SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII
LEGISLATURA,
DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: (10:35
horas): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del
cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Se informa a
la Presidencia que existen registrados previamente 405 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
EL C. PRESIDENTE: Se abre la sesión.
LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA, INSÉRTESE
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA
12 DE SEPTIEMBRE DE 2000
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
Comisión).
De reformas. a diversos artículos del Código Penal Federal Código
Federal de Procedimientos Penales y a la .Ley de Amparo, a cargo del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo sobre la necesidad de actualizar y en su caso
modificar la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del C. Dip. Enrique Herrera
Bruquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a las Elecciones en el Estado de
Tabasco, a cargo de la C. Dip. Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre las Elecciones en el Estado de Tabasco, a
cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión)
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE GOBERNACION, ANALISIS DEL VI INFORME DE
GOBIERNO POLITICA INTERIOR
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LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION,
CELEBRADA EL JUEVES SIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE
SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
En la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con
dieciséis minutos del jueves siete de septiembre de dos mil y la asistencia de
cuatrocientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de
la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra la
diputada electa en el tercer distrito del Estado de Morelos, Maricela Sánchez Cortés y
designa una comisión que la introduzca y la acompañe en el acto de rendir su protesta de
ley.
Terminado el acto protocolario, la diputada Sánchez Cortés toma
posesión de su encargo de inmediato.
El Presidente da lectura al Bando Solemne, que da a conocer en toda la
República la declaración de Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos, a favor
del ciudadano Vicente Fox Quesada. Publíquese en el Diario Oficial, en los periódicos
oficiales de las Entidades Federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de
los estados, del Distrito Federal y de los municipios.
La Secretaría da lectura a dos comunicaciones del Presidente de la
Mesa Directiva, respecto a dos dictámenes de la Sección Instructora, relacionados con
los ciudadanos: Germán Castañeda Rodríguez y Miguel Angel Garza Vázquez, donde se
anuncia que queda sin efectos el deber de la Cámara de Diputados de erigirse en Jurado de
Procedencia, para conocer de los mismos. De enterado; archívense los expedientes.
Se recibe invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México,
para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo quincuagésimo tercer
aniversario de la defensa heroica del Molino del Rey. Se designa a los diputados: Hilda
Josefina Amalia Anderson Nevárez, Mónica Serrano Pena y Gregorio Urías Germán, para
representar a la Cámara de Diputados.
Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:
Del Poder Judicial del Estado de Coahuila, sobre trabajos propios de
sus actividades. De enterado.
Del Congreso del Estado de Morelos, con el que remite punto de acuerdo
referente al Registro Nacional de Vehículos. Se turna a la Comisión de Comercio y
Fomento Industrial.
Para presentar diversas iniciativas, se concede el uso de la palabra a
los diputados:
Fanny Arellanes Cervantes, del Partido Acción Nacional, con proyecto
de decreto que reforma los artículos: treinta y cinco, treinta y seis, cuarenta, setenta
y uno, setenta y tres, ciento quince, ciento veintidós, ciento treinta y cinco de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales y Sistema Federal;
Alejandra Barrales Magdaleno, del Partido de la Revolución
Democrática, con proyecto de decreto que reforma las leyes: de Vías Generales de
Comunicación; Reglamentaria del Servicio Ferroviario; de Aeropuertos; de Aviación Civil;
y Federal de Telecomunicaciones. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes;
Olga Patricia Chozas y Chozas, del Partido Verde Ecologista de México,
con proyecto de decreto que reforma el numeral 2, del artículo 39 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias;
Desde su curul el diputado Blake Mora, solicita que su intervención
sobre la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, se retire y se agende en la próxima sesión. El Presidente realiza lo
conducente.
La Secretaría da lectura a oficio de la Secretaría de Gobernación,
por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que diez ciudadanos
puedan prestar sus servicios en diversas representaciones diplomáticas de gobiernos
extranjeros; y se comunica que otros cinco ciudadanos, han dejado de prestar servicios en
la Embajada y Consulados Generales del Gobierno de los Estados Unidos de América, en
México. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos se turna a la Comisión de
Gobernación, Población y Seguridad Pública y sobre los ciudadanos que han dejado de
prestar servicios, se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de
Senadores, para su conocimiento.
La Secretaría informa que al cierre de registro de asistencia, se
encuentran cuatrocientos setenta y dos diputados presentes.
El diputado Silverio López Magallanes, del Partido Revolucionario
Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo respecto del fortalecimiento de
la infraestructura carretera en el Estado de Zacatecas. Se turna a las comisiones de
Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal.
Se concede el uso de la palabra sobre el mismo tema a los diputados:
Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; Emilio Rafael José
Goicoechea Luna, del Partido Acción Nacional.
El diputado Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional,
presenta proposición con punto de acuerdo, referente al Registro Vehicular.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Para hablar sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra a la
diputada María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Desde sus curules los diputados: Amador Rodríguez Lozano y Uuc-Kib
Espadas Ancona, realizan aclaraciones a las que la Presidencia da respuesta.
Rectifican hechos sobre el mismo tema, los diputados: Félix
Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; José Antonio Calderón Cardoso, del
Partido Alianza Social; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia
Partido Político Nacional; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario
Institucional; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional; y David Augusto
Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática. Suficientemente discutido.
Sube a la tribuna el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la
Revolución Democrática, quien presenta proposición de punto de acuerdo en relación a
los hechos recientes ocurridos en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Se
turna a la Junta de Coordinación Política.
Sobre el mismo tema, los diputados: Lionel Funes Díaz, del Partido
Acción Nacional;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
José Gerardo de la Riva Pinal, del Partido Revolucionario
Institucional;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Alejandro Gómez Olvera, del Partido de la Revolución Democrática; y
Jorge Alberto Rodríguez Pasos, del Partido del Trabajo.
Rectifican hechos, los diputados: Lucio Fernández González, del
Partido Acción Nacional; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución
Democrática, quien propone modificación a la proposición presentada. Se turna a la
Junta de Coordinación Política.
Hace uso de la palabra el diputado Francisco Patiño, del Partido de la
Revolución Democrática, quien presenta proposición con punto de acuerdo relativo a la
situación de vehículos extranjeros en el país. Se turna a la Junta de Coordinación
Política.
Para el mismo tema la diputada Rosa Delia Cota Montano, del Partido del
Trabajo.
Rectifican hechos, los diputados: Alonso Ulloa Vélez, del Partido
Acción Nacional; y Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Manuel Orozco Garza, del Partido Acción Nacional, presenta
proposición con punto de acuerdo en relación con las cajas de ahorro. Se considera de
urgente resolución.
Desde su curul el diputado Amador Rodríguez Lozano realiza
aclaraciones de procedimiento a las que el Presidente da respuesta.
Continúan con el tema de las cajas de ahorro, los diputados: Sergio
Acosta Zavala, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Israel Ortiz Ortiz, del
Partido Revolucionario Institucional; y Herbert Taylor Arthur, del Partido Acción
Nacional. Aprobado el punto de acuerdo.
Fijan la posición de los partidos políticos representados en la
Cámara de Diputados, en relación al Sexto Informe de Gobierno, los diputados: José
Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional;
Gustavo Riojas Santana, a nombre de los partidos Alianza Social y Sociedad Nacionalista;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de
México; Gregorio Urias Germán, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel de
Jesús Espino Barrientos, del Partido Acción Nacional; y Oscar Guillermo Levín Coppel,
del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Sobre la problemática que confrontan los productores sinaloenses en la
comercialización del maíz, presenta pronunciamiento el diputado Jesús Burgos Pinto, del
Partido Revolucionario Institucional.
Para hablar sobre el mismo tema, los diputados: Petra Santos Ortiz, del
Partido de la Revolución Democrática; Juan Manuel Martínez Nava, del Partido
Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Librado Trevino Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional; y
Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional.
El diputado Gustavo Lugo Espinoza, del Partido Revolucionario
Institucional, presenta pronunciamiento en materia de política exterior.
Intervienen sobre el mismo tema, los diputados : Raúl Gracia Guzmán,
del Partido Acción Nacional; Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución
Democrática; Erika Elizabeth Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente da lectura a una comunicación personal del diputado
José Félix Salgado Macedonio, sobre acontecimientos ocurridos el fin de semana próximo
pasado. De enterado.
El Presidente de la Mesa Directiva informa de la instalación de la
Junta de Coordinación Política y de la Conferencia para la Dirección y Programación de
los Trabajos Legislativos.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con
cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el martes doce de septiembre de dos mil,
a las once horas.
Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra,
en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo
(VOTACION)
Aprobada, Señor Presidente
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORGON
VILCHES:
APENDICE No. 1
LECTURA A COMUNICACION DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA, INSÉRTESE
En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Aprobado el punto de acuerdo.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Secretario.
Pasando al siguiente punto del orden del día, iniciativas de los
ciudadanos diputados, tiene la palabra el Diputado José Francisco Blake Mora, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas a la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
EL C. DIPUTADO JOSE
FRANCISCO BLAKE MORA (PAN): Con su venia, señor Presidente.
"Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión":
"Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55
fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente
Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 10 segundo y tercer párrafos, 11, 12, 13
párrafo segundo, 14, 15, 16, 17 párrafo primero, 18, 19, 20, 21, 22, 23 párrafo segundo
y tercero, 24 párrafo primero, 25, 26, 27, 30, 31, 33 segundo párrafo, 35, 36, 38 y 43
de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la
siguiente
"Exposición de Motivos
La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la
ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En este título se establecen los lineamientos generales que rigen a los
sujetos, causales y procedimiento en general del juicio político.
La ley secundaria desarrolla estos lineamientos generales, por lo que
establece el procedimiento que se desarrolla en ambas Cámaras del Congreso a fin de
fincar o no responsabilidades de carácter político a los servidores públicos
mencionados en el artículo 110 de la Constitución Federal.
Esta ley señala que una vez presentada la denuncia de juicio político
se envía a la "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia" la cual cuenta con treinta
días hábiles para determinar si el denunciado es de los servidores públicos que pueden
ser sometidos a juicio político; si la denuncia contiene los elementos de prueba que
justifiquen alguna de las causales y si la conducta que se denuncia constituye una
infracción, y la probable responsabilidad del acusado.
Cuando la Subcomisión de Examen Previo se pronuncia por la necesidad
de iniciar el juicio político, deberá remitir su resolución al Pleno de las Comisiones
Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para formular la
resolución correspondiente y ordenar se turne la denuncia a la Sección Instructora.
Ahora bien, derivado de la creación de la nueva Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se redujo el número de comisiones en la
Cámara de Diputados, haciéndolas coincidir en lo general, con los despachos del Poder
Ejecutivo a fin de fortalecer el trabajo y especialización de las mismas.
Las tareas de la "Comisión de Gobernación y Puntos
Constitucionales" quedan incluidas en la "Comisión de Gobernación, Población
y Seguridad Pública". Los asuntos relativos a puntos constitucionales serán
conocidos por otra distinta: "Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema
Federal". Por lo que se refiere a la de "Justicia", ésta se une con la de
"Derechos Humanos" y por tanto se denominará: "Comisión de Justicia y
Derechos Humanos".
La presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco normativo
de la Ley Federal de Responsabilidades a lo establecido por la nueva Ley Orgánica del
Congreso, incluyendo las referencias que se hacen a la figura de "Gran
Comisión" y "Oficial Mayor" misma que deberán sustituirse por las nuevas
figuras denominadas "Junta de Coordinación Política" y "Secretario
General de la Cámara de Diputados."
En consecuencia el nombre de la Subcomisión de Examen Previo y de las
Comisiones Unidas que intervienen en el desarrollo del juicio político deberá ser
modificado, a saber: "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de
Gobernación, Población y Seguridad Pública, y Justicia y Derechos Humanos".
Consideramos que la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal no
debe quedar incluida en el conocimiento de las facultades materialmente jurisdiccionales,
por la materia de su competencia.
Por otra parte, en las aplicaciones de la ley que nos ocupa, siempre
inconclusas por cierto, resalta la necesidad de aclarar el procedimiento en materia de
juicio político así como construir uno propio y claro para la declaración de
procedencia.
Por esta razón y con la finalidad de que el procedimiento cumpla con
el principio de Justicia pronta y expedita, resulta necesario establecer nuevas reglas y
plazos que generen una avance agilizándolo en forma adecuada.
Juicio Político
Con relación al Juicio Político, la ley que nos ocupa contiene una
serie de imprecisiones y formulas inconvenientes que van desde la integración en número
par de las Sección Instructora y de enjuiciamiento hasta la falta de claridad del órgano
cameral que determina su integración. Por ello proponemos que las citadas secciones se
integren a partir de un número de cinco miembros, lo cual resulta más racional que la
fórmula vigente que es sólo de cuatro. Así mismo, consideramos la reforma pertinente en
el artículo 11 para dejar en claro las funciones de integración, nombramiento y
sustitución de vacantes que de las Secciones Instructoras y de Enjuiciamiento
respectivamente deban hacer las Comisiones que la Ley Orgánica del Congreso General
denomina como jurisdiccionales.
Por otro lado, proponemos corregir la inconsistencia de los plazos y
términos que del artículo 12 al 45 se señalan en la ley vigente, en días hábiles o
naturales sin mayor congruencia. Al efecto creemos que la solución es mantener la lógica
de los días hábiles en un número según la fase procesal que corresponda que encuentre
también una lógica racional y referentes mínimos en la Teoría General del Proceso. Sin
embargo adecuándonos a la dinámica especial del Congreso de la Unión como instancia de
la aplicación de la ley en estudio, fijamos plazos para turnaciones de tres días
hábiles, plazos para emplazamientos o contestaciones en periodos que van de 5 a 10 días;
plazos para desahogo de pruebas o estudio que van hasta 30 días hábiles, y finalmente
las previsiones necesarias para las ampliaciones de términos que pudieran requerirse
durante los dos procedimientos que la ley regula.
Adicionalmente no solo se resuelve en el artículo 19 la arcaica norma
que establecía la suspensión del procedimiento de juicio político durante los recesos
de las Cámaras y que afectaba por confusión, al procedimiento de declaración de
procedencia. En la presente iniciativa dejamos claro la naturaleza de orden público de
ambos procedimientos y por tanto se modifica el párrafo del citado artículo con el
objeto de que las actuaciones se puedan dar en forma sucesiva independientemente de los
periodos de sesiones o de receso. Como complemento de lo anterior, se faculta plenamente
al Presidente de la Cámara correspondiente a gestionar los periodos extraordinarios
cuando el Pleno deba reunirse en cumplimiento de la fase procesal correspondiente, al
tiempo que establecemos la obligación de la Comisión Permanente para convocar a los
periodos extraordinarios necesarios estipulando con claridad los plazos y términos
aplicables de tal manera que sea previsible que los juicios políticos se substancien de
principio a fin en un término moderado.
Declaración de Procedencia
Por lo que toca al capítulo tres, proponemos establecer un
procedimiento claro que no se confunda en sus rasgos esenciales con el juicio político, y
en todo caso deslindar con mayor nitidez la supletoriedad que dicho procedimiento pueda
tener respecto de la declaración de procedencia.
De entrada, se clarifica que el único peticionario posible puede ser
el Ministerio Público y en caso de excepción, un juez; corrigiendo la de cualquier forma
aparente acción popular que se contenía en el artículo 25 como fórmula arcaica, misma
que se negaba en los requisitos al exigirse que la denuncia de particular debía reunir
los requisitos para el ejercicio de la acción penal, misma que por su naturaleza y por
disposición del artículo 21 Constitucional es propia y exclusiva del Ministerio
Público. A esta altura es pertinente aclarar que la denegada procuración de justicia en
la que se puede reflejar este procedimiento cuando el mismo se endereza en contra de los
titulares del Ministerio Público, a bien tenemos que ya existe en el propio articulo 21
de nuestra Carta Magna, la posibilidad de recurrir en vía jurisdiccional el no ejercicio
de la acción penal.
Por lo anterior, se determina en el artículo 25 a través de seis
nuevas fracciones la forma en la que la Sección Instructora actúa como mero órgano de
casación de las actuaciones del ministerio Público, para determinar si estas no son
frívolas e inconsistentes y si en su caso existen de las constancias los elementos que
acrediten la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado,
realizando en todo caso un juicio de valoración jurídico política sobre la pertinencia
de retirar la protección procesal a determinado servidor público. Congruente con lo
anterior se mantiene en la ley el principio de que la eventual negativa de declaración de
procedencia no prejuzga la inocencia del inculpado y por ello es viable su procesamiento
normal al concluir en su encargo.
Finalmente se mantiene el reenvío que se hace respecto del desahogo de
la sesión del pleno erigido en jurado de procedencia respecto de los plazos y formas que
establecen tanto el artículo 18 como el 20 en materia de juicio político.
Disposiciones Comunes
Siguiendo la tesis de Manuel Herrera y Lasso, de que "inmunidad es
el género: fuero y juicio político las especies", es necesario mantener el
capítulo de disposiciones comunes no sólo por economía y sobriedad legislativa, sino
porque hay francas y claras hipótesis donde las instituciones legales rigen por igual
para ambos procedimientos. Por tanto, el capítulo Cuarto se mantiene en los mismos
términos en lo esencial aunque se hacen una serie de correcciones y ajustes que sólo
persiguen la congruencia con el resto de las reformas ya descritas, de mera técnica
legislativa; sin embargo, se refuerza el artículo 43 con relación a las facultades tanto
de las secciones como de las Cámaras para prevenir que el inculpado en uno u otro
procedimiento se sustraiga del procedimiento o de la acción de la justicia. Respecto de
este último tema conviene reflexionar que el fuero no es patente de impunidad sino tan
solo una inmunidad temporal y que por su parte el juicio político es una herramienta
indispensable para el control del poder público ante sus excesos u omisiones graves. En
ese sentido, medidas preventivas como las que se proponen en el artículo 43 que se
reforma no pretenden desconocer anticipadamente por ejemplo la protección procesal
convencionalmente denominada fuero, sino que tan solo se propicia el mantener un bien
superior como lo es la sujeción de las personas a los procedimientos legales establecidos
en condiciones de equidad respecto del resto de los justiciables. Así mismo, tenemos que
el denominado fuero no es una prerrogativa "intuito personae" sino que se trata
tan sólo de la protección de la función pública. Por tanto, medidas como las que se
proponen en el artículo 43 hasta la detención preventiva que en casos de flagrancia
pudiera hacerse de alguno de los servidores a los que se refiere el título cuarto del a
Constitución, no violan el fuero en la medida que no sean tales que impidan el ejercicio
de la función.
En virtud de los anterior, se somete a la consideración del Honorable
Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL
DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
Artículo único. Se reforman los artículos 10 segundo y tercer
párrafo; 11; 12; 13 párrafo segundo; 14; 15; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20: 21;
22; 23, párrafo segundo y tercero; 24, párrafo primero; 25; 26; 27; 30; 31; 33, segundo
párrafo; 35; 36; 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores
Públicos, para quedar como sigue:
Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el
procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de
acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia.
La Cámara de Diputados iniciará el procedimiento de juicio político
por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública y
de Justicia y Derechos Humanos, mismas que al momento de su instalación designarán a
cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario
por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios
políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el
Capítulo II de esta Ley.
Las comisiones unidas a que se refiere el párrafo anterior, a efecto
de cumplir con las obligaciones que les impone la presente ley, se reunirán a
convocatoria que de común acuerdo realicen los Presidentes de cada una de ellas, en cuyo
defecto, será convocante la de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
Artículo 11. La Junta de Coordinación Política de cada una de las
Cámaras del Congreso de la Unión, al momento de proponer la constitución de Comisiones
para el despacho de los asuntos, también propondrá la integración de una comisión para
de deducir de la misma las Secciones encargadas de sustanciar los procedimientos
consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, la
citadas comisiones designarán en el ámbito de su competencia cinco de sus miembros para
integrar la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la
de Senadores, determinando los cargos de Presidente y dos Secretarios para cada una de
ellas.
Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada
Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Comisión a que se refiere el
primer párrafo del presente artículo, de entre sus propios miembros.
Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al
siguiente procedimiento:
a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría
General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días
hábiles siguientes a su presentación;
b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara
de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo a que se refiere el artículo
10 de ésta ley, en un plazo no mayor de tres días hábiles. La Secretaría General
deberá dar cuenta de dicho turno dentro del mismo plazo, a cada una de las coordinaciones
de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados.
c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a
quince días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores
públicos a que se refiere el artículo 20., de esta Ley, así como si la denuncia
contiene elementos de prueba que se relacionen con la conducta señalada y que ésta
corresponde a las enumeradas en el artículo 70. de la propia Ley. En caso de reunirse los
tres requisitos mencionados la Subcomisión resolverá que sí se amerita la incoación
del procedimiento turnándolo directamente a la Sección Instructora en un plazo no mayor
de tres días hábiles a partir de la fecha en que se dicte la resolución. En caso
contrario la Subcomisión desechará la denuncia presentada notificándole personalmente
al promovente por conducto de la Secretaría General, si hubiere señalado domicilio en el
Distrito Federal o en su defecto, mediante publicación del acuerdo respectivo en el
Estrado de dicha Oficina y en la gaceta parlamentaria.
En caso de la presentación de pruebas supervinientes, la Subcomisión
de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado, sólo en
el caso de insuficiencia de pruebas;
d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo,
desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas a
petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o a solicitud, de cuando
menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones siempre y
cuando se solicite por escrito en un plazo no mayor de cinco días a partir del
desechamiento, debiendo resolverse de plano por parte de las comisiones unidas, en otro
plazo igual contado a partir de la presentación de la solicitud.
e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando
procedente la denuncia, será remitida directamente a la Sección Instructora de la
Cámara.
Artículo 13. La Sección Instructora practicará todas las diligencias
necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo
las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya
tenido el servidor público denunciado.
Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de un
expediente, la Sección notificará al denunciado sobre la materia de la denuncia,
haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá comparecer por escrito y ofrecer
pruebas de su parte, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación.
Artículo 14. Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la
Sección Instructora dictará inmediatamente un acuerdo mediante el cuál admita u deseche
pruebas y abrirá un plazo de 30 días hábiles para desahogar tanto las pruebas de la
defensa, las que haya ofrecido el denunciante o las que la propia Sección ordene para
mejor proveer al momento de acordar la admisión de pruebas. En dicho acuerdo se deberá
fijar prudentemente el día, hora y lugar para el desahogo de aquellas que requieran de
diligencia especial lo cual deberá ocurrir dentro del mismo plazo.
Serán admisibles todo tipo de pruebas pero se desecharán aquellas
cuyo desahogo implique salir del plazo señalado en el párrafo anterior.
Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible desahogar las
pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora
podrá ampliarlo hasta por otros 30 días hábiles, concluido el cuál se desecharán de
plano las pruebas cuyo desahogo no haya sido posible.
En todo caso, la Sección Instructora calificará la idoneidad de las
pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes. La resolución que admita o
deseche pruebas es inatacable.
Artículo 15. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá
el expediente a la vista del denunciado y su defensor acreditado por un plazo de tres
días hábiles, y por otros tantos al denunciante, a fin de que tomen los datos que
requieran para formular alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los tres
días hábiles siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado.
Artículo 16. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos,
se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en
vista de las constancias del procedimiento en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Para
este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará
las consideraciones jurídicas que procedan para justificar en su caso, la conclusión o
la continuación del procedimiento.
Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprende la
inocencia del encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán
proponiendo al pleno de la Cámara de Diputados que se declare que no ha lugar a proceder
en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al
procedimiento.
Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor
público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente:
I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la
denuncia;
II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado;
III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 80. de
esta Ley, y
IV. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la
declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para
los efectos legales respectivos.
De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las
circunstancias que hubieren concurrido en los hechos.
Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los
artículos precedentes, junto con el expediente respectivo la Sección Instructora las
entregará al Presidente de la Cámara de Diputados dentro de los tres días hábiles
siguientes a partir de haberse aprobado las conclusiones. El Presidente de la Cámara
anunciará de inmediato a través de la Gaceta Parlamentaria y mediante publicación que
aparezca por una sola vez en dos diarios de mayor circulación en el país, que dicha
Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación.
Así mismo, el Presidente de la Cámara deberá convocar a sesión del
pleno misma que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez días
hábiles ni mayor de quince a partir de la recepción de las conclusiones de la Sección
Instructora. Si las Cámaras se encontraran en receso, de inmediato el Presidente de la
Cámara deberá solicitar a la Comisión permanente que convoque a periodo Extraordinario
para resolver el asunto.
En la sesión que siga al momento en que se reciba la solicitud a que
se refiere el párrafo anterior, la Comisión Permanente deberá convocar a periodo
extraordinario fijando la fecha en que deba desarrollarse, mismo periodo que deberá
ocurrir dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince.
Fijada la fecha para la sesión a que este artículo se refiere, el
Presidente enviará notificación por conducto de la Secretaría General, para que estén
presentes en la misma, tanto al presunto responsable, su defensor acreditado así como al
denunciante en los domicilios que en su momento hubieren señalado, en cuyo defecto la
notificación les surtirá efectos con la sola publicación de la convocatoria en la
gaceta parlamentaria. El Presidente fijará prudentemente los lugares en que deban
permanecer en el recinto durante la sesión, y los podrá hacer salir en caso de desorden
o desacato, haciendo incluso uso de la fuerza pública.
Artículo 19. La Sección Instructora deberá practicar todas las
diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas directamente a los secretarios
de la Cámara, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de noventa días
hábiles, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la
denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo.
En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo
indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no
excederá de treinta días Hábiles.
En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún
momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario
de sesiones, sea que se encuentren en receso.
Articulo 20. El día señalado de la sesión del pleno, conforme al
Artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa
declaración de su Presidente. Se publicarán en la gaceta Parlamentaria una reseña
amplia de las constancias procedimentales y la Secretaría dará lectura a una síntesis
que contenga los puntos sustanciales de éstas. Acto Seguido la Sección Instructora hará
la lectura de sus conclusiones por conducto de su Presidente o el miembro de la Sección
que la misma designe. Acto continuo se concederá la palabra al servidor público o a su
defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a
sus derechos por el tiempo que la mesa directiva fije prudentemente.
La Sección Instructora podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado o
su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término.
Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se
procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora,
en los términos que dispone la Ley Orgánica del Congreso General y su reglamento.
Artículo 21. Si la Cámara resolviere que no procede acusar al
servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se
les pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación
de inmediato, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan aquélla
ante el Senado.
Artículo 22. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su
Presidente la turnará de inmediato a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará sin
demora alguna a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su
defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles
siguientes al emplazamiento.
Artículo 23. Transcurrido el plazo que se señala en el artículo
anterior, con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de
Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la
acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su
concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se
funde.
Dentro del mismo plazo la Sección podrá acordar escuchar directamente
a la Comisión de Diputados que sostienen la acusación y al acusado y su defensor, si
así lo estima conveniente la misma Sección o si lo solicitan los interesados, misma
audiencia que deberá ocurrir dentro de otro plazo igual señalado.
Transcurrido el procedimiento anterior, en un plazo no mayor de diez
días hábiles la Sección resolverá sus conclusiones y las entregará a la Secretaría
de la Cámara de Senadores.
Artículo 24. Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la
Cámara, su Presidente anunciará de inmediato que debe erigirse ésta en Jurado de
Sentencia a través de su órgano informativo interno o por estrados, así como mediante
la publicación que se haga en dos diarios de mayor circulación en el país. El
Presidente del Senado convocará a la sesión de jurado de sentencia en una fecha que
resulte no antes de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de que haya recibido
las citadas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la Comisión a que se
refiere el artículo 21 de esta Ley, al acusado y a su defensor, aplicando en lo
conducente el artículo 18 del presente ordenamiento incluyendo el caso en que la cámara
de Senadores se encontrare en receso.
A la hora señalada para la sesión, el Presidente de la Cámara de
Senadores la declarará erigida en Jurado de Sentencia y procederá de conformidad con las
siguientes normas:
1. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la
Sección de Enjuiciamiento;
2. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados,
al servidor público o a su defensor, o a ambos;
3. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los
diputados en la sesión, el jurado procederá a discutir y a votar las conclusiones y
aprobar los que sean los puntos resolutivos que en ellas se contengan y el Presidente
hará la declaratoria que corresponda y la comunicará al Titular del Poder Ejecutivo para
que ejecute sin demora la resolución respectiva.
Por lo que toca a gobernadores, diputados a las Legislaturas Locales y
Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la Cámara de Senadores
se erigirá en Jurado de Sentencia conforme al procedimiento descrito. En este caso, la
sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la
Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como
corresponda.
Artículo 25. La declaración de procedencia se tramitará conforme a
lo siguiente:
I. Realizada una averiguación previa en contra de cualquier Servidor
Público de los mencionados en el artículo 111 de la Constitución Política de los
Estados unidos Mexicanos y resuelto el ejercicio de la Acción Penal correspondiente, el
ministerio público deberá solicitar la declaración de procedencia respectiva antes de
consignar ante el Juez competente.
II. En al solicitud de declaración de procedencia, el ministerio
público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integren la
averiguación así como del pliego de consignación en el que se haya resuelto el
ejercicio de la acción penal.
III. Recibida la solicitud de declaración de procedencia y ratificada
ante el Secretario General de la Cámara, éste la turnará sin dilación a la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados.
IV. La Sección Instructora notificará inmediatamente por el medio
más eficaz que resulte al inculpado de la pretensión punitiva en su contra emplazándolo
a que alegue lo que en su derecho convenga en un plazo no mayor de diez días hábiles.
Acto seguido y dentro del plazo de treinta días hábiles la Sección Instructora se
reunirá a estudiar las constancias y petición del ministerio público así como los
alegatos que haya ofrecido el inculpado y determinará si a su juicio el ministerio
público acredita los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del
inculpado.
V. Dentro del mismo plazo y con vista en el estudio a que se refiere la
fracción anterior la Sección Instructora resolverá en un dictamen si ha lugar a
proceder penalmente en contra del inculpado y en consecuencia es procedente remover la
protección procesal al Servidor Público de que se trate, remitiendo el Dictamen de
inmediato al Presidente de la Cámara de Diputados. Si la sección Instructora requiriera
de mayor plazo, lo comunicará al pleno y en su defecto a la comisión permanente a efecto
de que el mismo se le duplique por una sola ocasión.
En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún
momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario
de sesiones, sea que se encuentren en receso.
VI. Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente
improcedente la desechará de plano y lo hará saber de inmediato al peticionario, sin
perjuicio de reiniciar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo
justifiquen.
Artículo 26. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente
de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día
siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al
inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público actuando en lo conducente
conforme al artículo 18 de ésta ley.
Artículo 27. El día designado, previa declaración al Presidente de
la Cámara, ésta conocerá en Asamblea del dictamen que la Sección le presente y
actuará en lo conducente en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia
de juicio político.
Artículo 30. Las declaraciones y resoluciones de trámite o
definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
Artículo 31. Las Cámaras tramitarán por riguroso turno a las
Secciones Instructoras los requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les
presenten.
Artículo 33. Cuando alguna de las Secciones o de las Cámaras deba
realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a
éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si
el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que
contesta en sentido negativo.
La Sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la
presencia del inculpado, encomendando al Juez de Distrito que corresponda las que deban
practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de las
Cámaras, por medio de despacho firmado por el Presidente y un Secretario de la Sección
al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes.
El Juez de Distrito practicará las diligencias que le encomiende la
Sección respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le
comunique.
Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica
de las diligencias a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se
enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier
gasto.
Artículo 35. Presentada la excusa o la recusación, se calificará
dentro de los tres días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará, ante la
Sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o
recusación de integrantes de ambas secciones, conocerá la comisión de la cual se deduce
la Sección Instructora. En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se
recibirán las pruebas correspondientes. Las Cámaras calificarán en los demás casos de
excusa o recusación.
Artículo 36. Tanto el inculpado como el denunciante podrán solicitar
de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que
pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva o ante las Cámaras.
Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias
certificadas, sin demora, y si no lo hicieren la Sección, o las Cámaras a instancia del
interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo
apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario
vigente en el Distrito Federal sanción que se hará efectiva si la autoridad no las
expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la
multa se hará efectiva en su contra.
Por su parte, la Sección o las Cámaras solicitarán las copias
certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la
autoridad de quien las solicitase no las remite dentro del plazo discrecional que se le
señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 38. Las Cámaras no podrán erigirse en órgano de
acusación, Jurado de Procedencia o Jurado de Sentencia, sin que antes se compruebe
fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el Ministerio
Público han sido debidamente citados en los domicilios por ellos señalados al efecto.
Artículo 40. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y
votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas. que establecen la Constitución,
la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General para discusión y votación
de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para tramitar,
formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las Secciones y para
resolver incidental o definitivamente en el procedimiento.
Artículo 43 Las Secciones y las Cámaras podrán disponer las medidas
de apercibimiento que estimen necesarias y podrán ordenar de plano al servidor público
que no abandone el Distrito Federal, Determinado Municipio o Entidad Federativa u ordenar
el arraigo en su propio domicilio mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros
presentes en la sesión respectiva pudiendo a su vez ordenar la vigilancia y hasta hacer
uso de la fuerza si se suscita el riesgo inminente de que el inculpado se sustraiga del
procedimiento o de la acción de la Justicia.
Transitorio
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de Septiembre de 2000.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN):
Señor Diputado: Si me permite, muy respetuosamente quiero recordarle que conforme al
Reglamento las intervenciones de los individuos de la Cámara para presentar iniciativas
deben ajustarse a un plazo de media hora. Si usted considera pertinente que se inscriba en
el Diario de los Debates el articulado completo y podamos proceder a turnar su Iniciativa
en este momento.
EL C. DRIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN): Con gusto, señor
Presidente. Por la extensión del articulado no hay inconveniente de mi parte en que esta
sea publicada para los efectos de que se haga del conocimiento de los demás compañeros
Diputados.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Muy
amable. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTDO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Hago
entrega del documento a la Secretaría misma que suscribe su servidor y demás Diputadas y
Diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Aplausos
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): La
Iniciativa presentada por el ciudadano Diputado José Francisco Blake Mora se turna a la
Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Insértese en el Diario de los
Debates íntegramente.
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Tiene ahora la palabra la Diputada Petra
Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para
presentar una Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, Código, Federal de
Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo.
LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ (PRD): Ciudadanos Diputados
integrantes de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Honorables
Diputadas y Diputados:
"Los suscritos Diputados, integrantes del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 61 fracción II de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción
II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Cámara de
Diputados la presente Iniciativa de reformas al Código Penal Federal, al Código Federal
de Procedimientos Penales y a la Ley de Amparo.
Exposición de Motivos
La libertad personal es uno de los bienes más preciados en nuestra
sociedad. Su privación es tenida como una de las sanciones más severas a las que puede
ser sometida una persona; precisamente por ello se ha venido creando todo un sistema de
garantías para preservarla y evitar las arbitrariedades y los excesos por parte de
quienes ejercen el poder público. Sin embargo, a pesar de todo, en nuestro país ese bien
jurídico universalmente reconocido se ve frecuentemente violentado; los ataques van desde
la detención arbitraria hasta la desaparición forzada de personas.
Existe una estrecha vinculación entre la desprotección de la libertad
personal y la desaparición forzada de personas. Esta no es posible sin la primera. Por
ello resultaría incongruente sancionar la desaparición forzada sin hacer lo propio con
el caso más frecuente de afectación de la libertad en situaciones cotidianas.
La democracia es impensable sin la protección de la libertad personal.
Ésta no es sólo un presupuesto para el ejercicio de derechos fundamentales como los de
expresión, reunión y asociación sino para la protección de la vida e integridad
personal. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala en este sentido que a
menos que el ejercicio de los derechos de los ciudadanos estén garantizados, "las
demás barreras a la acción gubernamental se convierten en esperanzas vacías, y la
democracia no se puede beneficiar con el juicio libre y espontáneo de un pueblo del que
debe depender para dirigir su propia conducta".
Si el gobierno mexicano está obligado a promover y proteger el
ejercicio de los derechos y libertades de sus habitantes, con mayor razón debe
comprometerse en esta tarea cuando son sus propios agentes quienes vulneran estos
derechos.
La norma constitucional establece las garantías mediante las cuales
ninguno de nosotros puede ser privado de su libertad y señala limitativamente los
supuestos en los cuales podemos ser privados de la misma. Éstos son los casos de
flagrancia, orden judicial de aprehensión y orden de detención tratándose de caso
urgente en delitos graves.
Para que las normas constitucionales que resguardan los derechos
individuales se observen cotidianamente, no basta una mera abstención por parte del
Estado, como erróneamente se ha creído, sino que son necesarias acciones y medidas
positivas por parte de la autoridad encargada de conducir los asuntos públicos. Se
requiere de una verdadera "ingeniería de la libertad", y ello implica la
promulgación de una legislación ordinaria idónea.
Nuestro marco jurídico presenta graves deficiencias para evitar la
detención arbitraria. Esta situación ancestral y generalizada en todo el país, se ha
visto favorecida por un explicable reclamo de acciones eficaces contra la delincuencia que
demanda mayores poderes para los agentes de autoridad encargados de hacer cumplir la ley.
Semejante política, lejos de haber contribuido a una mayor seguridad pública, ha sido
fuente de inseguridad al haber prohijado fenómenos de corrupción y arbitrariedad en las
policías preventivas y judiciales. Saldo de todo ello es la frecuente afectación de la
libertad personal, y el consiguiente demérito de la confianza de los habitantes en las
autoridades, lo que a su vez se traduce en una falta de colaboración e ineficacia en la
prevención y persecución de faltas y delitos.
En razón de lo anterior se propone establecer como delito la
detención o encierro de persona fuera de los supuestos constitucionales y la retención
cuando la misma se presentare voluntariamente, como tipo básico, con una atenuante en el
supuesto en que la misma se limite a presentar a una persona ante el ministerio público.
El orden jurídico debe asimismo comprender medidas preventivas de la
afectación de los bienes que busca proteger, y en este sentido se propone desincentivar
la detención arbitraria mediante una sanción procesal consistente en decretar la nulidad
de todas las actuaciones procesales que sigan a una ilegal detención.
De igual manera, es necesario revertir reformas que legitiman la
detención arbitraria. Este es el caso de la flagrancia equiparada prevista en el
artículo 193 del Código Federal de Procedimientos Penales, misma que restringe la
garantía constitucional de la libertad, al considerar como flagrancia lo que por su
naturaleza no lo es, ya que falta el elemento fundamental que legitima este supuesto
excepcional en el que cualquier persona puede llevar a cabo la detención de quien es
sorprendido en la comisión misma de un delito. Este elemento es la certeza respecto de su
autor, misma que no se puede dar si el supuesto acontecimiento delictivo tuvo lugar hasta
cuarenta y ocho horas antes. Este margen de error expone además a los agentes de la
autoridad a actos de legítima defensa y por lo tanto plenamente justificados por parte de
la persona ajena a un hecho delictivo que repele su detención bajo este supuesto e
incluso llega a privar de la vida a quien pretende detenerle.
Para ser consistentes con la protección sistemática y completa de la
iniciativa propuesta se restablece el segundo párrafo de la fracción X del artículo 73
de la Ley de Amparo para posibilitar la protección de la justicia federal en aquellos
casos que, por cambio de situación jurídica, se acarrean el sobreseimiento del amparo.
Con esto se busca contrarrestar el sentido de la última reforma del citado artículo, que
de hecho, convalida detenciones ilegales.
La desaparición forzada, constituye la más grave, particular y
trascendente violación de la libertad. Esta práctica se ha llevado a cabo durante las
últimas tres décadas y ha sido ejecutada por diversos cuerpos policíacos y de seguridad
del Estado, tanto a nivel local como federal, se ha dado de manera sistemática y bajo las
condiciones de impunidad en el ejercicio arbitrario de la autoridad. La propuesta que
aquí se presenta para tipificar a la desaparición forzada como un ilícito penal tiene
como objetivo fortalecer los instrumentos jurídicos para vivir en un verdadero Estado de
Derecho, de manera que puedan prevenirse y sancionarse tales conductas. Nunca más debe
presentarse un caso de desaparición forzada. El carácter permanente de la conducta hace
posible también que en tanto persista el ocultamiento del paradero de la persona se está
ante acciones u omisiones presentes y, por tanto, susceptibles de configurar el tipo
delictivo, independientemente de la temporalidad de su inicio.
Más de quinientas personas a lo largo de las últimas décadas han
sido ilegalmente apresadas por miembros de cuerpos de seguridad del Estado quienes por
sí, conjuntamente o valiéndose de particulares (brigadas blancas, grupos paramilitares o
parapoliciales, "madrinas", etc.), han sustraído a seres humanos de su entorno
normal de vida. Más no ha sido solamente la detención de la persona, sino que la
privación de la libertad conlleva, además, el ocultamiento de aquélla; no se da
información sobre su paradero a sus familiares, amigos o correligionarios; se niega
incluso la propia detención. Esta situación trasciende a los familiares quienes viven
indefinidamente en el dolor y la incertidumbre. En medio de la total impunidad quienes
deberían proteger a las personas y observar rigurosamente sus derechos, los violan
brutalmente, Al mantener oculta la detención impiden que las personas, sus allegados e
incluso que las instituciones públicas encargadas de la tutela de derechos puedan actuar;
se elimina cualquier posibilidad de defensa, no hay acusación, no hay juez, no hay
procedimiento, no hay sentencia. Simplemente se "desaparece" a la persona.
Los numerosos testimonios de quienes han sido víctimas o testigos de
la desaparición han permitido reconstruir el modus operandi: detenciones ordenadas y
conocidas por los mandos de las fuerzas de seguridad y aun por quienes han desempeñado
funciones gubernativas, el objetivo es eliminar la oposición de quienes disienten de los
detentadores del poder, el empleo de cárceles clandestinas, campos militares, bases
navales, involucramiento de altos mandos, coordinación de diversas fuerzas estatales
(policías, cuerpos de inteligencia, fuerzas armadas), absoluta negativa de presidentes de
la República, procuradores, gobernadores, secretarios de estado y otros altos
funcionarios para investigar las desapariciones. Todo esto lleva a concluir que se ha
tratado de una política de Estado más que de excesos aislados de poder. Aun cuando la
legislación vigente establece tipos delictivos para sancionar el secuestro no existe
absolutamente ningún sentenciado, es más, ningún procesado por motivo de alguna
desaparición forzada, ni siquiera por abuso de autoridad o ejercicio indebido del
servicio público.
Hoy en día los habitantes de este país, ignoramos dónde están,
Epifanio Avilés, José de Jesús Corral, J. Reyes Mayoral Jáuregui, Jesús Piedra,
Miguel Orlando Muñoz Guzmán, José de Jesús Avila González, Rafael Ramírez Duarte,
Benjamín Maldonado Santos, Eduardo Hernández Vargas, Irma Cruz Santiago, Jacob Nájera
Hernández, Alicia de los Ríos Merino, Juan Chávez Hoyos, Austreberta Hilda Ocaña, Juan
Carlos Mendoza Galoz, Candelario Campos Ramírez, Pedro Ignacio Cortes Gutiérrez, Jorge
Carrasco Gutiérrez y los demás desaparecidos. La democracia que estamos construyendo no
está completa sin ellos, una democracia con desaparecidos se niega a sí misma pero aún
más, se convierte en cómplice y se condena a repetir la infamia.
La conducta que amerita la creación de un tipo específico y que
distingue a la desaparición de otras modalidades de privación ilegal de la libertad es
el ocultamiento del paradero de la víctima y que se exterioriza con la ausencia o
falsedad de información sobre la misma, en la negativa de su detención o en la negativa
para informar de su paradero.
No obstante su gravedad, cuando la libertad del desaparecido tenga
lugar durante los primeros días de su captura, se prevén tipos atenuados que tienen en
cuenta la libertad y la vida de la persona como objetivo prioritario.
Si bien el elemento predominante en los casos de desaparición
ocurridos en nuestro país es el de dirigirse a opositores o disidentes políticos, el
tipo propuesto no restringe a tal calidad los posibles sujetos pasivos, puesto que la
pretensión del mismo es proteger a cualquier persona independientemente de su posición
política, inclusive a los agentes del mismo Estado.
Consideramos que las desapariciones forzadas afectan los valores más
profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de
lesa humanidad. Esta propuesta retoma los estándares internacionales de protección de la
libertad y las medidas para prevenir la desaparición forzada.
Esta iniciativa tiene como antecedente la adopción en el Código Penal
para el Distrito Federal del tipo penal de desaparición forzada, el dieciocho de agosto
del presente año lo que marcó el compromiso de los partidos y las fuerzas sociales con
la democracia y contra la impunidad. La aprobación de esta propuesta en el ámbito
federal establecerá normas que junto con la voluntad efectiva de combatir tales
prácticas por parte de las autoridades competentes deberán esclarecer los cientos de
desapariciones practicadas por autoridades federales y con ello este Congreso recogerá el
reclamo de las madres y familiares de los desaparecidos: ¡vivos los llevaron, vivos los
queremos!
Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de este
pleno el siguiente:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO PENAL
FEDERAL, DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DE LA LEY DE AMPARO.
Artículo Primero. Se adiciona el Capítulo III Bis al Título Décimo
del Código Penal Federal, que comprenderá los artículos 215-A al 215H.
CAPITULO III Bis
Delitos contra la libertad personal y Desaparición Forzada de Personas
Art. 215A. El agente de autoridad que, fuera de los supuestos
constitucionales, detuviere o encerrare a una persona, privándola de su libertad, o la
retuviere cuando la persona se hubiese presentado voluntariamente será sancionado con
pena de prisión 8 meses a 4 años y destitución del cargo.
Art. 215B. El agente de autoridad que, fuera de los casos permitidos
por los supuestos constitucionales, aprehendiera a una persona y la presentare
inmediatamente al ministerio público, será sancionada con la suspensión en su cargo o
empleo hasta por treinta días o sesenta jornadas de trabajo a favor de la comunidad.
Art. 215C. Comete el delito de desaparición forzada de personas el
servidor público que, independientemente de que haya participado en la detención legal o
ilegal de una persona, la mantenga oculta bajo cualquier forma de detención o
encerramiento, niegue reconocer dicha privación de la libertad o no de razón cierta y
precisa de su paradero, restringiendo con ello el ejercicio de los recursos legales y de
las garantías legales pertinentes.
Art. 215E. A quien cometa el delito de desaparición forzada de
personas se le Impondrá una sanción de 15 a 40 años de prisión.
Si la víctima fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días
siguientes a su detención y se encontrare indemne, la sanción será de ocho meses a
cuatro años de prisión.
Si la liberación ocurriera dentro de los diez días siguientes, la
sanción aplicable será de dos a ocho años de prisión
Estas penas podrán ser disminuidas hasta en una tercera parte, cuando
quien hubiere participado en la comisión del delito, suministre información que permita
esclarecer los hechos; y hasta en una mitad cuando contribuya a lograr la aparición con
vida de la víctima.
Art. 215F. Al servidor público que haya sido condenado por el delito
de desaparición forzada de personas se le destituirá del cargo y se le inhabilitará
para desempeñar de manera definitiva otro empleo cargo o función públicos.
Art. 215G. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa
humanidad, en consecuencia, no es susceptible de perdón, amnistía o figuras análogas,
ni será considerado para efectos de extradición como delito político.
En ningún caso se admitirá la exclusión del delito por obediencia
debida a órdenes o instrucciones superiores que dispongan, autoricen o alienten la
desaparición forzada de personas. Toda persona que reciba tales órdenes tiene el derecho
y el deber de no obedecerlas.
La acción penal derivada de la desaparición forzada de personas y la
pena que se imponga judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a
prescripción.
La oposición o negativa por parte de quien funja como responsable de
todo lugar donde haya motivos para creer que se pueda encontrar a una persona
desaparecida, para que los agentes de autoridad o de los organismos competentes tengan
libre e inmediato acceso a los mismos, serán sancionados con la destitución de su
empleo, cargo o comisión públicos, sin perjuicio de los demás delitos en que pudieren
incurrir.
Artículo Segundo. Se deroga la fracción III del artículo 193; se
adiciona un inciso 34 a la fracción I del artículo 194, y se adiciona un cuarto párrafo
al artículo 197, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales.
Artículo 193.
III. Se deroga.
Artículo 194. Se califican como delitos graves...
1. Del Código Penal...
1). . .
2)...
34) desaparición forzada, previsto en el artículo 215C
Artículo 197.
Todos los actos posteriores a una detención ilegal no producirán
efecto legal alguno.
Artículo Tercero, se reforma el párrafo segundo de la fracción X del
artículo 73 de la Ley de Amparo para quedar como sigue:
Art. 73. El juicio de amparo es improcedente
Frac X
Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los
artículos 16, 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
sólo la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente
consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto.
La autoridad judicial que conozca del proceso penal suspenderá en estos casos el
procedimiento en lo que corresponda al quejoso una vez cerrada la instrucción, y hasta
que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;
TRANSITORIO.
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES ( PAN: La
iniciativa presentada por la Diputada Petra Santos Ortiz se turna a la Comisión de
Justicia y Derechos Humanos.
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En otro punto del orden del día, para
presentar una proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado Enrique
Herrera Burquetas, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la necesidad de actualizar, en su
caso, o modificar la Ley Federal de Radio y Televisión.
EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS (CD): Señor Presidente;
Compañeras y compañeros Diputados:
La necesidad de actualizar y, en su caso, modificar la Ley Federal de
Radio y Televisión, así como el reglamento relativo a la misma, son motivo de
preocupación compartida. Aun se habla de la posibilidad de legislar sobre una nueva Ley
Federal de Radio y Televisión que contemple, además de un sinnúmero de cambios
tecnológicos, que se han llevado en los últimos años, y que al mismo tiempo asuma las
grandes demandas sociales sobre temas centrales de la radiodifusión.
La nueva agenda que se espera analizará, entre otros muchos puntos, el
derecho a réplica en los medios de comunicación y el derecho de información como parte
fundamental de los derechos ciudadanos.
Algunos académicos se han manifestado también por modificar el
criterio de otorgamiento, refrendo y revocación de concesiones de radio y televisión,
para que no dependan únicamente del Poder Ejecutivo. Dar un uso social a las modalidades
del tiempo estatal en apoyo de ciudadanos y organizaciones civiles, así como para
utilizarlos en una mayor difusión de la cultura, han sido también demandas de partidos
políticos y de la sociedad en general.
"Sin duda que las comisiones respectivas, así como el pleno de
esta Cámara, en fechas venideras dialogarán, discutirían y orientarán sobre esta muy
importante materia.
La infraestructura fundamental de la estructura democrática es la
comunicación. De ahí su relevancia. Las nuevas circunstancias históricas, así como los
importantes cambios tecnológicos, obligan a revisar y, en su caso, modificar los marcos
normativos que permitan el desarrollo creciente y democrático de la radiodifusión
nacional, precisando las obligaciones y los derechos de todos los que en ella intervienen,
sin dejar de tomar en cuenta al radioescucha y al televidente, parte fundamental y hasta
hoy muy olvidada del triángulo de la comunicación, que va de quien produce a quien
transmite para llegar finalmente a quien recibe los contenidos.
Cale mencionar que en los últimos 25 años se han quedado en el camino
de las intenciones y de los buenos propósitos un gran número de proyectos sobre
legislación en esta materia, que habría que asumir para rescatar concepciones que pueden
resultar eficaces, Sin embargo, no podemos esperar a una nueva ley para actuar, por lo que
nos permitimos someter a la consideración de ustedes el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Con respeto absoluto e irrestricto a la plena libertad de expresi6n,
libertad de libertades, como se la ha llamado, y considerando que esta Cámara debe
coadyuvar con los instrumentos legales existentes, a dar respuesta a los reclamos
nacionales sobre la radiodifusi6n, proponemos:
" Primero, Que conforme al artículo 5° de la Ley Federal de
Radio y Televisión vigente, estos medios de comunicación tienen la función social de
contribuir al fortalecimiento de la integración nacional, al mejoramiento de las formas
de convivencia humana, afirmando el respeto a los principios de la moral social, la
dignidad y los vínculos familiares, evitando influencias nocivas al desarrollo arm6nico
de la niñez y de la juventud, repito, evitando influencias nocivas al desarrollo
armónico de la niñez y de la juventud y contribuyendo a elevar el nivel cultural del
pueblo.
"Segundo. Que existe un amplia y muy representativa exigencia de
la sociedad en general y de los padres de familia en particular, así como de un
importante sector del Magisterio, para que los llamados 'talks shows' dejen de
transmitirse en horas de la tarde, lo que contribuirá a disminuir en horarios infantiles
la proliferación del síndrome defecalismo visual.
"Tercero. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que este
Congreso dirija una enérgica petici6n a la Secretaría de Gobernación, para que cumpla
con lo dispuesto en los artículos respectivos de la Ley Federal de Radio y
Televisión",
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias
señor diputado. Se turna a la Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública.
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Tiene la palabra la diputada
Rosalinda López Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a las
elecciones en el estado de Tabasco, hasta por diez minutos.
LA C. DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ (PRD): Con su permiso, señor
Presidente.
Señores Diputados; señoras Diputadas: "Los suscritos, diputados
federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución
Democrática, del Partido Acción Nacional, del Partido Convergencia por la Democracia,
del Partido Alianza Social, del Partido Verde Ecologista de México, cuyos miembros firman
al calce de este Punto de Acuerdo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 42 de
la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a poner del conocimiento del pleno una
proposición con Punto de Acuerdo con fundamento en los siguientes
HECHOS
El 2 de julio del 2000 marcó una nueva etapa en la historia político
electoral de nuestro país. Los ciudadanos presenciamos por primera vez un real respeto
hacia los resultados de las votaciones. Como nunca antes los electores sintieron confianza
hacia las instituciones nacionales encargadas de las elecciones, las cuales dieron muestra
de su capacidad y experiencia al momento de preparar, organizar, vigilar y resolver sobre
las controversias electorales.
"El conflicto postelectoral de la elecci6n presidencial se evitó
por el reconocimiento de la voluntad popular. Sin embargo, para que esto pudiera ser
posible, durante años distintos grupos políticos tuvimos que enfrentarnos a un sistema
político que no permitía ningún cambio ni permitía ningún espacio de participación
política
" Los avances nacionales han sido muchos, lamentablemente éstos
no han tenido un correspondiente directo con los avances electorales que se han dado en
algunos de los estados de la República, en donde no existen las garantías mínimas para
el buen desarrollo de las elecciones y en donde incluso se pueden encontrar autoridades
electorales que tienen preferencias políticas por un determinado partido político.
"Un ejemplo en concreto de esta situación es el estado de
Tabasco. Como referencia a las irregularidades a las que hago menci6n, destacan las
palabras que pronunci6 el licenciado Arturo Núñez Jiménez ante los medios de
comunicaci6n el día 2 de abril del año en curso".
Pido a la Presidencia, de acuerdo al artículo 113 del Reglamento del
Congreso, para que instruya a la Secretaría a que se sirva dar lectura al siguiente
documento.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Secretaría por favor.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ANA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA
"Fragmentos del Mensaje del Lic. Arturo Núñez Jiménez el día 2 de Abril del
presente año, en el acto posterior a la jornada electoral. De las elecciones internas del
PRI a la Gubernatura del Estado. A pesar del decir que no existían en Tabasco las
condiciones idóneas para una elección abierta, equitativa y democrática del candidato
del PRI a la Gubernatura, decidí participar bajo el supuesto de que el Gobernador Roberto
Madrazo Pintado, independientemente de que sus preferencias y como públicamente lo
ofreció, honraría los mínimos compromisos necesarios para ser garante de un proceso
imparcial, sin embargo, a lo largo del desarrollo del proceso interno, fui advirtiendo no
con ingenuidad sino con asombro el grado de inequidad con el que este se estaba manejando
y de todos los recursos que se estaban invirtiendo para inducir el voto a pesar de la
marginación y la pobreza, haciendo gala de una falta absoluta de ética política desde
la Gubernatura del Estado se llego al extremo de manipular con fines electorales los
fondos destinados a aliviar los efectos dramáticos de las inundaciones recientes,
haciendo coincidir su distribución con la actual coyuntura política,
"En la guerra sucia contra mi candidatura se buscó también
desmovilizar a nuestros seguidores recurriendo incluso a la amenaza y la represión. Sin
embargo lo que vivimos en la jornada electoral de hoy fue algo francamente inadmisible
para cualquiera que aspira a hacer política de acuerdo a los principios democráticos.
Recurrieron a la compra y acarreo de votantes, a la inhibición de nuestros simpatizantes
por la vía de la amenaza, a la expulsión de nuestros representantes en muchas casillas,
al robo de boletas y de urnas así como el proselitismo abierto disfrazado de información
en muchos medios de comunicación.
Mi compromiso con el nuevo PRI sigue firme, soy hombre de convicciones
que asume a plenitud los riesgos de la democracia aún cuando esta sea simulada y
falsificada. Por supuesto no confundo al PRI con el grupúsculo faccioso que en las
últimas semanas ha dado en Tabasco un espectáculo tan vergonzante dañando el proceso de
consolidación democrática que ha experimentado México en los años recientes". Es
tanto.
LA C. DIPUTADA LOPEZ HERNANDEZ: El anterior, es un testimonio de un
priísta, si así se tratan entre compañeros de partido, no hay necesidad de imaginar,
qué pueden hacerle a la oposición. Los fraudes que se cometieron en Tabasco tuvieron una
resonacia política especial en el ámbito nacional; muchos de los que estuvieron
involucrados en Tabasco son hoy prófugos de la justicia o han sido procesados. Resalta el
caso de Oscar Espinosa Villarreal que se desempeñaba en esa época como Secretario de
Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Esta telaraña de complicidades nos obliga con gran preocupación a
reflexionar sobre el posible desvío de recursos federales en el próximo proceso
electoral de Tabasco, ante todas estas irregularidades y prácticas antidemocráticas en
el Estado de Tabaco existen claras evidencias que se quiere vulnerar una vez más la
voluntad ciudadana y la dignidad del pueblo tabasqueño.
Quiero preguntar al honorable Congreso de la Unión, a la Cámara de
Diputados, ¿habrá confianza para que se lleven a cabo con transparencia, legalidad e
impartialidad los próximos comicios del 15 de octubre?
(hay varias voces afirmativas y negativas)
para nuestro partido proponente el respeto a la voluntad ciudadana es
el único camino para construir un país justo, incluyente, digno y democrático, la
transmisión democrática es irreversible y prácticas fraudulentas iniciadas ya no van a
tener cabida en nuestro país, la creación de la Comisión Especial que se propone,
representará el ejercicio de las facultades que los ciudadanos mexicanos tan otorgado a
la Cámara de Diputados para vigilar que los recursos que provienen del pueblo no sean
utilizados en rubros diverso a aquellos para los que fueron destinados.
Esta Cámara no sólo interviene en la aprobación del Presupuesto de
Egresos de la Federación, su tarea es más amplia, debe fiscalizar su adecuada
aplicación.
Por lo anteriormente expuesto, los Diputados firmantes integrantes de
los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción
Nacional, del Partido Convergencia de la Democracia, del Partido Verde Ecologista de
México, del Partido Alianza Social, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 74
fracciones V y VIII; artículos 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 34, 39, 42, 43 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión de los
Estados Unidos Mexicanos, y 71 y 78 del Reglamento Interior del Congreso de la Unión,
sometemos a consideración de esta honorable Asamblea y de la Junta de Coordinación
Política de esta Cámara, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO: Primero. Se acuerda la constitución de una comisión
especial que tenga como objetivo la investigación, observación y en su caso la denuncia
de irregularidades en el uso de recursos federales durante el proceso electoral de
renovación del Poder Ejecutivo, Congreso Local y ayuntamientos en el Estado de Tabasco a
celebrarse el 15 de octubre.
Esta comisión deberá instalarse dentro de los 3 días hábiles
siguientes a la aprobación del presente.
Segundo. La comisión especial objeto del presente acuerdo, se
integrará por 10 diputados de los cuales 3 serán designados por el grupo del Partido
Acción Nacional; 3 por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; 2
por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; y uno será
designado por el Partido Verde Ecologista de México y otro, además, por el Partido del
Trabajo.
Tercero. La comisión especial durará el funciones el periodo
necesario a fin de cubrir en su totalidad el proceso electoral, incluyendo la declaración
de validez correspondiente y el tiempo suficiente para la elaboración de su informe
final.
Cuarto. La comisión especial elaborará y aprobará su plan de trabajo
dentro de los 2 días hábiles siguientes a la de su instalación, en el que se
considerarán las actividades que habrán de llevar a cabo a fin de cumplir con su objeto,
Quinto. La comisión especial sesionará una vez al mes, a la semana
(sic).
Sexto. La comisión especial objeto del presente acuerdo, podrá
constituir subcomisiones en el Estado de Tabasco para el mejor desempeño de sus labores,
en cuyo caso, observará la representación correspondiente de los grupos parlamentarios.
Séptimo. La comisi6n especial tendrá facultades para vigilar que en
el ejercicio del gasto público y programático, se haga en cumplimiento a la ley y por
ende, que por ningún motivo dicho ejercicio sea encaminado a fines proselitistas en
beneficio de algún candidato o partido político. (desorden en el Recinto).
Señor Presidente:
Respetuosamente le pido tiempo para concluir este punto de acuerdo
firmado por 5 partidos políticos.
EL C. PRESI DENTE: Sí, compañera diputada, me permite. Quiero
solicitar a la Asamblea permitamos que en un máximo de 30 segundos la oradora pueda
redondear su intervención, concluir su participación, darle tramite y abrir el
posicionamiento sobre este tema. Si son tan amables.
Continúe señorita diputada.
LA C. DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ: Gracias. Para los efectos
anteriores, la comisión estará facultad para celebrar los convenios que haya lugar y
para coordinarse en las instancias competentes en la consecución de sus fines,
Octavo, La comisión especial tendrá atribuciones para presentar las
denuncias que procedan ante las autoridades competentes para el fincamiento de las
responsabilidades a que haya lugar en contra de los servidores públicos que utilicen
recursos públicos, ya sea en dinero o en especie, materiales humanos, que tengan por
objeto apoyar a cualquier candidato o partido político,
Transitorios: el presente acuerdo entrará en vigor el día natural
siguiente en que resulte aprobado en el Pleno de la Cámara de Diputados.
Señor Presidente de la mesa directiva: Los diputados proponentes
solicitamos atentamente, con fundamento en el artículo 34 inciso c) de la Ley Orgánica
del Congreso, que el presente punto de acuerdo se turne para su trámite a la Junta de
Coordinación Política, órgano facultado por dicho ordenamiento para proponer al Pleno
la creaci6n de comisiones.
Muchas gracias. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias, diputada-
De acuerdo al artículo 24 del Acuerdo parlamentario que regula las
sesiones, se turna a la Junta de Coordinación Política para su atención, y se concede
el uso de la palabra para referirse a este tema, con el posicionamiento del Partido
Revolucionario Institucional, al diputado Feliciano Calzada Padrón, por 5 minutos.
EL C. DIP. FELICIANO CALZADA PADRON: Ciudadano Presidente, diputadas y
diputados:
Los procesos internos electorales de mi partido en Tabasco ya han sido
juzgados por el pueblo: perdió Arturo Núñez y ganó Manuel Andrade.
El proceso interno fue un esfuerzo por avanzar democráticamente, fue
vigilado y supervisado por el Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido. Diputados y
senadores fueron comisionados, y periodistas nacionales y extranjeros dieron fe del
fenómeno que se presentó en Tabasco.
En los 71 años de vida de nuestro partido, y sobre todo en los
últimos años, hemos venido avanzando democráticamente, tanto a nivel nacional como a
nivel de estados.
¿Quién no recuerda a Carlos Madrazo, Presidente del Comité Ejecutivo
Nacional, demandando la democratización interna de nuestro partido? Después, Carlos
Sansores, con la democracia transparente, sentó un gran precedente. Tabasco se adelantó
a otros estados. Desde hace 20 años, con la democracia de carne y hueso, avanzó la
democracia interna y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo?, las deserciones empezaron a
darse.
Lamentamos que por los procesos internos todavía haya compañeros
priístas que no acepten su derrota, es decir, la democracia vale si ganan.
Aun con los descalabros que hemos tenido por la falta de conciencia
democrática de algunos de nuestros líderes, con satisfacción decimos que seguiremos
corriendo los riesgos con tal de alcanzar la plenitud democrática de nuestro partido.
Con relación a esta propuesta de acuerdo, la diputación priísta
acatará la decisión del pleno.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Calzada Padrón.
Tiene ahora el uso de la palabra, para referirse al mismo tema, porque
así lo ha solicitado en los términos del artículo 24° del acuerdo que rige el desahogo
de las sesiones, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo.
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: (desde la curul) Señor
presidente.
EL C. PRESIDENTE: Señor diputado, usted está inscrito para
presentar...
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: (desde la curul) Para desahogar
el debate.
EL C. PRESIDENTE: Usted está inscrito para presentar un punto de
acuerdo sobre el tema de Tabasco. Así está en el orden del día, de tal manera que,
desahogado este punto de acuerdo, que aunque se refiere a la misma materia fue presentado
por separado, si usted quiere hacer en este debate uso de la palabra, me la puede
solicitar para hechos, hasta por cinco minutos, cuando hayan terminado los oradores que
estaban inscritos para presentar sus posiciones. Es lo que regula este punto del orden del
día en los acuerdos que rigen a la asamblea.
Tiene usted la palabra, señora diputada.
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Gracias. Con la venia de la
Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Como todos sabemos, el estado de Tabasco se halla en los tiempos
sometido a un proceso electoral intenso, que culminará el próximo 15 de octubre con la
elección del nuevo mandatario estatal, pero este proceso no está exento de
irregularidades e ilícitos, como ha ocurrido en todos los procesos electorales que se han
celebrado a lo largo y ancho de nuestra nación.
En estas circunstancias, para el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo esta soberanía tiene el ineludible compromiso político de tomar cartas en el
asunto del proceso electoral que se vive en esta entidad, para evitar que lo sucedido en
otros procesos electorales pueda manchar el desarrollo de la competencia política en
Tabasco.
Desterrar la cultura del fraude priísta en los procesos electorales le
ha costado a la nación mexicana una lucha prolongada de más de 70 años y muchas muertes
en todo el territorio nacional. Asimismo, hemos visto cómo los gobernadores y los
funcionarios públicos federales han metido las manos de forma directa en estos procesos,
apoyando con recursos del pueblo a los candidatos del partido tricolor.
La disputa electoral que se desarrolla actualmente en ese estado, no
está desvinculada de estas prácticas priístas ni de los mapaches electorales o de
caciques que presionan a los habitantes de las comunidades para votar a favor del partido
que ha vivido de los recursos públicos durante varias décadas,
En el caso de Tabasco no está garantizada la limpieza del proceso
electoral,,,
EL C. DIP. VICTOR E. DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Señor Presidente.
Señor Presidente.
EL C, PRESIDENTE: Me permite señora oradora, me permite por favor,
EL C, DIP, VICTOR E, DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Señor Presidente,
sería tan amable de preguntarle a la ciudadana diputada, si me acepta una interpelación,
LA C, DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR (En tribuna): No, no la acepto.
EL C. PRESIDENTE. No la acepta, señor diputado, Continúe usted,
ciudadana diputada.
EL C. DIP. VICTOR E. DIAZ PALACIOS (Desde su curul): Gracias.
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: En el caso de Tabasco no está
garantizada la limpieza del proceso electoral, dadas las circunstancias en las que arribó
el actual mandatario, Roberto Madrazo Pintado, que como se recordará, fue financiada su
campaña electoral con recursos públicos que derivaron del Banco Unión, propiedad en
este entonces de Cabal Peniche, y que a la postre terminaron en la panza del FOBAPROA.
Y hoy, como sabemos, fueron absorbidos por el IPAB como deuda pública
que estamos pagando los mexicanos y como resultado de ello han quedado canceladas las
posibilidades para que millones de nuestros compatriotas puedan acceder en el presente y
por muchos años en el futuro, a mejores oportunidades de educación y de servicios
básicos.
Dadas las características y la personalidad Política del actual
mandatario tabasqueño, de representar una corriente de opinión de gran fuerza al
interior del partido tricolor y de su interés personal de mostrar su capacidad de
liderazgo para conducir la reestructuración del PRI, no tenemos la menor duda de que los
recursos públicos del erario estatal, estén fluyendo a favor de su candidato Manuel
Andrade. Tampoco tenemos la menor duda de que el caciquismo priísta enraizado en la
sociedad tabasqueña esté haciendo de las suyas para favorecer por todos los medios y a
cualquier precio, el triunfo del candidato del Partido Revolucionario Institucional,
porque como sabemos, el gobernador Madrazo Pintado y los caciques de la región, están
empeñados en mostrar a toda costa que Tabasco es una pasión priísta que se niega
recibir los aires del cambio que soplan en nuestro país.
Tenemos claro que es de vital importancia para la sociedad mexicana,
impulsar el cambio democrático en todas las entidades del país. El pueblo de Tabasco se
lo merece, es tiempo de romper con la inercia de la cultura priísta social al fraude y al
uso de los recursos públicos en los procesos electorales.
Nuestro país no puede continuar mostrando una imagen de modernización
económica en el exterior y con un atraso político en regiones gobernadas por caciques
que se niegan a transitar hacia la democracia y que en última instancia frena la
transformación de nuestra nación y hacen inviable su objetivo de convertirse en
próspera y democrática.
Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del
Partido del Trabajo propone ante este pleno de esta soberanía la constitución de una
comisión especial con la participación de todas las fuerzas políticas representadas en
la Cámara de Diputados de la actual Legislatura, con el propósito de evitar el uso de
los recursos públicos federales y estatales a favor de algún partido o candidato, así
como de inhibir el uso de medios ilícitos e irregulares que puedan manchar el proceso y
la jornada electoral que habrá de culminar el próximo 15 de octubre, Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias señorita diputada. Tiene
el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del
grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Con su permiso, señor
Presidente.
Señoras y señores representantes populares: Como ustedes pueden
observar, la bancada del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional ha coincidido
con otros grupos parlamentarios de esta soberanía a efecto de constituir esta Comisión
Especial que vigile el ejercicio y la aplicación de los recursos federales en el estado
de Tabasco con miras a fiscalizar esta aplicación hacia las elecciones que tendrán que
realizarse en dicha entidad el 15 de octubre próximo.
La nación, el pueblo mexicano y esta soberanía ya han atestiguado el
debate que a propósito de este tipo de comisiones se ha desarrollado en esta tribuna. Se
trata finalmente de reivindicar para el Poder Legislativo la potestad de ser garantes y
vigilantes de los recursos federales que el pueblo de México genera como tributo, así
como hacerse cargo de la vigilancia, del buen uso y aplicación de tales erogaciones.
En la Legislatura LVII que precedió a ésta, se decidió la
realización hace tres años exactamente, de un grupo de trabajo de diputados que fuesen a
fiscalizar los recursos federales en el proceso electoral de aquel entonces.
La respuesta del Congreso del Estado de Tabasco resultó ser una
controversia constitucional. Se querellaba entonces de que se vulneraba la soberanía de
Tabasco.
Sin embargo, y previos los trámites de la controversia constitucional
ante la Suprema Corte de Justicia, ésta decidió y dio la razón conforme a la letra
constitucional a esta Cámara de Diputados disponiendo que esta Cámara cuando investiga
el posible uso indebido de recursos federales, sólo pretende constatar un hecho, el uso
indebido de esos recursos para que en su caso y con base en ese hecho, iniciar o continuar
un juicio político y no para con base en la prueba del hecho, hacer efectiva una
responsabilidad penal o administrativa o incluso para invalidar un proceso electoral,
Concluía la Corte, compañeros, que la Cámara de Diputados es
competente para investigar el uso indebido de recursos federales para efectos exclusivos
de la dilucidaci6n de la existencia de responsabilidad Política en los términos del
artículo 74 Fracción V relacionado con el Artículo 110 de nuestra Carta Magna,
En esta ocasión, compañeros, se pretende de nueva cuenta ejercer al
máximo de sus posibilidades la facultad fiscalizadora de esta soberanía enviando un
grupo de compañeros en donde se encuentren representadas todas las fuerzas políticas a
efecto de cuidar que en el proceso electoral de Tabasco, no haya manipulación, no haya
desvío de recursos federales.
Desafortunadamente la normalidad democrática que hemos alcanzado a
nivel federal, no se ha logrado precisamente en las instancias locales.
Al sexenio todavía le faltan algunos meses; el régimen que tuvo su
condena el 2 de julio, aún no concluye y tenemos que ser todos garantes de que concluya y
de que con él se acaben las manipulaciones y los fraudes al pueblo de México,
Muchas gracias.
(Aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Señor diputado: En el Orden del Día está usted
inscrito para presentar una propuesta.
EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA (En tribuna): Declino, señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Declina. Gracias, señor diputado.
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Pasamos al siguiente punto del Orden del
Día. Se encuentra en el Salón de Recepción de esta Cámara, el licenciado Diódoro
Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, invitado a la sesión de esta fecha en
que se llevará a cabo el análisis del Sexto Informe de Gobierno en materia de Política
Interior.
Se designa en Comisión, para que lo reciban y lo introduzcan a este
recinto a los siguientes ciudadanos diputados: diputado Augusto Gómez Villanueva,
diputado Federico Granja Ricalde, diputada María Eugenia Galván Antillón, diputado
Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, diputado Ricardo Moreno Bastida. Diputada Julieta Prieto
Fuhrken y diputado Jaime Cervantes Rivera.
Se pide a la Comisión cumpla con su cometido.
( La Comisión cumple su cometido)
EL C. PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea del
cierre de Registro de Asistencias y el número de asistencias registradas.
EL C. SECRETARIO MANUEL MEDELLIN MIRAN: Señor presidente, atendiendo a
su solicitud informo a usted que al cierre de la Mesa de Registro existen 477 ciudadanos
diputados registrados.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
EL C. PRESIDENTE: De conformidad con el Acuerdo Parlamentario aprobado
por esta Asamblea y que norma el procedimiento para el análisis del VI Informe de
Gobierno en Materia de Política Interior, nos acompaña el licenciado Diódoro Carrasco
Altamirano, Secretario de Gobernación, a quien le damos la bienvenida.
Para dar cumplimiento al Punto Segundo, Numerales 1, 2 y 3 del
mencionado Acuerdo, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Diódoro Carrasco
Altamirano hasta por 20 minutos.
Puede hacer uso de la palabra señor Secretario.
EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación:
Muchas gracias señor presidente de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados.
Señoras y señores diputados. Es muy grato acudir a la H. Cámara de Diputados para
glosar y analizar en el ámbito de mi competencia el VI Informe del Presidente de la
República Ernesto Zedillo, cumpliendo así con el mandato constitucional.
Por la profundidad, por la trascendencia del quehacer político.
encaminado a consolidar la democracia plena, el balance final del sexenio corresponderá a
la historia, pero entre los saldos que ya podemos aquilatar con claridad a lo largo de los
años recientes, destaca la estabilidad política que goza el país, la reafirmación de
la democracia como propósito constante de gobierno, que culminó en la transparencia,
civilidad y credibilidad de las elecciones federales y estatales recientes, y el
fortalecimiento de la vida republicana, expresado en el equilibrio real y el respeto entre
los Poderes de la Unión.
Estos rasgos que hoy nos definen y caracterizan, tienen su asentamiento
en un nuevo federalismo auténtico, y en una presidencia genuinamente republicana apegada
estrictamente a la ley.
La virtud reconocida del gobierno del Presidente Zedillo, ha sido hacer
suyas y encabezar las transformaciones políticas que se agitaban como anhelo de la
sociedad, así como compartir la vocación de las fuerzas políticas representadas en esta
Cámara.
Aquí con el consenso mayoritario de los partidos, se pactaron las
reformas que explican hoy la nueva era electoral, que es signo histórico de nuestra
democracia.
Por eso es posible afirmar que el sustento de la estabilidad de México
son las instituciones políticas y sociales, que forjó el pueblo mexicano a lo largo de
70 años del período posrevolucionario, negarlo es pueril.
Estas instituciones cobijan a todos los mexicanos, sin distinción de
partido. Hoy la estabilidad se afianza con una gobernabilidad democrática que a todos
beneficia y de todos requiere.
La reforma electoral de 1996 fue una reforma visionaria, aprobada por
consenso mayoritario de los partidos políticos, desterró de nuestra vida política los
conflictos poselectorales, que degastaban a la república.
Dio certidumbre a los procesos, aportó condiciones de equidad y
garantía de transparencia, y confirió objetividad e independencia a las instituciones
electorales.
Con la reforma electoral de 1996 se instituyeron los mecanismos
jurídicos necesarios, para dar total certidumbre a la participación ciudadana. Se
consolida el Instituto Federal Electoral bajo los principios de autonomía y plena
ciudadanización.
Al promover, y con la posterior aprobación de las reformas a las leyes
electorales, el Ejecutivo federal cumplió con el compromiso de establecer un nuevo marco
para el desarrollo de sistema de partido,
La composición en las Cámaras definió un nuevo esquema de
gobernabilidad, centrado en la construcción de acuerdos que ha implicado un importante
cambio en los procedimientos legislativos, y un vasto incremento de iniciativas generadas
y aprobadas por los legisladores. La administración del Presidente Zedillo será
reconocida en la historia, sin duda y sin regateo, como un período democratizador.
Es preciso aquilatar y aprovechar las lecciones que nos deja el
ejercicio democrático recientemente concluido. En primer lugar, destaquemos la
importancia del electorado compuesto por jóvenes, que por vez primera sufragaron, y
mujeres que en su gran mayoría se volcó a las urnas, con plena confianza de que su voto
sería respetado y meticulosamente contado, como en efecto sucedió.
En segundo término, el alto grado de participación ciudadana, la
pasión de los actores políticos y la serenidad y eficiencia de las autoridades
electorales, propiciaron el reconocimiento y el prestigio internacional del país, no por
el resultado en si, sino por la vocación democrática expresada por la sociedad mexicana,
la calidad del proceso electoral y la solidez de sus instituciones.
En ningún momento, como lo advertimos oportunamente, estuvo en riesgo
la gobernabilidad democrática.
En tercer lugar, las elecciones demostraron la necesidad inaplazable
para que todos los actores políticos se preparen con mayor responsabilidad y compromiso a
enfrentar una competencia política cada vez más dinámica, madura y moderna.
En cuarto lugar, finalmente, observamos un claro mensaje por parte del
electorado que no concedió triunfos absolutos a los contendientes, sino que diferenció
su voto para elegir a los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legisladores, tanto en
el plano local como federal, estableciendo así nuevos equilibrios y contrapesos reales en
nuestro sistema político. La sociedad marcó la ruta que obliga a continuar con el
acuerdo y con el consenso político.
En la presente administración se dio un impulso decisivo al nuevo
federalismo y al fortalecimiento de las capacidades de gobierno y de administración de
los municipios del país. En diciembre de '94 se inició la construcción del Sistema
Nacional de Información Municipal y se creó el Ramo 33 del Presupuesto Federal, por vía
del cual el 70% del gasto del gobierno hoy se destina directamente a los municipios.
En este marco las modificaciones al 115 constitucional, aprobadas por
el Honorable Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales en 1999, constituyen
un decidido impulso plural y representativo al municipio, al ampliar sus facultades en
materia administrativa y reglamentaria, en la posibilidad de realizar convenios también
con los gobiernos estatales.
Con el propósito de que los municipios ejerzan plenamente las
facultades que le concede la reforma, se pusieron en marcha programas de apoyo a la
renovación municipal, a la modernización jurídica municipal, al desarrollo
institucional de los ayuntamientos y a la profesionalización, así como el programa de
difusión de la cultura municipalista.
El Sistema Nacional de Protección Civil ha recibido un impulso
decidido para proteger mejor a las personas y a la sociedad, ante la eventualidad de un
desastre provocado por fenómenos naturales o humanos. Ese sistema opera en tres etapas:
prevención, atención a la emergencia y reconstrucción. En cada una de ellas se ha
logrado incorporar y coordinar el esfuerzo de científicos, técnicos, tomadores de
decisiones, medios de comunicación y población.
La decisión oportuna ha sido el elemento clave de las modificaciones
orientadas a hacer más eficiente el sistema. Hemos impulsado así la educación para la
autoprotección, difundiendo y socializando la información que facilita la toma de
decisiones. También se ha trabajado en coordinar las acciones conjuntas del Gobierno
Federal con gobiernos estatales, municipales, comunidades y grupos organizados.
La estrategia ha implicado estandarizar los programas operativos en el
ámbito estatal y municipal, instalar los Consejos Municipales de Protección Civil,
establecer normas oficiales mexicanas en la materia y homologar las estructuras y el
Servicio Civil de Carrera.
La Política Migratoria. La política migratoria en México se sustenta
en la defensa de la soberanía y la seguridad nacionales, y mantiene un profundo sentido
humanista y un estricto respeto a los derechos humanos, alentando corrientes migratorias
que contribuyen a nuestro desarrollo.
Se han otorgado más de 9,500 declaratorias de inmigrados a extranjeros
que han decidido establecer su residencia permanente en el país y aportar de esta forma
su esfuerzo al desarrollo nacional.
Una prioridad de la política migratoria es contribuir a la protección
a migrantes connacionales en el extranjero. En congruencia con esta postura era necesario
cumplir este propósito primero en nuestro propio territorio, por ello la actual
administración reinició el Programa Paisano en los períodos de alto flujo de retorno de
nuestros connacionales provenientes de los Estados Unidos.
Durante el sexenio se asistió a 5 millones 675 mil connacionales,
ampliando las facilidades para internar sus bienes y garantizarles seguridad, respeto y
buen trato por parte de las autoridades en su visita o retorno a México.
Con el apoyo de los Grupos Beta de protección a migrantes que
actualmente operan en el país, se logró atender en el transcurso de este gobierno a un
millón de personas, brindándoles orientación y asistencia jurídica.
En 1996 se anunció el Programa de Estabilización Migratoria, con el
cual se otorgó la calidad de inmigrantes a 10 mil 864 guatemaltecos que optaron por
quedarse, y a 3 mil 984 se les extendió la naturalización; casi 43 mil más, con casi 43
mil más, se culminó un exitoso proceso de repatriación. Esta es una muestra palpable de
la política de asilo solidario que ha caracterizado a México y le ha dado prestigio ante
el mundo, de lo cual nos sentimos orgullosos.
Con el fin de simplificar la identificación de los conmexicanos (?),
se ha procedido a la modernización integración de registro civil, a la integración de
la base de datos del Registro Nacional de Población y a la asignación de la clave única
de Registro de Población, CURP. Esperamos que a fines de este año se integre la CU RP a
todos los documentos oficiales. A la fecha se han asignado casi 63 millones de claves y se
estima que tres de cada cuatro mexicanos cuenten con ella a finales del presente año.
En 96, se instituyó el Programa Nacional de la Mujer; entre los
avances más destacados en materia de equidad de género alcanzados hasta este año, cabe
mencionar los siguientes porque son resultado de amplias discusiones y consensos: el
establecimiento de las Comisiones de Equidad de Género en las Cámaras de Diputados y
Senadores, así como una Comisión Bicameral denominada "Parlamento de Mujeres de
México". Se cuenta ahora con una nueva legislación sobre violencia intrafamiliar y
se crearon instancias de apoyo a la mujer en 27 entidades federativas. También se
concluyó este año la Norma Oficial Mexicana para la Prestación de los Servicios de
Salud que establecen los criterios para la atención de la violencia intrafamiliar.
La preservación del carácter laico del Estado Mexicano, es uno de los
compromisos políticos institucionales básicos de este gobierno. Por ello, la actual
administración ha consolidado las relaciones entre el Estado y las Iglesias conformadas
por casi 6 mil asociaciones religiosas con registro.
Lo anterior demuestra la diversidad religiosa que existe en el país, y
por tanto la necesidad de una coexistencia tolerante, respetuosa entre el poder público y
las iglesias en el país.
Ningún país en el mundo que ha padecido conflictos con grupos
armados, ha practicado una política tan extensa e intensa para su solución en cuanto a
la atención de las causas que lo motivaron, como lo ha hecho México al tratar el
conflicto en el estado de Chiapas.
En casos similares, se ha buscado lograr un a cuerdo de paz tras muchos
años de lucha y un elevado costo en vidas humanas, para después comenzar a atender las
causas que los motivaron sobre las cenizas de miles de muertos. México no ha actuado de
esa manera.
Por ello, el Ejecutivo Federal ha reiterado su voluntad de seguir
insistiendo vía del diálogo y la negociación con el EZLN, con el propósito de alcanzar
el Acuerdo de Concordia y de Pacificación a que se refiere la Ley para el Diálogo, la
Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Junto con ello, se ha emprendido una política
social de gran alcance, orientada a revertir la marginación de los pueblos indígenas y
promover el desarrollo de la entidad, independientemente de filiaciones partidarias,
religiosas o políticas.
En una expresión más de voluntad política, el 7 de septiembre de 99,
se dio a conocer públicamente la carta abierta al EZ, denominada "un paso
más", para solucionar el conflicto en Chiapas. A partir de entonces se dio respuesta
positiva a los cinco requerimientos para retornar a la mesa de las negociaciones que
estableció el EZ, incluyendo la liberación de exzapatistas presos y la instalación de
la Comisión de Seguridad y Verificación de los Acuerdos de San Andrés.
La propuesta y las acciones que sustentan la estrategia "un paso
más", cuyo contenido fue previamente comentado con la COCOPA y otras organizaciones
civiles y religiosas, hasta la fecha no ha recibido respuesta del EZLN. Es necesario que
existan mejores condiciones de confianza mutua para avanzar hacia la paz, pero sobre todo
para avanzar hacia la reivindicación plena de las demandas sociales de los chiapanecos
más pobres, porque la ausencia de diálogo perjudica particularmente a las comunidades
indígenas en la zona de conflicto.
La presencia del Ejército Mexicano en Chiapas, obedece a funciones
sustanciales de protección fronteriza, a resguardo de reservas ecológicas y de combate
al narcotráfico. También, no lo olvidemos, el desempeño de sus tareas en emergencias ha
sido decisivo, como durante las tormentas de septiembre de 1998 en la entidad ayudando
ejemplarmente a la población.
Su acción en la zona del conflicto responde a una declaración de
guerra que no ha sido retirada y a una estrategia de acotamiento cuyos frutos son la
inexistencia de confrontaciones armadas, después de la suspensión al fuego por parte del
Gobierno Federal.
Actualmente en la región prevalecen aún tensiones inter e intra
comunitarias y frágiles equilibrios además de factores de inseguridad, por lo que su
reposicionamiento no puede darse sino hay diálogo y garantías plenas a la población
civil. De otro modo se tendría posiblemente que lamentar graves consecuencias.
El gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, ha actuado en forma
contundente para que Chiapas no haya sido ni sea, escenario de conflicto armado. El
desafío en el estado es la desigualdad, la pobreza, la marginación; contra ella y contra
ello estamos todos los mexicanos.
Por su parte la máxima Casa de Estudios del país la Universidad
Nacional, ha superado la difícil circunstancia por la que atravesó el año pasado. No
hay ahora un solo estudiante encarcela y la institución ha ido recobrando totalmente su
normalidad docente de investigación y de definición de la cultura.
El país vive en paz social pues los conflictos más graves son
atendidos dentro de las vías democráticas, dentro de los cauces legales a través de las
instituciones correspondientes. En ello radica la gobernabilidad democrática que
compartimos y beneficia a todos.
No obstante para la mayoría de los mexicanos el problema más grave
que enfrenta nuestra sociedad es la inseguridad pública derivada de una delincuencia
tanto ordinaria como organizada, cada vez más sofisticada y agresiva. La complejidad de
la criminalidad ha hecho necesaria la planeación y organización de nuevas medidas para
fortalecer a los cuerpos policiacos así como a las estructuras responsables, de procurar
e impartir justicia. El Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene como objetivo
fundamental conducir las políticas y programas para prevenir la comisión de los delitos
y combatir el crimen organizado a través de una coordinación más eficiente entre los
tres órdenes de gobierno.
Los recursos asignados a la presente administración para la seguridad
pública, no tienen precedente, en los últimos cinco años el gasto acumulado para la
seguridad pública asciende a 27 mil millones de pesos, tan solo en este año se
destinaron a estas tareas la cifra histórica de 12 mil 255 millones de pesos,
fortaleciendo el equipamiento, infraestructura y el uso de tecnología para combatir el
delito., se ha profesionalizado y capacitado a 97 mil elementos de seguridad pública y de
procuración de justicia en todo el territorio nacional; se ha incrementado la cobertura y
capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y se ha conformado un sistema
nacional de información sobre seguridad pública, que cuenta ya con distintos bancos de
datos, de huellas decadactilares, de policías, de armas, de delincuentes, de procesos.
Hoy el Estado Mexicano cuenta con la Policía Federal Preventiva, como
un cuerpo altamente entrenado para prevenir la comisión de delitos en el plano federal.
La policía federal preventiva vigila las zonas federales, los puertos, aeropuertos, las
carreteras y las fronteras; su accionar ha permitido la captura de peligrosas bandas de
secuestradores y de traficantes de personas, la reducción sensible de asaltos en las
carreteras del país, el rescate y orden de penales que se encontraban bajo formas
ilegales e inaceptables de autogobierno y la restauración de la normalidad académica en
sitios estratégico como la propia UNAM, entre otros resultados ampliamente reconocidos
por la sociedad.
Como resultado de estas acciones ha disminuido la comisión de
crímenes; en 97 se llegaron a registrar 15.7 delitos por cada mil habitantes, habiéndose
denunciado entonces cerca de un millón y medio de actos delictivos. El crimen llegó
entonces a su máximo nivel. Para 99 se logró contener esta tendencia y comenzó a operar
la disminución de la criminalidad; se denunciaron 1 millón 318 mil ilícitos, lo cual
representa un índice de 13. 4 por cada mil habitantes, monto inferior en casi 15% al de
97.
El Gobierno Federal emprendió las tareas estratégicas en materia de
seguridad pública porque significan una política de estado concebida más allá de un
sexenio o de una coyuntura. Buscamos así, certeza de perdurabilidad y alcance transexenal
a las políticas y a las acciones de seguridad pública que a todos nos conciernen sin
distinción de partido o de orientación ideológica porque se trata de la calidad de vida
colectiva, de la vigencia del Estado como orden jurídico y del mejor futuro que deseamos
asegurar como sociedad.
Señoras y señores legisladores: un concepto de gobernabilidad basado
en el control corporativo, en la hegemonía de un partido casi único, en un sistema de
reglas no escritas hemos transitado hacia una gobernabilidad centrada en resolver las
causas de las demandas sociales.
Un régimen político plural y una vida democrática participativa
basada esencialmente en el estado de derecho y en la vocación republicana de los
mexicanos.
Hoy las cuentas de la gobernabilidad son claras: México tiene
estabilidad y sólidas instituciones. Vivimos en paz y en pleno ejercicio de las
libertades ciudadanas. México ingresa al Siglo XXI con una democracia consolidada y por
ello más fuerte, más fuerte para enfrentar sus desafíos y para vencerlos. Esta será la
tarea cumplida de todos, la tarea de nuestra República. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, ciudadano Secretario. Están inscritos, para
fijar la posición general de su grupo parlamentario, los siguientes ciudadanos diputados:
Del Partido del Trabajo, el Diputado Félix Castellanos Hernández; del Partido Verde
Ecologista de México, la Diputada María Cristina Moctezuma Lule; del Partido de la
Revolución Democrática, el Diputado Tomás Torres Mercado, del Partido Acción Nacional,
el Diputado Armando Salinas Torre y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, el Diputado Melitón Morales Sánchez.
Tiene entonces el uso de la palabra el Diputado Félix Castellanos
Hernández, por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Con el permiso de la
Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, Señor Secretario: Esta soberanía
inicia la glosa del Sexto Informe Presidencial presentado el pasado 1 de septiembre.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que el
análisis debe ir más allá del período que abarca el informe, ya que se debe evaluar la
gestión de los 6 años de la actual administración.
En la evaluación integral de este período, el balance resulta
deficitario y vamos a explicar por qué.
Tal y como lo establece el informe en el capítulo 2, el concepto de
estado de derecho supone la sujeción de los titulares de los órganos del poder público
al mandato expreso de la ley. Esto es precisamente a lo que aspiramos los mexicanos, a que
los funcionarios no hagan más de lo que la ley los faculta, pero que tampoco hagan menos.
Específicamente nos referimos al Sistema Nacional de Seguridad
Pública.
Siendo usted, Señor Secretario, quien preside dicho consejo, sabrá
que la determinación de los lineamientos para el establecimiento de políticas generales
en materia de seguridad pública ha resultado poco menos que ineficaz.
Los mexicanos vivimos en una constante y alarmante inseguridad. Los
cuerpos policiales preventivos son insuficientes e ineficaces. Las policías encargadas de
perseguir los delitos carecen de la debida preparación y eso se traduce en un alto
porcentaje de delitos que quedan sin castigo.
La sociedad mexicana reciente continuamente el ataque de la
delincuencia organizada o de la que actúa en forma individual a su seguridad y
patrimonio. Pero también le llena de indignación el que la justicia se aplique de forma
selectiva y en ocasiones para que los autores intelectuales de delitos queden impunes.
Tales son los casos de Aguas Blancas, Acteal, el Charco, que esperan aún el castigo de
los verdaderos responsables.
En el Sexto Informe se señala la creación de la Policía Federal
Preventiva como paradigma del combate a la delincuencia en la previsión de los delitos.
Aquí quisiera leer textualmente algunas líneas del Informe:
"Asimismo dice el Informe se logró la detección de 51
organizaciones criminales que trafican con personas, la desarticulación de dos bandas que
se dedicaban al tráfico de armas, el restablecimiento del orden en diversos centros de
readaptación social y en el campus de la Unam. "
Ante ello nos preguntamos: ¿qué el Presidente de la República
asimila la función de la institución de educación superior más importante de este
país a la de un centro de readaptación social?
Señor Secretario, resulta vergonzoso para una institución centenaria
como lo es la Unam el que se le coloque en el mismo apartado que a los Ceresos.
Cuando la Policía Federal Preventiva ingresó a la Universidad qué
orden restableció si a muchos de los detenidos no se les probó, por parte del Ministerio
Público Federal, responsabilidad alguna.
Otro ejemplo de la impunidad con la que actúan los altos funcionarios
federales lo tenemos en el caso del exsecretario de Turismo. Por medio de la dependencia
de la que usted es responsable, tramitó la licencia para separarse de su encargo,
presuntamente para comparecer a juicio por las implicaciones que el Gobierno del Distrito
Federal presentara en su contra.
Cuando por fin decide presentar su renuncia, sencillamente huye. Por
cierto, Señor Secretario,¿ los órganos de inteligencia de la Secretaría de
Gobernación sabrán dónde se encuentra Oscar Espinosa para que la Procuraduría pueda
aprehenderlo?
En el apartado denominado Del desarrollo democrático, nosotros, a
diferencia de ustedes, consideramos que el resultado de este logro fue gracias a las
innumerables luchas que miles de mexicanos desde hace décadas libraron en contra del
partido de Estado, del autoritarismo gubernamental y del uso de los recursos públicos en
beneficio de unos cuantos.
Debemos señalar en esta dirección que los partidos políticos
decidimos impulsar en 1995 la reforma del Estado y acudimos con el Titular del Ejecutivo
para pactar esta inaplazable demanda del pueblo de México.
Sin embargo, en los hechos no hubo voluntad política por parte del
Presidente Zedillo para cumplir dicho compromiso. Solo logramos una reforma electoral de
carácter parcial que implicó modificaciones constitucionales y legales, pero que desde
luego no es una reforma electoral definitiva como lo sostiene el Presidente de la
República.
Esta es una asignatura pendiente de impulsar en esta nueva Legislatura
y queremos aprovechar esta alta tribuna para convocar a todos los partidos políticos y a
todas las fuerzas políticas y sociales de nuestro país a iniciar un profundo debate que
permita, ahora sí, arribar a una verdadera reforma electoral sí definitiva pero también
equitativa.
Queremos recordarle también, señor Secretario, que los grupos
parlamentarios diferentes al partido al que usted pertenece, en la pasada Legislatura
impulsaron la creación de una Comisión Especial Encargada de que no se Desviaran
Recursos Públicos Federales en el Proceso Electoral de este año. Dicha comisión
intentó infructuosamente, por la sistemática negativa de usted a firmar un convenio de
colaboración para evitar el uso clientelar de los recursos públicos.
Debemos también mencionarle la negativa de la Secretaría de
Gobernación a transmitir, dentro de los tiempos del Estado, los mensajes del Instituto
Federal Electoral. Consideramos que esto también debería de haberse presentado en el
Informe de Gobierno.
Por ello sostenemos que los resultados electorales del 2 de julio
fueron posible gracias a la alta participación ciudadana y el reconocimiento de dicho
resultado fue simplemente el respeto a la voluntad popular.
Pero lo verdaderamente inadmisible en el recuento de la actuación
federal respecto al conflicto en Chiapas, es el siguiente:
Como muchos otros problemas ancestrales no resueltos la cuestión
indígena le estalló en las manos al Estado mexicano el 1o. De enero de 1994.
Paradójicamente el mismo día que se estrenaban dos signos de la globalización
neoliberal en México: la entrada en vigor del TLC con Estados Unidos y Canadá y nuestra
supuesta incorporación al club de los países ricos: la OCDE.
El Ejecutivo hacia ostentación afuera de lo que aquí carecíamos.
¿Cómo ocultar que la historia indígena real está llena de violentos despojos de
tierra, expropiación de su patrimonio cultural, trabajos forzados, segregación,
vejaciones, injusticias, marginación y muertes por causas absurdas?
Frente a esto, la tecnocracia neoliberal adoptó y ha mantenido un
modelo económico social excluyente respecto a la población indígena. En compensación
los modernizadores zedillistas refuncionalizarón las viejas políticas integracionistas
del indigenismo, es decir, la de destinar limitados recursos económicos, los cuales por
cierto se van quedando en una enorme red burocrática, acompañados del inefable control
político encarnado en los cacicazgos regionales.
En este marco es en donde Zedillo presenta su balance sexenal sobre la
problemática indígena nacional y el conflicto en Chiapas. En el texto del Informe nos
habla de una serie de acciones de gobierno dirigidas a atender asuntos agrarios,
judiciales, productivos y asistenciales, de combate a la pobreza, de seguridad pública,
civiles, religiosos, ambientales y de derecho de la mujer.
En el Informe también se señala que se promovieron reformas
legislativas en los ámbitos federal, local y municipal, en el marco de reconocimiento a
la diversidad cultural de la nación.
En sí mismas, todas las acciones y medidas antes enunciadas presentan
un pobre y muy discutible panorama del desempeño gubernamental en la materia.
Miente Zedillo al decir que desde el primer día de su administración
ha sido inequívoco el compromiso para alcanzar por la vía del diálogo una paz justa,
digna y definitiva. La aparente disposición del Ejecutivo de resolver el conflicto por la
acción trazada en la Ley para el Diálogo, la Concordia y la Paz digna en Chiapas, de
marzo de '95, fue precedida por la celada atroz y cobarde con que se intentó capturar al
Subcomandante Marcos y descabezar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en
febrero de ese año.
Con la participación, debemos recordar, del entonces flamante
Procurador Lozano Gracia.
Posteriormente esa vía fue abandonada totalmente por el Gobierno
Federal cuando en agosto del '96 se suspendieron las negociaciones con el EZLN y en
diciembre de ese año Zedillo rechazó la propuesta de la Cocopa, derivada de los Acuerdos
de San Andrés de febrero del '96, para legislar en materia de derechos y cultura
indígena.
Este "golpe de timón", como suele decir el Ejecutivo, fue
acompañado de la instrumentación de estrategias contrainsurgentes propias de una guerra
de baja intensidad, que se expresaron en la formación de numerosos grupos paramilitares,
el mayor acercamiento militar sobre territorios de influencia zapatista y el intento de
promover y multiplicar conflictos interétnicos.
La masacre de Acteal, perpetrada principalmente sobre mujeres y niños
por un grupo paramilitar y la presentación unilateral de una iniciativa de reformas
constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas en marzo de '98 por parte de
Zedillo, reflejaron claramente la concepción y los propósitos verdaderos del Presidente.
Nada cambió desde entonces, salvo que dicha política se fue
intensificando gradualmente. Pero el pueblo chiapaneco apoyado y alentado por amplias
capas de la sociedad civil y por la convergencia de las fuerzas democráticas y
progresistas, decidió el pasado 20 de agosto, sacudirse del yugo del opresivo régimen y
darle la oportunidad a un proceso real para resolver el conflicto por la vía democrática
y avanzar paralelamente por el camino del desarrollo económico y social para todos los
chiapanecos.
En el Partido del Trabajo se refrenda su compromiso absoluto con el
pueblo chiapaneco y con las políticas encaminadas a alcanzar estos fines bajo el próximo
gobierno de Pablo Salazar Mendiguchia.
Finalmente el Partido del Trabajo sostiene categóricamente que la
solución del conflicto en Chiapas allanará sin duda el camino para atender y solucionar
los aspectos centrales de la cuestión indígena como parte fundamental de la agenda
nacional. Este es también el reto del próximo gobierno foxista y la ciudadanía espera
que lo cumpla sin trampas y sin engaños retóricos, en beneficio de la nación.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Castellanos Hernández.
Tiene el uso de la palabra la diputada Marra Cristina Moctezuma Lule,
del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, por diez minutos.
LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUIIIA LULE (PVEAM): Con su permiso,
señor Presidente.
Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación;
señoras y señores Legisladores:
La instalación de esta nueva Legislatura definitivamente inaugura una
nueva era Política en México, con un Congreso de la Unión más plural que nunca, pero
con la autonomía y fortaleza suficiente para participar directamente en las decisiones de
gobierno.
Los tiempos en que en las Cámaras la glosa del informe era simplemente
una defensa a ultranza de las políticas de gobierno por parte del partido en el poder y
una descalificación en ocasiones intransigente por parte de la oposición, son actitudes
que tienen que quedar en el pasado para romper los cánones a los que estábamos
acostumbrados.
Nuevo Congreso, nuevos tiempos, nuevas formas de hacer Política. Hoy
cumplimos un mandato de ley analizando la glosa del informe del gobierno del Presidente
Ernesto Zedillo. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha hecho
una evaluación de los problemas que enfrenta nuestro país, reconociendo con honestidad y
objetividad los avances logrados y analizando con serenidad los rezagos.
Si hacemos un análisis de la política interior a lo largo de estos
seis años de gobierno, no puede negarse el hecho de que ha habido avances políticos
importantes. Haber transitado de un régimen unipartidista a uno plural, haber dado paso a
la alternancia sin que se presentara la violencia, es la muestra más clara del cambio que
vive el país
Los mexicanos estamos por alcanzar un sistema político lo
suficientemente maduro y congruente con la realidad de los nuevos tiempos.
Memorable este año 2000 por la calidad de las elecciones federales. La
opinión pública ha orientado dos vertientes del proceso de transición democrática,
ambas centradas en el Presidente de la República. La primera en donde se reconoce al
Presidente como un competido impulsor de la transición democrática, Y la segunda tan
desmesurada como la primera, que lo acusa de entregar el poder.
Hay que destacar que el impulso principal de este proceso
democratizador no provino desde Los Pinos ni comenzó en este sexenio, fueron otros
actores. Muchos mexicanos que luchamos por este sueño y que fuimos generando nuevas leyes
e instituciones electorales confiables que garantizaran contiendas más equitativas y
transparentes.
Una vez constituidas estas instituciones, garantes del respeto al
sufragio, la elección del 2 de julio fue un proceso eminentemente plebiscitario en el
cambio del régimen. La noche de la elección el Presidente Zedillo solo cumplió su deber
y aceptó el resultado electoral anunciándolo al país entero, a diferencia de otros
mandatarios que en el pasado se resistieron e incluso combatían los resultados
electorales. Ese es tal vez el mérito de Ernesto Zedillo y por el cual seguramente
ocupará una página importante en la historia moderna del país, que habrá que
confrontar con muchas otras páginas reflexivas ya escritas o que pronto vendrán,
En la presente administración destaca el apoyo que hubo para dotar a
las mujeres de una más amplia y profunda cobertura para asuntos de equidad y así evitar
la discriminación por razones de genero. Asimismo, el Gobierno Federal promovió la labor
de la Comisión Nacional de la Mujer, dicha comisión representa un primer paso para
impulsar un trato equitativo entre mujeres y hombres para una convivencia justa y
armónica en todos los planos de la vida social,
El Partido Verde Ecologista de México reconoce y comparte estos
avances pues siempre hemos creído y trabajado en pro de los derechos de la mujer, No
obstante, no se pueden ocultar los grandes rezagos en materia social de seguridad pública
y el clima de violencia Política que ha vivido el país en muchas regiones de la
República.
Dichos asuntos han sido en muchos casos atendidos con tardanza e
insuficiencia, circunstancia que ha dejado insatisfecha a buena parte del pueblo de
México. Tenemos el caso de Chiapas en donde permanece el conflicto contra el orden
institucional alimentado por las terribles carencias sociales, los cacicazgos políticos y
las diferencias étnicas y religiosas.
No podemos dejar de reconocer que fue un acierto del Gobierno evitar el
uso de la violencia para resolver el conflicto; sin embargo no se atacaron tampoco las
causas que lo originaron y mantienen. Las masacres de Agua Blanca, Acteal y El Bosque no
han sido resueltos y tanto los deudos de las víctimas como la sociedad demandan el
esclarecimiento de estos lamentables sucesos.
Por lo que respecta al tema de Seguridad, en el Informe que analizamos
se argumenta que en razón de la necesidad de enfrentar con toda determinación a la
delincuencia particularmente al crimen organizado, la presente Administración impulsó un
Sistema Nacional de Seguridad Pública que da respuesta, dicen, a la exigencia de
protección que tanto anhela la sociedad.
No obstante, como el propio Presidente de la República lo reconociera
ante esta Soberanía el pasado lo. de Septiembre, la actual Administración fracasó en su
intento de llevar seguridad pública a la ciudadanía. Los ciudadanos están preocupados
no sólo por el mantenimiento del orden ya la paz pública, también les alarma el grave
deterioro del medio ambiente y la impunidad de los delincuentes ambientales.
Señor Secretario, probablemente considere usted que lo anterior no es
un asunto de su competencia; no obstante en el Artículo 4o. de la Ley que otorga
facultades a la policía Federal Preventiva, se establece con toda claridad que los
parques nacionales, las instalaciones hidráulicas, los vasos de las presas, los embalses
de los lagos y los cauces de los ríos, están bajo la vigilancia preventiva de la citada
Policía.
En el Sexto Informe se argumentó mucho a favor de la participación de
la Policía Federal preventiva; sin embargo la responsabilidad tan relevante para la
vigilancia y protección de los recursos naturales de la nación, a tributo de Estado,
simplemente ha sido ignorado y en el Informe no hay ninguna mención al respecto. Para el
Partido Verde Ecologista de México la deforestación, la contaminación de las aguas y la
invasión ilegal de cauces de ríos entre otros, son asuntos de seguridad nacional. El
problema de la deforestación y sus alcances no es competencia exclusiva de la Secretaría
del Medio Ambiente por su importancia como recursos renovables e incluso por estar
íntimamente ligados a desastres naturales, los bosques y selvas constituyen un asunto que
amerita la atención de la Secretaría a su cargo y por ende de los cuerpos policiacos que
de ella dependen.
Las razones y argumentos que sostenemos los Legisladores del Partido
Verde tienen la siguiente referencia: el impacto ambiental tiene que ver con el
narcotráfico, los procesos de urbanización derivado de los movimientos migratorios, los
desastres naturales, la dotaci6n de agua a nuestras comunidades, etc., no existen, o no se
nos han sido presentados, respecto a los incendios forestales provocados por bandas o
grupos criminales asociados al narcotráfico, en buena parte de las laderas de la Sierra
Madre.
Por ejemplo, en el último incendio grave en la zona boscosa de los
chimalapas, muy probablemente fue intencional provocando un impacto ambiental y social;
ahora, las comunidades indígenas que habían habitado en esa selva durante dos mil años,
han tenido que emigrar debido a ese siniestro lo que implica una expulsión migratoria
terminal porque ya no hay comunidad a la cual regresar por irreversible proceso de
reforestación.
Mas aún, la deforestación agrava y magnifica las lluvias; de hecho,
el motivo de las inundaciones no es únicamente la precipitación pluvial, sino la
incapacidad del suelo para encauzar hacia los ríos o filtrarle,
Debido a la deforestaci6n, se han provocado sensibles daños a la
población que repercuten económicamente en el Erario público pues en lo que va del
sexenio, el titular del Ejecutivo ha tenido que declarar en emergencia a múltiples
localidades del país.
Todas estas referencias nos indican la importancia del tema de la
protección del medio ambiente y su íntima relación con la política interior. Para el
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, la deforestación debe ser
tratada con una estrategia de prevención, no con tácticas de rescate y socorro.
México necesita un nuevo proyecto político, un nuevo proyecto de
desarrollo sustentable, un nuevo pacto social, un nuevo esquema de relación con el poder
y una reforma en el ejercicio del poder político; el reto histórico es enorme y asumirlo
implica no solo llevar a cuestas un pasado que nos ha impulsado hacia formas inéditas u
olvidadas de hacer política en México, sino también a la recuperación de todos
aquellos elementos de política que puedan operar en la reconstrucción de la nación por
un México sustentable.
Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESI DENTE: Muchas gracias diputada Cristina Moctezuma Lule.
Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, por diez minutos.
EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso señor Presidente.
Con el de las señoras diputadas, con el de los señores diputados
miembros de esta Legislatura.
Licenciado Diodoro Carrasco Altamirano,
Secretario de Gobernación:
Tengo el deseo firme de que con la intervención en la voz de un
servidor, despierte alguna inquietud en su serena expresión y comparecencia.
Es así señor Secretario, que continuamos ante el Pleno de esta
Asamblea con la glosa del VI Informe de Gobierno que el día primero de septiembre en
curso presentó el doctor Ernesto Zedillo ante el Congreso General. Lo hacemos luego de
analizar el propio Informe y además en el marco de su intervención respecto de los
asuntos de la Secretaría que usted dirige.
El análisis del documento y su intervención de hoy, sería más que
limitada si se hace desde la perspectiva de este último año de la gestión
gubernamental, Es preciso circunscribirla en los objetivos y propósitos que se plantearon
en el Plan Nacional de Desarrollo y en los compromisos que el Presidente de México
adquirió ante los mexicanos.
Bajo esta perspectiva, deben abordarse aspectos que a nuestro juicio
resultan del interés nacional, tanto por su importancia cuanto por la omisión en el
propio Informe.
En efecto, ciertamente el Presupuesto de Egresos que la Federación
destinó en los ejercicios fiscales próximos pasados, fueron significativos en cuanto a
recursos económicos para ser aplicados en el rubro de la seguridad pública. Sin embargo,
se prestigiaron e impulsaron acciones a instituciones con una vocación investigatoria
circunstancial y de atención contingente; poco o nada se hizo en el aspecto preventivo,
tampoco en el capítulo de ejecución de penas y de la readaptación social de la
responsabilidad de la Secretaría de Gobernación. Se insistía especialmente en el
fortalecimiento de corporaciones policiacas con principios de actuación espectaculares y
eminentemente centralistas, anteponiendo a la denominación "federales" para
destacar su nivel de autoridad, sin que ello representara garantía de respeto y eficacia
ante la sociedad. Dichas corporaciones hay que destacarlo son el resultado de la amalgama
de diversos cuerpos policiacos, inclusive de las fuerzas armadas.
En algunos casos, se violentarios derechos laborales adquiridos, y en
otros se degradó el rango y la jerarquía de sus miembros.
La seguridad nacional permanentemente se puso en riesgo, hechos
previsibles y evitables como las muertes de Acteal, Aguas Blancas y Chimalhuacán, así
como las actividades ilícitas, ahora comprobadas de altos funcionarios civiles y
militares, quedan registradas como hechos que deterioran severamente la fortaleza de las
instituciones nacionales.
Se optó por una política criminal retribucionistas, se dejaron de
lado a las instancias básicas de prevención de las conductas antisociales, como lo son
las policías preventivas municipales y la justicia en ese nivel de competencia.
No existe visión más limitada y reducida que concebir a la justicia y
al estado de derecho desde la perspectiva de la investigación penal, pues ésta, la
materia penal, es la más negativa en el conjunto de una justicia integral .
Se dejaron de lado, se reveló incapacidad para impulsar y definir
políticas públicas de justicia laboral, de justicia agraria, de justicia familiar, de
justicia fiscal, entre otras, que finalmente conforman y concurren al estado de derecho:
seguridad pública, procuración y administración de justicia fueron actividades cuyas
fronteras en momento alguno fueron delimitadas.
Por otra parte, los principios contenidos en la Ley Fundamental que
recoge la voluntad del pueblo de México, de constituirse en una república federal, deben
ser rescatados. En la práctica, el Gobierno Federal se ha limitado a desconcentrar
procesos administrativos, impidiendo una auténtica descentralización de funciones y
facultades en la que los estados asuman la responsabilidad de decidir y priorizar el
destino de los recursos y atención de sus necesidades.
En el contexto de estas desconcentraciones, los estados se han
convertido en meros operadores de nóminas de plantilla de personal. El Ejecutivo Federal
dispone aún de amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo y aplicación de los
recursos fiscales federales, lo que ha provocado señaladas diferencias en el desarrollo
regional de nuestro país.
Desde aquí reitero el llamado a las autoridades federales y estatales
para que en el marco de los procesos político electorales en que se encuentran inmersas
algunas entidades del país, particularmente el que se vive en el estado de Tabasco, se
conduzca por el camino de la legalidad, es decir, hacer sólo lo que la ley le permite y
ordena.
En suma, señor Secretario, recapitular omisiones, y en casos
particulares negligencias en el ejercicio de la política interior del país, pudiera
resultar ocioso, son hechos, son circunstancias que la historia ya registra, el dejar
pasar, el dejar crecer problemas nacionales abrigando la esperanza de que con el
transcurso del tiempo se diluirían como los casos de la Universidad Nacional, el desdén
del que son objeto las universidades públicas del país, la permanente y cotidiana
migración de los connacionales a la Unión Americana en busca de oportunidades de vida y
su correspondencia, su incorrespondencia con la frontera sur, con nuestros hermanos
latinoamericanos.
Sin duda alguna, el tema de Chiapas representa para la administración
del Presidente Zedillo, uno de los saldos pendientes hoy en día para todos los mexicanos.
No pudo salvarse la honra de la palabra y del compromiso político de traer a la vigencia
los acuerdos de San Andrés Larrainzar.
El reconocimiento de los resultados electorales en la elección
presidencial del pasado 2 de julio, no fue un acto generoso, era intrínseca, era moral y
políticamente obligatorio. Los compromisos incumplidos sobre la reforma del estado, se
convirtieron en una asignatura omitida. La estructura y el marco constitucional de
competencia de los poderes del Estado Mexicano, habrán, seguramente de replantearse
nuevamente.
Finalmente, compañeras y compañeros diputados, asumamos la
responsabilidad histórica como poder constituido para la reforma del estado en el marco
de la Ley Fundamental vigente y conforme a los principios políticos básicos e
irrenunciables. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Tomás Torres Mercado. Tiene
el uso de la palabra el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional, por diez minutos.
EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia diputado Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores. Señor Secretario de Gobernación, licenciado
Diodoro Carrasco Altamirano:
Usted acude a esta tribuna cuando finaliza la administraci6n del
Presidente Zedillo, quien no se caracterizó por su capacidad para atender y resolver los
problemas políticos del país. Muestra de ello, es que la dependencia a su cargo ha sido
ocupada hasta ahora por cuatro titulares, quienes no pudieron, no supieron o no quisieron
controlar ha cacicazgos existentes en su propio partido, se dedicaron a combatir a sus
enemigos considerando como tales a quienes no coincidían con su postura, menospreciaron y
olvidaron el grave problema social que existía en Chiapas, incluso, hubo quien consideró
una pantomima lo que ahora se califica como un asunto de seguridad nacional. Hicieron poco
o nada por la política interior del país o se preocuparon más por su candidatura
presidencial que de los problemas políticos de México.
El actual gobierno ha establecido como estrategia hablar de la
importancia de la democracia, pero ésta no siempre fue refrendada por los hechos. La
sociedad mexicana ha demandado que platicar la democracia es mucho menos importante que
llevarla a cabo y vivirla cotidianamente.
Aceptar los acontecimientos importantes sólo por el mandato superior e
ineludible, como fue el resultado del pasado 2 de julio, no es una actitud democrática.
La transición en México, no es obra del doctor Zedillo, ésta no fue pactada, ésta fue
a pesar, ésta fue votada y el mérito de ello es única y exclusivamente del pueblo de
México. (aplausos)
El Presidente inició su mandato con la promesa de una auténtica
división de poderes, habiendo ofrecido gobernar dialogando con el Poder Legislativo,
prometiendo fortalecer ese diálogo por medio del respeto y la verdad.
Desde la instalación de la pasada legislatura, el Ejecutivo realizó
un desdén permanente en cuanto perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, negó en
forma sistemática y selectivamente, información al Congreso.
El Ejecutivo Federal se rehuso a proporcionar la información
solicitada por la Cámara de Diputados sobre el rescate bancario; fue necesaria la
intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le ordenara al
Presidente de la República que cumpliera con la solicitud antes mencionada.
El Consejo General del Instituto Federal Electoral del cual ahora
resalta el Ejecutivo en su Informe su carácter imparcial y democrático, solicitó al
gobierno federal la suspensión de la difusión de las obras públicas realizadas por la
administración zedillista, porque se trataba de promocionales electorales veladamente en
favor del candidato oficial que vulneraban principios elementales de equidad y de
democracia.
Usted, señor Secretario, desdeñó tal solicitud y declaró más aún
ante los medios de comunicación, que no se vislumbraba el triunfo de la oposición.
No obstante que se ha destacado en forma reiterada que México vive en
un estado social y democrático de derecho, existen algunos casos que cuestionan
seriamente dicha afirmación,
Titulares del Ejecutivo Local ahora se encuentra prófugos de la
justicia o en vías de ser sometidos a un proceso penal por el desempeño de sus
funciones. Tal es el caso de Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea y Oscar Espinosa
Villarreal, quienes como muchos otros, han utilizado el fuero constitucional como escudo
de impunidad.
La ausencia de un estado de derecho se percibe por la violencia
ocurrida en Aguas Blancas, Acteal e incluso Chimalhuacán, originada con motivo del
conflicto entre los distintos grupos de poder.
Podemos decir que estamos ante un gobierno que pretende minimizar los
acontecimientos, de retirarse de la responsabilidad que el ejercicio democrático demanda
y la ley impone.
Al respecto, la sociedad condena el silencio que se guardó en todos y
cada uno de los informes de gobierno respecto a los problemas de enorme relevancia para el
país.
Señor Secretario: Aún faltan dos meses y medio para que concluya la
presente administración. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional le hace
patente una inquietud importante: No queremos que se acentúe esa despreocupación con que
siempre se actuó ni que se deje a su libre albedrío por vacío de autoridad, a las
fuerzas de los diversos intereses que se niegan a aceptar la nueva realidad política por
la que transita México.
Se aproximan dos procesos electorales de carácter local y lo
conminamos a vigilar que la actuación del gobierno federal sea con respeto a la ley y a
los principios de la democracia; pero no sólo en el tema electoral sino en toda la esfera
de atribuciones que la administración pública federal y en especial de la dependencia a
su cargo.
Uno de los temas que más agravia y preocupa a los habitantes de este
país, que constituye una de las razones que legitiman la existencia del Estado, de los
principales compromisos de Ernesto Zedillo cuando en este recinto tomó posesión como
Presidente de la República, de las responsabilidades más importantes de la Secretaría
de Gobernación, es la coordinaci6n de las acciones de seguridad nacional, seguridad
pública, prevención y readaptación social, así como organizar y dirigir la Policía
Federal Preventiva.
Nunca antes, hay que reconocerlo, el Poder Ejecutivo Federal había
contado con tantos recursos para combatir la inseguridad, pero también nunca antes la
sociedad había manifestado tanto temor al delito como lo hace ahora,
Ernesto Zedillo Ponce de León, como él mismo lo ha reconocido,
fracasó en su tarea de garantizar la tranquilidad a las familias mexicanas.
Desde 1996 al año 2000, los recursos con los que contaba el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, crecieron más de 470 veces. Al menos los recursos
designados a las dependencias federales responsables de la seguridad pública, crecieron
10 veces más. No obstante ello, al parecer, no fueron suficientes de acuerdo con el
Informe del Presidente de la República, ni siquiera, según los datos oficiales, para
detener el incremento de los delitos federales denunciados.
El Ejecutivo Federal insistió cuantas veces pudo que el 95 % de los
delitos denunciados son responsabilidad de los gobiernos estatales. Este argumento no es
legítimo por dos razones:
Primero. Porque el gobierno federal no ha disminuido la delincuencia
que le corresponde enfrentar y
Segundo. Porque dispone a través de las dependencias federales, de
casi el 50 % de los recursos totales asignados al Sistema Nacional de Seguridad Pública .
¿Cómo explicar a la sociedad que aun incrementando aceleradamente los
recursos, aun habiendo creado una ley y un Sistema de Coordinación Nacional, la
inseguridad haya aumentado? tanto en términos objetivos como en la percepción de todos
los mexicanos?
Si la ineficiencia no fue por recursos ni por falta de instrumentos
jurídicos ni por falta de reformas administrativas, ¿entonces cuál es la causa del
fracaso?
Señor Secretario, la estructura del Sistema Nacional de Seguridad
Pública habla de que el Sistema Nacional opera desde 1996. Esto se desmiente, por el
sólo reconocimiento de que recientemente el año pasado, se puso, se instaló y empezó a
operar el Centro de Proceso Central requerido para administrar el Registro Nacional de
Huellas Dactilares y Centro Nacional de Conversión, lo contempla el mismo Informe, que
son nada menos que los registros de los responsables de los delitos de las personas de
Seguridad Nacional.
Más aun, no se informó si los elementos que fueron transferidos del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional CICEN a la Policía Federal Preventiva,
cumplen con los requisitos y procesos de selección establecidos en la ley que aprobó
este Congreso, insisto señor Secretario, de eso tampoco se informó.
La ausencia de una policía civil que cumpla con los principios
constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, aunado a una
deficiente estrategia del combate al narcotráfico, ha motivado que se coloque a nuestras
Fuerzas Armadas en una situación delicada para el Estado mexicano.
Desde hace algunos años se ha denunciado el grave riesgo y los
inconvenientes de utilizar al Ejército y la Armada en el Combate a la Delincuencia y al
Narcotráfico, y en general en las tareas que en principio no deben de ser de su
competencia, toda vez que no están formados como policías sino como militares.
Los casos de los generales Gutiérrez Rebollo, Acosta Chaparro y Quiros
Hermosillo, constituyen una llamada más de atención para modificar dichas estrategias.
Una más de muchas omisiones que encontramos en el Informe del Presidente de la
República, es el número de mexicanos que han muerto en el combate a la delincuencia,
desde aquí nuestro reconocimiento y gratitud.
Señor Secretario, compañeras y compañeros legisladores. La
democracia de la cual nos enorgullecemos en estos días, debe de ser refrendada en los
hechos, de nuestra parte, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, tiene la
disposición de hacerla efectiva y construirla cotidianamente.
Lo mismo esperamos de nuestros interlocutores como de este gobierno,
que junto con un sistema político termine. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Armando Salinas Torres. Tiene el uso
de la palabra el diputado Melitón Morales Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional por diez minutos.
EL C. DIPUTADO MELITON MORALES SANCHEZ: Señor presidente. Señoras,
señores diputados. Señor Secretario de Gobernación Diódoro Carrasco Altamirano. Lo
saludamos con respeto, con afecto, es usted bien recibido.
En nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, vengo a fijar la posición en relación con temas que tienen que ver con la
política interior del país, con la reforma democrática y la estabilidad social y con
esa sentida demanda de la ciudadana, que es la seguridad pública.
El Informe presidencial contiene precisiones claras, sobre logros y
dificultades que vivió la república en los últimos años, que fueron tiempos de cambios
profundos.
Desde el gobierno los priístas hemos conducido la construcción del
México moderno, procurando que sea un país de leyes, de instituciones, de libertades, no
somos aun una sociedad perfecta, pero nuestras conquistas son enormes, nada tiene que ver
el México de hoy con la injusta, aldeana y débil república del porfiriato.
A lo largo de décadas de estabilidad y paz social y de progreso
continuo, creamos una enorme infraestructura de servicios y facilidades para la vida
comunitaria que hoy nos permiten a los mexicanos vivir por lo menos el doble de lo que
vivieron nuestros padres en aquellos tiempos anteriores a la Revolución.
Nuestro pueblo tiene hoy, hasta en el más apartado rincón de la
geografía mexicana, acceso a la educación, a los servicios de salud y comunicaciones con
el resto del mundo. Hay, no obstante, pobreza sobre todo en el campo, pero la nación
crece, la nación se desarrolla; los obreros, los campesinos y los demás sectores
populares gozamos de las garantías ciudadanas contenidas en la Constitución Política
que nos dio la Revolución de 1917. Tenemos que reconocer cifras rojas en lo que a equidad
y equilibrio socioeconómico se refiere; subsiste la pobreza extrema en amplios sectores
del pueblo. En esos desequilibrios se funda sin duda, el crecimiento de la inseguridad
ciudadana, porque la pobreza y las necesidades extremas son el caldo de cultivo universal
de todos los desajustes y todas las violencias.
No entendemos la seguridad pública como un problema puramente
policíaco, como un fenómeno social aislado o sólo como producto de influencias externas
o tendencias delincuenciales. La vemos como un producto de múltiples causas y factores,
por eso en nuestra agenda parlamentaria el combate a la pobreza y las desigualdades
extremas tienen la más alta prioridad y será nuestra principal y permanente línea de
acción, en íntima relación con los sectores más afectados y agraviados.
Ahora bien, tenemos que reconocer que el campo de la madurez cívica y
política de nación ha sido en estos últimos años, la mejor expresión de nuestro
esfuerzo hacia la modernidad. Está también el sólido andamiaje de las leyes e
instituciones que articulan y hacen viable la paz, la gobernabilidad y el progreso de la
nación, y sobre todo se sustenta en la norma suprema que es la Constitución Política
que nos rige y que a pesar de los cambios y modificaciones que ha sufrido en los 83 años
de su espléndida vigencia, contiene y expresa los principios y los valores de un proyecto
mexicano de nación que surgió con Juárez y la generación de la Reforma.
La democracia que impulsa los cambios político electorales y nuestras
transformaciones sociales, son parte de ese proyecto de nación; no es copia ni mandato
venidos de fuera, es parte muy íntima y substancial del modelo de sociedad que nos
encargaron construir los Padres Constitucionalistas en 1917.
La democracia no es para nosotros los priístas, sólo una moda o un
compromiso pasajero; es parte innegociable de nuestras convicciones y de nuestro proyecto
de nación. El mandato democrático del pueblo es para sumar, no para restar; para
alternar, no para desplazar ni destruir, por eso los mismos electores nos dieron a los
priístas la mayoría en esta Cámara de Diputados y la mayoría en la Cámara de
Senadores. (Aplausos)
Queremos a México económicamente próspero, socialmente justo e
internacionalmente soberano, pero lo queremos también profundamente democrático, más
allá del simple ritual electoral. Para nosotros el mayor valor del ejercicio democrático
radica en su capacidad de abrir el poder al pueblo en el gobierno de la República, en
todos sus niveles, en todos sus órdenes. La gobernabilidad democrática se sustenta en la
paz y en la seguridad de la sociedad.
La seguridad pública tiene como fin el salvaguardar la integridad y
derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. A
este concepto amplio de seguridad pública, queremos arribar los mexicanos, queremos
sentirnos protegidos y seguros. No queremos padecer más atentados contra la integridad de
nuestras familias y nuestros patrimonios, pero comprendemos que esa seguridad sólo puede
ser consistente y perdurable en una sociedad justa, libre y democrática.
Reconocemos los esfuerzos del gobierno en estos rubros. Hay ahora bases
sólidas para construir el Sistema Nacional de Seguridad Pública; se cuenta con
corporaciones capacitadas en proceso de consolidación; instrumentos y mecanismos legales
y administrativos para enfrentar la lucha contra el crimen en forma coordinada entre los
tres órdenes de gobierno, pero debemos ser enfáticos.
La sociedad se siente agraviada; sin duda tenemos también una
responsabilidad para impulsar nuevas medidas específicas que permitan combatir a fondo la
delincuencia y el crimen organizado. En ello tenemos una gran corresponsabilidad los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Tenemos que recuperar como patrimonio social,
la seguridad pública que nos arrebata la delincuencia; Asidos a los valores sociales y
cívicos, así como al respeto a la legalidad, lograremos que en nuestra sociedad deje de
permear el sentimiento de inseguridad y angustia que hasta ahora hemos enfrentado.
Convocamos a todos los grupos parlamentarios a combatir juntos este
flagelo, profundizando en las reformas sociales del Poder Judicial y del marco legal de
los cuerpos de seguridad; exijamos a las autoridades eficacia en el combate a la
delincuencia. Convoquemos a la sociedad a tener mayor participación y contribuyamos a
ello cumpliendo cabalmente con nuestra función legislativa.
Asimismo, manifestamos que resulta de la mayor relevancia para los
migrantes mexicanos, garantizar una política migratoria de protección a nuestros
connacionales y explorar ordenamientos innovadores en la materia. Los miles, millones de
trabajadores migratorios mexicanos, deben de saber que en el PRI encontrarán respaldo y
compromiso para la solución de sus demandas.
Señores diputados, señoras diputadas:
El grupo parlamentario priísta en esta Cámara, valora
responsablemente los avances en materia de política interior, pero también es consciente
de que aún hay grandes temas nacionales que requieren mayor atención. En materia de
política interior, las cuestiones nunca están resueltas de una vez ni para siempre. A
una etapa de estabilidad y paz interna, pueden proseguir momentos de agitación y
conflicto; a un período de aprecio por los derechos humanos, situaciones de represión
selectiva generalizada; a una etapa de conducción institucional y democrática de la
autoridad, circunstancias de excesos, arbitrariedades y autoritarismos.
Queremos refrendar ante la Nación, que el compromiso del priísmo en
materia de política interior, es cuidar la vigencia de nuestro estado de derecho;
propiciar el eficaz desempeño de las instituciones de Estado para garantizar la
convivencia armónica y respetuosa en el marco de la ley; estar vigilantes para que
quienes ejerzan el gobierno, no importa su signo ideológico, no tiren por la borda las
conquistas en materia de garantías individuales y derechos de asociación y libertad de
expresión que tanto han costado a nuestro pueblo y que los gobiernos priístas han sabido
preservar.
A acrecentar el ambiente de tolerancia, a acrecentar el ambiente de
tolerancia, convivencia pacífica y participación democrática, es a lo que nos
comprometemos; es el signo de los tiempos, es la visión del PRI.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE. Gracias, señor diputado.
En los términos del acuerdo que rige esta comparecencia, hará uso de
la palabra el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, por
diez minutos.
Tiene usted la palabra, señor Secretario.
C. SRIO DE GOBERNACION DIODORO CARRASCO: Muchas gracias señor
presidente:
En las distintas intervenciones que hemos escuchado del señor diputado
Félix Castellanos, del Partido del Trabajo; de la diputada María Cristina Moctezuma, del
Partido Verde Ecologista de México; del diputado Tomás Torres Mercado, del PRD; del
diputado Armando Salinas, del Partido Acción Nacional y del diputado Melitón Morales,
del PRI, hay un denominador común que me gustaría abordar en esta oportunidad. Dos temas
de manera particular destacan y se insisten en cada una de las intervenciones: Uno es el
que tiene que ver con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, su concepción, sus
alcances, sus logros y los distintos cuestionamientos que aquí se han planteado. Y el
otro de manera especial hace énfasis en Chiapas, en la política que se ha adoptado en
Chiapas para poder atacar a fondo las causas que motivan el levantamiento así como la
postura del gobierno del Presidente Zedillo en relación a los Acuerdos de San Andrés.
Permítanme abordar en primer término estos dos grandes temas. El
Sistema Nacional de Seguridad Pública, y creo que vale la pena subrayarlo porque nos
puede evitar muchas confusiones no es un órgano de autoridad; no es un órgano que
sustituya a una institución o instituciones de seguridad pública en los Estados de la
República; no es un órgano operativo que intervenga en operativos policíacos; no suple
a ninguna autoridad en materia de prevención, procuración o administración de justicia
y no realiza investigaciones ni labores de inteligencia; no otorga licencias ni
credenciales. El Sistema Nacional de Seguridad Pública es una instancia de coordinación,
para coordinar justamente acciones de seguridad pública entre dependencias federales,
dependencias estatales y dependencias municipales; es una instancia que sesiona para
discutir prioridades de la Agenda Nacional de Seguridad Pública y en consecuencia
plantear demandas de recursos financieros al Congreso de la Unión, como lo haremos
próximamente cuando se discuta este tema. Es una instancia que busca y provee recursos
tecnológicos para apuntalar las tareas de prevención, de investigación, de procuración
y de administración de justicia, así como de readaptación social a las instancias
operativas responsables que en este caso son fundamentalmente los gobiernos de los Estados
de la República y el Gobierno del Distrito Federal.
Y comento esto porque el 9590 efectivamente, de los delitos que
alimentan el índice nacional delictivo son delitos que corresponden al fuero común, que
compete atender, prevenir, resolver, a las propias autoridades estatales a través de sus
cuerpos de seguridad pública, de sus ministerios públicos. Y esto no es aludir el
problema, es reconocer un fenómeno que tiene diferentes significados, alcances y tamaños
en la República. Así como hay estados en la República que tienen indicadores de
inseguridad muy por debajo de la media nacional como pueden ser algunos estados del
sureste, hay entidades de la república que jalan el promedio de inseguridad hacia arriba,
como son estados del centro del país o como son estados del norte del país, notablemente
Baja California y Jalisco o el Distrito Federal y es un fenómeno que tenemos en el país
y lo que se busca es enfrentarlo y atenderlo en coordinación con las autoridades
estatales, señores legisladores.
¿Qué hace el Sistema Nacional de Seguridad Pública en consecuencia?
es un esfuerzo de corresponsabilidad; es un esfuerzo de corresponsabilidad que abre vías
para contribuir a resolver el tema de la seguridad pública entre todos, no solamente al
Gobierno Federal que tiene su parte por supuesto, y para eso ha constituido y ha creado la
Policía Federal Preventiva, cuyo nombre federal no tiene otra connotación que no es el
hecho justamente de lo que la propia definición de la policía federal tiene como
atribución y función: prevenir y atender delitos de carácter federal, atender esfuerzos
preventivos en zonas federales, carreteras federales, puertos, aeropuertos, fronteras. Esa
es la tarea de la Policía Federal Preventiva y delitos que tienen que ver con el orden
federal como los delitos de "cuello blanco", contribuir en la tarea contra el
narcotráfico, sobre todo en materia de investigación y por supuesto el tema que tiene
que ver con grupos armados y secuestros, entre otros delitos particulares que ahora
referiré cuál es el resultado de esta policía en cada uno de estos temas.
El presupuesto del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hace apenas
tres años, señores legisladores, no teníamos efectivamente un Sistema Nacional de
Seguridad Pública, motivado por muy distintas razones que quizás no vengan al caso
comentar en esta tribuna, pero entre otras cosas por descuido, por abandono; se dejaron
crear problemas que pusieron en riesgo la seguridad pública en el país.
Se comprometió este gobierno y el Presidente Zedillo con la sociedad,
con los gobiernos de los estados, con el Congreso, a impulsar una gran cruzada nacional
contra el crimen y la delincuencia organizada.
Así se planteó este propósito. Esta gran cruzada implicaba, entre
otras cosas, diseñar un sistema, instrumentos, mecanismos de información, contar con los
recursos humanos, con las técnicas de información, con los avances tecnológicos
necesarios que posibilitaran, en coordinación, insisto, con autoridades estatales y
municipales, diseñar y poner a operar un sistema nacional de seguridad pública.
Tenemos 3 años que se inició este esfuerzo, que se inició coordinado
desde la Secretaría de Gobernación, en una tarea institucional, con una visión de
Estado y, por supuesto, con una visión, en consecuencia, de largo aliento, de largo plazo
para un reto mayúsculo en la República.
Cuáles son los resultados hoy, cuando se habla de más de 12 mil
millones que se están ejerciendo en materia del Sistema Nacional de Seguridad Pública y
se cuestionan los resultados. Estamos construyendo un mecanismo para combatir al crimen y
a la delincuencia organizada.
Y quiero decirles muy rápidamente que para qué están sirviendo estos
recursos. En primer lugar, para atender el tema central que es preocupación de todos: la
profesionalización de los cuerpos policiacos. No podíamos partir con un esfuerzo
profesional si tenemos cuerpos policiacos con una enorme heterogeneidad, mal pagados, peor
preparados y pésimamente equipados.
La primera tarea fue dedicarnos a impulsar, con los gobiernos de los
estados, un sistema que nos permitiera evaluar el nivel académico, técnico, operativo de
los cuerpos de policía en el país, en todo el país, en coordinación con los
gobernadores de los estados.
Esto ha significado un monto muy significativo, muy importante de
recursos, recursos que se han destinado a evaluar a más de 106 mil elementos policiacos a
la fecha en todo el país y a capacitar hoy tenemos ya capacitados, juntos 135 mil
elementos que equivalen casi al 47.5% del personal de seguridad pública en el país.
5 academias regionales de capacitación para la seguridad pública
están terminándose. La primera, en Sinaloa, ya fue inaugurada; 4 más inauguraremos en
el transcurso de las próximas semanas para dar cobertura regional a las demandas de
capacitación de los distintos estados y municipios del país.
Se ha incrementado también la cobertura y capacidad de respuesta de
los cuerpos de seguridad pública. Por ejemplo, el esfuerzo que se está haciendo con los
gobiernos de los estados para que aquellos cuerpos policiacos que han sido evaluados y
capacitados puedan tener una mayor remuneración que refleje el esfuerzo que están
haciendo para profesionalizar su actividad.
Se ha incrementado sustancialmente el equipamiento en corporaciones. Se
han destinado recursos muy importantes para la adquisición de patrullas, helicópteros,
lanchas; se han destinado recursos muy significativos para comprar los implementos
básicos que tienen los cuerpos policiacos: chalecos, radios, armamento que cotidianamente
y ustedes lo ven reflejado en los medios de comunicación están haciéndose entrega por
parte de los respectivos ejecutivos estatales y del propio Gobierno Federal.
Se ha impulsado otro eje fundamental del Sistema Nacional de Seguridad
Pública que es la construcción de un sistema nacional de información. Un sistema
nacional de información que no teníamos para combatir la delincuencia organizada. Que no
teníamos para contar con bancos de datos fundamentales. El banco de huellas
decadactilares, el banco de armas, banco y registro de armas, el banco de procesos, el
banco de policías, entre otras cosas fundamentales, así como los mecanismos de
información que, de acuerdo a las características y necesidades de cada entidad, se han
venido implementando en este sistema nacional de información que evidentemente no ha
requerido pocos recursos; ha requerido una gran inversión por la tecnología encriptada,
especializada, que hoy nos permite operar con un sistema de voz, de datos y de imagen para
la seguridad pública en el país.
Se ha echado a andar una red nacional de telecomunicaciones que es
justamente este esfuerzo por crear una red que enlace a todas las entidades del país en
materia de seguridad pública. Se han instalado 16 redes estatales; estamos instalando 10
redes básicas más y estamos enlazando los mecanismos de información para la seguridad
con Sedena, con la PGR, con la propia Secretaría de Gobernación y, por supuesto, con
este instrumento operativo que es la Policía Federal Preventiva.
Y finalmente se están destinando recursos fundamentales al tema de la
construcción y dignificación de estructura penitenciaria que está permitiendo que se
construyan en este gobierno prácticamente 46 mil espacios más.
Ese es el destino de los recursos. Termino mi comentario porque se ha
acabado el tiempo con este primer tema señalando lo siguiente:
Si bien compartimos la opinión y la preocupación de que el monto de
los recursos cuando se está construyendo un sistema, no se refleja necesariamente en los
rápidos resultados que requiere la ciudadanía para tener confianza y certidumbre en el
combate al crimen y la delincuencia organizada. Tampoco permanecen estáticas las cifras y
los indicadores.
Hemos pasado, como comenté hace unos momentos, de 15.4 a 13.5 en el
índice delictivo nacional y en algunos estados de la Re pública ha sido muy sensible la
disminución de este índice delictivo, merced a la operación de los nuevos mecanismos de
seguridad.
Este no es un esfuerzo sexenal. Este no es un esfuerzo partidista. Este
no es un esfuerzo que reconozca frontera física. Es un esfuerzo que tiene que
visualizarse como está visualizado: con una visión de Estado y de largo plazo, que
esperamos se continúe en los próximos años para el bien del pueblo de México.
(Aplausos)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN):
Muchas gracias, ciudadano Secretario.
Pasaremos a dar cumplimiento a lo establecido en el acuerdo que regula
y rige esta comparecencia.
En el turno de preguntas y respuestas están inscritos por los grupos
parlamentarios para formular sus preguntas, por cuatro minutos:
La Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; La
Diputada María Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México; El
Diputado Luis Miguel Barbosa Huerta del Partido de la Revolución Democrática; El
Diputado José Guillermo Anaya Llamas, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional; y La Diputada Patricia Aguilar García del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
Quiero solicitarles su apego a las normas que rigen esta comparecencia,
procurando apegarse al tiempo establecido y votado por esta asamblea.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Rosalía Peredo Aguilar, del
Partido del Trabajo.
LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR (PT): Con su permiso, señor
Presidente.
Señor Secretario:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo tiene particular
interés en que usted explique las determinaciones aplicadas respecto de algunos temas
adicionales, no tratados por razones de tiempo en nuestra intervención inicial. La
similar situación estructural de Chiapas, Oaxaca y Guerrero que en el discurso oficial se
toma para explicar buena parte de los problemas sociales y económicos, de marginación y
pobreza extrema en esas entidades estaría en la base para comprender el surgimiento y las
acciones de grupos armados. En un caso el EZLN, en los otros dos el EPR, el ERPI y otros
grupos.
En los hechos específicos de El Charco, municipio de Ayutla, Guerrero,
el Ejército Mexicano llevó a cabo una operación de exterminio en contra de integrantes
del ERPI y civiles que se encontraban en la escuela de esa localidad. Esta acción mostró
la negativa del gobierno federal para encontrar por la vía de la negociación política
soluciones a los problemas sociales.
La acción del Ejército Mexicano se tradujo en flagrantes violaciones
a las garantías individuales y a los derechos humanos de estos mexicanos que se rebelaron
frente a causas sociales que el propio gobierno reconoce en otros lugares del territorio
nacional.
Señor Secretario:
¿No le parece que existe un divorcio entre el discurso de la pro
puesta de la supuesta tolerancia que formulara el Ejecutivo y la de cisión represiva
aplicada por los cuerpos de seguridad? ¿Cuántos hechos más como los de El Charco, Aguas
Blancas, Acteal, la Unam y otros tendrán que ocurrir para cambiar en un genuino sentido
social las políticas públicas?
Señor Secretario:
Todos sabemos que cerca de un millón de mexicanos indocumentados se
dirigen anualmente hacia los Estados Unidos para cruzar la frontera en busca de
oportunidades económicas que no encuentran en nuestro país. En este intento
frecuentemente son víctimas de enganchadores, polleros y cuerpos policiacos, quienes
impunemente los roban, agreden físicamente y eventualmente los matan.
Nada al parecer se ha hecho por parte de las autoridades para acabar
con esta situación y para aquellos que por fortuna logran sortear estos problemas, les
aguarda el riesgo de morir en algunas de las múltiples vías que rigen para cruzar la
frontera.
Señor Secretario:
Más allá del limitado paliativo que representa la acción del grupo
Beta, ¿de qué manera las políticas implementadas por la dependencia a su cargo han
contribuido a atender debidamente esta problemática?
Señor Secretario:
Refiriéndome a otro asunto, le solicito atentamente que explique ante
esta soberanía ¿qué ha hecho la Secretaría de Gobernación en contra de las graves
atrocidades cometidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración, de la
Policía Federal Preventiva y la Judicial Federal y otros cuerpos policiacos sobre los
migrantes centroamericanos que diariamente se internan en nuestro país en busca de las
oportunidades de mejoramiento para ellos y sus familias que no tienen en sus lugares de
origen?
Hablamos de detenciones violentas, maltratos, violaciones sexuales
contra mujeres, vejaciones de todo tipo y retención en lugares clandestinos en
condiciones infrahumanas, tal como ha sido ampliamente documentado por una empresa
televisiva en días recientes. Señor Secretario, ¿qué nos puede decir al respecto?
Finalmente le pedimos una explicación respecto de la expulsión
apresurada de supuestos miembros del ETA a España, sin la previa solicitud de
extradición por el gobierno de ese país. El procedimiento así seguido hace suponer que
se ha pasado por alto garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna y los
derechos humanos más elementales.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada.
Tiene, para dar respuesta, el uso de la palabra el ciudadano Diódoro
Carrasco, Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos,
EL C. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de Gobernación:
Muchas gracias, señor Presidente.
La señora diputada Rosalía Peredo Aguilar, nos ha planteado la
preocupación que hay en relación a la situación social de rezago, de marginación, en
estados del sur sureste de la República, como Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y plantea que
si esto, como se afirma en algún párrafo del Sexto Informe de Gobierno, es o ha sido una
de las causas que explican el surgimiento de grupos armados como EPR, ERPI, EZLN.
Permítame abordar primero este primer tema, porque me parece que se ha
insistido como una tesis que queda perfectamente explícita en el informe del Presidente
Zedillo, de que el compromiso, la preocupación central además de las medidas de
contención, además de los esquemas de acota miento, pero sobre todo además del esfuerzo
político por impulsar y recuperar espacios de confianza y de diálogo a los que me he
referido con la carta de 1999 en el caso particular de Chiapas que es un muy buen ejemplo
para contestar este comentario ha sido precisamente la búsqueda de alternativas de
solución a las razones, a las causas que a juicio del Gobierno de la República explican
en buena medida el surgimiento de este tipo de conflictos.
En el caso de Chiapas en particular, se ha desplegado una muy intensa,
profunda política social, que ha significado no solamente recursos muy importantes sino
un esquema de coordinación y de participación de dependencias federales y estatales,
para atender los retos principales en materia de rezago social.
Entre 1995 y este año 2000 se han invertido en Chiapas del orden de 76
mil millones de pesos a precios constantes del último año, que nos permiten hoy evaluar
y ponderar resultados muy importantes en un tema que a juicio del gobierno es un tema que
explica no por sí solo, pero que explica en una buena proporción el origen de estas
muchas legítimas inquietudes de carácter social que han derivado desafortunadamente en
este tipo de movimientos armados.
Y estos recursos que se han destinado a educación, a salud, a resolver
problemas de agua potable, de comunicaciones, que se han destinado a impulsar solución de
problemas agrarios, de proyectar y generar alternativas productivas en materia
agropecuaria, de proteger recursos naturales, de impulsar esquemas de desarrollo regional
y de empleo temporal, sin duda, como lo establece el informe, han permitido arrojar
resultados muy importantes; resultados tan importantes como el incremento de más de 24
por ciento de la matrícula escolar en este periodo; resultados tan importantes como la
creación de 140 nuevos centros de salud y clínicas que incrementan sustancialmente la
infraestructura hospitalaria y de salud pública; resultados tan importantes como la
construcción de varios sistemas de agua potable, 24 en grandes zonas urbanas, núcleos
urbanos, y 1,216 en zonas rurales, aumentado la cobertura de servicios de agua potable de
65 a 76 por ciento en este periodo, o la construcci6n de una gran cantidad de caminos que
ha permitido ampliar para fines de seguridad, pero también de desarrollo regional, la red
carretera en el estado o la firma de acuerdos agrarios para generar esquemas de
estabilidad y desarrollo con 60 organizaciones campesinas y 112 grupos independientes.
Bueno, este es el esfuerzo en materia de política social, entre otros
temas fundamentales que se están haciendo en Chiapas, además por supuesto de la
creación de 300 mil empleos temporales en seis años o la atención de casi 288 mil
familias dispersas en más de 5 mil localidades, como el programa de educación, salud y
alimentación.
Yo creo que este es el reto fundamental que tenemos en entidades como
Chiapas, como Oaxaca y como Guerrero, entre otras cosas; además por supuesto de seguir
insistiendo, ratificando en los conductos de la negociación y diálogo para encauzar y
dirimir demandas sociales que se han expresado por vías armadas y por supuesto la
vigilancia y la observancia estricta de la ley para evitar problemas de inestabilidad y de
surgimiento de acciones de violencia que pongan en riesgo a la propia población.
Eso es lo que se ha vendió haciendo en coordinación con las
autoridades loca les y con los distintos niveles de gobierno en estados como Chiapas, como
Guerrero y como Oaxaca con fenómenos particulares de Ezeta, CPR y ERP.
Comentaba la señora Diputada también el tema de los indocumentados y
del papel que tiene el Instituto Nacional de Migración y las políticas de la Secretaría
de Gobernación en este particular.
Yo le quisiera comentar que desde 1995 la Secretaria de Gobernación a
través del Instituto Nacional de Migración ha puesto en marcha un Programa Nacional de
Protección a Migrantes como lo referí en mi primera intervención y este Pro grama,
entre otras cosas, responde precisamente al reconocimiento de los migrantes por sus
condiciones precarias, por su situación jurídica, social y económica son permanentes
víctimas de agresiones de delincuentes o de incluso cuerpos de seguridad y autoridades
deshonestas que atentan contra sus derechos elementales consagradas en todas las leyes
mexicanas.
Una de los vertientes, uno de los aspectos importantes de este Programa
es la creación precisamente de los grupos de protecci6n a migrantes, estos son
mecanismos, sistemas de cooperaci6n entre niveles de gobierno que nos está permitiendo a
través del Instituto Nacional de Migración utilizarlos para brindar protección amplia y
oportuna a los migrantes.
Tenemos diez grupos de protección a migrantes en el país, ahora
coordinándose con la Policía Federal Preventiva, ahora coordinándose muy estrechamente
con las autoridades locales y nos ha permitido por ejemplo este año, del lo. de junio de
este año rescatar a 6, 346 migrantes en situaciones de emergencia, es el trabajo y el
papel que hacemos en los grupos Beta y ahora con la Policía Federal Preventiva.
Termino mi comentario señora Diputada, atendiendo su preocupación en
relación al papel de los criterios que utilizó la Secretaría de Gobernación y el
Gobierno para la expulsión de los nacionales españoles.
En el caso de la expulsión de cuatro nacionales españoles efectuado
en el mes de enero de este año, no se aplicaron la Ley de Expedición Internacional ni
del Artículo 33 en virtud de que se instruyó el procedimiento administrativo migratorio
previsto en al Ley General de Población en el Capítulo X de nuestra Ley de Población,
en virtud de la violaci6n de distintos artículos, es decir, estos nacionales españoles
se internaron ilegalmente al territorio nacional y en ningún momento acreditaron su
estancia permaneciendo por un tiempo importante en el país bajo esta consideración, es
decir, de manera ilegal y ese caso particular es competencia del Instituto Nacional de
Migración conocer y resolver sobre violaciones, como es en este caso al Capítulo X de la
Ley General de Población, Esa es la raz6n específica por la cual tuvieron que abandonar
el territorio nacional de manera inmediata y sin necesidad de previo oficio como lo
establecen las propias disposiciones de la Ley Federal de Poblaci6n que es nuestra
facultad observar y aplicar.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario. Tiene ahora el uso
de la palabra para formular su pregunta, la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.... me permite, compañera
diputada, he cometido un error en el trámite.
En este momento, procede hacer uso de la palabra para hacer su replica
por parte del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Tiene el uso de la palabra la
diputada Rosalía Peredo Aguilar, para réplica, por cuatro minutos.
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con su permiso señor Presidente.
Señor Secretario:
Para los diputado del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las
res puestas presentadas por usted son totalmente insuficientes. Sin duda usted al igual
que el titular del Ejecutivo, en su Informe, describe la realidad de un país que solo
existe en las ideas preconcebidas que tienen sobre México.
Mientras persiste el actual modelo de desarrollo económico, millones
de mexicanos seguirán rebelándose por diferentes vías ante las políticas que los dejan
totalmente fuera de cualquier beneficio del crecimiento económico. Por tanto,
proseguirán manifestaciones de protesta social que eventualmente se traducirán en el
surgimiento de grupos armados o en la multiplicación de las acciones militares de los
grupos ya existentes en numerosas regiones a lo largo y ancho del país.
No se hizo nada realmente serio por establecer negociaciones con el
EZLN, después de que se suspendiera el diálogo en agosto de 1996, frente al
incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés Larrainzar. La iniciativa del
Ejecutivo sobre reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, en
absoluto respondía a lo acordado con los zapatistas y avalado por la COCOPA y la CONAI.
Las sistemáticas agresiones de que fuera objeto la CONAI y en especial
el obispo Samuel Ruiz, evidenciaron claramente que no existió nunca voluntad en sostener
una negociación responsable por parte del gobierno federal para resolver el conflicto en
Chiapas.
La tolerancia, la supuesta responsabilidad y el respeto que ostento el
titular del Ejecutivo en su mensaje del primero de septiembre y que vemos repetir en el
texto del Informe, no corresponden a los hechos observados esto es así en varios de los
problemas más delicados que ha tenido el país en el sexenio que termina.
En los seis años recientes se dieron múltiples violaciones a los
derechos humanos, no obstante la crueldad con que estas fueron perpetradas, no hubo
castigo para los autores intelectuales y en muchos casos para los autores materiales.
Hablemos de Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Ocotzingo, en
donde en todos los casos prevaleció en mayor o menor grado la impunidad; este es el signo
distintivo del gobierno que termina y no la actitud democrática y republicana que se
pregona.
De igual modo, el supuesto estado de derecho que dice haber
salvaguardado el Ejecutivo, solo se ha aplicado a quienes no tienen capacidad para comprar
impunidad y complicidades.
Dónde si no se encuentra Mario Villanueva, Oscar Espinoza, José
Parcero López y otros, que estrechamente vinculados al régimen, casualmente evadieron la
acción de la justicia.
En el caso de Espinoza Villarreal, representa un asunto de particular
trascendencia para el presidente Zedillo pues se trat6 de una de sus piezas del ajedrez
político más queridas; Espinoza fue el medio para recibir de Cabal Peniche los recursos
económicos que sirvieron para financiar las campañas electorales de Colosio, Zedillo y
Roberto Madrazo, recursos que actualmente se encuentra en la bolsa negra del I PAB
reconocidos como deuda pública,
Los crímenes políticos no aclarados, constituyen un haber mas en la
cuenta del vulnerado estado de derecho en el sexenio zedillista. Junto al prometido
"bienestar para la familia", Ernesto Zedillo se comprometi6 a poner todo su
empeño en la soluci6n de tales casos que indignaron a la ciudadanía y finalmente tampoco
cumplió.
Señor Secretario: Hay muchos otros asuntos que sería conveniente y
necesario tratar en un diálogo respetuoso, respecto de la situaci6n real que presenta el
país en este fin de sexenio, desafortunadamente el formato manda límites precisos. En
todo caso, no queremos pasar por alto el asunto especial que revistió el conflicto de la
UNAM: usted optó por el uso de la fuerza después de haber agotado todos los recursos y
las artes posibles para debilitar y presentar como una caricatura un movimiento social que
se levantó firmemente para luchar contra las Políticas neoliberales en el campo de la
educación.
No lo derrotaron con argumentos ni mediante el tan pregonado diálogo
que dice haber seguido el gobierno como línea de conducta, lo sometió sin liquidarlo la
Policía Federal Preventiva, signo inequívoco del rostro social del sexenio del doctor
Zedillo.
Y quiero recordar aquí, señor Secretario, en término de sus
atribuciones, lo referente al artículo 27 fracción IV, donde le compete plenamente la
vigilancia de todos los funcionarios de este país para vigilar y controlar lo que
respecta a derechos humanos.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Tiene ahora el uso de la
palabra para formular su pregunta, la diputada Marra Cristina Moctezuma Lule, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cuatro minutos.
LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su permiso, señor
Presidente.
Señor Secretario: en su intervención anterior le preocupó mucho que
casi todos los legisladores hiciéramos cuestionamientos en cuanto a la seguridad
nacional, en particular a la Policía Federal Preventiva, y nos dio respuesta, pero yo
quedé insatisfecha una vez más porque, como lo dije en mi intervención, el Ejecutivo
simplemente ignoró el asunto de la seguridad nacional en cuanto al medio ambiente, y por
eso precisamente vuelvo a cuestionarle y ahora mis preguntas son muy directas, y espero
esas respuestas también directas.
¿ Considera la deforestación como un problema de seguridad nacional,
crítico y grave para el país? Y, ¿qué percepción tiene la Secretaría a su cargo
respecto a las dimensiones de este problema y sus alcances? ¿ Cuáles son las
recomendaciones que formula al respecto el Gobierno Federal, desde la perspectiva de la
seguridad nacional?
¿ Sabe usted, señor Secretario, cuál es en este momento el impacto
de la deforestación y la descertificación en los procesos migratorios, los movimientos
de población que se están produciendo a causa de expulsiones relacionadas directamente
con la pérdida del recurso forestal? ¿Está usted, señor Secretario, al tanto de los
datos respecto a los incendios forestales, y que buena parte son provocados directamente
por personas que finalmente son personas que están involucradas en el narcotráfico?
¿Conoce el impacto del incendio de Los Chimalapas?, porque creo que es
un asunto que conoce. Usted fue gobernador del estado de Oaxaca . ¿ Conoce usted la
relación que existe entre el impacto de las inundaciones y la deforestación? ¿Se
anticipa el gobierno a los gravísimos conflictos sociales que se avecinan por los
problemas de disponibilidad de agua, relacionados directamente con la deforestación?
Y concluyo, señor Secretario. ¿ No deberían de ser estos temas
considerados por la Secretaría de Gobernación, 0mo asuntos graves, críticos en la
agenda de seguridad nacional? ¿ No es la pérdida de grandes extensiones de bosques o
selvas causados por la deforestación, un asunto fundamental de la seguridad nacional?
Muchas gracias por sus respuestas.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada María Cristina Moctezuma
Lule.
Tiene ahora, para dar respuesta a la pregunta, el uso de la palabra el
ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.
EL C. SECRETARIO, DIODORO CARRASCO: Señora diputada doña María
Cristina Moctezuma: Yo creo que el primer tema que valdría la pena abordar a propósito
de su insistente pregunta, es la vinculación que existe entre el tema de seguridad
pública y el tema de seguridad nacional, y me parece que para ser muy puntual en mi
comentario que usted me solicita, por supuesto que el tema de la desforestación es, como
muchos otros temas estratégicos, un reto para la seguridad nacional.
Aquí parte de la tarea, parte de la responsabilidad efectivamente de
la Secretaría de Gobernación a través del Centro de Información para la Seguridad
Nacional, es la elaboración y la coadyuvancia con instancias ejecutivas de gobierno, en
la elaboración de investigaciones y de estudios que se denominan así: " Estudios
Estratégicos para la Seguridad Nacional".
Uno de ellos tiene que ver precisamente con el tema de la
desforestación. Sí es un tema de seguridad nacional.
¿ Cuáles son las recomendaciones, cuáles son los alcances de los
problemas de la deforestación? Yo le diría que la información de que nosotros
disponemos es que de la superficie forestal, que está estimada en 141.7 millones de
hectáreas cerca del 70 por ciento de la superficie del país es superficie forestal no
toda la superficie forestal tiene vegetación uniforme y original, bueno esta vegetación
con los fenómenos que usted ha comentado causa y efecto de los procesos de
desforestación, los siniestros que hemos vivido en los últimos años, muchos agravados
por los problemas de desforestación, los incendios de enormes superficies como el caso
que usted refiere de Chimalapas o de otras zonas del país como la zona maya de Quinta
Roo, por recordar dos de los más connotados en los últimos años, tienen efectivamente
diferentes causas, tienen diferentes orígenes. Los incendios, en los bosques templados,
por ejemplo de acuerdo a nuestros datos suman cerca del 48 por ciento; la ganadería y la
agricultura aporta el 43 por ciento, la tala ilegal casi el 5 por ciento y otros factores
el tres por ciento.
En selvas, las actividades productivas representan el 70 por ciento, en
especial la conversión de selvas, en pastizales, pastoreo en extensivo de bovinos, pero
también la agricultura con esta práctica que pese a los esfuerzos que se han impulsado
en nuestras entidades sigue siendo una práctica histórica vigente, el sistema de rosa,
tumba y quema, que también es un importante factor de incendios.
Por su puesto que las consecuencias, como usted nos comenta, las
consecuencias que tenemos de estos incendios forestales son muchas de ellas de carácter
irreversible, la pérdida de recursos forestales y sus derivados, la degradación de los
suelos, la pérdida de ciclos hidrológicos, la erosión moderada y severa, la
descertificación, la pérdida de hábitas naturales, de especies silvestres y la pérdida
de recursos bióticos y ambientales.
Esta tarea, en la cual, insisto, está contemplada como un tema de
seguridad nacional y para lo cual se realizan, se están realizando hoy precisamente
estudios estratégicos, tiene una serie de acciones que no son competencia de esta
Secretaría, que son competencia de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y
Pesca, pero sí quiero comentar que esta preocupación ha sido abordada por el gobierno
federal a través de la SEMARNAP y ha puesto en marcha, ha implementado una serie de
programas para frenar estos procesos de deterioro los cuales ha venido construyendo,
impulsando, articulando a través de la protección y conservación de los ecosistemas
naturales, del aprovechamiento sustentable de estos ecosistemas y sus especies y de la
restauración ecológica de superficies desforestadas o perturbadas.
Estos esfuerzos, señora diputada, están permitiendo llevar a la
práctica acciones muy específicas como la utilización de alternativas sustentables a
través de mecanismos de reconversión productiva hacia las áreas campesinas que tienen
este tipo de prácticas para poder darles mayores oportunidades de ingreso y sustentos a
ellos y a sus familias; se ha impulsado un proceso de reforestación manual en áreas
devastadas que de acuerdo con los reportes de SEMARNAP que vienen contemplados en el anexo
del informe, se han implicado la plantación de mil 670 millones de árboles, lo que
equivale a 800 mil árboles diarios, y aqu7 juega un papel importante, por cierto, otra
vez el Ejército mexicano.
Se han establecido 85 zonas prioritarias de protección contra
incendios, se han incrementado sustancialmente las brigadas, se cuenta ahora con un
mecanismo de detección satelital de incendios, monitoreado por cierto, parte de él, en
la Universidad de Colima y se han reducido el tiempo de la llegada de los siniestros.
Yo creo que este tema, que es un tema de enormes magnitudes y de
enormes implicaciones para el país hoy y para el futuro del país, es sin duda una
preocupación y una tarea que tenemos, que tenemos contemplada como una tarea de seguridad
nacional por las implicaciones para el futuro de nuestra República. Y bueno tiene una
enorme razón la señora diputada, María Cristina Moctezuma, ésta es una tarea donde se
requieren intensificar de manera sostenida las actividades, no solamente de investigación
sino de acción en materia preventiva.
Se ha diseñado todo un sistema de protección y de rescate a través
de SEMARNAP, son políticas otra vez, políticas y programas que han involucrado a una
enorme cantidad de comunidades, de municipios, de habitantes de los distintos lugares de
la República que se han sumado a esta preocupación de los distintos niveles de gobierno
y que requiere y exige que todos sigamos fortaleciendo, creando, recreando, educando a
nuestros hijos, a nuestras familias en este mecanismo de carácter preventivo que es
finalmente obligación de todos.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario.
Pregunto al Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México
si hará uso de su derecho de réplica.
LA C. DIP. CRISTINA MOCTEZUMA LULE (Desde su curul): Sí, señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra, ciudadana diputada Cristina
Moctezuma Lule, por 4 minutos para formular su réplica.
LA C. DIP. MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su permiso, señor
Presidente.
Señor Secretario: Le agradezco mucho su respuesta. Finalmente reconoce
que el tema que abordamos sí es de seguridad nacional.
También quisiera, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde,
solicitarle una información que probablemente en un acercamiento con usted, nos pueda
facilitar porque finalmente la inquietud partía de que en el Informe estaba ignorado como
en sus respuestas y que ahora puntualmente nos ha dado una información muy valiosa que
quisiéramos contar los legisladores del Verde con esa información que usted tiene.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDNETE: Gracias, diputada.
Para formular su pregunta, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al diputado Luis Miguel
Barbosa Huerta, hasta por cuatro minutos.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, diputado Presidente.
Señoras y señores legisladores. Señor Secretario de Gobernación: Como ocurrió en sus
anteriores informes, del Sexto Informe del Presidente Zedillo, están ausentes, como si no
existieran, los grandes temas que inquietan y preocupan a los mexicanos.
También es un documento plagado de afirmaciones equívocas. Bajo el
rubro "Política Migratoria y de Relaciones Nacionales en el Extranjero", el
Presidente Zedillo informa que " . . . la Política migratoria de México se finca en
el ejercicio de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional, con respeto a los
derechos humanos, apego a la legalidad y aliento a las corrientes migratorias que
contribuyen a nuestro desarrollo".
Nada más falso. Uno de los pilares ideológicos, fundamentales que
dieron fisonomía al Estado mexicano postrevolucionario, fue sin lugar a dudas la
autonomía de la tradicional Política exterior y la defensa del derecho de asilo.
A lo largo de su historia México ganó prestigio internacional a
fuerza de ejercer una política de asilo generosa y solidaria.
Con la ilegal deportación de perseguidos políticos, el gobierno
zedillista dio la espalda y terminó con nuestra tradición de asilo.
Son muestras de estas atroces acciones las detenciones y posteriores
expulsiones fast track entrega de policía a policía del ciudadano argentino Enrique
Egorrearán Merlo y de los ciudadanos vascos José Ugodson Larrea, Miguel Santiago Aspora,
José Angel Ochoa y Michael Larrieta, ejecutados al margen de la ley y vulnerando
flagrantemente las garantías individuales a las que conforme el artículo 33 de la
Constitución tienen derecho todos los extranjeros por el solo hecho de encontrarse dentro
del territorio nacional.
Es público que la expulsión de trece ciudadanos vascos ocurrida de
1996 a enero del 2000, se violentaron preceptos específicos del Tratado de Extradición
Bilateral entre México y España, la Declaración Universal y los pactos de derechos
humanos, las convenciones de la ONU para Refugiados y Contra la Tortura y obviamente las
normas del debido proceso legal que se consignan como principio fundamental del derecho
mexicano.
Es condenable la tolerancia para que policías españoles realicen
actividades de vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA que se encuentran en nuestro
territorio, como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca Iñigo Elcoro (?)
y Michael Corta .
No puede aceptarse la forma en que el Instituto Nacional de Migración
ha llevado a cabo detenciones y expulsiones de observadores extranjeros de derechos
humanos. Es inadmisible que por cumplir con acuerdos realizados en la sombra con gobiernos
extranjeros, el gobierno del Presidente Zedillo haya roto con los tradicionales principios
fundamentales de la política exterior de México y el principio de legalidad que da
sustento a nuestro sistema jurídico.
Caso también lamentable fue el de 40 inmigrantes centroamericanos, que
en julio de 1998 las autoridades nacionales deportaron en un camión recolecto de basura.
El trato sufrido por ellos, llevó al gobierno de El Salvador a elevar una protesta ante
el gobierno zedillista, por lo que se consideró graves violaciones a los derechos
humanos, entre ellos el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral.
Entonces le pregunto señor Secretario: ¿el gobierno del doctor
Zedillo y la Secretaría de Gobernación a su cargo han asumido la obligación de vigilar
el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país,
especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, está usted satisfecho
al respecto? Gracias señores legisladores.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Luis Miguel Barbosa
Huerta. Tiene el uso de la palabra el ciudadano Secretario de Gobernación, para dar
respuesta a las preguntas hasta por ocho minutos.
EL C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Muchas gracias señor presidente.
Señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta nos está haciendo un planteamiento en el
sentido de que se han dejado de lado y violentado la política de asilo tradicional, y que
no se corresponde con las expresiones del texto del VI Informe de Gobierno, en relación a
los principios humanitarios abiertos de la política de población y de la política
migratoria, y fundamenta este comentario en la expulsión de nacionales argentinos y
vascos y en el tema de los observadores extranjeros de derechos humanos entre otros.
Comento puntualmente el planteamiento, porque por supuesto no estamos
de acuerdo con esa interpretación y con esta visión, porque son dos asuntos distintos.
Una cosa son los principios y las bases a partir de los cuales, se observa, se aplica
cotidianamente esta política abierta, humanitaria, respetuosa en materia de población,
para quienes deseen venir a nuestro país a contribuir en su desarrollo en los distintos
ámbitos académico, económico; y dábamos justamente cifras de esta tarea, más de 9,500
extranjeros tienen carácter de nacionales, a partir de las solicitudes que han venido
haciendo a lo largo de los últimos años.
Pero así como tenemos esa obligación y respetamos y observamos esos
principios, que son un motivo fundamental de orgullo en la política de asilo y de refugio
en México, y un caso notable de ello es quizás uno de los más exitosos programas de
refugio y asilo que ha habido en los últimos años en el mundo, que es el programa que
tuvimos con los guatemaltecos, que tuvieron que refugiarse y asilarse en nuestro país con
motivo de las guerras internas en Guatemala. Y que han culminado prácticamente de manera
muy exitosa, con el retorno de más de 42 mil refugiados, y con un número muy importante
de guatemaltecos que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana, que tienen familias
mexicanas y que hoy están en pleno proceso de integración, incluso dotándoseles de
tierras y medios para poder subsistir y enfrentar sus condiciones familiares y de
desarrollo.
El caso particular de la expulsión de argentinos y nacionales vascos,
tiene que, ver con otras de las responsabilidades y ordenamientos que tenemos como
gobierno y como Secretaría de Gobernación, que es la aplicación estricta de la ley,
cuando se violentan los ordenamientos y procedimientos administrativos contemplados en
materia emigratoria.
Ya hice referencia a la violación que se hizo al Capítulo 10 de la
Ley General de Población, en virtud también de la violación al Capítulo 120 de dicha
ley.
Es decir, en el caso particular de los nacionales argentinos: Leandro
Aníval Rodríguez, Cecilia Brenda Rossi, Cristian Carlos Hernán Castillo y María
Cecilia Feijó, que se efectuó el pasado23 de febrero de este año, se hizo
fundamentalmente porque tres de ellos, con la característica de turistas y de uno más
con la /visitante de dependiente económico, realizaron en el país actividades no
autorizadas en su permiso de internación.
Y bueno, esto faculta y exige mandata a la autoridad competente a
actuar en consecuencia.
El tema de los nacionales españoles lo hemos comentado también, fue
fundamentalmente por las mismas razones por las cuales fueron finalmente con base en
procedimiento administrativo previsto en la Ley General de Población expulsados del
país, sacados del país en virtud de que no entraron, en este caso particular los
ciudadanos españoles Arrieta, Ochoa, Gotzun, Larrea, Lorreaga y Santiago Eispura, que
fueron expulsados en enero del presente año, no se aplicó, entre otras cosas, la Ley de
Extradición, sino el procedimiento administrativo de la Ley General de Población,
insisto, porque se internaron ilegalmente en territorio nacional y en ningún momento
acreditaron su estancia legal y formal en nuestro país.
El tema de observadores, que es una categoría que ha contemplado en
este esquema de disposición la Ley General de Población, observadores en derechos
humanos, visitantes para procesos electorales, el único requisito, la única condición
que establece la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de
Migración para que puedan moverse libremente en el país, es que cumplan con los
requerimientos de ley correspondientes, que actúen como es la ley mexicana en materia de
migración, de buena fe.
El único caso que tuvimos en el periodo electoral pasado, fue un
permiso negado a un observador internacional, visitante como lo denomina la Ley Electoral,
un visitante internacional porque había pretendido entrar al país con una calidad
migratoria que no correspondía a la función que quería desempeñar, es decir, quiso
engañar a las autoridades electorales y a las autoridades migratorias sobre la finalidad
de su visita. Sin embargo, en acuerdo con los distintos partidos políticos que
solicitaron revisar su caso y con el propio Instituto Federal Electoral, se dio y se
concedió el perdón administrativo y el permiso para poder hacer estas acciones de
observación internacional en el proceso electoral. No hubo un solo visitante
internacional que haya solicitado permiso en forma y tiempo que no pudiera entrar y
permanecer en el país, en los términos del convenio que se firmó con Naciones Unidas y
con el Instituto Federal Electoral, impulsado, por cierto por el propio gobierno de la
República a través de Gobernación, y ocurre lo mismo en el caso de los visitantes en
materia de derechos humanos.
Habría que revisar a cuáles casos particulares se refiere el señor
diputado, para saber cuál fue la circunstancia o la condición, si fuera el caso, que le
impidió entrar o permanecer en el país.
Tenemos la obligación de respetar y honrar nuestra política en
materia de asilo, de refugio, de estímulo a las corrientes migratorias, pero también
tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer que se respeten nuestras leyes.
EL PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática si hará uso de su derecho de réplica.
EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Sí, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, para hacer el uso de su
derecho de réplica, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, por cuatro minutos.
EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: La respuesta que ofrece el
responsable de la Política interior del país sobre si el gobierno zedillista respetó o
no, de manera irrestricta las garantías individuales a mexicanos y extranjeros, es propia
de la constante que existió en esta administración: la permanente evasión de los
grandes problemas nacionales, como lo es, y de manera central también, el de la
inseguridad pública.
Sobre este tema, aun cuando en los seis años del gabinete expirante
pretendió desarrollarse una estrategia que la hicieron consistir en diversas acciones
como la aprobación de reformas constitucionales y de leyes secundarias, la puesta en
marcha del Sistema Nacional de Seguridad y su cruzada nacional contra el crimen y la
delincuencia, así como la creación del cuerpo policíaco más atípico e improvisado en
la historia de la seguridad pública en México, me refiero a la creación de la Policía
Federal Preventiva, los resultados se pueden resumir en una sola palabra: fracaso.
Fracaso porque en la vida cotidiana la sociedad vive un profundo
sentimiento de inseguridad, producto del incremento en lo que va del sexenio, de los
índices delictivos, la proliferación del crimen organizado en sus variantes de
narcotráfico, secuestro y tráfico de armas y el elevado grado de violencia social.
Este vacío de seguridad, es el resultado de la ineficacia de las
Políticas gubernamentales implementadas que van desde la propia desorganización y falta
de coordinación de los cuerpos policíacos, hasta la falta de un verdadero proyecto de
seguridad pública, todo ello en el marco de un modelo de gestión económica neoliberal
que al igual que en otro países del orbe, se encuentra estrechamente ligada al incremento
de la delincuencia por excluir a grandes sectores de la población del desarrollo social.
De ahí que, para solucionar el problema de la inseguridad y la
violencia social, hubiesen sido necesarias acciones verdaderas en la esfera de la
organización policial; la lucha contra el crimen organizado, combate a la corrupción e
impunidad en los círculos gubernamentales y la atención de la marginación y la
exclusión social, acciones que evidentemente estuvieron ausentes durante todo el gobierno
zedillista.
Es todo, señores parlamentarios.
EL PRESIDENTE. Muchas gracias, diputado Barbosa Huerta.
Tiene el uso de la palabra para formular sus preguntas por parte del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado José Guillermo Anaya
Llamas, hasta por cuatro minutos.
EL DIPUTADO JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS. Con su permiso, señor
Presidente.
Señor Secretario:
Usted trató de dar contestación a uno de los cuestionamientos que
hizo el diputado Armando Salinas Torre, del grupo parlamentario de Acción Nacional,
cuando argumenta usted que la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública apenas
tiene en operación tres años. Yo le quiero recordar que en el propio informe" dice
que entró en operación desde 1996 con la ley que establece las bases del Sistema
Nacional en 1995.
Pero insisto, señor Secretario, del análisis de los seis informes de
gobierno que rindió ante esta soberanía el Ejecutivo Federal, advertimos que coinciden
en tres aspectos fundamentales en materia de seguridad pública:
Primero, en afirmar que al vivir en un estado de derecho, es la única
garantía para una convivencia social armónica, amén de que el cumplimiento de este
principio contribuye a la igualdad efectiva de todos ante la ley.
Segundo, en expresar que se han destinado a este rubro los recursos
más cuantiosos en la historia de México para el combate a la delincuencia y el crimen.
Tercero, que se reconoce que a pesar de los esfuerzos realizados, hoy
la inseguridad pública y la falta de respeto al estado de derecho, son el mayor
obstáculo para el progreso material y a una vida social armónica, y que hasta ahora la
magnitud y la complejidad del problema, han sido más grandes que el efecto de las
acciones emprendidas.
En este contexto estamos de acuerdo en las dos primeras afirmaciones,
no así en el tercer reconocimiento, porque no basta con admitir el fracaso contra la
delincuencia y la inseguridad y con ello pretender lavarse las manos. El Ejecutivo debió
haber cumplido cabalmente el compromiso que asumió originalmente en el Plan Nacional de
Desarrollo 1995 2000 y Programa Nacional de Seguridad Pública, así como en la famosa
"Cruzada Nacional contra el Crimen y la Delincuencia".
Ahora bien, en lo que respecta al presupuesto asignado a la seguridad
pública, es cierto que se destinaron recursos sin precedentes; no obstante ello, señor
Secretario, ¿por qué no se reflejó en una mejoría en la seguridad pública?, ¿por
qué la delincuencia sigue en crecimiento?, ¿por qué la desconfianza de la ciudadanía?
El Ejecutivo Federal entre sus estrategias y acciones para combatir el crimen, anunció
una reforma jurídica a fondo e incluso en un momento determinado llegó a señalar que la
concreción en esta materia no se había podido dar a consecuencia de que el Congreso de
la Unión no daba una respuesta.
Señor Secretario, cabe decir que el Congreso cumplió con su
responsabilidad al haber estudiado, discutido y aprobado las reformas planteadas. Sin
embargo, el Ejecutivo no cumplió.
Le pregunto: ¿dónde está la consolidación de la seguridad pública
que como garantía de los ciudadanos ofreció en el Plan Nacional de Desarrollo? Podemos
afirmar sin temor a equivocarnos que la acción y la responsabilidad del gobierno contra
el crimen fue un rotundo fracaso. Las señales son claras: una sociedad desconfiada de las
instituciones responsables de la seguridad pública y procuración de justicia. Y por el
otro lado, la masificación de la delincuencia.
A la luz de los hechos el gobierno que está por concluir no cumplió
con su premisa de hacer de México un país de leyes, incluso el propio Presidente
reconoce en su mensaje a la Nación, que a pesar del esmero la tarea resultó infructuosa
respecto a lo que se comprometió. Incluso afirmó que éste era su sentir, como lo es de
toda la gente en lo que se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad.
Señor Secretario ¿cómo podemos establecer un estado de derecho
cuando alguno de los funcionarios de la actual administración incluso de primer nivel,
son los primeros en ofender y desatender la ley?
Concluyo señor Secretario: de acuerdo con el informe, la
profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, constituye un factor fundamental
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permite combatir con mayor eficacia a la
delincuencia organizada y asegurar a la ciudadanía la debida protección de su integridad
física y patrimonial. Si esto es así, señor Secretario, explique a esta Soberanía,
¿por qué el Sistema Nacional de Seguridad Pública del total de los recursos federales y
estatales, aplica sólo el 2.7% a la profesionalización?
Más aún explique hasta por qué entre 199 y este año, los recursos
destinados a la profesionalización se redujeron a más del 500. Muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias señor diputado Anaya Llamas.
Para dar respuesta a las preguntas hará uso de la palabra el ciudadano
Secretario de Gobernación, hasta por 8 minutos.
C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Muchas gracias señor presidente.
Bueno, yo quisiera referirme a propósito de las preguntas que ha
replanteado el señor diputado José Guillermo Anaya Llamas, en nombre de la bancada del
PAN, sobre el tema de los cumplimientos en la ejecución del Programa Nacional de
Seguridad Pública.
Quisiera remitirme muy brevemente a lo que hace un momento
comentábamos. La responsabilidad que asume y expresa el Ejecutivo en su último Informe,
reconociendo que efectivamente son insuficientes los logros a partir de la magnitud del
problema que tenemos en el país en materia de seguridad pública. Ahí está escrito y
reconocido.
No es suficiente dice el diputado que se reconozca, se debía haber
cumplido puntualmente, literalmente, los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo.
Yo me refiero a dos asuntos particulares: Primero, hemos comentado que
el tamaño del reto en materia de seguridad pública obligó a constituir un Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que no es una instancia ejecutora; es una instancia de
coordinación donde juegan y forman parte fundamental los gobernadores de los estados, lo
saben muy bien los ejecutivos estatales porque son finalmente el pivote a partir del cual
se articularan las agendas de riesgo, los grupos de coordinación; con ellos se decide y
se discute en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, a qué, cómo, se asignan
los recursos públicos que autoriza el Congreso de la Unión en los presupuestos anuales.
No a un capricho ni a una determinación unilateral de las autoridades de Gobernación o
del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este es un esfuerzo
de corresponsabilidad, es un esfuerzo que compete a los distintos órdenes de gobierno, no
sólo al federal, dada la magnitud, las características y el tipo delictivo o los tipos
delictivos que tenemos en el país. Segundo, me parece fundamental también entender que
la asignación o la designación de recursos para temas como los que preguntaba el
diputado en materia de capacitación siendo tan importante, por qué se destina sólo un
porcentaje, decía él de 2.6 ó 2.5%, bueno esa es otra de las decisiones que tienen que
ver con la asignación de recursos anuales, que se discute en un Consejo Nacional de
Seguridad Pública, donde están representantes y representados personalmente los
ejecutivos de los estados, y ahí se define el destino del gasto del siguiente ejercicio.
El año pasado, por ejemplo, y este año se decidió, en el seno del
consejo, con los ejecutivos de los estados, aplicar un volumen muy importante de recursos
a construir el sistema de información encriptado para crear el sistema nacional de
información con voz, dato e imagen a que he hecho referencia, como uno de los
instrumentos más importantes para la operación del sistema.
A poner en marcha en cada estado, con inversiones muy importantes, el
teléfono 066 de emergencia, a construir los grupos de control, comando y cómputo que
definieron los ejecutivos en cada estado para coordinar sus acciones en materia de
seguridad pública, con las policías preventivas, judiciales, los cuerpos de bomberos, de
tránsito, de protección civil que empiezan a operar, por cierto con mucho éxito, en
varias capitales y ciudades importantes del país, 16 aproximadamente.
Estas decisiones, en consecuencia, no son decisiones que se tomen de
manera unilateral por parte de las autoridades de Gobernación o del secretariado técnico
o ejecutivo del sistema de seguridad pública. Se discuten, se comparten y se decide en el
seno de los consejos estatales de seguridad pública que presiden los señores
gobernadores.
El Gobierno Federal no tengo que repetirlo asume y lo asumió el
Presidente Zedillo su responsabilidad en un esfuerzo cuyos resultados no fueron del
tamaño y de la dimensión que hubiéramos querido.
Hubiéramos querido acercarnos, desde el punto de vista de indicadores,
a los indicadores promedio que existen en países con condiciones, características,
población, nivel de desarrollo similar al nuestro, donde los indicadores de inseguridad
andan del orden de 10 u 11 por cada mil habitantes. Nosotros estamos, a estas alturas del
gobierno, de 15.6 ó 7, pasando a cerca de 13.
El esfuerzo, pues, que hay que hacer ahora y en el futuro es
mayúsculo. Insisto en que esto no es un tema a agotar ni a acotar en un sexenio porque el
tema de la seguridad pública es, sin duda, el reto quizás más significativo e
importante que tengamos como país y como sociedad.
Tenemos problemas de incumplimiento, si, derivado de problemas de
coordinación y de ejecución. Yo decía hace unos momentos, en mi pasado intervención,
que desafortunadamente, por diferentes razones y circunstancias, hay entidades de la
república que tienen mayores niveles o mayores indicadores de inseguridad que otras. En
algunos estados se ha avanzado sustancialmente, de manera muy importante y significativa
para abatir niveles de inseguridad, para eficientar los mecanismos de coordinación, para
cumplir con las metas de capacitación, para instalar y operar los sistemas de
información, para usar los bancos de datos, para priorizar las agendas básicas de
atención a las agendas de riesgo locales y los resultados empiezan a dar frutos muy
importantes y muy significativos.
En otros, por diferentes razones, por diferentes retos, por diferentes
circunstancias, por su propia ubicación geográfica, por el afinamiento en los mecanismos
de coordinación con los cuerpos de seguridad municipales, locales, federales, el
resultado no ha sido tan exitoso.
Y yo refería que particularmente tenemos este conflicto y este
problema en una franja del país que nos preocupa, que son los estados fronterizos,
estados fronterizos donde tenemos altos indicadores de inseguridad y que no sólo es un
problema de coordinación estamos coordinados es un problema de confianza. Se requiere
crear mecanismos especiales de confianza para que la coordinación prospere, para que la
coordinación avance.
Hemos tenido que constituir en estados como Baja California, en
coordinación con el Gobernador, con el presidente municipal, con los presidentes
municipales, unidades de confianza que nos permita evaluar a los agentes de seguridad de
la policía municipal, de la estatal y de la federal, que participan en los distintos
temas de investigación o en los distintos operativos que coordinamos o que coordina el
gobierno del estado con PGR y con la Secretaría de la Defensa para evitar filtraciones,
para evitar sospechas, para evitar suspicacias y para evitar fracasos en el cumplimiento
de órdenes de aprehensión, de órdenes de cateo, de programas de carácter preventivo,
como son las bases que hemos establecido en estas entidades.
No es un asunto sencillo, es muy complejo. No es una justificación, es
un reconocimiento a una realidad que está ocurriendo y que ojalá podamos seguir
impulsando en el futuro con mayor éxito y con mayor dedicación.
Yo espero que esta preocupación que manifiestan los señores
legisladores del PAN sea parte de las prioridades de gobierno que está muy pronto por
iniciar porque sin duda y en eso compartimos la preocupación éste es el tema y el reto
mayor que tenemos que seguir apuntalando y combatiendo con toda eficacia, con toda
energía y dedicación los mexicanos de hoy y de mañana.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, Señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario de Acción Nacional si va a hacer uso
de su derecho de réplica.
Bien. Tiene el uso de la palabra para hacer réplica la Diputada María
Eugenia Galván Antillón (aplausos) y se ha ce oportuna la ocasión para solicitarles se
apeguen a los términos del acuerdo parlamentario aprobado por esta asamblea y que rige
esta comparecencia.
Tiene usted el uso de la palabra por cuatro minutos.
LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON (PAN): Gracias, señor
Presidente. Con su venia, señor Secretario.
Compañeros y compañeras Diputadas: Señor Secretario, insistimos,
desafortunadamente reconocer la tarea incumplida no es suficiente; no lo es para las
víctimas en su persona, en su familia, en su patrimonio ni para la sociedad en general;
no lo es cuando son miles de mexicanos que diariamente sufren atracos, violaciones,
asesinatos y tantos otros crímenes que hacen de nuestro país un paraíso cotidiano de
delincuentes.
No es correcto tampoco, señor Secretario, pasar la responsabilidad a
los Ejecutivos de los estados ni mucho menos a los municipios.
Cabe recordar que el Presidente Zedillo en su Plan Nacional de
Desarrollo, mismo que por mandato constitucional está obligado a cumplir, se comprometió
con todos los mexicanos y cito el Plan de Desarrollo "a construir un Estado de
derecho como garantía para una convivencia social armónica y el pleno desarrollo
nacional". Y esto, señor Secretario, no existe en México y usted no puede dar
cuenta de ello.
Sin embargo, hace unos días, cerca del final de este sexenio, cuando
el tiempo se le acaba y ante esta representación, al rendir su Sexto Informe de Gobierno
el Doctor Zedillo afirmó hace unos días: "No sería honesto ni correcto declararme
satisfecho por lo alcanzado, que a pesar del esmero la tarea ha resultado infructuosa
respecto a lo que nos propusimos. Es mi sentir, como lo es el de toda la gente, en lo que
se refiere a la lucha contra el crimen y la inseguridad".
Es a nuestro entender, señor Secretario, en este rubro la
administración nos ha fallado, nos falló, nos incumplió en este rubro a todos los
mexicanos. ¡Nunca se debe plantear el Ejecutivo Federal una disyuntiva entre el exceso de
tolerancia y la no aplicación de la ley! ¡Como tampoco debe confundirse ese mismo exceso
de tolerancia con la impunidad, que rebasa el 95 por ciento!
En esta falta de decisión y de firmeza es la que ha creado un vacío
de poder, que nos ha llevado a un México en donde se pone en duda el Estado de derecho. Y
cito: " La aplicación del Estado de derecho no cuelga de la coyuntura de la
convivencia del partido en el poder o de los intereses de los candidatos de éste. Saber a
qué atenerse porque hay normas y gobierno que se encargan de hacerlas valer, es nota
característica del régimen democrático. La ley vale para todos, incluido el Estado
mismo": Carlos Castillo Pe raza. Nunca nada más vigente, señor Secretario.
(Aplausos)
Este sexenio pasará a la historia como el sexenio de los expedientes
inconclusos, no solamente de los heredados de la administración anterior como los
asesinatos políticos y el lamentable levantamiento de Chiapas, sino también por los
muchos que se han generado durante este periodo sexenal.
Asuntos como el de Acteal, Aguas Blancas, la Unam y el más
recientemente Chimalhuacán, por ejemplo, al igual que muchos otros que no han sido
publicitados pero no menos representativos y donde ¡las violaciones a los derechos
humanos fueron la constante que denotan el fracaso rotundo de la política interior y en
específico de la política de la seguridad nacional!
(Gritos en el salón: "¡Tiempo!" "¡Tiempo!")
Los casos de Oscar Espinosa Villarreal, de Mario Villanueva Madrid,
ambos prófugos de la justicia. O las constantes violaciones a las leyes cometidas por
caciques regionales como lo son Víctor Cervera Pacheco y Roberto Albores Guillén, son
claros ejemplos del exceso de tolerancia mal entendida, que nosotros llamamos impunidad,
corrupción y complicidad.
(Más gritos en el salón: "¡Tiempo!)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN):
Señora Diputada: Se ha terminado su tiempo. Termine, por favor.
LA C. DIPUTADA MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON (PAN): Termino, señor
Presidente.
Señor Secretario: ¡No nos queda duda que la política interior,
después de cuatro Secretarios de Gobernación, ha sido un verdadero fracaso!
(Aplausos fuertes)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN):
Gracias Diputada María Eugenia Galván Antillon.
Para formular sus preguntas, a nombre del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional hará uso de la palabra la Diputada Patricia Aguilar
García, por cuatro minutos.
LA C. DIP. PATRICIA AGUILAR GARCIA (PRI): Señor Presidente, con su
permiso.
Señoras y señores Diputados;
Señor Secretario:
La ubicación geográfica de México propicia condiciones peculiares en
materia migratoria. La inmigración y la emigraci6n generan problemas sociales, políticos
y de desarrollo que requieren soluciones basadas en el respeto a los derechos humanos.
¿Cuántos programas aplica su dependencia en esta materia? ¿Qué resultados se han
obtenido y qué proyectos deben mantenerse y en qué sentido?
Señalamiento especial merece la atención a la mujer migrante, en la
que se acentúan las condiciones de marginalidad. Para ella el emigrar significa un enorme
sacrificio al dejar su lugar de origen, sus tradiciones, pertenencias y costumbres. El
hacerlo siempre con su familia le implica sortear enormes dificultades. Por ello, es
indudable que en la política de atención a migrantes de la Secretaría a su cargo deben
ejercerse programas específicos en ayuda a ellas. Sabemos que el apoyo debe ser con
programas interinstitucionales, pero sería importante precisar cuál es el camino que ha
seguido esta administración y su balance al respecto.
Hablar de este tema es referirnos a un flujo migratorio de trescientos
mil mexicanos al año, de más de tres millones de paisanos que residen fuera con o sin
documentos, de más de 6 mil millones de dólares de remesas al año.
Respecto al ingreso de migrantes provenientes de Centroamérica, el
número de personas que ingresa va en aumento. Este año entran a México 150 mil personas
desde la frontera sur rumbo a Estados Unidos. Esta cifra rebasa en 20 mil a la de 1 999 y
ésta es 20 por ciento mayor a la de 1 998, lo que muestra la necesidad de revisar la
capacitación en derechos humanos de los agentes de migración. ¿Qué se hará en este
aspecto?
Consideramos de la mayor importancia consolidar el esfuerzo realizado
por el Programa Paisano. Para ello es menester estrechar en forma permanente,
institucionalizada, la comunicación, coordinación y cooperación entre los diversos
actores que convergen en el fen6meno migratorio, mediante mecanismos ágiles y prácticos
que permitan identificar propuestas de acción, establecer instrumentos para su operación
en forma inmediata y determinar métodos para evaluar y ponderar los avances registrados,
¿Qué programas y enlaces se han establecido en este rubro y con qué resultados?
En el caso específico de la frontera sur, mi estado Chiapas siempre ha
tenido una vocación federalista. Desde hace 176 años pertenecemos al Pacto Federal y sin
embargo en nosotros impera el sentimiento de que algo nos adeuda la Federación. Por eso
es importante que en igualdad de condiciones se implementen programas migratorios para las
dos fronteras y no se acentúe el apoyo a una sola.
Hablando de esta entidad, el conflicto prevaleciente en 8 de los 118
municipios ha afectado a la sociedad chiapaneca en su conjunto; es en serio, a quien más
afecta es a los chiapanecos. Este problema ha tenido repercusiones en el ámbito nacional
e internacional y sin embargo la solución no llega. ¿Cuáles son los problemas que lo
han aplazado y qué percepciones de solución a corto plazo ve la Secretaría a su cargo?
¿ Existe algún indicio de que el EZLN aceptará volver al diálogo? ¿Qué medidas se
han tomado para disminuir tensiones sociales y para garantizar un clima de estabilidad
social en la entidad?
Con su permiso, señor Secretario. Como Chiapaneca es importante saber
la preocupación de todas las fracciones por mi estado. Lo único malo es que ésta se da
sin conocimiento ni contacto con Chiapas pronunciando Chapas por Chiapas, pero sobre todo
sin una acción real a favor de este maravillosa entidad.
Gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputada Aguilar García. Para responder a
las preguntas formuladas, hará uso de la palabra el C, Secretario de Gobernación por
ocho minutos.
EL C. LIC. DIODORO CARRASCO (SECRETARIO DE GOBERNACION) : Gracias
señora Diputada doña Patricia Aguilar.
Bueno, déjeme empezar por el tema de los migrantes que es un tema que
tiene la mayor importancia en la tarea y en la responsabilidad de la Secretaría a mi
cargo y en consecuencia en los compromisos y propósitos de la Política Interior.
En el Gobierno de la República, el Gobierno Federal ha adquirido su
responsabilidad para contribuir en el aseguramiento de la integridad y respeto de los
derechos humanos y laborales de los mexicanos que cruzan la frontera norte y también de
quienes cruzan la frontera sur para buscar mejores oportunidades de vida.
Déjenme referir muy rápidamente al esfuerzo que se viene haciendo a
través del Instituto Nacional de migración para operar un muy amplio Programa de
Protección a Migrantes que tiene básicamente seis vertientes o seis aspectos centrales:
Grupos de Protección a Migrantes, Difusión Permanente de programas de Difusión de los
Derechos y Obligaciones Elementales de los Migrantes en el País, Mecanismos también
permanentes de Supervisión Migratoria del respeto a los Derechos Humanos, el Fomento de
una Cultura de Respeto a los Derechos Humanos entre el personal migratorio, la
Dignificación de las Estaciones Migratorias y el Fortalecimiento y la Consolidación de
Mecanismos de Consulta sobre Protección Consular con los Estados Unidos y con los Países
Centroamericanos. Ese es el esfuerzo que se está haciendo en materia de protección a
connacionales y por supuesto de respeto a sus Derechos Humanos.
En este esfuerzo destaca la creación lo comentaba hace unos momentos y
la operación y fortalecimientos de los grupos Beta que ahora han reforzado su actuación,
su cobertura con el apoyo y con el respaldo del equipo destinado para ello por parte de la
Policía Federal Preventiva. Está operando en esos grupos en Tijuana, en Tecate y
Mexicali, en Nogales, en Agua Prieta, en Matamoros y en el caso de la Frontera Sur en
Tapachula, en Comitán y en Tabasco.
Está en proceso de integración el Grupo de Piedras Negras, esos
grupos tienen un grupo muy importante de agentes protectores, ahora insisto reforzados con
los mecanismos de patrullaje y supervisión de la propia Policía Federal Preventiva.
Comentaba la señora Diputada el tema del Programa Paisano. Hemos como
sabe, fortalecido la operación del Programa Paisano y la hemos fortalecido y relanzado
con una estrategia mucho más amplia, mucho más integral con el propósito de apoyar a
los mexicanos que laboran y que residen en el extranjero y brindarles precisamente durante
su tránsito o estancia en nuestro país un trato justo, darles la orientación adecuada,
la seguridad y, por supuesto, el respeto a sus derechos humanos y a sus bienes
patrimoniales.
Este Programa, de acuerdo a la última evaluación la que recién
hicimos con comunidades mexicanas en el extranjero, con la Contraloría, con los
Consulados, nos está permitiendo atender anualmente al rededor de 2 millones de personas,
es pues muy importante y muy vigoroso instrumento interinstitucional que nos permite
brindar apoyo amplio a sectores de la población mexicana que se mueven o que regresan a
sus comunidades de origen.
El otro tema que comentaba la señora Diputada, es en relación a las
necesidades de reforzar este programa dadas las quejas, dadas las denuncias, dados los
abusos y mal trato que recibían nuestros paisanos por parte de las autoridades en su
visita a nuestro país.
Durante el pasado periodo septiembre de '99 a agosto de este año 2000,
se recibieron por parte de las oficinas y de las ventanillas que ha puesto la SECODAM en
operación del programa, alrededor de 145 mil quejas y denuncias; de estas quejas y
denuncias se han dado respuesta a 108 denuncias de residentes mexicanos en el extranjero,
a 32 vía electrónica, y las dependencias integrantes de la Comisión Intersecretarial de
la SECODAM están atendiendo y por supuesto desechando aquellas que no proceden o que no
cuentan con elementos suficientes, que es un número también importante y significativo,
hay un compromiso que hemos hecho a través de la Contraloría para que estas quejas no
solamente sean recibidas sino, por supuesto, obligadamente atendidas.
El tema que comentaba la señora diputada, de la frontera sur, yo le
quisiera comentar que en el caso de la frontera sur se esta haciendo un Programa y un
esfuerzo de Estabilización Migratoria, así se llama el programa: Programa de
Estabilización Migratoria, para regularizar a los guatemaltecos y a sus familias que
estaban en México con carácter de refugiados.
Entre '97 y '98, se entregaron 8,149 documentos de no inmigrantes y 6,
530 de inmigrantes en los Estados de Chiapas y de Campeche y de Quintana Roo; de '99 hasta
junio de este año, se han refrendado 4, 840 documentos de formas migratorias de
residentes en Campeche dando con ello mayor seguridad jurídica a nacionales guatemaltecos
para residir temporal o permanentemente en nuestro país.
Se ha puesto en marcha, en el caso particular del Estado de Chiapas, un
programa para darles nuevas facilidades migratorias para visitantes locales guatemaltecos
e igualmente se ha puesto en marcha una vertiente que tiene que ver con los visitantes
agrícolas, es la denominación migratoria, visitantes agrícolas que va dirigida a
nacionales guatemaltecos que laboran cada año, se internan al país y laboran cada año
en los cultivos de café, de azúcar y de plátano. En '99 se documentó, mediante esta
fórmula migratoria, a 64, 691 guatemaltecos y de enero a julio del 2000, se han
documentado a 46, 932.
Este programa, el propósito de este programa, es facilitar la
internación y por supuesto la estancia en la frontera sur, de los migrantes
guatemaltecos, beliceños, en el caso de Quintana Roo, otorgándoles mayor seguridad
jurídica y favoreciendo con ello por supuesto los intercambios culturales, turísticos,
comerciales, entre las comunidades fronterizas.
Esto podría comentar en relación al tema de migrantes. Se ha
planteado en el seno de la Comisión del Programa Nacional de la Mujer como uno de los
temas de atención y de preocupación que cada uno de estos programas que tienen que ver,
por ejemplo, con el tema migratorio como otros mas donde la presencia de mujeres es un
factor y una constante permanente, se puedan implementar además medidas particulares
específicas que permitan contribuir en esta tarea y en este esfuerzo plural que hacen en
el seno del Consejo Nacional de la Mujer quienes están preocupadas y con el respaldo y el
apoyo gubernamental, buscando por impulsar mejores condiciones de género en esta lucha
que han emprendido con tanto éxito las mujeres que se expresan y se representan en todos
los partidos políticos y que tienen un espacio muy importante de discusi6n, de toma y de
impulso de decisiones en el seno del Consejo Nacional de la Mujer y de su contraloría.
EL C. PRESIDENTE: Pregunto al grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional si hará uso de su derecho de réplica, sí tiene el uso de
la palabra la diputada María Elena Chapa Hernández, por cuatro minutos.
LA C. DIP. MARIA ELENA CHAPA HERNANDEZ: Con su permiso, señor
Presidente. Colegas legisladores y legisladoras:
Señor Secretario. Agradecemos la explicación vinculada a la
participación de las mujeres en la vida nacional, sobre todo aquellas que tienen que ver
con fenómenos migratorios, en el que algunos estados de la República son expulsores,
otros receptores, y la República entera es tránsito para los migrantes que van a la
relación bilateral que se está dando con los Estados Unidos, a ofrecerse como fuerza
laboral, sobre todo el fenómeno que estamos observando en últimas fechas es que las
mujeres están migrando para ofrecer sus habilidades finas, sobre todo en la maquila, en
la zona fronteriza, dejando en consecuencia más de 20 mil niños en los albergues de este
lado mexicano, fundamentalmente en Tijuana.
Esta explicación, señor Secretario, de respeto a los derechos humanos
de los migrantes, nos permita abundar sobre los retos que ustedes mencionaba del Programa
Nacional de la Mujer, y que tiene que ver con la participación de las mujeres, y no sólo
aquellas vinculadas a una profunda pobreza, como son las indígenas, las campesinas o las
marginadas, sino la defensa de sus derechos: derechos humanos, cívicos, sociales,
reproductivos, de salud, educativos y demás, e ir más allá a lo que ha constituido para
el presente gobierno los retos del Programa Nacional de la Mujer. Esto es, la vinculación
con los problemas que tenemos las mujeres de violencia familiar, cuyo resultados en
diciembre de 96 a todos nos consta, en un ejercicio plural que usted mencionó,
incluyente, de echar a andar una iniciativa de ley de carácter federal para la
protección de los derechos de las mujeres, los niños y las niñas contra la violencia
familiar.
Igualmente avances en el terreno educativo, en el terreno de salud, en
el trabajo, en la relación que las mujeres tienen con el medio ambiente; en el uso de las
imágenes públicas, reproductoras, de estereotipos de las mujeres frente a los medios de
comunicación.
Aquí quiero puntualizar, señor Secretario, que nos complace mucho a
las que además somos consejeras del Programa Nacional de la Mujer, el impulso que se le
ha dado en los medios a las imágenes de las niñas y al respeto de las mujeres en los
anuncios televisivos.
Esta, colegas legisladores y legisladoras, es una lucha por la equidad,
es una lucha por la igualdad, por los derechos, por las oportunidades, por la igualidad de
trato, por la toma de decisiones, por acceder a los beneficios del desarrollo; por lograr
los derechos que eliminen toda forma de discriminación de las mujeres.
Sin fobias, sin filias, mujeres de diversas organizaciones políticas,
académicas, organizaciones civiles ciudadanas, ya hemos dado muestra de un trabajo
plural, incluyente, no hemos cometido ningún exceso, menos de intolerancia. Las mujeres
plurales hemos generado desde hace dos años un esfuerzo para tener un espacio con un
órgano incluyente, con patrimonio propio, un organismo descentralizado, donde las
políticas públicas deriven en acciones que tienen que ver con los grandes restos que
enfrentamos la mitad de México, la mitad de la población . Ese esfuerzo esperamos sea el
Instituto Nacional de las Mujeres.
Hemos avanzado, sí, en un esfuerzo plural, porque nos hemos respetado
las mujeres, porque hemos visto en la misma dirección, con perspectiva de genero, porque
hemos contribuido al esfuerzo del Programa Nacional de la Mujer, de la Comisión Nacional
de la Mujer, pero quisiera recordarle, señor Secretario, que desde marzo del 96, hemos
solicitado tener un instituto propio que derrame las Políticas públicas en beneficio a
las mujeres mexicanas.
Queremos estar también en la reforma del estado. No daremos ni un paso
atrás de los logros y los avances que hasta hoy hemos tenido. Todas las mujeres colegas
tenemos todos los derechos, ni uno menos que los hombres, esperamos consolidar en el
ánimo de una pluralidad y de una convergencia y de una tolerancia, los esfuerzos que se
pueden consumar de las mujeres, iniciados con aquella primera ley de la LIV Legislatura,
contra el acoso y el hostigamiento sexual,
Estamos pues, en la mejor disposición de avanzar juntas, junto con los
compañeros y las compañeras, por el bien de México. Gracias señor Secretario.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias señora diputada. Pasaríamos conforme al
acuerdo que regula esta comparencia, a la segunda ronda, al segundo turno de preguntas y
respuestas.
Para formular su pregunta, a nombre del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo, hará uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, hasta por cuatro
minutos.
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Gracias señor Secretario. Señor
Secretario:
En el informe que se comenta, el Presidente de la República quiere
hacernos creer que mostró una voluntad democrática al reconocer los resultados del
pasado 2 de julio,
Sin embargo, es necesario recordar, como él mismo lo afirma, que su
acceso a la Presidencia fue legal pero inequitativo por el dispendio de recursos de que
hizo gala el partido oficial en el proceso electoral del 94.
¿Por qué el gobierno federal y el partido oficial se negaron a
impulsar de manera conjunta con el Poder Legislativo y los demás partidos políticos la
reforma electoral presentada en marzo de 1999 en esta Honorable Cámara de Diputados y que
fue detenida en dos ocasiones por la mayoría priísta en el Senado de la República?
Asimimos la disposición inicial del titular del Ejecutivo a realizar
con el concurso de todas las fuerzas Políticas, la reforma democrática del estado fue
desechada frente a los temores fundados del régimen, de que se desgastarán
aceleradamente sus bases corporativas de control político que todavía le redituaban
buena cantidad de votos en los comicios estatales y municipales.
Señor Secretario: ¿Por qué se bloqueó la necesidad insoslayable de
impulsar progresivamente al país hacia un proceso concertado entre el gobierno, la
sociedad y los partidos, de reformas democráticas en el sistema político y las formas de
organización social? ¿Por que se eludió esta responsabilidad pública y con ello se ha
colocado en riesgo de innumerables confrontaciones a México?
Señor Secretario: en verdad ¿cree usted, sin faltar a la verdad, que
ya tenemos formas y procedimientos plenamente democráticos en la mayoría de los
sindicatos, de las organizaciones campesinas y populares, en las formas de participación
comunitaria y ciudadana? ¿Ya adquirió plenitud democrática la vida nacional o a pesar
del gobierno, apenas estamos inaugurando las formas básicas de la democracia electoral?
Preguntamos lo anterior porque no es lo mismo una cosa que otra, no se
vale querer pasar gato por liebre...
EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul): Señor
Presidente. Me permite hacerle una interpelación a la oradora.
EL C, PRESIDENTE: Diputada, le solicitan...
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR (En tribuna): La acepto.
EL C. PRESIDENTE: Adelante diputado.
EL C. DIP. JOSE M¡4NUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul): Me permite un
micrófono.
EL C. PRESIDENTE: Sí, llévenle el micr6fono. Gracias.
EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul): Gracias, señor
Presidente. Gracias compañera diputada Rosalía Peredo. El acuerdo de la Junta de
Coordinaci6n Política nos negó el uso de la palabra a tres partidos políticos.
Sin embargo, quisiera, compañera diputada Rosalía Peredo, fuera usted
el amable conducto para hacerle algunas preguntas al señor Secretario. ¡Ni modo!, así
es la democracia en esta Cámara, en algunos casos cuando ganan hay democracia, cuando
pierden hay intereses políticos, ¡ni hablar!, ¡ni modo!
Señor Secretario, respetuosamente, compañera quisiera hacer estas
preguntas. ¿Dónde estaba el señor Secretario, el señor Secretario de la Política
interna..., dónde está nuestro Secretario de la Política interna que nuestro negociador
por la paz no puede entablar contacto con el EZLN?
Que la iglesia católica gana espacios, vacíos de poder y culmina con
una marcha. . . ( Interrupción)
EL C. PRESIDENTE: Permítame, señor diputado. Permítame decirle que
ni usted ni yo podemos violentar los acuerdos aprobados por la asamblea.
El Presidente de la Cámara de Diputados está subordinado y sujeto a
lo que dispone la asamblea. El día de hoy esta asamblea aprobó un acuerdo que regula la
comparecencia del Secretario de Gobernación.
El Artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior establece:
"El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de
su respectiva Cámara".
La Cámara voto un acuerdo parlamentario que regula la comparecencia.
No se permiten las interpelaciones. Hágame favor, diputado, de hacer llegar al Secretario
de Gobernación sus preguntas por escrito y no violentar el acuerdo parlamentario que
regula esta comparecencia.
Continúe, señora diputada.
EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul): Señor
Presidente ¿me permite? Solamente un breve comentario, señor Presidente. También el
Artículo 7o. de la Ley Orgánica habla de fracciones partidistas y nosotros somos una
fracción partidista en la Cámara.
Respetuosamente le recuerdo que somos diputados con partido y tenemos
derecho de preguntarle al señor Secretario de Gobernación. Además la oradora aceptó la
interpelación y estuvo de acuerdo el Vicepresidente.
Le pido que me permita terminar, respetuosamente. El señor Secretario
ya está tomando nota de las preguntas que estoy formulando a mi compañera Rosalía
Peredo. A ella es a la que estoy interpelando y ella aceptó la interpelación.
EL C. PRESIDENTE: Señor diputado: Quiero rogarle que usted y yo nos
sometamos a las disposiciones.
EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul): Acepto, señor
Presidente. Acepto. Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Le agradezco muchisimo, señor diputado.
Señora diputada le voy a reponer el tiempo que se ha consumido en esta
moción y le rogaría que formule su pregunta en los tiempos que están acordados por la
asamblea y que obligan a todos a honrar a la propia asamblea y a su normatividad.
Le reponen, por favor, tres minutos a la oradora.
LA C. DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR (En tribuna): Gracias.
Finalmente la ciudadanía ha asumido la alta responsabilidad de
culminar con los medios a su alcance, el proceso de cambios democráticos que la nación
demanda para mantener y afinar el proyecto histórico de todos los mexicanos. Esto ha sido
así en los años recientes y lamentablemente aún en contra de la voluntad evidente del
Ejecutivo Federal.
No ha sido sólo el resultado contundente del pasado 2 de julio, está
también el proceso electoral más reciente de Chiapas en donde como expresión de
procesos consistentes en el seno de la sociedad, la ciudadanía decidió mayoritariamente
sacudirse el yugo del régimen priísta y avanzar en la construcción de las condiciones
para extender los beneficios de la enorme riqueza que tiene esta entidad del sureste
mexicano,
Como se observa, señor Secretario, la democracia que demanda el pueblo
mexicano es mucho más de la elemental democracia electoral que establece en su balance el
Titular del Ejecutivo y que se pretende hacer pasar por la normalidad democrática
largamente postergada.
Queremos que se exprese puntualmente sobre lo anterior, evitando los
lugares comunes de los que se hace un amplio recurso en el texto del Sexto Informe de
Gobierno.
Muchas gracias. Y también le rogaría, señor Secretario, tome en
cuenta las preguntas que hubo lugar de parte del diputado de Convergencia Democrática.
EL C. PRESIDENTE: Gracias. Tiene el uso de la palabra para responder
las preguntas formuladas, el señor Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.
EL SR. LIC. DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO: Gracias, señor Presidente.
Desde que inició la administración del Presidente Zedillo, como todos
recordarán, se convocó a las distintas organizaciones Políticas, a las distintas
organizaciones ciudadanas, a construir juntos efectivamente, un impulso a la
democratización integral de la vida nacional a través de la suscripción, de la
construcción de un acuerdo político nacional que derivó precisamente en la convergencia
de un conjunto de temas que se trataron y que se sentaron en la reforma del Estado.
Este diálogo con las distintas fuerzas Políticas que encabezó el
propio Presidente Zedillo, estableció temas de una agenda de prioridades, uno era la
reforma electoral, efectivamente la que se denominó una reforma electoral definitiva; el
fortalecimiento del Poder Legislativo era otro tema; la procuración e impartición de
justicia; el impulso al federalismo, la reforma política en el Distrito Federal; el tema
de los derechos y cultura indígena; la participación ciudadana y comunicación social; y
la atención a los temas que fueran surgiendo en la propia coyuntura.
Bajo esta agenda que se discutió a principios del gobierno del
Presidente Zedillo, se acordó con los partidos políticos representados en el Congreso,
la formación de una agenda legislativa, en la que se acordaron entre otros te mas algunos
que no pudieron concretarse, como la reforma fiscal integral, el órgano superior de
fiscalización, es decir, la revisión y el sistema financiero; el Presupuesto de Egresos
y Cuenta Pública; el fortalecimiento del Poder Legislativo; la Ley de Cultura y Derechos
Indígenas; la Comisión Nacional de Derechos Humanos; formas de democracia directa y
participación ciudadana; fortalecimiento municipal y federalismo en un primer paquete.
En un segundo paquete y a petición de los partidos políticos, se
incluyeron en la agenda temas como los de medio ambiente, que aquí se han comentado;
derechos de los jóvenes; reforma laboral; asuntos electorales; responsabilidades de
servidores públicos; políticas económicas de estado y comunicación social.
En total, el Ejecutivo federal ha impulsado hasta ahora 1 24
iniciativas de ley a propósito de este acuerdo, de las cuales 118 de ellas fueron
aprobadas y 6 quedaron como pendientes.
De las más representativas, de las que ilustran el compromiso del
Presidente Zedillo con esta reforma del Estado y con el proceso de reforma política, pues
sin duda podemos señalar de manera muy importante, la reforma política electoral de
1996, a la que hicimos referencia en el propio texto introductorio a esta comparecencia.
Reforma política electoral de 1996 que definió derechos políticos de
las organizaciones y de los ciudadanos; las condiciones de competencia electoral y la
redefinición y ciudadanización de los órganos y autoridades electorales; la autonomía
de los órganos de justicia electoral; y la reforma electoral del Distrito Federal así
como la integración de las Cámaras de Diputados y de Senadores.
Se aprobó una nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos que fortalece su organización y funcionamiento.
En el ámbito de procuración de justicia el Presidente informó, en el
texto del VI Informe de Gobierno, que se consolidó la Suprema Corte de Justicia, como
Tribunal Constitucional, y se redujo el número de integrantes de 26 a 11.
Se modificó el estatuto de los Ministros de la Corte y se creó el
Consejo de la Judicatura Federal, como un órgano para la administración y vigilancia y
preservación de la disciplina del Poder Judicial de la Federación.
En cuanto a la reforma política del Distrito Federal, se ampliaron
derechos políticos de los habitantes de la Ciudad de México, mediante un nuevo régimen
jurídico y político, que estipula la elección directa del Jefe de Gobierno; la
creación de nuevas demarcaciones político administrativas; y la elección por voto
directo de los delegados en el año 2000.
Hemos comentado ya los esfuerzos que se hicieron dentro de esta agenda,
en la tarea del nuevo federalismo.
Simplemente comento, señora diputada, que efectivamente podemos decir
y podemos concluir que la reforma política de estado, la reforma política del esta do
debe analizarse como un esfuerzo conjunto, un esfuerzo amplio, un esfuerzo plural de los
actores políticos, a partir de una convocatoria que hizo al inicio de su gobierno el
Presidente Ernesto Zedillo.
Más allá de la enumeración de las reformas jurídicas, de las
reformas políticas durante la presente administración, lo que a nuestro juicio debe
valorar se, son los distintos avances cualitativos, cuantitativos que se han logrado para
fortalecer la democracia, para fortalecer la unidad nacional, para elevar la eficacia de
las instituciones, para ampliar los cauces de la participación social, dando una nueva
dimensión a la gobernabilidad democrática.
Segundo, pregunta la señora diputada Rosalía Peredo, que por qué se
bloqueó o no se llevó a cabo lo que ella denomina la reforma del 99. No se llevó a cabo
la discusión que tuvieron los partidos políticos por un problema de Acuerdo de los
partidos políticos, no por decisión del Ejecutivo.
Tuvimos oportunidad y ocasión de conversar con los distintos partidos
políticos representados en el Congreso, los cinco o seis temas que pudieran ser objeto de
discusión, de debate y en consecuencia de aprobación en una eventual ampliación de la
reforma del '96, y se convino explícitamente con los representantes del PRD, del PAN y
del PRI, particularmente de esos tres partidos, que si no había acuerdos en por lo menos
cuatro de los seis temas o tres de los seis temas que se estaban discutiendo, entre otros
el voto de mexicanos en el extranjero, notablemente porque ahí hubo una gran cantidad de
opiniones, no era prudente ni conteniente impulsar ningún tipo de discusión ni ninguna
iniciativa, aunque hubiera acuerdo en dos o tres puntos más de la agenda que se discutió
con los partidos políticos.
Esa fue la razón, simple y llanamente no hubo acuerdo y se decidió
que no era prudente ni conveniente que los dos o tres temas que tenían que ver con
medios, que tenía que ver, no recuerdo el otro asunto donde había más o menos acuerdo,
pues valieran la pena para hacer reformas en un proceso tan cercano ya al proceso
electoral federal. Esa es la razón simplemente y el testimonio y la información la
tienen los propios representantes de los partidos políticos que acudieron y se reunieron
en Gobernación para discutir estos temas.
El otro comentario que hacía la señora diputada en relación a que si
creemos realmente que las formas y procedimientos democráticos han sentado una base
sólida y firme, dadas las diferencias, la heterogeneidad de organizaciones Políticas y
sociales, las prácticas de organizaciones sindicales, gremiales de los propios partidos
políticos, de las nuevas organizaciones Políticas nacionales, me parece que es una tarea
que tenemos que construir e impulsar todos los días. Creo que se ha dado, no creo, estoy
absolutamente seguro y convencido y una prueba de ello son las elecciones que se han
venido efectuando en el país a partir de 1996.
El último proceso incluido, el de Chiapas mismo, donde la legalidad,
la legitimidad de los procesos electorales ya no es un tema que se discuta ni signifique
motivos de confrontación o de violencia, como era práctica tradicional en un pasado no
muy lejano.
Me parece que la formación de una cultura Política democrática en
partidos, en organizaciones y en gremios, es una tarea que tiene que seguirse construyendo
cotidianamente. Nadie piensa ilusamente que por arte de magia puedan establecerse
mecanismos democráticos de manera automática. Han costado muchos años, ha costado una
larga transición, una larga práctica y construcción de acuerdos la realidad Política,
democrática que estamos viviendo en el país y que no tengo duda tenemos que seguir
consolidando y profundizando en el futuro.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Secretario.
Pregunto a la diputada Rosalía si va a hacer uso de su derecho de
réplica.
EL DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Sí, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Tiene la palabra al diputada Rosalía Peredo Aguilar,
del Partido del Trabajo, por cuatro minutos.
LA DIP. ROSALIDA PEREDO AGUILAR: Gracias señor Secretario. Señor
Secretario, los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que
la evolución del sistema democrático debe pasar necesariamente por ampliar la
participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones política. Por ello
reivindicamos la iniciativa presentada por nuestros diputados de la LVII Legislatura, para
incorporar al Texto Constitucional las figuras del referéndum, plebiscito, iniciativa
popular y revocación de mandato.
La democracia electoral habrá de acompañarse de la eliminación de
los controles sindicales, campesinos y populares que han impedido la defensa de los
intereses de los trabajadores de la industria y del campo, de los colonos, maestros y
demás sectores mayoritarios de la sociedad.
En este nuevo marco que comienza a erigirse en nuestro país, el
Partido del Trabajo refrenda su compromiso de contribuir a lograr una sociedad más justa,
libre y democrática.
Señor Secretario, también queremos aprovechar la oportunidad para
referirnos al muy grave problema de la seguridad pública. En esta materia el balance
sexenal es absolutamente deficitario. No sólo se ha abatido la delincuencia, sino que
ésta ha ido creciendo exponencialmente, relacionando de paso a los cuerpos de seguridad y
altos mandos del Ejército Mexicano en la comisión de delitos tipificados como de
delincuencia organizada.
Pese al sustancial incremento de recursos para el Sistema Nacional de
Seguridad Pública y a novedosos esquemas de coordinación, la delincuencia va adelante en
cuanto a armamento, sistemas de comunicación y al parecer, también de inteligencia por
cuanto a la amplia infiltración dentro de los cuerpos de seguridad del estado.
Es necesario enfatizar que el Poder Legislativo, ha cumplido su
función de proveer de los instrumentos jurídicos que se han requerido para el combate a
la delincuencia; pero también es necesario decir que ha sido en el ámbito del Poder
Ejecutivo, donde no se han dado resultados óptimos.
Por otra parte, señor Secretario, en cuanto a las recomendaciones
emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el informe menciona el supuesto
cumplimiento de la mayoría de las mismas, sin embargo entre las que no se cumplieron
destaca la emitida sobre los acontecimientos de Aguas Blancas, en donde personajes como
Rubén Figueroa Alcocer y José Rubén Robles Catalán, no obstante haber estado
involucrados en ellos, gozan de total libertad o para ser más claros, de toda la
impunidad.
La mayoría de los mexicanos y las mexicanas, aspiramos a vivir en un
México con libertad y seguridad plena; por ello demandamos que en el tiempo que resta de
esta administración, se haga un mayor esfuerzo por abatir este problema de enormes
dimensiones y lamentables efectos colectivos e individuales.
Señor Secretario: por razones que el Partido del Trabajo ha subrayado
y reiterado en innumerables ocasiones y que en el futuro próximo quedarán plena mente
confirmadas, la mayoría de los problemas del país se convirtieron para el equipo de
gobierno del que usted forma parte, en problemas de dimensión nacional.
Este es en realidad el balance simple y claro que para la mayoría de
los mexicanos representan los seis años de gobierno de Ernesto Zedillo.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE. Muchas gracias, diputada Rosalía Peredo Aguilar.
Ahora sí, tiene el uso de la palabra para formular su pregunta a
nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el señor diputado
Concepción Salazar González por cuatro minutos.
EL DIPUTADO CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ. Con su permiso, señor
Presidente.
Diputados, diputadas; señor Secretario.
Yo quiero hacer un planteamiento muy puntual, un planteamiento en el
cual los movimientos ecologistas no solamente nacionales, sino también internacionales
han estado muy al pendiente.
Para los militantes del Partido Verde Ecologista de México, ha sido no
sólo una afrenta a nuestra causa, sino un atentado a los derechos humanos más
elementales el saber que la protección de nuestros ecosistemas, pueden dar como resultado
el encarcelamiento injusto y el levantamiento de cargos penales falsos para doblegar la
voluntad de quienes actúan en defensa de la naturaleza.
Me estoy refiriendo a los ya conocidos casos de Rodolfo Montiel y de
Teodoro Cabrera, que por defender los bosques en el estado de Guerrero, han sido sujetos
de un juicio penal que los ha privado de su voluntad, bajo la acusación de haber cometido
delitos contra la salud y acopio de armas. Tal caso, o en general, no puede ser el
proceder contra aquellos que valientemente defienden los recursos naturales de nuestro
país y es también una muestra de una notoria incapacidad para dar curso a las legítimas
demandas de nuestra sociedad para que se actualice el derecho a un ambiente adecuado para
el desarrollo y bienestar de los mexicanos que ahora reconoce nuestra Constitución.
Señor Secretario, ¿por qué la Secretaría a su cargo no intervino
oportunamente ante la situación que se estaba generando en el estado de Guerrero,
específica mente en la situación que está involucrada la Organización de Campesinos
Ecologistas de la Sierra de Petatlán y de Coyuca de Catalán, en la que fueron
sentenciados dos de ellos por el simple hecho de defender la biodiversidad y el desarrollo
sustentable de su entorno, ya que desde febrero de 1989 pobladores de esa región crearon
la organización con el objetivo principal de evitar la inmoderada explotación forestal
en la sierra y evitar una destrucción masiva del bosque, que deviniera en un ecocidio.
Como sabemos, en esa situación durante 8 años que se permitió la
tala en esa sierra, se perdió alrededor de un 40%.
Por su respuesta mucha gracias señor Secretario.
PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Concepción Salazar González.
Para dar respuesta a las preguntas formuladas, hará uso de la palabra
el ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por 8 minutos.
C. SECRETARIO DE GOBERNACION LIC. DIODORO CARRASCO: Señor diputado
Concepción Salazar González:
Nosotros compartimos la preocupación pero sobre todo las iniciativas
de quienes fomentan, estimulan y sobre todo practican y con su ejemplo contribuyen a
generar una cultura cívica y sobre todo sólida en materia de protección ambiental, en
materia de defensa de los recursos naturales. Muchas de las organizaciones no
gubernamentales con las cuales tiene un trato cotidiano y una comunicación cotidiana la
Secretaría de Gobernación, canalizan inquietudes, preocupaciones, gestiones en estos
temas y ahí actúa la Secretaría de Gobernación no solamente como un enlace sino como
una instancia para poder ayudar en la promoción de este tipo de preocupaciones y de
gestiones que compartimos plenamente.
La Secretaria de Gobernación se tiene conocimiento de que el proceso
legal que se sigue a los señores Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, ha sido un proceso
apegado a derecho y respetando las garantías individuales establecidas en nuestra
Constitución.
¿Cuál es la información de que dispone la Secretaría de
Gobernación en relación a la situación que prevalece en este caso y en esta situación?
Ambos, Montiel Flores y Cabrera García, miembros de la organización que se denomina
"Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán" y de Coyuca de Catalán,
fueron detenidos en mayo de 1999 en el municipio de Ajuchitlán, una comunidad que se
llama Pizotla, después de que se suscitara un enfrentamiento entre efectivos del 40
batallón de infantería del Ejército Mexicano y presuntos narcotraficantes en el que
resultó un muerto que se llamaba Salomé Sánchez Ortiz.
Se dictó un auto de formal prisión el 12 de mayo de ese año a estos
personajes, según el expediente penal correspondiente, por el delito de portación de
armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
Y en el caso de Rodolfo Montiel, además por delitos contra la salud en
su modalidad de siembre de mariguana. El 28 de agosto de ese año, el juzgado 5o. de
distrito con sede en Iguala, dictó la sentencia que usted conoce de 6 años 8 meses de
prisión y una multa de 1 mil 960 pesos y de 10 años de prisión y una multa de 2 mil 700
pesos a Teodoro Cabrera.
El propio 28 de agosto la defensa de los inculpados interpuso el
recurso de apelación contra esta sentencia. En el caso particular del señor Montiel,
también se le sigue una causa penal por su presunta participación en dos homicidios
ocurridos en 90 y en 98, según se asienta en las averiguaciones correspondientes.
De tal manera pues que las resoluciones que han tomado las autoridades
judiciales, ámbito donde compete esta situación, este caso, en torno al caso Montiel
Cabrera, se han establecido con base en la información y los elementos que comprueban su
responsabilidad en los delitos que se imputan. Reafirmándose con ello, de acuerdo a la
información que dispone la Secretaría de Gobernación, la consistencia de sus procesos
penales.
En su primeras declaraciones y no quiero dejar de agregar dentro de las
primeras declaraciones del señor Cabrera García, reconoció también haber participado
en el EPR, lo que resulta relevante tomando en cuenta que la organización a la que
pertenece, actúa precisamente en la zona en que el EPR y el ERPI mantienen presencia y
que además han realizado agresiones armadas contra efectivos militares y efectivos
policiacos.
En síntesis, la información de la que dispone la Secretaría de
Gobernación, sin ser autoridad en este ámbito particular, es la persecución de delitos
concretos, donde las autoridades y los quejosos correspondientes han presentado prueba y
en consecuencia han proveído a las autoridades competentes para tomar este tipo de
determinaciones.
Yo me atrevería a sugerirle al Señor Diputado ante esta preocupación
que estoy seguro y cierto que las autoridades competentes estarán en la mayor
disposición y con la mayor apertura para que, pruebas en contrario, pueda revisarse este
tipo de situaciones, como se hace cuando existen quejas, sospechas, suspicacias de que son
otras las motivaciones como las que sugiere el Señor Diputado por la defensa de los
recursos ecológicos, de los bosques y por el impulso a través de organizaciones no
gubernamentales a procesos de cultura cívica ecologista.
Yo tengo esta información y ésta es la información que tiene la
Secretaría de Gobernación y tenemos absoluta confianza y credibilidad en el trabajo y en
la actuación del Ministerio Público del estado de Guerrero y de las quejas y demandas
que han sido interpuestas entre ambas personas.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor secretario ¿Hará uso de su derecho
de réplica el Partido Verde Ecologista?
Tiene el uso de la palabra para hacer su réplica el Diputado
Concepción Salazar González, por 4 minutos.
EL C. DIPUTADO CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ: Con su permiso, señor
Presidente. Señor Secretario: sabemos que México ha pasado a una etapa de democracia,
pero también sabemos que ya los mexicanos no solamente nos estamos preocupando por lo que
son los problemas con personas que han delinquido, problemas con demás conocimiento de lo
que tenemos de los problemas que nos afectan directamente. También estamos muy
conscientes ya del respeto a lo que es el medio ambiente.
Consideramos también que una de las funciones que tiene la Secretaría
de Gobernación es precisamente la de gobernabilidad. Así, evitar los excesos en que
pudieran caer las autoridades estatales en la aplicación de la ley.
Y en el caso que nos ocupa vemos con mucha inquietud que hay elementos
suficientes en que Gobernación no pudo haberse anticipado a las protestas y conflictos
que derivaron de la sobreexplotación forestal en el estado y sobre todo en la sierra.
Cómo, a través del diálogo y la concertación política entre la organización de
campesinos ecologistas, las autoridades y la Unión de los Ejidos Rubén Figueroa.
Debemos de respetar ese ambiente y debemos de respetar a esas personas
ambientalistas y, en caso de que éstas sí puedan ser juzgadas y que sean juzgadas bajo
un marco de derecho. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Diputado Salazar González. Tiene el
uso de la palabra para formular preguntas en nombre del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática, la Diputada Norma Reyes Terán, hasta por 4 minutos.
LA C. DIPUTADA NORMA REYES TERAN: Con el permiso de la Presidencia.
Licenciado Carrasco: unas semanas antes del proceso electoral federal se presentó un
diferendo entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral con motivo
de que diferentes concesionarios de radio y televisión se negaron a transmitir diferentes
promocionales del IFE relacionados con los pasados comicios, argumentando que a los
tiempos oficiales de radio y televisión no era obligación de los medios transmitir
promocionales del I FE dentro de los tiempos del Estado.
Por tal causa, se solicitó al titular de la RTC, el Licenciado
Alejando Montaño Martínez, el inicio del procedimiento de aplicación de sanciones
contemplado por la ley de la materia y su reglamento.
Sin embargo, el titular de la RTC se negó a instrumentar cualquier
tipo de procedimiento en contra de las empresas concesionarias de radio y televisión y el
pasado 31 de julio el órgano interno de control en el área de responsabilidades de la
Secretaría de Gobernación resolvió declarar improcedente cualquier procedimiento
administrativo en contra del titular mencionado.
Tengo en la mano un oficio de fecha 5 de septiembre, dirigido al
titular del IFE, el Maestro José Woldenberg, en donde el Consejero Electoral
Jaime Cárdenas, da cuenta de la situación mencionada al Presidente
del Consejo General del IFE y evalúa la misma como un indicador del nivel de impunidad
que priva en la Secretaría de Gobernación.
¿Por qué usted, como superior jerárquico del titular de RTC, no
aplicó sanción administrativa alguna y permitió la violación flagrante de los
concesionarios a sus obligaciones legales? ¿Fue ésta una ofensiva del gobierno federal o
del PRI en contra del IFE?
Cuando usted fue gobernador del estado de Oaxaca fueron perseguidos,
encarcelados y torturados cientos de indígenas loxichas y algunos más desaparecidos por
su gobierno, quizá con el propósito de congraciarse con el gobierno de Zedillo.
Como consecuencia de lo anterior, hoy existe un plantón de las esposas
e hijos de los encarcelados frente al palacio de gobierno, que en los próximos días
cumplirá tres años. Actualmente muchos de esos presos inocentes han sido puestos en
libertad, en una actitud verdaderamente patética y cruel esos indígenas loxichas han
sido declarados inocentes y puestos en libertad, y solo se han merecido el clásico:
"Usted disculpe".
El Licenciado Francisco Labastida Ochoa declaró, siendo Secretario de
Gobernación, "que en ciudad universitaria durante la huelga estudiantil habían
arsenales". El 6 de marzo, cuando intervino la Policía Federal Preventiva "el
arsenal" se redujo a un taladro y a algunas navajas. Dejando al descubierto la mala
fe, la mentira y la ineficacia de esa Secretaría a su cargo.
El titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN,
Alejandro Alegre Rabiela, declaró el pasado 23 de agosto en la presentación de la
revista Administración Pública, según lo reseña el semanario Proceso, la conveniencia
de que se desprenda el CISEN de la Secretaría de Gobernación y la necesidad de elaborar
una ley de inteligencia para la seguridad nacional.
Señor Secretario:
¿Acepta que los mecanismos de inteligencia del Estado mexicano han
fracasado? ¿Comparte la opinión que he citado del titular del CISEN?
Por último, el gobernador de su estado natal ha acusado directa mente
de espionaje político a personas que trabajaron directamente con usted en cargos de alto
nivel de su administración. ¿Qué opinión le merece esa denuncia de José Murat?
(Aplausos)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN):
Gracias, señora Diputada.
Para dar respuesta a las preguntas formuladas hará uso de la palabra
el ciudadano Secretario de Gobernación, hasta por ocho minutos.
EL C. LICENCIADO DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO, Secretario de
Gobernación: Efectivamente se ha discutido y debatido, particularmente antes del proceso
electoral, la controversia que se suscitó con motivo de los promocionales que promovió
el IFE para fomentar la cultura cívica electoral y la discusión que se tuvo con los
dirigentes de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión para
difundir este tipo de mensajes.
Yo creo que lo que vale la pena aquí es entender cuál es el origen
del conflicto y como se solucionó el conflicto, porque me parece que eso da respuesta por
sí mismo a lo que sigue.
La Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión impugnó la
transmisión de mensajes del IFE, argumentando la autonomía del Instituto respecto del
Poder Ejecutivo. Para lo cual, decía la Cámara a sus promocionales no podían ser
canalizados en el paquete de tiempos oficiales, de acuerdo al compromiso que existe a
partir de 1969.
El IFE, por su parte, promovió ante la Secretaría de Gobernación que
se iniciaran procedimientos de sanción en contra de los concesionarios, que omitieran la
emisión de sus promocionales.
Si ustedes recuerdan, no este proceso electoral federal sino el pasado,
todavía los promocionales que sacaba el I FE aparecían I FESEGOB y eran cargados a
tiempos oficiales . Cuando se decreta o se acuerda la autonomía del IFE y empieza a
operar como tal, como instancia autónoma, surge esta controversia con la Cámara de la
Industria de la Radio y la Televisión.
Esta controversia a lo que iba a llevar era, en primer lugar, a que se
dirimiera en el Poder Judicial como una controversia constitucional, que quizás podría
tardar meses y perderse el tiempo valioso, que era justamente cuando tenían que
transmitirse estos promocionales.
Lo que se convino, por intervención de la Secretaría de Gobernación,
fue un acuerdo para que los promocionales pudieran pasar, como pudieron pasar y se
cumplió puntualmente el propósito y el compromiso del IFE y la intencionalidad de los
promocionales, de tal suerte que entre el 2 de mayo y el 2 de julio se transmitieron 8,916
spots de televisión, que equivalen a 267 mil 480 minutos de transmisión. Esto es un
promedio de poco más de 6 spots transmitidos cada hora o bien un spot de 30 segundos de
duración por cada 10 minutos diarios de programación en televisión.
El propósito que dio origen a esta discusión fue resuelto
satisfactoriamente. La controversia sobre si son o no atribuibles o cargables la futura
promoción del IFE en tiempos oficiales, es un tema que se está revisando por parte de
los jurídicos respectivos. Yo estoy seguro que van a llegar finalmente a una
interpretación común. Pero reitero y subrayo que el tema de fondo fue atendido
oportunamente y resuelto oportunamente.
Un Consejero, el Consejero Jaime Cárdenas efectivamente metió una
solicitud de sanción administrativa al Director General de RTC, de Radio, Televisión y
Cinematografía. Esta denuncia o esta demanda fue turnada a la propia Contraloría, la
instancia competente que es la Contraloría y la Contraloría, si mal no recuerdo, no dio
lugar a una denuncia que no tenía ningún fundamento, porque el problema de fondo había
sido perfectamente resuelto de común acuerdo y satisfechas por cierto las partes, el IFE
y Radio, Televisión y Cinematografía.
Como un elemento que agrego, la denuncia del consejero Jaime Cárdenas
fue una denuncia a título personal, como él mismo lo estableció en una relación con el
propio director de RTC. No fue una denuncia del IFE ni fue un acuerdo del Consejo del IFE,
no fue un acuerdo del pleno del Consejo, fue una denuncia de carácter personal y fue
debidamente atendida a través de la instancia competente.
Los temas particulares que tienen que ver con la glosa del informe, con
todo gusto voy a dar respuesta. Me parece que no es prudente ni competencia en este
momento, dada la invitación que he recibido para comparecer y glosar el informe del
señor Presidente de la República, de entrar a temas de carácter local, como es el caso
de esta denuncia supuesta de espionaje y el tema de Loxicha,
Pero comento lo de CISEN. A mí me parece que es muy importante y lo
hemos enfatizado antes, que es fundamental entender cuál es la vinculación y el ámbito
de la seguridad nacional y de la seguridad pública. Aquí hemos venido discutiendo a lo
largo de la sesión de esta reunión, de esta comparecencia, los temas de seguridad
pública y sin duda la seguridad pública es uno de los factores o elementos importantes
de las preocupaciones y prioridades en materia de seguridad nacional.
Ha habido una discusión en medios generada y motivada seguramente por
el interés y por la inquietud de c6mo se va a reforzar, cómo se va a fortalecer y
coordinar en el futuro inmediato el tema de la seguridad pública y el tema de la
seguridad nacional, y se ha comentado sobre, por lo menos eso hemos lerdo y escuchado, no
conozco un proyecto en particular y no podría dar en consecuencia un juicio específico o
contundente, se ha mencionado que hay la intenci6n de constituir y de crear una
Secretaría de Seguridad Pública y una de las versiones que yo he escuchado es que en esa
Secretaría de Seguridad Pública puede resultar conveniente, además de constituirla,
adicionarle el órgano de información para la seguridad nacional, el Centro de
Información para la Seguridad Nacional, que es el CISEN.
¿Cuál es mi opinión al respecto? Muy respetuosa de la evaluación
que se vaya a hacer sobre este particular. Yo estoy cierto que se ha revisado con absoluto
profesionalismo, con absoluto apego a la ley, pero sobre todo con un claro interés de
consolidar los mecanismos de seguridad pública en el país en coordinación con los
estados y municipios, para atender y resolver con énfasis y con determinaci6n este
compromiso de hoy y de mañana, que es el tema de la inseguridad.
Mi percepción sobre el tema de la inclusión o no en esta área del
CISEN como órgano de información para la seguridad nacional, cuya tarea funda mental es
precisamente construir, consolidar este sistema nacional de seguridad, este órgano de
seguridad para poder anticipar, prevenir, planear, asuntos, temas, circunstancias que
pongan en riesgo soberanía, seguridad interna, estabilidad como parte de los temas que
aquí hemos comentado, el tema de los recursos naturales, el tema del agua, el tema de la
guerrilla, el tema del narcotráfico, me parece que en la medida de la amplitud del
concepto de lo que implica la seguridad nacional, es un órgano que debe manejarse como se
está manejando, por separado y ofreciendo apoyo y respaldo a las distintas áreas de
gobierno y a las distintas áreas operativas que tienen que ver con los distintos ámbitos
de actuación.
Hoy existe por disposici6n de los ordenamientos administrativos
legales, un gabinete de seguridad nacional cuyo secretariado técnico es justamente el C I
SEN y este gabinete lo preside la Secretaría de Gobernación y forman parte de él no
sólo Gobernaci6n sino la Procuraduría, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de
Marina y participan en el, a invitación del gabinete, los ejecutivos de los estados y
ahí se discuten y se revisan los temas de la agenda de riesgos, y ahí juega un papel
fundamental este órgano de información.
No es, pues, un tema sólo referido, aunque sea muy importante el
asunto, a asuntos o a temas o subtemas de seguridad pública, es un concepto sin duda
mucho más amplio que requiere, a mi juicio, otro tipo de tratamiento.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
¿El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
hará uso de su derecho de réplica? Tiene entonces el uso de la palabra para formular su
réplica, la diputada Norma Reyes Terán del PRD.
LA C. DIPUTADA NORMA REYES TERAN (PRD) : Al parecer el carácter y la
trascendencia de las reformas constitucionales al Artículo 41 no han sido cabalmente
estimuladas del todo por la propia Secretar7a de Gobernación. Esto tal vez se deba a que
históricamente el control de los procesos electorales estuvo hasta hace unos años
determinado por la actuación de dicha Secretaría.
Creo que la inquietud de muchos de los integrantes de esta Soberanía
respecto al tema que nos ocupa, va encaminada a conocer no tanto si la Secretaría a su
cargo piensa o no imponer alguna sanción al Titular de RTC, sino más bien en evaluar el
papel de la Secretaría de Gobernación en el pasado proceso electoral que como muchas
veces se mencionó en el Consejo General del IFE dejó realmente mucho que desear.
Durante mucho tiempo, cuando usted fue Gobernador de Oaxaca, se hizo
común en esa entidad la práctica, entre otras, de la represión, la violación de los
derechos humanos y la práctica del espionaje político.
Varias fueron las denuncias que se interpusieron en ese entonces por
tal causa; recuerdo en lo particular la que interpuse al encontrar a finales de 1997 en la
casa de campaña de un candidato de mi partido en la capital oaxaqueña y en las
instalaciones telefónicas adyacentes, varios implementos destinados al espionaje
telefónico.
Esto constituyó uno de los muchos escándalos políticos que se dieron
en ese entonces en Oaxaca, Con la pasada denuncia del actual Gobernador Oaxaqueño José
Murat quien acusa directamente a relevantes personajes que formaron parte de su
Administración Estatal, de haber sido los responsables directos de haber implementado el
sistema de espionaje en las oficinas del Palacio de Gobierno y en la Casa Oficial en el
Estado de Oaxaca. Frente a esa nueva denuncia ¿cómo debemos de interpretar los signos en
donde un Secretario de Gobernación en funciones de acusar de espionaje a varios de los
que fueron sus operadores políticos por parte de un Gobernador en funciones?.
¿Cómo debemos interpretar esas señales, como una revisión light de
la guerra sucia implementada en los 70's por sus antecesores?
Es innegable que la Política interior en estos rubros es al menos
errática, hemos visto un proyecto deodorista, si es que puede acuñarse ahora este
término, caracterizado por posponer indefinidamente los problemas. Creo que de todos los
problemas políticos graves en nuestro país desde que usted es Secretario de
Gobernación, simplemente ninguno de ellos fue resuelto. Nombre cualquiera de los aquí
presentes, un conflicto nacional reciente y veremos que simple mente la política
deodorista al respecto fue darle a ese problema largas y evasivas. Su gestión será
recordada como aquella que nunca afrontó los grandes problemas nacionales, una gestión
maniatada y castrada que tuvo todo para afrontar y resolver los conflictos políticos de
nuestro país y simplemente dejo de lado esa oportunidad de atender esos conflictos y
optó por el camino fácil de tratar de vender a todo el país la idea de que aquí no
pasa nada, de que los problemas se van resolviendo, de la fácil alternativa de usar los
tiempos oficiales en radio y TV para presentar a la opinión pública un escenario en el
que políticamente todo está controlado,
En materia de seguridad pública, su discurso es totalmente evasivo, no
asume sus responsabilidades, sólo las empuja a otras instancias como los Gobiernos
Estatales, Si usted no puede hacer nada sobre el problema de seguridad pública, como en
otros temas, ¿qué hace entonces en su cargo? ¿de qué sirve la Secretaría de
Gobernación si no quiere encargarse del problema número uno ? entonces ¿por qué está
al frente de la Secretaria encargada de la paz social?, una parte sustancial de los
problemas de carácter político en nuestro país era el de naturaIeza soluble, estaba en
sus manos resolverlo y no hizo gran cosa por atenderlos (HAY MANIFESTACIONES DE
PRROTESTAS) ....... el abandonar su responsabilidad histórica frente a las grandes
necesidades de nuestro país.... (SIGUE LE ESCANDALO) será sin duda alguna el sello
distintivo de su perfil como servidor público.
Creo, señor Carrasco Altamirano, que esta será su señal
definitiva... (continúa el desorden en el salón),.. frente a los analistas que se dignen
a revisar su paso por la Secretaría de Gobernación.... (interrupción) ...
EL C PRESIDENTE: Permítame señora diputada. Me permite señora
orador, me permite por favor.
Quiero solicitar a todos, las señoras y señores diputados,
conservemos el orden y el respeto entre nosotros y a la señora orador, que ha terminado
su tiempo y redondee su intervención.
LA C DIP NORMA REYES TERAN: Concluyo, concluyo, Señor Carrasco
Altamirano:
Creo que esa será su señal definitiva, distintiva frente a los
analistas que se dignen a revisar su paso por la Secretaría de Gobernación. Y digo los
analistas porque definitivamente su figura no será evaluada por los historiadores.
Gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Se hace necesario insistir a las señoras y a los
señores diputados, en el respeto primero a las normas que nosotros mismos nos hemos dado
para regular esta sesión de comparecencia que tiene tiempos claramente establecidos; y
segundo, el respeto mutuo entre todos los miembros de esta Cámara de Diputados.
Tiene el uso de la palabra, para formular preguntas a nombre del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Oscar Maldonado Domínguez, hasta
por 4 minutos.
EL C. DIP. OSCAR ROMEO MALDONADO DOMINGUEZ: No somos humanos con
experiencias espirituales, somos espíritus con experiencias humanas. Cito esta frase,
cito esta frase en honor de Carlos Castillo Peraza, quien abrió las alas del espíritu
mucho antes de abandonar la imperfecta crisálida aquí en tierra. (aplausos)
Con su venia señor Presidente: Señores diputados, les voy a rogar su
indispensable e indivisible atención.
Todos hemos visto, en los tiempos estelares de televisión, un
comercial suma mente obsceno, en donde el gobierno federal pone a una niñita indígena
evidentemente desnutrida a decir "gracias, PROGRESA", por el ocasional kilo de
harina que acaba de recibir.
Señor Secretario: Huelga decir que esa niña tiene derecho a la
alimentación, nutrición de calidad los 365 días del año. Nadie debe lucrar
Políticamente con sus carencias.
Tal vez hayan visto también, legisladores mexicanos, otro comercial...
porque eso es, un comercial, donde el gobierno federal recomienda a los braceros que
cuando se vayan a Estados Unidos, sigan las líneas de posteria eléctrica para que no se
pierdan y mueran en el desierto; que busquen las luces de la ciudad por las noches, para
orientarse. Esto, señores, es el cinismo político en su máxima expresión.
Quien debería organizar el país para que hubiera empleos, aconseja a
sus gobernados qué hacer para no perder la vida al cruzar la frontera... (desorden el
salón) . . . señor Presidente, ¿podría usted llamar al orden? . . .
EL C. PRESIDENTE: Quiero solicitar a todas las señoras y señores
diputados, que conservemos el debido orden y el respeto entre nosotros. Continúe señor
orador.
EL C. DIP. OSCAR ROMEO MALDONADO DOMINGUEZ: Gracias señor Presidente.
Esos braceros, señor Secretario; esos braceros, compañeros
legisladores, tienen derecho al trabajo y a las oportunidades aquí, en su tierra.
Seguramente han visto otro promocional también, del Ejecutivo Federal,
que dice: "no se regularizarán vehículos extranjeros porque tienen relación con
gran parte de los delitos que se cometen en el país".
No es posible que el Gobierno Federal descargue el problema de la
inseguridad pública en los vehículos "chocolate". La inseguridad, señor, se
combate con empleos, con educación, con valores, con seguridad social y buen gobierno, no
con engañifas televisivas ni listoncitos blancos en la solapa.
El contenido de todos estos comerciales ofenden la inteligencia y la
sensibilidad de los mexicanos, de algunos al menos, pero además son pagados con nuestro
dinero, el del erario público.
Yo quiero preguntarle, señor Secretario, ¿con qué criterio
publicitario o psicológico se realizaron estos comerciales?, ¿con qué objetivo, cuánto
nos costó a los mexicanos esta aberración televisiva? Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Para dar respuesta a las preguntas planteadas, hará uso de la palabra
el licenciado Diódoro Carrasco Altamirano, Secretario de Gobernación, por ocho minutos.
EL C. SECRETARIO, DIODORO CARRASCO: Ha manifestado el señor diputado
Oscar Maldonado Domínguez su inquietud y preocupación en relación a una muy importante
función y muy importante responsabilidad que tiene el Gobierno de la República para
difundir de manera institucional, al margen de posturas partidistas, el trabajo y la
acción de gobierno.
Está cuestionando el señor diputado la legitimidad, la legalidad de
este tipo. . . No entendí si lo que cuestiona es el gusto o el sentido de los anuncios y
de la difusión institucional, o el contenido último de los mismos.
Pero déjeme explicarle cuál es el criterio, señor diputado. Una de
las funciones del Ejecutivo Federal es precisamente realizar una labor de difusión del
trabajo institucional en todos los ámbitos. Por cierto, lo que corresponde a gasto porque
vale la pena aclararlo a gasto institucional en materia de difusión, lo autoriza esta
Honorable Cámara de Diputados, lo sanciona, lo acota, lo supervisa y lo evalúa, merced
de los acuerdos que se tomaron en la pasada legislatura, para poder entregar un informe
que seguramente tienen ya las instancias correspondientes de esta Honorable Cámara de
Diputados.
Pero cuestiona el sentido de este gasto. Hace rato comentaba, cuando
hablaba de la difusión institucional a través de tiempos oficiales, o tiempos fiscales
que motivó la controversia entre el IFE y la Cámara de la Industria de la Radio y la
Televisión, que por disposiciones gubernamentales en el caso de los tiempos de Estado,
desde 1969 hay un determinado porcentaje que se asigna sin erogación. Si usted lo quiere
medir como costo de lo que vale la transmisión en radio o en televisión puede
cuantificarlo monetariamente, pero no le cuesta al erario la operación de los tiempos de
Estado, son tiempos de que se disponen a partir de una disposición legal de 1969 para
poder hacer este esfuerzo de difusión de temas que resulten del interés de la
ciudadanía, y sin duda uno de los temas que resultan del interés de la ciudadanía es,
¿qué está haciendo el Gobierno de la República?, como lo hacen todos los gobiernos de
los estados, señor diputado, de todas las entidades federativas, de todos los orígenes y
colores políticos, para difundir su actuación gubernamental.
Usted se refirió particularmente a tres ejemplos: uno, el anuncio de
PROGRESA, que por supuesto rechazo contundentemente que se ha hecho con un sentido de
lucro político o de lucro social. Me parece que es una muy errónea interpretación,
porque lo que se está informando al pueblo de México es qué es PROGRESA y cómo opera
PROGRESA, para que efectivamente podamos avanzar en una política de desarrollo social que
garantice alimentación, salud, educación, servicios básicos a los millones de familias
pobres que todavía tenemos desafortunadamente en nuestro país, y que no hemos sido
capaces de revertir estos niveles o márgenes de pobreza e inequidad social.
Bueno, esa es la función fundamental que estamos haciendo, que van a
seguir haciendo seguramente todos los gobiernos, que yo veo cotidianamente en los anuncios
de televisión y de radio en mis viajes por el interior de la República que realizan
todos los gobiernos de los estados, de origen panista, de origen priísta o de origen
perredista, señor legislador.
Segundo. El anuncio sobre los postes de luz, bueno, es parte de la
campaña de publicidad que se acordó en la Comisión Intersecretarial para difundir y dar
información que sirva a los trabajadores migrantes dentro del programa que hace rato
platicábamos, del Programa Paisano, para ayudarlos en este proceso difícil, doloroso,
complejo, que desafortunadamente no podemos evitar por un acto de magia, es un fenómeno
que ahí está, hay que reconocerlo y hay que hacer lo mejor posible para poder contribuir
a que resguarden condiciones mínimas de garantías de seguridad para ellos y para sus
familias, y no quisiera meterme en la discusión de anuncios publicitarios, señor
diputado, porque creo hay muchos más, muchos más delicados y muchos más graves que se
han usado en otros momentos y en otras ocasiones,
Me parece que aquí lo que tenemos que reconocer, es la función que
juegan la política de comunicación y de difusión del gobierno federal o de los gobierno
de los estados para cumplir los propósitos que le han sido encomendados.
Podemos estar o no de acuerdo con el diseño, con la agencia
publicitaria, con los colores, con la luz, con el tiempo, con el tono de música que se
les pone de fondo, quizá esos son temas que hay que discutir, pero me parece que lo que
es innegable es que cumplen un propósito muy concreto y se marcan, se enmarcan dentro de
las leyes, son programas de difusión institucional que no persiguen ningún lucro
político y que se enmarcan dentro de las atribuciones que tiene en este caso particular,
que usted cometa, el gobierno de la República, y que por otro lado no tienen ningún
gravamen, no gravitan sobre el erario público, generalmente estos programas responden al
uso de los tiempos de estado que hace un momento explicábamos, (aplausos)
EL C, PRESIDENTE: Hará uso de la palabra para formular la réplica a
nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la diputada Heidi Storsberg
Montes, hasta por cuatro minutos.
LA C. DIP. HEIDI STORSBERG MONTES: Con su venia señor Presidente.
Señor Secretario; compañeros legisladores:
Quiero recordar a este pleno que el 31 de enero de este año, la
Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo
para establecer las normas y lineamientos generales para la erogación de recursos
presupuestales en materia de comunicación social para el ejercicio fiscal del año 2000.
El artículo 39 fracción II del Decreto de Presupuesto de Egresos del
2000, indica por su parte, que las erogaciones en publicidad y comunicación social, a
través de la radio y la televisión, deben sujetarse a criterios de racionalidad,
austeridad y selectividad.
El Ejecutivo Federal entonces ha incurrido en una violación flagrante,
puesto que en distintos medios de comunicación se han estado transmitiendo en los
horarios de mayor audiencia, spots promocionales de la imagen de dependencias y entidades
del gobierno federal.
Según el mencionado artículo, las dependencias y entidades
únicamente podrán destinar recursos presupuestarios una vez que se hayan agotado los
tiempos oficiales de transmisión asignados en radio y televisión, de los que usted
hacía mención.
A propósito de ello, quiero precisarle que este tipo de información
se omite tanto en los informes trimestrales como en el informe que present6 el Ejecutivo
Federal el pasado primero de septiembre a la nación.
Debo decirle que en el mencionado artículo 39, se estipula también
que en ningún caso, cito: "...podrán utilizarse recursos presupuestarios con fines
de promoción de la imagen institucional de empresas o entidades".
Señor Secretario, es obvio que esta disposición no fue en lo más
mínimo acatada y que más que spots informativos, hemos visto y escuchado promocionales
de imagen por parte del Ejecutivo Federal.
Le doy otro dato, en el segundo trimestre de este año, es decir, de
abril a junio, se gastaron 100 millones de pesos más en materia de comunicación social
con relación al erogado de enero a marzo en este mismo año. Asumimos, sin conceder, que
la cercanía de las elecciones federales fue motivo de esta diferencia en el gasto.
Finalmente, con relación al gasto erogado a junio del 2000, en rubros
de publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general las relacionadas con
actividades de comunicación social, no estaría de más que informara en lo subsecuente a
esta soberanía, por separado, el gasto correspondiente a lo meramente administrativo,
así como las cantidades erogadas en la contratación de tiempos en medios.
Asimismo en cuanto a los tiempos oficiales, podría darnos un informe
del seguimiento del tiempo de transmisión, distribución, valor y uso del tiempo que por
ley se otorga al Estado, porque los comerciales de promoción de imagen le siguen costando
al pueblo de México.
Señor Secretario: Usted ha dispuesto de un cuantioso presupuesto el
cual más que haber sido aplicado para el desarrollo de actividades de difusi6n e
información comprendidas en los objetivos, estrategias y prioridades establecidas en sus
respectivos programas, sirvió para promover la imagen del Ejecutivo Federal en vísperas
del proceso electoral del 2 de julio pasado.
En síntesis, señor Secretario, si bien es importante cuanto se gast6,
el tema ahora es más bien el cómo, en qué y para qué se gastaron los recursos. Creemos
ahí que la Secretaria de Gobernaci6n tiene mucho que explicar al pueblo de México,
Gracias,
EL C, PRESIDENTE: Gracias, diputada Heidi. Para formular preguntas por
el PRI, tiene la palabra el diputado Roberto Zavala Echeverría, por cuatro minutos.
EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHEVERRIA: Con el permiso de la Presidencia
de esta Honorable Cámara.
Compañeros diputados; señor Secretario de Gobernación: En primer
término debo expresar enfáticamente que no compartimos las afirmaciones vertidas en esta
alta tribuna por la señora diputada Norma Reyes.
Abordaré, señor Secretario, tres cuestiones claves para la seguridad
del país y de todos los mexicanos.
México es tierra de volcanes. Cuenta con enormes extensiones
territoriales semidesérticas, con grandes zonas boscosas y selváticas de elevada
precipitación pluvial, con asentamientos humanos que exigen medidas preventivas y de
salvaguarda para la población; en los niveles federal, estatal y municipal, funciona el
sistema de Protección Civil.
¿Cuál es, señor Secretario su perspectiva nacional en el mediano y
largo plazo?
En su reciente Informe el Ejecutivo Federal reconoció que a pesar de
los esfuerzos gubernamentales no se ha avanzado lo suficiente en el combate a la
inseguridad, siendo éste uno de los principales reclamos sociales.
Sin embargo las cifras y estadísticas sobre la materia nos indican que
a nivel nacional se ha reducido la comisión de delitos por cada mil habitantes. Nos
consta que los recursos del Presupuesto destinados a esta finalidad, se incrementaron de
manera creciente en términos reales durante los últimos tres años.
Además se han efectuado numerosas reformas constitucionales y legales
para dotar a las instituciones de eficaces instrumentos contra el crimen.
Está operando el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se han
formado nuevos y mejores cuerpos policiacos y hay la voluntad política de todos para
enfrentar esta problemática. Pese a ello, la sociedad tiene la percepción de que esta
batalla la sigue perdiendo el gobierno, o en el mejor de los casos, que la delincuencia y
la criminalidad no disminuyen.
Será, señor Secretario que las medias implementadas y aplicadas no
son las pertinentes? ¿Estarán fallando instituciones o corporaciones? ¿O a caso sólo
hemos actuado reactivamente sin atacar a fondo las causas que originan el crimen y la
delincuencia?
Y a propósito de seguridad, señor Secretario, es incuestionable que
debemos de distinguir entre seguridad pública y seguridad nacional.
La seguridad pública contempla la protecci6n de las personas y de su
patrimonio.
Seguridad nacional es un concepto diferente y tiene como objetivo
esencial la defensa de nuestra soberanía, vista ésta en toda su amplitud, desde la
integridad territorial de la nación, hasta la paz social y la vigencia plena del orden
jurídico que nos hemos dado.
La seguridad nacional y debe ser, un compromiso ineludible del Estado
mexicano, no sólo por ser mandato constitucional sino como aspiración permanente
EL C. PRESIDENTE: Permítame, señor diputado. Permítanme un diputado
por favor. Permítame un minuto por favor. Quiero insistir a las señoras y los señores
diputados esta práctica de vendetta en el uso del tiempo, cuando un diputado o diputada
de un grupo distinto al propio llega al fin del tiempo, genera este tipo de reacciones, en
detrimento del orden y de la convivencia que todos nos hemos propuesto mantener en esta
Legislatura.
La presidencia está intentando la objetividad, la tolerancia en el uso
del tiempo, la racionalidad y el estricto apego a las normas que rigen esta Asamblea y que
hoy han sido votadas para efectos de esta comparecencia.
Termine usted, señor diputado, por favor.
EL C. DIPUTADO ROBERTO ZAVALA ECHEVERRIA: Gracias señor presidente. La
seguridad nacional es y debe ser un compromiso ineludible del Estado mexicano, no sólo
por ser mandato constitucional sino como aspiración permanente de cualquier país que
procure ser libre e independiente. Señalamos lo anterior, señor Secretario, porque nos
preocupa y repito, nos preocupa que integrantes del equipo de trabajo del señor
presidente electo, aborden este tema sin darle la importancia vital que por si mismo
reviste.
Tenemos la impresión, nos parece, que dichas personas lo minimizan, o
lo que es peor que no lo entienden o que desconocen su verdadero significado. Gracias por
sus respuestas.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Para dar respuesta a las
preguntas formuladas hará uso de la palabra por ocho minutos el señor Secretario de
Gobernación licenciado Diódoro Carrasco.
EL C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Gracias diputado Roberto por sus
comentarios e intervención. Sin duda el tema de protección civil ha sido uno de los
temas que más relevancia ha cobrado en el país en los últimos años, en los últimos
años hemos sido objeto de fenómenos naturales, de una enorme agresividad, de una enorme
violencia en periodos relativamente cortos. El tema de los huracanes, el tema de las
lluvias intensas, el tema de los incendios, el tema de los sismos por mencionar cuatro de
los fenómenos recurrentes que en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Veracruz,
particularmente en los últimos años han tenido un enorme impacto, que ha significado no
so lamente pérdida de vidas humanas sino de manera muy significativa destrucción o
deterioro de infraestructura física construida a lo largo de décadas en esas regiones
del país.
Carreteras, caminos rurales destruidos, centros escolares educativos,
clínicas y hospitales, sistemas de energía eléctrica, sistemas de agua potable, y
comunicación con todo lo que ello implica.
Bueno, sin duda el tema de la protección civil es un tema no solamente
vi gente sino de enorme trascendencia, dado los cambios climatológicos que tenemos en el
mundo y sus efectos y repercusiones en épocas, particularmente como ésta, que estamos
iniciando de la temporada de huracanes.
Me parece que la importancia pues, señor diputado, de los mecanismos
de protección civil y su perspectiva en el mediano plazo, tienen una enorme importancia
estratégica dentro de las políticas públicas, para prevenir, para estar preparados,
para socializar la información, y sobre todo para tener mecanismos de reacción rápida
en la emergencia y en las fases de reconstrucción.
Y es justamente lo que se ha venido haciendo y se informa en el VI
Informe de Gobierno del Presidente Zedillo, se han puesto en marcha programas muy
significativos de comunicación, para que los estados y municipios, que son de alto riesgo
o considerados de alto riesgo susceptibles de este tipo de fenómenos hidrometeorológicos
y de sismos, puedan estar con un sistema de información conectado con los principales
centros de información y de investigación a nivel central, que nos permita mantenerlos
permanente, pero sobre todo oportunamente informado.
Se han puesto en marcha sistemas nuevos que se han denominado de alerta
temprana, para ciclones, lluvias e inundaciones, que han escuchado segura mete en la
radio, y que tiene que ver con el uso de tiempos oficiales, por cierto donde se anuncia
cuando hay etapa de alerta, cuando hay etapa de emergencia, y qué tiene que hacer la
población civil para ponerse a resguardo y proteger vida y bienes, con muy buenos
resultados por cierto en la medida en que se han socializado de manera directa con las
autoridades municipales.
Se ha impulsado in programa de equipamiento que nos está permitiendo
dotar de equipo de comunicación, de mobiliario, de equipo de tareas, de cómputo, de
vehículos, de instrumental de alto riesgo a los sistemas estatales, y especialmente a los
municipales de los municipios críticos en materia de protección civil, y se está
impulsando una serie de planes de contingencia. Básicamente a la fecha se han elaborado
17 planes estatales de contengencia para lluvias e inundaciones, para incendios
forestales, para bajas temperaturas, para situaciones especiales vinculadas a fenómenos
socioorganizativos para uso y manejo de material para juegos pirotécnicos, así como 19
atlas de riesgo.
Es parte de un esfuerzo que tiene que ver con la consolidación de una
muy necesaria y muy obligada cultura de la protección civil a la luz de los fenómenos
que no ha tocado vivir con enorme intensidad, particularmente en estos estados a los que
he hecho referencia y que seguramente los señores legisladores lo tienen muy vivo y muy
claro en la memoria y en la experiencia personal.
Me parece que la tarea fundamental aquí es fortalecer este esfuerzo y
esta cultura en materia de protección civil y hacerlo desde la base municipal, desde los
233 municipios que son los municipios de alto riesgo en el país y a partir de los cuales
se requiere tener totalmente descentralizados los instrumentos, la información, los
mecanismos de comunicación, el equipo, el recurso humano por supuesto, la organización
para poder atender con éxito estas emergencias que seguramente se seguirán presentando
en el futuro, dadas las nuevas condiciones que ha venido imponiendo la naturaleza.
Segundo tema que comentaba el señor diputado, es el tema sobre la
distinción entre seguridad pública y seguridad nacional y qué es lo que está fallando
en materia de seguridad. Es un tema que hemos abordado en extenso a lo largo de esta
comparecencia, pero yo sintetizaría con lo siguiente: mi evaluación, la ponderación que
tengo como responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es
que este esfuerzo al que hemos hecho referencia, integrado con los distintos programas que
hemos comentado, las tareas que corresponde compartir corresponsablemente a las instancia
de gobierno, tiene que ser un esfuerzo que debe madurar, que debe asentarse, que deben
terminar de construirse los sistema de información, los mecanismos de equipamiento, la
capacitación, la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública en los estados,
la construcción y uso cotidiano de los bancos de información para la investigación, la
aplicación mucho mayor de los sistemas de investigación y de inteligencia en el combate
al delito y al crimen organizado, y como he comentado también, éste es un esfuerzo que
tiene que consolidarse y profundizarse en los próximos meses, en los próximos años para
cosechar, como estoy seguro va a ocurrir en el país, resultados que satisfagan y
acrediten en el ánimo hoy escéptico de la sociedad y de la opinión pública, resultados
que se traduzcan en certidumbre y en confianza ciudadana.
No tengo duda, por último, que es fundamental tener claro cuáles son
las diferencias de fondo entre el tema de seguridad pública y de seguridad nacional, y me
parece que ha quedado claro en esta sesión que este esfuerzo por garantizar soberanía,
integridad territorial, aprovechamiento de las relaciones internacionales en beneficio de
la nación, preservar paz social y vigencia del estado de derecho, mantener estabilidad
política, económica y social, tiene que ver precisamente con las preocupaciones y con la
agenda fundamental del Sistema de Seguridad Nacional.
Y el tema de la seguridad pública que hemos comentado, insisto, en
extenso, hemos dado fundada y ampliamente la opinión de cuál es, a nuestro juicio, el
camino que tendríamos que seguir para continuar fortaleciendo una tarea que ha costado
muchos recursos, un gran esfuerzo de coordinación y también sin duda una enorme voluntad
política de todos los titulares de los ejecutivos en los distintos niveles de gobierno.
(Aplausos)
EL PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Secretario.
Pregunto al grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional si hará uso de su derecho de réplica.
EL DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: (Desde su curul) Declinamos, señor
Presidente. Gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
En consecuencia se concede el uso de la palabra para sus
consideraciones finales, al ciudadano Secretario de Gobernación, licenciado Diódoro
Carrasco Altamirano, hasta por diez minutos.
EL C. LICENCIADO DIODORO CARRASCO ALTAMIRANO. Gracias, señor
Presidente.
Señoras y señores diputados:
Ha llegado la hora de un balance no sólo de las tareas desempeñadas
por un gobierno, sino también de los saldos de todo un sistema político y este balance
se irá haciendo para ver el futuro, para ver hacia las nuevas acciones, los nuevos retos
y los nuevos desafíos.
El gobierno del Presidente Ernesto Zedillo, está rindiendo cuentas,
las cuentas de su ejercicio como una economía recuperada que tiene creadas las
condiciones para un despliegue sin precedentes; con una sociedad en paz y estable,
crítica y dinámica, capaz de enfrentar sus retos esenciales en materia de salud, de
educación y de seguridad; con una democracia consolidada, que sin duda es el signo clave
de este tiempo mexicano.
El saldo en nuestro sistema político son sus instituciones a lo largo
de setenta años, no sin sacrificios o altibajos. Varias generaciones de mexicanas y
mexicanos edificaron y fortalecieron la vida institucional del país.
Un partido, el PRI, tuvo principalmente la responsabilidad y la carga,
los aciertos y también el desgaste; pero en todas las circunstancias históricas, este
partido en el gobierno tuvo una visión de Estado y guió así el trabajo para construir
el sólido edificio de nuestras instituciones.
(aplausos)
Por eso, por eso la democracia no está divorciada del Estado, ni los
resultados electorales significan la refundación del Estado. Hoy el electorado decidió
en su mayoría una alternancia del partido en el gobierno y en este sentido, en una época
donde hemos visto resquebrajarse estados, esta alternancia demuestra por el contrario, la
fortaleza de nuestras instituciones.
De hecho, la reforma del Estado, su modernización y su adaptación a
nuevos desafíos, es un proceso que lleva varios años y ha sido un factor sustantivo
..para la transición política mexicana.
Ahora es claro, es claro que sólo el acuerdo y el consenso de los
actores políticos, marcará el ritmo del proceso de reforma del Estado. Es un reto que
requiere de continuidad y discusión, acorde con la vida democrática del país. El
espacio para ello, será por razones jurídicas y por razones políticas, este Poder
Legislativo donde tiene su asiento la soberanía popular.
Como parte sustantiva de nuestra cultura política, la promoción y el
respeto a los derechos humanos es un elemento clave para fortalecer el estado de derecho,
la relación entre sociedad y gobierno y el ambiente de armonía que requiere nuestro
país para su desarrollo. Hay avances innegables en esta tarea permanente de defensa y
respeto de los derechos humanos; sin embargo hay condiciones para que la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, así como las propias estatales tengan la más amplia
autonomía jurídica, política y moral para el mejor cumplimiento de sus importantes
funciones.
La realidad del nuevo federalismo, es una oportunidad histórica para
seguir fortaleciendo la vida independiente de los municipios como el núcleo básico de
nuestra democracia. En la tarea municipal, está un incentivo para el acuerdo y el
consenso de los partidos políticos no sólo por la convivencia cotidiana en sus
localidades, sino porque también a nivel Legislativo, se expresará la demanda ciudadana
por contar con municipios más fuertes, más cercanos a la población y con más
atribuciones, recursos y responsabilidad.
En el ámbito de la seguridad pública, los avances que aquí se han
comentado en la acción de gobierno reconocidos como insuficientes para que la ciudadanía
recobre la confianza que deben de tener en su autoridad y en sus instituciones, significa,
entre otras cosas, que la asignación de recursos, equipamiento, capacitación y
profesionalización, así como la instrumentación de estrategias efectivas en el combate
al delito, es un campo que requiere concentrar esfuerzos, seguir y fortalecer la
concentración de estos esfuerzos y sin duda seguir sumando voluntades.
En las sociedades modernas la democracia tiene enemigos, como son el
crimen organizado y los grupos radicales subversivos. La tarea preventiva no siempre
corresponde a la jurisdicción policiaca que actúa de acuerdo a las denuncias y acciones
del Ministerio Público es una función también de la seguridad nacional, porque la
información política se necesita para la toma de decisiones de tipo político.
Tanto la seguridad nacional como la seguridad pública requieren de
continuar teniendo recursos humanos, financieros y técnicos para el cumplimiento de sus
propósitos de corto y de mediano plazo. Los servicios dedicados a ello son instrumentos
indispensables del Estado, que a todos interesa seguir fortaleciendo.
Hoy, la democracia debemos cuidarla todos, sus instituciones son
sólidas y tienen la confianza de los ciudadanos. Es necesario seguir fortaleciendo la
cultura democrática en la división de poderes. El dialogo permanente de todos los
actores políticos y en la creación de soluciones para enfrentar la problemática y
desafío de la sociedad mexicana que ingresa al siglo XXI.
Confío en que los legisladores sabrán atender este asunto
estratégico para apoyar a la gobernabilidad y a la estabilidad política que requiere el
Esta do y merece y sobre todo reclama y exige la sociedad entera. La consolidación de la
democracia ha hecho firme y vigorosa la gobernabilidad democrática. Hay más
transparencia, corresponsabilidad y un camino abierto de legalidad que recorrer por
convicción, sociedad y gobierno.
Esto no significa la abolición del conflicto, porque las tensiones
entre orden y conflicto existen; van a seguir existiendo en una sociedad dinámica y en
ebullición. Lo importante, lo importante son las reglas, las reglas aplicadas que deben
ser precisamente las de la democracia y las de la legalidad.
Deseo sinceramente señoras legisladoras, deseo sinceramente señores
legisladores, que cuando llegue su momento, quienes tendrán futuras responsabilidades
políticas puedan informar como lo hacemos hoy nosotros, que el país está tranquilo, sin
convulsiones ni desesperanza. Muchas gracias.
PRESI DENTE: Gracias señor Secretario.
Señoras y señores diputados; ciudadano Secretario de Gobernación,
Lic. Diódoro Carrasco Altamirano:
El análisis del ejercicio del Poder Ejecutivo, en una de las áreas
más importantes como es la política interior a cargo de la Secretaría de Gobernación y
otras dependencias y de intercambio de puntos de vista entre el titular de la Secretaría
de Gobernación y los integrantes del Poder Legislativo, con absoluta libertad y respecto,
con diversidad manifiesta en las corrientes políticas aquí representadas, es un paso
más en la construcción de nuestra democracia a través del fortalecimiento de las
instituciones.
En toda obra humana, y la política lo es por excelencia, existen
claros y oscuros que la historia juzgará y asignará a cada quien en el lugar que le
corresponde . Este ejercicio democrático de la glosa del Informe, ha abordado sobre
muchos de los más graves problemas nacionales en los que de alguna manera tiene relación
la Secretaría de Gobernación y que se agrupan estos problemas, estos temas nacionales,
en la llamada política interior: población, federalismo, seguridad, crimen organizado,
derechos humanos, asuntos migratorios y fronterizos, temas de equidad de género, la
promoción del carácter laico del Estado mexicano y su relación con las iglesias, la paz
justa para las comunidades indígenas, la problemática de Chiapas, la coordinación
eficiente entre las entidades federativas y la Federación, la protección civil, el
sistema penitenciario y de readaptación social, la gobernabilidad democrática como
capacidad de interlocución e inclusión para procesar toda forma de disenso y para vivir
unidos en la diversidad.
Estos han sido todos ;estos temas han sido tocados por el interés de
las señoras y los señores diputados en esta sesión de diálogo respetuoso con el
titular de la Secretaría de Gobernación.
Un juicio de valor que se permite la Presidencia por la coincidencia
manifiesta en las expresiones de todos los grupos parlamentarios.
No podemos hablar de gobernabilidad en México hasta que no se convenza
de que se está enfrentando la delincuencia y al crimen organizado en el país. Es el
problema más grave que hoy enfrenta México y es de tal magnitud que ataca a las personas
y amenaza a las instituciones.
Mientras no se revierta nadie podrá afirmar que imperan condiciones
plenas de gobernabilidad y que vivimos un estado de derecho. Gobernabilidad es igual a
confianza, a credibilidad ciudadana.
Es la Secretaría de Gobernación, pues, no sólo el área de gobierno
más relacionada con los grandes problemas nacionales como los que aquí han sido
apuntados, sino también la más cercana a las instituciones que procesaron la expresión
de la voluntad popular que marcó rumbo a la política mexicana.
Este Congreso de la Unión y en particular esta Cámara de Diputados
estará a la altura y sabrá cumplir su nuevo desafío de ser el centro del debate
político y de la construcción jurídica e institucional.
Debo agradecer al Señor Secretario de Gobernación, Licenciado
Diódoro Carrasco, la disposición para atender las inquietudes, las observaciones y las
críticas de las señoras y los señores diputados y desde luego la actitud respetuosa de
todos.
No sólo agradecemos su disposición para comparecer y dialogar;
también esperamos que en el crucial período de transmisión de Poder Ejecutivo podamos
mantener una efectiva comunicación para que conservemos un clima de tranquilidad,
serenidad y objetividad y demos todos una muestra más de la madurez y la grandeza de
México al mundo.
Muchas gracias a todos. Gracias, Señor Secretario.
Ruego a la Comisión encargada de acompañar al Ciudadano Secretario de
Gobernación, Licenciado Diódoro Carrasco, acompañarlo cuando decida abandonar el
recinto.
De conformidad con lo que establece el artículo 7, numeral 5 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica
de esta sesión será remitida al Ciudadano Presidente de la República para su
conocimiento.
Me permito informar a la asamblea que el día de mañana, miércoles 13
de septiembre, en el Salón Verde, a las 13:00 horas, tendrá lugar la comparecencia de la
Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca con el grupo de trabajo de la
Cámara de Diputados en lo que respecta al análisis del Sexto Informe de Gobierno.
A tal efecto, el día de mañana se integrará la comisión de
cortesía correspondiente y se dará a conocer el grupo de trabajo.
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Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Señor
Presidente, le informo que se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al
orden del día de la próxima sesión.
LECTURA ORDEN DEL DIA, INSÉRTESE
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 5
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Intervención de los Grupos Parlamentarios, sobre la vida y obra de
Carlos Castillo Peraza.
COMUNICACION
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia
Cívica que con motivo del 190 Aniversario del inicio de la Gesta de Independencia
Nacional, tendrá lugar en la Columna de la Independencia, el 16 de septiembre a las 16:00
Horas
PROPOSICION
Con Punto de Acuerdo sobre la Responsabilidad de los Servidores
Públicos, a cargo del C. Dip. José Manuel del Río Virgen, a nombre de Convergencia por
la Democrática Partido Político Nacional. (Turno a Comisión).
Intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a los Diputados de
Representación Proporcional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a cargo del
C. Dip. Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
EL C. PRESIDENTE (17:03 horas) Se levanta la sesión y se cita para la
que tendrá lugar el próximo jueves 14 de septiembre a las diez horas.