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ORDEN DEL DIA 29 DE MARZO DE 2001. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIUTADOS | |
| EXCITATIVAS | |
| AGENDA POLÍTICA | |
| APÉNDICES | |
| CLAUSURA |
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA
LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 29 DE MARZO DE 2001.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES: Ruego a la señora
Secretaria, Diputada Carolina Viggiano, haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de los Ciudadanos Diputados, hasta este momento.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA CAROLIAN VIGGIANO: Se informa a la
Presidencia que existen registrados previamente 342 Diputados.
EL C. PRESIDENTE (A las 11:38 hrs): Se abre la
sesión. Hay quórum.
Le ruego a la Secretaría dé lectura al Orden del Día de esta
sesión.
LA MISMA C. SECRETARIA: Con mucho gusto señor Presidente.
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER ANO DE LA LVIII
LEGISLATURA.
ORDEN DEL DIA 29 de marzo de 2001
Lectura del Acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Jalisco
De Ayuntamientos de los Estados de Puebla y Veracruz.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
Que adiciona el Artículo 27 A, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
a fin de que se apliquen de manera expedita los estímulos fiscales destinados al fomento
de la investigación y la tecnología nacional, a cargo del Dip José Marcos Aguilar
Moreno, a nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología. (Turno a Comisión).
De Código Federal de Ejecución de Sentencias y Medidas Privativas de
la Libertad, a cargo del Dip. Amador Rodríguez Lozano, del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional (Turno a Comisión).
MINUTAS
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Uribe
Castañeda, David Alejandro Olvera Ayes, Tomás Jaime Aguirre Cervantes y César Augusto
Carrión, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por gobiernos extranjeros. (Turno
a Comisión).
Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Alma Noemí
Medina Gómez y Fermín Paniagua García, para prestar servicios de carácter
administrativo en la Embajada del Reino de Suecia, en México. (Turno a Comisión)
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
De la Comisión de Desarrollo Social en relación al Punto de Acuerdo
para la formulación de un programa integral para el desarrollo de la Sierra Norte de
Puebla.
EXCITATIVAS
A la Junta de Coordinación Política, a cargo del Dip. Elías
Martínez Rufino, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del Dip. Jesús
Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a Comisión).
A las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Vivienda; de
Hacienda y Crédito Público y de Energía, cargo del Dip. Amador Rodríguez Lozano, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
AGENDA POLITICA
Pronunciamiento sobre el Día Mundial del Agua, a cargo de los Grupos
Parlamentarios del Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional.
Posicionamiento en relación a las Cajas Populares en el Estado de
Jalisco, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre los 100 primeros días del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador, a cargo del Dip. Carlos Alberto Flores Gutiérrez, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional.
Posicionamiento en relación a la construcción del proyecto del nuevo
aeropuerto, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo para que el Aeropuerto de Puebla, se considere
como alternativa para el desahogo de la carga aérea, a cargo del Dip. Víctor Manuel
Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
Comisión).
Con Puntos de Acuerdo en relación a la situación nacional, a cargo de
los Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a la situación de la mujeres, a
cargo de la Dip. María de los Angeles Sánchez Lira, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación al desmantelamiento de las bases
militares de Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a una connacional presa en Bolivia, a
cargo del Dip. Sergio Acosta Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
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EL C. PRESIDENTE: Gracias señora
Secretaria.
El siguiente punto del Orden del Día es el referente a la lectura,
discusión y votación del Acta de la Sesión Anterior.
En virtud de que está publicada en La Gaceta Parlamentaria del de hoy
y copia de las mismas es remitida a los Grupos Parlamentarios para sus observaciones, le
ruego señora Diputada Viggiano consulte a la Asamblea si autoriza la dispensa de la
lectura para proceder de inmediato a su discusión y votación.
LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta
a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Acta de la Sesión Anterior en virtud de que
fue entregada copia de la misma a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y se
proceda a su votación.
Por lo tanto los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Muchas gracias. Los compañeros Diputados que estén por la negativa
sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Hay mayoría señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura y le ruego señora Secretaria
ponga a discusión y a votación el Acta. ACTA DE LA SESION DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNION, CELEBRADA EL MARTES VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS, DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA
LEGISLATURA. Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
En el Palacio Legislativo de la Ciudad de México, a las once horas con
cuarenta minutos, del martes veintisiete de marzo de dos mil uno, con la asistencia de
trescientos treinta y seis legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría lee el orden del día y la Asamblea aprueba el acta de
la sesión en sus términos, en votación económica.
Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Chihuahua, Hidalgo, Jalisco y Tamaulipas, informando de actividades
propias de sus respectivas legislaturas. De enterado
Guerrero con la que envía un acuerdo parlamentario con el que se
pronuncia a favor del diálogo y la reconciliación en el Estado de Chiapas. De enterado.
Tamaulipas, con punto de acuerdo en el sentido de enviar una
comunicación al Poder Ejecutivo Federal. para que publique la Ley de Desarrollo Rural que
en su oportunidad aprobó el Congreso de la Unión. De enterado.
Chihuahua, Nayarit y Puebla, informando que adecuaron su marco
jurídico constitucional y municipal a lo establecido por la reforma del artículo ciento
quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De enterado.
Una comunicación de la Junta de Coordinación Política con acuerdo
por el que aumenta el número de secretarios de la Comisión del Distrito Federal. Se
aprueba en votación económica.
Sobre la promulgación del Plan de Guadalupe, expresan sus opiniones
los diputados: Jesús de la Rosa Godoy, del Partido Revolucionario Institucional; y Norma
Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Se refiere al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta. el
diputado Fernando Ortiz Arana, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar iniciativas, suben a la tribuna los diputados:
María Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de
México, de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal
Federal, en relación con el tráfico de fauna. Se turna a la Comisión de Justicia y
Derechos Humanos.
David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática.
de reformas a la Ley Federal de Correduría Pública, Ley General de Sociedades
Mercantiles. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley General de
Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Se turna a las comisiones de Comercio
y Fomento Industrial y a la de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente informa de la presencia en los palcos de honor. de una
delegación de legisladores españoles, así como del excelentísimo señor Embajador del
Reino de España en México y les da, a nombre de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, la cordial bienvenida.
José Antonio Magallanes Rodríguez, del Partido de la Revolución
Democrática, dos con proyectos de decreto, que reforman los artículos ciento quince y
ciento dieciséis de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan
a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, se informa que al cierre del
registro electrónico de asistencia, hay cuatrocientos cincuenta y un legisladores
presentes.
Alejandro García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México,
de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de
Aeropuertos.
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y a la
de Transportes.
Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, de
reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el Poder Legislativo. Se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
De la Secretaría de Gobernación, se leen los siguientes oficios:
Con el que remite comunicación del Congreso del Estado de Tamaulipas,
respecto a las reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos
Constitucionales.
Con el que remite oficio del Congreso del Estado de Veracruz con el que
informa que cumplió con el plazo para adecuar su Constitución y su Ley Orgánica
Estatal. De enterado y se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Con el que solicita permisos para que ciudadanos mexicanos presten
servicios a gobiernos extranjeros e informa de ciudadanos mexicanos que han dejado de
hacerlo. Por lo que se refiere a la solicitud de permisos, se turna a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública y los demás a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública de la Cámara de Diputados y a la de Gobernación de la Cámara de Senadores,
para su conocimiento.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
Neftalí Salvador Escobedo Zoleto, del Partido Acción Nacional, en
relación con las reformas al artículo ciento quince de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
El Presidente informa que en sesión de la Comisión Permanente se
aprobó un punto de acuerdo al respecto y hoy se da cuenta con las respuestas de las de
los congresos de los estados de Chihuahua, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz. Se toma
como excitativa para las legislaturas de los estados que aún no cumplen con el acuerdo de
la Comisión Permanente y sube a la tribuna el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del
Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo asunto y presentar un punto
de acuerdo. El Presidente le informa que no está inscrito en las proposiciones con punto
de acuerdo, pero la turna a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.
Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista de México, para que
las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Turismo, establezcan
criterios para prevenir impactos sociales y ambientales en el proyecto Escalera Náutica.
Se turna a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Turismo.
Para rectificar hechos, habla el diputado Jesús Garibay García. del
Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una adición que se integra a la
proposición presentada por el diputado Cobo Terrazas.
Jesús Orozco Alfaro, del Partido Revolucionario Institucional, sobre
la problemática que se observa en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad
de México. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.
Para rectificar hechos, hablan los diputados: José Escudero Barrera,
del Partido Verde Ecologista de México; y Eugenio Pérez Cruz, del Partido Acción
Nacional
Presidencia de la diputada María Elena Alvarez Bernal
José Bañales Castro, del Partido Acción Nacional, para que las
autoridades pongan mayor atención contra la prostitución infantil y la explotación de
menores. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, en
relación con dos indígenas presos en el Estado de Colima.
Sobre el mismo tema habla el diputado Roberto Preciado Cuevas, del
Partido Revolucionario Institucional.
Se turna al Comité de Información, Gestoría y Quejas.
Rectifican hechos o contestan alusiones personales los diputados:
Ramón León Morales. del Partido de la Revolución Democrática, en dos ocasiones, y
Roberto Preciado Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional.
Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en
relación con el nombramiento del Embajador de Bolivia en México.
Presidencia del diputado Ricardo Francisco García Cervantes
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y sobre el mismo tema
hablan los diputados: Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; y Efrén Nicolás
Leyva Acevedo del Partido Revolucionario Institucional.
Gregorio Urías Germán. del Partido de la Revolución Democrática,
sobre el conflicto en el Estado de Chiapas. Se turna a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
Se refieren al tema los diputados: Jorge Alejandro Cruz Gutiérrez, del
Partido Revolucionario Institucional; y Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la
Revolución Democrática.
Agotado el tiempo de la sesión la Secretaría da lectura al orden del
día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con
cincuenta y ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el jueves veintinueve de marzo
de dos mil uno. a las once horas
LA MISMA C. SECRETARIA: Se pone a discusión el Acta. No habiendo quien
haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los compañeros Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Muchas gracias. Los compañeros Diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Hay unanimidad señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Aprobada el Acta de la Sesión Anterior.
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Ruego a la Secretaría, para el desahogo del siguiente punto del Orden
del Día, dé cuenta a la Asamblea con las comunicaciones.
EL C. SECRETARIO DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN:
Oficio del Congreso del Estado de Jalisco remitiendo Acuerdo Económico
para que se incluya en el Fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y
Cooperativas: a las Sociedades Aviso de Guadalajara Caja Popular Mercantil de California,
Unión de Crédito Mercantil de California y Cosmotel.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Comercio y Fomento Industrial,
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EL MISMO C. SECRETARIO: Dos oficios de Ayuntamientos de Municipios de
Puebla y de Xalapa, Ver.
Oficio del Ayuntamiento del Municipio de Puebla, remitiendo
Pronunciamiento en Apoyo al dialogo por la paz en el Estado de Chiapas.
DE ENTERADO.
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APENDICE No. 3
EL MISMO C. SECRETARIO:
Oficio del Ayuntamiento de Xalapa, Ver., transcribiendo Puntos de
Acuerdo en los que se solicita se exhorte a Diputados y Senadores se analice y en su caso
se apruebe, la Iniciativa de la Ley de COCOPA.
EL PRESIDENTE: DE ENTERADO.
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Procede ahora a desahogar el punto relativo a la presentación de
iniciativas de los señores diputados.
Se ofrece la palabra al diputado José Marcos Aguilar Moreno, quien
presentará iniciativa de adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de que se
aplique de manera expedita los estímulos fiscales destinados al fomento de la
investigación y la tecnología nacional, a nombre de un grupo de legisladores integrantes
de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Marcos Aguilar Moreno.
EL DIP. JOSE MARCOS AGUILAR MORENO: Con su permiso señor Presidente.
Compañeros y compañeras legisladores:
Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Esta dos Unidos Mexicanos, promovemos ante
esta alta representación, la iniciativa consistente en adicionar......
LEYO INSÉRTESE
EL PRESIDENTE: Muchas gracias diputado don José Marcos Aguilar Moreno.
La iniciativa que usted ha presentado a nombre de diputados
pertenecientes a la Comisi6n de Ciencia y Tecnología, SE TURNA A LA COMIISION DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO.
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Se ofrece el uso de la palabra, para presentar una iniciativa de
Código Federal de Ejecución de Sentencias y Medidas Privativas de la Libertad, al
diputado don Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional..... Diputado Amador Rodríguez Lozano, me permite antes de abordar la
tribuna, atender una solicitud de un diputado. Sonido en la curul del diputado Felipe
Calderón Hinojosa, por favor.
EL DIP. FELIPE CALDERON HINOJOSA: (DESDE SU CURUL) Perdón la
interrupci6n diputado Presidente, es únicamente para solicitar respetuosamente y si
pudiera también, ampliarse el turno de la iniciativa a la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la Cámara.
EL PRESIDENTE: Con mucho gusto se obsequia la solicitud con la
advertencia de que la generación de dictámenes en comisiones unidas requiere de la
participación de un número mayor de legisladores, tienen que integrar el quórum y
esperaremos que este turno a dos comisiones no obstaculice la generación de dictamen.
SE TURNA TAMBIEN A LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.
Tiene el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano para
presentar una iniciativa.
EL DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias señor Presidente. Amigas y
amigos diputados:
Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país frente a
la delincuencia, es indudablemente el sistema penitenciario nacional. Este año, los
primeros meses vimos una crisis terrible de las prisiones mexicanas; vimos cómo prisiones
que se nos señaló eran modelo de vigilancia y de seguridad, dejar escapar prácticamente
por la puerta a criminales, a delincuentes terribles.
El sistema de prisiones mexicano debe ser modificado radicalmente. La
iniciativa que presento el día de hoy es un propósito que he venido trabajando desde
hace muchos años, desde que fui Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la
Cámara de Diputados en la LV Legislatura, que desarrollamos un programa amplio de
consultas populares donde se participaron con más de 120 propuestas para modificar
nuestro sistema penitenciario.
Desde entonces hemos venido trabajando en un propósito colectivo donde
han participado legisladores federales y locales, funcionarios de la Secretaría de
Gobernación especialistas en cuestiones penitenciarias, directores de prisiones,
internos, he viajado tanto en el país, como en otras partes del mundo, por cierto a mi
costo, para conocer las prisiones y cómo funcionan. He estado varios días trabajando con
los internos en las prisiones para ver la anarquía, para ver las circunstancias tan
terribles en las que se viven las prisiones.
El principio constitucional de readaptación social es un mito en el
país, no existe en ninguna prisión del país, ni siquiera en las Islas Marías, la
readaptación social, conozco las Islas Marías porque he estado varias veces ahí
visitando y trabajando con los internos, la conozco desde que fui director jurídico
consultivo de la Secretaría de Gobernación y trabajé para la creación de un reglamento
que normara las actividades económicas de los internos. Es un fraude precisamente la
readaptación social en nuestro país, las cárceles de nuestro país no readaptan a
nadie, las cárceles mexicanas son escuelas del crimen, las cárceles mexicanas son
escuelas donde gente que comete algún delito, no necesariamente por voluntad o por
vocación de delincuente, sale necesariamente con problemas.
En una ocasión tuve la oportunidad de estar en la prisión de La Mesa,
en Tijuana, que se conoce como El Pueblito, y me encontré a un ingeniero que había dado
un cheque sin fondos y estaba compurgnado una sentencia, y me dijo: "Diputado, el
problema principal que tengo aquí es que no hay nada qué hacer, me estoy volviendo loco,
me ofrecen droga por doquier, estoy desesperado, voy a salir drogadicto y con más
problemas con los cuales ingresé a esta prisión", Esa es la realidad del país.
Hay tres columnas en las que descansa precisamente esta anarquía, la
primera la sobrepoblación.
En 1994, amigas y amigos legisladores, éramos, perdón, eran, 98, 000
internos, se había hecho una reforma en 1992 para tratar de ayudar en las
preliberaciones, para que se desahogara precisamente esta sobrepoblación y esta presión
que tienen este tipo de reclusorios. Sin embargo, a medida que aumenta la delincuencia,
todo el sexenio pasado se modificaron una gran cantidad de leyes, desde la Constitución,
hasta Códigos Penales y Procesales Penales para endurecer las penas, para sancionar
incluso, eliminar la prisión preventiva, y esto ha generado un aumento extraordinario en
la población penitenciaria, en estos momentos existen 154,000 internos en el país, es
decir, en seis años aumentó casi 70, 000 internos en el país, y puede ser que esto sea
positivo, desde el punto de vista de que esas personas de no estar en los reclusorios
seguramente estarían cometiendo delitos en las prisiones, pero lo que es grave es que la
capacidad instalada de las prisiones prácticamente no se ha modificado, se han creado
seis o siete centros, sobre todo de máxima seguridad, que cada uno de ellos alberga
alrededor de 400 ó 500 internos y no ha resuelto el problema de la sobrepoblación, y el
problema de la sobrepoblación además se vincula con otro. En las prisiones mexicanas,
salvo en dos o tres casos, salvo en los casos seguramente de las unidades de máxima
seguridad no existe reglamento, el interno no conoce sus derechos, el interno no conoce
sus obligaciones, el interno no conoce sus responsabilidades y el que es el señor de
horca y cuchillo es el director; las unidades técnicas prácticamente no funcionan, pro
eso hay anarquía.
Tenemos otro problema muy serio, se da el autogobierno, en muchas
prisiones existen responsabilidades que se les dan a los propios internos y con esas
responsabilidades en una prisión, el interno se vuelve un capo, se vuelve un jefe y
decide la vida y norma las relaciones reales de poder en las prisiones. Por eso se
requiere un cambio, se requiere una modificación.
Lo que vengo a proponer es precisamente un código de ejecución de
sentencias que norme precisamente todos estos aspectos y establezca la obligación de que
haya un reglamento en todas las prisiones del país, en las 446 prisiones que hay en
nuestro país.
Necesitamos también terminar con el problema del financiamiento. El
problema del financiamiento es muy serio, porque una prisión cuesta 120 mil millones de
pesos construirla, mas aparte el mantenimiento, es muy caro, y siempre es más barato y
siempre luce más construir escuelas o caminos que construir prisiones.
Pero además, otro problema serio que hay en las prisiones es que
prácticamente no hay talleres, que la gente no trabaja y que además, de acuerdo con el
artículo 5° de la Constitución, no se puede establecer el trabajo como obligatorio, por
eso el interno prácticamente no hace nada y el Estado tiene que financiarlo directamente,
y es una cantidad muy alta. Por eso en este código, en esta iniciativa de código,
propongo que el trabajo sea obligatorio, y para que sea obligatorio no hay necesidad de
cambiar el artículo 5° de la Constitución, sino los jueces en su sentencia tienen que
establecer que el trabajo es un elemento de la readaptación, de tal manera que el interno
tiene que trabajar como un mecanismo de readaptación, pero ese interno tenemos que
buscarle que haya una asociación entre las prisiones y el sector industrial.
He hablado con maquiladores del país, he hablado con funcionarios de
la CANACINTRA y están dispuestos a hacer convenios productivos para poder llevar a cabo
plantas gemelas, es decir que en una parte de su proceso productivo se realice dentro de
la prisión y otro fuera de la prisión, en sus plantas. De tal manera que el interno
gozaría de un salario, y ese salario se dedicaría, parte al mantenimiento de la
prisión, parte para su propia utilización, para sus propios gastos, y otra muy
importante para ir creando un fondo para que cuando salga, cuando cumpla su sentencia,
pueda salir con dinero y no vaya a convertirse nuevamente en una carga de la sociedad y
empiece nuevamente a cometer delitos.
De tal manera que a través de esta nueva visión del trabajo en las
prisiones, no solamente se readapta sino también se le distrae y también se coparticipa
en el financiamiento del sistema de prisiones del país y puede salir esta persona, no
solamente con dinero, sino puede salir con una capacitación para el trabajo, con un
vínculo con una maquiladora, que al salir de la prisión le puede dar trabajo
precisamente en la otra planta que tiene afuera, porque precisamente lo que se busca es
que haya una conexión entre la producción adentro de las prisiones y afuera de ellas.
Otro de los aspectos importantes y ésta es una propuesta, y aquí le
rindo homenaje a Luis de Tavira que no haya dinero en las prisiones, que no circule dinero
y que las tiendas que hay en las prisiones sean tiendas que coordine y dirija la propia
institución.
Miren. Este problema de las tiendas es tan grave que voy a aprovechar
para comentar un comercial. En Baja California, un grupo de secuestradores en la prisión
de Tijuana tenía bajo su cargo la tienda de la prisión, ganaba 300 mil pesos al mes.
Como era muy importante la utilidad de esta tienda, las autoridades determinaron que se le
pasara a otro penal para que ese dinero fuera administrado directamente por una unidad de
apoyo a los reos liberados, de tal manera que tuviera ingresos propios. A este grupo de
secuestradores se les pasó a otra prisión del estado, se ampararon, exigieron su regreso
a la prisión de Tijuana, exigieron que se les regresara la tiendita. No se les regresa la
tiendita y se les prelibera, independientemente de que el código prohibía que los
secuestradores fueran preliberados.
Ese es solamente un episodio de lo que sucede en mi estado, Baja
California; lo que estoy realmente tratando de señalar es el tema de que las tiendas no
deben estar en manos de los internos sino que deben ser administradas por las propias
autoridades y los precios de venta no deben ser precios de venta como si fueran artículo
de lujo, sino deben de venderse con los mismos precios que se encuentran fuera en
cualquier tienda o en cualquier establecimiento de la misma categoría en el país.
Por eso pues, estamos proponiendo este Código de Ejecuci6n de
Sentencias que tiene una serie de propuestas novedosas y quizá la última para no abusar
de su paciencia tiene que ver con la aplicación de las sentencias. Actualmente es
discresionalidad de la Secretaría de Gobernación, del Director General de Prevención y
Readaptación Social, claro con la vigilancia del Subsecretario.
Yo no digo que se ha hecho mal uso de esa facultad discresional, digo
que es tiempo de cambiar y avanzar para crear un órgano distinto que no esté sujeto a
que las personas que salgan de las prisiones por preliberación puedan estar presionadas
políticamente o por corrupción.
En el mundo se ha avanzado al juez de ejecución de la sentencia, así
funciona en Italia, así funciona en España, así funciona en Argentina. Una primera
propuesta que había hecho yo en este documento era establecer el juez de ejecución de la
sentencias, de quitarle esta facultad a la Secretaría de Gobernación y establecer este
juez de ejecución de la sentencia; pero creo que el paso es muy dramático entre un
sistema discresional como actualmente se observa en el país y uno totalmente autónomo
como es el juez de ejecución de la sentencia.
Por eso lo que propongo es crear una Comisión de Ejecución de
Sentencia, que sea un órgano colectivo donde participen una serie de funcionarios que
tengan la capacidad y la autonomía de poder juzgar de manera colegiada si una persona
merece ser preliberado o no merece ser preliberada.
De esta manera estaríamos rompiendo la discresionalidad que
actualmente existe en la Secretaría de Gobernación y estaríamos avanzado hacia un
método mucho más imparcial, un método mucho más objetivo, un método que
necesariamente requiere la conjunción y la participación de una gran cantidad de
voluntades.
Dejo pues a ustedes este Código de Ejecución de las Sentencias como
una propuesta para que avancemos en la modernización del sistema penitenciario mexicano,
Hemos avanzado en endurecer las penas hemos avanzado en fortalecer el
sistema judicial federal, hemos avanzado en fortalecer otras instituciones, se nos han
quedado rezagadas dos áreas importantes para combatir la delincuencia: una la prevención
del delito y otra precisamente la ejecución de las sentencias. Esta es una propuesta para
que avancemos en este último renglón. Muchas gracias.
CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS
PRESENTES.
El que suscribe Diputado Federal de la LVIII Legislatura del H.
Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de
esta Asamblea, la iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias, con arreglo a
la siguiente:
Exposición de Motivos
La sociedad mexicana demanda una adecuada organización penitenciaria
que garantice que todo aquel que le ha causado un daño, a través de la comisión de un
delito, recibirá de ésta, al mismo tiempo, un castigo en retribución a su conducta
antisocial y un tratamiento que prevenga su reincidencia.
El Estado Mexicano ha iniciado un profundo proceso de perfeccionamiento
de nuestro sistema de justicia. En los últimos años se ha hecho un intenso trabajo
legislativo que busca de fortalecer nuestro Estado de Derecho, mediante la actualización
y perfeccionamiento de las normas jurídicas que rigen las tareas de procuración y
administración de justicia. El sistema penitenciario nacional no puede quedar al margen
del esfuerzo nacional por actualizar nuestra legislación.
En materia penitenciaria, la adecuación del marco jurídico es tarea
impostergable. El sistema penitenciario nacional afronta problemas que requieren de una
solución de fondo y a largo plazo.
Efectivamente, para nadie es un secreto que en muchos de los
establecimientos penitenciarios del país, no existen condiciones que favorezcan la
reinserción a la vida social. En muchos casos los centros penitenciarios constituyen
verdaderas escuelas del crimen y centros de castigo.
Tres han sido los factores fundamentales que han influido en la crisis
que enfrenta el sistema de reinserción social mexicano: la sobrepoblación penitenciaria,
la falta de un adecuado marco legal que encauce la política de reinserción social y un
financiamiento oportuno para las actividades penitenciarias. A los tres aspectos pretende
dar solución la presente iniciativa, proponiendo las condiciones materiales y legales
para que la reinserción social sea objetivamente viable.
Es innegable que la sobrepoblación penitenciaria equivale a
hacinamiento. Sin espacios adecuados es imposible plantearse la efectividad de
instrumentos de reinserción, como el trabajo. Además, el respeto a la dignidad personal
es casi sino imposible, en medio de una aglomeración humana insana.
La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país se ha
convertido en un importante factor que provoca la mayoría de los problemas del sistema de
reinserción. Este fenómeno es un doble resultado: de una parte es el fruto del rezago en
infraestructura penitenciaria, pero también es consecuencia del uso indiscriminado de la
privación de la libertad, como pena.
Ensombrece aún más el panorama penitenciario, la insuficiencia
normativa que priva en esta materia. Dentro del sistema jurídico mexicano, el derecho
penitenciario tuvo un desarrollo muy tardío. Los esfuerzos por actualizar la
normatividad, las instalaciones y el personal suman apenas tres décadas. Se trata de un
proceso que se inició en el Centro Penitenciario del Estado de México en el año de
1966. Un poco más tarde, en 1971, la aprobación de la Ley de Normas Mínimas dio
continuidad al impulso de Almoloya de Juárez y condujo, tanto a la liquidación del
tristemente célebre Lecumberri, como a la creación de nuevos reclusorios en el Distrito
Federal.
Estas acciones, que se dan entre 1966 hasta fines de los setentas, eran
la respuesta a la desastrosa y degradante situación en que se encontraban las cárceles
mexicanas, caracterizadas por su corrupción, la violación sistemática de los derechos
humanos y la indefensión de los reclusos. El centro de máxima seguridad de Almoloya de
Juárez y la Ley de Normas Mínimas arrastraron tras de sí una reforma al sistema
penitenciario que se extendió por todo el país.
Lamentablemente, este primer esfuerzo reformador se vio debilitado por
recurrentes crisis económicas, que dieron origen al rezago en infraestructura, que hoy se
observa.
En cuanto al marco normativo, si bien es cierto que se lograron
notables avances en los años setentas, lo cierto es que estamos muy lejos de un cuerpo
legislativo integral, capaz de dar al principio de reinserción social, una viabilidad
jurídica y objetiva.
La legislación actual, en cuanto a la ejecución de sentencias, es
parca. Se cuentan con algunas disposiciones dispersas en el Código Penal Federal y en el
Código Federal de Procedimientos Penales. Además de la Ley de Normas Mínimas, que
constituyó un gran avance en su tiempo, no existe un cuerpo normativo central que regule
la ejecución de la pena privativa de la libertad.
Además de ello, sólo en algunos de los 446 Centros de Internamiento
del país se cuenta con un reglamento interno que rija la vida del mismo. Esto ocasiona
que, las más de las veces, sea la sola voluntad del Director del penal la que determine
las reglas a seguir dentro del establecimiento, con todos los efectos negativos que esto
representa para el fin de reinserción social.
Para tratar de disminuir la sobrepoblación en las prisiones, en 1992,
el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas al Código Penal, transformando en
faltas administrativas, distintos actos que antes eran considerados como delitos.
Asimismo, se establecieron penas alternativas a la privación de la libertad para diversas
conductas que no implicaban un alto grado de peligrosidad. Con esta nueva normatividad, se
logró dar un uso más racional de la privación de la libertad. Falta avanzar en la
adecuación del Código Penal que privilegie la aplicación de los sustitutivos de la pena
de prisión.
Sin embargo, con el endurecimiento de la ley penal, a partir de 1994
los centros de reclusión del país vuelven a tener problemas de hacinamiento, dado que se
aumenta la pena de prisión en determinadas conductas antisociales, se reduce la libertad
bajo caución en otros, y se restringen las libertades anticipadas. Esto provocó que de
la población penitenciaria, que en 1994 fue de aproximadamente de 85 mil internos, para
finales del año dos mil, fuera de aproximadamente 154 mil internos, casi el doble de
población penitenciaria.
Con el propósito de contribuir a las soluciones de esta problemática,
con el espíritu de colaboración entre poderes que caracterizó el trabajo de LV
Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual tuve la
alta distinción de presidir, coordinó trabajos para la actualización del marco
legislativo de la actividad penitenciaria. En este esfuerzo se privilegió la discusión
abierta y plural, creando canales de participación para la sociedad civil. En efecto, esa
Comisión convocó a los Foros Nacionales de Reformas Legislativas que se celebraron entre
los meses de abril y julio de 1992. En esta consulta pública, se recibieron más de
ciento cincuenta ponencias, veinticinco de las cuales, específicamente abordaban el tema
de las prisiones.
Las propuestas recibidas de la sociedad civil estaban orientadas
fundamentalmente a crear las condiciones para que la prisión sea realmente un instrumento
de reinserción social. Se enfatizaba que la condición de preso no afecta la dignidad
humana del interno, que era necesario precisar los derechos de los prisioneros y las
características mínimas con que ha de contar un penal para que garantice una estancia
digna. Al mismo tiempo se buscaba garantizar una aplicación correcta y permanente de las
penas impuestas, a través de un órgano que se encargará específicamente de vigilar su
observancia.
Todas estas propuestas de reformas legislativas fueron canalizadas a un
grupo de diputados federales integrantes de esa Comisión, que junto con los entonces
funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de
Gobernación, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República y
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos abocamos a la tarea de dar forma legal a
las propuestas recibidas.
Este grupo contó con la valiosa colaboración de expertos penalistas
en materia penitenciaria, que constituidos en un Consejo Asesor, coadyuvaron en la
redacción de este instrumento legal.
La redacción de un proyecto de ley que sistematizara todas las
propuestas recibidas, rebasó el período de trabajo de la LV Legislatura. Para no dejar
trunco este gran esfuerzo parlamentario, desde el Senado de la República de la LVI
Legislatura Federal, se propuso dar continuidad a todo este trabajo legislativo.
La LVI legislatura del Congreso de la Unión participó activamente en
los esfuerzos por modernizar las instituciones encargadas de preservar el estado de
derecho en el que vivimos. Dichos esfuerzos iniciaron con la discusión de la reforma
constitucional aprobada por este Congreso en el mes de diciembre de 1994, que sentó las
bases con las que posteriormente se modificó la estructura y funcionamiento del Poder
Judicial de la Federación, a la vez que se previó la creación del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.
Asimismo el Poder Revisor de la Constitución modificó diversos
artículos Constitucionales que, entre otras cosas, establecieron específicamente la
garantía de privacía de las comunicaciones privadas y sus limitaciones.
De igual forma, esa misma legislatura aprobó las Leyes Orgánicas de
la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del
Distrito Federal así como diversas disposiciones de carácter procedimental contenidas en
el Código Civil para el Distrito Federal y en el Código de Comercio, es ese esfuerzo por
atacar los problemas que aquejan a las instituciones relacionadas con la justicia en
México, desde un punto de vista integral. No hay duda de que la presente iniciativa
enclava perfectamente en ese espíritu.
Nuevamente, a finales de 1996, un grupo de legisladores, distinguidos
penitenciaristas, directores de centros de reclusión y funcionarios de la Secretaría de
Gobernación, que en ese entonces tenía a su cargo la cuestión penitenciaria, llevamos a
cabo varias reuniones en las cuales se aportaron importantes y atinadas propuestas, mismas
que se recogen en el presente documento de iniciativa.
Este trabajo, que constituye un verdadero esfuerzo de concertación y
colaboración, se pone hoy a la consideración de esta LVIII Legislatura del H. Congreso
de la Unión.
La estructura del Código puede dividirse en dos grandes apartados: El
régimen de prisiones y las disposiciones procedimentales de ejecución de penas
privativas de libertad.
En el primero, podemos ubicar una serie de disposiciones preliminares
que servirán de fundamento a las contenidas a lo largo de esta iniciativa. Estas son
seguidas de un apartado que hace referencia a los convenios de coordinación, que han de
ser la base para lograr la correcta aplicación nacional de estas normas.
La siguiente sección del Código que propone esta iniciativa, detalla
los distintos aspectos de la vida de las prisiones: tipos de establecimientos y sus
características; autoridades penitenciarias, sus funciones y sus obligaciones; derechos
de los internos y todo lo que se refiere al régimen interior de los centros carcelarios.
Para finalizar se detalla el funcionamiento y aplicación de los elementos de reinserción
social.
En el segundo gran rubro que comprende el Código que hoy se propone
como iniciativa, encontramos las normas de ejecución de las sentencias, entre ellas
destaca la creación de la Comisión de Ejecución de Sentencias. También aquí se
contienen las normas a aplicar a las externaciones anticipadas. Por último, se aborda el
tema de asistencia a los liberados.
La iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias, pretende
ser el instrumento jurídico que encuadre la nueva política penitenciaria nacional, a
través de un federalismo cooperativo, inscrito en el artículo 18 constitucional que
claramente establece que en esta materia hay una competencia coincidente entre la
federación y las entidades federativas. Por ello se plantea la celebración de convenios
de colaboración entre federación, a través de la Secretaría de Gobernación y los
distintos Estados de la República, para que los principios de esta iniciativa se
incorporen a las legislaciones locales.
La iniciativa de Código, supera la concepción que circunscribe la
privación de la libertad como un sistema de readaptación del interno. Se propone que el
objeto de todo el sistema penitenciario sea lograr una exitosa reinserción en la sociedad
del interno, a través de diversos medios: educación, trabajo, capacitación y
fundamentalmente, por medio de un tratamiento personalizado.
En distintas disposiciones a lo largo de esta iniciativa, se hace
énfasis en que la condición de estar sujeto a un proceso penal o estar sentenciado por
la comisión de un delito, no menoscaba en nada la dignidad del interno. A fin de dejar
muy en claro este principio, se especifican los derechos con que el interno cuenta y las
obligaciones correlativas que estos derechos imponen a los funcionarios y personal de los
penales.
Para asegurar un trato adecuado acorde a la situación jurídica y a
las condiciones personales del interno, se establece una distinción entre diversos tipos
de establecimientos de reclusión. En concordancia con la terminología internacional se
distinguen entre establecimientos de mínima, media y máxima seguridad.
También se diferencia claramente el régimen para los internos sujetos
a proceso y el de los sentenciados. Para los primeros rige el principio de presunción de
inocencia, por lo que los elementos de reinserción social para ellos constituirán un
derecho. Para los segundos, el tratamiento en el interior de la prisión se enfoca a
proporcionar las bases para que el interno se reintegre a la sociedad en condiciones
productivas.
Se busca que la reinserción en la sociedad del interno sea el eje
alrededor del cual gire la organización penitenciaria, garantizando a los internos,
elementos para que logren exitosamente esa reinserción. Por lo anterior, parte
fundamental de este ordenamiento es especificar los elementos con que contará el interno
para asegurar que su reincorporación en la sociedad sea fructífera.
En este proyecto al tratamiento para los internos se le da un enfoque
científico. En efecto, se plantea la necesidad de una metodología que incorpore a la
ciencia como elemento indispensable para que el interno tenga una atención adecuada a sus
características personales.
Además se incorpora, como elemento de reinserción social, al trabajo
penitenciario. De aprobarse esta iniciativa, el trabajo que realicen los internos no será
considerado un castigo adicional ni un simple medio para la liberación anticipada. El
trabajo se convertirá en verdadero instrumento de transformación del interno, para hacer
que adquiera hábitos productivos que serán fundamentales para su reincorporación a la
vida social.
Para lograr que sea un verdadero instrumento de reinserción, al
trabajo penitenciario se le incorporan una serie de características: remuneración
adecuada, condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario y la
inscripción de los internos en el sistema de seguridad social. Pero sobre todo, el
trabajo penitenciario se distinguirá por tener un carácter formativo con el fin de
proporcionar a los internos la capacitación necesaria para reinsertarse en el mercado de
trabajo cuando sean liberados.
También se contempla que el interno, con su trabajo, contribuirá al
sostenimiento de la prisión, además de que se podrán celebrar convenios con el sector
productivo, al efecto de crear unidades económicas dentro de las prisiones.
Derivado de un diagnóstico realista sobre la situación que guarda el
Sistema Penitenciario Nacional, se desprende que uno de los problemas que hay que atacar
de inmediato es el relacionado con la escasa preparación con que cuenta el personal que
labora en los Centros de Readaptación Social. No pasa desapercibido el hecho de que a
pesar de los esfuerzos que ha venido realizado la Secretaría de Gobernación en esta
materia, de acuerdo al Programa de Prevención y de Readaptación Social 19952000, a la
fecha existe un déficit de alrededor de 20 mil trabajadores que no han recibido
capacitación penitenciaria, a pesar de que en ellos descansa el funcionamiento de los
centros carcelarios de todo el país. La adecuada capacitación del personal de los
establecimientos carcelarios, es la mejor garantía para su buen desarrollo. Por ello, en
esta iniciativa se prevé la creación del Instituto Nacional de Capacitación
Penitenciaria, que será el encargado de sustentar la profesionalización del sistema
penitenciario mexicano.
Otra gran innovación de este dispositivo legal, es la creación de un
cuerpo encargado de la solución de los problemas relativos a la ejecución de penas
privativas y de restricción de la libertad, de la vigilancia en la aplicación de dichas
penas y del respeto a los derechos de los internos.
Este cuerpo se encargará de que las leyes y los reglamentos sean
realmente el elemento central de la convivencia al interior de las prisiones. La creación
de esta Comisión combina las ventajas de un órgano experto en derecho e íntimamente
ligado a la vida penitenciaria. Por ello, vendrá a constituir un instrumento fundamental
de la nueva política de reinserción social.
Este órgano, la Comisión de Ejecución de Sentencias está concebido
como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, lo que facilitará su
instalación y que evitará la discrecionalidad en la aplicación de las medidas que este
Código prevé.
Otro aspecto que se puede destacar del nuevo ordenamiento, es que para
evitar que la sola voluntad de los directores sea el órgano rector de las prisiones, se
delimitan las funciones discrecionales de ellos y se le dan más facultades a los Consejos
Técnicos de los establecimientos para la conducción de los mismos. Asimismo, se regula
detalladamente la aplicación de medidas disciplinarias de los internos.
Además, dado que ya son una realidad y en la práctica se ha
demostrado su efectividad, se establecen los principios fundamentales que regularán a los
establecimientos o secciones de alta seguridad.
Por otra parte, se establece que se ha de favorecer la creación de
empresas productivas, vinculadas a las economías locales, respetando el principio de que
el trabajo penitenciario no ha de supeditarse a intereses económicos. De esta manera se
busca coadyuvar en el sostenimiento de las prisiones y darle un sentido productivo al
trabajo penitenciario.
Para evitar los fenómenos de corrupción que han afectado a nuestras
prisiones, la iniciativa de código prohibe el uso de dinero o el intercambio de objetos
de valor dentro del establecimiento. Para cualquier transacción en el interior de un
penal, se utilizará una tarjeta de débito.
Con el fin de erradicar prácticas que permitían a unos internos,
prácticamente explotar a otros, se suprime el régimen de autogobierno en las prisiones,
así como la intervención de internos en funciones administrativas dentro del penal. Por
lo mismo, la venta de productos dentro del penal será administrada directamente por las
autoridades del mismo y se prohibe que su precio exceda al del que rige en la localidad.
La presente iniciativa es un esfuerzo de concertación democrática.
Esta iniciativa sintetiza muchas de las aspiraciones de distinguidos juristas que han
visto en nuestro Sistema Penitenciario un instrumento perfectible.
También están las propuestas de muchos promotores independientes de
los derechos humanos que participaron activamente con denuncias y propuestas, por que
resultaría un contrasentido que nuestra sociedad y nuestro sistema legal dediquen tantas
energías para proteger el derecho a la libertad del procesado y, que, una vez
sentenciado, se olvide completamente de él, como si dejara de ser persona y se le trate
como si hubiera perdido su calidad de ser humano, despojándosele de su calidad de sujeto
de derechos.
Resulta una amenaza para la sociedad misma, la concepción de la pena
exclusivamente como una retribución punitiva a la alteración de un orden instituido. No
se puede concebir un sistema que tiene como único fin: encerrar al delincuente tras unas
altas y sólidas paredes en nombre de la justicia. Esta visión reducida constituye un
crimen contra nosotros mismos.
Condenamos a un ser humano a sentir una sensación de desamparo e
impotencia ante el poder total que, sobre su salud y hasta su vida, tiene el custodio. Lo
sometemos a una falta de privacía absoluta y a una inactividad asfixiante. Lo ponemos a
merced de una total discrecionalidad de las autoridades penitenciarias, sobre su persona
durante el tiempo de encarcelamiento.
Todo esto tiene consecuencias sicológicas funestas en el interno y, en
última instancia, constituyen un agravio para la sociedad misma. Efectivamente un sistema
así hace que en el preso se engendre un sentimiento de desesperación absoluta, del que
nace un desprecio hacia la ley y hacia la sociedad, que les llevaron a tan denigrante
situación.
La víctima de un sistema penitenciario, donde la venganza es
omnipresente, se empapa de ella y regresa a la sociedad inclinado a vengarse también.
Por si esto fuero poco, que por delitos que no implican peligrosidad o
que se encuentran en prisión por circunstancias adversas, más que por su conducta
antisocial, se ven marcados gravemente en su conducta por su paso, aunque sea breve, en
nuestras prisiones.
Si queremos que el sentenciado se reincorpore a la sociedad, convertido
en un buen ciudadano, hemos de esmerarnos para establecer un sistema que, durante el
tiempo de su internación le brinde elementos para que su conducta sea un soporte de la
misma sociedad que antes dañara con su delito.
Dado que la gran mayoría de los reclusos, eventualmente regresa a la
vida en común, lo que les ocurra en los establecimientos de internación, ha de ser de
gran importancia para la sociedad y prioridad de la política social.
Todo esto, sin dejar de tener en cuenta que la privación de la
libertad es, ante todo, una respuesta ante la transgresión del orden jurídico que,
además, busca tener un efecto disuasivo entre los potenciales delincuentes.
La prisión no es ni puede ser un castigo sin sentido. Es ante todo un
medio de política social para evitar que prolifere la delincuencia. Por ello, la primera
misión que ha de cumplir la pena privativa de la libertad es la de asegurar que los que
salgan de ellas cuenten con los elementos suficientes para no reincidir en su conducta
delictiva.
Es necesario organizar nuestro sistema penitenciario para que deje de
ser una escuela del crimen y retome su función original: Un instrumento de política
social para evitar y prevenir la delincuencia, a través de la pena que la privación de
la libertad implica, pero también de un tratamiento para los internos que les facilite
elementos para reincorporarse exitosamente a la sociedad. Este es el propósito
fundamental de éste instrumento normativo.
Por lo expuesto y, con fundamento en la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de
Ustedes CC. Secretarios, me permito someter a la consideración de este H. Congreso de la
Unión, la presente iniciativa de:
CODIGO FEDERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS.
ARTICULO UNICO. Se expide el Código Federal de Ejecución de
Sentencias.
CODIGO FEDERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
TITULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES
ARTICULO 1°. El presente Código tiene por objeto regular:
I. Las disposiciones que en materia de cumplimiento de penas establece
el orden jurídico mexicano;
II. La aplicación de sanciones penales y de medidas de seguridad que
impliquen privación de la libertad;
III. La organización y funcionamiento de los establecimientos de
reclusión;
IV. La custodia de los internos y la labor asistencial para éstos y
los liberados.
V. La aplicación de medidas de liberación anticipada de internos.
Para lograr su objeto, este Código tomará en cuenta lo que al
respecto dispongan la Constitución, los Tratados Internacionales en la materia y las
demás normas aplicables.
ARTICULO 2°. Las disposiciones de éste Código son de orden público
y de aplicación en todo el territorio nacional, en lo que se refiere a los centros
federales de readaptación social y los del Distrito Federal, así como a los internos que
compurguen sentencias por delitos federales, en los términos de los convenios de
coordinación que se celebren con las autoridades competentes de las entidades
federativas.
ARTICULO 3°. Este ordenamiento tiene como fin primordial la
reeducación y la readaptación para la reinserción en la sociedad de los sentenciados a
penas privativas de libertad sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y
la educación.
ARTICULO 4°. El régimen de prisiones respetará, en todo caso, los
derechos humanos de los internos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no
afectados por la sentencia, sin establecer diferencia alguna por razón de raza, sexo,
nacionalidad, pertenencia a una etnia, opiniones políticas, creencias religiosas,
condición económica y social o cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza.
Por ello, los internos gozarán de todas las prerrogativas ciudadanas
no afectadas por resolución judicial y especialmente tendrán derecho a:
I. Recibir un trato digno, sin importar su condición legal;
II. No recibir penas corporales y adicionales a la de la privación de
libertad;
III. No ser hostigados ni física ni psicológicamente por parte de los
funcionarios y personal del establecimiento;
IV. Gozar de condiciones de estancia digna dentro del establecimiento;
V. Recibir un tratamiento individualizado que les permita
reincorporarse a la sociedad;
VI. Recibir la capacitación adecuada para reincorporarse
productivamente a la sociedad.
ARTICULO 5°. El régimen de prisión preventiva tiene por objeto
mantener al interno a disposición de la autoridad judicial. Toda la regulación del
régimen preventivo ha de tomar en cuenta que el principio de la presunción de inocencia
presidirá el régimen de privación de libertad de los sujetos a proceso. Por lo tanto, a
los procesados sólo se aplicarán aquellas normas de este Código que sean compatibles
con su situación jurídica y para ellos la utilización de los elementos de reinserción
social será un derecho.
ARTICULO 6°. Estas normas se aplicarán, en lo pertinente en el
territorio nacional a los internos de los establecimientos de reclusión federales, así
como a los internos sujetos a procesos penales por la comisión de delitos federales que
se encuentren en establecimientos locales, aunque se promoverá su adopción por parte de
los Estados para su aplicación en las entidades federativas. Para este último efecto,
así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el
Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los
Estados.
ARTICULO 7°. Para la mejor individualización del tratamiento y
tomando en cuenta las condiciones de cada lugar y las posibilidades presupuestales,
existirán instituciones especializadas, entre las que podrán figurar colonias penales y
establecimientos especiales, así como establecimientos de mínima, media y de máxima
seguridad
El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del
que se destine para el cumplimiento de las penas y estarán separados. Las mujeres
quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres. En ambos casos,
de ser posible, se buscará que la separación implique la reclusión en edificios
distintos y que tengan una organización, autoridades y personal diferenciados. En ningún
caso los menores infractores podrán ser internados en los establecimientos regulados por
este código, salvo que durante el internamiento cometieran un delito ya habiendo
adquirido la mayoría de edad penal.
ARTICULO 8°. Las autoridades competentes velarán para que los
establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que
aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la
salvaguarda de los derechos humanos de los internos.
ARTICULO 9°. La unidad administrativa competente dependiente de la
Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar estas normas en el ámbito de su
competencia en los reclusorios de todo el país.
ARTICULO 10.Para los efectos de este Código, se entiende por interno a
toda persona sujeta a custodia en uno de los establecimientos regulados por este Código
por mandato judicial de autoridad competente.
ARTICULO 11.Cualquiera que sea elestablecimiento en que tenga lugar el
ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una separación teniendo en cuenta el sexo,
edad, antecedentes, desarrollo cultural, estado físico y mental y, respecto de los
sentenciados además, las exigencias del tratamiento.
Para ello se observarán las siguientes disposiciones:
I. Los hombres y las mujeres deberán estar separados.
II. Los que estén sujetos a proceso estarán separados de los
sentenciados. En el caso de que a un sentenciado sele sujete a nuevo proceso penal, éste
permanecerá en la sección o establecimiento destinados ala ejecución de sentencias
definitivas.
III. Los jóvenes que estén sujetos a proceso o sentenciados, estarán
separados de los adultos con las condiciones que se determinen reglamentariamente.
IV. Los que presenten enfermedad o deficiencia física o mental,
estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento. Y de
ser necesario, serán trasladados con la aprobación del Comité Técnico al
establecimiento especial correspondiente.
ARTICULO 12.Todo establecimiento de reclusión contará con un
reglamento en el que se regularán las infracciones y las correcciones disciplinarias,
así como los hechos meritorios y las medidas de estímulo.
Dicho reglamento deberá por lo menos contener:
I. La mención expresa de que sólo podrán ser sancionadas como faltas
las conductas especificadas en el mismo;
II. Una descripción de dichas conductas ordenadas según su gravedad
(muy graves, graves y leves),la cual estará determinada por el daño que causen ala buena
marcha del establecimiento;
III. La especificación clara de la sanción que corresponde a cada
falta o tipo de faltas;
IV. La disposición expresa de que el director es el único que puede
aplicar las sanciones;
V. Un procedimiento para aplicarlas que respete las garantías de
audiencia y defensa y que permita un recurso;
VI. La orden de que las sanciones no sean inhumanas ni degradantes;
VII. La obligación de que, para aplicarse toda sanción, se tome el
parecer del Consejo Técnico Consultivo y la de que el aislamiento sea supervisado por un
médico.
Se prohibe todo castigo consistente en torturas o tratamientos crueles,
así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, en los que
se destine a los internos en función de su capacidad económica, mediante el pago de
cierta cuota o pensión.
ARTICULO 13. Las comunicaciones del interno se darán de manera que se
respete al máximo su intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto las personas y
la forma, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del
buen orden del Establecimiento. En todo caso la lectura de la correspondencia del interno
está terminantemente prohibida.
ARTlCUL014.La Comisión de Ejecución de Sentencias es un organismo
colegiado de la Secretaría de Gobernación, que estará integrado por:
I. Un representante de la Subsecretaría de Protección Civil de
Prevención y Readaptación Social.
II. Un representante de la Contraloría Interna.
III. Un representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.
IV. Un representante de la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social.
V. Un representante de la Dirección de Ejecución de Sentencias, quien
se ocupará de la Secretaría Técnica de esta Comisión.
ARTICULO 15.EI tratamiento penitenciario consiste en todas aquellas
actividades encaminadas a la preparación para que el interno vuela a incorporarse a la
sociedad.
Dicho tratamiento tendrá como finalidad desarrollar en ellos una
actitud de respeto así mismos y, de responsabilidad individual y social con respecto a
sus familias y a la sociedad en general.
TITULO SEGUNDO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION
ARTICULO 16. En los convenios de coordinación, que en materia
penitenciaria se celebren entre la federación y las entidades federativas, se
determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole,
entre las que figuran los establecimientos de seguridad mínima, media y máxima seguridad
y los establecimientos especiales, especificándose la participación que en cada caso
corresponde a los gobiernos federal y locales.
Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un
solo Estado, o entre aquél y varias entidades federativas simultáneamente, con el
propósito de establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, sistemas
regionales.
Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el Artículo
18 constitucional acerca de convenios para que los reos sentenciados por delitos del orden
común extingan su sentencia en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal.
ARTICULO 17.En los convenios que suscriban el Ejecutivo Federal y los
gobiernos de los Estados se fijarán las bases reglamentarias de estas normas, que
deberán regir en la entidad federativa. El Ejecutivo local expedirá, en su caso, los
reglamentos respectivos.
El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente promoverá
con absoluto respeto a la autonomía estatal, ante los Ejecutivos locales la iniciación
de las reformas legales conducentes a la aplicación de estas normas. Asimismo
propugnará, que en esta materia exista uniformidad legislativa.
TITULO TERCERO DE LOS ESTABLECIMIENTOS
ARTICULO 18. Las colonias penales son circunscripciones territoriales
alejadas de los núcleos de población, donde residirán forzosamente aquéllos internos
que se determine en resolución de autoridad competente.
En ellas imperará un régimen interno especial, caracterizado por las
mínimas restricciones de movimiento dentro de la circunscripción territorial y porque el
cónyuge y los familiares del interno podrán acompañarlo durante su permanencia en la
colonia penal.
ARTICULO 19. Los establecimientos de seguridad media son centros
destinados a la retención y custodia de los internos sujetos a proceso. También podrán
cumplirse, en sección diferente, penas y las otras medidas privativas de libertad, cuando
el internamiento efectivo por compurgar no exceda de seis meses.
ARTICULO 20. Los establecimientos de máxima seguridad son centros
destinados al cumplimiento de las sentencias firmes e irrevocables de penas privativas de
libertad. Se organizarán separadamente para hombres y mujeres y serán de dos tipos: de
régimen ordinario y abierto.
Los jóvenes deberán cumplir su sentencia separadamente de los adultos
en establecimientos distintos o, en todo caso, en departamentos separados. Para los
efectos de este Código, se entiende por jóvenes las personas de uno u otro sexo que no
hayan cumplido los veintiún años. Excepcionalmente y teniendo en cuenta la personalidad
del interno, podrán permanecer en centros destinados a jóvenes quienes, habiendo
cumplido veintiún años, no hayan alcanzado los veinticinco.
ARTICULO 21. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior,
existirán establecimientos o lugares propios para internos calificados de alta
peligrosidad o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciado
esto, por causas objetivas expuestas en resolución motivada de las autoridades
competentes, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de
elementos objetivos que a juicio del órgano competente, deban determinar su destino al
establecimiento especial correspondiente.
El régimen de estos lugares se caracterizará por una limitación de
las actividades en común de los internos y un mayor control y vigilancia sobre los
mismos, en la forma que reglamentariamente se determine.
La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el
tiempo necesario hasta en tanto desaparezca o disminuyan las razones o circunstancias que
determinaron su ingreso.
ARTICULO 22. Los establecimientos especiales son aquéllos en los que
prevalece el carácter médico, asistencial y terapéutico. Estos establecimientos serán
de los siguientes tipos:
I. Centros hospitalarios.
II. Centros psiquiátricos.
III. Centros de rehabilitación, para la ejecución de medidas de
seguridad, de conformidad con la legislación vigente en la materia.
ARTICULO 23. La ubicación de los establecimientos será fijada por las
autoridades competentes. Se procurará que sean suficientes para satisfacer las
necesidades de prisiones y evitar el desarraigo social de los internos.
En la construcción de nuevos establecimientos y en el remozamiento o
la adaptación de los existentes, la dependencia federal competente tendrá las funciones
de orientación técnica y las facultades que se le atribuyen en los convenios
respectivos.
ARTICULO 24. Los establecimientos de reclusión deberán contar con
servicios de dormitorios, servicios sanitarios, enfermería, escuelas, bibliotecas,
instalaciones deportivas y recreativas, talleres, instalaciones para actividades
productivas, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados,
departamento de información al exterior, áreas destinadas para la visita íntima, para
facilitar el ejercicio físico periódico y, en general, todos aquellos que permitan en
ellos una vida social organizada y una adecuada clasificación de los internos, así como
la tutela adecuada de sus derechos fundamentales.
En los reglamentos respectivos se establecerán las características
mínimas de la prestación de estos servicios.
ARTICULO 25.Tanto las instalaciones destinadas al alojamiento nocturno
de los internos como aquéllas en que se desarrolle la vida en común, deberán satisfacer
las necesidades de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio,
ventilación, agua y alumbrado se ajusten a las condiciones climáticas de la localidad.
Por razones de higiene se exigirá un cuidadoso aseo personal. A tal fin, la
Administración facilitará gratuitamente a los internos los servicios y artículos de
aseo diario necesarios.
Todo interno contará con una cama individual y para prevenir
prácticas indebidas, se ha de evitar que dos internos se alojen exclusivamente en un
dormitorio. Se ha de procurar alojarlos en cada dormitorio, preferentemente en números
impares.
ARTICULO 26.Todo establecimiento ha de llevar un registro escrito de
los internos, al que tendrá acceso el público y que ha de contener:
I. Sus datos generales;
II. Motivos de su detención y los datos que identifiquen la orden de
la misma;
III. Día y hora de ingreso y salida, así como de sus traslados.
ARTICULO 27. En todos los establecimientos de reclusión regirá un
horario, que será puntualmente cumplido.
El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas
diarias para el descanso nocturno y queden atendidas las necesidades espirituales y
físicas, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, laborales y culturales
de los internos.
TITULO CUARTO DE LAS AUTORIDADES
ARTICULO 28. Las autoridades administrativas encargadas de los
reclusorios no podrán dictar, en ningún caso, medidas de externación de las personas
bajo su custodia. Para tal efecto se estará exclusivamente a lo que resuelva la autoridad
competente, que en los casos de procesados será el juez de la causa y en el de
sentenciados por sentencia firme e irrevocable, la Comisión de Ejecución de Sentencias.
ARTICULO 29. En cada establecimiento funcionará un Consejo Técnico
Consultivo, que se integrará de la forma siguiente:
I. El Director del establecimiento, o el funcionario que le sustituya
en sus faltas temporales;
II. Los responsables de las áreas de apoyo técnico;
III. Un representante del Sector Salud;
IV. Un representante del Sistema Educativo Federal y/o Estatal;
V. Un representante de la Secretaría de Gobernación.
Podrá asistir a las sesiones del Consejo Técnico Consultivo, como
observador, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la de la
Entidad Federativa respectiva, según sea el caso.
ARTICULO 30. El Consejo Técnico Consultivo tendrá las siguientes
funciones:
I. Ser el órgano de consulta obligada para la aplicación individual
del Sistema Progresivo de Reinserción Social, así como para el otorgamiento de
libertades anticipadas o nuevo señalamiento de lugar de reclusión;
Por ser órgano de consulta obligada, todo rechazo a una recomendación
del Consejo Técnico en el área de su competencia, ha de estar fundamentada.
II. Sugerir medidas de alcance general para la buena marcha del
establecimiento;
III. Servir de órgano de enlace con instituciones del sector social
interesadas en participar en el mejoramiento de las condiciones de los internos. Asimismo,
este órgano será el instrumento receptor de los distintos proyectos que se proponga
implementar dentro del establecimiento.
IV. Valorar y aprobar en su caso, las correcciones disciplinarias que
imponga el Director del establecimiento;
V. Vigilar el respeto a los derechos humanos de los internos del
establecimiento.
VI. Conocer de las inconformidades relativas a la aplicación de
correcciones disciplinarias.
Todos los miembros del Consejo Técnico estarán obligados a guardar el
secreto profesional en los asuntos de su competencia.
ARTICULO 31. Serán facultades del Director del establecimiento:
I. Dirigir el establecimiento;
II. Supervisar la adecuada administración del centro de reclusión;
III. Supervisar el desempeño del personal a su cargo;
IV. Aplicar, de acuerdo al procedimiento establecido, las sanciones
disciplinarias a los internos;
V. Elaborar, en coordinación con el Instituto Nacional de
Capacitación Penitenciaria, los manuales de operación correspondientes;
VI. Las demás que determine el reglamento.
ARTICULO 32. Serán obligaciones del Director del establecimiento:
I. Cumplir los preceptos de este Código y demás disposiciones
aplicables;
II. Seguir los lineamientos que, para la conducción del
establecimiento, establezca el Consejo Técnico Consultivo;
III. Garantizar la seguridad del establecimiento y de los internos;
IV. Respetar escrupulosamente a los internos los derechos establecidos
en este Código y en otros ordenamientos aplicables;
V. Vigilar que nadie sea internado ilegalmente al establecimiento;
VI. Las demás que fije el reglamento.
ARTICULO 33.EI reglamento interno de cada establecimiento dispondrá de
un capítulo donde se regulen las faltas administrativas del personal y funcionarios de
prisiones.
A dicho capítulo le son aplicables las disposiciones que para la
imposición de medidas disciplinarias a internos, se prevén en este mismo Código.
ARTICULO 34. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario,
se establecerá un Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria para el personal de
dicho régimen, el cual tendrá a su cargo la fijación de las normas de selección,
ingreso y promoción del personal, así como el programa de capacitación y actualización
del mismo.
En todo caso, los candidatos a dirigir los establecimientos
penitenciarios deberán contar con título profesional o equivalente, en las áreas o
disciplinas afines a la labor que desempeñarán, además deberán gozar de buena
reputación y llenar en general el perfil respectivo.
El reglamento correspondiente detallará los aspectos anteriores.
TITULO QUINTO DE LOS INTERNOS
ARTICULO 35. Los internos recibirán a su ingreso un documento que
contenga información sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las
normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas, así como una copia
del reglamento interno del establecimiento.
En los casos, en que el documento escrito no baste para tener
conocimiento de la información mencionada, ésta se le transmitirá al interno, de
acuerdo a su condición específica, por el medio idóneo.
ARTICULO 36.Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas
relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento ante el Director o persona
que lo represente, a fin de que tome las medidas oportunas o, en su caso las haga llegar a
las autoridades u organismos competentes. El director o su representante ha de responder
en forma puntual a las peticiones y quejas formuladas en un plazo de 15 a 30 días, pero
en caso de que esté en peligro la vida o la integridad de los internos, la respuesta ha
de ser expedita.
ARTICULO 37. Los internos deberán:
I. Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que
hubiere decretado su internamiento o para cumplir la sentencia que les impongan hasta el
momento de su liberación, o en el caso de aplicación de medidas de seguridad, hasta su
total recuperación.
II. Acatar las normas de régimen interior y cumplir las sanciones
disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas.
III. Respetar a los funcionarios y personal del establecimiento en que
se encuentren, tanto dentro del mismo como fuera de él, con ocasión de traslados,
conducciones o práctica de diligencias.
IV. Observar una conducta correcta con los demás internos y terceros
ajenos al establecimiento.
Se fomentará la colaboración de los internos en el tratamiento que
les corresponda, con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en
función del diagnóstico individualizado.
ARTICULO 38.Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u
obra.
ARTICULO 39. Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad,
empleo o cargo administrativos algunos.
ARTICULO 40.La Administración proporcionará a los internos
alimentación convenientemente preparada y que responda en cantidad y calidad a las normas
dietéticas y de higiene.
Los internos dispondrán de agua potable y agua para su aseo, fría y
caliente cuando las condiciones climáticas lo exijan, siempre que sea posible.
ARTICULO 41. El interno tiene obligación de vestir las prendas que le
facilite el establecimiento, las cuales deberán ser correctas, adaptadas a las
condiciones climatológicas y desprovistas de todo elemento que pueda afectar su dignidad.
Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y de mueble
adecuado para guardar sus pertenencias.
ARTICULO 42. Los traslados de los internos se efectuarán de forma que
se respeten su dignidad y derechos, así como la seguridad de la conducción. Estos
traslados deberán ser aprobados por el Consejo Técnico Consultivo del establecimiento.
ARTICULO 43.A fin de salvaguardar la seguridad del establecimiento y de
los internos mismos, a estos no se les permitirá conservar:
I. Dinero, ropa, objetos de valor u otros de la misma índole
prohibidos por el reglamento que pertenezcan al interno. Estos objetos serán guardados en
lugar seguro, previo al correspondiente resguardo, o enviados a personas autorizadas por
el interno para recibirlos.
II. Ropas y efectos contaminados propiedad de los internos que por
razones de higiene determine el Médico del establecimiento.
III. Los medicamentos que determine el Médico y que tuviere en su
poder el interno en el momento del ingreso al establecimiento o que reciba del exterior.
El Médico del establecimiento dispondrá cuáles puede conservar para su personal
administración y cuáles deben quedar depositados en la enfermería, atendidas las
necesidades del enfermo y las exigencias de seguridad.
ARTICULO 44. Los registros y cacheos en las personas de los internos,
sus pertenencias y locales que ocupen, así como los recuentos, se efectuarán en todos
los casos con las garantías y oportunidad que el Reglamento del establecimiento determine
y siempre con respeto a la dignidad de la persona.
ARTICULO 45. Se establecerán y estimularán en la forma que señale el
Reglamento del establecimiento, sistemas de participación de los internos en actividades
de orden educativo, laboral, productivo, cultural, recreativo o deportivo.
ARTICULO 46. Se permitirá a los internos la adquisición de productos
alimenticios y de consumo dentro de los límites reglamentariamente fijados. La venta de
dichos productos será administrada directamente por las autoridades del establecimiento.
Los precios en ningún caso podrán ser superiores a los que rijan en la localidad en que
se halle ubicado el establecimiento.
TITULO SEXTO DEL RÉGIMEN INTERIOR
Capítulo 1: Disposiciones Generales
ARTICULO 47.EI ingreso de un indiciado, procesado o un sentenciado, en
cualquiera de los establecimientos regulados por este ordenamiento, se hará mediante
mandamiento u orden escrita del Ministerio Público o de la autoridad judicial competente,
excepto en el supuesto de presentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a
la autoridad competente, quien resolverá lo procedente. A cada interno se le abrirá un
expediente personal relativo a su situación procesal y del cumplimiento de su sentencia,
del que tendrá derecho a ser informado, además, en caso de los sentenciados, se formará
un estudio de personalidad.
ARTICULO 48. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el
sistema progresivo de individualización científica, separado éste en grados, el último
de los cuales será el de tratamiento preliberacional.
ARTICULO 49. La libertad de los sentenciados sólo podrá ser acordada
por la autoridad competente.
Compurgada la pena motivo de la sentencia, el interno será puesto en
libertad de inmediato.
Para proceder a la excarcelación de los sentenciados que aún no
compurgan su sentencia, por cualquiera de las modalidades preliberacionales, éstas sólo
podrán ser acordadas por la Comisión de Ejecución de Sentencias.
En el momento de la excarcelación se entregará al liberado el saldo
de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre. Si careciese de
medios económicos, se le facilitará un socorro de ley, de cuando menos cinco días de
salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva.
ARTICULO 50.Los internos contribuirán a su sostenimiento, con cargo a
la percepción que tengan como resultado de las actividades productivas que desempeñen.
Los bienes e instrumentos, objeto o producto de delito que hayan sido
decomisados serán destinados al erario federal y se aplicarán preferentemente además
de, para el beneficio de la administración de justicia, para el apoyo de los centros de
reclusión en todo el país, a través de la unidad correspondiente de la Secretaría de
Gobernación.
ARTICULO 51. Queda estrictamente prohibido el uso de dinero o el
intercambio de objetos de valor en el interior del establecimiento por parte de los
internos entre sí y con el personal del establecimiento. Para la obtención de bienes de
consumo necesarios, la institución proveerá al interno con una tarjeta de débito que
podrá administrar una institución bancaria.
ARTICULO 52. En los establecimientos destinados a la reclusión de
mujeres, ningún funcionario de sexo masculino ingresará sin estar acompañado de un
miembro femenino del personal.
Capítulo II: Asistencia Médica
ARTICULO 53. En cada centro existirá al menos un Médico general con
conocimientos psiquiátricos, encargado de cuidar de la salud física y mental de los
internos y de vigilar las condiciones de higiene y salubridad en el establecimiento, el
cual podrá, en su caso, solicitar la colaboración de especialistas. Igualmente habrá
cuando menos un Ayudante Técnico Sanitario y se dispondrá de los servicios de un Médico
Odontólogo y del personal auxiliar adecuado.
Además de los servicios médicos de los establecimientos, los internos
podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias y asistenciales de carácter
penitenciario y, en caso de necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios. Para
ello, las autoridades penitenciarias celebrarán convenios con dependencias del sector
salud.
Los internos podrán solicitar, a su costa, los servicios médicos de
profesionales ajenos a las instituciones penitenciarias, excepto cuando razones de
seguridad aconsejen limitar este derecho.
ARTICULO 54. Para la prestación de la asistencia sanitaria todos los
establecimientos estarán dotados:
I. De una enfermería, que contará con un número suficiente de camas
y estará provista del material clínico, instrumental adecuado y productos farmacéuticos
básicos para atenciones de urgencias e intervenciones dentales.
II. De una área destinada a la observación psiquiátrica y a la
atención de los toxicómanos.
III. De una unidad para enfermos contagiosos.
ARTICULO 55. En los establecimientos o departamentos para mujeres
existirá un área de obstetricia con el equipo y material necesarios para el tratamiento
de las internas embarazadas y de las que acaben de dar a luz y se encuentren
convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se
realicen en hospitales civiles.
En caso de ocurrir un nacimiento dentro de las instalaciones del
establecimiento, este hecho no ha de constar en el acta de nacimiento.
Igualmente podrá existir un local habilitado para guardería infantil
y educación preescolar con el fin de que las internas puedan tener en su compañía a sus
hijos menores de tres años. Durante este período, las internas con hijos conviviendo con
ellas, permanecerán en una sección especial del establecimiento.
ARTICULO 56. Los estudios y dictámenes de los internos deberán
realizarse por un equipo técnico especialista en psiquiatría.
Es obligación del médico del establecimiento, presentar un informe al
director del mismo, en caso de que estime que la salud física o moral de un interno ha
sido, o puede ser afectada, por la prolongación o por una modalidad cualquiera de
reclusión.
ARTICULO 57. Todo interno será sometido a un examen clínico a su
ingreso al establecimiento así como a reconocimientos periódicos, cuyos resultados se
harán constar en su expediente médico. En su revisión inicial, el médico vigilará
especialmente si hay señales de que el interno ha sido sometido a malos tratos y de
existir éstos, lo comunicará a las autoridades competentes.
ARTICULO 58. La atención médica de los internos en las secciones
específicas del establecimiento no ha de entenderse como confinamiento, por lo que a no
ser que la naturaleza del padecimiento lo impida, no serán restringidas las visitas a los
internos que se encuentren bajo tratamiento médico.
En caso de requerirse, el médico del establecimiento expedirá una
constancia del padecimiento que impida que el interno sea visitado.
Capítulo III: Régimen Disciplinario y de Estímulo para los Internos
ARTICULO 59. El régimen disciplinario de los centros penitenciarios se
dirigirá tanto a garantizar la seguridad del establecimiento como a conseguir una
convivencia armónica entre internos y autoridades.
ARTICULO 60. El director del reclusorio podrá imponer las correcciones
previstas en este Código y las contenidas en los reglamentos respectivos tras un
procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se
escuche a éste en su defensa. El Director dará de inmediato vista al Consejo Técnico
Consultivo de esta medida para su estudio y valoración. El interno podrá inconformarse
con la corrección aplicada, recurriendo para ello a la Comisión de Ejecución de
Sentencias, el cual deberá también aprobar las sanciones de aislamiento en celda.
ARTICULO 61. El procedimiento de imposición de sanciones
disciplinarias se llevará a cabo en una sola audiencia, donde se presentará acta
circunstanciada levantada ante dos testigos, si los hubiera, de los hechos presuntamente
constitutivos de la falta. La audiencia se celebrará dentro de los siete días siguientes
en que se hayan dado los hechos denunciados.
En esa audiencia, quien denuncia los hechos, ratificará sus
declaraciones formuladas en el acta circunstanciada ante el Director del Penal y aportará
los elementos de prueba que considere pertinentes.
A continuación, el presunto responsable de los hechos relatará su
versión de los mismos y aportará los elementos de prueba que apoyen su dicho.
Se levantará acta de la audiencia dando una copia a cada interesado.
El Director del Penal dispondrá de tres días hábiles para dictaminar la procedencia o
improcedencia de la imposición de una sanción, así como el tipo de la misma.
ARTICULO 62. Las sanciones por indisciplina aplicables a los internos
podrán ser:
I. Aislamiento en celda, que no podrá exceder de 14 días;
II. Privación de actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible
con la salud física y mental, hasta un mes como máximo;
III. Amonestación.
ARTICULO 63. La sanción de aislamiento sólo será aplicable en los
casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del interno, o
cuando éste, reiterada y gravemente altere la normal convivencia en el centro. En todo
caso, la celda en que se cumpla la sanción deberá ser de análogas características que
las restantes del establecimiento. En estos casos se dará vista al Consejo Técnico
Consultivo, quien de haber razón para ello podrá suspender la sanción.
ARTICULO 64. La sanción de aislamiento se cumplirá con informe del
Médico del Establecimiento, quien vigilará al interno mientras permanezca en esta
situación, informando al Director sobre su estado de salud física y mental y, en su
caso, de la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta.
ARTICULO 65. En los casos de enfermedad del sancionado y siempre que
las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la sanción que consista en internamiento
en celda de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta o se estime conveniente.
ARTICULO 66. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a
las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres
lactantes y a las que tuvieran hijos consigo.
ARTICULO 67. El aislamiento se cumplirá en el compartimiento que
habitualmente ocupe el interno, y en los supuestos de que lo comparta con otros o por su
propia seguridad o por el buen orden del Establecimiento, pasará a uno individual de
semejantes medidas y condiciones.
ARTICULO 68. Sólo podrán utilizarse, con autorización del Director,
aquéllos medios coercitivos que se establezcan reglamentariamente en los casos
siguientes:
I. Para impedir actos de evasión o violencia de los internos;
II. Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o
cosas;
III. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las
ordenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo.
Cuando, ante la urgencia de la situación, se tuviere que hacer uso de
tales medios, se comunicará inmediatamente al Director, quien a su vez lo hará del
conocimiento del Consejo Técnico Consultivo.
El uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al
restablecimiento de la normalidad y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario.
El uso excesivo de las atribuciones en este artículo dará lugar a las
sanciones que fijen las leyes y reglamentos, para tal efecto se escuchará a los afectados
por el uso de tales medios.
ARTICULO 69. Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu
de trabajo y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades
organizadas por el centro penitenciario, serán estimulados mediante un sistema de
recompensas reglamentariamente determinado.
Capítulo IV: Comunicaciones y Visitas
ARTICULO 70. Los internos están autorizados para comunicarse
periódicamente con cualquier persona, salvo en los casos en que por resolución de la
autoridad competente se restrinja este derecho.
ARTICULO 71. Las comunicaciones de los internos con su abogado
defensor, se celebrarán en espacios apropiados y no podrán ser suspendidas o
intervenidas.
ARTICULO 72. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su
familia y abogado su detención, así como su traslado a otro establecimiento.
ARTICULO 73. Los centros penitenciarios dispondrán de espacios
especialmente adecuados para las visitas íntimas.
La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento
de las relaciones sexuales del interno en forma sana, no se limitará sino previa
determinación del director, basada en estudios que lo justifiquen.
ARTICULO 74. Las visitas se concederán con sujeción a lo dispuesto en
este Código y en los casos, con los requisitos y periodicidad que reglamentariamente se
determine.
ARTICULO 75. Las principales reglas sobre visitas y comunicaciones
serán dadas a conocer al público mediante letreros visibles que se ubiquen en las áreas
correspondientes.
TITULO SÉPTIMO DEL TRATAMIENTO PARA LA REINSERCI_N SOCIAL
Capítulo I: Disposiciones Generales
ARTICULO 76. Las autoridades encargadas del tratamiento procurarán
conocer todas las peculiaridades de la personalidad y ambiente del interno que puedan ser
obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior.
ARTICULO 77. El tratamiento se inspirará en los siguientes principios:
I. Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de
métodos médico biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales
adecuados a la personalidad del interno;
II. Será programado, fijándose en el plan general que deberá
seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método
de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos, integrantes del mismo,
entre los diversos especialistas y educadores;
III. Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las
incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la
sentencia.
ARTICULO 78. Para la individualización del tratamiento se realizará
un estudio de cada interno, en base al cual se le destinará al establecimiento cuyo
régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo
o sección más idóneo dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no sólo
la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino
también la duración de la pena o medida de seguridad en su caso, el medio al que
probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada
caso y momento para el buen éxito del tratamiento.
ARTICULO 79. Las funciones de observación, clasificación y
tratamiento las realizarán equipos calificados de especialistas, cuya composición y
funciones se determinarán en el reglamento interno. Dichos equipos contarán con la
colaboración del número de educadores necesarios, dadas las peculiaridades de los grupos
de internos tratados.
ARTICULO 80. En el curso del tratamiento se fomentará el
establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del
interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el
desarrollo del servicio social penitenciario en cada centro de reclusión con el objeto de
auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior.
ARTICULO 81.Se favorecerá el desarrollo de todas las demás medidas de
tratamiento compatibles con el régimen establecido en estas normas, con las previsiones
de la ley y de los convenios y con las circunstancias de la localidad y de los internos.
ARTICULO 82.A fin de preparar paulatinamente al interno a su
reinserción social, el tratamiento podrá comprender:
I. Información y orientación especiales y discusión con el interno y
sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad;
II. Métodos colectivos, que son aquellos que se pueden aplicar a
varios internos al mismo tiempo o que implican una participación en conjunto;
III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento;
IV. Traslado a una institución con régimen abierto; y
V. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna
o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana;
En estas medidas se podrán aplicar a partir del año anterior a que se
pueda gozar de otros beneficios como la libertad preparatoria o libertad por remisión
parcial de la pena.
ARTICULO 83. La evolución del tratamiento determinará una nueva
clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento
del régimen que corresponda o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de
diferente régimen.
ARTICULO 84.Cada seis meses se practicarán estudios individuales a los
internos para reconsiderar su situación, tomándose la decisión que corresponda, que
deberá ser comunicada al interesado.
ARTICULO 85. Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo
requiera, se podrá organizar en los centros correspondientes, programas basados en el
principio de comunidad terapéutica.
ARTICULO 86.Concluido el tratamiento o próxima la libertad del
interno, se emitirá un diagnostico final en el que se manifestarán los resultados
conseguidos en el tratamiento y que en su caso, se tendrán en cuenta en el expediente
para la concesión de la libertad preparatoria o los beneficios de liberación anticipada.
Capítulo II: Trabajo
ARTICULO 87. El trabajo dentro del establecimiento de reclusión será
considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental en
el tratamiento para la reinserción social.
ARTICULO 88. Por no tratarse de una relación voluntaria, sino que
surge como consecuencia del régimen de reinserción social, al trabajo que se realice en
los establecimientos de reclusión no le serán aplicables las leyes laborales.
El trabajo penitenciario se regirá por los siguientes principios:
I. Será remunerado con el salario mínimo general vigente en el área
geográfica respectiva, el 50% de esta remuneración será destinada directamente a la
Administración Penitenciaria para el sostenimiento de las necesidades del interno, 25% a
un fondo que se le entregará cuando abandone la prisión y 25% directamente al
sostenimiento de su familia;
II. Se realizará en las condiciones de seguridad e higiene previstas
para el trabajo ordinario;
III. Motivará la inscripción de los internos en el sistema de
seguridad social. Para este efecto se firmarán convenios con el Instituto Mexicano de
Seguridad Social, con el objeto de que el otorgamiento de las prestaciones se adapte a las
circunstancias peculiares de los internos en un establecimiento de reclusión;
IV. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida de
corrección;
V. No atentará contra la dignidad del interno;
VI. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos
laborales; buscará ser productivo y terapéutico, con el fin de preparar a los internos
para las condiciones normales de trabajo libre;
VII. Se organizará y planificará, atendiendo a las aptitudes y
cualificación profesional del interno, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales
de los recluidos en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad de los
establecimientos;
VIII. Será facilitado por la Administración;
IX. No se supeditará al logro de intereses económicos, sin embargo,
se favorecerá la creación de empresas productivas.
ARTICULO 89.EI trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio
de las características de la economía local, especialmente del mercado a fin de
favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria.
Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido
a la aprobación, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de
Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social y de las autoridades
competentes.
Para ello, se podrá celebrar con empresas privadas convenios a efecto
de que éstas instalen microindustrias dentro de los centros penitenciarios.
ARTICULO 90. EI trabajo que realicen los internos, dentro y fuera de
los establecimientos, estará comprendido en algunas de las siguientes modalidades:
I. Las de producción, mediante fórmulas cooperativas o similares de
acuerdo con la legislación vigente;
II. Las ocupaciones que formen parte de un tratamiento;
III. Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del
establecimiento
IV. Las artesanales, intelectuales y artísticas.
Para la asignación de cargas de trabajo se tomará parecer del Consejo
Técnico del establecimiento.
ARTICULO 91. El trabajo será compatible con las sesiones de
tratamiento y las necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. A tal fin, la
Administración adoptará las medidas que reglamentariamente se determinen para asegurar
la satisfacción de aquellos fines y garantizar la efectividad del resultado.
ARTICULO 92. Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo
de los internos tendrán, en igualdad de condiciones, carácter preferente en las
adjudicaciones de suministros y obras del Sector Público.
ARTICULO 93. La dirección y control de las actividades laborales
desarrolladas dentro de los establecimientos corresponderá a la Administración
penitenciaria.
La Administración estimulará la participación de los internos en la
organización y planificación del trabajo.
ARTICULO 94. Los internos podrán formar parte de los órganos
directivos de las entidades de producción que se constituyan. La Administración
adquirirá la calidad de socios de aquéllas, contribuyendo a la consecución del
correspondiente objeto social de conformidad con la legislación vigente.
ARTICULO 95. La Administración organizará y planificará el trabajo
de carácter productivo en las condiciones siguientes:
I. Proporcionará trabajo suficiente para ocupar en días laborables a
los internos, garantizando el descanso semanal;
II. La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal y se
cuidará que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la
aplicación de los demás medios de tratamiento;
III. Velará por que la retribución sea la prevista en este
ordenamiento;
IV. Cuidará de que los internos contribuyan al sostenimiento de sus
cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo el recluso
de la cantidad sobrante en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
La retribución del trabajo de los internos sólo será embargable en
las condiciones y con los requisitos que rigen para el salario.
ARTICULO 96. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de
prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las
actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos
efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante
para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que será determinada
por la Comisión de Ejecución de Sentencias, con fundamento en los estudios de
personalidad del interno y basada en elementos objetivos que comprueben su aptitud para la
reinserción social.
La remisión funcionará independientemente de la libertad
preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie
al reo. La Comisión de Ejecución de Sentencias estará a cargo del sistema de cómputos
para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas
reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades
encargadas de la custodia y de la readaptación social.
El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo
previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el reo repare los daños y
perjuicios causados o garantice su reparación sujetándose a la forma, medidas y
términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego.
Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las
condiciones que deba observar el reo respecto de su residencia y ocupación.
La remisión es revocable por la autoridad que la otorga, en los casos
y conforme al procedimiento dispuesto para la revocación de la libertad preparatoria.
Capítulo III: Capacitación y Educación
ARTICULO 97. La educación que se imparta a los internos se ha de
considerar elemento esencial del tratamiento para la reinserción social, por lo que no
tendrá sólo carácter un académico sino también cívico, higiénico, artístico,
físico y ético. Será en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía
correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especialistas.
ARTICULO 98.En cada establecimiento existirá una biblioteca provista
de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos.
ARTICULO 99. Se procurará ofrecer a los internos oportunidades de
educación a todos los niveles, para ello se firmarán convenios con las instituciones
educativas correspondientes a fin de que ellas brinden la educación requerida.
TITULO OCTAVO DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS
Capítulo l: Disposiciones Generales
ARTICULO 100. La ejecución de las sentencias firmes e irrevocables en
materia penal, compete a la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de
Gobernación. Esta designará los lugares en que los reos deban extinguir las sanciones
privativas de libertad, de acuerdo al diagnóstico que de él se efectúe y al tratamiento
que se le fije. Además ejercerá todas las funciones que le señalen las leyes y
reglamentos, practicará todas las diligencias para que las sentencias se cumplan
estrictamente y reprimirá todos los abusos que cometan sus subalternos, en pro o en
contra de los sentenciados.
ARTICULO 101. Se entiende por sentencia firme e irrevocable, aquélla
contra la cual no exista ningún recurso ante los tribunales, que pueda producir su
revocación en todo o en parte.
ARTICULO 102. En toda sentencia condenatoria se prevendrá que se
amoneste al reo para que no reincida, advirtiéndole las sanciones a que se expone y de
ello se extenderá diligencia, pero sin que la falta de ésta obste para hacer efectivas
las sanciones de la reincidencia y de la habitualidad.
ARTICULO 103. Pronunciada una sentencia condenatoria firme e
irrevocable, el juez o el tribunal que la pronuncie expedirá dentro de cuarenta y ocho
horas, copia certificada de la misma para la Secretaría de Gobernación, con los datos de
identificación del reo.
ARTICULO 104. Los agentes del Ministerio Público comunicarán por
escrito al Procurador de Justicia, la sentencia que se pronuncie en los negocios en que
hayan intervenido, expresando los datos que crean puedan servir para la formación de la
estadística criminal.
ARTICULO 105. El juez o tribunal estará obligado a tomar de oficio
todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la
autoridad administrativa competente.
ARTICULO 106. Recibida por la autoridad competente la copia de la
sentencia y puesto a su disposición el reo, destinará a éste al lugar en que deba
extinguir la sanción privativa de libertad.
ARTICULO 107. Para la ejecución de las sanciones, la autoridad
competente se sujetará a lo prevenido en el Código Penal, en éste y en las leyes y los
reglamentos respectivos.
Capítulo II:
Extinción y Prescripción de la Potestad de Ejecutar las Penas y
Medidas de Seguridad
ARTICULO 108. La extinción de la potestad para ejecutar las penas y
las medidas de seguridad se regulará por lo dispuesto en el Código Penal para el
Distrito Federal.
ARTICULO 109. Los plazos para la prescripción de la potestad para
ejecutar las penas y medidas de seguridad, serán continuos y correrán desde el día
siguiente a aquél en el que el sentenciado se substraiga a la acción de la justicia, si
las penas o medidas de seguridad fueren restrictivas o privativas de la libertad, y si no
lo son, desde la fecha en que la sentencia cause ejecutoria.
Dichos plazos se reducirán hasta la mitad, cuando se acredite que se
trata de padres o madres de familia con hijos menores de edad, trabajadores o jornaleros
de más de sesenta y cinco años de edad o estudiantes en el sistema educativo nacional,
si guardan dicha calidad al momento de declararse la prescripción.
ARTICULO 110. La potestad para ejecutar la pena privativa de libertad
prescribirá en un lapso igual al fijado en la sentencia, pero no podrá ser inferior a
tres años ni superior a quince.
Capítulo III:
Sustitución de Penas
ARTICULO 111. La pena de prisión aplicable al delito de que se trata
podrá ser sustituida a juicio del juzgador, sujetándose a los dispuesto en este Código,
conforme a las reglas siguientes:
I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando aquélla
no exceda de cinco años;
II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro
años, o
III. Por multa, si la prisión no excede de tres años.
ARTICULO 112. Para los efectos de la sustitución, se requerirá
además, que:
I. El reo no sea reincidente por delito doloso;
II. Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y la
reparación de los daños y perjuicios causados; y
III. La pena sustitutiva sea más adecuada que la prisión, en
atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines de justicia, de
prevención general y especial que con ella se persigue.
Para el cumplimiento de la pena sustitutiva se tomará en cuenta el
tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva.
ARTICULO 113. Tratándose de la multa sustitutiva de la pena de
prisión, la equivalencia será en razón de hasta un día de multa por un día de
prisión, atendiendo a las condiciones económicas del sentenciado. La multa sustitutiva
es independiente de la señalada, en su caso, como pena.
ARTICULO 114. La multa, impuesta como pena única, conjuntamente con
otra, o como pena sustitutiva, podrá ser sustituida por trabajos en favor de la
comunidad. Asimismo, el trabajo en favor de la comunidad podrá ser sustituido por día
multa, a razón de un día multa por cada día de jornada o trabajo.
ARTICULO 115. El juez podrá dejar sin efecto la sustitución y
ordenará que se ejecute la pena sustituida, cuando al sentenciado se le condene por otro
delito de la misma especie.
En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida se tomará
en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva.
ARTICULO 116. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento
de los deberes inherentes a la sustitución de penas, la obligación de aquél concluirá
al extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar
en su desempeño, los expondrá al juez, a fin de que éste, si los estima justos,
prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente
deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena si no lo hace. En este
último caso, se estará a lo dispuesto por el párrafo que precede.
En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá
poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se
expresa en el párrafo que precede.
ARTICULO 117. El sentenciado que considere que al dictarse sentencia
reunía los requisitos para la sustitución de la pena y que, por inadvertencia de su
parte o del juzgador, no se hubiere hecho, podrá promover ante éste la sustitución,
abriéndose el incidente respectivo.
ARTICULO 118. El Ejecutivo, en tratándose de indultos, podrá hacer la
conmutación de la pena privativa de libertad, después de impuesta en sentencia
irrevocable, por trabajo obligatorio en favor de la comunidad.
Capítulo IV: Rehabilitación Legal de Procesados
ARTICULO 119. La rehabilitación de los derechos políticos se
otorgará en la forma y términos que dispongan la ley orgánica del artículo relativo de
la Constitución.
ARTICULO 120. La rehabilitación de los derechos civiles o políticos
no procederá mientras el reo esté extinguiendo una sanción privativa de libertad.
ARTICULO 121. Si se hubiere extinguido ya la sanción privativa de
libertad, o si ésta no le hubiere sido impuesta, pasado el término que señala el
artículo siguiente, podrá ocurrir el sentenciado al tribunal o juzgado que dictó el
fallo irrevocable, solicitando que se le rehabilite en los derechos de que se le privó, o
en cuyo ejercicio estuviere suspenso, acompañando a su solicitud:
I. Un certificado de la autoridad correspondiente que acredite que
extinguió la sanción privativa de libertad que se le hubiere impuesto, la conmutación o
la concesión de indulto, y
II. Otro certificado de la autoridad administrativa del lugar en que
hubiere residido desde que comenzó la inhabilitación o suspensión y una información
recibida con intervención de la autoridad administrativa que compruebe que el
peticionario observó buena conducta continua desde que comenzó a extinguir su sanción,
y que dio pruebas de haber contraído hábitos de orden, trabajo y buenas costumbres.
ARTICULO 122. Si la sanción impuesta al reo fuere la de
inhabilitación o suspensión por seis años o más, no podrá ser rehabilitado antes de
que transcurran tres años, contados desde que hubiera principiado a extinguirla.
Si la suspensión fuere por menos de seis años, el reo podrá
solicitar su rehabilitación después que extinga la mitad de la sanción.
ARTICULO 123. Recibidas las informaciones, o si no se estimaren
necesarias, oyendo al Ministerio Público y al peticionario o a su representante, el
tribunal declarará dentro de tres días si es o no fundada la solicitud. En el primer
caso, remitirá con informe las actuaciones originales al Congreso de la Unión, para lo
que hubiere lugar. Si la resolución fuere favorable se publicará en el "Diario
Oficial". Si se denegare la rehabilitación, se dejarán expeditos al reo sus
derechos para que pueda solicitarla de nuevo, después de un año.
ARTICULO 124. Concedida la rehabilitación por el Congreso, lo
comunicará al tribunal o juzgado que hubiere pronunciado el fallo irrevocable para que se
hagan las anotaciones en la toca o en las actuaciones de primera instancia.
ARTICULO 125. Al que una vez se le hubiere concedido la rehabilitación
nunca se le podrá conceder otra.
Capítulo V: Comisión de Ejecución de Sentencias
ARTICULO 126. La Comisión de Ejecución de Sentencias tendrá como
finalidad hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las
modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y
Reglamentos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos
del régimen penitenciario puedan producirse.
Además tendrá a su cargo, la ejecución de las sanciones que, por
sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa y las de tratamiento que
el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin
perjuicio de la intervención que a este respecto debe de tener, en su caso y oportunidad,
la autoridad sanitaria.
ARTICULO 127. Son facultades de la Comisión de Ejecución de
Sentencias:
I. Decidir acerca de las resoluciones relativas a las penas privativas
de libertad;
II. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional, provisional
o preparatoria de los sentenciados y acordar las revocaciones que procedan;
III. Aprobar las propuestas que le formulen sobre los casos de
beneficios de liberación anticipada;
IV. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos
días.
ARTICULO 128. En lo que respecta a las cuestiones orgánicas de esta
Comisión y a los procedimientos de su actuación, se estará a lo dispuesto en el
reglamento correspondiente.
ARTICULO 129. La Comisión de Ejecución de Sentencias tendrá oficinas
de representación en cada una de los establecimientos penales a que
representación en cada una de los establecimientos penales a que se
refiere este Código.
TITULO NOVENO DE LAS EXTERNACIONES ANTICIADAS
Capítulo l: Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena
ARTICULO 130. El juzgador podrá suspender condicionalmente la
ejecución de la pena privativa de la libertad, a petición de parte, o de oficio, si
concurren los requisitos siguientes:
I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco años;
II. Que no sea reincidente por delito doloso;
III. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así
como por la naturaleza, modalidad y móviles del delito, se presuma razonadamente que el
sentenciado no volverá a delinquir, y
IV. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya
necesidad de sustituir la pena privativa de libertad, en función del fin para que fue
impuesta la pena.
El beneficio a que se refiere el artículo anterior podrá ser otorgado
en los mismos términos a juicio del juzgador, aún cuando la pena impuesta sea de hasta
siete años, siempre y cuando el sentenciado sea padre o madre de familia con hijos
menores, trabajador o jornalero, mayor de sesenta y cinco años de edad o estudiante en el
sistema educativo nacional, al momento de otorgar dicho beneficio.
ARTICULO 131. ara gozar del beneficio a que se refieren los artículos
anteriores, el sentenciado deberá, a satisfacción del juzgador:
I. Garantizar adecuadamente o sujetarse a las medidas que se fijen para
ello, que comparecerá ante la autoridad, cada vez que sea requerido por esta;
II. Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre
11. Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier
cambio de residencia a la autoridad encargada de su custodia y vigilancia;
III. Asegurar que desarrollará una ocupación lícita dentro del plazo
que se le fije y que se abstendrá de causar molestias al ofendido por su delito o a sus
familiares;
IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de
estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares, salvo
que lo haga por prescripción médica, y
V. Pagar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios
causados.
ARTICULO 132. La suspensión de la pena de prisión comprenderá la de
multa que haya sido impuesta conjuntamente aquella, y en cuanto a las demás penas
impuestas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del
caso, al igual que sobre las medidas de seguridad.
ARTICULO 133. La suspensión condicional de la ejecución de penas a
que se refieren los artículos anteriores, tendrá una duración igual a la de la pena
suspendida, transcurrido la cual se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que
durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con
sentencia condenatoria. Si esto aconteciera, se harán efectivas ambas sentencias, si el
nuevo delito es doloso.
Si el nuevo delito es culposo, la autoridad competente resolverá
motivadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida. Los hechos que originen el nuevo
proceso interrumpen el plazo de suspensión, tanto si se trata de delito doloso como
culposo, hasta que se dicte sentencia firme.
Si el reo falta al cumplimiento de las obligaciones contraidas, el juez
podrá hacer efectiva la pena suspendida o amonestarlo, con apercibimiento de que, si
vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena.
En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas, será aplicable lo previsto para el caso de sustitución de
penas.
ARTTCULO 134. El reo que considere que al dictarse sentencia reunía
las condiciones fijadas para la suspensión de la ejecución de la pena y está en aptitud
de cumplir con los requisitos que ésta apareja, si es por inadvertencia de su parte o de
los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la suspensión
condicional, podrá promover que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo ante
el tribunal competente.
Capítulo II: Conmutación de Sanciones
ARTICULO 135. El que hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada
y se encontrare en el caso de que entrare en vigor una nueva ley más favorable, o en
tratándose de delitos políticos, podrá ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la
Secretaria de Gobernación solicitando la conmutación de la sanción que se le hubiere
impuesto.
A su solicitud acompañará el sentenciado, testimonio de la sentencia
y, en su caso, las constancias que acrediten plenamente los motivos que tuviere para pedir
la conmutación.
ARTICULO 136. Si la conmutación se basare en la imposibilidad de
cumplir alguna modalidad de la sanción por ser incompatible con su edad, sexo, salud o
constitución física, se exigirá la reparación del daño o una garantía que asegure su
pago.
Capítulo III: Libertad reparatoria
ARTICULO 137. Se concederá libertad preparatoria al sentenciado,
previo el informe a que se refiere este Código, de que hubiere cumplido las tres quintas
partes de su sentencia, si se trata de delitos dolosos, o la mitad de la misma en caso de
delitos culposos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos:
I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su
observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia;
II. Que de su estudio de personalidad se desprenda que está apto para
su reinserción en la sociedad y en condiciones de no volver a delinquir;
III. Que se haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado,
sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, en caso de
no poder cubrirlo.
ARTICULO 138. Llenados los anteriores requisitos, la autoridad
competente podrá conceder la libertad, sujeta a las siguientes condiciones:
I. Residir o, en su caso no residir en lugar determinado, e informar a
la autoridad de los cambios de domicilio. La designación del lugar de residencia se hará
conciliando la circunstancia de que el reo pueda obtener trabajo en el lugar que se fije,
con el hecho de que su permanencia en él no será un obstáculo para su enmienda;
II. Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte,
industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia;
III. Abstenerse del uso de bebidas embriagantes y del empleo de
estupefacientes, psicotrópicos o substancias que produzcan efectos similares, salvo por
prescripción médica;
IV. Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le
dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar
sobre su conducta, presentándolo siempre que para ello fuere requerida.
ARTICULO 139. La libertad preparatoria no se concederá:
I. A los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en
materia de estupefacientes o psicotrópicos;
II. A los sentenciados por el delito de violación;
11. A los sentenciados por el delito de violación;
III. A los sentenciados por el delito de plagio o secuestro, excepto
cuando lo cometa un familiar de un menor quien no ejerza sobre él la patria potestad ni
la tutela, o cuando espontáneamente ponga en libertad a la persona antes de tres días,
sin causarle ningún perjuicio;
IV. A los sentenciados por el delito de robo en un inmueble habitado o
destinado para habitación, cuando se realice con violencia sobre las personas,
V. A los delincuentes habituales o a los que hubieren incurrido en
segunda reincidencia.
Los mismos principios se aplicarán para los casos de tratamiento
preliberacional y para la remisión parcial de la pena.
ARTICULO 140. La autoridad competente revocará la libertad
preparatoria:
I. Si el liberado no cumple las condiciones fijadas, salvo que se le
dé una nueva oportunidad, amonestándolo con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar
a alguna de las condiciones fijadas, se revocará su libertad preparatoria;
II. Si el liberado es sentenciado por nuevo delito doloso mediante
sentencia ejecutoriada, en cuyo caso será de oficio la revocación; pero si el nuevo
delito fuere culposo, la autoridad competente podrá, según la gravedad del hecho,
revocar o mantener la libertad preparatoria, fundando su resolución.
El sentenciado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, deberá
cumplir el resto de la pena. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere
este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción.
ARTICULO 141. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria,
quedarán bajo la custodia y vigilancia de la unidad
quedarán bajo la custodia y vigilancia de la unidad administrativa
correspondiente de la Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 142. Cuando algún reo que esté compurgando una sanción
privativa de libertad crea tener derecho a la libertad preparatoria por haber cumplido con
los requisitos que exige la ley lo hará del conocimiento de la autoridad competente,
solicitándola y acompañando los certificados y demás pruebas conducentes.
ARTICULO 143. Recibida la solicitud se recabarán los datos e informe y
se practicarán los estudios necesarios para acreditar los requisitos a que se refiere el
Código Penal. Igualmente se pedirá informe pormenorizado al director del
establecimiento, acerca de la vida del reo en el lugar de reclusión.
ARTICULO 144. La unidad administrativa correspondiente de la
Secretaría de Gobernación resolverá sobre la solicitud.
ARTICULO 145. Cuando se conceda la libertad preparatoria, la unidad
administrativa competente investigará la solvencia e idoneidad del fiador propuesto. En
vista de la información, resolverá si es o no de admitirse el fiador
ARTICULO 146. Admitido el fiador, se otorgará la fianza respectiva en
los términos del artículo respectivo y se extenderá al reo un salvoconducto para que
pueda comenzar a disfrutar de su libertad. Esta concesión se comunicará al director del
establecimiento respectivo, a la Secretaría de Gobernación y al juez de la causa.
ARTICULO 147. Cuando el agraciado incurriera en alguno de los casos
previstos para la revocación de la libertad preparatoria, quien tenga conocimiento, dará
parte a la autoridad competente, para que resuelva si revoca o no la libertad
preparatoria.
ARTICULO 148. Cuando el agraciado cometiere un nuevo delito se estará
a lo dispuesto en el artículo respectivo y el juez de la causa lo comunicará a la
autoridad competente, para los efectos legales correspondientes.
ARTICULO 149. El salvoconducto para gozar de libertad será firmado por
el Director General de Servicios Coordinados de revención y Readaptación Social.
ARTICULO 150.- Cuando se revoque la libertad preparatoria, se
ARTICULO 150. Cuando se revoque la libertad preparatoria, se recogerá
e inutilizará el salvoconducto.
ARTICULO 151. El portador del salvoconducto lo presentará siempre que
sea requerido para ello por un magistrado, juez o agente de la policía judicial.
ARTICULO 152. Cuando hubiere expirado el término de la sentencia que
debiera haberse compurgado, de no concederse la libertad preparatoria, el agraciado
ocurrirá al Tribunal Superior de Justicia para que éste, en vista de la sentencia y de
los informes de la autoridad administrativa, haga de plano la declaración de queda el reo
en absoluta libertad.
Capítulo IV: Indulto y Reconocimiento de Inocencia
ARTICULO 153. Cuando se trate del indulto a que se refiere al Código
Penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto de la
Secretaría de Gobernación.
ARTICULO 154. El Ejecutivo, si así conviniere a la tranquilidad y
seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna, o con las restricciones
que estime convenientes.
ARTICULO 155. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede
en los siguientes casos:
I. Cuando la sentencia se funde en documentos o en declaraciones de
testigos que, después de dictada, fueron declarados falsos en juicio;
II. Cuando, después de la sentencia, aparecieren documentos que
invaliden la prueba en que descansa aquella o las presentadas que sirvieron de base a la
acusación y veredicto;
III. Cuando se presentara prueba de que vive una persona, por cuyo
supuesto homicidio se hubiere sentenciado a otra;
IV. Cuando se sentencia a una misma persona por los mismos hechos en
juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna, y
V. Cuando en juicios diferentes se sentencie a la misma persona
V. Cuando en juicios diferentes se sentencie a la misma persona por
delitos diferentes y se demuestre la imposibilidad de que haya cometido esos delitos al
mismo tiempo.
ARTICULO 156. El sentenciado que se crea con derecho para pedir el
reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Tribunal Superior de Justicia,
alegando la causa en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o
protestando exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá en estos casos la prueba
documental, salvo en el caso de que sea sentenciado por el homicidio de una persona y se
alegue que ésta se encuentra viva.
ARTICULO 157. Recibida la solicitud, la sala respectiva pedirá
inmediatamente el proceso al juzgado o al archivo en que se encuentre y citará al
Ministerio Público, al reo, o a su defensor, para la vista que tendrá lugar dentro de
los cinco días de recibido el expediente, salvo el caso en que hubiere de rendirse prueba
documental cuya recepción exija un término mayor, el que se fijará prudentemente,
atendiendo las circunstancias.
ARTICULO 158. El día fijado para la vista, dada cuenta por el
Secretario, se recibirán las pruebas ofrecidas por el reo por si o por su defensor y el
Ministerio Público pedirá lo que en derecho corresponda. La vista se verificará aun
cuando no concurran el defensor, el reo o el Ministerio Público.
ARTICULO 159. A los cinco días de celebrada la vista, la Sala
declarará si es o no fundada la solicitud del reo.
En el primer caso, remitirá las diligencias originales con informe al
Ejecutivo, para que éste, sin más trámite, otorgue el indulto.
En el segundo caso, se mandarán archivar las diligencias.
ARTICULO 160. Todas las resoluciones en que se concedan indulto se
publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que
hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del
caso.
Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se
comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación
respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán
en el Diario Oficial de la Federación.
TITULO DECIMO
TITULO DECIMODE LA ASISTENCIA AL LIBERADO
ARTICULO 161. Se promoverá en cada Entidad Federativa la creación de
un patronato para liberados, que tendrá a su cargo prestar asistencia moral y material a
los excarcelados, tanto por cumplimiento de sentencia como por libertad provisional,
condena condicional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena.
Será obligatoria la asistencia del Patronato en favor de liberados
preparatoriamente y personas sujetas a condena condicional.
El Consejo de Patronos del organismo de asistencia a liberados se
compondrá con representantes gubernamentales, de los sectores de empleados y de
trabajadores de la localidad, tanto industriales y comerciantes, como campesinos según el
caso. Además, se contará con representación de los Colegios de Abogados y de la prensa
local.
Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato tendrá agencias en los
distritos judiciales y en los municipios de la entidad.
Los Patronatos brindarán asistencia a los liberados de otras entidades
federativas que se establezcan en aquélla donde tiene su sede el Patronato. Se
establecerán vínculos de coordinación entre los Patronatos, que para el mejor
cumplimiento de sus objetivos se agruparán en la Sociedad de Patronatos para Liberados,
creada por la Dirección General de Servicios Coordinados y sujeta al control
administrativo y técnico de ésta.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Este Código entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
SEGUNDO. Queda abrogada la Ley que establece Normas Mínimas sobre
Readaptación Social de Sentenciados y se derogan todas las disposiciones legales y
reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.
TERCERO. La Secretaría de Gobernación dispondrá de un año, a partir
de la entrada en vigor de este ordenamiento, para la constitución de Comisión de
Ejecución de Sentencias y del Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria.
También dispondrá de un año para firma de los Convenios de
También dispondrá de un año para firma de los Convenios de
Coordinación con las entidades federativas a que se hacen mención en este Código.
CUARTO. Asimismo se dispondrá de un año a partir de la entrada en
vigor de este ordenamiento, para la expedición de los reglamentos internos respectivos.
QUINTO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que
cuente la federación para objetivos y organismos afines a la Comisión de Ejecución de
Sentencias y el Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, pasarán a formar parte
de éstos.
SEXTO. Se contará con un año para la publicación del Reglamento de
la Comisión de Ejecución de Sentencias y con seis meses, a partir de la entrada en vigor
de este reglamento para que la Comisión asuma las funciones que este Código le otorga.
México, D. F., Marzo 29 de 2001.
EL PRESIPENTE: Señor diputado, señor diputado Amador:
¿sólo solicita sea turnada a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, únicamente?
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
EL DIP, MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Señor Presidente,
señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Perdón diputado,,. sonido a la curul...
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Sí, Presidente,
solamente para solicitar que también esta iniciativa sea turnada a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública, dado que de acuerdo a las últimas reformas de la Ley
de la Administración Pública, el sistema penitenciario mexicano es de la competencia de
la Secretaría de Seguridad Pública.
EL PRESIDENTE: E3ueno, el diputado ponente solicito que
específicamente sea turnado a Gobernación...
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Pues quien declara el
turno es la Presidencia...
EL PRESIDENTE: Señor diputado Amador.
EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO (Desde su curul): Señor Presidente:
Yo creo que por la naturaleza de la iniciativa, es ejecución de sentencias y tiene que
ver con el ejercicio de gobierno, le corresponde a la de Gobernación y Seguridad
Pública.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación, y Seguridad
Pública.
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APENDICE No. 5
Proceda la Secretaría a dar cuenta con los oficios de la Cámara de
Senadores.
EL C. SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN:
De la Cámara de Senadores, relativo a los CC. Alma Noemí Medina
Gómez y Fermín Paniagua García.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
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APENDICE No. 6
EL C. SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN:
De la Cámara de Senadores, relativo a los CC. Manuel Uribe Castañeda,
David Alejandro Olvera Ayes, Tomás Jaime Aguirre Cervantes, César Augusto Carrión.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
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APENDICE No. 7
EL C. SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN:
De la Comisión de Desarrollo Social relativa a la formulación de un
programa integral para el desarrollo de la Sierra Norte de Puebla.
EL C. PRESIDENTE: Es de Primera lectura, y publíquese también en la
Gaceta.
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En el apartado de Excitativas, tiene la
palabra el diputado Elías Martínez Rufino del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Junta de Coordinación
Política.
EL C. DIP. ELIAS MARTINEZ RUFINO: Con su permiso, señor Presidente;
señoras diputadas; señores diputados: Vengo aquí a presentar una excitativa con
relación al punto de acuerdo que establece la creación de la Comisión Especial del caso
Colosio. A la mejor por otras situaciones debimos haberla presentado en los días más
cercanos al aniversario luctuoso, pero sin embargo yo creo que estamos en tiempo.
La exposición que pasó a hacer aquí el compañero Fernando Ortiz
Arana da cuenta de la relevancia del asunto que sigue existiendo en la memoria de todos
los mexicanos. Por eso yo digo que independientemente de la afiliación Política que haya
tenido, no se debe permitir que el Estado de derecho quede en tela de juicio, se incumpla,
y aun menos en estos momentos en que nuestro país debe afrontar los retos de la joven
democracia mexicana, junto con todas sus instituciones y por supuesto también de esta
soberanía.
Hace seis días se cumplieron siete años que se cometió un crimen que
dejó huella en la memoria colectiva de los mexicanos, éste fue en Lomas Taurinas donde
un pistolero solitario sin mas plan que saciar el antojo personal, según apuntan las
conclusiones de la investigación, mató a un candidato, a un ser humano que más allá de
su militancia Política y de las diferencias Políticas que se pudieran haber tenido con
él, se debe defender que la justicia en nuestro país se aplique y logremos saber
quiénes fueron los homicidas intelectuales que planearon el asesinato del licenciado Luis
Donaldo Colosio Murrieta.
A pesar de los esfuerzos, resulta por demás insatisfactorio que las
demás fiscalías especiales creadas para la investigación del caso y después de tantos
años, durante los cuales han recabado mas de 1,400 testimonios, no exista hasta la fecha
pistas concretas que nos conduzcan a ubicar los móviles y sobre todo, como lo he
mencionado, a los autores intelectuales de tan artero crimen.
No basta con ir a Magdalena de Quino a rendirle un homenaje al difunto
Colosio. Es necesario que el mejor homenaje que se le pueda brindar algún día, sea el de
hacerle justicia y esclareciendo todas y cada una de las causas del homicidio ocurrido
hace siete años, tiempo en que el sufrimiento y la angustia de sus familiares no ha
terminado, y que la duda persiste en millones y millones de mexicanos, que no están
convencidos de la justicia mexicana.
El 17 de octubre un servidor presentó ante esta soberanía un Punto de
Acuerdo, a fin de que se creara una comisión especial que se aboque a investigar los
hechos relacionados con el asesinato de Luis Donaldo Colosio y del actuar de las
Subprocuradurías Especiales.
Hasta el momento no hemos visto por parte de la Junta de Coordinación
Política un dictamen al pleno para su discusión y en su caso aprobación. A diferencia
de ello, el día 9 de noviembre del 2000, el Senado de la República creó una comisión
similar, por lo que se hace necesario trabajar de manera conjunta en la investigación e
indagatorias, y darles seguimiento puntual a los documentos que obran en poder de la
Fiscalía Especial de la Procuraduría General de la República, para que de esta manera
se puedan aportar elementos jurídicos necesarios, que permitan rescatar el expediente que
ambos funcionarios concluyeron y que enviaron el caso a reserva, por haberse agotado las
líneas supuestamente de investigación relacionadas al caso.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 21
fracción XVI y LXXXIX del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado federal integran te del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita a la presidencia de
esta H. Cámara de Diputados, la siguiente excitativa:
UNICO. Excitar a la Junta de Coordinación Política a fin de que
elabore y dé a conocer al pleno para su discusión, el dictamen del Punto de Acuerdo que
crea la Comisión Especial para darle seguimiento a todas y cada una de las
investigaciones relacionadas al homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, la
cual estará integrada por 10 diputados, de los cuales 3 serán del Partido Revolucionario
Institucional, 3 del Partido Acción Nacional, 2 del Partido de la Revolución
Democrática, 1 del Partido Verde Ecologista de México y 1 del Partido del Trabajo.
Punto de Acuerdo presentado a esta soberanía el día 17 de octubre del
2000 por un servidor, y suscrito entre otros por los diputados Salvador Rocha, Guillermo
Hopkins, Fernando Ortiz Arana y Alvara Vallarta del PRI, la diputada Rosalía Peredo del
PT y José Manuel del Río Virgen del Partido de Convergencia Democrática.
Asimismo, de acuerdo al Artículo 21 fracción XVI, solicito al
presidente de la mesa directiva, emplazar para un día determinado a que se presente el
dictamen correspondiente. Es tanto, firma el de la voz.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Elías Martínez Rufino.
Efectivamente siendo una segunda excitativa, esta presidencia con fundamento en el
Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, excita a la Junta de Coordinación Política, para que
resuelva este asunto a más tardar el próximo día jueves 5 de abril y lo notifique a
esta directiva.
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Tiene el uso de la palabra para formular una
excitativa, el diputado Jesús Garibay García, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, en relación a un dictamen pendiente de la Comisión de Puntos
Constitucionales.
EL C. DIPUTADO JESUS GARIBAY GARCIA: Con su venia ciudadano presidente.
Compañeras y compañeros legisladores. El 10 de octubre del 2000, los suscritos diputados
Rafael Hernández Estrada y su servidor, a nombre del Grupo Parlamentario de la
Revolución Democrática, así como los compañeros diputados Eduardo Abraham Leines,
Pedro Manterola Sáenz, Jaime Mantecón Rojo, Marco Paulino López Mora, Nemesio
Domínguez, Martha Silvia Sánchez González, suscribimos y presenté una iniciativa de
decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales.
Segundo. Con dicha iniciativa se busca lograr que el Congreso de la
Unión legisle sobre los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema
de planeación democrática y que se faculte al Poder Legislativo para dictaminar, aprobar
y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo.
En México vivimos tiempos de cambio y entre todos nos habremos de
esforzar porque estos cambios sean positivos y equilibrados es decir, cambios que se
verifiquen en diversos ámbitos de la vida nacional, en lo social, en lo económico y en
lo político.
En el período de sesiones que acabamos de inaugurar hace unos días,
se concentran grandes expectativas de todos los mexicanos en torno a la capacidad del
nuevo Congreso de la Unión; plural y vigoroso como nunca antes para poder incidir y
transformar positivamente el rumbo de la Nación.
Ya dimos muestras de la fuerza del consenso a través de la aprobación
del paquete presupuestario que envió el Presidente de la República para el ejercicio
2001.
Yo les pregunto a ustedes, compañeros ¿acaso esa discusión
significó incertidumbre para el país o una forma de debilitar al Presidente de la
República? De ninguna manera, simplemente las deliberaciones fueron aportaciones y los
legisladores arribamos a tiempo a acuerdos porque pusimos los intereses de la patria por
encima del interés particular. Creo que la visión presidencial fue enriquecida por la
pluralidad que significamos todos nosotros.
El Presidente de la República tiene el mandato de elaborar el Plan
Nacional de Desarrollo para el período 20012006, y lo tiene que enviar al Congreso de la
Unión durante los primeros seis meses de su mandato; sin embargo, las Cámaras no tienen
ninguna facultad para observar y modificar tan importante documento ni tiempo real para
estudiarlo, por lo que el futuro del país se vuelve a cimentar en la visión de un solo
hombre, el Presidente de la República y en el mejor de los casos en la visión de un solo
Poder, el Poder Ejecutivo.
Si queremos seguir fortaleciendo nuestra República y sus prácticas
democráticas, tenemos que dotar de más atribuciones al Poder Legislativo en tareas tan
importantes como lo es la dictaminación, aprobación y evaluación del Plan Nacional de
Desarrollo.
No olvidemos que el artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que
la rectoría económica es función del Estado y el artículo 26 constitucional, ratifica
la obligación del Estado para organizar un sistema de planeación democrático.
El Congreso de la Unión como representación del pueblo y de la
Federación, debe intervenir de manera directa en la aprobación del Plan Nacional de
Desarrollo, ya que es la representación de la sociedad la que debe de ofrecer los matices
de las necesidades más apremiantes y también de las más estratégicas al titular del
Poder Ejecutivo, y velar porque éstas queden debidamente expresadas en el plan rector de
la economía de la presente administración.
Por ello hemos propuesto la reforma a los artículos 26 y 73
constitucionales para que el Congreso de la Unión Establezca en la ley los procedimientos
de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y
los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los
programas de desarrollo.
Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de
planeación y las bases para la coordinación mediante convenios con los gobiernos de las
entidades federativas para el cumplimiento y concertación con los particulares, para la
elaboración y ejecución del mismo por parte del Ejecutivo Federal.
Hemos propuesto también el Poder Legislativo dictaminará, aprobará y
evaluará el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, los cuales tendrán carácter
obligatorio para la Administración Pública Federal.
Considerando que con fecha 10 de octubre los diputados Rafael
Hernández Estrada y el de la voz, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática, presentamos una iniciativa de decreto que reforma los artículos
26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue turnada a
la Comisión de Puntos Constitucionales. Y segundo, que ha transcurrido en exceso el plazo
que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente
a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento y por lo expuesto y fundado, el
suscrito diputado federal de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e
integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto, inciso e) de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XXVI y 87 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos al presidente de la mesa directiva,
diputado Ricardo García Cervantes, se sirva excitar a la Comisión de Puntos
Constitucionales, para que presente a la brevedad el dictamen correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de marzo del 2001.
Por su atención, muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias diputado don Jesús Garibay García.
Como lo solicita y habiendo fundamento legal para ello, se excita a la
Comisión de Puntos Constitucionales para que presente a la brevedad posible el dictamen
de referencia.
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Se ofrece el uso de la palabra al diputado Amador
Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para
formular diversas excitativas sobre iniciativas presentadas.
DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias presidente; amigas y amigos:
Voy a tratar de ser muy breve en estas tres excitativas que presento, a
diversas iniciativas presentadas por mí: una siendo Senador de la República y dos en
ejercicio de esta responsabilidad de diputado federal, con juntamente con otros
compañeros diputados.
La primera tiene que ver con la reforma al artículo 47 del INFONAVIT
es una iniciativa sencilla que solamente toca un artículo, pero que tiene que ver con la
vida, con la dignidad y con las esperanzas de 500 mil trabajadores.
El año pasado un grupo de trabajadores del sector gastronómico del
país, se apoderó de oficinas del INFONAVIT. Su queja era que toda vez que ellos en los
restaurantes, en los hoteles y en los distintos centros de trabajo donde laboran,
únicamente les pagaban el salario mínimo y que a través de las propinas recibían una
ingreso que en muchas ocasiones ea 5 ó hasta 6 veces el salario mínimo. Sin embargo,
para efectos de la cotización en el INFONAVIT solamente cotizaban con el salario mínimo.
Eso significaba que cuando les autorizaban un crédito, el crédito era el más bajo que
había en los créditos del INFONAVIT: alrededor de 70 mil pesos y con 70 mil pesos estos
trabajadores del sector gastronómico en ciudades como Tijuana, como Acapulco, como
Cancún, como Mazatlán y otras con esta misma naturaleza turística donde hay un gran
crecimiento poblacional y donde la tierra tiene un gran valor, con 70 mil pesos pues no
pagaban ni los cimientos.
De tal manera que el derecho constitucional a la vivienda, era una
quimera; que el derecho constitucional a la vivienda en los hechos no existía porque les
otorgan un crédito pero este crédito no lo podían aceptar porque con 70 mil pesos no
podían comprar absolutamente nada.
Por lo tanto, estaban exigiendo al Infonavit que el Infonavit dejara de
ser una financiera y se convirtiera nuevamente con el carácter y el espíritu con el cual
fue formado en los años 70, que apoyara a trabajadores que no tienen recursos, como los
gastronómicos, con la diferencia que el sector gastronómico sí tenía ingresos, pero
que sus ingresos no estaban computados en el salario mínimo.
Acudieron a mi; estuve al frente de esta lucha y logramos que el sector
más renuente a que se atendiera esta demanda de los trabajadores hiciera una pequeña
rendija para que pudiera otorgársele un crédito a estos trabajadores.
Por eso surgió la necesidad de la reforma al artículo 47, para que la
Junta Directiva del Infonavit pueda tomar medidas para que los trabajadores puedan obtener
un documento de su patrón donde diga, a través de ese documento, que tienen una
capacidad de pago mayor que la del salario mínimo y que, por lo tanto, a través de un
sistema de cupones, pueden ellos directamente al Infonavit pagar un crédito mayor.
Esto permitió que se consiguieran 350 créditos, en Tijuana, mil en
Cancún y otros tantos en Acapulco.
Pero en estos momentos la reforma se quedó estancada. En la Cámara de
Senadores, donde la presenté, fue aprobada por el PRI y por el PRD. El PAN no aprobó la
reforma no porque estuviera en contra de la reforma, sino porque las circunstancias
políticas de ese momento exigieron que no votara a favor porque no les parecía justo que
se aprobara una iniciativa del PRI y que ellos, que tenían tantas iniciativas, no fueran
consultadas y no fueran aprobadas.
Entonces, fue más bien por una posición política, no vinculada a la
iniciativa, por lo cual el PAN no votó a favor en la Cámara de Senadores, pero en su
argumentación dijo que estaba de acuerdo con la reforma.
Para aprobar esta reforma en el Senado trajimos a representantes del
Seguro Social, representantes de la Secretaría de Hacienda para que nos explicaran y
corroboraran que este mecanismo no iba a impactar en más impuestos para los trabajadores,
salvando pues la preocupación de que a través de este mecanismo se pudiera gravar más
el sueldo de los trabajadores.
Esta iniciativa llegó aquí en el mes de abril. Ya en el período
pasado hicimos una excitativa y por eso esta segunda excitativa tiene que ver con la
necesidad de que beneficiemos a 500 mil trabajadores.
Yo sé que esta reforma pequeñisima del 47 no es tan heroica ni tan
trascendente como la ley de los pueblos indígenas o como la reforma integral fiscal, pero
tiene que ver con algo que he venido yo alegando en esta tribuna, con necesidades reales
de la gente.
Quizá no sea un tema de los partidos políticos, quizá no sea un tema
del gobierno, pero es un tema de la gente. Por eso le pido, Señor Presidente, que así
con esa determinación con la cual usted pidió que al caso Colosio le fijó una fecha
para que la Junta de Coordinación Política tomara una definición, yo le pido que les
diga a las comisiones respectivas de Trabajo y con opinión de la de Desarrollo y
Vivienda, dictamine esta minuta de la Cámara de Senadores, con lo cual vamos a resolver
el problema de 500 mil trabajadores.
Y aprovecho de una vez para desahogar otras dos excitativas.
EL C. PRESIDENTE: Señor orador, si me permite. Toda vez que usted, en
el uso de la palabra, hará 3 excitativas, ir dando la resolución a cada una de ellas, en
cuanto usted la va planteando.
La iniciativa formulada por segunda ocasión por el Diputado Amador
Rodríguez Lozano para dictaminar la minuta del Senado por parte de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Vivienda de esta Cámara de Diputados, se fija, para
presentar el dictamen correspondiente, el día jueves 5 de abril, rogando a la Presidencia
de la Comisión que encabeza, que es la Comisión de Trabajo y Previsión Social, haga
llegar a esta directiva, antes de la fecha indicada, la resolución y el dictamen.
Continúe en el uso de la palabra el Diputado Amador Rodríguez Lozano.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias, Presidente.
La otra también tiene que ver con problemas de la gente. Seguramente a
todos ustedes les ha tocado el caso de que en sus distritos o en sus estados la gente
mayor de 40 años les dice que no les están dando trabajo en las fabricas, que ni les
están dando trabajo en los establecimientos, porque los consideran que ya llegaron a una
etapa que no son muy productivos y prefieren mejor contratar a gente de 18, 19, 20 ó 25
años
La propuesta que hice fue: modificación al Impuesto Sobre la Renta
para que los empresarios puedan descontar de este impuesto precisamente la contratación
de gente de este tipo de rango, de este trato, de estas características.
De tal manera que hagamos justicia a este sector tan importante del
país, que está siendo marginado por las circunstancias de los mecanismos de la
competencia empresarial.
Por eso este es tan sencillo como estoy comentándole la iniciativa.
Por eso le pido también que formule excitativa, esta no es minuta esta es una iniciativa
nueva, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Con
fundamento en la fracción 16 del artículo 21, se excita a la Comisión de Hacienda y
Crédito Público para que formule a la brevedad posible el dictamen a la iniciativa a la
que se ha referido el Diputado Amador Rodríguez Lozano.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO [PRI]: Por último, señor
Presidente, presentamos, junto con la Diputada Petra Santos, con otros Diputados, la
propuesta de la creación de la tarifa 1F para aquellas ciudades del país en las cuales
durante la temporada de verano el calor es extremísimo, no solamente una hora promedio al
día sino más de cinco horas promedio al día y por lo tanto pedíamos la creación de la
tarifa 1F.
En ésa estaban considerados municipios de Baja California,
fundamentalmente Mexicali, de Sonora y de Coahuila. El propósito es que en esta temporada
de verano las gentes de menores recursos, que tienen que pagar en unas ocasiones hasta
2,000 pesos al mes, fíjense ustedes 2,000 pesos al mes.
Si ustedes van a Mexicali o a San Luis Río Colorado ustedes verán que
siempre la gente pobre está haciendo convenios con la Comisión Federal de Electricidad,
para pagarle lo que le deben atrasado; no les alcanzan los recursos.
Y tenemos que utilizar el subsidio para resolver estos problemas de
contradicción que tenemos que hay gente de escasos recursos y por otro lado las tarifas
eléctricas tan altas.
Es preocupante, las declaraciones recientes del Secretario de Energía,
que estableció que el subsidio debería desaparecerse. Y es que las tarifas
residenciales, las normales, están subsidiadas en un 70 por ciento y las tarifas
agrícolas están subsidiadas en un 90 por ciento.
Realmente de hacerse, de tomarse esta decisión, llevarse a la
práctica esta decisión del Secretario de Energía, yo les aseguro que "las marchas
del EZLN van a ser movimientos de niños". Yo les aseguro que quitar los subsidios a
las tarifas eléctricas va a generar un movimiento muy radical a todo lo largo y ancho del
país.
Me parece que el señor Secretario de Energía no reflexionó
suficiente al hacer esta audaz e irresponsable anuncio. Porque realmente sería
catastrófico para el país que se quitaran los subsidios a las tarifas.
Pero, ¡aquí finalmente lo que pretendo es que la tarifa 1F solamente
para ciertas ciudades, que son las que tienen el clima más extremoso, pueda darse este
subsidio! Porque de no ser así, no habrá posibilidad de que puedan pagar la energía
eléctrica durante la temporada de verano. ¡Estoy hablando de 240 millones de pesos de
subsidio!
Debo decirles que durante el ejercicio de análisis y discusión del
Presupuesto y de la Ley de Ingresos se me dijo que esto ya había sido toma do en cuenta,
que esto y a había sido aprobado de buena fe; no apareció.
De tal manera que solicito que esta propuesta de creación de la tarifa
1F, que en este caso la firma también la Diputada de Sonora Rosario Oros, sea tomada en
consideración y dictaminada a la brevedad posible.
Como lo solicita el Diputado Amador Rodríguez Lozano y con fundamento
en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
mexicano, se excita a la Comisión de Energía para que emita dictamen sobre la iniciativa
referida, a la brevedad posible.
Antes de abandonar el capítulo relativo a excitativas, esta
Presidencia recuerda el señalamiento que en sesión anterior se hizo de fecha determinada
para que la Comisión de Puntos Constitucionales presentara el día de hoy dictamen con
relación a la iniciativa de reformas al artículo 74 constitucional y del artículo 20 y
25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. No habiendo recibido por parte
de la Comisión de Puntos Constitucionales el dictamen exigido, esta Presidencia anuncia
que de no recibir en el día de hoy el informe relativo y, en su caso, el dictamen, la
próxima sesión señalará cambio de turno de dicha iniciativa, como lo establece nuestro
marco normativo.
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El siguiente punto del orden del día
se refiere al desahogo de la agenda política que quedó pendiente desde la sesión del
martes de esta semana.
Se concede el uso de la palabra para formular pronunciamientos sobre el
Día Mundial del Agua, al diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza, del Grupo Parlamentario
del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos. Inmediatamente después el diputado
Jesús Burgos Pinto.
EL C. DIP. MIGUEL ANGEL TORRIJOS AIENDOZ~: Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados: "Nadie sabe lo que tiene
hasta que lo ve perdido". Este refrán mexicano ilustra lo que en México como en
otros muchos países del mundo sucede con el agua.
Hoy la tenemos frente a nuestras curules, embotellada, lista para su
consumo o simplemente la tenemos al abrir el grifo, pero no nos suele preocupar cómo es
que fue conseguida o traída a este lugar, No sabemos a ciencia cierta si para obtenerla
fue privada alguna entidad federativa de agua que tenía proyectada para riego o para
simple consumo local, No sabemos cómo afecta a nuestros connacionales la inadecuada
distribución del vital líquido, simplemente la consumimos.
Sin el agua es imposible cualquier tipo de actividad biológica,
incluyendo la humana, es con ella como se dio origen a la vida en el planeta y se ha
permitido la evolución de sus especies y es necesaria para el balance energético de la
atmósfera.
Cantidades monumentales son evaporadas cada año a partir de los
depósitos de agua, como son los océanos, los lagos o los ríos. Para dar una idea de
tales cantidades diremos que de los océanos se evaporan unos 425 mil kilómetros cúbicos
de agua, que la precipitación sobre los mismos es de unos 385 mil kilómetros cúbicos o
que sobre el continente se precipitan aproximadamente unos 111 mil kilómetros cúbicos.
Luego de señalar las cantidades de agua que circulan y que sabemos que
tres cuartas partes de nuestro planeta están cubiertos de agua, nos hacemos la siguiente
pregunta: ¿Cómo es que habiendo tanta agua en el planeta haya lugares en los que la
gente padece sed?
Aunque hay mucha agua en el planeta solamente una muy reducida parte es
directamente utilizable por el hombre. En ese sentido solamente el 0.01 por ciento de los
depósitos de agua de la tierra fluyen en los ríos, arroyos y de alguna forma son
contenidos en los lagos. Esta, el 0.01 por ciento señalado, es el agua que puede ser
utilizada. Esa cantidad tan reducida de agua dedicada al aprovechamiento humano ha
propiciado, según su distribución, un desarrollo mayor o menor y que ha propiciado una
distribución de manera que más desarrollo haya y así a su vez una mayor concentración
demográfica y por lo tanto mayor consumo de agua, lo que hace que la distribución de
este vital líquido sea dispareja.
De esta manera, cuando se realizan cálculos regionales o por países
sobre los balances entre evaporación y precipitación, resulta que hay regiones o países
que acumulan gran cantidad de agua y otros no, Estas diferencias se reflejan en el
consumo, por ejemplo, un habitante promedio de los Estados Unidos de Norteamérica consume
70 veces más agua en un año que un habitante de Ghana.
En el contexto mundial el uso de agua extraída de los depósitos se
destina a la agricultura, la que consume más del 70 por ciento y crece en un porcentaje
importante año con año.
En nuestro país existen importantes problemas de suministro pues aun
que existen depósitos en el subsuelo estos son extraídos en un volumen mayor que los que
son repuestos por las filtraciones de las precipitaciones de los mantos acuíferos.
En el caso de la ciudad de México el problema está siendo resuelto de
una manera muy costosa pues el agua que se consume en la ciudad pro viene de lugares
apartados más de 200 kilómetros y hay que hacerla subir hasta los 2,240 metros de altura
sobre el nivel del mar, altitud a la que se encuentra la ciudad.
Pensemos bien que el agua que proviene de otros lugares no será con
sumida por ellos provocando con esto potenciales problemas locales; así el agua se ha
convertido en un problema de carácter global reconocido en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo la cual dedico un Capítulo XVIII del
Programa 21 a la Protección de la Calidad y Abastecimiento de los Recursos de Agua
Potable.
Como el aire, el agua es un fluido que circula por el planeta y lo que
se hace en algún lugar remoto puede repercutir en otro; en estos casos, al igual que en
el Río Colorado compartido por los Estados Unidos de Norteamérica y México o bien como
sucede con el Río Bravo, se presentan conflictos relacionados con la calidad y suministro
de agua que tienen que ser resueltos con el concierto de los diferentes países
convirtiéndose entonces en un asunto del orden internacional.
Más ahora que la reducción del nivel del Río Bravo y esto es
importante es de cerca del 45% para este año, según lo demuestran estudios de la
Comisión de Conservación de Recursos Naturales de Texas.
En muchas ocasiones, los problemas del agua se deben a su inadecuada
administración, por ejemplo se considera que sólo el 37% del agua utilizada para el
riego es aprovechada por las plantas, el resto cerca del 53% se considera perdida, por lo
tanto es necesario encontrar nuevas técnicas que mejoren la eficacia en su
aprovechamiento.
En otro caso, también otra de las actividades humanas relacionadas con
el ciclo del agua, tiene consecuencias negativas para la conservación de recursos, nos
referimos a la tala de bosques la cual produce un mayor escurrimiento ocasionando se
acelere la erosión del suelo y dificultando la recarga de los depósitos subterráneos de
los que se extrae el líquido; esto, debe resaltarse, puede aumentar el riesgo de
inundación a las zonas más bajas.
Otro importante problema relacionado con el aprovechamiento de este
recurso, tiene que ver con el calentamiento global de la tierra, la producción de gases
de efecto invernadero que son resultado de las actividades industriales pueden ser causa
del aumento de la temperatura del planeta en unos 2 a 3 grados centígrados. Este
calentamiento estaría acompañado de una expansión térmica de los océanos que se
traduciría en un aumento de entre 0.5 y 1.5 metros en el nivel del mar para este ciclo
que empieza.
Las consecuencias de esta elevación no solamente producía graves
inundaciones en las zonas costeras sino además, salarían los depósitos de agua potable
en los ríos, lo que provocaría que los habitantes de río abajo tu vieran que concentrar
sus asentamientos río arriba escaseando cada vez más el agua potable.
El problema del agua compete a todos y debe servir el Día Mundial del
Agua para que todos tomemos conciencia de nuestro papel como Legislado res e impulsar las
medidas legales, políticas y presupuestales para prevenir los problemas derivados del
consumo irresponsable del agua que hoy en día estamos sufriendo.
Por ello, el Gobierno Federal implementó la Cruzada Nacional por los
Bosques y el Agua el pasado 7 de Marzo ya que constituye una prioridad y asunto de
seguridad nacional para rescatar nuestra gran riqueza natural, Debemos tener iniciativa
para promover mecanismos que hagan sustentable el consumo del agua o por lo menos, evitar
que sea desperdiciada.
Hoy en día todavía tenemos la oportunidad de planear y diseñar
formas que mitiguen los efectos en nuestro país de fenómenos climáticos mundiales que
repercuten ya a estados como los de la frontera norte y conducen a graves sequías que se
han agudizado cada vez mas,
Por ello, para Acción Nacional, la materia de la sustentabilidad de
los recursos es y seguirá siendo de máximo interés y por ello, consciente de lo que
significa para todos los mexicanos el pasado 22 de Marzo, exhorto a todos los presentes a
que hagan un consumo responsable del agua con el pleno conocimiento de que ese recurso es
cada día más escaso.
La conservación de los bosques y la mitigación del cambio climático
son necesarios, no por capricho sino porque afectará ineludiblemente a todo el país en
sus políticas de desarrollo y de aprovechamiento. Sumemos esfuerzos para que no se pierda
ese recurso y asumamos el compromiso de conservarlo, hoy sobre todo que recordamos en esta
tribuna el Día Mundial del Agua.
Muchas gracias. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias diputado don Miguel Angel Torrijos Mendoza. Se
concede el uso de la palabra al diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional para referir se a este tema hasta por diez minutos.
EL DIO. JESUS BURGOS PINTO: Con su permiso señor Presidente.
Ciudadanas y ciudadanos diputados:
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con
motivo del Día Internacional del Agua, hace presente en esta tribuna la importancia
estratégica que representa este recurso para el desarrollo nacional.
Como todos sabemos, actualmente el agua es considerada un recurso
finito de suma importancia para la vida y de la misma forma en que fomentemos su cuidado y
preservación, dependerá que los mexicanos con sus futuras generaciones podamos disponer
de la misma en cantidades y calidad adecuadas.
La Organización de las Naciones Unidas en su XLVII período de
sesiones durante el año 1992, acordó determinar el día 22 de marzo como el Día Mundial
del Agua. Este no es un hecho caprichoso, la Organización de las Naciones Unidas, le
otorga al recurso hídrico la importancia real que tiene y merece pero su relevancia
radica en la creación de conciencia sobre los apremiantes retos que ofrece a la humanidad
su conservación y distribución adecuada.
De acuerdo a estudios de la propia ONU, hoy en día cerca de mil
millones de personas carecen de acceso al agua limpia; esto es, cerca del 20% de la
población mundial.
Asimismo, conforme a sus estimaciones de crecimiento de la población
hacia el año 2025, se calcula que la población afectada ascenderá a 5,500 millones de
individuos, lo que se traduce a las dos terceras partes de los habitantes del planeta.
De igual forma, aprendimos durante nuestra instrucción básica, que
las dos terceras partes del planeta está cubierto de agua y nos quedamos con esa idea de
abundancia que desde el punto de vista de disponibilidad es hoy absolutamente erróneo ya
que en realidad en nuestro planeta alrededor del 97.5 es agua salada; del 2.5% restante,
el 1.4 corresponde a los glaciares polares, a nieve perpetua, a agua empantanada y al
permafrost (?), significando pues que solo el 1.1 es agua dulce disponible para el consumo
humano.
Por otro lado, tenemos que nuestro país el 83% de este recurso se
utiliza en la actividad agrícola, que opera con una eficacia de solo el 55%; es decir, se
desperdicia el 45% de que disponen los productores lo que por obvia razón nos obliga a
hacer un planteamiento a favor de un uso más eficiente y racional a nivel nacional de
nuestro recurso, mediante el establecimiento de tecnología de vanguardia, que haga más
eficiente el aprovechamiento del agua dentro del perfeccionamiento del marco jurídico
para que incida más firmemente en las cuestiones de eficiencia y optimización y se
resguarde con todo el peso de la ley, los intereses de la nació en materia de recursos
naturales.
Y por último, mediante el establecimiento de mecanismos que fomenten
la educación de todos los sectores en la utilización de este recurso, que dé como
resultado una nueva cultura en el uso y aprovechamiento del agua.
En México, un país que su crecimiento poblacional rebaso todas las
expectativas de control demográfico, se hace presente la urgente necesidad de establecer
estrategias que enfrenten el problema por el que estamos atravesando la sequía, sea ésta
provocada por fenómenos naturales o por la conducta irracional o deliberada del ser
humano.
Por ello, a través del análisis de estudios, propuestas y
deliberaciones responsables es como podemos hacer frente a este problema.
Por otro lado, necesitamos seguir actuando de manera dinámica e
inconformista, con lo que se ha logrado hasta este momento. Establezcamos estudios compara
dos a nivel nacional e internacional que nos proporcionen nuevas expectativas de
administración de los recursos; actuemos proactivamente. Hoy que aún es tiempo de
soluciones en el uso y tratamiento del agua, está claro, podemos contribuir con la
naturaleza en su conservación, logrando esto mediante la utilización de instrumentos
idóneos que conviertan en resultados más eficientes y eficaces todas las acciones
relacionadas con el mejoramiento y administración de la infraestructura hidráulica
mexicana.
La viabilidad en el desarrollo sostenido es un hecho que la sociedad
mexicana nos está exigiendo, la justicia social es un principio sin retroceso, es algo
que esta presente y con mucha prospectiva a futuro, lo que implica el compromiso de seguir
avanzando, de convertirnos en actores de primera, en su perfeccionamiento, y ello requiere
disponer inequívocamente del recurso agua.
Para lograr lo anterior es necesario cambiar la visión que todos
tenemos en el uso de este recurso, Tenemos que encontrar en el ahora soluciones, para no
sólo satisfacer la demanda actual del vital líquido, sino además, garantizar la demanda
del futuro cercano, que será por supuesto, aún mayor con el crecimiento demográfico y
el necesario y previsible incremento de las actividades productivas, para las que resulta
crucial, como son, la agricultura, pero también la industria, incluso los servicios,
aunado a la finalidad de preservar el medio ambiente y la biodiversidad en que nos
desenvolvemos.
Acontecimientos actuales, como los enfrentamientos entre poblaciones a
causa de la distribución del agua, enfrentamientos y defensa de cada una de las partes
entre la prioridad del consumo humano y la producción agrícola son problemas muy
sensibles para la agenda nacional.
Los casos de las ciudades que no son sustentables hidrológicamente y
para las cuales se tiene que importar obligadamente agua de otras cuencas, generan no solo
altos costos económicos, sino además conflictos sociales, ya que los pobladores de esas
cuencas se sienten amenazados en su supervivencia, o en un futuro, optar por el
hipotético, lejano abandono de las ciudades que sostienen a tres cuartas partes de la
población nacional y general en 841/2 del Producto Interno Bruto.
Así pues, algunas regiones que concentran sólo a las 35 ciudades más
grandes del país, presentan serios problemas de abastecimiento, los niveles de
disponibilidad ya cayeron a 1900 metros cúbicos anuales por habitante, que se traducen en
sólo 5 metros cúbicos diarios per cápita, nivel considerado por especialistas como muy
bajo.
El agua es también una cuestión de seguridad nacional, ya que se
trata de un recurso estratégico y de invaluable valor, toda vez que podremos vivir sin
petróleo, pero ningún país ni ser viviente podría subsistir sin agua.
El compromiso es en grado mayor, implicando así un llamado a la
sociedad en general, a las autoridades en la materia, a las asociaciones de productores y
a todo tipo de usuarios, para aceptar el reto de reivindicar el recurso, de
responsabilizarnos en trabajar en pro de este ramo.
No cabe duda, se requiere un doble esfuerzo, y nosotros los
legisladores federales estamos dispuestos a enfrentar y cumplir el mismo. ¿De qué
manera?, agendando este tema en el trabajo legislativo, interactuando de manera
responsable para lograr un trabajo con alto grado de responsabilidad en el análisis, y
legislando para actualizar y adecuar el marco jurídico, que incluya la obligatoria e
imperativa necesidad de un mayor saneamiento y reutilización de aguas residuales en las
actividades productivas que lo permitan, velando así por la satisfacción de las
principales necesidades que la sociedad dinámica cambiante nos presenta.
La lucha debe continuar, ya que el reto no se hace esperar. La
solución está en nuestras manos, actuemos de manera progradual con planteamientos
concretos para políticas públicas que fortalezcan los programas y acciones de medición
más precisas; elevación de la capacidad instalada y de su operatividad para el
saneamiento y descontaminación de aguas residuales para su recuso; con un mayor
mantenimiento de la red de distribución, tanto en el medio rural...
EL PRESIDENTE: Por favor concluya su intervención, señor diputado.
EL DIP. JESUS BURGOS PINTO: Sólo un segundo, señor Presidente.
….tanto en el medio rural como el urbano, para reducción de . .
tanto en el medio rural como el urbano, para reducción de pérdidas, saneamiento
financiero de los organismos operadores, inversión en infraestructura y tecnología de
avanzada que eficiente el uso y aprovechamiento del recurso en los sectores agrícola e
industrial; reformas a la Ley General de Salud, reformas a la Ley General de Educación y
modificaciones a los planes de estudio para sembrar en niños y jóvenes una nueva cultura
del agua, y por otra parte, programas de conscientización a la sociedad en general para
su cuidado.
Unamos nuestras fuerzas y sigamos caminando en beneficio de la
sociedad.
Es cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias don Jesús Burgos Pinto.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Rodolfo Escudero
Barrera, último orador inscrito en este tema, del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, hasta por diez minutos.
Antes de que haga uso de la tribuna el diputado José Rodolfo Escudero
Barrera, ruego a la secretaría dé cuenta a la asamblea con la asistencia de los
diputados a esta sesión y ordene el cierre del sistema electrónico de asistencia.
LA SECRETARIA, DIP. ALMA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA: Se informa a la
asamblea que hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 439
diputados.
Ciérrese el sistema electrónico de asistencia.
EL PRESIDENTE: Gracias señora secretaria.
Está en uso de la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera,
hasta por diez minutos.
EL DIP. JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con su permiso, señor
Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
En días pasados celebramos el Día Mundial Forestal, que fue seguido
del Día Mundial del Agua. Cuando se instituyeron los días mundiales se hizo con el
objetivo de que al menos por 24 horas, toda la humanidad reflexionara en torno al motivo
de esta celebración.
Pues bien, nuestro propósito en este día es reconocer el valor
ambiental de los ríos, de los bosques, frente a una política hidrológica y forestal que
estimule el ahorro, la eficiencia y la conservación, como una de las soluciones para los
problemas de abastecimiento de agua y conservación de nuestros bosques. Para ello,
hacemos un llamado a la movilización ciudadana en pro de una nueva racionalidad frente a
un suicida modelo de desarrollo que arrasa los derechos humanos de millones de personas.
Debemos ser abiertos al diálogo con todos los sectores para solucionar
ambos problemas; comenzando por el agua debemos llegar a conocer, proteger y utilizar
racionalmente este recurso.
El agua es uno de nuestros grandes y más preciados recursos naturales,
vital país todas las formas de vida en la tierra y crucial para el desarrollo social y
económico.
La creciente escasez de aguas limpias y utilizables en un mundo cada
vez más agresivo y menos habitable, hace oportuno este llamado a la sensibilidad y a la
reflexión ciudadana.
Debemos promover una nueva cultura del agua basada en la sensibilidad
hacia los valores ambientales y sociales, que sea equitativa y de respeto hacia los
derechos y deberes de todos los ciudadanos.
La cooperación se debe de dar desde el ámbito local hasta el global,
ya que en muchos casos el recurso hídrico es compartido por diferentes países; por lo
tanto su uso debe de ser equitativo. Nuestro futuro depende de un cambio de actitud y
comportamiento hacia el medio ambiente.
El agua como recurso debe de ser utilizada, reutilizada y reciclada;
por ello es necesario invertir en modernización y eficacia en técnicas eficientes como
la desalación, la desalinización y el ahorro.
Los análisis del laboratorio demuestran que el agua destinada al
consumo humano contiene pesticidas de nitratos procedentes de fertilizantes de aluminio y
de plomo procedente de tuberías.
Estamos arte el valor de la calidad del agua, alterarla es un serio
problema contra el bienestar de las personas, contra su propia vida, también es un
atentado contra la naturaleza y todo lo que en ella existe, porque afecta la supervivencia
de la multitud de especies que pueblan la tierra. El agua no es sólo nuestra, señores,
hay multitud de seres vivos a los que también les pertenece.
Otro tema de gran importancia en nuestra política ambiental y que bien
merece que le dediquemos alguna reflexión en voz alta, son los bosques. Estos son un
factor decisivo en el equilibrio ecológico en general, como reguladores del ciclo del
agua en la conservación y mejora de la cubierta vegetal, siendo la mejor defensa contra
la erosión y por ende en la lucha contra la desertificación.
Los bosques también contribuyen a disminuir la contaminación
atmosférica del CO, protegiéndonos de los efectos nocivos del cambio climático y juegan
un importante papel en nuestro desarrollo económico y social.
Se estima que de seguir así, para el año 2025 habrán desaparecido
todas las selvas tropicales; para eliminar el crecimiento anual del dióxido de carbono,
3,2 billones de toneladas, se necesitaría un bosque tropical del tamaño de la India,
Los bosques tienen una función decisiva para el equilibrio planetario
como filtro depurador de gases indeseables en la atmósfera. La presión humana
manifestada en talas masivas, incendios forestales y otras agresiones forestales similares
han mermado su capacidad generadora.
México posee unos 56 millones hectáreas arboladas de bosques y
selvas, una cuarta parte del territorio nacional, de éste la mitad es una mezcla de
selvas tropicales de diferentes características y la mitad es un bosque templado.
Sólo 20 millones de hectáreas pertenecen a bosques y selvas, densos y
compactos. Los bosques y selvas siendo el patrimonio biológico de México y la fuente de
un flujo valiosísimo de bienes y servicios ambientales han estado sometidos a un extenso
proceso de destrucción; nuestro país contaba originalmente con cerca de 22 millones de
hectáreas, de selvas húmedas o de bosques tropicales perennifolios, es decir, los
ecosistemas terrestres de mayor diversidad y de productividad biológica.
Hoy difícilmente restan más de 800 mil hectáreas dispersas en la
región Lacandona, en los Chimalapas y en algunos manchones aislados e inaccesibles en
Veracruz y otras regiones de Oaxaca.
Se ha perdido más de la mitad de los bosques templados de coníferas,
encinos y otras especies que llegaban a cubrir alrededor de 50 millones de hectáreas. Las
masas de mayor importancia sobreviven en Chihuahua y Durango, así como en el eje
volcánico.
La deforestación y consecuente desaparici6n de ecosistemas de bosques
y selvas persiste, a ritmos muy elevados que ubican a nuestro país entre los primeros en
el planeta en lo que se refiere a este dudoso honor.
Los datos oficiales más recientes reportan tasas anuales de
deforestación superiores a las 500 mil hectáreas. Otras estimaciones han llegado a
ubicar las tasas de deforestación en cerca de un millón y medio de hectáreas anuales.
En México los incendios son en su mayoría provocados y casi toda la
superficie afectada se destina o se pretende destinar a la agricultura o ganadería, lo
que garantiza su degradación ecológica y erosión.
A pesar de esta realidad y de sus profundas causas económicas,
institucionales y demográficas, en México los incendios generalmente se factibilidad
natural; pareciera ser que el propósito semejante interpretación es escindir el problema
de sus causas, ya que resulta mejor ser víctima del infortunio que tener que enfrentarse
al problema,
Debemos armonizar la legislación forestal vigente y las conexas para
facilitar el desarrollo sostenible del recurso forestal,
La situación legal y técnica de las áreas o con el fin de revertir
los procesos de degradación ambiental. Esto es una responsabilidad que deben compartir
todos y cada uno de los sectores de la sociedad.
Los bosques y la vida silvestre son un bien estratégico para el
desarrollo socioeconómico, constituyen un elemento clave para la reducción de la pobreza
y de la vulnerabilidad ambiental del país, Su manejo, conservación y uso racional
sostenible, son vitales para la protección de las cuencas hidrográficas, los suelos, la
biodiversidad y el ambiente en general y su manejo debe ser sostenido.
Debemos garantizar la seguridad jurídica de la conservación de la
propiedad forestal nacional y el reconocimiento de los derechos y el respeto y la
regularización de las áreas forestales nacionales, determinando su obligación con el
manejo sostenible de los recursos naturales.
El marco institucional del sector forestal debe ser fortalecido y se
debe garantizar la estabilidad y coherencia del marco legal y de las políticas
forestales.
En el mundo de hoy, además de los estereotipos penales tradicionales,
existen las conductas ilícitas que atentan contra la naturaleza y los derechos humanos
fundamentales como lo es el derecho a la salud o el derecho a una mejor calidad de vida.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado José Rodolfo Escudero Barrera.
Hemos agotado el orden de oradores previamente inscritos para el tema
del Día Mundial del Agua.
Procederemos a desahogar ahora la lista de
oradores previamente inscritos para formular posicionamientos en relación con las Cajas
Populares en el Estado de Jalisco.
Se encuentran inscritos el diputado Herbert Taylor Arthur, y el
diputado José Manuel Correa Ceseña. En ese orden se ofrecerá el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur, del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. HERBERT TAYLOR ARTHUR: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: Para los que creemos en
el mundo del cooperativismo, a los que creemos que la economía solidaria es un método
decente, honesto, sano de desarrollo, para los que creemos que las cooperativas de ahorro
y crédito servirán para desarrollar las comunidades, nos sentimos molestos e indignados
cuando sabemos que personajes con intereses solamente económicos y en este caso
políticos, hacen mal uso y prostituyen el buen nombre de cajas populares que durante más
de 50 años han ido construyendo un prestigio ganado a pulso.
Amigos, haré una reseña de algunos hechos que podrán parecer en
algunos momentos aislados, pero que al después nos daremos cuenta que son una secuencia
de actos lamentables.
Apareció en un periódico de circulación local, en Jalisco, El
Informador, el día 10 de diciembre del 99 una nota en donde daban cuenta que el día 29
de noviembre de 1999, guarden la fecha, el señor, entonces alcalde de Tonalá, Arana,
Jorge Arana Arana, había estado como invitado de honor en la inauguración de una Caja
Popular, que se llama Alianza de Capital Social, y que presumiblemente, y a dicho de
ellos, manejado por un señor de nombre Martín Cruz Pérez.
Tiempo después, como otro hecho, el señor Arana manifiesta que el
señor Martín Cruz Pérez es un buen hombre, es un hombre decente, de buena familia y que
es amigo de él, incluso invita a que se conozca a su familia para que se de fe de la
buena gente que se trata.
Y dice también, en una entrevista en televisión, que este señor se
acercó al señor Arana por intereses políticos.
Otro hecho, estando ya el señor Arana como candidato a gobernador por
el PRI, en búsqueda de la gubernatura en Jalisco, dijo que daría todo su apoyo a los
ahorradores afectados por las Cajas Populares en Jalisco, como sería la de Puerto
Vallarta, la del Sol entre otras, afirmación que fue recogida con aplausos y con buenos
ojos vista. Es una afirmación que no se puede meter a controversia.
Otro hecho, el señor Arana manifiesta en otro momento, que el 15 de
septiembre de 1999, inicia un proyecto y le llama "nuestro proyecto". Y a
pregunta expresa de quien le entrevista le pregunta, si ese proyecto es la búsqueda de la
gubernatura y dijo que sí. 15 de septiembre del 99 el señor Arana inicia su proyecto.
Quiero hilar los hechos, 15 de septiembre de 99, inicia su precamapaña
a gobernador. 29 de noviembre del 99, va a inaugurar como invitado de honor la Caja
Popular Alianza de Capital Social. En febrero del año 2000 se conoce que las Cajas
Populares Puerto Vallarta, y meses después la del Sol, truenan con resultados conocidos
por todos nosotros. En julio es candidato por su partido a la gubernatura.
Digo todo esto, porque la semana pasada apareció en un diario de
circulación nacional Reforma y de circulación local Mural en Guadalajara, que el señor
Arana tuvo 2 millones 580 mil pesos, 2 millones 580 mil pesos para su precampaña
proveniente de una caja popular, precisamente la caja popular que él inauguró en
noviembre del 99.
2 millones 580 mil pesos que le fue quitado al patrimonio de los
ahorrado res. 2 millones 500 mil pesos que ayudaron al quebranto de estos ahorra dores y
de esta caja popular.
Se tiene la declaración de uno de sus cercanos colaboradores, que en
algún momento fuera su secretario particular en el ayuntamiento de Tlaquepaque y hoy
regidor de Guadalajara, el señor Quintín Vázquez, donde re conoce que recibió 16
cheques, de diciembre del 99 a mayo del 2000, observen las fechas.
Del 30 de diciembre del 99, curiosamente solamente 30 días después de
haber inaugurado la caja el señor Arana, recibe el primer cheque por 100 mil pesos.
Señores, parece sospechoso y da la impresión de que el señor Arana fundó esta caja
junto con el señor Martín Cruz Pérez, para utilizarla como caja chica financiadora de
su campaña política. 9 de mayo, a saber hasta hoy, del último cheque. En febrero ya
habían tronado las cajas populares y el señor seguía recibiendo dinero de una caja
popular, seguía desfalcando a sabiendas del quebranto sufrido ya a nivel nacional,
seguía recibiendo dinero el señor Arana.
Algo más: la gente de su precampaña afirma que el costo que tuvo la
campaña fue de 3 millones de pesos, lo que quiere decir que 2 millones 580 mil pesos
provenientes de un solo lugar de la caja popular fue equivalente al 83% de su
financiamiento, a decir del señor Arana; y luego dicen que no sabían de dónde provenía
el dinero, que no le preguntaron de dónde sacaron ese dinero, cuando había un solo
donador que estuvo manteniendo prácticamente toda su campaña, perdonen, esto es
increíble, pero se contradice en una entrevista en televisión cuando le preguntan si no
le sorprende el que en el cheque venía en nombre de la caja y dijo: no, no nos importaba;
y está escrito y están en vídeo. El señor Arana sabía perfectamente de dónde
provenía ese dinero.
La pregunta es: ¿el señor Arana qué estaba pagando o qué pretendía
pagar a cambio de ese dinero, y el señor Martín Cruz Pérez qué pretendía recibir a
cambio de ese dinero? ¡Miren nada más! Para la fundación de esta caja popular se
necesitó que ante un banco la caja pusiera como garantía un terreno curiosamente ubicado
en Tonalá, predio que tiene problemas de litigio, predio que parece ser, parece ser de
esos predios que el señor Arana de manera ilegal, desincorporó del patrimonio municipal
y lo dejó a manos de unos particulares. Se empieza a ver dónde está la ligazón y el
contubernio.
Arana recibió a sabiendas el desfalco a esos ahorradores, aceptó el
83% de financiamiento de una gente, sabía perfectamente que estaba involucrado en
tráfico de terrenos, pero más aún, el alcalde interino de entonces, Arana, afirmó que
había un desvío de 20 millones de pesos que provenía del ramo 33.
Por lo tanto, pedimos y creemos responsable al señor Arana del fraude
y robo a los ahorradores, del resultado ruinoso que provocó a esta caja y exigimos los de
Acción Nacional, que por parte de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda, se haga una investigación al ramo 33; que se aplique toda la ley a los
defraudadores, así intelectuales como materiales y que se observe claramente la actitud
del señor Arana.
Amigos, amigas: Es momento que los ahorradores, que los mexicanos y que
los diputados no aceptemos actitudes políticas de tal nivel de bajeza. El señor Arana ha
fallado a Jalisco, a sus votantes y les ha fallado a los ahorradores.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE. Gracias al diputado Herbert Taylor Arthur.
En el mismo tema tiene la palabra el diputado José Manuel Correa
Ceseña del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.
DIP. JOSE MANUEL CORREA CECEÑA: Bueno, en la Cámara y en esta tribuna
dimos los jaliscienses debates preelectorales; dimos debates electorales; dimos debates
pos electorales y hoy seguramente daremos debates pos, poselectorales. Que así sea.
Como soy un hombre de buena fe y además conozco al señor diputado
Taylor Arthur, que también es hombre de buena fe. Quiero pensar y asumir su grave
preocupación social por los ahorradores, compartirla por supuesto. Y pensando también de
buena fe, por supuesto me niego a creer que trata de capitalizar políticamente y a lo
mejor hasta electoralmente esta serie de reflexiones que aquí hizo. Que me permiten a mí
también hacer una suerte de reflexiones que ojalá vayan más allá de una denuncia o de
una controversia poselectoral.
Quiero decir en primera instancia que no me interesa defender al señor
Arana; no se si lo necesite o no lo necesite, pero no me interesa defenderlo. Si quiere
defenderse pues que se defienda solo. No me interesa puntualizar nada que se refiera al
caso específico del señor Arana. A mí me parece, y esa sería mi primera reflexión,
que ésta no es una barandilla; que se requiere por supuesto una denuncia en este caso;
que se requiere que se arme una averiguación previa y que luego con los elementos propios
de una averiguación previa, se ejerzan las funciones jurisdiccionales del caso hasta
llegar a sus últimas consecuencias. Y si el señor Arana o quienes están señalados o
quienes fuesen señalados en el decurso del procedimiento son responsables, pues que
paguen la consecuencias de acuerdo a lo que establezca el órgano jurisdiccional del caso.
Ese es el asunto y esa es mi primera reflexión, que intervenga el
Ministerio Público mediante denuncia; que intervengan los organismos jurisdiccionales y
que califiquen el hecho y que lo resuelvan.
Miren ustedes, aquí se habló de una especie de enjuiciamiento en
relación con este caso. Yo creo que se debe de desahogar, como se deben desahogar muchos
casos. Por cierto, a la comisión del tema, debemos de conminarla a que se desahogue un
asunto pendiente con el señor Alberto Cárdenas ex gobernador de Jalisco. Yo creo que
debemos de ver eso, porque miren ustedes, y también estableciendo que el señor diputado
Taylor convendrá conmigo en esto, que bueno, hay que ser parejos; nunca hay que ver la
basura en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Si hay responsabilidad y si esta Cámara tiene el deber de desahogar
ese tipo de asuntos, bueno, pues que los desahogue.
¿Qué otra reflexión me merece este asunto? además claro, de dejar
el tema a que lo diluciden los organismos del caso: Ministerio Público, juez, tribunal. Y
que lo que resuelvan resuelto esté; resuelto esté. No, aquí debemos de tener mucho
cuidado, mucho cuidado en no lucrar políticamente con el dolor de los ahorradores, sobre
todo porque estamos a punto de legislar todas las fracciones, de legislar sobre la
materia.
Se me antoja otra reflexión final. Ya hay muchos casos de esta
naturaleza, en donde se usan recursos en precampaña, y son recursos, ¿de dónde salen?
¿cuál es su origen? hay cuestiones inexplicables de candidatos a gobernadores, de
gobernadores electos, de gobernadores constitucionales, de presidentes constitucionales en
donde el origen de los fondos es, por lo menos muy raro, muy inexplicable.
Mi reflexión es la siguiente y que sí es responsabilidad, ésta sí
es responsabilidad de esta Cámara, sí es obligación de esta Cámara. Legislemos en
materia electoral para normar los recursos en precampaña de todos los partidos
políticos, con normatividad perfecta, es decir, la resolución, la norma y la sanción, y
la sanción en caso de violación.
Por eso decía yo que en mucho comparto la suerte de consideraciones
que hizo aquí el Señor Diputado Taylor Arthur, que yo no quería defender a nadie, que
sean los organismos del caso los que resuelvan, pero que sí me interesa dejar sentado
esto: en este asunto, y en otros, no veamos la paja en el ojo ajeno y escondamos la viga
en el propio. La justicia es justicia. Asumámoslo así.
Hay, hay gobernadores, hay gobernadores que tuvieron problemas por
irregularidades en fondos de campaña; hay presidentes de la república que también lo
tuvieron. Normemos esto. Aprovechemos esto para meternos en el derecho electoral y norma,
prescribir, con toda claridad, la racionalización de los recursos en precampaña;
sancionemos a quien haga mal uso de ellos o cuyo origen sea irregular o de cualquier
naturaleza que no esté normada por la Ley Electoral, que nosotros de alguna manera
elaboremos al respecto.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al Diputado José Manuel Correa
Ceceña.
EL C. DIPUTADO HERBERT TAYLOR ARTHUR: Pido la palabra para alusiones
personales.
EL C. PRESIDENTE: Para alusiones personales, el Diputado Herbert Taylor
Arthur. Tiene usted la palabra hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO HERBERT TAYLOR ARTHUR: Con su permiso, Señor
Presidente. He de agradecer a nuestro amigo, el Diputado José Manuel Correa, la gentileza
de sus deferencias en la tribuna. Sabe bien que también lo he considerado siempre un
hombre de recta intención y de buena fe.
Difiero en el asunto de que éste es un tema eminentemente y solamente
de tribunales. Sí. Ya los afectados están iniciando los procesos pertinentes al
respecto. Ya están caminando por esa vía. Pero amigos, los hombres públicos, los
hombres que han llevado un sendero y en donde han puesto su honor y su decencia al operar
como moneda cara, como moneda valiosa, como moneda de cambio y de oferta a los ciudadanos
merecen, en las buenas como en las malas, una sentencia pública.
El Señor Arana, el Señor Arana le ha fallado a sus electores, que
creyeron en él; le ha fallado a los ahorradores, a quienes ha desfalcado, en contubernio
con otros personajes. Y estoy también seguro que sí tendrá que entrarse a los
tribunales y aplaudo y celebro la no defensa estéril de gente que ha fallado.
Creo que esa actitud habla muy bien de las instituciones que no quieren
comprar broncas que no procesaron internamente. Eso habla de actitud decente de su
institución.
Y por otro lado, también estoy de acuerdo con el Licenciado Correa,
con el Diputado José Manuel Correa el que es necesario que a nivel estatales, como a
nivel federal, se haga un proceso y se haga un estudio y en lugares aquí en la Cámara de
todo lo que tenga que ver con materia de precampañas. Un lugar que se presta a la nada y
a los abusos.
Y creo que en esa laguna el Señor Arana ha cometido tropelías. Muchas
gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado Herbert Taylor.
Se le concede el uso de la palabra al Diputado José Manuel Correa
Ceceña, para alusiones personales, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA CESEÑA [PRI]: Con su permiso, señor
Presidente.
Señoras Diputadas; Señores Diputados:
Muy breve, muy breve y como corolario de mi intervención. Hay un viejo
principio de derecho: "La inocencia siempre se presume" Y perdónenme que hable
en estos términos, pero es un principio fundamental de derecho: "La inocencia
siempre se presume, la culpabilidad hay que de mostrarla".
Este asunto del señor Arana, yo no sé si él sea responsable, todo lo
que se sabe es lo que ha aparecido en prensa exclusivamente. Yo no sé si sea responsable
o no sea responsable. Yo por eso me atengo a lo que el procedimiento judicial marca en
estos casos y es un principio de derecho justamente éste.
No me interesa defenderlo porque no lo sé, porque no ha habido un
procedimiento, porque no se ha incoado ningún enjuiciamiento, porque no hay las denuncias
y la averiguación correspondiente, etcétera.
Me interesa, eso sí, eso sí me interesa subrayar, vamos, ya no que se
participe que no se fraccionalice este asunto. Y sobre todo que si vamos a tocar
irregularidades en asuntos de precampaña, toquémoslos todos y señalémoslos todos
porque también hay un principio fundamental de derecho: la equidad y la buena fe.
Eso es todo.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Muchas
gracias, don José Manuel Correa Ceseña.
EL C. DIPUTADO ALONSO ULLOA VELEZ [PAN. Desde su curul y sin
micrófono]: Para rectificación de hechos.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN] Para
rectificación de hechos se le concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos,
Diputado Ulloa Vélez.
EL C. DIPUTADO ALONSO ULLOA VELEZ [PAN]: Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
Creo que vamos avanzando bien en este caso. El hecho de que no se le
considere como un tema partidista es ya un avance. Bien lo decía el Diputado Taylor, este
asunto tiene que ver, por un lado, con la defraudación a muchos ahorradores de una caja
popular en este ambiente de fraudes a las cajas populares en los últimos meses, pero que
desafortunadamente este caso es doblemente grave: una caja popular que todos los indicios
parecen indicar fue armada para robar dinero a la gente y que, además, ese dinero fue
destinado a una campaña política, y si acaso ese es el único punto en que tocamos lo
político.
Y miren, el Diputado Taylor hacia referencia a algunas notas
periodísticas en donde se señalan terrenos irregulares en todo este proceso. Y déjenme
decirles como operaba, entre algunas otras cosas, el entonces alcalde de Tonalá Jorge
Arana.
Allá el 15 de mayo del '98 el señor Jorge Arana firma un oficio junto
con el señor José de Jesús Cortés Ramírez, su Secretario General y Síndico, en donde
le otorga el más amplio perdón legal a favor del ciudadano Benito Sánchez Martínez, en
virtud de que una vez de que han analiza do los hechos denunciados por lo que representa
la autoridad municipal en el sentido de unos terrenos de la comunidad indígena de Santa
Cruz de las Huertas. Cedió derechos a particulares. Y, bueno, le ofrece un perdón legal
y se lo gira al Agente del Ministerio Público para terminar este pleito en el que estaba
involucrado el ayuntamiento.
Esto no tendría pues nada de raro. Desafortunadamente no existe un
acta de cabildo previa a este documento, que le autorice al señor Presiden te Municipal a
desistirse de una controversia en la que está participando el ayuntamiento.
Y por lo tanto, me parece que es uso indebido del poder, quién sabe
con qué intenciones.
Esto junto con todo esto que estamos viendo habla de malos manejos, de
una actitud inadecuada del señor Jorge Arana. Se ha hecho referencia de las denuncias del
propio alcalde priísta de Tonalá, en donde declara que hay faltantes de alrededor de 20
millones de pesos del Ramo 33, que presumiblemente se hubieran ido a la precampaña o a la
campaña.
Y me parece que esto es algo que debe de ser investigado por esta
Cámara, sobre todo por esta parte del uso de recursos del Ramo 33. Y ojalá la Comisión
de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda pueda tomar esto en cuenta e incluir una
auditoría especial al ayuntamiento de Tonalá, basándose en estos dichos.
Creo que vale la pena esta investigación. Coincido plenamente: no
participemos y no politicemos el caso, pero no lo olvidemos. No podemos hacerlo a un lado,
los ahorradores merecen que atendamos este caso.
Muchas gracias.
[Aplausos]
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias a
usted, Diputado don Alonso Ulloa.
Ha solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos y se
le concede por cinco minutos al Diputado Salvador Cosío Gaona.
EL C. DIP. SALVADOR COSIO GAONA (PRI): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros: A mí me parece muy adecuada la excitativa
que se hace aquí para que la autoridad, la pesquisidora primero y después la judicial,
del Estado de Jalisco, agilice las investigaciones, recabe en forma adecuada, expedita,
todo aquello que deba hacer para ultimarlas, consigne a la autoridad y determine en su
caso si hay y quiénes son los responsables de este asunto; me parece muy adecuado y me
sumo a ello.
Y parafraseando al diputado Correa y sumándome también a esa
exhortación o ese planteamiento, creo que si vamos a hablar de cuestiones de esta
índole, de personajes públicos que en el uso de sus facultades o en su personería como
presidentes municipales inauguran cajas populares, dan permisos para que operen y después
se presume que hay también cuestiones, toquémoslas todas, toquémoslas todas y también
exijamos a la autoridad judicial o a la autoridad pesquisidora que actúe también
rápidamente.
Y, bueno, en este caso vale la pena comentar que hace nueve años en el
municipio de Mascota, el señor presidente municipal, el ingeniero Humberto Rodríguez
Rodríguez, otorga un permiso al señor Adolfo Ochoa Madrigal, muy amigo de él, para
abrir la caja popular de Mascota, pero curiosamente el permiso municipal solamente dice:
"Para una oficina de servicios de cómputo". Nueve años funciona la caja
popular de Mascota, el señor Rodríguez Rodríguez después repite como alcalde de
Mascota, la caja sigue funcionando, no se cumple por parte del presidente municipal de
Mascota ni por la anterior también panista, la actuación que debe tener de verificar el
que una licencia municipal sea para lo que se otorgó, funciona la caja popular y resulta
que ahora la persona en referencia ya no opera en la caja popular, ya se fue del país
seguramente y ha fraudeado a cerca de mil familias de Mascota, de Atinguillo, de
Sebastián Talpa y más lugares cercanos, por una cantidad cercana a los mil millones de
pesos.
Y, bueno, se puede presumir también que el señor Rodríguez
Rodríguez, doblemente exalcalde de Mascota, la última ocasión se separa de su cargo
para hacer precampaña y luego campaña para contender como diputado federal en contra de
un servidor por cierto no pudo y se presume que utilizó este dinero para su precampaña y
su campaña. ¡Seamos parejos señores!
También yo les pido: Súmense a esta exhortativa para que la
Procuraduría del Estado de Jalisco, que se ha visto muy lenta integrando averiguaciones,
integrando las denuncias de la gente ésta afectada, también lo haga rápido, Igual, si
hay algún culpable se investigue, si hay alguna desviación que pudo haber cometido el ex
alcalde de Mascota, Humberto Rodríguez Rodríguez, en su complicidad, también se
investigue y se diga claramente.
Como decía Correa: No estamos defendiendo a nadie. Si hay ya una
investigación en el caso de la Caja Alianza ..., como se llame, pues se llegue adelante,
se diga quienes son culpables, se les juzgue, se les castigue, se nos norme el
procedimiento de precampañas para todos, pero también o todos coludos o todos rabones,
vamos haciendo las cosas como se debe.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Gracias
diputado don Salvador Cosío Gaona.
¿Don José Antonio?
EL C. DIP. JOSE ANTONIO GLORIA MORALES (Desde la curul): Para
rectificación de hechos, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE: Solicita el uso de la palabra el diputado José
Antonio Gloria y se le concede hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO GLORIA MORALES (P.A.N.):Muchas gracias
señor Presidente. Yo pienso que el punto ha sido muy claro, que ya aquí en esta tribuna
se ha dado la receta para ese tipo de situaciones y es que se denuncie, que se investigue
y si alguien resulta responsable, que se le castigue con todo el peso de la ley.
Sin embargo hay una diferencia entre lo que se está hablando y la
referencia que acaba de hacer el orador que me antecedió. La diferencia es que él parte
de una presunción que no se ha probado, que ni siquiera se ha aceptado por parte de los
involucrados y en el caso del señor Jorge Arana hubo una aceptación tácita y, bueno,
también hay un viejo principio de Derecho que dice, que en estas situaciones, pues el
relevo de pruebas.
Yo lo que quiero resumir es que queda muy claro el estilo de hacer
campa ña del señor Jorge Arana, porque también hace escasos días, además de este
escándalo con respecto a esta Caja Popular, pues también surgieron denuncias con
respecto a un fraude, a un desvío de fondos de TELECOM y que fue denunciado justamente
por trabajadores de TELECOM y denuncian que hubo como 100 mil telegramas que se enviaron
para apoyar la campaña del señor Jorge Arana, que se hizo en horas hábiles, que se les
ofreció un dinerito extra a esos trabajadores, que no sé de dónde lo iba a sacar el
señor Arana, denuncian probablemente de la Caja de ahorros denuncian que se usaron
vehículos de TELECOM para eventos de campaña y, bueno, finalmente lo que podemos
concluir de esto es que el estilo de hacer campaña indica que hay muy poca estatura moral
en esta persona que aspiró alguna vez a gobernar un estado tan importante como Jalisco.
Finalmente, para la reflexión, amigos y amigas Diputados, creo que
para los políticos, especialmente para los políticos, la sinceridad es la fuente de la
respetabilidad.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias. Compañeras y compañeros Diputados, nos
restan poco más de hora y media del tiempo reglamentario de esta sesión, dos puntos de
la Agenda Política, cinco Proposiciones con Puntos de Acuerdo, de forma tal que con el
apoyo de lo dispuesto por el Artículo 23, Inciso C), voy a conceder el uso de la palabra
a un orador más por hechos, y luego rogaré a la Secretaría consulte a la Asamblea si se
considera suficientemente discutido el tema, para dar oportunidad a desahogar e integrar
la Agenda de esta sesión.
Se concede el uso de la palabra para rectificaci6n de hechos, al
Diputado José Manuel Correa Ceceña, hasta por cinco minutos.
EL DIP. JOSE MANUEL CORREA CESENA: Señor Presidente, con su permiso.
Señoras diputadas, señores diputados:
Bueno, a mí me da mucha pena, les ruego que me disculpen voy a ser muy
puntual, muy rápido, muy breve. Un par de cosas nada más. Quizás ustedes piensen que la
ropa sucia se debe de lavar en casa ¿verdad?, quizá también piense lo mismo, así es
que me voy rápido.
Primero una puntualización de carácter técnico.... No, no, en este
caso no hay relevo de pruebas diputado Gloria, no es así, está mal citado. Este tipo de
casos se necesita denuncia, se necesita armar averiguación previa y se necesita la
instrucción, la investigación judicial, o sea, todas las fases del proceso judicial.
Primero, como información cultural.
Dos. Está bien, está bien que al señor Arana se le incoe el
procedimiento del caso y con el señor Arana a quienes en las mismas circunstancias hayan
ocurrido este tipo de irregularidad; a quienes les hayan acontecido este tipo de
irregularidades, repito y perdónenme por la alusión evangélica, no hay que ver nada
más la basura en el ojo ajeno y no la viga en el propio.
Es decir, hay casos, hay casos que tienen que ver con autoridades
actuales de Jalisco no lo voy a mencionar en este momento porque no quiero en este momento
caer en un debate pedestre, pero también, también no es decoroso que se siga aludiendo
específicamente a alguien sin especificar otros casos que existen de carácter estatal y
de carácter nacional.
Está bien, hay que señalar las irregularidades parejas, sin
rasgamiento de vestiduras, sin rasgamiento de vestiduras, vamos normando eso, vamos
normando los recursos de precampaña y sancionando a quien caiga en irregularidades, quien
sea, de cualquier partido.
Eso es todo. (aplausos)
EL PRESIDENTE: Gracias. Han hecho uso de la palabra hasta este momento,
ocho oradores; el debate se ha centrado entre las posiciones del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional. Han hablado un orador
por grupo parlamentario, de diez minutos, y tres oradores de cada grupo parlamentario, de
cinco minutos. Estando equilibrado el uso de la palabra, le ruego a la Secretaría
consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el tema.
EL SECRETARIO, DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Por instrucciones de la
Presidencia se consulta a la Asamblea en votación económica si consideran
suficientemente discutido el asunto que ha sido debatido.
En favor:
V O T A C I O N
En contra:
V O T A C I O N
Mayoría.
EL PRESIDENTE: Evidentemente está suficientemente debatido. Muchas
gracias diputado Bernardo Borbón.
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Se concederá el uso de la palabra a los oradores
registrados en el tema "Comentarios sobre los 100 primeros días de gobierno del
licenciado Andrés Manuel López Obrador". Se encuentran registrados el diputado
Carlos Alberto Flores Gutiérrez, la diputada Rosa Delia Cota Montaño y el diputado
Víctor Hugo Círigo Vázquez; en ese orden se les ofrecerá el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Flores
Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.
EL DIP. CARLOS ALBERTO FLORES GUTIERREZ: Gracias señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El pasado 21 de marzo, el Jefe de Gobierno de esta ciudad, Andrés
Manuel López Obrador, presentó un presunto informe de labores de sus primeros 100 días
de gobierno, mismo que al parecer solo fue un evento partidista.
Al Jefe de Gobierno se le olvida la relación institucional que debe
existir entre los distintos poderes ya que no invitó a los legisladores federales como
locales a este evento que no tuvo nada de la austeridad republicana que tanto pregona el
señor López Obrador; si bien fue un evento magno en el que no pudieron faltar los miles
de trabajadores del gobierno del Distrito Federal, que por cierto no acudieron por su
propia libertad,
El gobierno perredista de esta ciudad lleva más de 1,200 días y no
solo 100 como quieren hacer noslo creer.
Hemos visto que no existe un programa integral de gobierno solo
acciones aisladas, populistas y con fines clientelares y corporativistas, Se ha gobernado
a través de bandos que se encuentran fuera de toda legalidad ya que el Jefe de Gobierno
solo está facultado para emitir reglamentos y decretos.
A los gobiernos que se han distinguido por conducirse por bandos los ha
caracterizado el autoritarismo y el menosprecio al órgano legislativo, tal como ha
sucedido con este gobierno.
El Jefe de Gobierno dice que él sí cumple sus promesas de campaña,
sin embargo, durante la misma señaló que se construirán 20 mil viviendas anualmente
pero durante el informe mencion6 que en el presente año s61o se construirán la mitad.
Dice que ya tiene los terrenos para construir las preparatorias y la
Universidad del Distrito Federal, sin embargo no tiene ninguna facultad para dar
reconocimiento oficial a estos estudios, por lo que la población escolar que acuda a
estas escuelas se verá engañada y defraudada por la autoridad del Distrito Federal. Qué
bueno que el Gobierno del Distrito Federal diga que no aumentará el precio de los
servicios públicos, pero que mal que no haya una política económica responsable; el
Gobierno del Distrito Federal recauda cada vez menos, tan sólo en el período de 1997 a
2000, la recaudación de impuestos en el Distrito Federal cayó 5. 2% en términos reales,
en 1997 el 10.9 del padrón vehícular no pagaba tenencia; en el 2000 esta cifra se
incrementó a 48.8%.
Desde el inicio de la gestión del PRD en la recaudación por concepto
de tenencia ha caído en 50%, lo que vemos es una gran dependencia de la Federación, tan
sólo en el período de 1997 a 2000, los ingresos que recibe el Distrito Federal de la
Federación, como proporción de sus ingresos propios, pasaron de 57 a 73%. El Gobierno
del Distrito Federal se endeuda cada vez más, el sal do de su deuda pública es de casi
30 mil millones de pesos, de los cuales más del 50% fue contratado en la administración
perredista, por lo que los diputa dos federales del Partido Acción Nacional no estamos
dispuestos a aprobar más monto de endeudamiento al Gobierno del Distrito Federal, si es
que no se da un cambio en la irresponsabilidad financiera. Claro que sabemos que el gran
problema de nuestra ciudad es la inseguridad, pero de ninguna forma nos causa gusto, ni
mucho menos nos frotamos las manos de que el Gobierno del Distrito Federal no pueda contra
este gran mal, no señor Jefe de Gobierno, en Acción Nacional no le apostamos al fracaso
de su gobierno, por el contrario, deseamos que tenga buenos resultados, nosotros también
somos ciudadanos del Distrito Federal y padecemos de todos los problemas de esta gran
ciudad, sabemos de la dificultad que tiene para resolver todos y cada uno de estos, sin
embargo, nos preocupa la falta de disposición del Jefe de Gobierno a la colaboración
entre las fuerzas políticas de la ciudad para afrontar este problema.
Tiene razón el Jefe de Gobierno cuando dice que los hombres se miden
por la entereza de sus convicciones y por la coherencia entre lo que piensan y lo que
hacen.
Por eso le pedimos, señor Jefe de Gobierno, sea coherente, por un lado
acepta que la inversión privada es indispensable para el desarrollo, e informa de la
creación de un consejo promotor de proyectos específicos para el desarrollo económico
del Distrito Federal, pero por otro lado, oculta que para abrir un negocio en el Distrito
Federal los trámites tarden 70 días por el exceso de regulación que fomenta la
corrupción y que esta ciudad ocupa el último lugar entre las 32 entidades del país,
acerca de la calidad de gestión y trámites empresariales, según el Centro de Estudios
Económicos del sector privado.
Señor Jefe de Gobierno:
Usted dice que los recursos para los programas territoriales de
desarrollo social provienen de ahorros por el programa de austeridad de su gobierno,
cuando en realidad los 4, 233 millones de pesos utilizados se conforman por recursos y
transferencias del Gobierno Federal al que tanto criticaron y que autorizó esta Honorable
Cámara de Diputados, en el que su partido sólo cuenta con el 10% de los diputados.
Por otro lado, por fin reconoce que la ciudad es presa de la
inseguridad, des pues de haberlo negado innumerables veces, estos 100 días, qué bueno,
es de sabios rectificar, pero lo malo es que no presenta ningún problema integral que lo
resuelva y solo justifica la delincuencia, asumiendo que los pobres son delincuentes, y
usted en esa importancia culpa al modelo económico actual de la gran inseguridad que
existe. Lo cierto es que el problema de la corrupción dentro de las estructuras
encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia de esta ciudad
continúan. Como ejemplo, tenemos los graves incidentes en días pasados en el Barrio de
Tepito.
Licenciado Andrés Manuel López Obrador:
No cometa el mismo error del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de pensar
primero en la Presidencia de la República, antes de cumplir con su mandato ante los
ciudadanos del Distrito Federal.
En Acción Nacional estamos dispuestos a colaborar para resolver todos
y cada uno de los problemas de esta gran ciudad, en conjunto con las autoridades del
Distrito Federal.
Señor Jefe de Gobierno, recuerde: el necio desespera de lo que espera;
el sabio espera lo inesperado. No vea un enemigo en Acción Nacional, construyamos juntos
nuestra gran ciudad.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias al diputado Carlos Alberto Flores Gutiérrez.
En el mismo tema, tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota
Montaño, del Partido del Trabajo, hasta por diez minutos.
LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con su permiso señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El tema a discusión es sin lugar a dudas de suma importancia para
millones de mexicanos, no sólo para los que nacieron y viven en esta gran urbe, sino
también para muchos compatriotas que por una u otra razón tienen necesidad de visitar la
ciudad capital de todos los mexicanos.
En el Distrito Federal, una ciudad de contrastes, durante más de 7
décadas su administración y gobierno fueron atribución del Ejecutivo Federal, quien
hasta 1997 tuvo la facultad de nombrar a un regente para que se encargara del despacho de
los asuntos concernientes al gobierno del entonces Departamento del Distrito Federal.
Sólo la participación decidida de sus habitantes les permitió
recuperar el pleno uso de sus derechos políticos, para que a partir de 1997 eligieran
mediante el voto a quien debería gobernar en la ciudad, ciudad de contrastes en la que se
genera poco más del 24 por ciento del Producto Interno Bruto, y que sin embargo padece
grandes índices de marginación y pobreza, que han incidido en un crecimiento urbano
anárquico que demanda día a día de mayores y mejores servicios públicos; una ciudad
que debe prestar servicios a una población flotante que diariamente en promedio es de
poco más de 4 millones de personas, principalmente provenientes de la zona conurbada con
el estado de México. Una ciudad en la cual su problemática es directamente proporcional
a la dimensión poblacional de la misma; una ciudad en la que durante administraciones
pasadas se generaron y fomentaron intereses de diversa índole y que hoy inciden
negativamente en su desarrollo y en su seguridad. En fin, una ciudad con problemas de tipo
financiero, de servicios públicos, transporte, de vivienda, inseguridad, pobreza y
marginación, así como en algunos casos corrupción y deficiencias administrativas.
Así, actualmente en el Distrito Federal, sede de los Poderes de la
Unión, por voluntad de sus habitantes muestra un variado mosaico en el cual deben
convivir gobiernos de diverso signo político. Por un lado, el Gobierno Federal de
extracción panista y por otro, en el nivel local, un gobierno que fue impulsado durante
el pasado proceso electoral del 2 de julio del año 2000, por diferentes partidos
políticos, entre ellos el Partido del Trabajo, asimismo, en este nivel participa el
Partido Acción Nacional con la jefatura de cinco delegaciones políticas.
Lo anterior lo señalamos como marco de referencia para poder entender
que la problemática que padece el Distrito Federal es de carácter crónico. Su solución
requiere de un esfuerzo de trabajo continuo, de cuantiosos recursos en una nueva cultura,
así como de la participación de todos.
Consideramos que son pocos cien días para evaluar los resultados de la
actual administración del Distrito Federal, no obstante, habrá que reconocer sin
prejuicios los esfuerzos realizados por el licenciado Andrés Manuel López Obrador,
actual jefe de Gobierno, para abatir la corrupción y las ineficiencias que por mucho
tiempo ha observado la administración pública del Distrito Federal.
El Partido del Trabajo considera que debemos esperar un tiempo
razonable para evaluar con mayores elementos su administración. Al mismo tiempo,
saludamos con simpatía que el Jefe de Gobierno inicie la sana práctica de rendir
cuentas, que esperamos que en el futuro sean dirigidas a toda la población del Distrito
Federal y no únicamente, como se percibió, a la militancia de su partido.
Finalmente le hacemos un atento llamado para avanzar en la reforma
política del Distrito Federal de manera incluyente para avanzar en l, lucha contra la
corrupción y la inseguridad pública para que su gobierno continúe atendiendo a los que
menos tienen, pero sin olvidar que debemos de gobernar para todos los habitantes, que debe
gobernar para todos los habitantes del Distrito Federal.
Por su atención, muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias a la diputada Rosa Delia Cota Montaño.
Tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Círigo Vázquez, del Partido
de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
EL DIP. VICTOR H. CIRIGO VAZQUEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros diputados, compañeras diputadas:
Me alegra mucho que el día de hoy, me parece que si' vinieron nuestros
compañeros del PAN, porque también creo que tenemos que ser francos; es evidente que los
compañeros vienen en plan de camorra, todavía respiran por la herida, por los
acontecimientos del día de ayer, y vinieron primero golpeando a nuestros compañeros del
PRI y ahora se siguen con nosotros, los diputados del PRD.
Compañeros Me parece que el diputado de ese partido que hizo su
análisis sobre los 100 días de gobierno dijo algo que es verdad, "que es de sabios
cambiar de opinión". Yo creo que nuestros compañeros deberían de cambiar de
opinión y asumir que cometieron un enorme error cuando votaron en contra de la presencia
de EZLN en esta tribuna. Eso es lo que tienen que empezar a aceptar, cometieron un error y
hoy quieren...
EL DIP. MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul): Señor Presidente . .
EL PRESIDENTE: Diputado orador, le pido un momento por favor...
EL DIP. VICTOR H. CIRIGO VAZQUEZ: ... vamos al tema, claro que sí,
señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Sí, sí, a ver un momento señor diputado orador.
¿Dígame diputado?
EL DIP. MANUEL MINJARES JIMENEZ (Desde su curul): Para que le pregunte
a mi amigo el diputado Víctor, si acepta una pregunta.
EL PRESIDENTE: Señor diputado orador, ¿aceptaría usted una pregunta?
EL DIP. VICTOR H. CIRIGO VAZQUEZ: Al final de mi intervención con
mucho gusto, señor diputado.
EL PRESIDENTE: Señor diputado al final de la intervención se le
concede la palabra para formular su pregunta. Continúe señor diputado orador.
EL DIP. VICTOR H. CIRIGO VAZQUEZ: Bien, la comparación entre el
Gobierno de la ciudad y el Gobierno Federal es algo que, bueno, nuestros compañeros del
PAN al principio se negaban pero hoy lo aceptan y nos da mucho gusto porque quiere decir
que le dan una enorme importancia al gobierno de nuestra ciudad, el cual definitivamente
lo tiene o a lo mejor es muy pequeño el tamaño del Federal, pero cualquiera de los dos
casos nos felicitamos que así sea y evidentemente estamos en una política distinta a
todas luces en la ciudad. ¿Por qué? Porque mientras en la ciudad se está gobernando con
hechos, en el caso federal desafortunadamente no podemos decir lo mismo.
Evidentemente lo que hace diferente al Gobierno de la ciudad es que
efectivamente, como aquí se ha dicho, esta presentando propuestas concretas, hechos que
se transforman día a día en realidad.
Tenemos el asunto de la Universidad, efectivamente se plantea que esta
Universidad con sus 16 preparatorias en agosto estará arrancando. Aquí se nos viene a
amenazar que a lo mejor no nos dan el registro, no nos dan el reconocimiento, quisiera que
no fuera en el for1do esa la idea de nuestro compañero diputado porque dice que el
reconocimiento de esos estudios lo da la SEP, efectivamente, pero repito, esto ojalá no
fuera una amenaza de que esto no va a ser así, que lo va a ser dado por el Gobierno
Federal.
La cuestión es que mientras a nivel nacional se nos vende imagen, se
nos vende un presidente de marketing, que miente, que viene desde el principio a decirnos
que los compromisos de campaña son una cosa y ya el ser Presidente es otra, en el caso
del ejercicio de gobierno en la ciudad estamos viendo cómo se destinan mas de 4 mil
millones de pesos efectivamente en más de 300 programas de desarrollo social y
subprogramas, Esos son hechos, hechos son amores.
En el caso de los compañeros del PAN nos dicen: no es verdad que
Andrés Manuel tenga sólo 100 días, ellos ya tienen más tiempo en el poder. Cuando yo
escucho los planteamientos y las propuestas del Gobierno Federal, en particular del
Presidente, me queda la sensación de que ustedes llevan 18 años en el poder, porque es
la misma política económica que se está aplicando y que ha depauperado a millones de
mexicanos, Esa es también una situación que ustedes tienen que valorar.
Se habla también con gran bombo y platillo del Programa de los
Changarros y termina siendo un verdadero fraude y una ofensa a la inteligencia de quienes
han creído que efectivamente esto podría haber sido una alternativa de vida. Este famoso
Programa de Créditos que también anunciaron, tiene criterios moralistas más que en
relación econ6mica de pobreza real de la población para otorgarlos.
Evidentemente ésta es otra de las diferencias, mientras se va a cobrar
un 70 % de intereses en estos créditos, en el caso de los créditos de ampliación de
vivienda y de otro tipo para la mocro, pequeña y mediana industria en el D. F., es del 3
%. Esa es otra diferencia entre el Gobierno Federal y el gobierno de esta ciudad.
Evidentemente, también tenemos otro tipo de mensajes y de agravios que
se están cometiendo dentro de estos primeros 100 días de gobierno federal y que fue el
veto a la Ley de Desarrollo Rural que esta Cámara aprobó junto con la de Senadores. Esos
son los hechos que muestran las diferencias, efectivamente, entre un Gobierno Federal y un
gobierno local.
Les agradecemos mucho que traigan a esta tribuna el asunto porque nos
interesa mucho hacer estos contrastes, entre efectivamente el perfil de un gobierno
anclado en la izquierda, orgullosamente anclado en la izquierda, que direcciona el gasto
hacia el desarrollo social, y un gobierno que está desde ahora lanzando muy claros
mensajes para quien está pretendiendo gobernar el país.
La inclusión de cinco prominentes industriales en el Consejo de
Administración de PEMEX, también es parte del balance que habrá de hacer de ese
gobierno que tenemos a nivel federal.
En el caso del gobierno de la ciudad, efectivamente y se ha reconocido
públicamente por el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el informe de sus cien
días de gobierno. Tenemos el problema de la seguridad pública, no lo elude. Se habla de
que éste es un problema también de percepción entre la ciudadanía y que es necesario
atacar con más fuerza, con más ímpetu para lograr un descenso más ostensible de los
índices delictivos. Se asume que existe el problema y se asume el compromiso de
combatirlo; pero también eso hay que decirlo, se requiere de una política de Estado en
materia de seguridad pública que no existe y que en gran medida es una tarea del
Ejecutivo Federal.
Queremos más contrastes. En el caso de la ciudad de México, el costo
del boleto del Metro no ha subido de 1.50 que es su costo, a pesar de las presiones del
Gobierno Federal para que éste aumentara.
También se dice que necesitamos reforzar el asunto de la recaudación
fiscal en la ciudad. Es verdad, pero también hay que decir que ha habido avances y que ha
aumentado en un 25 %, que de 86 millones que se recaudaban al día, hoy se recaudan 108
millones, es decir, 22 millones de pesos más diarios de recaudación fiscal se dan en
esta ciudad en estos primeros cien días de gobierno.
Y una diferencia todavía más importante: Mientras el gobierno de la
ciudad ha aumentado los salarios de sus trabajadores hasta un 11% 4 puntos más por encima
de la inflación, nuestro misógino Secretario de Trabajo anuncia un miserable 6.5% de
aumento salarial a los salarios mínimos de los trabajadores. Esa es otra de las
diferencias que también nos interesa hacer patente en esta intervención.
Finalmente se aduce aquí que no ha habido efectivamente la invitación
para el informe. La invitación circuló, se hizo pública, pero hay un problema que
necesitamos plantear, Efectivamente nosotros si ese es el caso, investigaremos y
mejoraremos, propondremos mejorar los canales de comunicación entre los diputados
federales y el gobierno de la ciudad, mejorar la coordinación porque hay muchísimos
temas que son de implicación local y de implicación federal. Evidentemente que las
observaciones que se puedan hacer en ese terreno, son bienvenidas, las asumimos.
Por lo tanto, en la inauguración de la universidad, por supuesto que
los esperamos y ojalá en esta ocasi6n no falten.
Muchísimas gracias.
(APLAUSOS)
EL C. PRESIDENTE: Diputado don Víctor Hugo Círigo Vázquez: había
usted aceptado que el diputado Manuel Minjares le formulara una pregunta. ¿ El diputado
Manuel Mijares tiene interés en formular la pregunta? Sonido en la curul del diputado
Manuel Minjares por favor.
EL C. DIPUTADO MANUEL MINJARES JIMENEZ (desde su curul): Gracias señor
presidente. Señor diputado, lo que pasa es que usted al inicio ha ce una relación entre
la votación que hicimos hace ocho días y el gobierno del licenciado López Obrador.
¿Pudiese usted describir, para ilustrar a esta Asamblea, cuál es el proceso lógico para
llegar a concluir que existe una relación entre esa votación del PAN y el gobierno de
Andrés Manuel López Obrador?
EL C. DIPUTADO VICTOR HUGO CIRIGO VAZQUEZ: Con mucho gusto diputado, lo
hice como una especie de introducción para explicar el estado de ánimo de su bancada.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: ?Hemos agotado el orden de oradores inscrito en este
tema? Solicita el uso de la palabra el diputado Mauricio Candiani, a quien se le concede
hasta por cinco minutos para rectificación de hechos.
EL C. DIPUTADO MAURICIO CANDIANI GALAZ: Con su permiso señor
presidente. Señoras y señores diputados y diputadas. No hemos escuchado más que un
cúmulo de argumentos que pretenden justificar lo que no informó bien, lo que informó
corto y lo que informó mal el Jefe de Gobierno en su pasado informa imperial en el
Auditorio Nacional de la Ciudad de México.
Y permítanme centrar el tema, y con todo respeto le digo a los
compañeros de la Revolución Democrática y a mi buen amigo, el compañero diputado
Círigo, que si lo que quiere es debatir la administración pública del presidente Fox
registre el tema, debatámoslo, con franqueza, con conocimiento, con concepto, pero no
venga mis, mi estimado compañero diputado, a querer negar el debate del que estuvo
oficialmente registrado de la administración del licenciado López Obrador, en función
de otro tipo de asuntos que sólo pretenden distraer la atención.
Permítanme centrar alguno de los argumentos, porque es paradójico,
cómo hemos encontrado en esta lógica de contrastes que se ha querido presentar, como lo
exponía el orador que me antecedió en la palabra, una inconsistencia de cuestión.
Es paradójico que se argumente una posición que se quiere pretender
poner ante la opinión pública, como cuestionable y cerrada, cuando se habla del veto de
la Ley del Desarrollo Rural, pero no se cuestione con la misma intensidad el veto, y lo
voy a decir correctamente, el veto que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal hizo no
hace mucho al decreto de programas de desarrollo urbano de la Asamblea Legislativa del
Distrito Federal.
¡Qué paradójico es que el Jefe de Gobierno está muy pendiente de
decir nos los cheques, que quiero pensar que con la mejor de las intenciones, le está
entregando a mucha gente que en efecto los necesita de la tercera edad!
Pero, ¡qué lamentable que el Jefe de Gobierno no exponga con la misma
intensidad las soluciones concretas que esté realizando, y las acciones de resultados
específicos, para que los delincuentes no le sigan quitando el dinero bien ganado a los
habitantes del Distrito Federal!
¡Qué paradójico es, que está muy pendiente, aparentemente el Jefe
de Gobierno, en su informe, en sus posiciones, en su análisis de las acciones de la
federación en contra del contrabando, en contra de una serie de temas, pero no saca la
cara con la misma intensidad de crítica, cuan do los judiciales a su cargo fallan en el
ejercicio de su actuación, curiosamente en el mismo lugar, en Tepito, donde él criticaba
las acciones no hace mucho tiempo.
Amigos, el tema es el Informe del Jefe de Gobierno del Distrito Federal
y cuando nosotros escuchamos ese informe, sentimos que el Jefe de Gobierno olvidó un
aspecto central, que es que en el Distrito Federal gobiernan en forma conjunta, desde
luego en la respectiva distribución de facultades que cada ámbito de competencia le
otorga en la Constitución a los distintos órganos de gobierno y a los Poderes Federales
y que en su informe, como lo señaló el diputado Carlos Alberto, no tuvo la más
elemental cortesía de invitar a los Poderes Federales para que también atendiéramos ese
informe y para que también tuviéramos la oportunidad de contrastar opiniones y hacerlo
con toda apertura democrática.
Amigos, quizá el anuncio más importante y con esto concluyo del Jefe
de Gobierno, es su intención de seguir polemizando, lo dijo con bombo y platillo:
"seguiré polemizando con la Federación, seguiré manifestando los puntos de vista
que él considere pertinentes", que es cierto; en efecto así lo dijo palabras más,
palabras menos.
Pero desde Acción Nacional lo que queremos decirle con toda firmeza es
que si los ciudadanos, muchos de los que están en las calles hubieran tenido oportunidad
de atender y rebatir ese informe, le hubieran dicho "señor Jefe de Gobierno, el
lugar de seguir plemizando con la Federación, póngase a hacer su trabajo lo mejor
Posible; en lugar de seguir polemizando, póngase a dar resultados que fue lo que
prometió".
Si quiere polémica, amigos, analicemos con objetividad y con franqueza
todos y cada uno de los resultados que dio, midámoslo y estoy seguro que más de uno
concluirá de que el Jefe de Gobierno se quedó excedido en su pronóstico, excedido en
sus afirmaciones y corto en sus resultados.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Candiani.
Se le concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Hernández
Raigosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para
rectificación de hechos, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA. Con su permiso, señor
Presidente.
Compañero diputado Candiani, me da mucha tristeza que el debate se
ciña solamente a que usted no fue invitado a ese informe.
Quiero comentarle que si en algún lugar se resienten los asuntos de la
inseguridad es en los lugares donde gobierna el PAN. Baste, baste analizar los asesinatos
de las mujeres en Ciudad Juárez, baste señalar que el Presidente Fox a casos como la
fuga del "Chapo" Guzmán le llama un gol, al atentado contra el Gobernador de
Chihuahua lo llama de la misma manera; los asesinatos que se han dado en contra de una
serie de personas ejecutadas y que al día siguiente el Presidente de la República dice
que son meros goles, o el atentado contra los familiares de Macedo de la Concha, o las
declaraciones solamente falaces de que vamos a combatir al narco y que por otra parte
vemos cómo ejecuta, cómo acciona, cómo trabaja impunemente y que en el caso particular
de Tepito, hay que señalarlo, no los vemos, no vemos a la PGR operando, desmantelando los
carteles que ahí operan impunemente a su arbitrio.
Sin embargo, hay que señalar que el Presidente Fox, durante mucho
tiempo en su campaña señaló, ofreció ¿y quién no recuerda frases y matices de los
chiquillos, soy deboto católico, amigo de los niños de la calle, cantante, conductor de
radio, defensor del presidencialismo, católico a ultranza de los valores familiares?, y
sin embargo en el mes de enero el 2% al gas. Eso . familiares y sin embargo en el mes de
enero el 2% al gas. Eso sí le duele a la gente, el aumento impune al precio del gas y que
hasta este momento hemos visto una medida enérgica para parar la voracidad de las
empresas gaseras en contubernio con PEMEX y con la Secretaría de Energía.
Quisiéramos escuchar que nos dijeran por qué ese avasallamiento de
las clases populares hoy, con la intención de incrementarle el IVA a los alimentos y
medicinas, cuando tenemos en este país una gran cantidad de pobres que si se les aplica
el IVA, estarían en condiciones de morir de hambre. Es decir, el Presidente Fox,
traicionó, está traicionando a quienes votaron por él; ¿por qué? porque está
atentando contra las clases populares aumentando solamente el 6.5% y queriendo aplicar el
IVA medicinas y alimentos impunemente .
PRESIDENTE: Señor orador ¿me permite una interrupción?
DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (desde la curul) Pido la palabra.
PRESIDENTE: Sonido en la curul del diputado Alejandro Zapata Perogordo.
DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (desde la curul) Señor presidente, yo
sí le pediría una moción de orden, porque estamos debatiendo lo referente a los 100
días de gobierno del señor López Obrador en el Distrito Federal. Y no he escuchado a
que el orador haga mención para nada, al centro del debate y se ha metido a otros temas.
Entonces, mucho le solicitaría que instruyera al orador que se dedicara el tema que se
está debatiendo.
Muchas gracias.
PRESIDENTE: Siendo una de las causales de moción de orden, quiero
rogar al orador se ciña al tema que se ha señalado.
Continúe en el uso de la palabra.
DIP. ALFREDO HERNANDEZ: No ha lugar señor presidente, es tema, es
debate, así es que yo voy a seguir señalando lo que veo en contraste del gobierno de la
ciudad, con el gobierno federal.
Y si todavía alguien tiene duda de que el gobierno de Vicente Fox, es
un gobierno que le interesa más los medios de comunicación que atender a millones de
familias pobres en este país, solamente hay que señalar lo siguiente: 90 días de
gobierno foxista, ocupa 24 mil 125 horas de promoción en 518 canales de televisión y 119
mil 582 horas en 1419 estaciones de radio, ¡qué bárbaro! y sólo en el horario
comercial, no crea que en la madrugada, como se usaba antes; con razón tanto mensaje a la
Nación, en vivo y en directo. Tanta entrevista de TV al señor Fox; tanto spots con el
águila recortada y todo con cargo a los que les quieren cobrar hoy el IVA. Y todo por un
decreto de radio y televisión, que promulgó en aquel tiempo Díaz Ordaz.
Los empresarios de los medios seguramente estarán felices porque el
señor Vicente Fox, está utilizando los recursos de aquéllos que no los tienen y que hoy
se los va a cobrar a través de más del 30% del incremento al precio del gas anualmente,
a través del incremento a la gasolina; a través del incremento al IVA. ¿Ese es el
gobierno que ofreció el Presidente Fox a millones de pobres que confiaron en él? Hoy
decimos con mucha claridad: Nos está traicionando.
Por su atención, muchas gracias.
PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra para rectificación de hechos,
hasta por 5 minutos el diputado Máximo Soto Gómez, del grupo parlamentario del PAN.
off
Dl P. MAXIMO SOTO GOMEZ: Con su permiso señor presidente.
El diputado Raigoza que me acaba de preceder, hablaba precisamente del
tiempo utilizado en la televisión. ¡Vamos qué es curioso! El señor López Obrador lo
ocupa todos los días muy temprano y para decir tonterías.
El negocio, el negocio de la demagogia ha resultado ser en estos
últimos meses, un negocio muy rentable para supuestos luchadores sociales.
Un ejemplo muy claro de lo anterior es sin lugar a dudas el señor
Andrés Manuel López Obrador, cuya mejor política de gobierno es oponerse
sistemáticamente a todo lo que dice propone el señor Presidente de la República.
Bastaron menos de 100 días para que el hombre de Macuspana nos
demostrara a todos que su mejor talento está enfocado a la organización de marchas y
tomas de pozos petroleros.
Nos demostró que es mejor incendiario que bombero. Lamentablemente, la
ciudad ya está harta de los flamigeros dirigentes. Al Señor Andrés Manuel le sobra
retórica y le faltan ideas.
De manera inverosímil, el Señor López Obrador agotó todo el capital
político y la legitimidad que lo respaldan y gracias a las cuales llego a la jefatura de
gobierno de una ciudad increíblemente grande para su capacidad, extraordinariamente
compleja. Y para colmo, ni siquiera su ciudad natal.
Tal vez lo que el Señor Andrés Manuel López Obrador necesita son
más horas de sueño y menos bandos de gobierno.
López Obrador ha perdido su tiempo; ha hecho perder el tiempo de los
capitalinos. Nos ha dicho que la ciudad es segura, cuando es evidente que la criminalidad
en la ciudad de México no ha sido combatida, como prometió, pese a que él diga lo
contrario.
Sin embargo, el Señor presta oídos sordos sin lugar a dudas el tema
es de mayor interés para los capitalinos. Adicionalmente, ha preferido entablar
desesperadamente batallas mediaticas, algunas de las cuales ya rayaron en lo ridículo con
quien él, erróneamente, considera su adversario personal.
El gobierno ya rebasó la frontera de los 100 días, pero todavía no
llega el momento en que haga su aparición la honestidad valiente de la que tanto
presumió.
Los capitalinos todavía no pueden apreciar esa transferencia que
proclamó a los 4 vientos en cada oportunidad que tenía. Para comprobar lo anterior
bastaría con preguntarle su opinión a los cientos de contribuyentes, pese a que tuvieron
que sufrir la burocracia que caracteriza al gobierno capitalino.
Acudieron a las cajas de la Tesorería del Gobierno del Distrito
Federal a pagar en tiempo y forma sus impuestos también tú, pues eres actor y ahora si
el gobierno no les reconoce su pago porque el Señor Manuel López Obrador no fue capaz de
combatir las mafias que operan dentro de las tesorería del Distrito Federal. Mafias que,
por cierto, no pudieron o no quisieron combatir sus compañeros de partido que le
antecedieron en el puesto.
Estos primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador
pueden ser descritos con una palabra: incongruencia. Francamente resulta bastante
desalentador que el encargado del destino de la ciudad de México realice una consulta
popular para saber si los habitantes del Distrito Federal están a favor o en contra de
los bloqueos en calles y avenidas, siendo que él mismo fue uno de los principales
promotores de este tipo de acciones.
Pero la incongruencia no termina aquí, ya que después de realizar una
consulta pública a su forma y modo, con una metodología bastante cuestionable
preguntando lo que evidentemente arrojaría una respuesta obvia, termina por no cumplir y
respetar la decisión de los capitalinos que le hicieron llegar por todos los medios
posibles, incluida su seudoconsulta.
Yo lo que le pediría que no engañe al pueblo. La ley no es para
votarse, es para cumplirse y él, como autoridad, juró cumplirla y hacerla cumplir. El no
puede ser el primero en romperla sólo porque se dice apoyado por una consulta popular.
En todo caso, si no está de acuerdo que le haga llegar sus
observaciones a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o por medio de ésta, en su
caso, al Congreso de la Unión para que así, dentro de la ley y el respeto a la división
de poderes, se modifique, abrogue o legisle lo que sea necesario, pero deje ya de pisotear
la ley enarbolada lo que él interpreta como democracia.
Muchas gracias.
[Aplausos]
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias,
Diputado Máximo Soto Gómez.
Se concede el uso de la palabra al Diputado Esteban Daniel Martínez
Enríquez para rectificación de hechos por cinco minutos, del grupo parlamentario del
PRD.
EL C DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ [PRD]:
Compañeros Diputados y Diputadas:
El día 1o. de diciembre se presentó un señor a esta tribuna y dijo
lo siguiente:
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y
patrióticamente el cargo de Presidente de la República, mirando en todo por el bien y la
prosperidad de la Unión, por los pobres y marginados de este país.
"Si así no lo hiciere que la Nación me lo demande".
Hoy el pueblo de México tiene que demandar que cumpla el señor Fox
con este mandato, que aquí el señor Fox pronunció.
A los primeros días de gobierno el señor Fox empezó los golpes al
pueblo de México. El señor Fox los primeros días anunció un raquítico aumento de
salario mínimo: 6.5 por ciento.
Hoy en este contraste del gobierno del Distrito Federal con el gobierno
de Vicente Fox parece que causa molestia al Partido Acción Nacional. Parece que les
molesta que Andrés Manuel López Obrador si' esté cumpliendo con sus promesas de
campaña. Parece que les molesta que la gente...
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Señor
Orador: ¿Me permite una interrupción por favor?
EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ [PRD]: Sí.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Sonido en la
curul del Diputado Daniel Ramírez.
EL C. DIPUTADO DANIEL RAMIREZ DEL VALLE [PAN. Desde su curul]: Señor
Presidente: Quisiera ver si el orador acepta una pregunta.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: ¿Acepta
usted una interpelación, señor orador?
EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ [PRD]: Adelante.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Formule usted
su pregunta. Se detiene el tiempo y formule usted su pregunta Diputado don Daniel
Ramírez.
EL C. DIPUTADO DANIEL RAMIREZ DEL VALLE (PAN. Desde su curul]: Quisiera
saber si parte de los 100 días de gobierno del señor Manuel López Obrador ha sido hecho
por Vicente Fox, porque todos los temas a los que se han referido nuestros compañeros han
sido del señor Presidente.
Entonces quisiéramos saber si la defensa del señor López Obrador es
hablar del señor Presidente Fox.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Continúe,
por favor.
EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ [PRD]: Los ciudadanos
del país en estos 100 días están desencantados con el gobierno del señor Vicente Fox,
en estos 100 días de gobierno del señor Fox con todas sus incongruencias: un día dice
una cosa y hoy dice otra.
El señor Vicente Fox a estos 100 días ha dado los mayores golpes al
pueblo de México de toda su historia: aumento del IVA a los alimentos y medicinas.
[Exclamaciones en el salón: " ¡ Aaaaahhhhh!"]
Esto el pueblo de México no se lo va a perdonar. Por eso los
contrastes que estamos marcando entre el gobierno del Distrito Federal y el gobierno de
Vicente Fox debe de quedar muy claro para los ciudadanos de este país.
En el caso del Distrito Federal...
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Señor
Diputado: ¿Me permite un momento por favor?
Sonido en la curul de la Diputada Mónica Serrano.
LA C. DIPUTADA MONICA SERRANO PEÑA [PAN. Desde su curul]: Gracias,
señor Presidente.
Nuevamente pedirle que le solicite al orador que se suscriba al tema
que se está tratando.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Funde por
favor su moción. Es que, permítanme, las mociones de orden deben de estar fundadas en la
violación a un artículo particular del reglamento. Ningún orador debe ser interrumpido
cuando está en uso de la palabra, salvo para formular preguntas o moción de orden. El
orador autorizó la formulación de una pregunta. Estamos en la agenda política en donde
el tema es hacer comentarios sobre los temas inscritos.
De forma tal que no habiendo forma de esta Presidencia de recriminar
sobre el contenido de los comentarios, solo procedería una moción de orden, fundando la
violación de un artículo del reglamento.
LA C. DIPUTADA MONICA SERRANO PEÑA [PAN. Desde su curul]: Sí, señor
Presidente. El artículo es el 104 del Reglamento.
EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Artículo
104. "Ningún Diputado podrá ser interrumpido mientras tenga la palabra a menos que
se trate de moción de orden en el caso señalado en el artículo 105 o de alguna
explicación pertinente, pero en este caso solo será permitida la interrupción con el
permiso del Presidente y del orador".
El artículo 105. "No se podrá reclamar el orden sino por medio
del Presidente en los siguientes casos":
"Para ilustrar la discusión con la lectura de un documento.
"Cuando se infrinjan artículos de este Reglamento y en cuyo caso
deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias contra alguna
persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión".
Continúe en el uso de la palabra el señor orador, después de esta
moción.
EL C. DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Muy bien.
Señores de Acción Nacional, pues pareciera que a ustedes les preocupa
mucho que en este país se conozcan las incongruencias del Presidente de la República,
por eso nosotros desde esta tribuna estamos mencionando sobre los asuntos que el señor
Vicente Fox no ha cumplido y que al parecer va a seguir con la misma política económica
de los regímenes anteriores, esto golpeando a la economía popular.
Por eso es importante que en el país se conozca, es importante que en
el país se sepa cuáles son las cosas que dice el Presidente y cuáles son las que
cumple. Por ejemplo, hablando de la inseguridad, los estados donde más hay inseguridad es
en los estados que gobierna el PAN, eso lo tiene que saber el país. En el caso del
sistema penitenciario las fugas que ya son conocidas se han dado en este gobierno ¡los
mismos funcionarios del régimen anterior siguen en el sistema penitenciario; los derechos
humanos, la corrupción siguen imperando en estos centros.
Como muestra un bot6n. De miles de casos de sentenciados que no han
recibido los beneficios de ley, hoy está uno, el señor Sabás Cruz, en el penal de Santa
Martha Acatitla.
Podemos seguir mencionando varias de las incongruencias del señor
Vicente Fox. En el caso del Distrito Federal ya mencionaron los salarios para los
servidores públicos ha sido hacia arriba; en el caso del gobierno federal no ha sido de
esa manera. En el caso de los viajes del señor Fox al extranjero, en el caso del Distrito
Federal se han estado visitando las comunidades para saber cuáles son sus necesidades.
Subsidios al transporte colectivo, subsidios que han beneficiado directamente a los
bolsillos de los ciudadanos; el Metro sigue costando $1.50 desde hace cuatro años,
subsidios que van repito directamente a beneficiar a los ciudadanos del Distrito Federal.
No se diga de los beneficios que están recibiendo las personas de la tercera edad, que
son más de 200 mil, con un presupuesto que no alcanza y que el Gobierno del Distrito
Federal ha remarcado muy constantemente la austeridad republicana y el combate a la
corrupción; eso es lo que debiera de hacer el señor Vicente Fox, de combatir la
corrupción de la austeridad republicana, para que ese dinero alcanzara para beneficiar a
los programas sociales en este país.
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
Como muestra un botón. De miles de casos de sentenciados que no han
recibido los beneficios de ley, hoy esta uno, el señor Sabas Cruz, en el penal de Santa
Martha Acatitla.
Podemos seguir mencionando varias de las incongruencias del señor
Vicente Fox. En el caso del Distrito Federal ya mencionaron los salarios para los
servidores públicos ha sido hacia arriba; en el caso del gobierno federal no ha sido de
esa manera. En el caso de los viajes del señor Fox al extranjero, en el caso del Distrito
Federal se han estado visitando las comunidades para saber cuáles son sus necesidades.
Subsidios al transporte colectivo, subsidios que han beneficiado directamente a los
bolsillos de los ciudadanos; el Metro sigue costando $1.50 desde hace cuatro años,
subsidios que van repito directamente a beneficiar a los ciudadanos del Distrito Federal.
No se diga de los beneficios que están recibiendo las personas de la tercera edad, que
son más de 200 mil, con un presupuesto que no alcanza y que el Gobierno del Distrito
Federal ha remarcado muy constantemente la austeridad republicana y el combate a la
corrupción; eso es lo que debiera de hacer el señor Vicente Fox, de combatir la
corrupción de la austeridad republicana, para que ese dinero alcanzara para beneficiar a
los programas sociales en este país.
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Ofreceré el uso de la palabra a un orador del PAN y
a un orador del PRD y pasaré de inmediato, en ejercicio de la facultad que me confiere el
inciso c) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, al siguiente tema, para tratar de equilibrar el desarrollo de la sesión.
Tiene el uso de la palabra un orador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional. ¿Quién hará uso de la palabra?
El diputado don Daniel Ramírez, hasta por cinco minutos.
Inmediatamente después ofreceré el uso de la palabra al PRD y hará uso de la palabra
¿qué orador? Hay dos, ¿quién de los dos va a hacer uso de la palabra? El diputado
Bortolini.
Tiene el uso de la palabra el diputado Daniel Ramírez.
EL C. DIPUTADO DANIEL RAMIREZ DEL VALLE (PAN) Con su .EL C. DIPUTADO
DANIEL RAMIREZ DEL VALLE (P.A.N.) :Con su permiso señor Presidente. Amigos y amigas
Legisladores. Lamento pro fundamente la actitud de los diputados del PRD que me
antecedieron en el uso de la palabra; venimos con el ánimo de construir un debate que nos
ayude a resolver los problemas de la ciudad.
Nos preocupa a los diputados, que en su gran mayoría somos de Acción
Nacional de esta ciudad de México; nos preocupa el nivel tan alto de inseguridad que
vivimos y pongo un ejemplo que hace poco pasó en la ciudad de México, el Diputado
Silviano Aureoles del Partido de la Revolución Democrática fue asaltado en esta ciudad
de México.
Me preocupa si esto le pasa a un diputado, qué le está pasando a la
ciudadanía; me preocupa que nos vayamos por el discurso fácil de que estamos cobrando el
Metro a 1. 50 pero que el servicio era de pésima calidad y que los usuarios estén ante
riesgos de accidentes de percances mayores.
Amigos del PRD, los invito a que sean autocríticos, que nos centremos
en el tema, yo sé que es difícil defender lo indefendible (aplausos), yo sé que es
difícil tener un Jefe de Gobierno incongruente, lo vivimos como ciudadanos del D. F.,
pero queremos construir, queremos mejorar nuestra ciudad, queremos mejores servicios,
queremos Jefes Delegacionales con mayores atribuciones para resolver los problemas.
Amigos, les tendemos la mano para construir juntos una mejor ciudad,
ahí están los resultados de no ser autocríticos, los resultados electora les del 2 de
Julio demostraron quién tiene la razón en la ciudad de México, habemos más diputados
de Acción Nacional en este Congreso que el PRD, ahí nos dimos cuenta que tan bien están
haciendo las cosas, queremos ser un partido constructivo, un partido propositivo, no una
oposición en la ciudad de México que destruya todo o que diga no a todo lo que se
propone.
Queremos construir juntos, queremos con argumentos, con argumentos y
centrados en el tema, realizar bien las cosas, los invitamos a realizar consensos, los
invitamos a que dejen de ser una oposición radical, una oposición que no tenga
argumentos y que no se centre en los temas cuando hay un debate.
Señores, amigos, en Acción Nacional queremos una ciudad mejor porque
la ciudad de México es capital de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias Diputado don Daniel Ramírez del Valle, cede
el uso de la palabra al diputado Bortolini en favor del Diputado Ricardo Moreno Bastida a
quien se le concede el uso de la palabra por 5 minutos.
ELC. DIPUTADO RICARDO MORENO BASTlDA: Con su permiso, señor
Presidente. Desde luego que es muy fácil actuar a la ligera y criticar con someros
argumentos. Pero eso es a lo que se expone alguien que informa a diferencia de quienes no
informan.
Ciertamente el tema puede ser controvertido, pero hay que traer a la
tribuna más argumentos; le preocupa al PAN cuánto se dejó de recaudar pero no le
preocupa cuánto se dejó de gastar porque en el Gobierno del D. F. se gasta menos que en
otras administraciones; se gasta me nos porque estamos conscientes de que ese dinero, de
que ese ahorro tiene que dedicarse básicamente al desarrollo social y al desarrollo
humano, como ustedes le dicen.
En esta ciudad, en el Distrito Federal en su conjunto, los . En esta
ciudad, en el Distrito Federal en su conjunto, los niveles de abatimiento para la
contaminación se notan y se notan día con día; los índices de contaminación son
menores y eso no lo dicen ustedes cuando lo defendían acremente hace algunos años.
Me parece que ustedes están preocupados por combatir a la corrupción
pero no actúan en consecuencia; hoy en el Distrito Federal no se recauda solamente en las
Tesorerías precisamente porque se combate la corrupción, hoy se recauda además en más
de mil sucursales bancarias, A ustedes les preocupa la seguridad pública pero no toman en
cuenta que es un tema de carácter nacional y que son precisamente las condiciones
socioeconómicas de la nación, de la población, las que han elevado los índices de
delincuencia en todo el territorio nacional, incluido donde ustedes gobiernan.
No han dicho en esta tribuna, señores legisladores panistas, que en la
ciudad de México, a través de las demarcaciones territoriales se ejercerán cientos de
millones de pesos en favor de los ciudadanos, pero además que serán los propios
ciudadanos los que habrán de determinar las acciones y las obras en cada una de esas
demarcaciones; es decir, aquí se gobierna con democracia y no con una democracia
orientada.
No han dicho señores panistas qué es lo que ha sucedido en cada una
de las delegaciones incluidas las que ustedes gobiernan. Yo les quiero recomendar que
recurran también a las estadísticas que en cada una de las delegaciones se tienen para
demostrar dónde se abaten los índices de pobreza y dónde no. No caigamos, dicen
ustedes, en un debate nacional que creo que es el fondo de su preocupación; a ustedes les
preocupa quien pueda criticar, quien pueda señalar y quien pueda confrontar dos proyectos
de nación.
Sin duda el nuestro, el del gobierno del Distrito Federal, el del
Partido de la Revolución Democrática, contrasta con el de ustedes. Se molestan porque no
los invitaron, pero no acudieron señores diputados federales panistas del Distrito
Federal, a una invitación pública y abierta, fue una invitación a todos los ciudadanos
del Distrito Federal, lástima que cuando dejaron de ser ciudadanos pasaron a ser
diputados y como diputados ya no representen a los ciudadanos.
EL PRESIDENTE: Compañeras y compañeros diputados. Es responsabilidad
de la Directiva y particularmente de la Presidencia, velar por el equilibrio en los
debates y por el interés general de la Cámara.
Habiendo conducido un debate que queda en sus participaciones
equilibrado, estando inscrito este tema en agenda política para hacer consideraciones
siendo simplemente deliberativas, habiendo en el orden del día de esta sesión puntos
pendientes, esta Presidencia en el uso de las facultades que la Ley Orgánica y el
Reglamento le confiere, declara suficientemente discutido este tema y pasamos a ofrecer el
uso de la palabra en el siguiente punto del orden del día.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Se concede el uso de la palabra al diputado Alejandro García Sainz
Arena, para presentar posicionamiento a nombre del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, con relación a la construcción del nuevo aeropuerto
metropolitano.
En lista de oradores se encuentran la diputada Alejandra Barrales
Magdaleno, el diputado Enrique Martínez Orta Flores y la diputada Carolina Viggiano
Austria. En ese orden se ofrecerá el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro García Saínz Arena,
por diez minutos.
EL DIP. ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA: Con su permiso señor
Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Lo que a continuación voy a presentar es la postura del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sobre la situación del nuevo
aeropuerto en la ciudad de México.
El aeropuerto internacional de la ciudad de México es una importante
vía general de comunicación sobre la cual se respalda una buena medida, gran parte del
desarrollo del país dado que en el se encuentra la segunda aduana de mayor importancia,
que mueve poco más de 5,450 pasajeros por hora, en 55 operaciones por hora, y representa
el 36% del total que utiliza la red nacional,
Este aeropuerto realiza el 19% de las operaciones aéreas en el país.
El crecimiento de las operaciones comerciales y el aumento del número de pasajeros han
llevado a concluir a la Secretaría de Comunicacione5 y Transportes, así como a diversas
instituciones de carácter público y privado, que para el año 2005 nuestro Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México pasará por una crisis de saturación que
entorpecerá el transporte de mercancías y pasajeros, pudiendo influir incluso a corto y
mediano plazo, en un desabasto comercial de productos en nuestro mercado interno,
provocando mayor contaminación y alterando grave mente el ordenamiento urbano de nuestra
ciudad.
Ante esta dificultad, diversas instancias han llevado a cabo estudios
para de terminar cuál es la medida a adoptar para resolver este problema, planteando se
respecto a la construcción de sedes alternas en las ciudades de Texcoco, Estado de
México, Tizayuca, Estado de Hidalgo, así como la construcción de algún ferrocarril
como solución más adecuada.
En la actualidad, se siguen elaborando los estudios, sin que haya una
claridad cercana respecto a su solución en el corto y mediano plazo, mientras la
saturación es cada vez más grave y evidente, notoria y peligrosa para el tráfico
aéreo, como la vivida en estos días por el reencarpetamiento de una de sus pistas, por
las condiciones del intenso tráfico y las condiciones del suelo.
La trascendencia de la instalación de un aeropuerto alterno radica no
sólo en el suministro de recursos para su consumo en la Ciudad de México y área
conurbada, sino que del lugar en donde vaya a operar modificará su entorno social,
económico, urbano y ambiental, existiendo la posibilidad de que se ex tienda en buena
medida la mancha urbana a toda la región cercana del Distrito Federal poniendo a prueba
un rediseño de las políticas de orientación territorial, de uso de suelo y de
preservación y conservación del medio ambiente, sobre todo si se tiene en cuenta la
contaminación de los suelos de mantos acuíferos, atmosférica y auditiva entre otras que
producirá su puesta en operación.
Ya antes en esta tribuna ha sido tratado el tema de la instalación de
un aeropuerto alterno al de la Ciudad de México, previendo su saturación calculada para
dentro de cuatro años, mencionándose las propuestas que han circulado para la
construcción de sedes alternas, capaces de satisfacer los requerimientos técnicos de
ocupación en el transporte e infraestructura, como lo son nuevamente la población de
Texcoco y Tizayuca.
La opción de construir el aeropuerto en la localidad de Texcoco,
Estado de México, es a todas luces para nosotros como grupo parlamentario, la menos
viable, ya que existen algunas dificultades en la resistencia del suelo y en la densidad
de asentamientos humanos, que podían poner en riesgo no sólo su instalación y
operación, sino además el equilibrio ecológico propio de la región, la de los
habitantes de la región y en especial la protección de alguna especie que ahí habita.
La recuperación del Lago de Texcoco que se ha venido dando desde
finales de 1969 ha logrado mostrar avances importantes para la protección de especies, y
sobre todo en la recuperación de mantos acuíferos, necesarios para la población de la
región y del estado.
Establecer un aeropuerto en ese lugar, o cualquier otro tipo de
construcción similar, que impacte negativamente a la región sin prever las graves
consecuencias de su instalación, traería a los habitantes y al medio ambiente graves
errores a la ciudadanía, y esto es efecto de cuidar el medio ambiente.
En sus 29 años de operación y el programa de rehabilitación del
proyecto del Lago de Texcoco, ha ido avanzando con éxito con los siguientes resultados:
Recuperación de canales, ríos y cinco lagos; protección de especies
amenazadas; conservación de zonas arboladas y pastizales; constitución de un sistema de
regulación hidráulica; mejoramiento de las zonas ambientales y recuperación de la
biodiversidad; generación de un microclima que se traduce en pulmón para la Ciudad de
México de 4 mil hectáreas, con más de 25 mil árboles; desarrollo de parques y centros
de cría de diversas especies; mejoramiento y saneamiento del ambiente y la ecología
regional; la eliminación de tolvaneras que afectan a la zona metropolitana de la Ciudad
de México; el rescate integral de la cuenca mediante acciones de conservación del suelo
y el agua, a través de la construcción de terrazas a nivel y reforestación de áreas
inundadas.
Entre 1996 y 1997 se llevó a cabo la elaboración del Programa de
Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, integrado por las 16
delegaciones del Distrito Federal, 58 municipios conurbados del estado de México y de
Hidalgo. Este documento fundamenta la política urbana metropolitana. Se aprobó el 13 de
marzo de 1998 con el acuerdo de los titulares de la Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal, Gobernación del estado de México y la Secretaría de Desarrollo Social de la
Federación, y fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 4 de mayo del
mismo año.
El acuerdo señala que las partes llevarán a cabo ulteriormente las
acciones que resulten necesarias, en términos de su propia legislación, para la
aprobación de los planes, programas y proyectos que se deriven del programa, y uno de los
componentes fundamentales de la estrategia de ordenación del valle consiste en la
identificación de las áreas no urbanizables, definidas por su alto valor ecológico, por
su producción agropecuaria y forestal, o bien como resultado del análisis de
vulnerabilidad y riesgo, como factores limitantes del desarrollo urbano.
Estos espacios de preservación no solamente son vitales para
instrumentar el desarrollo sustentable de la metrópoli, sino que constituyen el rasgo
más visible de la credibilidad de la planeación ante la sociedad, después de décadas
de un crecimiento depredador.
Por otra parte, dicho programa considera que son áreas no urbanizables
aquellas que se encuentren en las zonas de mayor valor ambiental, indispensables para
conservar la flora y fauna de los ecosistemas naturales, garantizar la recarga de
acuíferos, purificar los flujos de aire y agua y proteger de los desastres naturales.
Asimismo, las zonas agropecuarias que coadyuvan a la conservación ambiental, y por
supuesto las áreas sometidas a los mayores riesgos geológicos e hidrometeorológicos.
Texcoco se encuentra en todos estos supuestos.
Por lo anterior, los diputados del Partido Verde Ecologista de México
en esta Cámara de Diputados, consideramos que una labor preventiva y de protección a
algunos inconvenientes que ocasionaría la instalación del aeropuerto alterno señalado,
o de cualquier otra construcción similar en el municipio de Texcoco, sobre todo por lo
que toca al equilibrio ecológico del ecosistema; la recuperación de los mantos
acuíferos y las especies que apenas empiezan a incrementar su población y el tipo de
suelo conocido ya por todos, en el que cualquier proyecto de edificación no aprobaría
fácilmente el estudio de mecánica de suelos. Esos son incovenientes que deberán ser
valorados por las autoridades competentes así como por nuestros representantes nacionales
con el fin de analizar la mejor forma de proteger la zona evitando nuevamente
depredaciones,
Esperamos que la zona metropolitana del Valle de México ten~3a la
viabilidad y planeación que tanta falta le hizo y le hace falta aún en nuestros días,
Muchas gracias,
EL PRESIDENTE: Gracias diputado Alejandro García Sainz Arena,
Se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Moreno Bastida, del
grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos, en sustitución de la oradora que
estaba inscrita por el mismo partido.
EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente; con
su venia. Compañeras y compañeros diputados:
El Valle de México, el centro del país sin duda tiene un grave
problema en cuanto hace al transporte aéreo. Durante los últimos 10 años la industria
aérea nacional ha registrado un crecimiento sostenido que ha causado que el aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, "Benito Juárez", se encuentre
prácticamente en los límites de su capacidad.
Ante ello, desde luego que es imprescindible que el país se aboque a
la construcción de un nuevo aeropuerto que garantice, por un lado, la prestación del
servicio en mejores condiciones y de primer mundo, Pero también por otro lado, que
proporcione las condiciones de seguridad y de desarrollo sustentable para los propios
habitantes del Valle de México.
He escuchado con atención la intervención del diputado que más
antecedió y coincido con varios de sus planteamientos.
El exvaso del Lago de Texcoco constituye en términos reales la única
reserva ecológica de transcendencia, de importancia, en todo el Valle de México.
Por sus condiciones de suelo, por su condición climática, este
territorio fue declarado reserva ecológica para que se recuperara tanto su suelo como su
fauna y su flora,
Un esfuerzo de data de 1969 y cuyos principales beneficios de este es
fuerzo colectivo de la Federación del Estado y de los municipios que ahí se asientan su
territorio empezó a darse hace apenas diez años. Se encuentran especies migratorias que
en los meses de invierno acuden a este lugar desde Canadá, el pato canadiense, que había
emigrado, por cierto del Valle de México y que volvió a virar sus ojos al Valle de
México hace apenas una década.
Sin duda nos preocupa el problema ecológico, pero también nos
preocupa el sentido que debe tener un aeropuerto como el que se pretende instalar. Desde
luego que es un detonador del desarrollo; desde luego que es una fuente de atracción
comercial; desde luego que es un factor de atracción de los dineros que habrán de
utilizarse para la infraestructura.
Pero en el fondo también está una disputa real y legítima de los
gobiernos estatales tanto de mi estado, el Estado de México como del gobierno de Hidalgo.
También está de por medio, más allá de la construcción del aeropuerto mismo, los
interés económicos que tienen que ver con toda la infraestructura perdón, que tiene que
dotarse para llegar a este aeropuerto.
Y es ahí donde se ha politizado la discusión, es ahí en donde los
intereses económicos han predominado sobre los diversos estudios, los diversos factores
que deben de intervenir en la creación de un aeropuerto,
No podemos argumentar como se ha pretendido hacer, el que un aeropuerto
detendrá la mancha urbana. Es inadmisible decirnos que el aeropuerto en el ex vaso de
Lago de Texcoco, que ocupa actualmente algo así como 12 mil hectáreas y que se
utilizarán cerca de 2 mil para su construcción, es decir, poco más del 14 % de la
superficie del área ahora vedada, se va a utilizar para el aeropuerto, no se puede decir
que con su construcci6n no se va a afectar el entorno ecol6gico y además se va a detener
el crecimiento.
Sin duda que debe de ser de interés nacional la reserva ecol6gica del
Lago de Texcoco, es uno de los pocos lugares que desde hace ya más de dos décadas se ha
dedicado a la preservaci6n ecológica.
Debemos actuar, compañeras y compañeros con mucha racionalidad.
Los estudios que hasta la fecha se han presentado son exclusivamente de
carácter aeronáutico y conozco la conclusión. La conclusión de la empresa que ha
diseñado el espacio aéreo tanto en Tizayuca como en el Lago de Texcoco, concluye que un
aeropuerto es viable en cualquiera de los dos lugares. Luego entonces se tiene que entrar
a una segunda fase. Tenemos que entrar al impacto ecológico, desde luego, tenemos que
entrar a la mecánica de los suelos, claro que si, pero también tenemos que ver cómo
consideramos un aeropuerto, únicamente como un factor del transporte en este país o
también lo concebimos como un detonador del desarrollo económico y social de este país.
Es ahí donde radica la discusión real en el asunto de la construcción del nuevo
aeropuerto para el Valle de México.
Cómo lo debemos concebir y hacia dónde queremos caminar. Podemos
señalar que un aeropuerto puede compensar las disparidades económicas de una región y
es cierto; ¿podemos también coincidir en que un aeropuerto puede frenar el desarrollo
económico de otras regiones?
¡Claro que no! Pero si podemos coincidir en que los mexicanos, todos
los habitantes y sobre todo los usuarios de este aeropuerto necesitan transportarse de
manera eficaz, eficiente, moderna, para prepararnos para lo que resta de esta siglo.
Yo llamaría, compañeras y compañeros a que con serenidad, sin
apasionamientos, dejando de lado en primera instancia los intereses económicos que corren
adyacentes al propio aeropuerto, busquemos los beneficios, lo que más convenga no
solamente a los mexicanos en su conjunto, sino también a quienes habitan esta ya de por
sí poblada urbe.
Yo los invitaría, compañeras y compañeros, a que esperáramos
pacientemente el resto de los estudios. He dicho, sólo conocemos porque sólo existen y
se han presentado los de carácter técnico aeroportuario y creo que es indispensable
conocer el resto, sobre todo los de impacto ambiental, mecánica de suelos, y sobre todo
los de infraestructura interna al propio aeropuerto, Muchas gracias,
EL C, PRESIDENTE: Gracias al diputado Ricardo Moreno Bastida,
Ha solicitado el uso de la palabra para hechos el diputado Enrique
Martínez Orta Flores, del Partido Revolucionario Institucional, Se le concede por cinco
minutos.
EL C. DIPUTADO ENRIQUE MARTINEZ ORTA: Con su venia señor presidente.
Compañeras y compañeros diputados. Desde que en 1980 el Aeropuerto Internacional Benito
Juárez de la ciudad de México empezó a saturarse, fue planteada la necesidad de
construir una terminal área alterna, tuvieron que pasar varios años para que las
autoridades realizaran las investigaciones y estudios correspondientes, en la última
década se realizaron estudios de los cuales se llegó a la conclusión, de que el nuevo
aeropuerto podría construirse en Texcoco, Estado de México o en Tzayuca, Estado de
Hidalgo.
Ante el creciente número de viajeros en los últimos años que se ha
dado en el aeropuerto capitalino, se ha propiciado una demanda cada vez mayor de ese medio
de transporte, lo que ha provocado casi la saturación de esta terminal área al llegar a
su punto máximo.
De ahí la necesidad de que en el corto plazo se construya un
aeropuerto alterno, tan necesario para el desarrollo del país. Lo anterior aunado a las
nuevas realidades en materia de construcción de aeropuertos, obliga a plantear que el
nuevo aeropuerto sea una solución al crecimiento en la demanda de aviación y también un
espacio para las nuevas necesidades de la vida urbana contemporánea.
Para construir el aeropuerto en el Estado de México se cuenta con un
poco más de 14 mil hectáreas, de las cuales las pistas y la terminal aérea ocuparían
aproximadamente 4 mil y de las 10 mil restantes servirían para continuar con el rescate
que se realiza del Lago de Texcoco.
Mención especial merece el hecho de que en caso de que se construya el
aeropuerto en Texcoco, se impediría el crecimiento de la mancha urbana y asentamientos
irregulares tan comunes en la zona de más o menos 2 millones de habitantes, y se tendría
una zona de amortiguamiento de desarrollo habitacional.
En materia de infraestructura hidráulica, se abastecerían las
instalaciones del aeropuerto a través del Sistema Cutzamala y el Lago de Texcoco
continuaría con su función de regulación, haciéndola más efectiva, y que
adicionalmente a las obras que actualmente se realizan, se implementarían otras, entre
las que destaca la realización de obras hidráulicas en las partes altas y medias de la
cuenca, lo que favorecería la conservación del suelo, la recarga de los mantos
freáticos, el control de azolves y los escurrimientos torrenciales hacia las partes bajas
de la cuenca, generando una estabilidad climática total y la construcción de un canal
que funcionara como un vaso de regulación que permitiera evitar inundaciones.
La localización del proyecto en Texcoco, permitiría cubrir la demanda
de servicios aeroportuarios de la mayoría de los usuarios del país, que como ya se
mencionó, el origen y destino de los usuarios del actual aeropuerto, revela que el 56% es
del Distrito Federal, el 17% de los municipios conurbados del Estado de México, 11% de
Toluca, 6% de Querétaro, 4% de Puebla y otros porcentajes de otras entidades
circunvecinas.
Por lo que hace a la infraestructura vial, se crearán nuevas vías, y
la que actualmente se tiene serán motivo de modernización, para garantizar el acceso,
fácil y seguro, al nuevo aeropuerto de Texcoco.
En cuanto al tema del subsuelo, misma que se ha dado sin fundamentos
técnicos, la calidad del subsuelo en Texcoco es mejor que la del espacio que actualmente
está localizado en el aeropuerto capitalino. Además se cuenta con la tecnología
necesaria, para resolver las necesidades de ingeniería y geotecnia. A mayor abundamiento
cabe mencionar que el actual aeropuerto internacional de la ciudad de México fue
construido en un terreno que presenta las mismas condiciones, con técnicas de hace 50
años, y hasta la fecha no ha presentado problemas de hundimiento.
Por lo que hace a la preservación ecológica, de ubicarse el
aeropuerto en Texcoco, se da la certeza de preservar de mejor manera el entorno
ecológico, puesto que se construiría el aparte desértica del lago y se respetaría toda
la parte donde aun se encuentran mantos acuíferos.
Por tal motivo nos pronunciamos que en términos de los acuerdos
recaídos en la sesión del pasado 20 de marzo del año que corre en las Comisiones de
Comunicaciones y Transportes de diputados y de senadores, para que en su caso, conocimos
los primeros cuatro estudios técnicos y que sea en las próximas semanas o en los
próximos meses, cuando conozcamos los estudios correspondientes y se pueda tomar en
definitiva por quien corresponde, la decisión de dónde se construirá el aeropuerto
alterno de la Ciudad de México .
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado don Enrique Martínez Orta Flores.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Carolina Viggiano Austria
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por cinco minutos.
LA C. DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA. Con su permiso, señor
Presidente.
Compañeras y compañeros diputados.
He pedido hacer uso de la palabra para llamar su atención acerca de un
tema muy importante que hoy se ha tocado en esta tribuna, y quiero llamar su atención
porque sin duda es una decisión de las más importantes de la administración federal
actual y además se han tocado puntos que es importante reflexionemos y que es importante
que en un futuro todos tengamos suficiente información para poder tener una opinión
adecuada y objetiva respecto a este asunto.
Yo quiero señalar que el hecho de que hoy aquí se señale que el
asunto de Texcoco representa un problema y que puede romper el equilibrio ecológico, es
algo que no podemos dejar pasar porque hoy por hoy, es un problema serio para la vida,
para la vida nacional.
Se ha señalado aquí que el aeropuerto de Texcoco sería un aeropuerto
alterno y quiero decir que no es así; la venta ja que tendríamos en el caso del
aeropuerto de Tizayuca, es que se utilizarían los dos aeropuertos: el actual y el de
Tizayuca, el del estado de Hidalgo.
Ciertamente también se ha señalado que el suelo no ha presentado
problemas en el aeropuerto actual y yo creo que sí los ha presentado, y que todos esos
hechos que tenemos como evidencias los tenemos que tomar en consideración; no son cosas
que no tengamos presentes, a veces los asuntos técnicos se escapan, se escapan de la
capacidad de entender de quienes no tenemos conocimientos técnicos específicos, pero sí
tenemos evidencias reales enfrente y que tenemos que valorar y no podemos dejar pasar.
Se ha dicho, porque estuvimos presentes en una reunión de las
Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes, que el suelo de Texcoco es muy malo y
creo que es algo que tenemos que tener presente aquí, porque se ha hablado de un asunto
ecológico y también se ha señalado que hay un problema a diario que aquí no se ha
tocado y que también es un problema de seguridad y no sólo ecológico; ¿y qué le
importa a la ciudadanía? Lo que le importa es tener un aeropuerto eficiente, moderno,
tener un aeropuerto que efectivamente no tenga los problemas que tenemos hoy y sin duda
alguna, sin duda sí hay una presión demográfica muy grande en ese lugar y que esto la
detonaría de mayor manera.
También tenemos que tener presentes otros elementos que no son
técnicos, pero que son elementos que deben estar presentes en la mesa.
Hay un asunto de justicia social y yo creo que en el caso de Hidalgo,
hay una razón para pensar y para saber, porque así lo sabemos, es un estado que requiere
un desarrollo, requiere un desarrollo ordenado, que tiene el problema de que está de
alguna manera con un problema de conurbación con los estados vecinos.
Para nosotros lo más importante sin duda, es que esa decisión se tome
con todos los elementos, con todos los elementos necesarios. Pero sobre todo se tome sin
ningún tipo de presiones políticas o económicas; que se tome con toda objetividad y que
se tome en beneficio de la Nación. Tenemos plena confianza de que así va a ser, porque
así lo han expresado las autoridades federales; y lo han expresado de esa manera porque
están esperando otra clase de estudios y de resultados que ayudarán a determinar
adecuadamente esa decisión. Y así queremos que sea; si no se ha tomado la decisión, sin
duda es porque ha habido presiones, porque elementos hay desde hace muchos años y yo creo
que ha llegado el momento en que se debe tomar objetiva y responsablemente. Hay elementos
suficientes. Pero además, tampoco podemos abusar de que muchos conocimientos no estén al
alcance de todos, porque finalmente el tiempo nos va a mostrar que nos equivocamos. Y hay
cosas que se pueden salvar, hay cosas que se pueden, con recursos se pueden modificar para
poder encontrar las condiciones.
Pero hay algo que es muy difícil: la vida, la vida natural es algo
irreversible y que hemos visto a través del tiempo que en ningún lugar hemos podido
revertir los resultados que tenemos. Es algo que debe estar presente, sobre todo porque a
nosotros nos corresponde por la representación social que tenemos, tener una opinión
correcta y llena de información adecuada en ese sentido.
Muchas gracias señor presidente.
PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Carolina Viggiano Austria.
Compañeras y compañeros diputados: hemos agotado el punto del Orden
del Día, correspondiente a la agenda política que viene derivada de la sesión anterior.
La sesión de este día se instaló a las 11:38 horas, es decir a las
once de la mañana con 38 minutos. Han transcurrido más de las cuatro horas
reglamentarias. Queda sólo por desahogar el capítulo relativo a Proposiciones con Punto
de Acuerdo.
Esta presidencia establece que se integrará al Orden del Día de la
próxima sesión en lugar preferente, el planteamiento de las Proposiciones con Punto de
Acuerdo, que quedan sin desahogarse en esta sesión.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ruego a la Secretaría lea a la Asamblea, el proyecto de Orden del Día
de la próxima sesión.
DIP. SECRETARIO BERNARDO BORBON VILCHES:
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 7
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII
LEGISLATURA.
ORDEN DEL DIA 3 de abril de 2001
Lectura del Acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
De los Congresos de los Estados de: Puebla y Yucatán.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION
Cinco con los que se remiten comunicaciones de los Congresos de los
Estados de: Aguascalientes, Campeche, Guanajuato, Morelos y Tamaulipas, respecto a la
adecuación de sus constituciones con motivo de las reformas al artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el
C. Antonio Guillermo Villegas Villalobos, pueda aceptar y usar la Condecoración de la
Orden Nacional "José Matías Delgado", que en Grado de Gran Oficial, le
confiere el Gobierno de la República de El Salvador. (Turno a Comisión).
Con el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el
C. Andrés Engels, pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza, en Monterrey,
con circunscripción consular en el Estado de Nuevo León. (Turno a Comisión).
DICTAMEN A DISCUSION
De la Comisión de Desarrollo Social en relación al Punto de Acuerdo
para la formulación de un programa integral para el desarrollo de la Sierra Norte de
Puebla.
PROPOSICIONES
Con Punto de Acuerdo para que el Aeropuerto de Puebla, se considere
como alternativa para el desahogo de la carga aérea, a cargo del Dip. Víctor Manuel
Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a
Comisión).
Con Puntos de Acuerdo en relación a la situación nacional, a cargo de
los Grupos Parlamentarios. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a la situación de la mujeres, a
cargo de la Dip. María de los Angeles Sánchez Lira, del Grupo Parlamentario del Partido
de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación al desmantelamiento de las bases
militares de Río Euseba y Guadalupe Tepeyac, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo,
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con Punto de Acuerdo en relación a una connacional presa en Bolivia, a
cargo del Dip. Sergio Acosta Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.
PRESI DENTE: Gracias señor diputado y secretario don Bernardo Borbón
Vilches.
(A las 16:05) Se levanta la sesión y se cita
para la próxima que tendrá lugar el martes 3 de abril a las 11:00 horas, encareciendo a
las señoras y señores diputados su puntualidad.
APENDICES DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 29 DE MARZO DE
2001.
APENDICE No. 1
H. Congreso de la Unión Av. Congreso de la Unión No. 66 Palacio
Legislativo de San Lázaro Delegación Venustiano Carranza México, DF, CP 15960
La Quincuagésima Quinta Legislatura al Honorable Congreso del estado
de Jalisco, en sesión de fecha 31 de enero próximo pasado aprobó el Acuerdo Económico
número 925/01. mediante el cual se acordó exhortar a esa alta representación popular,
para que dentro de sus facultades, incluyan en el fideicomiso que administra el Fondo para
el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, a las sociedades Aviso de Guadalajara,
Caja Popular Mercantil de California. AC, Unión de Crédito Mercantil de California, SA,
y Cosmotel.
Como asunto pendiente de la anterior Legislatura y por instrucciones
del actual Presidente del Congreso de Jalisco, hago de su conocimiento lo anterior, con el
envío del Acuerdo de referencia, rogándoles tengan a bien mantener informada a esta
soberanía de las acciones que tengan a bien ordenar a quien corresponda.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, l9 de febrero de 2001.
LCTC Leonardo García Camarena
Of1cial Mayor
Ciudadanos Diputados:
La Comisión de Peticiones de la LV Legislatura del Congreso del
Estado, que es a cargo de los suscritos. el pasado 23 de enero del presente, recibió en
audiencia en el salón de juntas previas de este recinto legislativo, a un grupo de
ciudadanos, encabezados por los señores José Balderas Volante, Alma Delia Bautista
Muñoz y Jorge Moreno Melo, representantes de la Unión de Afectados Aviso de Guadalajara,
Caja Popular Mercantil de California, AC, Unión de Crédito Mercantil de California, SA,
y Cosmotel, respectivamente, quiénes solicitan la intervención de este H. Congreso, para
que sus representados sean incluidos en el fideicomiso que administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, aprobado el 21 de diciembre del año 2000, y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año, a lo
cual se hacen las siguientes
Consideraciones
I.- Que es facultad del Congreso del estado legislar en todas las ramas
del orden interior del estado, expedir leyes y ejecutar actos sobre materias que le son
propias. salvo aquellas concedidas al Congreso de la Unión conforme al Pacto Federal en
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
II.- Que corresponde a la Comisión de Peticiones conocer de los
asuntos no reservados expresamente a las demás comisiones designadas por el Congreso y la
de los ocursos de particulares o agrupaciones privadas, que expongan problemas que les
afecten. de conformidad con lo dispuesto por el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Jalisco.
III.- Los peticionarios manifestaron a esta Comisión Legislativa, la
problemática que enfrentan. y que por los hechos ya conocidos, se han visto afectados de
una manera grave en su patrimonio, repercutiendo en el nivel de vida de un gran número de
familias, así como de personas mayores ya jubiladas, siendo ello, un problema social de
severas consecuencias.
IV.- Asimismo, solicitan la intervención de este H. Congreso, para que
sus representados sean incluidos en el fideicomiso que administrará el Fondo para el
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas, aprobado el 21 de diciembre del año 2000, y
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 del mismo mes y año para que
a través del mecanismo establecido en dicho fideicomiso, se apoye a los ahorradores que
representan. Por lo que una vez analizado el contenido del ocurso en cuestión, esta
Comisión consideró que el H. Congreso del estado, exhorte al Gobierno Federal y al
Congreso de la Unión, a buscar alternativas de solución, a la problemática planteada
por los peticionarios.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 88, 93
y 94 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, sometemos a la
elevada consideración de ustedes ciudadanos diputados el siguiente proyecto de
Acuerdo Económico
Unico.- Dada la problemática que ha implicado la situación en que se
encuentran cientos de ahorradores y familias afectadas en todo el país, como consecuencia
de los hechos ya conocidos y encontrándose en Jalisco un importante número de ellos,
este H. Congreso, en solidaridad con los ahorradores afectados, exhorta al Poder Ejecutivo
Federal y al Congreso de la Unión, para que dentro de sus facultades, se incluya en el
fideicomiso que administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas,
aprobado el 21 de diciembre del año 2000, y publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 29 del mismo mes y año a las sociedades Aviso de Guadalajara, Caja
Popular Mercantil de California, AC, Unión de Crédito Mercantil de California, SA, y
Cosmotel.
Sala de Comisiones del Congreso del Estado Guadalajara, Jalisco, a 31
de enero de 2001.
La Comisión de Peticiones
Dip. Luis Manuel Figueroa Loza (rúbrica)
Dip. Carlos Urrea García Rulfo (rúbrica)
Dip. José María Martínez Martínez (rúbrica)
Dip. Juan Carlos de la Torre (rúbrica)
Dip. Samuel Romero Valle (rúbrica)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 2
Honorable Congreso de la Unión PRESENTE
Por acuerdo del ciudadano licenciado Mario P. Marín Torres, Presidente
Municipal constitucional del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla y con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, fracciones I y II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102,103 y 105, fracción XI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 1°, 13, 31, 35, 36, 37,
38, 45 y 48, fracción XIII, de la Ley Orgánica Municipal, y 5, fracción XII, del
Reglamento Interno del Cabildo Municipal, me permito hacer de su respetable conocimiento
para los efectos legales procedentes, que el Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Puebla, en sesión ordinaria de cabildo celebrada el veintidós de febrero del presente
año, por unanimidad de votos aprobó la propuesta para que este Ayuntamiento se pronuncie
públicamente "en apoyo al diálogo por la paz en el estado de Chiapas y la
exhortación a las partes en conflicto para que realicen las acciones a fin de
alcanzarla"; por lo que los ciudadanos regidores de la Comisión Plural, formada con
los coordinadores de cada una de las fracciones políticas que se encuentran representadas
en el Honorable Cabildo, reunidos en sesión de trabajo celebrada el veintidós de febrero
del año en curso, redactaron el documento oficial que a continuación se transcribe,
ordenándose que se comunique el mismo al Gobierno Federal, al Honorable Congreso de la
Unión, al Gobierno del Estado y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El documento oficial que contiene el pronunciamiento mencionado, es el
siguiente:
"En sesión ordinaria de cabildo celebrada el día jueves 22 de
febrero del presente, se recibió la propuesta de la regidora Cristina Amaya Aquino y el
regidor José Antonio Loyola González para que el Honorable Ayuntamiento de puebla se
pronunciara públicamente "en apoyo al diálogo por la paz en el estado de Chiapas, y
la exhortación a las partes en conflicto para que realicen las acciones a fin de
alcanzarla."
Considerando
I. Que la paz es requisito indispensable para el desarrollo integral de
la nación.
II. Que las partes en conflicto han demostrado disposición al diálogo
para alcanzarla.
III. Que el Ayuntamiento del Municipio de Puebla, considera como
obligación el sumarse a este esfuerzo nacional en el ámbito de su competencia.
IV. Que el Presidente Municipal, licenciado Mario Marín Torres, ha
instruido a la Dirección de Gobernación Municipal para que se coordine con los
interlocutores que en su caso designe el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a
fin de acordar y apoyar la logística necesaria para el paso de la marcha zapatista.
Por lo anterior el Cabildo acordó por unanimidad los siguientes
puntos:
Primero.- El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla exhorta a
los actores de este proceso a privilegiar los intereses de la nación a fin de alcanzar la
paz en el estado de Chiapas.
Segundo.- El Ayuntamiento de Puebla en el ámbito de su competencia,
dará todas las facilidades para que el paso de la marcha por esta ciudad se realice sin
contratiempos.
Tercero.- Integrar una comisión plural de regidores para dar a conocer
este pronunciamiento a los medios de comunicación. exhortando a la ciudadanía a mantener
un clima de tranquilidad y confianza durante la estancia de la caravana en este municipio.
Cuarto.- Para los efectos correspondientes se comunique el presente
Acuerdo al Gobierno Federal, al Honorable Congreso de la Unión, al Gobierno del estado y
al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Atentamente H. Puebla de Zaragoza, 22 de febrero de 2001.
Comisión Plural de Regidores
Lic. César Pérez López. PRI. C. Cristina Amaya.
Aquino. PRD. C. Fernando López Rojas. PAN. C
Teodoro Ortega García. PT. C. José A. Armando
Méndez Romero. PRD. Rúbricas..."
Sin otro particular por el momento, le reitero mi distinguida
consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No reelección.
H. Puebla de Zaragoza, a 27 de febrero de 2001.
Lic. Mario A. Montero Serrano (rúbrica)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 3
H. Congreso de la Unión Palacio Legislativo de San Lázaro México, DF
Con fecha 16 de febrero próximo pasado; en sesión ordinaria, el
Cabildo xalapeño aprobó por unanimidad el Acuerdo que a continuación me permito
transcribir a ese H. cuerpo colegiado:
Acuerdo
a) Se aprueba declarar emisarios de paz, a la delegación zapatista que
pasará por nuestro estado el día veintisiete de febrero año dos mil uno.
b) Solicitamos se exhorte y pida a los diputados y senadores del
Congreso de la Unión que se analice y, en su caso, se apruebe la Iniciativa de la Ley de
la Cocopa.
Por lo anterior, mucho agradeceré, de ser posible se turne a la
Comisión correspondiente esta solicitud.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa Enríquez, Ver., marzo 5 de 2001.
Lic. Alfredo Magno Garcimarrero Ochoa (rúbrica)
Secretario del H Ayuntamiento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
APENDICE No. 4
INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA EL ARTICULO 27-A DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A FIN DE QUE SE APLIQUEN DE MANERA EXPEDITA LOS ESTIMULOS
FISCALES DESTINADOS AL FOMENTO DE LA INVESTIGACION Y LA TECNOLOGIA NACIONAL, A CARGO DEL
DIPUTADO JOSE MARCOS AGUILAR MORENO, A NOMBRE DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Los suscritos diputados y diputadas, integrantes de la Comisión de
Ciencia y Tecnología, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de IOS Estados Unidos Mexicanos, promovemos ante
esta alta representación, la Iniciativa consistente en adicionar la fracción 27-A del
artículo 27 en la Ley del Impuesto sobre la Renta, a fin de que:
"La aplicación de los estímulos fiscales ya determinados para el
ejercicio fiscal del 2001, sean destinados de manera pronta y expedita a los
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta, por los proyectos en investigación y
desarrollo que realicen."
Exposición de Motivos
Quienes suscribimos esta Iniciativa consideramos tarea de los
legisladores de este Congreso, estar a favor del impulso y apoyo a la ciencia y
tecnología, también de un mejor uso y eficiencia de los recursos públicos, así como de
acciones legislativas y de política pública que permitan convertir a este sector de la
economía nacional en una variable estratégica del crecimiento sostenido del país.
En este sentido los miembros de la Comisión de Ciencia y Tecnología
nos congratulamos en señalar que esta Iniciativa es el producto de fructíferos
encuentros con funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y de
la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo
Tecnológico, AC (ADIAT), que son dos de los principales actores, y promotores de la
ciencia y tecnología en nuestro país.
Muchas son las razones que se aducen para justificar el por qué
estamos rezagados en esta materia. Un argumento constantemente esgrimido es la parte que
corresponde al financiamiento, con la característica de que el apoyo del sector público
ha constituido la principal fuente de inversión. Los legisladores de este Congreso
tenemos ante nosotros el reto de incrementar y eficientar la participación del sector
privado en el financiamiento del gasto en ciencia y tecnología nacional. Aquí nuestra
labor como legisladores es fundamental, porque urgen reformas legales que alienten a las
empresas a aumentar sustancialmente este tipo de gasto.
El fomento a la ciencia y la tecnología hasta esta fecha, ha sido
insuficiente para acelerar ese motor tan importante en la economía de México como lo han
hecho ya otros países. En nuestro caso, uno de los motivos es que no hemos sido capaces
de aprovechar las oportunidades y estímulos establecidos. quizá por la falta de
dirección, magro apoyo, y rigidez en los ordenamientos aplicables.
En 1998 se adicionó la fracción A al artículo 27 en la Ley del
Impuesto sobre la Renta, mediante la cual se otorgó crédito fiscal de 20 por ciento
sobre gastos e inversiones adicionales, realizados en estos rubros para aplicarse contra
el Impuesto sobre la Renta e Impuesto al Activo.
Para el año siguiente, en la exposición de motivos de las reformas
fiscales para el ejercicio de 1999, se señaló que debido a la naturaleza del beneficio
fiscal otorgado. resultaba problemático y complejo, aplicar y definir las inversiones
objeto de ese beneficio, generándose así un obstáculo para impulsar la investigación y
la tecnología; ahí mismo se estableció que con el objeto de hacer efectivo y operante
dicho beneficio, debía incorporarse al capítulo de estímulos de la Ley de Ingresos, un
mecanismo de operación más accesible.
Para tal efecto se propuso la creación de un Comité
Interinstitucional encaminado a garantizar que los proyectos de mayor prioridad fueran los
beneficiados y se estableció como límite de apoyo para ejercerlos en el año 2000, un
monto de 500 millones de pesos, pretendiendo lograr mayor impacto en el esfuerzo por
promover la investigación y la innovación tecnológicas.
El traslado de este estímulo a la Ley de Ingresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal de 2000 con las modificaciones propuestas, ha padecido falta de
difusión, complejidad y poca aplicabilidad, llegando el crédito fiscal ejercido en el
año 2000 únicamente a 1.7 por ciento del monto autorizado, haciéndose evidente la
lentitud actual en el ejercicio de este estímulo.
Estos estímulos han experimentado una tortuosa peregrinación en
diversas normas jurídicas, sin que hayan impulsado la inversión en investigación y
desarrollo, razón que les da existencia.
En este contexto es tarea de los legisladores revisar que los recursos
sean bien ejercidos y que se cumplan los objetivos de la planeación del desarrollo por lo
que estaremos atentos a que efectivamente la ciencia y la tecnología estén al servicio
de la sociedad, que cumplan el nuevo rol, de ser un sector que detone el desarrollo
nacional.
Por ello, resulta imperativo modificar la aplicación de los estímulos
para facilitar que las empresas inviertan en el rubro de desarrollo tecnológico nacional
y ello les permita modernizarse y competir con posibilidades de éxito ante sus socios
comerciales.
Ahora bien, con el fin de incrementar la participación del sector
productivo sin rebasar el límite presupuestal autorizado al efecto para el ejercicio del
presente año, se propone reubicar el estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la
Renta, norma jurídica donde se deben situar los estímulos fiscales referentes a este
impuesto.
Por otro lado se plantea eliminar la aplicación del estímulo sobre el
gasto incrementar y aplicar tal incentivo sobre los gastos e inversiones totales
efectuados dentro del ejercicio, en materia de investigación y desarrollo de tecnología.
Asimismo, se prevé aplicar este crédito fiscal al 35 por ciento de los gastos e
inversiones totales para el caso de las empresas pequeñas y medianas, y un 20 por ciento
para las empresas grandes según la clasificación vigente emitida al respecto por la
Secretaría de Economía; todo ello con el objeto de hacer más atractiva la inversión en
estos rubros.
Resulta necesario aclarar, que el propósito de esta Iniciativa no es
exigir mayores recursos o erogaciones por parte del Gobierno Federal, sino hacer más
eficaz el uso de los estímulos fiscales, ya aprobados por esta Representación Popular el
día 22 de diciembre del año 2000, para la investigación y desarrollo tecnológico de
nuestro país.
Muchas son las áreas de la ciencia y la tecnología que requieren
vigorizarse, que obligan a una acción del Poder Legislativo. Por ello, estamos
convencidos que la suma de esfuerzos con todas las fracciones parlamentarias, resultará
un ejercicio muy positivo para beneficiar un aspecto tan importante para los mexicanos.
como es la ciencia y la tecnología.
En consecuencia y con apoyo en el dispositivo de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, elevamos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la
siguiente Iniciativa que adiciona la fracción 27-A al artículo 27 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, en los siguientes términos:
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona la fracción 27-A al
artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo Unico.- Se adiciona la fracción 27-A al artículo 27 de la
Ley del Impuesto sobre la Renta.
Artículo 27-A. Los contribuyentes podrán aplicar un crédito fiscal
por los gastos e inversiones en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en
el ejercicio, siempre que dichos gastos e inversiones, no se financien con recursos
provenientes del fondo a que se refieren el artículo 27 de esta Ley. Dicho crédito
fiscal será aplicado al 35 por ciento del total de los gastos e inversiones en ciencia
básica y en desarrollo de tecnología que realicen en el ejercicio las empresas pequeñas
y medianas, y sobre el 20 por ciento para empresas grandes, según la clasificación
vigente emitida al efecto por la Secretaría de Economía. Además, se debe cumplir con lo
dispuesto en las reglas generales a que hace referencia el numeral 1 del párrafo quinto
de este artículo.
Los gastos e inversiones. se actualizarán por el periodo comprendido
desde el mes de su realización o adquisición y hasta el último mes de la primera mitad
del ejercicio por el que se determina el crédito fiscal a que se refiere este artículo.
El contribuyente podrá aplicar el crédito fiscal a que se refiere
este artículo contra el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto al Activo que tenga a su
cargo en la declaración anual del ejercicio en el que se determinó dicho crédito o en
los ejercicios siguientes hasta agotarlo.
La parte del crédito fiscal no aplicada, se actualizará por el
periodo comprendido desde el mes en que se presentó la declaración del ejercicio en el
cual se determinó el crédito fiscal y hasta el mes inmediato anterior a aquél. La parte
del crédito fiscal actualizada pendiente de aplicar, se actualizará por el periodo
comprendido desde el mes en que se actualizó por última vez y hasta el mes inmediato
anterior a aquel en que se aplique.
Para la aplicación del estímulo a que se refiere el presente Decreto,
se estará a lo siguiente:
Se creará un Comité Interinstitucional que estará formado por un
representante del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien lo presidirá y tendrá
voto de calidad, uno de la Secretaría de Economía, uno de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público y uno de la Secretaría de Educación Pública. Este Comité dará a
conocer las reglas generales con que operará, así como los sectores prioritarios
susceptibles de obtener el beneficio, las características de las empresas y los
requisitos adicionales que se deberán cumplir, para poder solicitar el beneficio del
estímulo.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como organismo rector de
las políticas nacionales en materia de tecnología, en atención a lo dispuesto por los
artículos 13 de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica,
2° de la Ley que crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 2° del Estatuto
Orgánico de Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y con el objeto de permitir una
simplificación administrativa que haga más atractiva y ágil la inversión en estos
rubros, será el órgano responsable de la revisión, calificación y elección de las
solicitudes registradas para aplicar el estímulo fiscal mencionado en esta fracción,
para lo cual deberá apegarse a los criterios definidos en las reglas a que se refiere el
párrafo anterior.
Artículos Transitorios
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Por el periodo comprendido entre la fecha en que entre en
vigor de este Decreto y hasta el día 31 de diciembre de 2001, el monto total del crédito
fiscal a que hace referencia el artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
ascenderá a la cantidad prevista en la fracción IX del artículo 15 de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001
Tercero.- El Comité Interinstitucional a que se refiere el numeral 1
del párrafo quinto del artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estará
obligado a publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas generales con que
operará dicho Comité, a más tardar el 31 de mayo de 2001
Cuarto.- El Comité Interinstitucional mencionado en el artículo
anterior, estará obligado a publicar en el Diario Oficial de la Federación a más tardar
el último día de los meses de julio y diciembre de 2001, el monto erogado durante el
primer y segundo semestres, según corresponda, así como las empresas beneficiarias del
estímulo fiscal y los proyectos por los cuales fueron merecedoras de este beneficio
Palacio Legislativo de San Lázaro, DF, a 29 de marzo del 2001
Diputados: Aguilar Moreno. José Marcos (PAN); Aldana Burgos. Luis
Artemio (PAN): Alvarez Bruneliere. Silvia (PAN); Berlín Montero. Jorge Carlos (PRI);
Bueno Campos, Roberto Eugenio (PAN); Chozas y Chozas. Olga Patricia (PVEM); Domínguez
Castellanos. Roberto (PRI). Enríquez Flores. Armando (PAN); González Herrera. Roger
Antonio (PAN); Huicochea Vázquez, Henberto (PRI) Irizar López, Aarón (PRI); López
Magallanes, Silveno (PRI); Lorenzo Juárez, Beatriz Patricia (PAS); Morales Barragán,
Martín Gerardo (PAN); Oroz Ibarra. María del Rosario (PRI); Patiño Cardona. Francisco
(PRD); Priego Oropeza, Enrique (PRI); Salazar Silva. Jaime (PAN).
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APENDICE No. 5
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos
Alma Noemí Medina Gómez y Fermín Paniagua García, para prestar servicios de carácter
administrativo en la Embajada del Reino de Suecia en México.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. Se concede permiso a la ciudadana ALMA NOEMI MEDINA
GOMEZ, para prestar servicios como Recepcionista en la Embajada del Reino de Suecia en
México.
ARTICULO SEGUNDO. Se concede permiso al ciudadano FERMIN PANIAGUA
GARCIA, para prestar servicios como Chofer en la Embajada del Reino de Suecia en México.
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APENDICE No. 6
CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTE.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes
el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos
Embajador MANUEL URIBE CASTAÑEDA; Maestro DAVID ALEJANDRO OLVERA AYES; General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor TOMAS JAIME AGUIRRE CERVANTES; Vicealmirante Ingeniero Mecánico
Naval CESAR AUGUSTO CARRION, para aceptar y usar condecoraciones conferidas por los
Gobiernos de Japón, de Nicaragua, del Gran Ducado de Luxemburgo, de la Armada de la
República de Chile y Gobierno de la República Francesa.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
ARTICULO PRIMERO. Se concede permiso al ciudadano Embajador MANUEL
URIBE CASTAÑEDA, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Sol Naciente, en
Grado de Gran Banda, que le confiere el Gobierno de Japón.
ARTICULO SEGUNDO. Se concede permiso al ciudadano Maestro DAVID
ALEJANDRO OLVERA AYES, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden al Mérito, en
Grado de Oficial que le confiere el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo.
ARTICULO TERCERO. Se concede permiso al ciudadano General Brigadier
Diplomado de Estado Mayor TOMAS JAIME AGUIRRE CERVANTES, para aceptar y usa; la
Condecoración de la Medalla Honor al Mérito Militar, en Grado de Soldado de la Patria,
que le confiere el Gobierno de Nicaragua.
ARTICULO CUARTO. Se concede permiso al ciudadano Vicealmirante
Ingeniero Mecánico Naval CESAR AUGUSTO CARRION, para aceptar y usar la Condecoración
Estrella Militar de las Fuerzas Armadas, en Grado de Gran Estrella al Mérito Militar que
le confiere la Armada de la República de Chile.
ARTICULO QUINTO. Se concede permiso al ciudadano Maestro DAVID
ALEJANDRO OLVERA AYES, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional al
Mérito, en Grado de Comendador que le confiere el Gobierno de la República Francesa.
SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES. México, D.F., a
27 ~e marzo de 2001.
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APENDICE No. 7
DICTAMEN DE LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL CON PROYECTO DE PUNTO DE
ACUERDO PARA QUE SE PROMUEVA LA FORMULACION DE UN PROGRAMA INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE
LA SIERRA NORTE DE PUEBLA
Honorable Asamblea:
A la Comisión de Desarrollo Social que suscribe, fue turnado para su
estudio y dictamen, la proposición con punto de acuerdo para que se promueva la
formulación de un Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte de Puebla.
En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39
numeral primero y tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y 65, 87 y 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, esta comisión se permite someter a
la consideración de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con base en los
siguientes:
ANTECEDENTES
PRIMERO. Con fecha del 19 de diciembre del 2000 los Diputados Alberto
Amador Leal y Cutberto Cantoran Espinosa del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional presentaron una proposición con punto de acuerdo al pleno
para que se promueva la formulación de un Programa Integral para el Desarrollo de la
Sierra Norte del Estado de Puebla.
SEGUNDO. La Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
en sesión celebrada en dicha fecha, dictó el siguiente tramite: "túrnese a la
Comisión de Desarrollo Social" para la elaboración del dictamen correspondiente.
CONSIDERANDOS.
1. La Sierra Norte de Puebla, forma parte de las zonas de mayor rezago
de ese Estado, integrada por 35 municipios con una población de 627 mil habitantes,
quienes según datos del INEGI en 1995 ya presentaban entre otros problemas los
siguientes: una fuerte dispersión de la población, viviendo el 80% en comunidades de
menos de 1,000 habitantes; un analfabetismo de 80% de la población mayor de 15 años;
carencia de servicios públicos básicos; 13 de cada mil niños y niñas menores de 9
años presenta diferentes grados de desnutrición; desempleo e ingresos menores á un
salario mínimo de la zona para el 80% de la población rural en edad de trabajar.
2. La asignación de beneficiarios que realiza el Programa de
Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA) es insuficiente por lo que se hace necesario
revisarla buscando ampliar su cobertura a las familias más necesitadas tanto en el campo
como en las zonas urbanas populares, fortalecer la educación básica con más plazas
magisteriales así como mejor capacitada, así como la creación de infraestructura de
educación media superior.
3. El aislamiento geográfico en que se encuentra la Sierra Norte de
Puebla, como consecuencia de la insuficiente infraestructura caminera y de comunicaciones,
muestra una quebrantable condición social, siendo por tal motivo prioritario enlazar por
medio de caminos y puentes a las poblaciones aisladas con los principales centros de
desarrollo.
4. La mala condición en que se encuentran las viviendas en la zona
provocan hacinamiento y condiciones insalubres que repercuten en la salud de la población
especialmente en los niños.
5. La región cuenta con una gran riqueza natural tanto para el
desarrollo de la agricultura, la agroindustria y el turismo que no es posible aprovechar
dada la falta de tecnología y capital.
6. Existen en la zona 30 mil minifundistas que cultivan café en 42 mil
hectáreas, pero la debilidad en algunos casos y la inexistencia en otros de
organizaciones productivas, provoca que mantengan una baja productividad.
7. Considerando que dentro del Estado de Puebla, existen condiciones de
pobreza en la zona Mixteca y en la Sierra Negra de Puebla similares a las de la Sierra
Norte, el pleno de la Comisión en su reunión del 28 de febrero del 2001 aprobó
integrarlas a este Punto de Acuerdo.
8. El artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal establece en su fracción II que a la Secretaría de Desarrollo Social le
corresponde "Proyectar y coordinar, con la participación que corresponda a los
gobiernos estatales y municipales, la planeación regional" y en la fracción IV
establece que deberá "Elaborar los programas regionales y especiales que le señale
el Ejecutivo Federal, tomando en cuenta las propuestas que para el efecto realicen las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y los gobiernos estatales
y municipales, así como autorizar las acciones e inversiones convenidas en el marco de lo
dispuesto en la Facción II que antecede, en coordinación con la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público".
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión de
Desarrollo Social que suscribe, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea,
el siguiente:
PROYECTO DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE PROMUEVA LA FORMULACION DE UN
PROGRAMAINTEGRAL PARA EL DESARROLLO DELASIERRANORTEDEPUEBLA
PRIMERO. Se exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, en los
términos de las facultades que le confiere el artículo 32, fracciones II y IV de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal, y conforme a lo que estipulen los
Convenios de Coordinación en la materia con el Gobierno del Estado de Puebla, a la
formulación y operación de un Programa Integral para el Desarrollo de la Sierra Norte
del Estado de Puebla, Zona Mixteca y la Sierra Negra de Puebla, el cual sea resultado de
una consulta amplia entre los municipios, las comunidades, y los sectores sociales y
productivos de la región.
SEGUNDO. Que se informe a esta soberanía las acciones realizadas a
este respecto.