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SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2000.

ORDEN DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2000.
APERTURA
Lectura del Acta de la Sesión Anterior
COMUNICACIONES
De ciudadanos diputados.
Protesta de ciudadanos diputados.
De la Junta de Coordinación Política.
EFEMÉRIDES
Del 89 aniversario de la proclamación del Plan de Ayala, a cargo de los grupos parlamentarios de los Partidos: del Trabajo y Revolucionario Institucional.
Aniversario del asesinato de los Hermanos Serdán, a cargo de los grupos parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
Día Internacional de la no Violencia hacia las Mujeres, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De adiciones al artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de impacto ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Antonio Agustín Pérez Rangel, Georgina Salazar García, Rubén Tejeda Pérez, Andrés Ramírez Meza y Ursula Stump, puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
MINUTAS
Con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, que remite la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso e) del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión).
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Eduardo del Río López, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Ricardo Ríos Cárdenas, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, José Angel Gurría Treviño y Enrique Berruga Filloy, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
DICTAMEN DE PRIMERA
De la Comisión de Equidad y Género.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, se declare zona de desastre por sequía a 33 de los 46 municipios del estado de Guanajuato, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para solicitar a las Comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública, se plantee en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, una partida especial, para construir un Museo de la Historia del Movimiento Zapatista, en el municipio de Ayoxustla, Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec como puerta de acceso para la región sur, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre el Programa para apoyar a los Trabajadores Migratorios, a cargo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y otras. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la "Fundidora de Monterrey y su Objeto de Desincorporación", a cargo del C. Dip. José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la situación del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que las Secretarías: de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud, se aboquen a resolver el grave problema de contaminación y salud pública en el municipio de Torreón, Coahuila, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la reducción del precio del gas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre apoyo a los productores de maíz, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2001, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre las tarifas de energía eléctrica, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la revisión de las percepciones económicas del personal y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a la protección de los derechos de los migrantes en tránsito, en la época decembrina, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Gobernación la adecuada revisión del gasto en materia de comunicación social, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para que se genere un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura en los estados y zonas más pobres del país, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la integración de los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en las secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión ).
AGENDA POLÍTICA
Pronunciamiento sobre irregularidades en el sindicato del IMSS, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Pronunciamiento sobre la integración de organismos electorales en Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la integración del Gabinete, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Pronunciamiento sobre la reestructuración del sector eléctrico, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Pronunciamiento sobre la situación de los pensionados y jubilados de las instituciones de seguridad social, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
CLAUSURA

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2000.

EL PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia y de la Asamblea, el resultado del computo de asistencia de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

EL SECRETARIO, DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN: Se informa a la Presidencia que se han registrado previamente 299 ciudadanos diputados.

EL PRESIDENTE: Hay quórum, se abre la sesión (11.21 horas) Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

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EL MISMO SECRETARIO:

ORDEN DEL DIA

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATUI~A

ORDEN DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2000.

Lectura del acta de la sesión anterior

COMUNICACIONES

De Ciudadanos Diputados.

Protesta de Ciudadanos Diputados

De la Junta de Coordinación Política.

EFEMERIDES

Del 89 Aniversario de la Proclamación del Plan de Ayala, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: del Trabajo y Revolucionario Institucional.

Aniversario del asesinato de los Hermanos Serdán, a cargo de los Grupos Parlamentarios de los Partidos: de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.

Día Internacional de la no violencia hacia las mujeres, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS

De Adición de una Fracción XXVIII, al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De adiciones al Artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de impacto ambiental, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION.

Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los Ciudadanos Antonio Agustín Pérez Rangel, Georgina Salazar García, Rubén Tejeda Pérez, Andrés Ramírez Meza y Ursula Stump, puedan prestar servicios a Gobiernos Extranjeros. (Turno a Comisión).

MINUTAS

Con Proyecto de Decreto por el que se Crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, que remite la Cámara de Senadores, para los efectos del inciso e) del Artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión).

Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Francisco Eduardo del Río López, Marco Aurelio Provencio Muñoz, Ricardo Ríos Cárdenas, Herminio Alonzo Blanco Mendoza, José Angel Gurría Treviño y Enrique Berruga Filloy, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión)

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

De la Comisión de Equidad y Género

PROPOSICIONES

Con Punto de Acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, se declare zona de desastre por sequía a 33 de los 46 Municipios del Estado de Guanajuato, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para solicitar a las Comisiones de Cultura y a la de Presupuesto y Cuenta Pública, se plantee en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001, una partida especial, para construir un Museo de la Historia del Movimiento Zapatista, en el Municipio de Ayoxustla, Puebla, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec como puerta de acceso para la región sur, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre el Programa para apoyar a los Trabajadores Migratorios, a cargo de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y otras. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la "Fundidora de Monterrey y su Objeto de Desincorporación, a cargo del C. Dip José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la situación del Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, a cargo del 6rupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para que las Secretarías: de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud, se aboquen a resolver el grave problema de contaminación y salud pública en el Municipio de Torreón, Coahuila, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la reducción del precio del gas, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre apoyo a los productores de maíz, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2001, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. ( Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre las tarifas de energía eléctrica, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la revisión de las percepciones económicas del personal y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo en relación a la Protección de los derechos de los migrantes en tránsito, en la época decembrina, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para solicitar al Secretario de Gobernación la adecuada revisión del gasto en materia de comunicación social, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo para que se genere un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura en los estados y zonas más pobres del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con Punto de Acuerdo sobre la integración de los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en las Secretarías de las Mesas Directivas de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

AGENDA POLITICA.

Pronunciamiento sobre irregularidades en el sindicato del IMSS, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Pronunciamiento sobre la integración de organismos electorales en Yucatán, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Comentarios sobre la integración del Gabinete, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Pronunciamiento sobre la reestructuración del Sector Eléctrico, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Pronunciamiento sobre la situación de los pensionados y jubilados de las Instituciones de Seguridad Social, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

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Es todo señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario. De desahogarse en su integridad el orden del día que ha sido leído, consumirá aproximadamente ocho horas de sesión, por lo que se solicita la colaboración de todas las diputadas y todos los diputados.

El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior, ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada y entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si se dispensa la lectura del acta anterior tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios y se procede a su votación.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a poner a discusión el acta.

ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION, CELEBRADA EL JUEVES VEINTITRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con treinta y ocho minutos del jueves veintitrés de noviembre de dos mil, con la asistencia de trescientos sesenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior, en sus términos.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

Campeche, con acuerdo solicitando mayores participaciones federales y por concepto de explotación petrolera. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Colima, con acuerdo por el que manifiesta la inconformidad del pueblo de esa entidad, por los aumentos a los precios de los combustibles. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Sonora, con un acuerdo por el que solicita se autorice al Ejecutivo Federal la aplicación del ocho por ciento del Producto Interno Bruto durante los próximos años fiscales, para el fortalecimiento del sistema educativo nacional. Se turna a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.

Una minuta de la Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que concede permisos para que ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Solicitud del ciudadano Enrique Madero Bracho, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República Federativa de Brasil. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Para hacer proposiciones con proyecto de punto de acuerdo, hacen uso de la palabra los diputados:

Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con la empresa Met Mex Peñoles.

Habla sobre el mismo tema el diputado Jesús de la Rosa Godoy, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con la actividad minera.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Rural.

Raúl Homero González Villalva, del Partido Revolucionario Institucional, solicitando incrementar los recursos federales asignados a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y otros con altos índices de marginación y pobreza.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Rectifican hechos los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; y María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción Nacional.

Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, sobre la condonación de la deuda pública en México. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

A las doce horas con cuarenta y siete minutos, la Secretaría informa que existen registrados cuatrocientos cincuenta y ocho diputados. Se ordena el cierre del registro electrónico de asistencia.

Cuauhtémoc Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la comercialización del aguacate mexicano en los Estados Unidos de América.

Para el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados: Francisco Javier Ortiz Esquivel, del Partido Acción Nacional; y Jaime Rodríguez López, del Partido Revolucionario Institucional.

Rectifican hechos los diputados: Cuauhtémoc Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática; y Jaime Rodríguez López, del Partido Revolucionario Institucional.

Las proposiciones y las intervenciones, se turnan a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y para su seguimiento a la de Agricultura y Ganadería.

El Presidente saluda a los miembros de una delegación del Comité de Asuntos Internacionales de la Asamblea Popular Nacional de la República Popular China, presididos por la señora Li Shu-Zheng, miembro del Comité Permanente de la Asamblea y Sheng Yunao, embajador extraordinario y plenipotenciario de esa nación en México.

Alfonso Oliverio Elías Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, relacionado con los estímulos fiscales para el Sector Agropecuario.

Para referirse al mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados: Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional; y José Carlos Luna, del Partido Acción Nacional.

Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal

Rectifican hechos los diputados: Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; y José Carlos Luna, del Partido Acción Nacional.

Se turna a las comisiones de: Agricultura y Ganadería; Comercio y Fomento Industrial, y de Hacienda y Crédito Público.

José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, sobre la Cumbre Iberoamericana de Panamá.

Para referirse al mismo asunto, habla el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Partido Revolucionario Institucional.

Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el proyecto de presupuesto de la Cámara de Diputados para dos mil uno.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

Se turna a la Junta de Coordinación Política.

El diputado Elías Martínez Rufino, solicita una excitativa a la Junta de Coordinación Política, respecto de la proposición para crear una Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones sobre el homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta, presentada el diecisiete de octubre de dos mil. El Presidente turna la intervención a la Junta de Coordinación Política y hace la excitativa correspondiente.

Hacen pronunciamientos los diputados:

César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática agropecuaria en el Estado de Chiapas, y presenta una proposición con punto de acuerdo.

Se refieren al mismo tema los diputados: Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática; y Carlos Raymundo Toledo, del Partido Acción Nacional.

Se turna la proposición y las intervenciones al Comité de Información, Gestoría y Quejas.

José de Jesús López Sandoval, del Partido Acción Nacional, sobre los menores discapacitados.

Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia

Para el mismo tema hablan las diputadas: Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México; y Silvia Romero Suárez, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes

Una comunicación de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por la que informa del formato de la Sesión de Congreso General del primero de diciembre de dos mil, en la que el Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Vicente Fox Quesada, rendirá su Protesta Constitucional; y del formato de la Sesión Solemne del Congreso General del cuatro de diciembre de dos mil, para recibir al Doctor Ricardo Lagos, Presidente de la República de Chile. Se ordena su publicación en la Gaceta Parlamentaria y su notificación al Senado de la República.

Para rectificar hechos, hablan los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; y Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

Comunicación de la Junta de Coordinación Política, por la que remite el anteproyecto de presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados para dos mil uno. En votación económica se aprueba. Comuníquese al Poder Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de dos mil uno.

Se refieren a la integración del Poder Judicial en el Estado de Colima, los diputados: Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática; Jaime Salazar Silva, del Partido Acción Nacional; y Roberto Preciado Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.

Rectifica hechos el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el martes veintiocho de noviembre de dos mil, a las once horas.

EL MISMO SECRETARIO: Está a discusión el acta de la sesión anterior. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si es de aprobarse.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Mayoría pro la aprobación.

EL PRESIDENTE: Aprobada el acta.

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Proceda la Secretaría a dar lectura a las solicitudes de ciudadanos diputados.

EL MISMO SECRETARIO:

SOLICITUD DEL DIP. JAVIER USABIAGA ARROYO

Dip. Iic. Ricardo García Cervantes

Presidente de la Mesa Directiva

De la H. Cámara de Diputados

PRESENTE

El suscrito, en mi carácter de diputado federal a la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted se sirva realizar los trámites necesarios a fin de que me sea otorgada licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo que ostento, toda vez que he sido llamado a participar dentro del gabinete del Presidente electo en el área de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y así tener a bien servir a la nación.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Dip. Javier Usabiaga Arroyo (rúbrica)

EL PRESIDENTE: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

EL MISMO SECRETARIO: Están a discusión los siguientes PUNTOS DE ACUERDO:

Primero. Se concede licencia al ciudadano diputado Javier Usabiaga Arroyo para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el XII Distrito Electoral del Estado de Guanajuato, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.

Segundo. Llámese al suplente.

Está a discusión. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación econ6mica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Mayoría por la afirmativa.

EL PRESIDENTE: Aprobados los puntos de acuerdo.

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EL MISMO SECRETARIO: Se va a dar lectura a la comunicación fechada en Palacio Legislativo el 23 de noviembre del 2000.

SOLICITUD DE LA DIP. JOSEFINA VAZQUEZ MOTA

Dip. lic. Ricardo García Cervantes Presidente de la Mesa Directiva De la H. Cámara de Diputados PRESENTE

La suscrita, en mi carácter de diputada federal a la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 y 63 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos; y 47 y 48 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a usted se sirva realizar los trámites necesarios a fin de que me sea otorgada licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo que ostento. Lo anterior, por así convenir a mis intereses.

Sin más por el momento, reitero a usted la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Dip. Josefina Vázquez Mota (rúbrica)

EL PRESIDENTE: En consecuencia, se ruega a la Secretaría poner a discusión los PUNTOS DE ACUERDO:

EL MISMO SECRETARIO: Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:

Primero. Se concede licencia a la ciudadana diputada Josefina Vázquez Mota, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la II Circunscripción Plurinominal, para estar en posibilidades de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.

Segundo. Llámese al suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

V O T A C I O N

Mayoría por la afirmativa, señor presidente.

EL PRESIDENTE: Aprobados los puntos de acuerdo.

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Se encuentra a las puertas de este Recinto el ciudadano Abelardo Escobar Prieto, diputado suplente electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal.

Se designan en comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados:

Diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad; diputado Jesús Dueñas Llerenas; diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez y diputado Juan Carlos Regis Adame,

EL C. SECRETARIO: Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.

La comisión cumple con su cometido

EL C. SECRETARIO: Se ruega a los presentes ponerse de pie.

EL C. PRESIDENTE: Ciudadano Abelardo Escobar Prieto. ¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

EL C. ABELARDO ESCOBAR PRIETO: Sí, protesto.

EL C. PRESIDENTE: Si no lo hace así, que la nación se lo demande.

Felicidades, señor diputado.

Puede pasar a ocupar su curul.

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Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES: Señor presidente, le informo que tenemos un comunicado de la Junta de Coordinación Política, dirigido a los secretarios de la Cámara de Diputados, presentes.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados

PRESENTES

En relación a las proposiciones con puntos de acuerdos presentadas ante el Pleno de esta Cámara, referentes a que la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados ratifique el Punto de Acuerdo aprobado el 3 de diciembre de 1997, relativo a la contratación den personas con discapacidad, los suscritos diputados federales coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México y del Trabajo, con fundamento en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a la consideración y, en su caso aprobación de la Asamblea el presente acuerdo, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

I. El 3 de diciembre de 1997, los diputados de la LVII Legislatura aprobaron un acuerdo por el que se determinaba la inclusión, en un porcentaje no menor al 1% de la planta laboral de la Cámara, de personas con algún tipo de discapacidad.

II. A la fecha el acuerdo se ha cumplido y existen personas con alguna discapacidad contratadas en distintos tipos de relación laboral con la Cámara.

III. El 11 de septiembre de 2000 los trabajadores con discapacidad de esta Cámara solicitaron a los CC. Diputados la ratificación del Punto de Acuerdo aprobado por la anterior Legislatura, relativo a la contratación de personas con algún tipo de discapacidad.

IV. Con fecha 12 de septiembre del año en curso fue turnado por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política una Proposición con Punto de Acuerdo presentada por la ciudadana Diputada Raquel Cortés López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para que esta Cámara de Diputados ratifique el Punto de Acuerdo aprobado el 3 de diciembre de 1997 por la LVII Legislatura, por el que se establece la obligatoria contratación de personas con discapacidad, al menos en el 1% de la planta laboral de la Cámara.

V. El 30 de octubre de 2000 el Dip. Pedro Pablo Cepeda Sierra del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó una Proposición con Punto de Acuerdo sobre la contratación de personas con discapacidad en un porcentaje no menor al 2% de la planta laboral de la Cámara de Diputados.

VI. Es conveniente ratificar el espíritu del acuerdo aprobado por la LVII Legislatura a que se refiere el considerando I de este documento, para el efecto de renovar los contratos que así lo requieran.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Junta de Coordinación Política, de conformidad con el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente

ACUERDO

PRIMERO. La planta laboral de esta Cámara de Diputados deberá integrarse, cuando menos en el 1%, con personas que padezcan algún tipo de discapacidad. Este porcentaje deberá considerarse para todas las modalidades o regímenes de contratación. Lo anterior en total concordancia con lo estipulado por la condiciones generales de trabajo concertadas entre esta Cámara y su sindicato, así como las leyes reglamentarias del artículo 123 constitucional.

SEGUNDO. Se instruye al Secretario General realice las acciones necesarias para el cumplimiento del presente acuerdo.

TERCERO. Notifíquese a los interesados.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de noviembre de 2000.

Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)

Presidenta de la Junta y Coordinadora del grupo parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional

Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica)

Coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional

Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)

Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)

Coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México

Dip. Alberto Anaya Gutiérrez (rúbrica p.a)

Coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo

EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

EL C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que se ha leído, a efecto de que el 1% de las personas que padezcan algún tipo de discapacidad se integren a la planta laboral.

Quienes estén por la afirmativa, en votación económica, manifestarlo.

Quienes estén por la negativa, manifestarlo de igual manera.

Mayoría a favor de la aprobación, señor Presidente.

EL C. PRESIENTE: Aprobado el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

Gracias, señor Secretario.

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El siguiente punto del orden del día corresponde a efemérides.

Para referirse al Aniversario número 89 de la Proclamación del Plan de Ayala, se han registrado los diputados Rosalía Peredo Aguilar, Gustavo Nabor Ojeda Delgado y Silvano Aureoles Conejo.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra, hasta por 10 minutos a la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para celebrar el 89 Aniversario de la Promulgación del Plan de Ayala por el general Emiliano Zapata, jefe del "Ejército del Sur".

A nosotros no nos interesa sólo el aspecto anecdótico de recordar una fecha, lo que pretendemos destacar en este momento es la trascendencia que dicho plan tuvo en el periodo de la lucha revolucionaria. El pueblo de México se levantó en armas para combatir la dictadura de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910, bajo el lema de "Sufragio Efectivo y No Reelección", sin embargo no fue sólo este lema el que alentó la participación de Zapata y sus seguidores en la lucha revolucionaria, sino el contenido del párrafo III del artículo 3° del Plan de San Luis, en el que ellos encontraron un cauce para solucionar el grave problema de la tenencia de la tierra que en el estado de Morelos se vivía.

Al triunfo de la Revolución Maderista, con la firma de los Tratados de Ciudad Juárez y la salida de Porfirio Díaz del país en mayo de 1911, el problema agrario en el país, y en Morelos específicamente, no fue solucionado. La respuesta de Francisco 1. Madero fue solamente pedirles que entregaran las armas. Parece que hoy la historia quiere repetirse.

El no se preocupó por dar cumplimiento a los postulados sociales del Plan de San Luis, antes al contrario, con la designación de Ambrosio Figueroa como Gobernador del estado, las tensiones con los zapatistas aumentaron .

Como escribiera don Jesús Silva Herzog: " Zapata y los suyos se lanzaron bien pronto a la Revolución, no porque los hubieran electrizado las palabras mágicas de Sufragio Efectivo y no Reelección, sino porque creyeron en las promesas agrarias del Plan de San Luis, porque ellos efectivamente habían sido despojados de sus tierras por las autoridades y los hacendados del estado de Morelos, y pensaron que era la hora de la justicia".

Todos conocemos el problema agrario de Morelos que derivaba del despojo que los grandes hacendados azucareros hicieron de las tierras de los comuneros, y que el general Porfirio Díaz no se preocupó por resolver, antes al contrario, siempre privilegió a los ricos en perjuicio de las clases populares.

El levantamiento de Zapata en contra de Madero no era por una simple sustitución de la clase gobernantes, sino para que esa sustitución se diera por personas que realmente entendieran las justas demandas de las clases populares y se ocuparan de darle cumplimiento. Por ello, y no obstante la persecución militar de la que fue objeto por parte de Vitoriano Huerta, Zapata aún pretendió tener acercamiento con Madero en las reuniones que iba a concertar con Robles Domínguez.

Cuando estas negociaciones fracasaron, Emiliano Zapata y Otilio Montaño se ven precisados a buscar protección en las montañas del estado de Puebla, en donde redactan la versión final del documento que hoy celebramos.

Cuando terminan esta redacción, el general Emiliano Zapata reúne a los jefes de su ejército, y en la pequeña población de Ayosuxtla, que hoy lleva su nombre, Ayosuxtla de Zapata, les leyó el Plan y lo firmaron.

La trascendencia del contenido del Plan de Ayala radica en que el movimiento revolucionario de Zapata ya no era un movimiento local en Morelos, sino un movimiento nacional. Además, los revolucionarios zapatistas no sólo devolverían a los pueblos los campos que habían perdido, sino que también expropiarían tierras, si se juzgaba que eran monopolizadores quienes legalmente las poseyeran y expropiarían por completo a los terratenientes que se les opusiesen.

En otro aspecto, tratarían a los revolucionarios maderistas, no como prisioneros de guerra, sino como traidores, y en último lugar, para desalentar ambiciones personales y de poder, no nombrarían ni Presidente ni gobernadores provisionales hasta que no hubiesen tomado el poder.

Estos contenidos del Plan de Ayala dotan al movimiento zapatista no sólo de la razón en la lucha, sino de un instrumento ideológico que traslada la razón de la lucha agraria más allá de los límites del estado de Morelos, para que irradiaran en todo el país. Tan es así que los zapatistas sí tenían el propósito de transformar las condiciones materiales de los campesinos, y procurando cumplir con el Plan de Ayala, el 30 de abril de 1912 se llevó a cabo la primera restitución de tierras al pueblo de Buenavista, en el municipio de Ixcamilpa de Guerrero hoy de Guerrero en el estado de Puebla, por la Junta Revolucionaria del estado de Morelos.

Desde luego este acto tuvo un carácter mas bien simbólico a causa de la condiciones anormales derivadas de la contienda, pero ponía de relieve la sinceridad de los ideales de Emiliano Zapata.

A la muerte de Madero y con el ascenso de Victoriano Huerta a la Presidencia de la República, la lucha armada se intensifica en contra de Zapata y su Ejército, pero ni aun la adversidad lo hizo desistirse de su justa lucha,

Por el cumplimiento de sus ideales agrarios, lo mismo combatió que fue combatido por Madero, Huerta y Carranza, siendo este último quien propicia la traición que el General Emiliano Zapata es victimado el 10 de abril de 1919.

Sin embargo, es digno de mencionarse la coincidencia que en la lucha social y por la reivindicación del pueblo tuvieron los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa.

Sin lugar a dudas, los contenidos del Plan de Ayala y las ideas sociales de Zapata, no obstante no tener representación legislativa en el Congreso Constituyente de 19t619t7, influyeron en los contenidos del artículo 27 de la Constitución Política promulgada en Querétaro.

Los ideales y la honestidad personal de Zapata han trascendido hasta nuestro días, pese a los fieros ataques de que fue objeto por la prensa servil del porfirismo y de los gobierno de Victoriano Huerta y de Carranza.

En 1911 el gobierno de Pi3rfirio Díaz alentaba a la oligarquía y al capitalismo transnacional, fueron personas como Emiliano Zapata quienes reivindicaron el nacionalismo de nuestro pueblo que había pasado grandes pruebas en la Guerra de Independencia y en la lucha contra la intervención francesa y el funesto imperio de Maximiliano.

A 89 años de promulgado el Plan de Ayala la actitud de nuestros gobiernos ha sido la de privilegiar al capital extranjero y de implementar Políticas que tienden a la pauperización del pueblo.

Compañeras y compañeros legisladores: en este país, mientras existan campesinos sin tierra y personas que no cuenten con lo necesario para satisfacer sus mas apremiantes necesidades, el General Emiliano Zapata desde los campos de Morelos o las montañas del sureste, seguirá cabalgando por lo largo y ancho de este país, para buscar un país mas justo, libre y democrático, no importa que nos hayan cambiado el artículo 27 constitucional.

La conciencia campesina sigue viva, la conciencia campesina de Emiliano Zapata sigue viva en los hombres del campo.

¡Viva el Plan de Ayala!, ¡Viva Emiliano Zapata!

Muchas gracias. (aplausos)

EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos el diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (aplausos)

EL DIP. GUSTAVO N. OJEDA DELGADO: Con su venia, señor Presidente.

Corría el año de 1911; el sur se incendiaba por la lucha de redención agraria; ya la Revolución Mexicana había irrumpido en todo el territorio nacional, pero algo estaba haciendo falta a los campesinos. Era necesario convertir los sentimientos en ideas para plasmarlos en un documento que le dijera a todo México el por qué de su participación en el levanta miento popular.

Después de grandes diálogos que muchos acababan en discusiones, de entre borrones y más borrones fueron apareciendo en prosa difícil las esperanzas seculares de un pueblo campesino hambriento.

Convocados allá en Ayoxustla (?) por el Jefe Zapata, estaban cientos de campesinos armados inmersión en la serranía de Puebla y ante la mirada desconfiada de todos, el profesor Otilio Montaño cumplía su encomienda, ir sembrando en el texto las ideas libertarias de los pobres del campo.

En ese texto renació el pensamiento del Padre Hidalgo y del gran Morelos, quienes un siglo atrás había levantado la voz en defensa de los desposeídos, lo que ratificó en su tiempo García Salinas y después Ponciano Arriaga allá en el 57, buscando que la Constitución no fuera sólo una hoja de papel, sino la ley de la tierra,

Al concluir la redacción del documento dijo Emiliano Zapata: "Pasen a firmar si no les tiemblan las corvas". Y uno a uno estamparon su firma en el documento histórico más importante para los agraristas de entonces, de ayer, de hoy y seguramente los del mañana: el Plan de Ayala.

Se dice por los sabihondos y leguleyos, que el Plan tiene en su redacción fallas y muchos errores, hasta gramaticales. ¡Y qué importa! su contenido en lo trascendente, ya que ahí se recogen las demandas inaplazables de los explotados del campo y se plasma en sus postulados la justicia social agraria, misma que da sustancia y razón de ser a la Revolución Mexicana convirtiéndola a ésta, como la primera de su género en el mundo.

El histórico documento está dividido en dos partes: En la inicial, se sustenta una corajuda recriminación a don Francisco I. Madero a quien declaran inepto para realizar las promesas de la revolución de que fue autor, por haber traicionado los principios por los cuales burló al pueblo y pudo haber escalado el poder. Se plantea además su remoción como jefe de la Revolución, se apropian del Plan de San Luis y exhortan al pueblo a que apoye con las armas sus objetivos.

Y en la otra, trata la cuestión agraria, materia que da sustento real al movimiento de 10, mismo que surgió inicialmente como producto de una demanda Política en la lucha del poder; pero que encuentra su paso el respaldo condicionado de los campesinos, al señalar su reclamo ancestral por la tierra y anteponer como propósito fundamental, acabar con la explotación de que eran objeto por el sistema feudal de la hacienda porfiriana.

La visión agraria del Plan era completa y reivindicatoria. Se pedía por un lado la restitución de las tierras a los pueblos, la mayoría indígenas, de las que fueron desposeídos desde la época colonial por la iglesia y por los encomenderos. Y por la otra, era obligada la destrucción de la hacienda porfiriana propiedad de terratenientes y científicos, ambos explotadores del pueblo campesino, para repartir esas tierras a los trabajadores del campo.

Este sustento histórico nos da pauta para reflexionar sobre los graves sucesos vividos por los mexicanos en estas dos últimas décadas, pero en especial, por los que procedemos del campo y fuimos formados en las escuelas públicas, creadas por los regímenes revolucionarios para meditar sobre el futuro y actuar en consecuencia.

Para todos queda claro que el campo fue durante más de 50 años, el principal aportador de ingresos a nuestro país, ya fuera por la vía de las divisas o al producto interno bruto (PIB), lo que permitió a México desarrollar sus procesos de industrialización y de urbanización.

Sólo los ciegos o los que intencionalmente no quieren ver, niegan que el ejido fue en ese período una célula económica que dio soporte al desarrollo.

Por eso señalamos convencidos que los revolucionarios de entonces no estaban equivocados. Del Plan de Ayala se gesta la Ley Agraria de 1915; en el congreso constituyente del 17, Mújica, Jara, Vaca Calderón y otros, impulsaron el texto agrarista del artículo 27 tal como quedó plasmado en nuestra Carta Magna.

Emilio Portes Gil y el General Cárdenas, ven en la organización de los campesinos el camino para apoyar el desarrollo y la soberanía de México. Cuando además de realizar el reparto, crean las instituciones de asistencia técnica y de financiamiento, promueven la educación popular con los internados para hijos del Ejército, de trabajadores y de campesinos; crean la capacitación para el empleo de los adultos a través de las misiones culturales en las comunidades y dan gran impulso a la educación superior, destacándose en ello, la fundación del Instituto Politécnico Nacional, de la Escuela Superior de Prácticas de Agricultura y de las Escuelas Normales Rurales.

En esta acción no hubo rencores. Hasta los enemigos y sus hijos fueron beneficiados.

Cuántas de esas familias se capitalizaron del esfuerzo campesino a través de intermediar o transformar los productos agropecuarios. O hubo otros que vegetaron como burócratas disque sirviendo al campo, pero la verdad muchos de ellos, unos y otros, es desleal correspondencia enviaron a sus hijos a estudiar en el extranjero teorías y estrategias neoliberales para después incrustarlos en el gobierno y buscar acabar con la propiedad social y lo que esto representa. Y casi lo logran. En los últimos años la agresión a la política agraria ha sido brutal; algunas veces por diferencias ideológicas, otras por interés económico y las más por ambiciones políticas; así cambiaron las políticas gubernamentales: primero, los tecnócratas crearon programas paralelos para establecer sus cotos y después, de manera sistemática, liquidar las instituciones, los programas y el financiamiento al medio rural, y al final, para rematar, después de saquearnos a través de los instrumentos gubernamentales de comercialización, cambiaron las leyes de beneficio al campo, liberaron el mercado agropecuario y liquidaron la educación popular; hasta quisieron cambiar nuestra historia en los libros de texto.

Grande ha sido la traición a los postulados revolucionarios, pues grande ha sido el encanto de la burguesía, pero más grande se ve venir la agresión al sector social rural. Más sin embargo, hoy que estamos inmersos en la globalización, veamos el ejemplo de los países altamente desarrollados; ellos apoyan con subsidios y otros estímulos a sus economías rurales para evitar la dependencia alimentaria. Con ese criterio revisemos, compañeros legisladores, la iniciativa de Ley del Presupuesto de Egresos y establezcamos los apartados respectivos que apoyen así al sector rural.

Queremos un campo próspero, pero socialmente libre, que ayude al desarrollo del país, pero no a cambio de aplicar nuevas formas de explotación a las familias campesinas. Por cierto, esa idea de querer convertir en microempresarios a los ejidos, no es nueva, así se estableció el ejido y sus programas de apoyo.

Ahora lo que realmente se requiere, es que el diseño del nuevo proyecto para el desarrollo del campo lo hagamos juntos campesinos y gobierno, y para ello no se necesitan intermediarios. No aceptaremos que los empresarios, convertidos en damas de caridad y ahora en funcionarios, hablen por nosotros. Si nos respetan como organizaciones campesinas, se puede pensar en encontrar alternativas para el desarrollo rural, lo demás sería, así lo veo, el resultado de sesiones de té canasta o de un globo sin disfraz, es decir, la privatización del campo para regresar a corto plazo, a la hacienda porfiriana.

No olvidemos que la Revolución y el Plan de Ayala surgen ante la explotación campesina y por la sangre derramada en el surco. Confiamos en que no serán estos tiempos de sedicentes cambios, ocasión para una regresión histórica.

Muchos son los convencidos de continuar enarbolando la bandera del agrarismo; ahí todos, claro, actualizando sus objetivos y metas, pero nunca perderemos la identidad que nos dio el espíritu y la obra de Emiliano Zapata y del Plan de Ayala. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado. Tiene el uso de la palabra el diputado Silvano Aureoles Conejo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrático hasta por 10 minutos.

EL DIP. SILVANO AUREOLES CONEJO: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros:

Si nos remontáramos a la historia de nuestros pueblos, las luchas agrarias representan un denominador común de movimientos de liberación de muchos pueblos del mundo, de Asia, de Africa y de América Latina por supuesto.

En el caso de nuestro país la lucha agraria, que fuera definida por el Partido Liberal, firmada por don Ricardo Flores Magón entre otros personajes en su calidad de perseguidos políticos, en San Luis Missouuri en el año de 1906, desemboca en el Caudillo del Sur, en su rebeldía y sus ideales que son plasmados en el Plan de Ayala, redactado por Antonio Díaz Soto y Gama y Otilio Montaño, y firmado en Ayazutla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911.

Este documento sirvió de bandera a las huestes revolucionarias sureñas comandadas por Emiliano Zapara para continuar el movimiento armado. A partir de este documento programático, quedó definida la independencia del movimiento campesino e indígena con respecto a las dirección de concepción burguesa establecidas en la Revolución. El Plan de Ayala, además de representar un planteamiento agrarista, guarda un carácter anticapitalista y proyecta la dimensión histórica de las poblaciones indígenas y campesinas.

Dentro de los puntos más relevantes de este documento, encontramos que los latifundistas debían ceder la tercera parte de su tierra previa indemnización, para que por medio de la redistribución de las mismas, se mejorara en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos; debieran nacionalizarse las propiedades de aquellos hacendados que se resistieran en forma directa o indirecta al Plan de Ayala; las dos terceras partes que en principio hubiesen correspondido a los antiguos dueños, se dedicarían a las indemnizaciones de guerra y a pensiones para las viudas y los huérfanos de los revolucionarios muertos en las luchas por realizar estas reivindicaciones.

Dentro de las bondades de este Plan, se encontraba la firme idea de erradicar el viejo orden feudal imperante remontándose a la idea de que "la tierra es de quien la trabaja", entendiendo a ésta como la principal unidad económica de producción que sin lugar a dudas entrelaza la producción con el resto de la economía nacional.

Las razones expresadas en el Plan de Ayala tienen por objeto el liberar al campesino de las tradicionales relaciones de producción y distribución que lo han explotado durante siglos, antes por cuenta de los hacendados y ahora a cargo de las poderosas transnacionales que procuran hacer del trabajador rural y de sus tenencias un insumo industrial de atractivo para el mercado exterior.

Como es conocido por todos, las luchas agrarias han sido esenciales en la formación de nuestro país; todas han sido batallas por la libertad y la justicia en el medio rural. De todas ellas tenemos lecciones que debemos recordar y por consiguiente aprender.

Entre los millones de mujeres y hombres de este campo mexicano, la ignorancia no fue la causa de sus luchas, pues éstas se deben a una urgida respuesta a la realidad y necesidades de este país. La pasión ha existido en todos y cada uno de estos movimientos, pero más allá de ésta, se ha puesto por delante la inteligencia y la razón.

En la actualidad, las luchas por la libertad y la justicia en el campo, siguen siendo de enorme importancia por su moral histórica y siguen siendo y seguirán mereciendo nuestro profundo respeto, así como un apoyo apasionado y comprometido.

Hoy los campesinos, en su esfuerzo cotidiano y sus prácticas diarias en estas luchas se dan de manera diferente; con reclamos distintos, construyendo los hechos, una nueva reforma campesina. Debemos partir del reconocimiento de nuevas realidades, nuestra población crece, pero el territorio sigue siendo el mismo. Sólo en el campo viven 27 millones de mexicanos, casi el 30% de la población, que el minifundio se extiende tanto entre ejidatarios como entre pequeños propietarios y los campesinos tienen que trabajar en otras actividades para poder mantenerse. Sin embargo la miseria y la marginación siguen siendo la constante.

El reparto agrario establecido hace tantas décadas, estuvo justificado y reconocido hoy en día, por supuesto, por ese compromiso con los campesinos. Sin embargo nuestro pueblo entero tiene y tendrá un compromiso eterno con el medio rural, el cual nos exige opciones productivas claras con la participación en el trabajo y enfocado al progreso.

Este es sólo un esbozo de los acontecimientos más importantes que como legisladores en este Congreso de la Unión debemos conmemorar, teniendo en cuenta que la memoria de un pueblo es fundamental para las construcción de sus instituciones contemporáneas. No se puede saber a dónde vamos sin saber de dónde venimos. Un pueblo que no tiene memoria histórica, es un pueblo condenado al fracaso.

Es por eso que a 89 años de haberse expedido el Plan de Ayala, no podemos olvidar los principios que se establecían en el mismo. Sólo basta mirar la situación que vive el medio rural para comprender que no ha cambiado mucho y que todo el derramamiento de sangre debe ser reivindicado.

El acontecimiento que hoy conmemoramos representa un logro que adopta dimensiones constitucionales plasmadas en el 27 de nuestra Carta Magna. Con esto se logró tomar en forma ofensiva, la reforma agraria por medio de dotaciones ejidales y definiciones en la pequeña propiedad.

Así, en nombre de un parlamentario del PRD, agradezco a esta Cámara, a los legisladores, la atención a este importante reconocimiento por esta fecha y a lo que significa.

Reconocer es un acto de justicia a aquéllos que gracias a su esfuerzo lograron hacer de este México, un país de grandes dimensiones históricas para sus habitantes.

Compañeras y compañeros diputados: hoy, a 89 años de distancia de estos acontecimientos históricos, vemos señales preocupantes y contrarias al espíritu del Plan de Ayala y de quienes lo formularon. Por ejemplo, el gabinete entrante, nombre como titular de la Secretaría de la Reforma Agraria en su paquete policíaco. Lo que muestra una tendencia clara a eliminar el espíritu y el sentido social de justicia que dio origen a la dependencia y cambiarla por aquél que centra su atención a esa demanda añeja de algunos sectores que han obrado en contra de la propiedad social.

Sería lamentable compañeras y compañeros, que esa dependencia que recoge un espíritu de justicia social en el campo, se convirtiera hoy en el despacho de defensa de los intereses de terratenientes y de aquéllos que pretenden en el corto plazo convertirse en eso.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

El Presidente:

Gracias diputado Silvano Aureoles Conejo.

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En el mismo punto de efemérides, para referirse al aniversario del asesinato de los hermanos Serdán, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Y se le concede hasta por 10 minutos.

El diputado Benito Vital Martínez:

Con su permiso señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados:

En esta fecha, recordamos a uno de los precursores del movimiento armado que se generó a principios del siglo XX en nuestro país. Se trata de los hermanos Serdán, Aquiles y Carmen. El primero nace en la ciudad de Puebla el 2 de noviembre de 1876. Hizo sus primeros estudios en el colegio Anglo Franco Mexicano, pero los abandona por falta de recursos. Por esta condición desde muy joven se dedicó al comercio, actividad que lo llevó a relacionarse con los obreros textiles de Puebla y Tlaxcala.

Su militancia política la inició en 1908, en el Partido Nacional Democrático y en 1909 se afilió al Partido Nacional Antirreeleccionista. Las inquietudes Políticas de los hermanos Serdán tenían ya una larga tradición para 1910. Domingos y días festivos sirvieron durante años para que en su casa se reunieran familiares y amigos y avanzaron de simple nivel festivo, al terreno de la discusión Política.

De hecho, es así como se conformó un sólido núcleo antiporfirista en Puebla, que al presentarse la coyuntura de las elecciones presidencia les de 1910 se .la coyuntura de las elecciones presidenciales de 1910 se convirtió en el promotor del maderismo.

La casa de la familia Serdán era centro director de los antireeleccionistas en Puebla; a ella acudían obreros, estudiantes y habitantes de la ciudad y poblaciones aledañas, inconformes con el régimen del General Porfirio Díaz. Con los estudiantes Aquiles hacía un periódico llamado "La no reelección", el cual le permitió realizar una intensa campaña de proselitismo a favor de Francisco 1. Madero a través de la difusión de sus ideas y propósitos.

A causa de esas actividades políticas, la familia Serdán vivía permanentemente vigilada por la policía local que favorecía el régimen del Presidente Porfirio Díaz.

Las manifestaciones de represión porfirista habían sido muchas, por supuesto, pero en el ánimo de Aquiles Serdán pesaron significativamente las matanzas de Cananea sucedidas en 1906 y las matanzas de Río Blanco acontecidas en 1907.

Al igual que muchos otros ciudadanos descontentos, Aquiles Serdán y sus hermanos vieron finalmente en la coyuntura de 1908 una posibilidad abierta de entrar a la lucha política; puesto que Madero aún no se presentaba como opción viable, en principio se adhirieron a la posible candidatura del General Bernardo Reyes como Vicepresidente postulado por el Partido Democrático, pero la separación del propio Reyes en octubre de 1909 hizo que aquellos de sus partidarios que no se retiraron de la lucha encontraran en Francisco I. Madero una alternativa mucho más clara de lograr transformaciones políticas en el país.

Así, los Serdán se convierten en los más decididos maderistas y activistas del antireeleccionismo en Puebla.

En abril de 1910 participa como delegado en la Convención Nacional de los Partidos Antireeleccionistas y Democrático. En dicho evento ambas agrupaciones lanzan la candidatura de Francisco 1. Madero y Francisco Vázquez Gómez para la presidencia y vicepresidencia de la república, respectivamente, para contender en las elecciones de ese año.

Ya como candidato, Madero visita Puebla el 10 de mayo de 1910, reuniendo a 25 mil personas aproximadamente, demostrando fehacientemente que el trabajo de los hermanos Serdán estaba rindiendo frutos.

Unos días antes de las elecciones Madero es arrestado, Porfirio Díaz se reelige de nueva cuenta y los hermanos Serdán no escaparon a la persecución que se abatió sobre los maderistas, sobre todo por seguir distribuyendo el periódico "La no reelección".

Varios de sus partidarios fueron arrestados y Aquiles tuvo que huir a San Antonio, Texas, donde se reunió con Madero para recibir instrucciones y recursos para organizar la rebelión.

A su regreso a Puebla realizó los preparativos para el levantamiento armado. Finalmente, en el borrador de la proclama que justificaría ante el pueblo el levantamiento del 20 de noviembre, después de difundir que Madero lo había nombrado jefe de la revolución en el estado, explica los motivos de la rebelión.

"Hemos agotado todos los recursos que la ley y el patriotismo nos indican para salvar nuestras instituciones y aun la patria. No tenemos más recursos que arrebatar por la fuerza al General Díaz el odioso poder de que, con astucia y mala fe, se ha apoderado".

Terminaba con el siguiente llamamiento: "Probemos que todavía hay nombres en México. En la lucha democrática os he visto luchar como héroes esforzados. Hoy ese esfuerzo lo necesito pero con las armas en la mano".

Gracias, compañeros. Gracias, Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, Diputado Benito Vital Ramírez.

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Para referirse al Día internacional de la no violencia hacia las mujeres, se han registrado los siguientes ciudadanas y ciudadanos diputados:

La Diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; la Diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; la Diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; la Diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la Diputada María del Rocío García Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y la Diputada Olga Aidé Flores Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene el uso de la palabra la diputada María de los Angeles Sánchez Lira, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.

LA C. DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES SANCHEZ LIRA [PRD]: Con su permiso, Diputado Presidente.

Diputadas y Diputados:

El 25 de noviembre se cumplen 40 años de que fueron asesinadas en la República Dominicana tres mujeres, opositoras al régimen de Rafael Trujillo: Minerva y sus dos hermanas.

Eso sucedió cuando visitaban a sus esposos e hijos encarcelados por dicho gobierno. 21 años después, durante un Encuentro Internacional de Mujeres en Colombia y en memoria de las Hermanas Mirabal se declaró el 25 de noviembre como el Día de Acción Internacional de Denuncia Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

Por tal motivo, desde 1981 cada año se realizan en el mundo acciones y campañas para alertar sobre la violencia que se ejerce contra las mujeres. Hoy en día erradicar la violencia contra la mujer sigue siendo un gran pendiente de los gobiernos en el mundo, la violencia que se ejerce contra las mujeres no es exclusivamente física sino también moral, la cual es perceptible en la mayoría de las ocasiones por quien la sufre. La violencia puede definirse como toda acción ejercida en deterioro de la integridad, estabilidad física, sexual, psicológica o patrimonial. Sus principales víctimas son: mujeres, niños, ancianos y discapacitados.

La violencia sistemática que padecen a diario miles de mujeres y niñas en nuestro país adopta diversas formas. Es un problema que presenta diversas caras. Violencia no es solamente agredir física mente a una persona; violencia es ignorar, es minimizar, el discriminar, es insultar y herir emocional y psicológicamente.

La violencia conyugal es un fenómeno universal de gran magnitud y relevancia. Estudios estadísticos y teóricos lo ubican como uno de los problemas principales de la familia contemporánea, que trasciende barreras culturales, socioeconómicas, políticas, educacionales y religiosas.

La violencia física se materializa de diferentes maneras: lesiones, violación entre cónyuges, abandono, etcétera.

Muchas mujeres conciben y toleran el uso de la violencia que se ejerce en el interior de la familia, principalmente por dependencia económica pero también por miedo, abandono de la dignidad y la autoestima.

La Organización de las Naciones Unidas calcula que 70 millones padecen violencia de género y que solo 44 países del mundo tienen legislación contra violencia doméstica. Por su parte la Organización Panamericana de Salud revela en un estudio que del 45 al 60 por ciento de los homicidios contra las mujeres se realiza en su casa.

Como ejemplos de violencia física tenemos las lesiones que el cónyuge o concubinario ejerce sobre la esposa o concubina. O el tan controvertido de violación entre los cónyuges. Todavía en la actualidad hay quienes sostienen que la violación entre éstos no existe, pues afirman "que el que uno de los cónyuges imponga al otro la cúpula normal de manera violenta, cuando subsiste la obligación de cohabitar, no es suficiente para que se configure el delito de violación".

A pesar de la utilización de los medios típicos previstos para su integración teóricamente realmente es absurda. Los ejemplos de violencia moral que se ejercen contra las mujeres son incontables, desde rechazo para un puesto laboral, pagos de salarios menores a los que reciben los hombres por el mismo puesto, despido por embarazo, el menosprecio, hostigamiento sexual, etcétera.

Por todos estos motivos es que hoy, más que nunca, necesitamos de la creación de un organismo con personalidad jurídica, patrimonio propio, capaz de acometer la tarea de lograr una verdadera equidad entre los géneros. Organismo que ya está propuesto en el pleno y que hemos dictaminado en la Comisión de Equidad y Género.

Yo los exhorto, compañeras y compañeros Diputados, a aprobar el dictamen a la iniciativa de ley que crea el Instituto Nacional de las Mujeres. ¡Solo así podremos dar un gran paso en la erradicación de la violencia contra las mujeres, contra nosotras!

[Aplausos del grupo parlamentario perredista]

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Muchas gracias, Diputada María de los Angeles Sánchez Lira.

Tiene el uso de la palabra la Diputada Norma Patricia Riojas Santa, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por diez minutos.

LA C. DIP. NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA (PSN): Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras Diputadas; compañeros Diputados: El Partido de la Sociedad Nacionalista entiende que el papel que desarrollan las mujeres en la sociedad es de la mayor relevancia, no s6b porque somos el 51 por ciento de la población sino que además somos madres de otro 50 por ciento, relevancia además que no la concebimos como un compromiso político ni mucho menos como postura o frente para cumplir solamente en épocas de campaña, sino que la entendemos practicándola, propiciando continuamente su participaci6n en diversas instancias de nuestro partido, desde delegadas estatales, candidatas, asesoras y diputadas, reconociendo con ello su capacidad y calidad en el trabajo, dejando claro que esto no implica la superioridad de genero, sino que implica la igualdad de los mismos, que estamos obligados a reconocer, es decir, mujeres y hombres en las mismas circunstancias y con las mismas capacidades.

En ese sentido, el Partido de la Sociedad Nacionalista no podría dejar pasar la celebración del Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer, día que se celebra en todo el mundo, pero se practica en muy pocas partes.

Durante el régimen de Rafael Trujillo, en la República Dominicana, una mujer llamada Minerva Mirabal participó en forma activa en contra de su gobierno, hecho que le ocasionó múltiples encarcelamientos y que gracias a la intervención de la OEA fue liberada.

El 25 de noviembre del año de 1960, Minerva junto con sus hermanas visitaron a sus esposos e hijos encarcelados y fueron asesinadas por el gobierno de Trujillo. Veintiún años después, durante un encuentro internacional de mujeres en Colombia en 1981 y en memoria de las hermanas Miraval, se declaró el 25 de noviembre como Día Internacional de Denuncia Contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde entonces cada año se realizan en todo el mundo acciones y campañas para alertar sobre la violencia que de manera específica, sistemática, impune y múltiple, se ejerce contra las mujeres de todo el mundo.

Contrario a lo que deseáramos los nacionalistas, cada año el balance señala que después de cuatro décadas del homicidio cometido contra las hermanas Mirabal, la violencia en general y hacia las mujeres y niñas, se agudiza cada vez más.

La violencia, entendida como toda acción ejercida en deterioro de la integridad y establecida física, sexual, espiritual, psicológica o patrimonial, es cuando el hogar deja de fungir como el espacio protector, formador de valores, generador de cooperación y convivencia, para convertirse en un lugar donde acontecen agresiones psicológicas, físicas y emocionales, provocadas primordialmente por dependencias económicas, pero también por miedo y abandono de la dignidad y la autoestima. Lo anterior provoca que muchas mujeres conciban, toleren y justifiquen el legítimo uso de la violencia.

Cuando se ejerce al interior de su familia, especialmente dirigida contra sus hijas e hijos y contra ellas mismas, la violencia termina por enfermar y contaminar a toda la familia y la mujer se convierte en víctima pero también en agresora y los hijos en seres auto y socialmente destructivos.

El Partido de la Sociedad Nacionalista considera que las familias mexicanas requieren atención general del gobierno, a través de Políticas públicas que permitan tomar acciones preventivas contra la violencia intrafamiliar, que promuevan su desarrollo económico, educativo y social. Estoy convencida de que como seres humanos debemos formar mujeres y hombres capaces y libres, procurando ambientes que propicien la convivencia armónica y nunca la sumisión y el dominio por la violencia,

Desgraciadamente esta es una realidad lacerante, los sectores más desprotegidos son los más vejados en sus derechos.

Finalmente a los nacionalistas nos queda claro que la lucha contra la violencia intrafamiliar y contra las mujeres invariablemente debe darse de manera simultánea en varios frentes. De nada sirve ese tipo de pronunciamientos en esta máxima tribuna de la nación si la aplicación de la norma no es la adecuada o justa.

Como el caso de programas que se crean solo para justificarse ante las organizaciones internacionales y en la práctica y en la realidad funcionan de membrete o, en el peor de los casos, se trabaja sin presupuesto.

Por tal razón los convoco para establecer mecanismos legales que permitan avanzar sobre reformas o iniciativas de ley, que acaben de tajo en este grave problema que perjudica a miles de hogares de nuestro país.

Señores Diputados, no se queden de espectadores e insensibles, que el problema del maltrato de la mujer no es problema exclusivamente de mujeres, es un problema socioeconómico y de salud pública, que necesita la combinación de esfuerzos de todos los actores políticos para garantizar las condiciones mínimas de bienestar y fortalecimiento del núcleo de la familia,

Es cuanto señor Presidente. (aplausos)

EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Norma Patricia Riojas Santana. Antes de conceder el uso de la palabra a la siguiente oradora quiero pedirle a la Secretaría dar cuenta a la Asamblea del registro de asistencia de diputados a esta sesión y ordenar el cierre del sistema electrónico de asistencia.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN: Se informa a la Presidencia que se encuentran registrados 460 diputados en el tablero electrónico si incluimos a un diputado que creó problemas en su panel de su curul, 460 señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario, ciérrese el sistema electrónico de asistencia.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por diez minutos.

LA DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO (Partido del Trabajo): Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El pasado 25 de Noviembre se celebró una fecha muy importante para todos aquellos que estamos interesados y preocupados por el sano desarrollo de los seres humano a, nos referirías a la conmemoración del Día de la No Violencia contra las Mujeres.

Desafortunadamente esta celebración nos recuerda que todavía en el mundo existen condiciones de desigualdad y de abuso hacia las mujeres; tristemente esto es un recordatorio que nos debe llevar a continuar trabajando en desterrar de una vez por todas la violencia y la marginación de la que son objeto niñas, mujeres y ancianas de toda condición social.

No debemos sorprendernos, la violencia hacia la mujer constituye una de las realidades lacerantes a la que se ha enfrentado la humanidad durante todo su desarrollo, tal vez en siglos pasados haya sido vista como una cuestión socialmente aceptada y como una muestra de poderío del varón sobre la mujer.

Hoy no puede mas que causarnos indignación y vergüenza atestiguar que las mujeres siguen siendo presa de conductas de suma vileza como el maltrato, el abuso sexual y la discriminación por su simple condición de genero.

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Todos sabemos que gran parte de estas manifestaciones violentas se dan en el seno de la familia, lo anterior se explica porque la mujer no obstante su creciente participación en los espacios laborales, sigue teniendo una preeminencia en la temática relativa al hogar y las actividades que se desarrollan en ese entorno.

Por las funciones que devienen de su propia naturaleza por las costumbres que se han desarrollado en nuestra sociedad y por el marco jurídico actual la mujer es el centro de la interacción familiar.

Por esta razón se ha concebido un( concepto que está directamente relacionado con el maltrato que sufren las mujeres, la violencia intrafamiliar.

Es preciso señalar que ellas no son las únicas que pueden sufrir este tipo de conducta pero sí son las más vulnerables y más susceptibles a que les ocurran situaciones de este tipo.

Es un hecho, la violencia intrafamiliar es un problema grave que no distingue edades, niveles educativos ni grupos socioeconómicos; cuando la violencia irrumpe en la familia, suele convertirse en un hecho cotidiano el uso de la fuerza para imponer formas de ser y actuar y para refrendar la autoridad se sustenta en las inequidades y discriminaciones que se dan en las relaciones entre hombres y mujeres.

Datos de la Organización de las Naciones Unidas señalan que en algún momento de su vida la mitad de las mujeres de Latinoamérica han sido objeto de algún tipo de agresión en sus hogares; 3 de cada 10 sufrieron algún tipo de abuso sexual entre las edades de 16 a 49 años, mientras que el 45% recibió amenazas e insultos y la destrucción de objetos personales.

El día de la no violencia contra las mujeres se enlaza directamente con la celebración del L Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde hace 16 años se eligió el 25 de noviembre para que las mujeres de América Latina y El Caribe levantaran su voz para decir "ya basta", para no quedarse nunca más calladas y denunciar a todo aquél que pusiera en peligro su integridad física, su estabilidad emocional y corrompiera su moral.

Deseamos rescatar aquí el texto del artículo 1o. de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de la Asamblea de las Naciones Unidas que señala de manera precisa que es la violencia de géneros: "Todo acto de violencia basado en la pertenecía al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, para la mujer, inclusive la amenaza de tales acto, la coacción o privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la privada".

El camino hacia este tipo de declaraciones no ha sido fácil, son muchos los años de lucha y de movilización de las organizaciones de mujeres para lograr el reconocimiento de su condición de igualdad hacia el otro género y la exigencia de que sea reconocido como un delito y sea castigado con toda la firmeza que la ley permite,

Los primeros esfuerzos en la lucha contra la no violencia se remontan a la década de los '70s, que fue declarada como el decenio de la mujer; después, en 1980, durante la II Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Copenhague, se señala como un asunto relevante y que debe ser discutido de manera abierta y pública.

En nuestro país contamos, desde fines de la década de los '70, con avances muy limitados en materia de inclusión de las mujeres en la vida Política en las entidades de la república, tal es el caso del Estado de Colima.

Hoy en día tenemos el orgullo de observar un cambio importante en todo lo largo y ancho de la vida nacional en lo relativo a los espacios en los que se insertan las mujeres.

Gracias al avance de las fuerzas democráticas, accedió al gobierno de la capital del país una mujer y contamos con muchas compañeras diputadas y senadoras a las cuales el grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconoce el trabajo parlamentario que han realizado y a su vez las exhorta a que continúen en el trabajo parlamentario con miras a cerrar la brecha que aún existe en materia jurídica en nuestro país entre los hombres y las mujeres.

Debemos trabajar juntos en fortalecer el marco jurídico en nuestro país de forma que erradiquemos la violencia intrafamiliar por la vía de endurecer los castigos a aquellos que violen los derechos de las mujeres; asimismo debemos concientizar a la población para que conciba una forma diferente de insertar a la mujer dentro de la vida nacional en todos los niveles y actividades.

Por las consideraciones anteriores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene el beneplácito de celebrar El Día Internacional de la no Violencia Contra las Mujeres.

Es cuanto.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Rosa Delia Cota Montaño. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Marra Teresa Campoy Ruy Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hasta por diez minutos.

LA C. DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ:

Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

A lo largo de la historia de la humanidad la mujer ha sufrido discriminaci6n en muchos aspectos, las violaciones a sus derechos elementales suelen ser mucho más crueles y generalmente van acompañadas de constantes ataques a su integridad física que les causan daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, si no es que la muerte.

La violencia de género se expresa en múltiples formas que no tienen que ver con la condición econ6mica y social de las mujeres en los ámbitos público y privado,

En muchos países, no solamente del tercer mundo, la mujer padece la violencia en su propio domicilio y proviene de su pareja, sus familiares y su comunidad,

En la India, en donde según las Naciones Unidas en 1990 en la práctica de quema de novias, 4,835 mujeres fueron asesinadas porque sus familias no pudieron cumplir con la dote requerida.

Hoy, en 4. 3 millones de hogares de la zona metropolitana del D. F., uno de cada tres sufre algún tipo de violencia intrafamiliar, las lesiones son la cuarta causa de mortalidad femenina, después de la hipertensión y la diabetes, las cuales también pueden ser causadas por el estrés producido por una prolongada sujeci6n a la violencia y al abuso diario.

Los avances en la investigaci6n sobre la violencia contra las mujeres muestra que este es un fenómeno muy complejo que no admite interpretaciones simplistas y que exige una adecuada preparaci6n por parte de los diversos profesionales del ámbito educativo, legal y salud para que puedan contribuir eficazmente a erradicar y prevenir el problema.

A nivel mundial hemos observado distintos esfuerzos para combatir la violencia contra la mujer. Entre los proyectos aprobados por UNIFEM, tenemos los siguientes:

La Asociación Venezolana para la Educación Sexual Alternativa, la cual promueve una nueva legislación en contra de la violencia doméstica y entrenara a oficiales para trabajar y brindar apoyo a mujeres que hayan sido víctimas de la violencia.

En Colombia se ha creado la corporación Casa de la Mujer que se encarga de formar profesionales de salud para atender los casos de violencia contra la mujer.

En Bolivia, el grupo FEMI NA estableció debates acerca de la violencia domestica en distintos foros con la participación de los ciudadanos, a fin de que las mujeres conozcan sus derechos.

En Ecuador la Fundación María Wave tiene la función de traducir a lenguas indígenas la Ley Nacional en Contra de la Violencia, para que la Mayoría de mujeres tengan acceso a ella.

En México, una de las principales acciones emprendidas a otorgar, reforzar y consolidar la igualdad de la mujer respecto al hombre, es la que se llevó a cabo en 1974 cuando se reformo el Artículo Cuarto Constitucional para establecer que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Sin embargo los nulos instrumentos legales y Políticas generales no aseguran el cumplimiento de este principio, los conceptos de derechos humanos y de equidad y género apenas recientemente son utilizados en nuestro país.

En 1996 se dieron las dos primeras reglamentaciones a favor de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, jóvenes y niños en el Distrito Federal y en Coahuila, y en 1997 se aprobaron una serie de reformas y modificaciones a la legislación actual en materia de violencia intrafamiliar donde se tipifica la misma como delito.

A pesar de esto, la violación sexual dentro y fuera de la familia es uno de los delitos menos denunciados en nuestro país. Algunas estimaciones calculan que tan sólo en la Ciudad de México ocurre una violación cada cinco minutos.

Desde la esfera gubernamental existe un reconocimiento a la mujer como agente de cambio, por ello las Políticas, programas y proyectos promueven acciones para avanzar hacia la equidad entre las mujeres y hombres desde una perspectiva de género.

No obstante si bien esta respuesta gubernamental ha tenido relativo éxito, aún falta romper con la imagen estereotipada que se ha conferido a la mujer durante años y que por diferentes cuestiones, entre ellas la cultural, resulta avanzar más rápido. Ya es tiempo de que cada país reconozca a las mujeres su esfuerzo y atienda todos los aspectos para que lleven una vida digna, es tiempo de que México responda a su lucha y que juntos autoridades, instituciones y organizaciones y sociedad civil resuelvan los problemas propios de las mujeres.

Reconozcamos que las mujeres son, sin importar su edad ni condición social, vulnerables ante la carencia de servicios o legislación adecuada para atender a sus demandas.

En la reforma del Estado se debe incorporar plenamente los conceptos de equidad y de justicia social, ofreciendo igualdad de oportunidades para las mujeres y hombres, promoviendo políticas públicas integrales con enfoque de género, que obliguen al Estado al cumplimiento de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país.

En este próximo sexenio no debemos olvidar que la igualdad es la piedra angular de toda sociedad democrática que aspire a la justicia social y a la realización de los derechos humanos.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez.

Tiene ahora el uso de la palabra la diputada María del Roció García Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.

LA DIP. MARIA DEL ROCIO GARCIA GAYTAN: Con su permiso, señor Presidente.

"Le pegaba porque la veía como una propiedad mía, como algo propio, porque después de todo le di mi apellido y la saqué de blanco, entonces yo podía hacer con ella lo que yo quería, porque era mía". Esto declaró Rodrigo al ser interrogado después de mandar a Patricia al hospital, debido a una severa golpiza.

Compañeras y compañeros diputados: Este es tan solo un ejemplo de los casos de violencia que leemos a diario y nos enteramos a través de la prensa y conversaciones, incluso dentro de la familia.

Como todos sabemos, la violencia es un problema que viven miles de personas diariamente, ya sea por razones políticas, étnicas, religiosas, económicas, sexuales o por la convivencia doméstica. Por tal razón, los organismos internacionales y nuestro país unido a ellos, declararon el 25 de noviembre como el Día Mundial de la Lucha Contra la Violencia.

Sin duda, una de las formas de violencia más perniciosa y lacerante para cualquier sociedad es la que se da al interior de los hogares, la cual la mayoría de las veces queda en el silencio y en secreto familiar.

Muchos han sido los esfuerzos nacionales e internacionales para erradicar este problema social, sin embargo, todos los días mujeres, niñas, niños, ancianos y discapacitados son violentados en sus propios hogares.

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La denuncia fue el primer paso para impulsar cambios legislativos. En este campo, desde los años 70 el movimiento feminista, junto con diferentes grupos de mujeres del ámbito académico, político y de organizaciones civiles, denunciaron la violencia de género dando origen a formas organizativas y de apoyo a víctimas de violencia. Desde entonces se han realizado esfuerzos por impulsar reformas legislativas en esta materia.

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, celebrada en Brasil de 1994, tuvo un impacto favorable en el reconocimiento social y político de la violencia en contra de la mujer en la región latinoamericana. A partir de ésta, México se compromete a modificar su marco legislativo, a fomentar políticas públicas y a replantear aspectos socioculturales para luchar contra la violencia.

Uno de los avances más recientes en esta materia se llevó a cabo en 1997, cuando las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura, firmaron de manera conjunta con el Poder Ejecutivo, la iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Civil y Penal, en los que se establece que: "La patria potestad podrá ser limitada cuando el que la ejerce incurre en conductas de violencia intrafamiliar". Se tipifica como delito la violación conyugal, se sanciona a quienes propicien y realicen pornografía infantil, obligue o induzca a un menor a la prostitución o la mendicidad.

Actualmente 23 entidades de la Federación cuentan con reformas en violencia doméstica y el resto esta trabajando en proyectos de iniciativa para atender esta demanda social y contar con mejores marcos jurídicos que prevengan y atiendan nuestra problemática. A pesar de estos esfuerzos, falta mucho por hacer.

La cifra sobre violencia domestica son alarmantes, tomando en cuenta que existe un subregistro de los casos que no se denuncian en las estadísticas oficiales, como es el caso de Elvira, quien después de seis años de abuso sexual por parte de su padrastro se atrevió a denunciarlo a pesar de ser amenazada con violar a su hermana de apenas 12 años.

Al momento de su captura, su padrastro dijo que era inocente. Sin embargo, ella lo acusó abiertamente asegurando que siempre la tuvo amenazada. La jovencita durante mucho tiempo opt6 por quedarse callada y soportar las humillaciones y agresiones sexuales.

Gracias a asesoría de varios grupos que han venido trabajando en esta materia, finalmente se armó de valor y lo denunció. Hoy esta en la cárcel.

Como sucedió con Elviar, el abuso sexual en niños y en niñas es común en muchos hogares, aunque no se cuentan con cifras oficiales a nivel nacional, estos casos son mucho más frecuentes de lo que se cree.

Organismos sociales contra la violencia señalan que más de la mitad de las violaciones a menores que se denuncian, ocurren en el hogar y más del 90% de los casos el agresor es un varón.

Estudios realizados en América Latina revelan que cada 15 segundos es golpeada una mujer dentro de su propia hogar. En nuestro país, un millón de mujeres al año buscan tratamiento medico urgente debido a las lesiones causadas por la violencia en casa.

La violencia intrafamiliar es una problemática que involucra a una serie de factores sociales, económicos, pero sobre todo culturales.

En el caso de la violencia conyugal, en más del 50% de los casos denunciados la mujer y el varón la padecieron en su entorno familiar de origen, ya fuera como testigos de agresiones o como sujetos de la misma.

Es importante dejar claro que no sólo las mujeres padecen la violencia en el ámbito doméstico, otro grupo que lo vive de manera dramática son los menores de edad, tal es el caso de Emiliano, un bebé de 8 meses que fue golpeado de manera brutal por sus padres, quienes al llevarlo al hospital el personal médico detectó que presentaba síndrome del niño maltratado y huellas de estrangulamiento, sus padres Elizabeth y Arturo fueron remitidos ante el Ministerio Público.

Como él, muchos otros menores son violentados al interior de su casa, así lo reporta el hospital infantil de México, que señala que más de la mitad de los casos registrados por maltrato infantil, fallece producto de lesiones tan diversas como quemaduras de cigarro, hierro calientes, tenazas, cadenas, azotes, encierro e inanición.

Es importante señalar que en cuanto a los abusos físicos no sexuales, las madres son las principales agresoras de los niños.

Otro grupo vulnerable que con frecuencia también padece de la violencia física y psicológica, son las personas de la tercera edad quienes a menudo son vistas como una carga para las familias, Este es el caso de doña Margarita quien enferma de artritis reumatoide es obligada a pedir limosna en las calles de esta ciudad debido a que sus hijos se niegan a sostenerla económicamente. Como ella, miles de ancianos están en las calles y viven la falta de atención y soportando el maltrato y la ignorancia de sus familiares.

Estos datos aunque crueles, nos muestran una parte de la complejidad del problema de la violencia domestica, la cual no será erradicada únicamente con medidas legislativas; es urgente revisar y vigilar la adecuada aplicación de las leyes vigentes en esta materia,

La oportuna capacitaci6n y sensibilización de los funcionarios públicos al frente de los servicios de atención. También será necesario conjuntar acciones de tipo educativo y cultural para que la familia, la escuela y los medios de comunicación se comprometan a difundir una cultura de la no violencia, erradicando prejuicios y estereotipos de género.

También resulta imprescindible investigar y analizar con mayor profundidad las causas de la violencia y las formas de prevención de la misma, así como multiplicar los programas de reeducación para hombres y mujeres agresoras.

En estos tiempos en que todos somos partícipes de la construcción de la democracia, asumamos el reto de crear una cultura que coloque al hombre y a la mujer en un plano de igualdad en el hogar, en el trabajo, en las actividades Políticas y en la vida cultural, que revalore a nuestros niños y niñas, que revalore a nuestros ancianos respetando sus derechos.

EL PRESIDENTE: Ciudadana diputada, le ruego termine su intervención, el tiempo se ha agotado.

LA DIP. MARIA DEL ROCIO GARCIA GAYTAN (En tribuna): Sí, señor Presidente.

Pues mientras no logremos las condiciones para una equidad entre los géneros, que fomente el respeto a la niñez y a los ancianos, sobre todo, no podrá hablarse de un régimen plenamente democrático.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Al contrario, muchas gracias, diputada María del Rocío García Gaytán.

Tiene ahora el uso de la palabra la ciudadana diputada Olga Haydee Flores Velásquez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

LA DIP. OLGA HAYDEE FLORES VELASQUEZ: Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:

Para que un país se considere democrático, una premisa fundamental es que no exista forma alguna de discriminación, menos aun si esta es por razones del sexo al cual se pertenece.

El 25 de noviembre de 1997, dio inicio en México y en el mundo la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres. En el marco de esta Campaña, fueron realizadas diversas actividades encaminadas a reivindicar la promoción y el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres bajo la consigna clara y firme de que si no existe pleno respeto a todos los derechos de las mujeres, de ninguna manera podemos hablar de la existencia de los derechos humanos.

Las mujeres tenemos entre nuestras prerrogativas el derecho al trabajo y a su justa remuneración, a la educación, a la salud y en general a una vida digna, pero también uno de los principales derechos que tenemos las mujeres es el derecho a vivir una vida libre de violencia.

El 25 de noviembre, el Día Mundial dedicado para Reflexionar en Torno a los Derechos Fundamentales de las Mujeres y de las Niñas, es este día donde particularmente las mujeres alzamos nuestras voces para no aceptar más conductas que atenten contra nuestra integridad física, psicológica y emocional.

En los umbrales del siglo XXI, estamos ciertas de la importancia de construir e impulsar políticas públicas, así como una legislación acertiva y eficiente que evite los actos violentos en contra de las mujeres y las niñas de México, y de esta manera no quedarse sólo con el asombro y la consternación que se constata día con día en el incremento de las alarmantes estadísticas, que no son sólo exclusivas de la vida familiar, sino que también las que se originan en los centros de trabajo, en las escuelas, en la vida pública.

Hoy crece la violencia hacia mujeres de todas las edades y condiciones sociales, convirtiendo el tema en un serio problema que atañe a la sociedad, demostrando con gran crudeza que se ha convertido el dolor privado en un asunto público. Frente a este panorama, las políticas públicas y la legislación deben acercarse a las distintas reacciones que tienen los diversos integrantes de la familia en la relación específica con la violencia, la forma en que la entienden y la ejercen, la asumen o la rechazan. De esta manera nuestro papel como institución y responsables de revisar, diseñar e instrumentar acciones que coadyuven a solucionar las problemáticas de la sociedad y de crear los instrumentos necesarios para que las mujeres, víctimas de cualquier tipo de violencia, puedan dejar de ser meros sujetos pasivos de lo que sucede en el ámbito privado y se conviertan en verdaderas actoras sociales, con capacidad para transformar la actual realidad pública por avasallante que ésta sea.

En este sentido, decir que la violencia que a las mujeres es apabullante, no es una exageración. Todos los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo a finales de los '90, señalan que del total de la población que sufre algún tipo de agresión, entre un 90 y un 95% somos mujeres, hecho que por si mismo representa ya un alto índice de discriminación por cuestiones de género.

Por su parte la Organización Panamericana de la Salud aporta datos que hablan de que en algunos países de América Latina, entre ellos México, se gasta alrededor de un 20% de sus presupuestos de salud en atención médica por casos de emergencia producidos por actos de violencia, lo que representa un grave obstáculo para el desarrollo económico del país.

En el caso de México no está de más argumentar que a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer, la realidad en que vivimos los mexicanos y las mexicanas, especialmente en materia de violencia pública o violencia doméstica, no refleja ese espíritu de equidad.

Compañeros y compañeras diputadas, no debemos perder de vista que la violencia emerge como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de nuestro país, que es necesario educar al público sobre los altos costos sociales que implica la violencia contra las mujeres.

Que se requiere información clara y oportuna para sustentar mejor nuestra decisión en torno al seguimiento y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública para invertir más y mejor en programas en contra de la violencia.

Que en el caso de la violencia intrafamiliar, es indispensable contar con información desagregada y a detalle relativa al Programa Nacional en Contra de la Violencia Familiar y sus líneas de acción para poder, año con año, dar seguimiento a la solicitud de mayores recursos o apoyos para dicho programa.

Este día es una ocasión propicia para enarbolar propuestas concretas que contribuyan realmente a disminuir el problema de la violencia en cualquiera de sus formas contra las mujeres y las niñas, así como atender de manera eficiente su fenomenología particular y específica.

Por lo anterior, consideramos que es un buen comienzo de nuestra tarea legislativa como parte fundamental de las acciones para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas, conminar al próximo gobierno que entrará en funciones la semana próxima, para que contemple como prioridad de agenda y compromisos concretos, para el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres y las niñas, de conformidad con las prioridades de los gobiernos de los países integrantes del Sistema de Naciones Unidas, bajo la óptica de que los derechos humanos de las mujeres, tal como han sido definidos por los instrumentos internacionales, serán letra muerta si no se reconocen y aplican plenamente.

Las leyes en contra de la violencia son una acción prioritaria tanto en el derecho como en la práctica; requerimos que se apliquen en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales y en las reglamentaciones administrativas, todos somos responsables de su cumplimiento, de ahí que se haga necesaria una revisión y depuración de aquellos procedimientos administrativos excesivamente complejos; eliminar la falta de sensibilización de los órganos judiciales respecto a los derechos humanos de las mujeres, así como de la falta de una vigilancia adecuada de las violaciones de tales derechos y a una representación insuficiente de éstas en los sistemas de justicia, así como de escasez de información sobre los derechos existentes y la persistencia de determinadas actitudes y prácticas que perpetúan la desigualdad de facto de las mujeres en nuestro país.

Todo ello puede lograrse si se fijan desde ahora los siguientes objetivos, con el propósito de recalcar que la discriminación, la injusticia y la falta de equidad por cuestiones de género también son formas de violencia en contra de las mujeres y de las niñas:

Garantizar la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres, mediante la revisión de todas las leyes políticas, prácticas y procedimientos nacionales.

2. Apoyar el proyecto de Protocolo Facultativo de la SEDAU sobre el derecho de petición y fortalecer la aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos para combatir y eliminar la trata organizada de mujeres, niños y de niñas; adoptar medidas para garantizar que se respeten y protejan los derechos de las mujeres a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva; fortalecer y aumentar la elaboración de programas de protección a los derechos humanos de las mujeres en las instituciones nacionales como las Comisiones de Derechos Humanos y crear un Instituto Nacional de las Mujeres con capacidad de incidir transversalmente en todas las instituciones públicas, para concertar una acción total del estado, que erradique definitivamente este mal social de la violencia hacia la mitad de la población del país.

Es cuanto.

PRESIDENTE: Gracias diputada Olga Haydee Flores Velásquez.

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El siguiente punto del Orden del Día iniciativas de ciudadanos diputados.

APENDICE No. 1

Tiene la palabra la diputada María Cruz Martínez Colín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona con una fracción XVIII, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DIP. MARIA CRUZ MARTINEZ COLIN: Con su permiso señor presidente:

"Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, . . .

LEYO SE INSERTA

PRESIDENTE: Gracias a usted diputada María Cruz Martínez Colín.

La iniciativa de reformas que usted ha presentado, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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APENDICE No. 2

Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de adiciones al artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de Impacto Ambiental.

DIP. JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados:

"Tal vez el mayor problema que enfrenta nuestro país es la pérdida de biodiversidad, de la cual México es un líder ...

LEYO SE INSERTA

DIP. JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Hago entrega a la secretaría, de esta iniciativa.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias a usted señor diputado.

La iniciativa que acaba de ser presentada túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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Ruego a la secretaría proceda a dar cuenta con los oficios de la Secretaría de Gobernación.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES:

LECTURA OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO AL C. ANTONIO AGUSTIN PEREZ RANGEL, INSÉRTESE

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso c, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se cita a continuación, pueda prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Antonio Agustín Pérez Rangel

Puesto: Chofer mensajero

Lugar de trabajo: Embajada de Belice con sede en la Ciudad de México.

Por lo anterior, me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realicen los trámites correspondientes.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 22 de noviembre de 2000.

Por acuerdo del C. Secretario

El Director General de Gobierno

Lic. Sergio Orozco Aceves (rúbrica)

MISMO C. SECRETARIO:

LECTURA OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO A LOS CC. GEORGINA SALAZAR GARCIA, RUBEN TEJEDA PEREZ, Y ANDRES RAMIREZ MEZA, INSÉRTESE.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso c, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:

Nombre: Georgina Salazar García

Puesto: Empleada doméstica

Lugar de trabajo: Embajada del Perú en la Ciudad de México

Nombre: Rubén Tejeda Pérez

Puesto: Chofer

Lugar de trabajo: Embajada del Perú en la Ciudad de México

Nombre: Andrés Ramírez Meza

Puesto: Empleado de limpieza

Lugar de trabajo: Embajada del Perú en la Ciudad de México

Por lo anterior, me permito anexar copias certificadas de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes, así como nota diplomática No. 519M/173.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 23 de noviembre de 2000.

Por acuerdo del C. Secretario

El Director General de Gobierno

Lic. Sergio Orozco Aceves (rúbrica)

EL MISMO C. SECRETARIO:

LECTURA OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO A LA C. URSULA STUMP, INSÉRTESE.

CC. Secretarios de la Cámara de Diputados

Del H. Congreso de la Unión

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso c, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la C. Ursula Stump pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de Suiza, con circunscripción consular en Guadalajara, Jalisco.

Por lo anterior me permito anexar copia certificada del acta de nacimiento, carta de vecindad, curriculum vitae y notificación de nombramiento de la interesada.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, DF, 22 de noviembre de 2000.

Por acuerdo del C. Secretario

El Director General de Gobierno

Lic. Sergio Orozco Aceves (rúbrica)

EL C. PRESIDENTE: Gracias Señor secretario.

Se turnan estos oficios a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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El siguiente punto del orden del día es minutas.

Proceda la Secretaría a dar cuenta con los oficio de la Cámara de Senadores.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCES:

LECTURA OFICIO CAMARA DE SENADORES RELATIVO A MINUTA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY PARA LA INSCRIPCION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, INSÉRTESE

CC. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados PRESENTES

Para los efectos del artículo 72, inciso e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir a ustedes el expediente con Minuta Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 23 de noviembre de 2000.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)

Presidente

Minuta Proyecto de Decreto

Por el que se crea la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera

ARTICULO PRIMERO. Para efectos de esta ley, serán considerados propietarios de vehículos usados de procedencia extranjera los que se inscriban bajo los siguientes términos:

a) Las personas que acrediten con el título de propiedad ese derecho o con los documentos idóneos que demuestren la titularidad de un vehículo de procedencia extranjera.

b) Que se trate de vehículos comprendidos entre los modelos 1970 y 1993, inclusive.

ARTICULO SEGUNDO. Serán objeto de inscripción, los vehículos automotores cuyos modelos sean 1993 o anteriores y posteriores a 1970, conforme a las disposiciones vigentes en materia aduanera y que tengan las siguientes características:

a) Los vehículos automotores, camionetas pickup y vagonetas con capacidad hasta de doce pasajeros, así como los señalados en el Anexo Unico de la presente Ley.

b) Los vehículos internados al país antes del 31 de octubre de 2000.

c) Los destinados al servicio público de transporte y carga, y cuya capacidad no exceda los 3,500 Kg.

ARTICULO TERCERO. No podrán ser objeto de inscripción los vehículos siguientes:

a) Los vehículos modelos 1994 en adelante, y los vehículos 1969 y anteriores.

b) Los considerados de lujo y deportivos.

c) Los introducidos al territorio nacional a partir del 31 de octubre del año 2000.

d) Los que se encuentren embargados a la fecha de expedición de la presente Ley.

e) Los tipo vivienda.

f) Los que se encuentran en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país.

ARTICULO CUARTO. Los interesados en inscribir los vehículos, deberán pagar el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, a partir del ejercicio fiscal de 2001 y los subsecuentes.

Se exime parcialmente del pago de los demás impuestos y derechos que deban pagarse con motivo de la importación, a efecto de que se pague la cantidad única que se determina conforme a la siguiente tabla:

ARTICULO QUINTO. La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico y la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial se coordinarán con las autoridades fiscales de las entidades federativas, para llevar a cabo la inscripción de los vehículos a que se refiere esta Ley.

Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta Ley se efectuarán ante las oficinas que autoricen las autoridades fiscales de las entidades federativas, mismas que informarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico de la recaudación que por este concepto se obtenga.

Las entidades federativas percibirán como incentivo por la realización de los trámites efectuados conforme a esta Ley el total de la recaudación a que se refiere el párrafo anterior, integrando un Fondo Estatal Especial, para aplicarse en función de las prioridades de cada estado. Del monto recaudado, se destinará el 40 por ciento a los municipios y se repartirá entre los mismos conforme a los criterios establecidos por los ordenamientos fiscales estatales.

ARTICULO SEXTO. Los interesados deberán acudir a los lugares que señalen las autoridades fiscales, dentro de los 120 días naturales contados a partir de la publicación de esta Ley, a fin de presentar la solicitud de inscripción en los formatos aprobados por las autoridades fiscales de las entidades federativas, quienes le asignarán la fecha en que deberán presentar:

I. El vehículo y la acreditación de propiedad del mismo, para que las autoridades fiscales de la entidad federativa correspondiente tomen las calcas de los datos de identificación del automóvil y se le adhiera la calcomanía que lo identifique como inscrito.

II. Licencia de conducir y una copia fotostática de la misma. En ningún caso se aceptarán permisos.

Los pagos a que se refiere el artículo cuarto de esta Ley se efectuarán en la fecha en que el interesado presente el vehículo para que se le coloque la calcomanía.

ARTICULO SEPTIMO. El pago de las contribuciones no obliga a las autoridades fiscales correspondientes a otorgar la inscripción en los siguientes casos:

A) Si se trata de alguno de los vehículos a que se refiere el artículo tercero de esta Ley;

B) Si el vehículo no es presentado para la toma de calcas dentro del plazo señalado en el artículo sexto; y

C) Si no se cumple con alguno de los requisitos señalados en esta Ley.

ARTICULO OCTAVO. La inscripción de los vehículos conforme a la presente Ley, no otorga reconocimiento de la propiedad de los mismos. En ningún caso, una misma persona podrá inscribir más de un vehículo, en los términos de la presente Ley.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia no excederá los 120 días naturales contados a partir de dicha fecha.

ARTICULO SEGUNDO. Los poseedores de vehículos que no pueden ser objeto de inscripción contarán con el plazo señalado en el artículo anterior para sacarlos del país o donarlos al fisco federal o a entidades federativas.

En todos los casos, el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación.

ARTICULO TERCERO. Procederá la inscripción de vehículos embargados, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa de su internación al país, en cuyo caso, se levantará el embargo respectivo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción correspondiente en términos de ley. Una vez hecha la inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y, por ende, levantado definitivamente el embargo, devolviéndose el vehículo a su propietario.

ARTICULO CUARTO. Los gobiernos de los estados en el marco de las disposiciones legales aplicables, podrán establecer el requisito a cargo de los propietarios de contratar pólizas de seguro para dichos vehículos, para la protección de daños a terceros.

EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial.

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EL MISMO C. SECRETARIO:

LECTURA OFICIO SENADO RELATIVO A LOS CC. FRANCISCO EDUARDO DEL RIO LOPEZ, MARCO AURELIO PROVENCIO MUÑOZ, RICARDO RIOS CARDENAS, HERMINIO ALONZO BLANCO MENDOZA, JOSE ANGEL GURRIA TREVIÑO Y ENRIQUE BERRUGA FILLO, INSÉRTESE.

CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados PRESENTES

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Embajador Francisco Eduardo del Río López, licenciado Marco Aurelio Provencio Muñoz, licenciado Ricardo Ríos Cárdenas, doctor Herminio Alonzo Blanco Mendoza, licenciado José Angel Gurría Treviño y Embajador Enrique Berruga Filloy, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 21 de noviembre de 2000.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)

Presidente

Minuta Proyecto de Decreto

Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Embajador Francisco Eduardo del Río López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.

Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano licenciado Marco Aurelio Provencio Muñoz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.

Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano licenciado Ricardo Ríos Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.

Artículo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano doctor Herminio Alonzo Blanco Mendoza, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.

Artículo Quinto. Se concede permiso al ciudadano licenciado José Angel Gurría Treviño, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Vasco Núñez de Balboa, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.

Artículo Sexto. Se concede permiso al ciudadano Embajador Enrique Berruga Filloy, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Manuel Amador Guerrero, en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno de la República de Panamá.

Salón de Sesiones de la Honorable Cámara de Senadores. México, DF, a 21 de noviembre de 2000.

Sen. Enrique Jackson Ramírez (rúbrica)

Presidente

Sen. Yolanda González Hernández (rúbrica)

Secretaria

EL C. PRESIDENTE: Túrnese la minuta remitida por el Senado de la República a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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EL MISMO C. SECRETARIO: Son todos los documentos del Senado, Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Secretario.

Honorable asamblea: Está agendada para esta sesión la primera lectura de un dictamen de la Comisión de Equidad y Género con proyecto de ley .

Esta Presidencia tiene conocimiento que en este momento se encuentra reunida la directiva de esta Comisión y pospondrá en el curso de esta sesión, la lectura del dictamen correspondiente.

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Por ahora pasamos al punto de proposiciones con puntos de acuerdo, en el entendido de que en el momento que la directiva reciba el dictamen de la Comisión de Equidad y Género, se procederá de inmediato a su primera lectura.

Para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación se declare zona de desastre por segura a 33 de los 46 municipios del estado de Guanajuato, se concede el uso de la palabra, hasta por diez minutos, al Diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA [PAN]: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Diputados:

"Los Diputados Federales originarios del estado libre y soberano de Guanajuato de todos los partidos políticos que integran esta Cámara, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponerle a esta honorable asamblea el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o

"Para apoyar la solicitud del gobierno del estado de Guanajuato, realizada al Secretario de Gobernación para que se declare zona de desastres por sequía a 36 de los 46 municipios del estado de Guanajuato, bajo las siguientes

" C o n s i d e r a c i o n e s:

"Durante el ciclo agrícola primavera verano del 2000 en el estado de Guanajuato se sembraron 842 mil 791 hectáreas, de las cuales 571 mil fueron bajo el régimen de temporal y de éstas 372 mil, que representan el 65 por ciento resultaron siniestradas con motivo de la sequía prolongada. Los cultivos más afectados fueron: el maíz, el frijol y los forrajeros.

"La precipitación pluvial en el mismo ciclo fue de 468.5, siendo la media histórica de 607. Presentándose las anomalías principalmente en los meses de julio, agosto y septiembre del presente año.

"En consecuencia, los productores agropecuarios de Guanajuato no solo enfrentan problemas respecto de sus ingresos y de granos para autoconsumo, sino también escasez de forraje para el ganado, estimándose que por falta de suficiente precipitación los aguajes y abrevaderos solo tendrán agua en los primeros meses del próximo año, esperándose crítico en los últimos meses del estiaje.

"Así las cosas, el gobierno de Guanajuato que encabeza el Licenciado Juan Carlos Romero Hicks, llevó a cabo un estudio técnico y minucioso del que resultó que 33 de los 46 municipios del estado se vieron afectados por terribles sequías a consecuencia de la notoria disminución en la precipitación pluvial. Los municipios en estado de desastre son los siguientes:

"Apaseo El Alto, Apaseo El Grande, Atarjea, Comonfort, Coroneo, Cortazar, Cuerámaro, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, Irapuato, Jerécuaro, León, Manuel Doblado, Ocampo, Pénjamo, Romita, Salamanca, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Felipe, San José Iturbide, San Luis de la Paz, San Miguel de Allende, Santa Catarina, Santiago Maravatío, Silao, Tarimoro, Tierra Blanca, Victoria, Villagrán, Jichu y Yuriria.

"Por lo anterior, el pasado 17 de los corrientes y con base a la normatividad y reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, el propio gobernador del estado solicitó al titular de la Secretaría de Gobernación que declare al estado de Guanajuato zona de desastre natural.

"Asimismo manifestó estar enterado de las reglas de operación del FONDEN y estar dispuesto, además, a cumplir con la participación que a su gobierno corresponde.

"También los Legisladores Federales que suscribimos el presente solicitamos que al municipio de Valle de Santiago se le incluya en dicho fondo, en virtud de que el 70 por ciento de sus siembras son de temporal e igualmente se vieron afectados por la sequía.

"Como representantes populares que somos, pero sobre todo los que suscribimos el presente punto de acuerdo en nuestra calidad de guanajuatenses, no podemos dejar morir solas a estas miles de familias que en estos 33 municipios de nuestro estado habitan. No podemos ni debemos abandonar, como lo ha hecho la lluvia, a esa gen te que a diario se enfrenta con la dolorosa y penosa realidad de acarrear durante horas y sobre el lomo el agua que le van a dar de comer a sus familias y a sus ganados.

"¡Por eso venimos los 21 Diputados de Guanajuato a apoyar decididamente y a demostrar nuestra solidaridad con estas miles de familias campesinas que hoy se encuentran con graves problemas producto de la sequía y asimismo apoyamos, con energía, la oportuna solicitud realizada por el gobierno de nuestro estado!

"Por lo anterior expuesto y fundado, sometemos a la aprobaci6n de esta honorable asamblea, el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

"PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, para que en un plazo oportuno declare zona de desastres al estado de Guanajuato, por las consideraciones antes manifestadas.

"SEGUNDO. Que una vez cumplimentado el punto anterior, la Secretaría de Gobernación informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas y específicamente sobre la provisión del fondo correspondiente,

"Así lo firman los veintiún diputados federales originarios del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional"

Es cuanto, señor Presidente.

(aplausos)

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Muchas gracias señor diputado.

El diputado Luis Gerardo Rubio Valdéz, del Partido Revolucionario Institucional, ha pedido el uso de la palabra sobre el mismo tema . Tiene la palabra hasta por cinco minutos.

EL C. DIP. LUIS GERARDO RU1310 VALDEZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras Diputadas; compañeros Diputados: Buenas tardes.

El estado de Guanajuato es uno de los estados del Bajío que además de haber logrado un desarrollo industrial mantiene una constante en la producción agrícola, con una importante superficie de riego, el 33 por ciento, en la cual ha sobrevivido la agricultura a la exportación de hortalizas, Sin embargo, en contraste hoy una vasta superficie calificada como de temporal, mayor al 65 por ciento, de la cual se encuentran al norte del estado de Guanajuato los municipios que forman parte del distrito electoral que represento, que son San Felipe, Ocampo, San Diego y Dolores Hidalgo, en los cuales sólo la pujanza y el arranque de los campesinos, el amor a la tierra, han hecho posible el sustento de miles de familias que viven del campo y que a pesar de las malas cosechas y del bajo precio de los productos agrícolas, principalmente maíz y frijol, han sobrevivido en una constante y ejemplar batalla contra la naturaleza.

En el pasado, cuando una fracción parlamentaria planeaba la exigencia del Gobierno de la República y al Gobierno del Estado, para que tuviese el apoyo de nuestros connacionales ante las prolongadas sequías, no se encontraba eco ni solidaridad de otros partidos, pero qué bueno que hoy, más allá de las diferencias ideológicas, esté primeramente el interés por la gente. Por tal motivo, consideramos sensato y apoyable el punto de acuerdo para solicitar que el Secretario de Gobernación se aboque y encuentre una pronta respuesta a la solicitud de apoyo dentro del Fondo para Desastres Naturales, a parte de la zona norte del estado ya mencionado y que dan un total de 300 municipios ya mencionados por el antecesor de la palabra, el diputado Luis Alberto Villarreal.

La magnitud del desastre requiere la atención urgente del FONDEN. La diputación priísta del estado de Guanajuato no solamente ve con simpatía la propuesta presentada por mi antecesor en el uso de la palabra, de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, sino además considera que es importante que uno de los primeros trabajos que aborde el titular de la Secretaría de Agricultura, por ser un conocedor de esta región, es presentar un proyecto de desarrollo agrícola dedicado a zonas de temporal y concretamente para la región centro del país que con frecuencia enfrenta estos graves problemas y que requieren programas específicos de atención.

Que más allá de PROCAMPO puedan destinarse nuevos programas, no solamente de subsidio sino de una nueva visión del desarrollo agroepcuario regional de Guanajuato.

Es todo.

(aplausos)

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Muchas gracias señor diputado.

El diputado Rubén García Farías ha solicitado hacer el uso de la palabra en el mismo tema, por lo tanto tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO RUBEN GARCIA FARIAS (P.R.I.):Ciudadano diputado Presidente, compañeras, compañeros Diputados. No vacilé en suscribir la propuesta que se ha lerdo aquí porque estamos tocando uno de los puntos más importantes de nuestro estado y yo diría de toda la República, de toda nuestra nación.

Por eso he querido venir a hacer uso de la palabra para que además de la propuesta, tomáramos una plena conciencia de que en el estado de Guanajuato la desforestación puede pensarse como uno de los elementos más graves de una sequía que ya no es cíclica, es decir, el meteoro que lamentamos ahora de las sequías y al rato vamos a venir por lo de las heladas, ya se ha sedimentado en Guanajuato y creo que en otras partes de la República.

La historia nos revela que la explotación de las minas, el ferrocarril y algunos otros elementos de explotación capitalista a partir de la Conquista, hicieron que Guanajuato esté en un riesgo grande de convertirse en un páramo improductivo, La industria carece de agua, la sobrepoblación de nuestra entidad está configurando un problema de sed de las familias campesinas y de las ciudades.

Debemos de actuar, además de un problema de coyuntura como este, debemos de hablar y así llamo yo a esta Cámara de Diputados, al Gobierno de la República y al Gobierno del Estado, para resolver en amplias vertientes un programa trascendental, hidráulico, que resuelva los problemas actuales de nuestra agricultura, de nuestra industria y de los usos domésticos del agua que hagamos también un esfuerzo yo digo nacional pero para efectos de lo que estamos tratando en el estado de Guanajuato para que podamos dar un ejemplo de esfuerzo de los mexicanos, de los guanajuatenses y reforestar lo que alguna vez fue una tierra asaz fértil, Guanajuato, Granero de la Nación,

Complemento pues la adhesión al Punto de Acuerdo y exijo, pido, que se apoye por esta soberanía pero también que iniciemos paulatinamente con éxito el trabajo de la reforestación y de los programas trascendentes hidráulicos, para el estado de Guanajuato, allí tenemos tareas todos y todos, creo yo, que debemos de contribuir a cumplirlo porque, de otra manera, habremos de lamentar ya no solamente la presencia de un meteoro que siniestra el campo guanajuatense, sino de algo endémico que será contrario a la integridad física de los guanajuatenses. Muchas gracias. (APLAUSOS)

EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

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Tiene la palabra la ciudadana diputada Rosalía Peredo Aguilar del Partido del Trabajo para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para solicitar a las Comisiones de Cultura y a las de Presupuesto y Cuenta Pública, se plantee en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2001, una partida especial para construir un Museo de la Historia del Movimiento Zapatista en el Municipio de Ayoxustla, Puebla.

Tiene la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, hasta por diez minutos.

LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

En el tema de efemérides nos referimos al aniversario de la promulgación del Plan de Ayala que como en su oportunidad fue asentado se firmo en la población de Ayoxustla, municipio de Huehuetlán el Chico, en el Estado de Puebla, sin embargo es vergonzoso reconocer que aún existen muchas poblaciones en nuestro país en las que el progreso y el desarrollo no han aparecido.

Hace poco, la semana pasada, celebramos el XC Aniversario del inicio de la Revolución Mexicana pero sin que los avances materiales que en beneficio de la población se han dado, hayan pasado por Ayoxustla. Los habitantes de este poblado que hoy se encuentran con nosotros, como en los de muchos otros del país, viven en la más total y absoluta marginación económica y sus esperanzas de incorporarse al desarrollo de su región y del país son escasas.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es importante destacar esta situación ya que si por las condiciones materiales del país en 1911, pudiera entenderse la marginación de esta zona en la actualidad, esto es inadmisible. Lo que en 1911 fue la cuna del Plan de Ayala y albergue de las tropas zapatistas, en la actualidad es un lugar poco comunicado en virtud de no contar con una buena carretera que comunique a este poblado.

Ayoxustla es un sitio en donde no existe red de drenaje; la escuela con la que se cuenta carece del mobiliario adecuado para que los niños y 105 maestros puedan realizar adecuadamente la tarea de educar; tampoco cuenta con canchas deportivas en donde los niños y jóvenes puedan encontrar cauce a sus inquietudes y que la practica del deporte les sirva para alejarse del vicio; tampoco cuenta con espacios recreativos en donde la comunidad pueda reunirse para celebrar cualquier tipo de reuniones.

En esta zona, los problemas de contar con agua potable son recurrentes con las enfermedades gastrointestinales que esto trae aparejado; además, el acceso de la población al progreso es sumamente limitado.

Compañeras y compañeros diputados: Al describir las condiciones en que se encuentra la población de Ayoxustla nos percatamos que estas son coincidentes con las de miles de poblaciones en el país y que desde luego todos debemos hacer un gran esfuerzo para apoyar presupuestalmente a las entidades federativas y zonas del país que prestan un alto grado de marginalidad, pero en el caso específico de esta intervención y dado que esta población es la cuna del Plan de Ayala y con el propósito fundamental de mantener vivas nuestras raíces históricas y acrecentar nuestro nacionalismo, le solicitamos que apoyen nuestra propuesta para que se construya en esta población un museo en el que se mantenga viva la llama del movimiento de Emiliano Zapata, para lo cual es pertinente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal del año 2001 se destine una partida presupuestal a la Secretaría de Educación Pública o la dependencia del Ejecutivo Federal que corresponda para la construcción de este museo.

Además, es imprescindible que las comisiones de desarrollo social y de reforma agraria se aboquen a proponer medidas concretas que incidan en el abatimiento de la marginación en esta zona.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Artículo 1o. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, instruya a las comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública para que al momento de dictaminar la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación, se establezca una partida presupuestal para la construcción de un museo que preserve la memoria del movimiento zapatista en Ayoxustla, municipio de Huehuetlan el Chico, Estado de Puebla,

Artículo 2o. Esta soberanía instruye a las comisiones de Desarrollo Social y Reforma Agraria para que se aboquen a la preparación de propuestas que contribuyan a la erradicación de la pobreza y solución del problema agrario de Ayoxustla en el Estado de Puebla.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre del año 2000.

Atentamente: por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; diputado José Narro Céspedes, vicecoordinador; diputada Rosalía Peredo Aguilar, diputado Jaime Cervantes Rivera, diputada Rosa Delia Cota Montaño, diputado Félix Castellanos Hernández, diputado Jorge Alberto Rodríguez Pasos, diputado Juan Carlos Regis Adame; diputado José Manuel del Río Virgen, por Convergencia; diputado José Antonio Calderón, por Alianza Social; diputada Beatr7z Lorenzo, por Alianza Social; diputado Gustavo Riojas Santana, por Sociedad Nacionalista; diputado Auldárico Hernández, por la Revolución Democrática; diputada Petra Santos, por la Revolución Democrática; diputado Augusto Gómez Villanueva, por el Revolucionario Institucional; diputado Nabor Ojeda, por el Revolucionario Institucional; diputada Beatriz Grande, por Acción Nacional y diputada Marra Teresa Campoy, por el Partido Verde Ecologista de México.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Túrnese a las Comisiones de Cultura y de Presupuesto y Cuenta Pública,

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Abel Trejo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, sobre el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, como puerta de acceso a la región sur.

EL C. DIPUTADO ABEL TREJO GONZALEZ: Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva.

Compañeras diputadas;

Compañeros diputados:

El Istmo de Tehuantepec por su ubicación geográfica constituye el puente de interconexión comercial de una gran potencialidad para México y para el mundo; representa además la puerta de acceso para los estados del sur, como lo son Oaxaca, Chiapas y Guerrero y para los estados del sureste, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Por tanto, para lograr el desarrollo de la región sur sureste de México es imperativo como condición necesaria e indispensable el desarrollo regional integral del Istmo de Tehuantepec, porque esta zona estratégica con la infraectructura productiva adecuada se convertirá en el paso obligado del comercio tricontinental entre Asia, América y Europa a través de tres referentes un concretos en donde México participa con acuerdos comerciales.

Por el norte del país el Tratado de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos con 380 millones de consumidores y un PIB regional de 6.9 billones de dólares; por el Golfo de México con la Unión Europea que aglutina a 15 países y una poblaci6n de 370 millones de personas con un PIB 10% mayor al de Estados Unidos; por el Océano Pacífico con el Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, que está integrado por 21 naciones que realizan el 54% del comercio global tuvieron el 56% del ingreso económico del orden y representa al 40% de 12 población mundial, este foro lo presidirá México en el año 2002.

Por su ubicación geográfica, el Istmo de Tehuantepec constituye entonces el corazón del desarrollo del sursureste y el puente que puede alimentar y construir nuevos vínculos entre México y sus socios comercios.

Por estas razones hago un llamado a todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias, así como al gobierno federal que tomará posesión el próximo primero de diciembre para que no interpreten este planteamiento a partir de un interés puramente regionalista.

En este sentido mi interés se enfoca en el proceso de toma de conciencia que como país debemos procurar el desarrollo equilibrado de las regiones y para fortalecerlo como nación, porque hasta hoy lo que ha prevalecido es un desarrollo asimétrico desproporcionado y desigual, La región norte y la regi6n centro deben entender que el desarrollo del sursureste es un asunto de interés nacional que impacta también a ellos, así como recordar que su actual posición privilegiada no hubiera sido posible ni aún en la modernidad nacional sin la determinada y decisiva contribución del sursureste en los años en que se hubo de modernizar el país,

El Producto Interno Bruto mayor que genera actualmente la región norte y centro tiene su base de sustentación en los recursos que les ha proveído desde hace muchos años para la realización de su infraestructura, la región sursureste.

Las regiones norte y centro del país se orientan más hacia actividades de exportación manufacturera, maquilas de exportación, comercio y servicios modernos, mientras que en la región sursureste lo que predominan son las actividades agropecuarias con evidente rezago tecnológico y la explotación de energéticos que han servido como un elemento fundamental para el desarrollo de las otras regiones del país y no de la propia, petr61eo, gas natural y electricidad, con resultados contundentes, Tenemos los niveles más bajos de ingreso y de vida de todo el país, estamos ante dos Méxicos, uno es el que se refiere al norte y al centro del país, regiones que se encuentran insertas en la dinámica de los países desarrollados y con un gran avance en la infraestructura productiva, como autopistas, aeropuertos, puertos, presas, etc., el otro lo constituyen los estados de la región que comprende a la zona sursureste. Aquí nos encontramos atrasados frente al desarrollo nacional, con alta marginación social y con extrema pobreza y carentes de la infraestructura que nos permita reactivar la economía.

No es casualidad que algunos hayan canalizado el descontento social hacia la integración de grupos armados. Por esta razón, el gobierno del estado, ayuntamientos, diputados federales, estatales y ciudadanos, declaramos enfáticamente que de no corregirse esta situación para el sursureste de México, en un lapso de 18 años puede sobrevenir un colapso social o un desgajamiento, como lo han aseverado otros analistas.

Revisé algunos parámetros que centran el tema y la problemática a la que me refiero. De 1995 a 1999 PEMEX aportó fiscalmente a la Federación 855 mil millones de pesos. En 1997 la producción petrolera de México fue de 3 millones 100 mil barriles diarios, y el 96 por ciento de esa producción correspondió a los estados de Tabasco, Chiapas y Campeche. El estado de Chiapas genera el 45 por ciento de la energía producida en las hidroeléctricas del país; la nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz, aporta el 4 por ciento de la energía eléctrica nacional.

Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Oaxaca integran la principal zona proveedora de energéticos para el país: petróleo, gas, energía eléctrica y petroquímica básica. Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque y Salina Cruz procesan el 37 por ciento del crudo nacional. Coatzacoalcos y Cosoleacaque suman el 88 por ciento de los petroquímicos en el país.

Ahora veamos algunos indicadores sociales comparativos entre el norte y el centro del país, con el sursureste, datos que contiene el 12° Censo General de Población y Vivienda que apenas fue presentado:

Población de 6 a 14 años de edad que saben leer y escribir: en el norte y centro del país más del 90 por ciento; en el sursureste: Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, 16 puntos abajo. El 74 por ciento de su población saben leer y escribir.

Nivel de instrucción de la población de 15 años y más: en el norte y centro del país, 9 años en promedio es el nivel de instrucción, en el sursureste: Guerrero 6.3 años; Chiapas 5.8 años, Oaxaca 5.6 años.

Lengua indígena. En el país, 6.3 millones de personas de cinco años y más hablan alguna lengua indígena . Representan el 7.3 por ciento de la población de dichas edades. Yucatán y Oaxaca destacan con poco más de 37 por ciento de su población residente de cinco años y más, seguidos por Chiapas, con el 26 por ciento y Quintana Roo con el 22.9 por ciento.

Estas zonas de mayor presencia indígena requieren mayor esfuerzo gubernamental para su atención.

Para el año 2000, el porcentaje de vivienda con techo de materiales que resultan los más inseguros y peligrosos para la salud, es del 25.4 por ciento a nivel nacional: en el sursureste el promedio de vivienda con techos inseguros y peligrosos es del 51.24 por ciento. Por contraste, en el norte y centro del país el promedio de viviendas con techos inseguros y peligrosos es del 6.75 por ciento.

Servicio eléctrico. Se ha generalizado prácticamente en todas las viviendas del país, excepto Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, persiste más del 10 por ciento de las viviendas sin este servicio.

Agua entubada. Las entidades con mayor porcentaje de viviendas que cuentan con servicios de agua entubada son: en el norte y centro del país el 95.16 por ciento de las viviendas cuentan con este servicio. Por contraste, en el sursureste sólo el 65.38 por ciento de las viviendas cuentan con servicios de agua potable.

Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, se enfatiza que las desigualdades regionales constituyen un serio problema que no sólo afecta a las regiones que las padecen, sino que se constituyen en un serio lastre para el desarrollo nacional, y es un asunto de todos los mexicanos.

Es por ello que se requieren de Políticas públicas precedenciales para las zonas mas rezagadas como un asunto que no beneficia sólo a estas sino a todo el país, toda vez que las comunicaciones constituyen una de las partes medulares de infraestructura que debe tener un país si se decide a competir en el mercado internacional, el desarrollo de estas en el Istmo de Tehuantepec, es la condición primera para el desarrollo sustentable del sursureste.

Desarrollar el Istmo de Tehuantepec es un asunto de soberanía nacional que debe emerger como un proyecto de los mexicanos con sentido nacionalista y preservando la ecología y el medio ambiente y respetando la cultura y el derecho de sus habitantes y sus municipios.

Para todo ello el Estado Mexicano debe cumplir con su obligación establecido en los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de ser rector y promotor de este desarrollo propiciando que la infraestructura productiva sea iniciativa de los gobiernos federal y estatal; se debe apoyar en términos políticos dentro del contexto de la globalización a las actividades económicas mas débiles que se desarrollan en estas regiones y que están dispuestos a la competencia como lo es el sector agropecuario y la pequeña y mediana empresa.

Por todo lo anterior, se propone el siguiente Punto de Acuerdo para que esta soberanía a través de sus diversas comisiones, Hacienda y Crédito Público, Comunicaciones y Transportes, Presupuesto y Cuenta Pública, Desarrollo Social, lo consideren de manera prioritaria en su programa de trabajo.

Que quede plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo a elaborarse por la próxima administración federal que es de prioridad nacional el desarrollo del sur sureste de México, especialmente la región del Istmo de Tehuantepec, por su ubicación estratégica para el comercio tricontinental y dentro del propio país.

Segundo, que se considere como una visión de futuro y que se considere como columna vertebral, la estrategia de construir infraestructura productiva en esa zona.

Que se considere al Istmo de Tehuantepec en el Plan Nacional de Desarrollo como una zona estratégica y prioritaria para la defensa de la soberanía nacional.

Apunto aquí algunos de los proyectos estratégicos urgentes a realizar en la región para que sean considerados en la próxima administración federal ....

EL PRESIDENTE: Señor diputado, en vista de que se le ha terminado el tiempo le pediría resumiera para terminar.

EL DIP. ABEL TREJO GONZALEZ: Sí, señor Presidente. Autopista con altas especificaciones técnicas de la ciudad de Oaxaca, el Istmo de Tehuantepec con un ramal a Huatulco, autopista costera con altas especificaciones técnicas de Acapulco Guerrero a la ciudad de Tapachula Chiapas, autopista con altas especificaciones técnicas por el Golfo de México de Coatzacoalcos, Veracruz hasta Mérida Yucatán, entre otros proyectos prioritarios,

Ratifican y firman este Punto de Acuerdo los diputados oaxaqueños: Irma Piñeyro Arias, Marra Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazabal Bretón, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso Zorrillo Cuevas, José Soto Martínez, Candido Coheto Martínez, Juan Díaz Pimentel, Miguel Angel Moreno Tello, Pablo Arnaud Carreño y un servidor, Abel Trejo González, Muchas gracias, señor Presidente, (aplausos)

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Ha solicitado el diputado Pedro Rosaldo del Partido de la Revolución Democrática el uso de la palabra sobre el mismo tema. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

EL DIP. PEDRO ROSALDO SALAZAR: Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas:

Antes que nada permitirme suscribir el compañero diputado que me acaba de preceder en la tribuna, porque realmente es un problema que nos ha traído consecuencias desastrosas como ya dijo él atinadamente.

En la región sur del país, no nada más en el Istmo, en el sur en general del país, existe la misma diferencia que hay entre los países del norte y los países del sur.

Toda la producción, todo el trabajo de nuestros compañeros obreros, toda las consecuencias de los trastornos ecol6gicos que se han sufrido a través de todos estos años de desarrollo del país, han sido como resultado que hemos estado olvidados del desarrollo real.

Ustedes tienen el ejemplo muy claro de lo que pasó ahora con el presupuesto que acaba de terminar en el último sexenio donde no hubo desarrollo de la petroquímica, como debería y donde no hubo ni siquiera más que el recurso para una refinería en Reforma, Chiapas, cuando en Cadereyta y en otras partes del norte del país se hicieron varias refinerías.

Yo invito desde esta tribuna y parte de ello, por eso tomo la palabra, con todo el respeto, a todos los diputados del sur del país a que hagamos un frente común para que exijamos el desarrollo que requiere.

Platicaba con mi compañero de banca, con el diputado Héctor Sánchez, de lo importante que sería suscribir lo que nuestro compañero diputado acaba de decir, porque es estrictamente necesario.

Recuerden que lo del istmo de Tehuantepéc no sólo es algo que sea idea reciente, esto viene desde el siglo pasado cuando llegaban barcos de Nueva Orleans, llegaban a un lugar cerca de Coatzacoalcos, sobre el Río Coatzacoalcos y de ahí en Jesús Carranza, se llama actualmente, allá había un hotel, ahí bajaban, desembarcaban y en estos carromatos tirados por caballos, se iban hasta el Pacífico y ahí hacían lo que se llama ahora un corredor transistmico. Esto fue previsto incluso por Porfirio Díaz, no se llevó a cabo y ha sido tema de muchos proyectos, desde el Proyecto Alfa Omega hasta el proyecto de todo el desarrollo transistmico. No nada es el desarrollo transistmico, sino ya hay un grupo de gente estudiosa trabajando sobre proyectos de desarrollo regional al respecto. Y en efecto, como lo dijo mi compañero que me precedió en la tribuna, es un problema de seguridad nacional.

Nosotros estamos de acuerdo, suscribimos la postura y esperamos hacer y desde esta tribuna les invito para que hagamos un bloque todos los diputados del sur de la República, y que empecemos a desarrollar lo que ha sido el generar del desarrollo del país en otras partes. Muchas gracias.

EL PRESIDNETE: Gracias, diputado Pedro Rosaldo Salazar.

Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y Transportes y Presupuesto y Cuenta Pública.

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Tiene la palabra la ciudadana diputada Irma Peñeyro Arias, a nombre de la comisión de Poblaci6n, Fronteras y Asuntos Migratorios y otras, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el Programa para Apoyar a los Trabajadores Migrantes. Tiene la palabra hasta por diez minutos.

LA DIP. IRMA PIÑEYRO ARIAS: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El carácter mundial de los movimientos migratorios se ha convertido ya en un fenómeno cotidiano integrado a todas las esferas de la vida social. México como país receptor de tránsito y expulsar de migrantes, conoce y reconoce la realidad circundante a esta circunstancia. Los migrantes mexicanos por su parte, sufren los costos, penalidades propias que estos desplazamientos implican; nuestros connacionales se encuentran en una franca posición de desventaja ante las comunidades receptoras que, con gran frecuencia erigen barreras o restricciones hostiles que impiden su asimilación a dichas sociedades de destino.

Además de las penalidades que viven en un territorio ajeno a las costumbres e idiosincrasia propia, el regreso a su país es también un escenario en que las vejaciones son frecuentes, mismas que van desde el pago de cuotas inexistentes hasta asaltos de autoridades aduanales del decomiso de artículos personales hasta la discriminación por parte de las autoridades administrativas.

Estas y otras violaciones de los derechos humanos quedan impunes debido al desconocimiento de los migrantes de las instancias y autoridades a las que pueden acudir, a efecto de exigir reparaciones o el cumplimiento de sus derechos.

Con base en lo anterior, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del gobierno para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen de punto de acuerdo.

Antecedentes:

Primero: El 17 de octubre del año en curso, en la sesión de instalación de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, el pleno de la misma acordó la necesidad de instrumentar un programa para la protección de los migrantes, el cual nace del interés y la preocupación de apoyarlos en su regreso y/o tránsito por nuestro país con destino a sus lugares de origen en esta época del año.

Segundo: El 31 de octubre del presente año, la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, la proposición con punto de acuerdo presentado ante el Pleno por el diputado Timoteo Martínez Pérez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el que solicita se eviten el maltrato y la extorsión de que son objeto nuestros connacionales, mediante campañas de difusión sobre los derechos humanos y los servicios que puedan reclamar en las oficinas consulares, así como el cumplimiento y la revisión del Programa Paisano.

Tercero: La Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en su sesión ordinaria del día 8 de noviembre del año en curso, acordó presentar ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el dictamen de punto de acuerdo en el que se propone el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo.

A partir de estos antecedentes, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, expone las siguientes consideraciones:

Primero: Que en las celebraciones de fin de año diciembre enero ingresan al país aproximadamente un millón 200 mil connacionales que radican en los Estados Unidos de América y Canadá.

Segundo: Que son múltiples las denuncias y reclamos por los abusos que se cometen contra nuestros paisanos en sus viajes de retorno y /o visita a casa por parte de algunos servidores públicos que atropellan sus derechos humanos.

Tercero: Que es compromiso de los legisladores velar por el respeto de las garantías individuales de todos los mexicanos, sin olvidar aquellos que por necesidad se encuentran fuera el país.

Por lo expuesto resulta necesario que la Honorable Cámara de Diputados apoye y evalúe las acciones del Programa Paisano.

Por las razones anteriores, la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios somete a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, se inicie a partir de 10 de diciembre del presente año y se mantenga como programa permanente de la Honorable Cámara de Diputados, reforzando su operación en los meses de diciembre y enero.

Segundo. Que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, sea la Coordinadora General de la operación del mencionado programa.

Tercero. Que se procure por todos los medios oficiales y de comunicación, dar a conocer a los paisanos migrantes que esta Honorable Cámara de Diputados, a través de su Programa "Diputada Amiga, Diputado Amigo", garantizará hacer valer sus derechos y garantías.

Cuarto. Que se establezca una continua y fluida coordinación con las Comisiones Nacional y Estatales de Derechos Humanos correspondientes en las distintas fronteras, a fin de garantizar la atención a la referida problemática de los migrantes.

Por lo expuesto solicito, señor Presidente, se considere el punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la cercanía de los tiempos del inicio de la llegada de nuestros connacionales que visitan sus lugares de origen.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, señora diputada.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, se si considera de urgente resolución el punto de acuerdo propuesto.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo que se ha expuesto.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(votación)

Muchas gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera.

(votación)

Se considera de urgente resolución, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE. Gracias.

Está a discusión el punto de acuerdo.

Se han inscrito para hacer uso de la palabra los siguientes diputados y diputadas:

Diputada Erika Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; diputado Oscar Ochoa Patrón, del Partido de Acción Nacional.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.

LA C. DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO. Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros legisladores.

Ante la situación de deterioro en el ámbito migratorio, México debe hacer un esfuerzo grande, serio y comprometido para fortalecer los derechos y las garantías de todos nuestros connacionales.

La necesidad de establecer programas que si bien en algunos casos son limitados, nos ayudan a consolidar la protección de esos trabajadores que en ocasiones son atacados en sus bienes, personas y derechos por parte de diferentes corporaciones policíacas y por diversas autoridades que dependen de las secretarías responsables de la protección y ayuda hacia los mexicanos que cruzan nuestras fronteras.

Debemos apoyar toda acción que esté encaminada a una mejora en el trato de todos y cada uno de nuestros paisanos, que por diferentes situaciones se han visto obligados a emigrar allende nuestras fronteras, para mejorar su nivel de vida.

Es por ello que en base a este tipo de programas y en las negociaciones entre el gobierno estadounidense y el mexicano, se procure una relación bilateral más estable y completa, con el fin de que nuestros trabajadores se encuentren seguros dentro de una esfera de derecho en los diferentes puntos de internación fronterizos y por medio del servicio consular mexicano, una defensa real que le garantiza el derecho internacional.

Los migrantes, sin importar su origen ni destino, deben ser respetados en sus derechos humanos, más aún, si son mexicanos que regresan año con año a reunirse con sus familias y que son la ventana que México necesita para ser conocido como un país de gente productiva y trabajadora.

Y finalmente, ellos son quienes nos representan con dignidad y orgullo ante otros países.

Por lo tanto, el Partido Verde Ecologista de México, se suma a esta tarea con el fin de apoyar el Programa Diputada Amiga, Diputado Amigo, para que se pueda dar los beneficios y el trato que merecen, de una manera digna y llegar a evitar que presenten incidentes que afecten a estos mexicanos que trabajan por su patria y ayudarlos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo.

Por esta razón es necesario concientizarlos no sólo en lo que respecta a la seguridad y la integridad de estos compatriotas, sino que también es indispensable arraigarlos de manera que siempre se consideren a si mismos como parte de la Patria Mexicana.

Nosotros, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que deben respetarse bajo todas las circunstancias posibles y existentes, los derechos humanos. Esto es un principio que no puede ser distinto ni en el interior ni en el exterior de un país y mucho menos del nuestro.

Estas personas, los migrantes, deben recibir todo nuestro reconocimiento y apoyo para hacer valer sus derechos y proporcionarles una auténtica calidad de vida dentro de un ambiente justo y libre.

Es cuanto señor presidente.

PRESIDENTE: Gracias señora diputada.

Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, la diputada Petra Santos, del Partido de la Revolución Democrática.

DIP. PETRA SANTOS: Buenas tardes. Compañeras diputadas y diputados:

Las continuas violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, de que han sido objeto nuestros connacionales que por distintos motivos han tenido que continuar su vida en los Estados Unidos de Norteamérica y que por las fiestas de fin de año, regresan de visita a nuestro país, fue la causa principal que determinó que el Ejecutivo Federal pusiera en vigor el Programa Paisano. Apoyo para los dichos connacionales, el cual tiene como objetivo fundamental coadyuvar a la protección de los derechos de estos tipos de población.

No obstante la existencia de estos programas, las denuncias y los reclamos por los abusos, son claros. A nuestro país por diversos servidores públicos amparados en algún nombramiento oficial, no sólo son continuos y persistentes, sino que van en aumento año con año limitando severamente la finalidad del "Programa Paisano" y de las múltiples iniciativas por proteger a nuestros connacionales que han impulsado con este fin.

Sus revisiones son exhaustivas y plenas de celo profesional del personal del Instituto Nacional de Migración y de la policía fiscal federal, la cual deslumbrados por los dólares que traen nuestros paisanos, casi siempre buscan con cualquier pretexto, quedarse con alguno de ellos en pago a supuestas pequeñas violaciones normativas que nuestros paisanos desconocen y que no las traen.

Por una situación parecida pero más crítica aún, atraviesan los connacionales por la tierra; cruzan la frontera con destino a diversas ciudades del interior del país, ya sea por autobuses, carros, y éstos son los que más sufren de vejaciones. En esto, aquí nosotros queremos que quede muy claro las violaciones que se hacen a los derechos humanos; familias que sin importar el clima, los fríos que hacen, los obligan a bajarse con los niños ahí temblando de frío y que a ellos no les interesa.

Hay una gran corrupción, les quitan todos los productos que traen, más si traen aparatos. Para ellos todo eso es contrabando. Es muy fuerte la corrupción. Y no conforme con eso, todavía tenemos al Ejército Mexicano, la Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial Estatal, la Policía Fiscal Federal, el Instituto Nacional de Migración y la oficina de Sagar relacionada con el control fitosanitario.

Si a esta problemática de vejaciones y corrupciones por la que atraviesan nuestros paisanos al regresar al país le sumamos el factor económico que constituye su número más de un millón podremos ver no sólo las verdaderas dimensiones del problema, sino también los grandes intereses a los que se enfrenta el Programa Paisano y que han venido siendo más corrupción y de elefantes blancos.

Y las diversas iniciativas que el Gobierno Federal ha instrumentado para proteger este tipo de población tan importante para nuestro país. Y un gran ausente de esta estrategia de salvaguardar los derechos de los mexicanos que regresan de vacaciones a nuestro país es el Congreso de la Unión, fundamentalmente la Cámara de Diputados, la cual, aparte de legislar al respecto, ha sido ajena a la operación de los programas que hoy se llevan a cabo como el anteriormente mencionado Programa Paisano.

Por ello, ante la necesidad de ligarnos directamente con la problemática anteriormente referida, exhortamos a esta asamblea a participar activamente en la protección a los mexicanos que regresan al país en el período de fin de año, ligarnos directamente con los problemas que aquejan a este tipo de población con el poder que nos confiere la Constitución de la República.

Ambos objetivos podemos cumplirlos activando y responsabilizándonos a través de la sanción, organización, operación y evaluación de un programa propio de esta Cámara para apoyar directamente a nuestros paisanos a todo lo largo y ancho del país, desde donde se encuentren.

Esto sólo lo podemos hacer por medio de la propuesta presentada a este pleno por la Presidenta de la Comisión de Población. Por lo tanto, la fracción del PRD apoya este programa Diputada Amiga, Diputado Amigo. Por el PRD, Petra Santos, José Manuel del Río por Convergencia por la Democracia. Gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señora Diputada.

Tiene el uso de la palabra, sobre el mismo tema, el Diputado Oscar Ochoa Patrón, del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO OSCAR OCHOA PATRON: Con su permiso, Señor Presidente. Señoras diputados, señores diputados: el grupo parlamentario de Acción Nacional está completamente de acuerdo en velar por el respeto y las garantías individuales de nuestros hermanos y hermanas mexicanos, por lo cual apoyamos el programa antes mencionado: Diputado Amigo, Diputada Amiga.

Respaldamos el punto de acuerdo y con ello adquirimos el compromiso de apoyar a nuestros hermanos connacionales que regresan a nuestro país, mayormente en esta época.

Esto aparte reafirma el compromiso adquirido por el Presidente electo Vicente Fox de supervisar el retorno de nuestros paisanos en condiciones de respeto y de sus derechos a su dignidad.

Dentro de este programa se pretende dar ese apoyo a nuestros paisanos no sólo en el cruce de la frontera norte, sino a lo largo de su trayectoria a su lugar de origen, en consideración con las diferentes autoridades competentes, asegurando el buen trato de los mismos Debemos de terminar con los abusos que durante tantos años han tenido nuestros hermanos competentes, asegurando el buen trato de los mismos.

Debemos de terminar con los abusos que durante tantos años han tenido nuestros hermanos cuando vienen a su patria, ya que hay que recordar que si para llegar a donde están primero tuvieron que pasar por todo un vía crucis, sin embargo, su pasión la viven durante su trayecto, ya que las mismas autoridades de diferentes niveles abusan de ellos.

Diputados, diputadas:

Apoyemos, pues, este punto de acuerdo.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL [PRD]: Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el Diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR [PRD] Gracias, Diputado Presidente.

Compañeras Diputadas; Compañeros Diputados:

Efectivamente aquí en esta tribuna se ha vertido la problemática acerca de los connacionales y además el vía crucis que pasan y no tanto únicamente en cuanto a lo que atraviesan sino también a lo que viven aquellos que piensan que Estados Unidos sigue siendo "el cuerno de la abundancia".

Efectivamente, nosotros, el Partido del PRD se suma a este punto de acuerdo dado que ya, inclusive en algunas legislaturas pasadas nuestro partido, el PRD, había hecho un programa similar de "Diputado Amigo" y surgió precisamente como una iniciativa del grupo parlamentario del PRD en la Cámara, durante la LVI Legislatura, como una orientación y defensa a los connacionales que anualmente regresan en fiestas de fin de año y que son extorsiona dos y violentados por falta de información sobre sus derechos por diversas autoridades mexicanas.

Yo quisiera prácticamente sumarme, a nombre de nuestro partido, a este punto de acuerdo. Pero también lo quiero hacer denunciando públicamente toda la desfachatada que de una u otra manera han sufrido precisamente nuestros connacionales en el vecino país del norte. Desde que pasan son extorsionados precisamente por "polleros" o "enganchadores", que no existe ninguna legislación la cual a estos señores les siga, les siga reembolsando utilidades jugosas a sus bolsillos. No hay ninguna legislación que prohiba, no hay ninguna legislación que se aboque a la protección de estos indocumentados.

Por otro lado también quiero hacer la denuncia que no únicamente es el aspecto de cuando van sino de cuando regresan. Ahora que porque no saben el Himno Nacional son 50 dólares de "mordida". Ahora porque no tienen la mica consular son 150 dólares de "mordida". Y así se van. Nuestras autoridades aduanales tal parece ser que los últimos días que le queda a este gobierno lo quieren aprovechar de una manera muy cuantitativa.

Y eso no es posible. No es posible que las credenciales de elector que presentan nuestros connacionales al regresar sean tiradas a la basura. No es posible que nuestros connnacionales no sepan que deben de tener una mica consular y que es de forma gratuita para que ellos puedan ingresar precisamente a nuestro país. Algunas campesinas, algunos campesinos, que no han ido inclusive a la escuela y que lo único que saben es arar, se les cuestiona y se les pregunta sobre el Himno Nacional. Cuando no lo saben son enviados a Guatemala, porque se les acusa de ser guatemaltecos, de ser salvadoreños o de ser centroamericanos.

Esto es irrisible, pero está pasando actualmente en nuestras fronteras y es por eso que nosotros denunciamos este ilícito. Se estima que existen aproximadamente 7 millones de migrantes de origen mexicano viviendo actualmente en los Estados Unidos. Y esto realmente no únicamente es el aspecto de que vivan, sino también las divisas que entran, que es precisamente una fuente enorme en cuanto a lo que se trata del extranjero.

Y resulta ser que el mexicano, resulta ser que el connacional siempre va a ser flagelado. Lo flagelan cuando pasa, lo flagelan cuando lo utilizan para el trabajo. Lo flagelan cuando le quitan, como le quitaron hace tiempo a los braceros el 10 por ciento de su cheque y que actualmente no se lo han regresado.

Y que en esta tribuna también denunciamos ese ilícito. También inclusive hicimos un punto de acuerdo para que prontamente la Comisión Especial por parte de los Diputados encaremos el problema acerca del dinero que les fue retenido a los mexicanos.

Y por otro lado también cuando vienen. Cuando vienen son presas si vienen en autobús de que precisamente debas de enseñar cierta documentación y si no la tienes te encarcelan, te quitan tu dinero o te quitan tus aparatos eléctricos.

Si vienes por medio de un vehículo te van a desvalijar todo el vehículo, porque supuestamente están haciendo operativos. De tal suerte que para que no te lo hagan tienes que dar otra "mordida" y otra "mordida". Y eso no es posible que nuestras autoridades estén realmente solapando este tipo de acciones.

Sabemos bien que Estados Unidos realmente se ha opuesto precisa mente a la Corte Internacional para lo que es la pena de muerte y lo entendemos. Dicen que es un país racional, dicen que es un país de primera potencia; lo vamos a entender. Lo que no podemos entender es ¿cómo es posible que nuestros mismos mexicanos, hablando precisamente de los aduaneros, sigan extorsionando a los mexicanos que traen ese poco dinero o mucho para sus hogares, para que vengan y precisamente vean convertido un sueño en forma de realidad.

Nos sumamos a este punto de acuerdo, así como en la Legislatura LVI lo propuso el PRD, de nueva cuenta nos sumamos a la propuesta de la compañera Diputada y que juntos estemos vigilando precisamente que en este retorno sea un retorno feliz para los connacionales. Gracias, muy amables.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL [PRD]: Gracias, señor Diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA [PRI]: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición que se ha presentado.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(VOTACION)

Muchas gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera.

(VOTACIÓN)

Muchas gracias.

Suficientemente discutido, señor Presidente.

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.

(VOTACIÓN)

Muchas gracias.

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo de la misma manera.

(VOTACIÓN)

Muchas gracias.

Aprobado el punto de acuerdo, señor Presidente.

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su instrumentación.

(aplausos)

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La Comisión de Equidad y Género ha entregado a esta Presidencia el dictamen relativo a la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Se instruye a la Secretaría a darle lectura.

LA C. SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA:

A la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, correspondiente a la LVIII Legislatura, el día 24 de octubre del ano 2000, fueron turnadas para su estudio y dictamen dos iniciativas de ley presentadas ante el pleno de la Cámara, para los efectos constitucionales a que haya lugar. A estas iniciativas se integró una más turnada en Septiembre del año 2000 para los mismos fines, y que fue presentada en la LVII Legislatura, el 27 de abril del mismo año.

En primer término, las fracciones parlamentarias de los siguientes partidos: Revolucionario Institucional; de la Revolución Democrática; del Trabajo; de la Sociedad Nacionalista; Convergencia por la Democracia; y Alianza Social, sometieron a la consideración del pleno la Iniciativa de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres el 24 de octubre de 2000.

En segundo término, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional presentó la Iniciativa de Ley General del Instituto de la Mujer el 24 de octubre de 2000.

En tercer lugar, la Comisión de Equidad y Género de la LVII Legislatura hizo llegar a la Comisión de Equidad y Género de la LVIII Legislatura una Iniciativa presentada por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el 27 de abril del año 2000, denominada "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres".

Esta Comisión, con fundamento en los artículos 39 numeral 2, fracción X, 45 numeral 6, fracción f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56, 87 y 88 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se ab«ó al estudio y análisis de las tres iniciativas descritas, bajo los siguientes

ANTECEDENTES

1. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el día 24 de octubre del año 2000, la Presidencia de la Mesa Directiva, después de escuchar la presentación ante el pleno de la Cámara de sendas iniciativas de ley, la primera denominada "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres" y la segunda denominada "Ley General del Instituto de la Mujer", dictó el siguiente trámite en ambos casos: "Túrnese a la Comisión de Equidad y Género". Por otra parte, el 27 de abril del año 2000, la Presidencia de la Mesa Directiva de la LVII Legislatura, en sesión ordinaria celebrada por la Cámara de Diputados, después de escuchar la presentación hecha por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática sobre una Iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres" acordó el siguiente trámite: "Túrnese a la Comisión de Equidad y Género".

2. El propio 24 de octubre del ano 2000 se dio cuenta a las y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género, de la presentación de las iniciativas que se describen en el proemio de este dictamen.

3. El día 31 de octubre del año 2000, la Mesa Directiva de la Comisión de Equidad y Género sesionó y posteriormente, en sesión plenaria acordó efectuar el análisis y comentarios acerca de los asuntos turnados por el pleno de la Cámara de Diputados, emanados de su sesión ordinaria del 24 de octubre del 2000, en torno a dos iniciativas de ley y de manera extraoficial se dio a conocer la tercera iniciativa presentada el 27 abril del año 2000.

4. El 9 de noviembre, en sesión plenaria de Comisión, se analizaron las exposiciones de motivos de las tres iniciativas, su organización lógica y jurídica, así como su distribución capitular, su contenido y la estructura orgánica del organismo. Durante este proceso, la Comisión acordó tomar como base de la discusión la Iniciativa de "Ley del Instituto Nacional de las Mujeres", a la que se fueron sumando las diversas aportaciones contenidas en la Iniciativa de "Ley General del Instituto de la Mujer" y en la Iniciativa de "Ley que Crea el Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres". También se incorporaron las valiosas opiniones externadas por diputadas y diputados federales integrantes de la Comisión, así como las de otros legisladores quienes, sin ser miembros de la Comisión, tuvieron voz para expresar con claridad sus puntos de vista. Se otorgó un voto de calidad a la Mesa Directiva a fin de presentar un anteproyecto de dictamen a la Comisión. Ejercicio que se realizó en varias sesiones.

5. El 22 de noviembre se señalaron las coincidencias y se acordó sostener bajo el procedimiento de reunión de trabajo permanente, las consultas necesarias hasta la elaboración final de proyecto de dictamen, mismo que se puso a consideración el 23 del mismo mes.

6. En virtud de las amplias coincidencias conceptuales y de propósitos de las Iniciativas de Ley referidas, la Comisión decidió examinarlas en conjunto y emitir un dictamen unitario, que recoge los diversos puntos de vista expresados por las y los legisladores.

Por lo tanto, la Comisión de Equidad y Género, de conformidad con los antecedentes indicados formula las siguientes

CONSIDERACIONES GENERALES

En cuanto a la naturaleza jurídica del ordenamiento sometido a la consideración de la Comisión, éste se trata de una Ley Orgánica, por la cual se crea y define la estructura, organización, funcionamiento y atribuciones de un organismo o entidad pública descentralizada con autonomía técnica y de gestión.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la entidad pública propuesta, las Iniciativas de Ley presentadas coinciden en señalar que ésta debe crearse con personalidad jurídica y patrimonio propio, capaz de promover y apoyar el pleno desarrollo de las potencialidades humanas, políticas, económicas, sociales y culturales de las mujeres en todo el territorio nacional, impulsando una nueva cultura de la equidad de género en todo el quehacer de la sociedad.

Las entidades paraestatales típicas de la Administración Pública Federal se encuentran reguladas por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, si bien esta ley ha permitido normar la operación de dichas entidades, este esquema no es del todo compatible con la naturaleza del Instituto Nacional de las Mujeres, organismo que por las funciones que tienen encomendadas debe ser objeto de un tratamiento específico y normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.

Consecuentemente, se someterá a la consideración del H. Congreso de la Unión la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 3° de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para adicionar el Instituto Nacional de las Mujeres con el fin de normar sus actividades con base en ordenamientos jurídicos propios.

En cuanto a su denominación, la Comisión determinó que el nombre de la entidad pública debe ser el de "Instituto Nacional de las Mujeres", que aparece en la primera Iniciativa, que en lo futuro denominaremos Iniciativa "A", en lugar de "Instituto de la Mujer" o de "Instituto Nacional de la Mujer", que aparece en la segunda Iniciativa, que en lo futuro denominaremos Iniciativa "B" o "Instituto para la Igualdad de Oportunidades, la Equidad y la Paridad entre Hombres y Mujeres" que propone la Iniciativa presentada en la LVII Legislatura, que en lo sucesivo será denominada Iniciativa "C". El primer concepto abarca a la amplia gama de mujeres que serán objeto de atención de la entidad, cuya pertenencia está referida a los distintos sectores, edades y condiciones socioeconómicas y culturales de las mismas. En cambio, la segunda denominación es de carácter general y abstracto, lo cual produce un efecto de distanciamiento entre la institución y sus potenciales destinatarias. En el caso de la tercer denominación se considera que el nombre propuesto es extremadamente extenso, a pesar de abonar a la claridad de su objeto.

Las iniciativas "A" y "B" señalan que la Ley es "de orden público", lo que significa que el legislador impide que ciertos actos particulares afecten los intereses fundamentales de la sociedad. La Iniciativa "A" adiciona en su Artículo 1° que la Ley será "de observancia general en todo el territorio nacional en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Esta última precisión amplía el objeto y clarifica el ámbito de aplicación territorial y material de la Ley, por lo que debe prevalecer sobre la Iniciativa "B", que limita el objeto a la creación del Instituto.

La Comisión determinó modificar el Artículo 2° de la Iniciativa "A" para retomar el texto propuesto en el Artículo 1° de la Iniciativa "B" para quedar como sigue: "Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como organismo público descentralizado,...".

La Comisión modificó y adicionó el Artículo 3° de la Iniciativa "A" que resultaba limitativo en cuanto a los sujetos de la ley, para ampliarlo tanto a mujeres como a hombres, mexicanos y extranjeros.

Se modifica en la Iniciativa "A" el objeto general y se amplían los objetos específicos, para incorporar las propuestas de las Iniciativas "B" y "C".

Por acuerdo de la Comisión, se modifica la atribución contenida en el artículo 7, fracción sexta de la Iniciativa "A", a fin de que la denominación del programa rector de la institución sea el "Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres".

La Comisión acordó modificar el artículo 13 de la Iniciativa "A" para incluir la propuesta contenida en la Iniciativa "B", para otorgar voz y voto a las y los vocales propietarios de la Junta de Gobierno. Al mismo, determinó ampliar dicha Junta de Gobierno con la incorporación de las personas que aparecen en la fracción segunda, incisos a), b), c), d) y e). Adicionalmente, acordó incluir a las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial (Economía), y de Agricultura, Ganadería y Recursos Hidráulicos (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación); independientemente de que también podrá invitarse, según lo requiera el orden del día, a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Por acuerdo de la Comisión, se modifica el artículo 17, fracción XIV, a fin de garantizar que el informe anual se rinda ante la Junta de Gobierno y se envite a dicha sesión al Presidente de la República, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y los Presidentes de las Juntas de Coordinación Política de las Cámaras del H. Congreso de la Unión.

La Comisión acordó modificar el artículo 18 de la Iniciativa "A", relativo al nombramiento de la Presidenta del Instituto, quedando como sigue: El Presidente de la República nombrará a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una terna integrada por consenso que someta a su consideración la Junta de Gobierno.

Con base en las anteriores consideraciones generales, la Comisión de Equidad y Género somete a la aprobación de esta Soberanía el presente dictamen, bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Las mujeres requieren, para el desarrollo pleno de sus potencialidades, tanto de condiciones favorables en su entorno familiar y comunitario, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país.

En los últimos anos, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades de género en su nivel de vida, motivadas por la interpretación construida que la sociedad hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos, en general, en la cultura de las personas y de las instituciones.

La falta de una cultura de equidad de género explica las razones por las que no hemos encontrado soluciones al por qué entre las mujeres están los más de los pobres, por qué hay mayor grado de analfabetismo en las mujeres adultas y mayor abandono escolar entre las niñas y jóvenes. Por qué van a la primaria más niños que niñas. Por qué hay más desnutrición femenina que masculina, por qué a trabajo igual, a las mujeres se les da menor salario que a los hombres. Por qué son tan pocas las mujeres que ocupan cargos públicos y privados de alto nivel decisorio y tantos otros porqués, que nos están exigiendo respuestas.

El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de desventaja social que afecta a las mujeres.

Las mujeres representan un poco más del cincuenta por ciento de los habitantes del territorio nacional y su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose significativamente en los últimos años, sin encontrarse suficiente y adecuadamente registrada.

Al Estado Mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones de hombres y mujeres consignados en su ley suprema, le corresponde asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en armonía.

En el caso de las mujeres, la búsqueda de la igualdad jurídica, social, económica y familiar, sólo se puede lograr con una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de todas las tareas que la sociedad requiere: las tareas del hogar, las económicas, las sociales, las científicas, las culturales, las políticas. Todas éstas deberán ser distribuidas, no en función de una tradición ciega, sino con respeto a la persona humana, a la decisión individual, libre e informada, y a la necesaria responsabilidad y solidaridad que la sociedad requiere de todos y cada uno de sus miembros, para alcanzar el bienestar general. Se ha hecho manifiesta esta preocupación, en la permanente lucha de las organizaciones de mujeres, las que han logrado hacer visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y ubicación de mujeres respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo masculino".

Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado Mexicano, este principio fundamental de igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres se plasmó en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la reforma de su artículo cuarto. La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, es un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de sexo.

A partir de esta reforma constitucional y, una vez más, como resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión, la desigualdad y la discriminación de que son objeto, se han creado diversos mecanismos e instituciones públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar.

En 1974 se estableció el Programa Nacional del Ano Internacional de la Mujer, que preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México, en 1975.

En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo ano, en Nairobi, Kenia.

En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995.

El 8 de marzo de 1996 el Presidente de la República aprobó el Programa Nacional de la Mujer 19952000. "Alianza para la Igualdad", en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. A este Programa se le dotó de dos órganos autónomos denominados Consejo Consultivo y Consejo Social; el primero con la finalidad prioritaria de impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados y, el segundo, para analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las mujeres, desde la óptica de la sociedad civil.

Para dar cumplimiento a la aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos Foros, el Presidente de la República creó en 1998 la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por dos órganos, uno desconcentrado, denominado Coordinación General y, otro, un Consejo Intersecretarial. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, otorga a la Coordinación General amplias atribuciones en relación con la ejecución del Programa Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia y de seguimiento en la ejecución del propio Programa.

En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con el objeto de impulsar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de cuatro conferencias mundiales y varias regionales, de cuyas deliberaciones han emanado programas y planes de acción.

Entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición de las mujeres, destacan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, ratificada por México y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema encontramos la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará", ratificada por México en noviembre de 1998.

En la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín de 1995, se establece también que el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la mujer con respecto del hombre. Esto fue como resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares en función del sexo, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional.

La Declaración Política y la Plataforma de Acción fueron aprobadas por los 189 Estados participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el XXIII Período Extraordinaria de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Las Mujeres en el año 2000: Equidad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI" realizada en junio del presente ano en la ciudad de Nueva York.

En el plano regional latinoamericano se han celebrado siete Conferencias en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe: La Habana, Cuba, 1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; Mar de Plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y, en febrero de este año, se realizó la Octava Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú".

Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000, reconoce que no obstante los innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar acciones positivas en pro de las mujeres.

La presencia de la Comisión Nacional de la Mujer, particularmente, de su Coordinación General, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, resulta un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, entendida esta como el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquellos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del gobierno" con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer. Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede lograr mediante la conformación de una Entidad pública descentralizada, con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales y, en otros ámbitos de la vida nacional. Cabe destacar que la perspectiva de género nos ofrece la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre las diferencias biológicas entre hombres y mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre factores de genero y crear las condiciones que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

Con base en lo anterior, se formula la presente Iniciativa para la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que en el ejercicio de sus funciones gozará de la autonomía que se derive de esta Ley, denominado Instituto Nacional de las Mujeres. Dicho Instituto se ocupará de impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá, asimismo, la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "El varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida legal afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro país.

La iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, está compuesta por 39 artículos divididos en nueve capítulos que se denominan: Disposiciones Generales, De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres, Del nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres, De la colaboración de los Tres Poderes de la Unión, Del cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación de las Mujeres, Del Patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres, y Del Régimen Laboral respectivamente; así como contar con diez artículos transitorios.

El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado Junta de Gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en la que participarán los y las titulares de las Dependencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas federales, para incorporar el enfoque de género.

Participarán representantes gubernamentales; de la sociedad civil; como organizaciones no gubernamentales promotoras del avance de la equidad y género; y mujeres representativas del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Participarán también representantes de ambas cámaras del Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación. Los y las integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto.

El Instituto Nacional de las Mujeres a que se refiere esta Iniciativa, tiene como fundamento jurídico constitucional el párrafo segundo del Artículo 4° que establece que: "El varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso proveer las disposiciones necesarias para su debida observancia.

A mayor abundamiento, el Gobierno de México, en cumplimiento a lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981 que en su Artículo 3° establece "Los Estados Partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre".

Por otra parte, el Artículo 4°, párrafo primero de la Convención señala que: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no se considerará discriminación, en los términos definidos por la presente Convención, y no deberán en manera alguna implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de inequidad; estas medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de trato hayan sido alcanzados...".

Consecuentemente, con la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, se promueve la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo han venido recomendando reiteradamente las Conferencias Mundiales de la Mujer, que recomiendan el establecimiento de "...un mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...".

Con base en lo anterior, la Comisión de Equidad y Género presenta al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, para su aprobación, el siguiente texto de la Ley que quedaría como sigue

LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

Capítulo I

Disposiciones Generales

Artículo 1. La disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República, en materia de equidad de género e igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los términos del Artículo Cuarto, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Artículo 2. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines.

Artículo 3. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres y hombres mexicanos y extranjeros que se encuentren en el territorio nacional, y las los mexicanos en el extranjero, sin importar origen étnico, edad, estado civil, idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; quienes podrán participarán en los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento.

Artículo 4. El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país. Bajo los criterios de:

Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.

Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.

Fortalecimiento de vínculos con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por:

Instituto: el Instituto Nacional de las Mujeres.

Junta de Gobierno: la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres.

Presidenta: la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.

Secretaria Ejecutiva: la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.

Consejo Consultivo: el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres.

Consejo Social: el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres.

Consenso: la aprobación de las tres cuartas partes de los integrantes del órgano de Gobierno.

Género: concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres.

Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar.

Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género.

Artículo 6. El Instituto tendrá como objetivos específicos, los siguientes:

I. La promoción, la protección y difusión de los derechos de las mujeres y de las niñas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales ratificados por México, en particular los derechos humanos y libertades fundamentales de las mujeres. La promoción, seguimiento y evaluación de las políticas públicas y propiciar la participación de la sociedad, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres;

II. La coordinación, seguimiento y evaluación de los programas, proyectos y acciones, y la concertación social indispensable para su implementación.

La ejecución de la política de coordinación permanente entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales y de los sectores social y privado en relación con las mujeres.

La evaluación de los programas, proyectos y acciones para la no discriminación y la equidad de género, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias;

III. La promoción de la cultura de la no violencia, la no discriminación contra las mujeres y de la equidad de género para el fortalecimiento de la democracia.

La representación del Gobierno Federal en materia de equidad de género y de las mujeres ante los gobiernos estatales y municipales, organizaciones privadas, sociales y organismos internacionales;

IV. La promoción y monitoreo del cumplimiento de los tratados internacionales: 1) Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 2) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia: "Convención de Belém do Pará".

La ejecución de programas de difusión e información para las mujeres de carácter gratuito y alcance nacional, que informen acerca de los derechos de las mujeres, procedimientos de impartición de justicia y, proporcionen orientación sobre el conjunto de políticas públicas y programas de organismos no gubernamentales y privados para la equidad de género.

Artículo 7. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:

I. Apoyar la formulación de políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género;

II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación;

III. Estimular la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal.

IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos;

V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin;

VI. Elaborar el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, objeto de esta Ley, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Evaluar el Programa periódica y sistemáticamente, cuidando de su ejecución por parte de las dependencias y entidades de los tres poderes de la Unión. Promover su ejecución en los Estados y Municipios y entre los sectores de la sociedad en general, y proponer innovaciones;

VII. Establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades de las entidades federativas y los municipios para promover, con la participación, en su caso, de los sectores social y privado, las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;

VIII. Participar, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, en los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del Instituto;

IX. Promover, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, la cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito internacional y regional relacionados con la equidad de género y las mujeres;

X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraidas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos internacionales, para fortalecer las acciones en favor de la equidad de género y las mujeres;

XI. Promover ante los tres poderes del gobierno federal la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política;

XII. Establecer vinculación con el Congreso de la Unión, los Congresos de los Estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y con los ayuntamientos, para impulsar las reformas jurídicas necesarias que garanticen el accesos equitativo y no discriminatorio en el ejercicio de los derechos de las mujeres;

XIII. Establecer vinculación con el Poder Judicial de la Federación y con los de las Entidades Federativas, para impulsar acciones que en materia de impartición y procuración de justicia, eliminen cualquier forma de discriminación contra las mujeres;

XIV. Establecer vinculación con las instancias administrativas que se ocupen de los asuntos de las mujeres en las entidades federativas para promover y apoyar, en su caso, las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades para las mujeres;

XV. Concertar y suscribir acuerdos y convenios de colaboración con organismos gubernamentales, no gubernamentales, públicos y privados, nacionales e internacionales y la banca multilateral para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres;

XVI. Promover y desarrollar el uso de metodologías con perspectiva de género para la planeación, elaboración y evaluación de planes, programas y proyectos de políticas públicas;

XVII. Propiciar las condiciones, competencias y sensibilización necesarias para legitimar ante las instituciones del Estado la relevancia de impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y promuevan las condiciones sociales adecuadas para garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos;

XVIII. Actuar como órgano de consulta, capacitación y asesoría de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de las autoridades estatales, municipales, y de los sectores social y privado, cuando así lo requiera;

XIX. Apoyar Iniciativas de Ley que mejoren la situación y condición económica, política, social y cultural de las mujeres;

XX. Promover que los derechos humanos de las mujeres sean reconocidos plenamente en las leyes respectivas, tal como han sido definidos en el plan internacional, procurando su protección, respeto y cumplimiento;

XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad pública de las mujeres, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que beneficien a las mujeres;

XXI. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad;

XXII. Realizar. promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de las mujeres en los diversos campos de la realidad social;

XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y difusión de información, tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres;

XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley;

XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género, que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo nacional;

XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género;

XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas;

XXIX. Emitir informes de evaluación periódica de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres;

XXX. La actualización el diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres ante la ley y en la práctica, y

XXXI. Las demás que le señale el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 8. Las oficinas centrales del Instituto Nacional de las Mujeres tendrán su domicilio legal en la Ciudad de México, Distrito Federal.

Artículo 9. El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Junta de Gobierno, una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva y las estructuras administrativas que establezca su Estatuto Orgánico. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo y el Consejo Social.

Capítulo II

De la Estructura Orgánica y Funcional del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 10. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración:

I. La Junta de Gobierno,

II. La Presidencia,

III. La Secretaría Ejecutiva,

IV. El Consejo Consultivo,

V. El Consejo Social, y

VI. Contraloría Interna.

La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva contarán con las estructuras administrativas que se establezcan en el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo II. El Instituto contará con un órgano de Control Interno que formará parte de su estructura.

Artículo 12. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento o en los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por el Gobierno mexicano en la materia y ratificados por el Senado de la República, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de manera supletoria la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo conducente, así como los principios generales del derecho en lo que no se opongan a la presente Ley.

Artículo 13. La Junta de Gobierno estará integrada por:

I. La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres;

II. Las y los Vocales Propietarios, quienes tendrán derecho a voz y voto, que se mencionan a continuación:

a. Las y los titulares de las siguientes dependencias y entidades de la Administración Pública Federal:

Gobernación;

Relaciones Exteriores;

Hacienda y Crédito Público;

Desarrollo Social;

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Medio Ambiente y Recursos Naturales);

Comercio y Fomento Industrial (Economía);

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación);

Educación Pública;

Salud;

Trabajo y Previsión Social;

Reforma Agraria;

Procuraduría General de la República;

Instituto Mexicano del Seguro Social;

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática;

Instituto Nacional Indigenista;

Instituto Nacional de la Juventud;

Instituto Nacional de la Senectud; y el

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF);

b. Un integrante por cada grupo parlamentario mayoritario representado en la Cámara de Diputados y el mismo número en la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que tengan más del 8% de la integración de las mismas, más un integrante de cada uno de los tres grupos parlamentarios del Senado de la República que alcancen el mismo porcentaje.

c. Dos representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos representantes del Consejo de la Judicatura Federal;

d. Cuatro integrantes del Consejo Consultivo y del Consejo Social, incluidas sus titulares;

e. Diez mujeres representativas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos sindicalistas; dos dirigentes campesinas; dos integrantes de organizaciones no gubernamentales, dos representantes de organizaciones empresariales, dos profesoras e investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género: una de la UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres representativas en la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres.

La Junta de Gobierno, con la aprobación de la mayoría de sus asistentes, podrá invitar a los representantes de otras dependencias e instituciones públicas federales, estatales o municipales, así como a organizaciones privadas y sociales, no comprendidas en el artículo anterior, los que tendrán derecho a voz y no a voto en la sesión o sesiones correspondientes.

En la primera reunión, la Junta de Gobierno establecerán los lineamientos para designar por consenso, de las tres cuartas partes de los integrantes, a las mujeres vocales propietarias señaladas en la fracción II, inciso e) y definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas.

Los integrantes de la Junta de Gobierno, serán suplidos por los representantes que al efecto designen, los cuales deberán ser de nivel administrativo inmediato inferior al que ocupen las y los vocales titulares.

En la segunda sesión de trabajo de la Junta de Gobierno, la Presidenta del Instituto designará una Secretaria Técnica y una Prosecretaria.

Artículo 14. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades:

I. Integrar por consenso. una tema que someterá a la consideración del Presidente de la República, a efecto de que designe a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres;

II. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas sectoriales, las políticas generales y definir las prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto;

III. Aprobar el presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del Instituto, y autorizar su publicación previo informe de los comisarios y del dictamen de los auditores externos;

IV. Autorizar la creación de comités de apoyo y grupos de trabajo temporales;

V. Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos y acuerdos que deba celebrar el Instituto;

VI. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera;

VII. Nombrar a las vocales propietarias a que se refiere el artículo 13, fracción II, inciso e de esta Ley;

VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y licencias;

IX. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a la Secretaria Técnica y a la Prosecretaria;

X. Aprobar el reglamento interior, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos;

XI. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que correspondan;

XII. Fijar las condiciones generales de trabajo;

XIII. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidenta, con la intervención que corresponda al Comisario;

XIV. Aprobar la aceptación de herencia, legados, donaciones y demás libertades;

XV. Conocer y aprobar los convenios de colaboración que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas;

XVI. Expedir la convocatoria para la integración del Consejo Consultivo y del Consejo Social, y

XVII. Las demás que le atribuyan esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 15. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año, y las extraordinarias que convoque su Presidenta o, cuando menos, una tercera parte de sus integrantes.

La convocatoria será notificada con una antelación de cuando menos tres días hábiles, para sesiones ordinarias, y de un día para las extraordinarias.

La inasistencia de sus integrantes deberá comunicarse a la Dirección General con cuarenta y ocho horas antes de la celebración del evento, en el caso de sesiones ordinarias, y para las extraordinarias, doce horas antes.

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus integrantes. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de las y los vocales propietarios presentes y la Presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate.

Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaria Ejecutiva del Instituto; la Secretaria Técnica y la Prosecretaria de la Junta de Gobierno, así como la o el Comisario Público del Instituto Nacional de las Mujeres.

Los acuerdos de la Junta de Gobierno versarán sobre los asuntos incluidos en el orden del día, salvo supuestos de urgencia que se darán a conocer a la Junta de Gobierno con ese carácter.

Capítulo III

Del Nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 16. Para ser Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, se requiere:

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. No haber sido condenada por delito intencional alguno, o inhabilitada por la Contraloría de la Federación;

III. Haber destacado por su labor a nivel nacional o estatal, en favor de la equidad de género, o en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta Ley, y

IV. No tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con los miembros de la Junta de Gobierno.

Artículo 17. La Presidenta del Instituto tendrá las siguientes facultades:

I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto;

II. Administrar y representar legalmente al Instituto;

III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto;

IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno;

V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del Instituto, así como los apéndices administrativos;

VI. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos;

VII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno;

VIII. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables;

IX. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla;

X. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del Instituto;

XI. Suscribir en su caso, los contratos que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores;

XII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos;

XIII. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público;

XIV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto, invitando a dicha sesión al Presidente de la República, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Presidentes de la Junta de Coordinación Política del H. Congreso de la Unión y darlo a conocer a la sociedad mediante su publicación;

XV. Proporcionar la información que soliciten las o los Comisarios Públicos propietario y suplente;

XVI. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño, y

XVII. Las demás que le confiera la presente Ley o las derivadas de los acuerdos de la Junta de Gobierno.

Artículo 18. El Presidente de la República nombrará a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de una tema integrada por consenso que someta a su consideración la Junta de Gobierno.

Artículo 19. La Presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo período de tres años.

Capítulo IV

Del nombramiento y Facultades de la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 20. La Presidenta del Instituto propondrá a al Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaría Ejecutiva, la cual debe reunir para su designación, los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;

II. Haber recibido título de nivel licenciatura debidamente acreditado por las universidades y demás instituciones de educación superior;

III. Haber desempeñado cargos de nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa; y

IV. Contar con experiencia en materia de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel estatal, nacional o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley.

Artículo 21. La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Proponer a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres las políticas generales que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el Instituto Nacional ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales;

II. Someter a la consideración de la Presidenta del Instituto Nacional proyectos de informes anuales, así como los especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno; y

III. Auxiliar a la Presidenta en la administración, organización y operación del Instituto, en los términos que establezca el Estatuto Orgánico.

Capítulo V

Del Consejo Consultivo y del Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 22. El Instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad civil: un Consejo Consultivo y un Consejo Social.

Artículo 23. El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Estará integrado por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres, cuyos participantes no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna y se seleccionarán entre las mujeres representativas de los diferentes sectores de la sociedad, propuestas a la Junta de Gobierno a través de las organizaciones políticas y privadas, de asociaciones civiles, así como de instituciones académicas.

El propio Consejo Consultivo determinará su estructura, organización y funciones, defiendo un Consejera Presidenta.

Artículo 24. Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Consultivo presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.

Artículo 25. El Consejo Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley. Esta se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones representativas de defensa de los derechos de las mujeres y propuestas a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. El propio Consejo Social determinará su estructura, organización y funciones, debiendo ser dirigido por una Consejera Social Presidenta.

Artículo 26. Las integrantes del Consejo Social durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer un periodo más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior. Al término de su encargo, el Consejo Social presentará un informe anual a la Junta de Gobierno.

Artículo 27. El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. Impulsar y favorecer la participación de los sectores interesados en las acciones relacionadas con el objeto de esta Ley;

II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en general;

III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres y

IV. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 28. El Consejo Social colaborará con el Instituto en los casos siguientes:

I. Dar seguimiento al cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta Ley;

II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e internacional;

III. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta Ley.

IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta Ley;

V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad.

VI. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto.

Artículo 29. El Consejo Consultivo y el Consejo Social operarán en los términos que determinen sus respectivas normatividades internas. Los cargos de las integrantes de ambos órganos, incluidos los de la Consejera Consultiva Presidenta y de la Consejera Social Presidenta tendrán una duración de un año y serán honoríficos, con excepción de las Secretarias Técnicas que formarán parte del Instituto Nacional de las Mujeres.

Capítulo VI

De la Colaboración de los tres Poderes de la Unión.

Artículo 30. Las y los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, las y los titulares de los órganos de impartición de justicia federal, así como las y los titulares de la Junta de Coordinación Política de ambas Cámaras del Congreso de la Unión proporcionarán la información pertinente, en los términos de las peticiones que el Instituto les formule y colaborarán con el Instituto Nacional de las Mujeres dentro del área de su competencia, en la elaboración, ejecución y seguimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.

Artículo 31. Las autoridades y servidores públicos estatales y municipales proporcionarán al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de los acuerdos que al efecto se celebren.

Artículo 32. En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, federales, estatales y municipales, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, colaborarán para el logro de los fines del Instituto Nacional de las Mujeres. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los Organismos Estatales de las Mujeres, el Instituto Nacional podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para el apoyo, orientación y promoción de los programas de carácter nacional.

Capítulo VII

Del Cumplimiento del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres.

Artículo 33. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los órganos de impartición de justicia federal, así como las Cámaras del Congreso de la Unión, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones incorporarán el enfoque de género en sus políticas, programas y acciones institucionales.

Como resultado de la evaluación del Programa para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres podrá emitir recomendaciones para los legisladores, autoridades, y servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, apoyen la ejecución del citado Programa.

Capítulo VIII

Del patrimonio, Presupuesto y Control de los Recursos del Instituto Nacional de las Mujeres

Artículo 34. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio y se integrará:

I. Con los derechos y bienes muebles e inmuebles que le sean asignados por el sector público; las que les sean transmitidos por el sector privado y las aportaciones que se adquieran por cualquier título;

II. Con los fondos nacionales o extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos;

III. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere el artículo 7, fracciones XV, XXV y XXVII, y

IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.

Artículo 35. El gasto corriente para la operación del Instituto formará parte del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 36. La gestión del Instituto estará sometido al régimen del Presupuesto Anual de la Administración Pública Federal.

Artículo 37. El Instituto Nacional de las Mujeres queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto y gasto público aplicables a la Administración Pública Federal.

Capítulo IX

Del Régimen Laboral

Artículo 38. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado "A" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 39. Las y los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

TRANSITORIOS

PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. En tanto se nombra a la Presidenta prevista en el artículo 18 y a las vocales propietarias señaladas en el artículo 13 fracción II, inciso e; las anteriores no se considerarán integrantes del órgano de Gobierno.

TERCERO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres, preservándose los derechos de los trabajadores de la Coordinación General.

CUARTO. Las y los actuales funcionarios y servidores públicos de la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer permanecerán en sus cargos hasta que se haga la designación correspondiente de la Presidenta, conforme a lo dispuesto por esta Ley.

QUINTO. La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de sesenta días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento;

SEXTO. Para el nombramiento de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, la Junta de Gobierno hará la presentación de su propuesta en los términos del artículo 18 de esta Ley, dentro de los noventa días siguientes a aquel en que esta Ley entre en vigor.

SÉPTIMO. El Consejo Consultivo y el Consejo Social creados mediante Decreto del Poder Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de Mujer 1995 2000, de fecha 8 de marzo de 1996, los que han venido operando en virtud de su representatividad social, continuarán desempeñando sus funciones.

OCTAVO. La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del Instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de su instalación.

NOVENO. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley, así como el capítulo relativo a la Comisión Nacional de la Mujer, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 31 de agosto de 1998.

DÉCIMO. Se abroga el Decreto del Ejecutivo Federal por el que se aprueba el Programa Nacional de la Mujer 1995 2000. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de marzo de 1996.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Ciudad de México, a los 27 días del mes de noviembre del año dos mil.

Suscriben el Presente Dictamen de Iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, por la Comisión de Equidad y Género de la H. Cámara de Diputados, firman las y los Diputadas y Diputados Federales.

Diputadas y diputados: Concepción González Molina, Presidenta (PRI) rúbrica; Olga Haydée Flores Velázquez, secretaria (PRI) rúbrica; Silvia Aménca López Escoffie, secretaria (PAN) rubrica; María del Rocío García Gaytán, secretaria (PAN) rúbrica; María de los Angeles Sánchez Lira. secretaria (PRD) rúbrica; Moisés Alcalde Virgen (PAN) rúbrica, Esveida Bravo Martínez (PVEM) rúbrica, Nelly Campos Quiroz (PAN) rúbrica, Pedro Pablo Cepeda Sierra (PAN) rúbrica. María Elena Chapa Hernández (PRI) rúbrica, Rosa Delia Cota Montaño (PT) rúbrica, Maricruz Cruz Morales (PRI) rúbrica, Genoveva Domínguez Rodríguez (PRD), María de las Nieves García Fernández (PRI) rúbrica. Josefina Hinojosa Herrera (PRI) rúbrica, Victoria Ruth Sonia López Macías (PAN) rúbrica, Martha Patricia Martínez Macías (PAN) rúbrica. Leonila Méndez Herrera Alba (PAN) rúbrica, Magdalena del Socorro Nuñez Monreal (PRD) rúbrica. Griselda Ramírez Guzmán (PAN) rúbrica, Silvia Romero Suárez (PRI) rúbrica, Maricela Sánchez Cortés (PRI) rúbrica, Martha Silvia Sánchez González (PRI) rúbrica.

(Este documento se publica de acuerdo a la versión en disco proporcionada por la diputada Concepción González Molina, Presidenta de la Comisión de Equidad y Género).

Es todo, señor Presidente.

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL:

Gracias, señora Secretaría.

Es de Primera Lectura y publíquese nuevamente en la Gaceta Parlamentaria.

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Esta Presidencia informa a la asamblea que se encuentra una delegación de representantes de diversas organizaciones sociales que solicitan entrevistarse con diputados y diputados federales con motivo de la minuta sobre vehículos de procedencia extranjera. Se solicita a los grupos parlamentarios designar a dos representantes cada uno para atenderlos.

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Tiene la palabra el ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la Fundidora de Monterrey y su objeto de desincorporación, hasta por diez minutos.

EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (PCD): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Diputados: A nombre de un grupo de diputados y de diputadas de diferentes partidos, me permito presentar el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

"El 11 de marzo de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial en el que se establecía que el Gobierno del Estado de Nuevo León había elaborado el Plan Director del Area Metropolitana de Monterrey, con el objeto de llevar a cabo un programa de desarrollo urbano del citado centro de población, en el cual se contemplaba el establecimiento del Parque Museo Tecnológico y Centro de Exhibiciones, en respuesta a la demanda de la población neolonesa de mejorar el entorno y prevenir la contaminación ambiental.

"Para tales efectos se declaraba de utilidad pública la conservación y mejoramiento de la superficie que ocupaba la planta de la empresa Fundidora de Monterrey, Sociedad Anónima.

" El 6 de septiembre de 1998 el Congreso aprobó por unanimidad el decreto por el cual se desafectaban del patrimonio del estado las 113.7 hectáreas de fundidora y se autorizaba la enajenación de las áreas indispensables para la ejecución del proyecto del Parque Museo Tecnológico y Centro de Exhibiciones, autorizando al Poder Ejecutivo para crear un fideicomiso público con la aportación del bien inmueble,

" Con fecha 4 de noviembre del 88 se registró la Escritura No. 22201 en donde se hace constar el acto constitutivo del Fideicomiso de Interés Público denominado Parque Fundidora que otorga poder como fideicomitente al estado de Nuevo León, representado por el Gobernador como fiduciario al Banco Mercantil del Norte y como fideicomisarios a las personas físicas o jurídicas que designe con tal carácter el Comité Técnico o el propio fideicomitente.

En esa escritura se establecen los fines y obligaciones del fideicomiso los cuales son, entre otros: la creación de un Parque con sus jardines que será patrimonio ecológico de todos los nuevoleoneses y servirá de pulmón urbano para el área metropolitana de Monterrey. Constará de una gran zona de bosque en el cual se incluirá una arborización densa y una vegetación adecuada para áreas de descanso, juegos infantiles y andadores; para la recreación y esparcimiento de la población, además de áreas de lagos y fuentes y otros para exposición de obras de artistas nacionales y extranjeros.

Sin embargo, a pesar de tener perfectamente definidos los objetivos y fines del fideicomiso del Parque Fundidora, en el mes de Enero del presente año se hacen públicas las versiones de la presunta autorización por parte del Gobierno del Estado para la construcción e instalación de una pista para la Serie Kart de Automovilismo a favor de la empresa FEMSA e inversionistas extranjeros.

Como se desprende claramente del marco jurídico transcrito, el Gobierno del Estado de Nuevo León, a diez años de haber firmado el contrato de adquisición a título gratuito, de la antigua Fundidora, no ha cumplido con las obligaciones contraidas a excepción de CINTERMEX; aún más, su incumplimiento lo ha colocado en la causal que permite al Gobierno Federal revertir a su patrimonio el bien donado con todas sus mejoras y accesiones.

Ante esta situación se constituyó el Comité pro Defensa del Parque Fundidora con grupos ambientalistas y organizaciones no gubernamentales con el objeto de integrar la defensa contra la anunciada construcción de un Autódromo y en pro del pulmón ecológico en dicho parque, por lo que se solicitó al Congreso se investigara dicha construcción en terrenos de utilidad pública, señalando que son terrenos donados al pueblo de Nuevo León y no para que se beneficie al sector empresarial con el afán de atraer dólares para unos cuantos, por encima del Derecho Constitucional, que todos los habitantes tienen para disfrutar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, señalando que la decisión agravaría el déficit de 7,500 hectáreas de áreas verdes que padece el área metropolitana de Monterrey.

Por lo anterior, compañeras y compañeros Diputados, nos preguntamos: ¿Con qué fundamento leg31, con qué facultades el Gobierno del Estado ha permitido que parte de los terrenos del Parque Fundidora se destinen a fines ajenos a su vocación y a los objetos descritos en los instrumentos jurídicos por el suscrito?,

Reiteramos nuestra demanda de que el Gobierno del Estado si ha de legitimarse lo haga con el apoyo de la sociedad civil.

Por ello nos oponemos a la construcción de una Autopista de Alta Velocidad en el interior del Parque Fundidora, así se diga que tendrá un carácter temporal y declaramos que puede ser causa potencial de graves daños al ambiente además de que pone en riesgo la seguridad vial y no contribuye a la salud de los habitantes del área metropolitana en Monterrey; legalidad, legitimidad y defensa del medio ambiente deben de respetarse,

Consideramos que juntos, estado y sociedad, podemos conseguir la difícil conciliación del interés público con el interés privado, así como una vida para la población dignificada por un desarrollo urbano acorde con la consecución del bien social, tarea insoslayable de un legítimo gobernante siempre que de parte de este haya una clara y manifiesta voluntad Política.

Por lo anterior, proponemos los siguientes Puntos de Acuerdo los Diputados Marra Teresa Campoy del Partido Verde Ecologista, diputada Beatriz Patricia Lorenzo del Partido de la Alianza Social, el diputado Silvano Orioles del PRD, el diputado José Narro del P.T., el diputado Librado Treviño del Partido Revolucionario Institucional; el diputado José Antonio Calderón, del PAS; el de la voz, de Convergencia por la Democracia, lo siguiente:

Se retoma el espíritu del decreto del 11 de marzo de 1988 por el que se declara de utilidad pública la conservación y mejoramiento de la superficie que actualmente ocupa la planta de la empresa Fundidora Monterrey, Sociedad Anónima, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, así como la construcción del parque museo tecnológico, centro de exhibiciones, que se hagan públicos los contratos y los proyectos que se han establecido en serie CAR y FEMSA (?).

Aclaramos que no nos oponemos a la idea de construir un lugar de espectáculos o deportes para la serie de CAR; entendemos que derramaría recursos económicos para el bien del pueblo de Nuevo León; tampoco nos oponemos a que nuestro corredor Adrián Fernández venga a México con las mejores intenciones a correr un premio de esta naturaleza y lo gane, siempre y cuando se encuentre un espacio susceptible de apropiación privada cuyo uso y destino del suelo sea compatible con la actividad empresaria, y con la mejoría de las condiciones en que vive el pueblo de Nuevo León.

Por último, solicitamos que este punto de acuerdo se presente ante la SEMARNAP para que esta dependencia participe como entidad normativa en la solución del problema.

Hago entrega de esta proposición con punto de acuerdo para que sea enviada a la comisión correspondiente y desde luego a la SEMARNAP.

Muchas gracias compañeras y compañeros diputados.

EL PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Ha solicitado el uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado Jesús Mario Garza Guevara, del Partido de Acción Nacional. Tiene la palabra hasta por 5 minutos.

EL DIP. JESUS MARIO GARZA GUEVARA: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

Compartimos la preocupación de que una ciudad industrial como es Monterrey requiera en su desarrollo atender los asuntos humanos incluyendo, mas no limitándose a los aspectos ecológicos; por tal motivo es pertinente enriquecer el punto de acuerdo que presentó el diputado que me antecedió para que la Comisi6n de Medio Ambiente y Recursos Naturales tenga una visión integral al momento de dictaminar ese punto, por lo que complementamos la anterior intervención con los siguientes argumentos:

La fundidora de fierro y acero en la ciudad de Monterrey, en si' ha sido por ya casi un siglo símbolo de identidad para nosotros los regiomontanos; inició en 1901 las operaciones de su alto horno número uno y no fue sino hasta 45 años después cuando se estableció en otro país latinoamericano, en Brasil, el siguiente horno.

Fue doloroso ver hace 14 años, que la primera fundición de fierro y acero de América Latina, edificadora de la primera clínica para trabajadores industriales, de las primeras viviendas obreras, del primer parque deportivo popular de nuestra ciudad, tuvo que cerrar sus actividades para honrar esa tradición; los regiomontanos queremos y estamos obligados a fortalecer su identidad como un pueblo de desarrollo turístico nacional e internacional dentro del centro urbano que es Monterrey.

Como ciertamente menciona el diputado Del Río Virgen, el objeto del fideicomiso Parque Fundidora, fue dotar al pueblo neolones de un gran parque densamente forestado, con espacios culturales, deportivos y de fomento económico; algunos de estos componentes ya están construidos, como es el Centro Internacional de Negocios CINTERMEX; un centro hotelero con dos hoteles 5 estrellas; un parque de diversiones, "Plaza Sesamo"; un auditorio con capacidad de 20 mil espectadores; el Parque de Beisbol "Acero", sede de las ligas pequeñas de la república mexicana; una cineteca y, en proceso de construcción, la arena "Monterrey", la pinacoteca estatal y el sistema de sincronización del transporte del área metropolitana, entre otros.

Todas estas instalaciones, a la altura de las ciudades más desarrolladas del mundo y con los parámetros de estas, lo que significa que han sido realizadas en beneficio y desarrollo integral de los regiomontanos y de quienes en otros lares nos honran con su visita, sin substancialmente alterar el medio ambiente.

El proyecto de la pista para la serie CAR no solamente evita dañar la eco logia, sino al contrario busca brindar beneficios, porque pues aunque es cierto que la combustión de los carros de alta potencia utilizados en este tipo de competencias generan contaminación, ésta será una vez al año por un período de tres días y decimos beneficia la calidad del aire porque el proyecto incluye la forestación con 13, 000 árboles y arbustos, además de cubre pisos, plantas de ornato, sumados a grandes cuerpos de agua, colados artificiales y fuentes, cuidando la captación y absorción para la recarga de estos acuíferos.

Estos recursos a instalar no permanecen sólo tres días, sino que sus beneficios serán permanentes,

Es importante destacar que además se recuperen 20 hectáreas del parque anteriormente comprometidas, para sumar 75 hectáreas reforestadas a utilizar en el monumental Parque Histórico Fundidora, museo del sitio de arqueología industrial,

Asimismo debemos considerar experiencias anteriores como fue el caso de la Ciudad de Toronto, donde un grupo de ciudadanos hace 14 años repudiaron que esa ciudad canadiense fuera sede de un evento de serie car. Con el paso de los años el evento se ha convertido en un orgullo de sus habitantes, lo que demuestra con las siguiente cita sacada del periódico The de Mail de aquella localidad.

Hace más de una década Toronto era conocida por sus bellos lugares, pero ahora no sólo es así, sino que en la temporada de verano los hoteles son abarrotados por turistas que llegan deseosos de presenciar la carrera Car, lo que genera una derrama millonaria, cuando irónicamente en el pasado hubo gente que se opuso a la carrera.

El desarrollo del Parque Fundidora siempre ha sido consciente de la preponderancia ecológica que sus áreas verdes representan para la ciudad, consideración respetada a la construcción de Cintermex, de Plaza Sésamo y demás, sin que la construcción de la pista para la seria Car sea la excepción, porque nuestro deseo es que el Parque Fundidora sea un sitio ideal para el esparcimiento de las familias neolonesas, una importante atracción turística, un lugar para espectáculos, verbenas populares, un pulmón para la ciudad y sobre todo un equipamiento trascendente para Nuevo León donde se fortalece nuestra identidad con ciencia y conocimiento de nuestra historia industrial, al tiempo que se promoverá la cultura ecológica de cara al tercer milenio .

Es cuento, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Desarrollo Social.

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Tiene la palabra la ciudadana diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación del Movimiento Nacional de los 400 pueblos.

Tiene la palabra hasta por 10 minutos.

LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios presentamos el siguiente punto de acuerdo, con el propósito de que el problema planteado por integrantes del Movimiento Nacional de los 400 pueblos tenga una respuesta definitiva que dé solución a las demandas que se nos han formulado.

Con fecha 5 de octubre se presentaron ante esta soberanía un contingente de la organización denominada Movimiento Nacional de los 400 pueblos; dicho contingente fue recibido en el módulo de información, gestoría y quejas de esta Cámara de Diputados y en la misma estuvieron presentes diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta soberanía. No obstante las gestiones realizadas por los diputados integrantes de dicha comisión, el problema aún subsiste, Es cierto que se tuvo una entrevista con el Gobernador del Estado de Veracruz Miguel Alemán, para solucionar el problema de la tenencia de la tierra, sin embargo ha persistido el clima de hostigamiento y de conculcación de las garantías fundamentales en perjuicio de los integrantes de dicha organización.

Debemos recordar cómo el pasado 16 de julio fue disuelta una movilizaci6n de campesinos que acudieron a la ciudad de Jalapa con el propósito de solicitar la solución al problema del rezago agrario.

Como resultado de dicho enfrentamiento perdieron la vida la C. Rosa Cruz Hernández y José Pérez Pérez. De estos hechos se levantó la averiguación previa en la Agencia del Ministerio Público de Alamo, Veracruz.

Es de destacarse que de los resultados de dicha averiguación previa no se ha detenido a persona alguna de los agresores; lo cual nos hace temer que en el estado se propicie un clima de impunidad en contra de quienes luchan por la defensa de sus derechos.

Compañeras y compañeros diputados:

En consecuencia y con fundamento en lo que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Artículo 1°: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integre una comisión especial que coadyuve con el Gobierno del Estado de Veracruz y las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, al igual que con la Organización Movimiento Nacional de los 400 Pueblos, con el propósito de que se finiquite el problema agrario que tiene esta organización.

Artículo 2°: Para que la comisión en comento intervenga ante las autoridades del Gobierno del estado, para que el menor Joaquín Pérez Luna, quien injustamente se encuentra privado de su libertad, no obstante ser menor de edad, sea trasladado de la Cárcel de Alamo, Veracruz, Temapache, al Consejo Tutelar de Menores con sede en la Ciudad de Jalapa. O en su caso al más cercano al domicilio de los padres por cierto extintos del menor, siendo él de Banderilla, Veracruz.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de noviembre del año 2000.

Atentamente: diputado Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática; diputada Nicasia García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México; diputado Jorge Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo y Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la diputada Rosalía Peredo Aguilar.

Tiene la palabra en el mismo tema, la diputada Nicasia García Domínguez, del Partido Verde Ecologista de México.

LA DIP. NICASIA GARCIA DOMINGUEZ: Con su permiso, señor Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

La Cámara de Diputados como responsable de la voluntad popular necesaria para la estabilidad en el país, debe afrontar los retos que se le presentan, sobre todo si éstos nos permiten mejorar las condiciones en que se encuentran miles de mexicanos.

En el México moderno existen organizaciones campesinas e indígenas de carácter nacional, estatal, municipal y local que desarrollan diversas acciones para defender sus derechos, y que deben ser valoradas en el proceso democrático del país, a fin de que sus intereses se tomen en cuenta en cualquier proyecto que intente el desarrollo, para elevar las condiciones de vida y eliminar las condiciones de extrema pobreza de estas poblaciones.

El movimiento campesino e indígena está conformado por diversas expresiones: pueblos, ejidos, localidades, municipios, sociedades productoras, y muy recientemente asociaciones de recientes (?) en las ciudades a donde inmigran.

Uno de estos movimientos que hoy nos ocupa tienen sus orígenes en Veracruz, me refiero al Movimiento de los 400 Pueblos, el que desde hace muchos años ha sufrido de constantes injusticias y un abandono por parte de las autoridades para resolver sus demandas con prontitud, como el caso del menor de edad Joaquín Pérez Luna, el cual, después de ser objeto de una averiguación previa y un juicio sin las garantías de imparcialidad y de justicia, fue remitido a un centro de readaptación social para que cumpliera el castigo impuesto por la autoridad, situación por demanda irregular y que por su condición e menor debido haber sido trasladado al Consejo Tutelar de Menores en el estado. Así como también no conocer con la realidad de su posesión de sus tierras.

Por lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México consideramos de gran importancia que las autoridades correspondientes den una solución justa a las demandas del Movimiento de los 400 Pueblos.

¿Hasta cuándo serán escuchados y atendidos los pueblos en sus demandas?

Estaremos siempre y para siempre esperando que haya justicia de nosotros los mexicanos y mexicanas depende. Gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la diputada Nicasia García Domínguez.

En el mismo tema tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado José Francisco Yunes Zorrilla del Partido Revolucionario Institucional. (aplausos)

EL DIP. JOSE F. YUNES ZORRILLA: Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado Presidente.

Voy aprovechar este espacio y este tiempo, el cual pedí con la causa de rectificación de hechos para dirigirme a ustedes señoras y señores diputados con respecto al tema que en este momento nos ocupa, es el tema del Movimiento de los 400 Pueblos que tiene como escenario mi estado, que es el de Veracruz,

Y quisiera dividir esta participación principalmente estructurándola en tres vertientes. En primer lugar dejar perfectamente claro la posición del Partido Revolucionario Institucional, no tan solo de ahora sino a través de su historia con respecto a los movimientos agrarios y con respecto a la reivindicación de los pueblos indígenas.

Hay muchisimos antecedentes y hay muchisimos elementos que sostienen estas palabras, y en este sentido el Partido Revolucionario Institucional en su representaciones populares como en su forma de gobierno, ha tratado siempre de responderles a estos grupos tan importantes de la sociedad. En este sentido lo volvemos a ratificar.

En segundo lugar hacer de manera muy respetuosa algunas precisiones con respecto a unos hechos vertidos hace un momento desde esta tribuna.

Hay que comentar que se están hablando de dos acontecimientos completamente distintos y me atrevería a decir que son tres acontecimientos distintos en su origen y distintos en tiempo.

Hubo el pasado 12 de julio, desde la cinco de la mañana, una interrupción en la carretera que comunica a la ciudad de Veracruz con la ciudad fronteriza de Tamaulipas.

Este bloqueo de las vías generales de comunicación fue levantado con estricto apego al marco de derecho. En este sentido la Policía Federal Preventiva comunicó del bloqueo a la Agencia del Ministerio Público con sede en Poza Rica, el licenciado César Salas.

En segundo lugar, la Agencia del Ministerio Público pidió a la Policía Judicial Federal que fuese a determinar con sus propios ojos si la noticia que daba la Policía Federal Preventiva era correcta y en función de que se cumplieron todas estas observaciones a través del procedimiento jurídico la Agencia de Ministerio Público solicitó la intervención de seguridad pública para tratar de que el desalojo y el desbloqueo de esta importante carretera pudiese observarse en estricto apego a los derechos individuales de quienes ahí estaban manifestándose,

Esto sucedió con fe pública, esto sucedió como da cuenta el notario José Luis Ortega con demarcación en Papantla, en la Notaría número cinco, sin que hubiese ningún tipo de sobresalto y sin que hubiese ningún tipo de agresión. Este es un hecho.

Señoras diputadas; señores diputados, hay otro hecho: éste fue el lamentable homicidio de tres personas, algunas mujeres, en otro municipio del afectado de Veracruz, que es el municipio de Alamo en una congregación que se llama San Fernando, que no tiene vinculación con este hecho y cuyos actos y acciones ya dan cuenta en la Procuraduría de Justicia del Estado de Veracruz y en donde ya hay responsables y en donde ya hay detenidos.

Con esto simple y sencillamente quiero por último aprovechar su atención, señores diputados y reflexionar brevemente acerca de un tema importantísimo con respecto a nuestra función y con respecto a lo que nuestras palabras y nuestras acciones pueden generar en la vida social de este país.

Me parece sustancial el que nos organicemos para hacer una defensa exhaustiva de los derechos individuales de todo ser humano, independientemente de su origen; pero también de que nos organicemos para que bajo ninguna circunstancia y en ningún momento se pueda con el entendido de defender los derechos de terceros, perjudicar a terceros también.

Yo vengo de un municipio en donde ha sido visitado por la Organización de los 400 Pueblos. Yo vengo de un municipio que es Perote, Veracruz, la parte alta del estado, la casa de todos ustedes. Es un municipio que se caracteriza por altas temperaturas. Y yo vi llegar ahí procesiones en diciembre de más de 1,500 personas en condiciones deplorables; yo vi como los 400 Pueblos llegaron allí, tomaron el parque de la ciudad, malcomieron, pasaron una noche completamente insoportable en términos del frío; la mayoría de ellos provenían de municipios de tierra caliente y sin embargo no vi allá a ninguno de sus líderes ni durmiendo con ellos ni caminando con ellos.

Yo lo que quiero dejar aquí de manera sumamente respetuosa, es el de reflexionar acerca de si lo que queremos con este tipo de intervenciones es realmente defender los derechos, las prerrogativas de nuestros conciudadanos o si queremos seguir alimentando y promoviendo este tipo de liderazgos y este tipo de acciones que a través de la presión, independientemente de sus orígenes, lo único que hacen es romper con el estado de derecho.

En Veracruz no hubo una posición arbitraria por parte del gobierno del estado de Veracruz, como lo reflejan los hechos, y después de todo esto y agradeciéndoles su atención y el exceso de la misma por el tiempo que ocupé, me despido quedando a sus ordenes.

EL PRESIDENTE: Gracias al diputado José Francisco Yunes Zorrilla,

Túrnese el presente punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

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Esta Presidencia informa a la asamblea que el punto de acuerdo para que las Secretarías de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y de Salud, se aboquen a resolver el grave problema de contaminación y salud pública en el municipio de Torreón, Coahuila, a petición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se pospone para una sesión futura.

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Que el punto de acuerdo sobre la reducción del precio del gas que formularía el Partido Revolucionario Institucional, a petición de este grupo parlamentario, también se pospone para una sesión futura.

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El siguiente punto del orden del día es el punto de acuerdo sobre el apoyo a los productores de maíz en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001.

Para formular este punto de acuerdo, tiene la palabra el diputado Juan Manuel Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

EL DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

En este mes de noviembre comenzaron los campesinos mexicanos a levantar su cosecha de maíz; sin embargo, difícilmente obtendrán una adecuada retribución por su inversión y su trabajo, ello se debe a que desde 1994 han caído los precios del maíz mexicano por la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio con América del Norte.

Antes del Tratado de Libre Comercio los agricultores mexicanos recuperaban su inversión y obtenían cierta ganancia por el cultivo del maíz, pero el TLC ignoró las diferencias y enormes asimetrías entre los productores norteamericanos y la gran mayoría de los agricultores mexicanos, por los diferentes tamaños de las unidades de producción, por las diferencias en tecnología, maquinaria y rendimientos logrados a cada de la frontera y por las grandes diferencias en los apoyos y subsidios gubernamentales a los productores.

En la página de Internet del mes de noviembre del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, se lee que el presente año el gobierno norteamericano erogó una cifra récord de apoyo a los granjeros de ese país que ascendió a 28 billones de dólares. Especialistas en el tema indican que los altos subsidios generan una distorsión en las cotizaciones internacionales de los granos, en detrimento de la agricultura de países con presupuestos menos fuertes.

De manera que a partir de 1994 el TLC abrió la competencia súbita e incondicional entre productores desiguales y desde entonces hasta ahora han caído los precios del maíz mexicano.

Las importaciones de maíz autorizadas por la SECOFI, incluso por encima de los volúmenes previamente acordados, han garantizado que prevalezca en el mercado el precio del maíz de importación, y con frecuencia han dificultado la venta de una parte de la cosecha mexicana. La situación ha llegado a tal grado que los productores promedio, que son mayoría, difícilmente recuperan su inversión, que es de alrededor de 4, 500 pesos por hectárea, pues si el precio que se está pagando por tonelada de maíz es 1,300 pesos y se obtienen en promedio tres toneladas por hectárea, reciben 3,900 pesos de ingresos contra 4, 500 de gastos, un déficit promedio de 600 pesos por hectárea.

A siete años de vigencia del Tratado de Libre Comercio, en el campo mexicano, con el solo influjo del mercado, no ha habido el cambio estructural que se pretendía ni el grueso de la agricultura mexicana se ha modificado para competir en términos de equidad con la norteamericana.

El mercado libre, supuestamente también libre de subsidios, en particular para la exportación, no ha distribuido adecuadamente los recursos al campo y menos aún lo ha hecho para los segmentos más tradicionales y pobres de la agricultura mexicana. En México simplemente se ha desmantelado el marco institucional y de instrumentos públicos que atendían y apoyaban al campo.

Es necesario, por tanto, que se reconozca que hay una parte del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio que fue desventajosa para los productores mexicanos, y también es necesario que se revise y se revalore el lugar secundario y subordinado que hoy se le ha asignado a la agricultura en la estrategia del desarrollo económico nacional.

Como todos sabemos, durante muchos años el campo mexicano y el maíz fueron palanca de apoyo al crecimiento de los otros sectores de la economía, pues permitieron generar excedentes con los que en buena medida se financiaron estos últimos. Hoy existen en México alrededor de 2 . 5 millones de productores de maíz, que junto con sus familias suman 12 millones de personas.

Los promoventes de este punto de acuerdo le pedimos a los diputados de la Nación que apoyemos más al campo y a los productores rurales de nuestro país, que en las políticas y programas de apoyo a la producción y comercialización del maíz mexicano, por lo menos sean suficientes para evitar o compensar las pérdidas que ahora registran, y que se revisen las políticas que han relegado al campo y a los productores rurales dentro de la estrategia económica nacional.

Pedimos y proponemos más apoyos para el campo y los campesinos mexicanos, ejidatarios y pequeños propietarios, cuyos esfuerzos productivos en las décadas anteriores apoyaron la transformación económica del país y hoy merecen una mejor recompensa por su trabajo, el cual está siendo injustamente castigado por las circunstancias descritas.

También pedimos que se corrijan las desventajas del capítulo agropecuario que comprometió incondicional y desventajosamente la parte más vulnerable de la economía mexicana, en un tratado que asocia como iguales a dos países desarrollados y a uno subdesarrollado.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

1. Se recomienda al actual titular del Poder Ejecutivo Federal, a los titulares de las dependencias correspondientes y a quienes ocuparán estos cargos en el gobierno que iniciará sus funciones el próximo primero de diciembre, promover la revisión de los actuales términos del capítulo agropecuario del TLC, para que se reconozcan, asuman y ponderen las evidentes diferencias entre los productores de México y Estados Unidos para dar lugar a mecanismos y medidas amortiguatorias y compensatorias y revalorar el lugar que se ha asignado al campo mexicano, considerando su diversidad social y productiva en la estrategia de desarrollo nacional.

Revisar la práctica de las autorizaciones de importación de maíz por parte de la SECOFI o como en lo sucesivo se denomine, con la finalidad de que la importación de este producto norteamericano sea estrictamente complementaria a la producción nacional.

Conservar e incrementar las actuales políticas de fomento y poner en práctica otras medidas complementarias o compensatorias para apoyar la producción y comercialización de los productos agrícolas y que programas como Alianza para el Campo y ASERCA, adscritos a la SAGAR o como en lo sucesivo se le denomine, amplíen e incrementen su apoyo a los agricultores de todas las entidades federativas productoras de maíz, de manera que estos reciban una mejor recompensa por su trabajo en el campo.

2. Se exhorta a los integrantes de las Comisiones de Comercio y Fomento Industrial, Agricultura y Ganadería y Presupuesto y Cuenta Pública de esta Honorable Cámara de Diputados, a que otorguen su apoyo a las presentes recomendaciones.

3. Se pide a la SECOFI y a las instancias previstas en el TLC, que tengan presentes estas recomendaciones al autorizar la importación de granos y que efectivamente tomen en cuenta la opinión de una gama amplia y representativa de productores nacionales de maíz para determinar los volúmenes y períodos de importación del grano.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 28 días del mes de noviembre del año 2000.

Firman: su servidor Juan Manuel Martínez Nava, Enrique Martínez Orta Flores, Julián Luzanilla Contreras, Isamel Estrada Colín, Reyes Antonio Silva Beltrán, Rodolfo González Guzmán, Augusto Gómez Villanueva, Gerardo Sosa, Raúl González Villalva, Pedro Miguel Rosaldo, Rafael Sergio Maldonado, Ricardo Moreno Bastida, José Narro Céspedes, Petra Santos, Rosalía Peredo, Timoteo Martínez Pérez, Emilio Ulloa, Jaime Alcántara Silva, Roberto Domínguez Castellanos, Maricela Sánchez, Rubén García Farías, Jesús de la Rosa, José Manuel Del Río, Ranulfo Márquez, María Rosario Oroz, Jesús Dueñas, Tomás Ríos Bernal.

Son 66 firmas de diputados de 22 entidades de nuestro país de cinco partidos políticos: PRI, PAN, PRD, PT y Convergencia Democrática.

Hago entrega, señor Presidente, de esta propuesta a la Secretaría.

Muchas gracias.

(aplausos)

EL C. PRESIDENTE. Ha solicitado la palabra el diputado Francisco Esparza Hernández, del Partido Acción Nacional hasta por cinco minutos y posteriormente el diputado Riojas, tiene la palabra también.

DIP. FRANCISCO ESPARZA: Con su permiso señor presidente; señoras diputadas; señores diputados:

Por supuesto que los diputados del Partido Acción Nacional estamos de acuerdo en apoyar a los productores del maíz. Seré muy breve. Las razones ya las dijo el diputado del PRI que me antecedió aquí en esta tribuna.

Los motivos para apoyarlos son muchos, sin embargo solamente voy a mencionar dos: Primero, que más de dos millones de campesinos viven de esta actividad, trabajan en el cultivo, en la producción del maíz. Y segundo, porque es un alimento básico y necesario, totalmente necesario para nuestro pueblo.

Señores diputados; diputadas: nos damos cuenta que en el Tratado de Libre Comercio, firmado en 1993, se plasma el tratamiento que se dará a las importaciones de maíz. Se habla en el mencionado Tratado, de la importación de alrededor de dos millones y medio de toneladas de maíz sin arancel. Y lo que importe arriba de este cupo, podrá ponérsele un arancel hasta un 2159ó ad valorem. Estas importaciones que se han estado haciendo a maíces forrajeros, se han estado utilizando para el consumo humano; situación por lo demás irregular porque mucha veces se traga de maíces cosechados con alta humedad y que tienen un contenido muy alto en toxinas; causando daño grave a quienes lo consumen.

Sumándonos al pedimento o propuesta del compañero del PRI, pedimos que el Ejecutivo que tomará posesión el próximo 10. de diciembre, gire las instrucciones convenientes al futuro Secretario de Agricultura y Ganadería, para que tome las medidas necesarias para cuidar que se le dé preferencia a la producción y consumo del maíz blanco, apto para el consumo humano. Y en la época de cosecha no permitir las importaciones de maíces del exterior, que dañan el precio y la buena comercialización de las cosechas de nuestros productores mexicanos.

En otras ocasiones también hemos hecho énfasis en las importaciones de maíz altamente subsidiado, que se dedica a la producción de la alta fructuosa, que perjudica a la industria del azúcar, pudiéndose comprar este maíz a nuestros campesinos. Se los podremos comprar siempre y cuando tengan ellos los apoyos en tecnología y en recursos económicos.

Esperamos que este Punto de Acuerdo que hoy tomamos todos los partidos de esta Cámara de Diputados, seguramente será para beneficio de todos los productores de maíz de nuestro país.

Es todo. Muchísimas gracias.

PRESIDENTE: Gracias al diputado Francisco Esparza Hernández.

En el mismo tema ha pedido la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido Sociedad Nacionalista hasta por 5 minutos.

DIP. GUSTAVO RIOJAS: Gracias señor presidente:

No quisimos por ningún concepto expresar el posicionamiento del Partido de la Sociedad Nacionalista a este tema tan importante como es la producción y el beneficio a todos nuestros campesinos, en referencia a uno de los principales productos nacionales en alimentación.

Por supuesto que nos sumamos a la propuesta del Diputado Nava en relación a inmediatamente tratar las comisiones de Agricultura y de Comercio este punto que nosotros creemos que debe ser de urgente resolución.

Aquí muchas veces hablamos de la importancia que tienen muchos mexicanos que han sido afectados, a veces por la naturaleza, por las lluvias, por las sequías, y siento que de alguna otra manera debemos de agilizar, los diputados, todos, en donde al parecer como en este punto hay concordancia, el agilizar cuanto antes y no dejarlo un tiempo en la congeladora este tipo de propuestas.

Por eso añadiría yo, si se me permite, que fuera de urgente resolución.

Por otro lado, es imprescindible, lo hemos reiterado el Partido de la Sociedad Nacionalista ha reiterado, una aucioso y puntual revisión del Tratado de Libre Comercio. No estamos en contra del Tratado de Libre Comercio, estamos en contra de algunas condiciones y excesos que el mismo Tratado no contempla.

Sabemos, es cierto, es sabido por todos, que se han sobrepasado las cuotas establecidas claramente en el Tratado de Libre comercio y nadie ha hecho nada al respecto. Al parecer vivimos en dos gobiernos vivíamos, o viviremos, no lo sabemos en dos gobiernos: el que dice: gobernar para los mexicanos y el otro gobierno que al parecer está en favor de los extranjeros.

En este sentido, reiteramos nuestra posición en apoyo a la propuesta y solicitamos, reitero, que sea de urgente resolución.

Es cuanto, Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado Gustavo Riojas Santana. Este punto de acuerdo fue agendado, por acuerdo de los grupos parlamentarios.

EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Pido la palabra. Señor Presidente, en virtud de que el Señor Diputado Gustavo Riojas nos hizo favor de expresar su anuencia y su apoyo al punto de acuerdo, atentamente le solicito que la Secretaría nos facilite el documento para que el Señor Diputado sea tan amable en suscribirlo en este momento.

EL C. PRESIDENTE: Con mucho gusto, Señor Diputado. Se ruega a la Secretaría turnar el documento al Diputado Gustavo Riojas Santana para que lo suscriba.

Este documento punto de acuerdo fue acordado a su vez para que entrara a turnarse a comisiones por los grupos parlamentarios y se turna, de conformidad con el planteamiento hecho por el Diputado Juan Manuel Martínez Nava. Sí, Diputado, por favor.

EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES: Pido la palabra para rectificación de hechos.

EL C. PRESIDENTE: Para el mismo tema, en rectificación de hechos, tiene usted la palabra.

EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES: Con permiso, Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: vengo en nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática a manifestar nuestro pleno apoyo y coincidencia en la propuesta con punto de acuerdo que se hace por el compañero Diputado del PRI para apoyar a los productores de maíz, propuesta con punto de acuerdo que fue apoyada por el compañero del PAN, por el compañero que me antecedió en el uso de la palabra.

Y es que nosotros consideramos que efectivamente es necesario revisar el Tratado de Libre Comercio, porque a partir de su vigencia se hicieron más profundas las asimetrías a que se refería el pro ponente, relativas al número de hectáreas con vocación agrícola para el maíz, al número de productores y al tamaño de las parcelas. Porque en nuestro país éstas fundamentalmente van de una a cinco hectáreas y no es posible que un agricultor en esas condiciones esté en posibilidad de buscar buenos mecanismos para la comercialización de su producto.

Pero el problema va más allá: Carlos Salinas de Gortari desmanteló en mucho al campo, haciéndole dumping, permitiendo efectiva mente importaciones excedentes de las cuotas acordadas con Canadá y Estados Unidos.

Además de que los apoyos vía subsidio también los canceló a fina les de 1993. Y que por otra parte desapareció a Conasupo, que era el órgano regulador para equilibrar la justicia social que el sector agrario demandaba. Y digo comuneros de vuelta, ejidatarios, auténticos pequeños propietarios. Y aquí ni para qué hablar, si el gobierno no lo hace, de los medieros, de los jornaleros, de los que viven de la pepena. Porque esto no se cree, pero hay que verlo allá en el campo para ver que desgraciadamente todavía es una realidad en nuestra época.

Y yo quiero referirme a este punto para decir que efectivamente el gobierno se olvidó de que el campesino necesita apoyo en extensión agrícola, asesoría. Porque necesitamos saber en función de la calidad de los terrenos, dónde y cuánto vamos a sembrar o a plantar, porque aquí va implícita la ley de la oferta y la demanda para que sea rentable, para que sea costeable este renglón de la economía.

De modo que Carlos Salinas de Gortari se olvidó de ese pequeño detalle: del crédito. El Banco de Crédito Rural cada vez fue dando menos apoyo, hasta que prácticamente no da nada. Y de la banca comercial pues ni pensarlo, porque no alcanza la parcela para pagar los intereses, para pagar el capital, y como no hay negocio pues no hay interés.

De modo que allí va en eso de los subsidios el apoyo que el campesino debió tener desde hace rato para la comercialización y auxiliarlo para liberarlo del coyotaje, auxiliarlo con crédito, pues, para que mientras se cultivaba pudiera subsistir el campesino con su familia. No hay agroindustrias. Este sector de la economía está deja do a la buena de Dios. Aún así el mexicano produce cerca de 18 millones de toneladas de maíz, pero no tienen mercado porque el gobierno se encarga, a través de múltiples mecanismos, de hacerle una competencia desleal y ponerlo frente al agricultor enriquecido de Estados Unidos y quebrarlo.

[Voces en el salón: "¡Tiempo!" "¡Tiempo!"]

Bueno, me están marcando tiempo. Pido un minuto más, señor Presidente, para concluir mi intervención, si no hubiera inconveniente.

Nada más para decir entonces qué hacer. El gobierno dice: "No, pues hago como que le ayudo al campesino con el Procampo que es una bagatela, es una dádiva y los del PAN saben perfectamente que las dádivas y los del PAN saben perfectamente que las dádivas anulan la razón y corrompen la justicia.

Y, finalmente, que nosotros los del Partido de la Revolución Democrática proponemos la vuelta a los subsidios, el apoyo tecnológico científico para poder producir más y mejor en una hectárea de terreno, hacerla productiva, Proponemos volver al crédito blando y barato que le dé margen al campesino para producir. Proponemos que se infraestructure la banca de desarrollo necesaria para seguir impulsando al renglón.

Por los campesinos vendré hablar cada vez que haya oportunidad, porque yo antes de ser abogado fui campesino.

Muchas gracias.

(aplausos)

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Muchas gracias al diputado Rogaciano Morales Reyes.

Túrnese el punto de acuerdo presentado por el diputado Juan Manuel Martínez Nava y apoyado por los diputados Francisco Esparza Hernández, del Partido Acción Nacional; por el diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, y el diputado Rogaciano Morales Reyes, del Partido de la Revolución Democrática, a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, Comercio y Fomento Industrial, y Agricultura y Ganadería.

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Con otro punto de acuerdo, en este caso sobre el tema de las tarifas de energía eléctrica, tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional,

EL C. DIP. MARCO ANTONIO DAVILA IMONTIESINOS (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Agradeciendo la solidaridad de los escasos compañeros diputados y diputadas presentes en el salón del recinto, hago uso de la palabra, de una palabra que solicite hace casi dos semanas y que afortunadamente el día de hoy se me concede.

Durante varias Legislaturas y en esta misma tribuna, diputadas y diputados de las fracciones parlamentarias aquí representadas, han externado la inconformidad existente en el país con relación a las tarifas eléctricas. Sin embargo, a todas las propuestas aquí presentadas se han dado respuestas tales como: "El sector eléctrico ha estado cumpliendo con los mexicanos, al brindar un régimen tarifario sin precios excesivos y sí subsidiados, que le permiten tener este servicio a la gente de escasos recursos".

También se nos ha dicho que el sector eléctrico cumple con su misión, al ofrecer un régimen tarifario de los mas bajos comparados internacionalmente.

Aceptan también las autoridades que sin embargo los subsidios si están bien presentes, de manera progresiva, en todas las tarifas domésticas, lo cierto es que no son fácilmente apreciados por la comunidad, pues no aparecen desglosados en los recibos de cobro al consumidor. Y en todos los casos nos señalan que los subsidios de energía eléctrica deben aplicarse bajo criterios objetivos, transparentes y claros de la Política tarifaria.

Siempre tendrán que evidenciar la fuente de los mismos y que no perjudiquen las capacidades de financiamiento para la ampliación de la infraestructura eléctrica, lo que deja ver que este enunciado es una verdad a medias, a medias porque los subsidios en tarifas eléctricas tienen una buena intención, pero carecen de criterios objetivos y transparentes en su aplicación.

Para demostrar lo anterior, me permito señalar algunas irregularidades de la Comisión Federal de Electricidad y de SEMARNAP, que impiden la justa aplicación de las tarifas de uso doméstico.

Primeramente cuestiono los criterios que actualmente tiene la Comisión Federal de Electricidad para la asignación de tarifas eléctricas con el subsidio de verano, que coincide con el discutido horario de verano, periodo comprendido de mayo a octubre, horario de verano que ha sido cuestionado insistentemente por los beneficios que se obtienen, beneficios que se observan aparentemente en Comisión Federal de Electricidad, en el país y en el sector industrial, pero que en los recibos de los usuarios domésticos no se manifiestan, ya que es cuando más alta es su facturación, a pesar de los subsidios que por ley tienen derecho las distintas regiones del país, situación que se ha convertido en un verdadero reclamo popular.

Actualmente la Comisión Federal de Electricidad establece para la asignación de una tarifa un rango de temperatura media, la cual determinara dividiendo la suma de la temperatura más alta y las más bajas registradas durante el día lo cual es a todas luces injusto para los estados con climas extremosos como Coahuila, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, en su región sur; Nuevo León, Durango, Camepche, Baja California, Sinaloa, Tabasco y es en razón de que en estos estados la mayoría de los meses del período 17 horas son de temperatura sofocantes requiriendo al menos de ventilación y refrigeración mínima en los hogares y solamente 17 horas son tolerables, lo que demuestra lo inequitativo de la aplicación de la media Aritmética como lo ha hecho y lo sigue haciendo la Comisión Federal de Electricidad.

Un parámetro adecuado sería la palicaci6n de la media ponderada dado el número de horas con temperaturas sofocantes. Adicionalmente quiero señalar que, Comisión Federal de Electricidad no cuenta con los equipos necesarios para llevar a cabo la medición correcta de las temperaturas y, como se lo dijimos al Secretario de Energía Téllez, dependen totalmente de los registros que le envía SEMARNAP a través de CONAGUA y del CILA que es la Comisión Internacional de Limites Acuíferos en algunos casos,

Quisiera con todo respeto señalar dos ejemplos muy breves; la Estación de Medición de CONAGUA en el Municipio de Sabinas, Coah., está ubicada en el río, desde la frescura del río mide la temperatura de los cinco Municipios que constituyen la región carbonífera de Coahuila, a saber: Nueva Rosita, Juárez, Progreso, Múzquiz y la propia Sabinas y desde ahí reciben reportes equivocados lógicamente, en junio, julio y agosto, de 27.6, 28.9 y 30.4 grados respectivamente, cuando sabemos los que vivimos ahí que en esos meses la mayor parte de día son temperaturas de más de 40° o en caso de la Estación de Medición de Ensila en Ciudad Acuña que se encuentra instalada en la Presa de la Amistad y que desde la brisa de la cortina de La Presa toman la medición y la reportan a C, F. E. temperaturas de 28, 29 y 31 grados, lógicamente temperaturas fuera de la realidad climatológica que viven los acuñenses a 30 kilómetros de distancia de la Estación y con temperaturas también superiores a los 40 grados.

Un tercer señalamiento estriba además en las graves y sorprendentes diferencias que se observan en los registros de las dependencias estatales y federales de CONAGUA y cito rápidamente dos ejemplos: Piedras Negras y Monclova del Estado de Coahuila, registran en los reportes que emite la dependencia estatal y la federal de CONAGUA a COMISION FEDERAL, diferencia5 de hasta 8°.5 centígrados en el93; en el 94, de 4.5, en el 95, de 4.4, en el 96, de 8.6, en el 97, de 3.6 grados, ¿que sistema de medición califica con estas diferencias entre ellos?.

Ahora bien, para la asignación de tarifas se aplica un criterio totalmente estricto, ejemplo palpable es Piedras Negras, Coah., al cual durante años le ha faltado una décima de grado para acceder a una tarifa con subsidio mayor.

Cabe aquí la pregunta, ¿por qué CFE aplica un criterio totalmente inflexible para la asignación de tarifas y en cambio son tan elásticos en los registros de la medición de temperaturas?. La respuesta es sin duda ponerle candados para no otorgar tarifas con mayores subsidios, a pesar de que lo merezcan muchas regiones del país ; lo confirma la regla número uno de la gerencia comercial de la Comisión Federal de Electricidad que se dice textualmente: " Se considerará que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano cuando alcance el límite indicado durante 3 o más años de los últimos 5 de que disponga la información correspondiente. Se considerará que durante un año alcance el límite indicado cuando registre la temperatura media mensual durante dos meses consecutivos o más según los reportes elaborados por CONNAGUA".

Mi ultimo cuestionamiento se refiere a las graves deficiencias en los consumos de energía eléctrica, en las lecturas. Es humanamente imposible el tomar la lectura de 10 municipios de una región en el norte del país con distancias de más de 90 kilómetros a una población de cerca de 300 mil habitantes con tan solo once lecturistas, así como también resulta increíble que con tan solo 17 (?) lecturistas se pueda cubrir la región centro y desierto de Coahuila, que comprende una concentración urbana de 400 mil gentes y que amerita recorrer distancias de 100 kilómetros o más.

Lo que se observa es que en todos los casos y en perjuicio de los usuarios, Comisión Federal se acoge al Manual de Servicios al Público en Materia de Energía Eléctrica, documento que como su nombre lo indica, es un manual interno, regulatorio, que solo ellos manejan y conocen. La cláusula 16a. de dicho manual señala: "Cuando por causas de programación o porque los lugares en que se preste el servicio estén muy alejados del centro administrativo del suministrador, o sea CFE y no existan medios adecuados, este podrá modificar el periodo de toma de lecturas para que sea hasta de una vez cada 6 meses.

Tal período de lectura no afectará el período de facturación para lo cual CFE estimará, estimará, los consumos con base en los registro que disponga para el mes, bimestre o bien el promedio anual del año anterior, de lo cual se desprende que pueden basarse hasta en los promedios anuales anteriores que fueron estimados también.

Solicito un poco de tiempo para terminar, un minuto.

EL PRESIDENTE: Le ruego que termine en un minuto por favor, señor diputado.

EL DIP. MARCO ANTONIO DAVILA MONTESINOS: Queda claro que aparte de que no existen elementos técnicos confiables de registro de temperaturas, existen también manuales y reglas del juego interno de CFE que impiden a miles de mexicanos recibir el apoyo al que tienen derecho de acuerdo a las condiciones climatológicas en que viven.

Quiero informar a esta H. Cámara de Diputados, que los datos y las cifras que he manejado en mi intervención provienen única y exclusivamente de la propia Comisión Federal de Electricidad y de CONNAGUA.

Compañeras y compañeros diputados: Considerando que una de las funciones principales como diputados y representantes populares es atender la demanda social y haciendo eco a los reiterados reclamos que nos presentados a lo largo de casi todo el país, someto a su consideración el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que a través de las comisiones unidas de Energía, Hacienda y Comercio, se envíe un enérgico exhorto a la Comisión Federal de Electricidad para la revisión, modificación y aplicación inmediata de las tarifas eléctricas a que tienen derecho las regiones del país con climas extremosos, logrando con esto que en el próximo período de verano se observe también en los recibos de consumo doméstico beneficios directos a la población.

Y termino, señor Presidente. Que a través de las Comisiones Unidas de Energía y Hacienda y con el objeto de evitar que la estimación sea la base de facturación en los recibos de uso doméstico, se revise conjuntamente con Comisión Federal de Electricidad el Manual de Servicio al Público en Materia de Energía Eléctrica, así como la reglamentación de la gerencia comercial de la CFE en lo relativo a las condiciones mínimas para ceder a las tarifas con mayor subsidio.

Firman esta propuesta de punto de acuerdo, los integrantes de la diputación federal del Estado de Coahuila, por el PRI; los coordinadores del PRI de Baja California, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tabasco, diputados de Tamaulipas, de Campeche, la fracción parlamentaria del PRD y la fracción parlamentaria de Convergencia para la Democracia.

Es cuanto, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Marco Antonio Dávila Montesinos.

TÚRNESE LA PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO A LAS COMISIONES UNIDAS DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL, DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Y DE ENERGIA.

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Otro punto de acuerdo es sobre la revisión de las percepciones económicas del personal y su impacto en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Es te punto de acuerdo será sometido a través de la diputada Josefina Hinojosa Herrera del Partido Revolucionario Institucional, quien tiene la palabra, hasta por 10 minutos.

LA C. DIPUTADA JOSEFINA HINOJOSA HERRERA (PRI): Con su venia, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Honorable Asamblea: El trabajo humano base de nuestro desarrollo continua siendo el elemento fundamental en el desenvolvimiento de los procesos productivos, no obstante los avances técnicos y científicos sin precedente que se han manifestado en la era moderna, en donde encontramos un desplaza miento importante del hombre por la máquina.

Aún cuando se han realizado numerosos descubrimientos e inventos y se ha efectuado la mecanización de las operaciones de producción, el ser humano sigue siendo el centro motriz en la ejecución y desarrollo de estas, sean labores de naturaleza agrícola, industrial o de servicios.

En esta reflexión y bajo la premisa de revisar los niveles salariales existentes en el mercado de trabajo en el país, los cuales han sufrido un deterioro constante y gradual y considerando que la exigencia por mejoras salariales es una demanda justa de todos los trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Que el Sexto Informe de Gobierno del Presidente Ernesto Zedillo reporta que desde 1995 hasta el año 2000 los salarios mínimos fueron sujetos a incrementos en ocho oportunidades, tres en 1995; dos en 1996 y 1998 y una en el año que toca a su fin.

Que en 1997 y 1999 se mantuvieron vigentes los salarios fijados en diciembre del año anterior y en el último mes de 1999 se dio un incremento de apenas un 10% a los salarios mínimos el cual entró en vigor a partir de enero de este año.

Que a pesar de las mejoras sustantivas reportadas en materia de productividad, según cifras oficiales el poder adquisitivo de los salarios mínimos en el sexenio 942000 registró una perdida de 21.3% de 18.7% los de la industria manufacturera y de 19. 5% el salario promedio de cotización del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Que la política económica actual al usar los salarios como ancla de la inflación generó una fuerte pauperización en las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, cargando el costo del ajuste de las crisis recurrentes de los últimos 25 años sobre estos trabajadores.

Que al revisar los salarios mínimos en el área geográfica A, que es la que registra los niveles mas altos dentro de las tres establecidas, encontramos que el salario general es de 37.90 pesos diarios.

Que mientras el salario mínimo profesional más bajo para el área geográfica señalada es de 1,654 pesos mensuales, establecido para un oficial de albañilería, el más alto asciende apenas a 3, 403 pesos asignados para un reportero gráfico en prensa diaria impresa.

Que en la Administraci6n Pública encontramos que los grupos mas representativos de servidores públicos lo constituyen por su número los pertenecientes a la rama médica, al Magisterio y a las Fuerzas Armadas, así como al personal operativo de base y de confianza y de mandos medios y superiores,

Que las percepciones del personal operativo de base y de confianza se integran por el sueldo tabular, más las prestaciones socioecon6micas previstas en los ordenamientos legales en materia laboral y de seguridad social, además de los estímulos reglamentarios por productividad, puntualidad, asistencia y perseverancia y están comprendidos en un rango que va de 2,500 a 9, 000 pesos brutos mensuales.

Que el manual de sueldos y prestaciones para los servidores públicos de mando de la Adminsitraci6n Publica Federal publicado en el Diario Oficial el 28 de enero de este año, establece las percepciones de funcionarios de mandos medios y superiores, mismas que incluyen el sueldo base bruto y la comprensaci6n garantizada.

Estos sueldos se fijan en montos que van desde 92, 753 pesos para un director de área, hasta 265,000 pesos para los subsecretarios de estado.

Que de los 47,000 mandos del gobierno federal, 17 son secretarios de estado, 106 subsecretarios; 170 oficiales mayores; 464 coordinadores generales; 2,336 directores generales; 27 mil 898 jefes de departamento, sin considerar la administración pública paraestatal y otros órganos del Estado. Aunado a ello, los recién nombrados comisionados y coordinadores especiales.

Que son evidentes las diferencias entre los sueldos otorgados al personal operativo, de base y de confianza de la administración pública, y de los salarios mínimos vigentes que rigen en el país a partir del primero de enero de este año, con respecto a los salarios otorgados al personal de mandos medios y superiores de la administración pública.

Que es facultad de los diputados revisar y determinar percepciones que se otorgan a los servidores públicos.

Señor Presidente, por lo antes expuesto, y con fundamento en lo que establece el artículo 58 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi carácter de diputada federal integrante del grupo parlamentario del PRI, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero, que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública revise los criterios bajo los cuales se determinan los sueldos y salarios de los mandos medios y superiores de la Administración Pública Federal, y se establezca si es conveniente mantenerlos en los mismos niveles hasta ahora aprobados, en la perspectiva de asegurar la racionalidad económica y la equidad en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000.

Segundo. Que esta soberanía revise e impulse los criterios para rescatar el poder adquisitivo de los ingresos del personal operativo de la Administración Pública Federal, y exhorte a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos a realizar las acciones necesarias e inmediatas para superar el deterioro salarial, en aras del mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras mexicanas.

Firman el presente punto de acuerdo los siguientes diputados: La diputada Josefina Hinojosa Herrera su servidora la diputada Lorena Bearregard, el diputado César Augusto Santiago, el diputado Rubén Félix Hays, el diputado Eugenio Hernández, el diputado Miguel Vega Pérez, el diputado Jorge Esteban Sandoval, el diputado Jesús Burgos Pinto, el diputado Humberto Mayans, el diputado Alberto Amador, el diputado Samuel Aguilar, el diputado Juan Manuel Martínez Nava, el diputado José Antonio García Leyva, el diputado Abel Guerra, el diputado Víctor Roberto Infante González, el diputado Jesús Alí de la Torre, el diputado Julio César Vidal, además de otros aproximadamente 20 diputados más.

Muchas gracias, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la diputada Josefina Hinojosa Herrera .

Túrnese el punto de acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Otro punto de acuerdo es el relacionado con la protección de los derechos de los migrantes en tránsito, particularmente...

EL DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES: (desde la curul) Señor Presidente, sobre el mismo tema.

EL PRESIDENTE: Diputado Narro Céspedes, para rectificación de hechos tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.

EL DIP. JOSE NARRO CESPEDES: Compañeras y compañeros diputados: Con su venia, diputado Presidente.

Sin lugar a dudas, es sano que por fin esta soberanía se pronuncie por reglas claras que permitan transparentar las percepciones que goza la alta burocracia adscrita a la Administración Pública Federal.

Para nadie es un secreto que los funcionarios medios y superiores perciben jugosos sueldos que lejos están de la medianía establecida por el ideal juarista. Hasta hoy, la falta de una clara y adecuada normatividad sobre diversos conceptos que componen en total de las percepciones de los servidores públicos de mandos medios y superiores, ha generado el establecimiento de reglas para el pago de los mismos, que lejos de lograr su transparencia han incidido en manejos discrecionales por parte de los responsables de las dependencias y entidades públicas que integran la Administración Pública Federal.

Así se ha establecido una pronunciada brecha entre los salarios que perciben los funcionarios respecto de los salarios que perciben los funcionarios respecto a los salarios del personal operativo, ya sea éste de base o de confianza, y que decir respecto a las míseras pensiones establecidas para miles de burócratas cuyas percepciones apenas son superiores, en el mejor de los casos a los mil 500 pesos mensuales.

De entre los conceptos que integren el total de las percepciones de los mandos medios y superiores, además del sueldo nominal, cuentan por sólo citar algunas percepciones extras con compensaciones, estímulos por productividad y bonos trimestrales, semestrales y anuales.

En este orden de ideas resulta contradictorio que algunas unidades administrativas del Ejecutivo, en las cuales se ha observado un pésimo resultado como es el caso concreto de la Secretaría de Hacienda en donde año con año la recaudación ha cargo, se premia a los responsables con jugosos estímulos de productividad y eficiencia.

La falta de reglas y de límites en la asignación de las percepciones de los mandos medios y superiores, nos llevan a encontrar diversas contradicciones, por ejemplo: un Subsecretario puede percibir ingresos del orden de los 295 mil pesos mensuales brutos, sueldo que contrasta con el de un Secretario de Estado que percibe aproximadamente 228 mil pesos mensuales, y peor aún, con el sueldo percibido por el Presidente de la República que asciende a 167 mil pesos mensuales.

Asimismo, tenemos conocimiento que en algunos casos, sobre todo en el sector descentralizado y paraestatal, como es el caso de PEMEX, es responsabilidad de la administración el pago de impuestos, o sea no sale del salario, la administración paga los impuestos aparte del salario que se generan por concepto de salario de los mandos gerenciales.

Por lo cual, sus salarios netos son mayores a los establecidos en el sector central y por consecuencia perciben mayores ingresos que los establecidos por el titular del Ejecutivo Federal.

Habría que agregar a los de por sí altos sueldos de los funcionarios los fondos revolventes, los gastos de representación, los gastos de oficina, vales de comida, pagos de teléfonos celulares, vehículos, guardaespaldas, etcétera, etcétera, así como el pago de viáticos con tarifas diferenciadas.

Asimismo nos parece inmoral que los fondos públicos se utilicen para sufragar gastos personales de los funcionarios; no es justo que algunos de ellos posean tarjetas de crédito empresariales con cargos al erario público.

Nuestro grupo parlamentario refrenda su compromiso con la clase trabajadora de este país y se manifiesta porque los servidores públicos de todos los niveles perciban ingresos decorosos, ingresos que estén acordes a su responsabilidad, pero sobre todo a la realidad económica del país.

Nos parece inaudito que exista un alto grado de discresionalidad en la remuneración de diversos funcionarios públicos que como ya señalamos, perciben sueldos muy superiores al del propio Ejecutivo Federal.

Compañeras y compañeros diputados: Consideramos conveniente que en el Presupuesto de Egresos de la Federación que próximamente aprobaremos, se determine y transparente los montos de las percepciones de los servidores público federales, los cuales también consideramos deben ser acordes a los principios de austeridad y racionalidad conforme a la realidad económica del país.

Por lo anterior, en su momento, propondremos que las diversas percepciones de los mandos medios y superiores se compacten para que en su caso coticen a los fondos también de seguridad social. Queremos instituciones de seguridad social fuertes, para eso se requiere que los altos mandos hagan su aportación como corresponde por la ley y que no a través de pagos compensatorios que son muchas veces mayores que los de su propio sueldo, evadan la contribución que tienen que hacer a este tipo de instituciones vitales para garantizar las prestaciones de seguridad social que requieren los trabajadores.

Para concluir, a modo de mensaje a la administración que está por iniciar sus funciones, cito al licenciado Benito Juárez, de los más destacados presidentes de nuestro país:

"Los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa sino con sujeción a las leyes...

Esos cargos que se están dando ahora, de embajadores por los derechos humanos y democracia que no existen en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no tienen ningún sustento y es un planteamiento caprichoso a la voluntad de un ejecutivo que pretende estar por encima de esta soberanía.

" . . . no se pueden improvisar fortunas ni entregarce al ocio y a la disipación sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. " Del cumplimiento de dicha máxima, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, estaremos atentos. Muchas gracias.

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EL PRESIDENTE: Con punto de acuerdo en relación con la protección de los derechos de los migrantes en tránsito, particularmente en la época decembrina, tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Juan Manuel Carrera López, del Partido Revolucionario Institucional.

EL DIP JUAN MANUEL CARRERA Le)PEZ: Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Quiero en esta tribuna y en este momento, empezar por unirme al planteamiento que ya se discutió previamente en esta sesión relativa a la instalación del Programa Diputada Amiga, Diputado amigo.

Y quiero decir que nos debemos de felicitar todos porque fue aprobado por todos los grupos parlamentarios. Y porque estamos dando ya un paso muy importante en donde no nada más somos capaces de levantar la voz para en determinados momentos darle solución y salida a una serie de planteamientos de muchas personas y de muchos problemas públicos y sociales que existen en el país, sino que también podemos poner en manos a la obra,

Por eso quiero hacer del conocimiento de todos ustedes, que también el pasado 10 de noviembre en la ciudad de Matehuala, San Luis Potosí, a convocatoria del congreso del estado de dicho estado, se reunieron diputados locales de los congresos de San Luis Potosí, de Nuevo León y Zacatecas, para tratar en un foro al que se convocó a autoridades federales y a los ciudadanos en lo general, la problemática de nuestros paisanos al transitar en el país y ser objeto, particularmente en estas épocas decembrinas, de múltiples abusos por distintas autoridades tanto en los llamados retenes como en las aduanas fronterizas.

Realmente ya en esta tribuna y de una manera muy consistente y muy persistente, lo cual me parece también muy bien, ya se ha dicho mucho sobre la compleja realidad de los migrantes mexicanos. Y por eso yo creo que este esfuerzo que se hizo en Matehuala y lo que se puso en marcha el día de hoy aquí por esta Cámara de Diputados, es muy importante que reiteremos sobre lo que vendría a ser la importancia del transito de los migrantes en nuestro país.

Debemos de decir: ¡"ya basta"! en este sentido y tratar de resolver un falso dilema que tiene que ver que por un lado tengamos que establecer medidas de seguridad para controlar el tráfico de armas, el tráfico de mercancías sin los permisos adecuados y el narcotráfico y que esto de una manera casi automática nos lleve también a que esas mismas medidas que estamos tratando de establecer para generar una mejor seguridad pública en el país, se trasladen a ser una vía de abusos para los migrantes, para la gente que menos capacidad tiene de defensa ante la autoridad.

Tenemos que decir que en México son susceptibles de vejaciones por parte de las autoridades hacendarias estos mexicanos, no nada más de esas autoridades hacendarias, sino también de las aduaneras, migratorias, judiciales, de caminos y federal preventiva al solicitarles dinero, como ya se ha dicho aquí, para que estos puedan transitar libremente por nuestro país, así como sus vehículos y bienes que traen consigo.

Por ello vengo a nombre de diputados federales de todos los grupos parlamentarios, la diputada Erika Spezia, la diputada Julieta Prieto, Marra Cristina Moctezuma, Olga Patricia Chozas, la diputada Josefina Hinojosa, el diputado Alejandro Zapata, el diputado José Narro Céspedes, el diputado Sergio Acosta, el suscrito y diversos diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a presentar con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a someter a la consideración de esta asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Se acuerda, en el marco de la problemática que se analiza, y por trascender el interés público, que se exhorte a las autoridades hacendarias, aduaneras, migratorias y Policía Federal Preventiva, para que los actos de sus integrantes se apeguen estrictamente a la legalidad y al marco del estado de derecho en la revisión, inspección y vigilancia que realizan en los lugares de operación establecidos en las carreteras estatales y federales que se encuentran en el territorio nacional, particularmente en los días cercanos a la época decembrina, debiéndose conducir con absoluto respeto a los derechos de los migrantes. Muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Manuel Carrera López. Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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Otro punto de acuerdo en el Orden del Día es el relativo al acuerdo para solicitar al Secretario de Gobernación la adecuada revisión del gasto en materia de comunicación social. Con tal motivo se le concede el uso de la palabra hasta por diez minutos a la diputada Heidi Storsberg Montes del Partido Acción Nacional.

LA DIP. HEIDI STORSBERG MONTES: Con su venia señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas:

Una de las facultades exclusivas de esta Cámara de Diputados, otorgada expresamente por la Constitución para ejercer la función fiscalizadora sobre el Poder Ejecutivo, radica en la revisión de la Cuenta Pública a fin de conocer los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Los diputados de Acción Nacional creemos que para fomentar la cultura del rendimiento de cuentas, es imprescindible apegarnos a las leyes y exigir transparencia a los Poderes del Estado, y como consecuencia a todos los servidores públicos.

La base de esa cultura es por supuesto la información, pero información completa, objetiva, veraz, oportuna, apegada a plazos, procedimientos y como dije, por supuesto a la verdad.

Uno de los rubros que se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación es el de la comunicación social, materia por demás delicada por relacionarse directamente con los medios de comunicación, nada menos que los intermediarios del flujo de información entre el gobierno y la sociedad.

Y es precisamente en aras de la transparencia que debe de prevalecer entre el gobierno y medios, que los diputados exigimos cuentas claras a los responsables de entregarnos la información. De ahí que para realizar una efectiva labor de supervisión y vigilancia el uso de los recursos que el Ejecutivo Federal y sus dependencias realizan con cargo al presupuesto público, es condición indispensable que el Poder Legislativo cuente con información precisa y oportuna.

En el proceso de rendición de cuentas que el Ejecutivo está obligado a presentar ante el Legislativo, éste se enfrenta en ocasiones a la falta de información precisa para cumplir con su responsabilidad, incluso se debe enfrentar a información parcial, indebidamente presentada y a veces omitida u ocultada con toda intención.

El Secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano, durante la glosa del Sexto Informe de Gobierno, fue cuestionado tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores acerca de la falta de información en lo referente al reporte del gasto público en materia de comunicación social, de acuerdo a lo establecido por el decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del ano 2000, especialmente en lo que se refiere al informe sobre el uso, distribución y destino de los tiempos oficiales, tanto del 12.5% como de los 30 minutos establecidos en la Ley Federal de Radio y Televisión.

Ante el Senado de la República, el 19 de septiembre pasado el Secretario Diódoro Carrasco, afirmó ya haber entregado a esta Cámara de Diputados la información solicitada; lo cierto es que dicho documento no fue entregado en lo particular ni presentado como parte de los informes trimestrales referentes a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública del país. Compañeros diputados, el Secretario de Gobernación mintió ante el Congreso de la Unión.

Es obligación de los legisladores vigilar el cumplimiento de la ley y atender con responsabilidad la precisión y la veracidad de los informes del Ejecutivo, especialmente en lo que se refiera al ejercicio del presupuesto y considerando que el asunto en cuenta se encuentra claramente delimitado en el artículo 39 del decreto de Presupuesto de Egresos del 2000 y en los lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación social.

En esos ordenamientos se señala que en las dependencias y entidades el Ejecutivo Federal, únicamente podrán designar recursos presupuestarios una vez que se hayan agotado los tiempos oficiales de transmisión asignador por la ley en radio y televisión.

En su informe del semestre enero junio del 2000, se reporta un gasto de mil 245 millones de pesos en comunicación social, sin especificar con el detalle requerido el tipo de gastos y en qué medios fueron ejercidos.

Con relación al último informe trimestral entregado en días pasados, este sólo contempla los montos totales del gasto en materia de comunicación social, el número de radiodifusoras y canales de televisión que transmitieron mensajes del gobierno federal utilizando los tiempos oficiales y las dependencias federales que fueron beneficiadas con el uso de estos tiempos.

Nuevamente la información insuficiente y parcial; no se registra qué tipo de tiempos fueron utilizados, tampoco el valor monetario de éstos, así también el corte parcial a septiembre sobre el uso total de los tiempos oficiales en radio y televisión considerados para el ejercicio fiscal de este año, las franjas oficiales de horario y días en que fueron utilizados los tiempos y mucho menos los canales de televisión y las frecuencias de radio que han o no, cumplido con lo establecido en la ley.

Por lo tanto, lo más importante que corresponde señalar es la ausencia del informe que dé cuenta del uso y destino de los tiempos oficiales, a pesar de lo establecido en la normatividad en el sentido de que se podrá gastar en medios electrónicos una vez que quede demostrado que el tiempo disponible por ley, ha sido adecuada y eficientemente utilizado.

De acuerdo al lineamiento décimo noveno, la Secretaría de Gobernación deberá informar a la Cámara de Diputados sobre las erogaciones destinadas a los rubros de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general de las relacionadas con actividades de comunicación social, incluyendo en uso de los tiempos oficiales en término de lo dispuesto por los artículos 39, fracción 11 y 79 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000. Cabe señalar que este informe tampoco ha sido entregado a esta soberanía.

Por ello, este órgano legislativo no puede pasar por alto el incumplimiento a la normativa vigente no sólo de los artículos 6o. y 8o. constitucionales sobre el derecho a la información y el derecho de petición, sino también a las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos presupuestales en materia de comunicación para el ejercicio fiscal del año 2000, sobre todo en el caso de que éstos últimos sean incumplidos precisamente por quien lo suscribió apenas en enero pasado.

Por lo anterior se presenta la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

"PRIMERO: Exigir una explicación por escrito al Secretario de Gobernación, dentro de un plazo no mayor a tres días hábiles, ante su afirmación carente de veracidad, de haber entregado a la Honorable Cámara de Diputados, la información detallada sobre el gasto en materia de Comunicación Social y el informe relativo al uso y destino de los tiempos oficiales.

"SEGUNDO: Exigir el informe detallado del uso, distribución, tiempo y valor monetario que ejercieron las dependencias y entidades federales, de los tiempos oficiales.

"TERCERO: Exhortar a los legisladores para que se exija al Ejecutivo, el cabal cumplimiento de lo dispuesto en las normas expresamente aprobadas para el ejercicio del Presupuesto. "

Finalmente, porque sabemos que el tiempo apremia y este gobierno ya se va, queremos dejar constancia de que éste es sólo un ejemplo de los que seguramente han habido muchos, en que un funcionario ha venido a mentir y se ha ido sin que esta situación sea debidamente señalada.

Es cuanto señor secretario, y pido que le sea entregada una copia al Presidente de la República, el señor ciudadano doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, con carácter de urgente. Gracias.

PRESIDENTE: Muy bien diputada Heidi Storsberg Montes. Muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Gobernación.

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El siguiente punto del Orden del Día, es el Punto de Acuerdo, para que se genere un fondo extraordinario que tenga como objeto abatir el rezago de infraestructura, particularmente en los estados y zonas más pobres del país. Este punto de acuerdo lo presentará el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien tiene la palabra hasta por 10 minutos.

DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso señor presidente:

El asunto que planteo en esta tribuna, ha sido también reiterada y consistentemente abordado en la misma. Es cierto que para el ejercicio fiscal del año que viene, hay un marco de referencia al que con toda particularidad me referiré enseguida.

Pero lo que también es cierto, es que la pobreza y marginación en este país, no es una condición que se relacione con un aspecto geográfico, es decir, no solamente alcanza a las entidades del sur, sureste, de nuestra República Mexicana. Si esa fuera condición, Baja California Sur no estaría en la que ahora se encuentra. O en el centro norte Zacatecas o Nayarit o Tlaxcala.

Por esa virtud no hago sino reproducir el mandato de mis compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, Magdalena del Socorro Núñez Monreal, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Emilio Ulloa Pérez, del Partido del Trabajo, José Narro Céspedes; del Revolucionario Institucional, José Antonio García Leyva; Miguel Castro Sánchez, José Luis García Vera, Josefina Hinojosa Herrera, Ma. de las Nieves García Fernández, José Manuel Quintanilla y del diputado también priísta, mi amigo Víctor Roberto Infante González.

Las consideraciones que expreso son conforme a los siguientes puntos: Si', estamos conscientes de la estructura del sistema de coordinación fiscal vigente; que debe existir equilibrio entre el ingreso y el gasto público; que existen reglas generales y específicas para la asignación y participación de los recursos fiscales en el sistema legal que nos rige; que las variables e indicadores para dicho fin en términos generales priorizan el principio de igualdad por encima del de la equidad; que en el contexto de las disposiciones legales vigentes para el ejercicio fiscal del año entrante podemos anticipar que los criterios de asignación y participación serán los mismos que tradicionalmente se han venido instrumentando; que el inicio de la nueva administración federal ha generado una extraordinaria expectativa de desarrollo económico y social para el país, lo cual constituye un reto en la alternancia del poder. En ese sentido, la nueva gestión gubernamental deberá ofrecer alternativas reales en sus proyectos económicos y sociales.

Ya se ha dicho aquí, no sólo alternancia en el ejercicio del poder; alternancia también en el proyecto económico y desarrollo de este país.

La gobernabilidad democrática de este país tendrá soportes de apoyo y legitimidad siempre que se atienda a los más pobres, que son la mayoría, así como a las entidades federativas y regiones con más atraso. Me refiero particularmente a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Tlaxcala, Zacatecas, Nayarit, Baja California Sur y la región huasteca ubicada en los estados de Veracruz, de Hidalgo, de San Luis Potosí y de Tamaulipas.

Lo que expreso en este apartado es con absoluto respeto y a título de expresión personal. Que la Cámara de Diputados ha sido una instancia de trámite y de legitimación de las políticas de gasto del Ejecutivo, puesto que no acotado su discrecionalidad. Sólo por mencionar: en el ejercicio de la cuenta pública de 1999, por ampliaciones presupuestales, transferencia, interdependencias o con entidades, fue cercano a los 20 mil millones de pesos.

También está claro que los aspectos de fondo deben ser abordados en el marco de una reforma fiscal integral. Que este planteamiento, compañeras diputadas y diputados, obviamente no constituye una propuesta de reforma constitucional o legal; se traduce en una propuesta para la generación de un fondo extraordinario para compensar los rezagos en infraestructura de los estados y regiones que se encuentran por debajo de la media nacional.

Este fondo estaría destinado a la ejecución de obras viables de infraestructura que puedan ser detonantes del desarrollo de estados y regiones atrasados. Para este fin deberán servir como parámetros específicos las ejecutadas hasta ahora por el Gobierno Federal: carreteras, obras de captación hidráulica, puertos marítimos, aeropuertos, inclusive plantas de tratamiento en la descarga de aguas residuales.

Por virtud de la naturaleza de la propuesta y por los puntos que reiteradamente en esta tribuna se han planteado con el respeto y la atención debidas, hago una sugerencia de procedimiento parlamentario:

Uno. En un lapso de casi 3 meses los diputados de las diversas fracciones parlamentarias hemos presentado ante el pleno de esta Cámara aproximadamente 100 proposiciones con punto de acuerdo, algunas relacionadas con el ingreso y el presupuesto para el año que viene, de las cuales no hemos, no hemos dictaminado ninguna.

Dos. Que esas proposiciones con punto de acuerdo han tenido efectos políticos momentáneos; que esos efectos políticos generan expectativas sociales, las cuales, al paso del tiempo, se ven insatisfechas y se revierten en desprestigio de los diputados y en desesperanza de la gente.

Sin embargo, debemos celebrar que existen condiciones para construir consensos de mayoría y lograr la concreción de estas proposiciones. La palabra, la palabra sobre este particular está en esta Cámara. Prescindo de citar los numerales que fundamentan el punto de acuerdo.

Primero. Que en el marco del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2001 se genere un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura en los estados y regiones más pobres del país, recursos que deberán, inclusive, tener un destino de inversión específica: carreteras, obras de captación hidráulica, puertos marítimos a la mejor ya no aeropuertos, por la dinámica en la que se encuentran ya insertos de administración y de crecimiento.

Segundo. En el apartado relativo a procedimiento propongo respetuosamente, proponemos a la Presidencia invite a las diversas comisiones para que en proposiciones con punto de acuerdo, pendientes de dictaminar y que guarden relación con la discusión de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2001, se consideren de previa y especial dictaminación, es decir, con anterioridad a la discusión y eventual aprobación de estos ordenamientos.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ELO CANTU SEGOVIA [PRI]:

Muchas gracias, Diputado Tomás Torres Mercado.

Con el mismo tema tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el Diputado Juan Carlos Regis Adame, quien hablará a nombre del Partido del Trabajo y de Convergencia para la Democracia.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME [PT]: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Diputados:

México se ha rezagado peligrosamente en la creación de infraestructura física y de equipamiento urbano. En los hechos en las últimas décadas nuestros gobiernos no respondieron a las exigencias de cambio que se vinieron dando en el país en el ámbito de la dotación de servicios urbanos, como es el caso de la introducción de drenaje y pavimentación, agua potable, construcción de puentes y caminos rurales, así como la construcción de hospitales en zonas pobres y marginadas a lo largo y ancho de nuestra República.

Eso mismo ocurrió en la creación de infraestructura física en materia de transporte terrestre y marítimo, en investigación tecnológica y desarrollo científico en general.

Para realizar lo anterior era prioritario cambiar la estrategia de desarrollo seguido por nuestro país hasta el día de hoy, basado en la elaboración de un presupuesto público que hace énfasis en la reducción del gasto gubernamental, siguiendo la visión miope y retardataria del desarrollo económico enarbolada por los organismos multilaterales y el núcleo promotor neoliberal bastardo que se arraigó durante tres sexenios en México.

Esa estrategia amenaza en continuar aplicándose en el próximo gobierno y es un deber legal y político de esta soberanía rechazarla y plantear en el marco de los objetivos de política económica una nueva estrategia para nuestro pueblo que resuelva las graves carencias en todos los órdenes.

En este contexto tenemos hoy más que nunca la exigencia de transitar hacia una nueva senda de crecimiento económico que ponga mayor atención en plantear una política de gasto que se enfoque a elevar el crecimiento económico, pero también a elevar de forma cualitativa el gasto destinado a desarrollar la capacidad social de acumulación que demanda el país, centrada fundamentalmente en un mayor gasto en educación e investigación científica y tecnológica, desarrollo de la infraestructura física, desarrollo municipal, equipa miento urbano, superación de la pobreza y que se extienda la pro moción de la micro, pequeña y mediana empresa, así como la creación de empresas sociales administradas por los trabajadores.

Compañeras y compañeros Diputados:

No podemos permanecer con las manos atadas y esperar a que el Ejecutivo Federal nos presente sus propuestas en esta materia, que como ya sabemos de antemano se contrapopondrá a los objetivos señalados porque en la visión del futuro equipo gobernante está el garantizar el costo financiero de la deuda pública, privilegiando primeramente los intereses del gran capital nacional e internacional antes de satisfacer los requerimientos del pueblo y en particular de las necesidades de nuestros municipios y regiones más pobres.

Como todos sabemos la mayoría de estos municipios dependen en gran parte de los recursos federales que se les aportan anualmente por medio de las participaciones y de las aportaciones federales, pero estos son insuficientes para poder realizar la magna obra rezaga da por años por la falta de recursos.

Tampoco tienen capacidad financiera para solicitar deuda a los bancos, pues como es conocido las altas tasas de interés existentes en el mercado interno en términos reales, termina por ahogar a cualquier deudor al cabo de poco tiempo.

Hemos visto como inclusive las grandes corporaciones que tienen solvencia económica para pedir prestado lo hacen más con el exterior que con el propio país, ante lo escaso y caro del crédito bancario.

Según datos de la Comisión de Investigación Tecnológica de nuestra nación, se necesitan anualmente 30 mil millones de dólares para el lapso de una década, para dotar al país de infraestructura física en materia de comunicaciones y transportes, así como en investigación científica y tecnológica, pero esa cantidad sólo hace referencia a los requerimientos a nivel macroeconómico, sin considerar las necesidades financieras en materia de infraestructura física y equipamiento urbano de miles de municipios de nuestra nación.

Los desastres naturales que ocurren en nuestro país derivados del fenómeno meteorológico, como es el caso de las seguras que padecen más de 15 entidades federativas del país, así como las lluvias abundantes que conducen al desbordamiento de ríos con las consecuentes tragedias humanas que éstas han traído, han puesto de manifiesto la falta de infraestructura física preventiva que reduciría enormemente las tragedias y los costos económicos y humanos que todo esto significa para nuestra nación.

Por todas estas consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoya abiertamente, junto con el Partido Convergencia, el punto de acuerdo sometido al pleno de esta soberanía, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación del año entrante se constituya un fondo extraordinario para abatir el rezago de infraestructura física en los estados y zonas más pobres del país, con los recursos extraordinarios derivados del sobreprecio y de la venta de las exportaciones petroleras en el mercado internacional.

Pido un minuto para concluir.

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Le ruego que concluya por favor, señor diputado.

EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Compañeras y compañeros Diputados: No podemos permitir que el pueblo de México tenga que continuar careciendo de agua potable, de hospitales, viviendo en ciudades perdidas, en condiciones infrahumanas, careciendo de los servicios más elementales, porque eso no puede seguir ocurriendo en una nación que se reclama miembro de la OCDE.

Tampoco podemos permitir que los recursos derivados de las exportaciones petroleras se utilicen para pagar a los banqueros. Necesitamos cambiar la orientación de los recursos. En ese sentido la creación de este fondo municipal será un parteaguas en nuestra historia.

Es cuanto. Firman: Su servidor, Juan Carlos Regis y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la democracia.

Muchas gracias.

(aplausos)

EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Muchas

gracias diputado Juan Carlos Regis Adame.

Túrnese el presente punto de acuerdo de la creación del Fondo Extraordinario para Abatir el Rezago de Infraestructura en los Estados y zonas más pobres del país, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica.

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El siguiente punto de acuerdo sobre la integración de los diputados del Grupo Parlamentario del Trabajo, en las Secretarías de las mesas directivas de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, a petición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se pospone para la siguiente sesión.

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Entramos a la agenda Política. El primer punto en la agenda política

es el pronunciamiento sobre irregularidades en el Sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social, tema incluido en la agenda a petición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, quien ha solicitado que este punto se posponga para una próxima sesión.

(aplausos)

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El siguiente punto en la agenda es el referente al pronunciamiento sobre la integración de organismos electorales en el estado de Yucatán.

Para abordar este tema, tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Roger Antonio González Herrera, del Partido Acción Nacional.

EL C. DIP. ROGER ANTONIO GONZALEZ HERRERA (PAN): Con

el permiso del Presidente.

Compañeros Legisladores: El 19 de octubre pasado acudimos a esta

alta tribuna para denunciar el proceder irregular de la mayoría priísta del Congreso de Yucatán, que incumplió la sentencia del juicio de revisión constitucional de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, que ordenaba la reposición del proceso para la designación de los integrantes del Consejo Estatal Electoral.

En este mismo lugar denunciamos el evidente absurdo de dicho proceso, sobre todo por los requisitos extralegales que los priístas inventaron para descartar del proceso a ciudadanos yucatecos de reconocida capacidad y honorabilidad. Aquí mismo exigimos apego a la ley y que se limpie el buen nombre de los afectados.

Hicimos ver la inequidad de la integración de dicho organismo electoral, conformado en su inmensa mayoría por personas afines a los intereses de un solo partido y propuestos por agrupaciones de dudosa integridad e independencia, descartando las propuestas de los partidos de oposición y de reconocidos colegios de profesionistas.

Nadie puede negar que en la conformación de dicho consejo los priístas de Yucatán se sirvieron con la cuchara grande. Así también, reiteramos aquí nuestra disposición a luchar democráticamente por la legalidad, Congruentes con este compromiso, la Fracción Panista del Congreso Yucateco presentó un juicio de revisión constitucional en contra del Decreto 286 del H. Congreso del Estado de Yucatán relativo a designación de Consejeros Ciudadanos, propietarios y suplentes.

En consecuencia la Sala Superior del Tribunal Electoral dio curso a nuestra demanda y acordó revocar el Decreto antes citado dejando sin efecto todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del Estado de Yucatán,

Así, el Considerando Quinto de dicho Fallo estableció la reposición del procedimiento para designación de los Consejeros Ciudadanos disponiendo los siguientes plazos a partir del momento en que se notifique al Congreso del Estado la sentencia del TRIFE: 48 horas para que sesione la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales Gobernación y Asuntos Electorales a efecto de conocer las propuestas correspondientes presentadas por las organizaciones sociales y los partidos políticos; cinco días para recabar y revisar los documentos de todos los candidatos a Consejeros y otras 48 horas para que el pleno del Congreso nombre a los nuevos integrantes del Consejo Estatal Electoral, ya sea por consenso o por insaculación.

No obstante el abierto desacato a la sentencia a pesar de haber transcurrido los términos fijados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la mayoría priísta del Congreso del Estado no cumplió la Resolución, ni siquiera sesionó la comisión respectiva, Pero, además de que no se cumplió el proceso indicado en los Puntos Resolutivos de la Sentencia del TRIFE, los diputados priístas, de manera especial la Presidenta de la Gran Comisión, diputada Myrna Hoyos, manifestaron públicamente desde el principio que no darían cumplimiento al fallo en cuestión y en consecuencia que notaría lo dispuesto por el TRIFE alegando que dicha sentencia viola el Pacto Federal y la soberanía del Estado de Yucatán.

Este hecho es, a saber, inédito en nuestra historia reciente, la rebeldía de los Legisladores del Partido Revolucionario Institucional sienta un precedente peligroso para la nación y para las instituciones a quienes hemos confiado la conducción y sanción de los procesos legales,

En concordancia con la posición asumida por los diputados priístas, los Consejeros Electorales invalidaron, por llamarlos de alguna manera continuaran en funciones sesionando y disponiendo de los recursos públicos destinados al Consejo Estatal Electoral alegando que nadie les había notificado de que fueron revocados en sus encargos,

Ante lo anterior, la Fracción Panista del Congreso Local denunció el 21 de Noviembre próximo pasado a los Consejeros Electorales ante el Ministerio Público por los delitos de usurpación de funciones, falsificación de documentos y uso indebido de recursos públicos.

Ante la rebeldía de los diputados priístas, los legisladores locales en la persona del diputado Alfredo Rodríguez y Pacheco, también Presidente Estatal de dicho Instituto, presentó el 21 de Noviembre un escrito de incidente por incumplimiento de sentencia ante la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, los que motivó que se enviaran Actuarios al Consejo Electoral para informar a sus integrantes que fueron invalidados, pero la ilegalidad de los diputados priístas ya no tiene límites, pues advirtieron que pedirán formalmente a los Consejeros invalidados que continúen en sus funciones en reiterado desacato al Tribunal Federal Electoral,

Cabe apuntar que los legisladores priístas al parecer han secuestrado prácticamente al Congreso Estatal, impidiendo que cumpla cabalmente con sus funciones, reiteradamente los diez diputados de oposición, ocho del PAN Y dos del PRD ha señalado su disposición a acatar el fallo del máximo tribunal electoral, lo cual no han podido realizar porque los diputados del PRI que son mayoría, lo han impedido.

Por todo lo anterior y como pueden percibir, compañeros diputados, lo que sucede en Yucatán en los presentes días pone a prueba a nuestras instituciones, a las instituciones que nos ha costado enorme esfuerzo crear; además pone en riesgo la realización del proceso electoral de Yucatán cuyos comicios deberán realizarse el 27 de mayo próximo.

El incumplimiento de la sentencia del TRIFE es una apuesta a la ilegalidad, es un reto a la discordia y quizá al encono; impide que se pongan en marcha los trabajos previos para la realización de tan importantes comicios.

Ante este absurdo nos preguntamos ¿qué intereses tan poderosos motivarán la rebeldía de los diputados priístas de Yucatán? ¿A quien le interesará que se retrase hasta el límite el inicio del proceso electoral en dicho Estado? ¿Qué objetivos oscuros perseguirán aquellos que se oponen a cumplir un mandato del máximo tribunal electoral de la Federación? No podemos pasar por alto lo que acontece en Yucatán pues esgrimiendo la bandera de una mal entendida soberanía, se pretende violentar un proceso comicial que debiera fundarse en los principios de imparcialidad, igualdad y transparencia.

Es necesario dejar en claro que el pacto federal no significa licencia para incurrir en toda clase de atropellos para hacer y deshacer al amparo de una supuesta independencia del centro. El pacto federal no es árbol para que a su sombra se desarrollen cacicazgos regionales; por el contrario, debe ser garantía de que sobre todo está el respeto a nuestra Carta Magna y a cada uno de sus preceptos que garantiza la igualdad, el respeto a la libertad individual y la imparcialidad de nuestras instituciones.

El pacto federal es hermandad ante la ley y es el espíritu de nuestra nación, nada ni nadie debe estar por encima de él, mucho menos los intereses de grupos enquistados en el poder en el sureste mexicano.

Por otra parte, la soberanía de los Estados de la República no debe ser pretexto para que se creen pseudo instituciones en las entidades a la medida de los intereses de ciertos grupos puesto que ello es un atentado a la ley y a la pluralidad que demanda la sociedad.

Por ello nos pronunciamos porque las autoridades correspondientes tomen las medidas de apremio o de sanción contra quienes cometieron desacato a la resolución del TRIFE, porque el Congreso del Estado de Yucatán cumpla ya a la brevedad posible la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para no violentar más el proceso electoral en Yucatán.

Que en el Estado y es muy importante, se tiendan los puentes para entablar un diálogo entre todas las fuerzas políticas que rescaten la cordura y la razón y permitan el arribo de acuerdos para resolver el problema planteado; que impere sobre todo por sobre los interés partidistas y de grupo la búsqueda del bien común para no fallarle a esa sociedad que el 2 de julio pasado exigió un México plural donde se erradiquen los grupos hegemónicos y haga su arribo definitivo la democracia.

Si me permite terminar. Compañeros diputados y diputadas: Les exhortamos a volver los ojos hacia Yucatán, no permitamos que renazcan ahí prácticas que suponíamos superadas luego del 2 de julio; no dejemos que se falsifique la democracia y la legalidad que pudiera contaminar el ambiente del cambio que vivimos en el resto del país.

No permitamos que se conformen dos Méxicos: el de la libertad y el de los, caciques. Gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Roger Antonio González Herrera. ¿Sí, diputado Riojas? ¿Con qué objeto? Les ruego que se active el micrófono.

EL DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: (DESDE SU CURUL) Gracias señor Presidente.

EL C. DIPUTADO GUSTAVO RIOJAS SANTANA (desde su curul) (PSN): Gracias, señor Presidente.

Unicamente para que conste en actas que el Partido de la Sociedad Nacionalista se une al pronunciamiento que acaba de hacer el compañero diputado del Partido Acción Nacional.

EL C. PRESIDENTE: En el mismo tema tiene la palabra, hasta por diez minutos, el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo.

EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

Al grupo parlamentario del Partido del Trabajo le parece de suma gravedad la actitud facciosa que la Legislatura Local del Estado de Yucatán ha estado asumiendo en la conformación del Consejo Electoral Estatal de dicha entidad federativa.

La Legislatura del Estado de Yucatán aprob6 el 31 de agosto de este año el decreto 278 por medio del cual ratifica en sus cargos a los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán . Esta aprobación en clara contravención a lo que dispone el Código Estatal Electoral en una muestra de la antidemocracia que en dicho estado se padece y que es auspiciada desde el Palacio de Gobierno en la oficina de Cervera Pacheco.

En contra es de resolución fue promovido juicio de revisi6n constitucional ante la sala del Tribunal Electoral de la Federación, cuya sentencia dictada el 12 de octubre en el resolutivo primero establece la revocaci6n del Decreto 278 y deja sin efecto todos los actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral.

No obstante que la sentencia obligo a la Legislatura del Estado a reponer el procedimiento, al hacerlo volvieron a incurrir en severos vicios de procedimiento en la designación de dichos consejeros. Sobre eta designación volvió a promoverse juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y de nueva cuenta la Legislatura ha hecho caso omiso de los resolutivos de la sentencia.

El problema que se vive en el Estado es de índole jurídico político con graves actitudes de violación directa a la norma fundamental.

Es jurídico porque la Legislatura del Estado no quiere dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Electoral de la Federación y debemos recordar que en términos del párrafo primero del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el Tribunal Electoral será la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, agregando al párrafo cuarto de dicho artículo que al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre la Fracción IV las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las contorversias que surjan durante los mismos.

Con lo anterior se demuestra fehacientemente que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia y en consecuencia sus resoluciones deben ser acatadas tanto por los órganos electorales y los tribunales electorales locales de la materia, como por los partidos políticos y sus candidatos.

Es político porque la Legislatura del Estado al no integrar en cumplimiento la sentencia de la Corte, el Consejo Electoral pone en riesgo la realización del proceso electoral del año 2001 para la renovación del Ejecutivo Estatal, la Legislatura y los ayuntamientos del estado, de carácter constitucional, toda vez que el artículo 116, Fracción IV en su Inciso B) establece que en el ejercicio a la funci6n electoral a cargo de 12s autoridades electorales sean principios rectores de la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia.

En el Estado de Yucatán, el órgano electoral es espurio, toda vez que los resolutivos del Tribunal Electoral ordenan que se dé un nuevo proceso de designación de los integrantes de dicho órgano.

En consecuencia, todos los actos que emanen del mismo son nulos de pleno derecho y por lo tanto no son válidos para la organización del proceso electoral del 2001, tampoco es imparcial en virtud de que todos sus integrantes tienen clara filiación y simpatía por el Partido Revolucionario Institucional. Estas situaciones ponen en grave riesgo la confianza, la imparcialidad que debe tener todo órgano electoral emanado, encargado de organizar los procesos de elección de los titulares del Poder Público y de los ayuntamientos; en nada se abona a la transformación política que el país se vive en situaciones como la comentada.

Tal pareciera que el PRI en Yucatán se quiere convertir en una ínsula en donde las leyes federales no tienen aplicación, soslayando con ello las disposiciones del artículo 41 Constitucional, en que se establece que las constituciones de los Estados en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no han pasado desapercibidas las sistemáticas violaciones que a la norma fundamental se han dado, por ello, con fecha 12 de marzo de 1997 militantes de nuestro partido promovieron demanda de juicio político en contra del Gobernador Cervera Pacheco y de los integrantes de la LIX legislatura del estado, ya que no realizaron oportunamente las reformas a la Constitución local para ponerlas en concordancia con la Constitución Federal, según el decreto del 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del mismo año, en cuyo penúltimo y último párrafo del artículo 2° transitorio se establecía la obligación para realizar esas adecuaciones en un plazo no mayor de seis meses. Además, con fecha 8 de octubre de 1997 se promovió otra demanda de juicio político en contra del Gobernador Cervera, ya que ha rebasado con mucho el tiempo de duración en el encargo, y en un hecho inédito será gobernador por diez años o más, si toma como pretexto lo que los diputados del PRI de la legislatura local consideran una invasión a la seguridad local por parte del Tribunal Electoral de la Federación.

Compañeros y compañeras legisladores: debemos exigir que en el estado de Yucatán se restaure la legalidad y que el Consejo Estatal Electoral quede debidamente integrado, en términos de los resolutivos de la sentencia del Tribunal Electoral de la Federación, para que el proceso electoral del próximo año se dé en las condiciones posibles.

Es cuanto señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Jaime Cervantes Rivera.

Tiene la palabra hasta por diez minutos el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la Revolución Democrática.

EL DIP. UUCKIB ESPADAS ANCONA: Diputado Presidente, ciudadanos diputados:

Los hechos que se han relatado en esta tribuna son de profunda gravedad y no pueden sino llamar la atención de esta soberanía. Y la gravedad de estos hechos se pronuncia aún más porque no es la primera vez que el Congreso del estado de Yucatán asume actitudes como la que hoy se comentan.

En 1998, tras una espectacular maniobra de defraudación electoral en el Tribunal Electoral del Estado, se pretendió escatimar un diputado de representación proporcional al Partido de la Revolución Democrática, a través de una maniobra muy burda que no voy a detallar en este momento, y que en consecuencia fue impugnada por nuestro partido, obteniendo un fallo del Tribunal Federal en nuestro favor y ordenándose la instalación de nuestro diputado.

Ante esto, el Congreso del estado de Yucatán respondió con argumentos muy semejantes a los que utiliza hoy, hablando de violaciones a la soberanía del estado y pretendiendo no instalar a nuestro diputado, cosa que finalmente no pudo mas que hacer.

Sin embargo, el día de hoy la legislatura del estado se encuentra en un grado de cerrazón francamente nunca antes visto, asumiendo una posición de no dar ni un paso atrás en la decisión de implantar un Consejo Electoral espurio, un Consejo Electoral inconstitucional, y ésta no es una opinión mía, esto es cosa juzgada por el Poder Judicial de la Federación.

Este es el tercer fallo consecutivo que el Congreso del estado tiene en su contra por violaciones a la Constitución: el primero fue como y se ha mencionado por la instalación de este mismo Consejo Electoral, el segundo por la instalación ilegal del Tribunal Electoral del estado, y finalmente éste tercero por la nueva instalación ilegal del Consejo Electoral del estado.

Es difícil entender la intención a estas alturas de la transición democrática, del congreso al pretender mantener un Consejo Electoral que será incapaz de tomar decisiones legítimas que no podrá tomar ninguna decisión legal porque cada una de ellas resultaría impugnable y está viciada de origen de hecho y no podría sobrevivir un juicio de revisión ante el Tribunal Electoral del Estado.

Hay detrás de esta decisión, sin duda, un profundo deseo de establecer un órgano electoral de consigna al estilo de las comisiones electorales con las que fue victimado el voto popular de los yucatecos durante tantos años,

Sin embargo las condiciones nacionales ya no van a permitir esto, de modo tal que lo que el Congreso del Estado le ofrece al pueblo yucateco en este momento, no es otra cosa que entrar en un proceso de descomposición Política sin una solución al frente que no haría otra cosa que agravar las ya de por sí marcadas contradicciones Políticas que existen entre los diversos actores políticos del estado.

Adicionalmente en una valoración que este Congreso no ha hecho, es evidente que cada una de estas medidas no harán sino dañar la escasa imagen electoral del partido al que pretenden defender, y evidentemente seguirán trabajando en esta dirección por lograr el triunfo de algún otro partido, probablemente aquel en contra del cual han establecido otros operativos y del conjunto de la oposición.

El argumento de que la decisión del Tribunal Federal violenta la soberanía estatal y rompe el Pacto Federal, tendría que llamar a risa si no fuera por la gravedad de las circunstanciasen que esta declaración se da.

Efectivamente, se está dando en este momento una violación a la soberanía del estado de Yucatán, ¿y quién está violando esa soberanía? La están violando este conjunto de diputados que pueden todavía hacer mayoría en la Legislatura e imponer una voluntad parcial, una voluntad facciosa sobre las leyes, sobre las normas y sobre las garantías que amparan a los ciudadanos yucatecos.

La soberanía del estado de Yucatán no se deposita en una docena o un poco más de diputados locales la soberanía del estado de Yucatán como la soberanía de este país emana de los habitantes del estado de Yucatán, emana de los ciudadanos yucatecos y todo aquello que se implementa para obstruir su voluntad y el ejercicio de los derechos, violenta efectivamente la soberanía estatal.

El fallo del Tribunal Federal es lo único en ese momento que puede garantizar el pleno restablecimiento de la soberanía del estado de Yucatán.

¿Y que decir del Pacto Federal? Nosotros no podemos entender el Pacto Federal desde esta óptica simplista que pretende que una Federación es una nación donde cada estado hace exactamente lo que los poderes locales quieren con desprecio de los derechos pactados para todos los ciudadanos en la Constitución Federal.

Hablemos de federalismo, no se respetara el Pacto Federal en Yucatán en tanto los ciudadanos yucatecos no tengan garantía de un órgano electoral imparcial y equitativo que garantice el ejercicio del sufragio.

No se estará respetando el Pacto Federal en tanto se mantengan las condiciones para el terrible desequilibrio de poderes que nos aqueja en el estado y que permite decisiones de un autoritarismo brutal como la que hoy estamos discutiendo.

Efectivamente, tenemos que restablecer la soberanía del estado y tenemos que restablecer el orden del Pacto Federal.

¿Cómo podemos encontrar una salida a este problema? No hay, señores y señoras diputados, puntos intermedios, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial tiene imperio de ley, no puede ser negociada, no puede ser interpretada, no puede ser asumida a medias, se asume o no se asume y si no se asume...

EL DIP. JORGE C. RAMIREZ MARIN (Desde su curul): (Se pone de pie, aplaude y dice:) ¡Hay que recordárselo!, ¡hay que recordárselo!

EL DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA: Diputado Presidente, le suplico llame al orden a los diputados que no lo hacen en este momento.

EL PRESIDENTE: Le ruego respetar plenamente los derechos del orador.

EL DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA: No podemos pensar en otra solución, decía yo, que en ejecutar el procedimiento ordenado por el Tribunal Federal, sólo así sacaremos al estado de Yucatán de esta espiral de descomposición Política en la que algunos grupos la quieren hundir. Sólo así podremos restituir a los ciudadanos yucatecos su derecho a elegir dentro de las garantías constitucionales, y sólo así los poderes que emanen de la elección del próximo año en el estado de Yucatán, podrán demandar para sí el tener alguna representación ciudadana.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Uuc-kib Espadas Ancona.

Tiene la palabra la diputada Rosa Elena Baduy Issac, del Partido Revolucionario Institucional hasta por diez minutos.

LA DIP. MARIA ELENA BADUY ISAAC: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas; compañeros diputados: Coincido con el diputado en relación a una mala actuaci6n del Congreso del Estado de Yucatán y eso fue en 1993, no en t 998 como él aseguró, cuando se le otorgó, tras una concertación, la alcaldía de Mérida a quien había alcanzado el segundo lugar en ese proceso electoral, lo deben recordar.

Pero claro, era costumbre de aquella época realizar esas acciones en el Poder Ejecutivo. Ahora tal parece que estas acciones las quieren realizar en el Tribunal Federal Electoral.

A diferencia de quienes me antecedieron en la palabra, por mi conducto la Fracción Parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, hace uso de esta tribuna para manifestar que la situación electoral de Yucatán no puede ni debe circunscribirse al cumplimiento o incumplimiento de una resolución del Tribunal Electoral del Poder de la Federación y sus consecuencias jurídicas.

Nosotros consideramos que estamos ante un hecho políticamente notorio que sienta un nocivo precedente y por tanto merece una revisión profunda.

EL DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA (Desde su curul): Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Señora diputada...

LA DIP. MARIA ELENA BADUY ISAAC (En tribuna, continúa):... En Yucatán vivimos un proceso electoral que no puede encausarse y al no encausarse, se está atentando contra el derecho de los yucatecos para votar y ser votados.

Sí, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: ¿Me permite interrumpirla? El diputado Uuc-kib Espadas Ancona,

EL DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA (Desde su curul): Sí, con su permiso, diputado Presidente, quisiera solicitar a la oradora la aceptación de una pregunta de mi parte.

EL PRESIDENTE: ¿Acepta la pregunta, señora diputada?

LA DIP. MARIA ELENA BADUY ISAAC (En tribuna): ¡ No! no la acepto .

EL PRESIDENTE: Gracias, señora diputada. No se acepta. Continúe usted, señora diputada.

LA DIP. MARIA ELENA BADUY ISMC (En tribuna, continúa): De acuerdo al Código Electoral del Estado de Yucatán que parece desconocer, el proceso electoral debió iniciarse a partir de la primera quincena del mes pasado con la instalación del Consejo Electoral Estatal.

También debieron instalarse a más tardar el 15 de noviembre pasado, los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales.

El Comité Técnica Electoral, como instancia de apoyo operativo del Consejo Electoral debería, desde el pasado primero de noviembre, estar coadyuvando a la realización de una intensa campaña de actualización del padrón electoral. Nada de eso se ha cumplido en tiempo y forma, por el contrario, en los dos últimos meses hemos visto como las resoluciones del Tribunal Electoral han impedido el cumplimiento de los plazos electorales. En ese tiempo hemos visto como se revoca el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral, cómo en dos ocasiones se ha revocado el nombramiento de los integrantes del Consejo Electoral y cómo en ambas resoluciones se ha instruido la nulidad de los actos de ambos Consejos, por lo que consecuentemente se ha anulado las designaciones del titular del Comité Técnico y de los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales.

Tanto en la primera ocasión, cuando se instruyó la reposición de procedimiento para designar a los integrantes del Consejo Electoral del estado, como en el del nombramiento de Magistrados del Tribunal Electoral local, los poderes Legislativo y Judicial yucatecos acataron los resolutivos y aplicaron en su reposición los procedimientos que los mismos señalaron.

Yo le quiero decir a uno de los compañeros que me antecedió, que de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las facultades que le otorga el numeral 30 fracción 16 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Yucatán, y en congruencia con lo establecido por el artículo 86 fracción segunda del Código Electoral del estado, se procedió al nombramiento del Consejo Electoral del estado.

Obviamente no podremos dejar satisfechos a los partidos políticos, porque ellos quieren un Consejo Electoral con gentes afines a sus muy particulares intereses. Obviamente jamás podremos dar gusto a todos los partidos políticos porque lógicamente eso, en consenso no podría realizarse.

Pero además, yo le quiero recordar a los que me antecedieron en el uso de la palabra que se ratificó al Consejo Electoral que había venido funcionando anteriormente durante dos elecciones, un Consejo Electoral consensado con todos los partidos políticos, y que tampoco fue aceptado. Bueno, tal parece que solamente tendrían aceptación aquellos elementos que firman en un periódico de circulación y que ese sí tendría la aceptación obviamente, de los partidos políticos que son los que están respondiendo a los intereses de ese periódico.

Ahora bien, tal parece que este Tribunal desestima la importancia de cumplir con los plazos electorales, importancia que llevó al Legislativo a restablecer como uno de los requisitos de procedencia de cualquier juicio de revisión constitución el que el cumplimiento de la reparación solicitada no se opusiera al cumplimiento de los tiempos electorales.

Tal parece que los señores Magistrados no se dan cuenta que con sus actos, interpretaciones y razonamientos, lejos de favorecer el clima electoral están suministrando ingredientes al proceso electoral yucateco, que sin duda distorsionarán la participación y los resultados de las elecciones del 27 de mayo próximo, sobre todo a todos los grupos parlamentarios nos debe preocupar que esos hechos y actos de los integrantes del Tribunal confirman las aseveraciones de otras fracciones parlamentarias en el sentido de que las resoluciones de los magistrados se deben más a un indebido protagonismo político que a la estricta observancia de la ley o a la intención de coadyuvar a la normalidad democrática en los procesos electorales de nuestro país.

Compañeras y compañeros diputados, los actos y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe motivar en todos una profunda reflexión. Para la fracción parlamentaria del PRI, la reforma electoral de 1996 no fue para constituir un nuevo poder político en la República, o así lo hubiéramos establecido. No aprobamos la reforma para que las acciones de cualquiera de los actores electorales fuera un obstáculo a la normalidad democrática. No lo hicimos para que se sentaran precedentes de vulneración a la soberanía de las entidades a través de soslayar la validez e importancia de las normas locales.

Establecimos requisitos de procedencia para que se cumplieran, no para que se evadieran o se justificara su desatención. Estamos frente a hechos trascendentes que van más allá de promover el acatamiento o juzgar la omisión por parte del Honorable Congreso de Yucatán.

Yo estoy segura de que el Legislativo yucateco enfrenta la impostergable necesidad de que se continúe con el proceso electoral de la entidad. Ninguno de nosotros debe permitir que se limite la posibilidad de que más yucatecos se incorporen al padrón electoral, de que los partidos podamos acreditar en tiempo y forma nuestra representación en los distintos órganos electorales de la entidad, de que comenzamos con lo sustantivo y no nos quedemos en la forma.

Actuar simplistamente y llevarnos por lo que se ha propuesto, sin duda sentaría precedentes nocivos, precedentes que en algún momento pudieran incluso someter a esta soberanía a determinaciones similares a la del Tribunal. No perdamos de vista que si aceptamos lo que el Tribunal Electoral está haciendo en el caso de Yucatán, aceptaremos que la atribución de designar a los miembros del Consejo General de IFE, coloca a esta soberanía en circunstancias similares a las que hoy vive el Legislativo yucateco.

Con todo lo anterior, yo los convoco a no juzgar solamente la actuación del Congreso yucateco, sino a revisar cuidadosamente lo que los integrantes del Tribunal Electoral están haciendo con las atribuciones que les conferimos.

No olvidemos que México es ante todo, una República que se sustenta en el equilibrio de Poderes y en la armonía del Pacto Federal.

Muchas gracias.

(aplausos)

EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputada Rosa Elena Baduy Isaac.

Ha solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos por cinco minutos, el diputado Eric Villanueva Mukul y se le concede.

EL C. DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL. Con su permiso, señor Presidente.

Señoras y señores diputados.

Ya en una sesión anterior, una buena cantidad de diputados de las tres principales bancadas en esta Cámara de Diputados, habíamos presentado el proceso que a nuestro juicio resultaba poco apegado a derecho para nombrar al Consejo Electoral del estado. Señalamos en esa ocasión a nuestro juicio y a juicio de diferentes sectores y partidos, el Congreso Local había violado su propia norma al elegir un Consejo Electoral que no reunía los requisitos y que no se apegaba al procedimiento establecido por la Ley Electora del estado de Yucatán.

Pero eso es historia, una nueva impugnación ante el Tribunal Federal Electoral dio como resultado un nuevo mandamiento para reponer procedimiento, de acuerdo al derecho establecido en la Ley Electoral Estatal. Después de aproximadamente diez días de ese resolutivo, el Congreso Local no ha acatado dicho resolutivo del Tribunal Federal Electoral. Estamos en estos días, en estas horas en los límites marcados por el propio Tribunal para que su dictamen sea acatado.

Por lo tanto, el Congreso Local está en el borde del desacato total de este mandamiento del Tribunal Federal Electoral.

El argumento de algunos miembros del Congreso Local es que se violenta la soberanía estatal al emitir el Tribunal por segunda ocasión, un mandamiento de reposición del procedimiento.

Sin embargo, el artículo 99 de la Constitución es muy claro cuando establece que el Tribunal Federal Electoral, es el órgano máximo en los procesos electorales en el país y que tiene atribuciones para intervenir en procesos electorales estatales.

Si los señores diputados de Yucatán no están de acuerdo con este mandamiento legal de la Constitución y de la Ley Electoral Federal, tienen dos caminos: Iniciar un juicio de inconstitucionalidad de dicha ley o preparar una iniciativa de ley para reformar la Constitución y reformar la Ley Electoral.

Pero el actual resolutivo del Tribunal Federal Electoral, como lo establece la propia Constitución, es inatacable y por lo tanto estén que ser acatada.

El Pacto Federal se basa en el acatamiento del marco de derecho que rige el país, y eso es para todos los mexicanos incluidos los diputados yucatecos y los gobernantes del Estado de Yucatán.

La bancada del PRD, quiere dejar clara su posición de que no existe más discusión sobre este tema; el resolutivo debe de ser acatado. Y en ese sentido yo quisiera convocar a las tres fracciones parlamentarias del Congreso Local a hacer un último intento por lograr un acuerdo que permita el nombramiento del Consejo Electoral Estatal ¡ no en el sentido de tener personeros. Es decir, ni el PRD ni el PAN, ni el PRI, tengan personeros en el Consejo Electoral Estatal, sino realmente como establece la propia ley, sea un Consejo Electoral ciudadano, que garantice transparencia; que garantice legalidad y legitimidad al proceso electoral; que por cierto, estamos ya sobre los tiempos electorales en el estado.

Si esto no fuera así, yo quiero pronunciarme porque esta Soberanía tendrá que vigilar que en acatamiento al resolutivo del Tribunal Federal Electoral, esta Soberanía vigile que los que se nieguen a acatar este resolutivo, deban de ser sancionados con todo el rigor que la ley y los procedimientos jurídicos establecen en este caso. Muchas gracias .

PRESIDENTE: Gracias diputado Erick Villanueva Mukul. .

Solicita el uso de la palabra el diputado Roger González Herrera, y se le concede hasta por 5 minutos, para rectificación de hechos.

DIP. ROGER GONZALEZ HERRERA: Con el permiso del presidente:

Los priístas de Yucatán no acaban de ponerse de acuerdo. Si en 1995 ganaron la alcaldía de la ciudad de Mérida, ¿por qué renunciaron a ella? ¿Cuándo se ha visto que el PRI gane una elección y generosamente se la entregue a un partido de oposición? Que digan quién les obligó a renunciar su supuesta renuncia, si acaso fue real, no significa una falsificación de la democracia? No le cumplieron entonces a los electores que confiaron en ustedes.

Y algo más: por qué en las siguientes elecciones, en 1998, el PAN refrendó el triunfo en Mérida con la votación más alta de su historia llevando la alcaldía a Patricio Patrón Laviada.

Por otra parte, decir que el Consejo invalidado fue plural y designado conforme a la ley es exhibir un cinismo sin límites.

EL C. PRESIDENTE: Señor Diputado Roger Antonio González, me permite interrumpirlo, por favor. Sonido a la Diputada Baduy Isaac.

LA C. DIPUTADA ROSA ELENA BADUY ISAAC (desde su curul): Señor Presidente: le quiero preguntar al Señor Diputado si me acepta una interpelación.

EL C. PRESIDENTE: Señor orador: ¿autoriza usted que se le formule una pregunta?

EL C. DIPUTADO ROGER GONZALEZ HERRERA: No. Si quiere al final puede pasar para rectificación de hechos.

EL C. PRESIDENTE: No se acepta, Señora Diputada. Continúe, señor orador.

EL C. DIPUTADO ROGER GONZALEZ HERRERA: El que se diga que el Consejo invalidado de Yucatán fue plural ya ni siquiera sus mismos correligionarios se lo creen.

Es necesario dejar en claro que el Trife actuó bien al invalidar, por segunda ocasión, el proceso para designación de los consejeros electorales en Yucatán. Acéptenlo, compañeros priístas, los tiempos han cambiado; hoy existen organismos independientes que no se dejan manipular por fuerzas del pasado o por intereses oscuros. Sólo les queda exhortar a sus correligionarios de partido en Yucatán que no se aparten de la ley y cumplan el mandato de la sala superior del Trife, puesto que de ninguna manera se viola el pacto federal.

El Trife es la instancia superior en el ámbito electoral que marcan nuestras leyes y códigos. Por nuestra parte estamos dispuestos a no permitir la creación de una república cerverista.

Y como decía anteriormente, los priístas no acaban de ponerse de acuerdo pues mientras en Yucatán los diputados amigos del gobernador se oponen con todo a acatar el fallo del Trife y dócilmente se aprestan a cumplir los caprichos del cacique en turno, en el Senado de la República el coordinador de dicho instituto político, Enrique Jackson, exige a sus correligionarios en Yucatán que pongan fin al conflicto electoral y acaten el fallo.

Voy a leerles parte de las declaraciones del líder priísta en la cámara alta, esperando que siendo compañero de ustedes le presten la atención debida y sigan sus consejos. Dice Jackson: "En las nuevas circunstancias del país, en esta pluralidad que nos dimos, lo único que nos permitirá ponernos de acuerdo es el respeto a la ley y la vigencia del estado de derecho. Eso garantiza que no haya atropellos ni abusos de una parte contra otra y, al mismo tiempo, permita atender las legítimas demandas de quienes se sienten agredidos por disposiciones de las autoridades. Los legisladores sólo pueden tener una posición, que se respete la ley, y ésta es inamovible".

Para Jackson, según declaraciones publicadas el día de hoy en El Diario de Yucatán sería un retroceso promover la desaparición del Trife.

Compañeros, ésta es la voz de uno de ustedes que nos despierta la esperanza de que no todo está muerto y que hay conciencia en algunos de ustedes.

Esperamos que dicho llamado encuentre eco en los bienes priístas que sé que existen, porque el reto es claro: quienes hacen las leyes deben aprender a respetarlas. Si no es ahí, qué esperanza le podemos dar a ciudadanía de que sus derechos y su libertad serán respetados.

Si los priístas de Yucatán consideran que debe desaparecer el Trife, la vía para manifestar su inconformidad y promover dicha iniciativa no es el desacato a sus resoluciones, como si se tratara de caprichos, sino por medio de los cauces legales y ante las instancias respectivas.

No hacerlo así invita a todos a no respetar nuestro marco jurídico y nos conduciría al retroceso y a que impere la ley de la selva.

Y para concluir simplemente quiero decir que los diputados panistas nos reservamos el derecho de promover un juicio político y el desafuero de la Presidenta de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados de Yucatán. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado González Herrera.

EL C. PRESIDENTE: Diputado Ramírez Marín, tiene usted el uso de la palabra, para rectificación de hechos, hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN [PRI] Con su permiso, señor Presidente.

Este debate debió haberse celebrado en una sesión anterior. El alto sentido parlamentario de los vicecoordinadores del PAN hizo que se pospusiera, que tuviera prioridad la instancia local.

Agradecemos el gesto porque es real, se trata de un asunto eminentemente local; se trata de un asunto que todavía no es nacional, pero un asunto que como advertía Eric Villanueva, pudiera tener graves connotaciones. Pero es injusto cargar esas connotaciones exclusivamente al congreso del estado de Yucatán.

En primer término, reflexionemos y reflejémonos en el gesto de dos fracciones que acuerdan posponer un debate, en Yucatán sería imposible.

Quiero leerles rápidamente algunos de los adjetivos que se han publicado en el periódico que da cuenta de los hechos de los diputados que se han opuesto sistemáticamente al diálogo en el Consejo de Yucatán: cínicos, serviles, ínfima calidad, mano del cacique, indignos, pastora de teñida cabellera llama a la Presidente del Tribunal, estoy leyendo el Diario Yucatán, el diario donde escribe uno de los diputados que nos antecedió en el uso de la palabra;

El que ha contribuido y creado y se aprovecha y se sirve de este clima de confrontación, que ha impedido un acuerdo para nombrar consejeros en el estado de Yucatán.

Los consejeros existían, durante dos elecciones, consejeros que re presentaban a toda la sociedad yucateca, representaron y desempeñaron un digno papel. Esta actitud impidió que esos consejeros se ratificaran.

Hoy me complace que defendamos al Trife como una instancia, lo haría. Pero quiero compartir esta preocupación: creo que el Trife pudiera ser una instancia, pero quiero compartir esta preocupación: ¿todos los actos que tienen qué ver con elecciones son electorales? No. Que venden propaganda, que es parte de las elecciones, pero no es un acto electoral; es un acto mercantil.

¿El acto del congreso de integrar el consejo electoral era el principio del proceso electoral? Falso. En su propia resolución el Trife dice que no puede admitir que los días inhábiles se distingan de los días hábiles porque no ha empezado el proceso electoral.

Entonces en qué calidad interviene el Trife en un acto legislativo, un acto del poder soberano del estado de Yucatán: integrar el consejo electoral. La legislación asienta efectivamente cuando comienza el proceso electoral: en la primera sesión del consejo electoral del estado. Y la elección federal nos dice en el Cofipe cuales son las instancias del proceso electoral. Y le dice al Trife: la Constitución que sólo puede intervenir en esos casos.

No es un capricho nada más del congreso de Yucatán. El congreso de Yucatán está hoy ciertamente en un grave problema, pero si el congreso está en un problema la sociedad está confundida. Si el que tiene que interpretar la Constitución no la interpreta bien, a qué podemos atenernos. Nosotros en el PRI, ustedes en el PRD, ustedes en el PAN.

No podemos confiarnos nada más de lo que diga, de lo que falle, porque tal parece que la concertación se trasladó de una oficina a otra y hoy se realiza peor que nunca en el seno de los tribunales que tienen que garantizar la legitimidad del proceso.

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución y nos especifica el Cofipe en qué consisten: preparación de elección, jornada electoral, resultados. En cuál de estas partes estamos. Ni siquiera se ha integrado el consejo electoral.

Una vez que fueron notificados los consejeros depuestos abandona ron su cargo. Una vez que la notificación del Trife surtió efecto. Es falso que el congreso haya ignorado al Tribunal Federal Electoral. La sesión en que dio cuenta su resolución duró 10 horas.

Más importante que el Trife, más importante que nada es nuestra actitud. Nosotros no podemos permitir que se vulnere una soberanía ni podemos permitir que un órgano, del que debemos ser absolutamente confiados por su carácter independiente, dé esta clase de bandazos jurídicos y viole de esta manera la Constitución.

Creo, como Eric, que hay que llamar al diálogo. Creo, en contra de lo que ha dicho otro diputado que me antecede, que no debemos darle paso a las opiniones del Senado o de las opiniones de cualquiera que muestre como un radical en este proceso; los radicales una y otra vez, del PRI y del PAN, han bombardeado las posibilidades de hacer efectivamente un proceso de consenso, un consejo de consenso

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Señor Diputado:

EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN [PRI]: Termino, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Por favor, porque su tiempo ha concluido.

EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN [PRI]: Es la hora, es la hora y vayamos creyendo en las palabras del diputado Abraham Cisneros Gómez: hay asuntos de competencia local que tienen que resolverse localmente, hay leyes, hay organismos, hay instituciones. Yo creo en él y defendería lo que dijo.

Muchas gracias.

[Aplausos de la fracción parlamentaria priísta]

EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias, señor Diputado.

Diputado Uuc-kib Espadas Ancona solicita el uso de la palabra para rectificación de hechos y se le concede hasta por cinco minutos.

EL C. DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA (PRD): Cuando escucho los argumentos con los que se pretende defender el desacato del Congreso del Estado de Yucatán, no puedo sino sentirme en medio de anacronismos.

Creo que los argumentos jurídicos que se han vertido acá para defender este desacato adolecen de una serie de defectos; no voy a profundizar en ellos, sólo quiero decir lo siguiente. El momento de argumentar en defensa de los actos del Congreso del Estado de Yucatán ya pasó, estamos ante una sentencia firme de un tribunal federal, no hay instancia de apelación. Esta resolución tiene imperio de ley. No hay manera de no cumplir la resolución del Tribunal Federal Electoral sin romper el orden constitucional y esto es un asunto que no es materia nada más de los yucatecos, que no es materia nada más de los priístas, aunque sí quiero decir que si yo fuera priísta estaría muy preocupado.

Alguien ha convencido a los priístas yucatecos de que el endurecimiento, el control de los procesos electorales, la privación de información a los representantes de los partidos, como ha venido haciendo el consejo espurio al que se le quiere dar vida ahora, son las vías para controlar a la oposición. Pero hagan memoria señores, la última vez que ustedes aplicaron esta lógica, que establecieron órganos electorales de consigna, que no permitieron el ejercicio de derechos políticos plenos a los yucatecos, al concluir ese periodo gubernamental la sociedad se los obsequió con un inmenso triunfo electoral para Acción Nacional, i Es eso lo que están buscando los priístas yucatecos me pregunto yo? ¿Es que tienen el profundo deseo de hacer triunfar a Acción Nacional como lo han logrado cada vez que recurren a estos mecanismos marcadamente autoritarios de acción política?

Yo, repito, me preocuparía mucho si fuera priísta, Pero también me preocupo siendo demócrata, porque no es el clima que se está generando en el estado de Yucatán el que vaya a permitir una elección que se asiente sobre las bases del diálogo civilizado y del raciocinio, ¡Están trabajando precisamente para construirse una enorme derrota! ¡No van a poder sostener a ese Consejo Electoral! ¡No hay manera! ¡Ese Consejo Electoral no va a poder calificar la elección ni darle mayoría a ninguna autoridad! ¡No existe jurídicamente!

¡No entiendo la insistencia de sostenerlo! ¡Y tampoco entiendo el pretender reducir esto a un problema de tiempos, en el que si se acata la resolución del tribunal se estarán trazando los tiempos electorales y en consecuencia se trabajará bajo presión y el proceso no se desarrollará adecuadamente! ¡No se pueden blandir estos argumentos instrumentales contra el argumento de fondo que es: ¿Hay condiciones para que el voto popular se ejerza dentro del orden constitucional de este país? Y la respuesta hoy evidentemente es que no!

Creo que de este problema no vamos a salir sobre los supuestos en los que el Congreso del Estado ha venido trabajando. Creo que es necesario abrirse, que es necesario acatar lo que no puede sino ser acatado, que es necesario iniciar de inmediato un proceso para establecer un Consejo Electoral legal y poder así avanzar a una elección abierta, a una elección de debate, a una elección donde todos podamos trabajar por conquistar el voto popular y no a una donde pretendiendo jugar con cartas marcadas, el PRI está construyéndose una inmensa derrota en los próximos procesos electorales.

Muchas gracias.

(aplausos)

EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Sonido al diputado Ramírez Marín, por favor.

EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN (Desde la curul): Pido la palabra para hechos, señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE: Tiene usted el uso de la palabra para hechos, hasta por cinco minutos, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

EL DPUTADO CARLOS RAMREZ MARIN: Señor presidente, muchas gracias, señores Diputados mis excusas por diferir esto, es un breve comentario compartimos esa preocupación, los priístas de Yucatán estamos tan preocupados como los perredistas y los panistas, nosotros queremos que haya elecciones, el problema es no que lo digamos aquí, sino que exhortemos a nuestros respectivos representantes en Yucatán a que lo hagan allá.

El Consejo anterior representaba muy dignamente criterios de izquierda, de centro y de derecha y funcionaba, fue un error evitar la ratificaci6n de ese Consejo, nos quit6 mucho tiempo. No defiendo el desacato del Congreso? porque no le toca al Congreso, a la Cámara de Diputados decretar el desacato del Congreso de Yucatán, en todo caso le corresponderá al TRFE en su momento y ha dicho que esperará los plazos necesarios.

Quiero además señalar una muestra de como cuando los partidos hacemos un esfuerzo las cosas funcionan. Integraron este Consejo espúreo que, como lo llamas tú, pero que era un Consejo constituido y que se acaba de desintegrar, integraron 105 Comités Municipales, Consejos Municipales por consenso; ahora ese trabajo será desperdiciado, integraron 15 Consejos Distritales por consenso integrando la opinión y las fuerzas políticas de todos los municipios, luego sí se puede hacer, es cuestión de esfuerzos.

No nos preocupa conculcarle ni un centímetro de voluntad a la ciudadanía, hasta hoy su voto nos ha favorecido, con buenas, con regulares, con medianas y con extraordinarias administraciones. Tenemos que defender ese voto en el momento del proceso electoral, lo que nos preocupa es que no pueda empezar el Consejo Electoral, no se trata de retroceder a juzgar la resolución del TRFE sino exhibirle a la ciudadanía porque finalmente el asunto se trajo aquí, la preocupación que tenemo6 que tener de un Tribunal Federal que no está cumpliendo con su cometido.

Muchas gracias (aplausos)

EL C. PRESDENTE: Muchas gracias diputado Ramírez Marín.

Honorable Asamblea, el punto de comentarios sobre la integración del Gabinete a petición del grupo parlamentario del PRD se pospone para siguiente sesión,

Y el punto de Pronunciamiento sobre la Reestructuración del Sector Eléctrico, a petición del grupo parlamentario del PRD, se pospone para la próxima sesión (aplausos) Quedando entonces sólo por desahogar el punto de Pronunciamiento sobre la Situación de los Pensionados y Jubilados de las instituciones de Seguridad Social, Se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, al diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel del grupo parlamentario del PRD.

EL DPUTADO CUAUHTEMOC MONTERO ESQUVEL (P.R.D.): Con su permiso señor Presidente. La deuda social con los jubilados y pensionados, los otros olvidados. Compañeras y compañeros Diputados, uno de los objetivos programáticos de mi partido el de la Revolución Democrática, es rescatar y fortalecer la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los derechos sociales, una de cuyas expresiones más acabadas en nuestro país es el derecho a la seguridad social, consagrado por los constituyentes en 1917 en el Artículo 123 Fracción XXX Constitucional, cuyo texto original desde entonces consideró la utilidad pública, la protección social de los trabajadores ante los riesgos del propio trabajo; la invalidez y la vejez.

El derecho a la seguridad social en nuestro país no fue una graciosa concesión del capital y de los distintos gobiernos del mundo del trabajo, fue resultado de luchas históricas de los trabajadores asalariados, de los sectores públicos y privados, del campo y la ciudad, por conquistar mejores condiciones de trabajo y de vida para ellos y sus familiares.

El derecho a la seguridad social junto con los derechos del trabajo remunerador, a la educación y a la propiedad social de la tierra no solo dieron lugar al nacimiento de la primera Constitución social del mundo sino que permitieron a nuestro país la estabilidad social necesaria para el impulso de un largo período de crecimiento económico.

Es necesario recordar que nuestra Constitución consigna el derecho a la seguridad social como un sistema de solidaridad obrera y solidaridad social mediante el cual se comparten las cargas derivadas del proceso productivo y de la actividad pública,

El derecho a la seguridad social se estableció como un mecanismo efectivo de redistribución de la riqueza nacional para beneficiar al colectivo, pero sobre todo para beneficiar a los trabajadores asalariados, derechohabientes y a los trabajadores en retiro que por sus condiciones socioeconómicas más lo necesitan, siempre bajo un enfoque de beneficios públicos e integrales .

Desde la aprobación en 1942 de la Ley del Seguro Social, pasando por la expedición de la Ley del SSSTE en 1959, el derecho a la seguridad social siguió invariablemente una ruta ascendente en su desarrollo, fortaleciendo sus pilares de integridad, solidaridad, redistribución y su función pública y social; la ampliación de la cobertura a grupos de población sin relación salarial o patronal que tuvo lugar con una nueva Ley del Seguro Social de 1973, teniendo al Estado como sujeto solidario abrió a nuestro país el camino hacia la universalización y consolidación de sus principios, aspiraciones que hoy más que nunca parecen estar mas lejos de ser una realidad.

No obstante, el innegable avance en nuestras instituciones de seguridad social durante varias décadas, la larga fase de estancamiento con inflación de los años '80 y el lento e inestable crecimiento de los años '90 afectaron estructuralmente su capacidad de respuesta, de crecimiento y de calidad, sus beneficios, particularmente las pensiones pagadas más allá de los factores demográficos y epidemiológicos que se dividen para apoyar las reformas recientes al MSS y para promover la del SSSTE, han sido el lento crecimiento del empleo privado, el estancamiento del empleo público, las devaluaciones, la inflación, la carda de los salarios reales durante todos estos años, los factores estructurales que han empobrecido las pensiones y puesto en jaque los sistemas públicos de seguridad social.

A la deuda social de nuestro país se suman hoy miles de jubilados y pensionados del MSS y del SSSTE que día con día ven empobrecer sus pensiones y se les arroja a una sobrevivencia precaria y a los futuros jubilados se les promete que con la reforma de los sistemas de pensiones, sus percepciones mejoraran al seguir la filosofía individual y del Robinson Crusoe y del mercado.

Con la reforma de diciembre del '95 a la Ley del Seguro Social que privatizó las pensiones, se dio marcha atrás a las aspiraciones de consolidar este derecho como un derecho social solidario y redistributivo para transitar hacia otro régimen privado e individual en el que cada trabajador, a partir de su esfuerzo individual logre el nivel de beneficio para su retiro que le permita su propia capacidad de ahorro.

En otras palabras, se individualizan los riesgos y se socializan las pérdidas, se encomienda con un mayor costo para la sociedad la administración e inversión de los fondos de pensiones de los trabajadores a instituciones financieras privadas y se socializan los riesgos de su administración, inversión y gestión.

Quiere decir entonces que con la reforma nada cambió, excepto que una parte cada vez mayor de la masa salarial de este país ahora se desvía por concepto de comisiones como ganancias hacia los grupos financieros nacionales y extranjeros, elevándose con ello los costos para toda sociedad.

Como es por todos conocido, esta reforma no fue aprobada por la oposición incluido el PAN durante los trabajos de la LV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión; con la reforma, señoras y señores diputados, tampoco nada cambió para los poco más de un millón 800 mil pensionados del MSS, quienes recibieron como pensión la cuantía mínima correspondiente a un salario mínimo, es decir, 1,137 pesos mensuales y las viudas deben sobrevivir con solo el 90% de ese salario y solo pueden esperar que año con año se incremente 5U pensión con el incremento que se pacte de los salarios mínimos, que por lo demás, siempre se ubica por debajo de la inflación.

Todos los trabajadores pensionados antes del primero de julio del '97 sólo encuentran en la nueva Ley del Seguro Social la promesa de que el Estado continuará pagando sus pensiones en los términos.

Señoras y señores diputados: Los pensionados del MSS no pueden verse como un costo fiscal como pensiones en curso de pago, como un pasivo incómodo de la reforma del sistema de reparto, por otro, de capitalización individual, no compañeros son mexicanos y mexicanas que dieron su vida y esfuerzo productivo por este país.

El Instituto Mexicano del Seguro Social y el derecho a la seguridad social no pueden verse desde una óptica hacendaria, por ello nos preocupa también que la Dirección General del Instituto se haya designado a un personaje que en su caso por la Subsecretaría de Egresos de Hacienda se caracterizó por desmantelar y desarticular la política social y desaparecer importantes programas sociales para combatir la pobreza, el Presidente Electo designo como Director del MSS a Santiago Levy, quien substituyo la Política social del estado mexicano por un paquete de acciones de beneficencia y calidad pública y desde un altruismo mal entendido, desconociendo los derechos sociales constitucionales.

Por ello, estaremos mas atentos que nunca frente a la pretensión de profundizar la política de desmantelamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por otra parte, la situación de los jubilados y pensionados del ISSSTE no es mucho mejor en tanto a la cuantía mínima, se ubica en 1.2 salarios mínimos, esto es 1,364 pesos mensuales que resultan insuficientes para adquirir la canasta de productos básicos alimenticios, cuyo costo se sitúa en 2.552 pesos mensuales. Ello quiere decir que las pensiones de los jubilados y pensionados del ISSSTE sólo pueden pagar el 50% de esa canasta básica alimenticia, el problema se agrava si se toma en cuenta que el mecanismo empleado desde 1992 para el ajuste de las cuantías de las pensiones, atado al aumento del salario mínimo se ha traducido en una pérdida de la capacidad de compra de sus pensiones,

Qué decir, compañeras, compañeros diputados, de la situación por la que atraviesan los trabajadores ferrocarrileros jubilados antes del año de 1 982, quienes ni siquiera gozan de una pensión jubilatoría del MSS y sobreviven en la miseria, esperando que se cumpla la promesa presidencial de pago de sus pensiones correspondientes.

Precisamente, frente a esta grave problemática, la Honorable Cámara de Diputados de la pasada LV Legislatura aprobó por un lado reformas a la Ley del Seguro Social con el fin de saldar la deuda con los jubilados y pensionados del MSS, aprobados por la ley derogada, y por otro lado aprobó una reasignación de recursos del ramo 19, aportaciones a seguridad social, por la cantidad de 3 mil millones de pesos, con el fin de aumentar este año la cuantía mínima de las pensiones del IMSS.

De nueva cuenta nuestro grupo parlamentario convoca a las demás fuerzas Políticas aquí representadas para que no pasemos por alto la deuda social que tenemos todos los mexicanos con los pensionados y jubilados de este país.

Los convocamos a que con voluntad Política y justicia social aprobemos las reformas necesarias para promover una vida digna de los pensionados y sus familias, de no lograrse a tiempo los consensos necesarios para alcanzar reformas legales, promovamos entonces la asignación de recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, que permitan incrementar hasta en un 10% las pensiones de cuantía mínima que paga el IMSS, que permitan incrementar las cuantías de las pensiones del ISSSTE de acuerdo al aumento que reciban los sueldos de los trabajadores en activo y que permitan pagar al IMSS los capitales constitutivos necesarios para el pago de las pensiones a los ferrocarrileros jubilados antes de 1982.

El Presidente electo Vicente Fox dijo en su mensaje radial el sábado pasado que la mejoría de las pensiones de logrará con la mejoría de la economía, no obstante, señoras y señores diputados todos nosotros somos testigos que los jubilados y pensionados de todo el país nos reclaman a sus representantes populares que esa mejoría no se deje para mañana, sino que se resuelva hoy, hoy señores diputados, no puede haber estabilidad social y Política para el crecimiento económico si no se saldan las distintas deudas sociales provocadas por 20 años de Políticas de ajuste y estabilización económica.

Las prioridades en todos estos años han estado en otro y para ilustrarlo cito el Diario Británico Finances Time con el costo del FOBAPROA, en 1988 bien podrían pagarse las pensiones de jubilación de todos los mexicanos en los siguientes 25 años.

Y para todos aquellos grupos y sectores, termino, señor Presidente, de dentro y fuera de nuestro país que claman por un nuevo festín de privatizaciones a la dimensión social del desarrollo y de los espacios definitorios de derecho a la seguridad social y para quienes ante los problemas estructurales que afectan a seguridad social y sus instituciones, sólo ven como única salida la promoción del mercado y del sector privado, es necesario que les recordemos las palabras del Presidente Manuel Avila Camacho, como la protección impartida por el Seguro Soci8al entraña una función de interés publico no puede ser encomendada a empresas privadas, sino que el estado tiene el derecho de intervenir en su establecimiento y desarrollo, la seguridad social es un fenómeno esencialmente colectivo de solidaridad industrial que no puede resolverse individualmente.

Muchas gracias.

Firman este pronunciamiento los diputados del PT, de Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista y de Convergencia por la Democracia.

Muchas gracias.

EL C. PRESDENTE: Gracias, diputado Cuauhtémoc Montero.

Para referirse a este tema ha solicitado el uso de la palabra el diputado José Marra Rivera Cabello, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y se le concede hasta por 10 minutos.

EL DIP. JOSE MARIA RIVERA CABELLO: Con la venia de la Presidencia. Compañeros diputados:

El problema de los pensionados a nivel nacional se asemeja al problema que se presenta diariamente en millones de familias mexicanas. Los abuelos no tienen posibilidades de empleo, sus ingresos son limitadísimos, y los jóvenes tienen que resolver el problema de apoyar a sus mayores, atender las necesidades de salud, educación y alimentación de sus niños y asignar dinero para la vida familiar, la vivienda y los servicios. Es más, no hay que olvidar que si la situación de los pensionados es difícil, lo es más la de los ancianos que en el mejor de los casos sólo tienen el apoyo de sus hijos. Pero tampoco debemos olvidar las causas que explican el deterioro del nivel de vida de quienes se encuentran hoy o se acercan a la vejez.

Si examinamos las opciones de ahorro que tenía un adulto joven en 1970, encontraremos que éstas eran limitadísimas, y por si fuera poco, las crisis recurrentes, la inflación desatada, el desempleo que ha caracterizado los últimos 30 años de la historia de México, destruyeron las posibilidades de construir un patrimonio o un ahorro para la vejez.

La difícil situación económica de esta población, de la población jubilada y de la población de edad avanzada, es el saldo de estos 30 años de mal manejo económico del país y de los sistemas de pensiones públicos, porque los sistemas de pensiones públicos se encuentran hoy, a excepción del Seguro Social que fue ya rescatado, sin reserva alguna y dependiendo del subsidio del Gobierno Federal para cubrir las pensiones en curso de pago cada periodo.

Y es conveniente traer a esta tribuna un examen breve del uso del dinero público para fines de pensiones. El dinero público para fines de pensiones muestra una gran inequidad entre trabajadores, así, un pensionado promedio del IMSS recibe mensualmente mil 236 pesos, un pensionado promedio del ISSSTE recibe al mes 3 mil 772 pesos. En otras palabras, los pensionados del ISSSTE ganan en promedio tres veces más que quienes cotizaron al Seguro Social, pero existen más diferencias en las pensiones que se financian con dinero público.

Las pensiones que reciben los ex trabajadores del Seguro Social son en promedio cuatro veces mayores que las pensiones de los que cotizaron al IMSS desde cualquier empleo de la iniciativa privada. Los pensionados de la Comisión Federal de Electricidad ganan en promedio cinco y media veces más que el pensionado típico. El pensionado promedio de PEMEX gana 6 veces más, y el caso extremo; el pensionado promedio de la Compañía de Luz y Fuerza gana 10 veces más que los pensionados del Seguro Social. Es más, los pensionados de la Compañía de Luz y Fuerza ganan el doble en promedio que los trabajadores que están en activo.

Este simple recuento nos permite advertir que existe un uso muy desigual de los fondos públicos para el pago de pensiones, por lo tanto, debemos abordar este tema con estas desigualdades en mente, para actuar en consecuencia para apoyar en primer término a quienes tienen más necesidades de apoyo.

Y como dijimos, el problema de los pensionados es similar al que viven las familias mexicanas, por lo tanto, la manera viable de llevar apoyo, de auxiliar en el ingreso a los pensionados, comenzando por los que necesitan más, tanto porque su ingreso es menor como porque sus capacidades están más minadas, es hacer una convocatoria a la nación, una convocatoria a la población más joven, a la población que está en posibilidades de trabajar, que tiene sus capacidades, para contribuir, porque ésta es la única fuente de apoyo para nuestros mayores.

La manera en que daremos un apoyo y un incremento a la percepción de los pensionados, solamente puede venir por una mayor recaudación de ingresos fiscales porque esto es soportar la carga de apoyar a quienes ya no tienen capacidades productivas, en quienes si' la tienen y se encuentran trabajando.

Esta es una convocatoria a un esfuerzo conjunto, de la misma manera que en cada hogar los hijos hacen sacrificios por sus padres en agradecimiento a lo recibido en la niñez.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias. Gracias diputado Rivera Cabello.

Para referirse al mismo tema, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Del Río Virgen, de Convergencia, y se le concede hasta por diez minutos.

EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados a esta mermada audiencia de la Cámara de Diputados, me quiero dirigir solamente dos minutos para decirles lo siguiente.

Primero el problema de las pensiones del ISSSTE, particularmente que es un caso que conozco muy bien, no es un problema de financiamiento, tampoco es un problema de tener que privatizar las pensiones, tampoco es un problema de rentabilidad el problema financiero de las pensiones del ISSSTE es un problema de manejo y de viabilidad financiera que se puede manejar perfectamente bien ya con una serie de proyectos que tiene el mismo Instituto y que hablan de rescatar y retrotraer el viejo esquema del Instituto de Pensiones.

Yo estoy de acuerdo con mis compañeros del PRD, he platicado bastante con mis compañeros del PRI y particularmente con el compañero del Partido Acción Nacional que me acaba de anteceder en el uso de la palabra y coincidimos básicamente que el problema de las pensiones en México es un problema de viabilidad financiera y es un problema básicamente también de moral republicana, y les diría básicamente por que hemos llegado a determinar con algunos compañeros de los partidos que mencione de moral republicana.

Primero porque las aportaciones de los trabajadores en activo en el caso particular del ISSSTE, tienen viabilidad financiera si se maneja con mucha transparencia, con mucha honradez y como una proyección de carácter financiero.

¿Por qué las diferencias existen en cuanto a las pensiones? Miren ustedes, daré un dato que les va a llamar la atención. Mientras que en el ISSSTE particularmente esta última administración, la Dirección General se abocó al estudio financiero de las pensiones y el último recuento que tienen radica en que los activos financieros del ISSSTE son cinco a uno, en el IMSS no existe esto.

En el caso de los trabajadores de PEMEX y en el caso de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad el tipo de cotización es totalmente diferente.

A mí me parece que lo verdaderamente rescatable aquí es en el caso de los trabajadores del ISSSTE, ir al fondo del problema y reformar el artículo 57 de la Ley del ISSSTE, si no vamos a seguir teniendo manifestaciones de los compañeros y de las compañeras jubiladas y pensionados del ISSSTE porque su pensión promedio que difiere un poco con lo que aquí se dijo, es de alrededor de 1875 pesos, 10 mil trabajadores aproximadamente, extrabajadores del ISSSTE, pensionados y jubilados tienen un salario mínimo y solamente 6 mil 142 trabajadores tienen la pensión mayor.

Esto si trabajaremos en un estudio comparativo como se jubilan algunos jubilados y pensionados del Poder Judicial Federal, tal vez deberíamos de llegar exactamente a tener ese paradigma, de que todos, absolutamente todos nos jubiláramos como se jubilan en el Poder Judicial Federal, mediante mecanismos de viabilidad financiera muy prácticos que logró el Poder Judicial Federal y particularmente los mandos medios y superiores del Poder Judicial Federal.

Así es que el problema de las diferencias de pensiones radican en tres cosas, una es en el pago de la cuota cuando eres trabajador en activo, la otra es en el manejo de la viabilidad financiera y el fondo de pensiones que se ha manejado muy sanamente y la muy particular que yo creo, en el caso de los trabajadores del ISSSTE, insisto, que debemos retrotraer el viejo Instituto de Pensiones para ahí depositar todas las aportaciones de los trabajadores en activo, porque finalmente termino con esto el problema no es del ISSSTE, el problema es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que recoge todas las aportaciones de los trabajadores al Servicio del Estado y luego manda un presupuesto a esta soberanía para que se apruebe y eso es exactamente lo que se le da al ISSSTE, pero la Secretaría de Hacienda se queda absolutamente con todo, todas las cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo.

Muchas gracias señores y señoras diputados.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

EL DIP. CUAUHTEMOC RAFAEL MONTERO (Desde su curul): Señor Presidente, solicito el uso de la palabra.

EL PRESIDENTE: El diputado Montero solicita el uso de la palabra para hechos y se le concede por cinco minutos.

EL DIP. CUAUHTEMOC RAFAEL MONTERO: Gracias, señor Presidente. Solicité el uso de la palabra nada más para hacer algunas precisiones,

Aquí se esta hablando de no hacer una carga fiscal a los contribuyentes. Nos dice el compañero y amigo el diputado José María Rivera que había de preguntarles a los jóvenes trabajadores, si una pregunta que surge, ¿Acaso se les preguntó a los trabajadores para pasar esa deuda de cien mil millones de dólares al I PAB?, ¿acaso se les preguntó a los mexicanos si estaban de acuerdo? Se les preguntó y dijeron que no y esta Cámara de Diputados, la LVII Legislatura aprobó que esa deuda financiera se fuera para que la pagaran todos los mexicanos, Eso por un lado,

Representa el 10 % de aumento, de incremento en las cuotas que perciben los pensionados del IMSS. Eso significa que dos millones aproximados, de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social pueden recibir 1, 300 y poquito más de pesos. Esto significa que si lo hacemos como la pasada legislatura de este año que finaliza, tendría este congreso que estar aprobando 2, 91 0 millones de pesos aproximadamente para los jubilados del IMSS, para los pensionados, por un lado.

Para los trabajadores del ISSSTE, estaríamos pidiendo, estaríamos, primero, reformando el artículo 57 en su párrafo tercero para que las cuotas que perciben sean en relación directa al salario en activo de los trabajadores, es decir, de la burocracia.

Por otro lado, estaríamos pidiendo entonces que este Congreso apruebe una partida presupuestal adicional del orden de los 600 millones de pesos para saldar la situación que prevalece en esos pensionados.

Creo que es justo que este congreso se manifieste, se pronuncie en favor para que todos aquellos que le han dado, que dieron la grandeza de este país pueda el Estado retribuirles parte de lo que han perdido producto de las malas Políticas. En ese estamos de acuerdo, compañero diputado, producto de las malas políticas que han prevalecido en los últimos años.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Honorable Asamblea: Han transcurrido más de siete horas de sesión; han participado 52 diputados; se han retirado seis puntos del orden del día y con la última intervención han quedado agotados los asuntos agendados,

Participaron en la sesión de hoy 15 diputadas y diputados del PRI; 10 del PAN; 12 del PRD: 7 del PT; 4 del Verde Ecologista: 2 del Partido de la Sociedad Nacionalista y 2 de Convergencia por la Democracia, En total 52 oradores en los temas que se abordaron en esta sesión.

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LA SECRETARIA DIP, ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Señor Presidente se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

Se da lectura al orden del día de la próxima sesión.

EL PRESIDENTE (A las 18:44 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 29 de noviembre a las once horas.