DIA 27 DE MARZO DE 2001
SSESION DEL
SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 27 DE MARZO DE 2001
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ORDEN DEL DIA 27 DE MARZO DE 2001. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
| EFEMÉRIDES | |
| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
| OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN | |
| PROPOSICIONES | |
| EXITATIVAS | |
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| AGENDA POLÍTICA | |
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| APÉNDICES | |
| CLAUSURA |
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 27 DE MARZO DE 2001.
EL PRESIDENTE DIP. RICARDO GARCIA CERVANTES (Toca la campanilla y
dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del
cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados hasta el momento,
LA SECRETARIA DIP, ALMA C, VIGGIANO AUSTRIA: Se
in forma a la Presidencia que existen registrados previamente 336 diputado.
EL PRESIDENTE: Hay quórum.
(A las 11:40 horas) Se abre la Sesión.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRIA: Se va a dar lectura al
orden del día para esta Sesión.
Lectura del orden del día
ORDEN DEL DIA DE LA SESION DEL MARTES 27 DE MARZO DE 2001
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de: Chihuahua, Guerrero. Hidalgo,
Jalisco, Tamaulipas.
De los Congresos de los estados de Chihuahua, Nayarit y Puebla en
relación a las reformas del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
De la Junta de Coordinación Política.
Efemérides
Sobre el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario de la promulgación del Plan de Guadalupe, por el
distinguido Venustiano Carranza, a cargo del diputado Jesús de la Rosa Godoy, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reformas a los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales y 420 del Código Penal Federal. relativos al tráfico de la fauna, a cargo del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley Federal de Correduría Pública, Ley General de
Sociedades Mercantiles. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, a cargo del diputado David Augusto
Sotelo Rosas. del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a
Comisión).
De reformas a los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 36, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 10, 12. 14, 15 y 33, de la Ley de Aeropuertos, a cargo
del diputado Alejandro R. García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, con relación al Poder Legislativo, a cargo del diputado
Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2001, a
cargo del diputado José Marcos Aguilar Moreno, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite comunicación del Congreso del estado de
Tamaulipas, respecto a las reformas del artículo 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Con el que se remite comunicación del Congreso del estado de Veracruz,
por el que se informa que ha cumplido cabalmente con el plazo estipulado para adecuar su
Constitución y su Ley Orgánica Estatal.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los
ciudadanos Lauro Alvarez Gordillo, Antonio González Cabrera. Leonel López Castellanos.
Octavio Macías Moreno. Ricardo Valdés Ruiz, José Miguel Cortés Ortega, Jorge de Jesús
Díaz Pascacio. Enrique Nava López, Lester Hiram Nuño Núñez. Sergio Cardoso Juárez,
Armando Zepeda Salas, Juan José Martínez Rivas. Mirsa Beltrán Fosado. Luis Daniel Meza
Lizárraga, José de Jesús de la Torre Franco, Angélica Esmeralda Morales Sánchez,
Laura Elena Mundo Marín y Juan Paniagua, puedan prestar servicios en la Embajada y en los
Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en México y la cancelación de
permisos otorgados. (Turno a Comisión)
Proposiciones
Con Punto de Acuerdo en relación a las reformas del artículo 115 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Neftalí
Salvador Escobedo Zoleto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
Comisión).
Con Punto de Acuerdo que exhorta a la Semamat y Sectur para que
establezcan criterios para mitigar y prevenir cualquier impacto social y ambiental en el
Proyecto denominado "Escalera Náutica", a cargo del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo sobre la problemática que se presenta en el
Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la ciudad de México, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a que
se ponga mayor atención a la lucha contra la prostitución infantil y la explotación de
menores, a cargo del diputado José Bañales Castro, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a dos indígenas presos en el estado
de Colima, a cargo del diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación al nombramiento del Embajador de
Bolivia en México, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar. del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo relativo al conflicto en Chiapas. a cargo del
diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a Comisión).
Excitativas
A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Elías
Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del diputado Jesús
Garibay García, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda, a cargo
del diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional. (Turno a Comisión).
Agenda política
Pronunciamiento sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de los grupos
parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento en relación a las cajas populares en el estado de
Jalisco, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre los 100 primeros días del Gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, a cargo del diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
LA SECRETARIA: Es todo, señor Presidente.
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EL PRESIDENTE: Gracias señora diputada
Secretaria.
Esta Presidencia informa que el desarrollo de esta Sesión en cuanto a
su duración se rige por el artículo 28 del Reglamento para el Gobierno Interior, que
establece una duración de cuatro horas, al término de las cuales, los temas que queden
pendientes se incorporarán al orden del día de la próxima sesión.
Quiero rogar a los señores legisladores que están dando entrevistas
en el Salón de Sesiones, pasen al área de prensa para atender a los medios de
comunicación antes de continuar con la sesión.
Gracias. El siguiente punto del orden del día es la discusión del
acta de la Sesión anterior,
En virtud de que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria del día
de hoy, ruego a la señora Secretaria consulte a la asamblea si se dispensa la lectura.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRIA: Por instrucciones de la
Presidencia, se pregunta si se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, en
virtud de que ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores parlamentarios para
proceder a su votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Muchas gracias. Los ciudadanos diputados que están por la negativa,
sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Hay mayoría, señor Presidente por la dispensa.
EL PRESIDENTE: Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior y
ruego a la Secretaría proceda a ponerla a discusión y votación de inmediato.
ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNION, CELEBRADA EL JUEVES VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL UNO. CORRESPONDENTE AL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA
LEGISLATURA.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos
Mexicanos, a las once horas con treinta minutos. del jueves veintidós de marzo de dos mil
uno, con la asistencia de trescientos cuarenta y siete diputados, el Presidente declara
abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la Asamblea aprueba el
acta de la sesión anterior en sus términos, en votación económica.
Se da cuenta con las siguientes comunicaciones:
Del Congreso del Estado de Morelos, con la solicitud de que se cumpla
el pago de apoyos económicos a los arroceros de esa entidad. Se turna a la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública.
Del Congreso del Estado de Morelos, con la solicitud de que se revise
la política de incremento de precios a los energéticos, especialmente al gas butano. Se
turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comercio y Fomento Industrial
Del Congreso del Estado de Nayarit, con la que remite copia de reformas
a la Constitución Política de esa Entidad e informa de actividades propias de su
legislatura De enterado.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informando de
actividades propias de ese cuerpo colegiado. De enterado.
De la Cámara de Senadores, comunicando el inicio de su Segundo Periodo
de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura. De enterado.
Se refieren al aniversario del natalicio de don Benito Juárez García
los diputados: Nahum Ildefonso Zorrilla Cuevas del Partido Revolucionario Institucional;
Pablo Arnaud Carreño, del Partido Acción Nacional; Héctor Sánchez López, del Partido
de la Revolución Democrática; Alejandro Rafael García Sainz Arena del Partido Verde
Ecologista de México; y Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Al cierre del sistema electrónico existen registrados cuatrocientos
cincuenta y tres diputados.
Dos iniciativas del Poder Ejecutivo Federal:
Que reforma el diverso que aprueba el Convenio Constitutivo de la
Corporación Interamericana de Inversiones y establece las bases para su ejecución en
México.
Que reforma el artículo segundo de la Ley que establece las bases para
la ejecución en México, por el Poder Ejecutivo Federal, del Convenio Constitutivo de la
Asociación Internacional de Fomento.
Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Iniciativas de los siguientes diputados:
Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de
México. que expide la Ley de ]os Husos Horarios de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna
a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Partido de la Revolución
Democrática de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Raúl Cervantes Andrade, del Partido Revolucionario Institucional, que
reforma el artículo cuarto de la Ley Federal de Competencia Económica.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial, de
Comunicaciones y de Transportes.
Proposiciones con punto de acuerdo de los diputados:
David Penchyna Grub, del Partido Revolucionario Institucional, para
solicitar al Gobierno mexicano que intervenga ante el de los Estados Unidos de América,
por el asesinato de Roberto Chávez Resendiz, en Arizona.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Población,
Fronteras y Asuntos Migratorios.
Sobre el mismo asunto se pronuncian los diputados: Sergio Acosta
Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Santiago Guerrero Gutiérrez, del
Partido Revolucionario Institucional; Francisco Patiño Cardona, del Partido de la
Revolución Democrática, quien presenta una adición a la proposición del diputado
Penchyna Grub que se turna a las mismas comisiones; y Melitón Morales Sánchez, del
Partido Revolucionario Institucional
Para rectificar hechos, hablan los diputados: José Antonio Calderón
Cardoso, del Partido Alianza Social; Eduardo Arnal Palomera, del Partido Acción Nacional;
y Víctor Emanuel Díaz Palacios, del Partido Revolucionario Institucional.
Se refiere al tema, el diputado Tomás Torres Mercado, del Partido de
la Revolución Democrática.
La Asamblea considera que el tema no ha sido suficientemente discutido
y continúan en el uso de la palabra los diputados: Víctor Roberto Infante González, del
Partido Revolucionario Institucional; Héctor Méndez Alarcón, del Partido Acción
Nacional y Timoteo Martínez Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática,
solicitando la intervención de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para
que vigile la organización y beneficios comunitarios de la Cumbre Tajín dos mil.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Se turna a la Comisión de Cultura.
Para rectificar hechos, hablan los diputados: Jaime Mantecón Rojo, del
Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones;
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Luis Alberto Villarreal García, del Partido Acción Nacional;
Bonifacio Castillo Cruz del Partido de la Revolución Democrática; y José Sergio Rodolfo
Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional.
Jaime Arturo Larrazábal Bretón, del Partido Revolucionario
Institucional, relativo al presupuesto del Colegio de Posgraduados. Se turna a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El Presidente informa de los trámites que se darán al dictamen de la
Junta de Coordinación Política, con punto de acuerdo relativo al diálogo del Ejército
Zapatista de Liberación Nacional con el Poder Legislativo Federal y las bases jurídicas
en las que se apoya. La Secretaría da lectura al dictamen y al voto particular del
diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
Por la importancia del documento, se publica el dictamen y el Voto
Particular, como parte de esta acta.
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder
Legislativo Federal. Cámara de Diputados. Junta de Coordinación Política. LVIII
Legislatura.
"CC. Secretarios de la Mesa Directiva de la H. Cámara de
Diputados
Presentes.
"A esta Junta de Coordinación Política fue turnada por
instrucciones de la Presidencia de la Mesa Directiva, la Proposición con Punto de Acuerdo
de los Diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y Auldárico Hernández Gerónimo, en el que
someten a la consideración de la Cámara, primero, que en relación al problema de
Chiapas, el asunto fundamental que debe resolverse por el Congreso, es la aprobación de
la Ley Indígena, de la Iniciativa de la COCOPA'; y, segundo, que para lograr tal objetivo
se escuche a los actores del conflicto, por lo que según exponen, 'debe abrirse la
tribuna del Congreso a un representante del Ejecutivo Federal y a un representante
indígena del EZLN'.
"La Junta de Coordinación Política advierte en la propuesta del
Punto de Acuerdo un justificado propósito de dar cauce a las soluciones del conflicto
existente en el Estado de Chiapas, de manera que coincide con el espíritu de la misma y
se suma al aliento con que propone mecanismos para una solución adecuada al respecto.
"Sin embargo, no resulta consecuente con los procedimiento y
normas que rigen al Congreso, aprobar un Punto de Acuerdo que determine a priori el
sentido en que deba pronunciarse el Congreso respecto de la Ley Indígena; es decir, no
puede la Cámara de Diputados comprometer mediante un Punto de Acuerdo la aprobación de
una Ley que no ha sido dictaminada ni siquiera por la Cámara de origen y que formalmente
no está puesta a la consideración de este órgano legislativo para sus efectos
constitucionales.
"En segundo lugar, tampoco es procedente promover una
comparecencia dialogada o dual entre servidores públicos y personas representativas de
agrupaciones que tienen interés en el proceso legislativo del proyecto que se menciona,
pues la interlocución debe ser entre las autoridades y el Congreso, y/o entre las
autoridades y los particulares.
"No existe ningún precedente de que se haya dado nunca esta
mixtura de comparecencia ni existe sustento legal alguno para fundarlas.
"En consecuencia, a partir de la propuesta del Punto de Acuerdo,
esta Junta considera conveniente promover una alternativa a fin de dar acceso a los
recintos de la Cámara a representantes del EZLN y permitir que sus planteamientos sean
escuchados por las comisiones y legisladores que habrán de participar en el momento
constitucional correspondiente en el estudio de la Minuta que en su caso envíe el Senado
de la República. Esto significa abrir los recintos parlamentarios en forma excepcional y
cuando las circunstancias así lo aconsejen, a líderes y ciudadanos cuya voz y
planteamientos ante la representación nacional puedan aportar elementos sustantivos en
las valoraciones de iniciativas de ley.
"En virtud de lo anterior y por considerar que la comparecencia de
particulares que puedan proporcionar información y puntos de vista orientadores y
autorizados ante las comisiones es una práctica inveterada de las Cámaras del Congreso
mexicano, esta Junta de Coordinación Política considera que hay razones suficientes para
admitir la presencia de los integrantes de la organización mencionada y aprobar un Punto
de Acuerdo en tal sentido si su propósito está dirigido a permitir que en esta ocasión
excepcional puedan acceder al Salón de Sesiones de la Cámara personas que no sean
legisladores o funcionarios autorizados por la Constitución, la Ley Orgánica y el
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
"Existen numerosos precedentes de sesiones de Cámara en las que
dignatarios de otros países o personajes notables y distinguidos han sido invitados a
hacer uso de la palabra en la máxima tribuna de es te órgano representativo de la
República, para lo cual la asamblea ha adoptado acuerdos o emitido decretos que así lo
han autorizado. El apoyo constitucional de tales determinaciones es la fracción I del
artículo 7º de la Ley Fundamental, que faculta a cada Cámara para 'dictar resoluciones
económicas relativas a su régimen interior'.
"La posibilidad de que excepcionalmente hablen en la tribuna
camaral líderes sociales diversos deviene. en consecuencia, de la decisión adoptada por
la asamblea soberana de las Cámaras. Recibir a individuos notables y permitirles
transmitir mensajes o a hacer uso de la palabra ante éstas, es una decisión autónoma y
un acto de soberanía que, apoyado en la norma constitucional invocada, no requiere de
ninguna otra disposición secundaria para ser jurídica mente válido.
"La determinación que se solicita adoptar en el presente caso,
constituye una inferencia derivada del análisis de las prácticas y de las normas que se
mencionan en el cuerpo de este escrito, cuyo ámbito de aplicación corresponde
únicamente a la Cámara de Diputados por lo que en uso de las atribuciones que le concede
el numeral 1 inciso a) del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Esta dos Unidos Mexicanos, esta Junta de Coordinación Política propone se instruya a las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas a que reciban en el
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados a los representantes del EZLN y escuchen sus
razonamiento y opiniones respecto del tema.
"A la presentación de este Dictamen, se suscitaron opiniones de
la representación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que coincidieron
en la necesidad de la reunión con las Comisiones Unidas y discreparon respecto de la
posibilidad del uso de la Tribuna del Congreso y del Salón de Plenos, para lo cual se
presentó un voto particular, mismo que se anexa al presente.
"El Punto de Acuerdo incluye la posibilidad de que asistan todos
los legisladores que quieran participar en la misma y para efectos de propiciar una
Comunicación abierta con la H. Colegisladora, se invitará asimismo a las Comisiones de
Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la Cámara de
Senadores.
"En consecuencia de lo anterior, esta Junta de Coordinación
Política se permite someter a la consideración de la H. Asamblea el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
"1° Para la Cámara de Diputados, el análisis y valoración de
la Iniciativa de Reforma Constitucional en Materia Indígena, es un asunto relevante y es
importante que los Ciudadanos Legisladores dispongan de los mayores elementos para nutrir
su dictamen: de igual manera, es de la mayor significación para esta Legislatura,
coadyuvar a la solución política del conflicto entre el EZLN y el Poder Ejecutivo.
"2° Se instruye a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de
Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, reciban a los representantes del EZLN y que
a esta reunión de Comisiones Unidas, se invite a los integrantes de la Junta de
Coordinación Política, a los integrantes de la COCOPA, los miembros de las Comisiones de
Puntos Constitucionales, de Asuntos Indígenas y de Estudios Legislativos de la Cámara de
Senadores. Asimismo, podrán asistir los legisladores, diputados y senadores, que lo
deseen.
'3° Dicha reunión, se realizará, por excepción, en el Recinto de
Plenos de la H. Cámara de Diputados.
''4° La mecánica de la Reunión será definida por la Junta de
Coordinación Política de la H. Cámara de Diputados, en consulta con las Comisiones
respectivas".
Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de marzo de 2001.
Diputada, Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Junta y Coordinadora
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Anotación de puño y
letra) A favor del dictamen como Presidenta de la Junta de Coordinación Política y en mi
calidad de Coordinadora del Grupo Parlamentario con el voto libre individual de cada
diputado.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional. (Anotación de puño y letra) En contra del dictamen y a
favor del voto particular.
Diputado Martí Batres Guadarrama, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
Diputado Bernardo de la Garza Herrera, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo.
"Voto Particular
"Propuesta de Punto de Acuerdo
"Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional, hemos manifestado por todos los medios posibles, nuestra firme posición
a favor de la paz en el Estado de Chiapas y en el país, así como nuestra amplia
disposición para la realización del diálogo entre las partes, con respeto a las
personas, las instituciones y las leyes.
"Ante los últimos acontecimientos y la anunciada presencia de
representantes del EZLN frente al Palacio Legislativo. sede de la Cámara de Diputados los
diputados del PAN tenemos una propuesta que pudiera contribuir a facilitar el diálogo.
Con fundamento en los artículos 397 párrafo primero de la Ley
Orgánica del Congreso General, y 58, 59, 60 y 61 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso, presentamos a la Asamblea de la Cámara de Diputados la siguiente propuesta
de Punto de Acuerdo:
"U n i c o
'La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión instruye a los
diputados integrantes de las Comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y
Seguridad Pública y Asuntos Indígenas, para que en sesión de Comisiones Unidas, se
reciba y atienda a una delegación del EZLN, en la 'Sala Legisladores' del Palacio
Legislativo.
"En razón de esta proposición se le solicita al Presidente de la
Cámara que le dé trámite de urgente y obvia resolución. de acuerdo al artículo 59 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso".
Palacio Legislativo de San Lázaro, 22, marzo, 2001.
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Debaten el punto de acuerdo presentado por la Junta de Coordinación
Política, los diputados: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción
Nacional, en contra; Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática,
en pro; y Beatriz Elena Paredes Rangel, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo y recoge la votación
nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos veinte votos en pro y
doscientos diez en contra. Publíquese íntegro en la Gaceta Parlamentaria y cúmplase su
contenido.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas,
citando para la que tendrá lugar el martes veintisiete de marzo de dos mil uno. a las
once horas.
LA SECRETARIA DIP. ALMA C. VIGGIANO AUSTRIA: Se pone a discusión el
acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se
pregunta si se aprueba,
Los ciudadanas diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo
(Votación)
Muchas gracias, Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo.
Hay mayoría, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Aprobada el acta de la sesión anterior.
Muchas gracias señora Secretaria.
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El siguiente corresponde a comunicaciones y ruego al señor Secretario
diputado Medellín, proceda a dar lectura a las mismas.
EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN:
Comunicación de los Congresos de los estados de: Chihuahua Hidalgo
Jalisco y Tamaulipas mediante los cuales comunican elección de Mesas Directivas, clausura
y apertura de sus períodos respectivamente.
EL PRESIDENTE: De enterado
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APENDICE No. 2
EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN:
Del Congreso del estado Guerrero.
EL PRESIDENTE: De enterado
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APENDICE No. 3
EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN:
Del Congreso del estado de Tamaulipas.
EL PRESIDENTE: De enterado.
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EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN:
De los Congreso de los estados de Chihuahua, Nayarit y Puebla.
De Chihuahua remite la aprobación relativa a la reforma de la
Constitución Política del estado de Chihuahua y del Código Municipal.
De Nayarit, con fecha 24 de enero de 200t, se aprobaron las reformas a
la Constitución Política en Materia Municipal del estado de Nayarit.
De Puebla, con fecha 2 de marzo del año en curso, se hizo la
declaratoria de reformas a la Constitución del Estado Libre y Soberano de Puebla.
EL PRESIDENTE: De enterado y túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales para su conocimiento.
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EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN:
Lectura de Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para aumentar
el número de Secretarías de la Comisión del Distrito Federal.
EL PRESIDENTE: Señor Secretario, don Manuel Medellín, consulte a la
asamblea en votación económica, si el Punto de Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política es de aprobarse por esta asamblea.
EL SECRETARIO MANUEL MEDELLIN NIILAN: Por indicaciones de la
Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Aprobado el Punto de Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política que incrementa las Secretarías en las Comisiones referidas,
publíquese en la Gaceta Parlamentaria y cúmplase.
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EL PRESIDENTE: El siguiente punto del orden
del día, corresponde a pronunciamientos sobre el Aniversario de la Promulgación del Plan
de Guadalupe por el distinguido Venustiano Carranza, e inmediatamente después
pronunciamiento sobre el Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta.
Se han inscrito para referirse al Aniversario de
la Promulgación del Plan de Guadalupe, los diputados: Jesús de la Rosa Godoy y Ja
diputada Norma Patricia Riojas Santana; se ofrecerá el uso de la palabra en ese orden. En
consecuencia y por diez minutos para referirse a la Promulgación del Plan de Guadalupe,
se concede el uso de la palabra al diputado don Jesús de la Rosa Godoy, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIP. JESUS DE LA ROSA GODOY: Con su permiso, señor Presidente;
señoras y señores diputados: En esta ocasión que se celebran 88 años de la
promulgación del Plan de Guadalupe, hago uso de la tribuna por varios motivos que esto
encierra.
Primero. Porque dicho Plan fue promovido por el gobernador
constitucional del estado de Coahuila, mi estado, don Venustiano Carranza de la Garza.
Segundo. Porque es originario de uno de los municipios del desierto, de
lo cual me honro yo en ser su representante por ser parte del Distrito 02 y que es Cuatro
Sienegas de Carranza.
Tercero. Porque estamos comprometidos a darle vigencia a la
Constitución y a las instituciones de la República.
Del mismo modo que el ser humano, las naciones son en lo esencial
historia viva de la sociedad y la comprensión de cualquier hecho histórico, requiere que
se le vea a esto como un dato fundamental para valorar la grandeza del heroico pueblo de
México.
Aquí valdría recordar el pensamiento de Santaella que decía:
"Quien no reconoce su historia o la historia de su pueblo, está condenado a
repetirla. " Y los mexicanos no deseamos regresar a conflictos que nos dejen hondas y
profundas heridas entre nosotros.
El nombre de don Venustiano Carranza es de una notoriedad histórica,
de máxima expresión, cuya vocación y personalidad, así como su proyecto sobre la
historia de México, ofrece una magnífica oportunidad para resaltar los dones de la
próspera tierra coahuilense en el marco de la integración en la consolidación del
país.
La presencia ejemplar del Barón de Cuatro Siénegas procede de su
lucha ejemplar y de sus acciones que contribuyeron a forjar la nación independiente,
libre y soberana y constituye una visión de época que al mismo tiempo deja como legado
un testimonio para las generaciones del presente y del porvenir.
El Plan de Guadalupe surge como respuesta al ominoso crimen de Estado
perpetuado contra el Presidente Francisco I. Madero, y el Vicepresidente Pino Suárez, y
surge también por la usurpación del poder a cargo de Victoriano Huerta, surge como
reproche por la forma ilegítima de que se valieron para adueñarse del poder quienes con
un exceso pernicioso y ambición desmedida, trastocaron el orden constitucional de la
República.
El Plan de Guadalupe promulgado el 26 de marzo de 1913 en el estado de
Coahuila, convoca a los ciudadanos mexicanos a organizarse y a armar fuerzas para el
sostenimiento del orden constitucional del país; convoca a todos los gobernadores de los
estados, a los jefes de arma, a las autoridades, y al pueblo en general, al
desconocimiento absoluto de todos aquellos acuerdos, todos los actos y determinaciones del
espurio gobierno de Victoriano Huerta. A esto se debió que el gobernador de Coahuila, don
Venustiano Carranza, se levantara en armas para derrocar a Huerta, al usurpar éste el
poder público de la nación mexicana interrumpiendo con esta acción el orden
constitucional.
Como consecuencia de lo ocurrido, al presidente Madero y al
vicepresidente Pino Suárez, don Venustiano Carranza se reúne en la Hacienda de Guadalupe
del municipio de Ramos Arizpe, Coah., y firma con otros grupos de distinguidos mexicanos
el Plan de Guadalupe.
Este movimiento que da continuidad a la revolución de México, forma a
través de muchos años, con experiencias positivas y negativas, un factor fundamental
para el perfeccionamiento de nuestra vida democrática, superando la etapa de las normas
por la etapa de la armonía política y civilizada, así como la posibilidad de dar paso
al libre entendimiento de nuestras ideas por la vía del diálogo pacífico.
El es presidente municipal de Cuatro Ciénegas, en dos ocasiones, y
gobernador primero constitucional, después don Venustiano Carranza había señalado en
uno de sus recorridos por la región lagunera, su decisión inquebrantable de defender la
legalidad, el orden y la soberanía de México, cuando expresó en el municipio de San
Pedro de las Colonias: "Si mañana o pasado se trastoca el orden constitucional, yo
seré el primero en responder en la forma que las circunstancias lo demanden, para
mantener y sostener al gobierno de México democráticamente constituido. "
De ahí que no fue casual que al recibir la noticia de que Victoriano
Huerta había hecho prisionero al presidente de la república y al vicepresidente, de
inmediato envió una iniciativa al Congreso del Estado, quien después emitió el
siguiente decreto, en donde uno de sus principales artículos señalaba:
"Artículo 1o. Se desconoce al general Huerta en su carácter de
Jefe del Poder Ejecutivo de la República, que dice él le fue conferido por el Sena do, y
se desconocen también todos los actos y disposiciones que dicte con ese carácter".
A muchos años de distancia la sociedad mexicana enfrenta graves retos
y nuevos desafíos, pero también nos ofrece la enorme oportunidad de superar problemas
ancestrales y lograr consolidar la institucionalidad del país.
Somos un país de instituciones, por ellas seguiremos comprometidos,
esos cambios nos impulsan cada día a buscar nuevos caminos, para revertir procesos que
ante la realidad del mundo, nos ubiquen por la ruta del entendimiento.
Durante muchos años hemos venido promoviendo el diálogo como una
conquista de nuestra democracia y como un ejercicio libre de los mexicanos. Ha sido a
través del diálogo como hemos venido construyendo las instituciones de la república, y
será a través del diálogo como habremos de con solidar el proyecto de nación, que
están exigiendo los mexicanos.
Los principios de soberanía, democracia, justicia y libertad, deben
ser ejercicios cotidianos de todos los legisladores comprometidos con el país.
Por eso la figura de Carranza surge en uno de los períodos más
complejos de la revolución mexicana. A la caída de Madero, a su asesinato, a la
intervención extranjera, la restitución de la legalidad y el constitucionalismo
mexicano, dan vigencia a la personalidad del Varón de Cuatro Ciénegas, don Venustiano
Carranza.
Don Venustiano Carranza tiene una sola ideología en lo interno: la
defensa del orden constitucional; y en lo externo: la defensa de nuestra Carta Magna y la
soberanía de la nación.
Y aun en su persecución rumbo a Tlaxcalaltongo mostró signos de
desgano o debilidad, por el contrario, y lo señala don Luis Cabrera, caminaba erguido,
majestuoso, digno de su porte, aunque quizá dolorido en su corazón, caminaba sin
demostrar el más leve disgusto o el menor temor, ira o des consuelo. Callado, digno,
severo y altivo, como una bandera o como símbolo de nacionalidad.
Convencidos del espíritu de Carranza, busque más la unidad de los
mexicanos, porque la unidad nos fortalece y nos impulsa al progreso del país. Hagámoslo
con optimismo por el bien de México.
El futuro o los retos que vienen no nos arredran, hoy, como ayer con
don Venustiano Carranza, seguiremos contribuyendo a la consolidación de las instituciones
de la república. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado don Jesús de la Rosa Godoy. Se
ofrece el uso de la palabra a la diputada Patricia Norma Riojas Santana del Partido de la
Sociedad Nacionalista hasta por diez minutos.
LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA. Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras diputadas, compañeros diputados.
El Partido de la Sociedad Nacionalista acude a esta tribuna para
celebrar el Octagésimo Octavo Aniversario de la Promulgación del Plan de Guadalupe o
Manifiesto de la Nación firmado en la Hacienda de Guadalupe en el estado de Coahuila el
26 de marzo de 1913.
A los nacionalistas no nos interesa recordar una fecha, sino destacar
la importancia y trascendencia. Esta fecha del 26 de marzo de 1913, que es el Plan de
Guadalupe, marca la constitución de las instituciones de nuestro
El asesinato de Madero y Pino Suárez por Victoriano Huerta el 22 de
febrero de 1913, provocaría que la lucha armada iniciada en 1910 contra la dicta dura
Porfirista bajo el lema de "Sufragio efectivo. No reelección", surgiera con
gran fuerza para dar por concluida de forma legal a todas las demandas populares que
originaron la revolución.
El acto de deslealtad y traición cometido por el General Huerta, lo
convirtió en Jefe de Gobierno Mexicano, felonía avalada por 25 gobernadores y Jefes
Militares.
Sin embargo, el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza; el de
Sonora, José María Maytorena; Zapata en el sur, Saturnino Cedillo en San Luis Potosí,
algunas partidas operantes en Michoacán, Veracruz y Guerrero; Francisco Villa en el
estado de Chihuahua y el senador Belisario Domínguez, autor de una protesta que exhortó
a sus colegisladores a evitar la vergüenza de tener por Presidente a un traidor y
asesino, desconocieron el gobierno de Huerta.
En este contexto no podemos olvidar la participación del embajador de
los Estados Unidos de Norteamérica en México, Henry Lane (?) Wilson, quien utilizando su
posición ayudó al triunfo del golpe de Estado organizado por el General Victoriano
Huerta. Sin duda es el responsable indirecto de los asesinatos de Francisco I. Madero,
José María Pino Suárez, gobernantes legítimos de México. El representante
estadounidense no sólo atentó contra un gobierno, sino contra la legalidad y soberanía
de la Nación Mexicana.
La oposición contra el gobierno usurpador, necesitaba un programa y un
jefe con prestigio que unificara las fuerzas armadas. Esta función recayó en Venustiano
Carranza, a quien le correspondió el papel de rector de levantar el estandarte del
constitucionalismo.
El 26 de marzo de 1913 en la Hacienda de Guadalupe situada en el estado
de Coahuila, Venustiano Carranza proclamó el Plan por el que se desconocía a Huerta como
Presidente de la República. Dentro de los puntos más relevantes de este documento
encontramos:
Primero. Se desconoce al General Victoriano Huerta como Presidente de
la República; se desconoce también a los Poderes Legislativo y Judicial de la
Federación; se desconocen a los gobiernos de los estados, quienes después de 30 días de
la publicación del Plan siguieran reconociendo a los Poderes Federales.
Se nombra como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista a
Venustiano Carranza, quien a la toma de la Ciudad de México se encargaría interina mente
del Poder Ejecutivo y convocaría a elecciones generales.
La importancia del Plan de Guadalupe radica en que el movimiento
gestado es por restaurar la legalidad, preservar las instituciones de un régimen
republicano y democrático; es decir, acuñar el término constitucionalista.
En la actualidad, las luchas por la constitucionalidad y la justicia
son reivindicadoras y no un tema de moda como el que cualquier persona puede abanderar.
Los nacionalistas sabemos que el argumento carrancista no ha dejado de
tener vigencia y que el Congreso de la Unión es una institución que debe velar,
comprometerse y garantizar la primacía de la Constitución sobre cualquier ley o hecho.
Compañeros y compañeras, no podemos olvidar, tanto como legisladores
y ciudadanos este documento que rescató la constitucionalidad en nuestro país, ya que
son estos acontecimientos los que han contribuido a las construcción de las instituciones
contemporáneas. No podemos ir hacia adelante sin saber de dónde venimos. Un pueblo que
no tiene memoria histórica es un pueblo condenado al fracaso.
Es cuanto, señor presidente.
PRESIDENTE: Muchas gracias diputadas doña Norma Patricia Riojas
Santana.
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El siguiente punto de la Orden del Día se
refiere a los comentarios que sobre el aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio
Murrieta, formulará el diputado don Fernando Ortiz Arana, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, a quien se le concede el uso de la palabra hasta por
10 minutos.
DIP. FERNANDO ORTIZ ARANA: Con su permiso señor presidente; señoras y
señores diputados:
Voy a rogar su atención unos minutos con objeto de referirme a los
siete años que se acaban de cumplir, del asesinato de Luis Donaldo Colosio y a la
actualidad que tiene para México su pensamiento político.
Voy a presentar ante ustedes a Luis Donaldo Colosio, primero como
diputado; después como dirigente político; como candidato del PRI a la presidencia de la
República; como amigo y en su legado hacia nuestro país.
Luis Donaldo Colosio fue diputado federal; estuvo en este recinto y
siempre honró la representación que le fue conferida. Muchos de quienes hoy estamos
nuevamente en la Cámara de Diputados, recordamos a Luis Donaldo Colosio, como presidente
de la Comisión, lo recordamos también en tribuna y lo recordamos en las negociaciones
inherentes a la responsabilidad que desempeñaba. Fue un diputado federal exigente;
escrupuloso en el cumplimiento de su responsabilidad; fue también y seguramente muchos lo
recuerdan así, un diputado que acreditó una gran capacidad y talento políticos. Pero
además, además Colosio mostraba una gran sencillez que hacía que todos le tuvieran
respeto y aprecio personal. Luis Donaldo fue un diputado incluyente; sin abdicar de las
convicciones priístas Colosio sabía con ciliar con otras posturas políticas para
convencer y para sumar. Fue Luis Donaldo Colosio, un gran legislador, como damos
testimonio de ello, compañeros de la LIII Legislatura, de diversas fuerzas políticas.
Luis Donaldo desde muy joven mostró su convicción de militante
partidista. Fue dirigente nacional de nuestro partido; fue el dirigen te del diálogo y de
la diversidad; fue dirigente político que impulsó un entendimiento entre las fuerzas
partidarias donde privara la razón, los argumentos; impulsó siempre una política de
participación responsable .
Los priístas, los priístas recordamos la XIV Asamblea Nacional de
nuestro partido, asamblea que fue el inicio de la transformación y del cambio en el PRI;
asamblea que promovió la crítica al interior del partido y que inició la democracia
interna para la elección de dirigentes y de candidatos en el PRI.
Fue un dirigente político Luis Donaldo, que podíamos llamar del
convencimiento, de la militancia, impulsor de la política de responsabilidades
compartidas. Supo respetar a todos los priístas y a todos sumarnos en las tareas de
renovación del PRI. También como dirigente nacional Colosio nunca escatimó las derrotas
que entonces sufrimos y siempre supo respetar a nuestros adversarios.
Luis Donaldo, como candidato a la Presidencia de la República, propuso
a los mexicanos una reforma del poder. Afirmaba, y con razón, que uno de los males
principales de México radica en la concentración excesiva del poder. Por eso planteaba
una Presidencia de la República acotada, un congreso nacional con mayores atribuciones,
un federalismo que se ocupara mayormente y en forma real de estados y municipios y la
reforma al sistema de justicia en México.
Hizo una propuesta para democratizar el poder y por eso pienso que es
actual el pensamiento y la propuesta política de Luis Donaldo Colosio.
Colosio fue un entrañable amigo; dio y mereció amistad. Colosio era
un hombre cabal, en el cual se podía tener confianza. Cumplía sus compromisos. Yo no
quiero decir que Luis Donaldo no haya tenido defectos; los tuvo, como los tenemos todos.
Pero esos dejo que los señalen sus críticos; a los amigos nos toca mantener lealtad y
esto implica hablarle al amigo en su momento con respeto y con franqueza.
A 7 años de su asesinato se mantiene el agravio que se cometió a
todos los mexicanos con su magnicidio. Se han dado múltiples explicaciones; lo cierto es
que los priístas pensamos que no debe haber ni investigación archivada, ni tampoco
imputaciones sin elementos de prueba. Hemos de estar al resultado de las indagatorias y a
la determinación que hagan los jueces.
Compañeras y compañeros diputados: Los priístas quisimos venir este
día a esta tribuna y a este recinto donde estuvo Luis Donaldo para destacar su legado
político y democrático y decimos que es actual porque, señoras y señores diputados,
nadie puede negar que es actual la propuesta que presentó Colosio para que tuviéramos
capacidad de establecer un sistema distinto para la distribución de la riqueza en México
y definitivamente acabar con la pobreza en la que están millones de mexicanos.
Es actual la convicción de Colosio para que el ejercicio del poder
político, señoras y señores diputados, se mantenga cuidado por los órganos competentes
pero además sujeto al escrutinio de la opinión pública y de la sociedad en México.
Es actual el pensamiento de Luis Donaldo cuando proponía que el
Congreso debe asumir mucho mayores facultades y ser más órgano de gobierno y no sólo
hacedor de leyes y controlador del Poder Ejecutivo.
El pensamiento de Colosio es actual; la reforma del poder está aún
pendiente en nuestro país.
Finalmente, señoras y señores diputados, Colosio estuvo en este
recinto, estuvo en esta tribuna. Fue compañero de varios de nosotros como legislador,
compañero de partido de muchos y compañero de todos, de todos los mexicanos en el
propósito de construir la patria y la nación que todos queremos.
Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado Don Fernando Ortiz Arana.
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Para desahogar el siguiente punto del orden
del día, que se refiere a la presentación de iniciativas por parte de las señoras y
señores diputados, se concede el uso de la palabra a la Diputada María Teresa Campoy Ruy
Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar
iniciativa de reformas a los artículos 194 del Código Federal de Procedimientos Penales
y 420 del Código Penal Federal, relativos al tráfico de la fauna.
LA C. DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ [PVEM]:
Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNION. P R E S E N T E
BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO
ARÉVALO GONZALEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, OLGA PATRICIA
CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO
BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA
SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR
GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior
discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La excentricidad, la moda, las creencias o el placer de tener una
variedad silvestre en casa (la mayoría de veces enjaulada) o en los zoológicos, están
contribuyendo a poner en grave riesgo de extinción a muchas especies, al ser sacadas de
su hábitat.
Se debe agregar que más de las tres cuartas partes de los animales
capturados mueren antes de llegar a su destino, por la crueldad con que son empacados para
evitar los riesgos de ser descubiertos en los pasos fronterizos. Otros morirán al no
poder adaptarse a las condiciones climáticas adonde son llevados, o simplemente morirán
de tristeza porque son privados de su libertad.
Es de hacer notar que, por lo general, para poder apoderarse de un
espécimen que no ha alcanzado la edad adulta, y luego traficarlo, como en el caso de
muchos mamíferos (monos, felinos, roedores, etcétera), han tenido que asesinar a las
madres.
De la misma forma, la Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (UICN) considera que el trasiego de especies por las fronteras es culpable de
la degradación de la biodiversidad en el último siglo, unido con otros problemas como la
caza excesiva y la degradación de los ecosistemas; esto último es de alarmante
crecimiento en México.
Según la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (Coda),
con sede en Madrid, el tráfico de especies es el responsable de la extinción del 40 por
ciento de las citadas, desde 1600.
El tráfico ilegal de especies, el tercero más lucrativo tras las
drogas y las armas, ha situado al borde de la extinción alrededor de 700 especies. La
venta de animales, plantas silvestres y de productos manufacturados derivados de las
mismas, se estima que mueve más de diecisiete billones de dólares anuales, de los
cuales, aproximadamente diez billones corresponden al tráfico ilegal de fauna y siete al
de flora. Pero además, por esta misma razón se encuentran amenazadas 2.300 especies
animales y 24.000 especies vegetales.
Los siguientes son solo algunos datos que sirven para ilustrar lo
anterior:
Primates: Más de cincuenta mil de primates son capturados anualmente y
utilizados en laboratorios de investigación (los menos) o como animales de compañía.
Elefantes: Unos 150.000 colmillos de elefantes (entre 600 y 900
toneladas de marfil) son esquilmados para fabricar productos artesanales o decorativos.
Reptiles: Diez millones de pieles de reptil se destinan a la
confección de bolsos, zapatos u otros productos de lujo. Parte de los reptiles van a
parar a terrarios como exóticos animales de compañía.
Aves: Cinco millones de aves son capturadas con destino a los salones
de casas de países desarrollados, restaurantes de lujo y coleccionistas privados.
Felinos: Unos quince de millones de pieles de mamíferos(nutrías,
felinos, etc.) engrosan cada año lujosas peleterías en EEUU, Europa y Japón.
Ranas: Cerca de 250 millones de ranas (sobre todo, ranas toro) son
capturadas en sus hábitat naturales con destinos a restaurantes.
Peces: Entre 350 y 600 millones de peces ornamentados son capturados
para abastecer acuarios y peceras en todo el mundo.
Cactus: Ocho millones de cactus son recogidos clandestinamente. Su
destino son las casas de los países occidentales.
Orquídeas: Casi nueve millones de orquídeas y flores de los bosques
tropicales son recolectadas con destino a países occidentales.
Coral: Más de dos toneladas de coral se convierten anualmente en
ornamentos y objetos decorativos.
Los clientes de este innoble negocio son especialmente originarios de
Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, y México es considerado como uno de los
principales vendedores.
Entre más raro sea un animal o, paradójicamente, entre más riesgo de
extinción corra, mayor será su precio en el extranjero, como sucede con el águila
arpía, la danta o el oso hormiguero, etcétera, especies que habitan en México.
En nuestro país, a pesar de ser signatario de la Convención sobre el
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), se hace
muy poco para evitar el tráfico de animales exóticos. Es de todos conocido que no sólo
se venden en las calles, en los mercados populares, como el de Sonora, y muchos otros en
el interior del país, sino también en algunas tiendas de supuesto prestigio, y otros han
llegado al extremo de promocionarlos en los clasificados de los diarios. Al respecto, es
curioso que en muchos restaurantes de comida típica han llegado al colmo de promover en
la guía telefónica los suculentos platillos, que incluyen carne de venado, tepezcuintle
y tortuga, especies que, como sabemos, están en las listas de riesgo.
Si esto ocurre a nivel nacional, qué se puede esperar con el tráfico
en el ámbito internacional, a sabiendas de que estos se cotizan en miles de dólares.
Ponerse a descubrir esta mafia es peligroso, sobre todo en nuestro país, donde las redes
del tráfico de especies han penetrado y corrompido a las corporaciones, por otro lado y
tal como explicaremos mas adelante, resulta casi imposible para el Ministerio Público
Federal el poder acreditar los elementos constitutivos del tipo cuando hablamos de delitos
ambientales en general, y especialmente cuando se trata de aquellos que se relacionan con
el tráfico de la vida silvestre.
Otro argumento que debemos de tomar en cuenta aparte de que la pérdida
de biodiversidad es inmoral, y se debe de cuidar como un valor en si mismo, la pérdida de
cientos de miles de especies, muchas de ellas aún antes de ser descubiertas por la
ciencia. De ese modo, no sólo se pierde la variabilidad biológica, sino además la
diversidad genética, la cual se puede convertir en una de las principales fuentes de
sustento para las futuras generaciones de mexicanos.
Hoy por hoy, se estima actualmente que una especie desaparece cada 15
minutos significando el resultado más pernicioso para la naturaleza, que es la extinción
de las especies, ya que con eso se pone en peligro el equilibrio necesario en todo
ecosistema.
No obstante que el Código Penal Federal ya contempla en su capítulo
denominado delitos ambientales, un artículo que sanciona a quienes
comercien con ejemplares de vida silvestre, es pertinente mencionar que
este resulta ineficaz por las siguientes razones:
A) Este delito ambiental no es considerado como grave, por lo que todos
los que lo cometen, gozan del beneficio de la libertad provisional, situación que
debería de cambiar tratándose de este delito que implica la actuación de una intrincada
red de delincuencia organizada entre la que se encuentran servidores públicos. Por lo
anterior, es preciso desalentar las conductas que realizan algunas personas que en
contuvernio con las autoridades ambientales, realizan el tráfico de especies.
B) Quizá el más importante de todos, y como se había mencionado con
anterioridad, es la cuestión relativa a la mala redacción de este tipo penal, ya que
resulta casi imposible para el Ministerio Público Federal acreditar los elementos
descritos en el tipo, por lo que hace a los delitos que tienen que ver con tráfico de
especies, resulta que es casi imposible comprobar el "comercio" de las mismas,
por lo que se debería ampliar la conducta al tráfico de las mismas.
Por lo anterior, los diputados miembros del Partido Verde Ecologista de
México, ponemos a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados el presente:
DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTICULO 420 DEL CODIGO PENAL FEDERAL
Y EL ARTICULO 194 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES
ARTICULO PRIMERO. Se reforma y adiciona el artículo 420 del Código
Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 420
SE IMPONDRA PENA DE SEIS MESES A SEIS AÑOS DE PRISION Y POR EL
EQUIVALENTE DE MIL A VEINTE MIL DIAS MULTA, A QUIEN:
............IV. POSEA O REALICE CUALQUIER ACTIVIDAD DE TRAFICO CON
ESPECIES DE FLORA O FAUNA SILVESTRE CONSIDERADAS ENDEMICAS, AMENAZADAS, EN PELIGRO DE
EXTINCION, RARAS O SUJETAS A PROTECCION ESPECIAL, ASI COMO SUS PRODUCTOS O SUBPRODUCTOS Y
DEMAS RECURSOS GENETICOS, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACION O PERMISO CORRESPONDIENTE O QUE,
EN SU CASO, ESTEN DECLARADAS EN VEDA; O V. DOLOSAMENTE DAÑE A LAS ESPECIES DE FLORA O
FAUNA SILVESTRES SEÑALADAS EN LA FRACCION ANTERIOR.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma y adiciona el artículo 194 del Código
Federal de Procedimientos Penales:
Artículo 194 SE CALIFICAN COMO DELITOS GRAVES, PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES, POR AFECTAR DE MANERA IMPORTANTE VALORES FUNDAMENTALES DE LA SOCIEDAD, LOS
PREVISTOS EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES SIGUIENTES: 1. DEL CODIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL,
LOS DELITOS SIGUIENTES:
34) TRAFICO DE FAUNA, PREVISTO EN EL ARTICULO 420.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN): Muchas
gracias, diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez.
Se turna la iniciativa presentada por la Diputada Marra Teresa Campoy
Ruy Sánchez a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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Se ofrece el uso de la palabra para presentar una
iniciativa de reformas a la Ley Federal de Correduría Pública, a la Ley General de
Sociedades Mercantiles, a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y a la Ley
General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito al Diputado David Augusto
Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con la
súplica de brevedad.
EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS (PRD] Muchas gracias,
ciudadano Presidente.
Compañeros Diputados:
Efectivamente, el de la voz no quisiera dar lectura a 13 cuartillas de
la exposición de motivos y las reformas que el de la voz presenta.
Simplemente quiero manifestarles a todos ustedes que esta iniciativa de
reformas, preponderantemente la Ley Federal de Correduría Pública, tienen la finalidad
de precisar las facultades de los corredores públicos.
Se ha generado a partir de la promulgación de esta Ley Federal de
Correduría Pública una serie de confusiones que han llevado 21 público en general que
hace uso de los servicios de estos fedatarios públicos federales y que han hecho que
rivalicen con los propios notarios, y no hay tal y no debe de haberlo.
Por tal razón, hemos considerado el proponer estas reformas para
precisar las facultades del corredor público, pero también para que no existan las
lagunas que actualmente existen en los diferentes ordenamientos de carácter mercantil,
como actualmente sucede, y se le dé la certeza jurídica al ciudadano de la actuación
tanto de los corredores como de los notarios, y los corredores atiendan preponderante
mente al ámbito mercantil. Y solamente quiero poner por ejemplo lo siguiente:
En la actual Ley Federal de Correduría Pública entre las faculta des
del corredor esta el de dar fe de actos y hechos mercantiles. Los actos pueden ser civiles
pueden ser mercantiles, no así los hechos; los hechos no tienen una connotación ni civil
ni mercantil, sino expos facto.
De tal suerte que éstas y otras precisiones se realizan en esta
iniciativa de reforma a estas disposiciones normativas de carácter mercantil y que en su
momento yo pido a los ciudadanos integrantes de la comisión correspondiente de Comercio,
que sea discutida y enriquecida y que, en su caso, si así tienen a bien dictaminarlo a
favor, este pleno también se pronuncie por estas precisiones en los ordenamientos
jurídicos mercantiles.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Muchas
gracias, Diputado David Augusto Sotelo Rosas. Como usted lo ha comentado, esta iniciativa
por las materias que abarca se turna a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento
Industrial y de Hacienda y Crédito Público.
Considerando que:
La Ley Federal de Correduría Pública fue aprobada por el H. Congreso
de la Unión el 19 de diciembre de 1992 y publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 29 de Diciembre del mismo año, entrando en vigor el 28 de enero de 1993, abrogando las
disposiciones que sobre correduría publica contenía el Código de Comercio, siendo su
objetivo primordial el impulsar la actividad del corredor público, convirtiéndolo en una
pieza clave de la modernización de los instrumentos jurídicos, mediante los cuales se
formalizan las operaciones mercantiles en nuestro país.
La Correduría Pública es una de las instituciones más antiguas en
nuestro país, con un historial en México muy importante y de gran significado en la vida
comercial y económica, instituyéndose en la Nueva España en 1527 por Real Cédula de
Carlos V. Desde entonces hasta la actual Ley Federal de Correduría Pública se le ha
reconocido al Corredor Público en diversos ordenamientos jurídicos que la han regulado,
tres características: Agente intermediario, perito legal y fedatario público. En la ley
actual se agregan dos facultades, una de ellas que lo distingue como el asesor jurídico
del comerciante por excelencia y la otra es la de fungir como árbitro en controversias
que se susciten entre comerciantes.
El Ejecutivo de la Unión a través de la Secretaría de Economía al
habilitar a un Corredor Público, confirma y ratifica la confianza del Estado mexicano en
una institución que ha dejado su impronta en la historia nacional.
El espíritu del legislador, al promulgar la Ley Federal de Correduría
Pública, fue el de crear una sana competencia con el Notariado y reconocerle al Corredor
Público plenamente su función como fedatario en materia de comercio, y con ello brindar
al público en general la posibilidad de acceso fácil, económico e inmediato a diversos
servicios jurídicos especializados en está materia y promover la habilitación de nuevos
Corredores la República mexicana, una vez que hayan dado cumplimiento a los requisitos
previstos en la Ley.
Sin embargo, pese a todos los esfuerzos tanto del Ejecutivo Federal
como de los propios Corredores Públicos éstos no han podido desarrollar adecuadamente su
función debido a ciertas imprecisiones y falta de claridad de la propia Ley Federal de
Correduría Pública; lo que ha traído como consecuencia que el público usuario de la fe
pública mercantil sienta cierta inseguridad para solicitar los servicios de un Corredor
Público.
Cabe destacar que, en materia de fe pública mercantil, los Corredores
Públicos se encuentran facultados para hacer constar convenios, contratos, actos y hechos
de naturaleza mercantil, incluyendo la posibilidad de intervenir en la constitución,
fusión, escisión, modificación, disolución y liquidación de sociedades mercantiles
(Art. 6° fracciones V y VI de la Ley Federal de Correduría Pública), estas facultades
enunciadas en forma expresa en la referida Ley han dado lugar a múltiples
interpretaciones, tales como que el Corredor Público en ningún caso puede intervenir en
actos, contratos o convenios que recaigan sobre inmuebles y en aquellos poderes que
otorguen las sociedades mercantiles por conducto de sus representantes legales o
apoderados, argumentando que la materia inmobiliaria y la materia de poderes son actos
absolutamente civiles y únicamente el Notario Público es quién puede autenticar dichos
actos.
En relación a este punto es importante aclarar que el texto original
de la iniciativa de la Ley Federal de Correduría Pública, en su fracción V, fue
modificada en la Cámara de Origen (Cámara de Senadores) adicionándole la leyenda
"excepto en tratándose de inmuebles", fundándose en que todos los actos que se
refieran dicha materia son civiles.
De la misma manera la fracción VI de la citada Ley fue modificada en
la Cámara de Origen, en el sentido de eliminar la intervención del Corredor Público en
el otorgamiento de poderes qué den las sociedades por conducto de sus representantes o
apoderados legales, argumentando que los poderes son 75 de naturaleza absolutamente civil
y que éstos únicamente pueden otorgarse ante Notario Público.
Por lo que se refiere al primer punto, relativo a que el Corredor
Público en ningún caso puede intervenir en actos, contratos o convenios cuyo objeto
recaiga en un inmueble, no se tomó en consideración que la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 73, fracción X, establece que es facultad
del Congreso legislar en materia de comercio; con fundamento en esta disposición
constitucional se ha expedido toda la legislación en materia mercantil, destacando en el
tema que nos ocupa el art. 75 del Código de Comercio que establece en su fracción II,
"la ley reputa actos de comercio: ..II las compras y ventas de bienes inmuebles,
cuando se hagan con dicho propósito de especulación comercial". Del texto
anteriormente transcrito se desprende que la materia inmobiliaria, cuando se realiza con
propósitos de especulación comercial, es un acto de comercio. En este orden de ideas, la
Ley Federal de Correduría Pública faculta al Corredor Público a intervenir como
fedatario en actos, contratos y convenios de naturaleza mercantil, por lo que en el caso
antes mencionado, el Corredor tiene la facultad de intervenir en los contratos de
compraventa de inmuebles cuando se realicen con dicho propósito.
El artículo y fracción citadas en el párrafo que antecede, se limita
únicamente a la compra venta de inmuebles; sin embargo, en aquellos casos en que se
constituyan garantías reales, ya sea sobre bienes muebles o inmuebles, como consecuencia
garantizar un acto, convenio o contrato de naturaleza mercantil, y atendiendo a los
principios generales de derecho que establecen que "lo accesorio sigue la suerte de
lo principal", las expresadas garantías reales gozan de la misma naturaleza. En
consecuencia, al Corredor Público se le debe reconocer en forma expresa la facultad para
intervenir en dichos actos jurídicos.
Independientemente de lo asentado anteriormente es importante señalar
que el Art. 121 constitucional fracción II establece que: "Los bienes muebles e
inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación". De la fracción citada
se desprende que no solo los bienes inmuebles se rigen por el lugar de su ubicación sino
también los bienes muebles. Así las cosas entonces cabría preguntarse si la
legislación mercantil, que en su mayoría regula actos, convenios y contratos
relacionados con bienes muebles está viciada de inconstitucionalidad, resultando absurdo
sostener tal criterio.
En materia inmobiliaria es importante destacar que los bienes inmuebles
se regulan por la legislación local y todos los actos que recaigan sobre los mismos
deberán revestir la forma establecida en la misma. Sin embargo, cuando la operación de
que se trate sea un acto de comercio y recaiga sobre un inmueble, el legislador con las
facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para
legislar en materia de comercio, establece normas de excepción en cuanto a la forma,
facultando al Corredor Público para intervenir en dichos actos; respetando en todo
momento la facultad de los estados para regular la materia inmobiliaria. Hoy en día,
varias disposiciones de orden federal prevén la intervención del Corredor en materia
inmobiliaria y es el caso de los inmuebles afectados en garantía de fianzas otorgadas por
Instituciones de Fianzas, créditos de habilitación o avío y refaccionarios con
garantía hipotecaria, en términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y de la
Ley de Instituciones de Crédito, respectivamente.
Por otra parte, es necesario hacer hincapié en la fe pública que
detenta el Corredor Público, la cual le es delegada por el Ejecutivo Federal, quién es
el depositario de la fe pública federal. Esto significa que los actos y documentos
emitidos en el ejercicio de su función gozaran de entera fe y crédito en los estados que
conforman la Federación. Dentro de esta fe pública se encuentra la de autenticar los
actos, contratos y convenios mercantiles (regulados por ordenamientos federales), facultad
que delega en los Corredores Públicos.
A diferencia del Corredor Público, quién goza de una fe pública de
carácter federal, el Notario Público participa de una fe pública que le es delegada por
el Gobernador de la entidad federativa respectiva. Esto implica que el Notario Público
tiene la facultad de autenticar, actos, convenios y contratos regulados por la
legislación local (de carácter civil); sin embargo, el Congreso de la Unión le ha
autorizado a intervenir en ciertos actos regulados por leyes federales, por ejemplo:
constitución de sociedades mercantiles, fianzas, arrendamiento financiero, operaciones de
factoraje, todo tipo de contratos de crédito otorgados por Instituciones de Crédito,
entre otros. Desafortunadamente el legislador se ha olvidado de la existencia del
fedatario público mercantil por excelencia que es el Corredor Público.
Por lo que se refiere al segundo punto, relativo a si el Corredor
Público, en su carácter de fedatario puede intervenir en el otorgamiento de poderes que
realicen las sociedades mercantiles por conducto de la asamblea de accionistas, consejo de
administración o apoderados de la misma, es indudable que se encuentra facultado para
intervenir en dichos actos. Afirmación que se fundamenta en el artículo 6°. Fracción
VI que a la letra dice: " Al Corredor Público corresponde......
VI. Actuar como fedatario en la constitución, modificación, fusión
escisión, disolución, liquidación y extinción, de sociedades mercantiles y en los
demás actos previstos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y......".
El texto original de la Ley expresamente establecía que el Corredor
Público se encuentra facultado para intervenir en toda clase de poderes que otorgue una
sociedad mercantil, disposición que fue modificada en la Cámara de Origen, ya que se
sostuvo el criterio de que los poderes se encuentran regulados por la legislación local y
el Corredor Público no podía invocar artículos de dicha legislación, sin advertir por
una parte que la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 10 y diversos
artículos habla de los poderes que otorgue la sociedad. Por otra parte, dichos poderes no
podrían ser otorgados de manera distinta a lo que establece la legislación común, la
cual es la norma supletoria del derecho mercantil y el hacer tal afirmación sería tanto
como sostener que en materia mercantil no se puede invocar como norma supletoria el
derecho común, como lo establece el artículo 2°. del Código de Comercio que establece
textualmente "A falta de disposiciones de este ordenamiento y las demás leyes
mercantiles, serán aplicables a los actos de comercio las del derecho común contenidas
en el Código Civil aplicable en materia federal"; en este orden de ideas el código
civil aplicable es el Código Civil Federal y es indudable que el Corredor Público puede
remitirse a dicho ordenamiento.
Resultando que:
La reforma propuesta terminaría con la discusión respecto a si el
Corredor Público puede o no intervenir en el otorgamiento de los citados poderes; ya que
el texto actual de la fracción sexta que se comenta, para algunos es cuestionable, lo
cual es inexacto ya que al decir que el Corredor Público puede intervenir en todos
aquellos actos a que se refiere la Ley General de Sociedades Mercantiles, queda incluido
el otorgamiento de poderes y, con objeto de eliminar interpretaciones inadecuadas en la
reforma propuesta, deberá establecerse que dichos poderes otorgarán en términos del
derecho común, siendo aplicable el Código Civil Federal.
Asimismo a fin de eliminar cualquier duda respecto a la intervención
del Corredor Público para intervenir en su carácter de Fedatario Público en todos los
actos de naturaleza mercantil, en todas aquellas disposiciones en donde diga
"Notario", "escritura", "protocolización" se deberá
entender también "Corredor Público", "póliza o acta extendida por el
Corredor Público" e "incorporación a póliza"
De aprobarse las reformas propuestas, es evidente que ofrecerán
grandes ventajas a la sociedad en general en la prestación de servicios en materia
mercantil, toda vez que quedaría de una vez aclarada cualquier duda respecto a los actos
en que el Corredor Público puede intervenir.
De igual manera, resulta necesario incluir en la Ley General de
Sociedades Mercantiles a la figura del Corredor Público en todos aquellos artículos que
únicamente menciona al "Notario", para quedar en términos de "Notario o
Corredor Público". Al igual que en todos los ordenamientos en donde diga
"protocolizar" debe entenderse "protocolizar o incorporar a póliza",
en virtud de que el instrumento que utiliza el Corredor para estas actuaciones es la
póliza.
Por lo que se refiere al Fideicomiso de garantía, de reciente
regulación en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, figura absolutamente
mercantil, regulada por una ley federal; en su articulo 407, segundo párrafo, establece
que la afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles se hará constar en
escritura pública. Del párrafo citado se puede observar que una vez más se olvidó la
figura del Corredor, por lo que se propone se incluya dicha figura.
Así también, en tratándose de operaciones celebradas por
Organizaciones Auxiliares del Crédito, que son actos, contratos o convenios de naturaleza
mercantil, se debe incluir en forma expresa al Corredor Público, con la ya mencionada
finalidad de evitar discusiones de si únicamente el Notario Público puede intervenir en
tales actos, siendo la propuesta reformar los artículos 8° Fracción XI y 38D del citado
ordenamiento.
Al reconocerse lo antes expuesto, y de ser aprobadas las reformas
propuestas, la Correduría Pública vendrá a fortalecer las instituciones del Derecho y
de la República. En tal virtud, Por lo anteriormente fundado y motivado someto a la
consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTICULO 6°. FRACCION QUINTA DE
LA LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA; LOS ARTÍCULOS 10, 2, 5, 6, 7, 44, 56, 90, 91, 194,
205 y 228 bis DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; EL ARTICULO 407 SEGUNDO PARRAFO
DE LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO Y LOS ARTÍCULOS 8 FRACCION XI y 38D
DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, PARA QUEDAR COMO
SIGUE:
ARTICULO PRIMERO. Se reforma el art. 10 de la LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES, en su segundo y tercer párrafo y se adiciona un último párrafo para quedar
como sigue:
Artículo 10.........................
................................ . Para que surtan efecto los poderes
que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o del órgano colegiado de
administración en su caso, bastará con Protocolizar ante Notario o incorporar a póliza
ante Corredor Público, la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su
otorgamiento, debidamente firmada por quienes actuaron como presidente o secretario de la
asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes deberán firmar el
instrumento respectivo o, en su defecto, lo podrá firmar el delegado especialmente
designado para ello o en sustitución de los anteriores.
El Notario o Corredor Público hará constar en el instrumento
correspondiente mediante la relación, inserción o el agregado al apéndice de las
certificaciones, en lo conducente, de los documentos que al efecto le exhiban; la
denominación o razón de la sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social
y objeto de la misma, así como la facultades que conforme a sus estatutos le correspondan
al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los
miembros del órgano de administración.
Los poderes que otorgue la sociedad a través de la asamblea de
accionistas, consejo de administración o apoderados se realizarán en términos del
derecho común.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción V del artículo sexto de la
LEY FEDERAL DE CORREDURIA PUBLICA, para quedar como sigue:
Artículo 6°. .......................................
............................
V. Actuar como fedatario público para hacer constar:
a) los contratos, convenios y actos de naturaleza mercantil;
b) los hechos que se susciten entre comerciantes o que tengan relación
con actos de comercio;
c) en la constitución de garantías reales sobre bienes muebles e
inmuebles que garanticen los actos a que se refiere el inciso a);
d) en la compraventa de bienes inmuebles cuando ésta se realice con
propósito de especulación comercial.
ARTICULO TERCERO. Se adiciona el artículo 6 BIS a la Ley Federal de
Correduría Pública para quedar como sigue: Articulo 6 BIS. Cuando en las Leyes o
Reglamento se haga referencia a Notario o fedatario público, escritura, protocolo y
protocolización se entenderá que refiere a Corredor Público, a la póliza o acta
expedida por Corredor, a cualquier libro de registro del Corredor y al hecho de asentar
algún acto en los libros de registro del Corredor, respectivamente.
ARTICULO CUARTO. Se reforma el 2°. Párrafo del articulo 407 de la LEY
GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO para quedar como sigue:
Art. 407........................
................
La afectación en fideicomiso de garantía de bienes inmuebles se hará
constar ante Notario o Corredor.
ARTICULO QUINTO. Se reforman los artículos 8. Fracción XI y 3 8-D de
la LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, para quedar en los
siguientes términos:
Artículo 8. Las sociedades que se autoricen para operar como
organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, a excepción de las sociedades
de ahorro y préstamo deberán constituirse en forma de sociedad anónima, organizadas con
arreglo a la Ley General de Sociedades Mercantiles y a las siguientes disposiciones que
son de aplicación especial:
XI. La escritura o póliza constitutiva y cualquier modificación a las
mismas deberán ser sometidas a la previa aprobación de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público y, en el caso de las uniones de crédito, de la Comisión Nacional
Bancaria, a efecto de verificar si se cumple con los requisitos establecidos por la ley.
Una vez aprobada la escritura o póliza y sus reformas, deberán presentarse en un plazo
de quince días hábiles ante el Registro Público de Comercio...........
Articulo 38-D. La escritura o póliza constitutiva de las sociedades de
ahorro o préstamo y cualquier modificación a las mismas, deberá ser sometida a la
aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez aprobada la
escritura o póliza y sus reformas deberán inscribirse en el Registro Público de
Comercio sin que sea preciso mandamiento judicial.
TRANSITORIO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ATENTAMENTE
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 27 de Marzo de 2001.
Honorable Asamblea:
Se encuentra en el palco de invitados de este recinto una Delegación
del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales del Reino de España.
Viene encabezada por la excelentísima señora Doctora Luisa Fernanda
Rudi Ubeda, Presidenta del Congreso de los Diputados.
Acompañada por la excelentísima señora Doctora Presentación Urán,
Secretaria del Congreso de los Diputados y Diputada de Izquierda Unida.
Del señor Diputado Luis de Grandes, portavoz del grupo parlamentario
del Partido Popular.
La Diputada Doctora Teresa Cunillera, portavoz del grupo parlamentario
Socialista.
Del señor Diputado don Iñaki Anasagasti, portavoz del grupo
parlamentario Vasco.
Del Diputado don Josep Sánchez Libre, del grupo parlamentario
Catalán.
Del señor Diputado don Luis Mardones, del grupo parlamentario
Coalición Canaria.
Del señor Diputado don Joan Puigcercos, del grupo parlamentario Mixto,
y
Del excelentísimo señor clon José Ignacio Carbajal Gárate,
Embajador del Reino de España en México a quienes esta Presidencia, a nombre de la
asamblea, les da la más cordial bienvenida.
¡Bienvenidos, señores parlamentarios del Reino de España!
[Aplausos Fuertes]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA
CERVANTES: Para continuar el desarrollo de nuestra sesión, para efectos de presentar una
iniciativa de reformas a los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra al diputado don Antonio
Magallanes Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
EL C. DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ (PRD): Con su permiso,
señor Presidente.
"Compañeras Diputadas y Diputados: Los pasados 15 de junio y 25
de julio de 1999 respectivamente, las Cámaras de Diputados y de Senadores aprobaron
diversas modificaciones al artículo 115 constitucional, reformas trascendentes
federalistas y de amplio sentido municipalista, mismas que se publicaron en el Diario
Oficial de la Federación el jueves 23 de diciembre del año de referencia, que sin duda
robustecen la función Política y de gobierno del municipio mexicano,
"Sin embargo, en la reforma en comento no se precisa claramente .
LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE
PROPUESTA DE PROYECTO DE INICIATIVA DE REFORMA AL ART. 115 DE LA
CONSTITUCION FEDERAL QUE PRECISA LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES MATERIA DE CONCESION.
COMPAÑER4.S DIPUTADAS Y DIPUTADOS:
Dentro el entorno de diálogo, tolerancia, respecto y reflexión que la
Cámara de Diputados ha tenido con la ASOFIS, como órgano Fiscalizadores fortalecidos al
nuevo milenio, y en la cual proseguiremos efectuando acciones claras, decididas e
inmediatas para fortalecer esta Asociación, dando de esta manera respuesta al legítimo
anhelo de los mexicano de contar, con instancias que permitan la claridad y la certeza en
el ejercicio del gasto público, que justifican los principios que rigen nuestra
convicción y labor responsable de fiscalización. Por lo que me permito solicitar a este
pleno, se me otorgue su anuencia a fin de reflexionar en conjunción con ustedes sobre lo
que considero material ponderable para el seno de esta Cámara, que es la presentación de
esta reforma constitucional, respecto de la precisión y elevación a rango
constitucional, en lo concerniente a la facultad que posee los municipios para otorgar
concesiones a particulares, respecto de los servicios públicos materia de concesión.
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de
acuerdo con la petición de los Titulares de las Contadurías Mayores de Hacienda y Glosa
de las entidades de la República, integrantes de la ASOFIS A. C., presentamos ante este
pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la siguiente propuesta que
sometemos a su consideración, a efecto de que se adicione un inciso f), a la fracción
II, de artículo 115, cambiando de orden el actual inciso e), para pasar a ser inciso f)
de la fracción II del artículo en referencia de la propia Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicano, bajo lo siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Los pasados 15 de junio y 25 de julio de 1999 respectivamente, las
Cámara de Diputados y de Senadores aprobaron diversas modificaciones al art. 115 de la
Constitución, reformas trascendentes, federalistas y de amplio sentido municipalista,
mismas que se publicaron en el diario Oficial de la Federación, el jueves 23 de diciembre
del año referencia, que sin duda, robustecen la función política y de gobierno del
municipio mexicano.
Sin embargo, en la reforma en comento, no se precisa claramente en el
artículo constitucional aludido, si los municipios están habilitados para concesionar
algún servicio público, así como tampoco se indica aquéllos servicios que no serán
materia de concesión.
Esto trae como consecuencia, que algunos ordenamientos legales de
índole local de los diferente estado de la República, de diverso índole político
permitan consecionar algunos servicios que sus similares de otros estados ni por asomo
consideración materia de concesión., Mientras que en algunas entidades el servicio de
alumbrado público es materia nula de concesión, en otras, es un activo de diversas
empresas concesionarias ya prestan.
Continuo con el servicio de agua y alcantarillado; en el mismo tenor e
igual resultado que la exposición anterior.
Proseguir con esta omisión, puede originar un déficit en la simetría
jurídica de los municipios de la nación, que se traducirá en un mayor índice de
disfuncionalidad entre los ordenes de gobierno a los que hacen referencia los artículos
40, 49, y 115 de la Constitución General de la República.
Ahora bien, con relación a lo dispuesto y señalado por el artículo
124, de la norma anteriormente invocada, que establece "Las facultades que no están
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden
reservas a los estados" es decir, todo lo que no esta dado a la Federación se
considera que se reservó a los Estados, reproduciendo este esquema a las atribuciones de
los municipios obrando con amplio margen de maniobra y funcionalidad, máxime cuando ahora
con la reciente Reforma al citado artículo 115; ya no se requiere de autorización de los
congreso locales para la celebración de determinados actos jurídicos cuya duración
incluso trascienda al período constitucional, con la única condición de que sea
aprobada por una mayoría calificada de los integrantes de los propios ayuntamientos.
En este contexto, conviene efectuar una breve reflexión de este
aspecto de primer orden, a fin de precisar ámbitos de competencia clara, objetiva y
precisa, en las tres instancias de gobierno respecto de la concesión a particulares, de
algún servicio de competencia municipal, por lo cual nos permitimos hacer las siguientes
consideraciones:
El municipio, concebido como un ente público con capacidad jurídica y
patrimonio propios, tiene ante si la función de realizar un fin, el cual se debe de
sujetar a lo que el derecho le previene.
El municipio cuenta entre sus prioridades de carácter eminentemente
social las que se refieren a la prestación de servicios públicos, que contribuyan a una
mejor convivencia en sociedad y que pugnen por fomentar el desarrollo de las actividades
propios de su integrantes, en este sentido, la sociedad reclama la modernización y
eficientización de los servicios, mismos que requieren un amplio despliegue de recursos
humanos, económicos, técnicos, jurídicos y materiales, en concordancia con este reclamo
comunitario el municipio dispone para si, de la prestación de los servicios públicos
como una actividad inherente4 a su organización política gubernativa administrativa y
que sujeta a un régimen jurídico normativo asegura su plena realización, bajo este
cauce, los servicios públicos fungen como un vínculo directo entre la administración
municipal y la sociedad, aconteciendo que incide a acrecentar el nivel de vida de sus
habitantes, es decir, el municipio al perfeccionar la administración y funcionamiento de
los servicios públicos, justifica su permanencia y adquiere su plena dimensión social.
La suministración de los servicios públicos se debe ceñir, a las
formalidades de: uniformidad, seguridad, continuidad, regularidad, generalidad y eficacia.
Hago mención de una definición que expresan autores mexicanos, se
señala que expone la UNAM, en su diccionario jurídico mexicano la cual trasmito a
continuación.
"es el acto administrativo a través del cual la administración
pública concedente otorga a los particulares concesionarios, el derecho para explotar un
bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público.
En lo que respecta al andamiaje jurídico en relación con el proceso
facultativo de la concesión, es imperativo abocarnos a cada uno de los ordenamientos que
dan vida jurídica, por lo que nos permitimos ponderar por orden jerárquico, las bases
legales que lo sustentan. Así tenemos que, la Constitución de la República, no dispone
que los ayuntamientos podrán otorgar concesiones a los particulares para que estos,
participen la prestación de los servicios públicos que les corresponden a aquellos.
En este sentido y como apoyo a lo anterior, únicamente algunas
Constituciones locales habilitan a través de Leyes Orgánicas, * en el caso particular de
jalisco la nueva Ley del gobierno y la administración pública y municipal del Estado de
Jalisco en su transitorio V, manifiesta que ésta entrará en vigor el 22 de mayo del 2001
no dispone ni especifica que servicios públicos son materia susceptibles de concesión*),
las respectivas obligaciones que deben acatar los ayuntamientos.
Particularizando la normatividad municipal en los procesos del
otorgamiento de la concesión, la Ley Orgánica Municipal (vigente en el Estado de
Jalisco), previene un capítulo especial referido a la concesión de bienes y servicios
públicos municipales, en lo referente a los dispositivos jurídicos enunciados en el
párrafo anterior, se infiere que los servicios públicos pueden ser clasificados en dos
grandes grupos, mismos que a continuación se detallan:
SERVICIOS PUBLICOS CONCESIONABLES
Agua potable
Mercados y centrales de Abasto
Rastros y Servicios Complementarios
Estacionamientos
Cementerios
Aseo Público
Parques, Jardines y Centros Deportivos.
SERVICIOS PUBLICOS NO CONCESIONABLES
Alcantarillado
Alumbrado Público
Calles y Calzadas
Seguridad Publica y Tránsito
En síntesis, consideramos que es pertinente que nos aboquemos a
precisar en materia constitucional el aspecto procedimental que debe poseer el municipio,
a fin de estructurar el rostro preciso de la concesión, de cara a este nuevo siglo, en
materia de servicios municipales.
Una sana interpretación del artículo 115, Constitucional, en lo
referente a la Fracción III, en cuanto a que los Municipios tendrán bajo su cargo las
funciones y servicios público ahí expresados, se interpreta que, cuando " en el
desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo, los municipios
observaran lo dispuesto por las leyes federales y estatales "
Esto, trae como consecuencia que ciertos Ayuntamientos de los distintos
Estados de la República, permitan concesionar algunos otros servicios que sus similares
del interior del País, ni por asomo los consideran materia de concesión. Verbigracia:
mientras en algunas comunas, el servicio de alumbrado público es materia nula de
concesión, en otros, es un activo de diversas empresas concesionarias.
Continuo con el servicio de agua y alcantarillado; mismo tenor e igual
resultado que la exposición pretérita.
Proseguir con esta omisión nos puede originar una serie de déficit en
la simetría jurídica de los Municipios en la Nación, que traduce en un mayor índice de
disfuncionalidad entre lo órdenes de gobierno a los que hace referencia los Artículos 40
49 y 115, de la Constitución General del República.
Ahora bien, relación a lo dispuesto y señalado por el artículo 124,
de la norma referencia, que expresa "las facultades que no están expresamente
concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a
los Estados "es decir" todo lo que no está dado a la Federación, se considera
que está otorgado a los Estados, reproduciendo este esquema de las atribuciones a los
Municipios, obrando con amplio margen de maniobra y funcionalidad.
En este contexto pues, conviene efectuar una revisión de este aspecto
sustancial, a fin de ubicar en forma contundente la competencia clara, objetiva y precisa
de los tres ámbitos de gobierno, respecto a la concesión a particulares de algún
servicio de carácter municipal.
Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos proponer a la
consideración de esta Asamblea General, a efecto de que se acepte y se turne de inmediato
para que pueda entrar a estudio y posterior dictamen a la Comisión correspondiente, la
siguiente propuesta que adicione un inciso f) a la fracción II, del artículo 115,
corriéndose en su orden el actual inciso e), para pasar a se inciso f), lo anterior de
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Hemos analizado los elementos que dan existencia a los servicios
públicos municipales y, por ende, a la figura del contrato concesión de los servicios
referidos, nos permitimos proponer ante este Pleno, la siguiente propuesta de iniciativa
de reforma constitucional.
Artículo 115..
a)..
b)..
c). .
d)..
e) Los Municipio, previo Acuerdo de su cabildo respectivo, y aprobado
por las dos terceras partes de sus integrantes, podrá concesionar los servicios públicos
municipales a los que se refieren los incisos a), c), e), y f) a los que se refiere la
fracción III contando para lo anterior con la aprobación de la Legislatura
correspondiente..
f) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten
con los bandos o reglamentos correspondientes.
Es cuanto señor Presidente, en la reforma del 115 constitucional, la
propuesta.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado don José Antonio Magallanes
Rodríguez. La iniciativa que usted ha presentado se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
EL C. DIP. JOSE ANTONIO AIAGALILANES RODRIGUEZ: Gracias.
¿La 116, señor Presidente, la hago en este momento o la hago en un
segundo momento?
EL C. PRESIDENTE: Solo ha presentado la iniciativa referente al 115.
EL C. DIP. JOSE ANTONIO UIAGALLANES RODRIGUEZ: La del 116 tiene que ver
con los órganos de fiscalización.
EL C. PRESIDENTE: Esta en el uso de la palabra para presentar esa
iniciativa diputado.
EL C. DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Gracias señor
Presidente, con su permiso.
Compañeros Diputados: Es una propuesta de proyecto de iniciativa de
reforma al artículo 116 de la Constitución Federal en relación, que eleva a rango
constitucional a los órganos de auditoría superior de los estados.
"Compañeros diputadas y diputados: El Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, de acuerdo con la petición de los titulares de
las Contadurías Mayores de Hacienda y Glosa de las entidades de la República,
integrantes de las OFIS (?), Asociación Civil, presentamos ante este pleno de la
Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta que
sometemos a su consideración, a efecto de que se adicione una fracción con cinco incisos
y doce párrafos al artículo 116, cambiando de orden y ocupando la actual fracción
sexta, para que ésta pase a ser fracción séptima y ésta última pase a ser la
fracción octava del artículo en referencia de la propia Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente
"Exposición de Motivos
"En las últimas tres décadas ...
LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE
PROPUESTA DE PROYECTO INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICUL0116, DE LA
CONSTITUCI_N FEDERAL, EN RELACION QUE ELEVA A RANGO CONSTITUCIONAL A LOS ORGANOS DE
AUDITORIA SUPERIOR DE LOS ESTADOS.
COMPAÑEROS DIPUTADAS Y DIPUTADOS:
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de
acuerdo con la petición de los Titulares de las Contadurías Mayores de Hacienda y Glosa
de las entidades de la República integrantes de la ASOFIS A.C., presentamos ante este
Pleno de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente propuesta que
sometemos a su consideración, a efecto de que se adicione una fracción con cinco incisos
y doce párrafos al artículo 116, cambiando de orden y ocupando la actual fracción VI,
para que ésta pase a ser fracción VII, y ésta última pase a ser la fracción VIII del
artículo en referencia de la propia Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
En las tres últimas décadas se han observado y experimentado
destacadas e intensas transformaciones en los tejidos sociales, modelos económicos y
sistemas políticos del orbe, correspondiendo de esta manera al proceso dinámico de muda
de las sociedades humanas y del ajuste del Estado a las nuevas circunstancias de la
sociedad.
Hoy, la voluntad democrática de la República y particularmente en las
Cámaras de Senadores y de Diputados, cuanto en los congresos y ejecutivos estatales, se
refleja en la pluralidad de opciones políticas que garantizan la legitimidad del poder
público y la gobernabilidad adjuntas a éste.
Estamos en la hora de continuar el cambio, entiéndase bien no del
cambio dialéctico de cambiar para conservar, ni conservar para cambiar, sino, de
actualizar y estructurar la modernización del Estado, y donde éste otorgue mayor
credibilidad, transparencia y preeminencia a su compromiso virtual hacia los ciudadanos,
sus aspiraciones e intereses, coadyuvando a fortalecer y dinamizar al sistema
democrático.
La anterior LVII Legislatura Federal, se destacó por su invaluable
aporte al equilibrio de poderes, toda vez que, del universo de dictámenes que en dicha
asamblea se presentaron como substanciales, de esta manera, uno de ellos fue la creación
de la entidad de Fiscalización Superior de la Cámara de Diputados, en vista de que se
tuvo la sensibilidad política social para responder a una aspiración del pueblo sobre la
impostergable e imperiosa necesidad de emprender una cabal transformación al esquema del
control y supervisión de los recursos de la Federación y, que dicha acción, como
consecuencia ha habilitado instrumentos jurídicos que aspiran a ser eficaces y
eficientes, correspondiendo de esta manera a que el pueblo acceda finalmente, al oportuno
y claro rendimiento de haberes por parte de quienes ejercemos en la administración
pública
En síntesis, estos tiempos de fin de milenio nos presentan nuevos
fenómenos ante los cuales las instituciones creadas y el trabajo parlamentario no deben
permanecer estáticos, puesto que dicha reforma a la entidad de Fiscalización superior
del Congreso de la Unión (entre cuyas transformaciones substanciales se dan la
auto)10mía de gestión, autonomía presupuestaria, la inamovilidad del titular de dicha
entidad así como la inmunidad y el fuero concedido al titular, el marco de la función de
fiscalización en el que se incluye la verificación de programas así como la auditoria
de desempeño misma que revisará la eficiencia, eficacia, la legalidad y su cumplimiento,
su elevación a rango constitucional de la entidad de fiscalización respecto a investigar
actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo y/o
aplicación de recursos federales, así como la de efectuar diligencias para exigir la
exllibició7l de los libros y documentos indispensables para la realización de su
indagaciones, el fincamiento de responsabilidades administrativas de igual manera
fiscalizará a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y a todas
aquéllas personas físicas o jurídicas, privadas o públicas que manejen recursos de la
federación, incluyendo a partidos políticos e instituciones con autonomía e
independencia entre otros el IFE y la CNDH, ésta solamente ha permeado a cuatro estados
de la Federación (Colima, Nayarit, Veracruz y Zacatecas, hasta este fecha es de lo que se
tiene de conocimiento), cuyas legislaturas han impulsado decididamente la reforma
correspondiente a los Órganos de Auditoria superior de sus entidades, es decir, solamente
el 12% de los 31 estados y el Distrito Federal, han diseñado y esculpido el nuevo rostro
de sus órganos de Fiscalización.
Estimamos que dentro del marco de la reforma del estado mexicano, éste
alcance la actualización del marco constitucional correspondiente para preservar el
futuro de los órganos de fiscalización superior de la entidades federativas.
Consideramos propicio ante este Pleno hacer la propuesta para que se haga la reforma y en
su caso la adición de una fracción con dos incisos y dos párrafos al artículo 116, de
nuestra Carta Magna, repasando en su contenido no sólo se compendia uno de los conceptos
más fundamentales del Constitucionalismo Mexicano: el Federalismo, sino en el cual se
establecen las bases mínimas que debe contener la estructura y el funcionamiento de las
entidades federativas, de tal manera que de una vez por todas, se diluyan los apetitos de
políticos reformistas que buscan disminuir e incluso acabar con los Organos de
Fiscalización superior en diferentes entidades federativas del país e incluso, en
algunos casos, tratar de simular tal acción mediante propuestas que incluyen una presunta
"ciudadanización de los mismos".
En este sentido las entidades de Fiscalización Superior deben asumir
su representatividad, es decir, deben garantizar las aspiraciones de su pueblo a través
de sus representantes legítimos, aplicando siempre la legalidad, la certeza, la
independencia, el profesionalismo, la imparcialidad y objetividad dentro de un marco de
eficiencia y eficacia, actuando de cara a la ciudadanía y pugnando por la transparencia
en la rendición de los recursos del pueblo.
Hoy, solicitamos ante este Pleno que al artículo 116 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le haga la adición
correspondiente para que se le incluya que en forma obligatoria en las distintas entidades
federativas de la nación deberán existir órganos de fiscalización superior y que
éstos deberán poseer autonomía funcional e independencia presupuestaria, en los
términos que determinen las leyes respectivas.
Se plantea que en todo caso las reformas y adiciones propuestas no son,
ni deben estimarse como aspiraciones separatistas, ni regionalistas, simplemente es
equidad institucional. Y en especial por que se garantizará que en cada entidad
federativa del país, con independencia de aspectos políticos, existan órganos de
Auditoria Superior ajenos a los apetitos y posiciones partidista.
En base a lo anterior, debe hacerse la inscripción correspondientes en
dicho articulado para que los principios de legalidad, certeza, independencia,
profesionalismo, imparcialidad y objetividad sean establecidos como fundamentos que deban
acatar y regir los trabajos que desarrollen los aludidos órganos de fiscalización.
Ambas propuestas, se deben incorporar en dicho articulo 116
constitucional toda vez que ahí se inscriben y establecen una sucesión de principio de
gobierno mínimos y necesarios que inciden directamente en los estados de la Unión y en
vista de la trascendencia que una función prioritaria del poder legislativo, como lo es
la fiscalización de los recursos públicos, impactan el desarrollo de todo régimen
democrático, debe tomarse en consideración y ser incluida como precepto general en la
Carta fundamental y como consecuencia, se contemple en las constituciones locales, y por
ende, en las reglamentarias.
En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la
propuesta de reforma aspira a consolidarse como una pieza central en la estructura
jurídico política de la sociedad mexicana mediante el eficiente control y vigilancia del
gasto público para promover y fomentar practicas de buen gobierno y desalentar conductas
deshonestas y actos de corrupción.
Sometemos a consideración las características más relevantes de la
reforma propuestas, en la inteligencia que muchas de ellas son afines a las aprobadas en
la anterior reforma constitucional a los artículos 74, fracción IV y 79, ambos de la
constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propuesta:
I. Naturaleza jurídica de las Entidades de Fiscalización Superior de
los Estados: Continúen perteneciendo ni de supraordenación o de suprasubordinación a
los congresos de los Estados.
II. Autonomía de gestión: Sus acciones tiendan a gozar plena
autonomía de gestión respecto a:
II. 1 Organización Interna.
II.2 Recurso económico y materiales. II.3 Funcionamiento.
II.4 Resoluciones.
III Titular: El órgano de dirección sea unipersonal o bien colegiado
como lo establezca la Ley respectiva.
IV Procedimiento para su designación: El procedimiento para designar
al titular de la entidad de fiscalización superior, será facultad exclusiva de los
Congresos de los Estados e invariablemente se deberá aprobar por mayoría calificada del
total de los integrantes, en la inteligencia de que deberá privilegiarse la expedición
de una convocatoria pública para aceptar propuestas.
V Causas de Remoción: La remoción del titular de dicha entidad de
fiscalización superior procederá en los términos previstos en el capítulo de
responsabilidades que cada Constitución Local contemple.
VI Duración: el período de gestión del titular de la entidad de
fiscalización se el que se determine en la Ley, sin que pueda ser menor a 4 años.
VII Reelección: El titular de la entidad de fiscalización podrá ser
reelecto para un segundo período
VIII Inamovilidad: Será inamovible el titular de la entidad de
fiscalización superior, salvo aquéllos casos que determine la Ley.
IX Inmunidad: El titular de la entidad de fiscalización superior
tendrá inmunidad y fuero constitucional, en los términos que establezca la Ley
X Ambito ó entidades sujetas a fiscalización:
X. I Los poderes Legislativos, ejecutivo y Judicial de cada Entidad.
X.2 todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas que
manejen recursos de los municipios estados o federación.
X.3 Se incluyan a partidos y asociaciones políticas nacionales e
instituciones con autonomía e independencia, entre otros, Consejos Electorales,
comisiones de Derechos Humanos, sistemas para el Desarrollo Integral para la Familia,
conocido como "DIF municipales " y Universidades pública.
XI Atribuciones: La función de fiscalización a nivel constitucional
comprenda como mínimo:
XI. 1 Verificación de programas
XI.2 Auditoría de desempeño para revisar la eficiencia, eficacia,
legalidad y su cumplimiento.
XII Oportunidad de la revisión: Podrá ejecutar la revisión y
fiscalización durante el ejercicio en curso (concomitante o ex ante siempre y cuando sean
situación extraordinarias, o en aquellos casos que señale la ley)
XIII Fincamiento de responsabilidades Administrativas: La entidad de
Fiscalización Superior pueda promover responsabilidades administrativas ante las
autoridades competentes y en los términos que señale la ley.
XIIV Bases de su organización: En la constitución particular de cada
Estado y en su ley correspondiente.
XV Servicio civil de carrera: Se establezca el servicio civil de
carrera.
Por lo anterior, nos permitimos proponer ante este pleno, a efecto de
que se acepte y en su caso se turne para que pueda entrar a estudio y posterior dictamen
de la Comisión correspondiente, la siguiente propuesta que adiciona una fracción con dos
incisos y dos párrafos al artículo 116 cambiando de orden y ocupando la actual fracción
VI, para que ésta pase a ser fracción VII y esta última pase a ser la fracción VIII,
del artículo en referencia de la propia constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue.
"Artículo 116....
I........
II......
III.......
IV
VI Las constituciones y leyes de los Estados en materia de
fiscalización superior garantizarán que:
a) Las autoridades que tengan a su cargo la fiscalización superior, de
los recursos públicos del Estado y sus empresas paraestatales, fideicomisos públicos,
patronatos, así como de los municipios, las universidades públicas, y todos aquellos
entes públicos que gocen de autonomía funcional e independencia presupuestaria, al igual
que todo aquel organismo público o privado que reciba apoyo económico del erario
público, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones
b) En el ejercicio de la función fiscalizadora a cargo de los órganos
de auditoria superior serán principios rectores: la legalidad, certeza, independencia,
profesionalismo, imparcialidad y objetividad.
c) Los nombramientos de los titulares del órgano de auditoria superior
de los estados, se harán en los términos que dispongan la leyes correspondientes a dicha
manera, garantizando invariablemente que exista en forma previa una convocatoria pública
para la presentación de propuestas.
d) Los titulares durarán en el ejercicio de su cargo el tiempo que
señalen las constituciones locales, que no podrá ser inferior a cuatro años, podrán
ser reelectos hasta por un segundo periodo. Sólo podrán ser removidos o suspendidos de
SIS puestos, en los términos que determinen las constituciones y las leyes de
responsabilidades de los servidores públicos de los Estados.
e) Los alcances mínimos de la fiscalización comprenderán lo
siguiente:
e. 1) Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo,
la custodia y la aplicación de fondos y recursos de los poderes de los estados y de los
entes públicos estatales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los
programas estatales, a través de los informes que se rendirán en los términos que
disponga la ley.
e.2) También fiscalizarán los recursos federales que ejerzan las
entidades federativas, los municipios y los particulares.
e.3) Sin perjuicio de los informes a que se refiere el primer párrafo
de esta fracción, en las situaciones excepcionales que determine la ley, podrá requerir
a los sujetos de fiscalización que procedan a la revisión de los conceptos que estime
pertinentes y le rindan un informe. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los
plazos y formas señalados por la ley, se podrá dar lugar al fincamiento de las
responsabilidades que correspondan.
e.4) Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta
Pública al Congreso del Estado en la fecha que establezca la Ley. Dentro de dicho informe
se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la
fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas que comprenderá los
comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público.
e.5) Las entidades de fiscalización superior de los estados de la
Federación, deberán guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta que rinda
los informes a que se refiere este artículo; la ley establecerá las sanciones aplicables
a quienes infrinjan esta disposición.
e.6) Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna
irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo custodia y aplicación de
fondos y recursos estatales y municipales, y efectuar visitas domiciliarias, únicamente
para exigir la exhibición de libros, papeles o archivos indispensables para la
realización de sus investigaciones, sujetándose a las leyes y a las formalidades
establecidas para los cateos, y
e.7) Determinar los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda
Pública Estatal y municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales y
municipales y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones
pecuniarias correspondientes, así como promover ante las autoridades competentes el
fincamiento de otras responsabilidades; promover las acciones de responsabilidad a que se
refiere la Ley de responsabilidades de los servidores públicos de los estados, y
presentar las denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la
intervención que señale la ley.
Los titulares de las entidades de fiscalización superior de los
estados de la Federación, además de los requisitos establecidos en las Cartas Legales
correspondientes, durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún
partido político, ni desempeñar otro empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados
en asociaciones científicas, docentes, artistas o de beneficencia.
Los Poderes Estatales y los sujetos de fiscalización facilitarán los
auxilios que requiera la entidad de fiscalización superior de los estados de la
Federación para el ejercicio de sus funciones.
Los poderes ejecutivos de los estados de la federación, aplicarán el
procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las indemnizaciones y
sanciones pecuniarias a que se refieren en el presente artículo.
VII. las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se
regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo
dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados y sus
disposiciones reglamentarias.
VIII. La Federación y los Estados, en los términos de ley podrán
convenir la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y
operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo
económico y social lo hagan necesario.
Los Estados estarán los para celebrar esos convenios con sus
municipios a efectos de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención
de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
Es cuanto, señor Presidente.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. La iniciativa que usted ha
presentado se turna igualmente a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Para presentar una iniciativa de reformas a los
artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 10, 12, 14, 15 y
33 de la Ley de Aeropuertos, se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro García
Sainz Arena, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Antes de que haga uso de la palabra el diputado Alejandro García Sainz
Arena, quiero rogar a la Secretaría de cuenta a la asamblea de la asistencia de los
señores diputados y ordene el cierre del sistema electrónico de asistencia.
EL C. SECRETARIO, DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN: Se le informa a la
Presidencia que hasta este momento el registro electrónico de asistencia nos reporta 451
diputados presentes Presidente.
Se ordena cerrar el sistema electrónico de registro.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro García Sainz
Arena.
EL C. DIP. ALEJANDRO GARCIA SAINZ ARENA (PVEM): Con su permiso, señor
Presidente.
"Compañeras y compañeros Diputados: El desarrollo del transporte
aéreo en nuestro país se inició prácticamente en el año de 1924, con el traspaso de
una concesión a la Compañía Mexicana de Aviación, para cubrir la ruta México Tampico,
cuya principal función consistió en llevar la paga de los obreros petroleros que
prestaban sus servicios en diversos campos de la huasteca veracruzana.
" Posteriormente este servicio se amplió para la transportación
de funcionarios petroleros y demás industriales, que vieron en este medio de transporte
un ahorro de tiempo considerable en el traslado, situación que motivó en las décadas de
los '20s y los '30s, la necesidad de construir terminales aéreas en la ciudad de Pachuca,
Guadalajara y Torreón.
"A mediados de la década de los '60s, el Ejecutivo Federal ...
LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE
CAMARA DE DIPUTADOS EN LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE
LA UNION. PRESENTE
BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO
ARÉVALO GONZ+LEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY S+NCHEZ, OLGA PATRICIA
CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO
BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA
SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR
GONZALEZ, ERI KA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MEXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se
turne a las Comisiones de Comunicaciones y de Transportes, para su dictamen y posterior
discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS.
El desarrollo del transporte aéreo en nuestro país se inició
prácticamente en el año de 1924, con el traspaso de una concesión a la Compañía
Mexicana de Aviación para cubrir la ruta México Tampico, cuya principal función
consistió en llevar la paga de los obreros petroleros que prestaban sus servicios en
diversos campos de la huasteca veracruzana, posteriormente, este servicio se amplió para
la transportación de funcionarios petroleros y demás industriales que vieron en este
medio de transporte un ahorro de tiempo considerable en el traslado; situación que motivo
en las décadas de los veinte y los treinta la necesidad de construir terminales aéreas
en las ciudades de Pachuca, Guadalajara y Torreón
Hacia mediados de la década de los sesenta, el Ejecutivo Federal
formuló el Programa Nacional de Aeropuertos, cuyo principal objetivo consistió en
construir o mejorar las principales terminales aéreas del país, esto se dio como
respuesta al aumento de la demanda que el transporte aéreo significaba en las actividades
económicas, de esta forma el mejoramiento de la red de aeropuertos contribuyó en gran
escala a vigorizar nuestra economía y a promover en el interior y en el extranjero un
mejor conocimiento del país.
Es importante destacar que de la misma manera que el país requería,
en ese entonces una infraestructura de redes carreteras, vías férreas y puertos
marítimos, era necesario contar con aeropuertos que fueran compatibles con las
necesidades de desarrollo económico del país.
El transporte aéreo se convirtió en un medio especializado para el
desplazamiento de personas y, en menor escala, para el intercambio de mercancías de
elevado valor, con peso y volumen reducidos; las condiciones que lo caracterizaron fueron
el impresionante incremento en la demanda de sus servicios, la constante y rápida
evolución del equipo, y como consecuencia, la permanente necesidad de adaptar las
instalaciones terrestres a las nuevas exigencias.
Ante el enorme y rápido crecimiento del sector aeroportuario, el
Gobierno tuvo la necesidad de crear dentro de su estructura, un órgano regulatorio que le
permitiera tener el control de esa creciente industria, por ello en el año de 1976 se
decretó la creación de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, a cuyo
cargo quedo, entre otras actividades, la construcción y conservación de los caminos y
puentes federales, la organización y control de las mejoras en los puertos y fronteras,
así como la construcción de aeropuertos federales.
A partir del decreto de fecha 29 de Diciembre de 1982 que reformó y
adicionó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes concentró las facultades relativas al desarrollo de la
infraestructura para el transporte que anteriormente estaban a cargo de la supraindicada
Dependencia gubernamental.
En Diciembre de 1995, se promulgó la Ley de Aeropuertos cuyo objetivo
primordial consistió en crear un sistema aeroportuario más seguro, eficiente y moderno,
que propiciara una mejor calidad de los servicios, contribuyendo al fortalecimiento del
transporte multimodal, al crecimiento regional equilibrado, considerando la preservación
del medio ambiente.
Actualmente, bajo la tutela de la mencionada Ley de Aeropuertos y
mediante la directriz de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México cuenta
con la más vasta red aeroportuaria de América Latina, integrada por ochenta y tres
aeropuertos de servicio al público, de los cuales cincuenta y uno prestan servicios para
vuelos nacionales e internacionales, y los treinta y dos restantes lo hacen exclusivamente
para vuelos nacionales. Cabe destacar que con la infraestructura aeroportuaria existente
se atiende prácticamente a todas las poblaciones de más de cincuenta mil habitantes.
No obstante el nivel de infraestructura alcanzado y el equipamiento que
se ha desarrollado en la red aeroportuaria, el dinamismo observado en la demanda por
servicios aeroportuarios requiere de su ampliación y modernización, para lo cual se
requerirá una mayor inversión en el ramo, necesidad que el Gobierno Federal no puede
cubrir debido a las condiciones económicas que está viviendo el país, por lo que
deberá seguir haciendo uso de las concesiones, facultad exclusiva en la actualidad, de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
Desafortunadamente, nuestro país a través de la historia, ha vivido
situaciones en las que los procedimientos para la asignación de una Concesión no son del
todo apegadas a la honestidad y transparencia que dichos procedimientos requieren
presentar, esto ha traído como consecuencia que la ciudadanía no tenga la plena
confianza en este tipo de procedimientos, pues existe la posibilidad de que las
autoridades encargadas de analizar las opciones que los interesados presentan, tengan
claro desde un principio quien va a ser el beneficiario, contribuyendo así a la falta de
equidad que lesiona los intereses de la Nación.
Para nosotros como legisladores, es de suma importancia recobrar la ya
tan fracturada confianza de todos los mexicanos en sus instituciones, no basta decir que
se generó un cambio si este no es percibido por los ciudadanos, es momento de demostrar
que se terminaron los privilegios a cualquier nivel, que desde el lugar en que ahora nos
encontramos, sumaremos esfuerzos para velar por los intereses generales del país y
procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos sus rincones.
El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene
la plena seguridad de que con la presente iniciativa de reforma, y dados los tiempos de
cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor transparencia a ese procedimiento de
Concesión que realiza el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones
y Transportes, evitando en la medida de lo posible que se puedan presentar actos de
corrupción o favorecimiento de intereses. Por dicho motivo se propone que el Congreso de
la Unión sea, por medio de las dos Cámaras que lo integran, el que ratifique el
otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de Concesión para la
Administración, Operación, Explotación y Construcción de Aeropuertos que lleve a cabo
la Dependencia del Ejecutivo.
Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de:
DECRETO mediante el cual se reforman los artículos 36, fracción IV de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 10, primer párrafo, 11,
fracción VII; y se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 12, un
párrafo quinto al artículo 14, un párrafo segundo al artículo 15 y un párrafo segundo
al artículo 33, todos ellos de la Ley de Aeropuertos.
ARTICULO PRIMERO. Se reforma, el artículo 36, fracción IV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 36. ...
IV. Otorgar concesiones y permisos para establecer y operar servicios
aéreos en el territorio nacional, fomentar, regular y vigilar su funcionamiento y
operación, así como negociar convenios para la prestación de servicios aéreos
internacionales. Las concesiones a que se refiere esta fracción, deberán ser ratificadas
por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
ARTICULO SEGUNDO. Se reforman los artículos 10, primer párrafo y 11,
fracción VII de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:
Artículo 10. Se requiere Concesión otorgada por la Secretaría y
ratificada por ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para la Administración,
Operación, explotación y, en su caso, construcción de aeropuertos.
Artículo 11. ...
VII. La Secretaría, en su caso, otorgará la Concesión dentro del
plazo señalado en las bases correspondientes, y previa ratificación de ambas Cámaras
del Congreso de la Unión, un extracto del título respectivo se publicará en el Diario
Oficial de la Federación a costa del concesionario, y
ARTICULO TERCERO. Se adicionan un párrafo tercero a la fracción II
del artículo 12, un párrafo quinto al artículo 14, un párrafo segundo al artículo 15,
y un párrafo segundo al artículo 33 de la Ley de Aeropuertos, para quedar como sigue:
Artículo 12. ...
I....
II. .
Las concesiones a que se refiere esta fracción, deberán ser
ratificadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Artículo 14. ...
Las Concesiones otorgadas en los términos de este artículo, deberán
ser ratificadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Artículo 15. ...
Las Concesiones y las Prorrogas a que se refiere este artículo,
deberán ser ratificadas por ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
Artículo 33. ...
Las autorizaciones que realice la Secretaría, respecto de la cesión
total de los derechos y obligaciones de las concesiones, deberán ser ratificadas por
ambas Cámaras del Congreso de la Unión.
TRANSITORIOS
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: .. LA C.
PRESIDENTA DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor Diputado García Sainz
Arena.
Túrnese la Iniciativa a las Comisiones de Gobernación, Seguridad
Pública y de Transporte.
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Tiene la palabra el señor diputado Amador
Rodríguez Lozano, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
presentar una Iniciativa de Reformas a diversas Disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación al Poder Legislativo.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Con su autorización
Presidenta. Amigas y amigos Legisladores.
La fortaleza del Estado Mexicano a lo largo de su existencia ha
consistido fundamentalmente en su capacidad de transformarse institucionalmente, en su
capacidad de convertir en normas, de convertir en leyes las aspiraciones de la sociedad en
un momento dado.
La Constitución, como estatuto del poder, o mejor dicho como estatuto
de la sociedad, es precisamente el cauce a través del cual se deben reflejar esos
avances, reformar la Constitución significa adecuarla, significa fortalecerla para que
encauce las aspiraciones de la sociedad.
Hace unos momentos, Fernando Ortiz Arana en esta tribuna hablaba de la
propuesta Colosista de hacer del Congreso de la Unión un órgano de Gobierno y no
solamente un órgano de deliberación política, no solamente un órgano de debate
político sino un órgano de gobierno que defina, que marque rumbos, que transforme, que
impulse cambios. Esta Iniciativa de Reformas que presento el d1a de hoy es un homenaje a
mi amigo, Luis Donaldo Colosio y tiene el propósito de fortalecer al Poder Legislativo.
Presento a ustedes una Iniciativa que toca 20 artículos de la
Constitución Mexicana que tienen que ver con 40 modificaciones a instituciones que
contemplan precisamente estos artículos. Esta Reforma no se basa en un análisis teórico
del Poder Legislativo; en él se concentra el estudio, el esfuerzo que he realizado a
muchos años de mi vida, como
Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad, como Investigador
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como Director Jurídico Consultivo
de la Secretaría de Gobernación y como Diputado, Senador y ahora nuevamente Legislador
federal.
Las propuestas buscan el fortalecimiento del Poder Legislativo y tratar
de resolver algunos problemas que diariamente enfrentamos quienes tenemos esta importante
responsabilidad.
La propuesta no busca cambiar el régimen de gobierno haciéndolo un
régimen parlamentario sino por lo contrario, mantener la figura del sistema
presidencialista con sus facultades fuertes y vigorosas del Ejecutivo Federal pero
también con un Poder Legislativo que tenga participación en otras áreas de la vida
nacional y que también fortalezca muchas de sus atribuciones y por supuesto muchas de las
instituciones que norman nuestra vida cotidiana.
La propuesta la he dividido en 5 grandes rubros. Una propuesta para
fortalecer el funcionamiento del Congreso de la Unión. A diario encontramos los problemas
del funcionamiento y sobre todo cuáles son los derechos, las obligaciones, las
prerrogativas y las responsabilidades de los legisladores; cuáles son las facultades del
presidente de la Cámara para poder llamar al orden a un legislador que no sigue las
reglas de la cortesía o de la disciplina legislativa.
Carece nuestro Congreso de reglas de esta naturaleza, por eso propongo
una base constitucional para que después los grupos parlamentarios acuerden normas de
procedimientos para fortalecer la figura del Presidente de la Cámara y también regular
las acciones cotidianas de los legisladores porque no podemos seguir presentando una
imagen de legisladores que no obedecen a nadie, que son un desorden y que son la imagen
viva del rompimiento de las instituciones y de la ley.
Propongo también, una nueva regla sobre el quórum de sesiones; esta
sesión es una muestra de ello, necesitamos un quórum para instalarnos, necesitamos un
quórum para clausurar las sesiones, pero lo que no podemos seguir haciendo es que
tengamos que estar los 500 legisladores presentes en una reunión cuando se están tocando
temas que a veces no tenemos ni conocimiento o no son de nuestro interés, de nuestra
región o de nuestra persona, por eso es necesario que se elimine el quórum de
asistencia, el quórum de sesiones.
Es necesario solamente quórum para votar pero que se trabaje
fundamentalmente en comisiones, que se trabaje fundamentalmente en esos órganos pequeños
que son donde se reúnen los que tienen interés, información y conocimiento de un asunto
y que solamente cuando esos ya tengan un punto para votar, sea necesario el quórum de
votación de esa manera no perderemos el tiempo oyendo a veces en esta tribuna muchos
temas que podrían ser resueltos en cada una de las comisiones y le daríamos una nueva
dignidad precisamente a esta alta tribuna de la nación.
Propongo también más recursos para la asesoría. Una asesoría de la
Cámara, una asesoría de las comisiones y una asesor7a de cada uno de los legisladores.
Necesitamos asesores profesionales, bien pagados, no que ganen 4,500 pesos al mes;
necesitamos gente que tengan un verdadero conocimiento, que con su conocimiento y con su
información nos nutran para que seamos nosotros los que tengamos la capacidad de dar una
opinión fundada y por lo mismo, cuando nos enfrentemos en un debate a las gentes del
Poder Ejecutivo, tengamos la información suficiente y no como siempre vayamos en muchos
de los casos solamente a dar información que leímos en los periódicos. Necesitamos
fortalecer la asesoría.
Ahora que está aquí esta delegación de España, ahí en España esta
precisamente la institución de los letrados, que son funcionarios de la Cámara que
tienen la obligación de analizar las iniciativas y son aquellos que presentan un punto a
los legisladores pero ese punto no solamente es un punto de asesoría, sino es un elemento
vinculante para que pueda tomar la decisión adecuada.
Necesitamos pues que se fortalezca la asesoría de la Cámara, de las
comisiones y también de cada uno de los legisladores. Necesitamos darle nuevas facultades
a las comisiones; las comisiones requieren, desde mi punto de vista y es la propuesta, que
tengan la capacidad de resolver en lo particular los artículos, que tengan la capacidad
de resolver de manera definitiva los llamados "corcholatazos", los permisos para
trabajar en una embajada, los permisos para poder servir administrativamente a un gobierno
extranjero, de tal manera que fortalezcamos a esas comisiones para que ellas sigan siendo
o sean, mejor dicho, verdaderamente quienes tengan el trabajo central de la Cámara y
después vengan al pleno solamente los asuntos de mayor importancia.
Necesitamos quitar muchos procedimientos que actualmente nos e
justifican, por ejemplo, el permiso del Presidente cuando tiene que ausentarse del país.
El permiso del Presidente tenía razón en el siglo pasado, cuando se tenía que viajar en
una diligencia, cuando se tenía que viajar por barco, cuando no había Inter neto o no
había satélite, de tal manera que el Poder Legislativo tenía que estar consciente de la
ausencia del Presidente para poder en su momento tomar decisiones, pero hoy el Presidente
puede salir y puede estar al mando de sus instituciones y ejerciendo sus facultades en
cualquier parte del mundo, sin necesidad de estar en el país,
Por eso la propuesta es que cuando el permiso o la ausencia sea menor
de un mes, no tenga el titular del Ejecutivo Federal más que notificar al Poder
Legislativo que se va a ausentar, y eso como un acto de cortesía, y solamente se requiere
el permiso de la Cámara cuando este permiso o esta ausencia sea mayor de un mes.
Necesitamos, amigas y amigos, fortalecer nuestros vínculos con la
ciudadanía, miren, la ciudadanía nos ve muy lejanos a los legisladores, la ciudadanía
nos ve que estamos discutiendo nuestros temas, que estamos discutiendo nuestras
diferencias ideológicas o partidistas, y la ciudadanía no nos ve vinculados a ella, mi
partido perdió en parte el Poder Ejecutivo, porque no tomó en su momento las medidas que
le exigía la sociedad, no hagamos que el Poder Legislativo pierda esa estima de la
sociedad, necesitamos estar más vinculados con la sociedad; por eso, una reforma
necesaria urgente es la reelección, la reelección de los legisladores nos permitirá que
tengamos un vínculo con la ciudadanía por que tendremos que presentarnos a ella cada
tres años para poder darle cuenta de nuestro trabajo en la Cámara y el voto popular
será el que determine si debemos seguir o no debemos seguir la carrera legislativa. Por
eso propongo la reelección inmediata de legisladores, de diputados y de senadores, Sin
embargo la propongo con dos matices.
Primeramente, que solamente los partidos políticos puedan presentar
hasta un 50% de sus candidatos; es decir, para que haya experiencia, para que haya carrera
legislativa, pero que también haya renovación, que también vengan nuevas caras, nuevas
presencias a las Cámaras de Diputados y de Senadores, de tal manera que siempre haya esa
frescura y esa combinación con la experiencia.
Propongo también que se acote esta reelección, que solamente se dé
en un sólo caso a los senadores y que se pueda dar hasta en tres casos a los diputados
federales, de tal manera que la carrera legislativa sea de 12 años para cada uno de los
legisladores.
También amigas y amigos, tenemos que reducir el número de diputados y
de senadores, tenemos que reducir los senadores de representación proporcional, que son
un atentado a la esencia del federalismo, que son un mecanismo de intromisión de las
dirigencias nacionales para poder dar cabida a sus contradicciones internas, pero que no
representan a ninguna entidad federativa o que se rompe el principio, en muchos casos, de
la igualdad de representantes de un estado, por que se dan casos donde muchas entidades
federativas tienen cinco, seis o siete representantes.
Y por otro lado, el aumento de los legisladores de representación
proporcional a 500 tuvo una razón de ser, porque se buscaba fortalecer precisamente a la
oposición, se buscaba que todas las corrientes políticas estuvieran representadas, que
hubiera una mayoría dar que definiera, pero que estuvieran presentes en esa definición
todas las corrientes políticas del país, hoy es momento de repensar la conformación de
la Cámara de Diputados y seguramente la mayoría coincidirá en que ésta debe reducir su
número, por eso propongo que de 500 baje a 400.
Creo, amigas y amigos, que esta reforma que como les dije toca 20
artículos de la Constitución Mexicana, tiene el propósito del fortalecimiento del Poder
Legislativo, de sus funciones, de sus facultades, de sus atribuciones, que tenga una mayor
presencia en la vida política del país.
Por eso propongo una nueva relación entre el Poder Legislativo y el
Poder Ejecutivo. No podemos seguir las mismas prácticas formales, los mismos
procedimientos de participación del Ejecutivo en nuestras reuniones, que prácticamente
no aportan nada; necesitamos innovar, por eso propongo una serie de mecanismos del derecho
parlamentario, para que sin perder la esencia del sistema presidencialista, se fortalezca.
Propongo que haya preguntas escritas para que los Secretarios de Estado
tengan la posibilidad o tengan la obligación de contestarle a un legislador cuando le
pregunte sobre un tema concreto de la agenda nacional, y esa respuesta tiene que ser
publicada junto con la pregunta, en nuestra Gaceta Legislativa.
Propongo que cada mes estén presentes en la tribuna de esta Cámara de
Diputados, un secretario de Estado para que pueda informar de una manera ágil, de una
manera eficiente el estado de las cosas que guarda precisamente su responsabilidad.
Las propuestas que están aquí presentadas no desnaturalizan la
característica de nuestro sistema Ejecutivo; son el resultado de una serie de
experiencias personales, de una serie de estudios personales y tienen el propósito, que
estoy seguro coinciden todos ustedes conmigo, de fortalecer el Poder Legislativo Mexicano
para ser más moderno, más eficiente y más representativo.
Muchas gracias.
CC SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION
Presentes.
La fortaleza del Estado mexicano se sustenta en su capacidad de
transformación institucional, la cual le ha permitido a lo largo de su historia, encauzar
las aspiraciones y exigencias de los diversos grupos sociales que conforman la nación
mexicana.
Con la reforma al poder publico se ha modernizado las estructuras
económicas y sociales, y con ella avanzaremos, en el desarrollo de una sociedad
democrática y libre. Porque es el cambio institucional, el instrumento que permite en paz
y con la participación de todos, construir un futuro cierto para la nación.
Es el momento de hacer realidad la aspiración y el compromiso de Luis
Donaldo Colosio Reformar el poder para democratizarlo y acabar con cualquier vestigio de
autoritarismo". Coincidimos y participamos de su compromiso, en el sentido de que
reformar el poder significa un presidencialismo sujeto estrictamente a los límites
constitucionales de su origen republicano y democrático, significa también fortalecer y
respetar las atribuciones del Congreso Federal.
El equilibrio entre poderes es una de las condiciones para garantizar
la consolidación democrática y el Estado de Derecho. Unicamente el balance entre los
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, puede garantizar un ejercicio de gobierno
responsable, en el marco de la ley y que busca soluciones a las demandas de la sociedad.
La reforma es necesaria porque aspiramos a un desarrollo equilibrado y
justo, que permita a todos, bienestar, seguridad y libertad. Un desarrollo que sólo es
viable si la energía de la nación está democráticamente conducida. Si las
instituciones republicanas encarnan la ley, la hacen cumplir y también, si son capaces de
cambiar para satisfacer nuevas expectativas sociales.
Enfrentar los retos del desarrollo y la modernización, sólo es
posible con un poder legislativo fortalecido, cuya actividad pueda reconocer la sociedad,
cuya acción armónica con los otros poderes, permita a la sociedad evaluar y corregir,
apoyar e influir. Un Poder Legislativo en el cual todos podamos reconocernos y sea puntal
del progreso del país.
Modernizar la organización del Congreso, darle a éste nuevas
facultades y desarrollar sus actuales competencias es una exigencia nacional. Sobre todo
para una sociedad como la nuestra que ha desarrollado una administración pública diversa
y compleja. Hoy más que nunca las facultades del Congreso, su eficiencia y su
representatividad, son condición para el desarrollo en todos los campos de la vida
nacional. La realización de las aspiraciones sociales de justicia, también, cruzan por
el fortalecimiento del Legislativo.
La democracia no se agota en la elección de los gobernantes. Es éste
tan sólo uno de sus elementos esenciales, pero existen muchos otros como fundamento de la
democracia como sistema de gobierno. El fortalecimiento de la democracia hoy, implica
también fortalecer a los órganos de gobierno, a los poderes de la unión para que
cumplan con el mandato Constitucional.
LA REFORMA DEL ESTADO UNA ASPIRACION COMUN
Los anhelos de desarrollo democrático y mejora social del pueblo
mexicano, han llevado a la imperiosa necesidad de realizar una Reforma del Estado
profunda, que tenga como premisa fundamental de las relaciones del Poder Ejecutivo con el
Legislativo, el estricto respeto a la autonomía de este último, ya que su composición
plural representa un factor fundamental para su independencia política.
La forma en que un Estado se organiza, refleja las necesidades,
aspiraciones e ideales que prevalecen en una sociedad. Tiene que ver, indudablemente, con
un sinnúmero de factores como la idiosincrasia de cada pueblo, así como aspectos
económicos, sociales, tecnológicos e internacionales, que influyen e interactúan
continuamente, dando lugar a etapas trascendentales en la vida de los pueblos, marcando
así su evolución histórica.
La Reforma del Estado es un instrumento político destinado a canalizar
las variadas propuestas de cambio institucional y las distintas tendencias ideológicas y
políticas que las sustentan. Es, a la vez que ejercicio democrático y plural, reto de
creatividad y responsabilidad política; exige de todos quienes en ella participan el más
alto sentido del interés nacional, por encima de los intereses individuales o de grupo.
Está pendiente el diseño de un nuevo esquema de relaciones entre el
poder ejecutivo y el poder legislativo, para completar así el sistema de frenos y
contrapesos que hoy requiere nuestra forma presidencial de gobierno.
Es por ello que resulta imprescindible fortalecer al Poder Legislativo
de la Unión, teniendo en cuenta los altos valores del constitucionalismo, expresados en
la famosa frase de Montesquieu, en su histórica obra El Espíritu de las Leyes: "Que
el poder controle al poder". Principio que fue ratificado por el artículo 16 de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el cual se consagró
con precisión que "donde no existe separación de poderes, no hay
Constitución".
UN NUEVO MARCO JURIDICO PARA LA COLABORACION DE PODERES
Una dolorosa y constante experiencia, universal y nacional, ha hecho
conocer a los pueblos que la reunión de poderes en una sola persona o corporación, dista
poco o nada de la arbitrariedad y que las libertades no dejarán de ser precarias hasta
que el poder sea dividido entre varias instancias. El poder sostiene el tratadista alemán
Karl Loewestein lleva en sí mismo la semilla de su propia degeneración; por ello, si no
se limita, se convierte en despótico. De ahí la conveniencia de que se ejerza a través
de varios órganos de Estado.
El principio de la división de poderes, entendido como el
establecimiento de mecanismos constitucionales operativos que evitan el abuso del poder,
dividiéndolo para su ejercicio, al asegurar la libertad de los ciudadanos, no implica la
inexistencia de colaboración entre las instituciones o sujetos que detentan poder y
tampoco significa una absurda y arbitraria división del trabajo. Al contrario, en un
régimen presidencial, la separación de poderes requiere de la colaboración de éstos en
la realización de las distintas funciones del Estado. El Poder es indivisible y radica en
el pueblo, proclamaba Rosseau; pero el ejercicio del mismo es necesario que recaiga en
órganos distintos.
Ninguna labor podrá llegar a ser fructífera y duradera sin la
armonía y la colaboración de los poderes estatales. Dicha colaboración requiere una
base de unidad de ideales y comunidad de valores fundamentales, relativos a la
satisfacción de las necesidades de la sociedad nacional.
En efecto, frente a la clásica teoría de la división de poderes, se
levanta el postulado de la necesaria coordinación de funciones, que llevado a la realidad
práctica de la nueva realidad política mexicana, habrá de ser condición no solo de la
estabilidad gubernamental, sino también de su eficacia.
La trascendencia de la coordinación, colaboración y solidaridad de
los poderes de la Unión, significa que todos ellos deben asumir responsabilidad igual
frente a la sociedad mexicana, sin olvidar que el desarrollo del país es tarea que
incumbe por igual al Legislativo, al Judicial y al Ejecutivo, cualesquiera que sean sus
atribuciones. Representando, en conjunto' todas las funciones del poder público, el
tradicional principio de separación de poderes no debe destruir la concepción integral
de la función de gobierno. Por ello, les corresponde conjuntamente proveer a la
satisfacción de las necesidades de la nación, instancia en que radica esencial y
originariamente la soberanía. En este espíritu de colaboración es como debe entenderse
la revitalización del principio de la separación de poderes dentro de la Reforma del
Estado.
FORTALECIMIENTO DEL CONGRESO DE LA UNION
Las instituciones políticas experimentan transformaciones al compás
de la evolución de la sociedad en que se encuentran insertas. Esto es así en razón de
que las diversas necesidades de la sociedad exige adaptaciones e innovaciones
institucionales para que aquéllas sean atendidas pronta y eficazmente.
La permanente diversificación de la sociedad, su creciente interés en
los asuntos públicos, ha impulsado decididamente la conformación de un pluralismo que
responde al avance democrático del país y que tiene su más acabada expresión en el
Congreso de la Unión.
Así, los diferentes puntos de vista sobre la Nación Mexicana son
procesados a través de la acción de los partidos políticos, quienes a su vez se
desempeñan en el seno del Poder Legislativo, para alcanzar consensos necesarios que
permiten ofrecer soluciones viables a las demandas sociales. Esto es posible a través del
respeto a la voluntad mayoritaria, pero garantizando también la participación de los
partidos minoritarios en el proceso político, conforme a la legalidad y a los principios
democráticos que dan orden y unidad a nuestro Estado de Derecho.
Es necesario que nuestro órgano legislativo federal1 representante de
la voluntad popular, se fortalezca para cumplir cabalmente con funciones políticas de
primera magnitud, a efecto de analizar, deliberar y discutir en torno a los grandes
problemas que afectan a la sociedad y proponer y aprobar soluciones a los mismos; para
vigilar y controlar la acción del poder ejecutivo; y, en fin, para contribuir en el
ámbito de sus atribuciones, junto con los otros poderes de la Unión, al gran propósito
común del bienestar social y la estabilidad política del país.
El Congreso de la Unión es el órgano de la pluralidad democrática
por excelencia. En él se expresan las corrientes políticas e ideológicas que informan
nuestro proceso político. Pero discutir, diferir y contrastar opiniones no anula la
posibilidad de convivir, coincidir y acordar, sin que ello implique la renuncia y
claudicación de ideales y propósitos. El fortalecimiento del Congreso de la Unión
compromete a todos los mexicanos y en especial a los actores políticos, al logro de los
altos objetivos consagrados en nuestra Constitución, obligándonos a todos a llegar a
acuerdos fundamentales a pesar de la diversidad de orientaciones que conforman el
contenido plural de nuestro régimen democrático.
CONTENIDO DE LA INICIATIVA
Para hacer realidad los propósitos mencionados anteriormente, en esta
iniciativa se formulan propuestas concretas de reformas constitucionales, como un primer
paso para conseguir un Poder Legislativo fuerte y dinámico, a la altura de las
aspiraciones y necesidades del México del Siglo X)(l.
Estas propuestas pueden agruparse en cinco grandes apartados, según el
objetivo específico que pretenden. Estos son:
I. Propuestas para mejorar el funcionamiento del Congreso de la Unión.
II. Propuestas para fortalecer la vinculación de los miembros del
Congreso de la Unión con sus representados.
III. Propuestas para impulsar la colaboración entre el Poder
Legislativo y el Poder
Ejecutivo Federales. IV. Propuestas para vigorizar el papel del
Congreso de la Unión. V. Propuestas para fortalecer al Senado de la República.
I. MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO DE LA UNION
1. Establecimiento de un régimen de cortesía y disciplina
parlamentaria.
En México no existe un régimen legal de cortesía y disciplina
parlamentaria. Los diputados y senadores tienen derechos, prerrogativas y privilegios,
pero no están sujetos a un régimen de responsabilidades en relación con su
comportamiento dentro de los trabajos de las Cámaras. Es bien sabido que existen actos
que pueden llegar a impedir la buena marcha de las actividades camarales, que al
presentarse redundan en perjuicio de la efectividad del trabajo del poder legislativo,
así como de la calidad de sus deliberaciones y de sus resultados.
Debe existir en nuestro país un conjunto de normas claro y
sistemático para aquellos legisladores que no conduzcan su actuación dentro de la
rectitud, madurez, civilidad y cortesía políticas. En los parlamentos de las democracias
más avanzadas, la utilización de fórmulas de cortesía política en el debate, incluso
a veces exageradas, son precisamente para prevenir caer en la ofensa personal o en la
injuria, lo que desvía el objetivo de la lucha política: el beneficio del pueblo.
Por estas razones, se propone crear la base constitucional de un
régimen de cortesía y disciplina parlamentaria, que sea producto de un acuerdo entre los
grupos parlamentarios. Por otro lado, es necesario sancionar con más rigidez a aquellos
legisladores que no asisten a las sesiones. Planteando que se reduzca de diez a cinco, el
número de faltas injustificadas y consecutivas que sean permitidas en el texto
constitucional.
También para ser más precisos y congruentes con el texto de la propia
Constitución, se propone precisar que el Presidente de la Cámara velará no por el
"fuero constitucional", sino "por la inmunidades parlamentarias de los
legisladores", pues la locución constitucional vigente es impropia, ya que da la
idea de privilegio, lo que es inexacto en tratándose de la protección que otorga a los
legisladores para cumplir sus funciones nuestro ordenamiento supremo.
2. Nueva regla sobre quórum de asistencia.
El artículo 63 de la Constitución vigente exige un quórum de más de
la mitad del número total de miembros de cada cámara, para que éstas puedan sesionar
válidamente. Sin embargo, si bien puede entenderse que esta disposición tuvo su razón
de ser en épocas pasadas, caracterizadas por una menor complejidad de los asuntos
públicos y por un menor volumen de trabajo legislativo, en la actualidad se ha convertido
en un elemento que dificulta el trabajo eficiente de las cámaras.
En efecto, un quórum de asistencia para que las cámaras puedan
sesionar se justificaba en razón de la necesidad de que en las deliberaciones del pleno
estuviesen representadas la mayor cantidad de opiniones posible. Al obligar la presencia
de más de la mitad de los legisladores, se buscaba garantizar la riqueza y pluralidad del
debate, la participación activa de los diputados y senadores en el trabajo camaral, mismo
que se daba fundamentalmente a nivel del pleno.
No obstante lo anterior, la creciente complejidad de los asuntos
públicos y el aumento espectacular en el volumen de trabajo de las cámaras, no ha dejado
de tener su impacto en la forma de funcionamiento del Congreso de la Unión. Las nuevas
circunstancias del México moderno han obligado a las cámaras a hacer un esfuerzo de
especialización y de división del trabajo, de tal forma que el trabajo intenso se ha
desplazado, cada vez más, del pleno a las comisiones.
Cada vez más, los diputados y senadores dedican la mayor parte de su
tiempo en realizar estudios, a tener encuentros con grupos de interés, a realizar labores
de consulta, a viajar a sus distritos o a sus estados para captar las inquietudes locales,
todo con el objetivo de llegar a las reuniones de comisiones con elementos suficientes
para aportar lo que sea necesario para integrar los dictámenes legislativos respectivos.
Ante esta situación, la exigencia de un quórum de asistencia de más
de la mitad de los miembros del total de las cámaras, viene a entorpecer la eficiencia
global del trabajo legislativo. Con objeto de cumplir con el mencionado quórum, el
legislador debe desatender el frente de su actividad legislativa que en la práctica más
frutos rinde y mejores resultados aporta.
Además y sobre todo atendiendo a la nueva correlación de fuerzas que
habrá de existir en la Cámara de Diputados en los años por venir, la regla vigente del
quórum de asistencia puede convertirse en un arma para paralizar las sesiones de la
cámara, riesgo que, en situaciones en que se requiriese de una acción urgente, podría
llegar a representar un grave problema para el país.
Por estas razones, la iniciativa que ahora se presenta propone eliminar
la exigencia del quórum de asistencia para que haya sesiones válidas de las cámaras del
Congreso de la Unión. Si ya es plenamente evidente que el trabajo legislativo más
significativo, que las deliberaciones de mayor sustancia y que las aportaciones más
importantes se dan a nivel de las comisiones, no tiene caso que se mantenga la regla
aludida. Asimismo, con la supresión de la misma las cámaras quedarían a salvo de una
interrupción amañada de sus sesiones por falta de quórum para sesionar.
Cabe aclarar que el mismo razonamiento no puede aplicarse al caso del
quórum para instalar las cámaras, ni para el caso de las votaciones. La instalación es
el acto solemne que marca el inicio de una legislatura. En dicho acto se toma la protesta
de ley a los legisladores. Es el acto en el que estos últimos asumen el compromiso
público de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan.
La asistencia a esta reunión es lo menos que la nación podría
esperar de sus representantes. El valor simbólico que el acto de instalación tiene
justifica que se exija una asistencia de al menos la mitad del total de los miembros de
cada cámara.
Por otro lado, la votación para aprobar o desechar leyes, decretos o
acuerdos, es el momento culminante de la actividad legislativa toda. Es el momento en que
se define la voluntad de los órganos que tienen la representación nacional. Resulta
perfectamente legítimo, entonces, que la Constitución exija un quórum de votación
elevado. Ello es garantía de que al momento de tomar decisiones, el órgano de la
representación nacional, sea efectivamente lo más representativo posible.
Por estos dos últimos motivos es que la iniciativa de reforma que se
propone no cambia las reglas relativas al quórum requerido para instalar las cámaras, ni
el quórum de votación.
3. Asesoría y recursos a legisladores para realizar sus tareas
Todos sabemos que una de las condiciones esenciales para realizar una
Reforma del Estado mexicano, efectiva y con repercusiones reales en la práctica
política, es conformar un adecuado equilibrio en la relación entre los poderes
legislativo y ejecutivo federales.
Una de las causas principales de tal desequilibrio institucional,
radica en la práctica inexistencia de un sistema integral de apoyo a los trabajos
legislativos tanto de las cámaras en general, como de los legisladores en particular.
Ante la enorme cantidad de recursos, personal, expertos, sistemas de información y de
consulta con que cuenta el poder ejecutivo federal, las cámaras del Congreso de la Unión
y los diputados y senadores considerados individualmente, no disponen del mínimo
requerido, no digamos ya para generar sus propias fuentes de información, opinión y
conocimientos técnicos, sino inclusive para procesar la información y las opiniones
provenientes del poder ejecutivo federal.
Lo que se necesita es un cuerpo de asesores, no tanto de la Mesa
Directiva, sino de las cámaras en general, que generen información propia que las
cámaras puedan utilizar para producir sus opiniones, así como para adoptar posiciones
políticas en relación con las perspectivas provenientes del poder ejecutivo. No se trata
de duplicar la estructura de expertos existente en el poder ejecutivo, pero ahora dentro
del poder legislativo, sino de que éste último tenga una instancia independiente del
poder ejecutivo, profesional, imparcial y objetiva, a la que pueda recurrir para obtener
información técnica adecuada, relativa a las distintas áreas de políticas
gubernamentales.
También es preciso reconocer que los diputados y senadores en lo
particular, requieren de personal de apoyo y de asesores que les auxilien en el desempeño
de sus actividades. Sin ellos, los legisladores quedan completamente inermes ante la gran
complejidad no nada más de las tareas estrictamente legislativas, sino de otras muchas
más que el electorado mexicano exige de ellos.
Por ello, se plantea la creación de un sistema integral de apoyo al
trabajo legislativo, que organice un cuerpo de asesoría general para las cámaras y uno
particular para los diputados y senadores, en los términos que la ley disponga. Además y
para hacer una realidad este sistema, se propone establecer la obligación de que el
presupuesto anual de cada cámara, garantice los recursos necesarios para la existencia y
mantenimiento del mismo.
4. Facultad de las Comisiones de aprobar algunos proyectos de Decreto.
El fortalecimiento del Congreso de la Unión requiere, entre otras
cosas, de la agilización de sus procedimientos. El enorme volumen de trabajo que año con
año abruma al poder legislativo federal ha llevado a una creciente imposibilidad de
examinar, discutir y resolver eficazmente y de manera plenamente informada, sobre una
multiplicidad de asuntos, muchos de los cuales llegan a tener un elevado grado de
complejidad técnica. La alternativa no es reducir las materias y los ámbitos de los
cuales el Congreso puede conocer, sino reformular los procedimientos a través de los
cuales las cámaras desempeñan sus funciones, a fin de optimizar tiempo y recursos. Lo
anterior es especialmente cierto para el caso del procedimiento legislativo, el cual está
organizado por reglas que ya no responden a los acelerados ritmos de la vida política y
económica del México actual.
Como bien sabemos, los proyectos de Decreto deben ser discutidos
primero en lo general, para inmediatamente después ser votados en ese sentido; y
posteriormente deben ser discutidos en lo particular, artículo por artículo, para
después votar sobre cada uno de ellos en lo particular, a fin de que se le tenga por
aprobado o que se devuelva a la comisión dictaminadora correspondiente. Todo este
procedimiento actualmente ocurre en el Pleno de las Cámaras.
Ahora bien, en la práctica, lo que sucede es que el debate en el Pleno
es conducido, guiado y orientado por aquellos legisladores que son miembros de la
Comisión en la cual se discutió y se preparó el dictamen legislativo relativo al
proyecto de Decreto discutido. Esto significa que, generalmente, en el Pleno se da una
repetición de los mismos argumentos, críticas, evidencias, comentarios positivos,
objeciones y defensas que se dieron al nivel de la comisión de dictamen legislativo. Esto
es así, máxime en virtud de que por ley los distintos grupos parlamentarios deben estar
representados en dichas comisiones de una manera proporcional a su peso relativo en el
Pleno.
Esta circunstancia, producto de lo que sucede en la realidad de la
práctica parlamentaria, nos lleva a pensar que, en atención a esa necesidad de agilizar
los procedimientos parlamentarios, bien podría plantearse la posibilidad de dividir el
trabajo entre el Pleno y las comisiones, de tal forma que el Pleno estuviese en todo caso
facultado para discutir y votar en lo general y en lo particular, los proyectos de ley; y
que las comisiones estuviesen facultadas para discutir y votar en lo particular los
proyectos de Decreto.
Es preciso reconocer, sin embargo, que a pesar de la circunstancia
derivada de la realidad parlamentaria arriba aludida, es el Pleno y no las comisiones, la
expresión más fiel del poder legislativo federal mexicano. Por ello es que, a pesar de
que las comisiones sean generalmente las que marcan el paso dentro del proceso de
discusión de los proyectos de Decreto, no puede dejarse en ellas la facultad exclusiva
de, en todo caso y de manera absoluta, discutir y votar en lo particular dichos proyectos.
Debe buscarse un equilibrio entre el principio de economía funcional y
el principio de representatividad del Pleno, a través de una reformulación de este
aspecto de la vida del Congreso de la Unión que permita, en algunos casos, la delegación
a las comisiones de la facultad de discutir y votar los proyectos de Decreto. Dicho
equilibrio podría alcanzarse de la manera propuesta en la presente iniciativa, al delegar
en las Comisiones las facultades para aprobar ciertos Decretos, tales como los permisos
para trabajar en misiones diplomáticas extranjeras o para recibir condecoraciones de
gobiernos extranjeros, trámites comúnmente denominados como "corcholatazos",
pero manteniendo a la vez el Pleno la facultad de recuperar el trámite ordinario cuando
así lo considere pertinente.
5. Permisos al Presidente de la República por ausencias mayores a un
mes.
En plena era de la globalización, en que las relaciones entre los
Estados se hacen cada día más intensas y estrechas, todos los actores sociales,
políticos y económicos se ven empujados a encontrarse con los actores de otros países,
a fin de aprovechar al máximo las ventajas derivadas del propio proceso globalizador. Con
todo y que las telecomunicaciones han hecho posible el estrechamiento de las relaciones
sin necesidad del encuentro físico de las partes, en muchos casos la presencia material
de éstas en un lugar determinado sigue siendo necesaria, en aras de una mejor
comunicación y de la subscripción de acuerdos de diverso tipo.
El Presidente de la República, como jefe de Estado que es en nuestro
país, se ve obligado con frecuencia a realizar viajes fuera del país, a efecto de
cumplir con las atribuciones que la propia constitución le da en el ámbito de las
relaciones exteriores. El encuentro con otros jefes de Estado, con directivos de
organismos internacionales, o simplemente, con líderes políticos de otros países, forma
parte cotidiana de la agenda presidencial, por razones plenamente justificadas, todas
ellas relacionadas con el interés colectivo de la nación.
Sin embargo, el artículo 88 de la Constitución, tal y como está
redactado en la actualidad, obliga al Presidente de la República a obtener un permiso de
parte del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente, para poder
ausentarse, en cualquier caso, del territorio nacional.
Esta disposición, que en su momento original de adopción pretendía
impedir que el gobierno federal mexicano se quedase de manera súbita sin su instancia
máxima de decisión en la rama ejecutiva, así como evitar el alejamiento del titular del
ejecutivo del conocimiento de los problemas y necesidades nacionales, ha perdido ya su
razón de ser.
En efecto, la ausencia del territorio nacional del Presidente de la
República no implica que el poder ejecutivo federal quede sin la instancia que es capaz
de adoptar decisiones para afrontar problemas imprevistos o repentinos. La ausencia del
territorio nacional del Presidente por períodos cortos se ha convertido en una actividad
rutinaria, que al realizarse no rompe los vínculos del titular del ejecutivo con la
administración pública federal ni con el conocimiento de lo que pasa en el país, debido
al avance de las telecomunicaciones y tecnologías conexas.
En virtud de estas consideraciones, el actual artículo 88 ha perdido
su razón de ser original. Su vigencia simplemente viene a entorpecer una actividad
rutinaria del titular del poder ejecutivo y a engrosar de manera adicional la de por sí
ya saturada agenda de actividades del poder legislativo mexicano, mismo que de forma
igualmente rutinaria otorga los permisos que el Presidente solicita para ausentarse del
territorio nacional por períodos cortos. Por lo tanto, se propone reformar la
disposición aludida, para el efecto de que en ausencias cortas del territorio nacional,
definidas como aquellas inferiores a los treinta días, el Presidente de la República no
necesite del permiso del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente,
sino simplemente sea necesario que dé aviso a la Cámara de Senadores o a la Comisión
Permanente, según sea el caso.
Debe señalarse que para ausencias del territorio que pasen de los
treinta días, el Presidente de la República deberá obtener el permiso de que habla el
artículo 88 constitucional vigente. Esto es debido a que la razón original del artículo
88 subsiste para el caso de ausencias prolongadas, que sí podrían traducirse en fallas
en la capacidad decisoria del poder ejecutivo federal, así como en desconocimiento de
problemas y necesidades apremiantes de la sociedad mexicana.
6. Juicio Político. incumplimiento reiterado de recomendaciones de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Es necesario que la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos se vea reforzada con mecanismos que, sin desnaturalizar su actuación y su calidad
de ombudsman, coadyuven a su eficacia.
Que las recomendaciones de la Comisión no sean vinculantes ni
obligatorias es una característica esencial de esta institución. Es natural que así lo
sea, ya que se busca que su marco de actuación sea ágil, porque es su fuerza moral ante
la sociedad la que debe hacer rectificar a la autoridad que ha lesionado los derechos
humanos.
Aún cuando sus recomendaciones no sean obligatorias por no estar
sustentadas en procedimientos de estricto derecho, el valor de las mismas no puede ser
menos y su cumplimiento debe ser una práctica general de las autoridades.
Por ello, para evitar la proliferación de casos en que las
recomendaciones no sean acatadas, es que se plantea que se configure como causal de juicio
político, el incumplimiento reiterado de las recomendaciones emitidas por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
II. FORTALECER LA VINCULACION DE LOS LEGISLADORES CON SUS REPRESENTADOS
1. Introducción de la iniciativa Popular y el Referéndum.
Los mecanismos de la democracia representativa tienen sus límites en
las sociedades complejas del mundo moderno. Cada vez resulta más evidente que el logro
cabal del principio democrático requiere de un complemento, mismo que se encuentra en las
llamadas instituciones de democracia directa, que permiten la participación de la
ciudadanía en la toma de ciertas decisiones que afectan a la colectividad, al lado de los
partidos políticos y de los poderes públicos tradicionales.
Tal es el caso de la iniciativa popular y del referéndum. A través de
estas dos instituciones, la ciudadanía puede intervenir en el proceso de formación de
las leyes, ya sea en el momento de la presentación de la iniciativa respectiva, o en un
momento posterior a la aprobación de una ley por parte del Congreso de la Unión, a
manera de aval popular de la misma.
No se trata, en ninguno de los dos casos, de sustituir los mecanismos
de la democracia representativa por los de la democracia directa. Se trata, de
complementar unos con otros, para el efecto de abrir en lo posible el abanico de
posibilidades de participación democrática dentro del nuevo régimen político que la
mayoría de los mexicanos aspiramos a crear en nuestro país.
La iniciativa popular es un instrumento delicado que conviene ordenar
de manera puntual, a efecto de evitar su utilización de una manera desordenada. No
hacerlo así conllevaría el riesgo de que la institución llegase a ser utilizada como un
instrumento de ataque al propio régimen democrático. Por ello es que, teniendo en mente
los ejemplos proporcionados por el derecho comparado, en el presente proyecto de reforma,
se propone acotar la iniciativa popular con base en los siguientes parámetros: a) se
establece un porcentaje de electores requeridos para subscribirla; y b) se señala un
criterio de distribución geográfica adecuada de los subscribientes. El Congreso de la
Unión estaría encargado de expedir la ley que desarrollaría estos dos principios de
manera coherente y sistemática.
También se propone la introducción en nuestro sistema constitucional,
de la figura del referéndum legislativo, consistente en someter a la decisión del
electorado una ley que hubiere sido aprobada por el Congreso de la Unión. Correspondería
al propio Congreso de la Unión definir en una ley las características específicas que
el referéndum legislativo tendría en nuestro país.
2. Reducción del número de diputados por representación proporcional
y supresión de la figura de senadores de representación proporcional.
La introducción del principio de representación proporcional en el
sistema electoral mexicano para la elección de diputados al Congreso de la Unión, se dio
bajo circunstancias caracterizadas por la existencia de un sistema de partido dominante,
casi único, en el cual las opciones partidarias de oposición no tenían posibilidades de
tener una presencia importante en el Congreso a través del principio de mayoría
relativa. La fórmula antecesora, es decir, la de los llamados "diputados de
partido", no había sido suficiente para abrir los espacios congresionales a los
partidos de oposición, en aquel entonces débiles y poco estructurados.
De esta manera, la reforma política de 19771979 configuró lo que se
conoce como un "sistema electoral mixto con predominante mayoritario", en virtud
del cual conviven en un solo sistema electoral global, los principios de mayoría relativa
y el de representación proporcional, para el caso de la Cámara de Diputados. Como se
recordará, en aquel entonces se estableció que por representación proporcional serían
elegidos 100 diputados, con lo que la Cámara de Diputados quedaría integrada por 400
diputados.
La reforma política de 1986, aumentó el número de diputados de
representación proporcional de 100 a 200. Se consideró conveniente que ante el aumento
en la pluralidad política del país, se debían abrir aún más los cauces de
canalización de las diversas fuerzas políticas dentro de la Cámara de Diputados, que al
no ser lo suficientemente sólidas y fuertes, no podían acceder a la cámara por el
principio de mayoría relativa que, como se sabe, tiende a premiar a los partidos más
grandes, en detrimento de los pequeños.
Por último, la reforma de 1996 a la estructura del Senado, siguiendo
un tanto la inercia de las reformas respectivas a la Cámara de Diputados, introdujo los
senadores de representación proporcional, elegidos a partir de listas votadas en una
lista nacional.
Es preciso reconocer que las circunstancias que vive México en la
actualidad, difieren de manera sustancial de aquéllas que en su momento justificaron la
introducción del principio de representación proporcional en la integración de la
Cámara de Diputados y en la de Senadores. Si antes apenas podía hablarse de un
"sistema de partidos" propiamente dicho, hoy día la realidad nos muestra un
sistema de partidos cada vez más sólido y estructurado.
En virtud de estas observaciones y razonamientos, se propone una
reducción en el número de diputados de representación proporcional a 100, así como la
supresión de ese mismo principio en la elección de parte del Senado. Los partidos
políticos son hoy día opciones bien organizadas, electoralmente fuertes, que disputan en
pie de igualdad posiciones político electorales. Por lo tanto, el principio de mayoría
relativa es ya un cauce suficiente para darles cabida en las cámaras y el número de
curules asignadas por el principio de representación proporcional puede ser
legítimamente reducido en su importancia relativa, e incluso suprimido, como se propone
para el caso del Senado.
Por otra parte, esta propuesta tendría también el beneficio adicional
de reducir las dimensiones de la Cámara de Diputados de 500 a 400 legisladores. Esta
situación haría más manejable un órgano que por razones diversas y en su momento
justificadas, ha crecido de manera desproporcionada.
Como consecuencia de este cambio y para mantener la misma proporción
en relación con los topes a la sobrerepresentación establecidos en el artículo 54
constitucional, se propone disminuir de 300 a 240 el número máximo de diputados que por
ambos principios puede tener un partido político.
3 Reelección inmediata de diputados Y senadores.
Uno de los factores que ha sido señalado como relevante para explicar
la debilidad del poder legislativo mexicano ante el poder ejecutivo, es la ausencia de una
verdadera carrera parlamentaria. A su vez, esta ausencia se ha relacionado con la
imposibilidad que tienen los diputados federales y los senadores de reelegirse para el
período inmediato.
En efecto, al no haber continuidad en la carrera parlamentaria se
obstaculiza la elevación de la calidad del personal político que llega a las cámaras y
con ello se impide el fortalecimiento cualitativo del Congreso como un todo. Dicha
obstaculización ocurre porque la no reelección de los legisladores dificulta su
especialización en el conocimiento de la dinámica interna y en el manejo de la materia
propia de las comisiones legislativas de las que son miembros. Así, en cada nueva
legislatura llegan al Congreso nuevos diputados y senadores que o bien jamás han tenido
experiencia en las lides parlamentarias, o si la tienen, ha sido de una manera discontinua
e interrumpida.
Además, el principio de la reelección inmediata de los legisladores
federales tiene la ventaja de que acerca más al legislador con su electorado. Al depender
de éste la reelección de aquél, se obliga al diputado y al senador a no descuidar la
relación con su distrito o Estado. En este sentido, la introducción del principio de la
reelección para diputados federales y senadores de la República, habrá de vigorizar el
sistema representativo federal mexicano, al aumentar la responsabilidad del legislador con
sus electores
Cabe aclarar que con esta propuesta se regresaría al espíritu del
sistema original que aprobó el Constituyente de 1917, ya que, en efecto, el principio de
la no reelección de diputados y senadores se introdujo a través de la reforma
constitucional de 1933. Es decir, el Congreso Constituyente de 1917 no consideró el
principio de la no reelección de los legisladores federales como un elemento relevante de
nuestra estructura constitucional, sino que al contrario, consideró importante conservar
la posibilidad de que dichos servidores públicos de elección popular pudiesen reelegirse
en ocasiones sucesivas e inmediatas, para así darles la oportunidad de especializarse en
los trabajos correspondientes al poder legislativo. Esto permitía forjar verdaderas
carreras parlamentarias lo cual, como ya se explicó, redunda en beneficio del peso
político específico del Congreso como un todo.
Sin embargo, la iniciativa de reformas reconoce los riesgos que van
implícitos en la admisión del principio de la reelección de diputados y senadores. El
riesgo puede significar el enquistamiento en el Congreso, por muchos años de individuos
que de buena o mala manera controlen las maquinarias partidistas que en los distritos o
estados respectivos son capaces de ganar las elecciones. Por ello y en consideración de
que la movilidad política periódica es sana para la vida pública nacional, la propia
iniciativa ha establecido tres acotaciones al principio de la reelección de los
legisladores federales. La primera consiste en fijar un límite de una al número de
reelecciones al que podría aspirar un senador y de dos para el caso de los diputados
federales. Se trata, entonces, de encontrar un equilibrio entre la necesidad de crear las
condiciones de carreras parlamentarias sólidas y la consideración de que un cierto grado
de movilidad del personal que integra las cámaras del Congreso, es conveniente porque las
actualiza, e introduce en ellas nuevas perspectivas y renovados ánimos.
La segunda acotación consiste en prohibir a los partidos políticos
registrar para ser reelegidos, a más del cincuenta por ciento de los candidatos que
postulen en un proceso electoral federal para diputados y senadores, tanto por el
principio de mayoría relativa como por el de representación proporcional. Esta
disposición se incluye, reiteramos, debido a que se reconocen las distorsiones que puede
llegar a tener el principio de la reelección de legisladores federales si se le asignara
un valor absoluto. Por ello, se ha establecido un límite al número de diputados y
senadores que en cada proceso electoral pueden ser postulados para ser reelegidos, en aras
de propiciar un equilibrio con el principio también positivo de la circulación de
cuadros y movilidad política de los legisladores.
Por último, se consideró pertinente vincular el principio de la
reelección de los legisladores federales, con el de la eficiencia y empeño en la
realización de las tareas que la Constitución y la ley asignan a los representantes
populares A efecto de establecer dicha vinculación, se estimó necesario establecer la
regla de que para poder aspirar a la reelección, los senadores de primera minoría
deberán ocupar el segundo lugar en la lista de dos fórmulas de candidatos que los
partidos políticos registren en la elección respectiva. De otra manera, cualquiera que
tenga el control de las estructuras partidarias en su Estado, aunque no ganara la
elección, si se le propone en primer lugar de la fórmula de senadores, podría estar
doce años en el Senado, sin haber ganado nunca una elección. Se trata así, de estimular
el trabajo político legislativo, como condición de la reelección a un cargo senatorial.
De manera análoga, se propone que los diputados solamente puedan ser reelegidos cuando
participen en la elección respectiva como candidatos postulados bajo el principio de
mayoría relativa, en distritos uninominales. De esta forma se pretende que sea el trabajo
en las cámaras, reconocido directamente por el electorado, lo que lleve a un legislador
federal a ser reelegido, en su caso.
4. Trámite legislativo con consulta popular previa
En el desempeño de sus tareas de carácter legislativo, siempre es
posible que las cámaras puedan llegar a identificar determinados asuntos, materias o
momentos políticos que requieren de un análisis más reposado, más cuidadoso, basado
primordialmente en una amplia consulta a la población.
El procedimiento legislativo ordinario, tal y como está previsto en el
artículo 72 constitucional vigente, no contempla esta posibilidad; como tampoco lo hace
el artículo 77 de la constitución, el cual establece las facultades que cada una de las
cámaras puede ejercitar sin intervención de la otra.
En esta iniciativa de reforma, se propone permitir esta posibilidad,
adicionando una fracción V al artículo 77 constitucional, en virtud de la cual cada
cámara, por el voto de más de la mitad del número total de sus miembros, podría
decidir la realización de una consulta popular previa a la discusión y votación de un
proyecto de ley o decreto.
IIII. IMPULSAR LA COLABORACION ENTRE EL LEGISLATIVO Y EL EJECUTIVO.
1. Facultad del Poder Legislativo para ratificar el Plan de Desarrollo.
A pesar de haber sido práctica continua de los gobiernos de la
República al menos desde la década de los años treinta, el proceso de planeación del
desarrollo no se elevó a rango constitucional sino hasta 1983. Las reformas
constitucionales de este año establecieron lo que ahora conocemos como el "Sistema
Nacional de Planeación Democrática", a través del cual se dieron al Estado
facultades para planear el desarrollo nacional y se señalaron formas de participación
social en el proceso de planeación.
Debemos señalar, sin embargo, que una de las características de este
sistema de planeación consistió en concentrar todo el proceso en torno al titular del
poder ejecutivo federal, en tanto que al Congreso de la Unión le tocó desempeñar un
papel más bien marginal.
En efecto, el párrafo tercero del artículo 26 constitucional señala
en su última parte, que "En el sistema de planeación democrática, el Congreso de
la Unión tendrá la intervención que señale la ley." Por su parte, el artículo 5o
de la Ley General de Planeación dispone que, en cuanto a la elaboración del Plan, su
ejecución y revisión, el presidente de la República deberá remitir el Plan al Congreso
para su examen y opinión. Asimismo, prevé este artículo que el poder legislativo podrá
formular observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y
adecuaciones del propio Plan. La participación del Congreso de la Unión en la
elaboración, ejecución, revisión y adecuación del Plan Nacional de Desarrollo, es
superficial ya que puede hacer observaciones, pero éstas en nada obligan al presidente de
la República.
En un instrumento de gobierno tan relevante como es la planeación del
desarrollo, debe definirse con precisión una mayor injerencia del Congreso de la Unión.
Por ello, es conveniente fortalecer la participación del poder legislativo sobre el
proceso de planeación del desarrollo nacional. En este sentido, la propuesta consiste en
dar al Congreso la facultad de ratificar el Plan Nacional de Desarrollo, mediante un
sistema similar al que se propone en esta iniciativa para la aprobación de ciertos
tratados internacionales y en el que a una intensa participación del Congreso de la
Unión en su diseño, sigue la facultad de ratificar o rechazar la propuesta.
De esta manera, el Plan se convierte en un instrumento del Estado
Mexicano y no exclusivamente del gobierno, que tiene un impacto mayúsculo en el
desarrollo nacional, no solamente en cuanto a la atención de las necesidades inmediatas
del país, sino en el mediano y largo plazos. Resultaría sano para el desarrollo
nacional, que el Plan cuente con el aval de la representación nacional, y obligará a
quienes lo elaboren, dar mayor apertura en la selección de objetivos y metas del
desarrollo.
2. Formato del informe presidencial.
Desde principios de la década de los noventa se hizo evidente que el
formato del informe presidencial, tal y como está planteado en el artículo 69
constitucional y como se realizaba en la práctica guiada por la costumbre, no respondía
ya a la nueva realidad de mayor pluralidad política que vivía el país. Por esta razón
y en el ánimo de dar cabida a nuevos actores políticos dentro del formato del informe
presidencial, se introdujo en 1994 en la Ley Orgánica del Congreso General, que cada uno
de los partidos políticos representados en el Congreso, tengan derecho a dirigir un
mensaje antes de la rendición del informe presidencial.
Sin embargo, aun este nuevo esquema ha resultado insuficiente para
colmar las expectativas legítimas de todos los partidos políticos con representación en
el Congreso de tener una intervención más activa y significativa en un acto de tanta
trascendencia nacional, así como para satisfacer la necesidad de información de una
opinión pública cada vez más viva y participativa.
El informe presidencial es quizás la mejor ocasión para propiciar el
intercambio de puntos de vista entre los poderes legislativo y ejecutivo de la Unión. No
obstante esta potencialidad, el formato actual establece una serie de limitaciones que
impiden que tal intercambio se verifique de la forma más útil y significativa a los ojos
de la nación entera.
El artículo 69 constitucional no obliga al presidente de la República
a dirigir un mensaje público y verbal al Congreso. Es decir, el titular del ejecutivo
cumpliría con su obligación de rendir el informe simplemente con entregar el informe al
presidente en turno del Congreso. Es cierto que, en la práctica, el informe presidencial
no ha sido rendido de esta manera, pero nada impide que en el futuro sí se haga, sin por
ello violar ningún precepto constitucional. Lo que se vería afectado, dado este caso,
sería la oportunidad de ver al titular del Ejecutivo, de frente al Congreso General,
intercambiando puntos de vista, lo cual consideramos como una práctica sana para la vida
política y cívica del país.
En segundo lugar, el mecanismo establecido por la Ley orgánica del
Congreso, da participación a los partidos políticos antes de que conozcan el contenido
del informe, lo cual desvincula su participación de la sustancia misma de todo este acto
que la práctica ha revestido de gran solemnidad y relevancia nacional. El formato actual
no corresponde a la idea de tener un intercambio de puntos de vista en relación con el
informe, sino que propicia la expresión de opiniones sueltas que pueden vincularse con
cualquier tema de carácter político o administrativo, pero no con el contenido del
Informe.
En atención a estas consideraciones, es que esta iniciativa de reforma
constitucional plantea la modificación del formato del informe presidencial. La finalidad
de la modificación planteada consiste en elevar a rango constitucional la hasta ahora
práctica política de que el presidente de la República se dirija personal y verbalmente
al Congreso General; además, se propone hacer una distinción entre el informe que el
presidente de la República debe presentar por escrito y el mensaje que en relación con
el informe dirigiría el titular del ejecutivo al Congreso de la Unión.
Por otra parte, se propone permitir a los grupos parlamentarios, que
manifiesten su posición en relación con el mensaje dirigido por el presidente de la
República con motivo de la presentación de su informe. Además, que la manifestación
que corresponda a los grupos parlamentarios a través de alguno de sus legisladores, verse
exclusivamente sobre el informe y el mensaje presidencial, puesto de lo que se trata es
que la nación pueda advertir las diferentes posturas del Ejecutivo y de los partidos con
presencia en el Legislativo, en relación con las políticas del primero instrumentadas
durante el año anterior.
Es importante aclarar que con este formato lo que se busca es crear un
marco para el intercambio de puntos de vista sobre el informe presidencial, realizado de
manera pública y de cara a la nación. No se pretende diseñar un entorno en el que se
propicie el debate entre el poder legislativo y el ejecutivo. En otras palabras, con el
nuevo formato propuesto para el informe presidencial no se quiere crear una instancia
deliberativa entre poderes, sino más bien informativa y enunciativa de posiciones
políticas distintas.
Se busca diseñar las bases de un nuevo diálogo entre el poder
ejecutivo y el poder legislativo, pero de ninguna manera se intenta polemizar con la
figura del Presidente de la República, ni exponerlo a algún tipo de vejación pública.
Por este motivo y ante la evidente situación de desigualdad de status jurídico
constitucional, entre el titular del órgano que informa y los integrantes del órgano que
es informado, la presente iniciativa ha procurado ser muy cuidadosa de incluir reglas para
proteger la investidura que corresponde al Presidente de la República como jefe del
Estado mexicano.
La propuesta concreta consiste en sustituir la segunda parte del
párrafo único que tiene el artículo 69 constitucional vigente, con otra frase en la que
se establezca la obligación de dirigir un mensaje al Congreso haciendo referencia general
tanto al informe presentado, como al programa legislativo del año próximo. Asimismo, se
adicionaría un segundo párrafo en el que se establece, por un lado, el nuevo mecanismo
de intervención de los grupos parlamentarios en la contestación al informe y mensaje
presidenciales; y por otro lado, se señala la obligación de los legisladores de guardar
el debido respeto a la investidura del presidente de la República, en su calidad de jefe
de Estado, facultándose además al presidente del Congreso para retirar la palabra a
quien así no lo hiciere.
Finalmente, también se propone que en el informe el Presidente dé a
conocer su programa legislativo anual, de tal manera que el Congreso pueda hacer una mejor
planeación de su trabajo legislativo.
3. Mecanismo alternativo cuando no se apruebe el Presupuesto de Egresos
La regulación constitucional actual en materia de aprobación del
presupuesto de egresos de la federación y de la ley de ingresos correspondiente, puede
llevar a conflictos irresolubles que a su vez podrían poner en serio peligro la
estabilidad financiera y económica, si no es que también política, del país.
En efecto, según los mecanismos constitucionales vigentes, si no se
aprueba el presupuesto de egresos de la federación propuesto por el poder ejecutivo,
únicamente estarían garantizadas las remuneraciones de los servidores públicos
federales, en los términos que hubiesen sido aprobadas en el presupuesto anterior o
según lo hubiese fijado la ley que estableció el empleo respectivo. Esta es la solución
que da el artículo 75 constitucional vigente.
Sin embargo, la redacción de dicho artículo implica que todos
aquellos rubros de gasto público federal que no entren en el concepto de
"remuneraciones", no seguirían recibiendo recursos públicos para el año
correspondiente, lo que significaría la paralización de todos los programas de la
administración pública federal y, por lo tanto, la paralización del país, si tomamos
en cuenta la enorme importancia que en México sigue teniendo la presencia y acción del
sector público como rector y regulador de la economía nacional.
La manera en que proponemos solucionar este problema, derivado del
candado irresoluble al que nos podría llevar la regulación vigente, consiste en permitir
que, al no aprobarse el presupuesto y la ley de ingresos presentado por el Ejecutivo al
Legislativo, continúe vigente el presupuesto y la ley de ingresos del año anterior. Esto
evitaría la paralización económica del país y por lo tanto, la crisis política y de
convivencia social, derivadas de una falta de acuerdo entre dos poderes de la Unión.
Asimismo y tomando en cuenta que a pesar de los esfuerzos realizados,
la inflación es un fenómeno persistente en nuestra realidad económica, al ocurrir la
hipótesis arriba señalada, debiera ajustarse tanto el presupuesto de egresos como la ley
de ingresos, al incremento de los precios ocurrido durante el año anterior. Esta medida
se propone para el efecto de mantener en niveles reales los montos de gastos e ingresos
del gobierno federal.
4. Preguntas dirigidas y comparecencias mensuales de Secretarios de
Estado.
Las preguntas parlamentarias son mecanismos para obtener información
de los órganos de la administración pública sobre cuestiones específicas y concretas.
Son un instrumento ágil, de fácil utilización por parte de cualquier legislador, sin
más requisitos que el tener que versar sobre asuntos precisos y concretos. Las preguntas
se diferencian de las interpelaciones en razón de que estas últimas son interrogaciones
al Gobierno sobre asuntos de carácter general o de marcado interés político, que abren
un debate en el seno de la cámara de la que surgió, después del cual la cámara fija su
posición en relación can el tema, a través de una votación.
En un régimen parlamentario las preguntas pueden ser orales o
escritas. El carácter oral de las mismas se facilita en función de las características
mismas del parlamentarismo, en el que los ministros son generalmente miembros del
parlamento, e interactúan y dialogan de manera constante, in personam, con sus colegas
legisladores que no forman parte del gabinete. Pero también pueden darse en la forma de
gobierno parlamentaria las preguntas escritas. En este último caso, tanto la pregunta
como la contestación suelen imprimirse en alguna publicación oficial de la cámara
correspondiente.
Por estas razones es que se propone que los legisladores federales
pudiesen formular preguntas escritas al gobierno federal, dirigidas, a través de la
Cámara, a alguno de los servidores públicos mencionados en el artículo 93
constitucional, sin que estos últimos se encuentren presentes en sesión de las cámaras.
Por su parte, dichos servidores públicos estarían obligados a dar respuesta por escrito
a la pregunta, dentro de un plazo cuya magnitud habría que definir en la ley. Tanto la
pregunta como la respuesta se inscribirían en una publicación oficial que para tal
efecto editen las Cámaras.
Las preguntas escritas son perfectamente compatibles con la forma de
gobierno presidencial. Con este instrumento se daría a los legisladores en lo individual
el poder que nunca han tenido en la práctica: pedir información o explicaciones
directamente a los órganos de la administración pública federal, con la obligación
correlativa de estos últimos de responder dentro del plazo fijado.
Asimismo, se plantea mes con mes, las Cámaras citen a servidores
públicos del gobierno federal para que respondan de manera directa a preguntas orales
específicas que les dirijan los legisladores federales. Este ejercicio permitirá
fortalecer los esquemas de colaboración de poderes actualmente previstos en nuestra
Constitución. Se trataría, entonces, de analizar conjuntamente problemas nacionales,
para que juntos se encuentren soluciones a los mismos. En la propuesta se plantea que la
facultad de las cámaras para citar a los servidores públicos mencionados en el segundo
párrafo del artículo 93 constitucional a reuniones de preguntas orales, deberá ser
ejercida mes con mes, no de manera potestativa, sino obligatoria, por parte de ambas
cámaras. Asimismo, se menciona una base general que deberán seguir la ley y el
reglamento de las cámaras, para que las reuniones de preguntas orales se sujeten a los
principios de agilidad y diligencia, en aras de una mayor fluidez y economía funcional en
las nuevas relaciones entre los poderes legislativo y ejecutivo que se pretenden
construir.
Bajo un régimen de tipo presidencial es posible introducir la figura
de las preguntas orales. Es verdad que existen ya las comparecencias de los Secretarios de
Estado ante las cámaras, previstas en el artículo 93 constitucional, en las cuales los
legisladores pueden formular preguntas a los servidores públicos mencionados. Sin
embargo, las comparecencias han adquirido el carácter de ocasionales, en lugar de
periódicas; y además están limitadas a la presentación de un informe cuando se discuta
una ley o se estudie un negocio concerniente al ramo o actividades del servidor público
en cuestión.
Este planteamiento no se debe entender como una licencia para la
crítica sin sentido o la censura sistemática, sino como una instancia de diálogo y
colaboración, como un momento para reflexionar seriamente, intercambiar puntos de vista,
encontrar consensos y acordar medidas conjuntas, cuyo fin último sea el bienestar de la
población. Se debe recalcar que no se busca, bajo ningún concepto, el someter a un poder
frente a otro, el propósito es involucrar, aún más, al Congreso de la Unión en el
análisis y solución de los problemas nacionales.
En todos los países en donde los parlamentos cuentan con el
instrumento de las preguntas escritas y orales, existen ciertas reglas a las que éstas
deben sujetarse. Entre esas reglas encontramos las siguientes:
a) La pregunta debe versar sobre un asunto (y sólo uno) específico y
concreto.
b) No debe versar sobre algún asunto de exclusivo interés personal
del formulante
c) No deben tener el carácter de consulta estrictamente jurídica.
d) No deben contener alusiones nominales a persona alguna.
e) La materia de la pregunta debe caer en el ámbito de responsabilidad
del servidor público a quien va dirigida.
f) La pregunta escrita se presenta ante la Mesa Directiva, para que
ésta la admita y la notifique al Secretario de Estado correspondiente.
Se propone en esta iniciativa establecer la base constitucional de las
preguntas escritas y orales, como instrumentos nuevos de información en manos de los
legisladores federales, que les permitirá una mejor colaboración con el poder ejecutivo.
IV. VIGORIZAR EL PAPEL DEL CONGRESO DE LA UNION
1. Facultad del Senado para ratificar nombramiento de algunos
Secretarios.
La facultad de ratificación por parte del Senado de la República de
nombramientos hechos por el presidente de la República es bien conocida en la tradición
constitucional mexicana En la actualidad este mecanismo de nombramiento existe para el
caso del nombramiento de Procurador General de la República, de Ministros de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales,
empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
La razón de ser de la ratificación senatorial, en estos casos de
nombramiento que corresponden al presidente de la República, radica en lo siguiente: se
trata de que el Senado ejerza un control sobre la selección que el presidente haga de las
personas que habrán de ocupar cargos de tan elevada importancia y responsabilidad. Al
requerirse la ratificación, el presidente habrá de cuidar con sumo detalle el perfil de
las personas a quienes desee nombrar en el cargo; deberá sopesar sus ventajas y
desventajas, sus defectos y virtudes, para no exponerse a un rechazo público de su
propuesta de nombramiento.
Por otra parte y visto desde la perspectiva de la persona designada a
través de este mecanismo, el individuo así nombrado llega a ocupar el cargo con el apoyo
no nada más del presidente de la República, sino con el aval de una de las cámaras del
Congreso de la Unión, lo cual se traduce en un fortalecimiento de su posición política
a los ojos del resto de los actores políticos nacionales.
Ahora bien, existen ciertos servidores públicos cuya actividad es de
la mayor relevancia para el país, que sin embargo no están incluidos en este
procedimiento que combina el nombramiento por el presidente de la República con la
ratificación del Senado: se trata de los Secretarios de Estado, quienes según lo
establece el artículo 89 constitucional, son nombrados y removidos libremente por el
titular del Poder Ejecutivo Federal.
La tradición jurídica mexicana ha llevado a la Cámara de Senadores
ha intervenir directamente en la aprobación de los nombramientos de empleados superiores
de Hacienda, así como los del servicio exterior mexicano. Por ello resulta lógico que en
esta siguiente etapa, la facultad del Senado de la República para ratificar
nombramientos, se extienda a los titulares de estas áreas prioritarias de la
administración pública federal, es decir respecto de los Secretarios de Hacienda y
Crédito Público y de Relaciones Exteriores.
La importancia nacional que tienen las personas que ocupan estas
posiciones es tal, que se justifica plenamente el que se les sujete en cuanto a su
nombramiento, al procedimiento que busca garantizar en ellos un perfil adecuado, que
reúna las cualidades personales, políticas y profesionales más convenientes para
desempeñar la alta responsabilidad que se les encomienda. Por esta razón, proponemos que
se reformen los artículos 89 y 76 de la Constitución, para disponer que los Secretarios
de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores, sean nombrados por el
Presidente de la República con la ratificación del Senado.
En congruencia con la redacción de todo el artículo, se propone
cambiar en la fracción IX del artículo 89, el infinitivo del verbo "designar"
por el de "nombrar", que se utiliza en las demás fracciones del mismo
artículo.
2. Comisiones de Investigación.
Es ampliamente conocida la opinión de la doctrina en el derecho
constitucional y parlamentario, que identifica a las funciones de control, vigilancia e
investigación sobre el poder ejecutivo, como las funciones más relevantes de las
asambleas legislativas modernas. El instrumento principal para el ejercicio de esas
funciones es el conformado por las "comisiones de investigación" creadas ex
profeso para desempeñar tales tareas y previstas por la mayor parte de las leyes y
reglamentos que regulan la materia parlamentaria en los diversos países.
En México, la base constitucional que prevé la posibilidad de crear
este tipo de comisiones se encuentra en el artículo 93 de nuestra norma fundamental. En
1977, dicho artículo fue adicionado con el que ahora figura como su párrafo tercero, en
el cual se establece la facultad de las cámaras para que, a pedido de una cuarta parte de
sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores, el
pleno acuerde integrar comisiones para investigar el funcionamiento de organismos
descentralizados de la administración pública federal y empresas de participación
estatal mayoritaria. Asimismo, con dicha adición se estableció que los resultados de las
investigaciones se harían del conocimiento del Ejecutivo Federal.
Ahora bien, si bien en su momento la mencionada adición constituyó un
avance en cuanto al fortalecimiento del poder legislativo en nuestro país, hoy día la
norma en aquel tiempo establecida ha quedado rezagada frente a la mayor pluralidad
política existente en México, la nueva correlación de fuerzas existente en las cámaras
del Congreso, el grado de madurez de la opinión pública y las exigencias de todos los
mexicanos por fijar límites e imponer controles al ejercicio del poder político.
Son tres las principales limitaciones que acusa el sistema vigente
relativo a las comisiones de investigación de las cámaras del Congreso. En primer lugar,
el ámbito sobre el cual puede recaer su actividad es sumamente restringido. ¿Por qué
seguir limitando las tareas de investigación de este tipo de comisiones a los organismos
descentralizados y a las empresas de participación mayoritaria? ¿Qué en los ámbitos de
la administración pública centralizada no existen hechos susceptibles de ser
investigados o situaciones que aclarar? Incluso, ¿por qué no ir más allá y dar a los
representantes de la Nación facultades para investigar cualquier asunto que despierte el
interés público?
La iniciativa propone llevar hasta sus últimas consecuencias el
alcance de las facultades de investigación que tiene el Congreso de la Unión a través
de las comisiones que para tales efecto integren sus cámaras. Sin perjuicio de las
facultades análogas que correspondan a otras autoridades, hemos creído que la
representación política nacional debe estar en posibilidad de investigar cualquier
asunto de interés público, para sacar a la luz las responsabilidades de cualquier
índole que correspondan a los sujetos que de alguna manera obren de manera ilícita.
En segundo lugar, las reglas vigentes relativas a las comisiones de
investigación dejan en manos de un grupo minoritario muy pequeño de la Cámara de
Diputados la posibilidad de solicitar al pleno la constitución de una comisión de este
tipo. Cabe aclarar que la facultad que el tercer párrafo del artículo 93 de la
Constitución da a una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados y a la
mitad, si se trata de los senadores, se refiere a "solicitar", mas no a
"decidir" sobre la integración de una comisión de investigación. Es decir,
ante el supuesto de una "solicitud" de este tipo, tocaría a la cámara
respectiva decidir, en pleno, si la atiende o no. Sin embargo la disposición
constitucional tal y como está en el texto vigente, abre la puerta para que grupos
pequeños con escasa representatividad, pongan un mecanismo de tan graves consecuencias
como las que pueden tener las investigaciones parlamentarias.
Consideramos que estas reglas para conformar las comisiones de
investigación deben ser modificadas y por ello se propone elevar el requisito de una
cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados.
Una tercera limitación del sistema vigente de las comisiones de
investigación, radica en los efectos que tienen sus resultados. Según la parte final del
párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución, dichos resultados se hacen del
conocimiento del Ejecutivo Federal. Esta disposición deja trunco todo el proceso
investigatorio, puesto que el presidente de la República bien podría tomar conocimiento
de los resultados y archivarlos, sin que produjesen ningún efecto. Por este motivo
consideramos que el artículo 93 debe adicionarse para mencionar de manera expresa los
efectos específicos que habrán de tener los resultados a los que lleguen las comisiones
de investigación.
De esta suerte, en la iniciativa de reforma se propone que al dar a
conocer la Mesa Directiva de la Cámara resultados de la investigación, las autoridades
correspondientes estarán obligadas a iniciar los trámites para exigir el tipo de
responsabilidad que corresponda, sea penal, administrativa o política.
Además y para evitar el manejo político de información parcial que
vaya apareciendo en el transcurso de las investigaciones por parte de los legisladores, se
propone en esta iniciativa de reforma la obligación de guardar secreto en relación con
los hechos que aquéllos conozcan durante la investigación. Asimismo, se propone que
quien no cumpla con esta disposición incurrirá en responsabilidad de tipo político,
dando lugar al juicio previsto en el artículo 110 constitucional.
Por último y para hacer expedito y eficaz el ejercicio de las
funciones de las comisiones de investigación1 se propone establecer la obligación de
todo ciudadano mexicano de comparecer a requerimiento de las Cámaras; y se remite a la
Ley Orgánica del Congreso General para lograr el cumplimiento de esta obligación contra
aquéllos que se nieguen a respetarla.
V. FORTALECER AL SENADO DE LA REPUBLICA
1. Nuevas reglas sobre aprobación de la Ley de Ingreso e intervención
del Senado en la aprobación del Presupuesto de Egresos.
El examen, la discusión y la aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación corresponden de manera exclusiva a la Cámara de Diputados, según lo
dispone la fracción IV del artículo 74 constitucional. Es decir, el esquema vigente deja
afuera a la Cámara de Senadores del proceso de discusión y aprobación de la forma en la
cual gobierno gastará o invertirá el dinero del pueblo.
En la actualidad, no existe una razón de peso para sustentar la
exclusión del Senado de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Al
contrario, esta circunstancia responde más bien a una reminiscencia del unicameralismo
transitorio que estableció la versión original de la Constitución de 1857. Como se
recordará, al reinstaurarse el Senado en virtud de la reforma constitucional de 1874, se
le dieron las facultades que antes pertenecían a la de diputados como Cámara única.
Otras facultades, sin embargo, quedaron en mano de la Cámara de Diputados. Tal fue el
caso de la facultad exclusiva de aprobar el presupuesto de egresos de la Federación.
Ahora bien, el Constituyente de 1917 adoptó, sin mayor discusión, el
sistema de la constitución de 1857 reformada en 1874 y así reprodujo en la referida
fracción IV del artículo 74 como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de
examinar, discutir y aprobar el presupuesto federal de gastos. Esta disposición, sin
embargo, no es congruente con al menos tres principios también inscritos en nuestra
Constitución vigente.
En primer lugar, resulta paradójico que el Senado no pueda participar
en la aprobación del Presupuesto anual de gastos de la federación, pero que sí pueda
participar en la autorización de gastos no previstos en el referido presupuesto, mediante
una ley posterior a aquél. Esta última posibilidad es abierta por el artículo 126
constitucional que a la letra dice: "Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que
no esté comprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior" Esto
significa que no hay una razón de fondo que justifique la exclusión del Senado del
proceso de aprobación de gastos de la federación, puesto que, de hecho, ya interviene en
la aprobación de leyes posteriores que modifican al presupuesto.
En segundo lugar, resulta incongruente que el Senado sí pueda
intervenir en el proceso de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y que no pueda
hacerlo en el caso del Presupuesto de Egresos. Es decir, el sistema vigente olvida que la
actividad fiscal del Estado moderno debe observarse de manera global, lo que implica ver
el lado de los ingresos en su estrecha vinculación con el lado de los gastos. El sistema
vigente, por el contrario, escinde el proceso presupuestario federal en dos secciones,
como si se tratara de dos aspectos ajenos, al dar facultades al Senado para intervenir en
la aprobación de los impuestos necesarios para cubrir el presupuesto de gastos, al tiempo
que lo excluye de la posibilidad de participar en la determinación del monto y destino de
dichos gastos.
En tercer lugar, la naturaleza de la representación política ejercida
por los senadores no puede invocarse como una razón para excluirlos de la aprobación del
Presupuesto de Egresos de la Federación. Es decir, el hecho de que el Senado sea la
"Cámara Federal", no justifica la exclusión. Al contrario: las entidades
federativas son receptoras directas de recursos federales, lo cual es razón de más para
justificar su intervención en la aprobación del gasto federal.
Otra preocupación gira en torno a la anticipación con que las
Cámaras debieran contar tanto con la iniciativa de ley de ingresos como del presupuesto
de egresos; de dicha anticipación depende el contar con el tiempo suficiente para
estudiar ambos documentos, para conocerlos a fondo con el fin de hacer observaciones y
contrapropuestas y para conducir un debate de altura y con conocimiento de causa. Por ello
se propone introducir reglas que anticipan no solamente la presentación de las
iniciativas de ley de ingresos y presupuesto de egresos, sino la presentación de los
criterios que habrá de seguir el poder ejecutivo federal en la formulación del
presupuesto de egresos de la Federación de cada año.
2. Facultades del Senado para intervenir en el proceso de negociación
de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas
El artículo 76 de la Constitución señala en su fracción I, que es
facultad exclusiva del Senado "aprobar los tratados internacionales y convenciones
diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión." Sin embargo, en la práctica lo
que ha sucedido con frecuencia es que al remitirse al Senado los tratados negociados y
celebrados por el Ejecutivo con las instancias gubernamentales respectivas de otros
Estados, el Senado no tiene los elementos necesarios para comprender cabalmente el sentido
del tratado o la convención; para hacer observaciones de relevancia; para proponer
modificaciones; ni para justificar a cabalidad la aprobación o, en su caso, el rechazo
del tratado o convención respectivo.
En gran medida, lo anterior se debe a que el Senado no tiene ninguna
participación en el proceso de negociación del tratado o de la convención diplomática.
En ese proceso es en el cual se generan los estudios relativos al tema; en donde se
produce, se distribuye la información detallada sobre la materia respectiva; y en donde
se intercambian puntos de vista distintos que resaltan o enfatizan las cualidades o
defectos del instrumento que se negocia. Si el Senado no tiene una presencia asegurada
dentro de este proceso de negociación, es evidente que llega en un estado de absoluta
desventaja al momento de que se remite el tratado o convención que tiene que aprobar o,
en su caso, rechazar.
Cabe aclarar que esto no sería así en todos los casos, puesto que se
reconoce que, como es práctica reconocida en la gran mayoría de los países, la
negociación de instrumentos internacionales entre Estados es una prerrogativa del poder
ejecutivo. Pero sí en aquellos casos en que las dos terceras partes de los miembros del
Senado consideren necesario que, por la relevancia del tratado o convención a negociar,
sea conveniente que intervenga desde el inicio en el proceso de negociación. Procedería,
en consecuencia, reformar el artículo 76 constitucional, para establecer esta facultad
como exclusiva del Senado.
Por otra parte, en la presente iniciativa se considera que la
intervención del Senado en la negociación de tratados internacionales y convenciones
diplomáticas, debe llevar aparejada la posibilidad de que el Presidente de la República
solicite a la Cámara de Senadores que discuta y vote sobre el instrumento internacional
en cuestión, a través de un trámite acelerado, en virtud del cual éste debería ser
votado en bloque y en sesión única, sin que existiese la oportunidad de hacer
modificaciones al mismo. Es decir, la participación del Senado en el proceso de
negociaciones del tratado o convención, justifica la petición de voto en bloque que
tendría que hacer el presidente de la República antes de iniciarse el proceso de
negociación correspondiente, misma que a su vez tendría que ser aprobada por más de la
mitad del número total de los miembros del Senado. Este sería un mecanismo para agilizar
la aprobación de este tipo de instrumentos, dejando a salvo las facultades
constitucionales en materia de política exterior que corresponden tanto a la Cámara de
Senadores como al Poder Ejecutivo de la Unión.
Por esta razón se propone garantizar al Senado una participación
activa, no nada mas en los procesos de negociación de los tratados internacionales y
convenciones diplomáticas, sino también en todo aquel instrumento en que el Ejecutivo
Federal obligue al gobierno mexicano.
3. Facultad del Senado para participar en el diseño y evaluación del
gasto federal en el ámbito estatal y regional.
El Senado de la República es la Cámara del Federalismo por
excelencia. Ese es su origen y esencia, a pesar de la introducción de la figura de los
senadores de representación proporcional elegidos en una sola circunscripción
plurinominal nacional. La tradición constitucional mexicana, desde sus inicios, vinculó
el principio federalista a la institución del Senado, de tal suerte que debe entenderse
que sus miembros tienen una responsabilidad clara y directa en relación con sus
respectivos Estados.
Es necesario que los Senadores cuenten con herramientas efectivas para
cumplir de manera palpable con la responsabilidad que tienen para con sus Estados. Es
cierto que participan en la aprobación de leyes federales que habrán de tener una
repercusión en las entidades federativas; es verdad también que pueden aprobar o no
aprobar un tratado internacional o convención diplomática negociados por el poder
ejecutivo, mismos que obligan a los Estados en función de su pertenencia a esa entidad
más general que son los Estados Unidos Mexicanos. Pero en estos dos casos, se trata de
instrumentos de carácter general, que en la práctica no otorgan a los senadores en lo
particular la posibilidad de ejercer alguna interacción real con el poder ejecutivo, que
se traduzca en beneficios para las entidades federativas respectivas.
Por ello es que, precisamente en el ánimo de vincular el
fortalecimiento del Senado en relación con el poder ejecutivo, con la necesidad de
vigorizar esta misma Cámara en su carácter esencialmente federalista, se plantea dotar
al Senado de un instrumento que le permita tener una incidencia más efectiva en el
ámbito que quizás puede tener mayores efectos en las entidades federativas: el gasto
público federal.
Dicha incidencia se daría a través de la participación del Senado en
el diseño y evaluación del gasto público en el ámbito estatal y regional. La finalidad
primaria consistiría, entonces, en que el Senado pueda ratificar las metas regionales del
gasto público federal y que también pueda hacer un seguimiento de la manera en que se
asignan los subsidios federales y de las participaciones que sobre ingresos federales
correspondan a las entidades federativas, al Distrito Federal o a los Municipios.
Es en virtud de estas consideraciones que en la iniciativa que ahora se
presenta se propone adicionar una nueva fracción al artículo 76 constitucional, que
establecería las facultades arriba aludidas.
4. Facultad del Senado para aprobar también, aquellos instrumentos
internacionales que suscriba el Ejecutivo Federal y obliguen a México
En experiencias recientes, encontramos instrumentos jurídicos
internacionales que no tienen el carácter de tratados o convenciones internacionales,
pero sin embargo obligan de la misma manera. Estos instrumentos, en el derecho de los
Estados Unidos de América se conocen como "Executive Agreement" y en algunas
ocasiones, en aquel país, se han utilizado para evadir la ratificación del Senado que
requiere la legislación estadounidense.
Para evitar una situación similar a la expuesta, es que se propone
hacer una mención genérica a este tipo de instrumentos internacionales y se otorga a la
Cámara de Senadores la facultad de aprobarlos.
5. Informes trimestrales al Senado sobre el desarrollo de la política
exterior
A efecto de conseguir analizar más puntualmente la labor desarrollada
por el Ejecutivo Federal en materia de política exterior, se propone que la periodicidad
de los informes que éste o su secretario de despacho envían al Senado sea trimestral. La
razón nos parece obvia; en un mundo tan dinámico como el nuestro un análisis anual
afecta sensiblemente el margen de acción que la Cámara de Senadores requiere para tomar
las medidas necesarias, además de que un período tan amplio, en los hechos, obliga a una
política de hechos consumados que desnaturaliza el propósito del precepto constitucional
en comento.
6. Regulación constitucional de los Grupos Parlamentarios
El artículo 70 constitucional dispone que la Ley determinará las
formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de
partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas
representadas en la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la reforma de esta disposición
constitucional, el Senado quedó al margen del rediseño de la Cámara de Diputados.
La integración cada vez más plural del Senado de la República, hizo
necesaria la adecuación a la Ley Orgánica del Congreso para permitir que los Senadores
también pudieran agruparse según su filiación partidista, no obstante carecer de la
base constitucional para hacerlo.
Por estos motivos, es que se hace necesario que, de manera análoga a
lo que sucede en la Cámara de Diputados, las normas legales relativas a la agrupación de
los senadores de la misma afiliación partidista, tengan su correspondiente base
constitucional, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas
representadas en la Cámara de Senadores.
Por lo expuesto y, con fundamento en la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración
del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ARTICULO UNICO. SE REFORMA el párrafo segundo del artículo 26; el
artículo 52; el segundo párrafo del artículo 53; el proemio y la fracción IV del
artículo 54; el primer párrafo del artículo 56; ~l artículo 59; el artículo 61; los
párrafos primero, segundo y tercero del artículo 63; el párrafo primero del artículo
69; los párrafos segundo y tercero del artículo 70; la fracción IV del artículo 74; el
artículo 75; las fracciones I, II y X del artículo 76; el artículo 88; las fracciones
II y IX del artículo 89; los párrafos segundo y tercero del artículo 93; y, el párrafo
séptimo del apartado B del artículo 102 SE ADICIONA un párrafo segundo y un tercero al
artículo 69; una fracción IV, y un último párrafo al artículo 71; un inciso k) al
artículo 72; las fracciones XXIXK, XXIXL y XXIXM al artículo 73; una fracción X al
artículo 76, recorriéndose la última para pasar a ser la XI; una fracción V al
artículo 77; los párrafos tercero, cuarto y sexto al artículo 93. SE DEROGA el último
párrafo del artículo 26; todos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 26........
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución
determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática. Mediante
la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas
de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan
nacional de desarrollo, que será propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el
Congreso de la Unión, mediante el procedimiento previsto en el segundo párrafo de la
fracción primera de/ artículo 76 de este ordenamiento. A este Plan Nacional de
Desarrollo se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública
federal.
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el
sistema de distritos electorales uninominales y 100 diputados que serán electos según el
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales,
votadas en circunscripciones plurinominales."
Artículo 53, .......
Para la elección de los 100 Diputados según el principio de
representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se constituirán cinco
circunscripciones electorales plurinominales en el país La Ley determinará la forma de
establecer la demarcación territorial de estas circunscripciones."
Artículo 54. La elección de los 100 Diputados según el principio de
representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se
sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
I. a III........
IV. Ningún partido político podrá contar con más de 240 Diputados
por ambos principios;
V. a VI......."
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por 96 senadores,
de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría.
Para estos efectos los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmulas
de candidatos. La senaduria de primera minoría /e será asignada a la fórmula de
candidatos que encabece la lista de/ partido político que por sí mismo haya ocupado el
segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.
Artículo 59. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión
podrán ser reelectos para el mismo cargo y para el período inmediato, bajo las bases
siguientes:
I. Los senadores podrán ser reelectos en una ocasión y los diputados
hasta en dos.
II. En los términos de la fracción anterior, quienes hayan ocupado el
cargo de diputado o senador únicamente podrán volver a presentarse como candidatos a los
mismos, después de haber mediado por lo menos un período del cargo respectivo.
III. Los partidos políticos no podrán registrar para ser reelegidos,
a más del cincuenta por ciento de los candidatos que postulen en un proceso electoral
federal.
IV. Para poder ser reelectos, los senadores de primera minoría
deberán ocupar el segundo lugar en la lista de dos fórmulas de candidatos que los
partidos políticos registren para la elección respectiva.
V. Los diputados elegidos, ya sea por el principio de mayoría relativa
o de representación proporcional, no podrán ser reelectos por el de representación
proporcional
VI. Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos con el
carácter de propietarios siempre que no hubieren estado en ejercicio por más de dos
períodos consecutivos los primeros y por más de tres períodos consecutivos los
segundos; pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser reelectos por una
tercera o cuarta ocasión consecutiva, respectivamente, con el carácter de suplentes.
Artículo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las
opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos
por ellas, pero deben observar un código interno de cortesía y disciplina que asegure el
adecuado funcionamiento de cada una de las cámaras del Congreso de la Unión. Este
código deberá ser producto de un acuerdo parlamentario aprobado por más de la mitad de
los miembros presentes de la cámara respectiva, al inicio de cada Legislatura.
El presidente de cada cámara velará por el respeto a las inmunidades
parlamentarias de los legisladores, por la aplicación de este código interno de
cortesía y disciplina y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
"
Artículo 63. Las Cámaras no requieren de quórum alguno para
sesionar, pero no pueden abrir sus sesiones ni tomar acuerdos por votación sin la
concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros.
Los miembros presentes de una y otra cámara deberán reunirse el día señalado por la
ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con
la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan
su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo
igual y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas
elecciones.
Se entiende que los Diputados o Senadores que falten cinco
consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del presidente de su respectiva
Cámara, con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el
período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, se
convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a /a mayor brevedad a
desempeñar su cargo, entre tanto transcurren /os treinta días de que antes se habla.
Artículo 69 A la apertura de sesiones ordinarias del primer período
del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito
en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.
En dicha ocasión, también deberá el Presidente de la República dirigir un mensaje en
el que haga referencia genera/ al contenido del informe que presenta, así como a su
programa legislativo para el siguiente ano.
Cada uno de los grupos parlamentarios que tengan representación en el
Congreso podrá designar a un diputado o senador para que fije la posición de su grupo
exclusivamente respecto del informe y el mensaje presidencial. La ley señalará los
términos en que habrá de darse la intervención mencionada. Los legisladores están
obligados a guardar el debido respeto a la investidura del jefe de Estado, por lo que la
intervención no podrá incluir alusiones personales al titular de/ Ejecutivo Federal. El
presidente del Congreso estará facultado para retirar la palabra a quien así no lo haga.
En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la
Unión, o de una sola de sus Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente,
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria."
Artículo 70........
El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y
funcionamiento internos. Cada cámara deberá contar con un cuerpo profesional de asesores
permanentes, regido por los principios de imparcialidad y objetividad. Los diputados y
senadores deberán contar con un número mínimo de asesores y personal de apoyo para e/
cumplimiento de sus tareas legislativas y de representación popular, en los términos que
disponga la ley. El Presupuesto anual de las cámaras deberá garantizar los recursos
necesarios para que el sistema integral de apoyo al trabajo de los legisladores previsto
en este párrafo, funcione efectivamente.
La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de
los diputados y senadores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la
libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en ambas cámaras del
Congreso de la Unión.
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I…
II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
III. A las Legislaturas de los Estados; y
IV. A los ciudadanos, en los términos del último párrafo de este
artículo."
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las
legislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, pasarán desde luego a
comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites
que designe el reglamento de debates.
El Congreso de la Unión deberá expedir una ley a través de la cual
los ciudadanos puedan ejercer su derecho de iniciativa. La ley no podrá exigir más del
dos por ciento del número de empadronados en el Registro Federal de Electores,
distribuidos en al menos diez entidades federativas, con no menos de dos décimas por
ciento de los empadronados en cada uno de ellos.
Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea
exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose
el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones
y votaciones:
a) a j) .......
k) Cada una de las cámaras, podrá delegar en sus comisiones la
discusión y votación de un proyecto de Decreto, si así lo decide la mayoría absoluta
del número total de sus miembros. La cámara que así lo hiciere, podrá dejar sin
efectos la delegación, con igual número de votos, hasta antes de que la comisión
hubiere aprobado el proyecto en cuestión.
La aprobación que en su caso hiciere la comisión requerirá del voto
de la mayoría absoluta del número total de sus miembros. Aprobado el proyecto en
comisión, la Mesa Directiva acordará el trámite constitucional correspondiente.
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
I. a XXIX-J.........
XXIX-K. Para ratificar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el
titular del Poder Ejecutivo Federal.
XXIX-L. Para examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de
Egresos de la Federación.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la
iniciativa de leyes de ingresos y el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación
a más tardar el día 15 de octubre o hasta el día 10 de diciembre cuando inicie su
encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del
Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren
necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto; las que emplearán los secretarios
por acuerdo escrito de/ Presidente de la República.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de
Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solicitud del
Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de las Cámaras del Congreso de la Unión,
debiendo comparecer en todo caso el Secretario del Despacho correspondiente a informar de
las razones que lo motiven.
La ley garantizará los mecanismos para que el Congreso conozca
oportunamente los lineamientos y criterios que habrán de guiar la formulación del
Presupuesto de Egresos de la Federación de cada año.
XXIX-M. Para expedir la ley de referéndum, a efecto de someter a la
decisión del electorado una ley aprobada por el propio Congreso de la Unión. "
Artículo 74........
I. a III........
IV. Revisar la Cuenta Pública del ano anterior. La revisión de la
Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera,
comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se
apoyará en la entidad de fiscalización superior de la Federación. Si del examen que
ésta realice aparecieran discrepancias entra las cantidades correspondientes a los
ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no
existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados,
se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la Ley.
La Cuenta Pública del ano anterior deberá ser presentada a la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta
Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la
Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del
Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.
V. a VIII...
Artículo 75. Llegado el caso de que el Congreso de la Unión no
aprobase el presupuesto de egresos de la federación o la ley de ingresos, en los tiempos
previstos en esta Constitución, seguirán vigentes el presupuesto y la ley aprobados para
el ano anterior, ajustados al índice inflacionario de ese mismo año, hasta que se
apruebe el ejercicio fiscal correspondiente."
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo
Federal, con base en los informes trimestrales que el Presidente de la República y el
Secretario del despacho correspondiente envíen al Congreso; además, aprobar los tratados
internacionales, convenciones diplomáticas y demás instrumentos en los que el país
adquiera obligaciones de carácter internacional y que celebre el Ejecutivo de la Unión.
El Senado podrá estar presente a través de los representantes que
cada grupo parlamentario de su seno designe, en el proceso de negociación de tratados,
convenciones o demás instrumentos, cuando así lo determinen las dos terceras partes de
sus miembros, en los términos que fije la ley. En los casos en que así ocurriere, el
presidente de la República podrá pedir al Senado, antes de iniciar la negociación
respectiva, sujetar el tratado o la convención a un voto en un mismo acto, en lo general
y en lo particular y en sesión única, una vez que éstos hayan sido suscritos por el
poder ejecutivo."
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los
siguientes servidores públicos: secretarios del despacho encargados de los asuntos
relativos a las relaciones exteriores y hacienda pública; Procurador General de la
República, Ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de
Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
nacionales, en los términos que la ley disponga."
III. a IX........
X. Participar en el diseño y evaluación de la política de
asignación de recursos federales en el ámbito estatal y regional, en los términos que
la ley señale Los Secretarios del Despacho, los jefes de departamentos administrativos,
así como los directores y administradores de los organismos públicos descentralizados
federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, deberán observar las
resoluciones que la Cámara de Senadores haga en relación con las metas regionales de los
programas institucionales y sectoriales que formulen anualmente.
XI. Las demás que la misma Constitución les atribuye."
Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la
otra:
I a IV. .......
V. Decidir, por el voto de más de la mitad de/ número total de sus
miembros, la realización de una consulta popular previa a la discusión y votación de un
proyecto de ley o decreto."
Artículo 88. El Presidente de la República no podrá ausentarse del
territorio nacional por más de un mes, sin el permiso del Congreso de la Unión o de la
Comisión Permanente, en su caso. En caso de que la ausencia sea menor a un mes, bastará
que de aviso a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, según sean el
caso."
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las
siguientes:
I…
II. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del despacho no
previstos en la fracción II del artículo 76 de esta Constitución, remover a los agentes
diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los
demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro
modo en la Constitución o en las leyes.
III. a VIII........
IX Nombrar, con ratificación del Senado, a los secretarios del
despacho encargados de los asuntos relativos a las relaciones exteriores y la hacienda
pública, así como al Procurador General de la República, quienes podrán ser removidos
libremente por el presidente de la República."
Articulo 93........
Cualquiera de las Cámaras podrá citar a los secretarios de estado, al
Procurador General de la República, a los jefes de los departamentos administrativos,
así como a los directores y administradores de los organismos descentralizados federales
o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se
discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o
actividades.
Los diputados y senadores podrán formular preguntas escritas dirigidas
a los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior, quienes deberán
contestarlas, también por escrito, en los términos que indique el reglamento de gobierno
interior de las cámaras.
La ley y el reglamento preverán la forma en que los servidores
públicos mencionados deberán responder a las preguntas que se les formulen en las
reuniones que para tal efecto se deberán celebrar una vez cada mes en cada Cámara,
mismas que deberán organizarse bajo los principios de agilidad y diligencia en lo
relativo a la formulación de las preguntas y respuestas.
Tanto las preguntas escritas como las orales deberán versar sobre un
sólo asunto, específico y concreto; no deberán contener alusiones nominales a persona
alguna; no deben tener el carácter de una consulta estrictamente jurídica; no deben
versar sobre algún asunto de exclusivo interés personal del formulante; y deberán estar
relacionadas con el ámbito de responsabilidad del servidor público a quien vayan
dirigidas.
Las Cámaras, a solicitud de doscientos diputados o de la mitad de los
senadores de la República, podrán integrar comisiones para investigar cualquier asunto
de interés público. En estas comisiones deberán estar representados todos los grupos
parlamentarios, de manera proporcional a su importancia cuantitativa. Será obligatorio
comparecer ante las comisiones de investigación cuando éstas así lo requieran. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la aplicación de las sanciones que
establezca la ley, mismas que podrán consistir únicamente en multa o arresto hasta por
36 horas. Las autoridades administrativas y judiciales estarán obligadas a auxiliar a las
Cámaras del Congreso de la Unión para hacer efectivas estas sanciones.
Los diputados y senadores tienen el deber de guardar confidencialidad
en relación con los hechos que conozcan en el transcurso de una investigación
parlamentaria. No hacerlo así será considerado como causal de juicio político. Los
resultados de las investigaciones serán dadas a conocer por la mesa directiva de /a
cámara correspondiente a las autoridades competentes, quienes estarán obligadas a
iniciar el trámite para determinar si ha lugar o no a exigir algún tipo de
responsabilidad."
Artículo 102.
A........
B........
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
presentará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto
comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. El
incumplimiento reiterado de las recomendaciones que se observe en los informes presentados
será causal de juicio político
TRANSITORIO
UNICO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Muchas gracias señor diputado Amador Rodríguez Lozano.
Túrnese la iniciativa que se acaba de presentar a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A petición del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, se pospone para la siguiente sesión la presentación de la iniciativa
que había agendado el diputado José Marcos Aguilar Moreno.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proceda la secretaría a dar lectura a los
oficios de la Secretaría de Gobernación.
APENDICE No. 6
EL SECRETARIO, DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN:
Del Congreso del estado de Tamaulipas.
LA PRESI DENTA: De enterado y túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales para su conocimiento.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO SECRETARIO:
Del Congreso del estado de Veracruz.
LA PRESIDENTA: De enterado y túrnese a la Comisión de Puntos
Constitucionales para su conocimiento.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO SECERTARIO:
Permisos para prestar servicios en la Embajada y consulados generales
de los Estados Unidos, en México, y cancelación de permisos otorgados.
LA PRESIDENTA: Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, recibo
y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, y por lo que se refiere a
los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública de la Honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de
Gobernación de la Honorable Cámara de Senadores, para su conocimiento.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuando con el orden del día en el
enunciado de proposiciones, tiene la palabra el diputado Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo en relación a las reformas del artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL DIP. NEFTALI S. ESCOBEDO ZOLETTO: Con su venia, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo establecido por los artículos 58, 59 y 60 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presento ante ustedes el siguiente Punto de Acuerdo con relación a diversas reformas y
adiciones al artículo 115 de la Constituci6n General de la República aprobadas por el
Congreso General en el año de 1999 de conformidad con las siguientes consideraciones.
Fundado en la facultad que le confiere el artículo 135 de la
Constitución General de la República y previa aprobación de la mayoría de las
Honorables Legislaturas estatales, el Congreso General de la República declaró las
siguientes reformas y adiciones al artículo 115 constitucional, mismas que fueran
publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fecha 23 de diciembre de 1999.
Se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción l;
se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero y uno cuarto a la
fracción II; se reforma el párrafo primero y sus incisos a), c), g) h) e i); se reforma
el párrafo segundo y se adiciona un párrafo tercero a la fracción III; se reforman los
párrafos segundo y tercero y se adicionan los párrafos cuarto y quinto a la fracción
IV; y se reforman las fracciones V y VII, todas del artículo 115 constitucional,
Dichas reformas y adiciones fueron el resultado y análisis y dictamen
previo de las iniciativas presentadas como sigue:
El 23 de octubre de 1997, por el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo;
El 13 de noviembre de 1997, por el grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional;
El 11 de diciembre de 1997, por diputados del Partido del Trabajo;
El 31 de marzo de 1998, por la diputación del Partido Acción
Nacional;
El 2 de abril de l 998, por el Partido de la Revolución Democrática;
Con fecha 23 de abril de 1998, por el grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática;
El 11 de diciembre de 1998,,el Partido Revolucionario Institucional
interviene;
El 30 de abril de 1999, nuevamente por el Partido de la Revolución
Democrática, y
El 26 de mayo de 1999, por el grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional,
El estudio de las iniciativas mencionadas desembocó en un dictamen
presentado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara de
Diputados, con fecha 17 de junio de 1999, el cual retoma las consideraciones que consisten
en reformar y adicionar el artículo 115 constitucional con objeto de ampliar las
facultades que actualmente tienen los ayuntamientos en México y lograr con ello el
fortalecimiento municipal de acuerdo a las siguientes consideraciones:
El municipio es la célula básica de organización política, social,
territorial y administrativa de nuestro país, Diversas circunstancias de orden político
y económico han propiciado que el municipio presente carencias de tipo financiero así
como debilidad política y jurídica en relación con los 6rganos federales y de las
entidades federativas que han impedido su funcionamiento autónomo y libre.
Se detectó la necesidad de reformar el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para propiciar el fortalecimiento
del municipio en México; municipios con mayor libertad y autonomía serán fuentes de
creatividad y de nuevas iniciativas; municipios con mayor responsabilidades públicas
serán fuente de mayores y mejores gobiernos,
El municipio es el eje de desarrollo nacional y es por conducto de la
consolidación del municipio como se lograra" el impulso al desarrollo de las
regiones. Se partió de la intención de reconocer expresamente el carácter de municipio
al desarrollo como un ámbito de gobierno.
Asimismo se pretende que en el ámbito de gobierno del municipio se
ejerzan competencias exclusivas a favor del ayuntamiento, lo que supone la exclusión no
sólo de autoridades intermedias entre el gobierno del estado y el ayuntamiento.
Se concluy6 que es urgente fortalecer el ámbito de competencia
municipal y las facultades de su órgano de gobierno.
Se estableció para el ámbito reglamentario todo lo relativo a su
organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal,
mientras que las leyes estatales en materia municipal, mientras que las leyes estatales en
materia municipal, contemplarán lo referente al proceso administrativo.
Se establecieron los medios de impugnación y los órganos
correspondientes para dirimir controversias entre los particulares y la administración
pública municipal y se deja a salvo para cada ayuntamiento, decidir las formas y
procedimientos de participación ciudadana y vecinal.
Se estableció que la ley deberá prever el requisito de mayoría
calificada de los miembros de un ayuntamiento en las decisiones relativas a la afectación
de su patrimonio inmobiliario y la firma de convenios que por su trascendencia lo
requieren.
Las leyes estatales incluirán normas de aplicaci6n general para la
celebración de convenios, de aplicación entre dos o más municipios, entre uno o varios
municipios y el Estado.
La Ley Estatal contemplará el procedimiento y las condiciones para que
el ayuntamiento transfiera la prestación de un servicio público.
Las legislaturas estatales expedirán las normas aplicables a los
municipios que no cuenten con los reglamentos correspondientes, las cuales tendrán
observancia temporal.
Las legislaturas estatales establecerán las normas de procedimientos
para resolver los conflictos entre los gobiernos estatales y los municipios.
En relación a la materia de agua potable y alcantarillado, se le
agrega: " Drenaje y tratamiento y disposición de aguas residuales."
Al concepto de calles, parques y jardines, se le agrega: "El
equipamiento, mobiliario e infraestructura. "
Se establece que la seguridad pública será exclusiva del ámbito
municipal, lo cual incluye a la Policía Preventiva Municipal y al Tránsito Municipal.
Todo lo anterior se trata de funciones y servicios del ámbito
municipal para que se ejerzan o se presten exclusivamente por su órgano de gobierno, el
ayuntamiento y la administración pública municipal.
En las materias que tienen regulación federal o estatal especial, los
municipios observarán las leyes de la materia sin que estas puedan desvirtuar la
competencia del municipio al afecto.
Los municipios se podrán asociar libremente si son de un mismo estado.
Y si son de dos o más estados tendrán que acudir a la legislatura para su aprobación.
Se garantizan leyes de ingresos municipales en las que anualmente las
legislaturas estatales fijen las tasas, cuotas y tarifas a propuestas del ayuntamiento
interesado.
Se confirma la tarea exclusiva de las legislaturas, no sólo de revisar
sino de fiscalizar las cuentas públicas de los ayuntamientos,
La libertad de hacienda implica un ejercicio exclusivo de sus recursos
por parte de los ayuntamientos sin perjuicio de que se autoricen a terceros para ellos.
Se faculta al municipio para no sólo controlar y vigilar el uso de
suelo, sino para autorizarlo. Podrán elaborar y aplicar programas de transporte urbano y
participar en lo relativo a la materia ecológica y de protección ambiental, así como la
planeación regional.
Se resuelve otorgar en todo caso, el mando de las policías preventivas
municipales a los presidentes municipales. Dichos mandos policiacos deberán acatar las
órdenes del gobernador que corresponda en los casos que bajo su responsabilidad califique
como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Como resulta evidente, las reformas y adiciones al artículo 115
constitucional dan como resultado inmediato el fortalecimiento real del municipio, razón
por la cual se deberán realizar las reformas correspondientes a nivel estatal.
Por lo anterior y considerando la fecha de publicación de las
mencionadas reformas y adiciones al artículo 115 de la Constitución General de la
República, así como lo establecido en los artículos transitorios anteriormente
señalados, se concluye que los plazos de entrada en vigor de las mismas quedaron como
sigue:
La entrada en vigor de las reformas al artículo 115 constitucional
tuvo como plazo el 23 de marzo del año 2000.
El plazo para que los estados adecuen sus constituciones y leyes a las
nuevas disposiciones, comprende del período entre el 23 de marzo del 2000 y el 23 de
marzo del 2001, ya pasado.
El plazo para que las legislaturas estatales en coordinación con los
municipios adopten las medidas necesarias para que los valores unitarios del suelo que
sirven de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria sean
equiparables a los valores del mercado, se deberán cumplir antes del inicio del ejercicio
fiscal del 2002.
Así pues, se observa, que algunos estados de la federación no han
cumplido con aquella determinación.
Con estos antecedentes en mi carácter de diputado federal a la LVIII
Legislatura, a nombre de ciudadanos diputados integrantes de la Comisión del
Fortalecimiento del Federalismo, me permito poner a su consideración el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. Que la Cámara de Diputados exhorte a las legislaturas de los
estados para que ellos que no han cumplido en forma plena el decreto emitido por el
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y publicado en el Diario Oficial de la
Federación con fecha 23 de diciembre de 1999 lo hagan a la brevedad posible.
Señor presidente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, solicito dar curso a la presente propuesta y enviarla a la Comisión de
Fortalecimiento del Federalismo para su urgente dictamen.
Muchísimas gracias.
Muchlslmas graclas.
EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Neftalí Salvador Escobedo
Zoletto Quiero informarle a usted y a la Asamblea, que la Comisión Permanente durante el
primer receso del primer año legislativo de esta Legislatura, aprobó una proposición
con Punto de Acuerdo, en los términos exactos en los que usted se ha referido.
En la propia Sesión de hoy se ha dado cuenta de las comunicaciones que
han hecho los Congresos de los estados de Chihuahua, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y
Veracruz, como resultado del Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión Permanente hace
unas semanas, que se encuentra en este momento en implementación, si usted me permite,
señor diputado don Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, tomar su intervención en los
términos de una excitativa, para verificar qué legislaturas no han dado respuesta al
exhorto enviado por la Comisión Permanente, e insistir en los términos de su propuesta
de manera particular a estas entidades federativas, que aun no hayan adecuado su marco
constitucional local, y no hayan comunicado a esta soberanía el que hayan satisfecho ese
requerimiento.
Si usted me permite tomar en consideración su intervención como una
excitativa, para que se verifique el grado de avance y cumplimiento del Punto de Acuerdo
de la Comisión Permanente, así se procederá.
EL C. DIPUTADO NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO: De acuerdo.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado. En consecuencia que
la mesa directiva de esta H. Cámara de Diputados, verifique el estado que guardan las
comunicaciones con las entidades federativas, particularmente con las legislaturas de los
estados, y verifique también el grado de adecuación a las constituciones locales, en
relación a las reformas del Artículo 115 Constitucional que se ha referido.
EL C. PRESIDENTE: Hecho este turno y para referirse a este tema, se
concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Goicoechea Vázquez del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO HERIBERTO GOICOECHEA VAZQUEZ: Con su permiso señor
presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Someto a la consideración de esta
soberanía el siguiente Punto de Acuerdo, para adecuar las constituciones y leyes o
códigos municipales de las entidades federativas de la república mexicana y de las leyes
federales que corresponda reformar o adecuar a las Comisiones del Congreso de la Unión de
los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con el decreto de reforma del Artículo 115
Constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre de 1999, bajo
los siguientes antecedentes.
Que el decreto que reforma por décima vez el Artículo 115
Constitucional, se aprobó por esta soberanía el 28 de octubre de 1999, se publicó el 23
de diciembre del mismo año y cobra vigencia desde el 23 de marzo del año 2000.
Que el pasado jueves 22 del presente mes y año venció el plazo para
adecuar las Constituciones Locales y leyes o códigos municipales de las entidades
federativas con el decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 115
constitucional.
Que de acuerdo con los indicadores proporcionados por la Secretaría de
Gobernación del Ejecutivo Federal y las comunicaciones procedentes de los congresos
locales ante este órgano legislativo, actualmente suman alrededor de quince entidades
federativas las que han cumplido con el procedimiento de adecuación legislativa.
Si bien es cierto, compañeras y compañeros legisladores, que la
reforma al artículo 115 constitucional posee marco potestativo para las entidades
federativas, está en ellas alcanzar y extender 31 caminos diferentes que logren hacer de
la reforma una tarea innovadora.
Por otra parte, la reforma constitucional del artículo 115 puede
apreciarse como un proceso dividido en dos etapas:
La primera correspondiente al escenario federal que ya ha sido cubierta
con las modificaciones al texto constitucional y con aquellas otras que deban introducirse
a las Leyes Federales como la de Aguas Nacionales, de Asentamientos Humanos, de Inmuebles,
de Obras Públicas, de la Administración Pública, la General de Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente, la A~3raria, además de considerar la Ley General que establece
las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Se deberá reformar el Presupuesto de Egresos para incluir la
provisión de fondos para pagar impuestos locales de paraestatales, derogar en las leyes
federales que convengan exenciones de impuesto locales como la de la Comisión Federal de
Electricidad y del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras; tarea en con junto
aún pendiente y que el Congreso de la Unión deberá realizar los ajustes
correspondientes a estas disposiciones a más tardar el 30 de abril de este año.
La segunda parte de la reforma corresponde a cada uno de los congresos
de los estados que ahora tienen la oportunidad y la responsabilidad de adaptar el
contenido del 115 a sus necesidades específicas, ya sean de carácter institucional,
regional y cultural abriendo así la posibilidad de reformas municipales en plural.
Lo que realmente llama la atención no es sólo el retraso de las
adecuaciones legislativas de los estados o lo pausado de las reformas que tiene que
cumplir el Congreso de la Unión respecto a las leyes federales que le corresponden, sino
al recorrido o la conducción histórica de la multicitada reforma constitucional que
siempre ha sido dirigida y auspiciada por los órganos del Ejecutivo Federal y del
Ejecutivo de las entidades federativas como si fueran ellos los únicos responsables.
En esta ocasión tenemos la gran oportunidad como legisladores
federales, de retomar la auténtica vía o el itinerario de la reforma constitucional del
municipio mexicano que parece extraviarse, debido a que no la hemos asumido con plenitud y
corresponsabilidad.
Debemos reconocer que el Poder Legislativo del Congreso de la Unión y
de las entidades federativas estamos en una fase incipiente, en donde debemos abonar
nuevos entendimientos en la coordinación y colaboración colegislativa que fortalezcan la
naturaleza del Pacto Federal para robustecer y desarrollar plenamente la vida municipal.
Solamente unidos Congreso de la Unión y los congresos de las entidades
federativas, habremos de dar un nuevo cauce a los múltiples autores y protagonistas del
debate municipal y convertirnos en verdaderos intérpretes del pensamiento y movimiento
municipalista del país, para acercar y cerrar la brecha existente entre las ideas y el
marco jurídico positivo del municipio en México.
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en el
artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, someto ante esta soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Primero. Que en absoluto respeto a la soberanía y autonomía que
represen tan los congresos locales de las entidades federativas de la República Mexicana,
se constituya un grupo de trabajo integrado por representantes de la Cámara de Senadores,
diputados federales y congresos locales, mediante convenio de coordinación de acciones y
colaboración legislativa, para exhortar y dar seguimiento a las adecuaciones de las
constituciones políticas de los Estados y sus respectivas leyes o códigos municipales.
Segundo: que con el propósito de cumplir fielmente con la fecha de
finiquito señalada en el artículo 2O. transitorio de la reforma constitucional el
artículo 115, se remitan ante esta Soberanía el paquete de iniciativas de leyes
federales introducidas en esta reforma a efecto de que a más tardar el 30 de abril
próximo sean dictamina das y aprobadas por el Honorable Congreso de la Unión.
Dado en el Palacio Legislativo a los 27 días del mes de marzo del año
2001.
Atentamente diputados que firman el Punto de Acuerdo.
Diputados federales por la fracción parlamentaria del PRI: Raúl
González Villalba, Héctor Pineda Velázquez, Flor Añorve Ocampo, Celestino Baylón
Guerrero, Silvia Romero Suárez, Elvia Maldonado Aguilar, Santiago Guerrero Gutiérrez,
Ernesto Rodríguez Escalona, Manuel Añorve Baños, Evelia Irma Acevedo, Gustavo Nabor
Ojeda. Por la fracción parlamentaria del PRD: Félix Salgado Macedonio, David Sotelo
Rosas, Francisco Patiño Cardona. Por la fracción parlamentaria del PAN: Esteban Sotelo
Salgado.
Es cuanto señor presidente.
PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado don Heriberto Huicochez
Vázquez.
Esta presidencia señala que se le otorgó el uso de la palabra para
referirse al tema planteado por el diputado Neftalí Escobedo Sotelo y no se encuentra
inscrito en la parte correspondiente a la presentación de proposiciones con Punto de
Acuerdo. Sin embargo, de no existir inconveniente de algún miembro de la asamblea, esta
presidencia determina turnar a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, la
propuesta planteada por el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, con la exhortación a
los grupos parlamentarios, de registrar debida y oportunamente la presentación de
proposiciones con Punto de Acuerdo.
Se turna en consecuencia si no hay inconveniente por algún miembro de
la asamblea, se turna a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
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Para presentar una proposición con Punto de
Acuerdo, que exhorta a la SEMARNAT y SECTUR, para que establezcan criterios para mitigar y
prevenir cualquier impacto social y ambiental en el proyecto denominado "Escalera
Náutica", se concede el uso de la palabra al diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
DIP. DIEGO COBO TERRAZAS: Compañeras y compañeros diputados:
México ocupa un lugar preponderante en el mundo en cuanto a su
biodiversidad y la amplia gama de ecosistemas que pueden ofrecer al visitante gran
cantidad de posibilidades a elegir, cada uno de sus atractivos particulares, con el
propósito de apreciar y estudiar las características ecológicas de las mismas,
disfrutar de sus recursos escenicos, observar algunos ejemplares de ciertas especies de
vida silvestre y conocer las manifestaciones históricas y culturales existentes.
El esfuerzo del gobierno de México para impulsar el desarrollo
portuario del país, no se limita a los puertos comerciales, también se ha planteado como
meta explotar el potencialidad el turismo náutico, que es una ventaja competitiva de la
zona noroeste de México, por la cercanía con nuestro vecino los Estados Unidos de
América, país donde existe una actividad náutica privada importante, así como por el
enorme potencial turístico que brinda la región del Mar de Cortés, pletórico de
bellezas naturales, de flora y fauna, patrimonio de los mexicanos y de la humanidad.
El proyecto de "Escalera Náutica" tiene el objeto de
impulsar el turismo de veleros y yates privados, con la finalidad de captar divisas,
generar empleos y desarrollar regionalmente la zona de la Península de Baja California,
Sonora y Sinaloa .
La Escalera Náutica del Mar de Cortés contempla la construcción de
puertos de abrigo, un puente terrestre para el traslado de embarcaciones del Pacífico al
Mar de Cortés, rutas de internación para embarcaciones remolcables, puertos y
aeródromos de apoyo, así como un sistema de abastecimiento de combustibles a todos los
aeropuertos.
Estas obras concluirán en el año 2010, lo que permitirá la
internación de 143 mil turistas náuticos. El proyecto, pudiera pensarse, está diseñado
de manera integral, pero no es así; únicamente involucrará el desarrollo de marinas y
servicios complementarios. El desarrollo sustentable se aplica en un segundo término.
No podemos establecer un proyecto en esa región tan basta y protegida
por las leyes mexicanas y los acuerdos internacionales sin que se realicen los estudios de
impacto social y ecológico.
Por ello, si bien el proyecto de Escalera Náutica es desarrollado por
Fonatu, éste debe de tomar en cuenta la opinión de los pobladores de las regiones donde
se piensa establecer estos puertos y atender a la situación particular de que algunos de
los sitios proyectados se localizan en reservas naturales y de la biósfera, así como en
parques marinos.
Los puertos existentes que se enlazarán son Mazatlán, Topolobampo,
Guaymas, Ensenada, San Carlos, Cabo San Lucas y La Paz. Los puertos que se completarían
son Puerto Peñazco, San Felipe, Isla de Cedros, Puerto Escondido, Mulejé y Santa
Rosalía. Los nuevos puertos de abrigo serán Altata, Bahía Kino, San Quintín, Santa
Rosalillita, Punta Briojos, San Juanico y Bahía de los Angeles.
La oferta de marinas y servicios náuticos, según el Ejecutivo
Federal, permitirá elevar la captación actual de turistas en 8 veces para el año 2010 y
alcanzar un total de un millón de turistas náuticos anuales en ese año.
Este proyecto podría convertirse en un elevante blanco, situación
similar a la que se proyectó en el estado de California, en la Unión Americana, durante
la década de los noventas, con resultados obtenidos infinitamente inferiores a los
esperados en aquella nación.
Es por ello que toda actividad turística en nuestro país se debe
concretar con la participación de todos los niveles de gobierno de las comunidades
anfitrionas involucradas y el aprovechamiento, conservación y restauración de los
recursos propios de la región, como factor principal del atractivo para prestar servicios
turísticos, sin que los recursos tengan un deterioro mayor por la realización de dicha
actividad, observando lo establecido en los artículos 28 y 35 bis (ter) de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuando sea el caso.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México somete a la consideración el siguiente punto de acuerdo.
Unico. Se exhorta a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales para que realicen los estudios correspondientes de
factibilidad del proyecto denominado Escalera Náutica y evitar con ello un impacto
negativo en las zonas proyectadas para los puertos y buscar la participación de las
comunidades interesadas, organizaciones sociales y diferentes sectores del gobierno local
y federal para concretar un proyecto apoyado por toda la sociedad mexicana.
Suscriben el punto de acuerdo los integrantes del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, la Diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido
del Trabajo, el Diputado Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución
Democrática.
Solicito a la Presidencia turne el presente punto de acuerdo, por
tratarse de un asunto de materia ambiental y de turismo, a las comisiones de Medio
Ambiente, con opinión de la Comisión de Turismo. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Señor Diputado, no existe la figura de "con
opinión"; o se turna a una de las comisiones y se hace responsable del dictamen o se
turna a las dos comisiones unidas.
Se turna, como lo solicita el diputado Don Diego Cobo Terrazas, a las
comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Turismo.
EL C. DIPUTADO JESUS GARIBAY GARCIA (desde la curul): Solicito la
palabra, para hechos.
EL C. PRESIDENTE: Solicita el uso de la palabra, para hechos, y se le
concede hasta por 5 minutos, Señor Diputado Garibay.
EL C. DIPUTADO JESUS GARIBAY GARCIA[PRD] Con su venia, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
El 29 de mayo del 2000 la Secretaría de Turismo y el gobierno de Baja
California firmaron el convenio para la promoción y el desarrollo turístico del 2000. El
propósito fundamental de este convenio, de acuerdo a la máxima autoridad del ramo,
consistía en alentar el desarrollo turístico de Baja California, a través de la puesta
en práctica de una serie de acciones que permitieran diversificar la economía de la
entidad, crear mayores empleos e impulsar el desarrollo regional.
En el acto el gobernador de Baja California señaló que la entidad
representaba el 51 por ciento del total de turismo fronterizo y que gracias a la
inversión de la Secretaría y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, se
estaba llevando a cabo el proyecto La Escalera Náutica, cuya inversión federal sería de
140 millones de pesos durante el año.
Hoy se habla de financiamiento público a seis anos, a partir del 2001,
de 2 mil 211 millones de pesos.
De conformidad con la información disponible el proyecto turístico La
Escalera Náutica prevé la construcción de 10 puertos deportivos en el Mar de Cortés, a
fin de conformar una red de 22 puertos, su mando los ya existentes, para atraer yates
estadounidenses. El proyecto pretende captar, según Fonatur, hasta 5.4 millones de
turistas náuticos y generar divisas por más de 7 mil millones de dólares cada año.
La ampliación de las instalaciones se realizará en San Carlos, San
Felipe, en Baja California; Puerto Loreto, Mulegé y Santa Rosalía en Baja California
Sur; Puerto Pehasco en Sonora; Topolobampo, Sinaloa y se aprovecharán cinco existentes ya
en Ensenada, San Lucas, La Paz, Guaymas y Mazatlán.
La zona donde se desarrollará el proyecto comprende seis mil
kilómetros de litoral, no es cualquier cosa. Con servicios de atraque, suministro de
combustible, avituallamiento, radiocomunicaciones, talleres de reparaciones menores y
construcción de un puente terrestre para el traslado de embarcaciones y permitirá que en
solo tres horas se pueda pasar del Océano Pacífico al A/lar de Cortés.
No obstante, el desarrollo de este proyecto turístico puede causar
daños ecológicos incalculables. Conviene recordar que se asienta en un sitio que
concentra el 40 por ciento de las áreas protegidas de México.
De acuerdo con el director de Areas Naturales Protegidas de la
Secretaría del Medio Ambiente se requiere una serie de acciones para atenuar su impacto
ecológico.
En la zona de La Escalera Náutica se encuentran las reservas de las
islas del Golfo: Nacional Bahía de Loreto, el Vizcaino y El Alto Golfo, cuya
conservación depende de la Semarnat.
La Dirección mencionada ha sostenido que de entrada se debe prohibir
la construcción de infraestructura en las islas del Golfo de California, debido a que son
ecosistemas muy frágiles. Además, que la autoridad correspondiente debe elaborar un
diagnóstico sobre la capacidad de carga del Golfo de California, es decir, del número de
embarcaciones que puede navegar por él sin alterar el entorno y luego supeditar el
proyecto a dicho análisis.
Asimismo, la Semarnat considera que los desarrolladores de puertos
turísticos deberán garantizar que alrededor de estos existan áreas de preservación
ecológica, a fin de evitar posibles surgimientos manchas urbanas sin planeación.
Por todo lo anterior, consideramos, el grupo parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática se suma al punto de acuerdo presentado por el grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sin embargo, consideramos necesario que se adicione al dictamen de
dicho punto de acuerdo en términos del artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso
General las siguientes
Proposiciones
1o. Se cite a los titulares de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y del Fondo Nacional del Fomento al Turismo al seno de la Comisión de
Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, para que amplíen la
informaci6n sobre el proyecto "La escalera náutica" y los probables daños
ambientales a las áreas de reserva que han denunciado ciudadanos y grupos ambientalistas.
"Segundo. Se acuerde que una Subcomisión de la Comisión de Medio
Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, se aboque al estudio de las
implicaciones ambientales del proyecto " La escalera náutica". Esta
subcomisión deberá entrevistarse con los funcionarios federales responsables,
autoridades estatales y municipales, ambientalistas e investigadores, y rendirá un
informe de sus trabajos al pleno, con el objeto de que la Cámara de Diputados en el
ámbito de sus facultades constitucionales y reglamentarias, tome las medidas
conducentes".
Es cuanto señor Presidente. Gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: No, gracias
a usted diputado don Jesús Garibay García.
Nos encontramos en la misma circunstancia del punto anterior. El
diputado don Jesús Garibay García se ha registrado para hablar sobre el tema sin estar
registrado para presentar una proposición. Sin embargo, en su intervención ha hecho
planteamientos en los términos de una proposición.
Para efectos de que tome en consideración y en consecuencia, se
incorpora al punto de acuerdo presentado por el diputado Diego Cobo Terrazas, la
intervención íntegra del diputado don Jesús Garibay García, para los efectos de que
sea dictaminada como parte de la propuesta del diputado Diego Cobo Terrazas.
EL C. DIP. JIESUS GARIBAY GARCÍA: Gracias ciudadano Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputado.
---------------------------------------------------------------------------------
Y para continuar en el desahogo del orden del
día, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática que se
presenta en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, se ha
inscrito para presentar la proposición el diputado Jesús Orozco Alfaro, Y para referirse
al tema, no para presentar proposiciones alternas, sino para referirse al tema, los
diputados José Escudero Barrera y el diputado Eugenio Pérez Cruz, En ese orden se
concederá el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra el diputado don Jesús Orozco Alfaro, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. J. JESUS OROZCO ALFARO (PRI): Muchas gracias, señor
Presidente.
"Compañeras y compañeros Diputados: En mi carácter de
Presidente de la Comisión de Comunicaciones de esta Honorable Cámara y como integrante
de mi grupo parlamentario, me voy a permitir presentar una propuesta que tiene que ver con
un asunto que sin duda alguna creo que todos estaremos de acuerdo en que tiene una gran
importancia en materia de comunicaciones y transportes y que ha estado muy presente en los
medios de comunicación y en el ánimo de todos los que utilizan de manera frecuente la
infraestructura aeroportuaria de nuestro país y particularmente de esta capital.
"Aeropuertos y Servicios Auxiliares, atendiendo los requerimientos
de mantenimiento de la infraestructura del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, dispuso el cierre temporal de una de las pistas con las que opera la citada
terminal aérea, para el periodo del 19 de marzo al 5 de abril del presente año, lo que
ha provocado en tan sólo una semana innumerables deficiencias en el servicio que
proporciona, afectando no sólo a las personas que por él se desplazan, sino que
ocasionan un daño trascendente a la operación de la terminal, a los usuarios, a la
economía y finanzas de las líneas aéreas y, en general, a todo el país.
"Dadas las condiciones en que opera la citada terminal aérea, si
bien se requiere llevar a cabo en forma permanente trabajos de reparación y
reconstrucción de sus pistas, las implicaciones que ello reviste representan un asunto de
interés nacional que debe atenderse en forma prioritaria y en forma eficaz.
"Si aunado a lo anterior se prevé, de acuerdo a las informaciones
disponibles, el cierre de la segunda pista para el mes de mayo próximo, una vez que se
hayan concluido las obras correspondientes de la primera pista, de no preverse una
planeación adecuada que satisfaga las necesidades de los usuarios, las repercusiones en
el servicio podrían llegar a ser altamente costosas y riesgosas desde el punto de vista
operativo y de seguridad.
Cabe mencionar que el daño que se resiente afecta igualmente al
turismo nacional y extranjero dañando la imagen y la calidad de nuestros servicios
turísticos. De igual forma conviene resaltar los altos costos que con lleva para las
empresas y usuarios, la dificultad para efectuar conexiones con aerolíneas extranjeras o
nacionales debiendo en muchos casos tener que pernoctar en la capital de la República.
De acuerdo con reportes que han sido tratados en los diferentes medios
de comunicación, suman decenas de miles los afectados a la Terminal Aérea que deben
invertir hasta 10 horas esperando la salida de sus vuelos con las concebidas implicaciones
también en las operaciones de destino.
Idéntica suerte implica estos retrasos para el manejo de la carga que
se mueve a través de la Terminal Aeropuertuaria en la ciudad de México. Ante estos
hechos se considera que las medidas que tomaron las autoridades correspondientes para el
mantenimiento de la pista, carecen de la planeación necesaria pues se desconoce si estos
trabajos consideraron la mejor oportunidad para efectuarlos, si se proporcion6 informaci6n
de manera oportuna a los usuarios con la debida anticipaci6n, si existen cambios en los
horarios de los vuelos que contemplan la elasticidad que se requiere y si se cuenta con la
cobertura que garantice adecuadamente los servicios requeridos para la población.
También habrá que constatar que las medidas que se han dado a conocer
para aliviar esta situación, garanticen en toda forma y momento la seguridad de los
pasajeros que es nuestra principal preocupación, sin dejar de contemplar también la
seguridad de los equipos, pues ante todo se desea que si bien se requiere de acciones
urgentes de mantenimiento, no se soslaye la cabal atención a los indicadores de seguridad
que deben de regir una instalación, una infraestructura de esta naturaleza.
Asimismo, consideramos necesario que se explique por que no se previó
la instalación de servicios adicionales, aunque fuera temporales, obviamente en las salas
de espera, ya que basta una breve visita al Aeropuerto Internacional cualquier día para
darse cuenta de las deplorables condiciones en que deben permanecer los pasajeros los que
tienen sus vuelos demorados, a quienes se les cancel6 su vuelo o a aquellos que
sencillamente no encuentran un espacio para trasladarse a sus lugares de destino.
Por todo ello, consideramos urgente e indispensable que las autoridades
correspondientes den a conocer a fondo todas las implicaciones que está teniendo este
proyecto de rehabilitación de una de las pistas; se requiere conocer con detalle la
planeación que se concibi6, los recursos que se estimaron para afrontar esta obra y los
convenios o acuerdos con las líneas aéreas nacionales e internacionales y empresas de
servicio para ampliar los horarios de los vuelos, la información proporcionada a los
usuarios y la capacidad de los vuelos en horarios de alta demanda.
De igual forma es preciso contar con información sobre el desarrollo
del Programa de Mantenimiento así como algunos otros detalles que nos permitan tener una
idea clara de la estimaci6n y valoraci6n de las repercusiones de la reparaci6n de la pista
que una vez transcurrida la Semana Mayor se iniciará, como ya lo apuntábamos al inicio
de nuestra intervención.
En consecuencia y a fin de atender este asunto prioritario y de
interés nacional, los diputados firmantes de esta propuesta que, cabe señalar, ha sido
suscrita por diputados integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario
Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional,
del Partido Verde Ecologista Mexicano, del Partido del Trabajo y de diferentes
legisladores, en ejercicio de nuestras facultades señaladas en la Constitución Política
de los Estados Unidos, en la Ley Orgánica del Congreso y en el Reglamento para el
Gobierno Interior, me permito someter a la consideración de la honorable Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente punto de acuerdo:
UNICO: Que las comisiones unidad de Comunicaciones y de Transportes de
esta Cámara, citen de manera urgente al Director General de Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, arquitecto Ernesto Velasco León, a fin de que proporcione información sobre
las obras de mantenimiento que se efectúan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México y, de manera muy especial, proporcione información sobre las implicaciones que
puede tener en la seguridad de los usuarios de este importante ser vicio en el transcurso
de la realización de la obra a la que hemos estado haciendo mención.
Suscriben este punto de acuerdo, señor Presidente, como lo señalaba,
diversos legisladores de los distintos grupos parlamentarios.
Por su atención, muchas gracias a todos ustedes. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado don Jesús Orozco Alfaro. La
proposición que usted ha planteado se turna de inmediato a la Comisión de Comunicaciones
y Transportes, rogando a dicha Comisión,,,, es a la Comisión de Comunicaciones y a la
Comisión de Transportes, que resuelvan lo conducente a la brevedad posible,
Y para referirse a este tema se concede el uso de la palabra al
diputado José Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México, hasta por cinco minutos,
EL DIP. JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con su permiso señor
Presidente. Compañeras diputadas, Compañeros diputados:
Las cosas se hacen bien o se hacen mal. Desafortunadamente Aeropuertos
y Servicios Auxiliares ha hecho las cosas mal. Es inexplicable la falta de infraestructura
que ha mostrado en su requerimiento de mantenimiento, ocasionando deficiencias en el
servicio aéreo en el Aeropuerto Benito Juárez, exponiendo a miles de usuarios
internacionales y nacionales a recurrir en molestias, pérdida de dinero, pérdida de
tiempo y mucho más grave que todo lo antes mencionado, exponiéndolos a peligros y
riesgos innecesarios.
Las medidas tomadas por ASA para el mantenimiento de las pistas,
carecieron de planeación y no tomaron en cuenta los reglamentos de seguridad del
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta mala planeación ha dejado una
pobre y mala imagen de nuestro aeropuerto, sus servicios y seguridad a nivel nacional y a
nivel internacional.
Por esto, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de
México estamos de acuerdo con el compañero diputado Jesús Orozco, del Partido
Revolucionario, en citar al ciudadano arquitecto Ernesto Velasco León, Director General
de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a fin de que proporcione información sobre las
implicaciones a los usuarios, de las actuales y futuras obras de mantenimiento en el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Como punto de reflexión, estas anomalías se prestan para verse como
una táctica en la urgente e inmediata decisión de ubicaci6n del nuevo aeropuerto por
parte de nuestras autoridades.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado don José Escudero Barrera.
Como se había anunciado, ahora se ofrece el uso de la palabra al diputado Eugenio Pérez
Cruz, del grupo parlamentario del Partido Acci6n Nacional, hasta por cinco minutos.
ELL C. DIPUTADO EUGENIO PEREZ CRUZ (PAN):Pido permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que todos o casi
todos los diputados aquí presentes hemos utilizado, se ha convertido en el principal
aeropuerto metropolitano de Latinoamérica y cuyo número de operaciones ha crecido a una
tasa promedio anual de 5. 4% en los últimos cinco años, pero también se ha convertido
en los últimos días en una verdadera pesadilla para los ciudadanos nacionales y
extranjeros.
El Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica en los diversos
estudios realizados ha determinado que el aeropuerto cuenta con dos pistas con separación
entre ejes de 305 metros, que no permiten aproximaciones simultáneas en condiciones de
vuelo por instrumentos reales, sino solamente secuenciales.
Por ello, la configuración del sistema de pistas con que actualmente
cuenta el Aeropuerto de la Ciudad de México, no permite aproximaciones simultáneas por
contar con un solo canal de entrada, situación que por obvia razón genera los grandes
inconvenientes y problemas que los ciudadanos mexicanos y extranjeros venimos padeciendo
en estos días.
Desde su inauguración en 1952 no se pensó en que muy pronto sería
rebasado en cuanto a su capacidad operativa, ya que desde hace tres décadas, nuestro
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México viene presentando problemas de
insuficiencia en sus servicios al venir operando a niveles graves de saturación. Es obvio
que dichas instalaciones requieran de un mantenimiento periódico, pero esto y por contar
tan sólo con una pista en uso, ha propiciado que una de ellas haya sido cerrada
temporalmente, esto propicia pérdidas millonarias para las aerolíneas y graves
inconvenientes para los ciudadanos; aunado a esto existen otras pérdidas motivadas por
las demoras y cancelaciones de vuelos con el consecuente malestar del público usuario, no
solamente nacional, lo hemos reiterado, sino también los extranjeros.
Según datos de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, existe una
capacidad máxima de 54 operaciones por hora, con el funcionamiento de ambas pistas. Luego
entonces, la pregunta obligada es cuestionar a las autoridades aeroportuarias qué tan
grave es la suspensión de uso de una de las dos pistas.
Debemos preguntar también cuál es la planeación que llevan a cabo
para evitar todas estas pérdidas económicas y el malestar generalizado al público
usuario, además de los riesgos graves al permanecer en el aire buen tiempo de espera para
poder lograr el descenso de las aeronaves y las demoras del servicio cuan do se decide
cerrar una de las dos pistas.
Ante estos hechos y ante estos inconvenientes públicamente conocidos
que atañen al bienestar común de los usuarios del transporte aéreo, la fracción
parlamentaria del Partido Acción Nacional ha estado en constante diálogo con las
autoridades aeroportuarias y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para
conocer a fondo todas estas alternativas de solución. Es por esta razón que el grupo
parlamentario del PAN hemos determinado apoyar el punto de acuerdo al que ha dado lectura
el diputado Jesús Orozco Alfaro y que hemos suscrito con el ánimo de que comparezca ante
las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, las autoridades aeroportuarias para
que aclaren y den fe de todos los inconvenientes que venimos padeciendo en los últimos
días.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Túrnese la proposición presentada a las Comisiones de Comunicaciones
y Transportes.
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Tiene la palabra el ciudadano diputado José
Bañales Castro, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades competentes a que se
ponga mayor atención a la lucha contra la prostitución infantil y la explotación de
menores.
EL DIP. JOSE BAÑALES CASTRO: Con su venia, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Los diputados federales de la LVIII Legislatura, de todos los partidos
políticos representados en la Cámara de Diputados, suscribimos a iniciativa del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, y con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
para la consideración de esta asamblea, un punto de acuerdo al tenor de lo siguiente:
Iniciamos el siglo con grandes avances tecnológicos, científicos,
artísticos, etc, pero lo iniciamos también con deterioros gravísimos de lo que se ha
llamado la condición humana. Parecería ser que los hombres y las mujeres tendríamos que
buscar experiencias para reafirmarnos como tales.
En el mundo entero se presenta cada vez con mayor intensidad la
práctica infame del comercio sexual que utiliza a niñas y niños como mercancía que
puede alquilarse, venderse y desecharse. El abuso y la corrupción de menores puede verse
desde varios aspectos: uno de ellos el incestuoso, y se considera a la sociedad mexicana
entre las de mayor incidencia. Otro es el prostituir a los menores para su explotación
por parte de un proxeneta, y desde luego también de altísima frecuencia el abuso
incidental. Pero bajo cualquiera de ellos, el abuso de un menor lleva además del daño
físico, otros como son el daño emocional, el deterioro de la propia estima, la pérdida
de la evolución natural para el desarrollo como ser humano; el dolor que acompaña a la
víctima posiblemente toda la vida.
Movido por un gran interés para la búsqueda de soluciones, pensé
presentar a ustedes la investigación que he realizado, pero debo decir que rebasó todo
lo que hubiera imaginado sobre el manejo que mundialmente se hace para prostituir a las
niñas y niños en el mundo entero, alcanzando el grado más alto de corrupción en contra
de los más vulnerables de la sociedad: nuestros pequeños.
México es Estado parte en la Convención Sobre los Derechos del Niño,
de las Naciones Unidas, y firmante en 1990 de la Convención Sobre los Derechos del Niño,
en un acuerdo de 54 artículos, de los que mencionaré sólo algunos:
Artículo 19: El Estado debe garantizar que los menores no sean
víctimas de abuso y de explotación.
Artículo 20: Cuando el menor se encuentra fuera de su familia, tendrá
derecho a recibir la protección y asistencia del Estado.
Artículo 32: Nadie puede obligar a un menor a realizar un trabajo que
vaya en contra de su dignidad.
Artículo 34: El Estado debe proteger al menor contra las diferentes
formas de abuso o explotación sexual.
Pero ante el avance de la explotación de los menores me pregunto si no
sería conveniente signar acuerdos donde se plasmaran las medidas preventivas concretas,
se establecieran los compromisos para su cumplimiento y también las sanciones a las
autoridades, por negligencia en el cumplimiento de las normas, sino por complicidad.
El 23 de febrero de 1998 la UNESCO publicó el informe de la relatora
especial, señora Ofelia Calceta Santos, quien visitó nuestro país por invitación del
gobierno, en el marco de cooperación y asistencia al que México se comprometió. En su
análisis de los motivos fundamentales por los que los niños son objeto de explotación
sexual comercial en zonas metropolitanas, turísticas y fronterizas, encuentra en general
semejanzas: pobreza y emigración del campo a la ciudad; desintegración familiar y de los
valores sociales y morales, pero por encima de ellos está la violencia dentro de la
familia que hace que los niños escapen de casa.
Estos niños, los más desprotegidos de todos, son empleados en la
pornografía, cuya extensión sobrepasa las fronteras. Desafortunadamente los datos son
difíciles de verificar por el secreto que caracteriza en todo el mundo este tipo de
explotación.
El informe señala que la captación de menores puede consistir en
atraerlos con señuelos para que abandonen las zonas rurales y su entorno familiar, para
ir a la ciudad en donde quedarán en manos de quienes los prostituyen. Asimismo, expresa
la preocupación por la participación de las autoridades en la creación de un ambiente
de impunidad que alienta actuar a redes más organizadas cada
Y algo que en lugar de llevar a prevenir y solucionar el problema lo
agraba, es el hecho de la disparidad entre la legislación federal y la de algunos estados
y que en muchos casos ni siquiera es acorde con las normas internacionales sobre la
materia.
Mencionaré algunas de las características que tipifican la mayoría
de las actividades de la explotación por comercio sexual de los niños, es invisible. Los
niños inmersos en la prostitución están en su mayor parte escondidos del escrutinio
público, es movible; este fenómeno se desvía constantemente de sus lugares de
operación, moteles, baños públicos, bares y con frecuentes cambios en las áreas de
operación, es global.
LA situación de los niños puede variar de región a región o de
país a país, pero los reportes muestran que el abuso de niños existe en todos los
rincones del mundo.
Es ascendente, el avance del SIDA y otras enfermedades por contagio
sexual demuestran el aumento de la preferencia por compañeros sexuales más jóvenes y
por ende considerados más seguros.
Los niños están sustituyendo a los adultos en la prostitución, es un
negocio altamente rentable, no solo realizado por individuos aislados, sino que
frecuentemente son conducidos por organizaciones internacionales comprometidas también en
actividades de distribución de drogas,
Quisiera mencionar algunos puntos que considero merecían también un
análisis por parte de los señores legisladores:
Primero. Debe distinguirse claramente entre la prostitución de adultos
y la que envuelve a los niños, independientemente de que estemos hablando de países
donde no se haya legalizado o no, la opción jamás debe abrirse a los menores de edad; no
debe haber nunca ambivalencia en declarar la ilegalidad e inmoralidad de la explotación
de los niños en el comercio sexual, los niños jamás son los causantes, siempre son las
víctimas.
Segundo. Recuperación y rehabilitación son siempre más costosas,
más difíciles de implementar y frecuentemente fallan en la obtención de resultados
efectivos.
El valor de la prevención no debe de ser subestimada, medidas
preventivas acompañadas de estrategias para sensibilizar y motivar acciones políticas
son esenciales, pero desafortunadamente los gobiernos tienden a denigrar el valor de la
prevención porque no tiene el mismo dramatismo como impacto político que la
recuperación o rehabilitación.
Tercero. Debe existir sincronización en las penas de acuerdo a su
naturaleza y gravedad. Existen países que han incrementado de manera significativa la
penalidad para estos crímenes cometidos contra los niños. Desafortunadamente México no
es el mejor ejemplo.
Insertado fuertemente en este tema se encuentra el llamado turismo
sexual, sus causas son muchas y muy variadas, desde la sensación de anonimato que surge
en el turista que le exime de la conducta habitual de su país de origen, o como se
observa en los destinos llamados exóticos, donde el turista se justifica diciendo que en
esos lugares la población no tiene los mismos tabúes que en su país de origen y hasta
se atreven a afirmar que es una manera de ayudar a ganar algún dinero a los niños
pobres.
Se refuerzan los prejuicios raciales y el turista puede explotar a las
personas porque los considera inferiores.
Todos los organismos que han realizado estudios sobre los efectos que
el abuso sexual acarrea sobre los niños" coinciden en señalar que ellos presentan
problemas físicos de desarrollo, problemas de índole social y hondos problemas
emocionales y psicológicos; desde luego las enfermedades de transmisión sexual, heridas
por violencia ejercida contra ellos tanto por quienes los controlan como por los
abusadores inmediatos, además la autoagresión por el propio desprecio que sienten sobre
sí mismos, desnutrición y debilitamiento, consumo de alcohol y drogas, Es un presente y
futuro asociado dramáticamente.
Como observaciones importantes del estudio de la relatora especial de
la UNESCO, se ha señalado que los mecanismos de respuesta y solución se basan en gran
medida en el interés y dedicación de quienes ocupen cargos de responsabilidad y en el
caso de México quedó demostrado que la mayoría de los lugares las estrategias con
ineficaces y carentes de coordinación.
En cuanto a funcionarios de Turismo, Migración y Aduanas, parecen
hallarse en la fase de negación del problema, especialmente en zonas turísticas y
fronterizas.
La Procuraduría General de la República ha reconocido la necesidad de
abordar en forma global los asuntos del menor. Sin embargo debe prestarse especial
atención a la sensibilización de las autoridades encargadas, la complicidad e
implicación de algunos agentes en el abuso de menores exige medidas urgentes. . . (
Interrupción)
LA C. PRESIDENTA: Señor diputado: Se le ruega redondear su
presentación porque se le ha agotado su tiempo, por favor.
EL C. DIP. JOSE BAÑALES CASTRO (En tribuna): Cómo no, con gusto,
señora Presidenta.
Es urgente convocar a las diferentes autoridades para iniciar una
verdadera corrección de estrategias y legislación, para detener el avance de la
desnutrici6n de tantas vidas de nuestros niños y no es excusa el hablar de que sucede en
todo el mundo y que es uno de los precios que debemos pagar por la globalización.
Los mexicanos debemos tener una barrera que detenga la explotación
sexual comercial de nuestros niños; el avance económico por el contrario, debe coadyuvar
a una mejor educación y mayores herramientas de protección.
Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de
esta Honorable Soberanía el siguiente Punto de Acuerdo.
1o. Que el pleno de esta Cámara de Diputados se sirva dirigirse
respetuosamente a los congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal para que en el ámbito de sus facultades realicen las adecuaciones que consideren
pertinentes para la protección y atención de los derechos de los menores,
particularmente los relacionados con el comercio sexual o prostitución infantil.
2o. Que el pleno de esta Cámara de Diputados se dirija respetuosamente
a la Procuraduría General de la República para solicitarle intensifique los programas de
supervisión, vigilancia e inspección vigentes para evitar el comercio sexual de los
niños mexicanos.
3o. Que el pleno de esta Cámara de Diputados exhorte a la Secretaría
de Turismo y de Gobernación para que en el ámbito de sus competencias se sirvan tomar
las medidas, estrategias y acciones para que presten especial atención en el entorno del
comercio sexual o prostitución de menores, particularmente en zonas turísticas y
fronterizas.
4o. Que el pleno de la Cámara de Diputados solicite a los órganos y
entidades de gobierno antes mencionadas, informes especiales sobre las acciones
emprendidas.
Quiero agradecer infinitamente la participación de mis compañeros
legisladores de los diferentes partidos políticos que me hicieron favor de firmar este
Punto de Acuerdo.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese la proposición presentada a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
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Tiene la palabra el diputado Ramón León
Morales, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar un Punto de Acuerdo en relación a dos indígenas presos en el estado de Colima.
EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
En el estado de Colima se ha cometido una injusticia, pues se ha
privado de su libertad a la señora Marra Eugenia Cruz Martínez, una mujer indígena de
65 años de edad, quien por mas de 40 años ha defendido los derechos agrarios del poblado
indígena de Xuchitlán.
Fue detenida junto con su hijo Pedro Rivera Cruz, acusados de ser los
autores intelectuales del homicidio de otro ejidatarios indígena, dirigente también del
mismo poblado.
La señora Marra Eugenia Cruz, ha sido una incansable luchadora social
por los derechos humanos de los suyos; líder histórica en la defensa de la tierra de la
zona indígena en que vive; se ha opuesto sistemáticamente a prácticas caciquiles de
Iíderes locales que han despojado a los campesinos de sus tierras, lo que le ha valido
ser acusada falsamente en varias ocasiones y su familia hostigada por tres décadas, por
lo menos.
La señora Marra Eugenia Cruz es viuda desde hace 30 años; su familia
como la gran mayoría son de muy escasos recursos, por lo que ha solicitado la
intervención de legisladores de todos los partidos políticos y de diferentes organismos
de derechos humanos nacionales e internacionales quienes han respondido debido a la
evidente violación de sus derechos humanos.
Para una mayor comprensión de lo expuesto, me permito exponer algunos
antecedentes.
A 25 kilómetros de la ciudad de Colima, se encuentra un pueblo llamado
Suchitlán, ubicado dentro de una zona indígena, que al igual que todas han sido
marginadas y explotadas por muchos años. Suchitlán es un ejido, al que le fue dotado de
una superficie de 1,755 hectáreas en el año de 1918, a la fecha es uno de los atractivos
turísticos del estado por su clima, vegetación y paisaje, lo que ha ocasionado que el
valor de la tierra vaya en aumento constante.
Lo anterior provocó que durante muchos años, caciques agrupados en
una organización campesina y adherida como sector de un partido político, en complicidad
con las autoridades ejidales y algunos funcionarios de la Secretaría de la Reforma
Agraria, hayan despojado poco a poco de los mejores terrenos a la población.
El control político ejercido sobre los indígenas de la zona, se daba
a través del señor Vidal Ascensio Cruz, quien durante el tiempo en que fungió como
Comisario Ejidal, avaló varias posesiones ilegales de tierra, lo que afectó a sus
legítimos posesionarios.
Después de su período continuó ejerciendo el poder, pues los
integrantes la mesa directiva siempre eran propuestas suyas y avaladas por su
organización campesina nacional.
Ante lo anterior y desde hace 30 años aproximadamente, varios
ejidatarios se manifestaron en contra de que sus compañeros fueran perdiendo sus tierras
a causa de las decisiones de la mesa directiva, que obedecían más a intereses de los
grupos poderosos que de sus agremiados.
Del grupo que se manifestó en contra sobresale la señora María
Eugenia Martínez Cruz, quien era media hermana del señor Vidal Ascensio Cruz. El se ñor
Vical Ascensio se refugió en el apoyo de su central campesina, la señora María Eugenia
en los ejidatarios.
El primero continúo afectando a los ejidatarios y con varios más
apoyó in condicionalmente a un partido político que hoy gobierna a la entidad. La
segunda lo defendía ante las autoridades, y hace unos años junto con otros ejidatarios
también, se unieron al Frente Zapatista de Liberación Nacional, pues apoyaban las
demandas de los indígenas chiapanecos, que son similares a las de ellos.
Las diferencias entre ambos siempre fue por cuestiones de posesión de
las tierras, y dentro de las más importantes destaca, el que siendo la señora María
Eugenia, secretaria del Comisariado Ejidal, se negó, según consta en el expediente,
junto con el presidente y el tesorero a recibir un millón de pesos de aquel entonces de
manos de un exdiputado priísta y del señor Manuel Orozco, para que éste último se
quedara con las tierras de un ejido, de un ejidatario difunto.
Lo que ocasionó que a los pocos días, en una asamblea llena de
irregularidades la destituyeran de su cargo, junto con el presidente y el tesorero,
nombrándose en su lugar a gente de las confianzas del señor Vidal Ascensio, que por
supuesto firmaron el acta en la que el señor Manuel Orozco se quedaba con las tierras,
afectándose de esta manera a los familiares herederos y de otros con mayores derechos
sobre las mismas.
El 20 de noviembre de 1998 el señor Vidal Ascensio Cruz fue encontrado
sin vida en su parcela, por lo que la Procuraduría General de Justicia inició las
investigaciones correspondientes, habiendo declarado ante la misma más de 25 personas.
En un principio la Procuraduría determinó que el ejidatario Filiberto
Gamboa era presunto responsable del homicidio, la razón que era amigo de la señora
María Eugenia Martínez, y porque en una ocasión lo vieron armado. Sin embargo, a más
de un año, se determinó que nada tuvo que ver con el homicidio, por lo que fue puesto en
libertad.
Pero en el mes de enero del presente año, la Procuraduría determinó
que la señora María Eugenia y su hijo Pedro Rivera Cruz, eran los autores intelectuales,
el fundamento: las diferencias que se tenían ambos. Y por esa razón desde ese mes se
encuentra privada de su libertad en el Centro de Readaptación Social del Estado.
Consideraciones. Jurídicamente no existe ninguna base para determinar
la presunto responsabilidad de la madre y su hija en la comisión del delito de homicidio,
ya que ninguno de los más de 25 testigos, afirma que la señora Eugenia y su hijo, hayan
intervenido en la comisión del delito, sin embargo la Procuraduría determinó que ellos
eran los responsables y los mandó encarcelar.
Políticamente existen motivos de sobra para concluir que a alguien o a
algunos les beneficia que la señora María Eugenia y su hijo estén en la cárcel y no
afuera defendiendo derechos agrarios y a los ejidatarios indígenas de su pueblo .
En el ejido de Zuchitlan, el ejido de Zuchitlán tiene un faltante de
más de mil 600 hectáreas, producto de la inejecución de los derechos de los decretos de
dotación 402 hectáreas y ampliación de tierras mil 200 hectáreas. Respecto de las 402
hectáreas que en gran parte corresponden a la zona urbana, el gobernador del estado
propuso una solución que consistía en que la Comisión Reguladora de la Tierra,
organismo público descentralizado federal, pagaría al ejido por ese terreno la cantidad
de 250 mil pesos y el ejido se comprometería a aceptar tal cantidad como indemnización y
a no hacer ninguna reclamación posterior.
El señor Vidal Ascencio Cruz y la señora María Eugenia Martínez,
haciendo a un lado sus diferencias coincidieron en no aceptar la citada propuesta, pues se
les pagaba a un precio irrisorio, ya que hay gente que ha pagado la hectárea en más de
25 mil pesos y el gobierno propone pagarlo sólo 600 pesos por hectárea.
Sin embargo, coincidentemente la propuesta fue aceptada por las
autoridades ejidales, una vez que falleció el señor Vidal Ascencio Cruz, por lo que la
señora María Eugenia y un numeroso grupo de ejidatarios se opusieron a la firma del
convenio. Hoy la señora Eugenia está en la cárcel pagando su osadía.
Los caciques y varios funcionarios públicos son los únicos
beneficiados de lo anterior, ya que tienen interés en que estas hectáreas dejen de ser
del ejido; ahora las dos personas que lidereaban en el ejido ya no están para
obstaculizar sus fines. Uno está muerto y la otra en la cárcel, de tal manera que tienen
la vía libre para continuar adquiriendo los terrenos y dejar a los campesinos indígenas
en la calle.
Lo anterior, señores y señoras legisladoras, es un abuso en contra de
un pueblo indígena marginado y empobrecido; y lo sucedido a la señora Eugenia Martínez
y a su hijo Pedro Rivera, es una violación a los derechos funda mentales del hombre y a
la Constitución, pues nadie debe ser preso por cuestiones políticas, por defender lo
suyo de manera pacífica y ante las autoridades.
Los ejidatarios de Zuchitlán, organizaciones campesinas de derechos
humanos del estado y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, exigimos
su inmediata libertad.
Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo
39 de la Ley Orgánica, 58 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de
los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito integrante del grupo parlamentario del PRD,
somete a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO. Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de
Diputados, examine las constancias que integran el expediente que como anexo se acompaña,
con el objeto de que emita una opinión dentro del plazo establecido en la reglamentación
interna del Congreso sobre la violación a los derechos humanos de la señora María
Eugenia Cruz Martínez y de su hijo Pedro Rivera Cruz y proceda, en el ámbito de sus
atribuciones a realizar las acciones correspondientes.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado.
Para referirse al mismo tema ha pedido hacer uso de la palabra el
diputado Roberto Preciado Cuevas del Partido Revolucionario Institucional y tiene la
palabra hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO ROBERTO PRECIADO CUEVAS. Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeros diputados.
El punto de acuerdo que ha propuesto mi compañero Ramón León
Morales, diputado por mí mismo estado y él por el Partido de la Revolución
Democrática, quiere decir que en un ambiente de coincidencia hemos manifestado en una
plática que hemos sostenido en que cualquier asunto que se ventile y en donde exista la
duda vale más llegar a la indagación, que podamos hacer una ampliación de algo que no
está plenamente sustentado.
Por ello, yo le propongo aquí en el pleno de la tribuna de la Cámara
de Diputados, que efectivamente se haga una indagatoria referente a los asuntos que se
suscitaron con la muerte de Vidal Ascencio; que hubo una pequeña omisión de parte de mi
compañero diputado Romolio Morales, de decir que él también era indígena y que por
cierto, era el jefe virtual de todos los indígenas de esa comunidad de Suchitlán y que
fue victimado con dos balazos, uno que le desprendió el brazo y un pulmón y estando
hincado lo ultimaron con un balazo deshaciéndole la cabeza.
En la detención que se logra de parte de una persona de nombre Isidro
y que aquí voy a dejar los testimonios en donde hace referencia al expediente y a la
declaratoria del propio victimario, en donde dice que él fue contratado y al mismo tiempo
se le proporcionó una escopeta y una pistola, por parte de la señora María Eugenia, que
de esa forma siendo también media hermana, no llevó a cabo precisamente un acto de buena
fe. El se declara precisamente contratado para victimar a Vidal Ascencio. Vidal Ascencio
era el jefe de los indígenas y reconocido como una persona de provecho, una persona a la
cual todo mundo respetaba en esa comunidad y por diferencias efectivamente, de tenencia de
la tierra y que hay otra situación que quiero dejar aclarada: no es una cuestión de
negocio que se esté realizando en esa comunidad de Suchitlán, sino que por el contrario
hay una resolución ejecutada, compañero Romolio Morales, en donde no existe tal
conflicto y que le puedo proporcionar si gusta, lo que le estoy refiriendo en este momento
para mayor información y que de esta manera pueda terminarse con una especulación que se
pueda dar, de un grado mayor.
El asunto de Colima fue que victimaron un indígena y están presos
otros dos indígenas, pero hubo una muerte de un indígena.
Con permiso, muchas gracias.
VICEPRESIDENTA MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Muchas gracias señor
diputado.
Esta presidencia pregunta respetuosamente al señor diputado Ramón
León Morales, si el turno estaría de acuerdo en que lo hiciera al Comité de
Información, Gestoría y Quejas, ya que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, no
tiene funciones de investigación. Sería más adecuado el turno a esa comisión, si está
de acuerdo.
DIP. RAMON LEON MORALES (desde la curul) Sí estoy de acuerdo.
De nuevo solicito la palabra para hechos.
C. VICEPRESIDENTA: Por lo tanto, queda turnada al Comité de
Información, Gestoría y Quejas.
Tiene la palabra para hechos el señor diputado Ramón León Morales,
hasta por 5 minutos.
DIP. RAMON LEON MORALES: Sobre este caso han declarado alrededor de 25
testigos. Y hay una declaración del propio inculpado como el asesino de este indígena,
que por cierto señor diputado, sí menciono en mi escrito que es indígena.
En una primera declaración del inculpado del asesinato, efectivamente
afirma de que recibió armas por parte de la señor María Eugenia. Voy a dar lectura a
una declaración posterior que no se ha tomado en cuenta por parte de la Procuraduría, no
se ha tomado en cuenta por parte de las autoridades competentes para liberar a la
compañera.
Es la declaración del procesa Isidro Pérez Juárez:
"Resultó por su parte que el procesado Isidro Pérez Juárez,
quien manifiesta: Quiero aclarar que no estoy de acuerdo con mi declaración ministerial
porque a mí me presionaron para declarar, y esto lo hizo el comandante de la policía
preventiva de Armería. Además de que yo no conozco a mi careada Eugenia Cruz Martínez,
hasta ahorita que la veo.
"Y en cuanto a mi declaración pesparatoria tampoco estoy de
acuerdo porque ese día todavía no sabía qué terreno pisaba, es decir, si también la
gente del comandante que me presionaba, que también incluso en la policía judicial
pregunté por la señora y los demás coacusados y ahí me dijeron que ellos ya se habían
ido pero para el otro mundo y que por eso yo tuve miedo. Siendo todo lo que tengo que
decir. "
Esto es lo que declaró, es decir, la Procuraduría, el juez
correspondiente está diciendo que su declaración preliminar inculpa a la señora.
Aquí hay una declaración en el careo, en donde él niega y alega
presiones precisamente para inculparla. Efectivamente nos duele mucho que un indígena de
Suchitlán haya sido asesinado y exigimos se investigue hasta las últimas consecuencias
para dar con los asesinos. Pero también estamos plenamente convencidos de que dos
indígenas más están en este momento injustamente encarcelados y que hay elementos para
poder decir que solamente una acusación, que fue sacada por presiones, según la
declaración posterior del inculpado.
En ese sentido, ratificamos la postura de los diputados del Partido de
la Revolución Democrática de que se libere inmediatamente a los dos indígenas
injustamente encarcelados en el estado de Colima. Muchas gracias.
EL C. DIPUTADO ROBERTO PRECIADO CUEVAS (desde la curul)
(Solicita la palabra para alusiones personales)
LA C. PRESIDENTA: Para alusiones personales, el Diputado Roberto
Preciado Cuevas.
EL C. DIPUTADO ROBERTO PRECIADO CUEVAS: Con el permiso de la
Presidencia de esta Cámara.
Quiero nada más hacer referencia a éste tan lamentable hecho, que
seguramente tanto mi compañero Ramón León Morales aquí presente, que tiene orígenes
de esa tierra también el Diputado Jesús Dueñas Llerenas, podrán constatar por ser
también de Colima, hago referencia podrán constatar que el ambiente en Colima no es como
hace referencia mi compañero Diputado Ramón León Morales.
El hacer el comparativo de la condición de vida de Chiapas, de los
indígenas de Chiapas, con los indígenas de Colima. Ahí en Zuchitlán que lo conozco
perfectamente, que lo conoces tú, Ramón, que lo conoce Jesús Dueñas no existen ese
tipo de carencias y de necesidades que se está haciendo mención. Razón por la cual yo
creo que no hay que contaminar en un ambiente que no existe la tranquilidad y la paz y la
hospitalidad que se viven en el estado de Colima.
Invito a la reflexión a mi compañero Diputado. Yo también me sumo a
que se investigue, que se indague si verdaderamente puede o no haber una razón en la cual
no sea culpable María Eugenia, la media hermana del finado Vidal Asencio. Pero lo que sí
le quiero decir que no conozco un delincuente que se declare culpable.
Conoce el antecedente del Chapo Guzmán, de Don Neto y todos los
delincuentes, los grandes homicidas, y ninguno ha dicho " me arrepiento de lo que
hice" y por esa razón no estoy de acuerdo.
Todos los que delinquen siempre se declaran inocentes.
Era nada más para hacer una apreciación y dejar un punto de
referencia en que no confundamos un ambiente inexistente de zapatismo en Colima, que no se
da, y que le quiero comentar que estos compañeros yo tuve trato directo tanto con el
muerto como con los detenidos y en ningún momento llegaron a hacer un movimiento alzado
ni nada. Es más, conozco a los representantes del zapatismo, tengo trato con ellos en el
estado de Colima, y no son precisamente ellos.
EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES (desde la curul) Solicita la palabra
para alusiones personales.
LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra, para alusiones personales, el
Diputado Ramón León Morales.
EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: El objetivo gracias, Señora
Presidenta el objetivo, compañeras y compañeros diputados, de plantear este asunto es
hablar básicamente de violación de derechos humanos en el estado de Colima.
Y quiero decirles que no podemos confundir el paisaje, lo agradable que
es el estado de Colima con la situación que muchos compañeros y compañeras viven con
relación al respeto de sus derechos humanos.
Aquí el problema yo quiero decirles. Podemos documentar no menos de 20
casos de violación de derechos humanos en Colima en los últimos 10 años. Y tenemos los
elementos suficientes para así plantearlo.
No confundir la cuestión turística con la realidad que estamos
viviendo. Tenemos documentados casos de tortura; tenemos documentados casos donde no
actuaron la justicia y donde los delincuentes andan sueltos.
En ese sentido yo si pido: no confundamos. Colima, efectivamente, es un
estado pacífico; Colima, efectivamente, es un bello estado y turísticamente podemos
hablar muchísimas cosas de él, pero no podemos negar que en Colima se están violando
los derechos humanos, y es ahí donde exigimos justicia, justicia para los indígenas y
justicia para todos los habitantes de Colima. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL [PAN]: Gracias,
señor Diputado.
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Tiene la palabra el Diputado Sergio Acosta
Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al nombramiento del Embajador
de Bolivia en México.
EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR [PRD]: Con su venia, ..........~
Diputada Presidenta.
El día 20 de marzo del presente el Presidente Fox recibió las cartas
credenciales del nuevo embajador de Bolivia en nuestro país, pero no nada más recibió
dicha documentación sino que recibió con beneplácito el que hayan designado a Gary
Prado como representante de Bolivia.
Para nosotros el que una persona torture, sea homicida ¡y que además
participó en la detención de Ernesto Guevara, no merece estar en nuestro país como
representante diplomático! ¡Significa una ofensa para todas las luchas democráticas,
para todos los movimientos sociales, estudiantiles, campesinos y sindicales!
Para los que venirnos de esas luchas, el tener aquí en México a un
militar que reprimió los movimientos democráticos, así como a los lucha dores sociales,
significa un gran golpe a toda la trayectoria de lucha histórica de los movimientos
democráticos.
Así también la mayoría de los organismos internacionales en defensa
de los derechos humanos se han pronunciado porque ningún militar que haya ejercido
funciones en los años 60's y 70's en América Latina pueda tener cargos civiles y mucho
menos de carácter diplomático ante un país como el nuestro, que aspira a ser el máximo
defensor de los derechos humanos en el mundo.
Recordemos que en los últimos años se han multiplicado los
comentarios, pronunciamientos, llamados y observaciones por parte de los organismos
internacionales responsables de la vigilancia de los derechos humanos, donde hacen
mención no solo de los actos de gobierno sino también de los cuerpos militares que
utilizan la violencia como medio para llegar a sus metas políticas.
Los derechos humanos son hoy más que un mero ideal de la humanidad,
son un amplio cuerpo de leyes que debería obligar a los Estados. Su fuente más
importante es, sin lugar a dudas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948. El espíritu de la Declaración Universal se ha traducido en una serie de convenios
y pactos de la comunidad de Estados pertenecientes a la ONU. Tal es el Pacto Internacional
sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966, la Convención contra la Tortura en 1984,
tratados que obligan a los Estados ratificadores a cumplir con ellos. Tal es el caso de
México.
Cuando los militares latinoamericanos empezaron a utilizar la práctica
de la desaparición forzada de personas como un método represivo, creyeron que habían
descubierto el crimen perfecto. Es decir, dentro de su inhumana lógica no hay víctima,
por ende no hay victimario ni delito.
La práctica de la desaparición forzada surgió en América Latina en
la década de los 60's. No olvidemos que los gobiernos latinoamericanos gobernados por
militares, que no son respaldados por sus respectivos pueblos, cometieron cualquier tipo
de atropello contra los ciudadanos de sus países. Casos los hay y de diversos tipos,
pasando por la dictadura como la de Trujillo en Dominicana, Somoza en Nicaragua, Betulio
Vargas en Brasil.
Los testimonios de los sobrevivientes a estas crueles dictaduras nos lo
indican. Casos muy concretos los encontramos en países como El Salvador, Chile, Uruguay y
Argentina; Brasil, Colombia, Perú y México.
Amnistía Internacional y otros organismos de derechos humanos
sostienen que en poco más de 20 años 90 mil personas fueron víctimas de esta aberrante
práctica en diferentes países de América Latina. Esto fue producto de una política
continental de dominación.
La desaparición no solo es un rasgo exclusivo de las dictaduras
militares. Países como México, Colombia y Perú con gobiernos civiles electos o han sido
escenarios de la misma. Asimismo sus objetivos se reflejaron una vez más en las
desapariciones ejecutadas, haciendo víctimas a todos aquellos que desarrollaron una labor
política, social o cultural en favor de gobiernos democráticos.
Es por eso que para el Partido de la Revolución Democrática resulta
un agravio el beneplácito del gobierno foxista hacia el nuevo Embajador de Bolivia Gary
Prado y da muestras de que carece de una estrategia de política exterior que esté
realmente comprometida con los derechos humanos.
Si la intención del gobierno de Fox es abrir las puertas a toda clase
de personas con una trayectoria marcada con sangre, estaríamos pasando de ser un país
que siempre se ha manifestado en contra de los crímenes de guerra, a un país que se
vuelve retiro de descanso de criminales de guerra, pero sobre todo Vicente Fox con este
beneplácito está avalando todas las acciones represivas que en su momento llevó a cabo
Gary Prado.
Aquí en nuestro país tenemos el caso del que fuera Director General
del RENAVE, Ricardo Miguel Cavallo, donde las autoridades federales del sexenio pasado
dejaron en manos de uno de los más sanguinarios represores de la dictadura argentina, la
dirección del Registro de Automóviles. Así como vamos, al rato Vicente Fox recibirá
también con beneplácito la designación de Augusto Pinochet como Embajador de Chile en
México.
Aunque se dice que Gary Prado no fue el que acribilló, torturó o
mutiló al Che Guevara, sino nada más lo capturó y lo entregó, en este libro que el
propio Jorge Catañeda hace reseña precisamente de las condiciones infrahumanas en las
cuales fue precisamente torturado por este personaje.
Para el Partido de la Revolución Democrática que el actual Embajador
de Bolivia en México haya recibido el aval del gobierno foxista, pone de manifiesto que
su gobierno estaría dispuesto a solapar violaciones humanas al recibir a personas con un
pasado dudoso y poniendo en tela de juicio la honorabilidad de los diplomáticos que
representan a sus gobiernos en nuestro país. proporcionando con este o un continuismo de
lo que fue la política de Salinas, Zedillo en la materia de derechos humanos .
El beneplácito debería ser otorgado a diplomáticos con alto grado de
responsabilidad y con una trayectoria limpia e impecable. No se puede otorgar el
beneplácito a diestra y siniestra a personas que carecen de los requisitos mínimos,
sobre todo cuando organismos no gubernamentales culpan al embajador de violar los derechos
humanos en las décadas de los '60s y los '70s.
Por tal motivo, hacemos un enérgico extrañamiento al gobierno federal
encabezado por Vicente Fox, y al Canciller Jorge Castañeda, por haber aceptado como
embajador a Gary Prado; al primero por avalar el nombra miento y al segundo por no tomar
en cuenta su propio libro de texto llamado "La vida en rojo", una biogravía del
Che Guevara, donde hace mención del exceso de represión utilizada por los militares
hacia activistas luchadores sociales y la guerrilla, y por otro lado de la forma inhumana
con la que fue tratado durante su captura y después de la misma.
Ernesto Guevara de la Serna, que a la letra dice en uno de los pasajes:
"Después de una sesión fotográfica en la que se tomaron muchas placas de las que
se han publicado hasta hoy al Che Guevara, los soldados someten al sorteo quién habría
de despachar y matarlo. Fue el teniente Mario Terán el escogido para victimar al hombre
desaliñado y herido. Su verdugo vaciló durante varios intentos fallidos, pero después
de unos cuantos tragos de whisky terán le disparó seis tiros al torso".
En consecuencia de lo expuesto y con base en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática suscribimos y
manifestamos la siguiente
"Proposición con Punto de Acuerdo
"Uno. Solicitamos al Presidente Vicente Fox y al Canciller Jorge
Castañeda, que den marcha atrás al nombramiento, que exija la salida del país de Gary
Prado.
"Dos. Que en los próximos nombramientos de nuevos embajadores se
investigue minuciosamente la trayectoria tanto personal y profesional de los posibles
embajadores, para que al rato no nos sorprendamos que al señor lo están demandando para
ser juzgado por los delitos de guerra y violaciones a los derechos humanos".
En este punto de acuerdo nos hicieron el favor de firmar el compañero
de Convergencia, diputado José Manuel Del Río; los diputados del Partido del Trabajo,
Jaime Cervantes y Rosa Delia Cota.
Y si alguna duda, compañeras y compañeros, existe de lo que hemos
comentado y del pasaje sombrío de este personaje, aquí tenemos nosotros un libro en el
cual su editor ahora es el Canciller de México y narra perfectamente las cosas que le
hicieron precisamente al Che Guevara, narra las formas tan crueles antes de ser
acribillado, la forma y la tortura en la cual se le hizo precisamente a su persona.
Por tal motivo, señor, nosotros reprochamos que el señor Gary Prado
sea embajador de Bolivia en México y enérgicamente hacemos el reclamo a nombre de
nuestro partido, el PRD, para que este señor salga de nuestro país.
Gracias, muy amables.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Sergio Acosta Salazar, la
proposición que usted había presentado se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se concede el uso de la palabra para referirse a este tema, al Diputa
do Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cinco
minutos.
EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (Partido del Trabajo): Con el
permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores. El Grupo Parlamentario
del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para referirse al Punto de Acuerdo que
presenta la bancada del Partido de la Revolución Democrática sobre el beneplácito que
nuestro Gobierno otorgó al señor Gary Prado Salmón, Embajador de Bolivia en México.
Dicho beneplácito, por decirlo lo de menos, es que fue afortunado por
que le cierra la amistad con Cuba y los pueblos latinoamericanos; además de los
principios que en materia de política exterior ha mantenido nuestro país.
Para nadie es desconocido que México ha sido uno de los principales
defensores de la Autodeterminación de los Pueblos, en particular del cubano. El Gobierno
Mexicano no tuvo la sensibilidad suficiente para que en los momentos de solicitársele el
beneplácito a favor del señor Gary Prado Salm6n no fuese otorgado en virtud de que la
legendaria figura de Ernesto C. Guevara de la Serna significa mucho para los mexicanos por
los esfuerzos de defensa a un pueblo que nos es tan cercano como el pueblo de Cuba.
Lamentablemente el Gobierno Boliviano propone como Embajador a un
representante que hiere los principios de solidaridad internacional con el pueblo cubano
que los mexicanos siempre hemos tenido más allá de los gobiernos existentes.
Más, como todos sabemos, el Representante Diplomático de Bolivia en
México en la época en que prestaba sus servicios en el ejército de su país, participó
en el Comando que detuvo al Comandante Ernesto C. Guevara; el Canciller Jorge Castañeda
podía haber hecho los señalamientos pertinentes al Gobierno Boliviano para que
propusiese a otra persona para ocupar dicho cargo.
Nos parece muy raro que nuestro señor Secretario de Relaciones
Exteriores, al ser un estudioso de los movimientos sociales de América Latina, no tomara
en cuenta el papel desempeñado por el señor Prado en la detención de Ernesto Guevara.
Creemos que esta falta de tacto obedece a que el Dr. Castañeda responde ahora a los
intereses que poco tienen que ver con las; luchas solidarias de los pueblos de América
Latina.
Lejos han quedado los tiempos en que el Secretario Jorge Castañeda
abrazaba los ideales de la izquierda revolucionaria, es preciso aclarar que no es un
problema personal con el Embajador Prado, entendemos que al ser Miembro de las Fuerzas
Armadas obedecía órdenes superiores y protegía la del orden interno y la soberanía de
su país, la torpeza política en este caso no es atribuible al propio Embajador sino por
el contrario, al Gobierno Biliviano y al nuestro como tal y tal como lo hemos señalado,
Bolivia es una nación que en los últimos años ha estrechado lazos con México, ejemplo
de ello lo constituye el Tratado de Libre Comercio que firmaron nuestros países en el
año de 1995.
Se han abierto caminos de entendimiento y cooperación entre ambos
pueblos y sucesos como el del nombramiento del Embajador Boliviano interfiere en la sana
relación entre Bolivia y nuestro país.
Por todas las consideraciones anteriores, el Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo se pronuncia en favor de la Proposición del Punto de Acuerdo que
aquí se ha hecho referencia.
Es cuanto señor Presidente, muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado Jaime Cervantes Rivera.
Ha solicitado el uso de la palabra para referirse a este tema, el
Diputado Efrén Leyva Acevedo, a quien se le concede el uso de la palabra por cinco
minutos.
EL DIP. EFREN LEYVA ACEVEDO: Con su permiso señor Presidente.
Compañeros diputados, Compañeras diputadas, Honorables curules que nos escuchan:
(aplausos)
Hemos estado muy atentos a este debate que se ha venido dando en el
punto de acuerdo que ha propuesto el Partido de la Revolución Democrática y nos preocupa
o me preocupa en lo particular porque vengo a hablar con toda responsabilidad en carácter
personal, en relación a que estamos muy pendientes de lo que está pasando con los
embajadores que nombran otros países, de que si tienen antecedentes, no tienen
antecedentes, de que en un momento dado a nosotros o a mí en lo particular no me interesa
si fue el que lo agarró o no fue, ya la historia ha juzgado y lo va a juzgar en su país
de acuerdo a sus leyes.
Pero c6mo es posible que estemos distrayendo nuestro tiempo y nuestra
atenci6n cuando no hemos puesto atención en lo que está pasando en la ciudad de México,
Me preocupa que a los diputados del PRD les preocupe más a quien nombraron como embajador
de Colombia o de Bolivia en México y que apenas un hecho sangriento que sucedi6 en las
calles de pleno centro de la ciudad no tomemos en cuenta para que exijamos al gobierno del
Distrito Federal responsabilidad en el manejo de sus cuerpos policíacos, o de que vayamos
viendo c6mo se sigue reprimiendo a los vendedores ambulantes, o que veamos como se sigue
incrementando la inseguridad en la ciudad de México, o que veamos una serie de aspectos;
a mí no me interesa ni Fox, ni Castañeda, ni ningún otro, pero no hemos todavía
concluido... hoy en la mañana volvió a hablar otra vez refiriéndose nuevamente al caso
Colosio y no hemos podido terminarlo cuando han sido algunos procuradores de partidos
distintos al que gobernaba, algunos híbridos y ahora que tenemos toda la administración
de otro partido tampoco queremos ni tenemos esperanza de que conozcamos.
Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver con responsabilidad cómo
vamos a aportar en nuestras actividades directamente para poder legislar para el pueblo.
Ya dimos una señal importante que espero que mañana podamos rectificar o ratificar esta
señal que hemos dado, espero que no sea rectificarla, yo tengo mucha fe y mucha confianza
en que la responsabilidad de quienes intervengan mañana, porque también tenemos el valor
y la dignidad para que si no, si estamos aquí y se trata de ofender también la dignidad,
también tenemos el valor para decirlo.
Entonces yo no sé si este señor es culpable o no es culpable, pero
tampoco me interesa saber si van a aceptarlo porque esté bonito o esté feo, lo que yo
creo es que tenemos que tener responsabilidad para señalar lo que esté pasando y lo que
no estamos de acuerdo,
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Efrén Leyva. Compañeras y compañeros
diputados:
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Nos resta un punto del apartado relativo a las
proposiciones con punto de acuerdo y estamos también a punto de cumplir con las 4 horas
de sesión reglamentaria. Vamos a desahogar el punto relativo a una proposición con punto
de acuerdo sobre el conflicto en el estado de Chiapas; se encuentra inscrito para este
tema, de manera exclusiva, el diputado Gregorio Urías Germán, del PRD, a quien se le
concederá el uso de la palabra y los temas de la agenda política inscritos para esta
sesión se incorporarán en la agenda de la sesión del próximo jueves,
Tiene el uso de la palabra el diputado Gregorio Urías Germán, del
grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.
EL DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Esta propuesta de punto de acuerdo fue incluida desde hace... de dos
sesiones anterior a la presente y ha habido evoluciones políticas con relación a este
hecho, sin embargo, por dos consideraciones fundamentales, me permito exponerla ante
ustedes.
Primero, considero que legislar en este momento, en esta Legislatura y
en este momento de la historia de nuestro pa7s, es un tema que diría yo trasciendo lo que
hemos denominado como reforma del Estado y estaríamos hablando de una reforma del estado
nación que ha venido conformándose en esta república desde hace ya casi 180 años. Es
decir, estamos intentando, estamos iniciando un proceso legislativo de tal trascendencia,
de tal magnitud, que no solo impactará con la reforma constitucional las instituciones
del Estado, sino la relación social, la relación política y la relación histórica con
una parte importante de la sociedad mexicana, con nacionalidades, con etnias que
constituyen, que son parte de toda la nación mexicana.
La otra consideración es que si paz en México, la paz en Chiapas
estuvo a punto de lograrse en el régimen político anterior, en la nueva etapa que
vivimos, de transición, como la hemos denominado, después del proceso electoral del 2 de
julio del 2000 y de la alternancia en el poder, resulta difícil concebir e insólito, que
no podamos ahora consumar la paz, resulta insólito que en momentos pareciera complicarse
aún más que en el régimen anterior, porque el tema de la paz para poder transitar hacia
un nuevo estado democrático, plural, moderno, social, requerimos estabilidad, requerimos
gobernabilidad.
Creo que incidentes o antecedentes o hechos presentes como los
conflictos en Tabasco, en Yucatán, entre otros, corroboran plenamente de la necesidad de
que construyamos todos la gobernabilidad y la paz en México y que diferencias de proyecto
o de estrategias políticas para un tema como es éste de la paz no pueden nunca estar por
encima del interés nacional, que lo requiere la sociedad mexicana de manera abrumadora,
porque la evolución política de este conflicto en Chiapas y en México ha madurado a tal
suerte que no podemos los Poderes de la Unión más que dejar de contribuir cada vez con
mayor seriedad, con mayor profundidad y mas aún el Poder Legislativo, porque desde un
principio que incursiono en este conflicto lo hizo y lo ha hecho con el propósito de
conciliar, de mediar para el diálogo, para la negociación y para consumar la paz.
Propuesta de punto de acuerdo de acuerdo con relación al retiro de
posiciones del H. Ejército Mexicano en el Estado de Chiapas.
C O N S I D E R A N D O
Que el día primero de enero de 1994 el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional declaro la guerra al gobierno mexicano encabezado por el entonces
titular del Ejecutivo Federal, Carlos Salinas de Gortari, quien ordena a los mandos
correspondientes del Ejército Mexicano responder a las acciones desarrolladas en diversas
poblaciones del Estado de Chiapas.
Que a 12 días de iniciado el enfrentamiento bélico, el Presidente de
la República decreta el cese unilateral a las acciones militares del Ejército, a lo que
se acompañó el nombramiento de un representante del gobierno federal en carácter de
comisionado para la paz en Chiapas, iniciándose así el proceso de diálogo.
Que a partir del mes de febrero de 1995 el entonces Presidente Ernesto
Zedillo, ordenó al Ejército Mexicano desarrollar acciones de patrullaje y en apoyo a la
PGR ejecutar algunas órdenes de aprehensión giradas en contra de presuntos miembros del
EZLN mismas que quedaron suspendidas en virtud de la aprobación de la Ley para el
Diálogo y la Paz Digna en Chiapas, ampliando con tales acciones la presencia militar en
la zona de conflictos.
Que una de las tres condiciones del Ejército Zapatista para reanudar
el diálogo con el gobierno federal es el retiro y cierre de siete de la totalidad de
posiciones militares que el Ejército ocupaba el día de la toma de posesión del actual
titular del Poder Ejecutivo Federal, en virtud de que fueron ubicadas en áreas
geográficas de suma cercanía a las comunidades afines al movimiento encabezado por el
EZ, con la consecuente alteración de la vida de dichas comunidades que a la fecha el
Presidente Vicente Fox ha retirado en su totalidad cuatro de las siete posiciones
señaladas en el punto anterior y en el caso de las tres restantes, el martes 20 del mes
en curso, anunció convertirlas en centros comunitarios.
El retiro de tropas de dichas bases se encuentra con importantes
avances, más no se ha concluido, sin embargo las acciones emprendidas nos permiten
apreciar significativas expresiones del titular del Ejecutivo Federal por cumplir con los
requerimientos para reanudar el diálogo.
Que el Ejército Mexicano es una institución de buena fe, con la
importante tarea de preservar la soberanía nacional y la paz pública que garantice un
ambiente de armonía y convivencia pacífica para que los mexicanos nos consolidemos como
nación independiente y construyamos el estado democrático de derecho que guié nuestro
destino como nación, Concebimos un México cuyo Ejército y pueblo sean un binomio
indisoluble; el primero no sólo se nutre del segundo, sino que ha dado importantes
demostraciones de compartir los anhelos de justicia social, así como de vida
democrática, y cuando por desgracia se han escrito página negras en la vida nacional,
hechos que nunca más deberán repetirse, en la que por fidelidad a las instituciones
participó el ejército, no ha sido mutuo propio, sino por determinación del titular del
Ejecutivo Federal, generalmente por conflictos agravados ante la ausencia de interés de
resolver los problemas de los mexicanos conforme a principios democráticos.
Es decir, habrá que reconocer que no en pocas ocasiones la autoridad
civil ha demostrado lamentable incapacidad frente a los retos que implica conducir los
destinos de la República.
En la hora actual, la sociedad reclama profundas transformaciones hacia
la configuración del México del futuro que los mexicanos todos debemos contribuir en su
construcción, con verdadero patriotismo y profunda convicción republicana, para lograr
así la renovación y el fortalecimiento de un sentimiento de respeto hacia la
institución militar. Toca al Jefe del Ejecutivo por disposición constitucional y con
visión de estadista comprometido con su patria, a ser el principal aporte.
Que por el futuro de la sociedad mexicana, y particularmente de la
importante institución representada por su ejército, la sociedad civil, partidos
políticos y las autoridades civiles, estamos obligados a realizar el mejor de nuestros
esfuerzos para atender y resolver las causas que dieron origen al conflicto que nos ocupa
y alcanzar por la vía del diálogo el consenso necesario para escribir otra gloriosa
página en la historia del suelo patrio: la paz con dignidad y justicia en Chiapas y en
todo México.
Que conforme al artículo 89 fracción VI de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del C. Presidente de la República disponer
de la totalidad de las fuerzas armadas permanentes para preservar la seguridad interior y
defensa exterior de la federación. En tanto, alcanzar la paz sin mayor dilación y
sacrificio para los mexicanos y especialmente para los indígenas, ha sido compartido como
valor supremo de todos y particularmente de las instituciones del Estado, por lo que de
continuar latente la posibilidad de un enfrentamiento entre ejército y Ejército
Zapatista de Liberación Nacional, atenta contra la seguridad interior, razón por la cual
el titular del Ejecutivo Federal está obligado a tomar las medidas para evitar que tal
hecho suceda.
En razón de lo anterior, y con fundamento en el artículo 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo
58 y 60 en su última parte, del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano
legislativo, los suscritos miembros de la Honorable LVIII Legislatura, presentamos el
siguiente punto de acuerdo:
Primero. Esta Honorable Cámara de Diputados hace un respetuoso llamado
al ciudadano Presidente de la República para que, en uso de las facultades que le concede
la Constitución General de la República, vea en todo momento que se tomen las medidas
pertinentes con relación al Ejército Mexicano, a efecto de que los actos relacionados
con dicha institución contribuyan invariablemente al proceso de diálogo y pacificación
en Chiapas. Asimismo, se considere como punto a abordar en el proceso de diálogo con el
EZ, la determinación del destino de los espacios donde tenían asiento las bases
militares retiradas o en proceso de retiro.
Segundo. Este órgano legislativo solicita atentamente al titular del
Ejecutivo Federal, provea la conducente a efecto de dar celeridad a la liberación de
todas las personas que, por alguna conducta relacionada con el movimiento del Ejército
Zapatista, se encuentren bajo proceso o bien sentenciados por delitos del orden federal, y
en el caso de delitos que son competencia de los estados de la República, intervenga con
pleno respeto al pacto federal ante la autoridad correspondiente, a efecto de agilizar la
liberación en los términos de ley.
Diputado Aguilar Solís Samuel, por el Partido Revolucionario
Institucional; diputado Del Río Virgen José Manuel, por Convergencia Democrática;
diputado Narro Céspedes José, por el Partido del Trabajo, y los siguientes diputados por
el Partido de la Revolución Democrática: diputada Tapia Medina Rosario, diputada
Sánchez Lira María de los Angeles, diputada García Suárez Miroslava, diputado
Hernández Estrada Rafael, diputado Salgado Macedonio Félix, diputado Villanueva Mukul
Erik Eber, diputado Rodríguez Cabrera Rufino, diputado Moreno Bastida Ricardo, diputado
Garibay García Jesús, diputada Graniel Campos Adela del Carmen, diputado Barbosa Huerta
Luis Miguel, diputado Aureoles Conejo Silvano, diputado Patiño Cardona Francisco,
diputado Martínez Enríquez Esteban Daniel, diputado Herrera Jiménez Luis, diputado
Carrillo Pérez Rodrigo, diputado Herrera y Bruquetas Angel Enrique, diputado Cruz Andrade
Mario, diputado Ulloa Pérez Emilio, diputado Rosaldo Salazar Pedro Miguel, diputada
Núñez Monreal Magdalena, diputado Urias Germán Gregorio.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Gregorio Urias Germán. La proposición
que usted ha planteado se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública,
Hemos agotado el,,,
EL DIP, ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ (Desde su curul): Señor Presidente,
para hechos,
EL PRESIDENTE: Solicita el uso de la palabra el señor diputado,,, me
dice su nombre por favor,,,
EL DIP. ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ (Desde su curul): Alejandro Cruz.
EL PRESIDENTE: Don Alejandro Cruz, tiene el uso de la palabra hasta por
cinco minutos.
EL DIP. ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ: Ciudadanas diputadas; ciudadano
diputados:
Vengo a esta tribuna para referirme a algunas cuestiones que fueron
tratados aquí por el diputado Urías, particularmente en referencia al conflicto de
Chiapas.
Muchos de los aspecto que él tocó aquí prácticamente han sido
resueltos. Hoy en Chiapas las bases militares que el EZ pedía para su retiro, pues
prácticamente han sido concedidos.
Los diputados chiapanecos y la población chiapaneca han puesto su
parte para que este conflicto se conduzca hacia una solución que nos dé una paz
definitiva,
La población está aportando su cuota para que efectivamente se d~ la
gobernabilidad y se de las condiciones de paz, pero está claro que no es cierto de que
para el avance democrático de nuestro país sea suficiente con el cambio de hombres o de
nombres o con el cambio de gobierno para que vivamos efectivamente en un régimen en que
predomine la tolerancia, en que predomine la libertad, en que predomine el respeto a los
poderes que la propia Constitución nos da.
Y digo esto porque el conflicto de Chiapas actualmente no es
únicamente la marcha zapatista al Distrito Federal, no se reduce al diálogo o a la
plática que habremos de tener mañana aquí con el EZ; está también en la actitud del
nuevo gobierno, en la actitud de la que muchos se ufanan de los resultados electorales del
20 de agosto,
Hoy en Tapachula se persigue a un periodista, director de un
periódico; hoy en Tuxtla, Gutiérrez, se persigue también a periodista de la capital del
estado; pero también desde el Poder Ejecutivo del estado se enfrenta y se desquicia al
Poder Legislativo, del Estado, desde el gobernador que ganó el 20 de agosto, también se
lesiona la dignidad del Poder Judicial. Mal haríamos los diputados federales por Chiapas
si en estas horas críticas por las que atraviesa nuestro estado, ante la cerrazón, la
intolerancia, el autoritarismo de un gobernante que entró apostándole a la violencia y
sigue en ese tono, no alzáramos nuestra voz para protestar en forma enérgica contra el
autoritarismo y la intervención en la autonomía plena a los Poderes Legislativo y
Judicial que viene promoviendo, iniciando y concretando el gobernador Pablo Salazar, en su
afán enfermizo, desmedido de someter a su entero gusto y placer a los otros dos Poderes
para doblegarlos y as7 todo se haga como él ordene.
Lo que sucedió el sábado no tiene calificativo, pues de manera
insólita incongruente y falta de táctica para gobernar a solicitud de sus
incondicionales magistrados, diez de los veinticinco que conforman el pleno, ordenó el
asalto violento a las instalaciones de un poder legalmente constituido. Esto sólo puede
pasar en regímenes producto de la tradición y la sed insaciable de poder como sucedió
en 1913 con Victoriano Huerta, o como el caso que aquí planteaba el compañero del PRD.
Pero resulta inconcebible que se viva en un régimen que constantemente
se autoproclama democrático.
En memoria de un legislador chiapaneco como fue Belisario Domínguez,
hoy por hoy, compañeros diputados, debemos de decir un ¡basta ya! a Pablo Salazar y
solicitar juicio político en su contra porque pasar por lo que ha hecho es ser cómplice
del desmoronamiento de las instituciones de nuestro estado.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Ha solicitado el uso de la palabra y se le concede
hasta por cinco minutos, al diputado Miguel Bortolini Castillo, para referirse a la
proposición con punto de acuerdo sobre el conflicto en el estado de Chiapas.
EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señor
Presidente; compañeros diputados: Es evidente que los tiempos de cambio a que ha dado
origen la sociedad mexicana y que se manifestaron el 2 de julio, y que van a seguir porque
no se han profundizado, evidentemente que dejan secuelas y aquí se vienen a manifestar.
Yo creo que habría que ser muy consecuente y muy preciso en lo que se
dice. Aquí se ha venido a decir casi, casi que ya no hay militares en Chiapas.
Yo nada más quisiera recordar una cosa, y ahí están los mapas, ahí
están las estadísticas y ahí está el número de soldados que están en Chiapas.
Compañeros diputados: En Chiapas existían 259 entre retenes y
campamentos militares. Una de las tres señales que fijó el EZLN para reanudar los
diálogos suspendidos por la artera agresión del 9 de febrero de 1995, una de las tres
condiciones, de las tres señales es que se retire el Ejército de solamente 7 campamentos
de los 259 que hay en Chiapas, pues es falso que se venga aquí a decir, que ya salieron
de Chiapas. Y recordemos que apenas en esta semana se dieron los pasos, para que salgan de
los tres campamentos que faltaban: Riuseba, La Garrucha y Guadalupe Tepeyac, hay están
los diarios del día de hoy, donde dicen que apenas el día de ayer salen de Guadalupe
Tepeyac.
Quiere decir esto, compañeros, que quedan aun en Chiapas, 252 puestos
militares entre retenes y campamentos, yo no sé de dónde se viene a decir aquí o de
dónde se saca que ya se retiró el Ejército. No, en Chiapas siguen los 70 mil soldados,
70 mil, y lo único que hicieron fue trasladarlos de esos siete campamentos hacia la zona
militar o reubicarlos en otros.
Por otro lado, yo creo que si tiene que quedar muy claro en esta
Cámara de Diputados, que las tres señales que se deben cumplir, y que todavía
corresponde la última a este H. Congreso de la Unión, que es la aprobación de la
iniciativa de ley de 1996 que todos los partidos aprobaron en San Andrés Larrainzar,
aquí vamos a ver la consecuencia o no de eso, que los partidos aprobaron en 1996.
Una vez que se cumplan las tres señales, compañeros, se reiniciará
el diálogo con tres mesas y temas pendientes, esto no se nos debe olvidar a nosotros. Yo
no diría lo mismo de las televisoras que hicieron el Concierto por la Paz. La paz y la
guerra tienen condiciones objetivas, la violencia y la guerra desencadenó la rebelión,
la paz para que llegue, deben cumplirse los Acuerdos de San Andrés contenidos en la
iniciativa de la Ley de la Cocopa, todavía instalar las tres mesas que falten y resolver
lo funda mental: las causas que dieron origen al levantamiento.
Preguntamos a quiénes dicen tiempo, se les ha acabado el tiempo
efectivamente a ustedes, pero preguntamos: ¿ya no hay hambre en Chiapas?, ¿ya no hay
insalubridad? Si es así, entonces nosotros decimos por qué la gen te de Chiapas y los
indígenas de México están en las calles de México y por qué se les va a recibir aquí
mañana.
Yo creo que lo único que podemos solicitar es ser consecuentes y
congruentes con la parte más débil de los mexicanos, los que viven en el sótano de este
país y que aspiran a vivir en la casa digna.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Bortolini. Compañeras y compañeros
diputados. Esta presidencia ha identificado el origen de una comunicación que ha
circulado entre los señores y señoras diputados, referente a ofrecerles una facilidad de
tránsito en la vialidad de la Ciudad de México y particularmente en el entorno a este
recinto legislativo, ofreciendo unos cartelones para el acceso al área del Palacio
Legislativo.
Evidentemente el acceso al Palacio Legislativo está garantizado para
todos las señoras y señores diputados. Yo quiero solicitar, si, con mucho gusto señor
diputado Efrén Leyva, sonido en la curul del diputado Efrén Leyva…
EL C. DIP. EFREN LEYVA ACEVEDO, (desde su curul). Yo quiero hacerle una
pregunta al señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Con mucho gusto, diputado Efrén Leyva. Sonido en la
curul del diputado Efrén Leyva.
EL C. DIP. EFREN LEYVA ACEVEDO, (desde su curul). Oiga, señor
Presidente. ¿Cómo es posible que todavía los diputados que tenemos ya una cartulina
para entrar y para movernos, nos vengan a dejar otra cartulina para un evento especial? Yo
no estoy de acuerdo absolutamente y mis compañeros tampoco estamos de acuerdo en que
seamos nosotros títeres, ya es suficiente de todo lo que están haciendo.
La cartulina que tenemos de identificación de diputado federal, que
nos permita para entrar, oiga.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Es precisamente, diputado Efrén Leyva, el sentido de
esta identificación de la comunicación. El propósito, perdóneme diputado, requiero
darle satisfacción no sólo al diputado Efrén Leyva que ha hecho una moción, sino a
todos ustedes.
Precisamente por eso la Presidencia de la Directiva ha identificado
frente a ustedes una comunicación de la Secretaría de Apoyo Parlamentario y la
Presidencia aclara a las señoras y señores diputados, que no se requiere para el acceso
al recinto legislativo por parte de las señoras y señores diputados ninguna
identificación adicional.
Esta es su casa, este es su recinto y la Directiva velará por el
acceso y irrestricto de todos y cada uno de ustedes al recinto parlamentario.
Yo quiero rogar a la Secretaría, dé cuenta con el orden del día de
la próxima sesión a celebrarse el próximo día jueves; antes hacer el recordatorio de
que por decisión soberana de esta Asamblea, mañana se celebrará una junta de comisiones
en este salón de plenos, en donde se recibirá al EZLN, al punto de las once de la
mañana.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por favor, proceda, señor Secretario.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN. Orden del día.
Sesión ordinaria, 29 de marzo de 2001.
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 6
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA.
ORDEN DEL DIA 29 de marzo de 2001
Lectura del Acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Jalisco.
El Secretario General del Ayuntamiento del Estado de Puebla, informa
que se aprobó un pronunciamiento en apoyo al diálogo por la paz en el Estado de Chiapas.
El Secretario del Ayuntamiento del Estado de Xalapa, informa y solicita
se exhorte a los Diputados y Senadores se analice y en su caso se apruebe, la Iniciativa
de la Ley de la Cocopa.
DICTAMEN A DISCUSION
De la Comisión de Seguridad Social con Proyecto de Decreto que reforma
el tercer párrafo del Artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias, señor diputado secretario don Manuel
MedelIín.
A las 16:00 horas. Se levanta la sesión y se
cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 29 de marzo a las once horas.
APENDICES DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 27 DE MARZO DE
2001.
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Chihuahua, Chih., lo. de marzo de 2001.
C. Dip. Presidente de la H. Cámara de Diputados
Por este conducto. nos permitimos hacer de su conocimiento, que en
fecha 28 de febrero del presente año se clausuraron los trabajos de la Diputación
Permanente, en su primer periodo de receso, dentro del tercer año de ejercicio
constitucional de la Quincuagésima Novena Legislatura del H. Congreso del estado de
Chihuahua.
Asimismo. comunicamos a usted que con esta fecha se dio inicio a los
trabajos correspondientes al segundo periodo ordinario de sesiones, que fungirá durante
el periodo del 1 de marzo al 30 de junio de 2001, que dando integrada su Mesa Directiva de
la siguiente forma:
off
Presidente: Dip. Cesáreo Valles Machuca
Vicepresidente: Dip. Guillermo Ontiveros Valles Vicepresidente: Dip.
Luis Pavel Aguilar Raynal
Primer Secretario: Dip. Héctor Armando Arreola Arreola
Segundo Secretario: Dip. José Bernardo Ruiz Ceballos
Prosecretarios:
Dip. Luis Alfonso Alba Solís Dip. Pedro Alvarado Silva
Sin más por el momento. reiteramos a usted las seguridades de nuestra
atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio. No Reelección.
El Presiden del Congreso del estado
Dip. Cesáreo Valles Machuca (rúbrica)
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO
Pachuca, Hgo., 22 de febrero del 2001.
H. Cámara de Diputados PRESENTE
Para su conocimiento y efectos me estoy permitiendo informar a ustedes,
que la Quincuagésima Legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Hidalgo, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, clausuró el primer periodo
ordinario de sesiones, correspondiente al receso del segundo periodo ordinario del segundo
año de ejercicio constitucional.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarles las
seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor del H. Congreso
Lic. Manuel Angel Villagrán Valdespino (rúbrica)
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
Por este conducto, hago de su conocimiento, que en sesión de fecha 27
de febrero del presente año, se procedió a la elección de la Mesa Directiva que
fungirá durante el mes de marzo del presente año, quedando de la siguiente manera:
Presidente: Dip. Fernando Guzmán Pérez Pelaez
Vicepresidente: Dip. Rafael Sánchez Pérez
Vicepresidente: Dip. Ernesto Díaz Márquez
Secretario: Dip. José Antonio Cabello Gil
Secretario: Dip. Juan Manuel Gutiérrez Santos
Prosecretario: Dip. Ena Luisa Martínez Velasco
Prosecretario: Dip. José Guadalupe Madera Godoy
Lo que comunico a ustedes, para los efectos legales procedentes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara. Jal., 2 de marzo de 2001.
LCTC León García Camarena (rúbrica)
Oficial Mayor
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Cd. Victoria, Tam.. a 1 de marzo del año 2001.
H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo y 23, 24 y 32 fracción V, del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso del estado, nos permitimos comunicarles que en sesión de junta
previa convocada por la Diputación Permanente para esta fecha fue electa la Mesa
Directiva que dirigirá los trabajos del pleno legislativo, durante el mes de marzo del
actual, dentro del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de
ejercicio legal de la Quincuagésima Séptima Legislatura Constitucional del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. quedando integrada de la siguiente
manera:
Presidente: Dip. Mercedes del Carmen Guillén Vicente
Secretario: Dip. Juan José Antonio Braña Carranza Secretario: Dip.
Bernardo Gómez Villagómez
Suplente: Dip. Raúl Félix Galaviz Flores
Sin otro particular nos es grato reiterar a ustedes nuestra
consideración atenta y distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputación Permanente
Dip. Juan A. Cruz Villarreal González (rúbrica)
Secretario
Dip. Teresa Aguilar Gutiérrez (rúbrica)
Secretaria
Cd. Victoria, Tam., a 1 de marzo del año 2001.
H. Cámara de Diputados
Del Congreso de la Unión
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 de la Constitución
Política local, 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 32, fracción V, y 71 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado. nos permitimos comunicarles
que en sesión pública y solemne celebrada por el Pleno legislativo en esta fecha se
declaró legalmente la apertura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente
al tercer año de ejercicio legal de la Quincuagésima Séptima Legislatura constitucional
del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas.
Sin otro particular, reiteramos a ustedes nuestra consideración atenta
y distinguida.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Juan A. Cruz Villarreal González (rúbrica)
Secretario
Dip. Teresa Aguilar Gutiérrez (rúbrica)
Secretaria
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 2
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del Honorable Congreso de la
Unión PRESENTES
Por indicaciones del Presidente de la Comisión Permanente de la
Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, dip. Enrique Camarillo Balcázar, me permito remitir a ustedes el Acuerdo
Parlamentario aprobado en la sesión del día 13 de los presentes, por el que se pronuncia
a favor del diálogo y la reconciliación en el estado de Chiapas, así como de la
aprobación por parte de ese Honorable Congreso de la Unión del paquete de reformas en
materia de derechos y cultura indígenas observando el espíritu de los acuerdos firmados
en su momento en San Andrés Larráinzar, entre el Ejército Zapatista de Liberación
Nacional y el Gobierno Federal.
Sin otro particular. reciban mi consideración distinguida.
Chilpancingo de los Bravo. Gro., marzo 14 de 2001.
Atentamente
El Oficial Mayor del Honorable Congreso del estado
Lic. Luis Camacho Mancilla (rúbrica)
Se emite acuerdo
La Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que
le otorgan los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política del estado y 127.
párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, ha tenido a bien
emitir un acuerdo parlamentario, basado en los siguientes:
Considerandos
Primero: Que en el conflicto desarrollado en el estado de Chiapas, el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal han manifestado en
reiteradas ocasiones. su voluntad al diálogo y a buscar una salida que conduzca a una paz
digna para todos. Formulándose diversas peticiones o seriales que confirmen la
disposición de las partes a entablar las negociaciones.
Segundo: Que una de las partes más importantes para la solución del
conflicto es el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas a nivel
constitucional; lo que en su momento se integró en el documento de nominado
"Acuerdos de San Andrés", cuya esencia se recogió en la Iniciativa que la
Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), remitió al entonces titular del Poder
Ejecutivo, dr. Ernesto Zedillo Ponce de León, y que este último no remitió al Congreso
de la Unión, para su análisis y discusión.
Tercero: Que ante el nuevo escenario planteado por la transmisión de
los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión, el presidente Vicente Fox, remitió al
Congreso de la Unión, como parte de una serie de acciones para lograr restablecer el
diálogo la Iniciativa formulada por la Cocopa, en razón de lo cual, el EZLN emprendió
una marcha por el territorio nacional con destino final en la Ciudad de México, cuyo
propósito es entablar el diálogo con el Congreso de la Unión para lograr la aprobación
de esta Iniciativa.
Cuarto: Que dada la importancia de la aprobación de esta Iniciativa
por parte del Congreso de la Unión, se hace necesario que la Comisión Permanente de este
H. Congreso del estado, haga un pronunciamiento a favor del diálogo y la paz en el estado
de Chiapas, exhortando respetuosamente al H. Congreso de la Unión, a discutir y aprobar a
la brevedad posible el paquete de reformas en materia de derechos y cultura indígenas,
observando el espíritu de los acuerdos firmados en su momento en San Andrés Larráinzar,
entre el EZLN y el Gobierno Federal.
Por lo anteriormente expuesto y fundado se emite el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Unico: La Comisión Permanente de la Quincuagésima Sexta Legislatura
al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se pronuncia a favor del
diálogo y la reconciliación en el estado de Chiapas, así como de la aprobación por
parte del H. Congreso de la Unión del paquete de reformas en materia de derechos y
cultura indígenas observando el espíritu de los acuerdos firmados en su momento en San
Andrés Larráinzar, entre el EZLN y el Gobierno Federal.
Transitorios
Primero: El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir
de la fecha de su expedición.
SEGUNDO: Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario a las Cámaras
de Diputados y Senadores del H. Congreso de la Unión. para los efectos legales
procedentes.
Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero, a los trece días del mes de marzo de dos mil uno.
Presidente
Dip Enrique Camarillo Balcázar (rúbrica)
Secretario
Dip. Misael Medrano Baza (rúbrica)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 3
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Cd. Victoria. Tam., a 7 de marzo del año 2001.
H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTE
En sesión pública ordinaria celebrada por el Pleno legislativo en
esta fecha, fue aprobado un Punto de Acuerdo, en el sentido de dirigirle una atenta y
respetuosa comunicación al titular del Poder Ejecutivo Federal para que en observancia a
lo dispuesto por los artículos 72, párrafo A, y 89. fracción I, de la Constitución
General de la República, tenga a bien publicar la Ley de Desarrollo Rural que. en su
oportunidad, aprobó el Honorable Congreso de la Unión a través de sus Cámaras
legislativas; lo anterior, en virtud de que el sector rural de México se está viendo
afectado en su desarrollo por la demora de la entrada en vigor de dicho ordenamiento.
Hago de su conocimiento lo anterior, para los efectos que haya a lugar,
anexando al presente una copia de la propuesta del Punto de Acuerdo citado, con fundamento
en los artículos 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, fracción II, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado.
Sin otro particular, reitero a ustedes mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor
Lic. Ernesto Meléndez Cantú (rúbrica)
Cd. Victoria, Tam., a 7 de marzo del año 2001.
Honorable Asamblea Legislativa:
Los suscritos, diputados integrantes de las fracciones legislativas del
Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, de la
Quincuagésima Séptima Legislatura constitucional del estado, con apoyo en lo dispuesto
por el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de
Tamaulipas, comparecemos con el objeto de proponer que esta honorable representación
popular expida un Punto de Acuerdo relativo a dirigir atenta y respetuosa comunicación al
titular del Ejecutivo Federal, con el propósito de que mande publicar en el Diario
Oficial de la Federación la Ley de Desarrollo Rural. toda vez que su demora afecta el
impostergable fortalecimiento del sector rural de la nación y, en particular, de los
trabajadores del campo tamaulipeco, en base a las siguientes consideraciones:
I. Que producto del reclamo de los trabajadores del sector rural de
nuestro país porque se hiciera un replanteamiento estratégico que eleve al campo como
prioridad política. mediante la implementación de mecanismos crediticios y financieros
con una visión más amplia del desarrollo rural, integral y sustentable. así como de
estrategias estructurales que defiendan y rescaten los recursos naturales de la nación.
además de los valores intrínsecos de su cultura, es que fue debidamente elaborada y
analizada la Iniciativa de la Ley de Desarrollo Rural, para posteriormente ser aprobada el
27 de abril y 28 de diciembre del año próximo pasado, por las Cámaras de Diputados y de
Senadores del Congreso de la Unión. respectivamente.
II. Cabe hacer mención que el referido ordenamiento contiene los
elementos básicos para la formulación de una política de Estado, hacia las actividades
productivas que se practican en el sector rural. buscando garantizar el cumplimiento de
las metas en materia de justicia social, equidad y desarrollo económico y productivo.
III Así también. dicho cuerpo legal, se dio en un contexto de
contribuir a establecer las bases para un desarrollo sustentable del sector rural, en
particular de las actividades agropecuarias, para dotar así a dicho sector de un marco
jurídico moderno e integral.
IV. No obstante el urgente reclamo de la sociedad rural y la
certidumbre que la señalada ley habrá de otorgar a sus actividades económicas y
sociales, mediante la implementación de políticas y programas. a corto. mediano y largo
plazos, para guiar satisfactoriamente la planeación rural de nuestro país, el Ejecutivo
Federal ha postergado la promulgación de este ordenamiento, pues a la fecha, no lo ha
mandado publicar en el Diario Oficial de la Federación. bajo el simple y llano argumento
de que el documento debe ser enriquecido.
V. Mas aún el Congreso de la Unión no ha recibido propuestas de
observaciones por parte del Ejecutivo Federal. por lo que, dicha actitud, lejos de
interpretarse como una acción que coadyuve al desarrollo del campo, acentúa la
incertidumbre y preocupación de los actores rurales al ser latente la posibilidad de que
dicha ley sea vetada o incluso sustituida por alguna otra iniciativa de ley.
En torno a los razonamientos antes expuestos nos pronunciamos por que
no se demore más la publicación del citado ordenamiento. motivo por el cual. sometemos a
la consideración de este cuerpo colegiado, para su discusión y aprobación, en su caso,
el siguiente:
Punto de Acuerdo
Artículo Primero. Que la Quincuagésima Séptima Legislatura del
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas. dirija una atenta y
respetuosa comunicación al titular del Poder Ejecutivo Federal. para que en observancia a
lo dispuesto por los artículos 72 párrafo A. y 89, fracción I, de la Constitución
General de la República, tenga a bien publicar la Ley de Desarrollo Rural que, en su
oportunidad, aprobó el Congreso de la Unión a través de sus Cámaras legislativas; lo
anterior en virtud de que el sector rural de México se está viendo afectado en su
desarrollo por la demora de la entrada en vigor de dicho ordenamiento.
Artículo Segundo. Remítase copia del presente Punto de Acuerdo a las
Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como a las Legislaturas
de los estados, para Su conocimiento y efectos que haya a lugar.
Transitorios
Artículo Unico: Publíquese el presente Punto de Acuerdo en el
Periódico Oficial del estado para el conocimiento general.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), Libaldo
Garza Moreno (rúbrica), Gabriel Anaya Fernández (rúbrica), Oscar Alberto Hinojosa
Sánchez (rúbrica), José Gudiño Cardiel (rúbrica). Juan Genaro de la Portilla
Narváez, Blanca Gpe. Valles Rodríguez (rúbrica). Osvaldo Gutiérrez Rodríguez
(rúbrica), Jaime Alberto S. Cadena (rubrica), Pascual Ruiz García. Juan José Camarena
Guerra (rúbrica), Juan José Antonio Brana Carranza (rúbrica), Reynaldo Javier Garza
Elizondo (rúbrica), Salvador S. Arredondo Arredondo (rúbrica), Ernesto Homar Cantú
Reséndez (rúbrica), Mauro Patricio Lonzona Martínez (rúbrica), Ricardo Espinosa Valeno
(rúbrica). Juan A. Cruz Villarreal González (rúbrica), Faruk Saade Luévano (rúbrica),
Jesús Carlos Villanueva Perales (rúbrica), Bemardo Gómez Villagómez (rúbrica). José
Ortiz Rosales (rúbrica).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 4
DE LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA, NAYARIT Y PUEBLA, EN
RELACION A LAS REFORMAS DEL ARTICULO 115 DE LA COSNTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS
Chihuahua. Chih., a 20 de marzo de 2001.
C. Dip. Ricardo García Cervantes Presidente de la Cámara de Diputados
Del H. Congreso de la Unión
Por este conducto me permito comunicarle que en la sesión plenaria de
esta fecha, fue aprobado el Dictamen relativo a la reforma de la Constitución Política
del Estado de Chihuahua y del Código Municipal, a efecto de adecuarlos a los nuevos
mandatos contenidos en el artículo 115 de la Carta Fundamental, con lo cual se da cabal
cumplimiento a lo preceptuado en el artículo segundo transitorio del Decreto que
modificó al referido ordinal constitucional, correspondiendo al número de Decreto 850/01
II PO, mismo que le será remitido posteriormente para los efectos conducentes.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle las
seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Presidente del H. Congreso del estado
Dip. Cesáreo Valles Machuca
C. Diputado Ricardo García Cervantes Presidente de la Cámara de
Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTE
Comunico a usted que en sesión pública celebrada el día 20 de marzo
del ano en curso, el Pleno de la XXVI Legislatura del H. Congreso del estado de Nayarit,
aprobó por unanimidad un Acuerdo para emitir pronunciamiento parlamentario por el cual se
establece la adecuación a la Constitución Política del estado y demás leyes
relacionadas con la reforma al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos aprobada por el H. Congreso de la Unión de la LVII Legislatura, en el
año de 1999.
Al adjuntar la documentación relativa, damos cumplimiento al Acuerdo
que por conducto del Director General de Gobierno de la Secretaría de Gobernación,
según oficio 540, recibido el 15 de marzo pasado, se hizo llegar a esta Legislatura.
Aprovecho la oportunidad para saludarlo respetuosamente.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tepic, Nayarit, marzo 20 de 2001.
El Presidente de la Comisión de Gobierno
Dip. Raúl Mejía González
El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nayarit representado por
su XXVI Legislatura
Acuerda
Se comunica a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, las
adecuaciones a la legislación municipal del estado de Nayarit.
Unico. Se comunica al H. Congreso de la Unión de la LVIII Legislatura
por conducto de su Presidente, que el H. Congreso del estado de Nayarit, representado por
la XXVI Legislatura ha aprobado las reformas a la constitución política en materia
municipal, mediante Decreto número 8303 publicado en el Periódico oficial. órgano del
Gobierno del Estado de fecha 24 de enero del 2001.
Asimismo con carácter prioritario y preferente, se encuentra en
proceso de dictamen la expedición de una nueva Ley Municipal de conformidad con las
iniciativas presentadas por los grupos parlamentarios acreditados en la Legislatura. como
también un paquete de ordenamientos legales relacionados con la materia municipal, entre
las que se cuenta a la Iniciativa de Decreto de la Ley de Justicia y Procedimientos
Administrativos, presentada el 19 de marzo por el titular del Poder Ejecutivo del estado,
con el compromiso de que a la brevedad posible los proyectos serán puestos a discusión y
votación de la Asamblea.
Lo que se comunica para los efectos a que haya lugar.
Dado en la Sala de Sesiones "Lic. Benito Juárez" del
Honorable Congreso del estado de Nayarit, en Tepic, su capital, a los veinte días del mes
de marzo del dos mil uno.
Dip. Juan Alfredo Castañeda Vázquez (rúbrica)
Presidente
Dip. Carlos Enrique García Cambero (rúbrica)
Secretario
Dip. Margarita Basto Paredes (rúbrica)
Secretaria
C. Presidente de la H. Cámara de Diputados
En cumplimiento al artículo segundo transitorio del Decreto por el que
se aprobó la reforma del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, nos permitimos informar que, con fecha 2 de marzo del año en curso, se
hizo la declaratoria de reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, para adecuarla a esa disposición constitucional y con esta fecha, el H.
Congreso del estado de Puebla. expidió la Ley Orgánica Municipal, misma que fue aprobada
por unanimidad de votos, tanto en lo general como en lo particular.
Sin otro particular, le reiteramos nuestra atenta y distinguida
consideración.
Atentamente
H. Puebla de Z., marzo 20 de ~001.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Dip. Eduardo Vázquez Valdés (rúbrica)
Secretario
Dip. Horacio Gaspar Lima (rúbrica)
Secretario
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 5
DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA PARA AUMENTAR EL NUMERO DE
SECRETARIAS DE LA COMISION DEL DISTRITO FEDERAL
CONSIDERACIONES Y ANTECEDENTES
Para el ejercicio de sus atribuciones en materia de la Ciudad de
México, la Cámara de Diputados cuenta con la contribución de la Comisión ordinaria del
Distrito Federal, cuya integración aprobó el Pleno el pasado martes 3 de octubre de
2000.
Por ser el tema del Distrito Federal de particular interés concurrente
de todos los diputados integrantes de este órgano legislativo. se ha considerado
conveniente que todos los grupos parlamentarios de la Cámara participen en la
integración de la Comisión de referencia
En congruencia con lo anterior. procede que la Directiva de la
Comisión del Distrito Federal aumente el número de los secretarios de su Directiva, con
lo cual quede garantizado el criterio de proporcionalidad y pluralidad en estas materias,
por lo que, con fundamento en el inciso c) del párrafo 1 del artículo 34 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Junta de Coordinación
Política aprueba el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Se aumentan dos secretarías a la Directiva de la Comisión
del Distrito Federal, de conformidad con las consideraciones expuestas.
SEGUNDO. Publíquese el presente acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y
túrnese a la Mesa Directiva de la Cámara para su comunicación a la H. Asamblea.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2001.
Dip. Beatriz Paredes Rangel (rúbrica)
Coordinadora del Grupo Parlamentario
Del Partido Revolucionario Institucional
Dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica p.a.)
Coordinador del Grupo Parlamentario
Del Partido Acción Nacional
Dip. Martí Batres Guadarrama (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática
Dip. Bernardo de la Garza Herrera (rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario
Del Partido Verde Ecologista de México
Dip. Alberto Anaya Gutiérrez(rúbrica)
Coordinador del Grupo Parlamentario
Del Partido del Trabajo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 6
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
Con relación al oficio No. D.G.P.L.58 II 2219, de fecha 21 de febrero
último, suscrito por los CC. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión, con el presente les acompaño copias de los escritos que los CC. Ernesto Meléndez
Cantú, Oficial Mayor y secretarios respectivamente del H. Congreso del Estado de
Tamaulipas, dirigieron a esta Secretaría, respecto a la reforma al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 22 de marzo de 2001.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
Cd. Victoria, Tam., a 7 de marzo del año 2001.
C. Sergio Orozco Aceves Director General de Gobierno De la Secretaría
de Gobernación PRESENTE
Por instrucciones de la ciudadana diputada Mercedes del Carmen Guillén
Vicente, Presidenta de la Gran Comisión de la Quincuagésima Séptima Legislatura
Constitucional del Honorable Congreso del estado, y en atención a su oficio número 550,
fechado el 22 de febrero del presente ano, por el que comunica un Punto de Acuerdo
aprobado por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el sentido de
exhortar a los Congresos estatales que aún no lo hayan hecho, procediesen a adecuar sus
constituciones y leyes orgánicas respectivas, de acuerdo a la reforma relativa a]
artículo 115 constitucional, aprobada por el Honorable Congreso de la Unión de la LVII
Legislatura en el año de 1999, me permito informarle que en sesión ordinaria celebrada
en esta fecha por el Pleno legislativo de esta honorable representación popular, fueron
recibidas las iniciativas que tienen relación al respecto, cuyo trámite legislativo
será desahogado antes de que concluya el plazo establecido.
Lo que hago de su conocimiento, con apoyo en lo dispuesto por los
artículos 45 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 67, fracción II, del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso del estado.
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para reiterarle la
seguridad de mi atenta consideración y respeto.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Oficial Mayor
Lic. Ernesto Meléndez Cantú
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 7
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
Con relación al oficio No. D.G.RL. 58 II 2219, de fecha 21 de febrero
último suscrito por los Cc. Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la
Unión. con el presente les acompaño copia del escrito que el dip. Raúl Ramos Vicarte,
Presidente del H. Congreso del Estado de Veracruz Llave, dirigió a esta Secretaría vía
fax, respecto a las reformas realizadas al artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
Reitero a ustedes, las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, DF, a 20 de marzo de 2001.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
C. Sergio Orozco Aceves Director General de Gobierno Secretaría de
Gobernación
En respuesta al oficio No. 552 de la Dirección de Gobierno con fecha
de 22 de febrero de 2001, recibido en la Presidencia del Honorable Congreso del Estado
Libre y Soberano de Veracruz Llave, le informo lo siguiente en relación a las
modificaciones a la Constitución Política del estado y la Ley Orgánica del Municipio
Libre, respecto alas reformas realizadas al artículo 115 de la Constitución General de
la República.
Es pertinente informar para su conocimiento y de la Comisión
Permanente de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, que la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, fue objeto de una
reforma integral publicada en la Gaceta Oficial del Estado, No. 24, con fecha de 3 de
febrero del año 2000, donde en sus artículos 33, 68 y 71, se incorporaron dichas
reformas.
Hacemos de su conocimiento también que con fecha de 5 de enero de 2001
la Honorable LIX Legislatura del Congreso expidió una nueva Ley Orgánica del Municipio
Libre en la que se consignan las reformas en la materia.
En consecuencia nos permitirnos informarle que hemos cumplido
cabalmente con el plazo estipulado para adecuar nuestra Constitución y Ley Orgánica
estatal, conforme a la fecha que marca el artículo segundo transitorio de la reforma
constitucional con fecha 23 de diciembre de 1999.
off
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle nuestras
más sinceras y finas atenciones.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Ver., 13 de marzo de 2001.
Dip. Raúl RamosVicarte (rúbrica)
Presidente del H. Congreso
Del estado de Veracruz Llave
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APENDICE No. 8
CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de
Gobernación, solicitando se tramite ante el H. Congreso de la Unión, el permiso a que se
refiere el artículo 37. inciso C, párrafo II, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se citan a continuación, puedan
prestar sus servicios al gobierno extranjero que se menciona:
Nombre: Lauro Alvarez Gordillo. Puesto: Técnico en ingeniería.
Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas.
Nombre: Antonio González Cabrera. Puesto: Supervisor de mantenimiento.
Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Tuxtla
Gutiérrez. Chiapas.
Nombre: Leonel López Castellanos. Puesto: Técnico en ingeniería.
Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Nombre: Octavio Macías Moreno. Puesto: Jefe del Departamento de
Mantenimiento Preventivo. Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez. Chiapas.
Nombre: Ricardo Valdés Ruiz. Puesto: Técnico en ingeniería. Lugar de
trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas
Nombre: José Miguel Cortés Ortega. Puesto: Empleado de mantenimiento.
Lugar de trabajo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas.
Nombre: Jorge de Jesús Díaz Pascacio. Puesto: Jefe del Departamento
de Ecología. Lugar de trabajo: Comisión México-Americana para la Erradicación del
Gusano Barrenador para los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Nombre: Enrique Nava López. Puesto: Empleado de oficina del
Departamento de Servicios Generales.
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en
Monterrey, Nuevo León.
Nombre: Lester Hiram Nuño Núñez. Puesto: Encargado de almacén.
Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco.
Nombre: Sergio Cardoso Juárez. Puesto: Chofer. Lugar de trabajo:
Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Nombre: Armando Zepeda Salas. Puesto: Ayudante de mantenimiento. Lugar
de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Nombre: Juan José Martínez Rivas. Puesto: Telefonista/operador. Lugar
de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Nombre: Mirsa Beltrán Fosado. Puesto: Asistente de beneficios
federales. Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Por lo anterior. me permito anexar copias certificadas de las actas de
nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que
solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Asimismo comunico a ustedes que las personas que se mencionan a
continuación solicitan la cancelación del permiso que les fuera concedido por el H.
Congreso de la Unión. para prestar sus servicios al gobierno estadounidense.
Nombre: Luis Daniel Meza Lizárraga. Puesto: Jardinero/intendencia.
Lugar de trabajo: Consulado de los Estados Unidos de América en Mazatlán, Sinaloa.
Nombre: José de Jesús de la Torre Franco. Puesto: Asistente consular.
Lugar de trabajo: Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara,
Jalisco.
Nombre: Angélica Esmeralda Morales Sánchez. Puesto: Empleada
consular. Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Nombre: Laura Elena Mundo Marín. Puesto: Secretaria en el Departamento
de Agricultura. Lugar de trabajo: Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Asimismo comunico a ustedes que la Secretaría de Relaciones Exteriores
realizó una revisión desde 1985 en el archivo de esa dependencia y no se localizaron
antecedentes de las personas que se enlistan a continuación para la cancelación del
permiso que les fuera concedido por el H. Congreso de la Unión, para prestar sus
servicios al gobierno estadounidense:
Nombre: Juan Paniagua. Puesto: Analista programador. Lugar de trabajo:
Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las
seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México. DF, a 22 de marzo de 2001.
Por acuerdo del C. Secretario
El Director General de Gobierno
Sergio Orozco Aceves (rúbrica)
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