SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII
LEGISLATURA,
DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII
LEGISLATURA, DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Ruego a la
Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 312 diputados, por lo tanto, hay quórum
señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE Se abre la sesión (10.44
horas)
LA MISMA C. SECRETARIA: Se va a dar lectura al orden del día de esta
sesión.
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER ANO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
Del Presidente de la Mesa Directiva
De los Congresos de los Estados de: Baja California, Chihuahua, Nuevo
León y Quintana Roo.
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas y adiciones a diversos Artículos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo en relación a las personas vulnerables, a cargo
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre los efectos de la sequía en la zona norte
del país, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
(urgente resolución).
Con Punto de Acuerdo sobre programas de Televisión de debate
denominados "Talk Show", a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Turno a Comisión).
EXCITATIVA
A las Comisiones de Gobernación, Población y Seguridad Pública v de
Justicia y Derechos Humanos, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión)
AGENDA POLITICA
Intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a los Diputados de
Representación. Proporcional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda
Legislatura, a cargo del C. Dip. Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista.
Pronunciamiento en relación a la Ley de Desarrollo Rural, a cargo del
C. Dip. Silvano Auredes Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática.
Pronunciamiento en relación a Chiapas, a cargo del C. Dip. Emilio
Ulloa Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Posicionamiento sobre una planta de plaguicidas, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Posicionamiento sobre reformas a la Ley de Pesca, a cargo del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Posicionamiento sobre reformas a la Ley de Fomento Cooperativo, a cargo
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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EL C. PRESIDENTE: El siguiente punto del orden
del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Ruego a la Secretaría consulte
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que le ha
sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los grupos parlamentario para sus
observaciones y se proceda a su votación.
LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, se
consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior,
tomando en consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores
de los grupos parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a la votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O N
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O
Se dispensa la lectura.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION,
CELEBRADA EL MARTES DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO
DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA
LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, a las diez horas con
cincuenta minutos del martes diecinueve de septiembre de dos mil, con la asistencia de
trescientos cuarenta y cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y se concede el uso de la
palabra al diputado Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática,
quien presenta lo que calificó como enérgica protesta por los cambios realizados en el
orden del día.
El Presidente explica que la dirección de los trabajos está regulada
por la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y menciona el
artículo veintidós, numeral tres de ese ordenamiento, y el sesenta y cinco
constitucional. Agrega que conforme al consenso de los grupos parlamentarios, se citará a
una sesión mañana, miércoles veinte de septiembre de dos mil, a fin de desahogar los
temas de la agenda política pendientes.
Vuelve a la tribuna el diputado Silvano Aureoles Conejo, para expresar
su criterio e inmediatamente después el legislador Alejandro Zapata Perogordo, del
Partido Acción Nacional, quien hace lo propio y expresar su desacuerdo con el
preopinante.
Para rectificar hechos, hablan los diputados Uuc-Kib Espadas Ancona,
del Partido de la Revolución Democrática, a quien el Presidente explica los
procedimientos de conformación del orden del día; Cuauhtémoc Cardona Benavides, del
Partido Acción Nacional; David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución
Democrática; y Ricardo Moreno Bastida, del mismo Partido.
El Presidente da lectura al artículo veinte de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y es interrumpido por el diputado
Espadas Ancona, quien presenta moción de orden a la que el Presidente da amplia
explicación.
Desde su curul el diputado Sergio Acosta Salazar, del Partido de la
Revolución Democrática, hace aclaraciones.
La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en sus términos.
Hacen un pronunciamiento sobre el diecinueve de septiembre de mil
novecientos ochenta y cinco, a nombre de sus respectivos partidos políticos, los
diputados: José Antonio Calderón Cardoso, a nombre de los partidos Convergencia por la
Democracia y Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista; Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; María Teresa Campoy Ruy
Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México; Miguel Bortolini Castillo, del Partido
de la Revolución Democrática; Luis Fernando Sánchez Nava, del Partido Acción Nacional,
quien solicita y el Presidente lo hace propio, un minuto de silencio por los muertos
durante el sismo de aquel año; y Maricruz Montelongo Gordillo, del Partido Revolucionario
Institucional.
La Secretaría informa que al cierre de la mesa de registro, hay una
asistencia de cuatrocientos setenta y dos diputados.
Comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
licenciado José Angel Gurría Treviño.
El Presidente informa que en el salón de recepción se encuentra el
Secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado José Angel Gurría Treviño,
invitado a esta sesión para el análisis del sexto informe de gobierno, en materia de
política económica y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe hasta
el lugar que le fue designado.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al
acuerdo parlamentario que rige las comparecencias de los secretarios de Estado para el
análisis del sexto informe de gobierno.
Para dar cumplimiento al segundo punto, numerales primero, segundo y
tercero del acuerdo parlamentario que norma el procedimiento para el análisis del sexto
informe de gobierno, hace uso de la palabra el Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Fijan la posición de sus respectivos partidos políticos, los
diputados: José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del
Partido Verde Ecologista de México; José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de
la Revolución Democrática; Josefina Vázquez Mota, del Partido Acción Nacional; y Raúl
Homero González Villalva, del Partido Revolucionario Institucional.
Termina la primera parte de la comparecencia, con las palabras del
Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Para dar cumplimiento al segundo punto, numeral cuarto, incisos a), b)
y c) del acuerdo parlamentario, presentan sus preguntas los diputados: Juan Carlos Regis
Adame, del Partido del Trabajo; Alejandro García Sáinz Arena, del Partido Verde
Ecologista de México; María Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución
Democrática; José María Núñez Murillo, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia;
y Jorge Alejandro Chávez Presa, del Partido Revolucionario
Institucional, a quienes el Secretario de Hacienda y Crédito Pública da respuesta.
Hicieron uso de su derecho a réplica, en sus respectivos turnos, los diputados: Regis
Adame, García Sáinz Arena, García Suárez, Núñez Murillo
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes;
y José Luis Ugalde Montes, en el turno del diputado Chávez Presa.
En el segundo turno de preguntas y respuestas, hacen uso de la palabra
los diputados: Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; José Antonio Arévalo
González, del Partido Verde Ecologista de México; Rosalinda López Hernández, del
Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia;
Francisco Guadarrama López, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes.
y Enrique de la Madrid Borrego, del Partido Revolucionario
Institucional, a quienes el licenciado Gurría Treviño da respuesta.
Aprovecharon su derecho a réplica, los legisladores: Regis Adame,
Arévalo González, López Hernández, Luis Alberto Pazos de la Torre, en el turno del
diputado Guadarrama López; y Enrique Alonso Aguilar Borrego, en el turno del legislador
de la Madrid Cordero.
Se concede el uso de la palabra al Secretario de Hacienda y Crédito
Público y al terminar su intervención, el Presidente dirige un mensaje institucional e
instruye a la Secretaría para que la versión estenográfica de la comparecencia se
envíe al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para su conocimiento.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con
dieciséis minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles veinte de
septiembre de dos mil, a las diez horas.
Esta a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en
votación económico se pregunta si se aprueba. Los ciudadanos diputados que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo:
V O T A C I O N
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
V O T A C I O N
Aprobada, señor Presidente.
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EL C. PRESIDENTE: Con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 23, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, y en lo conducente, 26 de la Ley Federal de Responsabilidades de
los Servidores Públicos, esta Presidencia anuncia que habiendo concluido el cargo de la
ciudadana Raquel María del Carmen Sevilla Díaz, como diputada a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, ha quedado sin materia el dictamen correspondiente al expediente
número Sl/006/2000, por lo que ha cesado el deber de esta Cámara de constituirse en
jurado de procedencia, en consecuencia archívese el expediente de referencia.
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EL C. SECRETARIO, DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN: Se va a dar lectura
a oficio del Congreso del Estado de Baja California.
DE ENTERADO
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EL MISMO C. SECRETARIO:
Del Congreso del Estado de Chihuahua.
C. DIP. PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS Ave. Congreso de la
Unión s/n MEXICO, D. F.
Por este conducto me permito comunicarle que en Sesión de la
Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, en su segundo
receso, la Diputación Permanente dentro del Segundo Año de Ejercicio Legal, celebrada el
quince de los corrientes, fue aprobado el punto de Acuerdo 204/00 II D.P., mediante el
cual se expresa pronunciamiento en relación a la concesión otorgada a RENAVE, S. A. de
C.V., respecto a la operación del Registro Nacional de Vehículos.
Así mismo, se acordó convocar a los H. Congresos de los Estados y del
Distrito Federal para que se sumen al esfuerzo de esta Legislatura, emitiendo
pronunciamiento en los mismos términos, para lo cual nos permitimos anexar copia del
mencionado Acuerdo, así como de la propuesta original, para los efectos que correspondan.
Sin otro particular de momento, le reitero la seguridad de mi atenta y
distinguida consideración.
LA DIPUTACION PERMANENTE DE LA QUINCUAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE CHIHUAHUA, REUNIDA EN SU SEGUNDO PERIODO DE
SESIONES, DENTRO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGAL,
A C U E R D A:
PRIMERO. Solicítese a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial
que con fundamento en lo que establece el artículo 21 fracción V de la Ley del Registro
Nacional de Vehículos, ejercite las acciones tendientes a dar por terminada la concesión
otorgada a Renave, S.A de C.V., respecto a la operación del Registro Nacional de
Vehículos.
SEGUNDO. Intégrese una Comisión en la que se representan las tres
fuerzas parlamentarias que convergen en este H. Congreso, a fin de que comparezcan
personalmente con el Secretario de Comercio y Fomento Industrial a solicitar la
suspensión del mencionado registro, hasta en tanto se analice la factibilidad de
establecer un mecanismo que sin ser gravoso para la ciudadanía, le permita comprender la
información que se aspira obtener con el Registro Nacional de Vehículos.
TERCERO. Convóquese a los H. Congresos de los Estados y del Distrito
Federal, para que si a bien lo tienen, se sumen a nuestro esfuerzo, emitiendo
pronunciamiento en los mismos términos.
CUARTO. Solicítese al H. Congreso de la Unión, tenga a bien revisar
la constitucionalidad de la Ley del Registro Nacional de Vehículos, con miras a su
abrogación.
DADO en el Salón de Sesiones del Poder Legislativo, en la Ciudad de
Chihuahua, Chih., a los quince días del mes de agosto del año Dos mil.
TRAMITE: Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento
Industrial.
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APENDICE No. 2
EL MISMO C. SECRETARIO:
Del Congreso del Estado de Nuevo León, del Congreso del Estado de
Quintana Roo.
EL C. SECRETARIO: De enterado.
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.
En otro punto del orden del día, iniciativas de ciudadanos diputados,
se concede el uso de la palabra a la diputada Magdalena Núñez, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa de reformas y
adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
LA C. DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL (PRD): Gracias, señor
Presidente.
Iniciativa de decreto que reforma
Diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin
de establecer la proporcionalidad en la composición de las representaciones legislativas
del país.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo establecido por la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputadas y
diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de reformas a diversas disposiciones
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la
siguiente:
Exposición de motivos
Durante el último cuarto de siglo los mexicanos hemos logrado avances
sustanciales en el tránsito hacia un sistema electoral plenamente democrático, en donde
la compleja, cámbiente y plural voluntad política de los ciudadanos mexicanos se
reconozca de manera cada vez más exacta y eficaz en el proceso de constitución del poder
público.
Hemos hecho que el sistema político se transforme en los temas
cruciales del respeto al voto ciudadano, de las garantías de legalidad en todos los
momentos de los procesos electorales, y de la apertura del poder público a la sociedad.
En este último aspecto, la sociedad mexicana, cada vez más plural, ha
demandado la incorporación de ésta diversidad en la conformación de los órganos
colegiados de poder del Estado.
Esta misma Cámara ha visto como consecuencia, modificadas las normas
que rigen su integración en diversas ocasiones para, con avances y retrocesos, trazar una
clara tendencia hacia el perfeccionamiento de la proporcionalidad en su conformación.
La Cámara de Diputados.
Hasta 1961 la representación nacional se integró sólo con diputados
electos uninominalmente, excluyendo sistemáticamente el voto de un número cada vez más
importante de ciudadanos que, sin alcanzar mayoría en los distritos electorales, eran ya
una proporción significativa de los votantes.
Las reformas de 1963, si bien permitieron el acceso sistemático a la
Cámara de las minorías electorales, no superaron el esquema conceptual según el cual la
representación emanaba de las elecciones uninominales, definidas como mayoritarias. La
nueva vía de acceso a la Cámara de Diputados, los diputados de partido, fue desde el
nombre mismo concebida como un elemento marginal a la representación nacional, como un
elemento de pluralización más bien artificial de dicha representación: si los diputados
electos uninominalmente representaban la voluntad popular, los de partido no representaban
más que eso, a partidos políticos minoritarios que por esa vía ejercían presión para
la obtención de cargos que, en la realidad, no habían ganado en las urnas. Las
diputaciones de partido se incorporaban conceptualmente como parte de la lógica
corporativa y de presión de grupos, característica del Estado mexicano, soslayando la
representación social que en su momento incorporaron a esta Cámara.
La reforma electoral de 1977 estableció por primera vez un principio
electivo general distinto al de mayoría relativa y, desde luego, distinto al principio
compensatorio de los diputados de minoría. La Cámara de Diputados se constituyó con 400
integrantes, 100 de los cuales habrían de ser elegidos por el principio de
representación proporcional.
Sin embargo, el diseño electivo aplicado a los nuevos diputados
mantuvo consigo algunos de los elementos sustanciales característicos de la concepción
de los diputados de minoría, como reducir su asignación a los partidos minoritarios,
definidos como aquellos que obtuvieran menos de sesenta triunfos uninominales, o como
desvincular el nuevo principio de la proporcionalidad en la integración del conjunto de
la Cámara.
Las reformas electorales inmediatamente posteriores no modificaron
estas características.
No es sino hasta la reforma electoral de 1986, que incluyó un nuevo
incremento en el número de integrantes Cámara de Diputados, cuando se concibió al
principio de representación proporcional como parte integral en la constitución de la
representación nacional, eliminando de ésta, en principio, la sobre y la
subrepresentación.
Sin embargo, se mantuvo como salvedad a la proporcionalidad directa la
cláusula que, en el triste capítulo de 1989, vino a denominarse "de
gobernabilidad": una fórmula legal que, bajo distintos mecanismos, concedía al
partido que obtuviera el mayor número de triunfos uninominales, diputados plurinominales
suficientes para lograr mayoría absoluta en la asamblea.
A partir de aquel año, las leyes han sostenido un privilegio
constitutivo a las elecciones uninominales, favoreciendo la sobrerrepresentación de quien
mayor éxito territorial demuestre en las urnas, siendo el número de triunfos distritales
de mayoría relativa el principal determinante de la presencia de un partido en esta
Cámara, por encima del total de votos obtenido en la nación en su conjunto, generando
sistemáticamente fenómenos de sub y sobrerrepresentación de las diversas fuerzas
políticas.
La sobrerrepresentación sistemática ha sido, evidentemente, uno de
los elementos de preocupación constante en el proceso mexicano de transición. Como
resultado se le han impuesto diversas limitantes que alcanzaron, en 1996, su estado
actual: Si bien no ha sido eliminada en el diseño de la representación nacional, si se
ha limitado a un máximo de un 8%.
Estos mecanismos legales de sobrerrepresentación son parte integrante
de un sistema electoral diseñado no para potenciar la expresión de la voluntad política
de la sociedad, sino para garantizar la conservación de mayoría legislativas a minorías
electorales, lógica insostenible en un sistema plenamente democrático.
Las legislaturas locales.
La transformación de los principios electivos de la representación
nacional ha influido, de manera natural, en la redefinición de los principios de
integración de las legislaturas locales. Sin embargo, el ritmo de los avances en estos
espacios ha sido notablemente inferior al observado a nivel federal.
En 1977, el texto constitucional incluyó, por primera vez para los
congresos locales, un principio electivo distinto al de la mayoría relativa, al
establecer: "De acuerdo con la legislación que se expida en cada una de las
entidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección
de las legislaturas locales [...]". De esta manera, los diputados de minoría eran
constitucionalmente establecidos 14 años después que para la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión, y en el preciso momento en que para ésta se establecían ya los
diputados de representación proporcional.
Si bien el texto relativo fue modificado en 1987, y trasladado al
artículo 116, su contenido permaneció intacto hasta 1996. En este último año, fue
finalmente eliminada la figura de diputados de minoría para incluir, 19 años después
que a nivel federal, el principio de representación proporcional. El nuevo texto
establece: "Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados electos por
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos
que señalen sus leyes".
Sin embargo, paralelamente a la evolución de las disposiciones
constitucionales en la materia, los Congresos Locales han desarrollado los principios y
mecanismos de su integración de forma diversa y desigual.
A través de esa diversidad los Estados federados han plasmados sus
diferencias socioeconómicas, políticas, históricas y culturales en normas que les
permiten transitar por rutas varias en procesos múltiples de democratización. Esta
diversidad esta presente, por ejemplo, en los mecanismos de elección de diputados de
representación proporcional, en el uso o no de circunscripciones plurinominales o en los
procedimientos contenciosos, sin representar otra cosa que formas distintas de dar
solución a problemas semejantes.
No podemos afirmar lo mismo de las desigualdades, definidas por limitar
el acceso pleno a derechos fundamentales a amplios sectores ciudadanos. De esta manera
podemos encontrar, junto con una tendencia general al desarrollo de la proporcionalidad,
la subsistencia inconstitucional de la cláusula de gobernabilidad, la
sobrerrepresentación sistemática de hasta un 20%, la predominancia excesiva del
principio de territorialidad, la subsistencia encubierta del principio de diputados de
minoría, y otros mecanismos de deformación de la representación soberana de los
Estados.
En términos generales, las reformas constitucionales de 1977 y 1996
tan sólo adecuaron el texto constitucional a lo que ya era disposición legal en la
mayoría de las constituciones particulares. Sin embargo, alcanzaron a tener un efecto
legal directo en Estados con legislaciones particularmente atrasadas, ampliando
significativamente el acceso de los ciudadanos al derecho básico de elegir a sus
representantes locales. Simultáneamente, las reformas constitucionales referidas
redefinieron y afinaron, adicionalmente, el espacio de debate en torno a los mecanismos y
principios de elección de los legisladores locales.
En el presente, en todos los Estados de la Federación salvo uno,
predomina numéricamente el principio de mayoría relativa en la integración de las
legislaturas locales, y si bien en la mayoría de ellos la proporción de los diputados
electos por este principio y de los electos por el de representación proporcional es
análoga a la establecida para el Congreso de la Unión 60% de mayoría relativa y 40% de
representación proporcional en varios el porcentaje de diputados de representación
proporcional es aún menor.
Por otra parte, en la mayoría de las entidades federativas donde la
inconstitucional cláusula de gobernabilidad ha sido eliminada, prevalecen mecanismos de
asignación de diputados de representación proporcional que subordinan este principio no
sólo al de mayoría relativa, sino incluso al constitucionalmente extinto principio de
diputados de partido, favoreciendo estructuralmente la sobre y la subrepresentación en la
conformación de las legislaturas locales.
La democratización de los espacios políticos estatales encuentra así
obstáculos ya superados a nivel federal.
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Pese a la declaración de inconstitucionalidad que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación ha hecho recaer sobre la cláusula de gobernabilidad para las
legislaturas estatales, ésta se ha mantenido dentro de la propia constitución para el
caso del la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en donde, además, adopta una de
las condiciones más extremas de la historia constitucional de nuestro país, al ser
aplicable a un partido político que alcanzara una votación tan menor como el 30% del
total.
Esta cláusula se conforma así en una más de las condiciones de
excepción en que los ciudadanos del Distrito Federal se ven forzados hoy a ejercer sus
derechos políticos, y representa un atraso de varios años respecto a la evolución
constitucional sufrida por el Congreso de la Unión y por las legislaturas estatales,
siendo su eliminación condición ineludible en el desarrollo democrático nacional.
Hacia una reformulación de la representación legislativa.
La legitimidad que hasta hoy se ha dado a la dominancia numérica y
funcional del principio de mayoría relativa sobre el de representación proporcional
parte, por un lado, de condiciones históricas particulares y superadas y, por otro, de
concepciones equivocadas sobre la representación legislativa y sobre la naturaleza y
beneficiario de los derechos en pugna.
En lo histórico, la preeminencia del principio de mayoría relativa se
origina en los momentos en que el dominio del espacio electoral por una sola fuerza
política era absoluto. En esas condiciones, el conjunto de diputados electos
exclusivamente por el principio de mayoría relativa representaba sistemáticamente
votaciones mayoritarias superiores, y en ocasiones muy superiores, al 90% del total de
electores. Ante semejantes resultados, el reclamo de la vía uninominal como la vía plena
de la representación nacional sólo podía ser débilmente objetado.
Así, al elegirse en 1976 la L Legislatura, el conjunto de los
diputados de mayoría relativa habían sumado cerca del 95% del total de votos emitidos en
el país, es decir, sólo un 5% del electorado no veía su preferencia electoral reflejada
en la constitución de un diputado uninominal.
Los números de hoy son, sin embargo, notoriamente distintos. En la
conformación de esta LVIII Legislatura las votaciones mayoritarias de los trescientos
distritos electorales federales, consideradas independientemente del partido que la
hubiera obtenido, suman un total de 17,449,064 votos, es decir, tan solo el 47% de los
votos válidos. El caso, lejos de ser excepcional, forma parte ya de una tendencia: la
misma suma en los resultados electorales de 1997, año de elección de la LVI I
Legislatura, alcanza el 46% de los sufragios. En veinte años, la representatividad de la
vía uninominal se ha visto reducida, al menos, a la mitad. De este modo, menos de la
mitad de los ciudadanos deciden la conformación del 60% de la Cámara, en tanto que una
mayoría absoluta decide tan sólo el 40% de ella.
Las cifras en la conformación de la gran mayoría de las legislaturas
locales son semejantes.
En lo funcional, la concepción del principio de mayoría relativa como
preeminente respecto al de representación proporcional tiene una. evidente raíz en el
carácter territorial de la elección de los diputados electos por ese principio. Se
concibe así la representación como vinculada al territorio donde es votada, de modo tal
que el electo resultaría representante de todos los ciudadanos de dicho territorio,
independientemente de que hayan votado por él o no, y sólo de los ciudadanos de dicho
territorio.
La tradición constitucionalista ha planteado, sin embargo, otra
perspectiva para este problema, desde la cuál todos los diputados son representantes del
pueblo en su conjunto, y no tan sólo de aquellos ciudadanos que en lo concreto sufragaron
en su favor, o de quienes lo hicieron en la demarcación territorial en que fueron
votados.
Esta perspectiva no sólo ha fundado su legitimidad en las concepciones
teóricas más acabadas sobre la naturaleza de la representación parlamentaria sino que,
adicionalmente, encuentra claros referentes empíricos en la práctica política diaria de
nuestro país. En México, como en muchas otras naciones, las grandes propuestas
políticas de la sociedad se han venido definiendo mucho más en términos de programas y
demandas enarbolados por partidos y otros actores políticos nacionales, que en términos
de demandas vinculadas a los votantes de regiones particulares.
Más por el contrario, importantes temas locales o regionales, que han
alcanzado relevancia nacional, han sido sistemáticamente enfocados desde distintas
perspectivas nacionales que no se encuentran resueltas a nivel local y que en el país en
su conjunto encuentran contraposiciones semejantes.
El debate sobre los principios electivos de las legislaturas puede sin
embargo clarificarse, al menos parcialmente, a partir de la redefinición de los derechos
que en el proceso se ven involucrados y de la residencia de su titularidad.
Las legislaciones han considerado, generalmente, el problema de los
principios de integración de las legislaturas, como el problema de la articulación de
los intereses y derechos de los actores políticos en disputa por la representación
nacional. Esta concepción tiene una clara expresión, por ejemplo, en el establecimiento,
ya referido, de diputaciones destinadas a dar acceso sistemático a la representación a
las minorías electorales bajo la forma de las así llamadas diputaciones de partido; o en
la cláusula de gobernabilidad que, en sentido inverso, concede a una minoría electoral
la calidad de mayoría parlamentaria.
El debate se ha centrado, en sus momentos críticos, en la
articulación de los derechos de los partidos políticos a acceder a la representación,
única forma concreta del derecho a ser votado, en función de la legitimidad que a sus
encontrados derechos de representación política reconozca el legislador, privilegiando
uno u otro principio electivo, en las diversas situaciones políticas concretas. Sobre
estas bases, y a falta de un criterio rector comúnmente aceptable en la disputa de
intereses entre iguales, el debate parecería irresoluble.
Sin embargo, si el problema es considerado desde la perspectiva del
elector, es decir, fundamentalmente como una consecuencia del derecho a votar, adquiere de
inmediato una nueva dimensión en la cual el objetivo del diseño de los principios de
integración de las legislaturas no podrá legítimamente ser otro que el de garantizar a
todos los ciudadanos acceso igualitario al ejercicio del derecho a elegir.
Cualquier otra cosa resulta poco razonable.
Sobre esta base, indebatible en nuestra opinión, es necesario discutir
ampliamente las características que a las representaciones legislativas importa hoy la
preeminencia del principio de mayoría relativa, y el papel que al respecto pueden jugar
otros principios electivos.
El primer elemento sustancial en este sentido ha sido ya señalado: la
proporción de votantes que en términos generales se requieren para llevar a una
legislatura al total de los electos por mayoría relativa en distritos electorales es ya
sistemáticamente menor al 50%. Si consideramos que sólo de manera excepcional los
electos por esta vía son menos del 60% de la legislatura correspondiente se hace
evidente, primero, que estructuralmente se favorece que las mayorías parlamentarias sean
decididas por minorías electorales y, segundo, que en consecuencia no existen ya
elementos de realidad que permitan demostrar la suficiencia del principio de mayoría
relativa como vía fundamental de la representación social en su conjunto. Esto es, el
principio electivo de la mayoría relativa no puede más reclamarse como elemento central
de representación, de modo tal que incluso su combinación con otros principios electivos
deba realizarse sobre la base de su dominio del conjunto.
En términos del ejercicio del derecho a votar y a votar en términos
de igualdad, única base posible para que el voto universal sea una realidad el voto
ejercido por cada ciudadano debe de tener la misma fuerza de decisión en la conformación
de la representación legislativa. O lo que es lo mismo, a cada ciudadano debe
corresponder uno y sólo un voto.
El fallo de la Suprema Corte emitido sobre la materia en 1998, a
través del cual se declaran inconstitucionales las "cláusulas de
gobernabilidad" en la integración de las legislaturas estatales tiene sin duda una
de sus bases en la consideración de la igualdad del voto, obligado punto de partida en la
concepción del principio de representación proporcional. De acuerdo con este fallo, la
fuente de una mayoría parlamentaria tiene que encontrarse en la proporción de votos
emitidos por cada opción electoral y no en una fórmula legal que convierta de manera
automática una minoría de votos en una mayoría de curules.
Sin embargo, han sobrevivido en las legislaciones formas menos directas
de deformación de la proporcionalidad que las establecidas por las "cláusulas de
gobernabilidad", generando el mismo efecto. Estas formas son, principalmente:
La asignación de las diputaciones de representación proporcional de
forma independiente a la proporción de curules que cada partido obtenga en el conjunto de
la legislatura, de modo que la desproporción de representación obtenida por triunfos de
mayoría relativa logrados con votaciones minoritarias se conserva para el conjunto.
La subsistencia de fórmulas legales diversas que garantizan que
minorías electorales decidan la mayoría de los integrantes de la generalidad 'de las
legislaturas, dejando a la mayoría de los electores la decisión sobre la minoría de la
asamblea.
La sistemática confusión entre el principio electivo de la
representación proporcional y los mecanismos concretos para su aplicación.
Así, la generalidad de los mexicanos estamos sometidos hoy a un
régimen legal de desigualdad sistemática en nuestras representaciones legislativas, en
virtud de la cual las minorías deciden la conformación de las mayorías legislativas, en
tanto que a la mayoría de los ciudadanos sólo se le permite decidir sobre la
conformación de las minorías legislativas.
De esta suerte, y en lo particular, en no pocos casos las soberanías
estatales se encuentran hoy dominadas por fuerzas políticas que resultaron derrotadas en
la elección correspondiente.
Estamos convencidos de que ha llegado para nuestro país el momento de
dar un nuevo paso, el más decidido de las últimas décadas, para reformular las bases de
integración de nuestras legislaturas, garantizando que en ellos se refleje con equidad
plena la intensión decisoria de la ciudadanía. En el México de nuestros días, la
necesidad de reflejar la amplia pluralidad de nuestra sociedad en sus representaciones
soberanas pasa por la necesidad de invertir el papel de los principios electivos de estas
asambleas, dando el papel rector al principio de representación proporcional.
Es por estas razones que hoy presentamos a esta Cámara una iniciativa
para reformar las fracciones III y V del artículo 54 y la fracción III de la Base
primera del apartado C del artículo 122, reformar y adicionar la fracción II del
artículo 116, y derogar la fracción VI del artículo 54, todos de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer la proporcionalidad directa
en la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la
Legislaturas de los Estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de adecuar
las bases constitutivas de las mencionadas Legislaturas de los Estados a las actuales
condiciones políticas y sociales del país.
A este último respecto, proponemos reformar el primer párrafo de la
fracción II del artículo 116 constitucional a fin de adecuar el concepto ahí plasmado a
las actuales condiciones parlamentarias y demográficas de los Estados: el día de hoy no
existen, ni es previsible ni deseable que lo hagan en el futuro, composiciones
legislativas siquiera cercanas a los mínimos de integración ahí previstos, ni, por otra
parte, ha demostrado mérito alguno la idea de establecer integraciones proporcionales al
número de habitantes para distintos Estados.
En la práctica, y durante ya casi dos siglos de vida independiente, el
número total de integrantes de cada legislatura local ha sido una respuesta siempre
particular para condiciones estatales que, por su diversidad, exigen respuestas también
particulares.
Proponemos retirar del texto constitucional la jamás cumplida
obligación de establecer el número de integrantes de cada legislatura en proporción al
número de habitantes de cada Estado. Adicionalmente, proponemos establecer un mínimo
único nacional de veinticuatro diputados por legislatura.
En cuanto a los principios previstos para la integración de las
legislaturas, consideramos pertinente mantener los actualmente vigentes mayoría relativa
y representación proporcional conservando también el carácter limitativo que para estos
efectos prevalece en el texto vigente.
Sin embargo, proponemos establecer proporciones iguales de diputados a
elegirse por los principio de representación proporcional y de mayoría relativa,
eliminando la figura del dominante mayoritario.
Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable
Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA LAS FRACCIONES III Y V DEL ARTICULO
54 Y LA FRACCION III DE LA BASE PRIMERA DEL APARTADO C DEL ARTICULO 122, REFORMA Y
ADICIONA LA FRACCION 11 DEL ARTICULO 116, Y DEROGA LA FRACCION VI DEL ARTICULO 54, TODOS
DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo primero. Se reforman las fracciones III y V y se deroga la
fracción VI del artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 54. [...]
I. [...]
II. [...]
III. Al partido político que cumpla con la dos bases anteriores,
adicionalmente a las constancias de mayoría que hubiesen obtenido sus candidatos, le
serán asignados por el principio de representación proporcional, de acuerdo con su
votación nacional emitida, el número de diputados de su lista regional que corresponda
en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen
los candidatos en las listas correspondientes;
IV. [...]
V. El número total de diputados por ambos principios de cada partido
político será directamente proporcional al número de votos que cada uno haya obtenido
en la elección correspondiente.
VI. Derogada.
Artículo segundo. Se reforma y adiciona la fracción segunda del
artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar
como sigue:
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados no
será menor de veinticuatro.
Las legislaturas de los Estados se integrarán por diputados electos
por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional.
Se elegirá el mismo número de diputados por el principio de mayoría
relativa y por el principio de representación proporcional.
Los mecanismos y fórmulas que las leyes establezcan para la
asignación de los diputados electos por el principio de representación proporcional
garantizarán la plena proporcionalidad entre el número de diputados que cada partido
político obtenga del total de la legislatura y el número de votos obtenido por cada uno
en la elección estatal en su conjunto.
Los diputados de la legislaturas de los Estados no podrán ser
reelectos para el período inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el
período inmediato con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en
ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el período
inmediato con el carácter de suplentes.
Artículo tercero. Se reforma la fracción III de la Base primera del
apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
para quedar como sigue:
III. El número total de diputados por ambos principios de cada partido
político será directamente proporcional al número de votos que cada uno haya obtenido
en la elección correspondiente.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 10 de septiembre de
2000.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada Magdalena Núñez.
La iniciativa presentada a nombre del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Sistema Federal.
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Se concede el uso de la
palabra para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre los efectos de la sequía
en la zona norte del país, al diputado César Duarte Jaques, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
EL C, DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUES (PRI ): Con su venia, señor
Presidente,
Compañeras y compañeros diputados:
En nuestro país la sequía es un fenómeno recurrente. En los últimos
60 años los mexicanos hemos padecido 32 sequías de diferente magnitud; cuatro de ellas
han sido particularmente críticas; la del 48 al 56 es considerada la de mayor severidad y
se asentó en zonas áridas y semiáridas, con consecuencias desastrosas para la vida
económica de sus pobladores; la del 60 al 64 y la del 76 al 80 tuvieron alcance nacional,
generando un fuerte movimiento migratorio del campo a la ciudad.
Finalmente la del 93 al 2000, con una duración casi igual a la
primera, provoca la reducción del ato ganadero; la desaparici6n de segundos cultivos en
las áreas de riego; la transformación de las zonas de riego en zonas temporaleras y las
zonas temporaleras dejándolas en tierras inútiles,
Los Estados de Chihuahua, Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California Sur,
Aguascalientes, Querétaro y el norte de Guanajuato, son actuales víctimas de este
período de sequía, cuya duración en varios de los casos rebasa los cinco años,
En Chihuahua llevamos siete años con éste y ya es una calamidad, La
sequía en el campo está ligada a la perdida de cosecha, muerte de ganado, esfuerzos
agotadores y gastos excesivos para acarrear el agua de grandes distancias; enfermedades
infecciosas, desnutrición, emigración, hambre e inconformidades sociales.
La sequía cabalga en todos los caballos del apocalipsis, arrasando con
bienes y destruyendo esperanzas, es un proceso acumulativo con incidencia social,
económica y política que deja huellas profundas en varias generaciones.
En las zonas áridas y semiáridas, donde la presencia de la sequía es
un hecho cotidiano, la lluvia vista como una variable, tiene dos comportamientos: es poco
frecuente y cuando cae lo hace con una intensidad tal que favorece el escurrimiento y no
su infiltración en el suelo. La escasez de lluvia, la exposición del suelo a la
erosión, la remoción de la cubierta vegetal la acción del hombre constituyen los cuatro
factores principales del desequilibrio ecológico, y propician anomalías climatológicas,
arrojando como resultado sequías recurrentes cada vez mucho más prolongadas.
El agua es vida, la ausencia del líquido vital es muerte. Los hombres
y las mujeres en edad de trabajar emigran en búsqueda del sustento; los conglomerados
sociales se transforman en pueblos fantasmas habitados únicamente por ancianos y niños.
La estructura social rural conformada por el binomio familia núcleo agrario, sufre daños
irreparables.
La respuesta a este problema estructural ha sido hasta ahora de
carácter emergente a pesar de la recurrencia del fenómeno, como si la sequía un evento
ocasional y localizado. Sin embargo, las estadísticas arrojan una lectura totalmente
diferente. Las acciones del gobierno, de la sociedad rural, de las organizaciones
internacionales y de los productores organizados, exigen estrategias que ataquen las
causas del fenómeno, no sólo sus efectos, y un programa a largo plazo.
Este problema, por su tamaño y naturaleza, no puede atenderse con
acciones aisladas; necesita la acción coordinada de todas las instancias de gobierno
especializadas en este rubro, y sobre todo de la sociedad. Asimismo, además de combatirlo
en el centro de su impacto mediante un esfuerzo serio y decidido de descentralización de
las dependencias, como SAGAR, CONASA y CONAGUA, así como la descentralización de
responsabilidades que obligue a la participación organizada y capacitada de directamente
los afectados.
Por lo que respecta al programa de mediano y largo plazos, la
diputación campesina del Partido Revolucionario Institucional propone un enfoque
estructural, integral y sustentable, que cubra las siguientes acciones:
Primero. Las áreas deterioradas de los núcleos agrarios deben
ingresar a un programa de reconversión productiva diseñado por los centros de
investigación y las universidades, comprobada experiencia, conviniéndolo con los
campesinos, apoyados por el gobierno y supervisado por un grupo interdisciplinarios de
especialistas.
Segundo. La aportación de fondos a una investigación enfocada al
aprovechamiento de las propiedades forrajeras, alimentarias, medicinales e industriales de
las especies del desierto, con miras a desarrollar sistemas de producción sustentable y
tecnología de punta.
Tercero. La construcción de una cultura con los niños y adolescentes
del desierto, donde aprendan a utilizar eficientemente el agua.
La idea siempre será tomar conciencia de la indispensable necesidad de
conservar este patrimonio para futuras generaciones y dominar los medios para romper los
círculos perniciosos ya señalados. Todo ello sin dejar de atender la emergencia.
En éste último destacan por su enorme importancia: la construcción
de acueductos y sistemas de agua potable, el refuerzo del programa Acuario, operado por el
Ejército Mexicano, y el financiamiento con presupuesto de la Comisión Nacional de Zonas
Aridas; la producción de forra je con especies vegetales de la localidad; los proyectos
para el abasto del agua y para apoyar al ganado; la entrega de apoyos en el caso como el
de nuestros hermanos tarahumaras, quienes en este invierno no tendrán maíz ni siquiera
para el autoconsumo.
Por ello, los diputados priístas hacemos un llamado a esta Honorable
Cámara, para que se tome un punto de acuerdo, al que se han sumado las fracciones
parlamentarios del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática,
del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo,
UNICO, Con fundamento al artículo 58 y 59 del Reglamento Interior del
Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, para que en carácter de urgencia y obvia
resolución, se solicite al gobierno federal un programa urgente con recursos del Fondo de
Desastres Naturales, FONDEN, para que de manera rápida se atiendan las necesidades de la
población en estas zonas,
Adicionalmente, un programa similar a PROCAMPO para aquella gente que
no pudo sembrar por falta de humedad, así como la entrega de un suplemento alimenticio
para el ganado, observando en esto una total prioridad para los que menos tienen.
Asimismo, esta soberanía recomiende a los tres niveles del Ejecutivo,
la elaboración de un plan maestro campesino de mediano y largo plazo para las regiones
áridas y semiáridas del país. Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Cesar Duarte Maquez. Como lo
ha solicitado, de considerar este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución,
solicito a la Secretaría consulte a la asamblea, en votación económica, si se considera
de urgente y obvia resolución.
LA C. SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: En votación
económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de
acuerdo planteado.
(Votación)
Gracias diputados.
EL C. PRESIDENTE: Permítame señor diputado. Gracias, se considera de
urgente y obvia resolución.
Han solicitado el uso de la palabra sobre este tema, los diputados:
Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; el diputado Gregorio
Urras Germán, del Partido de la Revolución Democrática, y el diputado Hugo Gutiérrez
Davila, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Al termino de estas intervenciones se consultara si se aprueba o se
rechaza la proposición. Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, el diputado Juan
Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Frente al problema de la pobreza extrema, en la que se encuentran
millones de nuestros compatriotas, hoy tenemos que sumarle la aguda escasez de agua que
padecen algunos estados del norte de nuestro país.
La sequía que sufren millones de mexicanos que habitan en distintos
estados del norte de México, esta afectando con mayor profundidad a los productores
agropecuarios, a las comunidades rurales que padecen de este vital líquido.
Este es un serio problema que viene impactando a los campesinos desde
hace varios años, pero que se agudizo en 1999, cuando el gobierno federal tuvo que
declarar el 21 de mayo, como zona de desastre a varios municipios de cinco estados de la
República, debido a la aguda sequía que venían padeciendo desde tiempo atrás.
Entre ellos se encontraban distintos municipios pertenecientes a los
estados de Coahuila, Sinaloa, Sonora, Durango y Chihuahua. Posteriormente se sumaron a
esta categoría otros municipios que pertenecen a los estados de Zacatecas, Tamaulipas,
Baja California, Baja California Sur, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, entre
otros.
Sin embargo, este problema no se ha resulto para muchos municipios del
norte del México, los recursos que el gobierno federal destina para contrarrestar los
efectos agudos de la sequía son insuficientes y no atenúan las repercusiones de esta.
Entre los efectos más agudos es que en muchas de las presas del
noreste del país se encuentran en promedio a baja capacidad de almacenamiento y los
problemas se han acentuado a consecuencia del vital líquido.
Otra grave repercusión es el descenso de la producción de alimentos
forrajeros y alimenticios, según estimaciones en más del 30 % por falta de agua.
Se calcula por parte de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que
serán 200 mil hectáreas que no se sembrarán o cambiarán de cultivos de menor
requirimiento de agua. Al mismo tiempo esta grave sequía provocará la pérdida de 2. 5
millones de empleos del campo.
Por ejemplo en el estado de Zacatecas no sólo padece la agudeza de la
sequía, sino que esta se está combinando también con un fenómeno particular vinculado
a la dificultad que tienen actualmente los campesinos para la venta de sus cosechas. No
hay una política comercializadora para este sector.
A la falta de agua se suma la ausencia de realización de los productos
del campo. Debemos reconocer que la desgracia que hoy sufren millones de habitantes de
nuestro país, deriva en gran parte de fenómenos metereológicos, pero también en gran
medida, y esto es importante recalcarlo, por la mala planeación de las presas que se
construyen en los estados que hoy están afectados por la sequía; la falta de inversión
para crear más infraestructura hidráulica así como por la carencia de un programa de
prevención integral de sequías conforme lo han denunciado diversos líderes campesinos,
El gobierno federal debe reconocer su responsabilidad en la desgracia
que hoy aqueja a los millones de habitantes que son afectados por la sequía. Asimismo
debe reconocer que los recursos que son destinados a solventar los desastres naturales de
nuestro país, son insuficientes. En cambio cuando se trata de rescatar los intereses que
detentan el control de las decisiones económicas y políticas del México actual, no se
escatiman los recursos financieros. Está el ejemplo del FOBAPROA.
Con la cantidad acumulada que se destina al Fondo de Desastres
Naturales que es apenas de 4 mil 838. 9 millones de pesos, seguramente se puede hacer
poco.
Por eso para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, está
claro que recursos públicos si los hay, lo que no hay es la voluntad política para
distribuirlos equitativamente.
Desde nuestro punto de vista se debe incrementar el monto de recursos
del Fondo de Desastres Naturales para que sea canalizado en su totalidad, apoyar a la
población y a los productores de estas zonas afectadas por la falta del vital líquido.
Para nuestro grupo parlamentario, este fondo debe tener un manejo
transparente, que este fuera de toda tentación de los funcionarios públicos del gobierno
federal de utilizarlo con tintes electorales.
Debemos exigir al titular de la SAGAR presente un programa integral de
prevención de sequías con el propósito de tener una mayor capacidad de respuesta frente
a este tipo de problemas.
Si el problema es la sequía y se agudiza, es claro que tenemos
conflictos sociales en el campo, pero también debe quedar claro que el gobierno federal
será el responsable de la agudización de los mismos si no actúa con rapidez que el caso
lo demanda.
Por todas las consideraciones señaladas el Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo se suma al Punto de Acuerdo con el objeto de apoyar a las entidades
del norte de nuestro país que hoy son azotadas por las sequías, entre ellas Zacatecas.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Juan Carlos Regis.
Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Gregorio Urias Germán,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por cinco minutos.
EL C. DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Con el permiso de la Presidencia.
Diputadas y diputados: Para el Partido de la Revolución Democrática entendemos por
reforma del Estado una profunda reforma política, una profunda reforma a la política
económica y a la política social. Y en esta materia lo que se refiere al campo mexicano,
creemos que es necesario que en lo inmediato discutamos y aprobemos en esta legislatura,
una ley de desarrollo social. Pero tenemos que concebirla casi como una ley de emergencia
y un plan de rescate para el campo.
El campo mexicano se ha convertido indudablemente en un lastre para el
desarrollo de nuestro país.
Leía yo hace algunos meses una entrevista que me llamó bastante la
atención en el periódico Reforma a don Antonio Ortiz Mena, el decía en síntesis, en su
larga entrevista, que el Estado mexicano en las dos o tres últimas décadas, ha cometido
un error histórico, en abandonar y hundir al campo mexicano. Este error histórico hoy
tenemos la responsabilidad de ese tamaño de tratar de recuperar o recomponerlo, por el
bien de nuestra soberanía, por el bien de nuestro desarrollo independiente.
Por eso hemos suscrito el Punto de Acuerdo que actualmente en esta
coyuntura, en un año más se nos presenta este grave y recurrente problema de la sequía.
Quienes somos sinaolenses conocemos y hemos sufrido de cerca las
consecuencias sociales que repercuten en violencia y que repercuten en el bajo ingreso, en
la pobreza y en la descomposición social.
La sequía que actualmente están padeciendo algunos estados del norte,
y específicamente el estado de Sinaloa, no se había presentado tan grave en los últimos
20 años como en el presente.
Recientemente se tomó la decisión por las autoridades federales,
particularmente la Comisión Nacional de Aguas, de reducir casi a la extinción algunos
cultivos como el del maíz, respecto al cual nuestro estado ha sido líder, y
prácticamente otros cultivos se están reduciendo.
Es importante pues que ahora el gobierno federal, apoye aun más con lo
que se apoyó el pasado ciclo a todos estados que están padeciendo la sequía.
Por tal motivo, nuestro partido, nuestro Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, nos sumamos a esta propuesta que se ha planteado
por los compañeros que me antecedieron, y estaremos atentos para darle seguimiento.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Gregorio Urías Germán. Tiene el
uso de la palabra el diputado Hugo Gutiérrez Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO HUGO GUTIERREZ DAVILA: Con su venia señor presidente.
Compañeros y compañeras diputados. Es cierto, la sequía es un fenómeno destructivo
ligado a la pérdida de cosechas, a la muerte masiva de ganado, obliga a fuertes
inversiones y a agotadoras jornadas, para acercar el agua a quienes la necesitan.
La sequía provoca enfermedades, hambre, desesperanza y migración,
generando enormes problemas sociales, que ameritan nuestra urgente atención.
Es cierto, el agua es vida, es productividad y es esperanza. Su
ausencia prolongada es muerte. En nuestras tierras que sufren desde hace años los
problemas de la sequía, los hombres y mujeres en edad de trabajar, emigran en busca de
sustento y lamentablemente la estructura social rural sufre daños tal vez irreparables.
Por eso, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, damos la bienvenida e impulsamos esta proposición, para que en el carácter de
urgente y obvia resolución, esta soberanía admita y así se atienda de inmediato las
necesidades de la población, que viven el grave problema de la sequía en la zona norte
de nuestro país.
Para tal efecto, solicitamos se incluya la participación de los
ayuntamientos y de las Legislaturas locales, para que junto con el Ejecutivo federal y el
de las distintas entidades federativas involucradas, transparenten la distribución
equitativa y eficaz de los recursos del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, evitando
así la instrumentación de este tipo de programas con un fin distinto del que aquí se ha
propuesto, y los resultados que obtengan sean los mejores.
Como señalaba Andrés Peñaloza y Alberto Arroyo Picard en su
colectivo de trabajo denominado " Donde pones tu corazón pon un presupuesto con
rostro humano, con el objetivo de compartir experiencias y juntas nuestras capacidades
para estudiar, analizar, discutir y preparar propuestas de alternativas sobre finanzas y
políticas públicas que respondan a las necesidades, intereses y voluntades de la
población, y de esta manera garantizar que repercutan, de manera favorable, en el
mejoramiento de las condiciones de vida de los miles de mexicanos que están sufriendo los
estrados de la grave sequía en nuestros hermanos estados de Baja California, Sonora,
Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas, San Luis
Potosí, Aguascalientes, Querétaro y también solicitamos se incluya a nuestro hermano
estado de Durango, que también vive esta grave problemática.
Es cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputados Gutiérrez Dávila. Han hecho
uso de la palabra los diputados previamente inscritos, y ha solicitado hacerlo por cinco
minutos para hechos, el diputado Tomás Torres, del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás Torres, por cinco
minutos.
EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso, señor Presidente. Con la
venia de mis compañeros diputados y compañeras diputadas:
Estima el de la voz que no podía dejar pasar esta oportunidad para
revelar la postura de la diputación perredista por el estado de Zacatecas. En esta propia
tribuna, en sesiones pasadas hemos traído esta misma voz reclamante, en el sentido de que
a nuestra entidad, en casos particulares, se le ha denegado la posibilidad de generar la
infraestructura necesaria para crear mejores condiciones de desarrollo para su gente.
El día de ayer se nos planteaba que a entidades como la nuestra el
flujo de participaciones federales implican necesariamente una condición distinta en el
contexto nacional. No es la oportunidad, pero sí es preciso señalar que en estado como
el nuestro es superior el ingreso por la vía de las remesas de los trabajadores en la
Unión Americana a los recursos que dice la Federación: les damos, como si el concepto
del Pacto Federal fuera una ficción en la que no tuviera que ver la participación de la
voluntad soberana de las partes de este país.
Debe celebrarse sin duda, y ante puntos específicos como el que se ha
presentado a modo de propuesta de acuerdo, lo signemos las diversas fracciones
parlamentarias que concurrimos a esta Legislatura, de manera entonces que es preciso
abundar no sobre su obvia, sino sobre su resolución de plano sobre este particular.
El presupuesto para entidades como la de Zacatecas da sólo un margen
de operación libre de aproximadamente el 8%, en una suma no superior a los cinco mil
millones de pesos. El ingreso de ese estado está compuesto en un porcentaje superior a
96.5% de participaciones federales y su diferencia de recaudación propia. Esto nos da
nota de la condición en la que nos encontramos.
Cuando los medios anuncian el mal tiempo y la desgracia en otras
regiones, abrigamos la esperanza de que la lluvia en entidades como la nuestra se
aproxime.
Expreso la voluntad de la fracción parlamentaria de suscribir el punto
de acuerdo, al mismo tiempo que dejo en la reflexión general para las entidades del
Bajío, del centro y centro norte del país, sobre un concepto que en otros lugares cuando
el agua está a flor de tierra, allá la buscamos a profundidades superiores a los 200
metros; con los obstáculos, con las limitantes de la Comisión Nacional del Agua y con
las tarifas de todos conocidas por concepto de derechos en la extracción del agua del
subsuelo de la Comisión Federal de Electricidad.
Si no es con la infraestructura que nos pueda arrimar al desarrollo
industrial de nuestras sociedades, cuando menos que nos quede en la conciencia la
posibilidad de apoyar a nuestros hermanos del campo.
Finalmente una buena parte de esta Legislatura, no sólo tenemos ese
compromiso, sino también ese origen.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Tomás Torres.
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Manuel Payán Novoa, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO MANUEL PAYAN NOVOA. Buenos días, señor Presidente,
muchas gracias por la intervención.
Señores diputados, diputadas:
Su servidor, soy Presidente de la Unión Ganadera Regional de
Chihuahua. El punto de acuerdo me parece muy bien, creo que es algo que nos debemos de
felicitar todos por la forma en que se aprobó, pero quisiera yo ser un poquito más
explícito en la cuestión ganadera:
Quiero decirles que no hay mayor sequía en el norte del país, que la
importación desmedida que se hace de ganado en pie y de carne de los Estados Unidos y de
Uruguay; carne que tiene cinco o seis años congelada y que no es apta para consumo
humano, ya que los americanos no se la comen, toda nos la mandan a nosotros.
Ahorita eh Chihuahua tenemos una sequía tremenda y en todo el norte
del país: en Coahuila, Nuevo León, toda la franja fronteriza.
Gracias a Dios tenemos la exportación de becerros, pero no podemos
vender la vacas. Ahorita nos están invadiéndonos los americanos y carne de Uruguay en
cajas de mala calidad que no nos permite vender el ganado, por lo cual exigimos a la
Secretaría de Comercio, a la Secretaría de Hacienda y a nuestra Secretaría SAGAR, que
inmediatamente se cierre la frontera a la carne de importación, ya que nos está
desplazando completamente con productos de mala calidad y necesitamos desplazar nuestro
ganado porque no tenemos que darle en estos momentos.
Su situación es verdaderamente grave, la ganadería se va a acabar si
no hacemos algo.
Desde ayer nosotros estamos con nuestro señor gobernador buscando la
manera de que cuando menos el Estado de Chihuahua, de alguna forma sanitario o con algún
requisito de manejo de ganado, se pare la importación de ganado cuando menos en pie al
estado; pero necesitamos hacerlo a nivel nacional, necesitamos hacer un punto de acuerdo
en donde se pare la importación de ganado en cajas y en pie.
Desgraciadamente el libre comercio nos tiene desprotegidos a todos los
productores del campo. Y también habría que revisarlo porque estamos en una competencia
completamente desleal.
Yo agradezco la atención que tuvieron para mí. Ojalá y
verdaderamente a los que sabemos de ganadería nos hagan caso de ganadería y los que
sepan de otro asunto pues apoyarlos nosotros en lo que ustedes sepan. Pero sí les digo,
no hay peor sequía que la importación de carne que se está haciendo; ahorita el 30, 35%
del consumo nacional es carne de Estados Unidos.
Muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias diputado Payán Novoa.
DIP. J. JESUS DUEÑAS LLERENAS: (desde la curul) Pido la palabra para
hechos.
PRESIDENTE: El diputado Dueñas tiene el uso de la palabra por cinco
minutos, para hechos.
Inmediatamente después la Secretaría consultará si se encuentra
suficientemente discutido y pasar a votación la propuesta.
DIP. J. JESUS DUEÑAS LLERENAS: Muchas gracias señor presidente;
señores secretarios:
Creo que es innegable que el campo mexicano ha tenido muchos problemas.
Y una fracción del campo mexicano son los ganaderos; más antes se hablaba de que nuestro
país era el "cuerno de la abundancia". Ahora, estamos dándonos cuenta que
nuestro país es el país de las importaciones. Yo me sumo al compañero ganadero de
Chihuahua, porque es un sentir nacional de lo que está sucediendo con el ramo ganadero de
nuestro país.
Y estoy hablando a nombre de los porcicultores; a nombre de los
avicultores; a nombre de los productores de leche y a nombre de los productores de carne.
No s hemos dado cuenta que el peor de los enemigos de la ganadería nacional ha sido el
"amigo" por no decirle de otra manera, Herminio Blanco, se ha tomado
atribuciones de importación de productos agropecuarios, atribuciones que no le
corresponden. Nunca ha consulta a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, para hacer
las importaciones de carne, de leche, de huevos, de pollo y de carne de cerdo. Como
decían, carnes echadas a perder, carnes no aptas para consumo humano. Y también lo voy a
decir, maíces, maíces contaminados con afratoxinas que lo utilizan para elaborar
tortillas y que por desgracia nos damos cuenta que esas tortillas ni los perros las
quieren. Y esas carnes, y esas tortillas y esos productos de pollo y esos huevos ya por
decirlo así, vencidos, nos damos cuenta que el "amigo" de SECOFI, nunca ha
tomado en cuenta ni a los productores, ni a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, ni
a los gobiernos de los estados. Por eso amigos, debemos de hacer una reflexión muy grande
sobre el campo mexicano. Pero sobre todo yo propongo aquí que se tome en cuenta a todos
los productores mexicanos, llámese de carne, llámese de leche, llámese de huevo,
llámese de pollo, llámese de maíz, de trigo, de arroz.
Nos hemos dado cuenta que los arroceros han durado hasta dos años con
sus productos en bodega que no los pueden comercializar. Nos hemos dado cuenta que los
productores de trigo no pueden vender sus productos a las harineras y tienen que irse al
mercado ganadero; productos de primera calidad.
Y lo peor del caso son las coincidencias que cuando nosotros tenemos en
puerta nuestra cosecha, empiezan las importaciones fuertes, principalmente de Estados
Unidos.
Qué hacen con nuestros productores. Esa sobreoferta de productos
agropecuarios hace que el precio de los productos mexicanos en cosecha se bajen 20, 30 y
hasta 40%. Por eso es importante que todos los legisladores de todas las fracciones
parlamentarias aquí representadas tomen en cuenta esta propuesta para revisar lo que
está sucediendo respecto a las importaciones que afectan a todos los productores
mexicanos.
Compañeros del PRD, del PRI. El campo es la despensa de todos; de ahí
comemos todos. Qué campo le vamos a dejar a nuestros hijos, qué campo le vamos a dejar a
nuestros nietos. No lo tenemos dado, lo tenemos prestado por nuestros hijos y nuestros
nietos.
Reconstruyamos esta patria para hacerla una patria justa, ordenada y
generosa. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Diputado.
Solicito a la Secretaría con consulte a la asamblea si se considera
suficientemente discutida la proposición.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO MANUAL MEDELLIN MIRAN: Se consulta a la
asamblea, en votación económica, si la proposición está suficientemente discutida.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo. (VOTACIÓN)
Suficientemente discutida, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación
económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
EL MISMO C. SECRETARIO: Se consulta a la asamblea, en votación
económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Aprobado por unanimidad el punto de acuerdo, Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Comuníquese al Ejecutivo Federal y acompáñese de
las versiones estenográficas que contienen las participaciones de los compañeros
diputados.
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Tiene el uso de la palabra para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con las personas vulnerables
la Diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. Por 10 minutos.
LA C. DIPUTADA RAQUEL CORTES LOPEZ: Gracias, Señor Presidente.
Honorable mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura. Con
fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados y diputadas integrantes
de la 58 Legislatura presentamos a esta soberanía el presente punto de acuerdo con base
en lo siguiente:
Con datos de la Organización Mundial de la Salud, el 10% de mexicanos
tiene algún tipo de discapacidad, entre ellos, según el INEGI, el 30% con personas con
discapacidad auditiva, un 23 son personas con discapacidad neuromotora. En igual
porcentaje con problemas de lenguaje; el 14% son ciegos o débiles visuales y un 14%
presenta una discapacidad intelectual.
En esta Cámara de Diputados se han presentado más de 50 iniciativas
de ley en beneficio de este amplio sector social, de las cuales han sido aprobados más de
10 proyectos que constituyen la herramienta de integración social.
Estas iniciativas han sido presentadas por consenso. Todas las
actividades en la Cámara de Diputados materia de discapacidad se han trabajado sin fines
partidistas.
La Gaceta Parlamentaria publicó, el pasado jueves 11 de diciembre de
1997, un punto de acuerdo presentado por el Diputado Héctor Larios Córdoba, Presidente
de la Comisión de Atención y Apoyo a Discapacitados el 3 de diciembre y suscrito por
diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios para que en el ámbito de sus
atribuciones la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, el Comité de
Administración y los grupos parlamentarios sigan sus instrucciones pertinentes, a fin de
que en la planta laboral de la Cámara de Diputados fuesen incluidas personas con algún
tipo de discapacidad, en un porcentaje no menor al 1 por ciento.
Tengo conocimiento de que ese punto de acuerdo llegó a la tribuna de
esta asamblea, respaldada con 400 firmas de Diputados y Diputadas.
La Comisión de Régimen Interno y de Concertación Política solicitó
a la Oficialía Mayor, el 2 de septiembre de 1968, un informe sobre los avances de
contratación de discapacitados. Y fue hasta abril de 1998 cuando la Dirección General de
Personal de la Cámara envió una circular para informar de la contratación de personas
con discapacidad.
Hasta el momento laboran en esta soberanía 35 personas con
discapacidad, de las cuales 22 son hombres y 13 mujeres .2 cuentan con la primara, 1 con
secundaria, 4 con el bachillerato, 8 son profesionales y 13 sin información.
Por tipo de discapacidad, 9 tienen alguna discapacidad motriz, 7 con
discapacidad auditiva, 5 con visual, 7 presentan una discapacidad intelectual y 7 no
tenemos información de su discapacidad.
De esos trabajos, 7 son asesores, 24 auxiliares administrativos y 4 son
secretarias.
Con estos trabajadores la Cámara de Diputados se convirtió en el
Poder de la federación que más trabajadores con discapacidad incluyó en su plantilla
laboral.
En diciembre de 1 998, en el marco del Foro Internacional de
Legislación y Discapacidad, el Parlamento de Argentina informaba que contaba con 8
trabajadores con discapacidad.
Desde esta tribuna hago un reconocimiento a todos los Diputados y
Diputadas que contrataron en sus Comisiones a este tipo de trabajadores, a los compañeros
trabajadores que han recibido con los brazos abiertos a nuestros trabajadores con
discapacidad.
Sé por experiencia propia, compañeros y compañeras, que la
convivencia diaria con ellos ha nutrido humanamente a los que tenemos la oportunidad de
compartir una actividad profesional. Como nos podemos dar cuenta ellos llevan trabajando
cerca de dos años con nosotros aquí en la Cámara. Lamentablemente sus contratos de
intervención vencieron este 15 de septiembre y no hay quién les autorice su renovación.
Este punto de acuerdo tiene como objetivo garantizar la continuidad de
estos trabajadores y contribuir para que estos mexicanos gocen plenamente de sus derechos
humanos y el trabajo digno y remunerativo suficiente.
Deseo anexar al presente punto de acuerdo, circular de febrero de 1999,
lista de trabajadores con discapacidad y una petición de los mismos, solicitando la
ratificación de este punto de acuerdo.
Por lo anterior pedimos, señor Presidente, con base en el Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Esta dos Unidos Mexicanos,
respetuosamente se turne este punto de acuerdo a la comisión correspondiente.
Gracias, compañeras y compañeros, y esperamos que la sensibilidad de
los compañeros por este punto de acuerdo tenga la más pronta resolución.
Gracias compañeras y compañeros.
(Aplausos)
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN):
Gracias Diputada Raquel Cortés.
Como lo ha solicitado, se turna este punto de acuerdo a la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, y también a la Junta de Coordinación Política para que
atienda en lo conducente el punto de acuerdo.
Sobre este mismo tema ha solicitado el uso de la palabra el Diputado
Armando Salinas Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y tiene el
uso de la palabra hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRES (PAN): Con su . . . .. . venia,
Diputado Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
Celebra el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y un
servidor a título personal el que se encuentre una vez más, como sin duda muchos de
nosotros, a una Diputada sensible y que de manera propia ha reconocido vive la
circunstancia de la discapacidad, de manera cercana, cotidiana, permanente, familiar. Como
ella habemos muchos de nosotros y no solamente de los Legisladores, muchos de nosotros que
trabajamos en la Cámara de Diputados y en todo el Congreso de la Unión.
Nos sumamos a este paso más, hablar del tema de las personas con
discapacidad, de la normalidad o de la anormalidad de los mismos, de si es un problema o
no. Para nosotros y desde siempre no ha sido otra cosa más que el reconocimiento de seres
humanos que tienen una circunstancia particular y que requieren de toda una sociedad para
que sean incorporados a la vida cotidiana.
Para un servidor, para muchos que hemos estado en esta causa durante
mucho tiempo o durante toda nuestra vida, creemos que lo normal es un trato normal y nos
sumamos a que se pueda resolver esta situación de incertidumbre laboral a las personas
con discapacidad que laboran en la Cámara de Diputados. Nos sumamos también a ese
reconocimiento de Diputadas y Diputados que durante la Legislatura pasada y la anterior,
desde la LVI, lo han hecho de manera espontánea y personal.
Y exhortamos, conminamos y les pedimos a título personal y a nombre de
mi bancada, de que también en esta Legislatura podamos dar un paso mas, que no perdamos
la oportunidad de que se incorporen a nuestros equipos de trabajo, a esta institución,
personas con alguna discapacidad. Sería un desperdicio y no nos podríamos perdonar la
oportunidad de todo aquello que vienen a incorporar en un trabajo que necesariamente esta
destinado a ser cada vez mas eficiente y por lo tanto más humano, si no tenemos el
referente permanente de una persona con discapacidad demostrando su esfuerzo, su entrega,
su capacidad de trabajo y su alto sentido de responsabilidad, que aquí lo necesitaremos
mucho.
Han sido una serie de propuestas, de pasos, de iniciativas que se han
planteado y que duermen muchas de ellas el sueño de los justos en esta Cámara de
Diputados. Desde aquí les tendemos la mano, no solamente a la diputada que me antecedio
en el uso de la palabra ni a su grupo parlamentario, sino a todos y cada uno de ustedes,
de que encontraran en nosotros la voluntad y el ejemplo de seguir dando un paso más a la
causa de las personas con discapacidad.
Concluyo diciendo que esto que se ha presentado como un punto de
acuerdo tiene una limitante y creo que no hay que ver para atrás sino poner los ojos y
los pies caminando hacia adelante. Si bien es cierto que lo que motivó la contratación
de algunas personas con esta circunstancia durante la Legislatura pasada y desde el año
de 1994, era a propósito de un número porcentual cuando menos en esta Cámara de
Diputados, nosotros nos sumamos, yo en lo personal lo hago, para que no sea en términos
de cuotas o de porcentajes, sino que nos demos la oportunidad permanente de que sin duda
recibiremos mucho más del contacto cotidiano con una persona con discapacidad, de lo que
nosotros podamos darles a ellos,
Nos sumamos al punto de acuerdo. Estaremos pendientes de que lo de los
diputados de Acción Nacional se resuelva a la brevedad y nos congratulamos de que haya
cada vez mas personas sensibles en este tema.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Solicito a la Secretaría informe a esta Presidencia
y a la asamblea, sobre el resultado del registro de asistencia de las ciudadanas y
ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Señor Presidente, me
permito informarle que al cierre de la mesa de registro de asistencia, existen 433
ciudadanos diputados registrados.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
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Para presentar un Punto de Acuerdo sobre
programas de televisión denominados "Talk Shows", tiene el uso de la palabra
hasta por diez minutos el diputado José Luis Novales Arellano, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
C.DIP. JOSE LUIS NOVALES ARELLANO( P.~.N.):Con el permiso de la
Presidencia. Este es un Punto de Acuerdo que presentamos en conjunto diputados del PRD y
del PAN.
C. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, compañeros y compañeras Diputadas. Los abajo firmantes, Diputados Federales de
los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de la Revolución Democrática en
esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
sometemos a esta Asamblea las consideraciones que a continuación se narran y el Punto de
Acuerdo que más adelante se indica.
Consideraciones. Con base a la naturaleza propia y esencial del ser
humano y de su capacidad de pensar y comunicarse libremente, surge la de expresarse,
cuando los razonamientos se exteriorizan la libertad de expresión de be ser tutelada
jurídicamente.
Todas las personas tenemos derecho a esta garantía, la cual implica la
libertad de investigar y difundir información de todo tipo y en cualquier forma ya sea
mediante escritos o bien de manera artística o verbal. La facultad de transmitir a la
población noticias, información o programas de cualquier genero por el medio de
comunicación más apto para ello, implica una gran responsabilidad de trascendencia
social que contribuye de manera esencial a la formación de la opinión pública, a la
educación y la cultura.
La libertad de expresión y el derecho a la información están
estrechamente relacionados; la primera se refiere a la necesidad de las personas a
manifestarse; el segundo a la necesidad de la población de contar con información
apropiada.
El derecho a la información integra y completa la libertad de
expresión. Cualquier forma que impida el correcto desarrollo de las labores de los me
dios de comunicación, implica una limitación a este derecho, El Gobierno no puede ni
debe aprovecharse de su jerarquía para manipular la información; por el contrario, esta
debe ser garantizada por el propio Estado. Esto lo dice el Artículo 60. Constitucional.
El Estado no puede establecer límites a la libertad de expresión,
salvo para proteger el derecho de los terceros, el Estado no puede imponer sanciones por
el solo hecho de expresar ideas.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
Artículo 6o. protege la libertad de expresión, esta disposición establece que la
manifestación de las ideas no será objeto de ninguna institución jurídica, judicial o
administrativa; sin embargo la propia Norma Constitucional menciona los casos de
excepción, a saber:
Cuando se ataque la moral, los derechos de terceros, provoque algún
delito o perturbe el orden público,
Es necesario destacar la importancia de los medios masivos de
comunicación, ellos permiten que millones de personas podamos conocer el mismo
acontecimiento en diferentes lugares, ayuda a la labor de información, entretenimiento y
enseñanza en un mundo moderno cada vez más cambiante,
La difusión de ideas en forma masiva mediante la radio y la
televisión pueden producir agresiones a valores sociales primordiales que deben estar
legalmente protegidos, Por ello el artículo antes mencionado salvaguarda los intereses de
los individuos quienes están hambrientos de información,
Cabe mencionar que el Artículo 5o. de la Ley Federal de Radio y TV
señala que los medios de comunicación como la radio y la TV tienen la función de
contribuir al fortalecimiento de la integración nacional y el mejoramiento de las formas
de convivencia humana y para ello procurarán afirmar el respeto a los principios de la
moral social, la dignidad humana y los vínculos familia res, evitar influencia nocivas y
perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.
Contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las
características nacionales, las costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del
idioma y a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana y fortalecer las comisiones
democráticas, la unidad nacional y la amistad y cooperación internacional.
Integrantes de diferentes instituciones, organismos o ciudadanos en
forma particular han hecho críticas severas y manifestaciones públicas en contra de los
programas denominados Top Show o espectáculos de debates a fin de que estos se suspendan
~ en el mejor de sus casos se transmitan en un horario nocturno.
En este mismo sentido Procuradores de Justicia de diferentes Estados
durante el Cuarto Congreso Nacional de Prevención del Delito han manifestado que esos
programas deben de salir del aire de Prevensión del Delito, han manifestado que estos
programas deben de salir del aire o al menos que sean regulados para que se trasmitan en
horarios de baja audiencia. Esto lo señala el periódico " Reforma" el 26 de
agosto del año 2000.
Por su parte la Secretaría de Gobernación ha hecho pública su
preocupación por los horarios de transmisión puesto que pueden ser vistos por menores de
edad, Los comentarios de muchos mexicanos en contra de la realización de estos programas
o del cambio de horario en su programación es porque consideran que la forma de abordar
los temas familiares, personales o labora les no es la adecuada; asimismo consideran que
no son aptos para niños, tienen un contenido falso y significan una degradación total de
los contenidos televisivos,
Sin embargo, existen opiniones en contrario que manifiestan que estos
pro gramas deben continuar; que son excelentes; en todo caso, es responsabilidad de los
padres de familia los mensajes de sus hijos y consideran que lejos de perjudicar a la
sociedad la ayudan pues los panelistas presentan sus propios problemas que son un reflejo
de una muestra, o una muestra de los mismos que aquejan a miles de mexicanos.
Los llamados Talk Shows o espectáculos de la realidad no son algo
nuevo, sin embargo no habían tenido tanta audiencia como hasta ahora; todos estos
programas juntos llegan a tener 100 veces más auditorio que canales culturales.
Según el Instituto Brasileño de Opinión Publica y Estadística, cada
punto de raiting equivale a 380,162.6 televidentes en una muestra, integrada por 38
millones 16,260 personas, que tienen en sus casas los aparatos de medición people merersh
(?), y tomando en cuenta que los niveles de audiencia de estos programas oscilan entre 15
y 18 puntos, los Talk Shows son seguidos por aproximadamente entre 5 millones 102 mil y 6
millones 842 mil tele videntes diariamente.
Quienes firmamos, estamos convencidos de que todas las personas deben
gozar de su libertad de expresión, que esta garantía es una de las más preciadas que
cualquier ser humano siempre y cuando esté enmarcada por la seguridad publica y el
respeto a la vida privada.
Consideramos que los miembros de diferentes instancias y organismos
deberemos analizar y debatir todos los aspectos, tanto éticos como sociales, jurídicos,
económicos y culturales de este tipo de programas a fin de poder tomar las medidas más
adecuadas y conducentes para el caso.
Los millones de personas que oyen o escuchan mensajes, tienen el
derecho de hacer valer sus puntos de vista sobre esto. Los pocos que determinan el
contenido deben ser escuchados.
El mandato constitucional que nos han dado miles de ciudadanos
mexicanos, nos compromete a atender las denuncias de estos; sus solicitudes requieren de
nuestra intervención atinada y congruente.
El derecho y obligación que tienen los medios de comunicación, el
deber de las autoridades y las posibilidades y derechos de aprendizaje, de información,
diversión, entretenimiento y educación de la población, confluye en los esfuerzos de
todos. Autoridades, representantes, medios y la población en general debemos intervenir
en estos temas que por su importancia implica en la mejoría de nuestra vida social que en
todo estado de derecho se debe procurar.
Por lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable
Cámara el siguiente punto de acuerdo:
UNICO. Que esta Cámara de Diputados, por conducto de las comisiones
competentes analice y estudie los llamados espectáculos de debate o Talk Shows
considerando los puntos de vista de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de
Educación Pública, de todos y cada una de las fuerzas políticas representadas en el
Congreso de la Unión, las compañías productoras y emisoras, así como de los miembros
de nuestra sociedad que estén a favor y en contra de dichos programas.
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, México,
Distrito Federal, a 1 5 de septiembre del año 2000.
Firmamos el diputado Luis Herrera Jiménez, del Partido de la
Revolución Democrática y un servidor, José Luis Novales Arellano.
Quisiera mencionar, para aclarar algunos puntos de vista. Simple y
llanamente queremos decir que no hablamos de modificar la ley, no tenemos una postura
definida sobre los programas de espectáculos, no estamos ni a favor ni en contra de
ellos, queremos escuchar. No queremos disminuir cualquier posibilidad de expresar nuestras
ideas, las de todos, las del pueblo de México; si deseamos dialogar sobre el tema de
manera abierta, directa y plural; si deseamos escuchar la posición de los actores
políticos y sociales sobre el tema, todos y cada uno de los partidos políticos aquí
representados. La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educaci6n, las
compañías productoras y emisoras de estos programas y representantes de quienes apoyan
la emisión de estos programas y de quienes no la apoyan.
Nosotros estamos a favor de la pluralidad, estamos a favor de que
encontremos un consenso sobre un tema que ha sido tan polémico en nuestro país.
Muchas gracias a todos ustedes.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado José Luis Novales
Arellano.
Túrnese a la Comisión de Gobernación, Población, Seguridad Pública
y a I a Comisión de Educación Pública, Cultura y Ciencia y Tecnología
Para referirse a este tema tiene la palabra la diputada Laura Pavón
Jaramillo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
LA C. DIPUTADA LAURA PAVON JARAMILLO (PRI): Con su licencia, diputado
Presidente.
Compañeros y compañeras diputados:
Deploramos que Acción Nacional no haya consensuado el tema que hace
unos momentos se tratara en esta tribuna.
Ciertamente es un asunto que tiene para todos los partidos políticos,
para todo el pueblo de México y en particular para quienes hemos trabajado de muchos
años, por y para los niños, una importancia muy alta.
De esta manera, quisiera recordar al compañero que hizo uso de la
palabra hace unos momentos, que desde el Senado de la Re pública se trabajaron
iniciativas conjuntamente con esta soberanía, que modificaron el artículo Cuarto
Constitucional con un agregado para proteger los derechos de niños y niñas; que se creó
una ley justamente que se denomina así, Ley de Protección de los Derechos de Niños,
Niñas y Adolescentes y que se impulsó también un seminario que se denomino La
Televisión y los Niños, justamente con el propósito de analizar con diferentes ópticas
y desde luego por especialistas, estos temas que inciden en la educación y en la
formación de nuestros menores, la televisión fundamentalmente .
De manera que este tema que estimamos vital, pensamos que pudo haberse
enriquecido con los puntos de vista, con las visiones de especialistas, que los hay entre
las bancadas de todos los partidos aquí representados para darle a este problema un
tratamiento más integral.
Quisiera, pues, en este tenor, solicitar que los puntos de acuerdo que
aquí se trataran sean, señor Presidente, debidamente publicitados en la Gaceta, a efecto
de que tengamos la información oportuna para poder dar en tenores como este nuestros
puntos de vista.
Para concluir, quisiera recordar que este tema ya había sido tratado
en esta tribuna por el diputado Herrera Bruquetas, del Partido Convergencia por la
Democracia.
En este tenor quiero dejar sentado nuestro deseo de participar y de
apoyar todos aquellos asuntos, temas que tengan como centro de interés a la niñez, en
virtud del interés marcado de los diputados y las diputadas del Partido Revolucionario
Institucional, en este tema que estimamos vital para el país.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a la diputada Laura Pavón Jaramillo, y esta
Mesa Directiva quiere informar al pleno que recoge con muchisimo interés el planteamiento
formulado por la diputada Laura Pavón Jaramillo, en el sentido de que previo a que se
conozca ante el pleno un punto de acuerdo, como ha sucedido hoy, pueda publicarse en la
Gaceta. Y lo comentamos porque en el seno de la mesa directiva insistentemente hemos
estado formulando esa petición, y aprovechamos la ocasión de este planteamiento para
reiterarles a los ciudadanas y ciudadanos diputados que participen en puntos de acuerdo,
que previamente lo hagan llegar a la mesa directiva para que se publique en la Gaceta y
todos estemos mejor informados.
Ha solicitado, para referirse al mismo tema, la palabra el diputado
Enrique Herrera y Bruquetas, del Partido Convergencia por la Democracia, Partido Político
Nacional.
EL C. DIP. ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS: Señor Presidente, compañeras
y compañeros:
Celebro el interés que por este tema han asumido tanto el Partido de
Acción Nacional como el Partido de la Revolución Democrática, igualmente la
formulación del Partido Revolucionario Institucional.
Probablemente se nos está quedando demasiado abierto el tema de la
libertad de expresión. Probablemente no hemos considerado como se debiera, la necesidad
de actuar y ya.
Sigue siendo válido que educamos en las mañanas en las escuelas y
destruimos en las tardes en las pantallas de televisión.
Valen algunos datos para perfilar este tema, porque parece ser que el
calificativo de "fecalismo visual" golpeó algunas buenas conciencias. Pero yo
lo reitero, es el "síndrome de fecalismo visual".
Según algunas investigaciones, y no las más amplias, un joven al
llegar, al terminar la educación media, tiene en su haber 12 mil horas de televisión. El
niño realiza la tarea con una información binaria donde privilegia lo que ve en el medio
a la tarea escolar. Esto se ha dicho y se ha repetido: la Quinta Pared de Werner Rings
(?), etc., etc., etc.
Lo que solicitábamos nosotros era que la Secretaría de Gobernación
aplicara la ley respectiva. Este país se ha fatigado de comisiones, seminarios, opiniones
en temas tan ampliamente discutidos, por eso comentaba yo que en los últimos 25 años
éste es un tema que se ha transparentado suficientemente en todos los medios, pero se ha
hecho muy poco al respecto.
Por supuesto hagamos seminarios, convoquemos comisiones, pero
apliquemos la ley.
Yo quisiera agregar a la petición que en días pasados hicimos, de
exigirle a la Secretaría de Gobernación que cumpla con la ley, que dirijamos una carta a
los medios respectivos, porque al revisar los estatutos de la Cámara Nacional de Radio y
Televisión, me encontré con un código de honor que es muy claro al respecto. Entonces,
pidamos que la Cámara del Radio aplique su código de honor. Pero también me encontré
con una comisión de ética, donde muy claramente condena la Cámara Nacional de la Radio
y la Televisión, los programas que van en contra de la niñez, como son estos programas
de talk shows que no podemos relativizarlos y trivializarlos, a menos que estemos a favor
de los intereses más oscuros que militan dentro de la nación mexicana.
Estamos claros, es algo que sale a la vista. Cada día que se prenda un
televisor a las cuatro de la tarde y el niño se asome a un mundo que no es real, porque
hay corrupción; se paga muchas veces a quienes intervienen. La temática no es la más
adecuada para el futuro destino de este país, para el proyecto nacional que queremos
asumir.
Y algo más: que esta Cámara, con este tipo de acciones demuestre que
es una Cámara distinta a otras muchas que han existido, que aquí el pensamiento se
traduce en acción, y que se adelanta al hecho antes de empezar a crear cortinas de humo,
donde lo que se piensa es que no estamos a favor de defender la libertad de expresión,
sino de negarla.
Hagamos lo posible porque se abran los caminos de la libertad de
expresión, que haya más programas de debate, de información, pero en esta materia,
donde lo que se trata es de disimular . pero en esta materia, donde lo que se trata es de
disminuir el valor ético de esta nación, seamos muy precisos y reitero, cuidemos el
síndrome de fecalismo visual en la televisión mexicana. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias al diputado Enrique Herrera y Bruquetas. Ha
solicitado la palabra para rectificación de hechos el diputado José Luis Novales
Arellano, del Partido de Acción Nacional, hasta por cinco minutos,
EL C. DIP. LUIS NOVALES ARELLANO: Con el permiso de la Presidencia.
Nada más, en primer lugar quisiera acotar que en la Gaceta
Parlamentaria del miércoles 20 de septiembre, en el orden del día, aparece un párrafo
que habla: "Con punto de acuerdo sobre programas de televisión de debate denominados
"Talk Shows" a cargo del grupo parlamentario de Acción Nacional,
Por otro lado celebramos el interés del Partido Revolucionario
Institucional sobre el tema. Nos complace escuchar que comparten un punto de vista del
interés que hay de la sociedad en este, sobre platicar, sobre dialogar acerca de estos
rubros, y quisiera señalar que el propio punto de acuerdo habla de pluralidad; sugerimos,
proponemos que estas comisiones contemplen la opinión de todas y cada una de las fuerzas
políticas representadas en el Congreso de la Unión.
Por último quisiera sugerir, quisiera proponer, que la fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional, está abierta, en este momento tenemos a
sugerencia de nuestro coordinador, abiertos a que este punto de acuerdo propuesto sea
signado por todos y cada uno de los partidos interesados y muy especial interés, me
gustaría proponerle a la diputada que me antecedió en el uso de la voz, que nos hiciera
el honor de firmarlo. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado José Luis Novales
Arellano. Esta Mesa Directiva únicamente quiere señalar que al referirnos previamente al
tema de lo que se agenda para el orden del día, no es la ausencia del tema, lo que esta
Mesa Directiva ha estado insistiendo que se debe de conocer sino los contenidos, se debe
de conocer los textos que se van a presentar al conocimiento de esta asamblea, no la
ausencia en la agenda, sino contenidos.
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Bien, para referirse a otro tema, tiene la
palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática para presentar una excitativa a las Comisiones de
Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, hasta por
diez minutos,
LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con su permiso, señor
Presidente. Honorable Asamblea:
El estado de derecho precisa de un sistema de controles que garanticen
la vigencia del principio de legalidad que obliga a la autoridad a ceñirse a las normas
emitidas por los órganos competentes emanados de la voluntad general.
El juicio político es el mecanismo a través del cual el órgano
legislativo ejerce una facultad jurisdiccional para remover o inhabilitar a un servidor
público atribuyéndole una responsabilidad política.
Según lo establecido por el Constituyente, este es el mecanismo para
que la soberanía popular depositada en el Poder Legislativo, pudiera remover de su cargo
a los servidores que hubieran perdido credibilidad o que hubieran sido desleales al
mandato popular en ellos depositado.
Con este fin, en el segundo párrafo de la fracción V de su artículo
74, nuestra Ley Fundamental deposita en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
la facultad exclusiva de conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores
públicos a que se refiere el artículo 110 constitucional y fungir como órgano de
acusación en los juicios políticos que contra estos se instauren.
De acuerdo al último ordenamiento citado, los gobernadores de los
estados, entre otros servidores públicos, pueden ser sujetos de juicio político por
violaciones graves a la Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
En los hechos esta facultad era aplicada no como un mecanismo
jurisdiccional, sino como una sanción o ajuste de cuentas al seno del partido de Estado.
La oportunidad de cumplir esta facultad jurisdiccional, sólo pudo ser posible por la
pluralidad de la composición de la Cámara de Diputados en las dos últimas legislaturas.
Ante esta nueva situación, se presentaron ante la LVII Legislatura,
ciento once denuncias de juicio político hasta el 20 de junio del presente año.
De esos expedientes se desecharon 97 por improcedentes y 14 no se han
dictaminado.
Entre los que están pendientes de dictamen, se encuentra el de Roberto
Madrazo Pintado que fue aprobado por unanimidad por la Subcomisión de Examen Previo por
existir suficientes elementos de prueba de las tres denuncias presentadas en contra de
este funcionario conforme a lo establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los
Servidores Públicos, la resolución fue remitida al pleno de las Comisiones Unidas de
Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia en donde el 14 de abril de 1998 se
verificó un empate en la votación para decidir enviar el asunto a la Sección
Instructora de la Cámara de Diputados y con ello dar cauce a los juicios en proceso.
Este fue un hecho inédito en la historia parlamentaria, pues no existe
una solución legal expresa aplicable a esta situación.
Las Comisiones Unidas acordaron remitir el asunto a la Comisión de
Régimen Interno y Concertación Política, la cual con fundamento en la Fracción III del
Artículo 49 de la Ley Orgánica entonces vigente, solicitó a la Comisión de Reglamentos
y Prácticas Parlamentarias que formulara un estudio y propusiera una alternativa.
Al contar con la opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, la CRICP determinó que el asunto se discutiera y se votara nuevamente en
las Comisiones Unidas, lo cual no ha sucedido; y en caso de que se verificara de nuevo el
empate, el asunto debía de ser remitido nuevamente a la instancia inferior, es decir, a
la Subcomisión de Examen Previo. A la fecha esta resolución no se ha llevado a cabo.
En estos momentos resulta impostergable que la Cámara de Diputados 2
través de sus órganos competentes, dé trámite a estas solicitudes de juicio político,
en especial en los casos de los procesos emprendidos contra el gobernador de Tabasco,
Roberto Madrazo Pintado,
En esta tribuna se ha hablado reiteradamente del avance democrático
que se dio en las elecciones del pasado 2 de julio. Tabasco no puede ser la excepción,
Tabasco no debe quedar rezagado en esta transformación que la ciudadanía nos exige.
No es mera coincidencia que el fallo de la Suprema Corte de Justicia
del pasado 25 de agosto, haya sido para que el Presidente Ernesto Zedillo entregue la
información de Banca Unión en relación a los fideicomisos del PRI.
Hay testimonios suficientes de la ciudadanía y de los mismos
priístas, que nos hablan de las complicidades, actos ilícitos y políticas fraudulentas
que practican Roberto Madrazo y sus colaboradores y que obstaculizan que el país y en
concreto el estado de Tabasco, transiten por la vía democrática que nuestra sociedad nos
demanda.
Por lo antes expuesto, la suscrita diputada federal con fundamento en
lo dispuesto por el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia que una
vez integradas las Comisiones, de conformidad con la Ley Federal de Servidores Públicos,
se conforme la comisión competente donde se quedó el caso, se sirva enviar excitativa
para que dé trámite legislativo y se discutan y voten nuevamente las solicitudes de
juicio político con números de expediente JP/005/57, JP/023/57 y JP/025/57, presentadas
contra el C. Roberto Madrazo Pintado, gobernador del estado de Tabasco, por así haberlo
acordado en su oportunidad la Comisión de Régimen Interno y Coordinación Política de
la LVII Legislatura.
Señor presidente, entrego a la Secretaría el documento de que se
trata.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a la diputada Adela del Carmen Graniel
Campos.
Túrnese a las Comisiones de Gobernación, Población y Seguridad
Pública y de Justicia y Derechos Humanos, y esta Mesa Directiva recoge el planteamiento,
para que una vez instaladas estas Comisiones, se formula la excitativa correspondiente.
EL C. DIPUTADO FELICIANO CALZADA PADRON (desde su curul): Señor
presidente, pido la palabra.
EL C. PRESIDENTE: Adelante señor diputado.
EL C. DIPUTADO FELICIANO CALZADA PADRON (desde su curul): Pido la
palabra para hechos señor presidente.
EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra.
EL C. DIPUTADO FELICIANO CALZADA PADRON: Con su venia señor
presidente. Diputadas y diputados. He pedido el uso de la palabra, porque en el comentario
de la compañera del PRD, lo que originalmente pensamos que era una propuesta general, en
cuatro ocasiones ha hecho mención del ciudadano gobernador del estado de Tabasco. De
noventa y tantos expedientes, solamente tienen interés en uno.
Hemos buscado desde el martes de la semana pasada de la otra
intervención del PRD con la de hora, alguna novedad, alguna palabra diferente, algo
novedoso, y no ha sido posible encontrar algo diferente, que no sea el mismo discurso que
desde hace cuatro años trae el PRD en contra del gobierno y del pueblo de Tabasco.
Quiero decirle a la compañera del PRD, que el 9 de octubre de 1997, se
presentó la primera propuesta de juicio político, en la entonces Oficialía Mayor de
esta Cámara de Diputados, y ahí se planteó por presuntas violaciones a la Constitución
Política.
El 12 de diciembre de 1997, se presentó el segundo juicio político,
en contra del gobernador de Tabasco, también por supuestas violaciones a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Y el 9 de febrero de 1998, la tercera solicitud de juicio político en
contra del gobernador de Tabasco, entonces presentado por alguien muy sui géneris, el
vocero del PRD en el estado de Tabasco, un sacerdote español, el cura Francisco Goytia
Prieto.
Las tres denuncias presentadas por decisión de la Subcomisión, fueron
acumuladas en un sólo expedientes, para los efectos de un análisis conjunto y la
emisión de un dictamen único.
Se desprende indudibatiblemente en esa época del expediente en
análisis, que la Subcomisión de Examen Previo, durante la tramitación del procedimiento
que a ella le compitió, violentaron la forma y el fondo para llegar a la conclusión de
la . Ia forma y el fondo para llegar a la conclusión de la procedencia de juicio
político en las tres denuncias de mérito.
El artículo 109 habla de que los procedimientos para la aplicación de
las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente, y por su parte el artículo
cuarto de la Ley de Responsabilidades señala: "cuando los actos u omisiones materia
de las acusaciones queden comprendida en más de uno de los casos sujetos a la acción y
previstos en el 109, los procedimientos respectivos se desarrollarán en forma autónoma e
independiente. "
Los miembros de la Subcomisión de Examen Previo que sesionaron el 14
de abril del año en curso, que supuestamente analizarlo, que supuestamente discutieron,
que aprobaron la procedencia del juicio político, actuaron en un solo expedientes y
resolvieron sobre las tres denuncias, violentando flagrantemente el artículo 109
fracción tercera párrafo segundo.
Con base en los anteriores comentarios y presupuestos constitucionales
y legales cabe concluir: el análisis, discusión y en su caso 12 resolución de
procedencia respecto de la primera de las denuncias, debió llevarse a cabo en el término
de 30 días hábiles, sin embargo ese requisito no se cubrió. La segunda de las denuncias
debió resolverse por cuanto a la procedencia o improcedencia de la incoacción del
procedimiento, computando los 30 días hábiles, tampoco se cubrió el requisito legal. La
tercera debió disolverse también a más tardar el 25 de marzo último, y no se cumplió
tampoco el requisito legal. En consecuencia, evidenciándose que fue hasta el 14 de abril
último cuando la Subcomisión entró al análisis... ¿Me permite terminar mi
exposición?
EL PRESIDENTE: Por favor termine diputado.
EL DIP. FELICIANO CALZADA PADRON: Desde hace cuatro años ha habido,
por parte del Partido de la Revolución Democrática, querido torcer las normas jurídicas
y denostar al adversario político que no se encuentra a su alcance, denuncias que han
resultado improcedentes, juicios políticos que por indefinición han prescrito o
precluído, denuncias ante el IFE que también han sido declaradas improcedentes, nuevas
denuncias y nuevas pretensiones han sido los obstáculos que legalmente no han encontrado
un consenso para proceder en ese juicio político. Uno más, sería una oportunidad más
de la Cámara de Diputados para quedar exhibido ante el auditorio nacional. Muchas
gracias, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Esta Mesa Directiva exhorta a todos los diputados a
cumplir cabalmente con la normatividad establecida. Dígame, señor diputado.
EL DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA: (Desde su curul) Señor Presidente,
solicito la palabra para hechos.
EL PRESIDENTE: ¿Del Partido Acción Nacional?
EL DIP. CARLOS ALBERTO VALENZUELA: Sí señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Se le va a conceder a usted la palabra hasta por cinco
minutos para hechos.
Quiero simplemente someter a consideración de la Cámara el criterio
también que está haciendo la Mesa Directiva: la excitativas son asuntos internos, de
trámite interno que no se presta a debate; si estuvieran instaladas las comisiones, es un
simple trámite que se turnaría a las comisiones correspondientes y ahí se agota el
tema. Al no estar instaladas en este momento las comisiones, se ha permitido a un diputado
de la fracción del Partido Revolucionario Institucional responder, y ahora a un miembro
de Acción Nacional, pero no es interés de esta Mesa Directiva que se siga en un debate
en un tema que técnicamente no se presta a ello.
Señor diputado, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA CABRALES. Con su permiso,
diputado Presidente.
Quiero decirles, compañeros, compañeras diputados, que desde luego
hay un interés personal como lo hay en cualquier legislador que sea del estado de donde
el gobernador en este caso, está siendo acusado de juicio político; pero también quiero
recordarle al diputado que me antecedió, compañero Feliciano Calzada, que Roberto
Madrazo no es el pueblo de Tabasco.
Actualmente y no voy a entrar en honduras, en las preferencias
electorales de su partido.....
EL C. DIP. FELICIANO CALZADA PADRON, (desde su curul). Señor
Presidente, quiero aclararle al señor diputado que en el pueblo de Tabasco...
EL C. PRESIDENTE. Espéreme, señor diputado.
Señor, no están autorizados tipo de diálogos y de planteamiento; yo
le ruego respetuosamente ceñirse a la normatividad que nos rige.
Continúe, señor diputado.
EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA CABRALES. Quiero decirles,
compañeros diputados, que el Partido Acción Nacional en ningún caso va a soslayar que
de las denuncias de juicios políticos presentados ante esta honorable soberanía y que se
hayan derivado de ellas acciones y omisiones que puedan derivar o redundar en actos
ilícitos o del orden penal, jamás serán soslayados por nuestro partido, y queremos
hacer una aclaración, la aclaración es la siguiente:
La procedencia del juicio político/ para nuestra coordinación,
todavía está viva y quiero nombrar, quiero nombrar el artículo doceavo de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, aunque no obsoleta, pero sí inadecuada y
que debemos adecuar en tiempo, en el tiempo conducente, quiero decirles que no ha
prescrito el juicio político ni los demás juicios políticos presentados que hayan
quedado atorados en la Subcomisión de Examen Previo por lo siguiente:
El artículo 12 determina en su inciso c) lo siguiente: La Subcomisión
de Examen Previo, procederá en un plazo no mayor de 30 días hábiles a determinar si el
denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o.
de esta ley, como también el artículo 110 en sus fracciones I, párrafos, perdón,
primero y segundo; así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen
que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia
ley y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción
y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, y esto es importante, amerita la
incoacción del procedimiento; el procedimiento no fue completamente sustanciado ni
ratificado por el pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales
y de Justicia, debido a las prácticas dilatorias de Sadot Sánchez Carreño, que nunca
sesionó la Comisión de Justicia.
Quiero decirles que el juicio todavía procede porque la incoacción es
la iniciación prácticamente del juicio y el juicio no fue ratificado.
Esta es una postura puramente jurídica basada en la Ley de
Responsabilidades de los servidores Públicos.
Es cuanto, ciudadano Presidente.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias.
EL C. DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA, (desde su curul). Señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Sí, señor diputado.
EL C. DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA. Señor Presidente, solicito la
palabra para hechos.
EL C. PRESIDENTE. Mirén....
EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, (desde su curul). Señor
Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Señor diputado, dígame, adelante.
EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, (desde su curul). Para una moción
de orden; solicito se dé lectura a al segunda parte del artículo 114 de.....
EL C. PRESIDENTE. ¿La Secretaría tiene el documento que solicita el
señor diputado?
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN: Artículo 114,
después de punto y seguido dice: los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara,
bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que esta acuerde ampliar el debate.
Servido, señor.
EL C. PRESIDENTE Yo reitero ...
DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO (desde la curul) Señor presidente en ese
sentido la moción de orden es que han hablado ya sobre este tema tres diputados, de tal
manera que en los términos de la última parte del 114, usted debe solicitar a la
asamblea si se continúa el debate o no.
Inclusive, permítame plantearlo en estos términos, técnicamente este
tema de haber estado instaladas las comisiones, se hubiera agotado con el turno
correspondiente.
PRESIDENTE: Hemos, por criterio e interpretación de la norma,
permitido a un diputado del Partido Revolucionario Institucional formular su planteamiento
para hechos; otro tanto ha hecho un compañero diputado del Partido Acción Nacional y yo
quiero someter a la consideración del Partido de la Revolución Democrática, lo
siguiente: el tema se inició por la excitativa planteada por la compañera diputada. El
Partido de la Revolución Democrática en este tema ya fijó su posición en el contenido
de la formulación de la excitativa correspondiente.
En ese contexto y no siendo el lugar para el debate en este momento, yo
asumo la responsabilidad, que debemos de seguir a otro tema y en otras condiciones
proceder al debate de acuerdo con la normatividad vigente.
El siguiente punto del Orden del Día, es la
intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, relativo a los diputados de representación proporcional de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.
Para abordar este tema tiene la palabra el ciudadano diputado Gustavo
Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por 10 minutos.
DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA (desde la curul) Señor presidente, he
pedido la palabra por dos veces.
PRESIDENTE: Está negada señor diputado. Con el fundamento de que no
es en una excitativa el tema para debate, sino simplemente para turnarse. Ya habló el
Partido de la Revolución Democrática planteando el tema, el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Acción Nacional. Seguimos con el Orden del Día.
Adelante señor diputado.
DIP. UCC-KlB ESPADAS ANCONA (desde la curul) Señor presidente, usted
no debe actuar a su arbitrio, según sus propias palabras, sometió a debate un asunto que
no debió someterse a debate y ahora ...
PRESIDENTE: Señor diputado con todo respeto, es facultad de la mesa
directiva realizar la interpretación de las normas. Con base en esta atribución se ha
hecho. El artículo 20 da esa atribución a la mesa directiva: realizar la interpretación
de las normas.
Señor, en términos de la excitativa ya tomó una decisión esta
autoridad con base en la normatividad le ruego la respete.
Por favor señor diputado, tiene usted la palabra.
DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias señor presidente.
Antes que todo quisiera hacer una pequeña aclaración: el Partido de
la Sociedad Nacionalista había solicitado la presentación de esta intervención la
semana pasada, a solicitud de algunos compañeros de otras bancadas. Decidimos presentarla
en este día, porque tengo entendido que también iba a hacer alguna intervención al
respecto. No veo nada en la Orden del Día, pero de cualquier manera queríamos dejar
claro el por qué de la presentación en estos momentos, que para algunos pueden
considerar extemporáneo. La posición de nuestro partido en relación al fallo del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Para el Partido de la Sociedad Nacionalista, después de su creación
como organización política y desde la primera búsqueda de su registro primero como
partido político estatal; posteriormente como agrupación política nacional y finalmente
como partido político nacional, los acontecimientos vividos en relación a los medios de
impugnación que hemos interpuesto, así como .a los medios de impugnación que hemos
interpuesto, así como los diferentes dictámenes y pronunciamienos que ha tenido el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido un aprendizaje permanente
y al parecer interminable.
Esto fue confirmado el pasado 9 de septiembre de este año donde el
electorado del Distrito Federal y los partidos políticos fuimos sorprendidos por un fallo
de dicho Tribunal a todas luces injusto, inverosímil e inesperado, puesto que la mayoría
de los magistrados tomaron atribuciones que sentimos más allá de las facultades que
tiene dicho Tribunal. Esto en referencia al asunto de la asignación de diputados del
Distrito Federal por el principio de representación proporcional, en donde la litis era
la aplicación de la cláusula de gobernabilidad que invocaban para sí dos partidos
políticos: el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática.
Inicia cuando el Partido de la Revolución Democrática, el cual
participó en su lista de representación proporcional en candidatura común con el
Partido de la Sociedad Nacionalista, interpone recurso en contra del fallo del Consejo
General del Instituto Electoral del Distrito Federal por la aplicación de la cláusula de
gobernabilidad otorgada al Partido Acción Nacional.
Este recurso es interpuesto ante el Tribunal Electoral del Distrito
Federal, el cual resuelve, por mayoría, dar la razón a la autoridad electoral.
Posteriormente, el Partido de la Revolución Democrática interpone la impugnación o
recurso ahora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Partido
Revolucionario Institucional y el Partido Democracia Social actúan como terceros
interesados, pero incluyendo otra demanda, es decir, diferente litis de la que se estaba
resolviendo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza los
argumentos y presentación del recurso de dichos partidos: PRI y Democracia Social,
desechándolos por improcedentes. Pero en una maniobra interpretativa declara
antidemocrática la cláusula de gobernabilidad y determina que aun existiendo una lista
de representación proporcional que fue votada por la ciudadanía del Distrito Federal y
que, de acuerdo a los votos de cada partido político, alianza o candidatura común, de
saben de aplicar directa y proporcionalmente al porcentaje obtenido por los mismos con las
diputaciones plurinominales correspondientes.
Contrariamente a toda lógica, el Tribunal determina la aplicación de
la asignación de representación proporcional pura a sabiendas que no existe en ninguna
legislación electoral del país dicha fórmula pues esto supondría desaparecer las
asignaciones de diputados por el principio de mayoría relativa y, en su caso, distribuir
el total de los legisladores de cada congreso de acuerdo al porcentaje obtenido por cada
partido político.
En otras palabras y en esta dinámica: bien pudo el Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, y no lo hizo, aplicar esta fórmula de asignación
pura a la elección federal, dictaminando antidemocrática la existente en el Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y otorgarle a la Alianza por México
alrededor de 100 diputaciones por el casi 20% de votos obtenidos en la correspondiente
elección federal.
En el Partido de la Sociedad Nacionalista, en el caso que nos ocupa,
considera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuó no sólo
como acusador y juez sino también como legislador e interprete de la voluntad de los
electores, que sólo le dieron en votos de la lista de representación proporcional el 22%
al PRI y el 4.8 a Democracia Social.
Resulta para nosotros incongruente e inequitativo que de 26 diputados
plurinominales a distribuir, se le asignen a la Alianza por el Cambio con 1 millón 531
mil 891 votos, que corresponden al 35 por ciento de la votación, solo 4 diputaciones.
Que a la candidatura común PRD-PCN con 1 millón 347 mil 367 votos,
que corresponden al 31 por ciento de la votación, solo 3 diputaciones.
¡En cambio al PRI, con 961 mil votos, el 22 por ciento de la
votación, 16 diputaciones, que corresponden al 62 por ciento del total de los diputados a
distribuir!
A Democracia Social, con 211 mil 727 votos, el 4.8 por ciento de la
votación, 3 diputados; mismos que al PRDPCN que obtuvo 1 millón 135 mil 640 votos.
Es decir, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación corrigen en su dictamen a los electores del Distrito Federal, les dicen:
"Se equivocaron, se equivocaron al votar". Y en lugar de determinar otorgarle 5
diputados al PRI y 1 diputado al PDS, les indican e interpretan que lo que en realidad
querían era darle 16 diputados al PRI, que corresponden al 62 por ciento de los diputados
plurinominales y 3 diputados a Democracia Social, que corresponden al 12 por ciento de los
diputados a repartir.
Resulta también sorprendente que los partidos más afectados en cuanto
a esta decisión del Tribunal, que implica que 1 3 diputados con sus constancias
respectivas, fueron excluidos de su cargo otorga do por la ciudadanía. Y que estos
partidos no hayan presentado protesta alguna, inconformidad o explicación por parte de
dicho organismo colegiado.
El Partido de la Sociedad Nacionalista considera que el señalamiento
de los errores, extralimitación de facultades e interpretaciones sui géneris no implican
ni anulan la respetabilidad de los ciudadanos magistrados, que como toda persona pueden
incurrir en equivocaciones.
El problema principal y la gravedad que el dictamen encierra en nuestra
opinión, es que la composición de la Cámara de Diputados del Distrito Federal la
dictaminó y conformó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no la
ciudadanía a través de su voto libre, secreto y universal.
Adicionalmente el que el Partido de la Sociedad Nacionalista no haya
participado como tercero interesado en la litis original es porque, como lo establece
nuestra Constitución, nadie está obligado a lo imposible y en ese sentido no pudimos
imaginar que los Magistrados pensaban crear una nueva y diferente litis, legislar y
decidir cuantos diputados se le asignaban a cada partido, alianza o candidatura común.
Porque aceptando sin conceder, que este fuera el procedimiento para
salvaguardar nuestros derechos, tendríamos que intervenir como terceros interesados en
todos y cada uno de los litigios que se ventilaran en dicho tribunal, y adivinar que litis
diferente de las original mente interpuestas pudieran tomarse en cuenta.
Quiero solicitarle un minuto, para terminar mi exposición. Si me lo
permite.
EL C. VICEPRESIDENTE DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Concedido el
minuto, Diputado.
EL C. DIPUTADO GUSTAVO RIOJAS SANTANA (PSN): Muchísimas gracias.
Lo que es un hecho es que al Partido de la Sociedad Nacionalista se nos
dejó en un estado total y absoluto de indefensión, al nunca notificarnos o comunicarnos
que nuestros derechos como partido político, nuestros diputados con constancia de
representación proporcional, podrían estar afectados al considerar una nueva litis, de
la que nunca estuvimos enterados.
Independientemente de esto estamos haciendo un planteamiento en una
revisión y adecuación a nuestro Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Federales, así como a nuestros medios de impugnación, para que recojan este tipo de
situaciones que afectan directa mente los derechos de los ciudadanos.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. VICEPRESIDENTE DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Para referirse
al mismo tema, han solicitado el uso de la tribuna los siguientes ciudadanos Diputados:
El ciudadano Diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo.
El ciudadano Diputado Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde
Ecologista de México.
El ciudadano Diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Partido de la
Revolución Democrática.
El ciudadano Diputado José Tomás Lozano Pardiñas, del Partido
Acción Nacional, y
El ciudadano Diputado Felipe Solís Acero, del Partido Revolucionario
Institucional.
Tiene la palabra el Diputado José Narro Céspedes, del Partido del
Trabajo, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. JOSE NARRO CESPEDES (PT): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados: El Partido del Trabajo acude a
esta tribuna para fijar su posición acerca del tema que se discute.
Nosotros consideramos que es fundamental de la democracia
representativa, el que los partidos políticos se encuentren representados en los órganos
legislativos que correspondan, en relación directamente proporcional al número de votos
obtenidos en las urnas, esto es, que la decisión política de los electores al sufragar a
favor de algún partido político se encuentre debidamente representada, esto es, darle
legitimidad, darle base de sustento y de representatividad a los diputados y a los
partidos que se encuentren representados a través de las fracciones parlamentarias en
esta Cámara de Diputados y en el Poder Legislativo en sus diferentes instancias.
En tal sentido, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
considera que la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional sobre la
cláusula de gobernabilidad en contra de actos emanados del Tribunal Electoral del
Distrito Federal y previamente del Consejo del Instituto Electoral del Distrito Federal,
es apegada a derecho, es legal y es legítima.
Toda resolución del órgano jurisdiccional en materia electoral
siempre será cuestionable, El Partido del Trabajo, sus resoluciones, las resoluciones del
tribunal, han afectado también a nuestro partido, sin embargo, jamás hemos dicho que
éstas son marranadas, para después disculparnos.
Sin duda la relación de los partidos políticos con los poderes
siempre será complicada. La sujeción de los actos políticos a las disposiciones de la
norma, genera controversia. Sin embargo, estamos obligados a ser respetuosos de las
decisiones del órgano jurisdiccional, máxime cuando éstas, como en el caso que nos
ocupan, son inexpugnables,
Recordemos que durante mucho tiempo los partidos políticos de
oposición pugnamos por la existencia de un tribunal electoral autónomo, que substituyera
a la arcaica forma de impartición de justicia electoral cuando el Poder Ejecutivo tenía
injerencia en él.
El motivo de la controversia fue la aplicación por el Consejo General
del Instituto y ratificada por el tribunal local, de la llamada cláusula de
gobernabilidad, que resultó inicialmente a favor del Partido Acción Nacional. El Partido
del Trabajo siempre ha actuado en contra de la existencia y aplicación de dicha
cláusula, toda vez que por ficción legal otorga mayoría absoluta a algún partido
político sin que dicha mayoría derive de los votos depositados en las urnas. Es
antidemocrática, porque ese otorgamiento ficticio de mayoría absoluta siempre será a
costa de los legisladores que correspondan a otras fuerzas políticas.
En el caso que nos ocupa ningún partido político se encontró en las
hipótesis previstas en el artículo 122 Base Primera de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y el Código Electoral del Distrito
Federal. Resulta paradógico que quienes antes pensaban beneficiarse de la aplicación de
dicha cláusula, ahora resulten beneficiados por la anulación en la aplicación de la
misma, específicamente el Partido Revolucionario Institucional, quien de 5 diputados de
representación proporcional que le fueron asignados inicialmente, pasó a un total de 16,
considerando los 11 que se le asignan por la sentencia en comento.
Por ello, el Grupo Parlamentario de nuestro partido, el Partido del
Trabajo, señala como antidemocrática la mal llamada cláusula de gobernabilidad, que
sólo pretende mantener privilegios que no derivan del mandato popular.
Estamos a favor de la derogación en el texto constitucional de dicha
figura, tanto para la conformaci6n de las Cámaras del Congreso Federal, como de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Por ejemplo, el Partido del Trabajo actualmente, a partir del convenio,
tiene una votación del 3.3 por ciento, esto significa que en una distribución de
proporcionalidad pura tendríamos una fracción parlamentaria de 17 diputados. En
...tendrramos una fracci6n parlamentaria de 17 diputados . En 1997, el Partido del Trabajo
sacó por su esfuerzo y por la simpatía electoral que tuvimos el 2. 6% de la votación,
deberíamos de tener una representatividad una fracción parlamentaria de 13 diputados a
partir de esos resultados.
Otras fracciones parlamentarias se han visto favorecidas por la
sobrerepresentación que es un mecanismo antidemocrático, en sobrerepresentación en
estos órganos legislativos y la subrepresentación de otros, la sobrerepresentación se
hace a costa de otros partidos y en este caso la sobrerepresentacion en esta Cámara de
Diputados se ha hecho a costa, entre otras fracciones, de la nuestra. de la del Partido
del Trabajo.
Asimismo planteamos derogar los textos constitucionales de las
entidades federativas donde la misma, la Cláusula de Gobernabilidad se tenga prevista.
Por eso consideramos que en el marco de la reforma del Estado, la reforma Electoral es un
apego sustantivo, pero debemos impulsar una reforma de Estado amplia y democrática en
donde todos los actores políticos participen en su diseño y elaboración.
Se habla de una reforma democrática de Estado, deja de ser
democrática en el momento que es excluyente en la que los que durante mucho tiempo fueron
excluidos ahora se incorporan a ser parte de los partidos y de los grupos parlamentarios
que actúan con exclusión de aquellos otros partidos y grupos parlamentarios que tenemos
plenamente nuestros derechos políticos y que de alguna forma son y están hechos al
margen, están dejados al margen de todo este proceso democrático que se está planteando
de transición, que está viviendo nuestro país.
Por eso aquí decimos, los excluidos somos muchos porque muchos de las
mis mas fracciones mayoritarias son excluidos dentro de sus propias fracciones. En esta
Cámara de Diputados, la misma Ley Orgánica de esta Cámara de Diputados se hizo
fundamentalmente como una Ley Orgánica para las cúpulas, para los grupos de dirigentes
de las fracciones parlamentarias y no una ley para los diputados,
Por eso planteamos que si realmente queremos avanzar en una reforma
democrático del Estado, tiene que ser de entrada, de inicio, dentro de su concepción una
reforma incluyente y no una reforma a que en su inicio plantee la intolerancia y la
exclusión como parte de la conformación de las nuevas propuestas que deben de permitir
el cambio y la transición de este país. Siempre los excluidos, siempre las mayorías que
han sido las que han estado más empobrecidas y marginadas, siempre las clases más
desprotegidas son los actores fundamentales de las grandes transiciones que ha tenido
México y ahora no vamos a estar al margen, no vamos a estar a un lado aunque el
tripartidismo de Estado pretende excluir a las grandes mayorías de este país, que han
estado al margen de las grandes decisiones que se toman en México.
Por eso reivindicamos aquí el derecho de las fuerzas políticas que
obtengan al menos el 2% de la votación para estar representadas en las Cámaras conforme
a la fuerza electoral obtenida.
Queremos democracia, queremos representatividad con sustento y con
legitimidad.
Eso es cuanto señor Presidente, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias al diputado José Narro Céspedes del Partido
del Trabajo.
Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega del Partido Verde
Ecologista de México, hasta por diez minutos,
EL C. DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Con su venia señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Es lamentable que el día de hoy nos veamos forzados a usar esta
tribuna para debatir el único tema que ha empañado el ejemplar ejercicio democrático
realizado por la sociedad mexicana y sus autoridades el pasado 2 de julio.
Por supuesto me refiero a la más y discutible sentencia emitida por la
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 9 de
septiembre pasado, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional al apoyarse en una serie
de argumentos del todo antijurídicos y antidemocráticos, decidió de facto declarar la
inconstitucionalidad del artículo 47, párrafo tercero, del Código Electoral del
Distrito Federal y de paso declaró el antidemocrático contenido de los artículos 54
fracción V y 122 base primera, fracción III de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos pero por supuesto sin contar con facultad alguna para ello,
Sí compañeras y compañeros diputados, los magistrados de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que votaron en contra
del acertado proyecto del magistrado oponente, quien ratificaba la resolución del
Tribunal Electoral del Distrito Federal que a su vez confirmaba la legalidad y
constitucionalidad de la aplicación de la cláusula de gobernabilidad para la asignación
de diputados por el principio de representación proporcional a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal en favor de la Alianza por el Cambio, faltaron a su protesta de
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al
cual represento, el proceder de los magistrados aludidos es absolutamente reprobable
porque desde la soledad y obscuridad de sus despachos modificaron la voluntad de los
ciudadanos del Distrito Federal expresada sin ambigüedad alguna el pasado 2 de julio,
aplicando la formula de representación pura asignándole al Partido Revolucionario
Institucional 11 diputaciones de representación proporcional adicionales.
Si la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal hubiera sido que
el Partido Revolucionario Institucional tuviera 16 diputados en la Asamblea Legislativa,
pregunto, ¿por que entonces no les dio la mayoría en alguno de los 40 distritos
electorales locales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en alguno de los 30
distritos electorales federales? ¿ Por qué entonces no les dio la mayoría en alguna de
las 16 jefaturas delegacionales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en la
elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal?,
Lo único cierto es que de 87 puestos de elección popular directa en
el Distrito Federal, el Partido Revolucionario Institucional no ganó ninguna.
Resulta paradójico (aplausos) que la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inatendible el escrito de tercero
interesado promovido por el Partido Revolucionario Institucional por considerar que no
justificaron la razón de su interés jurídico careciendo de legitimación en dicha causa
en relación con el medio de impugnación interpuesto por el Partido de la Revolución
Democrática; sin embargo, 5 de los magistrados resuelven la causa aplicando la fórmula
de proporcionalidad pura, dándole vida y triunfo al escrito de tercero interesado
previamente declarado inatendible.
Nadie, ni el Presidente de la República, ni los ministros de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los diputados y senadores del Congreso de la
Unión y por supuesto, mucho menos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, están facultados para omitir el
cumplimiento de ley alguna, federal o local, que esté de acuerdo con nuestro máximo
ordenamiento.
Ahora bien, ¿por que afirmo que los magistrados faltaron a su
protesta? Porque sencillamente omitieron cumplir, es mas, violaron flagrantemente lo
establecido por el artículo 47, tercer párrafo, del Código Electoral del Distrito
Federal, mismo que sin lugar a interpretaciones en contrario indica: "A la coalición
de diputados a la Asamblea Legislativa, le serán asignados el número de diputados por el
principio de representación proporcional que le corresponda como si se tratara de un solo
partido político. . . ", repito, como si se tratara de un solo partido político.
Ninguna disposición jurídica de carácter constitucional o legal
autoriza a contravenir lo que el propio Poder Legislativo Local del Distrito Federal
determine el precepto indicado.
Así pues, niego la validez del argumento que afirma que lo dispuesto
por el artículo 122, Base I, Fracción III de la Constitución, sea motivo para
determinar que la Alianza por el Cambio al ser una coalición integrada por dos partidos
políticos, no le sea aplicable lo establecido por el artículo 47, Párrafo Tercero del
Código Electoral del Distrito Federal, ya que tal criterio no es un argumento válido
constitucionalmente hablando, para excepcionarse de la aplicación de la cláusula de
gobernabilidad prevista por el propio dispositivo constitucional en que tal resolución
pretende encontrar sustento.
Y afirmo por igual, que es por decir lo menor y lógico, sostener que
tal cláusula de gobernabilidad sea antidemocrática. En efecto, argumentar que no debe de
aplicarse el artículo 47, Párrafo Tercero del Código Electoral del Distrito Federal en
favor de la Alianza por el Cambio, porque éste no es un partido político, es ilegal, ya
que tal criterio viola lo dispuesto por los siguientes artículos de la Constitución: 41,
Fracción I, en cuanto dispone que la ley determinará las formas específicas para la
intervención de los partidos políticos nacionales en el proceso electoral; 122, Base I,
Fracción V, Inciso F, que confiere la facultad de legislar en materia electoral a la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, limitando la participaci6n en los procesos
electorales locales de la entidad a los partidos políticos con registro nacional.
Lo que sostengo, encuentra apoyo en el criterio sustentado por nuestro
más alto Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar las ejecutorias
correspondientes a diversas acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por los Partidos
Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, contra las reformas al
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que determinarán el sistema
de financiamiento público a los partidos políticos emitidas por el Congreso de la Unión
a finales de 1996, tales juicios fueron resueltos por la Corte durante el mes de enero de
1997,
Es menester recordar que dichos partidos políticos impugnantes
sostuvieron sus demandas que las reformas legales combatidas en aquél entonces eran
inconstitucionales, porque supuestamente si violaban los principios que para determinar
los montos de financiamiento de los partidos políticos, debía seguir el Congreso de la
Unión, mismos que se establecían, según ellos, en el propio artículo 41 de nuestra ley
fundamental, Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de
votos en todos los casos, sostuvo que el Congreso de la Unión tiene amplias facultades
para disponer cómo se otorgará el financiamiento público a los partidos políticos, ya
que interpretó en tal sentido la parte final del Párrafo Segundo de la Fracción II del
artículo 41 Constitucional, la Corte estableció que el poder revisor de la Constitución
no limitó las facultades del Congreso en la materia, ya que lo dejaba en libertad de
determinar el sistema de financiamiento público de los partidos políticos, al indicar la
formula: "se otorgara el financiamiento público conforme a lo que disponga la
ley". Disposición no sólo similar, sino idéntica a la contenida en el artículo
41, Fracción I de la Constitución, que a la letra dice en lo conducente:
"Los partidos políticos son entidades de interés público, la
ley determinará las formas específicas en su intervención en el proceso
electoral".
Por lo tanto, ¿Qué autoriza a los Magistrados de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n para erigirse en el supremo poder
conservador del estatus quo y de la pureza democrática de las instituciones, comenzando
por nuestra Constitución? tal arrogancia no encuentra paralelo, ni aún en los capítulos
más oscursos de nuestra historia.
Los que pensamos que habíamos liquidado democráticamente el sistema
el pasado 2 de julio, quizás nos dejamos llevar por la alegría del cambio, sin embargo
el sistema sigue vigente y se reflejo con esta resolución de la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Hoy la nación a través de sus representantes les demanda el
incumplimiento de su protesta constitucional; mañana la historia los juzgará.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Arturo Escobar y Vega.
Tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del Partido de la
Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
Al no encontrarse presente en este salón de sesiones, el diputado
Espadas Ancona, entonces tiene la palabra el diputado José Tomás Lozano Pardinas, del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: Con su venia, señor Presidente.
Compañeros y compañeras diputados: Acción Nacional desde su origen
ha demostrado su vocación democrática, en el entendido de que sin democracia política
no hay democracia económica ni social en cualquier orden.
Hoy nadie puede negar los avances que las diversas fuerzas políticas y
la sociedad en general han impulsado para la conformación de normas e instituciones que
garanticen la transparencia, la equidad, la legalidad y la certeza en los procesos
electorales.
Hemos sostenido también que la ley más perfecta no tendrá sentido si
no hay voluntad para cumplirla, particularmente de quienes son los responsables de su
aplicación.
Cuando decimos cumplirla, hacer referencia a no tergiversar su esencia,
su espíritu, que nos lleve a calificar la ley como una ley falsa o hipócrita.
En tal virtud, es criticable la posición que recientemente asumió la
mayoría, que no todos, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional interpuesto por los
partidos de la Revolución Democrática y Democracia Social, en contra de la asignación
de curules por el principio de representación proporcional en la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
Es lamentable, porque los señores magistrados no aplicaron la ley ni
la interpretaron, por el contrario; incurrieron en un exceso de funciones, y lo peor,
legislaron vía resolución.
Los criterios de los señores magistrados que en este sentido
resolvieron, fueron a todas luces contrarios a lo que el propio juicio planteaba, cuando
debieron ser una instancia de control constitucional e imparcial, que garantizara que todo
acto o resolución electoral se apegue a la ley fundamental. El Tribunal no hizo esto,
sino por el contrario, su proceder contradijo el principio de respeto a la supremacía y
preminencia de la Constitución.
La posición del Tribunal no se agotó en este arbitrio, sino en una
clara violación y falta de respeto a la voluntad de los ciudadanos, que votaron por la
Coalición Alianza por el Cambio, y a la voluntad y libertad de los partidos políticos.
Como bien lo resolviera el Instituto Electoral del Distrito Federal y
ratificara el Tribunal Electoral de la misma entidad, a la Coalición Alianza por el
Cambio, integrado por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, le
correspondía un mayor número de asignaciones de diputados a la Asamblea Legislativa, por
la sencilla razón que conforme a los resultados obtenidos por dicha coalición, y por
mandato de la ley, era aplicable la Cláusula de Gobernabilidad, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 122 constitucional.
Señoras y señores legisladores: La llamada Cláusula de
Gobernabilidad ha suscitado polémica, pero queramos o no, la ley es muy clara: existe y
se reconoce la esfera jurídica del Distrito Federal, y en consecuencia dos autoridades
electorales ya habían decidido que a la Coalición de Alianza por el Cambio le
correspondían tantas asignaciones de diputados de representación proporcional, como
fueran necesarias para obtener la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Legislativa.
Consecuentemente, es claro que la mayoría o gobernabilidad de la
Asamblea correspondía a la Alianza por el Cambio, por disposición expresa de la ley y la
fuerza de los votos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se excedió
al formular agravios inexistentes y satisfacer pretenciones no reclamadas. Con ello, el
tribunal marcó un precedente en los medios de impugnación.
La suplencia puede entenderse como la sustitución de la parte ausente.
Lo anterior resultó evidente cuando el propio tribunal consideró que se concretaría a
analizar los agravios expresados por el único partido impugnador: el PRD, el cual
obviamente no tenía como pretensión en la expresión de sus . obviamente no ten~a como
pretensión en la expresión de sus agravios, la disminución de las asignaciones que ya
le habían sido otorgadas, para entregárselas a un partido distinto.
Con esto, efectivamente, el Tribunal se extralimitó en las facultades
al ir más allá de la litis y de las pretensiones planteadas, e incluso al
contradecirlas.
El Tribunal incurrió en un grave error al dejar de observar el
principio de explorado derecho, consistente en que una autoridad no debe distinguir donde
la ley no distingue. Efectivamente, se equivoc6 al haber sostenido una diferencia entre
partido político y coalición, y resolver que la asignación de mayoría absoluta, bajo
el principio de gobernabilidad corresponde a partido político por s7 mismo y no a
coalición alguna.
El criterio asumido por el tribunal es a todas luces violatorio del
principio de igual y de equidad, que consiste en respetar a las coaliciones que participan
en los procesos electorales.
Efectivamente, los partidos políticos Acción Nacional y Verde
Ecologista de México, decidieron contender en las elecciones para todos los efectos
legales mediante la constitución de una coalición electoral total, es decir, en todas
las elecciones a celebrarse en el Distrito Federal, para lo cual formularon una plataforma
electoral, un programa de gobierno y otro legislativo comunes.
Derivado de ello, no se acat6 la voluntad de los electores que tomaron
la decisión de votar en favor de una coalición como una unidad política electoral,
dotándoles de legitimidad y representatividad como una sola fuerza y no como institutos
políticos individualmente considerados, lo que hicieron desatinadamente los magistrados,
tergiversando la voluntad del electorado.
Fue errónea la posición del Tribunal Electoral de la Federación, ya
que la Constitución Federal o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no reconocen
y mucho menos implican una exclusión de las coaliciones del orden jurídico, toda vez que
en dichos cuerpos normativos solamente se ponderan las bases generales del régimen
político electoral para dicha entidad federativa, reservando al legislador local, el
desarrollo y regulación de las mismas.
En base a lo anterior, no aceptamos la tesis del tribunal sostenida en
el juicio por ilegal e injusta, toda vez que distorsiona la figura de las coaliciones,
viola la garantía constitucional de los partidos a asociarse, haciendo ineficaz que los
mismos puedan participar en forma coaligada en el proceso electoral, so pena de mantener
una posición de desigualdad ante los demás.
Finalmente, podíamos cuestionar la incongruencia de quienes
suscribieron la resolución respectiva y poner en duda la certeza jurídica, ya que en el
caso de la asignación de senadores de primera minoría, sí considero correctamente en su
conjunto a la coalición y no de manera individual a cada partido, lo que sí hizo en la
asignación por representación proporcional de diputados a la Asamblea.
Todo lo anterior constituye una verdadera aversión a la voluntad
ciudadana que beneficia a un partido político que no obtuvo una sola constancia de
mayoría.
Es necesario hacer patente nuestro profundo respecto a las
instituciones de este país y en especial a los tribunales electorales, solicitando de
ello que retomen el camino de velar por el estricto apego al marco legal, así como el
completo respeto a la decisión ciudadana.
No cuestionamos la integridad de los magistrados, cuestionamos la
constitucionalidad de la sentencia en comento. Muchas gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias al diputado José Tomás Lozano Pardiñas.
Tiene la palabra el diputado Felipe Solís Acero, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. FELIPE SOLIS ACERO: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación que hoy se discute, ha motivado desde el primer momento
una intensa polémica pública que ha sido planteada a partir de una incorrecta
apreciación de la norma constitucional en la que tiene su origen y de la construcción de
un falso debate alrededor de este tema.
Lo único cierto es que el más alto tribunal en materia electoral ha
dicho la última palabra: "La Cláusula de Gobernabilidad no es aplicable a la luz de
los resultados electorales del 2 de julio y dicha resolución no admite recurso legal
alguno",
A pesar de lo improcedente del debate que hoy se trae a esta tribuna,
el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional quiere fijar su posición.
El Artículo 122 de la Constitución General de la República establece
ahora el marco constitucional del Distrito Federal y las bases para la organización y
funcionamiento de las autoridades locales de esta entidad, entre ellas la Asamblea
Legislativa.
Al establecer el sistema de integración de la Asamblea Legislativa, el
propio Articulo 122 de la Ley Suprema establece con toda precisión:
"Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número
de constancias de mayoría y por lo menos el 30 % de la votación en el Distrito Federal,
le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para
alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea".
Esto es lo que se conoce como la Cláusula de Gobernabilidad, que es
una excepción a la formula ordinaria para integrar la Asamblea y cuyo fin fundamental
radica en garantizar la gobernabilidad de dicho órgano, es decir, su conducción
coherente a partir de la construcción de la mayoría absoluta a favor de un solo partido
político. Esto es precisamente el bien jurídico tutelado por la norma constitucional.
El Articulo 37 del Estatuto de Gobierno reprodujo literalmente dicho
mandato constitucional y por su parte el Articulo 13 del Código Electoral local
estableció el procedimiento especifico para la asignación de curules de representación
proporcional tanto en el supuesto de aplicarse la Cláusula de Gobernabilidad como en el
caso de que no se diera la hipótesis constitucional previendo la distribución conforme
al principio de proporcionalidad pura, es decir, asignando curules de acuerdo con el
porcentaje de votación y sin premio de sobrerrepresentación para ningún partido.
De acuerdo con lo anterior, para que la Cláusula de Gobernabilidad sea
aplicable, es indispensable e ineludible que se den tres condiciones con juntas y no
separadas:
Primera. Considerar al partido político beneficiario de su aplicación
por sí mismo, es decir, por si solo, o sea, considerado en lo individual.
Segunda. Que ese partido político por sí mismo obtenga el mayor
número de constancias de mayoría, y
Tercera. Que haya obtenido por lo menos el 30 % de la votación en el
D. F.
Así claramente lo manda la Constitución y por tanto al faltar uno
solo de esos elementos, la Cláusula de Gobernabilidad se vuelve inaplicable y las curules
deben repartirse conforme al criterio de proporcionalidad pura que es la regla ordinaria,
pues la Cláusula está concebida como un mecanismo excepcional que por lo mismo está
sujeta a requisitos ineludibles de aplicación y a una interpretación restrictiva.
¿Qué fue lo que ocurrió el 2 de julio? Que ningún partido político
por si' mismo, o sea, considerado en lo individual, consiguió cumplir los dos requisitos
de resultados electorales exigidos por la Ley Suprema. Es decir, ni el PAN ni el PRD
lograron ponerse por si' solos en los supuestos constitucionales.
El asunto se lo plante6 por primera vez el Instituto Electoral del D.
F. en cuyo Consejo General se aplicó la Cláusula de Gobernabilidad a favor de la
coalisión PANPVEM en clara violación de normas constitucionales y desoyendo la voz de
advertencia de uno de sus propios consejeros que desde entonces anticipó la
inaplicabilidad de la Cláusula.
El acuerdo del IEDF fue impugnado ante el Tribunal Electoral Local por
el PRD quien reclamó sin razón la aplicación de la Cláusula en su beneficio. Pero
dicho Tribunal confirmó el acuerdo en una resolución con votación dividida en donde
incluso el proyecto original de resolución . dividida, en donde incluso el proyecto
original de resolución presentado por el magistrado ponente, planteaba la solución que
finalmente acogió el órgano jurisdiccional federal.
El Tribunal Federal conoció en última instancia de este asunto, a
partir del juicio de revisión constitucional interpuesto por el PRD y por Democracia
Social, quien planteó la argumentación razonable en el sentido de la inaplicabilidad de
la cláusula. El PRI compareció en dicho litigio como tercer interesado.
A partir de la resolución del Tribunal Federal, que ordenó no aplicar
la cláusula de gobernabilidad y en cambio hacer la distribución de curules con base en
el principio de proporcionalidad pura, en estricto apego a lo mandado por el Artículo 122
Constitucional, se ha desatado una estrategia política clara de descalificación del
fallo, de los magistrados que lo votaron, y aun del propio Tribunal Federal del que forman
parte.
Es una estrategia para minar a la institución jurisdiccional
electoral, construida a partir de un falso debate, que parte de sofismas jurídicos sin
ningún asidero constitucional y cargada de consideraciones descalificatorias.
Frente a lo desmesurado de los señalamiento es necesario precisar: 1o.
El PRI no ha hecho nunca del litigio electoral una estrategia política, ni impugnamos por
impugnar ni queremos ni necesitamos ni buscamos re soluciones surgidas del favoritismo.
Lo que pretendimos en todo momento fue una resolución de estricta
constitucionalidad, y eso fue lo que hizo el Tribunal Federal. No hay que olvidar en este
asunto, dicho Tribunal actuó como revisor de la Constitución, y que por ello le otorgó
mejor jerarquía al mandato contenido en el Artículo 122 Constitucional, por encima de
normas establecidas en leyes secundarias, que no pueden rebasar ni mucho menos contradecir
los mandatos de la ley suprema.
2o. No es cierto tampoco que el Tribunal se haya excedido en el
contenido de su fallo, al argumentar que la resolución fue más allá de lo que
promovieron los impugnantes, no hubo ningún exceso. El punto de fondo de la litis en la
acumulación de juicios, estuvo siempre en el expediente a través de Democracia Social,
partido que actuó como actor en uno de los juicios y del PRI como tercero interesado. La
inaplicabilidad de la cláusula de gobernabilidad, fue un hilo conductor en todo el
procedimiento. Se señaló en el Consejo General del LIEDF (?), se planteó en la
sentencia del Tribunal Local y se resolvió por el Tribunal Federal como intérprete de la
Constitución en materia electoral. De manera que no puede haber sorpresa alguna ni mucho
menos excesos en la resolución. Al Tribunal Federal se le planteó un asunto de
interpretación, y con estricto apego a la norma constitucional suprema por encima de
cualquiera otra, resolvió con un fallo inapelable. De acuerdo a los resultados del 2 de
julio, la cláusula de gobernabilidad es inaplicable en esta ocasión, para integrar la
próxima legislatura de la Asamblea Legislativa.
3o. Tiene razón el diputado Lozano del PAN, al afirmar que donde la
ley no distingue el juzgador no debe distinguir, eso fue exactamente lo que hizo el
Tribunal Federal. El Artículo 122 Constitucional no distingue, claramente establece que
la cláusula de gobernabilidad se aplicará, si se cumplen los supuestos constitucionales,
al partido político que por si mismo se ponga en el hipótesis constitucional.
4o. Tampoco es cierto que el Tribunal haya incurrido en presunta
contradicción de criterios entre el asunto que nos ocupa y el relativo a la asignación
de senadores de primera minoría. Como se razona claramente en la sentencia, se trata de
asuntos de naturaleza diversa, pues mientras la asignación de senadurías es un cuestión
circunscrita al proceso electoral, para el cual se constituyen las coaliciones, la
aplicación de la cláusula tiene efectos posteriores al proceso electoral, relativos a la
integración de la Asamblea, integración que no puede quedar sujeta a una coalición, que
para entonces ya no existe, ni mucho menos a la previsión azarosa y voluntarista de que
grupos parlamentarios diversos constituyan una mayoría ficticia.
5o. Se ha pretendido además imputar al PRI y sólo a él la existencia
de la cláusula de gobernabilidad.
Es pertinente recordar que la incorporación de esta figura al texto
constitucional en 1989, fue aprobada conjuntamente por el PRI y el PAN. Que en 1993 cuando
la cláusula fue reubicada en el articulado de la ley suprema y se incluyó en su
redacción la locución por si mismo, para referirse al partido político que podía ser
beneficiario de la cláusula, dicha reforma también fue votada por el PRI y el PAN.
Y finalmente la modificación constitucional de 1996, que mantuvo en
sus términos la cláusula, fue aprobada por el consenso de todas las fuerzas políticas
entonces representadas en el Congreso, en la única reforma electoral aprobada por
unanimidad.
Está claro que entonces que en el origen y la evolución de la
cláusula de gobernabilidad en la ley suprema obedeció a acuerdos conjuntos, que en su
momento el PAN suscribió. Le ruego, señor Presidente, si me permite concluir.
EL PRESIDENTE: Por favor concluya.
EL DIP. FELIPE SOLIS ACERO: Compañeras y compañeros diputados, los
tiempos de la normalidad democrática que hoy vive la nación reclaman de todas las
fuerzas políticas madurez y sentido de responsabilidad frente a los ciudadanos que, libre
e informadamente, emiten su sufragio y frente a las instituciones de jurisdicción
electoral que en los casos de controversia dictan la última palabra.
El Tribunal Electoral es un órgano creado por el consenso de todos los
partidos, cuando todos convenimos en la necesidad de judicializar el litigio electoral. Su
magistrados fueron designados también por consenso, a propuesta de la Corte Suprema. Ante
ese órgano jurisdiccional hemos concurrido todos a impugnar acuerdos o resoluciones o a
defender derechos derivados de los mismos.
En el balance hoy, todos hemos encontrado ante ese Tribunal,
resoluciones favorables y adversas; ello está en la naturaleza misma del litigio; nadie
gana todos los juicios, como nadie los pierde todos. El resultado siempre dependerá de la
mayor razón legal esgrimida y de la mejor forma de su argumentación jurídica. Así lo
ha entendido el PRI y así lo ha practicado.
EL PRESIDENTE: Señor diputado, por favor concluya.
EL DIP. FELIPE SOLIS ACERO: Eso y terminando. El mismo día que el
Tribunal falló el asunto que hoy nos ocupa, también resolvió en nuestra contra el caso
del Distrito 18, de la elección de diputados locales en Sonora, asunto que para mi
partido significaba la mayoría absoluta en el Congreso de ese estado.
Asumimos ambos resultados sin discusión; el primero con satisfacción
y el segundo con gallardía, sin amarguras ni descalificaciones. Gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Felipe Solís Acero.
Para rectificación de hechos tiene la palabra el diputado Gustavo
Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.
EL DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias señor Presidente.
Yo creo que la litis que se ha planteado en la intervención de
nosotros, del Partido de Acción Nacional y el Verde Ecologista, no la han entendido los
compañeros legisladores del PRI. Déjenme explicarles cuál es la litis.
No estamos diciendo que pueda o no ser democrática la cláusula de
gobernabilidad; estamos señalando los excesos y la toma de facultades que no le
correspondieron y no le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federal. Estamos diciendo que hubo un estado de indefensión porque la litis original era
de a quien se aplicaba la cláusula de gobernabilidad.
Si nosotros hubiéramos sabido que de alguna u otra manera se pensaba
interpretar de una manera diferente lo enmarcado en la Constitución, pues tal vez
hubiéramos entrado como interesados en tercería.
Quiero decirles que por supuesto que existen listas en las cuales la
ciudadanía vota; si no existieran estas listas de representación proporcional, pues
lógicamente que pudiéramos tratar de interpretar de diferente modo cómo aplicar la
cláusula de repartición de diputados en una legislación.
El problema aquí principal, es que al no ser atacable los dictámenes
del Tribunal Superior, se nos deja en estado de indefensión y no podemos adivinar en
futuras litis que se presenten, si los magistrados van a interpretar de una o de otra
forma diferente a lo que se está planteando. Ese es el problema.
Sabemos que de alguna otra manera no existe derecho de amparo, no
tenemos otro recurso al cual acudir, por lo cual estamos haciendo esta intervención.
Tres cosas finales:
Primero. Por un lado se pide el respeto irrestricto de la ley, por otro
lado, si se quiere tomar otro camino de interpretación o de legislación, pues existen
los canales adecuados. Asimismo, las autoridades electorales tienen acotada su injerencia
en este tipo de situaciones.
Nosotros no quisimos en nuestra intervención pasada decir: muchos de
los casos que hemos entablado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en donde no estamos de acuerdo, pero creo que aquí hubo un exceso, un exceso
no es posible que la ciudadanía vote y les dé un 22% de estas listas votadas y se les
otorgue el 62% de las diputaciones a repartir. Ese es el punto.
La litis no es si estuvo bien o si está mal la cláusula de
gobernabilidad; creo que la arribaremos la atenderemos, la analizaremos posteriormente. El
problema aquí es de que un tribunal determina la conformación de un Congreso, ese es el
problema, y por nosotros, queríamos puntualizar que independientemente de que sabemos que
les llegó su regalo de navidad o reyes anticipado, de cualquier manera no estamos de
acuerdo en esta puntualización.
Me quedan cuarenta segundos, si me los permite.
No estamos de acuerdo en esta decisión del tribunal, que
independientemente bueno, pues finalmente tendremos que acatarla como todas las que han
existido.
Gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Gracias al diputado Gustavo Riojas Santana.
Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Mauro Huerta Díaz
del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO MAURO HUERTA DIAZ. Con vuestra venia, señor Presidente.
Compañeros diputados:
La decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, sin duda ha tergiversado la voluntad del electorado, ha
tergiversado la esencia de la coalición denominada "Alianza por el Cambio",
así como ha tergiversado el espíritu de la ley.
Se pueden buscar diversas interpretaciones de la ley cuando se le
divide la unidad conceptual de la misma, pero cuando la ley es tan clara como en el caso
que nos ocupa no es posible que se desestime la aplicación de los artículos 122 y del
artículo 37, párrafo sexto del Estatuto del Gobierno del Distrito Federal.
(desorden en la sala).
EL C. DIPUTADO MAURO HUERTA DIAZ. Diputado, no se escude en la
muchedumbre y salga adelante, saque la cara.
(aplausos)
De la correcta interpretación sistemática de la ley se desprende, tal
y como lo sostuvo en su momento la autoridad electoral local, según lo establecido en el
artículo 47 del Código Electoral del Distrito Federal que fue votado por todos los
partidos en la Asamblea Legislativa, señores, se desprende que las coaliciones que se
formen para un determinado proceso electoral actuarán como un solo partido; en
consecuencia, se les debe considerar en todas las etapas del proceso electoral, en todas
las elecciones para las que se constituyeron y para todos los efectos legales como un solo
partido, máxime cuando ambos partidos para contender en coalición, formularon
conjuntamente una plataforma electoral y un programa de gobierno en el cual fue
considerado por el electorado como una unidad a la que le dieron su voto otorgándole
legitimidad y representación como una sola fuerza electoral. Por lo que sostener la
postura que asumió en la resolución el Tribunal Electoral, es considerar que se puede
fraccionar la votación y las constancias de mayoría obtenidas por una coalición, al
arbitrio de quien interpreta la ley, para después volverlas a reunir con el fin de
concluir dicho procedimiento, tal y como lo argumenta ron los Magistrados Orozco
Enríquez, que fue el ponente y Eloy Fuentes, al emitir su voto particular.
Sostener la postura que se asumió en la resolución del Tribunal, es
olvidar que la ley establece que la primera fase de la asignación de diputados de
representación proporcional consiste en asignar al partido político que obtenga el mayor
número de diputaciones de mayoría relativa y por lo menos el 30% de la votación
emitida, el número suficiente de diputados de representación proporcional para que
alcance la mayoría relativa en la Asamblea Legislativa. Situación que prevaleció en
este caso, tal y como lo argumentan los Magistrados Eloy Fuentes y Orozco Enríquez, al
emitir su voto particular.
Sostener la postura que se asumió en la resolución del Tribunal, es
olvidar la voluntad del electorado que votó por candidatos postulados por una coalición,
más no por partidos políticos en lo individual. Esto con base en una oferta política
que fue la propuesta de la Coalición.
Sostener la postura que se asumió en la resolución del Tribunal, es
desestimar la voluntad de los partidos políticos que tomaron la decisión de participar
en el proceso como una fuerza política conjunta, única, y que por ello registraron una
lista única de candidatos plurinominales, la cual no debe fraccionarse artificialmente
para efectos de una sola fase de asignación y volverse a unir para aplicar erróneamente
los sistemas de cociente natural y resto mayor.
El Partido Acción Nacional lamenta que como resultado de la decisión
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se
otorgue al PRI un número de diputados que no pudo ganar en la urnas, ¡no lo pudo ganar
en las urnas! porque en el Distrito Federal la ciudadanía votó minoritariamente por el
PRI, la ciudadanía votó en su gran mayoría por el cambio; votó por el derecho a la
educación, al trabajo; votó por México; el voto de la gente fue por la democracia ¡el
voto de la gente fue porque no existiera ni un minuto más de PRI!
PRSIDENTE: Gracias al diputado Mauro Huerta Díaz.
Ha solicitado la palabra para el tema de rectificar hechos, la diputada
Cristina Moctezuma Lule, del Partido Verde Ecologista de México.
Esta mesa directiva respetuosamente solicita a los diputados que cuan
do tengamos un orador, por elemental respeto lo dejemos expresarse libremente y sin
ninguna presión. Si tiene algún diputado o diputada algo que decir, que pida la palabra
y pase a la tribuna. Se le concede.
DIP. CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Gracias señor presidente.
Diputado Solís Acero, yo no voy a referirme a la litis que ya lo han
planteado mucho aquí los representantes, los diputados de mi partido y del Partido
Acción Nacional. No me voy a referir a la litis si la Coalición de la Alianza por el
Cambio se debería de aplicar la cláusula de gobernabilidas o no.
Yo me voy a referir a que usted dice los magistrados revisaron la
constitucionalidad. Pero quiero decirle que para nuestro partido lo que sucedió es que no
revisaron la constitucionalidad, se erigieron como un órgano legislativo. Pero además le
corrigió la plana a los diputados de la Asamblea Legislativa, erigiéndose como paladines
de la justicia, pero además mal aplicada; porque inclinaron la balanza hacia el Partido
Revolucionario Institucional; ¿por qué? yo pregunto ¿por qué no se aplicó la base de
proporcionalidad pura, como, suponiendo sin conceder, que debería ser ese el camino.
sobre la base total de los 66 diputados de la Asamblea Legislativa y no sobre los 26 de
representación proporcional.
Cuando usted dice que su partido no se lamenta y todo lo acepta con
gallardía y .que su partido no se lamenta y todo lo acepta con gallardía y quiero
decirle que qué bueno que tienen esa postura y lo felicito porque finalmente qué bueno
que acepta con gallardía que perdieron la Presidencia de la República.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a la Diputada Cristina Moctezuma Lule.
Para rectificar hechos tiene la palabra el Diputado Jaime Vázquez
Castillo, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Señor Presidente, quisiera
rogar a usted ordenar a la Secretaría dar lectura al párrafo 4 del artículo 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. PRESIDENTE: Diputada Secretaria, le ruego por favor dar lectura
al párrafo solicitado.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRI:
"Artículo 99. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e
inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre,
fracción I, las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores".
EL C. DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias, Señor Presidente.
Evidentemente que estamos bordando en esta sesión sobre un hecho consumado. El Partido de
la Revolución Democrática tuvo el acierto de interponer o de abrir la vía
jurisdiccional para combatir una resolución que, por cierto, el Presidente del Consejo
Electoral del Distrito Federal se apresuró a aprobar, sin haber sometido a votación.
Y curiosamente, en ese acuerdo en el que se asignaban diputados de
representación proporcional, quien resultaba favorecido por la interpretación que se
hizo de la ley en relación con la cláusula de gobernabilidad, era la Alianza por el
Cambio, o más específicamente, el Partido Acción Nacional.
He tenido oportunidad de revisar, compañeras y compañeros diputados,
el convenio que suscribieron las directivas en el Distrito Federal del Partido Acción
Nacional y del Partido Verde Ecologista de México.
En cumplimiento de lo que dispone el Código Electoral del Distrito
Federal, hay una cláusula, sexta me parece, en donde se especifican los porcentajes de
votación que habrán de tener cada uno de los partidos políticos. Sólo que el PAN dice
que será para efectos de el financiamiento y cuando la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación hace el análisis al que tiene derecho
porque le fue planteado un asunto de inconstitucionalidad y, como intérprete de la
Constitución desde luego que tiene derecho a entrar al fondo del asunto. Y cuando entra
al fondo del asunto da cuenta el Tribunal que esa fraccionsita del artículo que se
refiere a las coaliciones en el Código Electoral del Distrito Federal, se refiere
también al financiamiento, pero de la misma manera, a la representación proporcional.
Compañeras y compañeros, entiendo que debe ser difícil no imponerse
a la voluntad popular; nadie puede desconocer, en el caso del Distrito Federal, que
tenemos 22% de la votación.
Y así como en otro tiempo el Partido Acción Nacional, en los
sesentas, planteaba una posición diferente con relación a los diputados de partido,
tiró la reforma de los setentas, tuvo una posición distinta impulsando la
representación popular encabezada por el PRI, compañeros y compañeras, entiendo que
debe de ser difícil no quedarse con todo el pastel, pero ésta sí es una sociedad
plural, es una sociedad democrática.
No estamos de acuerdo, desde luego, en las afirmaciones que ha venido a
hacer aquí el Partido Acción Nacional por voz de dos de sus diputados. Me parece que el
Tribunal actuó con estricto apego a la ley. No norma más elevada en el orden jurídico
mexicano que la Constitución. Y les diría que coincido con el criterio del Tribunal en
el sentido de que el Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal violó
la Constitución al interpretar erróneamente y en favor del PAN la cláusula de
gobernabilidad.
Gracias.
EL C. VICEPRESIDENTE DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias al
ciudadano Diputado Jaime Vázquez Castillo.
Para rectificar hechos tiene la palabra el Diputado Sergio Vaca
Betancourt, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO SERGIO VACA BETANCOURT (PAN): Con su autorización,
Diputado Presidente.
No hay falso debate, lo que sí es falsa es la interpretación del
artículo 122 constitucional. Por sí mismo significa no sumar los votos de dos o más
partidos y en la especie la coalición Partido Acción Nacional y Partido Verde Ecologista
i para todos los efectos legales con taba y actuaba como un solo partido! Esto no lo dice
mi partido, lo dice el Código Electoral del Distrito Federal.
Y no le voy a pedir que lo lean, voy a leer la parte conducente yo.
Artículo 47. "La coalición actuará como un solo partido".
(Aplausos)
Ahora bien, el PRI siempre defendió la cláusula de gobernabilidad y
hoy, que es por primera vez oposición, la rechaza. ¿Qué memoria tan frágil o será
mala memoria convenenciera?
Hay un Estado de derecho donde la ley se cumple, no cuando se retuerce.
Compañeros Diputados y Diputadas:
Los criterios zigzagueantes en la impartición de justicia, como el que
hoy se analiza, son la peor causa de inseguridad jurídica, pues desorientan, desaniman y
originan la desconfianza que hoy el pueblo mexicano no tiene sobre la impartición de
justicia.
A los juzgadores de última instancia que emitieron la resolución que
se comenta, con excepción de los dos Magistrados que produjeron un voto particular en
contra, ¡y que aquí consta!, olvidaron el principio de estricto derecho, y peor aún:
ignoraron cómo habían resuelto antes en el expediente 020/2000 relativa a la elección
de Senadores. Ahora, la que se emitió el pasado 2 de julio.
De hecho y sin derecho se convirtieron en defensores de oficio del
Partido Revolucionario Institucional, que fue beneficiado y que ni siquiera se
inconformó, al que, con generosa ilegalidad, le obsequiaron asambleistas que no le
correspondían.
Señores:
Los hechos hablan. Aquí está la resolución y aquí se transcribe
por los dos Magistrados, que tuvieron la decencia, la dignidad y la
verticalidad de recordar como había resuelto en contra en un asunto similar. ¡Esto no es
Estado de derecho!
Alguien dijo ahí burlonamente: "una marranada". ¡Esto fue
una marranada!
Gracias.
(Aplausos fuertes)
EL C. VICEPRESIDENTE DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias al
Diputado Sergio Vaca Betancourt.
Tiene la palabra el ciudadano Diputado Felipe Solís para
rectificación de hechos. Informo a la asamblea que en este tema la Junta de Coordinación
Política acordó que fuera de libre debate. La mesa directiva no tuvo inconveniente, por
eso en esta presencia asistimos a un sexto orador en el tema de rectificación de hechos.
EL C. DIPUTADO FELIPE SOLIS ACERO (PRI): Gracias, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
No, en el PRI no tenemos mala memoria. No es un asunto de mala memoria.
Nosotros no estamos en contra del establecimiento en la Constitución de la cláusula de
gobernabilidad. Y quisiera volver a recordar que la votamos juntos, el PAN y el PRI. Y la
votamos juntos tres veces: la votamos primero en 1990, la votamos posteriormente en 1993 y
volvimos a votarla con el concurso de otras fuerzas electorales en 1996.
El debate, hoy, es uno solo: ¿es o no aplicable la cláusula de
gobernabilidad a la luz de los resultados del 2 de julio? Y está claro que no lo es.
Porque el artículo 122 constitucional establece claramente los requisitos para la
aplicación de la cláusula de gobernabilidad. Y puede ser doloroso no aceptarlo, pero lo
que ocurrió el 2 de julio es que ningún partido político, por si' mismo, obtuvo el 30
por ciento de la votación y la mayoría de las constancias de mayoría relativa.
No hay criterios zigzagueantes en el Tribunal. Lo que el Tribunal
resolvió respecto de las Senadurías de primera minoría, corresponde a otro tema, a otra
naturaleza y a otra circunstancia de aplicación de la alocución por sí misma.
Es necesario recordar que en el caso de las Senadurías de primera
minoría, se trata de una resolución que queda dentro del proceso electoral, en tanto que
por lo que se refiere a la aplicación de la cláusula de gobernabilidad, lo que está
regulando en artículo 122 constitucional son eventos posteriores al proceso electoral, es
decir, la integración de la Asamblea.
Por eso no comparto el planteamiento que el preopinante ha señalado en
esta misma tribuna, en el sentido de que el artículo 122 constitucional resultaba o
resulto indebidamente aplicado por el Tribunal Federal y que debió haberse aplicado el
artículo 47 del Código Electoral del D. F.
Quisiera aprovechar para recordar y corregir lo que aquí señaló
alguien en la tribuna, en el sentido de que el PRI voto a favor el Código Electoral del
D. F. Quisiera recordar que no sólo no lo votamos a favor sino que lo impugnamos por
vías de acción de inconstitucionalidad y que la Suprema Corte de Justicia nos dio la
razón en más de 50 artículos.
El artículo 47 del Código Electoral del D. F. lo que regula es la
forma de asignar las constancias de asignación de diputados de representación
proporcional, es decir, un evento que ocurre dentro del proceso electoral,
Lo que regula el artículo 122 constitucional es el mecanismo de
integrar la Asamblea de Representantes, un evento que sobrepasa el proceso electoral, que
va a tener efectos posteriores al proceso electoral y que por eso debe ser interpretado
restrictivamente.
La cláusula de gobernabilidad, y con ello termino, es una formula
excepcional de integrar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y si se trata de una
excepcionalidad en el procedimiento de integrar la Asamblea, debe estar entonces sujeta a
principios restrictivos de interpretación.
Cuando el artículo 122 constitucional dice: "Partido político,
por sí mismo", se refiere a partidos políticos solos, por sí mismos, solos,
considerados en su individualidad.
Ha dicho aquí el diputado Vaca, finalmente, que considera que la
decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal fue una marranada. Ojalá no
tengan que pedir perdón mas adelante.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Se concede el
uso de la palabra para rectificación de hechos, por cinco minutos, al diputado Fernando
Pérez Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
EL C. DIP. FERNANDO PEREZ NORIEGA (PAN): Con su permiso, señor
Presidente.
Qué bueno que el PRI mandó a don Felipe Solís Acero a platicar este
tema tan importante, porque ya vimos como actuaba cuando era Secretario de Organización
Electoral del Instituto Federal Electoral. Ahora qué bueno que ya es diputado y puede
actuar con esa parcialidad que siempre lo ha hecho.
(aplausos)
Es evidente que el diputado Solís Acero no solamente desconoce la ley,
desconoce la Constitución, sino también desconoce la voluntad política de los
habitantes del Distrito Federal. Los habitantes del Distrito Federal ya dijeron un hasta
aquí al PRI y por eso no votaron por él.
(aplausos)
El tema que se ha inscrito para debatir es analizar la sentencia del
tribunal y ver las contradicciones que en menos de seis meses sobre este tema de las
coaliciones ha tenido.
En materia de coaliciones ha establecido el tribunal, por un lado, que
deben de considerarse como un solo partido político y el tribunal en esta última
resolución establece que si bien es cierto las coaliciones pueden actuar como un solo
partido, dice, en la sentencia, que le está prohibida la cláusula de gobernabilidad.
¿De dónde se deriva esa prohibición?
No se deriva de la Constitución, no se deriva del Estatuto de Gobierno
del Distrito Federal, no se deriva de nuestro Código Electoral del Distrito Federal.
Y hace una interpretación muy sui géneris de por qué se le debe de
prohibir. Pero en una resolución anterior el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación establece en forma precisa, y la voy a citar, dice: " Los principios o
normas que impliquen la restricción de un derecho público subjetivo, deben estar
previstos en la ley y no derivar de una simple interpretación. Antes al contrario, toda
interpretación y la correlativa aplicación de la norma jurídica, deben potenciar o
ampliar sus alcances jurídicos, siempre que aquella esté relacionada con un derecho
fundamental". Y, por lo tanto, lo que estableció el tribunal para beneficiar al PRI
es justamente restringir esa garantía ese derecho de participar en coaliciones. Establece
también el mismo Tribunal de que "no aceptar" y así lo dice en su Resoluci6n
de hace 6 meses cuando se analiz6 el tema de las coaliciones, dicen que si la intención
del constituyente permanente hubiera sido en el sentido de establecer una limitación a
los derechos de los partidos políticos como es el de formar coaliciones, lo hubiera
dispuesto expresamente.
Dice también que el interpretar en la forma que lo hizo el PRI. Y
posterior mente cambiando su idea el Tribunal, en una forma zigzagueante dicen: implicarla
darle un valor diferenciado al voto de los ciudadanos, ya sea que este se emita a favor de
una coalición o de un partido político, lo cual es medianamente contrario al principio
de universalidad del sufragio que se encuentra establecida en el Artículo 41.
Intervino en la resolución del Tribunal en ese entonces diciendo que
si se consideraba que solamente los partidos políticos, individualmente considera dos, no
conformando una coalición, tienen derecho a la asignación de Sena dores por el principio
de primera minoría, se estarla aceptando que tiene mas valor el voto emitido a favor de
un partido político nacional que participa individualmente en un proceso electoral, que
logrado por determinados partidos políticos nacionales que contendieran coaligados, es
decir, en me nos de seis meses el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
cambio sustancialmente su criterio; por un lado, reconocía el derecho a las coaliciones a
ser considerado como un solo partido político pero posteriormente cuando se dio el asunto
del Distrito Federal cambió el criterio para favorecer a un solo partido político, al
PRI, (aplausos)
EL C, PRESIDENTE: Gracias Diputado Pérez Noriega, Ha solicitado la
palabra para hechos la Diputada Bertha Alicia Simental del Partido de la Sociedad
Nacionalista e inmediatamente después, están solicitando la palabra para rectificación
de hechos, el Diputado Jaime Vázquez del P. R. I.
Tiene el uso de la palabra por cinco minutos, la Diputada Bertha Alicia
Simental.
LA C. DIPUTADA BERTHA ALICIA SIMENTAL (Partido de la Sociedad
Nacionalista): Gracias señor Presidente. Señoras y señores Legislado res, para el
Partido de la Sociedad Nacionalista la resolución tomada por los Magistrados, la que
aquí se está discutiendo, trascendió en la aceptación de derechos a personas que nunca
tuvieron la oportunidad de defenderse, y hablo no sólo de partidos políticos, sino de
ciudadanas y candidatos.
Esto es lo verdaderamente importante. Nosotros, todos los que estamos
aquí, estamos representando y defendiendo los derechos de los mexicanos, no los derechos
partidistas. Por eso es que solicitamos instruir a la Comisión correspondiente para que a
la mayor brevedad realice una revisi6n exhaustiva y una adecuaci6n de nuestro Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de nuestros medios de
impugnación que reformen, incorporen, amplíen y puntualicen aspectos tales como
candidaturas comunes; tiempo perentorio de dictamen desde la admisión hasta su
resolución final obligatoriedad de notificaci6n y derecho de audiencia a los posibles
afectados antes de las resoluciones finales por parte de las autoridades electorales y
tribunales correspondientes ¡obligatoriedad de notificación de las actas
circunstanciadas y de los elementos o recursos adicionales interpuestos por parte de
terceros interesados a los posibles afectados de la resolución final;
Amparos en materia electoral, derecho de recurrencia a la Suprema Corte
de Justicia de la Naci6n en materia y derechos electorales, resarcimiento y reparación de
daños, de derechos y afectaciones en todo tiempo; sanciones a autoridades electorales y
magistrados por errores, omisiones, dolo o recurrencia, equiparables a las que reciben los
partidos políticos nacionales sin necesidad de juicio político; obligatoriedad de
homologación de leyes electorales, estatales con el Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales; elección de autoridades electorales y magistrados de la
materia, por elección popular, libre y secreta.
Es decir, compañeros legisladores, devolverle al pueblo el poder y
devolverle a nuestra nación la soberanía que por años nos han intentado quitar o nos
han estado quitando partidos políticos, grupos con intereses que están muy por ajenos,
totalmente ajenos, a los intereses de todos los mexicanos.
Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra, por 5 minutos, el
diputado Jaime Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Es interesante escuchar puntos de vista que a la vuelta del tiempo
habrán de registrarse como profundas contradicciones de quienes hablan de unidad
nacional, de armonía, convocan a que veamos todos a este México con una visión de
futuro, seguramente por el interés que tienen de que a partir del próximo primero de
diciembre coincidamos con asuntos que seguramente habrá de plantear el entonces
Presidente de la República a esta Legislatura.
Sin embargo, también es interesante ver cómo sigue el juego de la
doble moral. Vienen aquí a hablar de Felipe Solís Acero, de quien siendo funcionario
electoral dio muestras reiteradas de probidad, de rectitud, de profesionalismo, de
imparcialidad y que hoy con toda dignidad ejerce la representación política que el
pueblo le ha conferido.
Y digo que sigue la doble moral porque allá donde el Partido Acción
Nacional no alcanza triunfos de mayoría, no dicen que la representación proporcional no
responde a la voluntad del pueblo, como tratan de sostenerlo en el Distrito Federal en
relación con el PRI.
Y sigue la doble moral: recuerdo que en 1998, el entonces vocal
ejecutivo de la Junta Local del IFE en Tlaxcala, sali6 de las oficinas del IFE para ir a
protestar como candidato del PAN a gobernador de Tlaxcala. (aplausos) Recuerdo también
como Felipe de Jesús Preciado, en Jalisco, fue Presidente del Consejo Local del Instituto
Electoral de ese Estado y salió de este Instituto para ser candidato a diputado federal y
creo que ahora es... bueno, fue candidato del PAN a diputado federal y creo que ahora es
Secretario General de Gobierno, de un gobierno panista.
Pero también tengo muy presente por esa férrea defensa de la
imparcialidad de los órganos electorales que hacía reiteradamente, un señor a quienes
ustedes aprecian y en el que se reflejan seguramente por ese sentido de responsabilidad
con el país, de responsabilidad con la sociedad en los encargos que le son encomendados,
me refiero al imparcial consejero del IFE: Santiago Creel, (aplausos)
Seis meses después de haber concluido su paso por el IFE, en donde por
cierto yo no entendía a veces si sostenía la posici6n como consejero del Instituto
Federal Electoral o era ya desde entonces vocero del Partido Acción Nacional, Creo que
eso está confirmado ahora, no hay duda; seguramente en los próximos meses y años lo
veremos como Secretario de Gobernación, orgullosamente imparcial de Acción Nacional.
Doble moral.
Gracias señor Presidente. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Sírvase la Secretaría
consultar a la Asamblea si considera suficientemente discutido el tema, para pasar en su
caso al siguiente punto de la orden del día.
EL C. SECRETARIO, DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN: Por instrucciones de
la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si considera que el
punto esta suficientemente discutido.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa.
(VOTACION)
Suficientemente discutido, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Secretario.
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Para presentar un pronunciamiento
en relación con la Ley de Desarrollo Rural, se concede el uso de la palabra al diputado
Silvano Aureoles Conejo.
No encontrándose en el salón, se deja pendiente.
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Se concede el uso de la palabra para presentar
un posicionamiento sobre una planta de plagicidas, el diputado Diego Cobo Terrazas del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos,
EL C. DIPUTADO DIEGO COBO TERRAZAS: Gracias, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
El pasado martes 12 de septiembre una explosión sorprendió a los
habitantes de la Ciudad de Salamanca en Guanajuato, seguida de una nube tóxica de
aproximadamente cinco kilómetros, que obligó a las autoridades a evacuar a poco más de
mil habitantes de la zona,
Como resultado de este evento, 213 personas resultaron intoxicadas y 36
mas tuvieron que ser hospitalizadas. La empresa responsable del incidente se denomina
Tekchemy opera en el lugar desde hace nueve años, originalmente bajo la dirección de
FERTIMEX,
No ha sido ésta la primera ocasión en que una empresa dedicada al
manejo de sustancias peligrosas se ve involucrada en un derrame, con sus consecuentes
repercusiones en el ambiente y la salud de las personas, Sin embargo, la mayor
responsabilidad en estos casos recae en las autoridades federales, es decir, en la
Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, la Secretaría de Salud, la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la de Agricultura, la de Comercio y Fomento
Industrial y las de Trabajo y Previsión Social, las cuales están obligadas por diversas
disposiciones de ley a vigilar el manejo de las sustancias peligrosas.
De igual forma las autoridades de protección civil de cada municipio y
estado tienen la invariable obligación de velar por la seguridad e integridad física de
los habitantes.
Para lograr una coordinaci6n entre las diferentes dependencias
competentes en esta materia, en 1987 fue creada la Comisión Intersecretarial para el
control del proceso y uso de plagicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, no obstante
dicho organismo ha tenido una nula participación en el control práctico y cotidiano de
estas sustancias.
En el caso particular de la empresa Tekem, las autoridades deben una
explicación a la ciudadanía de las causas y consecuencias del siniestro de la semana
anterior, pero no sólo se debe una explicaci6n de los lamentables sucesos ya por todos
conocidos, sino también está pendiente una explicación sobre el destino de cinco
millones de dólares que la entonces empresa paraestatal FERTIMEX destinó para evaluar y
limpiar las instalaciones de Salamanca, enajenadas en favor del consorcio Tekchem.
Apenas la semana pasada, la Secretaria de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca, cada cuenta a esta soberanía de los supuestos avances registrados en
materia de auditorías ambientales y control de sustancias peligrosas en instalaciones
industriales. No obstante, los continuos accidentes en este tipo de instalaciones
persisten.
De acuerdo a las primeras versiones, la nube tóxica que se produjo es
de un plagicida conocido como malatión, se trata de una sustancia altamente peligrosa,
como lo demuestran múltiples investigaciones científicas realizadas sobre todo en
Estados Unidos de América.
Según dichas investigaciones, el malation puede ser responsable de
producir leucemia, padecimientos gastrointestinales e incluso la muerte. La peligrosidad
de esta sustancia quedó evidenciada en 1976, cuando se llevó a cabo una fumigación en
Pakistán que tenía por objeto controlar la epidemia de malaria, y sus resultados fueron
contraproducentes: 2 mil 800 personas fueron envenenadas y cinco murieron.
El caso de la empresa Tekchem, en Salamanca, deberá ser plenamente
esclarecido por las autoridades para deslindar las responsabilidades que correspondan. Sin
embargo, el fondo del problema no lo es el incidencia como el acontecido en Guanajuato la
semana pasada; el fondo del problema son los compuestos químicos peligrosos que se
continúan empleando en México a pesar de que en muchos otros países se han prohibido
dada su toxicidad.
De 90 plaguicidas que han sido cancelados o restringidos en los Estados
Unidos, 30 se usan todavía en México, lo que confirma la falta de control y aplicación
de criterios toxicológicos y ambientales en su autorización.
Estos compuestos, junto con los fertilizantes químicos, son sustancias
persistentes, bioacumulativas y tóxicas que merecen una atención especial debido a la
amenaza que representan para la salud humana y para la integridad del ecosistema. Muchas
de estas sustancias se bioacumulan a niveles inaceptables en organismos vivientes, y
algunas de ellas se han asociado con disfunciones del sistema inmunológico, deficiencias
reproductoras, anormalidades en el desarrollo, deterioro de la conducta neurológica y
tumores cancerosos, tanto en seres humanos como en la flora y la fauna silvestres.
Los plaguicidas y fertilizantes deben ser, por lo tanto, tratados como
sustancias peligrosas, con regulación particular de permisos para su formulación y
fabricación, y controles estrictos para su comercialización y posterior uso.
Además del descontrol que existe en cuanto a las autorizaciones para
la producción y comercialización de plaguicidas peligrosos, existen deficiencias legales
y normativas que no permiten regular esta actividad. La Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, así como la Ley General de Salud, establecen
lineamientos generales que sin embargo, frente a al ausencia de normas y reglamentos
adecuados, se convierten en letra muerta. Es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca, que a seis años de creada no ha emitido los reglamentos de la
Ley General del Equilibrio Ecológico, en particular el relativo a las actividades
riesgosas. La única normatividad general para estas sustancias es el catálogo de
plaguicidas, instrumento que obedece exclusivamente a los intereses industriales y no a
los de la sociedad en su conjunto.
Las autoridades han sido negligentes al no emitir los reglamentos que
regulen el manejo de sustancias peligrosas, dejando a la ciudadanía en total indefensión
frente a la ambición de industriales sin escrúpulos, que sólo buscan su beneficio
económico a costa del medio ambiente y la salud pública.
La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca tendrá
que dar una explicación satisfactoria de por qué no ha emitido los reglamentos
correspondientes, a pesar de que la Ley Ambiental entró en vigor desde 1988. Mientras
tanto, no podemos permitir que los ciudadanos continúen padeciendo los estragos de la
negligencia de sus autoridades, que sólo actúan posteriormente a los acontecimientos en
lugar de llevar a cabo acciones preventivas que eviten este tipo de tragedias.
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace un
urgente llamado a las autoridades, para que expidan los reglamentos de la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente.
En cuanto se refiere a los acontecimientos de la planta de Tekchem, los
legisladores del Partido Verde manifestamos nuestra inconformidad porque las autoridades
no declararon emergencia ambiental, a diferencia de otros casos similares, como el de
Jaltipán, Veracruz, en donde un incendio provocó una nube tóxica y se decretó la
emergencia para atender eficazmente el problema.
El cuidado del medio ambiente no puede seguir siendo sujeto de
intereses económicos. Exigimos una sanción ejemplar para la empresa, ya que la
infracción que se está planteando no rebasa los 700 mil pesos, cantidad que resulta
ínfima si consideramos los daños causados al ambiente y a la salud pública.
Los diputados ecologistas conformaremos un grupo de trabajo que dé
seguimiento a las investigaciones que realicen las autoridades, a efecto de garantizar
transparencia y estricto apego a la ley.
Hacemos un llamado a las diputadas y diputados de los diferentes grupos
parlamentarios interesados, para que se integren a este grupo de trabajo, cuya primera
visita llevaremos a cabo durante el siguiente fin de semana.
Hay que comentar que el día de hoy fuimos informados que a pesar de la
situación de emergencia ambiental que está presente en esta planta, continúan
laborando, continúan produciendo sus plaguicidas y fertilizantes a pesar de la clausura
temporal que ha implantado la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Había que ver si se trata de un acto más de negligencia de parte de
la autoridad ambiental que esta permitiendo esto o bien sancionar a la empresa que no esta
respetando la ley.
Por su atención, muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Cobo Terrazas. Sobre este tema, ha
solicitado la palabra el diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, por cinco minutos.
EL C. DIP. JUAN ALCOCER FLORES: Con su permiso señor Presidente.
Efectivamente el pasado 12 de septiembre, la empresa Tekchem, sufrió
la peor de sus contigencias ambientales, cuando por error humano y como medida de
emergencia fueron arrojadas a la atmósfera más de 10 toneladas de malatión, substancia
6rgano fosforada y tóxica.
La empresa Tekchem efectivamente, antes de ser del sector privado fue
paraestatal, bajo el nombre de Montrose o Fertimex, y desde su venta al sector privado
dejo graves pasivos ambientales.
Tal es el caso de 35 mil toneladas de azufre depositadas a cielo
abierto, que arrastradas por el viento, son respiradas a diario por miles de habitantes.
El percance del pasado 12 de septiembre produjo centenares de
intoxicados y daños materiales, incluso en estructuras metálicas como ventajas y puertas
que sufrieron oxidación. A mí no me lo contaron, yo lo presencié.
Sin embargo, ésta no es la primera contigencia ambiental que sufrimos
en Salamanca y tampoco es la primera que se produce en Tekchem. Desde 1995 se ha expuesto
la problemática de los pasivos ambientales que posee esta empresa.
Desde 1996, la PROFEPA ha recibido las quejas de los habitantes de las
colonias aledañas, mismos que han rogado, suplicado y exigido la intervención de las
autoridades federales, y sin embargo, hasta hace poco la PROFEPA se limitó a dar
registradas y canalizadas las múltiples denuncias,
Entre ellas, se encuentra la presentada ante la CNA, sobre las
descargas tóxicas que Tekchem hace a Río Lerma, que por cierto, tiene el deshonroso
privilegio de ser el único río en el mundo que se incendia,
Pese a todo, la empresa Tekchem no había sido clausurada, ni siquiera
el 28 de mayo del 98, cuando 557 alumnos de una escuela primaria padecieron de vómito,
irritación de garganta, ojos y nariz, Y tampoco ha sido sancionada por los desagradables
aromas que sufrimos a diario los casi 240 mil habitantes,
Compañeras y compañeros diputados: tengo en mi poder y a su
disposición, una relación de las múltiples denuncias que se han presentado sobre este
asunto que merecía ser atendido desde hace muchos años.
Es cierto, debo de reconocer ampliamente al Procurador Antonio Azuela,
por su intervención enérgica y decidida, el pasado 12 de septiembre. Pero mi pregunta
es: ¿por que hasta ahora?, ¿acaso mal interpretamos esa parte de la cultura azteca que
exigía sacrificios humanos para que los dioses, ahora servidores públicos, se tomen la
molestia de hacer su trabajo?
La planta de donde se originó el percance fue clausurada al día
siguiente del percance. Sin embargo, la empresa continúa trabajando como lo decía el
compañero que me antecedió en el uso de la palabra continúa trabajando en el resto de
las áreas, aduciendo que requiere un lapso que varía, figúrense ustedes, entre tres
semanas o tres meses, a fin de no causar mayor daño a la población.
La población salmantina vive actualmente una histeria colectiva. Los
vecinos de Teikem? no desean transigir ni pactar con la empresa. El consenso de
ciudadanos, autoridades municipales y estatales, es unánime. La empresa debe de ser
reubicada en donde no pueda causar mayor daño que el que ya causó.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional pide y exige a SEMARNAP y
PROFEPA no cedan ante las presiones econ6micas que Tekchem pueda ejercer y está
ejerciendo.
Sabemos que es una empresa que genera empleos y recursos económicos;
sabemos de la importancia que tienen sus productos para la agricultura y la veterinaria,
pero no podemos fincar ninguno de estos beneficios sobre la salud de miles de personas.
La PROFEPA debe de tomar las medidas pertinentes para que no solamente
ésta, sino todas las industrias del país cumplan con la normatividad y las medidas de
seguridad en todos los procesos que impliquen riesgo.
Por nuestra parte, en la LVIII Legislatura trabajaremos por un
auténtico federalismo en la materia para que el Estado y las autoridades municipales
tengan las atribuciones necesarias a fin de intervenir y sancionar de inmediato a quienes
por intereses económicos atenten contra la salud de los mexicanos.
No vamos a permitir que se nos truequen espejos por oro porque sin
salud no hay vida y sin vida nada puede tener importancia.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Juan Alcocer Flores.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos y para hechos, el diputado
Carlos Ramírez.
EL C. DIP. CARLOS RAMIREZ: Con su permiso, señor Presidente. Señores
diputados: Por supuesto, nada hay más valioso que la vida humana, razón suficiente para
que seamos absolutamente serios en cualquier tema que comprometa la vida de los pobladores
de nuestra nación. Este es uno de esos temas.
La Empresa Tekchem efectivamente es una empresa con alto riesgo de
contaminación. Fue adquirida con ese presupuesto, que era una empresa que contaminaría;
más allá, fue adquirida a sabiendas de que el terreno en el que Tekchem se encontraba,
en aquel entonces Fertimex, era un terreno altamente contaminado, como ya se ha dicho
aquí.
El gobierno federal en la transacción con la empresa para su compra,
ofreció a ésta dos opciones: comprar todo el complejo o comprar únicamente la planta
procesadora.
La empresa se comprometió con fondos del gobierno federal, a remediar
el terreno inundado por azufre, a remediarlo y a evitar que siguieran sufriendo los
habitantes de Salamanca la inclimencia de esta contaminación.
La empresa afirma que no ha recibido tal ayuda del gobierno federal; la
empresa afirma que tales recursos no han llegado.
No solamente nos sumamos a la postura del Partido Verde Ecologista y
del Partido Acción Nacional, sino que exigimos que de inmediato las autoridades
intervengan para saber cuál es el destino de los recursos que debieron llegan a Tekchem y
debieron hacer sentir mejor a los habitantes de Salamanca.
Nos unimos a exigir que se remedie de inmediato la situación de este
terreno y de esta planta, que se verifiquen inmediatamente si efectivamente sus controles
surten efectos o de lo contrario sea reubicada.
Creo que no podemos ser ligeros, y por lo que respecta a la empresa,
afirma que dicho plazo, el que solicita, se refiere precisamente a la alta peligrosidad de
los productos que utilizan.
Escuchaba con atención la lista de Secretarías que deben intervenir
para regular los productos que usa Tekchem. Y faltó una, la Secretaría de la Defensa
Nacional, efectivamente los productos que usta Tekchem son productos que requieren de la
regulación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Ahora los habitantes de Salamanca estuvieron expuestos a una nueve
tóxica. Los habitantes de Salamanca han estado expuestos desde hace muchos años a la
posibilidad incluso de una explosión. Una explosión que debe considerar también que los
vecinos de Tekchem son Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos.
Esos precisamente que ayer solicitaron intervenir en un grupo de
trabajo, para revisar las condiciones en la que Tekchem se encuentra trabajando.
Creo que es oportuna la solicitud de un grupo de trabajo. Creo que esta
solicitud debe extenderse a las fracciones, y por supuesto ofrezco la voluntad política
del PRI para que se lleve a cabo. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Jorge Carlos Ramírez. Tiene ahora
el uso de la palabra por cinco minutos el diputado Rubén García Farías.
EL C. DIPUTADO RUBEN GARCIA FARIAS: Ciudadano presidente. Ciudadanas
diputadas. Ciudadanos diputados. Este tema que se ha tratado a propósito de un terrible
accidente, es un tema que nos debe de llevar a reflexiones más profundas, algunas ya se
han planteado aquí respecto de la reubicación de la planta, respecto de la obligación
de autoridades federales, del estado y municipales en materia de protección civil.
Tenemos que tener más esmero en todas estas tareas, sin embargo, a mi
me interesa llamar la atención, no sólo en el accidente que como ya dije fue terrible,
afectó a nuestros paisanos, la nube tóxica fue una realidad, escuchar en la tarde, en la
noche las informaciones periodísticas fue aterrador.
Pero aquí hay un problema todavía más grave, que se refiere al
carácter de esta planta. Esta planta está procesando el malatión, que se emplea para
productos que luego van a dar al campo y afecta a la agricultura, compacta la tierra.
Los efectos que pudieran ser positivos de plagicidas, fungicidas, etc.
etc., se vuelven más terribles, cuando esta microvida llega a tener una resistencia a
esto.
Pero además una denuncia que hubo en nuestro Guanajuato, es que este
malatión va a dar a Alemania, a los laboratorios, a empresas alemanas que luego nos
regresan ya ese producto ya elaborado. Que una cantidad mínima de lo que ahí producen se
convierten ya en los laboratorios alemanes en cantidades enormes de líquido, que no se
emplea en Europa, no se emplea en Norteamérica, no se emplea en algunos países que
establecen exigencias legales, ambientalistas para la aplicación de esos productos.
Por eso creo yo que además de . de esos productos, por eso creo yo que
además de solidarizarnos con quienes sufrieron los estragos y siguen sufriendo los
estrados de las emanaciones tóxicas de esta empresa, porque no sabemos dónde puede
llegar, porque sabemos que es cancerígeno, que puede manifestarse en los días
subsecuentes, pero además de esto, de la solidaridad, el apoyo con nuestros hermanos
guanajuatenses, también quiero aprovechar para que digamos no a todos aquellos productos
que están aplicando las trasnacionales en nuestras tierras, afectando nuestro cultivos,
aunque aparentemente por el momento haya una alta rentabilidad de la tierra.
Me sumo a quienes han hecho uso de la voz, porque sí lo requerimos en
Salamanca la solidaridad y la atención responsable y seria de todas las autoridades que
deben de confluir para atender este asunto, y a nuestro compañero del Verde Ecologista,
cuando se integre ese grupo, yo soy de los primeros en sumarme a él.
Por su antención a todos ustedes, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Rubén García.
Esta Presidencia considera el tema abordado y las participaciones de
los señores diputados de tal importancia, que se harán llegar a las autoridades del
Ejecutivo correspondientes.
Tiene el uso de la palabra, para presentar un
posicionamiento sobre las reformas a la Ley de Pesca, el diputado Rigoberto Romero Aceves,
del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL DIP. RIGOBERTO ROMERO ACEVES: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras, compañeros legisladores:
Para los diputados del Partido Acción Nacional es de vital importancia
que se atienda el desarrollo de la actividad pesquera de este país, que se definan
mecanismos para garantizar la preservación de las especies marinas y la organización de
aquellos ciudadanos que se dedican al oficio de la pesca, pesca que es parte fundamental
de la economía de este país, tanto porque se ubica en uno de los renglones importantes
de nuestras exportaciones como porque forma parte importante de la vida de muchas de
nuestras comunidades asentadas en nuestras costas.
Es importante brindar seguridad jurídica a nuestros pescadores,
seguridad jurídica mediante normas que rijan la actividad pesquera en lo que se refiere a
la interacción entre el sector pesquero y la autoridad, para definir reglas claras de
acceso, aprovechamiento y preservación de los recursos pesqueros mexicanos.
También es necesario incorporar reglas claras, a fin de eliminar la
competencia desleal que ejercen embarcaciones no reguladas, al prestar el servicio de
pesca deportiva de manera clandestina y otros servicios más.
Es importante dar más claridad y ser más específico en las
infracciones y en las sanciones. Es necesario establecer diferencias en la gravedad de
mismas, distinción en las agravantes y sancionar, de manera distinta a quienes violan la
ley sistemáticamente y de manera dolosa ...a quienes violan la ley sistemáticamente y de
manera dolosa, de aquellos de aquellos que de manera involuntaria o casual, llegan a
cometer una sanción. También es importante establecer penas corporales en el Código
Penal en materia Federal, a fin de que sean sancionadas aquellas personas que se dedican
al contrabando de los recursos pesqueros.
Ocupamos involucrar en la toma de decisiones y en la solución de los
problemas a las autoridades estatales, municipales, a representantes de los pescadores
junto con las autoridades federales. También debemos establecer la descentralización en
materia de pesca mediante la creación de Comités de Pesquerías encargados de otorgar
los permisos, las autorizaciones y las concesiones para la captura.
Lo anterior, en virtud de que es innegable la problemática que implica
el hecho de que este Sector enfrenta carencias de tipo jurídico que han provocado un
abandono del Sector y por ende, han llevado a quienes practica esta actividad no sólo a
una crisis de tipo jurídico, sino a una crisis de tipo social. Ahí tenemos los fuertes
conflictos por el acceso al pulto en Yucatán y los grandes conflictos de acceso al
camarón en Sinaloa.
La ley que actualmente se encuentra vigente es escueta, únicamente
habla de sanciones y establece facultades a la autoridad, sin embargo transfiere al
reglamento una gran cantidad de las normas que rigen la actividad pesquera; por lo que la
actual ley, lejos de regular la interacción entre el Sector Pesquero y la autoridad, más
bien parece ser un manual de operación de la Subsecretaría de Pesca y un listado de
sanciones.
Es importante que veamos por el desarrollo sincero, frontal y decidido
por la acuacultura y por la pesca en este país. Es importante que estas actividades no
queden sometidas a las decisiones discrecionales de los funcionarios de la Subsecretaría
de Pesca; valga decir que esta ley promulgada el 25 de julio de 1992, no ha cumplido con
las expectativas de brindar seguridad jurídica a los pescadores y a sus familias.
Por ello y por la importancia del Sector al que regula, requiere
cambios fundamentales en beneficio del desarrollo de la pesca en nuestro país.
Por lo antes expuesto, Acción Nacional considera viable la propuesta
de reforma a la Ley de Pesca presentada el 27 de abril de 1999; de contar con un padrón
fotocredencializado de pescadores; la matriculación de embarcaciones, pero sobre todo de
contar con Comités de Administración de Pesquerías encargados de otorgar los permisos
de pesca comercial, ya que esto establece las bases para un desarrollo integral de este
Sector, procurando certeza, certeza jurídica que conlleva al medio idóneo para subsanar
el rezago actual.
Estas reformas amplían el contexto legal, procurando más claridad
rescatando del reglamento muchas de las normas que se encuentran en él y deberían de
estar en la propia ley para darle mayor jerarquía y acción. Es el caso que a más de un
año que se presentó la iniciativa de reforma a la Ley de Pesca y al Código Penal para
el Distrito Federal en Materia Común para toda la República en Materia Federal, se ha
rebasado el tiempo legal que como plazo concede el artículo 87 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las
comisiones respectivas de esta Honorable Cámara, presentación su dictamen en los
negocios de su competencia.
En tal virtud, solicito respetuosamente a esta presidencia, que una vez
que sean conformadas las comisiones de Medio Ambiente, Recursos Natura les y Pesca y la
Comisión de Justicia y Derechos Humanos, se envíe la presente intervención a las mismas
a efecto de las consideraciones pertinente para el dictamen hasta hoy pendiente.
Muchas gracias.
PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Roberto Romero Aceves.
Esta presidencia obsequia su pedimento y en cuanto queden constituidas
las comisiones mencionadas se les hará llegar su intervención.
Honorable Asamblea: Los puntos sobre
posicionamiento, sobre Reformas a la Ley de Fomento Cooperativo, a petición del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, se retira del Orden del Día y se transfiere
para uno futuro.
Igualmente el pronunciamiento con relación al
Estado de Chiapas, a petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, se transfiere a otra sesión futura.
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Pido a la secretaría continúe con los asuntos en cartera.
LA C. SECRETARIA DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA:
Señor presidente, le informo que se han agotado los asuntos en
cartera. Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2000.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACION
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia
Cívica que con motivo del 179 Aniversario de la Consumación de la Independencia
Nacional, tendrá lugar el 27 de septiembre a las 10:00 Horas, en la Delegación
Azcapotzalco.
INICIATIVA DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a los Artículos 26, párrafo 2 y 72 párrafo 1, de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Partido
Político de la Alianza Social. (Turno a Comisión).
COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, ANALISIS DEL VI
INFORME DE GOBIERNO "POLÍTICA SOCIAL".
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
PRESIDENTE: (A las 15:23) Se levanta la sesión
y se cita par la que tendrá lugar mañana jueves 21 de septiembre a las 10:00 horas,
encareciendo su puntualidad.