márquez (rúbrica)
Presidente Municipal
Roberto Romualdo Orozco Galindo (rúbrica)
Secretario del H. Ayuntamiento
PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería Fomento Industrial.
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OFICIOS DE PRESIDENTE MUNICIPALES DE: CELAYA, SAN FELIPE Y VALLE DE SANTIAGO, DEL ESTADO DE GUANAJUATO.
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión México, DF
Por medio de la presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, tengo a bien informar a ustedes que el Ayuntamiento de San Felipe, Guanajuato, quedó integrado de la forma en que se detalla en el acta, cuya copia se acompaña.
Sin otro particular por el momento, quedo de ustedes como su atento y seguro servidor.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Felipe, Gto., a 18 de octubre del 2000.
El Secretario del H. Ayuntamiento
Luis Javier Olvera Cervantes (rúbrica)
Acta # 001. Que se levanta con motivo de la instalación del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Felipe, Gto., Periodo 20002003.
Siendo las 12:00 horas del día 10 de octubre del ano 2000 dos mil, en el local que ocupa el auditorio municipal, declarado oficialmente como recinto, para llevara cabo la instalación solemne y pública del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Felipe, Guanajuato; por el periodo de 2000 2003; y con base a lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115; la Constitución Política del estado en sus artículos 108,109,110 y de la Ley Orgánica Municipal, artículos 30, 31 y 32 y demás conducentes, se procedió a:
Rendir honores a la Bandera por parte de la escolta y banda de guerra del CBITS No. 148 de esta ciudad, asimismo se entonó el Himno Nacional por todos los asistentes, acto seguido se hizo la presentación del presídium, y a continuación se realizó el acto de toma de protesta al C. Presidente Municipal entrante C. Lic. José Benjamín Martínez, rindiéndola en los siguientes términos:
Protesto cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal."
Concluida la protesta, el Presidente Municipal tomó la protesta a los demás miembros del Ayuntamiento, integrado por:
C. Javier Ayala Orta, síndico municipal
C. Rodolfo Longoria García, Regidor Municipal C. Raúl Cano Cano, regidor municipal
C. Ramón Aranda Medellín, regidor municipal
C. Ing. Alonso Gutiérrez Treviño, regidor municipal C. Florencio Myers Velázquez, regidor municipal
C. Feliciano García Solís, regidor municipal
C. J. Refugio González Guzmán, regidor municipal C. Ma. Isabel Lazo Briones, regidora municipal
C. José Guadalupe Hernández Acosta, regidor municipal
C. Micaela del Carmen Mendoza de Ríos, regidora municipal
Bajo la fórmula siguiente:
"Protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del estado de Guanajuato y de las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo les ha conferido."
A lo cual síndico y regidores, levantando la mano pronuncian:
"Sí protesto"
El Presidente Municipal agrega: "Si no lo hicieren, que el pueblo se los demande".
En seguida el C. Presidente Municipal da un mensaje a los asistentes a este acto de instalación.
Una vez concluida la instalación del Honorable Ayuntamiento 200~2003 se procede a firmarla los que en ella intervinieron, dándose por concluida la ceremonia oficial a las 13:00 horas del día y del lugar arriba mencionado, en la ciudad de San Felipe, Guanajuato. Damos fe. (rúbricas)
C. Presidente de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión México, DF
Por medio de este conducto le hago llegar un cordial saludo, una relación de los miembros que forman el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Valle de Santiago, estado de Guanajuato; así como sus respectivas comisiones; de igual manera le anexo al presente una lista de los nuevos nombres de funcionarios que a partir del día 10 de octubre del presente año se integraron a este H. Ayuntamiento trienio 2000 2003.
Presidente Municipal: Rogaciano González González (PAN)
Síndico: María Sonia Lesso Castañeda (PAN)
Regidores: Martín Contreras Rivera (PAN), José María Melchor Ayala (PAN), Ma. Isabel Salinas Alcantar (PAN), Ma. Guadalupe Bravo Quiroz ¿PAN), José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña Tamayo (PRI), Antonio Guillermo Alvarado Servín (PRI), Ma. Guadalupe Servín Filoteo (PRI), José Hugo Arredondo Franco (PRD), José Mendoza Rodríguez (PRD), Marcela Edith Arroyo Soto (PRD).
Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
Presidenta: María Sonia Lesso Castañeda
Secretario: José Mana Melchor Ayala
Vocales: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Marcela Edith Arroyo Soto
Comisión de Obras y Servicios Públicos
Presidente: José María Melchor Ayala
Secretario: Martín Contreras Rivera
Vocales: José Hugo Arredondo Franco
José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Comisión de Seguridad Pública y de Tránsito
Presidente: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Secretario: José Mendoza Rodríguez
Comisión de Desarrollo Urbano
Presidente: José Hugo Arredondo Franco Secretario: Martín Contreras Rivera Vocal: Ma. Guadalupe Bravo Quiroz
Comisión de Salud y Asistencia
Presidenta: Marcela Edith Arroyo Soto Secretaria: Ma. Guadalupe Servín Filoteo Vocal: Ma. Isabel Salinas Alcantar
Comisión de Educación:
Presidenta: Ma. Isabel Salinas Alcantar Secretario: José Mendoza Rodríguez Vocal: Marcela Edith Arroyo Soto
Comisión de Desarrollo Rural
Presidente: Antonio Guillermo Alvarado Servín Secretario: Martín Contreras Rivera Vocales: José Hugo Arredondo Franco José Mendoza Rodríguez Ma. Guadalupe Servín Filoteo José María Melchor Ayala.
Comisión de Actualización y Elaboración de Reglamentos
Presidente: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T. Secretaria: Ma. Sonia Lesso Castañeda Vocal: Martín Contreras Rivera
Comisión de Protección Civil
Presidente: José Mendoza Rodríguez Secretario: Antonio Guillermo Alvarado Servín Vocal: José María Melchor Ayala
Comisión de Régimen Interno
Presidente: Martín Contreras Rivera Secretario: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T. Vocal: José Hugo Arredondo Franco
Comisión de Cultura y Recreación
Presidenta: Ma. Guadalupe Bravo Quiroz Secretaria: Ma. Guadalupe Servín Filoteo Vocal: José Mendoza Rodríguez
Comisión Revisora
Presidente: María Sonia Lesso Castañeda Secretario: José Melchor Ayala
Vocales: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Marcela Edith Arroyo Soto
Comisión de Estudio y Propuesta sobre Vendedores de Ocasión
Presidente: José Eugenio Humberto Rodolfo de la Peña T.
Secretaria: María Sonia Lesso Castañeda Vocales: Martín Contreras Rivera
José María Melchor Ayala
Funcionarios públicos
Secretario del H. Ayuntamiento: Román Alberto Vázquez López
Secretario particular: Héctor Raúl Rioz Peñaranda
Tesorera municipal: Laura Gisel Arredondo Martínez
Contralor municipal: J. Jesús Salmerón Soto Oficial Mayor: Sigifredo Herrera Rodríguez Directora del DIF municipal: Angelina Stefanoni Martinoni
Director del Copladem: Orlando Rivas Roa
Directora de Reglamentos y Fis: Karina Baca Rías Director de Obras Públicas: Eduardo Rodríguez Hernández Director de Policía: José González García
Subdirector de Seg. Públ: Noé Rodríguez Tovar
Encargado del Agua Potable: Juan Ramírez Monjarraz
Jefe de Tránsito y Vialidad: Juan Manuel Hernández Rodríguez
Directora de Recursos Humanos: Elizabeth Martínez Hernández
Director de Servicios Públicos Mpals.: Juan Antonio Ledesma García
Directora de Adquisiciones: Ma. Dolores de la Rosa Díaz de León
Director de Impuestos Inmobiliarios: Raúl Lasso Rodríguez
Director de la Casa de la Cultura: Moisés Tapia Pérez
Directora de Educación Públ.: María Isabel Zaragoza H.
Directora de Archivo e Historia: Nayelli Nieto Barrón
Alcaide de la Cárcel Mpal.: Raúl Melchor Ayala
Rectora de la Cárcel de Mujeres: Sanjuana Saldaña Director del Deporte: Pedro Damián Calderón
Director de Comunicación Social: Guillermo Pérez Lara
Director de Protección al Medio Ambiente y Ecología: Salvador Magaña Raya
Jefe de Alumbrado Público: Rafael Baeza Lara
Jefe de Mercados: Sanjuana Cisneros Hernández Encargado de Panteones: José García González
Jefe de Parque de Materiales: Abraharn Alvarado Zúñiga
Encargado del Rastro Mpal.: Ricardo Marúnez Jefe de Limpia: Arturo Melchor Ayala
Encargado del Taller de Mantenimiento: Juan García Flores
Encargado de la Unidad Depor.: J. Carmen Corona Ramírez
Juez municipal: Laura Itzamarai Aguirre Puente
Esperando que dicha información le sea de gran utilidad.
Atentamente
Valle de Santiago, Gto., 16 de octubre de 2000.
Román Alberto Vázquez López (rúbrica)
Secretario del H. Ayuntamiento
Trámite: de enterado
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OFICIO SOBRE LA REVISION DE LA CUENTA DE LA HACIENDA PUBLICA FEDERAL, CORRESPONDIENTE A 1999.
Diputado Ricardo García Cervantes Presidente de la Mesa Directiva De la H. Cámara de Diputados
Me permito comunicar a usted que, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, esta Comisión de Vigilancia a mi cargo recibió en tiempo y forma el Informe Previo sobre la Revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1999, que remite la Contaduría Mayor de Hacienda.
Asimismo, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo antes citado, con fecha 1° de noviembre del presente año, esta Comisión presentó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, el informe de referencia.
En razón de lo anterior, solicito atentamente se incluya el presente comunicado en el orden del día de la siguiente sesión plenaria, para conocimiento de los ciudadanos diputados.
Le expreso mi mayor consideración y respeto.
Dip. Amador Rodríguez Lozano (rúbrica)
Presidente
Trámite: De enterado.
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COMUNICACION DEL DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL.
Dip. Ricardo García Cervantes Presidente de la Mesa Directiva De la H. Cámara de Diputados PRESENTE
En atención a las instrucciones recibidas para dar cumplimiento al acuerdo tomado ante el Pleno de la H. Cámara de Diputados, respecto a la formación de una comisión de diputados para atender la repercusión del Censo Nacional de Población 2000 en los recursos destinados a los municipios del Estado de México; me permito anexarle al presente escrito el informe correspondiente de la reunión celebrada el 21 de septiembre, entre diputados y una representación de los ayuntamientos del Estado de México, con la asistencia de siete presidentes municipales.
Al aguardo de sus comentarios, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Eric Eber Villanueva Mukul (rúbrica)
Informe sobre la reunión con presidentes municipales del Estado de México
Atendiendo a una instrucción de la Presidencia ante el Pleno, donde se acordó que una comisión de diputados se reuniera con una representación de los presidentes municipales del Estado México, para analizar la problemática que afecta a estos municipios, principalmente la relacionada con el Censo de Población 2000 y su influencia en la distribución de los recursos del Ramo 33.
Acudí a presidir la reunión de trabajo celebrada el 21 de septiembre e informo que los temas tratados en dicha sesión fueron los siguientes:
1. La problemática del Censo Nacional de Población del año 2000 y sus repercusiones en la distribución de los Recursos Federales del Ramo 33 y en las Participaciones Federales a Estados y Municipios.
2. Las auditorías a los trabajos del Censo Nacional de Población.
3. La comparecencia del titular del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática), para aclarar la metodología y los resultados del Censo Nacional de Población 2000.
4. La problemática de los municipios metropolitanos.
5. Los problemas de migración y de servicios públicos.
El tema más relevante fue que la migración por causa de la centralización de actividades económicas, ocasiona que una gran parte de la población en ciertos municipios sea considerada como flotante y no sea incluida dentro de los censos. Sin embargo, esta población hace uso de todos los servicios que proporcionan las administraciones municipales.
El hecho de que el Censo de Población haya presentado inconsistencias de metodología de campo, ocasiona un grave problema a los gobiernos locales, dado que el Ramo 33 de Fortalecimiento Municipal toma como uno de sus indicadores para la distribución de los recursos, el número de habitantes.
Esto significa que muchos municipios tendrán menores recursos que los que necesitan para atender su población real.
Los acuerdos de la reunión se resumen en los siguientes puntos:
Auditar el censo del 2000 realizado por el INEGI.
Analizar el impacto del censo en los Fondos Federales del Ramo 33 para el Fortalecimiento de los Estados y Municipios.
Estudiar la posibilidad de crear un fondo para los municipios metropolitanos.
Buscar formas de compensación para los municipios receptores de población producto de la centralización de la actividad económica.
Así también se acordó solicitar la comparecencia del director del INEGI.
Comisión de diputados que asistieron a la reunión:
1. Martha Angélica Bernardino Rojas 2. Roberto Aguirre Solís 3. José Escudero Barrera 4. Rafael Barrón Romero 5. Ricardo Moreno Bastida 6. Gerardo de la Riva Pinal 7. Francisco Guadarrama López 8. José Manuel Medellín Milán 9. Eric Villanueva Mukul
México estuvo integrada por:
1. Lic. Dino Ortiz, Presidente Municipal de los Reyes la Paz.
2. Ing. Héctor Miguel Bautista López, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl.
3. Lic. Horacio Duarte, Presidente Municipal de Texcoco.
4. Prof. Humberto Peña Galicia, Presidente Municipal de Teotihuacán.
5. Ing. Fidel Peralta Delgadillo, Presidente Municipal de Tezoyuca.
6. Dr. Federico del Valle Miranda, Presidente Municipal de Amecameca.
7. Prof. Raúl Lagunas Enríquez, Primer Regidor de Almoloya del Río.
Atentamente
Dip. Eric Villanueva Mukul (rúbrica)
Vicepresidente de la Mesa Directiva
H. Cámara de Diputados
Trámite: De enterado.
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COMUNICACION DEL OORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA.
Dip. Ricardo García Cervantes Presidente de la Mesa Directiva De la Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTE
Distinguido Diputado:
De conformidad con el numeral 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:
Art. 27.
l....
2. Durante el ejercicio de la Legislatura, el Coordinador del grupo parlamentario comunicará a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su grupo. Con base en las comunicaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, el Presidente de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado.
Me permito comunicarle que el dip. Enrique Herrera Bruquetas con esta fecha ha decidido integrarse al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara.
Lo anterior, para los efectos que legalmente corresponden.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente
Dip. Martí Batres Guadarrama
Coordinador del grupo parlamentario del PRD
Anexo: Copia de constancia de afiliaci6n del dip. Enrique Herrera Bruquetas al Partido de la Revoluci6n Democrática.
De enterado. Es todo, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señora Secretaria.
Sobre la última comunicación dirigida a la Mesa Directiva por el Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se instruye a la Secretaría actualice el registro de grupos parlamentarios.
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El siguiente punto del orden del día es iniciativas de ciudadanos diputados. Ha solicitado el uso de la palabra para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones legales sobre la requisa, el Diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a quien se le concede el uso de la palabra.
No encontrándose en este momento en el salón de sesiones, se concede el uso de la palabra a la diputada María Teresa Campoy Ruíz Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa de ley de responsabilidad civil por daños y deterioro ambiental.
LA C. DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUIZ SANCHEZ:
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE
BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZ+LEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY S+NCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARC~A SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de biodiversidad. Nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, el valor que tienen nuestros ecosistemas es inimaginable, su preservación debe de considerarse como una prioridad del Estado Mexicano.
En un país como México donde existe un gran número de gentes en pobreza extrema, ha resultado imposible destinar la cantidad de recursos necesarios para hacer una efectiva vigilancia de nuestra biodiversidad, por lo que, en virtud de las circunstancias actuales de la economía nacional y de las prioridades que se establecen al distribuir los recursos del erario público, debemos darles a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir, esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos.
Es con sistemas de responsabilidad civil como el que se propone como se puede salvar lo que aún nos queda de nuestros recursos naturales.
No obstante que el artículo 4 de la Constitución ya contempla la garantía al derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, la jurisdicción civil ha sido escasamente utilizada para la protección ambiental en México. La razón de ello se sustenta en una extendida mentalidad que debemos modificar, cuando sistemáticamente responsabilizamos a la Administración Pública de cualquier problema de contaminación. Ello conlleva consecuencias negativas por cuanto en muchas ocasiones la jurisdicción contencioso administrativa, carece de plenas facultades para la efectiva reparación de los daños al medio ambiente tanto a nivel meramente pecuniario como a la hora del restablecimiento de las cosas y situaciones a su estado originario.
Por lo anterior, debemos de tener en consideración que en virtud de que el límite máximo para establecer sanciones económicas como sanción administrativa puede resultar bajo si tomamos en cuenta el beneficio económico que puede obtener una persona el realizar actividades productivas nocivas para el medio ambiente, o tomando en cuenta el alto costo de la reparación y remediación de los ecosistemas afectados, aunado a que si la autoridad administrativa impone la reparación del ambiente, y el contaminante que incurrió en la falta administrativa no cumple con lo ordenado, solo se podría imponer como sanción el arresto, clausura o multa, sin que esto conlleve la reparación del daño o del deterioro del medio ambiente.
A mayor abundamiento, en nuestro país, las diferentes normas sectoriales de contenido ambiental ya incorporan disposiciones referentes a la responsabilidad derivada de las propias infracciones administrativas y el Código Penal regula la responsabilidad penal procedente de una amplia gama de delitos de contenido ambiental o ecológico, los cuales muchas veces resultan ineficaces para lograr la reparación del daño y del deterioro ambiental, en primer lugar porque es muy raro que una persona realice una conducta que contamine de manera dolosa, y al no castigarse los delitos en contra del medio ambiente que hayan sido cometidos de manera culposa, es muy difícil que se condene a alguien por la comisión de un delito ambiental. En segundo lugar, ningún delito ambiental es considerado como grave, por lo que cualquiera que los cometa, incluso tratándose de servidores públicos, gozan del beneficio de la liberta provisional.
Aún mas, la responsabilidad de tipo civil, a excepción de la derivada de daños nucleares, no tiene otra manifestación en nuestro ordenamiento que las reglas generales establecidas en el Código Civil, en el que se configura un sistema de responsabilidad civil que resulta inadecuado para las características del daño y del deterioro ambiental, resultando insuficiente para proteger de forma efectiva el derecho constitucional de todos los mexicanos de tener un medio ambiente adecuado.
Como se puede observar, en México las responsabilidades ambientales, tanto administrativa, como penal y civil, no resultan eficaces para reparar los daños ambientales. Situación que ya ha sido resuelta en otros países que se han adelantado al nuestro con la incorporación de regulaciones específicas sobre responsabilidad civil por el daño ambiental a sus sistemas jurídicos.
En el ámbito del derecho comparado, la Comisión Europea aprobó desde el año de 1993 el "Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico" en el que se pronuncia claramente a favor del establecimiento de sistemas de responsabilidad civil de carácter objetivo, lo cual es un reflejo del interés de los países europeos de incorporar a su ordenamiento el principio "quien contamina paga".
Sobre las anteriores consideraciones, esta Ley regula el régimen de responsabilidad civil que sea consecuencia del ejercicio de actividades que tienen una mayor incidencia ambiental con la finalidad de acotar el campo de aplicación de la misma a aquellas actividades que se consideran que pueden llegar a tener un mayor impacto en los ecosistemas. Con esta acotación se logra el objetivo de tener bien ubicados los sectores que causan mayor daño, logrando con esto un mayor control de esas actividades por medio de las garantías que resulten adecuadas para cubrir los riesgos de contaminación.
Esta iniciativa establece la distinción entre daño y deterioro ambiental, ya que las afectaciones al medio ambiente pueden causar efectos nocivos a los ecosistemas como tales o a los bienes y a la salud de las personas. En el primer supuesto, estaríamos hablando de "deterioro ambiental" o daño ecológico puro y en el segundo supuesto de "daño ambiental", tal como es considerado en la normatividad civil vigente.
Por otro lado, de aprobarse este proyecto de ley, como un sistema de responsabilidad objetiva, se evitarían graves afectaciones al medio ambiente al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas; sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares. Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a las personas o a sus bienes. Así como una restauración de las agresiones producidas como consecuencia del deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiera lugar.
Por lo que hace al nexo causal, esta iniciativa que se somete al pleno de esta H. Cámara de Diputados resuelve el problema que resulta de la difícil comprobación de los daños al ambiente, mismos que en muchas ocasiones requieren de costosos estudios para poder probar el deterioro y la valoración del mismo.
No debemos olvidar que tal como están redactadas las disposiciones civiles en materia de nexo causal, los daños y perjuicios deben ser una consecuencia "inmediata y directa" y que se hayan causado o que necesariamente vayan a causarse. Esta regulación es inadecuada para las características del daño y del deterioro ambiental, ya que es común que a la realización de un daño o deterioro ambientales concurran un número indeterminado de personas, que las consecuencias se prolonguen en el tiempo y en el espacio; y que existan circunstancias coadyuvantes, por lo anterior, el daño ambiental es muchas veces resultado mediato e indirecto de una actividad. De acuerdo con la presente iniciativa el que ejerza la acción de reparación del daño o del deterioro ambiental, tendrá que probar la acción, el daño o el deterioro y la mera causalidad física entre la acción y la afectación.
Ahora bien, a la legitimación activa, en la iniciativa que se pone a consideración del pleno se legitima abiertamente a los habitantes de los municipios afectados y a las asociaciones mexicanas que en su objeto social esté establecida la protección al ambiente para poder pedir la reparación de las afectaciones generadas por contaminación a bienes del dominio público o al medio ambiente. Es preciso recalcar que la legitimación activa de las asociaciones mexicanas se basa en una serie de requisitos condicionales que sustentan la misma, limitando las vías de intervención procesal de los grupos o asociaciones ecologistas, como titulares de los intereses difusos inmersos en los procedimientos judiciales por infracciones ambientales.
Con este sistema, los perjudicados directamente podrían reclamar la reparación total de sus daños por las vías civiles generales, y los vecinos afectados indirectamente, igualmente la administración pública federal y las asociaciones o grupos ecologistas solo podrán reclamar la reparación en especie, asegurando de ésta forma que no se utilicen las acciones para fines distintos a la preservación de nuestros ricos ecosistemas.
La iniciativa también plantea reglas especiales para la prescripción y la caducidad de las acciones para reclamar la reparación del daño y del deterioro ambiental, ya que la regla con la que contamos actualmente resulta inadecuada para las características del daño, ya que como está redactada actualmente, el término para la prescripción empieza a correr desde que el daño es causado, pero por las características del daño ambiental, muchas veces las afectaciones se hacen evidentes o son comprobables algunas veces años después de la acusación del daño, por lo que la acción habría prescrito incluso antes de que se tuvieran los elementos indispensables para poder interponer la demanda.
Con un sistema como el que se pone a consideración de esta H. Asamblea, lograríamos el objetivo anhelado de internacionalizar los costos ambientales, es decir, ante el riesgo de tener que indemnizar por las afectaciones al medio ambiente, los procesos serían más eficientes. Logrando a largo y mediano plazo no solo un formidable efecto disuasivo a la contaminación, sino un beneficio económico al contar con procesos mas competitivos, que al no ser contaminantes, se abren las posibilidades de acceder a mercados extranjeros que suelen ser muy exigentes en ese sentido.
Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como integrante del Poder Revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de
DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO Y EL DETERIORO AMBIENTAL.
ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental para quedar como sigue:
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen de responsabilidad civil derivado del ejercicio de las actividades con incidencia ambiental, con la finalidad de reparar los daños a las personas o el deterioro medioambiental que pudieran ocasionarse como consecuencia de dicho ejercicio.
Artículo 2. A efectos de lo establecido se entiende por:
a) Actividades con incidencia ambiental:
I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos.
II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica.
III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de las leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear.
IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos.
V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración.
VI. Plantaciones forestales.
VII. Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas.
VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas.
IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros.
X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, esteros y lagos, así como en los litorales.
XI. Obras y actividades en Areas Naturales Protegidas competencia de la federación.
XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias.
b) Daños: todo daño físico, moral o patrimonial, incluido el lucro cesante, que pueda sufrir una persona.
c) Deterioro del medio ambiente: toda agresión causada al medio ambiente y que sea ocasionada por una modificación de las condiciones físicas, químicas o biológicas sobre la fauna, la flora, el suelo, la atmósfera, el agua, el paisaje y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes o futuros.
d) Reparación en especie: la reparación de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores al daño o deterioro ambiental producidos.
Artículo 3. Serán personas responsables en los términos establecidos por esta ley los titulares de las actividades señaladas en el inciso a) del artículo 2.
Artículo 4. La responsabilidad civil regulada en esta ley es objetiva y solidaria, y será exigible con independencia de que exista culpa o negligencia en el responsable. Como consecuencia de ello, quien pretenda obtener la correspondiente reparación sólo tendrá que probar la acción u omisión del supuesto responsable, el daño o deterioro del medio ambiente causados y la mera relación de causalidad física entre la acción u omisión del responsable y el daño o deterioro del medio ambiente cuya reparación se reclama.
Si fueran varias las personas responsables del mismo daño o deterioro del medio ambiente, su responsabilidad será solidaria.
Artículo 5. No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con ésta ley.
b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible.
c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión.
La mera observancia de la normativa aplicable, o la mera tenencia y respeto de las autorizaciones correspondientes, no eximen de la responsabilidad a que se refiere ésta ley.
Artículo 6. Podrán pedir la reparación de los daños causados a los particulares o la los bienes propiedad del Estado los perjudicados.
Artículo 7. Podrán pedir la reparación de los daños causados a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente:
a) La dependencia de la Administración Pública titular del bien de dominio público dañado o, en caso del deterioro del medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y cualquiera de los Municipios del lugar en el que se haya producido dicho deterioro ambiental.
b) Cualquier persona moral mexicana, sin fines de lucro, siempre que la persona moral en cuestión tenga como objeto social, la protección del medio ambiente en general o de alguno de sus elementos, pero incluyendo en todo caso la protección del elemento del medio ambiente en general o el bien de dominio público afectados;
c) Cualquier ciudadano con domicilio en alguno de los municipios en donde se hubiere causado el daño.
Articulo 8. Quienes de acuerdo con el artículo 6, pidan la reparación de los daños sufridos, podrán reclamar respecto de dichos daños, la reparación de los mismos de acuerdo con las normas civiles generales.
Articulo 9. Quienes de acuerdo con el artículo 7, pidan la reparación de los daños causados a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente, podrán reclamar la reparación que corresponda de acuerdo a las siguientes normas:
a) Las dependencias de la Administración Pública solo podrán reclamar la reparación en especie del bien del dominio público dañado o del deterioro del medio ambiente.
b) Las personas señaladas en el artículo 7, fracciones a) y b) solo podrán reclamar:
I. La reparación en especie del daño causado a bienes del dominio público o del deterioro del medio ambiente,
II. El reembolso de los gastos en que hayan incurrido para paralizar la agravación del daño causado a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente, pero no para su reducción o eliminación, salvo que sea imprescindible para paralizar su agravación y
III. Otros menoscabos patrimoniales sufridos por la persona jurídica en cuestión en el desarrollo de su actividad para paralizar la agravación del daño causado a bienes del dominio público o del deterioro medio ambiental que sean consecuencia de la acción y omisión dolosa o culposa del responsable.
Artículo 10. En caso de reclamaciones formuladas por distintas personas legitimadas de acuerdo con esta ley que contengan peticiones incompatibles entre sí, los órganos judiciales deberán dar prevalencia, siempre que ello sea posible, a la reparación en especie del daño o deterioro medioambiental causados.
Artículo 11. La responsabilidad civil regulada en ésta ley es compatible con las sanciones penales o administrativas que puedan imponerse por los mismo hechos causantes del daño o deterioro del medio ambiente de que se trate.
Artículo 12. La responsabilidad civil derivada de un delito o falta administrativa, se regulará respecto de los daños o el deterioro del medio ambiente causados, por lo establecido en ésta ley.
Artículo 13. La legitimación activa regulada en los artículos 6 y 7 incluye, en todo caso, la acción para exigir al responsable la adopción de las medidas necesarias que eviten en el futuro la continuación o la repetición del daño o del deterioro del medio ambiente, que podrán incluir la instalación de elementos que prevengan la causa del daño o del deterioro ambiental, la paralización temporal de la actividad dañosa y la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones donde dicha actividad se desarrolla, con protección, en todo caso de los derechos de los trabajadores.
Artículo 14. A los daños que por su menor significación puedan considerarse tolerables según los usos locales, solo se le podrán aplicar medidas preventivas para paralizar la causación del daño o deterioro, únicamente podrán consistir en la adopción de medidas de coste no desproporcionado en relación con los daños que se pretenden evitar. En ningún caso, las medidas provisionales consistirán en la paralización de la actividad o clausura de las instalaciones.
No se consideran tolerables aquellos daños que hubieren podido evitarse mediante la adopción de medidas preventivas de costo menor a los daños causados.
Artículo 15. Las acciones de reparación de los daños y del deterioro causado al ambiente prescriben a los cinco años contados desde el día en que el accionante conoce, o puede conocer el daño o el deterioro causado al ambiente y su causante, y por consiguiente está en capacidad de ejercitar la acción.
No se entenderá conocido el daño o el deterioro del medio ambiente sino cuando se conocen, pueden conocerse, o es exigible que se conozcan todas las consecuencias principales que pueden derivarse de la acción y omisión generadora de la responsabilidad al tiempo en que una u otra tuvo lugar.
Artículo 16. En todo caso, las acciones de reparación de los daños y del deterioro del medio ambiente reguladas en esta ley caducarán pasados veinticinco años desde el día en que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño o del deterioro del ambiente.
Para el caso en que una única acción u omisión de carácter continuado, el periodo de veinticinco años empezará a correr desde el día en que la única acción hubiera cesado, o la acción omitida hubiera comenzado a desarrollarse.
Para el caso de acciones u omisiones de carácter continuado o sucesivo, el periodo de veinticinco años empezará a correr desde el día en que hubiera tenido lugar la última de dichas acciones u omisiones.
Artículo 17. Serán competentes para conocer de las acciones derivadas de esta ley, a elección de quien ejercite la acción, los Juzgados de Distrito del lugar donde:
a) tuvo lugar el daño o deterioro del medio ambiente,
b) tuvo lugar la acción u omisión que haya causado el daño o deterioro del medio ambiente.
c) tiene su domicilio el demandado.
Artículo 18. Quien haya reparado un daño o deterioro del medio ambiente en aplicación de lo previsto en esta ley, podrá ejercer cualesquiera acciones de repetición contra otras personas que, al amparo de la misma o de cualquier otra norma, sean responsables del daño o del deterioro del medio ambiente que haya debido reparar.
Artículo 19. Las actividades señaladas en el inciso a) del artículo 2 quedará condicionada a que el solicitante otorgue garantía financiera suficiente a juicio del Instituto Nacional de Ecología para cubrir el riesgo de reparación de daños y de deterioro ambiental.
En el supuesto de actividades de producción y gestión de residuos peligrosos, la cobertura del riesgo deberá hacerse necesariamente mediante la constitución de un seguro de responsabilidad civil.
TRANSITORIOS
Primero. El régimen de responsabilidad civil regulado en ésta ley sólo será aplicable a los supuestos en que el daño o deterioro causado al medio ambiente con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor.
Segundo. Quienes estén desarrollando alguna de las actividades señaladas en el inciso a) del articulo 2 el día de la publicación de la ley, deberán cumplir las obligaciones de aseguramiento establecidas en el artículo diecinueve de la misma antes de su entrada en vigor.
Tercero. Esta ley entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre del 2000.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada María Teresa Campoy Ruíz Sánchez. La iniciativa que usted ha presentado a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Se concede el uso de la palabra, para presentar a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras disposiciones relativas, al Diputado José César Nava Vázquez.
EL C. DIPUTADO JOSE CESAR NAVA VAZQUEZ: Con su permiso, Señor Presidente. En obvio de tiempo omitiré dar lectura a la totalidad de la exposición de motivos y al proyecto de decreto que se presentan ante esta soberanía. Sin embargo, solicito a la Presidencia tenga a bien indicar que se inserte a la letra en el Diario de los Debates el texto que entrego en este momento a la Secretaría.
Dicho lo anterior, haré una breve exposición de la esencia de la iniciativa que se somete a la consideración del H. Congreso de la Unión por conducto de esta cámara.
A partir del 2 de julio, el pueblo mexicano ha transitado de una etapa de su historia a otra, más democrática y más libre, en la que la única garantía de estabilidad y progreso es la gobernabilidad democrática sustentada en estado constitucional de derecho.
En este contexto resulta claro que la administración pública federal debe responder al reto de adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas y urgentes demandas sociales.
Del buen funcionamiento de la administración pública depende en buena medida estado constitucional de derecho.
En este contexto resulta claro que la administración pública federal debe responder al reto de adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas y urgentes demandas sociales.
"Del buen funcionamiento de la administración pública depende, en buena medida, la consolidación del sistema democrático. Por ello, los suscritos Legisladores planteamos al Congreso la posibilidad de cambiar la estructura de nuestra administración pública federal.
"El mandato emitido por los mexicanos en la pasada elección federal se dio en un entorno complejo, lleno de retos y oportunidades; por un lado, la brutal e injusta pobreza de millones de mexicanos, la destrucción del medio ambiente y la impunidad contra la que clama el pueblo de México; y por el otro, el fenómeno de la globalización, producto de los avances tecnológicos en la informática y las telecomunicaciones, así como las mutaciones en los procesos de creación de riqueza e intercambio comercial que generan una nueva sociedad global.
"En este contexto el nuevo gobierno federal tendrá la enorme responsabilidad de convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en beneficios sociales concretos. Para ello cuenta esencialmente con las instituciones de la administración pública federal.
"Es menester decir a esta soberanía que la iniciativa que se presenta es parte de un proceso integral de reestructuración de la administración pública federal, cuyo contenido debe ir desde la propia reforma estructural, pasando por los procesos de calidad, la mejora en la atención al ciudadano, la reingeniería de procesos estratégicos y la evaluación y compensación de los resultados.
"Se pretende, se exige, un gobierno estratégico e inteligente, que actúe donde su capacidad de promoción y regulación genere justicia y progreso y que no intervenga donde pueda entorpecer el desarrollo. Un gobierno que utilizando los beneficios de la tecnología pueda ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos.
"Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Pública.
"Resulta impostergable que la administración pública, en general, y la Secretaría de Gobernación, en particular, concentren su actuación en la realización de las tareas propias de la búsqueda de la gobernabilidad democrática incluyente.
"A la luz de la nueva misión y objetivos que se pretende guíen el trabajo de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen funciones que no están directamente vinculadas a la tarea de la gobernabilidad democrática. En consecuencia, los suscritos, ponemos a consideración de este honorable órgano legislativo la transferencia de las siguientes funciones a otros ramos de la administración pública federal:
" La de reivindicación de la propiedad de la nación.
"La de seguridad pública, que hoy desempeña la SubSecretaría de Seguridad Pública, y
"La de promover la producción cinematográfica de radio, de televisión y editorial, así como administrar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal.
"La Secretaría de Gobernación, de aprobarse esta iniciativa, vería fortalecida su capacidad para prestar singular atención al desempeño de otras funciones relevantes a su cargo, como la de fungir como conducto institucional del Ejecutivo para la comunicación con los otros poderes y con los órganos constitucionales autónomos.
"El fomento de la participación ciudadana y de una cultura política democrática que se extienda a las autoridades, a los ciudadanos y a las instituciones sociales, es otra importante tarea que a la Secretaría de Gobernación debe corresponder cumplir.
"La gobernabilidad democrática encuentra uno de sus sustentos fundamentales en la presencia en estos sujetos de valores, inclinaciones, conocimientos y destrezas funcionales a ellas.
"El proceso de toma de decisiones en una democracia se busca enriquecer mediante la participación activa de los ciudadanos. En los ciudadanos radica un enorme potencial que los mexicanos no debemos desperdiciar.
"Seguridad Pública.
"Se propone crear la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que el Poder Ejecutivo integre, ordene y ejerza la política criminal federal mediante una sola estructura orgánica, sumando todos los esfuerzos y recursos destinados a atender estas atribuciones, de manera tal que el ejercicio de las mismas se soporte en criterios de atención especializada, profesionalismo, incorporando instrumentos científicos y técnicos idóneos, favoreciendo la prevención del delito sobre la represión y dando prioridad a la participación ciudadana.
"Todo lo anterior en estricto apego al Estado democrático y de derecho por el cual los mexicanos nos hemos inclinado.
"La distinción orgánica entre las agendas política y de seguridad pública supone que las funciones en esta materia que hasta el momento ha sido atribución de la Secretaría de Gobernación, se trasladen a la Secretaría que se propone crear, ya que ésta sería la responsable de diseñar la política criminal del gobierno federal.
off
"Es así como resulta lógico que la representación del Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Presidencia de su Consejo recaiga en el titular de la Secretaría de Seguridad Pública.
"En la misma lógica se propone que el Secretario de Seguridad Pública tenga la facultad de designar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reforma nos parece imprescindible para asegurar que la Secretaría y el Sistema de Seguridad Pública estén unificados bajo un mismo mando y dirigidos con criterios estrictamente técnicos, ajenos a las circunstancias propias del ambiente político.
"Todas las instituciones, recursos y esfuerzos mediante los cuales se lleva a cabo la función policial federal preventiva serán concentrados en esta Secretaría, en la estructura de la Policía Federal Preventiva. Ninguna otra dependencia del Poder Ejecutivo Federal ejercerá por sí misma funciones de policía preventiva, sino que cuando por la naturaleza de sus actividades sea necesaria la presencia de representantes de la autoridad para prevenir la comisión de delitos, recibirán el auxilio de la Policía Federal Preventiva, la cual en obvia congruencia dependerá de la Secretaría que aquí se propone.
" Desde luego será esta Secretaría la institución en la que se llevará a cabo la inteligencia policial para la prevención del delito. Es evidente que esta actividad ha sido en incontables ocasiones motivo de descrédito en la sociedad, por tanto, se hará una revisi6n minuciosa de la misma y se establecerán normas y procedimientos que garanticen el estricto apego a los derechos humanos en las tareas de recopilación, análisis y procesamiento de información para la prevención de delitos.
"En congruencia con los anteriores argumentos, si bien las labores de inteligencia ofrecerán información relevante tanto para la prevención como para la investigación y persecución de delitos, en ningún caso involucrará actividades que la Constitución confiere exclusivamente al Ministerio Público.
" La neutralización política de la función policial federal garantizará la eficacia de los principios constitucionales de actuación policial, es decir: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, principios que obligan a ser de la función policial federal un proyecto de vida cuyo desarrollo estará regulado en un servicio civil de carrera de alta especialización, administrado por esta Secretaría.
"En otro orden de ideas, la iniciativa que se presenta busca establecer nuevas bases orgánicas para el ejercicio de las funciones que en materia de justicia de menores y penitenciaria tiene encomendadas el Ejecutivo Federal, en el entendido de que las facultades actualmente desempeñadas en estas materias por la Secretaría de Gobernación, pasaran a la Secretaría de Seguridad Pública. Asimismo, el hecho de adscribir las facultades que actualmente tiene la Secretaría de Gobernación en materia de menores infractores, permitirá dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia.
"SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
"La iniciativa plantea transferir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, antes Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, las facultades que se tenían encomendadas en materia de pesca a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cuya denominación se propone cambiar por la de Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
"No se trata de una transferencia absoluta, pues algunas de las facultades que actualmente contiene la Ley de Pesca, corresponden fundamentalmente al amparo y la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Por ello, se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conserve las facultades de inspección, sanciones y substanciación de recursos en materia de equilibrio ecológico, contempladas en las fracciones I, V y VI del artículo 3° de la Ley de Pesca.
"SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.
"Proponemos que esta Secretaría cambie su denominación a Secretaría de Desarrollo Humano, transformando una visión asistencialista y marginal del desarrollo de la persona para buscar, mediante la promoción de sus capacidades, su pleno desarrollo como individuo.
"Indudablemente se considera a la persona humana en su doble aspecto: en su desarrollo individual y en su desarrollo social, entendiendo que el medio ambiente social que rodea a la persona humana tiene impacto decisivo en su desarrollo individual.
"SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL.
"En la iniciativa se plantea el cambio de denominación de esta dependencia por el de Secretaría de Economía. La nueva denominación pretende comprender el impulso que a los ámbitos del desarrollo industrial y del comercio exterior debe dar el Gobierno de la República. Se estima que en la terminología empleada en el cambio de denominación se comprenda hasta donde es posible exhaustivamente las actividades que en estos dos renglones realiza el país.
"El deterioro de la micro y mediana empresa es un hecho que no amerita prueba, pues es por todos conocido. El país requiere con urgencia el fortalecimiento de la micro, mediana y pequeña empresa industrial y comercial. En este sentido, la creación y multiplicación de cadenas de estas unidades económicas es el gran reto que tendrá la nueva Secretaría de Economía.
"Por lo anterior, se explica también la transferencia de la actual facultad que tiene la Secretaría de Desarrollo Social en la fracción X del artículo 32 de la Ley que se modifica, a la Secretaría de Economía.
"En conclusión, los diputados iniciadores proponemos una administración pública mejor organizada. Los diputados iniciadores exigimos, como todo el pueblo mexicano, un gobierno más eficaz y eficiente, una sociedad más segura, más próspera y más justa.
Por último, señor Presidente, solicito atentamente instruya a la Secretaría para que la presente Iniciativa sea turnada para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION P R E S E N T E.
Los suscritos, Diputados Federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; nos permitimos presentar por su conducto la siguiente:
Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal de Radio y Televisión, la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Policía Federal Preventiva y la Ley de Pesca.
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Administración Pública Federal es el instrumento del poder público que da sustento material a las instituciones políticas. Así, a cada etapa de la Historia patria ha correspondido una estructura orgánica adecuada a las necesidades y demandas de la población y a las prioridades nacionales. En este sentido, la Administración Pública Federal debe responder a estos retos, estructurándose de tal manera que convierta las leyes y los presupuestos en políticas públicas que den sustento material y legitimidad social al Gobierno.
A partir del 2 de julio, el pueblo mexicano ha transitado de una etapa de su historia a otra, más democrática y más libre, en la que la única garantía de estabilidad y progreso es la gobernabilidad democrática sustentada en el Estado Constitucional de Derecho. En este contexto, resulta claro que la Administración Pública Federal debe responder al reto de adecuar su estructura y funcionamiento a las nuevas y urgentes demandas sociales.
Del buen funcionamiento de la Administración Pública depende, en buena medida, la consolidación del sistema democrático. Por ello, los suscritos legisladores planteamos al Congreso la posibilidad de cambiar la estructura de nuestra Administración Pública Federal.
El mandato emitido por los mexicanos en la pasada elección federal se dio en un entorno complejo, lleno de retos y oportunidades. Por un lado, la brutal e injusta pobreza de millones de mexicanos, la destrucción del medio ambiente y la impunidad contra la que clama el pueblo de México; y por el otro, el fenómeno de la globalización, producto de los avances tecnológicos en la informática y las telecomunicaciones, así como las mutaciones en los procesos de creación de riqueza e intercambio comercial que generan una nueva sociedad global.
En este contexto, el nuevo gobierno federal tiene la enorme responsabilidad de convertir los retos en oportunidades y las oportunidades en beneficios sociales concretos. Para ello, cuenta esencialmente con las instituciones de la Administración Pública Federal.
Las instituciones son el espacio social en el que se deben procesar de manera pacífica los conflictos, las demandas y las aspiraciones sociales. Sin duda, las instituciones son el espacio legitimado para circular las ideas, los intereses y las demandas de todos los ciudadanos. Sin las instituciones, viviríamos en la anarquía y en la barbarie y la única salida de los conflictos sociales sería la violencia, que nos llevaría al embrutecimiento y la desintegración de la sociedad.
En esta lógica, es indispensable que las instituciones de la Administración Pública Federal sean lo suficientemente flexibles y elásticas para adecuarse a los tiempos y a los cambios.
México está viviendo un momento crucial de su historia. El anhelo democrático ha dado pasos cruciales para su institucionalización. Sin embargo, las instituciones del Estado no tienen una imagen óptima a los ojos de los ciudadanos, y, en algunos casos, han perdido legitimidad para resolver los conflictos, las demandas y las aspiraciones sociales.
Ante el sistema democrático al que ha accedido el pueblo de México, el gran reto del nuevo gobierno es evitar que el optimismo del pueblo se convierta en desesperanza.
En nuestro régimen constitucional, el Poder Ejecutivo es quien administra la mayor parte de los recursos del Estado. Es por ello que una parte muy importante de la responsabilidad de los cambios se encuentra bajo su cuidado directo. En este contexto, la Administración Pública Federal es el gran instrumento del Poder Ejecutivo de la Unión para implementar las medidas que produzcan los resultados que la sociedad está esperando.
En este sentido, si no ajustamos la estructura de la administración pública para que funcione eficaz y eficientemente a las condiciones que imponen los eventos mundiales y nacionales, corremos el riesgo de perder la batalla por la seguridad pública, la justicia y el desarrollo.
Sabemos, por otro lado, que la democracia se institucionaliza y se legitima cuando produce resultados al ciudadano común; cuando su actuación se refleja en el bienestar cotidiano del pueblo y en la igualdad frente a la ley.
Es menester decir a esta Soberanía que la iniciativa que se presenta es parte de un proceso integral de reestructuración de la Administración Pública Federal, cuyo contenido va desde la propia reforma estructural, pasando por los procesos de calidad, la mejora en la atención al ciudadano, la reingeniería de procesos estratégicos y la evaluación y compensación de los resultados.
Se pretende un gobierno estratégico e inteligente, que actúe donde su capacidad de promoción y regulación genere justicia y progreso y que no intervenga donde pueda entorpecer el desarrollo. Un gobierno que, utilizando los beneficios de la tecnología, pueda ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos con un sentido profundamente humano.
SECRETARIA DE GOBERNACION Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
En consonancia con lo anterior, las transformaciones propuestas al conjunto de atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal otorga a la Secretaría de Gobernación responden a la necesidad que enfrenta el país de renovar la forma en que el gobierno asume y desahoga, en el ámbito federal, responsabilidades en el ramo de la gobernación. Los ajustes que se proponen responden a una nueva concepción que considera las circunstancias actuales del país, misma que reclama, como parte fundamental, la democratización del ejercicio del poder público. De ser aprobadas las reformas propuestas en este ámbito, corresponderá al titular del Ejecutivo Federal ejercer la facultad que la ley le otorga de emitir el Reglamento Interior de la dependencia, para acompañar estas reformas legales con el correspondiente esquema de reorganización interna de la dependencia.
Consecuentemente, a partir de las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se someten a la consideración de esta Soberanía, es interés de Acción Nacional que tenga lugar un proceso de transformación de la Secretaría de Gobernación, de manera que ésta pase a ser un instrumento que dé soporte a la nueva gobernabilidad democrática de México.
En este propósito, resulta impostergable que la Administración Pública Federal, en general, y la Secretaría de Gobernación, en particular, concentren su actuar en la realización de las tareas propias de una gobernabilidad democrática e incluyente, que tiene su expresión en una sociedad plural, como la mexicana, en la construcción de consensos.
Como resultado de lo anterior, Acción Nacional concibe como una responsabilidad fundamental, que debe reflejarse en el ejercicio del conjunto de las atribuciones que la Ley Orgánica encomienda a la Secretaría de Gobernación, el uso del diálogo y la negociación como vías privilegiadas para alcanzar convergencias y acuerdos; la contribución al restablecimiento del Estado de Derecho; la promoción de una interacción intensa entre los poderes federales; el impulso al trabajo permanente con autoridades de entidades federativas y municipios; el fomento a la participación ciudadana en la toma de decisiones; el transparentar las instituciones para fortalecerlas, reglarlas y hacerlas funcionales; el mantener una relación abierta y transparente del Ejecutivo con los medios de comunicación, y el promover el respeto al derecho a la información.
Para ello, resultará especialmente importante tomar en consideración una serie de factores que, necesariamente, incidirán en la actuación de la dependencia que tendrá la responsabilidad de promover el diálogo para alcanzar acuerdos, de cuidar la vigencia del Estado de Derecho.
En función de lo expresado hasta ahora, se pretende que la Secretaría de Gobernación pueda concentrar más su atención en aportar su contribución a la construcción de la gobernabilidad democrática del país, tanto mediante la construcción de acuerdos surgidos de la convergencia política, como de la aplicación de la ley, que permitan: sustentar la unidad nacional, preservar la cohesión social, fortalecer las instituciones de gobierno y, a la vez, dar impulso a la reforma del Estado mediante la promoción de una actitud que haga posible adaptar las instituciones políticas a la nueva circunstancia del país.
A la luz de la nueva misión y objetivos que se pretende guíen el trabajo de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen funciones que no están directamente vinculadas a la tarea de la gobernabilidad democrática. En consecuencia, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional pone a consideración de este Honorable órgano legislativo la transferencia de las siguientes funciones a otros ramos de la Administración Pública Federal: la de reivindicación de la propiedad de la Nación; la de seguridad pública, que hoy desempeña la Subsecretaría de Seguridad Pública; y la de promover la producción cinematográfica, de radio, de televisión y editorial, así como administrar las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal:
Reivindicación de la propiedad de la Nación
Estimamos que la función de reivindicar la propiedad de la Nación que hoy corresponde a la Secretaría de Gobernación debe ser responsabilidad de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, dado que ésta es la dependencia encargada de conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Federal, de administrar los inmuebles de propiedad federal que no estén asignados a otra dependencia y de regular la adquisición y el destino de los inmuebles de la Administración.
Seguridad Pública
La creación de esta nueva Secretaría persigue el objetivo fundamental a que debe aspirar todo gobierno democrático, esto es, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del país. Adicionalmente, considera innegable que durante las dos últimas décadas del siglo XX la mayor parte del mundo ha vivido un acelerado incremento de la violencia y la delincuencia. Estos fenómenos han crecido a la par de conflictos y rezagos políticos, económicos, sociales y culturales, presentes por igual, aunque en distinta magnitud, tanto en el mundo desarrollado, como en las naciones en desarrollo. Frente a todo ello, ha crecido el consenso internacional que reconoce las evidencias de que el modelo tradicional para enfrentar la inseguridad, la delincuencia y la violencia, basado principalmente en el control y la represión penal, es insuficiente y en algunos casos francamente inadecuado.
México no ha estado exento de los fenómenos descritos. Durante las últimas dos décadas, los mexicanos fuimos testigos de un incremento inédito de la delincuencia y de las manifestaciones violentas asociadas a la misma. Con ello, dos factores se hicieron evidentes; por un lado, la necesidad de replantear el concepto mismo de la política criminal, a efecto de rebasar sus límites meramente penales, para incorporar una visión más amplia que anteponga la atención social hacia las causas de la violencia y la delincuencia, sobre la atención penal con respecto a los efectos de las mismas; el segundo factor fue la urgencia de introducir a las instituciones de seguridad pública y justicia penal en un proceso de actualización, modernización y control, efectivamente adecuado no sólo a nuestro régimen constitucional de garantías, sino a la creciente demanda democratizadora de la sociedad mexicana.
En cuanto al segundo factor, la inexistencia de órganos responsables de la seguridad pública capaces de aportar esfuerzos eficientes y eficaces frente a la inseguridad y la violencia, a la par de la descomposición del tejido social provocada por las mismas, obligó al Estado Mexicano a abrir las puertas hacia la transformación integral y progresiva de dichos órganos, así como a crear nuevas herramientas que permitieran avanzar de manera más efectiva hacia la plena independencia y autonomía del Poder Judicial de la Federación. En los dos casos, los avances han sido significativos, pero a todas luces insuficientes.
De manera específica, en cuanto a lo primero, destaca la instalación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ahora sostenemos que los mayores esfuerzos de cada uno de sus integrantes deben encaminarse a lograr la adecuación de los instrumentos de operación de tal sistema, desde luego en un plano federalista de respeto, concierto y corresponsabilidad.
El Poder Ejecutivo Federal es precisamente una de las partes que debe aportar sus mejores esfuerzos y los mayores recursos posibles, para que el Sistema Nacional de Seguridad Pública sea el conducto natural a través del cual se consolide la modernización de las instituciones responsables de esta función pública, siempre en el marco del Estado democrático y de derecho.
En efecto, el Ejecutivo Federal ha desarrollado de manera reciente esfuerzos inéditos en materia de seguridad pública, entre los cuales destaca la iniciativa para crear la Policía Federal Preventiva, misma que fue sometida a la consideración del Congreso de la Unión, donde se lograron los consensos necesarios a favor de su creación sobre bases legislativas. Pero éste y otros órganos encargados de la función policial federal aún presentan resultados y desarrollo insuficientes, o incluso franca marginación del Estado de Derecho, entre otras razones porque las instituciones policiales fueron, hasta hace muy poco, excluidas históricamente de la modernización del Estado.
En anteriores circunstancias históricas, la superposición de las agendas política y de seguridad pública en el marco de atribuciones de la Secretaría de Gobernación, no fue objeto de mayores cuestionamientos. Hoy en día, sin embargo, los fenómenos sociales que tienen que ver con el delito son mucho más profundos, complejos y diversos, motivo por el cual el Ejecutivo Federal debe incorporar la atención hacia los mismos, bajo los criterios de una política criminal de prevención del delito, altamente especializada, diseñada y ejecutada al margen de consideraciones de oportunidad política.
Es así como se propone crear la Secretaría de Seguridad Pública, a efecto de que el Poder Ejecutivo integre, ordene y ejerza la política criminal federal, mediante una sola estructura orgánica, sumando todos los esfuerzos y recursos destinados a atender estas atribuciones, de manera tal que el ejercicio de las mismas se soporte en criterios de atención especializada, profesionalismo, incorporando instrumentos científicos y técnicos idóneos, favoreciendo la prevención del delito sobre la represión y dando prioridad a la participación ciudadana, todo lo anterior en estricto apego al Estado democrático y de derecho por el cual los mexicanos nos hemos inclinado.
Es responsabilidad de la Secretaría aquí propuesta desarrollar las políticas de seguridad pública, así como diseñar y ejecutar la política criminal en el ámbito federal, de manera tal que garantice la efectiva prevención del delito.
Por tanto, la conducción de las acciones para la prevención de los delitos federales por parte del Ejecutivo Federal será competencia exclusiva de la Secretaría, con lo que se clarifica la distribución de funciones de las diversas instituciones de gobierno que atienden el fenómeno delictivo, corrigiendo así la confusión que en ocasiones priva con relación a las actividades de investigación y persecución de los delitos.
Debido a la atribución conferida a la Secretaría para instrumentar la política en seguridad pública, es necesaria su opinión para concretar propuestas técnicamente válidas y ordenar los esfuerzos de las instituciones que atienden el fenómeno delictivo, con pleno respeto a su ámbito de competencia y al ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.
Uno de los aspectos que permitirán avances sustanciales en la seguridad pública es la orientación integradora en la búsqueda de soluciones, hecho que dará paso a la concentración de esfuerzos sobre la base de la adecuada división del trabajo, sustituyendo así la reiterada inclinación de atender todos a la vez y bajo su propia óptica la inseguridad, la delincuencia y los fenómenos asociados a las mismas.
Como se ha venido explicando, la distinción orgánica entre la agenda política y la de seguridad pública supone que las funciones en esta materia que hasta el momento han sido atribución de la Secretaría de Gobernación, se trasladan a la Secretaría que se propone crear, ya que ésta será la responsable de diseñar la política criminal del gobierno federal. Es así como resulta lógico que la representación del Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la presidencia de su consejo, recaiga en el titular de la Secretaría de Seguridad.
En la misma lógica, se propone que el Secretario de Seguridad Pública tenga la facultad de designar al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta reforma nos parece imprescindible para asegurar que la Secretaría y el Sistema de Seguridad Pública estén unificados bajo un mismo mando y dirigidos con criterios estrictamente técnicos, ajenos a las circunstancias propias del ambiente político.
En este sentido, se establece la facultad de proponer en el Consejo Nacional de Seguridad Pública todo aquello que permita una adecuada coordinación en todo el territorio nacional, con respecto a la competencia de la Secretaría, como soporte integrador de una política nacional, pero siempre con respeto al ámbito de atribuciones de los estados, municipios y el Distrito Federal en materia de seguridad pública. La Secretaría aportará propuestas de políticas, programas y acciones a través de los cuales se avance con mayor celeridad hacía la suma armónica de los recursos y esfuerzos de cada orden de gobierno, aprovechando el conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Todas las instituciones, recursos y esfuerzos mediante los cuales se lleva a cabo la función policial federal preventiva serán concentrados en esta Secretaría en la estructura de la Policía Federal Preventiva. Ninguna otra dependencia del Poder Ejecutivo Federal ejercerá por sí misma funciones de policía preventiva, sino que, cuando por la naturaleza de sus actividades sea necesaria la presencia de representantes de la autoridad para prevenir la comisión de delitos, recibirán el auxilio de la Policía Federal Preventiva, la cual, en obvia congruencia, dependerá de la Secretaría que aquí se propone. Sobre este particular se abundará más adelante.
Una sola policía federal preventiva permitirá congruencia e integración de recursos y esfuerzos y evitará, por tanto, duplicidades, dispersión e ineficiencias. Esta policía realizará actividades exclusivamente circunscritas a la prevención del delito y, sólo a petición expresa del Ministerio Público de la Federación y, en su caso, de otras autoridades competentes, llevará a cabo actividades de auxilio hacia las mismas.
Es importante insistir que la Policía Federal Preventiva será, bajo la estructura de esta Secretaría, un instrumento, entre otros, integrado al diseño y ejecución de una política integral de prevención del delito, que habrá de involucrar de manera prioritaria acciones de orden social, con lo cual se dejará atrás la idea de que dicha prevención sólo es responsabilidad de la policía y el sistema de justicia penal.
Desde luego, será esta Secretaría la institución donde se llevará a cabo la inteligencia policial para la prevención del delito. Es evidente que esta actividad ha sido en incontables ocasiones motivo de descrédito por parte de la sociedad. Por tanto, se hará una revisión minuciosa de la misma y se establecerán normas y procedimientos que garanticen el estricto apego a los derechos humanos en las tareas de recopilación, análisis y procesamiento de información para la prevención de delitos. En congruencia con los anteriores argumentos, si bien las labores de inteligencia ofrecerán información relevante tanto para la prevención, como para la investigación y persecución de delitos, en ningún caso involucrará actividades que la Constitución confiere exclusivamente al ministerio público.
La anterior administración creó la Policía Federal Preventiva, a efecto de unificar en la misma a todas las instituciones policiales responsables de prevenir las faltas administrativas y los delitos de orden federal. Al no existir una dependencia federal responsable exclusivamente de la seguridad pública, la Policía Federal Preventiva fue ubicada bajo la autoridad de la Secretaría de Gobernación. Con la creación de la Secretaría que aquí se propone y el traslado hacia la misma de dicha policía, la función policial federal obedecerá a directrices exclusivamente acordes a las necesidades profesionales y técnicas de este servicio público.
La función policial federal quedará orgánicamente desvinculada de la dependencia responsable de conducir la política interior, con lo cual se cerrará el paso a la tendencia histórica de sujetar el desempeño de la policía a necesidades y coyunturas de orden político.
La neutralización política de la función policial federal garantizará la eficacia de los principios constitucionales de actuación policial, es decir: legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez; principios que obligan a hacer de la función policial federal un proyecto de vida, cuyo desarrollo estará regulado en un servicio civil de carrera de alta especialización, administrado por esta Secretaría.
No se puede pensar en policías profesionales a quienes no se les asegure el respeto a sus derechos y dignidad. La Secretaría garantizará, de igual manera, el cumplimiento inexcusable de las obligaciones de los miembros de la Policía Federal Preventiva, y la satisfacción de sus derechos y expectativas. Se destinarán los mayores recursos posibles para que cada policía federal encuentre en su actividad, un sistema de prestaciones acorde a los riesgos inherentes a su responsabilidad.
Tradicionalmente, la autorización para la portación de armas de fuego ha sido atribución de la Secretaría de la Defensa Nacional; sin embargo, cuando dicha autorización se otorga a empleados e instituciones policiales federales, también participa la Secretaría de Gobernación, en correspondencia a su ámbito de competencia en materia de seguridad pública. Las características propuestas para la Secretaría de Seguridad Pública conllevan la necesidad de que sea ésta la que, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, asuma la facultad de autorización antes descrita.
Con el traslado de las funciones que en materia de seguridad pública actualmente ejerce la Secretaría de Gobernación, es indispensable hacer lo propio con la correspondiente a las autorizaciones y supervisión de las empresas que prestan servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas.
En otro orden de ideas, la iniciativa que se presenta busca establecer nuevas bases orgánicas para el ejercicio de las funciones que en materia de justicia de menores y penitenciaria tiene encomendadas el Ejecutivo Federal, en el entendido de que las facultades actualmente desempeñadas en estas materias por la Secretaría de Gobernación, entre ellas, las de administrar, construir, vigilar y dar mantenimiento a los establecimientos federales, así como a la celebración de convenios de coordinación con las entidades federativas y el Distrito Federal, no corresponden con el carácter eminentemente político de las actividades que dicha dependencia debe ejercer, sino que, por el contrario, guardan estrecha vinculación con la actividad jurisdiccional de la autoridad judicial. La ejecución de las sanciones penales para adultos y las medidas para menores consiste, en efecto, en una actividad que la administración realiza en auxilio de la justicia penal, de ahí la necesidad de apartarla de las interferencias de la actividad política del Ejecutivo y limitarla a la aplicación, individualización y materialización de normas jurídicas y decisiones judiciales.
La iniciativa propone la adscripción a la Secretaría de Seguridad Pública de las unidades administrativas encargadas de las labores de planeación, organización y gestión, de las tareas de construcción, adquisición, mantenimiento y administración de los establecimientos carcelarios federales, así como de la conducción de las acciones de coordinación en la materia con los distintos niveles de gobierno.
Asimismo, el hecho de adscribir las facultades que actualmente tiene la Secretaria de Gobernación en materia de menores infractores permitirá dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia.
El carácter técnico de la nueva dependencia, ajeno a las vicisitudes, tiempos y prioridades de la actividad política, permitirá fortalecer y profesionalizar el servicio penitenciario y, con ello, llevar a cabo los ajustes que reclama el complejo carcelario del país, entre los que destaca la necesidad de aliviar a las entidades federativas y al Distrito Federal de la carga financiera que ocasiona la indebida transferencia de las responsabilidades de la Federación en relación con los internos del fuero federal alojados en establecimientos de carácter local.
Con la transferencia a la propuesta Secretaría de Seguridad Pública, de las funciones vinculadas a ese ámbito, hoy a cargo de la Secretaría de Gobernación, ésta vería fortalecida su capacidad para prestar singular atención al desempeño de otras funciones relevantes a su cargo, como la de fungir como conducto institucional del Ejecutivo para la comunicación con los otros poderes y con los órganos constitucionales autónomos.
Nuestra constitución otorga al Ejecutivo Federal una participación limitada en el proceso legislativo. En su derecho de iniciativa y en la facultad que tiene de vetar, con las limitaciones que la ley fundamental le impone las decisiones del legislativo. De ahí la importancia del diálogo y de la cooperación entre ambos poderes, diálogo en que la Secretaría de Gobernación tiene una participación medular.
Administración de las estaciones de radio y televisión del Ejecutivo Federal.
De modo semejante, la coordinación y administración de las estaciones de radio y televisión del Ejecutivo Federal debe dejar de ser atribución de la Secretaría de Gobernación y corresponder a la Secretaría de Educación Pública. De igual modo, se propone transferir a esta Secretaría la facultad de promover la producción de cine, radio, televisión e industria editorial. La agencia de noticias "Notimex" se mantiene en la Secretaría de Gobernación, cumpliendo las funciones que actualmente realiza.
Por otro lado y por razones de técnica legislativa, la iniciativa propone una nueva redacción del artículo 27 de la mencionada Ley, bajo nuevos y criterios y un concepto democrático del ejercicio del poder público.
Las labores propias del Poder Ejecutivo exigen mantener una comunicación expedita y permanente con las instancias creadas por la Constitución para fungir como vías de articulación y representación de la voluntad de los ciudadanos organizados para participar en política: los partidos y las agrupaciones políticas. La nueva redacción del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal busca, entre otros propósitos, explicitar el servicio que la Secretaría de Gobernación debe brindar al titular del Ejecutivo Federal en la gestión y ejecución cotidiana de los enlaces con partidos y agrupaciones políticos. Las ideas, principios, programas y plataformas de los partidos se hacen presentes en los órganos de gobierno con los que el Poder Ejecutivo Federal debe interactuar, en los tres órdenes de gobierno, en el ejercicio de las responsabilidades que le encomienda la Constitución. De ahí la importancia de esta función que la Secretaría de Gobernación viene ya desempeñando y que se propone explicitar en ley, de la misma forma que su función de fungir como vínculo del Ejecutivo Federal con organizaciones sociales para abordar asuntos políticos.
El fomento de la participación ciudadana y de una cultura política democrática que se extienda a las autoridades, a los ciudadanos y a las instituciones sociales, es otra importante tarea que a la Secretaría de Gobernación corresponde cumplir. La gobernabilidad democrática encuentra uno de sus sustentos fundamentales en la presencia en estos sujetos de valores, inclinaciones, conocimientos y destrezas funcionales a ella. El proceso de toma de decisiones en una democracia se busca enriquecer mediante la participación activa de los ciudadanos. En los ciudadanos radica un enorme potencial que los mexicanos no debemos desperdiciar.
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES Y SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION.
La iniciativa plantea transferir a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación antes, Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural las facultades que se tenían encomendadas en materia de pesca a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, cuya denominación se propone cambiar a Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
No se trata de una transferencia absoluta, pues algunas de las facultades que actualmente contiene la Ley de Pesca corresponden fundamentalmente al amparo y la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Por ello, se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales conserve las facultades de inspección, sanciones y sustanciación de recursos en materia de equilibrio ecológico contempladas en las fracciones I, V y VI del artículo 3° de la Ley de Pesca.
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Proponemos que esta Secretaría cambie su denominación a Secretaría de Desarrollo Humano, transformando una visión asistencialista y marginal del desarrollo de la persona para buscar mediante la promoción de sus capacidades su pleno desarrollo como individuo. Indudablemente, se considera a la persona humana en su doble aspecto: en su desarrollo individual y en su desarrollo social, entendiendo que el medio ambiente y social que rodea a la persona humana, tiene impacto decisivo en su desarrollo individual.
SECRETARIA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL
En la iniciativa planteamos el cambio de denominación de esta dependencia por el de Secretaría de Economía. La nueva denominación pretende comprender el impulso que a los ámbitos del desarrollo industrial y del comercio exterior debe dar el Gobierno de la República. Se estima que en la terminología empleada en el cambio de denominación, se comprenda hasta donde es posible, exhaustivamente las actividades que en estos dos renglones realiza el país. El deterioro de la micro y mediana empresa es un hecho que no amerita prueba, pues es por todos conocido. El país requiere, con urgencia, el fortalecimiento de la micro, mediana y pequeña empresa industrial y comercial. En este sentido, la creación y multiplicación de cadenas de estas unidades económicas es el gran reto que tendrá la nueva Secretaría de Economía. Por lo anterior, se explica la transferencia de la actual facultad que tiene la Secretaría de Desarrollo Social en la fracción X del artículo 32 de la ley que se modifica, a la Secretaría de Economía.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos poner a la consideración del H. Congreso de la Unión por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL, DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISION, DE LA LEY GENERAL QUE ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, DE LA LEY DE LA POLICIA FEDERAL PREVENTIVA Y DE LA LEY DE PESCA.
ARTICULO PRIMERO. Se reforman los artículos 8°, 26, 27, el encabezado y las fracciones X, XIII y XVI del artículo 32, el encabezado y las fracciones XIII, XX, XXV, XXIX, XXXII y XXXVI del artículo 32 bis, el encabezado y las fracciones IX, XI y XV del artículo 34, el encabezado y las fracciones XII, XIX, XX y XXI del artículo 35, la fracción III del artículo 40, la fracción X del artículo 41 y las fracciones II y IX del artículo 42; se adiciona el artículo 30 bis, una fracción X bis al artículo 34, las fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVI al artículo 35, una fracción XXIV bis al artículo 37 y una fracción XXX bis al artículo 38; y se deroga la fracción VIII del artículo 32 y las fracciones XXXIII, XXXIV, XXXVII y XXXVIII del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; para quedar como sigue:
Artículo 80. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con las unidades de asesoría, de apoyo técnico y de coordinación que el propio ejecutivo determine, en los términos de los acuerdos y órdenes que emita y de conformidad con el presupuesto asignado a la Presidencia de la República.
Artículo 26.....
Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Desarrollo Humano
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Secretaría de Economía
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación
Artículo 27. A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Presentar ante el Congreso de la Unión las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo;
II. Publicar las leyes y decretos del Congreso de la Unión y las normas que expida el Presidente de la República, en términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 constitucional;
III. Administrar y publicar el Diario Oficial de la Federación;
IV. Formular y conducir la política de población, salvo lo relativo a colonización, asentamientos humanos y turismo;
V. Manejar el servicio nacional de identificación personal;
VI. Tramitar lo relativo a la aplicación del artículo 33 de la Constitución;
VII. Tramitar lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al Ejecutivo Federal los artículos 96, 98 y 100 de la Constitución, sobre nombramientos, renuncias y licencias de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia;
VIII. Tramitar lo relacionado con los nombramientos, remociones, renuncias y licencias de los Secretarios de Estado, Jefes de Departamento Administrativo del Ejecutivo Federal y del Procurador General de la República;
IX. Intervenir en los nombramientos, destituciones, renuncias y jubilaciones de funcionarios que no se atribuyan expresamente por la ley a otras dependencias del Ejecutivo;
X. Llevar el registro de autógrafos de los funcionarios federales y de los Gobernadores de los Estados y legalizar las firmas de los mismos;
XI. Administrar las islas de jurisdicción federal, salvo aquellas cuya administración corresponda, por disposición de la ley, a otra dependencia o entidad de la administración pública federal.
En las islas a que se refiere el párrafo anterior, regirán las leyes federales y los tratados; serán competentes para conocer de las controversias que en ellas se susciten el juzgado de distrito más cercano;
XII. Conducir la política interior que competa al Ejecutivo y no se atribuya expresamente a otra dependencia;
XIII. Vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales y dictar las medidas administrativas necesarias para tal efecto;
XIV. Conducir las relaciones del Poder Ejecutivo con los demás Poderes de la Unión, con los órganos constitucionales autónomos, con los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios y con las demás autoridades federales y locales, así como rendir las informaciones oficiales del Ejecutivo Federal;
XV. Conducir las relaciones del gobierno federal con el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado;
XVI. Conducir las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones del sector social y privado, con las asociaciones religiosas y demás instituciones sociales;
XVII. Fomentar el desarrollo político, contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la activa participación ciudadana y favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de gobernabilidad democrática;
XVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas;
XIX. Administrar el Archivo General de la Nación, así como vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de información de interés público;
XX. Ejercitar el derecho de expropiación por causa de utilidad pública en aquellos casos no encomendados a otra dependencia;
XXI. Vigilar que las publicaciones impresas y las transmisiones de radio y televisión, así como las películas cinematográficas, se mantengan dentro de los límites del respeto a la vida privada, a la paz y moral pública y a la dignidad personal, y no ataquen los derechos de terceros, ni provoquen la comisión de algún delito o perturben el orden público;
XXII. Regular, autorizar y vigilar el juego, las apuestas, las loterías y rifas, en los términos de las leyes relativas;
XXIII. Compilar y ordenar las normas que impongan modalidades a la propiedad privada, dictadas por el interés público;
XXIV. Conducir y poner en ejecución, en coordinación con las autoridades de los Gobiernos de los Estados, con los gobiernos municipales y con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las políticas y programas de protección civil del Ejecutivo para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo a la población en situaciones de desastre y concertar con instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes al mismo objetivo;
XXV. Conducir y poner en ejecución las políticas y programas del Gobierno Federal en materia de protección ciudadana y coordinar, en términos de la ley respectiva, el ejercicio de las atribuciones del Ejecutivo Federal que correspondan en esta materia, en relación con los Estados, el Distrito Federal y los municipios;
XXVI. Formular, normar, coordinar y vigilar las políticas de apoyo a la participación de la mujer en los diversos ámbitos del desarrollo, así como propiciar la coordinación interinstitucional para la realización de programas específicos;
XXVII. Fijar el calendario oficial;
XXVIII. Formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de comunicación, así como la operación de la agencia noticiosa del Ejecutivo Federal;
XXIX. Orientar, autorizar, coordinar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social de las dependencias del Sector Público Federal;
XXX. Establecer y operar un sistema de investigación e información, para asegurar la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano;
XXXI. Contribuir en lo que corresponda al Ejecutivo de la Unión, a dar sustento a la unidad nacional, a preservar la cohesión social y a fortalecer las instituciones de gobierno; y
XXXII. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Art. 30 bis. A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. Desarrollar las políticas de seguridad pública, así como proponer la política criminal en el ámbito federal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos.
II. Proponer al Ejecutivo Federal las medidas que garanticen la congruencia de la política criminal entre las dependencias de la administración pública federal;
III. Presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública;
IV. Representar al Poder Ejecutivo Federal en el Sistema Nacional de Seguridad Pública;
V. Designar y remover, en su caso, al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
VI. Proponer en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública políticas, acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional;
VII. Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos federales y, por conducto del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los delitos del fuero común;
VIII. Promover y facilitar la participación social para el desarrollo de actividades de vigilancia sobre el ejercicio de sus atribuciones;
IX. Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con relación al ejercicio de sus atribuciones;
X. Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Federal Preventiva, así como garantizar el desempeño honesto de su personal y aplicar su régimen disciplinario;
XI. Designar al Comisionado de la Policía Federal Preventiva;
XII. Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
XIII. Organizar, dirigir y administrar, con estricto apego a los derechos humanos, un órgano de inteligencia policial para la prevención de los delitos;
XIV. Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el fenómeno delictivo;
XV. Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de la República, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito;
XVI. Organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución;
XVII. Organizar, dirigir y administrar el servicio civil de carrera de la Policía a su cargo;
XVIII. Regular y autorizar la portación de armas para empleados e instituciones policiales federales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional;
XIX. Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de seguridad en dos o más entidades federativas; así como supervisar su funcionamiento;
XX. Celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su competencia, con otras autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así como establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales, conforme a la legislación;
XXI. Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales, municipales o del Distrito Federal competentes, en la protección de la integridad física de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o riesgo inminente;
XXII. Auxiliar al Poder Judicial de la Federación y a la Procuraduría General de la República, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio de sus funciones;
XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario; así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados;
XXIV. Participar, conforme a los tratados respectivos, en el traslado de los reos a que se refiere el quinto párrafo del artículo 18 constitucional;
XXV. Administrar el sistema federal especializado en la atención de menores sujetos a procedimientos jurisdiccionales ante los órganos competentes; y
XXVI. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos.
Artículo 32. A la Secretaria de Desarrollo Humano corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a VII. . .
VIII. (Se deroga)
IX...
X. Prever a nivel nacional las necesidades de tierra para desarrollo urbano y vivienda, considerando la disponibilidad de agua determinada por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y regular, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales, los mecanismos para satisfacer dichas necesidades;
XI y XII.....
XIII. Fomentar la organización de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción, en coordinación con las Secretarias del Trabajo y Previsión Social y de Economía.
XIV. y XV....
XVI. Asegurar la adecuada distribución, comercialización y abastecimiento de los productos de consumo básico de la población de escasos recursos, con la intervención que corresponde a la Secretaria de Economía así como a la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; bajo principios que eviten el uso o aprovechamiento indebido y ajenos a los objetivos institucionales;
XVII.....
Artículo 32 bis. A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XII . . .
XIII. Fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica, con la cooperación de las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación;
XIV. a XIX ...
XX. Imponer las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación o exportación, cuando se requiera para su conservación y aprovechamiento;
XXI a XXIV...
XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, las obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y municipales o de particulares;
XXVI a XXVIII....
XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación;
XXX y XXXI..
XXXII. Regular el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.
XXXIII. Se deroga.
XXXIV. Se deroga.
XXXV…
XXXVI. Realizar directamente y autorizar conforme a la ley, lo referente a acuacultura; así como establecer viveros, criaderos y reservas de especies acuáticas, con la participación, en su caso, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación;
XXXVII. Se deroga.
XXXVIII. Se deroga.
XXXIX. a XLI....
Artículo 34. A la Secretaria de Economía corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I a VIII....
IX. Participar con las secretarías de Desarrollo Humano, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;
X bis. Coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que asocien a grupos de escasos recursos en áreas urbanas a través de las acciones de planeación, programación, concertación, coordinación, evaluación; de aplicación, recuperación y revolvencia de recursos para ser destinados a los mismos fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para ese propósito, previa calificación, con la intervención de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado;
XI. Coordinar y dirigir con la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, el Sistema Nacional para el Abasto, con el fin de asegurar la adecuada distribución y comercialización de productos y el abastecimiento de los consumos básicos de la población;
XII a XIV....
XV. Fomentar el desarrollo del pequeño comercio rural y urbano, así como promover el desarrollo de lonjas, centros y sistemas comerciales de carácter regional o nacional en coordinación con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación;
XVI a XXX....
Artículo 35. A la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación corresponde el despacho de los siguientes asuntos:
I. a XI ....
XII. Participar junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la conservación de los suelos agrícolas, pastizales y bosques, y aplicar las técnicas y procedimientos conducentes;
XIII. a XVIII....
XIX. Programar y proponer, con la participación que corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, la construcción de pequeñas obras de irrigación; y proyectar, ejecutar y conservar bordos, canales, tajos, abrevaderos y jagüeyes que competa realizar al Gobierno Federal por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, los municipios o los particulares;
XX. Participar, junto con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la promoción de plantaciones forestales, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con los gobiernos de los estados, municipios o de particulares;
XXI. Fomentar la actividad pesquera, expedir las normas oficiales mexicanas que correspondan al sector pesquero, así como promover, fomentar y asesorar técnicamente la producción, industrialización y comercialización de sus productos en todos sus aspectos, en coordinación con las dependencias competentes;
XXII. Estudiar, proyectar, construir y conservar las obras de infraestructura pesquera y de acuacultura que requiera el desarrollo del sector pesquero, con la participación de las autoridades estatales, municipales o de particulares;
XXIII. Regular la formación y organización de la flota pesquera, así como las artes de pesca, expidiendo al efecto las normas oficiales mexicanas que corresponda;
XXIV. Promover la creación de zonas portuarias pesqueras, así como su conservación y mantenimiento.
XXV. Promover, en coordinación con la Secretaría de Economía, el consumo humano de productos pesqueros, asegurar el abasto y la distribución de dichos productos, y de materia prima a la industria nacional.
XXVI. Los demás que expresamente la atribuyen las leyes y reglamentos;
Artículo 37. .
I a XXIV.
XXIV bis. Reivindicar la propiedad de la nación;
XXV....
Artículo 38.
I a XXX
XXX bis. Promover la producción cinematográfica de radio y televisión y la industria editorial; dirigir y coordinar la administración de las estaciones radiodifusoras y televisoras pertenecientes al Ejecutivo Federal, con exclusión de las que dependan de otras Secretarias de Estado y Departamentos Administrativos;
XXXI.....
Artículo 40.....
I. y II....
III. Intervenir en los contratos de trabajo de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero, en cooperación con las Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores;
IV. a XIX....
Artículo 41.....
I. a IX....
X. Proyectar los programas generales y concretos de colonización ejidal, para realizarlos, promoviendo el mejoramiento de la población rural y, en especial, de la población ejidal excedente, escuchando la opinión de la Secretaría de Desarrollo Humano;
XI. a XIII....
Artículo 42.....
I...
II. Promover, en coordinación con las entidades federativas, las zonas de desarrollo turístico nacional y formular en forma conjunta con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales la declaratoria respectiva;
III a VIII....
IX. Emitir opinión ante la Secretaría de Economía, en aquellos casos en que la inversión extranjera concurra en proyectos de desarrollo turísticos o en el establecimiento de servicios turísticos;
X. a XXI ....
ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona una fracción VIII al articulo 11 y se recorre la actual fracción VIII para quedar como fracción IX, y se deroga la fracción III del artículo 10 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 10 ...
I. y II.
III. Se deroga.
IV. a VI....
Artículo 11....
I. a VII.
VIII. Coordinar el funcionamiento de las estaciones de radio y televisión pertenecientes al Gobierno Federal;
IX. Las demás que le confiera la ley.
ARTICULO TERCERO. Se reforman los artículos 12, 14 y 52 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como sigue:
Artículo 12....
I. El Secretario de Seguridad Pública, quien lo presidirá;
II. a VIII .
Artículo 14. El Secretario de Seguridad Pública designará al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 52. Además de cumplir con las disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, los particulares que presten servicios de seguridad, protección, vigilancia o custodia de personas, lugares o establecimientos, de bienes o valores, incluido su traslado; deberán obtener autorización previa de la Secretaria de Seguridad Pública, cuando los servicios comprendan dos o más entidades federativas; o de la autoridad administrativa que establezcan las leyes locales, cuando los servicios sólo en el territorio de una entidad. Conforme a las bases que esta ley dispone, las instancias de coordinación promoverán que dichas leyes locales prevean los requisitos y condiciones para la prestación del servicio, la denominación, los mecanismos para la supervisión y las causas y procedimientos para determinar sanciones.
ARTICULO CUARTO. Se reforma el artículo 2 de la Ley Federal de la Policía Preventiva, para quedar como sigue:
Artículo 2. La Policía Federal Preventiva dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular tendrá la facultad de nombrar y remover a un Comisionado, quien tendrá el más alto rango en dicha Policía y ejercerá sobre ésta atribuciones de mando, dirección y disciplina.
Transitorios
ARTICULO PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO. El personal, las plazas, asignaciones presupuestales, archivos y expedientes y demás recursos materiales con que cuenten las entidades cuyas funciones se transfieren por virtud de este decreto a otras Secretarías de Despacho, pasarán a formar parte de éstas. Los derechos laborales del personal que, en virtud de lo dispuesto en el presente decreto, pase de una dependencia a otra, se respetarán conforme a la ley.
ARTICULO TERCERO. Los asuntos que con motivo de este decreto, deban pasar de una Secretaría a otra, permanecerán en el último trámite que hubieren alcanzado hasta que las unidades administrativas que los despachen se incorporen a la dependencia que señale el mismo, a excepción de aquellos urgentes o sujetos a término.
ARTICULO CUARTO. Cuando en este decreto se dé una denominación nueva o distinta a alguna dependencia cuyas funciones estén establecidas por ley anterior, dichas atribuciones se entenderán concedidas a la dependencia que determine el mismo.
ARTICULO QUINTO. Las menciones contenidas en otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición, respecto de las Secretarias cuyas funciones se reforman por virtud de este decreto, se entenderán referidas a las dependencias que, respectivamente, asuman tales funciones.
ARTICULO SEXTO. El Presidente de la República deberá expedir el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad, así como realizar las adecuaciones correspondientes a los reglamentos interiores de las Secretarias en un plan no mayor de seis meses, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
ARTICULO SEPTIMO. Cuando en la Ley de Pesca se mencione a la desaparecida Secretaría de Pesca, deberá entenderse como Secretarla de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
ARTICULO OCTAVO. Las facultades contenidas en las fracciones I, V y VI del artículo 3° de la Ley de Pesca, se confieren a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Asimismo, por lo que se refiere únicamente al ejercicio de las facultades anteriores, se confiere a la citada Secretaria las facultades contenidas en los capítulos cuarto y quinto de la Ley de Pesca.
ARTICULO NOVENO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado César Nava Vázquez.
La Iniciativa que por su conducto presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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Tiene ahora el uso de la palabra para presentar una Iniciativa de Reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a la Diputada Hortensia Aragon Castillo.
LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGON CASTILLO (P.R.D.): Buenos días, con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras Diputados y Diputadas.
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un último párrafo al Numeral 1, del Artículo 4o. así como un Artículo 175A y se deroga el Numeral 3 del Artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de Equidad y Género en la participación política.
Paso a exponer los motivos de esta Iniciativa.
" Que el trato igualitario ante la Ley se observe como trato.."
LECTURA DE INICIATIVA
Iniciativa de decreto por el que se adiciona un último párrafo al numeral 1 del artículo 4, así como un artículo 175 A y se deroga el numeral 3 del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad de genero en la participación política
La ciudadana diputada Hortensia Aragón Castillo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presenta a consideración del Pleno la siguiente Iniciativa de decreto por el que se adiciona un último párrafo al numeral 1 del articulo 4, así como un artículo 175 A y se deroga el numeral 3 del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente
Exposición de motivos
Que el trato igualitario ante la ley se observe como trato equitativo ante la sociedad, ha sido el afán de muchos años de lucha de las mujeres, y aunque todavía queda mucho camino por recorrer, hoy en día no podemos dejar de reconocer el trayecto andado:
Arrancar en 1917, con la expedición de la Ley de Relaciones Familiares, que, al margen del estigma social, permitió a las mujeres la disolución del vinculo matrimonial, fue muy significativo. Más aún cuando la Ley Federal del Trabajo en 1931 autorizó a la mujer casada para celebrar un contrato de trabajo sin la autorización del marido.
Posteriormente, esta misma ley (Federal del Trabajo), en 1970, estableció por primara vez la no discriminación por motivo de sexo, así como la disposición tendiente a que las mujeres disfruten de los mismos derechos y obligaciones que los hombres.
Aunque ya la reforma de 1953 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocía a las mujeres la categoría de ciudadanas mexicanas y, en consecuencia, el derecho al voto, fue hasta el año de 1974 cuando se eleva a rango constitucional la igualdad del hombre y la mujer.
Esta última disposición es, sin duda alguna, una de las principales victorias de las mujeres mexicanas. Y es esta misma garantía individual la que hoy nos conmina como legisladores y legisladoras a realizar adecuaciones legales que permitan su debida observancia.
En congruencia con el artículo 133 constitucional, que a la letra dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la república, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los estados", podemos entender que el gobierno de México está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. En ella se establece en su artículo 4, párrafo primero, que: "La adopción por los Estados parte, de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación (...); estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de la igualdad de oportunidad y trato".
Lo que estamos queriendo decir en palabras de Marta Lamas es que:
"Un desarrollo más equitativo y democrático del conjunto de la sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo. En el caso específico de las mujeres, la mitad de la población, se ha vuelto una necesidad impostergable de los gobiernos el diseño de Políticas que toman en cuenta las condiciones culturales, económicas y socio Políticas que favorecen la discriminación femenina."
A raíz de la reforma al artículo 34 constitucional que otorga la calidad de ciudadanas a las mujeres, éstas empezaron a hacer presencia en los cargos de elección popular. Sin embargo, la discriminación hacia las mismas puede constatarse a través del porcentaje de mujeres en dichos cargos: en la XLII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión las mujeres representaron sólo 0.6 por ciento, para la XLIV Legislatura el porcentaje fue de 5 por ciento, diez años después este porcentaje sólo había aumentado en 0.8 por ciento. Así, legislatura tras legislatura, con grandes altibajos, pero sin rebasar nunca 18 por ciento de las curules de esta gran sala.
De acuerdo con el artículo 40 constitucional, el cual establece que "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental", se desprende que una de las condiciones de la representación democrática debe ser lograr la integración plena de todos los sectores sociales del país en la vida política, y con mayor razón la de aquellos que por imposiciones sociales se encuentran discriminados, haciendo que la representación en su conjunto refleje las características del pueblo representado. Esta condición no se cumple en nuestro país, ya que a pesar de que las mujeres representamos 52 por ciento del electorado, no ocupamos ni la quinta parte de los cargos de elección popular.
La discriminación contra las mujeres, materializada de diversas formas, ha restringido a lo largo de la historia su capacidad de participar en el gobierno y en la vida política del país. Hoy en día estamos convencidas de que esta mayor participación de la mujer requiere no sólo de la concientización de la sociedad, sino, además, de la adopción de acciones afirmativas que permitan llegar a una verdadera equidad entre los géneros.
Está comprobado que una mayor participación de la mujer en la vida Política del país, requiere, además de normas igualitarias, un trato equitativo, entendiendo como tal "la justicia al caso concreto". La implementación de acciones afirmativas se inscribe pues, en la búsqueda de esta equidad.
Dichas acciones afirmativas deben ser entendidas como el despliegue de una actividad tendiente a crear un conjunto de programas y soluciones normativas, jurídicas y comunicativas destinadas a subsanar las desigualdades existentes entre hombres y mujeres y a prevenir su aparición en el futuro.
Como legisladores nos corresponde avanzar en la creación de normas jurídicas que, en el marco de las acciones afirmativas, nos permitan dar un paso más en la búsqueda de la equidad entre los géneros.
Toda acción afirmativa parte del reconocimiento de la desigualdad de género y debe lograr no sólo la nivelación entre los sexos, sino además, desembocar en el bien común, al ser una medida que genera mayor justicia social.
Si bien, las acciones afirmativas son utilizadas para erradicar el trato discriminatorio contra cualquier grupo social, sea minoritario o no, en el caso que nos ocupa, las reformas que proponemos persiguen ofrecer a las mujeres mayores oportunidades de acceso a los cargos de elección popular, máxime que son éstas quienes representan el mayor porcentaje del electorado. Entre estas acciones destacan las denominadas cuotas, es decir, la obligación de que ningún sexo represente más de un determinado porcentaje en los cargos de elección popular.
En México han existido algunos avances en este sentido, pero los mismos han sido insuficientes; entre ellos podemos mencionar los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática pionero en nuestro país en relación con las cuotas de género, que establecen que ningún género debe representar más de 70 por ciento en las candidaturas de elección popular.
Disposición similar se asentó en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que incluyó en su transitorio vigésimo segundo que: "Los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70 por ciento para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres". Esta disposición, si bien fue un avance en su momento, no ha sido cumplida.
Por su parte, el numeral 3 del artículo 175 del Cofipe establece que: «Los partidos políticos promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular". La inclusión de la norma puso en evidencia el trato discriminatorio para las mujeres. Sin embargo, la misma se creó como una norma imperfecta, es decir, aquella que no trae aparejada una sanción, y en consecuencia, es susceptible de ser transgredida. Una norma jurídica sin sanción está destinada a no cumplirse, o bien a cumplirse parcialmente, como en algunos casos ha sucedido.
Algunos partidos políticos han simulado su apego a la norma mandando a las mujeres como candidatas suplentes o bien, otorgándoles su calidad de propietarias en los últimos lugares de las listas de representación proporcional. Los resultados, todas y todos los conocemos.
Por tal motivo las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que se proponen persiguen dos objetivos:
1. Avanzar en la ejecución de acciones afirmativas tendientes a erradicar la discriminación hacia la mujer en los cargos de elección popular.
2. Introducir el concepto de equidad entre los géneros como un derecho de los ciudadanos, que permita en el corto plazo dar un trato más equitativo a las mujeres.
Para tal efecto se propone:
a) Adicionar el artículo 4 del Cofipe estableciendo que: "Es derecho del ciudadano la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular".
Con plena conciencia de que la igualdad jurídica establecida en el artículo 4° constitucional (de iure), no garantiza automáticamente la igualdad de trato (igualdad de facto), para acelerar la igualdad real de la mujer en la sociedad, y en particular en la vida política del país, debemos crear medidas especiales de carácter correctivo mientras persistan las desigualdades. Así lo recomiendan diversos tratados y convenciones internacionales firmados y ratificados por nuestro país.
b) Rescatar la disposición del artículo transitorio vigésimo segundo del Cofipe, establecida en 1996, en el sentido de que cada lista plurinominal que presenten los partidos políticos, ya sea para diputados o senadores, no podrá contener más de 70 por ciento de candidatos de un mismo género, disposición aplicable tanto para candidatos propietarios como para suplentes. Esta última especificación cobra gran importancia, porque los hechos nos han demostrado la facilidad con la que algunos partidos políticos cumplen este porcentaje otorgando a las mujeres candidaturas como suplentes o bien, los últimos lugares de las listas plurinominales.
Para evitar la práctica discriminatoria de colocar a las mujeres en los últimos lugares de las listas, se propone adicionar en el numeral 1 del artículo 175 A que en las dos primeras decenas de cada lista, la frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo será de uno de cada tres lugares, es decir, del 1 al 3, por lo menos debe haber uno de sexo distinto; del 4 al 6, se le aplica la misma disposición; y así sucesivamente, hasta llegar al lugar número veinte. La sanción será la negativa por parte de la autoridad electoral del registro de la referida lista para el partido político transgresor de esta disposición.
c) Establecer que las disposiciones concernientes al porcentaje máximo de un género en las candidaturas les serán aplicables al registro total de candidatos propietarios y suplentes para diputados y senadores por el principio de mayoría relativa. La violación a esta disposición será sancionable en las listas plurinominales del partido transgresor de la siguiente manera:
Si un sexo se encuentra representado en menos de 30 por ciento del registro total de candidaturas, para propietarios o suplentes, por el principio de mayoría relativa, el partido estará obligado a asignarle al género subrepresentado en la lista plurinominal, 10 por ciento adicional al 30 por ciento al que está obligado. Si la participación fuere menor a 20 por ciento, el partido político asignará 15 por ciento más en la lista plurinominal, y si fuere menor al 10 por ciento, el porcentaje asignado al género minoritario será de 20 por ciento más en la lista plurinominal. El desacato de esta disposición dará lugar a la negativa de la inscripción de la referida lista.
Por lo antes expuesto y fundado, los diputados que firmamos al calce sometemos a consideración del pleno la siguiente
Iniciativa de decreto por el que se adiciona un último párrafo al numeral 1 del articulo 4, así como un articulo 175 A y se deroga el numeral 3 del articulo 175 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, en materia de equidad de género
Artículo primero. Se adiciona el numeral 1 del artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
"Artículo 4
1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación del ciudadano que se ejerce para integrar los órganos del Estado de elección popular. También es derecho del ciudadano la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.
2…
3...
Articulo segundo. Se deroga el numeral 3 del artículo 175 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
"Artículo 175
1…
2...
3. Se deroga
4…
Artículo tercero. Se adiciona un artículo 175 A al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
"Articulo 175A
Para efectos del numeral 2 del artículo anterior, se seguirán las siguientes reglas:
1. Tratándose de los candidatos a diputados y senadores por el principio de representación proporcional, las listas que registren los partidos políticos no podrán contener más de setenta por ciento tanto de candidatos propietarios como de suplentes de un mismo género. En cada una de las dos primeras decenas de cada lista la frecuencia mínima de colocación para cualquier sexo será de uno de cada tres lugares.
Las listas que no cumplan con lo previsto por el párrafo anterior no serán registradas.
2. El registro total de las candidaturas a diputados y senadores por el principio de mayoría relativa que hagan los partidos políticos, no deberá contener más de setenta por ciento de candidatos propietarios y suplentes de un mismo género.
3. Si un sexo se encuentra representado en menos de treinta por ciento del registro total de las candidaturas a que se refiere el numeral 2 de este artículo, el partido político estará obligado a asignarle al género representado minoritariamente, diez por ciento más de candidatos tanto a propietarios como a suplentes en la lista plurinominal.
Si la participación fuese menor a veinte por ciento, el partido le otorgará al género subrepresentado quince por ciento más en la lista plurinominal. Si el porcentaje fuese menor a diez por ciento, el porcentaje para el género representado minoritariamente será de veinte por ciento más en la lista plurinominal.
Los porcentajes a que hacen referencia los dos párrafos anteriores como sanción a los partidos políticos, serán adicionales al porcentaje mínimo a que tiene derecho el género representado minoritariamente en las listas plurinominales.
La falta de cumplimiento de este precepto dará lugar a la negativa del registro de la referida lista. Esta omisión deberá subsanarse dentro del plazo de registro señalado para ese efecto."
Transitorio
Único. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 09 de septiembre de 2000
Solicito al ciudadano presidente de la Mesa Directiva turne la presente iniciativa a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género.
Por lo antes expuesto y fundado, los diputados y diputadas que firmamos al calce, sometemos a consideración del Pleno la siguiente iniciativa de decreto cuyo texto íntegro entrego y agrego que esta iniciativa ha sido firmada por integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, por el Partido de Alianza Social, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido de la Revoluci6n Democrática y esperamos que en congruencia con lo aquí manifestado por las diferentes fracciones parlamentarias en raz6n de los resolutivos del Congreso Nacional de Mujeres hacia la Reforma del Estado, podamos contar con el apoyo de todas las fracciones parlamentarias para esta iniciativa que es resolutivo íntegro de este Congreso.
Solicito al ciudadano Presidente de la Mesa Directiva turne la presente iniciativa a las comisiones unidas de Gobernaci6n y Seguridad Pública y de Equidad y Género.
Por su atención, muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señora diputada Hortencia Aragón Castillo.
De acuerdo con lo pedido, se turna la iniciativa lerda a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género.
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Se ruega a la Secretaría dar cuenta del registro de asistencia y pedir que sea cerrado el sistema de registro.
EL SECRETARIO, DIP. BERNARDO BORBON VILCHEZ: Se le informa a la Presidencia que hasta este momento se encuentran registrados 426 diputados, incluyendo a un diputado que reporto problemas en su lector biométrico. Se pide al personal de apoyo cierre el sistema electrónico de registro. Gracias.
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LA PRESIDENTA: Gracias señor Secretario. Tiene la palabra el señor diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal.
EL DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con su permiso señora Presidenta. Compañeros y compañeras:
Con su venia, Sr. Presidente, Honorable Cámara de Diputados, Estimados compañeros diputados.
Con fundamento en los artículos 122, apartado A, fracciones I, IV y V y el 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como el 55, fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, Esteban Daniel Martínez Enríquez, a nombre de los diputados federales de la LVIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, sometemos a consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente
Exposición de motivos:
La reforma a la ley de Coordinación Fiscal de 1997, sobre todo en lo concerniente al ramo 26, fortaleció las haciendas públicas del sistema federal mexicano, mediante la creación de los Fondos de Aportaciones Federales.
La descentralización a los estados y municipios de los fondos de Superación de la Pobreza permitió, sin lugar a dudas, mejorar la atención local a rezagos sociales y la mejor planeación y operación de programas regionales en beneficio de los que menos tienen.
En contraposición al avance del federalismo en el resto del país, mediante el fortalecimiento de las haciendas públicas de las entidades federativas y municipios, el Distrito Federal sigue excluido de los FONDOS III y IV, DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS, por lo que en esta Iniciativa de Decreto proponemos su incorporación.
La reforma del estado ha modificado la naturaleza jurídica del Distrito Federal1, configurando, lentamente, la incorporación de su territorio y población al pacto federal.
Esta naturaleza de lugar de residencia de los poderes de la unión y, o capital federal, complica la realidad social de la Ciudad de México y genera diversas imprecisiones administrativas, políticas y financieras que crecen en razón directa a la concentración de actividades políticas, económicas y sociales en el D. F.
A continuación me permito enumerar algunas.
El DF fue excluido de las reformas de 1999 a la Ley de Coordinación Fiscal, con el argumento de no ser estado, es decir, por la falta de soberanía de la entidad federal, los ciudadanos no resultaron beneficiados de las participaciones federales en materia de combate a la pobreza, infraestructura social y fortalecimiento de los municipios.
La Ley Suprema define a los municipios como "... la forma de Gobierno republicano, representativo, popular, ... base de su división territorial y de su organización Política y administrativa..." 2. Sin embargo en la misma constitución existe otra figura de gobierno de contenido similar, el Estatuto de Gobierno del DF, enuncia a las antiguas delegaciones políticas como "...órganos político administrativos en cada demarcación territorial en que se divida el Distrito Federal"
La inconsistencia jurídica en el DF, hace crisis en materia de participación federal ya que, dados los avances de la reforma política, las necesidades administrativas, sociales y económicas han cambiado.
Esta legislatura debe enfrentar el reto de que aún cuando la reforma política mantiene dos regímenes de gobierno interior, la Ley de Coordinación Fiscal promueva la igualdad en la participación federal.
Hemos de recordar los grandes cambios políticos que conllevan modificaciones en la administración pública del D.F., como la desconcentración de las delegaciones políticas de la Jefatura de Gobierno.
Ahora, el Distrito Federal no solo elige a su gobernante en la entidad, mediante la figura de Jefe de Gobierno y a sus representantes o diputados locales, en la Asamblea Legislativa del DF. En el 2000, los vecinos del Distrito Federal elegimos Jefes Delegacionales, figura transitoria y símil al de Presidente Municipal.
Si la legislación electoral en el DF permitió que los ciudadanos de la capital federal eligieran a sus autoridades locales a través de la figura de Jefe Delegacional, esta Legislatura del Congreso de la Unión, debe modificar la Ley de Coordinación Fiscal, a fin de que el Distrito Federal participe en el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo de los Municipios y del Distrito Federal.
Solo así, estaremos adecuando a los cambios políticos de la capital federal, al presupuesto de Egresos del 2001, posibilitando la operación gubernamental de las demarcaciones territoriales.
Por reciente, la división política y territorial del gobierno en el DF, requiere acuerdos políticos cuyas reformas legislativas incorporen a la Ley de Coordinación Fiscal al Distrito Federal al goce de los correspondientes Fondos Financieros.
Lo mismo ocurre con los Fondos de Infraestructura Social producto del debate parlamentario de finales de 1999, publicados en el Decreto de fecha 29 de diciembre del ano en comento. En éste se establecieron nuevas bases del federalismo, buscando la distribución equitativa, así como la reestructuración de transferencias de recursos a los municipios y al Distrito Federal y eran reformas acordes con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo.
Las dos condiciones decretadas en la reforma del ano pasado, motivan la iniciativa de decreto que incluye al DF en el Sistema Fiscal Federal.
El objeto de los fondos, establecía dos condiciones cubiertas a plenitud por el DF: la satisfacción de requerimientos y obligaciones financieras de las entidades y la atención a necesidades en materia de seguridad pública, por un lado; y el reparto, que establecía como indicador, al número de habitantes por entidad federativa.
Bajo estas dos premisas, la LVII Legislatura garantizaba la inclusión en el presupuesto de egresos de los que menos tienen y viven en graves condiciones de miseria en todo el país, incluyendo al DF.
La aplicación de estas dos condiciones beneficiaría a las numerosas colonias populares del DF, y no fue así.
El Distrito Federal concentra la vivienda de más de 8 millones de mexicanos, es decir, el 10% de la población nacional. Aunado a esta concentración, están los efectos que provoca la población flotante. Diariamente transitan, trabajan o estudian otro 8 millones de mexicanos, avecindados en la zona metropolitana y municipios conurbados del estado de México.
Como entidad territorial, el Distrito Federal no solo es la más habitada, utilizada y transitada.
También es la de mayor concentración de actividades económicas y de población con sueldos menores a 2 salarios mínimos. Según datos del Gobierno del Distrito Federal, el 46.1 % de la población recibe hasta dos salarios mínimos, el 3.9 por ciento de la población no recibe ingresos y el 4.8 no especifica su cantidad.
Esto debiera ubicar como urgente el Combate a la Pobreza en el DF. La calidad de vida del 55% de la población del DF es insegura y esta en contra de sus derechos sociales.
Si a esto le agregamos el que la inversión pública requerida en materia de servicios, mantenimiento y expansión ha ido en aumento y va en razón directa tanto de la población flotante, como de la real, queda suficientemente motivada la inclusión del DF en el Fondo para la Infraestructura Social.
La entidad federativa donde más de dieciséis millones de mexicanos, 20 % de la población total del país, conviven diariamente se excluyó de los fondos III, de Infraestructura Social para el ejercicio estatal y el IV de Aportaciones para el Fortalecimiento del Desarrollo Municipal.
Por razones desconocidas, pero ciertamente políticas, el decreto del 31 de diciembre de 1999 desechó la participación del Distrito Federal en estos fondos, que se había publicado dos días antes.
Este Decreto excluyó del desarrollo al DF, al eliminar del Fondo IV de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, la palabra "Distrito Federal", y con ello excluyó a los habitantes pobres y sus ciudades, perdidas del equipamiento y la infraestructura que mejoraría el desarrollo comunitario.
¿Por qué la inequidad?
La exclusión del DF causó problemas en el pago de compromisos contraidos y en el desarrollo de nuevos proyectos prioritarios para la Ciudad de México.
¿Por qué la legislatura LVII no pudo contener la desigualdad que priva en nuestro país, y castigó a los económicamente más débiles al limitar la participación del DF en el presupuesto de egresos federal?
Así como resalta la concentración de tránsito por el DF, de establecimientos educativos y de centros de trabajo, también se observan numerosas colonias con deficiencias en servicios y equipamiento urbano, al igual que trabajadores pobres con recursos menores a los indicadores tope en los programas de combate a la pobreza.
El reto gubernamental que significa administrar la megalópolis de mayúscula concentración poblacional conformada por sus 16 demarcaciones territoriales y un Jefe de Gobierno que tiene a su cargo al Ejecutivo y la administración pública en la entidad, se empeora por la indefinición política de su estado de estado y, o municipios.
No se pueden detener los compromisos constitucionales de los poderes de la unión hasta la conclusión de la reforma del estado.
Por todo lo anterior y considerando:
Que la reciente pluralidad en la administración pública del DF es un claro ejemplo de la diversidad y pluralidad política de nuestro país. Con un Jefe de Gobierno y 10 Jefes Delegacionales de un partido y 6 Jefes Delegacionales con otra orientación política en el gobierno ejecutivo, con la ausencia de mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del DF, la inclusión del DF como entidad para el reparto de los diversos fondos de combate a la pobreza, Infraestructura Social de las entidades y de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, permitirá acentuar el pacto federal y la atención local a los más débiles en el sistema económico nacional.
Que los recursos del Fondo para el fortalecimiento de los municipios fortalecerá la hacienda de las 16 demarcaciones territoriales y el de Infraestructura Social de las Entidades permitirá el desarrollo en obras y servicios a la jefatura de gobierno.
Que la eficiencia en el combate a la desigualdad social y al combate a la pobreza es prioridad ya que no podemos negar que las condiciones desiguales de incorporación a la economía mexicana, se agravan y alcanzan índices alarmantes en la ciudad capital.
Que ante la acumulación del ingreso en pocas manos, la miseria y el submundo económico impactan en el desarrollo comunitario de la Ciudad, la inseguridad pública y el creciente deambular de ciudadanos sin techo, no se van a limitar y controlar con armas o cárcel preventiva, sino con la capacidad del estado para equilibrar la distribución desigual del ingreso, que exige atención y combate a la pobreza mediante la dignificación y el apoyo a los que menos tienen.
Que el pasado dos de julio, los ciudadanos mexicanos decidieron el rumbo de la nación y no es gratuito que la LVIII Legislatura carezca de mayoría absoluta. El acuerdo, el consenso, el ejercicio fino de la administración del poder están a prueba en el Distrito Federal y sus autoridades locales, tanto como en esta legislatura.
Que el de la voz es representante popular de una de las zonas más desprotegidas y en extrema pobreza, asentada en las faldas de la Sierra de Catarina, Iztapalapa, en el Distrito Federal.
Que ante esta pluralidad y diversificación del poder, el compromiso de gobernar en beneficio de la ciudadanía, tanto de los representantes de la nación como del Presidente electo, Vicente Fox, nos obliga a promover el fortalecimiento del federalismo desde la capital federal. El gobierno y los ciudadanos del DF, una de las ciudades más pobladas y trabajadas del mundo, deben estar en igualdad de condiciones para servir al pueblo mexicano que los ha elegido. Ese es el espíritu de la reforma que deroga y adiciona algunos artículos que excluían al Distrito Federal de los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y el Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Municipal.
Por lo antes expuesto y de conformidad con las disposiciones invocadas en el proemio someto a consideración del pleno la siguiente
Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley de Coordinación Fiscal.
Artículo Único.
Se reforman los artículos 1°en su último párrafo; 10; 10B, en sus párrafos primero y segundo; 12, párrafo primero; 13, párrafos primero, segundo, tercero y quintol9, fracción IV; 21, fracción IV; 25, fracciones III y IV; 32, en sus párrafos primero y segundo; 33, en su primer párrafo e incisos a y b, primer y tercer párrafos y su fracción IV; 34, en sus párrafos primero, segundo y tercero; 35; 36, en su párrafo primero; 37 y 38; se derogan el párrafo cuarto del artículo 10 el último párrafo del artículo 10ª y el párrafo cuarto del artículo 13 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
Artículo 1°.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público celebrará convenio con las entidades federativas que soliciten adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que establece esta ley. Dichas entidades participarán en el total de los impuestos federales y en los otros ingresos que señale esta ley mediante la distribución de los fondos que en la misma se establecen.
Artículo 10 Las entidades que deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal para recibir las participaciones que establezca esta ley, lo harán mediante convenio que celebren con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que deberá ser autorizado o aprobado por su legislatura. También, con autorización de la legislatura podrán dar por terminado el convenio.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el gobierno de la entidad federativa de que se trate, ordenarán la publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico oficial del estado, respectivamente, del convenio celebrado, por el cual la entidad se adhiera; del acto por el que se separe del sistema; y de los decretos de la legislatura de la entidad por los cuales se autoricen o aprueben dichos actos, que surtirán efectos a partir del día siguiente a la publicación que se efectúe en último lugar.
La adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal deberá llevarse a cabo integralmente y no sólo en relación con algunos de los ingresos de la federación.
Cuarto párrafo. Se suprime.
Las entidades federativas que no deseen adherirse al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, participarán en los impuestos especiales a que se refiere el inciso quinto de la fracción XXIX, del artículo 73 constitucional, en los términos que establecen las leyes respectivas.
Artículo 10 A.
I a IV
Último párrafo. Se suprime.
Artículo 10B Las entidades podrán no coordinarse en derechos sin perjuicio de continuar adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público hará la declaratoria de las entidades que no tienen establecido o suspendan el cobro de los derechos a que se refiere el artículo anterior y que, por lo tanto, están coordinadas en esta materia, la cual se publicará en el periódico oficial de la entidad federativa y en el Diario Oficial de la Federación
Artículo 12 La entidad federativa inconforme con la declaratoria por la que se considera que deja de estar adherida al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal podrá ocurrir ante la Suprema Corte de justicia de la Nación, conforme al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Poder judicial federal, demandando la anulación de la declaratoria que se haya dictado conforme al artículo anterior de esta ley
Artículo 13 El gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y los gobiernos de las entidades federativas que se hubieran adherido al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades o de los municipios cuando así se pacte expresamente.
En los convenios a que se refiere este artículo se especificarán los ingresos de que se trate, las facultades que ejercerán y las limitaciones de las mismas. Dichos convenios se publicarán en el periódico oficial de la entidad y en el Diario Oficial de la Federación, surtirán sus efectos a partir de las fechas que en el propio convenio se establezcan o, en su defecto, a partir del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación,
La federación o la entidad podrán dar por terminados parcial o totalmente los convenios a que se refiere este precepto, terminación que será publicada y tendrá efectos conforme al párrafo anterior.
Cuarto párrafo. Se suprime.
En los convenios señalados en este precepto se fijarán las percepciones que recibirán las entidades o sus municipios, por las actividades de administración fiscal que realicen.
Artículo 19 ..............
I a II
IV Proponer al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a los gobiernos de las entidades federativas por conducto del titular de su órgano hacendario, las medidas que estime convenientes para actualizar o mejorar el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Artículo 21 ......................................................
IV Vigilar la creación e incremento de los fondos señalados en esta ley, su distribución entre las entidades y las liquidaciones anuales que de dichos fondos formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como vigilar la determinación, liquidación y pago de participaciones a los municipios que de acuerdo con esta ley deben efectuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades federativas.
Artículo 25 .......
I y II .....................................................
III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y de los Municipios,
IV Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal;
V a VII ...................
Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y de los Municipios se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.5 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 22 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y 2.197 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal.
Este fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del ano por partes iguales a las entidades federativas por conducto de la federación y a los municipios a través de los estados, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta ley
Artículo 33. Las aportaciones que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y de los Municipios, reciban los estados, el Distrito Federal y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros:
a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura rural, y
1 b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional o intermunicipal.
Adicionalmente, las entidades y municipios podrán destinar hasta tres por ciento de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, las entidades federativas y los municipios deberán:
I a III.........
IV Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y de los Municipios le sea requerida. En el caso de los municipios lo harán por conducto de los estados; y
Artículo 34 el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y de los Municipios entre los estados y el Distrito Federal considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos:
Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades Federativas y de los Municipios se realiza en función de la proporción que le corresponda a cada estado y al Distrito Federal de los indicadores de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido.
Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (sic) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignarán a cada entidad federativa.
Artículo 35. Las entidades distribuirán entre los municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas:
Con objeto de apoyar a las entidades federativas en la aplicación de sus fórmulas, la Secretaría de Desarrollo Social publicará en el Diario Oficial de la Federación, en los primeros quince días del ejercicio fiscal de que se trate, las variables y fuentes de información disponibles a nivel municipal para cada estado.
Las entidades, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal correspondientes a sus municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento.
Artículo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, a 2.50 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 22 de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los municipios, por conducto de los estados, y a las demarcaciones territoriales a través del Distrito Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de esta ley.
Artículo 37 Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, reciban los municipios a través de los estados, y las demarcaciones territoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al fondo a que se refiere este artículo, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal tendrán las mismas obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del artículo 33 de esta ley.
Artículo 38. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa, de acuerdo con la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.
Las entidades federativas a su vez distribuirán los recursos que correspondan a sus municipios, atendiendo estrictamente a los mismos criterios a que se refiere el párrafo anterior.
Transitorios
Primero. El presente decreto entrará en vigor el 1° de enero de 2001.
Segundo. En tanto el Distrito Federal se incorpora al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, seguirá vigente el Acuerdo entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Distrito Federal para la colaboración administrativa de este último en materia fiscal federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1997.
Tercero.. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto.
Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez
Entrego esta iniciativa, le pido a la Presidencia que se incluya en el Diario de los Debates, entrego a la Secretaría esta iniciativa y que se envíe a comisión correspondiente.
Por su atención, muchas gracias.
EL PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez.
La iniciativa que usted ha presentado a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revoluci6n Democrática: primero, que se inserte íntegra en el Diario de los Debates; segundo, se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y Distrito Federal.
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Tiene el uso de la palabra para presentar iniciativa de reformas a diversas disposiciones legales sobre la requisa, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo el diputado Juan Carlos Regis Adame.
EL DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente.
CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE.
Los suscritos, Diputados a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la H. Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto que Deroga diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los antecedentes de la requisa, en nuestro marco jurídico se remontan al auge de la Segunda Guerra Mundial; esta figura jurídica tuvo vigencia en aquel momento por el propio contexto histórico, en su inicio ésta se incorporó en la Ley de Vías Generales de Comunicación, sin embargo se puede afirmar que pese a la violación categórica que hizo la requisa en aquella etapa, se validó ya que era de vital importancia garantizar de manera adecuada el sistema de las vías de comunicación frente a los posibles sabotajes realizados por agentes extranjeros.
Actualmente los efectos que se observan por la aplicación de esta figura jurídica tiene graves consecuencias, una de ellas y posiblemente la más significativa es la violación que hace a los derechos laborales alcanzados por los sindicatos, es decir, cuando el Gobierno arbitrariamente decide aplicar la figura de la requisa, el Contrato Colectivo de Trabajo, por ejemplo, y pese a que éste busque el mejoramiento de las relaciones de trabajo a fin de dar equilibrio a las relaciones entre patrones y trabajadores, la requisa debiera no ser aplicable.
La requisa es pues, un acto administrativo de cesión forzada de bienes, que implica una limitación de la propiedad privada, esta figura jurídica de naturaleza administrativa se puede realizar en propiedad o en uso, la requisición en propiedad opera en materia de bienes muebles, y la de uso solo opera en tratándose de bienes inmuebles, La requisa debe circunscribirse al uso temporal de los bienes inmuebles.
En nuestro sistema jurídico, existen tres causas que motivan la requisa, estos son: primero, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cuando la sociedad peligre, como segundo caso, la requisición militar en tiempo de guerra, y como tercer tipo la requisición de tipo administrativa para casos excepcionales y urgentes, el objeto de esta iniciativa se referirá a la requisa administrativa.
El Partido del Trabajo dentro de su ideario político, específicamente en su Declaración de Principios y su Programa de Acción, busca un equilibrio entre las desigualdades de clase, en donde la clase trabajadora es la que normalmente resulta más dañada, por lo que de obtener el equilibrio entre clases se construiría un sindicalismo propositivo que conlleve al aumento de eficiencia y productividad de los trabajadores; por tanto, la requisición vulnera gravemente la garantía de estos derechos colectivos laborales.
Por otro lado al seguir permitiendo la existencia de la requisa, también se esta coartando el derecho a la libre sindicalización pero aún más el derecho de huelga consagrado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, derecho social regulado específicamente en el artículo 123 apartado A fracción XVI, y reglamentado en la Ley Federal del Trabajo, por lo que no podemos olvidar la génesis en la cual se desarrollo este derecho social, los mismos que representan para nosotros, los propios derechos individuales en las relaciones sociales elevados a la categoría superior como una nueva justicia social.
Compañeras y compañeros Diputados
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la H. Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a la Comisión correspondiente la siguiente iniciativa de:
Decreto por el que se Derogan diversas disposiciones de la Ley de Vías Generales de Comunicación, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de la Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos y de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
ARTICULO PRIMERO: Se deroga el artículo 112, de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar como sigue:
Artículo 112. (Derogado)
ARTICULO SEGUNDO: Se deroga el Capitulo IX artículo 56, de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, para quedar como sigue:
Capitulo IX
De la requisa
Artículo 56. (Derogado)
ARTICULO TERCERO: Se deroga el capitulo XVII artículo 83, de la Ley de Aviación Civil, para quedar como sigue:
Capitulo XVII
De la requisa
Artículo 83. (Derogado)
ARTICULO CUARTO: Se deroga el Título XIII, artículo 77 de la Ley de Aeropuertos.
Titulo XIII De la requisa
Artículo 77. (Derogado)
ARTICULO QUINTO: Se deroga el Capitulo VII, artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Capitulo VII
De la requisa
Artículo 66. (Derogado)
TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se contrapongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil.
Por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
Hacemos entrega de esta iniciativa a la Secretaría.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Juan Carlos Regis Adame. La iniciativa que usted ha presentado a nombre del grupo parlamentario del PT, se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y a la Comisión del Trabajo.
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En otro punto del orden del día, para presentar proposiciones con punto de acuerdo se había registrado una proposición con punto de acuerdo sobre los trabajadores del INEGI a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y a petición del mismo se pospone para próxima sesión.
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Para presentar proposición con punto de acuerdo sobre la Contaduría Mayor de Hacienda, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Amado Olvera Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y también ha registrado para hacer uso de la palabra en este tema, el diputado Manuel Galán Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,
Se concede el uso de la palabra al diputado Amado Olvera Castillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por 10 minutos,
EL C. DIPUTADO AMADO OLVERA CASTILLO (PAN): Con su permiso, diputado Presidente.
Ciudadanos diputados secretarios;
Honorable Asamblea:
Con fecha 15 de octubre del presente, la Contaduría Mayor de Hacienda presentó ante la Comisi6n de Vigilancia el dictamen correspondiente al ejercicio fiscal de 1998, el cual integra el Informe de Resultados de mas de 500 auditorías que establecen 3, 549 recomendaciones y decenas de observaciones de carácter financiero, técnico y jurídico, logrando un resarcimiento de 700 millones de pesos, reporta la Contaduría Mayor de Hacienda.
Como si la inseguridad pública y la pobreza de millones de mexicanos no fuere suficiente, la corrupción de los servidores públicos es también causa de otros males que han impedido el desarrollo de una administración y gestión honesta y transparente que permita canalizar los recursos en beneficio de la sociedad y de nuestra nación.
Por ejemplo, el caso de la deuda pública son una de las circunstancias de una fatídica herencia que nos queda en la transici6n a un nuevo gobierno tal es la situación que obliga a esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura, de pasar a la historia como parte actora de cambios tajantes que contribuyan a que México acceda a la modernidad y al desarrollo económico.
En el marco de las múltiples responsabilidades de esta Asamblea, le corresponde aprobar una Ley de Ingresos y un Proyecto del Presupuesto de Egresos suficiente que cubra las demandas sociales más urgentes de la población y posteriormente fiscalizar el gasto público del Poder Ejecutivo, tal es el caso del gobierno que está a punto de concluir, correspondiente a su Cuenta Pública de 1998.
A continuación se señalan irregularidades que son sólo el botón de muestra de deficiencias en la Administración Pública,
Secretaría de Educación.
Se observa incumplimiento en b normatividad de la Ley de Obras Públicas y la Ley de Adquisiciones, especialmente en los Estados de Campeche, Chiapas, Hidalgo y Puebla, como son: Deficiencia en el análisis y selección en materiales de construcción; indebida selección de contratistas con base a calidad y precios; ejecución de obras sin soporte de bitácoras comprobatorias; falta de aplicación de deducibles y fianzas por trabajos mal realizados, lo cual marca incrementos considerables entre los costos reales y los precios pagados por más de mil millones de pesos.
Los lineamientos en la infraestructura para la creación de nuevos espacios no sólo no ha cumplido con las metas educativas, además de las obras finiquitadas, muchas de éstas presentan anomalías en exceso, atentando contra la educación de un pueblo,
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Esta dependencia ejerció 10.75 más del presupuesto inicial y sin embargo no se alcanzaron las metas programadas por la deficiente proyección y planeación financiera adecuadamente.
Se requiere la revisión del apartado del rescate carretero, con relación al excesivo incremento de la partida asignada para mantenimiento por 819 millones de pesos, que se elevó finalmente a 3,756.
El caso de los tramos carreteros de Chiapas y Jalisco señalan cuantiosas deficiencias pagadas con relación a lo contratado inicialmente; existen aplicaciones incorrectas y pago de anticipos o proyectos inconclusos, como es el caso de Telmex, que recibió 64 millones de pesos para I a red teleinformática.
Procuraduría General de la República.
No se observó la justificación de las excesivas partidas aplicadas a honorarios y sueldos para personal, así como para la adquisición de equipos y materiales y éstas reflejan un gasto superior a 12 millones de pesos.
La deficiencia en la ocupación real o virtual de estas plazas, la compra de equipo ineficiente dejan de cumplir con el objetivo fundamental.
Banco Nacional de Comercio Interior.
Esta institución ha concluido 1,180, de los 2,765 fideicomisos, siendo insuficiente la resoluci6n administrativa y consecuentemente superior en sus costos iniciales. Este banco otorgó un crédito de 10 millones de dólares para la creación de bodegas de Central de Abastos en Mc Allen, Texas, crédito que aún no se ha recuperado conforme al contrato estipulado, y además se incurrió en exceso de funciones al otorgar financiamiento para constituir operaciones mercantiles fuera del país, función que corresponde solamente al Banco Nacional de Comercio Exterior.
Gobierno del Distrito Federal. Del financiamiento de 6 mil 607 millones de pesos, ejerció solamente 3 mil 548 millones, lo que representa el 53 por ciento del total del crédito, por lo que deja una cifra de más de 3 mil millones de pesos sin utilizar. Para ello es necesario que la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal adopte medidas pertinentes para que las disposiciones de crédito público dictadas por la Secretaría de Hacienda durante el ejercicio fiscal, sean congruentes con la programación y presupuestación de la unidad ejecutoria del Gobierno del Distrito Federal a financiar con esos recursos, de conformidad con el ejercicio programático de los mismos, opinión el órgano técnico.
Secretaría de Salud. Sobre el presupuesto inicial, se adicionó 32 por ciento sin que se cumplieran las metas fijadas. La partida asignada para rehabilitación y construcción de unidades médicas fue transferida injustificadamente al pago de servicios personales, materiales y suministros, dejando pendiente por comprobar 6 millones de pesos.
Secretaría de Gobernación. La reglamentación para el desarrollo de juegos de apuesta, rifas y sorteos, carece de controles para su vigilancia.
Quedan pendientes por comprobar la aplicación de 5.4 millones de pesos.
Es necesario el control en los mecanismos de contratos aleatorios para evitar el oportunismo y el faude.
Instituto Federal Electoral. Señalando el incumplimiento en el pago oportuno por concepto de sueldos y salarios, esta dependencia aplicó 11.4 millones por multas y recargos, por lo cual se cree debe mejorarse la capacidad administrativa que permita el ahorro del presupuesto y la disciplina fiscal.
Secretaría de la Defensa Nacional. Las compras realizadas se adjudicaron en forma directa fuera de la normatividad establecida, transfiriendo en forma irregular 43 millones de pesos.
Secretaría de Marina. Además del incumplimiento a la normatividad de la Ley de Adquisiciones, de 78.6 millones de pesos para adquisición de bienes de procedencia extranjera, se justificaron solamente 25 millones. La diferencia entre intereses generados no fue ingresada a la Tesorería de la Federación.
La generación de interés por concepto de cualquier partida asignada, no corresponde a la Secretaría que recibe, sino que forman parte de la Tesorería de la Federación, y en este caso hablamos de 5 millones de dólares no reintegrados.
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. Indebidamente justificó 531 millones como gasto erogados por la delegación del Distrito Federal, la cual no existe, a través del presupuesto de la Dirección General Forestal, para soportar erogaciones incluidas en la Cuenta de la Hacienda Pública, con cargo a la supuesta delegación.
La comprobación es improcedente, en virtud de que no existió dicha delegación.
Debido a la notoria serie de irregularidades existentes en las secretarías e instituciones antes citadas, y por el número de recomendaciones emitidas por la Contaduría Mayor de Hacienda, el PAN se pronuncia por el inicio e una gran cruzada nacional contra la corrupción, e invita a las demás corrientes políticas que conforman esta Honorable Cámara de Diputados, a unirse a ella.
Por tanto, conforme al artículo 74 fracciones 2 y 4, párrafo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General; 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta asamblea; artículos 1º, 3º, 10º, 14º, 19º, 21º, 22º y 23º de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, se somete a consideración de este pleno el punto único de acuerdo.
Unico: Que la Contaduría Mayor de Hacienda verifique el seguimiento a las 3 mil 549 recomendaciones y 13 pliegos de observaciones citadas en el informe de la Cuenta Pública de 1998, y rinda especial informe a esta honorable legislatura, con relación a la solventación de las mismas.
San Lázaro, 10 de noviembre del 2000.
Firman: por el PAN, los diputados de la Comisión de Vigilancia, el de la voz y la diputada Josefina Vázquez Mota.
Hago entrego a la secretaría del documento respectivo. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Armando Olvera Castillo
Su proposición de punto de acuerdo se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Tiene el uso de la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Manu4el Galán Jiménez, del PRI, hasta por cinco minutos.
EL DIP. MANUEL GALAN JIMENEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados:
Me asombra la propuesta de punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del PAN, y no por la petición de que la Contaduría Mayor de Hacienda verifique el seguimiento de las observaciones citadas en el informe de la Cuenta Pública de 1998 y rinda especial informe a esta honorable legislatura, con relación a la solventación de las mismas, sino porque esto ya se había acordado en la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, y además era el paso a seguir conforme a la normatividad.
También quiero aclarar que en la reunión que se llevó a cabo entre los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y el Contador Mayor de ésta, y en la que por supuesto estuvo presente el diputado que me antecedió para presentar este punto de acuerdo, se comentó que era adecuado y prudente esperar hasta que se dieran las respectivas respuestas a las observaciones que hacía la Contaduría Mayor de Hacienda a las dependencias y entidades para hacer públicas las irregularidades que no hubieran sido solventadas; inclusive a pregunta expresa del suscrito al Contador Mayor de Hacienda, aceptó que más de un 50% de las observaciones se solventaban dentro del plazo de 45 días que tienen las dependencias y entidades para hacerlo.
Por lo anterior, quiero aclarar que quizá más de la mitad de las aparentes irregularidades que aquí se señalaron quedarán aclaradas o solventadas antes de 45 días.
Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: Quiero enfatizar que aunque el PAN no hubiera presentado este Punto de Acuerdo, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados hubiera resuelto que se diera el seguimiento que aquí se pide de las observaciones de la Cuenta Pública de 1998. Claro, sin el pretendido lucimiento que quiso darse este partido informando sobre asuntos aún no concluidos.
Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Manuel Galán Jiménez.
EL DIP. AMADO OLVERA CASTILLO (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Si diputado Amado Olvera.
EL DIP. AMADO OLVERA CASTILLO (Desde su curul): Señor Presidente, solicito el uso de la palabra.
EL PRESIDENTE: Tiene usted el uso de la palabra para hechos, hasta por cinco minutos, diputado Amado Olvera Castillo.
EL DIP. AMADO OLVERA CASTILLO: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente como lo señala la normatividad de la Contaduría Mayor de Hacienda, hay un plazo de 45 días para que aquellas Secretarías que tuvieron observaciones, puedan presentar los documentos de solventación a las mismas. En el caso de que no sean solventadas, obviamente que se sigue el procedimiento de resarcimiento de los daños patrimoniales que se hayan dado en tal caso.
Sin embargo, yo quiero decirles, señoras y señores diputados, que acabamos de recibir el informe previo de la Cuenta Pública de 1999 y al analizarla y revisarla, encontramos que no viene ninguna información que pueda darnos luz o avances acerca de ese pliego, de esos doce pliegos de observaciones y sin embargo, dice que dio seguimiento a 62 de las mismas. Esto nos obliga, obviamente, para el cumplimiento de una función fiscalizadora, que nos atañe como diputados, a solicitar un informe especial a la Contaduría Mayor de Hacienda sobre estos asuntos que son de interés de la Cámara, de esta Cámara, de esta honorable asamblea y que además es de interés público.
Así que con todo respeto al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, quiero decirle que estamos en el correcto y que seguiremos insistiendo en la cuestión del seguimiento a estas observaciones.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, Diputado Amado Olvera.
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Si me permite la honorable asamblea corregir una omisión de esta Presidencia. En el orden del día inmediatamente después de la presentación de iniciativas de los ciudadanos diputados, correspondía dar cuenta de una minuta que nos remite la colegisladora, la Honorable Cámara de Senadores. Para corregir esa omisión de la Presidencia, solicitó a la Secretaría dé lectura a la minuta para dar el trámite correspondiente.
EL SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON:
De la Honorable Cámara de Senadores, de los CC. Eduardo José Danielevics Mata, Gabriel García Rincón, Luis Crescencio Sandoval González y María del Rosario Gloria Green Macías.
CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Eduardo José Danielewicz Mata, Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Luis Crescencio Sandoval González y Embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 7 de noviembre de 2000.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Minuta Proyecto de Decreto
Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Eduardo José Danielewicz Mata, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor Gabriel García Rincón, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Teniente Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Luis Crescencio Sandoval González, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Artículo Cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Embajadora María del Rosario Gloria Green Macías, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mayo al Mérito, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Argentina.
Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores México, DF, a 7 de noviembre de 2000.
Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)
Presidente
Sen. Sara Castellanos Cortés (rúbrica)
Secretaria
Trámite: Túrnese esta minuta a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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Continuando en el punto de Proposiciones con Punto de Acuerdo, ha solicitado el uso de la palabra, para presentar a nombre del Grupo Parlamentario el PRI una Proposición con Punto de Acuerdo sobre el traslado de los restos mortales de nuestros compatriotas que fallecen en el extranjero, el señor diputado Eddi Varón Levy, y se le concede hasta por diez minutos.
EL DIP. EDDI VARON LEVY: Señor Presidente de la Mesa Directiva; señores Secretarios de la Cámara; compañeras y compañeros diputados:
Los que suscribimos, diputados federales de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, miembros del Grupo Parlamentario del PRI, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo con los siguientes.
CONSIDERACIONES
La diferencia de muchos países que participan en el fenómeno de la migración, en relaciones con México, presenta peculiaridades únicas porque la mayoría de sus inmigrantes se concentran en un solo país con el que comparten una frontera de más de 3 mil kilómetros. Esta población que radica en Estados Unidos de manera temporal o permanente, en situación migratoria autorizada o en calidad indocumentada y apoya con el envío de remesas anuales, no tiene comparación en el mundo.
Nuestros connacionales no sólo han sufrido por haber tenido que ausentarse del territorio nacional, para obtener una remuneración por su trabajo, sino que abandonan sus familias para que los frutos que rindan dichos esfuerzos, sean productivos y redunden directa e indirectamente, en el ingreso a nuestro país de dichas divisas.
Nuestros hermanos sufren igualmente cuando fallecen algunos de sus seres queridos, ya que tienen la dolorosa y delicada tarea de trasladar los restos mortales de sus seres queridos que se encuentran en el extranjero a éste su país, su tierra México.
Existen datos muy exactos que cuando se analizan con frialdad, nos vuelve a la realidad, en la cual nos permea la dureza de las cifras que no mienten.
Las cifras que arrojan estudios hechos por el Banco de México en el presente sexenio, nos indica que ya pasan en este mismo sexenio los 28 mil millones de dólares el monto de las remesas enviadas por nuestros connacionales .
Si aunado a estas cifras consideramos que de acuerdo a cálculos de la Secretaría de Turismo, cada compatriota que visita nuestro país, gasta entre 100 y 115 dólares como promedio por día, no podemos negar el valor de las contribuciones de estas comunidades al engrandecimiento de nuestra nación.
Cuando alguno de nuestros paisanos fallece, sus seres queridos se ven en la penosa necesidad de realizar las tan llamadas colectas de dinero, a efecto de que se reúnan los fondos necesarios, para que los restos mortales de sus familiares sean repatriados a México.
Si tomamos como muestra la región en la cual se ubica la circunscripción del Consulado General de México en Dallas, Texas., las cifras nos indican que tan sólo el año pasado se trasladaron los restos mortales a nuestro territorio de 175 compatriotas que se consideraron carentes de recursos, e I costo por traslado fue en promedio de 4 mil dólares por cada uno.
Gracias a las gestiones individuales del Consulado, se les redujo esa tarifa a los familiares de dichos connacionales a un monto de 1, 800 dólares diarios por traslado, en lo que se llama una tarifa humanitaria.
Aunque esta cifra podría considerarse más accesible, desgraciadamente no lo es, ya que para varias familias esta erogación representa los ahorros de todo un año.
Según datos recabados por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cantidad que envía a los Consulados por concepto del "hambre" o "fondo para mexicanos repatriados indigentes", la suma de 3 mil dólares mensuales en promedio, con lo cual los Consulados deben de solventar los diversos gastos que realizan en favor de nuestros compatriotas, tales como ayuda de repatriación, ayuda de repatriación también de restos mortales y otros.
Creemos que vale la pena recordar, que una de las funciones primordiales de los gobiernos, es la de proporcionar la ayuda y el apoyo en la seguridad de nuestros conciudadanos. Es decir, velar por la seguridad y el apoyo a sus connacionales, principalmente cuando éstos se encuentren en el extranjero.
Creemos que es obligación del gobierno velar por dichos intereses de nuestros compatriotas, especialmente en los casos antes descritos.
A la fracción de nuestro partido le queda claro, que no todos los compatriotas requieren este tipo de apoyo, sólo cuando medie un estudio socioeconómico, que justifique la intervención de los Consulados. Estos fondos presupuestados deberán ser etiquetados para ello y deberán ser aprobados por esta H. Cámara.
Es por ello que los diputados del PRI en esta LVIII Legislatura, no sólo proponemos sino que invitamos a las fracciones de todos los partidos políticos representados en esta Legislatura se sumen a esta lucha.
Por lo tanto, la suscrita fracción del PRI presentamos a esta H. Asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Que esta H. Cámara de Diputados declare como asunto de prioridad lo que vemos con profunda preocupación, que los recursos económicos proporcionados a los Consulados mexicanos en el extranjero, no está acorde con la necesidad de los connacionales y con la realidad del mundo de hoy.
SEGUNDO. Los recursos económicos que se dotan a los Consulados por la cantidad de 3 mil dólares por medio de dicho programa de "hambre", no son suficientes para los Consulados cumplan con una de las tareas para los cuales fueron creados.
TERCERO. Es significativo el importe de las remesas que mensualmente envían nuestros hermanos que radican en el extranjero, por lo que sugerimos que en el presupuesto que estará a nuestra consideración en estos días venideros, se dote de recursos económicos a los consulados y que dichos recursos lleven el carácter de etiquetados, a efecto de que se apoye debidamente a las familias de esos seres queridos de ellos que fallecen y sea posible su traslado de los restos mortales a México.
Cuarto. Dicho apoyo consistirá en dos alternativas: la primera en un subsidio directo para que los consulados pacten, en sus respectivas jurisdicciones, contratos especiales con las casas funerarias locales; como alternativa contratar un seguro de vida especial que cubra las necesidades inmediatas de los familiares de los fallecidos. Dicho seguro podría ser, si el caso lo amerita, a través de la Aseguradora Hidalgo, para que dichos familiares de los connacionales puedan, si cubren todos los requisitos ambas partes, en un tiempo razonable cubrir dichos gastos inmediatos que comprende el traslado de dichos restos mortales.
A título y a nombre de la fracción del PRI, muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Eddi Varón Levy.
La propuesta que usted ha presentado, se turna a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Ha solicitado el uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sobre el Proyecto Turístico Xcaxel, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, a quien se le concede el uso de la palabra hasta por diez minutos.
LA C. DIPUTADA MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE. Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
Los diputados que firman al calce de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente punto de acuerdo, relativo a la situación legal ambiental del proyecto turístico sustentable Xcaxel xcaxelito, el cual pretende llevarse a cabo en el municipio Solidaridad, Quintana Roo, al tenor de las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
Esta fracción parlamentaria, con la información recibida y ampliada por la investigación realizada, tiene conocimiento documentado de las graves e irreversibles afectaciones que la ejecución del proyecto de referencia, promovido por el Grupo Sol Meliá y actualmente bajo la evaluación del impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca, a través del Instituto Nacional de Ecología, causaría al hábitat de la zona.
Que derivada de dicha investigación, se pudo constatar que existen serias contradicciones e irregularidades entre los esfuerzos de conservación y protección en la zona y las actividades económicas y desarrollo promovidas en el mismo sitio, como lo es el proyecto en cita.
Aunque la zona por sí misma revista una importancia ecológica considerable, la unidad ecológica que en particular se pretende utilizar para la ejecución del proyecto, lo es aún más debido al tipo y características de la fauna y flora tanto migratoria como nativa que existe en la zona.
La situación anterior se agrava si se toma en cuenta que uno de los principales vacíos en la legislación ambiental mexicana, lo constituye la insuficiente normatividad para la protección de hábitats en donde ocurren especies sujetas a protección legal especial.
Aunado a todo ello a la deficiente e irregular aplicación de la ley por parte de las autoridades ambientales. Caso particular que se actualiza con el citado proyecto, ya que dentro de las especies que sin duda resultarían afectadas por la perturbación y transformación del hábitat original, se encuentran entre otras, las tortugas marinas; especie que actualmente se encuentra clasificadas dentro de nuestra legislación, como en peligro de extinción.
El proyecto pretendido plantea la modificación del hábitat en un grado suficiente para llegar al punto en que el arribo de tortugas marinas a dichas playas sufra una merma o en su caso que los ciclos reproductivos de la misma especie, se vena alterados, temiendo por una disminución en la tasa de natalidad de las mismas.
Por las razones expuestas, los ecosistemas de vegetación alofita o de una ceiba subcadusifloria y manglar, que habitan en el sitio, cobran mayor importancia ecológica.
Una de las contradicciones que existen detrás de este proyecto, le da el componente legal en este rubro, encontramos por lo menos dos ordenamientos legales específicos que regulan y restringen las actividades productivas y favorecen la conservación del sitio. Tales disposiciones son: el Programa de Ordenamientos Ecológicos del Corredor Cancún Tulum y el Decreto de Area Natural Protegida Estatal, con categoría de zona sujeta a conservación ecológica.
Desde ópticas distintas, ambos ordenamientos legales intentan restringir las actividades productivas dentro de la zona y favorecer a la conservación de los recursos naturales del sitio. En este esquema, el proyecto en cuestión presenta el riesgo de ubicarse en escasa distancia de la zona protegida y de conservación, que a decir de los expertos, se considera insuficiente para asegurar la no afectación o causación de algún daño a las tortugas marinas y a sus patrones de comportamiento biológico.
Por otra parte, el estudio minucioso del decreto se concluyó que la plena validez del mismo y de todas las actividades que éste conlleva, se encuentran sujetas la condición de que el gobierno del estado obtuviera de parte de la autoridad federal competente, la concesión o acuerdo del destino de la zona federal marítimo terrestre.
Contigo al sitio del proyecto pretendido.
Al respecto no se conoce documento alguno en el que conste que la autoridad federal competente haya favorecido al gobierno del estado en este sentido. Con lo que estaríamos ante un serio problema jurídico derivado de la ejecución de actividades promovidas por el estado de Quintana Roo en zonas de jurisdicción federal.
Por su parte los esfuerzos de conservación de esta especie, realizados en los últimos años por el Gobierno Federal, han sido costosos y pueden perder su naciente efectividad.
En el plano hay que recordar que tan solo el año pasado, el Senado de la República Mexicana, ratificó la Convención Interamericana para la protección de la tortuga marina, instrumento internacional en cuyos objetivos se encuentra el de la implementación de legislación internal, para la protección de hábitats donde ocurren estas especies.
Asimismo, debemos recordar la razón por la cual existen desarrollos turísticos tan importantes en Quintana Roo, es por la belleza singular de la zona, debido en gran parte a la gran variedad de especies animales y vegetales. Por lo que al autorizar complejos turísticos como el que se hace mención, damos un claro mensaje al exterior, de que lo que importa es obtener la máxima ganancia económica en el menor tiempo posible, destruyendo con esto la sustentabilidad de la región.
Con base en las observaciones formuladas de las consideraciones apuntadas, sometemos al pleno de la H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo: Primero. Se solicite al Instituto Nacional de Ecología que, previo a cualquier resolución de impacto ambiental favorable a este proyecto, se tenga en consideración que de realizarse el proyecto se causarían impactos ambientales irreversibles e incompatibles con el espíritu de la legislación ambiental federal e internacional, aunado a que en la actualidad la información técnica presentada por el Grupo Sol Mellia es insuficiente para garantizar la no afectación a las tortugas marinas derivada de la modificación y alteración de su hábitat de reproducción.
Segundo. Que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca decrete a la brevedad posible un área natural protegida de carácter federal en la zona que hoy ocupa el área natural protegida estatal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede del H. Congreso de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 días del mes de noviembre del año 2000. Firman los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como el Diputado José Manuel del Río del Partido Convergencia por la Democracia.
PUNTO DE ACUERDO
RELATIVO A LA SITUACION DEL PROYECTO "DESARROLLO TURISTICO SUSTENTABLE XCACEL XCACELITO", CON PRETENDIDA UBICACION EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO.
C. PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE
Los diputados que firman al calce, de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente:
ACUERDO
En relación con la información presentada por ciudadanos residentes del Municipio de Solidaridad y por organizaciones civiles abocadas a la protección y conservación del ambiente, esta Fracción Parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, pone a consideración de esta H. Cámara de Diputados lo relativo a la situación legal ambiental del Proyecto "Desarrollo Turístico Sustentable Xcacel Xcacelito", el cual pretende llevarse a cabo en el Municipio Solidaridad, Quintana Roo, y al tenor de las siguientes observaciones, nos permitimos hacer las siguientes
CONSIDERACIONES:
Que esta Fracción Parlamentaria, con la información recibida y ampliada por la investigación realizada, tiene conocimiento documentado de las graves e irreversibles afectaciones que la ejecución del Proyecto de referencia, promovido por el GRUPO SOL MELIA y actualmente bajo la evaluación del impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca a través del Instituto Nacional de Ecología, causaría al hábitat de la zona.
Que derivado de dicha investigación se pudo constatar que existen serias contradicciones e irregularidades entre los esfuerzos de conservación y protección en la zona y las actividades económicas y de desarrollo promovidas en el mismo sitio, como lo es el Proyecto en cita;
I. Importancia del Ecosistema de la zona del Proyecto.
Aunque la zona por si misma, reviste una importancia ecológica considerable, la unidad ecológica que en particular se pretende utilizar para la ejecución del proyecto lo es aún más debido al tipo y características de la fauna y flora, tanto migratoria como nativa, que existen en la zona.
La situación anterior se agrava si se toma en cuenta que uno de los principales vacíos en la legislación ambiental mexicana lo constituye la insuficiente normatividad para la protección de hábitats en donde ocurren especies sujetas a protección legal especial, aunado todo ello a la deficiente e irregular aplicación de la ley por parte de las autoridades ambientales.
Caso particular que se actualiza con el citado Proyecto, ya que dentro de las especies que sin duda resultarían afectadas por la perturbación y transformación del hábitat original, se encuentran, entre otras, las tortugas marinas, especie que actualmente se encuentra clasificada dentro de nuestra legislación como "en peligro de extinción" (NOM059ECOL1994).
Por su parte, vale recalcar que estos quelonios son una especie altamente migratoria y que desde hace cientos de miles de años antes de la aparición del hombre, ya visitaban las playas de Xcacel Xcacelito, esto en virtud de que estos animales han transmitido por generaciones la codificación genética para ubicar dentro de sus rutas migratorias a estas playas para efectuar el desove para su reproducción y la perpetuación de la especie misma. La alteración del hábitat seleccionado durante miles de generaciones de tortugas marinas, en tan sólo unos pocos meses por el hombre, harían imposible como se ha visto en otros lugares del mundo, que las tortugas adaptaran sus patrones de comportamiento y ciclos biológicos a dichos cambios substanciales.
El proyecto pretendido plantea la modificación del hábitat en un grado suficiente para llegar al punto en que el arribo de tortugas marinas a dichas playas, sufra una merma o, en su caso, que los ciclos reproductivos de la misma especie se vean alterados temiendo por una disminución en la tasa de natalidad de las mismas.
Por las razones expuestas, los ecosistemas de Vegetación halófita o duna costera, Selva Subcaducifolia y Manglar que habitan en el sitio, cobran mayor importancia ecológica.
Aspectos legales de las autorizaciones en materia ambiental.
Una de las contradicciones que existe detrás de este proyecto, la da el componente legal. En este rubro encontramos por lo menos dos ordenamientos legales específicos que regulan y restringen las actividades productivas y favorecen la conservación del sitio. Tales disposiciones son: (i) el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún Tulum; y (II) el Decreto de Area Natural Protegida Estatal con categoría de Zona Sujeta a Conservación Ecológica.
Desde ópticas distintas, ambos ordenamientos legales intentan restringir las actividades productivas dentro de la zona y favorecer a la conservación de los recursos naturales del sitio. En este esquema, el Proyecto en cuestión presenta el riesgo de ubicarse a escasa distancia de la zona protegida y de conservación que, a decir de los expertos, se considera insuficiente para asegurar la no afectación o causación de algún daño a las tortugas marinas y a sus patrones de comportamiento biológico.
Aún más, ambos ordenamientos legales aunque fueron expedidos con la permisibilidad del desarrollo turístico, éste se sujetó a una serie de estudios especiales y de altas ecológicas restricciones que esta Fracción Parlamentaria, según tiene documentado no han sido satisfechos en su totalidad por los desarrolladores ante la Dependencia constituida por el Instituto Nacional de Ecología, de la SEMARNAP.
Por otra parte, del estudio minucioso del Decreto se concluyó que la plena validez del mismo y de todas las actividades que éste conlleva, se encuentran sujetas la condición de que el Gobierno del Estado obtuviera de parte de la autoridad federal competente la concesión o acuerdo de destino de la zona federal marítimo terrestre contigua al sitio del Proyecto pretendido. Al respecto no se conoce documento alguno en el que conste que la Autoridad Federal competente haya favorecido al Gobierno del Estado en este sentido, con lo que estaríamos ante un serio problema jurídico derivado de la ejecución de actividades promovidas por el Estado de Quintana Roo en zonas de jurisdicción federal.
III. Otros aspectos importantes.
Por su parte, los esfuerzos de conservación de esta especie realizados en los últimos años por el Gobierno Federal, han sido costosos y pueden perder su naciente efectividad.
En el plano internacional hay que recordar que tan sólo el año pasado, el Senado de la República Mexicana, ratificó la Convención Interamericana para la Protección de la Tortuga Marina, instrumento internacional en cuyos objetivos se encuentra el de la implementación de legislación internal para la protección de hábitats donde ocurran estas especies.
En lo que toca a la legislación mexicana, es sabida la difusión y vigencia de los Decretos de Veda de las tortugas y sus derivados buscando la finalidad de proteger el aprovechamiento que estaba llevando a tasas muy bajas a la especie.
Por lo dicho, si no se respetan los hábitats de las especies en peligro de extinción, de nada servirán los trabajos en materia de conservación ni todas las prohibiciones a su consumo o aprovechamiento, ya que sin un hábitat donde desarrollar sus funciones vitales, estas especies irremediablemente verán caer sus poblaciones con el riesgo de desaparición total.
Así mismo, debemos recordar que la razón por la cual existen desarrollos turísticos tan importantes en Quintana Roo, es por la belleza singular de la zona debido en gran parte a la gran variedad de especies animales y vegetales, por lo que al autorizar complejos turísticos como el que se hace mención, damos un claro mensaje al exterior que lo que importa es obtener la máxima ganancia económica en el menor tiempo posible destruyendo con esto la sustentabilidad de la región.
Con base en las observaciones formuladas y las consideraciones apuntadas, sometemos al Pleno de la H. Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se solicite al Instituto Nacional de Ecología que previo a cualquier resolución de impacto ambiental favorable a este Proyecto, se tenga en consideración que de realizarse el Proyecto se causarían impactos ambientales irreversibles e incompatibles con el espíritu de la legislación ambiental federal e internacional, aunado a que en la actualidad la información técnica presentada por el GRUPO SOL MELIA es insuficiente para garantizar la no afectación a las tortugas marinas derivada de la modificación y alteración de su hábitat de reproducción.
Segundo. Que la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca decrete a la brevedad posible un Area Natural Protegida de carácter Federal en la zona que hoy ocupa el Area Natural Protegida Estatal.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 9 de noviembre de 2000.
Hago entrega, Señor Presidente, a la Secretaría de el documento. Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Diputada María Cristina Moctezuma Lule.
La proposición que usted ha presentado a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se cite a comparecer ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales a funcionarios relacionados con la materia ambiental, se concede el uso de la palabra al Diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS: Honorable Asamblea, ciudadano Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión: los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión integrantes de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Convergencia por la Democracia, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales de esta Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión el siguiente acuerdo:
Consideraciones. El pasado martes 12 de septiembre una serie de explosiones sorprendieron a los habitantes de la ciudad de Salamanca en Guanajuato, seguida de una nube tóxica de aproximadamente 5 kilómetros, que obligó a las autoridades a evacuar a poco más de mil habitantes de la zona.
Como resultado de este evento, 213 personas resultaron intoxicadas y 36 tuvieron que ser hospitalizadas.
La empresa responsable del incidente se denomina Tequem y opera en el lugar desde hace 9 años, originalmente bajo las siglas de Fertimex.
Después del incidente ocurrido en Salamanca el pleno de esta asamblea tuvo conocimiento del caso a partir de los posicionamientos que fijaron al respecto los diferentes grupos parlamentarios, los cuales coincidieron unánimemente en la necesidad de dar seguimiento a tan delicado asunto.
Fue así que un grupo de diputados nos dimos a la tarea de gestionar ante las autoridades competentes la legítima demanda de los habitantes de Salamanca para que se dieran garantías de una operación transparente y segura de la empresa Tequem.
De esta manera, el día 27 de septiembre los legisladores acudimos a una reunión del comité técnico que se conformó en la ciudad de Salamanca. Ahí fuimos enterados de la situación que prevalece en la empresa y las consecuencias derivadas del lamentable incidente.
Posteriormente, en reunión con el Procurador Federal de Protección al Ambiente, celebrada el 11 de octubre pasado, se acordó, con el fin de conocer los detalles del fideicomiso destinado a la remediación del pasivo ambiental de la citada empresa, realizar una reunión con los responsables de dicho fideicomiso, ya que una de las mayores preocupaciones es la que se refiere al pasivo ambiental de la empresa, es decir, a la existencia de miles de toneladas de desechos peligrosos que no han sido tratados a pesar de que existe el presupuesto para llevar a cabo estas acciones.
Esta reunión concertada con el fideicomiso no se ha llevado a cabo pues en dos ocasiones han sido canceladas de manera unilateral para que se informe a esta soberanía sobre la situación en que opera dicha planta y la disposición del dinero destinado para la limpieza de los desechos peligrosos sin que me de explicación alguna.
" Las reuniones a las que han sido convocadas las autoridades competentes no se han llevado a cabo, principalmente por la cancelación del personal del Poder Ejecutivo a las mismas, por lo que es preocupante que un asunto en el que se arriesga la vida y la salud de miles de personas en una población de nuestro país no se le dé la importancia necesaria por parte de los encargados de velar por la seguridad de los mexicanos en estos asuntos.
"No ha sido esta la única ocasión en que los funcionarios de la dependencia han mostrado desinterés en atender las solicitudes de los ciudadanos Diputados. En el caso particular de la termoeléctrica Tamuín también ha habido una falta de atención hacia esta representación popular.
"Por todo lo anterior y ante la urgencia de resolver un problema que pone en riesgo la seguridad y salud públicas, es primordial que esta soberanía conozca en detalle la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y en especial del fideicomiso que para tales efectos fue creado.
"Así, los suscritos, integrantes de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Convergencia por la Democracia sometemos a consideración el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o
"Se mandata a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara de Diputados, para que requieran la presencia ante la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la ciudadana Secretaria del Medio Ambiente Maestra en Ciencias Julia Carabias o un representante con jerarquía; del Presidente del Instituto Nacional de Ecología, Enrique Provencio Durazo; del Procurador Federal de Protección al Ambiente, Antonio Azuela de la Cueva, así como de los integrantes del Fideicomiso para la Remediación del Pasivo Ambiental de la Empresa Tequeme, S.A., en los términos de lo que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 45 numeral IV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Esta dos Unidos Mexicanos y el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
"Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil".
Lo suscriben: Diputado Miguel Gutiérrez, rúbrica. Diputado Manuel Añorve Baños, rúbrica. Diputado Juan Carlos Alcocer Flores, rúbrica. Diputado Rómulo Garza Martínez, rúbrica. Diputado César Reyes Roel, rúbrica. Diputado Juan Carlos Pallares Bueno, rúbrica. Diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza, rúbrica. Diputado Jorge Ramírez Marín, rúbrica. Diputado José Manuel del Río, rúbrica. Diputado Jesús Garibay García, rúbrica y el de la voz (Diego Cobo Terrazas).
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES (PAN): Gracias, Diputado Diego Cobo Terrezas.
Esta Presidencia le informa a usted y a la asamblea, que en la formulación del punto de acuerdo de darle un mandato a la Conferencia para la Dirección de los Trabajos no es correcto. Sin embargo, en el fondo de la propuesta que es que se analice la eventual comparecencia de los funcionarios por usted señalados, es de atenderse el contenido de punto de acuerdo por la propia Conferencia para la Programación de los Trabajos de esta Cámara de Diputados y su punto de acuerdo se turna en consecuencia a esa instancia.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el bono sexenal, ha solicitado y se le concede el uso de la palabra, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al Diputado Hugo Círigo Vázquez, hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO VICTOR HUGO CIRIGO VAZQUEZ (PRD): Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
Los Trabajadores al Servicio del Estado, gracias al control jurídico y sindical, han perdido en la práctica toda posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo. La contratación y despido se adecuan a las condiciones presupuestales, disponiéndose unilateralmente del volumen y las condiciones de contratación de la mano de obra, como es el caso de los contratos por honorarios, destruyendo por distintas vías la estabilidad laboral.
Desde 1983 la política laboral del gobierno con sus trabajadores ha sido la de reducir al máximo la plantilla de sindicalizados, castigando a la vez sus ingresos y prestaciones. A una caída salarial de más del 50
por ciento de 1981 a la fecha debe agregarse una reducción del empleo en la administración central de 60 por ciento de 1990 a 1999. Más de 872 mil plazas han sido canceladas. ¡Tan solo en el gobierno zedillista se redujo el empleo público 31 por ciento! Los recortes han afectado principalmente a dependencias como Sagar, Reforma Agraria y Hacienda. En estas tres dependencias se han despedido a 179 mil trabajadores en los últimos cinco años, siguiendo estrategias de adelgazamiento de nómina en casi todas las dependencias.
Al no existir criterios transparentes y sólidos para la promoción de los trabajadores del Estado, existe un espacio de discrecionalidad en que los mandos medios y superiores disponen de una extensa red de prerrogativas y prevendas que escapan a la supervisión presupuestal de esta soberanía y son opuestas a la lógica de austeridad impuesta al resto de los trabajadores operativos y de enlace del sector público.
De esta forma, diversos estímulos como el bono sexenal no son más que una compensación a una remuneración inferior a las posibilidades y cargas de trabajo a las que están sujetos los trabajadores al servicio del Estado, misma que había venido siendo entregada en otros periodos,
Fue gracias a la movilización masiva y espontánea de estos trabajadores como al fin se consiguió dicha compensación, Una vez otorgada esta remuneración a los trabajadores federales, aquellos agrupados en el Sindicato Unico de Trabajadores del Distrito Federal, lo solicitaron. El pasado 7 de noviembre el gobierno de esta ciudad acordó otorgar el pago de esta compensación a los trabajadores a su servicio, pese a no estar presupuestado.
Los recursos para el pago de esta bonificación se obtendrían por tres vías: Uno, dividendos de la Aseguradora Hidalgo; dos, de economías generadas por el pago adelantado de deuda y, tres, de recursos federales. Esta última fuente de recursos es la que quedó pendiente de formalizar, Ante esta discusión algunos sectores y autoridades han manifestado que la Federación no está obligada a solventar estos gastos, que el Gobierno del Distrito Federal es quien debe asumir por completo esta obligación, Sin embargo, existen varias razones por las cuales las autoridades federales deben asumir su responsabilidad en esta situación,
En primer término, debemos recordar que los trabajadores sindicalizados que laboran en el gobierno capitalino forman parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, de la FSTSE, que siguen perteneciendo al régimen previsto en el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dichos ordenamientos los incluye de manera expresa en su artículo 1° Asimismo, el Distrito Federal conserva una situación jurídica diferente a la de los Estados de la República, en tanto sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, según el artículo 44 constitucional y que a mayor abundamiento en el artículo 122 de nuestra ley fundamental se establece que, cito " Su gobierno estará a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de carácter local",
Finalmente, a partir de la descentralizaci6n de los servicios de educación básica y de salud comprendidos en los Acuerdos Nacional para la Modernización de la Educación Básica y de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud, la Federación delegó en las entidades federativas funciones que constitucionalmente le corresponden, con ello, a través de los fondos de los ramos generales 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal, y 33, Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, la hacienda federal cubre las remuneraciones de dicho personal, pero en el caso de los trabajadores de salud y de educación del Distrito Federal, sus remuneraciones están homologadas con las de los demás trabajadores de la Federación, de tal suerte que fueron considerados ya para la entrega del mencionado bono sexenal.
Es justo entonces que la Federación apoye al Gobierno del Distrito Federal, para que se entregue de forma similar que a los demás trabajadores al servicio del Estado la compensación por el final de administración, tal como fue pactada en días recientes. Tampoco debe olvidarse al respecto que la relación del Gobierno del Distrito Federal con sus 190 mil trabajadores, aunque ha sido problemática no se ha apartado de la ley,
Actualmente el Gobierno de la Ciudad mantiene relaciones laborales con diversas organizaciones sindicales, entre las que se encuentran el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, con 106 mil afiliados; el del Sistema de Transporte Colectivo METRO, con 12 mil afiliados, y otros menos numerosos como la Alianza de Tranviarios y los Sindicatos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, del DIF, la Procuraduría Social. La relación de estas organizaciones con el gobierno capitalino se rige por el Apartado "B" del 123 constitucional y su ley reglamentaria.
Es importante señalar que la relación laboral con los trabajadores de otros poderes locales del Distrito Federal, como el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Asamblea Legislativa, no dependen del Ejecutivo Local por lo que serán esas instancias de Gobierno las que resuelvan la solicitud de Bonos Sexenal y otras prestaciones de la misma forma que a nivel federal.
El Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal y los 6rganos autónomos tendrán que tomar esta decisión; de entrada, nuestro grupo parlamentario considera que es justo incluir a estos servidores públicos para el otorgamiento de la compensación por fin de Administración.
En la medida de sus posibilidades, el Gobierno de la Ciudad ha intentado mejorar sus condiciones de empleo y remuneración desde 1998, los trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad han recibido incrementos salariales pro encima de la inflación, incrementos de 12.5% a 15%, privilegiando los niveles más bajos del tabulador mientras que los mínimos aumentaron solo 10%.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo.
UNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones entregue los recursos necesarios para que junto con el Gobierno del Distrito Federal se pague a los trabajadores al servicio de este la compensación con motivo de fin de Administración en los mismos términos pactados entre Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, Firman: Diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, por el Partido de la Revoluci6n Democrático y el Diputado José Manuel del Río, por el Partido Convergente por la Democracia".
Muchas gracias, es cuanto señor Presidente.
(aplausos)
EL C. PRESIDNETE: Gracias Diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez.
La proposición con Punto de Acuerdo que usted ha propuesto a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de Convergencia, se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre las Leyes Declaradas Inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha solicitado el uso de la palabra a nombre del Grupo Parlamentario del PRD el Diputado Tomás Torres Mercado se le concede por diez minutos.
EL DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (P.R.D.): Con su permiso, señor Presidente. Debo de entrada, ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados, Miembros de esta Legislatura, que el Punto de Acuerdo que ahora externo ha sido en el carácter de Diputado Miembro de la Fracción Parlamentaria.
El tema que contempla el documento. es en este momento de análisis y de cuestionamiento en el foro judicial y en el foro de la postulancia de este país.
En esta tribuna, compañeros Diputados y en mesas de trabajo he reiterado que a título de profesional del Derecho reiteraré siempre el deber de guardar el reconocimiento al Poder Judicial de la Federación y particularmente en lo que hace al aspecto de control de la Constitución Política, es decir, a nuestra responsabilidad de pretender inc61ume la norma, de normas en este país.
En ese contexto, específicamente he nominado el Punto de Acuerdo como una proposición con Punto de Acuerdo relacionado con leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
CONSIDERANDOS: 1. La Constitución Política de nuestro país y es de todos conocido, establece la clásica división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
2. El Poder Legislativo tiene la misión de crear y actualizar las normas jurídicas que respondan a las complejas necesidades sociales y con ello sentar las bases para una convivencia justa y pacífica.
3. Al Poder Judicial de la Federación le corresponde que se respete irrestrictamente la Constitución.
Bajo esta premisa, además de conocer controversias o asuntos jurisdiccionales ordinarios como lo hacen los jueces en cada Estado, el Poder Judicial Federal conoce del juicio de amparo para proteger las garantías individuales de los gobernados que consagra nuestra Constitución Política.
Para preservar las competencias que reconoce la propia Constitución a los órganos de los tres niveles de gobierno, a partir de 1995 y según lo establece el artículo 105 de la Constitución Federal, en la Ley Reglamentaria por cierto de las fracciones I y II, se establece el procedimiento para conocer y resolver controversias constitucionales así como las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la probable contradicción entre algunas normas jurídicas secundarias para con la Constitución.
De acuerdo con las bases que establece la Constitución Federal y que reproduce la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al través de sus resoluciones tiene facultad de crear jurisprudencia de observacia obligatoria tanto para la Suprema Corte cuanto para los niveles todos federales y estatales de aplicación de la Ley.
Sin embargo, conforme un principio conocido, remontándonos a los orígenes del juicio de amparo como formula Otero (?), en este momento la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene el carácter de obligatorio y que declara la inconstitucionalidad de una ley, tiene por una parte en cuanto a sentencia, obligatoriedad y efectos vinculativos para quienes hayan promovido el amparo y por lo que hace a la jurisprudencia, observando sus reglas de obligatoriedad en aquellos asuntos en donde deba interpretarse normas que aborde la Constitución,
En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo juzga la aplicación de leyes soberanamente dictadas por el Congreso de la Unión, sin pronunciarse sobre la conveniencia o la justicia de que esas mismas leyes conserven o no su vigencia dentro del orden jurídico mexicano, pues como quedó expresado líneas arriba, ello incumbe única y exclusivamente a los órganos legislativos,
De acuerdo con lo anterior, esta Cámara, compañeros diputados, compañeras diputadas, debe plantearse cuál es la solución en todos los casos en los cuales se siga injustamente aplicando a todos los gobernados que no han tenido acceso o no han promovido el juicio de amparo a su favor, una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; seguramente la respuesta será unánime, en el sentido de que debe ser modificada o abrogada a fin de que se garantice la supremacía de la Constitución.
Esta responsabilidad ha sido tradicionalmente desestimada, incluso ha sido argumento para afirmar que la Cámara ha actuado con negligencia.
Por ello y con el propósito de que no se trastoque el ejercicio constitucional de las facultades de los poderes del estado, de que esta Cámara asuma su responsabilidad social y jurídica ante el pueblo de México, en el sentido de ir adecuando el orden jurídico positivo conforme alas cambiantes necesidades de esta sociedad cada vez más compleja, además con el objeto de que se institucionalice esta responsabilidad al interior de la Cámara y de los grupos parlamentarios, con fundamento en el Artículo 39, Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración al pleno de esta Honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo.
UNICO: Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la periodicidad que la propia Comisión determine, dé cuenta al pleno de la Cámara de Diputados con las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tengan evidentemente el carácter de obligatorias, que hayan declarado la inconstitucionalidad de leyes federales o se hayan interpretado directamente algún precepto de la Constitución Federal con el objeto de que de estimarse procedente se plantee la iniciativa para la reforma que en su caso corresponda.
Dicho de otra manera, que preserve esta Cámara la facultad que por ley y por mandato del pueblo le corresponde, como la tribuna más alta para discutir y debatir las fuentes formales o reales que debe generar ese adecuamiento en el orden jurídico nacional.
Muchas gracias por su atención.
Gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Diputado Tomas Torres Mercado. Como usted lo ha solicitado, su punto de acuerdo se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para los efectos de estar atento al punto de acuerdo.
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Había reservado el uso de la palabra para presentar un punto de acuerdo sobre la revisión del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A petición de este grupo se pospone este punto para una sesión subsecuente.
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Agotado el orden del día en el punto de proposiciones, pasamos al punto de excitativa.
Para presentar una excitativa a la Comisi6n de Puntos Constitucionales, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y se le concede, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO (PRD): Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso.
Excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que dictamine la iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho a la cultura.
El 9 de diciembre de 1999, varios diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a través de la diputada María Rojo, Presidenta de la Comisión de Cultura de la LVII Legislatura, presentaron ante el pleno una iniciativa de decreto para establecer en nuestra ley fundamental el derecho de acceso a la cultura y la obligación del Estado para regular las industrias culturales.
Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para su estudio y dictamen, con la opinión de la Comisión de Cultura. Dicha iniciativa pretende concretar y definir claramente la función que el Estado y la ley tienen para con la cultura, entendida ésta como el factor que conforma la identidad nacional y que, junto con la educación, otorgan al pueblo el impulso creador de una nación en constante superación, definiendo el desarrollo cultural como una actividad de enorme interés para el Estado, pues de ello depende el crecimiento nacional.
Para esto, la reforma constitucional añade al primer párrafo del artículo 3° que: Artículo 3°: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación", el agregado fue: "a participar libremente en la vida cultural de la comunidad y en el progreso científico, a gozar de las artes y los beneficios que de ello resulten".
En ese mismo sentido, añade al párrafo quinto del mismo artículo que: "el desarrollo cultural de la Nación Mexicana es una actividad prioritaria del Estado".
La propuesta pretende sentar las bases para avanzar hacia un marco legal unificado, que cristalice en una Ley de Cultura, superando el estado actual de la legislación en la materia, caracterizado por la existencia de normatividades dispersas que respondieron a necesidades y momentos distintos, y cuyos fines a veces resultan contrapuestos, dejando al mismo tiempo importantes vacíos.
A estos problemas se añade la falta de una política adecuada al tamaño de los retos de la producción, preservación y difusión de la cultura nacional, cuya importancia para el desarrollo de nuestra nación en el contexto de un mundo globalizado, debiera ser fundamental.
Tres. Asimismo, la iniciativa en comento adicional al párrafo 5° del 3° constitucional lo siguiente: Artículo 3°, del uno al cuarto quedan como están, el quinto diría en el agregado: "La ley protegerá, promoverá e incentivará a las industrias culturales y toda manifestación cultural, en especial las relacionadas con el arte y las ciencias, y garantizará el libre acceso de todo individuo a las mismas"
Las industrias culturales constituyen un factor innegable para la definición del perfil cultural de los pueblos, su presencia y la velocidad de las innovaciones, sin comparación en la historia, así como su capacidad para influir en la vida diaria, hacen que el cine, la industria editorial, la televisión, el radio, la industria musical y las redes electrónicas de comunicación constituyan retos formidables para la humanidad, realidades inéditas cuyas consecuencias siguen siendo impredecibles.
La importancia de las industrias culturales nos obligan, como nación, a asumir una postura clara ante su desenvolvimiento, la derrama económica que producen, sus contenidos y las vías que conducen de su sostenimiento y crecimiento.
Dejar esta discusión para después implica no sólo ahondar la brecha tecnológica y comercial que nos separa del camino ya andado por otras naciones y bloques económicos, sino dejar en manos de corporaciones mercantiles o de intereses ajenos al nacional el fomento a los vehículos de comunicación y expresión que predominan en el mundo actual.
Cuando para su producción y difusión, las industrias culturales se guían por intereses puramente mercantiles, sin cauces institucionales adecuados a las características y necesidades de la nación, se crea una anarquía de mercado, la saturación de mensajes negativos o ajenos a nuestra identidad, y nuestro aporte a la cultura universal quedan acallados por el lucro y la masificación, por el consumo y la confusión, por la expoliación económica y la pérdida del sentido.
Los bienes culturales no son una mercancía más; son referentes fundamentales para la formación de nuestro pueblo. Por eso, es necesario que el Estado tenga una definición al respecto, así como instrumentos e instituciones que defiendan a nuestros creadores y nuestras industrias culturales ante la lógica mercantil de la industria del entretenimiento, que se imponen en la globalización.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21, fracción 16 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la Presidencia se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales a fin de que elabore y dé a conocer al Pleno para su discusi6n, el dictamen de la iniciativa que reforma y adiciona el artículo tercero constitucional presentada ante esta Honorable Asamblea el 9 de diciembre de 1999, por distintos diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVII Legislatura, y que asimismo conmine a la Comisión de Cultura a emitir su opinión a dicha iniciativa.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de noviembre del 2000.
Es tanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Elías Martínez Rufino.
Como usted lo solicita, esta Presidencia excita a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Cultura, a la primera para que emita dictamen y a la segunda para que para producir este dictamen, emita su opinión sobre la iniciativa de reformas al artículo 3o. de la Constitución General de la República, presentada el día 9 de diciembre del año de 1999.
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LA DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: ¿Sí, diputada? Por favor sonido.
LA DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE (Desde su curul): Le solicito el uso de la palabra para presentar un punto de urgente y obvia resolución.
EL PRESIDENTE: Se le concede el uso de la palabra, pero primero solicito a la Secretaría consulte a la asamblea si es pertinente alterar el orden del día con la solicitud del uso de la palabra para presentar un tema de urgente resolución apoyado por todos los grupos parlamentarios.
EL SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si considera de urgente resolución la alteración del orden del día …
EL PRESIDENTE: No, permítame, señor Secretario. Esta Presidencia tiene conocimiento de que se solicita el uso de la palabra para referirse a la inminente ejecución de un mexicano en los Estados Unidos y que es una solicitud de todos los grupos parlamentarios. Es la introducción de un tema que los grupos parlamentarios han considerado de urgente resolución, pero al no estar en el orden del día, esta Presidencia requiere de la autorización de la asamblea para su modificación.
Consulte entonces, señor Secretario, a la asamblea si autoriza introducir en este momento en el orden del día la proposición que se presentará con el carácter de urgente por parte de la diputada Silvia López Escoffié.
EL SECRETARIO DIP. i3ERNARDO BORBON VILCHES: Se consulta a la asamblea si considera procedente la alteración del orden del día para la inclusión de un punto de acuerdo urgente, de obvia y urgente resolución.
Los que estén por la afirmativa manifestarlo en votación económica.
(Votación)
Gracias, quienes estén por la negativa manifestarlo de la misma manera
(Votación)
Gracias, Evidente mayoría en favor, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. Con la autorización de la asamblea se concede el uso de la palabra a la diputada Silvia López del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional que hará un pronunciamiento a nombre de todos los grupos parlamentarios.
LA DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Todos los grupos parlamentarios representados en esta Honorable Asamblea, hacemos un llamado a efecto de solicitarle al gobernador del estado de Texas, George Bush la suspensión de la ejecución de la pena de muerte contra un ciudadano mexicano: Miguel Angel Flores Rangel, quien el día de hoy 9 de noviembre, se encuentra en ese estado en espera de ser ejecutado para ser privado de la vida con motivo de una sentencia judicial que lo condena a la muerte.
Hay que recordar que los Estados Unidos de Norteamérica, como los Estados Unidos Mexicanos, han firmado diversos tratados internacionales en donde se garantiza el derecho a la vida como principio fundamental. Pero el hecho que hoy nos ocupa, viola con ello el procedimiento que debe seguirse para juzgar a todo individuo de acuerdo al contenido y espíritu del artículo 36 de la Convenci6n de Viena porque no se notificó con tiempo y forma al consulado mexicano en la ciudad de Houston, Texas, sino hasta un año después de dictada la sentencia condenatoria.
El derecho a la vida implica no s61o hablar de un derecho o una garantía individual más, entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten las demás garantías. El derecho humano por excelencia es el derecho a la vida.
Nuestra labor como legisladores es lograr garantizar como uno de los fines del derecho, el derecho a la vida misma. Por tanto, no pretendemos abrir un debate sobre la pena de muerte, pero es inadmisible en un mundo como el nuestro, pensar que los seres humanos somos como tumores cancerosos en el cuerpo social que deben de ser extirpados. Eso solo es admisible en una sociedad que se ha alejado o pretende alejarse del valor humano.
Es difícil sostener que la pena de muerte este destinada a traer más paz y orden a la comunidad.
Esta tarde había un nuevo muerto. No obstante su culpabilidad, lejos de reparar la ofensa al cuerpo social agregara un crimen mas, en esta ocasión cometido por un Estado, envileciendo de esta manera más a nuestra sociedad, Con su ejecución, como lo demuestran las estadísticas, la criminalidad no disminuye. Al crimen del infractor se agrega una especie de venganza pública que descarta la enmienda, la reeducación o la readaptación social del sentenciado.
Suponiendo sin conceder que el crimen, el mal, es una desviación del humano, que hay en el hombre y que se encuentra en su naturaleza, la ley dice, según Camus, no está hecha para imitar o reproducir esa naturaleza, esta hecha para corregirla, para devolver al hombre lo humano.
Coincidimos con el jurista Ignacio L. Vallarta que ya en el siglo pasado sentenciaba y cito:
" La pena de muerte es impía para el condenado que la sufre, inmoral para el pueblo que la presencia, peligrosa para el legislador que la decreta y repugnante para el juez que la aplica."
O como bien lo afirmara Bernard Shaw: "El homicidio y la pena de muerte no son contrarios que se neutralizan, sino semejantes que se reproducen. "
Ahora bien, el caso de Miguel Angel Flores es un caso más en el que se renuncia a una posición de elemental ejercicio del derecho humano.
Señoras y señores legisladores: Las posibilidades de detener la ejecución de la pena de muerte se agotan. Apelamos a su buen juicio, ya que con la ejecución no gana nadie, más bien pierde la sociedad.
Frente a una sentida impotencia, los legisladores y grupos de derechos humanos que nos apoyan, pedimos que si bien reconocemos el delito que se le imputa a nuestro compatriota, solicitamos se suspenda la ejecución de la pena quedando en manos hoy del gobernador George Bush. Por lo expuesto y con fundamento en el Artículo 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y por lo urgente del caso y solamente faltando unas horas, someto a esta H. Asamblea para su pronta y urgente resolución el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Se sirva solicitar al gobernador del estado de Texas, George Bush, la suspensión de la ejecución de Miguel Angel Flores.
SEGUNDO. Se sirva solicitar al gobierno insista sobre las violaciones del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en virtud de que a nuestro connacional se le negó el derecho a la protección consular en el momento de su detención.
TERCERO. Que se sirva revisar nuevamente el expediente judicial y en su caso analizar la posibilidad de sustituir la pena de muerte por otra medida penal.
Suscriben a nombre de todos los Grupos Parlamentarios PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista y PT. Muchas gracias, queda a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Silvia López Escoffié. Ya la Asamblea se ha pronunciado por considerar este asunto obviamente urgente, para concluir la tramitación del mismo, le pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo presentado y signado por todos los Grupos Parlamentarios representados en esta Cámara.
LA C. SECRETARIA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si se aprueba el Punto de Acuerdo que se ha presentado.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señora Secretaria. Aprobado que ha sido este Punto de Acuerdo, se instruye a la Secretaría para que por los medios más expeditos de que se disponga, haga del conocimiento inmediato de la Cancillería Mexicana de este Punto de Acuerdo, y se mantenga pendiente de que llegue al gobernador del estado de Texas.
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El siguiente punto del orden del día es Agenda Política, y han reservado los temas de la reforma del Estado, la diputada Rosalía Peredo Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y se han inscrito para intervenir el diputado Uuc-Kib Espadas Ancona del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosalía Peredo Aguilar del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR. Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene como preocupación fundamental que el proceso de reforma del Estado que inexorablemente tendrá que darse sea democrático, plural e incluyente; proceso en el cual los partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión y todas las fuerzas políticas organizadas tendrán que participar.
Reconocemos que las Cámaras del Congreso de la Unión significan el ámbito natural por el cual todas las propuestas que se traduzcan en ley tendrán que pasar y que la actividad de los legisladores será importante para impulsar dichos cambios.
En consecuencia, consideramos excluyente el acuerdo del 18 de septiembre, por el cual los partidos políticos PRI, PAN y PRD deciden solos constituir una mesa de reforma del Estado, sin considerar al resto de los actores políticos representados en las Cámaras del Congreso, máxime que en la constitución de esta mesa de prevé una participación proporcional al número de legisladores con que cada uno de estos partidos cuenta.
Es necesario que recordemos cómo al inicio de la administración presidencial que está por concluir se impulsó por los partidos políticos la mesa de reforma del Estado, en la cual, conforme al numeral segundo del acuerdo en el que se establecen los procedimientos del diálogo político nacional para la reforma democrática del Estado, en cada Cámara del Congreso existiría una comisión plural en la que los grupos parlamentarios tendrían una representación paritaria. Es necesario que se reviva este ánimo de equidad en la búsqueda de los acuerdos políticos, pues al margen del mayor o menor número de legisladores que tuvieran los grupos parlamentarios, su representación en dicha comisión plural era igual.
Es cierto que no se logró impulsar los puntos previstos en la agenda de dicho acuerdo; sin embargo se avanzó en la reforma electoral constitucional y legal de 1996, cuyas disposiciones regularon las elecciones federales de 1997 y del año 2000.
No obstante las actitudes excluyentes y que parece tienen a la consolidación de un sistema bipartidista como existe en los Estados Unidos de Norteamérica, las vimos en la pasada Legislatura cuando se aprueba la Ley Orgánica del Congreso General, ordenamiento que rige la vida interna del Poder Legislativo. En dicha ley se establece una estructura de dirección de la Cámara que excluye la participación de legisladores que no formen parte de los grupos parlamentarios mayores, e inclusive ante la drástica reducción de las comisiones aprobadas por PRI, PAN y PRD en la pasada Legislatura, tuvimos en fechas recientes que modificar la Ley Orgánica para incrementar el número de comisiones de dictamen legislativo y ampliar de dos a tres el número de ellas en las comisiones en que los diputados puedan participar.
Aunado a lo anterior, en la elección de la mesa de la actual Mesa Directiva, no se incluyó a diputados integrantes de fuerzas políticas diferentes a las tres que cuentan con mayor número de legisladores. También en la integración de las Mesas Directivas de las comisiones de dictamen legislativo, se dieron actitudes antidemocráticas, toda vez que en las Secretarías de comisiones no se incluyó a los integrantes de los grupos parlamentarios con menor número de diputados, al igual que a los representantes de las fracciones parlamentarias.
Aunado a lo anterior, se evidenció con claridad que las comisiones de dictamen legislativo más importantes, fueron repartidas entre los grupos parlamentarios del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, excluyendo de presidir dichas comisiones a legisladores de otros grupos parlamentarios.
Esta misma situación la encontramos en la integración de las comisiones especiales y comités que hasta la fecha se han constituido, con la única excepción de la COCOPA, ya que la propia Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz digna en Chiapas, prevé una representación paritaria y de todos los grupos parlamentarios.
Los datos anteriores son elocuentes y permiten subrayar que no va a ser con actitudes facciosas como se logrará la reforma democrática del estado, sino que la discusión que se genere tendrá que ser incluyente y democrática para que los acuerdos que se logren sean impulsados por todos los legisladores en las Cámaras del Congreso.
No podemos reeditar en el país las antiguas mayorías absolutas o calificadas, que por si mismas modificaban las normas jurídicas. Hoy que precisamente la decisión política de los electores no otorgó las mayorías a ningún partido político, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, reivindica el diálogo político y la búsqueda de consensos como instrumentos fundamentales para la reforma democrática del estado.
Por ello consideramos que la reforma democrática del estado debe ser una reforma absoluta del poder público en la que el pueblo titular originario de la soberanía, decida por si el modelo de país al que aspira. No planteamos una reforma cosmética que se limite a acotar el presidencialismo, sino una reforma que abarque a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de carácter federal y los correspondientes de los estados.
También se debe fortalecer el nivel de gobierno más cercano a la población, que es el municipio. Resulta impostergable establecer en el texto constitucional, las figuras de democracia semidirecta, como el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la revocación del mandato y la alternativa ficta, para que la ciudadanía cuente con los instrumentos legales que le permitan actuar en la toma y ejecución de las decisiones políticas que le afectan.
Nos encontramos con situaciones absurdas en las que pareciera que después de la elección presidencial y de las Cámaras del Congreso de la Unión del 2 de julio, en México no ha pasado nada.
En el caso particular del Estado de Chiapas después de la elección para gobernador el 20 de agosto, el Gobernador Albores y la mayoría priísta en la Cámara de Diputados, promovieron una reforma constitucional para posponer la fecha de inicio del proceso electoral del próximo año y otra para renovar el Consejo Estatal Electoral, sustituyéndolo por el Instituto Electoral del Estado. Sin embargo, en los artículos transitorios de esta última reforma, particularmente en el artículo 70., se establece que el mismo quedará instalado el 1o. de diciembre. Sin embargo, el día de ayer el nuevo presidente y los consejeros afines al PRI, pretendieron instalarse en el cargo, contraviniendo la disposición constitucional. Esta situación fue impedida por los consejeros en funciones y los partidos políticos de oposición. El PRI en ese estado, promueve formas arcaicas del quehacer político, que no corresponden a lo ocurrido en la elección presidencial y de gobernador del estado.
El proceso de pacificación que debe darse en Chiapas, no será posible si el partido en el gobierno, persiste en estas actitudes retardatarias que sólo promueven la violencia que se debe erradicar.
Situaciones similares son auspiciadas por el PAN en el Estado de Aguascalientes, en el municipio del mismo nombre, en donde las minorías son perseguidas por sus preferencias sexuales. O en el caso del Estado de Baja California, en donde se aumenta el porcentaje mínimo para que los partidos políticos puedan contar con diputados de representación proporcional.
En síntesis, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está persuadido de que el centro de la reforma democrática del estado, es la reforma del poder público, para que éste sirva de mejor manera a los intereses de la sociedad mexicana. Muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias señora diputada Rosalía Peredo Aguilar.
Para referirse al mismo tema ha solicitado el uso de la tribuna, el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO UUC-KIB ESPADAS ANCONA: Diputado Presidente, ciudadanos diputados: El tema de la reforma del Estado se ha planteado, con justa razón, como un elemento que ha de ser central en la actividad política no sólo de esta representación popular sino del conjunto de los actores políticos del país en los próximos años.
Esto obedece a la necesidad palpada socialmente de modificar la estructura del régimen en el cual vivimos los mexicanos.
Se plantean como elementos de la reforma del Estado las grandes necesidades del cambio de las relaciones entre el poder y la ciudadanía, del equilibrio de los poderes y, en términos generales, del establecimiento de bases constitucionales nuevas que adecuen el momento actual de la sociedad mexicana a nuestra forma de gobierno.
Para el Partido de la Revolución Democrática un elemento central, quizá el principal elemento en la reforma del Estado, es lograr un nuevo régimen, un régimen moderno, capaz de sustituir las viejas estructuras de poder en el cual fundamentalmente se reduzca la distancia entre la sociedad y el gobierno, en todas sus instancias.
No podemos concebir un paso adelante en la constitución de un nuevo régimen político sobre la base del distanciamiento que actualmente existe entre estos dos elementos del Estado.
Creemos que de reducir esta distancia entre el poder, el ejercicio del poder y los ciudadanos, en cuyo beneficio este poder tendría que ejercerse, es un elemento ineludible en la constitución de una democracia para el Siglo XXI.
Pero qué implica acortar esta distancia. Implica sin duda rediscutir las formas representativas de nuestro Estado. Implica replantearnos las vías a través de las cuales la sociedad civil accede al ejercicio del poder público, pero implica también discutir la forma como este poder público se ejerce.
En la agenda de la reforma del Estado ocupará sin duda un lugar central el equilibrio de los poderes. El PRD ha venido planteando a lo largo de los años una serie de propuestas en relación con el equilibrio de los poderes. Creemos que es necesario revisar a fondo las características del régimen presidencial, sin prejuicios, sin elementos que no puedan discutirse y plantearnos incluso la sustitución de este régimen presidencial por uno semiparlamentario o semipresidencial que plasme cabalmente la pluralidad de esta sociedad.
En este equilibrio de poderes sin duda alguna tendremos que discutir también las características del ejercicio del poder en los estados de la república, lo que esto implica para el federalismo, cómo interpretar y reescribir el federalismo en esta nueva sociedad, sobre la experiencia de 200 años de un federalismo frustrado.
Y creemos entonces que este nuevo debate tiene que ser un debate plenamente abierto al conjunto de la sociedad. El debate de la reforma del Estado no podrá ser, para esta legislatura, para este momento de la historia nacional, un debate de los actores políticos, un debate de partidos, un debate de instancias de gobierno.
Tiene que ser, sin duda, un debate plenamente abierto al conjunto de las fuerzas sociales, al conjunto de las opiniones plurales que en esta sociedad se vienen manifestando y a un conjunto de propuestas muy amplio que se han venido madurando a lo largo de decenios y que hoy podremos concretar en las bases constitutivas de un nuevo régimen.
Un elemento central prioritario para lograr una reforma del Estado plena, una reforma del Estado que responda a las exigencias del México de hoy, es sin duda el consenso. No podremos avanzar a un nuevo régimen, no podremos avanzar a un régimen democrático si somos incapaces de lograr un gran consenso nacional, un consenso que involucre de un lado a otro del país, de arriba a abajo del espectro social, de derecha a izquierda del espectro político, a todos los factores sociales.
En este sentido, el Partido de la Revolución Democrática considera que es importante, urgente ya, la constitución de una Comisión Especial de esta Cámara, que avance, profundice y estimule el debate de los grandes temas de la reforma del Estado. Una comisión de esta naturaleza, en las actuales condiciones del país, no puede sino ser una comisión plural y una comisión plenamente equitativa.
En un debate abierto ante el pueblo de México, ante la ciudadanía que nos trajo a este recinto, no podemos aceptar la desigualdad de las ideas, tenemos que asumir en el debate que esta comisión abra, que todas las ideas pueden entrar ahí, que todas las ideas pueden ser discutidas y que todas las ideas tienen que ser discutidas sin prejuicio y sobre todo sin peso especifico previo.
En ese sentido tenemos la firme convicción de que una comisión de esta naturaleza que no se constituya de manera paritaria entre las distintas fuerzas políticas aquí representadas, habrá empezado mal su tarea de generar consensos y habrá empezado mal su tarea de llevar a la sociedad las ideas, propuestas y debate sobre lo cual constituiremos un nuevo régimen que seguramente durará para muchos años.
Hoy, la obligación de esta representación nacional no es madurar pro puestas de acuerdo entre los partidos políticos; la obligación de esta re presentación nacional es ser capaz de llegar hasta el último rincón del país, de llevar el conjunto de las propuestas a debate hasta el último rincón del país, de recoger el sentimiento popular, de recoger la opinión pública, de recoger las opiniones especializadas y cristalizar así un gran acuerdo nacional.
Es sobre esta base que el PRD invita a los partidos políticos aquí re presentados a unirnos hoy en esta gran tarea, en este gran esfuerzo de consenso y a iniciar en una comisión paritaria, equitativa y abierta al diálogo el gran debate que esta nación espera.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (PRD): Gracias, señor Diputado Espadas Ancona.
Para referirse al mismo tema ha solicitado el uso de la tribuna el ciudadano Diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (CD): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
A nombre del Partido del Trabajo y de Convergencia por la Democracia nos permitimos presentar a ustedes algunas consideraciones sobre la reforma del Estado.
Aquellos que pretendan y quienes se presten a promover una reforma del Estado en contra o al margen de las expectativas, las demandas y la participación de la mayoría ciudadana y de las fuerzas y organizaciones políticas y sociales, tendrán que asumir la responsabilidad histórica de haber condenado al fracaso la oportunidad excepcional para conducir a México por la senda civilizada de la democracia integral, el desarrollo económico, la justicia social, la legalidad constructiva y la soberanía nacional.
Es indispensable recordar y asumir responsablemente lo que el pasado inmediato se convino, el 17 de enero del '95, teniendo como testigo al Doctor Zedillo, los dirigentes de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión suscribieron los compromisos para un acuerdo nacional con el fin de iniciar una reforma política.
El acuerdo determinó instalar una mesa de negociación con ámbitos específicos de trabajo entre el gobierno federal y las dirigencias de los partidos, y entre las fracciones parlamentarias en las Cámaras de Diputados y de Senadores y en los Congresos locales.
Asimismo adoptó que en principio llevar a cabo una reforma electoral definitiva que asegurara la legalidad, equidad y transparencia de los procesos electorales e impulsar la reforma política del Distrito Federal.
El Doctor Zedillo, por su parte, se comprometió a cumplir las responsabilidades que le competían al respecto.
De conformidad con esta iniciativa política, unos días después los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en el Congreso de la Unión suscribían el acuerdo Diálogo Nacional para la Reforma Democrática del Estado. Desde luego este acuerdo fue de una enorme importancia porque se sustentaba en tres consideraciones esenciales:
Que el futuro de México está vinculado a su capacidad de autotransformación democrática, reconociendo nuestra pluralidad cultural, social y política.
Que la reforma implicaba acuerdos políticos y cambios jurídicos e institucionales que debían construirse con la participación de todos los mexicanos y buscando los consensos necesarios y, tres, que lo anterior demandaba la elaboraci6n de una agenda legislativa que definiera los ámbitos de participaci6n de los tres Poderes de la Unión, de los gobiernos y congresos estatales y de la sociedad. Dicho acuerdo fue fundamentado porque indicó los principales temas de la agenda nacional y sancion6 el procedimiento que habrían de seguir los trabajos de la reforma democrática del Estado.
Siendo el Congreso de la Unión la instancia clave de todo el proceso, adquirió una importancia especial el segundo punto del acuerdo que decía: "En cada Cámara del Congreso de la Unión se creará una comisión plural integrada con dos legisladores por grupo parlamentario y sus respectivos suplentes, la cual determinará en cada caso y por consenso la agenda temática, los procedimientos, tiempos, formatos de deliberación y acuerdos, para resolver los asuntos que le corresponden en materia de la reforma democrática del Estado".
Debe subrayarse que la voluntad y disposición de todos los actores que en ese entonces impulsaron los acuerdos para la reforma democrática del Estado, cristalizaron el contenido absolutamente democrático del citado acuerdo parlamentario. Sin embargo, las expectativas generadas y los esfuerzos realizados se vinieron abajo cuando el Ejecutivo Federal decidió emplear toda la fuerza del Estado para romper unilateralmente la tregua con el EZLN, ordenar la persecución judicial y captura de los dirigentes zapatistas y, posteriormente, negarse a solventar los conflictos postelectorales en distintas entidades del país, con base en los criterios suscritos en los compromisos para un acuerdo político nacional el 17 de enero de 1995.
Lo único que resultó de todo lo anterior fue la reforma electoral no definitiva en el ámbito federal y la reforma política del D. F. a la luz de los resultados electorales del pasado 2 de julio. Se podría decir que no fue poco lo que se avanzó, pero en realidad la parte sustantiva mayor de la reforma democrática del Estado, quedó pendiente para mejor ocasión.
Ahora se ha instalado una mesa para la reforma del Estado con los presidentes y los coordinadores parlamentarios de los tres partidos mayores. El rasgo distintivo de ese nuevo impulso a la reforma del Estado es el retroceso que ostenta al adoptar criterios de clara exclusión respecto a las demás fuerzas políticas aquí representadas, lo cual insinúa un esquema de trabajo que correrá al margen de la ciudadanía y de las diversas organizaciones políticas y sociales que participan en la vida nacional. Esto es inadmisible y en virtud de ello el Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia proponen a esta soberanía asumir el replanteamiento de los términos que regirán los trabajos para la reforma del Estado.
Consideramos que por lo menos se deberán plantear los siguientes temas:
La integración de la Comisión Plural en cada Cámara del Congreso de la Unión, con representación igualitaria de los partidos que en ella concurren.
La instalación de la mesa del Honorable Congreso de la Unión para la reforma democrática del Estado, conformada por las comisiones plurales.
La definición de la integración de esta mesa de los principios, las reglas de procedimiento y los tiempos que sustentaran y conducirán los trabajos de la reforma del Estado.
La elaboración por la misma instancia de la agenda nacional para la reforma del Estado, que cuando menos debe contemplar los siguientes temas: democracia representativa, participativa y directa, división y equilibrio de poderes y fortalecimiento del Legislativo, federalismo con particular énfasis en la reforma municipal, democratización de todos los ámbitos y las formas de organización y participación de la sociedad; derechos indígenas, a partir de una nueva resolución de los pueblos indígenas; instituciones y procedimientos legales; democratización y mecanismos de control social para los medios de comunicación; política económica de Estado, para el desarrollo económico con equidad y sustentabilidad; política para superar la pobreza y el desarrollo social integral; planeación democrática real para el desarrollo económico y social,
La formación de la Comisión de la Sociedad Civil para el seguimiento de la reforma democrática del Estado, con base en los procedimientos conducentes por parte del Congreso de la Unión.
Hasta ahora hemos visto la evidente inclinación de las dos fuerzas parlamentarias mayores a estructurar y conducir la Cámara de Diputados en términos bipartidistas,
Yo me preguntaría: ¿Por qué el PAN que pregona su trayectoria histórica de lucha por la democracia y hasta ahora ha sido el principal beneficiario de las luchas de pueblo mexicano, en esta dirección encabeza esta tendencia excluyente? ¿Por qué el PRI que entre sus filas muestra signos de regeneración democrática, ahora pareciera que tiende a supeditarse a los propósitos del partido que accederá a la Presidencia de la República el próximo 1° de diciembre?
Esperamos que el PRD, que siempre ha procurado honrar su vocación y consecuencia democrática, no guarde silencio en esta coyuntura decisiva, favoreciendo sin quererlo el bipartidismo.
Hoy, en el umbral del proceso para la reforma del Estado, lo que está en juego es si contribuimos a construir el poder popular democrático, una sociedad genuinamente democrática o si se vuelven a reeditar las condiciones para que prosiga un régimen autoritario, Cada partido representado en esta Honorable Cámara, tendrá que definirse ante esta encrucijada.
Firman: el Diputado José Narro Robles, y el de la voz. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Muchas gracias señor diputado José Manuel del Río Virgen.
Honorable Asamblea: Esta Presidencia quiere informarle que se han hecho ya los trámites urgentes correspondientes al Punto de Acuerdo que esta soberanía asumió en relación a la pena de muerte del señor Miguel Angel Flores Rangel. Por la vía expedita del FAX se ha remitido el Punto de Acuerdo tanto a la Cancillería como a la Secretaría de Gobernación para efectos de que debidamente enterado el Presidente de la República, se hagan las gestiones no sólo en el ámbito estatal sino también federal y se haga saber el Punto de Acuerdo de esta Representación Nacional.
De cualquier forma, esta Presidencia mantendrá permanentemente informa da a esta Soberanía sobre la tramitación que se haga del Punto de Acuerdo que aquí se ha tomado.
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El siguiente Punto del Orden del Día, el último registrado en la Agenda Política, es sobre las Elecciones en los Estados Unidos de América, reservado por el Diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
Se le concede el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
EL DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES (Partido del Trabajo) : Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados. En realidad debemos aceptarlo, el resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos será un hecho que causa repercusiones en varios países incluyendo a México y precisamente es nuestro país donde probablemente suframos las mayores repercusiones debido a la fuerte dependencia que mantenemos con ese país especialmente desde la firma del Tratado de Libre Comercio.
Ahora, a más de 48 horas de iniciar las elecciones en Estados Unidos, el mundo desconoce después de 48 horas, quién será el pr6ximo Presidente de ese país, se trata de un hecho ins61ito que aún carece de explicación; no sabemos nuevamente la causa, si es una falla informática aunque lo que parece puede deberse a un fraude electoral también en el caso de Florida, estamos exportando desde Tabasco a los mapaches electorales a Estados Unidos, (aplausos)
Pero, cualquiera que sea la causa, la distuación será distinta de lo que se había previsto hasta el 7 de Noviembre, quien resulte elegido Presidente de los Estados Unidos lo será por un margen no sólo insignificante sino que también cargará sobre sus hombros el estigma de una elección sospechosa.
Lo anterior apunta claramente al comienzo de una crisis político institucional en Estados Unidos que podría experimentar giros insospechados en los próximos meses o años.
Queremos recordar que el Sistema Electoral Norteamericano data del Siglo XVIII, quizá ya era hora de que un sistema electoral tan arcaico entrara en crisis, no es posible que aún en nuestro país, en estos días, el país que se jacta de ser el mas avanzado del mundo en materia económica y democrática prevalezca un sistema electoral en el que el triunfador es el que cuenta con la mayor cantidad de votos, sino que existen votos ponderados por entidad federativa. En su momento el Senador Jayse Hels criticó al Sistema Electoral Mexicano al considerarlo atrasado y que no respondía a los nuevos tiempos democráticos; sin embargo ahora el grupo del Partido del Trabajo, Parlamentario del Partido del Trabajo señala que aunque nuestro Sistema Electoral nos e encuentra plenamente consolidado, sí responde de manera más eficaz a los nuevos requerimientos democráticos.
Por ello, ahora más que nunca, el Ejecutivo Federal de nuestro país debe de trabajar arduamente y establecer una nueva relación bilateral que contenga mayores criterios de equidad y esforzarse porque la crisis política en la que se encuentra el vecino país, no afecte de manera importante a nuestra nación. por lo que nos preguntamos ante este contexto, ¿cuales serán las repercusiones para México?; México es el país que se vera mas afectado por cualquier desarreglo o crisis institucional que se presente en el vecino país, ello se debe a que nuestro país depende enormemente de la capacidad norteamericana para absorber trabajadores legales e ilegales a aportar tecnología y capital y comprar nuestros productos.
Es mas, con el inicio de este nuevo periodo histórico en Estados Unidos y México caracterizado por el recambio de dirigentes nacionales, estaba por comenzar el planteamiento de una agenda que pusiera en el centro del debate el problema migratorio; la indeterminación temporal del resultado de la elección y el escaso margen para proclamar a un ganador será un factor que consolide el clima conservadurista que ya estaba dominando la opinión pública antes de las elecciones.
Esto significa que un triunfo demócrata en las condiciones sugeridas significará un mandatario con menos consenso y apoyo para conseguir la ruta iniciada por la administración Clinton, es decir, la búsqueda de hacer prevalecer una agenda de reformas de fondo.
Por lo pronto, las dos primeras víctimas de este giro de la fortuna política se debe a futuras y aún inciertas negociaciones sobre el flujo migratorio entre ambos países que sin duda serán archivadas por cierto tiempo.
Cabe prever también que la defensa del sistema de seguridad social y la oposición a mayores rebajas impositivas a los ricos será más débil con un Presidente demócrata elegido en estas condiciones; por otro lado, si triunfa la derecha aún más conservadora por un margen tan escaso como el que se prevé, que se trabaje en favor de una agenda conserva dora basada en las privatizaciones de la seguridad social en México, menores cargas impositivas en favor de las capas de mayores ingresos, la promulgación de leyes contra el aborto, la pena de muerte, etc.
Además se puede vislumbrar que el nuevo presidente intentará apaciguar a la clase media haciendo mayores concesiones tributarias y con ello reforzando la línea inaugurada años atrás por Reagan.
En consecuencia, debido al efecto moral y psicológico de tal estrategia, en México será más difícil hacer una reforma impositiva favorable a las grandes mayorías, que se rase la vía de una reforma fiscal que grave las ganancias de capital, tarde o temprano experimentaremos una severa crisis social y política que pueda tener consecuencias catastróficas para la estabilidad del país.
Lo anterior explica por qué los núcleos conservadores que pretenden el poder económico en México, tanto del PRI como del PAN y algunos medios de información han tenido un velo hipócrita en el que han estado vendiendo la idea de que al pueblo de México le conviene un triunfo republicano anteponiendo el argumento de que fue un presidente de ese partido el que aceptó negociar el Tratado de Libre Comercio.
Esto es una falacia ya que es precisamente el partido republicano el que ha estado detrás de las leyes migratorias más dacronianas jamas aprobadas en el país vecino y han sido las huestes de ese partido las que han llevado a cabo las campañas de genofobia y persecución más violentas contra los mexicanos,
Hay una elección muy clara, de giro insospechado de las elecciones en nuestro país vecino que de sobrevenir una crisis institucional, el gobierno tanto del presidente saliente como del entrante, están totalmente incapacitados para dar una respuesta que tome en cuenta la defensa de los intereses de las grandes mayorías en el contexto de mayor interdependencia internacional que hoy existe.
La clase gobernante edificó una agenda triunfalista apostando de manera exorbitante a la continuidad de la prosperidad económica y en la estabilidad institucional y política en el país vecino; sin embargo no debemos confundirnos, debemos tener en claro que ambos candidatos lo que buscan de fondo es preservar el poder con el que cuenta Estados Unidos sobre América Latina y en particular sobre nuestro país por lo que el Poder Ejecutivo de nuestro país debe prepararse para defender los intereses de los habitantes de nuestra nación tanto de los que habitamos aquí como de los que se encuentran en el país vecino.
Compañeras y compañeros diputados: Debemos prepararnos para que el posible endurecimiento de la política económica y social norteamericana hacia nuestro país y no debemos con fundirnos ante el contexto de posible crisis política en el país vecino, debemos demandar ante esto una mayor eficiencia de parte de nuestro Poder Ejecutivo en los temas binacionales, como es el tema migratorio.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo exhorta al Poder Legislativo emitir un mensaje político claro para exigir que independientemente de los giros de la fortuna política y de intereses sectarios, la relación bilateral debe basare en la equidad y en la búsqueda compartida de la prosperidad y la estabilidad de ambas naciones.
Con nuestro partido nuestra posición es muy clara, un triunfo de la derecha norteamericana hará más difícil en México una verdadera reforma fiscal, por lo que las consecuencias en la distribución del ingreso, la participación social se verán posiblemente afectadas de manera que sólo una muy amplia movilización social podrá revertir.
Pudiéramos plantear ante los Estados Unidos, ante estos problemas que se presentan, como es el de Florida, ante el probable fraude electoral que se presentó en ese lugar, aplicarles la cláusula democrática, dado que es un país que por lo que deja entrever tiene severos cuestionamientos ante un sistema electoral del Siglo XVIII francamente atrasado y en donde no es la voluntad soberana la que realmente prevalece para elegir al nuevo mandatario,
Así como quisieron aplicarle a México la cláusula democrática ante las prácticas arcaicas del PRI Gobierno en el pasado y todavía en algunos lugares en el presente.
Por eso, compañeros, creemos que hoy más que nunca ante estas elecciones, este Congreso debe de plantear una relación bilateral ante las Cámaras y ante el Poder Ejecutivo con mucha mayor equidad y donde los problemas binacioanles de fondo, como es el tema migratorio sean trata dos y encuentren una solución adecuada y equitativa y justa para los mexicanos que viven y que van al extranjero.
Muchas gracias.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado José Narro. Honorable Asamblea, hemos agotado los temas registrados en el orden del día.
Señora Secretaria ¿Sí quedan asuntos en cartera?
LA C. SECRETARIA: Señor Presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera.
EL C. PRESIDENTE: Vamos a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No.24
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 14 NOVIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo sobre la permanencia de LICONSA y la entrega del presupuesto aprobado para el año 2000, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre los trabajadores del INEGI, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la revisión del Capítulo Agropecuario del T.L.C., a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
EXCITATIVA
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
LA C. SECRETARIA: Orden del da. 14 de noviembre de 2000. Proposición con punto de acuerdo sobre la permanencia de LICONSA y la entrega del presupuesto aprobado para el año 2000, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con punto de acuerdo sobre los trabajadores del INEGI, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Con punto de acuerdo sobre la revisión del capítulo agropecuario del TLC, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria.
(A las 14: 45 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el próximo martes 14 de noviembre a las 11: 00 horas.
Se agradece a todos su colaboración en esta sesión.