SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2001
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ORDEN DEL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 2001. |
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| APERTURA | |
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| Comunicaciones | |
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| Oficio de la Secretaría de Gobernación | |
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| Oficio de la Cámara de Senadores | |
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| Iniciativa del Ejecutivo | |
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| Iniciativas de ciudadanos diputados | |
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| Dictámenes de primera lectura | |
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| Dictámenes a discusión | |
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| Excitativa | |
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| Proposiciones | |
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| Efemérides | |
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| CLAUSURA |
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 276 diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
LA C. PRESIDENTA (A las 10:53 horas): Se abre la sesión.
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LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se va a dar lectura al orden del día.
(Da lectura al orden del día)
(INSERTESE)
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LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Se dispensa la lectura.
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Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Aprobada, señora Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Continúe la Secretaría con las comunicaciones.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura a una comunicación del Congreso del estado de Jalisco relativa al Acuerdo Económico en el que manifiesta su adhesión a la condena del homicidio de los Magistrados del Poder Judicial Federal Benito Andrade Ibarra y Jesús Alberto Ayala Montenegro, y se tomen las medidas pertinentes.
(INSERTESE)
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LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su conocimiento.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura a una comunicación dirigida a la Junta de Coordinación Política para que el diputado Clemente Padilla Silva sustituya al diputado Francisco Javier Flores Chávez como integrante de la Comisión de Recursos Hidráulicos)
(INSERTESE)
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LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política en la que se informa que el diputado Jesús Mario Garza Guevara sale de la Comisión de Recursos Hidráulicos)
(INSERTESE)
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LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL C. SECRETARIO; DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura a una comunicación dirigida a la Presidenta de la Mesa Directiva en la que se informa que el diputado Jesús Mario Garza Guevara sustituye al diputado Armando Enríquez Flores como integrante de la Comisión de Turismo)
(INSERTESE)
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LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura a una comunicación dirigida a la Presidenta de la Mesa Directiva en la que se informa que la diputada Mercedes Roja queda como integrante de la Comisión Especial encargada de Coadyuvar y dar seguimiento a los Proyectos de Desarrollo Regional relacionados con la Región Sur Sureste de México)
(INSERTESE)
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LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura a una comunicación dirigida a la Presidenta de la Mesa Directiva en la que se informa sobre la sustitución del diputado Héctor Pineda Velásquez por el diputado Celestino Bailón Guerrero y del diputado Miguel Ángel Donaciano Moreno Tello por el diputado Abel Trejo González)
(INSERTESE)
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LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: De enterado.
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EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación, relativo al C. General de Grupo Piloto Aviador DEMA, Jesús Andrés Delgado Morán)
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LA C. VICEPRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
(Oficio de la Cámara de Senadores con el que se remite Punto de Acuerdo, con relación a la partida que se autoriza al PROSAVI)
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LA C. VICEPRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
(Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información)
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LA C. VICEPRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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El siguiente punto del orden del día ese la presentación de iniciativas de ciudadanos diputados.
Tiene la palabra el diputado Roberto Preciado Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Parece que el señor diputado no se encuentra en el salón. Pasará al final de la lista de iniciativas.
Tiene la palabra el diputado Moisés Alcalde Virgen, del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.
EL C. DIP. MOISÉS ALCALDE VIRGEN: Con su venia, señora Presidenta.
Señoras y señores Legisladores: El suscrito, diputado Moisés Alcalde Virgen, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, promueve ante esta alta representación, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.
En el contexto del marco jurídico mexicano, las leyes, dependiendo de la naturaleza y objetivos por los cuales se rijan, requieren de adecuaciones a las mismas, con el propósito de que su aplicación sea eficaz y congruentes sobre los actos de las personas que deben sujetarse a ellas.
Al respecto, la Ley Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 1993 y reformada recientemente el 12 de junio de 2000 y durante el presente año en el mes de abril, ha sido rebasada por los recientes y graves acontecimientos que prevalecen a nivel mundial.
Solamente comentaré que esta última reforma, la cual fue dictaminada durante el mes de abril y propuesto el dictamen por la Comisión de Agricultura, reformaba el artículo Primero Transitorio, el cual daba un término para inicio de las revisiones fitosanitarias en territorio nacional, a partir de este mes de diciembre.
Es en tal motivo importante reformar nuevamente este Transitorio, para ampliar el plazo y permitir que sigamos como mexicanos teniendo revisiones fitosanitarias que nos den y garantice la seguridad y la higiene a los consumidores de carne a nivel nacional.
Es por eso que en términos generales esta iniciativa reforma precisamente el Transitorio, con la finalidad de extender hasta un plazo de doce meses más la posibilidad del registro y la inspección fitosanitaria en Territorio Estadounidense.
Sin más, entrego a la Secretaría el texto íntegro solicitando quede registrada en el Diario de los Debates.
Por su atención señoras y señores Legisladores, muchas gracias. (aplausos)
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LA C. VICEPRESIDENTA. Gracias señor Diputado. De acuerdo a su petición inclúyase el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese la Iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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Tiene la palabra el ciudadano Diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN. Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros Legisladores. Para presentar Iniciativa de Reformas al Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar como Comisión Ordinaria de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Narcotráfico y Crimen Organizado.
(LEYO LA INICIATIVA COMPLETA. INSERTESE)
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EL MISMO C. DIPUTADO. En atención a la recomendación de la Junta de Coordinación Política, hago entrega íntegra de la propuesta de Iniciativa a la Secretaría. Muchas Gracias señora Presidenta.
LA C. VICEPRESIDENTA: Gracias a usted señor Diputado.
INTEGRESE EL TEXTO COMPLETO EN EL DIARIO DE LOS DEBATES Y TURNESE LA INICIATIVA A LA COMISION DE REGLAMENTOS Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS.
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Tiene la palabra el Diputado Arturo Escobar y Vega del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar una Iniciativa que adiciona un último párrafo al Apartado A) del Artículo 223 de la Ley Federal de Derechos.
EL C. DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA.
(Iniciativa que adiciona un último párrafo al Apartado A del Artículo 223 de la Ley Federal de Derechos)
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LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ PAREDES. TURNESE A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
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Tiene la palabra el ciudadano Diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal.
EL C. DIPUTADO HERIBERTO HUICOCHEA VAZQUEZ. Con su permiso señora Presidenta.
(Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal).
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LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano Diputado. TURNESE A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
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En el uso de la palabra el diputado César Alejandro Monraz Sustaita para presentar una Iniciativa de Reforma al Artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal. . Es del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Con su permiso ciudadana Presidente, señoras y señores Legisladores.
(Iniciativa de Reformas con proyecto de Decreto al Artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal,)
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EL C. PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias diputado César Alejandro Monraz Sustaita.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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A petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa de reforma al artículo 5º de la Ley de Vías Generales de Comunicación y del artículo 127 de la Ley Federal de Derechos, se pasa al final del orden del día en materia de iniciativas.
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Por lo tanto, se le concede la palabra a la diputada Laura Pavón Jaramillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa de Ley Nacional de las Personas con Discapacidad.
LA C. DIP. LAURA PAVON JARAMILLO: Ciudadano Presidente.
Compañeras, compañeros diputados:
A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, y atendiendo un mandato de la XVIII Asamblea de nuestro instituto político, de la tribuna que debatió el tema de los discapacitados mismo que ha sido prioridad desde 1990 en que se organizaran en toda la república con el propósito de defender sus derechos, presento a ustedes la iniciativa de la Ley Nacional de las Personas con Discapacidad.
El esfuerzo realizado durante décadas por miles …
( LEYO. INSÉRTESE )
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… que no atiendan a esta legislación de protección a discapacitados.
Señor Presidente, en atención y obvio de tiempo, me he permitido sintetizar esta iniciativa que espero tenga la atención, la comprensión y el apoyo de mis compañeros diputados.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputada Laura Pavón Jaramillo. Se aprecia su esfuerzo de síntesis y de resumen y se instruye a la Secretaría para que el texto íntegro de la iniciativa se incluya tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.
Para presentar una iniciativa en materia de un proyecto de Ley Federal de Pirotecnia, se le concede la palabra al diputado Rodrigo David Mireles Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Perdón, en atención a la anterior iniciativa, TÚRNESE A LA COMISION DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES.
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EL C. DIP. RODRIGO DAVID MIRELES PEREZ: Con su venia señor Presidente.
Compañeros diputados y diputadas:
La pirotecnia constituye una realidad intrínseca …
( LEYO. INSÉRTESE )
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EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Rodrigo David Mireles Pérez, por su esfuerzo de síntesis.
TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PÚBLICA y publíquese de manera íntegra esta iniciativa tanto en el Diario de los Debates como en la Gaceta Parlamentaria.
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A petición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la iniciativa de reforma al Código Civil Federal en materia de violencia familiar, se pospone para una próxima sesión.
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Por lo tanto, se le concede la palabra al diputado Librado Treviño Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo.
EL C. DIP. LIBRADO TREVIÑO GUTIERREZ: Ciudadano Presidente.
México tiene entre sus pobladores un sector social …
( LEYO. INSÉRTESE )
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LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Trabajo, Previsión Social y de Seguridad Social.
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Tiene la palabra el diputado José Tomás Lozano y Pardinas, del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
EL C. DIPUTADO JOSE TOMAS LOZANO Y PARDINAS: Con su venia, señor Presidente.
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.
El que suscribe, José Tomás Lozano y Pardinas y demás diputados de la LVIII del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, Fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley orgánica del congreso General y 55, Fracción II; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos, solicitamos que se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara, la siguiente iniciativa de ley.
(Leyó iniciativa, insértese).
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EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado José Tomás Lozano.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Tiene la palabra el diputado Eric Villanueva Mukul, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 69, 71, Fracción I, 74, Fracción II, III, IV y VI; Fracciones I y II, 80, 81, 82, Fracción VI; 83, 86, 88, 89, fracciones de la I a la XX; 90, 91, 92 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO ERIC VILLANUEVA MUKUL: (Dio lectura a la iniciativa, insértese).
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EL C. DIPUTADO ERIC VILLANUEVA MUKUL: Señor Presidente, en obvio del tiempo no voy a entrar a la lectura de los artículos, pero le solicito encarecidamente ordene su inclusión en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates de manera íntegra.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Eric Villanueva Mukul, se le aprecia este esfuerzo de síntesis que ha hecho y tal y como lo ha solicitado, que le texto íntegro de su iniciativa se publique en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales la pasada iniciativa.
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El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional solicita se posponga para una próxima sesión la presentación de la iniciativa de reforma al artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal.
Asimismo, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se solicita se posponga para una próxima sesión la iniciativa de reforma al artículo 5º de la Ley de Vías Generales de Comunicación y el artículo 127 de la Ley Federal de Derechos.
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Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día referente a minutas.
EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Oficios de la Cámara de Senadores, del C. Martín Camarena de Obeso, del C. Fernando Diez Fernández, de los CC Manuel González Díaz y Brenda Helena Green Huerta, de la C. Lidia Mariana Ortiz Zamudio, del C. Alexander Richards Young y de la C. Anne Rosenstein Harris)
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EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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Dictámenes en primera lectura.
Es de primera lectura el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
(insertar dictamen)
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EL PRESIDENTE: Queda de primera lectura.
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También de primera lectura es el dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 7º de la Ley Forestal, que se encuentra ya publicado en la Gaceta Parlamentaria.
(insertar dictamen)
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EL PRESIDENTE: Queda de primera lectura.
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En primera lectura, con proyecto de decreto se encuentra el dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Vida Silvestre, mismo que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
(insertar dictamen)
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EL PRESIDENTE: Queda de primera lectura.
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Entramos a los dictámenes a discusión.
Esta directiva tiene conocimiento que diversos diputados y diputadas de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos se encuentran trabajando atendiendo a una comisión, por lo tanto pasamos al siguiente dictamen a discusión, que es el dictamen con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
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LA SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
(Votación)
EL PRESIDENTE: Se le dispensa la lectura.
Para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por la Comisión tiene la palabra el diputado Rafael Orozco Martínez.
EL DIP. RAFAEL OROZCO MARTINEZ: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea; diputados y diputadas:
A la Comisión de Salud le fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de reforma de los artículos 241, 251 y 252 de la Ley General de Salud, misma que fue presentada al Pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 19 de diciembre del año 2000.
Siendo la postura de la Comisión que dictaminó la siguiente
La Dirección General de Insumos para la Salud reconoce que en cada farmacia se requiere la presencia permanente de un responsable sanitario, ya que actualmente la responsiva sanitaria es de nombre, así como una supervisión sanitaria estricta y profesional.
La misma Dirección General de Insumos para la salud reconoce que se requiere aumentar el número de visitas en farmacias para realizar balance, contrastando en los libros de control adquisición y salida del medicamento contra facturas y recetas. Se requiere también una modificación de la ley.
La Secretaría de Seguridad Pública decomisó en los últimos seis meses 70 mil comprimidos sicotrópicos, informe del señor Alejandro Gertz Manero en la H. Cámara de Diputados en junio del año 2001.
El contrabando de estos productos en la frontera norte es un hecho reconocido, los adolescentes y jóvenes consiguen fácilmente estos sicotrópicos en las farmacias fronterizas o clandestinamente.
La elaboración de recetarios especiales para la prescripción de sicotrópicos eliminaría el problema de la falta de control de estos fármacos y probablemente decrezca el contrabando y el mercado negro.
La Secretaría de Salud a través del Consejo Nacional de Adicciones tiene entre sus metas el investigar y valorar la veracidad y la receta de sicotrópicos de los grupos 2 y 3, en las farmacias, con la colaboración de los Secretarios de Salud de las entidades federativas y de llevar y un estricto control de estos fármacos, desde su distribución por la industria farmacéutica hasta su venta.
La obligatoriedad para que todos los médicos tratantes en la República Mexicana adquieran los recetarios con códigos de barra, produciría restricciones y control en el suministro de las sustancias sicotrópicas y a su vez limitará la prescripción médica ilegal de estos fármacos que perjudican la salud de los pacientes.
Existen actualmente 422 farmacias que venden sicotrópicos del grupo 2 y 3 que puede constituir problemas serios de salud. En el grupo 2 se incluyen productos que se emplean con frecuencia como complementos de la heroína, la marihuana y la cocaína y otras que constituyen drogas complementarias, las más empleadas son el clonacepan, el flunetacepan y el diacepan, entre otros.
Los sicotrópicos del grupo 1 que requieren actualmente receta especial con autorización expresa de la Secretaría de Salud, constituyen estupefacientes empleados por un número limitado de especialistas, anestesiólogos, especialistas en cáncer y algunos neurólogos y expertos en dolor, quienes son los únicos que cuentan con estos recetarios especiales.
Los sicotrópicos del grupo 2 y 3 son prescritos con frecuencia por los médicos generales y de todas las especialidades para tratar problemas en los que la ansiedad, la depresión y la tensión emocional constituyen factores que agravan las molestias de prácticamente la mayoría de las enfermedades.
En una encuesta de 2 mil 500 empleados del Gobierno Federal en el año 2000, se encontró que el 22% habían consumido tranquilizantes antidepresivos o hipnóticos alguna vez en su vida y que el 2.3% consumían éstos medicamentos. La Encuesta Nacional de Adicciones de la Secretaría de Salud, encontró que en 1998 el 0.7 de la población, 342 mil 775 personas tomaron éstos medicamentos en el último año.
La iniciativa propuesta puede disminuir la adquisición de sicotrópicos para fines no terapéuticos y contribuye a la solución de este problema que además puede convertirse en un problema general de salud en la República o en algunas entidades de la República.
Por todos y cada uno de los razonamientos antes expuestos, se solicita a ustedes, señores Legisladores, su voto en sentido aprobatorio sobre la reforma propuesta, en la inteligencia que con ello restringiremos el alcance de nuestros jóvenes a estas sustancias que ponen en peligro su salud, la cual a nosotros nos corresponde vigilar.
Es todo, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE. Gracias al diputado Rafael Orozco Martínez.
Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
Para fijar la posición de sus grupos parlamentarios se han registrados las siguientes diputadas y diputados:
La diputada Julieta Prieto Fuhrken del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Juan Alcocer Flores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y el diputado Arturo León Lerma del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra hasta por diez minutos la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
LA C. DIPUTADA JULIETA PRIETO FUHRKEN. Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy se somete al pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Salud, que reforma los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud que establece la obligatoriedad para que todos los médicos tratantes en los Estados Unidos de México, adquieran las recetas con código de barras para disminuir la adquisición de sicotrópicos para fines no terapéuticos
El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera lo siguiente:
Consideramos que este proyecto legislativo intenta darle solución al problema de consumo, tráfico y comercio de sustancias sicotrópicas vía el control en el suministros, sobre todo en lo referente a la prescripción médica, situación que si bien no resuelve el problema de adicciones y uso ilegal de precursores de todo, se actúa de manera decidida para establecer un buen control para revertir en medida de lo posible las circunstancias.
Compañeros y compañeras, para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es necesario la reforma propuesta por la Comisión de Salud, ya que es urgente tratar al problema en justa dimensión; esto es que reconozcamos autoridades, médicos, familiares y legisladores la existencia del abuso en el consumo de tranquilizantes, antidepresivos o hipnóticos y que las autoridades instrumenten un programa de salud que incluya desde la información básica del uso de sicotrópicos, hasta la adicción y dependencia. Debemos encarar el problema convirtiéndolo en una prioridad para así poder evitar que la sociedad sea rehén de estas sustancias.
Asimismo, al aprobar esta reforma se estaría en concordancia con los acuerdos en materia de prevención del uso indebido y lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que ha signado nuestro país como diversos entes y organismos de la comunidad de las naciones.
Por todo lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, votará de manera aprobatoria el dictamen en comento y conmina a los demás partidos en esta Asamblea, respalden de la misma manera la reforma pretendida.
Es cuanto señor. Muchas gracias.
PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Julieta Prieto Fuhrken.
Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
DIP. PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias señor presidente.
La propuesta de dictamen pretende brindarle mayores elementos a la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la receta de sustancias sicotrópicas, agregando que estas recetas médicas deberán ser caracterizadas como especiales.
Las sustancias mencionadas están descritas en el título duodécimo referente al control sanitario de productos y servicios de su importación y exportación, capítulo sexto, artículo 245 de la Ley General de Salud, la cual los clasifica en
cinco grupos: las que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que por ser susceptibles de uso indebido o abuso, constituyen un problema especialmente grave para la salud pública; las que tienen un valor terapéutico pero constituyen un grave problema para la salud pública y las que tienen valor terapéutico pero constituyen un problema para la salud pública; las que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública y cinco, las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria.
La iniciativa presentada expresa en la Exposición de Motivos que, las adicciones y la drogadicción son en nuestro país un problema de salud pública que debe atenderse con prontitud como una prioridad. Los estimulantes y tranquilizantes se consiguen con facilidad en las farmacias y se utilizan como complemento de otras drogas.
Las recetas pueden falsificarse mediante copias fotostáticas o diseñarlas en una computadora o mandando imprimir recetarios a cualquier imprenta. El control de los sicotrópicos se debe llevar a cabo en las farmacias en un libro sellado por la Secretaría de Salud,. en el que se anotan las salidas de estos fármacos y se retienen las recetas para el debido control sanitario.
Uno de los problemas que a últimas fechas se ha incrementado, es el uso de sustancias sicoactivas cuya prevalencia se incrementa en niños, jóvenes y adultos, ejemplo de ello es el incrementado en el uso y el abuso de la cocaína.
El problema con el tipo de medicamentos sicotrópicos, es la facilidad con la que se pueden adquirir en las farmacias no obstante de que la Ley General de Salud y Reglamentos de Insumos para la Salud, establece requisitos muy claros para la venta al público de dichos medicamentos. Existen vendedores sin escrúpulos que comercian sin ningún problema estas sustancias que en algunos casos son utilizadas por individuos adictos a drogas. Caso típico el de la cocaína que en combinación generan efectos más lesivos para la salud de los consumidores.
Como lo estipula el artículo 245 de la Ley General de Salud, estas sustancias presentan un asunto de grave riesgo para la salud pública de nuestra población, cuando no son para uso terapéutico. Es por ello, que el Partido de la Revolución Democrática, en base a su compromiso de luchar en contra de
las adicciones y la drogadicción, se suma a la aprobación del dictamen emitido por la comisión de Salud, con el proyecto de decreto que reforma los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
"ARTICULO UNICO: Se reforman los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
"Artículo 251.Las sustancias sicotrópicas incluidas en la fracción III del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta medica especial, de conformidad con lo establecido en los artículos 241 y 242, la que deberá surtirse por una sola vez de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de Salud".
Artículo 252.Las sustancias sicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción requerirán para su venta o suministro al público receta médica especial de conformidad con lo establecido en los artículos 245 y 242, la que podrá surtirse hasta por tres veces con una vigencia de seis meses contados a partir de la fecha de su expedición y no requerirá ser retenida por la farmacia que la surta las primeras dos veces."
Para alcanzar estos fines y mejorar la salud de millones de mexicanos las y los diputados del PRD consideramos que es necesario que el sistema de cobertura ofrezca un paquete adecuado de servicios a toda la población y también que el gasto federal en salud se incremente, así como el gasto social, para ir enfrentando desde hoy los contrastes y contradicciones que existen en el sector salud.
Con la aprobación de ustedes contribuiremos a disminuir el uso indiscriminado y la obtención de medicamentos psicotrópicos para fines no terapéuticos. Muchas gracias por su votación.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Pedro Miguel Rosaldo Salasar.
Tiene la palabra el diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO JUAN ALCOCER FLORES: Con la aquiescencia de la presidencia. Compañeros diputados y diputadas: es del dominio público que los fenómenos sociales que dañan a la sociedad son precisamente males como son las adicciones y la drogadicción, síndromes que sin reticencias podemos afirmar que disgregan no sólo al individuo que las ingiere sino a toda la sociedad, desde sus bastiones: económicos, políticos y sociales, razón por la cual es una manifestación social que debe combatirse de manera imperiosa y urgente.
El estado de derecho en que vivimos no regula de manera eficaz la compraventa de los medicamentos psicotrópicos, lo que desde luego conlleva a la venta desordenada e inmoderada de dichas sustancias.
El Estado cuenta con una gran infraestructura para combatir el narcotráfico, invierte cantidades estratosféricas en la lucha contra las drogas; sin embargo, las farmacias prácticamente se convierten en satélites de distribución de estimulantes y tranquilizantes, es decir, de sustancias que potencialmente producen adicción, tal como son los psicotrópicos, que pueden ser adquiridos por una persona de la forma más simple. Basta con presentar una simple receta, que puede conseguirse también de la forma más sencilla.
En el trabajo cotidiano de los médicos se encuentran padecimientos como consecuencia de la automedicación que poco tiempo después trae como consecuencias severas alteraciones, por lo que es a todas luces conveniente que quien prescriba dichos medicamentos sean verdaderos profesionales de la medicina para que las alteraciones que experimentan las personas a las que se suministren psicotrópicos puedan ser efectivamente controladas.
Pero para ello se requiere un marco jurídico que permita regular la prescripción de estos medicamentos psicotrópicos, por lo que es necesario entregarle a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud el orden jurídico indispensable para el mejor desempeño de sus servicios. Para el caso de no establecer un ordenamiento que enmarque la venta y compra de psicotrópicos los esfuerzos del gobierno en su lucha contra las drogas serían ociosos .
Por eso hoy, compañeros diputados, compañeras diputadas, les solicito voten a favor de este dictamen que hoy tenemos el gusto de presentar. Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Juan Alcocer Flores.
Tiene la palabra el diputado Arturo León Lerma, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIP. ARTURO LEON LERMA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La urbanización y la industrialización experimentadas por nuestro país en las últimas décadas, han provocado un notable incremento en el uso de substancias que alteran la mente, con repercusiones en la salud individual, en la dinámica familiar y en la convivencia social.
El incremento en el número de personas que usan y abusan de estos productos, se ha reflejado a su vez en mayores índices de mortalidad entre la población en edad productiva y en una mayor frecuencia de conductas violentas en el hogar y en la vía pública.
Además de revisar el marco jurídico y adecuarlo, la estrategia de combate a las adicciones debe incluir acciones en materia de educación, prevención, tratamiento, control de la publicidad y otras.
Si bien es cierto que corresponde a las autoridades de salud hacer una revisión de la clasificación de los psicotrópicos, y su reclasificación de los grupos hasta ahora contemplados en la Ley General de Salud y de que en términos de recomendación quedó plasmada en el cuerpo de esta iniciativa, también lo es el que los legisladores debemos dar los elementos a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud, específicamente a los médicos, los elementos necesarios para controlar el libre comercio de estas substancias y actualizar el marco jurídico que regula la compra venta de los medicamentos psicotrópicos.
No se descarta, de ninguna manera, que este tipo de medicamentos poseen una acción terapéutica efectiva y de gran utilidad en el campo de la neuropsiquiatría, pero su efecto en la conducta del ser humano, sus reacciones secundarias y el control y seguimiento de las mismas, deben ser evaluadas por un profesional de la medicina, ya que de otra manera se estaría favoreciendo su adicción con el consecuente grave daño a la salud de todos, pero en especial a los jóvenes y adolescentes.
Por lo anterior, la prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales que contendrán un código de barras que será asignado por la Secretaría de Salud o por las autoridades sanitarias de los estados.
Esta parte que hoy legislamos parecería no ser de mucha importancia ante el monstruo que representa el mercado negro de la mariguana, la cocaína, la heroína y otras drogas sintéticas. Sin embargo los psicotrópicos se suelen mezclar cotidianamente con el uso de inhalantes y otras drogas, sin reparar en los resultados destructivos que ello ocasiona.
Es importante reconocer que dentro de las economías internacionales se ha generado el incremento del comercio ilegal de substancias adictivas. Sabemos que las adicciones y la drogadicción de nuestro país se ha incrementado hasta alcanzar cifras alarmantes, que los grupos de población que las utilizan, se han diversificado y que autoridades y sociedad civil debemos hacer un frente común en la lucha por su disminución, ya que esta problemática es complicada debido a la multicausalidad de las adicciones.
Por mi conducto el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se suma al consenso de la iniciativa de reforma de la Ley General de Salud para el Control y Vigilancia de las Substancias Psicotrópicas porque estamos convencidos de que la nueva tendencia humanista que debe invadirnos en el seno de la globalización actual, será una aportación esencial en el reencuentro de una mejor sociedad en la que prevalezca la armonía, la solidaridad, la fraternidad y el verdadero desarrollo humano.
Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Arturo León Lerma.
Ha solicitado la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, a quien se le concede, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Gracias, señor Presidente.
Amigas y amigos Legisladores:
Por supuesto que hay que aplaudir y apoyar toda medida que tienda a evitar el consumo de drogas en nuestro país. El consumo de drogas se ha convertido en uno de los principales problemas que enfrenta en estos momentos nuestra nación. Vinculado no solamente a la salud pública, sino a los problemas de inseguridad y comisión de delitos. Así lo demuestran una gran cantidad, en donde atrás de más del 40 por ciento de los delitos del orden común está vinculado el consumo de las drogas.
Sin embargo, subo a esta tribuna para hacer esta intervención para expresar primero una objeción, una solicitud, un comentario y una crítica.
La objeción. Quien vino a fundamentar el dictamen a esta tribuna, y creo que así está también expresado en los considerandos del dictamen que nos proponen, habla que solamente en la frontera norte del país se permite y se auspicia y se genera el uso de droga de esta naturaleza en las farmacias del país.
Y eso, amigas y amigos legisladores, como fronterizo, como representante de Baja California, no puedo tolerar que única y exclusivamente se diga en un documento que vamos a aprobar: "que los fronterizos somos los únicos que consumimos droga". Cuando precisamente los estudios de la Secretaría de Salud habla "que en todo el país este es uno de los principales problemas". ¡Y aquí en el Distrito Federal es uno de los más grandes problemas!
Por eso es la objeción vinculada con una petición a los compañeros de la Comisión de Salud: que eliminen esa generalidad que se establece en el dictamen que vamos a votar.
Segundo, un comentario que es una preocupación. Estudios también realizados por aquellos que se dedican a combatir la corrupción, han encontrado que todo aquello que signifique mayor burocracia, mayor control, mayor trámite, genera y propicia momentos oportunos para que se genere la corrupción.
Yo creo que aquí estamos sentando las bases para que en muchas partes del país se genere una ganancia adicional a aquellos que trafican con este tipo de droga.
Y la crítica tiene qué ver con el hecho de que establece "quienes por prescripción médica necesitan este tipo de recetas, solamente la pueden adquirir por seis meses y tres ocasiones durante esos tres meses". Me explicaba el compañero del PRD que esto no significa que una persona que se encuentra con problemas de salud y que requiere de este tipo de sicotrópicos, no lo pueda volver a solicitar.
Sin embargo, en la redacción de las leyes tenemos que tener mucho cuidado. Toda ley debe ser autoexplicativa, es decir, no requiere de la presencia del que la hizo o de un intérprete de la misma para que las personas puedan entenderla. Y en este caso el no establecimiento de un párrafo adicional donde diga: "quienes sean enfermos crónicos podrán solicitar cada seis meses nuevamente esta receta, con una validez de seis meses". Está diciendo en los hechos que no se puede realizar.
Yo quiero decirles que tengo, mi madre, quien se cayó de una escalera y se le tuvo que hacer una operación en la cabeza. Y de manera crónica, hasta que Dios se la lleve, tendrá que utilizar este tipo de pastillas.
La interpretación que se le da al último párrafo parece excluyente.
Por lo tanto, amigas y amigos, creo que la Comisión debería hacer alguna modificación a efecto de que no quedara de esta manera.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias al diputado Amador Rodríguez Lozano.
No habiendo más diputados registrados, consulte la Secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Suficientemente discutido.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(VOTACIÓN)
LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se emitieron 418 votos en pro y 1 en contra.
EL C. VICEPRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Aprobado el Proyecto de Decreto por 418 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma los artículos 251 y 252 de la Ley General de Salud.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
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Honorable Asamblea, esta Directiva ha recibido la solicitud de diversas compañeras y compañeros diputados, para guardar un minuto de silencio, a efecto de honrar la memoria de un gran mexicano, el doctor Manuel Velasco Suárez, conocido neurólogo y humanista, quien se desempeñaba como Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Bioética, quien fue fundador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, así como Gobernador del Estado de Chiapas.
El doctor Velasco Suárez, hombre congruente, íntegro, de inquebrantable generosidad, era considerado el padre de la bioética en Latinoamérica. Fue cofundador de la Organización de Médicos contra la Guerra Nuclear, que recibió el Premio Nóbel de la Paz en 1985.
En honor a su memoria, esta Mesa Directiva les ruega guardar un minuto de silencio.
Sí, adelante diputado. Dígame diputado.
EL C. DIP. GUMERCINDO ALVAREZ SOTELO (Desde la curul): Señor Presidente, solicito atentamente que en este minuto de silencio que se va a brindar por esta Cámara, también sea dedicado al maestro Juan José Arreola.
EL MISMO C. VICEPRESIDENTE: Bienvenida su propuesta ciudadano diputado. Esta Cámara honrará también en este minuto de silencio al distinguido mexicano y escritor.
(Se guarda un minuto de silencio)
Muchas gracias.
(aplausos)
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En dictámenes a discusión se encuentra el dictamen con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación.
En virtud de que dicho dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, le ruego consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
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EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
EL MISMO C. VICEPRESIDENTE: Se le dispensa la lectura.
Para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Alfonso Vicente Díaz.
EL C. DIP. ALFONSO VICENTE DIAZ (PAN): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Tomo la palabra como diputado perteneciente a la Comisión de Educación y Servicios Educativos, la cual somete a consideración de esta Soberanía, la adición al artículo 75 de la Ley General de Educación, presentada por el diputado Juan Alcocer Flores, para que sea infracción el que no sean aceptados en los planteles educativos niños o niñas con alguna discapacidad, debiendo éstos ser integrados.
Los diputados y diputadas de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, presentamos este dictamen unánime, que expresa nuestra convicción de hacer todo cuanto sea necesario para apoyar a aquellos mexicanos y mexicanas con capacidades diferentes, niñas y niños principalmente en este caso, que por una u otra causa enfrentan dificultades para desarrollar sus potencialidades.
Estamos convencidos de que en la medida que demos las facilidades y el apoyo solidario al sector poblacional con capacidades diferentes, sumaremos a favor de México a un grupo de personas entusiastas, que en su lucha cotidiana contra la discriminación manifiestan lo más alto de las cualidades humanas.
Los triunfos deportivos obtenidos en las competencias internacionales son un ejemplo del pundonor con que los discapacitados superan día con día la adversidad.
Vemos que la sociedad civil organizada, el sector empresarial, los medios de comunicación y todos los demás actores de la vida pública del país, coordinan esfuerzos para que la promoción humana de los menores con discapacidad y procuran concientizar e involucrar a toda la ciudadanía en este sentido.
El Poder Legislativo no debe por ningún motivo quedar ausente de estos esfuerzos, por el contrario, debe actuar como fiel garante de los derechos humanos de igualdad y de diferencia, para las personas con capacidades diferentes. Seamos para ellas factor de desarrollo y no un obstáculo más.
Hay una deuda histórica con los grupos vulnerables y al Poder Legislativo le corresponde pagar una muy importante parte de esta factura moral y social. Legislar en este sentido no es una concesión ni un favor que se otorga sino un mínimo con el que debemos contribuir a la formación de actitudes sociales, a la construcción de instituciones y a la edificación de una cultura del respeto, la tolerancia y la solidaridad.
Sabemos que el Senado , en el Senado se trabaja en una Ley General para la integración de personas con discapacidad la cual esperamos contribuya a la solución de la problemática de integración de este grupo con la sociedad y aporte un marco jurídico que responda a las expectativas que ene l Poder Legislativo tienen las personas con discapacidades.
En referencia a la Adición que proponemos, cabe decir que recientemente la Ley General de Educación estableció en su Artículo 41º "que la Educación Especial atenderá a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones , con equidad social", planteamiento acorde con el Artículo 2º en el que se precisa "que todo individuo tiene derecho a recibir educación en igualdad de oportunidades".
De este modo se puede afirmar que tanto para la Educación Regular como para la Especial hay un marco jurídico que obliga a las autoridades educativas, a los padres, tutores y maestros de escuelas a procurar la satisfacción integral de las necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia social y productiva de las personas con problemas de discapacidad.
Sin embargo quedaba pendiente en la propia Ley General de Educación el considerar como una infracción de quienes prestan servicios educativos el no aceptar en sus planteles a los educandos con alguna discapacidad que deben ser integrados; por ello, hago un llamado a cada uno de los Legisladores y Legisladoras aquí presentes para que en consonancia con nuestra representatividad se sumen a favor de esta adición que a la letra dice: "se adiciona el Artículo 75 de la Ley General de Educación, una fracción 12 y la actual 12 pasa a ser el número 13 para quedar como sigue: Artículo 75: son infracciones de quienes prestan servicios educativos, Fracción 12, no aceptar en sus planteles a niños con alguna discapacidad que deban ser integrados E Fracción 13 y cumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta ley así como las disposiciones expedidas con fundamentos en ella. "
Muchísimas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Alfonso Vicente Díaz.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se le concede la palabra al diputado Javier Rodríguez.
Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Único del proyecto de Decreto y subrayo con la modificación presentada por la Comisión
EL C. DIPUTADO JAVIER RODRIGUEZ. Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras Legisladoras. El grupo parlamentario del PAN está a favor de esta propuesta y a favor de las personas con discapacidad, beneficios que pueden darse en todos los ámbitos, es imperativo establecer los medios que permitan el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Esperamos en este sentido, la adhesión de todas las fuerzas políticas de este Congreso.
Según estadísticas recientes, 10% de los ciudadanos en México tienen algún tipo de discapacidad legislar a favor de ellos implica además el respeto a su dignidad de persona humana evitando la discriminación en las instituciones educativas para que cursen la educación básica completa..
El acceso a la educación regulador a la cual tienen derecho constitucionalmente, es una cuestión de justicia y de solidaridad. Todo mexicano, sin importar raza, sexo, costumbres o religión alguna tienen derecho.
El artículo 2º de la Ley General de Educación dice que: "Todo individuo tiene derecho a recibir educación teniendo las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional". Al México de hoy están llegando las oportunidades iguales para todos y votar a favor de este dictamen de reformas y adiciones a la ley para incorporar a los discapacitados a la educación regular –insistimos es una deuda con este sector olvidado y marginado de la sociedad. De igual manera, implica el reconocimiento de sus derechos en el nivel de todos los mexicanos.
El Partido Acción Nacional está convencido de que requerimos leyes incluyentes que consideren la diversidad de nuestra población. Con este dictamen seguimos dando los pasos necesarios para crear las condiciones que permitan a los que por muchos años no se les ha hecho justicia, solicitamos y exhortamos a todos y a todos los grupos parlamentarios, a que se sumen en esta urgente necesidades que han manifestado los discapacitados.
La dignidad humana no admite espera, lograr la legislación acorde a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad es una tarea que no acepta más plazos. Esta es parte de las acciones que están transformando al país; ésta es parte de los retos y desafíos que como legisladores nos hemos propuesto en la búsqueda del bien común, a favor de políticas públicas con un alto compromiso social en beneficio de las clases más desprotegidas y vulnerables de nuestro México.
Por su atención. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Muchas gracias al diputado Javier Rodríguez.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra el diputado José Luis García.
EL C. DIP. JORGE LUIS GARCIA VERA: Compañeras y compañeros legisladores:
A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, es que venimos a asentar la postura en torno a la reforma al artículo 75 de la Ley General de Educación, por medio del cual se integra de manera formal a los niños con capacidades diferentes.
Esta gran oportunidad que los legisladores de esta LVIII tenemos de darle la oportunidad a los niños con capacidades distintas, de integrarse con plenitud a la vida cotidiana de nuestros niños, es una gran oportunidad que no debemos desaprovechar.
Por ello, yo los invito a nombre del Partido Revolucionario Institucional, para que ésta iniciativa, este proyecto de decreto sea votado a favor.
No podemos cerrar los ojos los legisladores ante el problema real que enfrentamos.
Hoy tenemos en nuestras manos la posibilidad de darles esa gran oportunidad a nuestros niños. Estamos seguros de que habrá de ser votado a favor.
Muchísimas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Jorge Luis García Vera.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se le concede la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señor Presidente.
Es indudable que en esta sociedad, nuestra sociedad a la cual representamos, había temas tabúes y a los cuales se les quería esconder debajo del tapete.
Para nosotros es muy grato que esta Legislatura enfrente y afronte la problemática nacional en toda su dimensión.
Los discapacitados que existen en este país en todos los niveles, generalmente se les quería, repito, esconder debajo de la alfombra, como si no existieran en esta sociedad. Esta Legislatura, esta Comisión de Educación, aborda y enfrenta esta problemática y nosotros creemos que no solamente tienen derecho a esa oportunidad, tienen derecho a una vida plena de acuerdo a sus facultades y esta sociedad no tiene ningún derecho a regatearles ese derecho pleno que tienen a gozar en cualquier centro.
Por eso es que a nombre de mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, nosotros decimos que esta iniciativa debe ser aprobada en su conjunto y por unanimidad y en tal sentido nosotros nos unimos a esta iniciativa para que todos los niños de México sin ningún distingo puedan tener y acceder a la educación conforme a sus capacidades, conforme a sus necesidades y conforme a los derechos que tienen todos y cada uno de los niños de México.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.
En virtud de que ha concluido la fijación de posiciones por parte de los grupos parlamentarios, quisiera ofrecer el uso de la palabra para continuar con el debate en pro y en contra.
Se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del artículo del Proyecto de Decreto, los siguientes oradores.
En pro, el diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL DIP. JUAN ALCOCER FLORES: Con su permiso señora Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas:
Es para mí un enorme gusto que todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso se hayan adherido para apoyar este proyecto de dictamen, y es un gusto y lo celebro porque la autora de esta iniciativa de ley es una joven que ha demostrado que con justicia se puede perfectamente estudiar la educación básica regular. Ella es una excelente abogada, es además una brillante pianista y es invidente. Ha cursado precisamente la educación básica sin problema alguno. Escribió la iniciativa que hoy se dictamina en máquina de escribir, sin cometer un solo error.
Esta es una prueba de que la gente con alguna discapacidad desarrolla capacidades diferentes, pero sobre todo una gran calidad humana.
Muchísimas gracias por apoyar este proyecto de dictamen. Gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Antes de solicitar a la secretaría abra el sistema electrónico para registrar la votación, esta Mesa Directiva desea saludar al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rumania en los Estados Unidos Mexicanos, el excelentísimo señor Basile Dan, a quien saludamos respetuosamente.
Solicito a la secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto con las modificaciones.
EL MISMO SECRETARIO: Se emitieron 421 votos en pro, cero en contra y una abstención.
LA PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 421 votos, con las modificaciones integradas en esta sesión.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que adiciona una fracción al artículo 75 de la Ley General de Educación.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
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Esta Mesa Directiva desea informar a nuestros compañeros legisladores, con el propósito de que tomen las previsiones en su agenda, que el día de hoy por acuerdo de los grupos parlamentarios, la sesión va a realizarse hasta las 18 horas.
El siguiente punto del orden del día es la presentación de excitativas. Con tal propósito, se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal para presentar una excitativa a las Comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
EL DIP. ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, ciudadana Presidenta; ciudadanos Secretarios:
El pasado 11 de septiembre presenté ante esta asamblea un punto de acuerdo para que las Comisiones de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promovieran una reunión de trabajo con servidores públicos de la Federación, invitando a los gobiernos del estado de Puebla y de los municipios involucrados a efectos de analizar lo programas e inversiones para el saneamiento de la Cuenca de Necaxa.
El punto de acuerdo compañeras, compañeros diputados, estuvo motivado, entre otros factores, por los resultados de estudios realizados por el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM, destacando, entre otros elementos los siguientes:
La Cuenca de Necaxa tiene en su entorno 6 centros urbanos, con una población de 300 mil habitantes. El 22% del suelo es sobreexplotado o incompatible. El 38% de la superficie tiene índices altos y muy altos de erosión.
Los niveles de deforestación indican que en los últimos 20 años se han perdido 6 mil 767 hectáreas, o sea, una tasa del 10%, muy superior a la media nacional que es del 2%.
Cerca de 13 mil hectáreas presentan riesgos geológicos. Se generan 74 toneladas diarias de residuos sólidos que se convierten en 120 toneladas diarias hacia el año 2020.
Además de que los sistemas de recolección son insuficientes, se observa una gran cantidad de basura en los cauces y barrancas y los tiraderos en general están a cielo abierto.
En el lapso de la fecha en que se presentó este punto de acuerdo a la actualidad, prácticamente no hemos avanzado en ninguna de las inversiones que se habían programado por los tres órdenes de gobierno, habida cuenta del subejercicio presupuestal, así como el retardo en el envío de recursos federales que apenas en los últimos quince días, en algunas partidas están llegando al Estado y a su vez del Estado a los municipios.
Además, en este mismo período, el Ejecutivo Federal puso a consideración de esta Asamblea el Presupuesto de Egresos de la Federación que considera en el caso de medio ambiente y recursos naturales, entre otras, las siguientes estrategias:
Contención del deterioro del medio ambiente y recursos naturales que incluye la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas; la recuperación del medio ambiente y la prevención y control de la contaminación.
El fomento a la producción sustentable que incluye la producción y fomento forestal, la industria limpia y la infraestructura hidroagrícola.
Se enfatiza, en todo caso, que la contención del deterioro del medio ambiente permanece como el objetivo central de la política ambiental. Además se hace explícito el compromiso de dar paso a un amplio proceso de gestión y participación social a través de diversos instrumentos, entre ellos los consejos de cuenca.
En este contexto, el Proyecto de Presupuesto considera 13 mil 399.14 millones de pesos para medio ambiente, recursos naturales, de los cuales 2 mil 417 se canalizarán a presupuesto de gasto directo y 10 mil 918 a subsidios y transferencias.
Igualmente, destaca en la iniciativa del presupuesto el propósito de impulsar programas de desarrollo regional sustentable. Sin embargo, analizado el presupuesto general y los tomos correspondientes, en el conjunto de documentos presentados no se hace referencia explícita a las regiones o a la cuencas y por lo tanto no es posible discernir si el proyecto que dio origen al punto de acuerdo en comento está o no considerado.
En tal virtud, compañeras, compañeros diputados y en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva formular una atenta y respetuosa excitativa a las Comisiones de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que procedan al dictamen y resolución de la propuesta en torno al saneamiento del sistema hidrológico de la Cuenca de Necaxa.
Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emitan el dictamen correspondiente.
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Pasamos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Granel Campos, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la salud y empleados públicos.
LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANEL CAMPOS. Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Para el Partido de la Revolución Democrática, es condición fundamental iniciar la recuperación de los salarios y su poder adquisitivo, así como modificar las graves distorsiones en las relaciones laborales, particularmente de los Trabajadores al Servicio del Estado.
El salario en el sector público también se ha deteriorado y el empleo atendido a su estancamiento. No obstante que el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2002 enviado por el Ejecutivo considera un aumento en los salarios de 4.5% y considera los retiros voluntarios, es importante destacar que con dichas medidas no se logra resarcir la pérdida del poder adquisitivo.
El gobierno ha instrumentado una política de gasto social que disminuye la protección y los derechos sociales y cuya premisa es la de racionalizar los gastos y focalizar los beneficios para algunos grupos de pobres.
Es importante recordar que respecto a salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2001 se destinaron partidas adicionales por 120 millones de pesos, sin embargo dicho monto resultó inferior a las necesidades del sector y a lo propuesto por la Comisión de Salud y de la propuesta del PRD.
Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó un tercer ajuste al presupuesto por 3 mil 45 millones de pesos, además de que en el contexto de la recesión los programas de salud han sido afectados. Para el año 2002, el presupuesto de salud registrará una caída en términos reales de 9.7% de aprobarse la propuesta del Ejecutivo.
En este contexto, a los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados se acercaron recientemente un grupo de Trabajadores al Servicio del Estado, particularmente del Sector Salud, para plantearles distintos problemas que se enumeran enseguida:
La primera condición para superar el deterioro de las instituciones que conforman el Sector Salud, es revertir su prolongado desfinanciamiento y garantizar un crecimiento programado y estable del gasto público en salud incrementando el presupuesto.
Para impulsar el fortalecimiento del Sector Salud es necesario revertir la política de congelamiento de plazas públicas, diseño de programas efectivos de empleo permanente y fomentar una política salarial que incremente el poder adquisitivo real de los trabajadores.
En el corto plazo, es indispensable elevar el gasto público en salud y poder alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto, que es el nivel promedio de gasto en los países con cobertura universal.
La basificación y recodificación del personal eventual y con funciones de base, así como descongelamiento de plazas que se requieren en los trabajos sustantivos de los servicios públicos; reducción del personal de confianza, escalafón y mejoramiento para jubilados; actualización de catálogos de puestos, tabuladores de puestos y profesiogramas e impulsar la capacitación bilateral con valor curricular y desarrollar un sistema de méritos y ascensos en puestos de base.
Las demandas de estos trabajadores coinciden con las preocupaciones del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que la política presupuestaria constituye uno de los elementos más importantes de la política económica y como tal, puede inducir en el crecimiento de la economía el empleo al mismo tiempo que orientar el sentido social del desarrollo.
Por ello es urgente incrementar el presupuesto público asignado al sector salud, para detener el proceso de deterioro de su infraestructura y financiar los servicios de salud proporcionados por el gobierno.
El país requiere de un sistema de salud universal, equitativo y con carácter gratuito para poder proteger a quienes no pueden acceder a la atención privada de la salud.
Varias de estas peticiones tienen un impacto presupuestal directo y convendría que la Cámara de Diputados en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, meditara la pertinencia de reflejarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año 2002.
Otras de las inquietudes de los sindicalistas, tienen que ver con su situación laboral y con la relación que guardan con las respectivas secretarías de estado. Por lo que la Cámara de Diputados sin alejarse de sus facultades constitucionales, podría coadyuvar a su pronta y adecuada solución.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente:
"PUNTO DE ACUERDO
"PRIMERO: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda turnar la demanda de los trabajadores de la salud en materia de incremento al gasto social, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de la discusión y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año 2002, consideren un incremento sustantivo a las partidas correspondientes y con ello atiendan su solicitud.
"SEGUNDO; Asimismo, que las demandas laborales se turnen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve a su pronta solución".
Signan esta Proposición, el diputado Tomás Torres Mercado, el diputado independiente Humberto Mayans Canabal, diputada Magdalena Núñez Monrreal, diputado Rafael Hernández Estrada, diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, diputado Rafael Servín Maldonado, diputado Rufino Rodríguez Cabrera, diputada Petra Santos, diputado Auldárico Hernández, diputado Martí Batres, diputado Pedro Miguel Rosaldo, diputado Alejandro Gómez Olvera, diputada Rosalinda López Hernández, diputado Esteban Daniel Martínez, diputado Jesús Garibay y la de la voz Adela del Carmen Graniel Campos.
Es cuanto señora presidenta.
PRESIDENTA: Gracias diputada.
Para referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Durante los últimos 26 años los trabajadores mexicanos fueron sometidos a un brutal deterioro de sus condiciones de vida. El desempleo se convirtió en el peor de los medios a los que puede ser condenado cualquier ser humano. Los salarios reales perdieron 73% de su poder adquisitivo durante ese lapso.
El empleo informal tendió a crecer como resultado de la falta de oportunidades productivas. La pobreza llegó para quedarse entre los mexicanos y su expresión más aguda se encuentra enraizada en más de 26 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema.
Los regímenes neoliberales que nos han gobernado desde la época de Miguel de la Madrid, pasando por el de Salinas, Zedillo y el actual gobierno foxista, no han hecho otra cosa que descargar sobre las espaldas de los trabajadores los ajustes brutales que ha experimentado la economía mexicana.
Como todos sabemos, las crisis recurrentes que ha vivido el aparato productivo nacional han creado problemas en las ganancias de los empresarios, que se han compensado reduciendo drásticamente los salarios reales de los obreros.
Esta política se tradujo de forma directa en el mecanismo más utilizado para impulsar la concentración de la riqueza en México, que ha llegado a ritmos alarmantes, pues conforme información que difunde profusamente el INEGI a través de la encuesta de ingreso gasto de las familias, del año 2000, se ilustra que los tres últimos deciles concentran más del 66% del ingreso nacional, lo que constituye a todas luces una ofensa social para un país de millones de pobres y un puñado de poderosos que lo tienen todo.
Compañeras y compañeros diputados: los trabajadores administrativos del gobierno federal no se han salvado del deterioro de las condiciones de vida que han sufrido los obreros de este país. La experiencia de sus luchas está registrada en los anales de la historia de la clase obrera de nuestra nación.
Las privatizaciones de las empresas paraestatales tuvieron como resultado el despido de cientos de miles de trabajadores públicos. Los recortes de personal en las distintas dependencias del gobierno federal también arrojaron al desempleo a cientos de miles de trabajadores del sector público, sin considerar los despidos forzados que tomaron la forma de liquidaciones voluntarias.
Con el nuevo gobierno las liquidaciones y el despido de miles de trabajadores no se han hecho esperar. Las fuentes de información nos hablan de más de 18 mil trabajadores que han dejado de laborar en el sector público durante la era de Fox.
Estas se han dado por la vía de liquidaciones y de supuestas reestructuraciones, que tienen como claro propósito lograr el equilibrio del presupuesto público con tal de cumplir con las metas exigidas por los organismos financieros internacionales para considerar viable la política económica que aplica el gobierno federal y otorgarle acceso preferente al crédito externo.
Las demandas de los trabajadores públicos, y en particular los trabajadores del sector salud, se inscriben dentro de la defensa de los legítimos intereses de los empleados y trabajadores administrativos de la Secretaría de Salud, por lograr mejores niveles de bienestar y por la defensa de sus condiciones laborales.
Para ello están exigiendo se eleve el gasto público en salud para garantizar su crecimiento programado y estable. Inclusive el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha planteado, en la reciente glosa del primer informe presidencial la urgencia de que el presupuesto público en salud se eleve anualmente como mínimo al 8% del producto interno bruto para lograr una cobertura universal.
Nosotros estamos convencidos de que la propuesta de los trabajadores del sector salud en el sentido de revertir la política de congelamiento de plazas del sector público, así como de incremento a sus percepciones reales constituye una demanda legítima porque, tal como hemos comentado, los salarios reales en esta nación han ido sistemáticamente a la baja, mientras las ganancias se han incrementado considerablemente sin que por ello se traduzca en una mayor recaudación fiscal para beneficiar al pueblo.
Asimismo, hemos visto cómo los funcionarios públicos federales y de otros niveles de gobierno se incrementan sus salarios de forma exorbitante sin que se vea con ello un elevamiento de la rentabilidad social de su actuación.
En cambio, para los trabajadores de base la posibilidad de aumentar sus percepciones salariales está prácticamente prohibida.
Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya el punto de acuerdo presentado por el PRD en el sentido de que esta soberanía turne la demanda de los trabajadores de la Secretaría de Salud en materia de incremento al gasto social a las distintas comisiones relacionadas con ello para que se considere un aumento sustantivo en los rubros correspondientes y se atiendan las demandas de estos trabajadores. Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del orden del día es la proposición de punto de acuerdo en relación con el proyecto de presupuesto remitido por el Ejecutivo Federal. El grupo parlamentario del PRD ha solicitado se posponga para una próxima sesión.
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El siguiente punto del orden del día es la presentación de una proposición con punto de acuerdo en relación con los recursos destinados al IPAB.
Con tal propósito, se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del PRD.
EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Con su permiso, señora Presidenta. El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
En 199 el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) asumió la totalidad de los pasivos del FOBAPROA, excluyendo los créditos que en su momento le otorgó al FOBAPROA tanto el Banco de México como Nacional Financiera, así como los recursos canalizados al Programa de Apoyo a Deudores y los Acuerdos de Participación de Pérdidas, por lo que la deuda neta del IPAB a diciembre de 1999, ascendía a 725 mil millones de pesos.
Al día de hoy dicha deuda asciende a 697 mil 168 millones de pesos. Conviene mencionar que al excluir los créditos de Banxico y Nacional Financiera (NAFIN), no significa que haya disminuido el costo para los contribuyentes, ya que han sido amortizados con recursos fiscales.
Es así como el IPAB nace con una deuda de aproximadamente 725 mil millones de pesos y la propia Ley del IPAB obliga a la Cámara de Diputados a destinar año con año recursos fiscales para este Instituto.
Para ello se creó en el Presupuesto de Egresos de la Federación el ramo 34, Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca.
Los pasivos netos que el IPAB heredó del FOBAPROA, pagarés de saneamiento, capitalización, captación, pagan rendimientos que dependen de factores relacionados con la eficiencia bancaria y a la sustitución de pagarés de capitalización por pagarés de saneamiento financiero. De este modo el servicio de la deuda del IPAB no puede ser valuado a la tasa real de los CETES 6.50 %, sino que se adiciona un premio adicional determinado como un subsidio que el Gobierno Federal otorga al sistema bancario y que representa una tasa de 0.67 %, es decir, 51 mil 381 millones de pesos.
Estos pagarés son los que han generado la sobretasa que deben pagar los contribuyentes y que significa tan sólo para el año 2002, recursos adicionales por 7 mil 210 millones de pesos.
Consideramos que la sobretasa que otorga como subsidio el Gobierno Federal al sistema bancario mexicano, ya no se justifica, pues los bancos ya no se encuentran en la precaria situación que tenían en 1999. Además de que en su mayoría han sido adquiridos por bancos extranjeros, lo que les ha permitido capitalizarse.
La valuación del componente real de los intereses del IPAB, debe hacerse como máximo al 6.50 %, que es la tasa real de los CETES.
A pesar de que nos hemos opuesto a que esta carga se convierta en deuda pública, para no legalizar el fraude del FOBAPROA y cargarlo al pueblo de México, cada año se destinan importantes recursos al IPAB, por lo cual no estamos de acuerdo en seguir pagando la sobretasa cargada a los pagarés a costa de los contribuyentes.
Para el 2002, el Ejecutivo pretende que el presupuesto destinado al pago de las obligaciones del IPAB, ascienda al 15.2 % del gasto neto presupuestario o 3.4 % del producto interno bruto (PIB), cuando el año pasado fue del 14.4 % y 3.3 % respectivamente.
No encontramos justificación de este incremento, ya que mientras la panza del FOBAPROA e IPAB se aumentan recursos año con año, a los programas sociales y de inversión productiva se reducen.
En la Exposición de Motivos del Presupuesto se nos dice: "El monto solicitado para el próximo año resulta mayor en términos nominales en 4 mil 223 millones de pesos, con respecto a lo autorizado en este ejercicio fiscal". Dicho incremento se explica por los siguientes efectos:
1.En términos nominales durante el 2001 el saldo base para calcular los intereses se estima se incrementará en 5.4 por ciento. Lo anterior aumenta el monto requerido para atender el servicio de los intereses reales para un nivel dado de tasas de interés.
2. La presión al alza generada por el efecto anterior es parcialmente compensada por la tasa de intereses aplicable que disminuye en 0.8 por ciento porcentuales, al pasar de 7.45 por ciento en la estimación original para el presente ejercicio fiscal a 7.37 para el próximo año. Esta disminución se explica por un aumento en 0.25 por ciento puntos porcentuales en la tasa real estimada y una disminución de 0.33 puntos porcentuales en la sobre tasa que paga el Ipab por la estructura de sus obligaciones.
No obstante esta aseveración, insistimos en que no hay justificación para una sobre tasa que genera obligaciones por más de 7,000 millones de pesos, que equivalen al presupuesto del Ramo 33 destinado al estado de México o Tamaulipas y es igual al de Zacatecas y al del Distrito Federal juntos.
Nos preguntamos también si se justifica un presupuesto de 45,378 millones de pesos para subsidiar a bancos mayoritariamente extranjeros, hoy por hoy que operan en nuestro país, cuando los oferentes nacionales obtuvieron importantes ganancias sin tener que distribuir nada al fisco. Esa suma podría dimensionarse con las siguientes comparaciones ya que equivale a:
Tres veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social.
1.5 veces el presupuesto de la Secretaría de Agricultura.
39 veces el gasto destinado a la Secretaría de Turismo.
3 veces el destinado a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
83 veces el presupuesto para la Universidad de Chapingo.
150 veces el gasto para el Servicio Postal Mexicano.
3.5 veces el presupuesto para la Universidad Nacional Autónoma de México.
22 veces el de la UAM.
90 veces el recurso destinado al Hospital Infantil de México.
Igual al presupuesto del Issste.
Estos ejemplos sirven para ilustrar la onerosa carga que debemos soportar los mexicanos por un fraude de cuyos responsables gozan de cabal salud e impunidad y al cual todavía se pretende otorgar una sobre tasa como premio.
Por lo anteriormente expuesto y encontrando recursos para el gasto social, proponemos a esta soberanía el siguiente
P u n t o d e A c u e r d o :
Uno. Que se elimine el monto destinado al gasto total del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, Ipab, que en la propuesta de Presupuesto de Egresos para el año 2002 asciende a más de 28 mil 493 millones 600 mil pesos.
Dos. Que se elimine la sobre tasa del 0.87 por ciento que se propone para pagar por concepto de los pagarés que posee el mismo Instituto.
Tres. Que el monto de los 28 mil millones de pesos destinados para el Ipab en este presupuesto sean redirigidos a gasto social, como en las instituciones que ya señalamos.
Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, ciudadano Diputado.
Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público.
Para hablar sobre el mismo tema ha solicitado uso de la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del PT, y la tiene hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para expresar su posición en torno al punto de acuerdo que ha presentado el grupo parlamentario del PRD en relación con los recursos destinados al Ipab, que como sabemos desde su constitución se vislumbraba como el instrumento a través del cual los dueños del capital de este país prolongarían el mayor fraude financiero cometido contra el pueblo de México.
Desde diciembre de 1994 nuestro grupo parlamentario se opuso rotundamente a la alianza PRIPAN que votaron en apoyo a la creación del Ipab, que supuestamente se presumía sería la alternativa más viable para resolver en los mejores términos la formidable acumulación de pasivos y activos del entonces Fobaproa, que se derivaron de la crisis financiera de finales de 1994.
Nuestra oposición ha tenido como argumento fundamental que antes era necesario realizar una revisión de los créditos traspasados, ya que desde entonces afirmábamos que muchos de ellos se habían llevado a cabo de manera fraudulenta, con lo cual lo único que se estaba provocando era la reproducción de irregularidades, a la vez que se fomentaba la impunidad para el delincuente de cuello blanco.
Como lo hemos denunciado incansablemente, bajo el ambiguo y siempre sospechoso andamiaje legal del IPAB, se encubrió el atrincheramiento de una mafia extensamente ramificada del sistema bancario mexicano, que se extendió entre el sector privado y algunos funcionarios públicos que conspiraron por años para posponer eternamente la liquidación de la crisis bancaria, con objeto de continuar obteniendo enormes ganancias ilegales a través del mismo instituto.
Como sabemos, por su misma naturaleza el IPAB fue resultado de un proceso irregular, que más que proteger a los ahorradores se ha vuelto una mina de riqueza que ha dado cobijo a las operaciones fraudulentas realizadas por delincuentes que pomposamente se hacen llamar banqueros. Por ello, este instituto está desde su origen condenado a perdurar con una carga fiscal cada vez más onerosa para las finanzas públicas, ya que sobrevive gracias a las transferencias anuales del gobierno federal, la última de las cuales ascendió a más de 4 mil millones de pesos.
Vemos que ese instituto ni por equivocación ha cumplido con las funciones que le fueron asignadas, más bien se ha distinguido por un caudal de escándalos que en el mismo se han desarrollado. Dichos escándalos van desde el conflicto de intereses en que han incurrido algunos de sus vocales, por cierto muy ligados a uno de los partidos que impulsaron la creación del instituto, hasta la extorsión y lavado de dinero recientemente denunciada y que tiene como principal protagonista al Secretario Adjunto Jurídico del IPAB, con la complicidad de un alto funcionario de BANCOMEXT, lo que ha implicado la intervención de la Procuraduría General de la República, amén de que la Junta de Gobierno y su Secretaría Ejecutiva definieron sus propios cotos de poder que les permite manejar los recursos a su libre albedrío.
Hasta la fecha la PGR no ha especificado los montos de las operaciones denunciadas por un empresario, sin embargo otras fuentes dijeron que se trata de un millón y medio de dólares que habría sido recibido para una gestión relacionada con la reestructuración de un crédito que involucra al grupo bursátil mexicano.
Las operaciones ilícitas se realizaron de transferencias de México a Europa y a otros países y viceversa. Tenemos conocimiento que otros siete funcionarios están sujetos a investigación. Los dos funcionarios detenidos están acusados de extorsión, enriquecimiento ilícito, cohecho y asociación delictiva.
Un dato relevante es que el Grupo Mexicano de Desarrollo, SINCRO, y sus accionistas mayoritarios, los integrantes de la familia Ballesteros, son de los más favorecidos por las operaciones del FOBAPROA, incluyendo el rescate carretero con cerca de 30 por ciento de los recursos públicos destinados para tal fin. Además, han obtenido beneficios de la política de salvamento en la emisión de un eurobono y como deudores individuales de la banca.
Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo es preocupante que el IPAB esté lejos del cumplimiento de las funciones que la ley de la materia le confiere. Miles de millones de pesos en activos día a día se deterioran porque el instituto no los vende ni los subasta. Nos preguntamos: ¿Con qué fin? Las pocas operaciones que se han llevado a cabo no están del todo claras.
A lo anterior había que agregar el que a casi dos años de su creación el IPAB continua sin contar con los registros de valores contables de algunos inmuebles, muebles y obras de arte. Por otra parte, pese a la recomendación formulada al IPAB por la Auditoría Superior de la Federación, éste no ha llevado a cabo una auditoria para detectar posibles irregularidades o ilegalidades en los créditos del Grupo A que reportó el auditor Mackey.
Por todo lo anteriormente expresado, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, suma su apoyo al Punto de Acuerdo en comento y asumimos el firme compromiso de que esta Soberanía dé seguimiento minucioso a la actuación del IPAB, en el entendido de que para el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio del 2002, se reconsideren substancialmente los montos asignados para cubrir los adeudos de este instituto.
Es cuanto señora Presidenta, muchas gracias.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado.
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Continuando con el orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Eddie Varón Levy, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación con el presupuesto asignado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es del Grupo Parlamentario del PRI.
EL C. DIPUTADO EDDIE VARON LEVY Con su venia señora Presidenta. Con permiso de todos ustedes compañeros compañeras Diputados. Los integrantes del grupo parlamentario del PRI en esta H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 65, 70 y 78 del Reglamento para el Gobierno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos también, proponemos el presente Punto de Acuerdo para evaluar ante esta Soberanía y actuar en consecuencia, el recorte presupuestal propuesto en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2002 de la Secretaría de Relaciones Exteriores bajo las siguientes consideraciones.
El presupuesto propuesto por la Secretaría de Relaciones Exteriores para el Ejercicio Fiscal 2001 ascendió originalmente a 4 mil 719 millones de pesos de lo cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propuso un presupuesto de 3 mil 750 millones.
Finalmente en la Cámara de Diputados se aprobó un presupuesto para el año 2001 de 3 mil 665.7 millones de pesos, esto es, 84.3 millones de pesos menor a la propuesta reducida en su momento.
La propuesta de la Secretaría de Hacienda, plasmada en el proyecto de Presupuesto para el Ejercicio 2002 contiene en el rubro correspondiente a la Secretaría de Relaciones Exteriores una disminución de 3 mil 665.7 millones de pesos autorizados en el Ejercicio Fiscal pasado a los 3 mil 507 millones de pesos. De ese monto 2 mil 673.26 millones corresponde al gasto de las representaciones nacionales en el exterior, 939.876 millones de pesos a las funciones que se llevan a cabo dentro de nuestro país y 399.79 millones de pesos al pago de aportaciones a organismos internacionales.
En el proyecto de Presupuesto para el 2002 la ayuda a mexicanos en el extranjero fue reducida a un 53%, esto es, de 21 millones de pesos asignados para el ejercicio 2001 , en el 2002 se propone una asignación de tan solo 10.5 millones de pesos.
Entonces ¿dónde quedaron las promesas de campaña en materia de seguridad y protección jurídica? ¿Dónde está la prioridad y el apoyo a los mexicanos que viven en el exterior como lo mencionó tantas veces el señor Presidente Vicente Fox y en dónde se reflejan dichas prioridades en el presupuesto?.
Al grupo parlamentario del PRI le queda claro que existen prioridades en la asignación de presupuesto; por ejemplo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público propone en el proyecto de Presupuesto para el 2002, un aumento al presupuesto en el rubro de Cultura, siendo esta de 4 mil 342 millones de pesos asignados al 2001 , 4 mil 88848.7 al 2002, representando esto un aumento de 506.52 millones más que el ejercicio anterior.
En el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos su presupuesto en el 2001 fue de 433 millones, para el 2002 se propone un aumento a 715 millones de pesos representando estos 282 millones de pesos más un 75% de crecimiento en términos reales
En los diez lineamientos principales del Decreto de Presupuesto está debidamente ubicada la protección a los Derechos Humanos de los mexicanos dentro y fuera de México; sin embargo habrá que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tiene facultad alguna de proteger a los mexicanos en el exterior ya que de acuerdo a la Ley del Servicio Exterior Mexicano los diversos tratados internacionales y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , dichas funciones son facultad exclusiva de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus embajadas y consulados, ya que estos son los únicos actores reconocidos bajo estos principios fundamentales.
En territorio nacional la protección a los Derechos Humanos no sólo es facultad exclusiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sino también de diversas instancias judiciales y administrativas de acuerdo a las atribuciones que las leyes le dan.
Estas son las responsabilidades de observar y cuidar escrupulosamente la
protección de tales derechos Que quede claro, no tenemos nada en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, reconocemos que la protección a los derechos humanos es fundamental ya que parte de nuestras garantías constitucionales estamos en contra de exponer a nuestros connacionales radicados en el exterior a ser víctimas del presupuesto y a ser un número más en las estadísticas.
Por otra parte, las restricciones presupuestales implicarán: insuficiencia de recursos para cubrir los gastos de las representaciones en el exterior a reducirse en 6.8 millones de dólares la partida presupuestal correspondiente; notable debilitamiento de las labores de protección a mexicanos vulnerables en el exterior, tan solo el presupuesto para ayuda a mexicanos y repatriados en el exterior contempla una reducción del 50% al pasar de 21 millones de pesos en 2001, a 10.5 millones para el ejercicio 2002.
Postergación de apertura de consulados, Juma, Las Vegas, cierre de series consulares como París, Sevilla, Osaka y Sidney, escapando a los compromisos que nuestro país ya ha contraído. Estamos dejando a nuestros connacionales radicados en el extranjero sin el apoyo de su gobierno, el Gobierno de México.
Imposibilidad de operar como consulados generales las representaciones en Nogales, Laredo y Boston y como consulados las agencias consulares en Tucson y Douglas, Arizona, y hemos de recordar son puntos de los más complejos en esta situación fronteriza y compleja de nuestros dos países.
Imposibilidad de operar también como consulados los que hemos dicho, aparte de incumplir los pagos contraídos ya con organismos internacionales en las cuotas que México es y debe pagar como todos los compromisos que contrae.
También la afectación a los programas como las labores a favor de la imagen de México en el exterior, la ampliación del programa de protección a mexicanos, seguro del migrante, retiro voluntario de miembros del servicio exterior y otros más.
Concurso de ingreso al servicio exterior mexicano, seguridad relacionada a los procesos extraditable, narcotráfico y otros, son sólo unos de los grandes rubros que afectará este recorte presupuestal.
A diferencia de otras instancias de Gobierno Federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores apoya las comunidades mexicanas al exterior. A través de este apoyo se busca alcanzar el mayor número de familias de organizaciones mexicanas con el objetivo de lograr un efecto multiplicador que abarque a todos los integrantes de origen mexicano o de México americanos.
Es prioritario el papel que juegan las comunidades del exterior ya que facilitan el establecimiento de organizaciones con el fin de hacer más eficaces los contactos y programas desarrollados por embajadas y consulados. Asimismo sirven de enlace y apoyo a estas organizaciones y a otras no gubernamentales con campañas y programas de protección preventiva.
Las comunidades mexicanas y sus programas operativos, son un instrumento por medio del cual el Gobierno de México puede captar y vincularse con un mayor número de mexicanos, de sus familias y de tales organismos, buscando un beneficio a estos que radican en el extranjero, independientemente de su situación legal.
Ante las necesidades previstas tanto para el año 2001 y actualmente para el 2002, existen rezagos en algunas de estas necesidades y el proyecto de presupuesto de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el ejercicio 2002 pone esa Secretaría en la situación de grave dificultad económica para enfrenta sus compromisos inmediatos en materia de protección de connacionales de documentación y de representación de mexicanos en el exterior.
La restauración de los niveles mínimos a los anteriormente mencionados en el presupuesto de la Secretaría, nos permitirá mantener al mínimo los servicios básicos que a continuación hacemos referencia tales como programa de repatriación de personas vulnerables, atención y asesoría jurídica, visitas a cárceles y centros de detención, traslado de cadáveres, atención telefónica a los números gratis 01 800 y llamadas por cobrar, campañas de seguridad al migrante y de protección preventiva, servicios de consulados móviles, prestación de servicios consulares en general y atención al público, incremento de horarios y horarios escalonados.
Con todos los aspectos que tiene que cubrir la Secretaría de Relaciones Exteriores, se consideran insuficientes los recursos que se le pretenden asignar a esta área en el proyecto de presupuesto para el 2002. Es de vital importancia no perder de vista lo preocupante que es el cierre de embajadas y consulados claves para la protección de nuestros connacionales y el desarrollo de la política exterior a cargo de nuestro país.
También es fundamental expresar en estos términos que la fracción del PRI no se opone, como lo dijimos antes, de ningún motivo y por ningún motivo a la cultura en el país y tampoco a los derechos humanos, sin embargo tales recursos podrán ser obtenidos de los recortes y reducciones pertinentes en los presupuestos que ya hemos dicho y también del Poder Judicial de la Federación, que han aumentado en cantidades muy superiores a la de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Nuestro grupo parlamentario no está en contra, como hemos dicho reiteradamente, ni de uno ni de otros de los derechos humanos ni en la cultura, y así lo demuestra lo que aquí hemos demandado. Sin embargo, habrá que recordar que una de las obligaciones fundamentales y primordiales de todo gobierno y más aún del nuestro es el de la protección a los connacionales que se encuentran fuera del país, así como la revisión de servicios consulares en lo cualitativo y cuantitativo.
Por ello, después de todo no sería justo negarla a quienes han contribuido, contribuyen y seguirán contribuyendo en gran parte al engrandecimiento de nuestra gran nación por la vía de entrada de miles de millones de dólares en remesas, dato indiscutible y en blanco y en negro, ellos merecen un mínimo de los servicios a los cuales tienen un derecho inalienable y nuestro gobierno está obligado a brindárselos.
Por lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se propone el siguiente punto de acuerdo.
UNICO: Que esta soberanía dictamine de acuerdo a su facultad constitucional exclusiva en materia de presupuesto, que para asegurar el buen funcionamiento de las embajadas y consulados en el exterior dependientes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para preservar la seguridad de nuestros connacionales en el exterior, se presupueste la cantidad de cinco mil millones de pesos en el presupuesto original del ejercicio 2002 de la misma Secretaría, ya que es inadmisible para nuestro grupo parlamentario y para esta soberanía que nuestros hermanos y hermanas sufran las consecuencias por los drásticos e injustos recortes al presupuesto.
Por su atención, muchas gracias, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Para referirse al mismo tema tiene el uso de la palabra el diputado Samuel Yoselevitz Fraustro, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO SAMUEL YOSELEVITZ FRAUSTRO: Con su permiso.
El grupo parlamentario del PAN coincide en que nos encontramos en un gran momento para impulsar y desarrollar una política exterior más activa y más propositiva que refrende la comprensión y aceptación de nuestras obligaciones frente a los asuntos globales. Hoy adquirimos el compromiso de ser actores y no simplemente espectadores de lo que sucede en el acontecer mundial.
No es posible contar con una política exterior de estado y lograr estos objetivos, si cierran diversas representaciones y se recortan recursos y fondos para lograr una eficaz conducción de nuestra política.
La Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las dependencias que más sufrió de los recortes presupuestales, siendo que ésta ya trabaja con un presupuesto muy restringido.
Cabe recordar que dentro de los objetivos primordiales del Presidente de la República la protección de los mexicanos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos para lograr su protección, es necesario contar con herramientas necesarias y adecuadas, por lo que no se puede reducir aún más las precarias condiciones del trabajo para lograr dicho fin.
En Acción Nacional sabemos cómo se ha planteado en esta tribuna que más que recursos son necesarios, sin embargo sería irresponsable el solicitar más presupuesto sin hacer un análisis cuidadoso de las fuentes de los ingresos con que contamos, éste no es el único rubro del presupuesto que muestra disminuciones. Tendremos la responsabilidad de decir cómo enfrentar un presupuesto inferior en casi todos los ramos de la Administración Pública.
Es por ello que aprovechemos esta oportunidad en que se haga evidente la necesidad de más recursos para los diferentes proyectos nacionales, para exhortar a las demás fracciones parlamentarias a lograr un acuerdo que saque adelante la reforma fiscal.
Quisiera mencionar los hechos del 11 de septiembre. Cambiaron drásticamente el panorama internacional y México no es la excepción. Nos encontramos en un momento muy delicado, donde está construyéndose un nuevo orden internacional y nuestro país debe aportar su visión y su voz en esta nueva arquitectura mundial. México tiene el reto de la oportunidad de trabajar en conjunto con los países democráticos en la defensa de la liberad, la democracia y los derechos humanos, así como en la lucha del crimen organizado y el terrorismo.
Es con un sentido de orgullo que deberíamos de apreciar la transición política por la que ha pasado nuestro país, una transición pacífica, impulsada por los deseos de cambio de la ciudadanía, que deberemos de presentar como un ejemplo para otras naciones.
Señora Presidenta, si me permite, quisiera terminar mi intervención en relación a esta última idea...y de los acontecimientos ocurridos en los últimos días en el Medio Oriente, ya que es tradición de nuestro país estar a favor de la paz y seguridad internacional, por lo que se exhorta a las partes involucradas a buscar el camino de la negociación, el diálogo y no las armas. Pide a los actores tomar el olivo y no el acero del escudo, la historia nos ha enseñado que el derramamiento de sangre nunca ha ayudado a solucionar agravios de los que toman las armas, sin que, por el contrario, sólo conduce a engrandecer más la violencia y volver más radical la postura de las partes involucradas.
El terrorismo, sea éste impulsado por el Estado o en contra de él, no es la vía adecuada para solucionar las diferencias geopolíticas, y menos aún cuando acaban pagando costos más elevados los civiles. Hay que repudiar estas prácticas de violencia y apostar siempre por una paz justa.
Por su atención, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo que se revisen las reglas de operación del FONDEN, se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega a nombre del grupo de trabajo en materia de Protección Civil que ha estado trabajando en este tema. El diputado Escobar y Vega es del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.
EL DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias Presidenta.
Los que suscriben ciudadanos diputados federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo de trabajo en materia de Protección Civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, nos permitimos presentar la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, a fin de que se establezcan lineamientos que agilicen el proceso de autorización por parte de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que permitan la oportuna disposición de recursos de este fondo para que las autoridades competentes puedan obrar eficazmente en materia de protección civil.
México es un país vulnerable ante los fenómenos naturales principalmente por la ubicación, en virtud de que se encuentra dentro del segmento llamado "Cinturón de Fuego del Pacífico", región donde ocurre la mayor parte de los fenómenos sísmicos y volcánicos de nuestro planeta; por lo que está sujeto a sismos, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, inestabilidad de laderas, hundimientos y agrietamientos locales y regionales.
Aunado a que anualmente, en promedio, penetran al territorio nacional cuatro ciclones destructivos, produciendo lluvias intensas con sus consecuentes inundaciones y deslaves, de tal manera que cada año el país es afectado por numerosos desastres naturales que producen efectos perdurables y arrojan un lamentable balance en cuanto a la pérdida de vidas, secuela emocional, daños a la propiedad, los servicios y la ecología que se traducen en miles de millones de pesos en pérdidas, recayendo en mayor medida en los grupos más desprotegidos y vulnerables de la población.
Nuestro país, para afrontar las contingencias y desastres causados por la eventualidad de un fenómeno natural cuentan con una organización jurídica plasmada en el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual es concebido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público entre sí. Y con las organizaciones de los diversos grupos sociales a fin de estructurar acciones de común acuerdo destinadas a la protección de los ciudadanos contra los peligros y riesgos que se presenten en la eventualidad de un desastre.
Hace algunos años, cuando un desastre natural que causaba daños a la población e infraestructura pública, obligaba a que los tres niveles de gobierno reorientaran el gasto presupuestado, alterar los programas originales e incumplir las metas establecidas.
En 1996, dada la magnitud de los desastres provocados por la naturaleza y con la finalidad de no alterar los programas normales de las dependencias de la administración pública federal, se constituyó el Fondo Nacional de Desastres, FONDEN, para atender los efectos de desastres naturales impredecibles. Este ha sido una herramienta importante para que el Estado pueda dar respuesta a la presencia y daños generados por la acción de un agente perturbador, mismo que se emplea para brindar atención a las víctimas y damnificados, así como para apoyar la recuperación de la infraestructura dañada.
En cuanto a la aplicación de los recursos, la experiencia nos demuestra que se realiza con excesiva tardanza, debido a las reglas existentes en la operación del FONDEN, en particular al proceso de autorización de recursos que realiza la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que es necesario que esta Legislatura solicite al Ejecutivo su revisión e implementación de los mecanismos legales pertinentes que les den agilidad y se cumpla en tiempo y forma con la aplicación de los recursos en los objetivos a los que fueron presupuestados.
La revisión de las reglas de operación del FONDEN, ha sido una de las misiones del grupo de trabajo en materia de protección civil, en virtud de que es necesario seguir avanzando en el establecimiento de lineamientos, que contribuyan a eficientar el proceso de evaluación y cuantificación de daños; optimizar los tiempos de respuesta; fortalecer la coordinación y la cooperación entre la Federación, los gobiernos estatales y municipales; precisar y actualizar conceptos y cifras así como hacer eficaz el manejo oportuno de los recursos, tanto que se ejercen directamente con las dependencias y entidades federales, como los estados y municipios.
Por las razones antes expuestas, se presenta como de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a revisar las reglas de operación del Fondo de Desastres, FONDEN, a fin de que se establezcan lineamientos que agilicen el proceso de autorización por parte de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que permitan la oportuna disposición de recursos de este Fondo para que las autoridades competentes puedan obrar eficazmente en materia de protección civil.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 4 días del mes de diciembre de 2001.
Por el Grupo de Trabajo en materia de Protección Civil, Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA. Bueno, diputado, vamos a proceder al trámite, si usted nos permite.
Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se consulta a la Asamblea si es de urgente y obvia resolución.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
LA C. PRESIDENTA. Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, vamos a dar paso al posicionamiento de los grupos parlamentarios.
Se concede el uso de la palabra al diputado Félix Hernández Castellanos del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Nos informan que declina y que el diputado Regis Adame tendrá la intervención a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Regis Adame, nos solicita que pasemos su intervención al término de los posicionamientos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del PRD.
EL C. DIPUTADO LORENZO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA. Con el permiso de la Presidencia.
Queremos decir que al tiempo que respaldamos el punto de acuerdo presentado por el diputado Escobar y Vega a nombre del Grupo de Trabajo de Protección Civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, llamamos la atención de este pleno sobre algunas cifras críticas del Fondo de Desastres Naturales y expresamos algunas observaciones sobre el manejo que el Ejecutivo le ha dado en los últimos años.
Hay que decir que las reglas de operación vigentes en estos momentos, son las publicadas el 29 de febrero de 2000, el gobierno actual no hizo más que pequeñas reformas a las mismas que fueron publicadas el 31 de marzo de 2001; es decir, el nuevo gobierno no cambió las reglas de operación de este programa del Fondo Nacional de Desastres Naturales.
El FONDEN fue creado para destinar recursos para la atención de los desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supera la capacidad de respuesta normal de las dependencias públicas federales, estatales y municipales.
El FONDEN debe apoyar la reparación de la infraestructura pública dañada por los desastres, atender incendios forestales, áreas protegidas, zonas costeras, cauces de ríos y lagunas que se han dañado, así como apoyar a los damnificados y a los trabajadores y productores afectados en sus fuentes de empleo por los siniestros, además de dar cobertura a los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.
Los recursos destinados al FONDEN en el proyecto de presupuesto para el año 2002, se redujeron de 4 mil 870 millones de pesos que tenía en el presupuesto anterior, a sólo 1578 millones de pesos en el proyecto que ha remitido el Ejecutivo Federal. Es decir, este fondo en el proyecto que está a consideración de esta Cámara para el ejercicio 2002, ha perdido dos terceras partes de su monto.
La Exposición de Motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, justifica esta reducción en el hecho de que el fideicomiso FONDEN, cuenta con 9 mil 896 millones de pesos que es una cifras que acumula los remanentes de ejercicios anteriores. Pero entonces habría que preguntarse ¿por qué se han acumulado tantos remanentes en este fideicomiso, casi 10 mil millones de pesos? ¿qué ha ocurrido en nuestro país nuestro país en estos años no ha sido víctima de desastres naturales? Preguntamos, ¿nuestro país se ha visto libre de sequías, de sismos, de inundaciones en el año 2001, en el año 2000? ¿No ha ocurrido algo así. Lamentablemente nuestro país a lo largo de estos años ha sido víctima de muchos y cuantiosos desastres naturales: 191 desastres naturales graves se cuantifican en los últimos 10 años, según cifras del CENAPRED.
Entonces la acumulación de remanentes en buena medida se debe o se explica porque las reglas de operación del Fondo, expedidas por la Secretaría
de Hacienda, ratificadas por el Gobierno Federal que tomó posesión en el año 2000, son reglas de operación que evitan que los recursos del Fondo, sean accesibles con oportunidad para la atención de los desastres.. Y es por ello que se justifica el punto de acuerdo presentado aquí, solicitándole al Ejecutivo Federal, puesto que es su atribución, que se expidan reglas de operación que faciliten el acceso a esos fondos.
Habrá que decir que el artículo 11 de las reglas de operación que están vigentes, establece la corresponsabilidad entre el Gobierno Federal y los estatales, que se expresa en la coparticipación de pago ante la eventualidad de un desastre. Pero ¿a qué se refiere esta coparticipación en el pago? El artículo 20 de las reglas de operación vigentes, establece que los recursos del FONDEN que se destinen a la reparación o restitución de la infraestructura pública, se hará en un 100% a cargo del FONDEN, cuando se trate de infraestructura federal. Pero en el caso de carreteras y de transporte hidráulico en caso de la infraestructura educativa y de salud, que sea de propiedad estatal, se hará una coparticipación de 60% por la Federación y 40% por los gobiernos estatales.
En el caso de que esta que esta infraestructura esté a cargo de los municipios, la coparticipación es tan sólo de 30% para la Federación y el 70% lo tienen que aportar los municipios.
Cifras similares se establecen en el caso de bienes muebles y de infraestructura urbana. En el caso también de los bosques y áreas naturales protegidas, que señala el artículo 22 y el artículo 37, que establece que el Gobierno Federal sólo cubrirá el 100% en las acciones de emergencia para cubrir los daños y la reconstrucción de viviendas. Pero en el caso de la reubicación y construcción, en el caso de la introducción de servicios urbanos que hayan sido dañados por los desastres, la participación será hasta de 90% con cargo a los municipios y de tan solo el 10% con cargo al FONDEN.
Y qué ocurre ante un desastre. Ocurre que ni los estados ni los municipios cuentan con recursos suficientes para enfrentar la situación extrema ni mucho menos para aportar en la coparticipación establecida en las reglas de operación para poder hacer uso, parcialmente, de recursos federales.
Hay que decir que es necesario reformar el artículo 43 de las reglas de operación que establece que las erogaciones que realicen las entidades federativas para apoyar el restablecimiento de los servicios públicos esenciales, normalizar las actividades de la población, así como auxiliar a los damnificados dentro de las zonas siniestradas en sus necesidades inmediatas de protección a la vida, salud, alimentación, vestido y albergue temporal serán con sus propios recursos dicen las reglas de operación—y en ningún caso serán reconocidas como aportaciones de coparticipación de éstas al fideicomiso estatal respectivo ni se reembolsarán con cargo al Fonden.
Entonces resulta que la población afectada, la infraestructura dañada no se puede reparar ni se puede contabilizar cuando las autoridades locales, sean estatales o municipales, aporten recursos para su inmediata atención.
Queremos, finalmente, decir que no estamos de acuerdo con la reducción al 30% de la partida presupuestal del Fonden y pugnaremos por la ampliación del monto al dictaminar el presupuesto de egresos de la federación.
También creemos necesario que el gobierno debe aclarar si va a expedir nuevas reglas de operación para el año 2002 o si se va a limitar a pequeñas reformas a las reglas de operación vigentes desde el año 2000.
Creemos también –y así pugnaremos porque se haga—que las reglas de operación eleven la participación de la federación en los recursos que se destinen a los rubros mencionados y que se debe revisar la integración y actuación de la comisión intersecretarial de gasto financiamiento para que los dictámenes que liberen los recursos sean emitidos con toda oportunidad y prontitud, como lo demanda una situación de extrema urgencia en caso de desastre.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Néstor Villarreal Castro, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos, para fundamentar el mismo tema.
EL C. DIPUTADO NESTOR VILLARREAL CASTRO: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea de diputados: una de las principales tareas que tiene el Estado es la de conservar y proteger la vida y la seguridad de las personas.
Para esto implementa instrumentos como lo es el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual es un servicio público que se crea para dar respuesta a las situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad que afectan a la sociedad o a una parte de ella.
Esta responsabilidad es atribuida por la Constitución a los gobiernos de los tres niveles. Debe considerarse como estratégica para el mantenimiento de la estabilidad social.
Nuestro país, por su situación y conformación geográfica, padece recurrentemente de eventos naturales con alta probabilidad de convertirse en tragedias, como son terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, tormentas, inundaciones, sequías devastadoras e incendios forestales.
La diversidad y la ocurrencia de estos fenómenos colocan a México como una de las zonas de mayores riesgos de desastres naturales en el mundo.
A estos incidentes naturales se suman los riesgos ocasionados por factores humanos, que pueden repercutir en la seguridad de la sociedad y sus miembros.
Dada la magnitud de las eventualidades perturbadoras que se han presentado y con la finalidad de atender con rapidez y eficacia a la población afectada por estas, se constituyó el Fondo Nacional de Desastres Naturales, el FONDEN, sin que se tenga que recurrir como en el pasado al uso del gasto presupuestado para otros conceptos, lo que propicia desajustes y desequilibrios en los planes de desarrollo de los tres niveles de gobierno y se cumpla con la responsabilidad de atender, resarcir y atenuar el sufrimiento de quienes han sido víctimas de un siniestro. Este es el espíritu del FONDEN.
Sin embargo la experiencia y los constantes reclamos de la sociedad que se han escuchado en este Congreso nos demuestran que cuando ocurren los desastres la restauración de las condiciones de normalidad en las zonas o los grupos humanos afectados se efectúan con tardanza porque la aplicación de los recursos no se realiza en forma oportuna, debido a que las actuales reglas de operación del FONDEN adolecen de un mecanismo efectivo que les otorgue agilidad y se fluyan en tiempo y forma los recursos en los objetivos a los que fueron presupuestados. El retraso de los recursos propicia que se agrave la situación personal, familiar y económica de quienes han sufrido una tragedia, particularmente de las personas que menos tienen y han perdido los bienes más indispensables de su familia, afectando con esto el costo económico y social de los efectos ocasionados por los desastres.
Ante esta circunstancia es urgente se revise y se actualicen las reglas de operación del FONDEN para que la Secretaría de Gobernación simplifique el procedimiento para la declaración de zona de urgencia y se puedan hacer los movimientos que se requieran, a la vez de que los presupuestos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Intersecretarial de Gasto, de Financiamiento, eliminen las trabas administrativas que obstaculizan la liberación oportuna de los recursos.
Con lo anterior se busca alcanzar mayor congruencia en la respuesta que el gobierno debe otorgar a la sociedad en materia de protección civil y se cumpla de manera cabal el interés público por la salvaguarda de la integridad de las personas y de su patrimonio.
Por otra parte, es importante señalar que esta legislatura aprobó la iniciativa que modifica la Ley General de Protección Civil en la cual se enmarca el mecanismo jurídico para que se reduzcan los márgenes de vulnerabilidad de la comunidad mediante la prevención como la mejor manera de disminuir los riesgos que podrían ocasionar los acontecimientos desastrosos, ya que la inversión en este concepto es más barata en comparación con lo que se tendría que gastar en la remediación de los daños ocasionados.
En congruencia con este trabajo legislativo, el cual es un importante avance en la construcción de la cultura de prevención civil, es indispensable complementarla con la exhortación al Poder Ejecutivo para que se revisen y se eficienticen las reglas de operación del FONDEN. Con esto la Cámara de Diputados estará reafirmando su misión solidaria con la sociedad mexicana.
Aprobar este punto de acuerdo es generar una cultura de prevención civil, esta cultura es indispensable en la procuración del bien común.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado José de Jesús Reyna García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JOSE DE JESÚS REYNA GARCIA (PRI): Con su venia, diputada Presidenta.
Para abreviar me referiré únicamente al tema que aborda el grupo en el punto propuesto.
Como ya se dijo bien, nuestro país por su ubicación geográfica continuamente reciente la presencia de fenómenos naturales, igual ciclones, huracanes, volcanes, sismos, entre otros muchos. Y estos fenómenos naturales se traducen en consecuencias algunas irreparables como las pérdidas humanas y otras más que permanecen en daños y lamentablemente también daños que muchas veces afectan más a los que menos tienen, a los más desprotegidos, porque son lamentablemente los más vulnerables. Y en muchas ocasiones se es vulnerable por la falta de infraestructura a la que no ha podido llegar el Estado a dárselas.
Tenemos un Sistema Nacional de Protección Civil que tiene sus normas, acciones y fundamentalmente que es un ejercicio de coordinación entre las diversas dependencias de los tres niveles de gobierno.
En 1996 se constituyó el Fondo Nacional de Desastres Naturales para de una manera sistemática atender estos fenómenos, porque hasta esa vez los presupuestos ordinarios tenían que desviarse justificadamente para atender estas consecuencias que resentía la población mexicana. Y a partir de este Fondo se crea un presupuesto especial con este propósito.
Ciertamente los recursos del Fondo son insuficientes, pero aún más su aplicación la consideramos insatisfactoria y fundamentalmente por su tardanza en llegar a quienes los necesitan, a quienes los requieren.
Es por eso que el grupo de trabajo en materia de protección civil de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública ha revisado las reglas de operación del Fonden y por ahora, sin que sea la única, se ha concluido en la presentación de este punto de acuerdo.
En esta revisión se pudo detectar que uno de los puntos que más claman la llegada oportuna de los recursos y los apoyos es la autorización de la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento.
Así pues los diputados priístas apoyamos y hacemos nuestra esta propuesta, que esperamos sea bien recibida y atendida por el Ejecutivo Federal para que los recursos del Fonden lleguen pronto a apoyar a los mexicanos que en situación de urgencia y víctimas de fenómenos naturales así lo necesitan.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Finalmente en este turno de fijar posiciones hará uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.
EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME (PT): Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Legisladores:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para expresar su punto de vista en relación a las reglas de operación del Fonden, para apoyar la propuesta de punto de acuerdo sobre este particular.
En este primer año de gobierno foxista los recursos públicos destinados a los programas de beneficio social han sido escamoteados, utilizados con fines y con presiones políticas, otorgados en el mejor de los casos a cuentagotas. Tal es el caso del Fondo de Desastres Naturales, que entre muchos otros fondos y programas no se han ejercido para enfrentar las carencias y calamidades que sufre el pueblo como consecuencia de estos siniestros. Por ejemplo, las comunidades del estado de Guerrero que fueron azotadas recientemente por los istmos no han recibido a la fecha ningún recurso, no obstante los trámites relativos para el uso de este fondo se hicieron en tiempo y forma. Este caso lamentable no es el único que se enfrenta la autoridad e indolencia de las autoridades federales encargadas del manejo de dicho fondo.
Otro caso reciente es el llamado Río de la Compañía en el estado de México que se desbordó en el curso del año 2000. Cada vez que ocurre un desastre natural en nuestro país queda evidenciado que aún existe un gran déficit en infraestructura física y equipamiento urbano, particularmente de viviendas bien construidas, de comunicaciones terrestres y, sobre todo, de recursos de protección civil para hacer frente a estos fenómenos naturales impredecibles.
En el caso del estado de Baja California Sur, que fue recientemente azotado por el huracán "Juliete" y hasta la fecha los recursos del FONDEN brillan por su ausencia, aún cuando aquí se aprobó un punto de acuerdo para que el Ejecutivo turnara recursos de manera eficiente y pronta para los afectados. No sabemos si obedece al tortuguismo de las autoridades o si dichos recursos se encuentran en los bolsillos de algún funcionario federal, como ha ocurrido en otros tantos casos de corrupción.
No debemos perder de vista que la importancia del FONDEN radica justamente en ser un mecanismo paliativo de forma inmediata para quienes son víctimas de los acontecimientos provocados por fenómenos que están fuera del alcance del ser humano y que tienen graves repercusiones en las zonas de mayor marginación, es decir, aquellas que cuentan con pocos o nulos recursos económicos, como es el caso de los estados que sufrieron los desastres naturales señalados.
Este fondo también tiene entre otras funciones, servir de apoyo para hacer frente a la sequía que azota al campo mexicano año con año, particularmente en los estados del centro y norte de nuestro territorio, con saldos sumamente alarmantes.
En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de denunciar la falta de apoyos a entidades federativas como San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Puebla, Sinaloa, Sonora, Querétaro y Guanajuato, para que sean declaradas zonas de desastre, por la sequía que padecen año con año, pero el gobierno federal ante una total insensibilidad no actúa a tiempo para responder a las exigencias que plantea un problema de tal magnitud.
En estas circunstancias, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera de suma importancia que las normas de operación que regulan el funcionamiento del FONDEN, deben ser redactadas claramente para evitar dejar vacíos que permitan a los funcionarios encargados de su operación, interpretaciones que deriven en tortuguismo y manejo discrecional.
Compañeras y compañeros diputados: No podemos seguir permitiendo que cuando los habitantes de nuestro país son presa de los desastres naturales, los recursos del FONDEN sean escamoteados y utilizados con fines de presión, en lugar de resolver las múltiples carencias de una parte importante del pueblo mexicano que vive momentos difíciles cuando enfrenta situaciones de contingencias debido a los desastres naturales.
Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo considera que los integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura Federal, debemos tomar parte activa para formular y revisar las reglas de operación que norman el funcionamiento del FONDEN y poner los candados que sean necesarios para evitar que las autoridades que administran este fondo continúen actuando con criterios discrecionales, como hasta hoy ha sucedido.
Es cuando, diputada Presidenta.
(aplausos)
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
LA C . SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Suficientemente discutido.
LA MISMA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el Punto de Acuerdo.
LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
LA C. MISMA C. VICEPRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo.
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El siguiente punto del orden del día, que había sido agendado por el Grupo Parlamentario del PRD, se pospone para una próxima sesión.
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Y hará uso de la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, relativo al ejercicio de la profesión de Sicología por individuos que carecen de título profesional y de cédula, con efectos de patente. Hasta por diez minutos.
LA C. DIPUTADA OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS. Con su venia, señora
Presidenta. Compañeras y compañeros Legisladores. Al regular el ejercicio de las profesiones en la Ley de 1943 el legislador buscaba proteger a la sociedad mexicana frente a la invasión cada día en aumento de individuos impreparados que usurpando un título que no les corresponde y simulando una capacidad científica y técnica que no tienen, con fines de lucro exclusivamente personales se hacen aparecer como profesionistas.
Sin embargo, los objetivos que se perseguían con la Legislación no se han alcanzado a plenitud, Si bien es cierto que ya en el caso de diversas profesiones es un requisito la exhibición de la Cédula para poder ejercer actos propios de la misma, en muchas otras individuos inescrupulosos ejercen profesiones sin haber obtenido título profesional comprometiendo en muchos casos la salud física y mental así como el patrimonio de quienes utilizan sus servicios.
La Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones, establece en su Artículo 2oº que: "las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinará cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio.
En ese sentido, la Ley General de Salud contempla en su Artículo 79º una serie de profesiones que requieren de título profesional o certificado de especialización así como cédula para su ejercicio, ya que involucran la salud física y mental de los individuos; entre ellas se encuentra la profesión de la Sicología ya que el ejercicio de esta profesión por individuos carentes de preparación necesaria puede comprometer seriamente la salud mental y el bienestar de aquellos individuos que reciban dichos servicios.
Sin embargo es común observar que individuos egresados de diplomados y cursos de dudosa reputación se ostentan como profesionales en Sicología ofreciendo sus servicios y realizando terapias a pesar de carecer de la preparación necesaria para ello con el resultante de que se lesiona en muchos de estos casos la salud mental de los pacientes.
Comúnmente estos individuos que ejercen terapias de tipo psicológico lo hacen ostentando algún diploma o documento que reciben tras realizar cursos en unas cuantas semanas y que carecen de la seriedad requerida para profesiones relativas a la salud.
Dichos documentos los expiden usualmente instituciones de dudosa reputación, carentes de los permisos correspondientes y que expiden dichos diplomas sin la certificación a las que se refiere la Ley General de Salud y la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional.
La Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al Ejercicio de las Profesiones, establece sanciones de tipo penal , pecuniario y administrativo a quien ejerce sin título profesional. Asimismo establece que quien ejerza sin estar debidamente acreditado no tiene derecho a cobrar honorarios por sus servicios y además concede acción popular para denunciar a quien sin título o autorización legalmente expedidos ejerza alguna de las profesiones que requieren título y cédula para su ejercicio.
A pesar de todas estas disposiciones legales buscan hacer efectiva la normatividad en protección de la ciudad, aún existen muchos casos en los que se violenta la ley, tal y como es el caso de la profesión de la Sicología que he expuesto.
Por tal motivo, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponemos el siguiente Punto de Acuerdo:
1.Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Salud y de los organismos del Sector Salud realice acciones de difusión a efecto de que la ciudadanía conozca los peligros que implica el recibir terapia por parte de individuos carentes de la preparación correspondiente.
2.Asimismo se exhorta al Poder Ejecutivo para que realice a través de la Dirección General de Profesiones acciones de difusión dirigidas a informar a la ciudadanía acerca de las disposiciones legales establecidas por los artículos 2º, 3º, 29º, 62º, 63º, 65º , 68º y 73º de la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, así como el 250 del Código Penal Federal.
Tercero. Se mandata al Ejecutivo Federal para que realice las acciones de verificación para el cumplimiento de los requisitos legales para el ejercicio de las actividades profesionales relativas a la salud física y mental de los ciudadanos y en particular para que verifique el cumplimiento de lo establecido por el artículo 83 de la Ley General de Salud, relativo a la exhibición del título, diploma o certificado debidamente registrado así como de la cédula profesional y en su caso haga efectivas las sanciones de tipo penal, pecuniario y administrativo a que se refieren en la Ley Reglamentaria del artículo 5º constitucional al relativo del ejercicio de las profesiones, así como el 250 del Código Penal Federal.
Se mandata al Ejecutivo Federal para que dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 80, 81 y 82 de la Ley General de Salud relativos a la coordinación entre las autoridades sanitarias y las autoridades educativas, para la adecuada certificación de los títulos, diplomas y certificados en sicología y materias afines.
Firman los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Muchas gracias. Hago entrega a la Secretaría.
LA C. PRESIDENTA: Gracias señora diputada.
TÚRNESE LA PROPOSICIÓN A LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN PUBLICA Y SERVICIOS EDUCATIVOS. A petición de la diputada, se turna también a la Comisión de Salud, o sea: Educación Pública y Servicios Educativos y Salud.
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Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público el contador público Carlos Ruiz Galindo Terrazas, Director General de BANRURAL, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso, diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, acude a esta tribuna con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para plantear al Pleno de esta soberanía un punto de acuerdo con relación a los problemas que enfrentan los productores de uva de Fresnillo, Zacatecas, bajo las siguientes consideraciones:
Las condiciones de vida de nuestros hombres del campo han sido las más deterioradas en el marco de la crisis recurrente que ha vivido y que ha sufrido el país, conjuntado con la aplicación de políticas neoliberales que han empobrecido al pueblo y orillado a millones de nuestros compatriotas a la desnutrición, al hambre y a buscar fuera de su patria lo que aquí se les niega.
La historia reciente del sector agropecuario se resume por la desolación y el abandono al que lo han sometido las autoridades federales; por esta razón, hemos visto cómo los campesinos antes de aceptar capitular frente a un gobierno insensible, han dado una muestra convincente de resistencia a través de la toma de oficinas públicas federales y estatales; han realizado marchas, plantones, en las entidades federativas y en la ciudad de México; han protestado por la libertad que se otorga a las importaciones procedentes del resto del mundo que han dañado a los productores mexicanos de piña, café, maíz, fríjol, arroz, sorgo, carne de ganado vacuno sin que esto se corresponda con un apoyo decidido del Gobierno Federal hacia el campo.
Frente a estos graves problemas que aquejan a los campesinos y amenazan en convertirse en una fuerte crisis social con repercusiones negativas para la estabilidad política del país y en la profundización de la crisis de la seguridad alimentaría de nuestro pueblo, los campesinos mexicanos son presa de las promesas y los engaños de la burocracia agraria; tal es el caso, que los productores agrupados en la Unión de Ejidos "Guillermo Aguilera Cabrera", de Fresnillo, Zacatecas, y de la RIC "López Portillo", de Durango, quienes fueron víctimas de la ambición y la voracidad de los funcionarios de BANRURAL del centro norte. Todo surgió cuando en ocasión de la cosecha correspondiente al ciclo de 1987 la empresa comercializadora Man´s, de Torreón, Coahuila, adquirió a la Unión de Ejidos Guillermo Aguilera Cabrera y Alaric López Portillo, la producción de uva del citado ciclo y fungía como acreedor prendario el Banco de Crédito Rural del Centro Norte.
La empresa comercializadora de la uva pagó al banco la cantidad de 2 mil 407 millones 439 mil 109 pesos, con fecha 16 de enero y 20 de febrero de 1989. Cabe aclarar que estos son viejos pesos. Sin embargo, el dinero nunca llegó a manos de los productores. Además dentro de este mega fraude deben considerarse que dentro de los compromisos adquiridos en la relación contractual, el grupo Man´s no pagó a la Unión de Ejidos la cantidad de 334 millones de pesos de ese entonces, por la maquila de uva desarrollada por la unión a favor del citado grupo.
El banco también incumplió su compromiso de vigilancia al haber aceptado que el comprador de la uva pagase con cheque a favor del banco, cuando debió ser a favor de los vendedores, como lo estipula el contrato celebrado para tal fin. Aquí, fue donde se fincó el origen del fraude que hasta la fecha no ha sido investigado, pese a las repetidas quejas de los campesinos.
Compañeras y compañeros diputados:
La Directiva de la Unión de Ejidos en comento, pagó a sus miembros los trabajos de maquila que realizó la vinícola de su propiedad. Sin embargo, el banco se niega a pagar estas labores y el valor de la cosecha entregada al Grupo Man´s, mediante subterfugios que se derivan en al forma cotidiana de operar de este banco los responsables de la dirección de BANRURAL maquinaron el gigantesco fraude contra los productores de uva, al simular que habían financiado al Grupo Man´s en diciembre de 1987 con el valor total de la producción de uva que se pactó en el contrato de compraventa y que por esta razón no se entregó dicho dinero directamente a los afectados.
Hasta la fecha los funcionarios del banco no han exhibido ningún documento que compruebe dicho préstamo al Grupo Man´s, sin embargo han utilizado este argumento para negarse a pagarle a los productores de uva el valor de la producción entregada. En cambio el banco ya no quiere prestar recursos a esta organización campesina por negarse ésta a retirar la demanda del pago por el procesamiento de la uva a favor de este grupo mencionado, valorada en 334 millones y el reclamo de los 2 mil 400 millones de viejos pesos defraudados por los funcionarios del BANRURAL. Esos funcionarios de BANRURAL y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores han tratado a los productores de uva, integrantes de esta Unión de Ejidos, Guillermo Aguilera, como si fueran retrasados mentales que no entienden nada de finanzas y de dinero, pero detrás de este comportamiento se esconde la ambición y se intenta ocultar el fraude maquilado contra esos productores.
No vamos a permitir que la corrupción que permea en las instituciones públicas siga convirtiendo en víctimas a los que menos tienen, como es el caso ya señalado. La lucha de los productores de uva contra el BANRURAL lleva ya más de 11 años, tiempo durante el cual han transitado por diversas instancias administrativas sin que se resuelva nada, ni se castigue a los culpables.
Por las consideraciones expuestas, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, con fundamento en lo que se dispone en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Que el pleno de esta soberanía solicite la comparecencia ante los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, del contador público Carlos Ruiz Galindo Terrazas, director general de BANRURAL, para analizar la situación de los ejidatarios agrupados en la Unión de Ejidos Guillermo Aguilera Cabrera de Fresnillo Zacatecas y de considerarse conducente, se realicen las gestiones ante el banco para resarcir los recursos que se les adeudan con los intereses que corresponden.
Artículo 2º. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las gestiones pertinentes ante las instancias legales que corresponda, para investigar el fraude perpetrado contra los productores de uva de esta asociación, con el propósito de que los funcionarios que cometieron dicho fraude sean juzgados conforme a derecho.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 4 días del mes de diciembre del 2001.
Atentamente
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Roda Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y el de la voz, Juan Carlos Regis.
También el diputado Víctor Roberto Infante, del PRI, diputado Tomás Torres, del PRD, diputado Alfonso Oliverio Elías Cardona, del PRD y el diputado del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia.
Es cuanto diputada Presidente.
LA PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Túrnese la proposición a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
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Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el IPAB.
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señora Presidenta.
Honorable asamblea:
El lunes 12 de noviembre se presentó ante la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2002.
Considerando:
Uno. Que el artículo 73 de la Constitución General de la República otorga la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a esta Honorable Cámara de Diputados.
Dos. Que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año ubica al gasto programable del sector público como el más bajo de los últimos años.
Tres. Que a pesar de que el gasto social se verá reducido en términos reales, el Presupuesto destinado al cumplimiento de los pasivos asumidos por el rescate bancario y administrado por el IPAB registrará un incremento del 17 por ciento.
Cuatro. Que las tendencias internacionales en materia presupuestaria apuntan cada vez más a la elaboración de presupuestos basados en el diseño de metas e indicadores estratégicos que permitan mejorar la transparencia, la evaluación, la rendición de cuentas de todos los recursos públicos que reciben.
Cinco. Que el IPAB, además de servir como un seguro de depósito de los usuarios del Sistema Bancario, tiene como mandato de ley la reducción del costo fiscal del rescate bancario.
Seis. Que es inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para subsidiar la operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.
Siete. Que la misma Junta de Gobierno del IPAB acordó desde el 20 de septiembre del año pasado atender las recomendaciones de la Entidad Superior de Fiscalización, y a pesar de lo anterior el Secretario Ejecutivo del IPAB ha desatendido su cabal cumplimiento.
Ocho. Que el Procurador Fiscal de la Federación señaló en su comparecencia del 22 de noviembre pasado ante el Senado de la República, que el IPAB no ha dado cumplimiento a ningún artículo transitorio de su ley, por lo que consideraba demandarlo a su Junta de Gobierno.
Por todo lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros diputados, y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva someta a la consideración el siguiente punto de acuerdo:
Que la Cámara de Diputados, que ustedes compañeras y compañeros diputados, condicionen los recursos destinados al IPAB en el Presupuesto del 2002, hasta que la auditoria ordenada por la Auditoria Superior de Fiscalización, a las operaciones reportables como doble AA, se lleven a cabo.
Es su soberanía y es su potestad compañeras y compañeros diputados, poder lograr que el IPAB rinda cuentas porque ustedes tienen la palabra y ustedes deberían de tener la voluntad. Muchas gracias. (aplausos)
LA PRESIDENTA: Diputado Del Río. En la Junta de Coordinación está consignado que este asunto se turna a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, ¿no tiene inconveniente?
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Ningún inconveniente, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
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El siguiente punto de acuerdo, relativo a la situación política que guarda el Estado de México, el grupo parlamentario de Acción Nacional ha solicitado se posponga.
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Tiene la palabra el diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo en relación con la necesidad de que se destine en el Presupuesto de Egresos del 2002, un subsidio para el pago de cuotas al IMSS que realizan los productores de caña del país.
EL DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Con su permiso ciudadana Presidenta. El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Secretario de la Comisión Especial de la Industria Azucarera, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Consideraciones: Los efectos sociales que produjo la actual crisis estructural de la industria de la caña de azúcar son muy altos. Los productores y trabajadores, como siempre, son la parte más débil de la cadena productiva. Sus niveles de vida son de pobreza y repercuten severamente en alimentación, educación, salud y vivienda de las familias del campo cañero.
Estos efectos no fueron previstos en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 8994 en donde la llamada modernización salinista del campo azucarero fue un mito genial. Los fundamentos del decreto cañero publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1991, fueron letra muerta.
El decreto que declaró de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, en ningún momento benefició a los productores y trabajadores del campo cañero. Estos cumplieron al pie de la letra el decreto, suministrando año con año a los ingenios con caña de azúcar.
Los empresarios , sin embargo, retrasaron de manera dolosa las liquidaciones de la zafras, que son los graves problemas que vivimos precisamente en esta zafra pasada.
Nunca se cumplió uno de los principios torales del decreto cañero, que sostenía era necesario que la política comercial permitiera asegurar el abasto permanente de la azúcar y que era conveniente ligar el precio de la caña con el precio de la azúcar, a fin de otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena productiva.
Por todo esto estamos dispuestos en profundizar las causas que llevaron a la crisis estructural del campo cañero. Una primera aproximación la ubicamos en el origen ilícito del proceso de privatización de los ingenios realizada en el año de 1991, el hecho de realizar un estudio minucioso es para que no se socialicen las pérdidas del sector y se carguen nuevamente a los productores y trabajadores de la caña de azúcar.
Los costos de la crisis de la industria cañera del país son muy altos. Los ingenios se encuentran en quiebra, con una capacidad instalada convertida prácticamente en chatarra y un quebranto calculado en casi 25 mil millones de pesos.
La expropiación de los 27 ingenios del pasado 3 de septiembre, sólo representa una respuesta parcial al problema de fondo de la actual crisis de la caña de azúcar, ya que este criterio le quitó la responsabilidad a los empresarios y se la cargó precisamente a los contribuyentes.
La Secretaría de Hacienda concluyó la transferencia de 2 mil 110 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura el pasado 8 de noviembre, recursos que se utilizaron para la liquidación a productores de caña y operación de los ingenios. Estos recursos millonarios no se reflejan en los mejores niveles de vida de las familias del campo, del campo cañero; al contrario, la actual crisis estructura por la que atraviesa el sector dificulta para que los productores puedan cumplir con sus compromisos de seguridad social, concretamente el de salud, en virtud de que el precio a la caña de azúcar no ha sufrido aumento alguno en la presente zafra.
También hay que considerar los incrementos de un 40% de los insumos como fertilizantes, pesticidas, abonos, plaguicidas, así como también los aumentos a las cuotas que dan derecho a las prestaciones completas del IMSS teniendo un incremento del 20% para la presente zafra. Este panorama se hace más incierto por el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, porque en los hechos representa una caída drástica en el gasto social y que viene disminuyendo en un 12%. En sentido contrario, se tiene previsto asignarle unos 45 mil millones de pesos, o sea 9.9% más que el 2001 al rescate de los bancos, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, en cambio se presupuestó para el Sector Salud sólo 19 mil 845 millones y a desarrollo social 15 mil 645 millones de pesos.
Por esto solicitamos la intervención de esta H. Cámara de Diputados, para que en las modificaciones que realicemos al proyecto de Egresos de la Federación 2002, se asigne un subsidio para que los productores del sector cañero puedan cumplir los convenios de aseguramiento y pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social en el esquema de seguridad social que comprenden riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
Por todo lo antes expuesto y fundado, proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que el Gobierno Federal subsidie del gasto público del 2002, el 20% del costo para cubrir el aseguramiento y pago de cuotas de los productores de caña de Azúcar al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo monto es de 131 millones de pesos.
Signamos este punto de acuerdo un servidor Arturo Herviz del PRD, Miguel Ortiz del PRI, Antonio Magallanes del PRD, Esteban Daniel del PRD, Ramón León del PRD, Petra Santos, Bonifacio Castillo, Mario Cruz Andrade, Auldárico Hernández, del PRD todos ellos; José Yunes del PRI, Arnulfo Márquez del PRI, Adela Granel, Alejandro Gómez, Jesús Garibay, Rafael Hernández, Ricardo Moreno, María de los Ángeles Sánchez del PRD, Eduardo Andrade, Marcos López Mora, Nemesio Domínguez, Francisco Ríos Alarcón, Eduardo Leines, José Rodríguez, Jaime Rodríguez, Jesús Reyes todos del PRI; Héctor Sánchez, Rafael Servín del PRD; José Escudero del PVEM, Jaime Cervantes y Juan Carlos Regis Adame del PT; Rosa Delia Cota, también del PT; José Manuel del Río, de Convergencia; Enrique Herrera, del PRD; Beatriz Lorenzo Juárez, del PAS; Rodrigo Carrillo, Elías Martínez, Tomás Torres, Francisco Patiño , todos ellos del PRD.
Esto es todo señora presidenta.
PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado Arturo Herviz.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.
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El siguiente punto del Orden del Día, presentación de un Punto de Acuerdo, para que se destine mayor presupuesto a CONACYT, el grupo parlamentario… perdón, el siguiente punto del Orden del Día, relativo al subejercicio del presente año vinculado con el adeudo por el consumo de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ha solicitado se posponga para próxima sesión. Así como el relativo al presupuesto a CONACYT, el grupo parlamentario del PRD, ha solicitado se posponga para próxima sesión.
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En tal virtud se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo, para presentar un Punto de Acuerdo, relacionado con el Plan Puebla-Panamá. El diputado Bortolini Castillo, pertenece al grupo parlamentario del PRD.
DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señora presidenta;
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD, de esa H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta Honorable Asamblea, una proposición con Punto de Acuerdo, para que la H. Cámara de Diputados, solicite al Titular del Ejecutivo Federal, que se someta a discusión, análisis y consulta, los programas de desarrollo regional de la región sursureste del país y que en dicho proceso se tome en cuenta, en consideración la opinión de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión al tenor de las siguientes:
CONSIDERACIONES:
Uno, el sursureste del país, salvo en enclaves económicos derivados de la explotación del petróleo y el turismo, se ha distinguido por su evidente rezago. En estas entidades se concentran las mayores proporciones de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con escasos servicios, ingresos y escolaridad, así como tasas elevadas de mortalidad infantil y desnutrición.
Además, en la región sursureste, se asienta cerca del 80% de la población indígena del país y es esta población indígena, la que dentro de la región padece el mayor rezago social.
Dos, la región integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán no sólo concentra en su conjunto los mayores índices de pobreza y rezago social del país, también reviste una importancia funcional para las nuevas necesidades de acumulación del capital financiero nacional e internacional, porque a éste le representa el dominio y control geoestratégico de recursos naturales tales como los yacimientos de petróleo y uranio, las cuencas hidrológicas y la biodiversidad.
La región sursureste del país integrada con países centroamericanos, representa el segundo banco de recursos biogenéticos en el mundo. Del transporte intermodal transoceánico de mercancías a través del Ferrocarril del istmo y de los corredores carreteros Veracruz Acapulco y Matamoros Minatitlán, Villahermosa y la disponibilidad de mano de obra barata para la instalación de empresas maquiladoras y agroexportadoras.
La estrategia de desarrollo regional impulsada por el gobierno federal a través de la iniciativa Sur Sureste, la Marcha hacia el Sur, muy en particular el Plan Puebla Panamá, representa un riesgo para la soberanía nacional y para la permanencia y articulación del tejido social de las comunidades mayormente indígenas, que son finalmente los espacios donde atraviesan los proyectos gubernamentales.
Es en este sentido que el Plan Puebla Panamá pretende poner al servicio de los poderosos grupos económicos los recursos de una de las principales reservas naturales del planeta, lo que significará, en un corto plazo, que la biodiversidad, aguas, recursos minerales y energéticos sean sometidos a la lógica depredadora del gran capital. Para eso el Plan buscará despojar de esos recursos naturales a las comunidades indígenas. Con ello logrará también tener a disposición una reserva de trabajo para la construcción de infraestructura y para el corredor de maquilas que pretende establecerse en la región.
La base inicial del Plan Puebla Panamá se concentra en la creación, reactivación y modernización de infraestructura de transportes, comprometiendo para los próximos 6 años montos de inversión pública por más de mil 500 millones de dólares que representan el 82% de la inversión total de este sector en la región. Una vez más se financia con recursos públicos la acumulación privada en proyectos que, lejos de favorecer el desarrollo social de las comunidades, atenta contra la propiedad de sus tierras y el derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales.
El Plan subordina el desarrollo local al mercado global, apostando a un crecimiento económico basado únicamente en el fomento del sector exportador, sin articularse con el mercado nacional. Además, su viabilidad dependerá de los flujos de inversión predominantemente extranjera, lo que en la actual coyuntura económica internacional obligará al gobierno federal a flexibilizar aún más el marco jurídico vigente, por ejemplo, en materia ecológica y laboral para garantizar la llegada y permanencia de este tipo de inversiones.
Las motivaciones del Plan Puebla Panamá no son exclusivamente económicas. También pretenden constituir un dique a los movimientos sociales e insurgentes que se han gestado en el sursureste del país y en el Istmo Centroamericano. En este sentido, uno de los proyectos del Plan Puebla Panamá es muy específico. Nos referimos al centro integralmente planeado Palenque Cascadas de Agua Azul, que pretende desarrollar un corredor turístico a través de las lagunas de Catazajá y la reserva de la biósfera de Montes Azules. Este proyecto buscará el control político, económico y militar de la región, eliminando cualquier posibilidad de que las comunidades indígenas tengan, en la autonomía, la herramienta indispensable para reconstruirse como pueblos y usufructuar sus riquezas naturales. De ahí el contenido de la actual Ley Indígena.
Una implacable crítica que ha recibido el Plan Puebla Panamá es que ha marginado en su diseño a las autoridades municipales y estatales, congresos locales y representaciones sociales y no ha sido sometido a ningún tipo de consulta en las comunidades que pretende beneficiar. Florencio Salazar Adame, Coordinador General del Plan Puebla Panamá, ha reiterado que en aquellas comunidades que se opongan a éste el Plan simplemente no pasará ni se instrumentará. Nada más demagógico y falso. En el Municipio de Tepeaca, Puebla, los productores indígenas se han resistido a la expropiación de sus tierras y a la construcción de la autopista Tecamachalco Tepeaca, que forma parte del Proyecto Milenium, un brazo articulador del Plan Puebla Panamá, y lo que han recibido como respuesta a su rechazo es la persecución y la represión. Nosotros, por el contrario, proponemos un esquema de participación por estado, municipio, comunidad y pueblos indios y que éstos no tengan sólo una función consultiva, sino también coordinadora y de supervisión.
Todo proyecto de inversión debe de ser consultado y aprobado por las propias comunidades y municipios antes de ponerse en marcha, es la mejor manera, ésta, de hacer que la inversión se traduzca en beneficios para la gente.
El sursureste del país no podrá aprovechar los esfuerzos propios o los que lleve a cabo el conjunto del país para desarrollarlo si no se toman en cuenta las condiciones de vida, necesidades y expectativas de los pueblos y comunidades indígenas.
Creemos que es necesario garantizar la participación de los pueblos indios en la definición de su destino y en particular en el diseño de los planes de desarrollo regional, de la única manera posible, es decir, incorporando a la Constitución a los derechos de los pueblos indios en los términos en que fueron negociados en San Andrés y formulados en la llamada: Ley COCOPA.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Cámara el siguiente Punto de Acuerdo.
UNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República a someter a un amplio proceso de consulta y análisis y discusión las políticas de desarrollo regional destinadas a la región Sur Sureste del país entre los diversos actores y sectores sociales y económicos involucrados, particularmente las comunidades indígenas y que en dicho proceso se considere la opinión de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuya materia se relaciona con dichas políticas.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión Especial encargada de dar seguimiento a los proyectos de desarrollo regional relacionados con la región sur Sureste de México y que participen con opinión la Comisión de Relaciones Exteriores y la Comisión de Fronteras y Asuntos Migratorios.
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Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el Día Internacional de Lucha Contra el SIDA.
LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANEL CAMPOS: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: En años recientes en algunas partes del mundo ha habido una propagación explosiva del SIDA. Las medidas que individualmente y como sociedad podemos adoptar, son esenciales; asumir menos riesgos y encarar de frente el problema. Hasta que no comprendamos que el SIDA es nuestro problema. No atinaremos sobre cuales medidas debemos adoptar para protegernos y para proteger a los demás.
La discriminación contra las personas infectadas con el SIDA o contra cualquiera de quien se sospeche que corre el riesgo de padecer la infección, es una violación contra los derechos humanos y pone en peligro la salud pública, por lo que toda persona contagiada con el SIDA, merece comprensión y apoyo.
El SIDA nos exige abrir nuestras mentes a soluciones comunitarias, eficaces en la lucha contra el SIDA. Nos obliga a aceptar a las personas que viven con él y a brindarles nuestra solidaridad y nuestro apoyo.
La prevención entre los jóvenes sigue siendo la cuestión más importante tanto para la UNICEF como para el sistema de las Naciones Unidas, en el marco de las actividades cada vez más amplias para quebrar la transmisión de la enfermedad.
Casi la mitad de las nuevas infecciones se producen entre personas menores de 18 años y ya hay unos 11 millones de jóvenes que viven con él en todo el mundo.
Mientras que los jóvenes son los más afectados por la pandemia del SIDA, también sabemos que son la clave para eliminarla.
Los comportamientos que aprendan y sus prácticas, servirán para señalar el rumbo futuro de la enfermedad en todo el mundo.
En la lucha contra el Sida información es simplemente poder. Tenemos la información y debemos asegurarnos que el público la recibe.
En México el Consejo Nacional de Atención de Atención del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, Conasida, registra a partir de 1994 un promedio anual de 4,100 casos. Solamente el año anterior se agregaron 4,855 casos a los 47,617 que tiene anotados el organismo en el país.
Sin embargo, entre el subregistro y retraso en la notificación se tienen estimaciones entre 116, 177 personas infectadas. Uno de los desafíos más importantes en este contexto consiste en aprovechar cabalmente el poder y la autoridad del Estado para hacer frente a la epidemia y a esos efectos movilizar a todos los sectores y niveles de gobierno. También llevar a cabo las intervenciones en forma descentralizada. Establecer sólidas asociaciones con entidades no gubernamentales. Asegurar financiación suficiente en el presupuesto y asignar adecuadamente recursos en todos los sectores y todos los niveles hasta el municipal.
Un segundo factor para lograr resultados en la lucha contra el Sida consiste en una mayor coordinación entre todos los sectores de la planificación económica y social entre entidades de gobierno y no gubernamentales, y entre la sociedad civil internacional y nacional.
La necesidad de recursos suficientes constituye un tercer factor crítico. Los recursos financieros asignados al Sida no constituyen más que una fracción de los necesarios, habida cuenta de la magnitud de la epidemia. En este contexto al pleno de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados se acercó recientemente el frente nacional de personas afectadas por el Sida para plantearles distintos problemas que se enumeran en seguida:
Que se respeten los derechos humanos y las garantías individuales de las personas que viven infectadas con Sida.
Que se establezcan las medidas legislativas necesarias para prohibir la discriminación social, educativa y laboral.
Y que las personas infectadas por Sida y que no cuentan con los servicios de la seguridad social puedan recibir los servicios de salud y los medicamentos de manera gratuita.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente
P u n t o d e A c u e r d o
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar la demanda de las personas afectadas por el Sida en materia de incremento al gasto en salud a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2002 consideren un incremento sustantivo a las partidas correspondientes y con ello atiendan su solicitud.
Segundo. Asimismo recomendar en forma respetuosa que las demandas de las distintas agrupaciones se turnen a las Dependencias, así como a las Comisiones involucradas y que en el ámbito de sus atribuciones coadyuve a su pronta solución.
Tercero. Que la Secretaría de Salud proporcione de manera gratuita los fármacos necesarios para el tratamiento integral de los pacientes con Sida que no tienen acceso a los servicios de la seguridad social.
Firman este punto de acuerdo: una servidora, diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del PRD; el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del PRD; la diputada Laura Pavón Jaramillo, del PRI; el diputado Rubén García Farías, del PRI; el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia; el diputado Jesús Garibay García, del PRD; la diputada Magdalena Núñez Monreal, del PRD; el diputado Miguel Bortolini Castillo, del PRD; el diputado Ángel Mixueiro, del PRI; el diputado Delfino Garcés Martínez, del PRD; el diputado Jaime Cervantes Rivera, del PT; la diputada Olga Uriarte Rico, del PRI; la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del PVEM; el diputado Auldarico Hernández Gerónimo, del PRD; el diputado Arturo León Lerma, del PRI; la diputada María del Rosario Oros, del PRI; la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del PAS; el diputado Arturo Herviz Reyes, del PRD y la diputada Hortensia Aragón, del PRD.
Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Para referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada María de las Nieves García Fernández, del grupo parlamentario del PRI.
LA C. DIP. MA. DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ: Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras legisladoras; compañeros legisladores: En la Trigésima Octava Reunión Plenaria el 27 de octubre de 1988, reconociendo la urgente necesidad de realizar esfuerzos multilaterales para fomentar y mejorar la salud humana, controlar las enfermedades y ampliar la asistencia sanitaria, con objeto de alcanzar las metas de salud para todos, la Asamblea General de las Naciones Unidas destaca y declara el día 1º de diciembre como Día Mundial del SIDA.
El Día Mundial del SIDA será una gran oportunidad para los gobiernos, los programas nacionales del SIDA, las organizaciones no gubernamentales y locales, así como las personas de todas partes del mundo, para demostrar la importancia de hacer un frente común para el combate contra el VIHSIDA y su solidaridad en este esfuerzo.
El problema de SIDA, como ya se ha comentado, se identificó desde 1981, con el antecedente de primera causa de muerte en África y cuarta causa de muerte en el mundo, causando hoy más de 20 millones de muertes y 36 millones de personas viviendo con VIHSIDA.
El VIHSIDA es hoy día la amenaza al desarrollo de más rápida progresión, así como un posible riesgo para la seguridad nacional y regional, como lo reconoció el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en enero del año 2000. Lo que distingue a ésta de otras epidemias, es la velocidad de su propagación y la magnitud de la devastación que provoca.
En nuestro país, desde el inicio de la epidemia hasta el 30 de noviembre del 2001, se han registrado de manera acumulada 51 mil 196 casos de SIDA, de los cuales sólo se encuentran vivos 19 mil 899, es decir, el 38.9 por ciento.
Durante el año 2001 se han notificado 3 mil 579 nuevos casos de SIDA, que aunque es una cifra menor al registrado en los años anteriores, que es sobre un promedio de 4 mil casos, todavía sigue siendo un número elevado.
Según las declaraciones de las Naciones Unidas, el SIDA es una emergencia mundial. En México se ha definido como un problema de seguridad nacional.
En este año, al conmemorar un aniversario más de la lucha contra el SIDA; el lema es: "A mí me importa. ¿Y a ti?", cuyo objetivo es crear un enfoque sostenido en el papel que desempeña el varón, particularmente los jóvenes, en los esfuerzos contra el SIDA.
Un creciente número de personas que viven con VIHSIDA en los países industrializados, se están beneficiando de los últimos avances del tratamiento antirretrovírico. Queda excluido de ello un vasto número de personas del mundo en desarrollo, que no pueden costear en su totalidad estos medicamentos y en este caso se encuentra nuestro país. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se une al Punto de Acuerdo de mi compañera, que se leyó hace un momento, en el sentido de más recurso, del compromiso de tener el recurso para el tratamiento.
Sin embargo, la planificación estratégica nacional ha estimulado a los gobiernos centrales y locales, las ONG´s, las comunidades y los asociados internacionales, a definir estrategias que se adapten a los distintos entornos en los que evoluciona el VIHSIDA.
Las respuestas estratégicas a la epidemia son más urgentes en las zonas con más alta prevalencia y en aquellas con una incidencia de VIH baja, pero creciente.
Reducir la vulnerabilidad de los jóvenes a la infección del VIH, es la principal defensa contra la epidemia del futuro. Las estrategias de reducción de la vulnerabilidad, adoptan una perspectiva a largo plazo sobre la epidemia, pero en cualquier caso requiere inversiones a corto plazo, para alcanzar los resultados.
Sean cuales sean las circunstancias, hay que tener en cuenta la necesidad de incrementar el apoyo político para la lucha contra el SIDA, reducir el estigma y mantener el nivel de sensibilización y cultura de la prevención entre la población en general.
Puesto que la epidemia parece menos urgente cuando la prevalencia es baja, estos elementos esenciales para la sostenibilidad de los programas, puede plantear problemas importantes y exigen una inversión continuada en tareas de información y promoción pública.
Me impulsa manifestar lo anterior a nombre de la Fracción Parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, ante el apoyo y compromiso con mujeres, hombres y jóvenes de nuestra nación.
Es todo señora Presidenta.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Salud.
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El siguiente punto del orden del día, la presentación de un Punto de Acuerdo sobre el incumplimiento de compromisos del Ejecutivo Federal, establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2001, el Grupo Parlamentario del PRD ha solicitado se posponga para una próxima sesión.
El siguiente punto del orden del día es el relativo a una proposición para solicitar se respeten las garantías individuales y los derechos humanos en el estado de Veracruz y está a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.
LA C. DIP. GENOVEVA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ: Con su permiso, señora Presidenta.
"Proposición con Punto de Acuerdo para solicitar que se respeten las garantías individuales y los derechos humanos de los ciudadanos en el estado de Veracruz, así como el fuero constitucional de los diputados federales.
"ANTECEDENTES"
"El estado de Veracruz es una de las entidades más densamente pobladas del país, su composición pluricultural y multiétnica lo ubican dentro de los estados de la República con mayor número de indígenas. No obstante, la entidad está lacerada por la pobreza y las desigualdades sociales.
"Por citar sólo un dato, el 67.9 de sus localidades sufre un alto grado de marginación, la que se presenta con mayor agudeza en las zonas rurales y las comunidades indígenas. A este tipo de situaciones obedece el surgimiento de un movimiento indígena pacífico, con hondas raíces, que busca encontrar la solución a sus necesidades más apremiantes, como lo es el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la salud y, sobre todo, a la libertad, derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la misma Constitución Local de Veracruz.
"No más indígenas recluidos en los penales de Perote, Pacho Viejo, Allende y Zamora. No más órdenes de aprehensión contra indígenas veracruzanos que son tan veracruzanos como mexicanos.
"El pacto indígena veracruzano es la culminación de un proceso de unidad de los pueblos indios del estado que crece de norte a sur, hermanados por la necesidad de ser escuchados, de ser vistos, de ser atendidos, de ser comprendidos.
"Los indígenas en Veracruz, compañeros legisladores, están excluidos de todo apoyo, comenzando con la política agropecuaria del gobierno de Veracruz donde no caben los indígenas en sus proyectos, en sus programas y en donde vemos no sólo el desplome de los precios del café. el abuso de los cañeros y a violación a los derechos humanos de campesinos indígenas, el desarrollo agropecuario en Veracruz consiste en regalar semillas, tomarse la foto con los campesinos, no hay desarrollo, sólo hay un afán de prostituir la dignidad del indígena campesino con regalías.
En materia de Salud los indígenas son los más rezagados, el fracaso rotundo en Veracruz del Programa PROGRESA es muy claro, basta escuchar las múltiples quejas de los que supuestamente son beneficiarios , la realidad en materia de salud es lamentable, los niños indígenas se mueren de cualquier afección , en fin, para muestra un botón. La realidad en Veracruz es muy ajena a los informes de los Secretarios de Estado en sus teatrales comparecencias en la Cámara Local de Jalapa, surrealismo puro, nomás.
Y en Seguridad Pública, la represión a su más alto nivel, las tres movilizaciones que salieron el día 15 de Noviembre de diversos puntos del Estado para manifestarse pacíficamente en Jalapa, fueron detenidas con lujo de violencia; en una de ellas venía su servidora con los indígenas veracruzanos y fuimos víctimas de graves situaciones que pusieron en riesgo nuestras vidas, desde que salimos una comunidad de nombre Xochiapa, la Policía Estatal, Policía Federal Preventiva, Policía Judicial, Policías Ministeriales y Tránsito del Estado nos empezaron a hostigar.
La primera agresión que sufrimos fue que se cruzaron en la carretera dañando el carro donde una servidora se transportaba, propiedad de la Cámara. Al interceptarnos las patrullas y golpear el lado derecho esto fue en Cosamaloapan, tuvimos que detenernos, nos quisieron introducir a caminos de terracería y nos negamos a avanzar con ellos temiendo ser victimados. Nos tendimos a un lado de la carretera federal en la banqueta de una gasolinería de nombre "Medellín", tuvimos que pasar la noche rodeado de muchas patrullas.
Al amanecer decidimos continuar nuestra marcha y rodeados de patrullas caminamos más de 5 horas casi acercándonos a Jalapa hasta un tramo de carretera federal que se llama Santa Fe Cardel donde nos tuvimos que detener por la llegada de un operativo impresionante, digno de buscar narcotraficantes por ejemplo como se ha estado buscando al Chapo Guzmán.
Era un operativo impresionante de Seguridad Pública con helicópteros, con perros amaestrados y un acordonamiento en círculo pequeño de granaderos fuertemente armados, no pudimos salir en 24 horas, sin comer, sin agua, totalmente incomunicados y un cerco impenetrable pues los ganaderos tenían órdenes de agredirnos si intentábamos salir del círculo que ellos habían tendido, ni siquiera cuando intentamos obtener ayuda para los que se estaban deshidratando nos permitieron llegar a la Cruz Roja más cercana.
Estuvimos todo un día incluso, aguantando insultos de los granaderos que decían que los diputados federales no valemos nada y que tenían órdenes de arriba de detenernos a mí y a los indígenas hasta que nos cansáramos y tomáramos la decisión de regresarnos; incluso hubo un momento en que quisimos que nos permitieran regresar y ya no pudimos avanzar ni para Jalapa ni para las comunidades indígenas de donde salían estos ciudadanos de las zonas indígenas.
Anexo a este documento fotografías y recortes de periódicos, de los principales diarios del Estado de Veracruz que fueron testigos de tal atropello. Por mencionar algunos: El AZ de Reforma de Jalapa, que por cierto su director también ha sido hostigado por seguridad pública y trabaja amparado; por el diario El Sur que en su primera plana publicó "Secuestran a indígenas"; el Notiver de Veracruz, el Diario de Jalapa y los medios televisivos de comunicación que por cierto mi reconocimiento a los medios de comunicación del Estado de Veracruz por esta apertura.
¿Qué argumentos tenía Alejandro Montano, Secretario de Seguridad Pública para tratarnos como delincuentes de alta peligrosidad? ¿Con qué derecho? No sólo tenemos en este país represión compañeros legisladores, en los años 70, 60, 80, sino también en los 90, en el 2000 y sobre todo el 15 de noviembre del 2001 en Veracruz.
CONSIDERACIONES:
La agresión sufrida por los indígenas veracruzanos aquí denunciada, es una violación flagrante a los derechos humanos protegidos por la Constitución Política del Estado de Veracruz y a sus más elementales garantías individuales como los derechos de manifestación de las ideas, petición, libre tránsito, asociación, protesta pacífica, y a no ser molestados en su persona, consagrados en los artículos 6º, 9º, 11 y 16, respectivamente, de la Constitución General de la República, además de la acción del Gobierno que anula y menoscaba los derechos y libertades de los veracruzanos afectados, lo que viola el artículo 1º de nuestra Carta Magna.
Por si ello fuera poco, la medida ordenada por el Gobernador y por Alejandro Montano, Secretario de Seguridad Pública, es constitutiva de delitos al privar ilegalmente de la libertad o secuestrar a los manifestantes. Es claro que las conductas de las autoridades veracruzanas responsables de los hechos ameritan sanciones en el orden civil y penal.
Por cuanto a la violación del fuero constitucional en mi calidad de diputada federal, conviene recordar que esta figura es una protección que otorga la Constitución Política a los legisladores y tiene por objeto preservar la absoluta libertad, la independencia en el ejercicio de sus funciones.
Al respecto, el artículo 61 de nuestra Constitución señala que: "los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del Recinto".
En el caso que nos ocupa, es flagrante la violación al fuero constitucional en virtud de que me encontraba en el desempeño de mis funciones como legisladora. La tradición parlamentaria dentro de un sistema democrático como el que aspira a ser el nuestro, exige que sea respetada la investidura de los representantes populares y que a su vez no sea limitado de ningún modo el ejercicio de nuestras funciones.
El ejercicio de la libertad de expresión de los legisladores, es parte inherente de sus funciones como representantes populares que otro poder no puede conculcar o anular a riesgo de poner en entre dicho nuestro sistema constitucional de división de poderes, violar el fuero constitucional es substituir el imperio de la ley por el imperio de la fuerza.
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está obligada a conocer sobre hechos que ponen en peligro el fuero constitucional de los diputados y diputadas que la integran y a demandar las medidas legales para que los responsables de su violación sean castigados.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, 12 y 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, los legisladores suscritos, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometemos a consideración del pleno las siguientes proposiciones.
Primera. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión condena enérgicamente la violación a las garantías individuales de que fueron objeto los indígenas integrantes del pacto indígena veracruzano, quienes intentaron manifestarse pacíficamente el pasado 15 y 16 de noviembre en varios puntos del Estado de Veracruz. Asimismo exhorta a las autoridades de la entidad a respetar el estado de derecho y a la libre manifestación de las ideas de todos los ciudadanos veracruzanos.
Segunda. La Cámara de Diputados acuerda solicitar a su presidenta inicie las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes, a fin de que se castigue a los culpables de haber violado el fueron constitucional de un integrante de este Congreso, así como sus garantías individuales con motivo de su participación en la manifestación pacífica del 15 y 16 de noviembre del año en curso en el Estado de Veracruz.
Firman...
LA C. PRESIDENTA: Diputada. Yo le ruego que la secretaría tome noticias de quiénes firman, porque su tiempo se ha agotado.
LA C. DIPUTADA GENOVEVA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ: Sí. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con el permiso de la Presidenta diputada, agradeciendo la atención y la oportunidad de los señores diputados, aprovecho este espacio para de manera muy mesurada, de manera muy respetuosa presentar ante ustedes una rectificación de hechos con respecto a lo que políticamente está sucediendo en el Estado de Veracruz.
En primer lugar es importante y sumamente pertinente dejar claramente en el entendimiento de ustedes que en Veracruz se vive un respeto absoluto por las garantías individuales, consagradas en nuestro marco constitucional.
Que existe, además una posición clara con respecto al papel que los señores legisladores, tanto federales, como locales juegan en la vida política de nuestro país y de nuestro estado y que en este sentido existe de manera muy clara, existe de manera altamente comprendida la facilidad de parte de todos los actores políticos veracruzanos para que este clima se viva, para que este clima se multiplique y para que este clima pueda sin lugar a dudas, distinguir la práctica política del Estado de Veracruz.
Es importante, además, comentar que el Estado de Veracruz, como aquí se mencionó, fuertemente vinculado con grupos indígenas y étnicos, rodeados de realidades particulares, específicamente difíciles por su situación geográfica ha ocupado gran parte del esfuerzo y gran parte del tiempo desde hace muchísimos años a favor de los indígenas veracruzanos, para incorporarlos sin que traicionen su condición, su origen, su cultura, los puntos que los caracterizan en la vida política, social y cultural del Estado de Veracruz, con el único propósito de que la enriquezcan, con el único objetivo de que en la integración social y a través de la armonía, la convivencia pacífica sea la realidad y el sello que predomine. Por eso, me sorprende mucho lo aquí escuchado y por eso de manera muy clara vengo a externar de manera muy respetuosa al mismo tiempo, una percepción completamente distinta.
Yo quiero comentar que es importante es tema además, para que en lo particular, compañeros legisladores, hagamos un espacio y podamos incurrir en la reflexión profunda, reflexionar hasta dónde llegan nuestros alcances como legisladores, distinguir perfectamente cuál es el papel y el rol que debemos jugar como miembros de un partido político y cuál es sin lugar a dudas la responsabilidad más allá de los colores, más allá de las cuestiones electorales que como diputados y representantes de esta nación tenemos frente al país. Y en este sentido, en Veracruz de manera muy claramente expresada el trabajo de los señores representantes de la nación que lleven como bandera, que lleven como legado el procurar la armonía, el contribuir al orden social, el tratar de alcanzar los acuerdos mínimos para que los grupos vulnerados más apartados de la realidad política puedan incorporarse a esa misma realidad política en lo general, sin lugar a dudas siempre será bien recibido.
Yo estoy plenamente convencido que el trabajo de los señores legisladores que compartimos esta oportunidad y este espacio, orientados y guiados por este ánimo enriquecerán tanto en Veracruz como en la vida nacional, nuestra participación.
Por todo esto yo quiero comentarles que en Veracruz todos y cada uno de los aspectos políticos, por divergentes que sean, son respetados, son bien recibidos y que el respeto a las garantías individuales, el respeto al fuero constitucional y la preocupación constante por incorporar a todas las minorías en una práctica generalizada, son sin lugar a dudas los esfuerzos que todos los actores políticos de ese estado estamos tratando de instrumentar en el presente.
Por todo lo anterior quiero comentar que de manera muy mesurada respetamos lo aquí expuesto, que sin lugar a dudas tendrá que abrirse un espacio y un cauce en los órganos correspondientes y que sin lugar a dudas también estamos todos porque Veracruz siga siendo el espacio político en donde la universalidad y la divergencia política puedan coincidir en la armonía.
Muchas gracias por su atención.
LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Para hechos el diputado Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
EL DIP. PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias señora Presidenta.
Nada más para puntualizar, compañeros. En efecto, el estado de Veracruz es un estado muy especial. El estado de Veracruz es un estado que durante muchos años se ha manejado de una forma caciquil, en una forma regional. Esto ha sido porque es un estado que a pesar de ser, no –se oye mal decirlo de mi parte el estado más rico del país, pero sí uno de los más ricos, no tiene el desarrollo que debía haber tenido porque no ha habido un verdadero acercamiento, un verdadero abocamiento económico y político en el estado.
Yo creo que aquí el punto importante es que no se puede impedir la libre manifestación de la gente y el punto para mí más importante es que se afecta la Cámara. O sea, el autobús, el auto era de la Cámara, los diputados iban ahí y fueron faltados al respeto.
Qué bueno que los compañeros del Partido Revolucionario Institucional van a apoyarnos en ese sentido. Lo que sí quiero decirles y dejar claro es que si vamos a hacer un cambio en este país, en uno de los estados que tenemos que empezar es en el estado de Veracruz.
Compañeros, no quiero polemizar más esto, no es mi intención subirme a polemizar, simplemente dejar las cosas como son: Veracruz es un estado que es muy rico y tiene un gran atraso. Ya ustedes sabrán si han funcionado o no han funcionado las administraciones.
Muchas gracias compañeros.
LA PRESIDENTA: Gracias diputado.
Túrnese el primer resolutivo del punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y el segundo resolutivo a la Mesa Directiva, para que valore el tema y su Presidencia en su caso actúe en consecuencia.
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Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para incluir el pago del bono anual de pensionados y jubilados...
LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para incluir el pago del bono anual de pensionados y jubilados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para ejercicio del 2002.
EL DIP. PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias, señora Presidenta.
Compañeros diputados y diputadas:
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año fiscal 2002, enviado por el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se destinan 96 mil 813.38 millones de pesos al ramo 19, aportaciones a la seguridad social. El monto representa una caída de 2.5% con respecto a lo autorizado para el año 2001.
Por cuanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el proyecto considera la cifra de 146 mil 863 millones de pesos, menor en 3.7% en términos reales respecto de lo presupuestado para 2001.
El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibirá por su parte 45 mil 526.60 millones de pesos, monto que representa una caída del 0.3% con relación al ejercicio anterior.
Las caídas registradas en estos renglones del gasto, contribuirán a profundizar los rezagos en materia de seguridad social, particularmente en cuanto a su cobertura, construcción de infraestructura médica, renovación de equipo, pago de pensiones, calidad y calidades de los servicios que prestan a instituciones públicas.
El proyecto de presupuesto 2002, no incluye el pago anual para jubilados y pensionados, aprobado por la Cámara de Diputados en los dos ejercicios anteriores. Como se recordará en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2001, se autorizó un monto de 94 mil 023. 60 millones de pesos para el ramo 19. En el artículo tercero del decreto, donde se incluye esta cifra se precisa que dichas erogaciones incluyen la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos para otorgar en el 2001 un pago único a favor de los pensionados y jubilados del IMSS, del ISSSTE y del lSSFAM, así como para los ferrocarrileros antes de 1982.
Aunque en la exposición de motivos se precisa que el monto total sería por 6 mil millones de pesos como lo propuso el Senado de la República, ya que a estos recursos se suman los 3 mil 500 millones de pesos que correspondían a disponibilidades del ejercicio fiscal 2000, destinados al mismo fin, en ese sentido el transitorio duodécimo del citado decreto, establece que esos recursos así como las disponibilidades de los recursos afectos al pago único a favor de los pensionados y jubilados del IMSS, ISSSTE e ISSFAM, así como para los jubilados, antes de 1982 de FERRONALES, se cubriría de conformidad con lo siguiente:
Primero. Para los pensionados del IMSS registrados al 30 de abril de 2001, se destinaron 2 mil 380 millones de pesos que fueron distribuidos a sus beneficiarios de conformidad con criterios sobre el valor mensual de pensión o jubilación recibidas, además una cantidad indefinida para atender a jubilados y pensionados de distintos niveles de ingreso.
Segundo. Para los pensionados y jubilados del ISSSTE, se otorgó un monto a distribuir de 645 millones de pesos entre el número de jubilados y pensionados registrados al 30 de mayo de 2001.
Tercero. Para los pensionados del ISSFAM se consiguió un monto a distribuir de 116 millones de pesos entre los pensionados registrados al 30 de mayo de 2001.
Cuatro. Para los jubilados ferrocarrileros antes del 82 se destinaron 65 millones de pesos a distribuir entre el número de jubilados de FERRONALES antes de 1982 y 183 millones de pesos al capital constitutivo del fondo de los ferrocarrileros en cuestión que no fueron considerados en el convenio de incorporación al régimen del IMSS.
Todos los pagos se realizarían a más tardar durante el mes de mayo del año curso.
El pago único aprobado por la Cámara de Diputados para jubilados y pensionados del IMSS, ISSSTE, ISSFAM y jubilados ferrocarrileros, es un paso importante en la ruta por dignificar los ingresos de más de 2 millones de mexicanos que contribuyeron por décadas al desarrollo del país. Es el reconocimiento explícito de que la reforma al régimen de pensiones del Seguro Social con la que se puso fin al sistema de reparto al ser sustituido por otro de capitalización individual puesto en vigor en 1997, dejó en el olvido a este universo de jubilados y pensionados.
Representa un esfuerzo pues por pagar un adeudo social que polariza a la sociedad y genera grandes injusticias.
El monto de 6 mil millones de pesos adicionales para mejorar la situación de jubilados y pensionados significa un cambio relevante en la orientación del gasto social pero no resolvió en definitiva las demandas de este sector, la decisión definitiva para los jubilados y pensionados del IMSS se ha aplazado porque el Senado de la República no ha llegado a un acuerdo favorable para aprobar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con la que se reforma la Ley del Seguro Social con el objeto de incrementar la pensión mínima que paga esta institución de 1 a 1.3 salarios generales en el Distrito Federal e incrementar la que perciben las viudas del 90 al 100% de la que percibía o hubiese percibido el jubilado.
En el caso del ISSSTE, ya se dio un paso importante al indexar las pensiones que cubre el Instituto al índice nacional de precios al consumidor o al incremento que reciban los trabajadores en activo. Las reformas aprobadas permitirán así, que los jubilados y pensionados del ISSSTE reciban un aumento no menor al 6% que es la inflación esperada o igual al que recibe el trabajador en activo que puede ser superior a ese monto.
Para el caso de los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, hace falta que la Cámara de Diputados incluya en el presupuesto los recursos necesarios para cubrir la totalidad de los montos constitutivos y gocen de una pensión vitalicia.
Por último es oportuno que este órgano legislativo, revise los montos de las pensiones y haberes de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pensiones y haberes.
Por las anteriores consideraciones, el suscrito diputado de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Senadores para que apruebe la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 y adiciona los transitorios undécimo y duodécimo de la Ley del Seguro Social, enviada el 29 de abril de 2000, con la que se incrementan las pensiones de viudez al 100% de la que hubiera correspondido o venía disfrutando el asegurado; asimismo con la que se incrementa la pensión mínima que cubre el Instituto a 1.3 veces el salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y se aumentan anualmente las pensiones en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor.
Segundo. Que la Cámara de Diputados considere el monto de recursos adicionales necesarios, para incrementar las pensiones del IMSS en la cuantía señalada en el punto anterior en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002.
Tercero. Que en caso de no alcanzarse un acuerdo en la Cámara de Senadores respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se incluya en el presupuesto 2002, el monto de recursos necesario para cubrir un pago anual a jubilados y pensionados del IMSS no menor al autorizado en el Presupuesto de Egresos 2001.
Cuarto. Asimismo que la Cámara de Diputados incluya en dicho presupuesto el monto total necesario para cubrir los capitales constitutivos al IMSS, con el propósito de que los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, reciban una pensión vitalicia.
Quinto. Que se incluya en el ramo 19 del presupuesto 2002, el monto de recursos necesarios para que los pensionados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, reciban un pago anual no menor al recibido durante 2001.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social.
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Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal la apertura de la Escuela Nacional para Sordos.
LA C. DIPUTADA LORENA MARTINEZ RODRÍGUEZ. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados.
Con su permiso, señora Presidenta.
Hace unos días presenté en esta misma tribuna ante ustedes y a consideración de la Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley Federal de Cultura del Sordo y en esta ocasión quiero reiterar sobre el tema porque creo que es de urgencia el que podamos iniciar con acciones concretas de gobierno que nos permitan avanzar sobre este tema que a mi juicio y seguramente a juicio de todos ustedes, es de vital importancia.
Por eso es que vengo a plantear a esta Soberanía este Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la reapertura de la Escuela Nacional para Sordos.
Así con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Antecedentes: En la última década en nuestro país se ha reactivado el interés social y político sobre aquellos sectores sociales más vulnerables.
También es el caso de las personas con alguna discapacidad que han expresado su legítimo reclamo al respeto de sus derechos humanos y constitucionales.
Cuarenta años de lucha de un movimiento social, diez millones de mexicanos con discapacidad y más de 600 organizaciones sociales en el país, han sido el motor que ha logrado construir los cimientos de lo que en un futuro necesitamos se convierta en una política de estado.
Sin embargo, detrás de esas afirmaciones que hoy se expresan rápidamente existen una historia, una historia de lucha para hacer evidentes las desigualdades sociales.
Las personas con discapacidad y sus organizaciones iniciaron desde 1990 una intensa y comprometida tarea por su país: defender los derechos humanos y sociales de diez millones de personas con discapacidad para lograr que se incorporen a la sociedad en igualdad y equidad de circunstancias.
Quienes viven una discapacidad, deben enfrenar no sólo las complicaciones propias de un problema físico, mental o sensorial, sino también la incomprensión, la ignorancia, la discriminación social y familiar, el rechazo generalizado, la ausencia de servicios de calidad, la desigualdad laboral, las barreras físicas urbanas o rurales, los estereotipos sociales y un sinfín de razones absurdas.
La persona sorda en México y el resto del mundo, quizás es uno de los sectores de la sociedad más complejos e indiscutiblemente los marginados de los marginados del resto de la sociedad. Como tal, la persona que vive la discapacidad de la sordera, enfrenta en primer término la seria dificultad de que su sordera no se manifiesta en forma física ante el resto de las personas, es imperceptible para quienes contamos con nuestros sentidos, enterarnos de que una persona es sorda y la única forma de saberlo es al tratar de establecer comunicación oral o auditiva. Sin esta facultad el ser humano se enfrentaría a un grave problema, no alcanzaría a comprender todo lo que sucede en su entorno en por lo menos el 80% de lo que ocurriese, es decir, la vista nos permite asimilar de forma visual las imágenes y los sonidos la otra parte de esa imagen.
El sentido del oído nos permite comprender qué significan las palabras y su particular pronunciación; qué significa la escritura, sus formas, signos e interpretaciones. Significa también la posibilidad de sabernos expresar y aprender a hablar, como cuando un bebé inicia el proceso de aprendizaje de su lengua natal, los padres se encargan de transmitirle las palabras que posteriormente serán las que le sirvan para conformar su vocabulario.
En el caso de las personas sordas, la imposibilidad de percibir los sonidos, les impide comprender el significado de infinidad de situaciones, haciéndose necesario que alguien les explique de forma visual qué son los sonidos, cómo se pronuncian las palabras y para qué sirven.
La forma en que los sordos pueden superar y enfrentar su discapacidad, es aprendiendo desde la infancia a oralizar y a comunicarse con otros sordos mediante el lenguaje de señas.
Durante años han quedado rezagadas las demandas de la población sorda, siendo necesario que la Cámara de Diputados, el Senado de la República e incluso los congresos locales, adoptemos una postura clara y contundente para permitir que la legislación avance y reconozca a este sector de la población.
Es necesario señalar que en México jamás se ha dado el lugar que se merece, a la población sorda; que su inclusión en la legislación educativa no sólo como un grupo de atención, sino comprendiendo la necesidad de establecer las bases a nivel nacional para crear un sistema bilingüe estructurado por el lenguaje de señas y el español escrito, ha sido observado con desdén e indiferencia.
También es necesario dejar claro que la población sorda del país se enfrenta a la segregación y discriminación más aguda de su historia., sus problemas de comunicación aunados a sus necesidades básicas, acentúan su vulnerabilidad y son presa fácil de quienes con todas sus facultades físicas atentan contra su integridad física y moral.
Desconcertante y olvidado por todos, fue el caso ocurrido en Estados Unidos, cuando conocimos de la explotación y agresión física de que fueron objeto un grupo de mexicanos sordos en Nueva York, quienes con engaños fueron abordados en la ciudad de México y posteriormente ser trasladados a Estados Unidos para su explotación.
Este acontecimiento implicó no sólo responsabilidades legales; implicó también la detección de graves situaciones por las que atraviesan estas personas al dejar en evidencia su total analfabetismo e incluso el desconocimiento de sus nombres y origen.
Con frecuencia la educación para los sordos ha sido una propuesta desarrollada y evaluada por los oyentes, lo que provoca que sea percibida y proyectada de manera reductiva.
La educación especial en México se integra al marco jurídico en el siglo pasado, según el decreto de fecha 15 de abril de 1861, firmado por el entonces Presidente de la República Don Benito Juárez García. Y en su artículo 3 estableció textualmente: "Se establecerá inmediatamente en a capital de la república una escuela de sordomudos que se sujetará al reglamento especial que se forme para ella, y tan luego como las circunstancias lo permitan, se establecerán escuelas de la misma clase sostenidas con fondos generales en los demás puntos del país en que se creyera conveniente".
En junio de 1866 el entonces presidente municipal Don Ignacio Trigueros creó la Escuela de Sordomudos, estableciéndose en el Convenio de Corpus Christi, teniendo como director al profesor Eduardo Wet, cumpliendo así con el decreto presidencial de Don Benito Juárez.
A mediados del Siglo XX se estableció la profesionalización de los docentes de educación especial mediante la creación de la Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal, pero sin considerar la educación bilingüe de señas y español. Este decreto es precursor de las disposiciones posteriores para la fundación de las escuelas especiales normales de especialización y de las normales para maestras de educación regular.
La metodología que se estableció en la Escuela de Sordomudos fue la desmutización con el sistema de articulación y lectura labial y deletreo. La mímica se toleró, sin formar parte del proceso de enseñanza, el cual fue complementado por la capacitación en talleres como zapatería, sastrería, hostelería, encuadernación, talabartería, cocina, costura, entre otros.
En 1967 fue cerrada la Escuela Nacional para Sordos, creándose el Instituto de Comunicación Humana, el cual ha servido para la investigación científica sobre la sordera.
Desde entonces las personas sordas y sus familiares se han enfrentado a la problemática relacionada con la integración educativa, que si bien debería contar con los mecanismos de integración de las personas al sistema regular escolar, la realidad es que las personas sordas no encuentran cabida y respuesta a sus necesidades de educación especializada, por lo que nos lleva a considerar en esta asamblea, con sensatez y sentido práctico, la urgencia de establecer espacios educativos al alcance de la población sorda, además de incorporar otras medidas legislativas que comprendan la enseñanza en el lenguaje de señas mexicanas y con oralización.
Por lo anterior, al nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de este pleno, con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo:
Que el Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, dentro de su ámbito de competencia, se revise y realicen los trámites necesarios para la reapertura de la Escuela Nacional para Sordos, con el fin de cubrir las necesidades de educación especializada.
Que se establezcan en el país cuando menos una escuela para sordos en cada entidad federativa, con el objeto de que la población infantil cuente con acceso a la educación pública regular y los adultos sordos puedan tener acceso a la educación para adultos.
Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables solicite al Secretario de Educación Pública un informe, en un plazo no mayor de 90 días, sobre los avances de esta propuesta.
Dado en el Palacio Legislativo, 4 de diciembre.
Es cuanto, señora presidenta.
EL C. DIPUTADO: Diputada Lorena Martínez Rodríguez. La Junta de Coordinación Política no procesó esto de urgente y obvia resolución. En la Mesa Directiva lo habíamos ya registrado como un trámite normal y se turna a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos con opinión de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Para formular un punto de acuerdo mediante el cual se solicita al Ejecutivo Federal realice una convocatoria a las naciones que integran el Fondo de Cooperación Económica de los Países de la Cuenca del Pacífico para que declaren el año 2002 como el Año Mundial de dicho organismo, se le concede la palabra al diputado Jesús Mario Garza Guevara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por diez minutos.
EL C. DIP. JESÚS MARIO GARZA GUEVARA: Gracias. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Con el ingreso de México al Sistema Generalizado de Preferencias, conocido por sus siglas en inglés como el GATT, el comercio exterior mexicano ha significado un punto neurálgico en el crecimiento nacional. Este proceso además del fenómeno de la globalización en el que está envuelto nuestro país ha significado grandes cambios y retos que nos obligan a no quedar rezagados en el crecimiento político, social y cultural, no sólo en el económico, aun cuando los avances en este sentido han sido grandes y firmes.
El Foro de Cooperación Económica para la Cuenca de Asia Pacífico conocido por sus siglas también en inglés de APEC, fue creada en 1989 como resultado de la interdependencia económica en esta región y actualmente está integrado por 21 economías entre las cuales destacan: Australia, China, Estados Unidos, Japón, Hong Kong, Singapur, Chile, entre otros.
México ingresó en este Foro formalmente en 1993 con el objetivo de intensificar sus relaciones con los países de la Cuenca del Pacífico, principalmente los asiáticos.
A partir de octubre de este año, México preside el mecanismo durante un año y lo convierte en la sede de las diversas reuniones que culminarán con la reunión informal de líderes que se realizará en Los Cabos a finales de octubre del año próximo.
APEC también cuenta con un Consejo de Asesoría Empresarial cuya función es proporcionarles a los líderes la asesoría necesaria sobre el funcionamiento y perspectivas del sector empresarial en este sentido.
En orden jerárquico las decisiones de APEC son las siguientes: Reuniones de líderes en donde se reúnen los jefes de Estado o de gobierno; reuniones ministeriales conjuntas con ministros de relaciones exteriores y de comercio y economía; funcionarios de alto nivel de estas dependencias; del Comité para el comercio y la Inversión; el Comité Económico y sus respectivos subcomités y foros. También existe un secretariado técnico ubicado en Singapur para apoyar a todo el mecanismo.
El mecanismo describe su propósito a partir de la Cumbre de Bogor con las metas del mismo nombre en donde sobresale la liberalización comercial para el año 2010, para las economías desarrolladas y para el 2020, como es en nuestro país,, para las economías en desarrollo.
Para esto se soporta en tres pilares: El primero es la liberalización del comercio e inversiones. El segundo es la facilitación para el comercio e inversión y el tercero y no menos importante, es la cooperación económica y técnica en donde sobresale en donde se identifican oportunidades de cooperación para distintas fuentes como las humanas, institucionales, tecnológicas y de desarrollo acelerado, con énfasis en el intercambio de información de diálogo sobre políticas específicas, el estudio y la investigación. Esto es lo que hace el mecanismo de APEC diferente a otros foros internacionales.
Todos estos medios son parte fundamental para que las sociedades de la región del Pacífico comenzando con sectores que son ignorados en otros países, de concertación intercomunitaria como por ejemplo los jóvenes, las mujeres, las pequeñas y medianas empresas, hacen la diferencia con todo lo anterior.
Para México representa retos y oportunidades, toda vez que la región de Asia Pacífico es la zona de mayor crecimiento económico del mundo.
Las 21 economías que integran APEC, tiene una población de más de 2 mil millones de habitantes y genera alrededor del 56 % del producto mundial y del 54 % del comercio global.
A todas luces la región Asia Pacífico es la más dinámica y la de mayor crecimiento en el mundo. En ella se encuentran los mercados más importantes y es una de las fuentes más importantes de inversión extranjera directa.
Para México es un reto por la alta competitividad de las economías asiáticas y al mismo tiempo es una oportunidad impresionante por el potencial de atraer inversiones y hacer negocios en los sectores turístico, energético y el exportador principalmente.
Realmente en México no se conocen las oportunidades de negocios que la región ofrece, a pesar de que estamos preparados para aprovecharlas. Gracias a la liberalización comercial y a la política de negocios y tratados de libre comercio y de acuerdos de inversión, México se ha convertido en una de las economías más abiertas y competitivas del mundo.
En el año 2000 el comercio exterior de México superó los 341 mil millones de dólares, casi el doble de lo registrado hace 8 años. El 23 por ciento más que el año anterior y los cerca de 170 mil millones de dólares en exportaciones registrados en año pasado, más que triplicaron la cantidad de bienes que exportamos en 1993.
Hoy en día México es el octavo país exportador más grande del mundo y el primero en Latinoamérica.
Por lo anterior, y con fundamento en la Ley Orgánica y Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la consideración del pleno de esta honorable Cámara el siguiente
P u n t o d e A c u e r d o :
Único. Solicitamos al Ejecutivo Federal declare el 1º de enero del año 2002 como fecha de inicio en los Estados Unidos Mexicanos del Año Mundial del Foro de Cooperación Económica de los Países de la Cuenca del Pacífico y se publique en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, señor Presidente.
(Aplausos)
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Muchas gracias, diputado Jesús Mario Garza Guevara.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
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Para presentar un punto de acuerdo en relación con el Presupuesto de Cultura para el año 2002 se le concede la palabra al diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO (PRD): Con su permiso, señor Presidente. Esta es una proposición con punto de acuerdo, relativa al Presupuesto en Cultura para el año 2002.
Señoras y señores Diputados:
Los días 29 y 30 de octubre de 2001 se llevó a cabo el Foro "El Presupuesto para la Cultura: Los Desafíos para el año 2002", convocado por la Comisión de Cultura de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Se convocó con la finalidad de que la Comisión de Cultura y en general el Poder Legislativo conociera los requerimientos financieros de las instituciones culturales del país, para que éstas cumplan sus funciones en materia de investigación, conservación y difusión del patrimonio cultural tangible e intangible, así como la formación de especialistas y estimular el florecimiento de las manifestaciones artísticas. Por ello el Foro, llevado a cabo en el salón verde de esta Cámara de Diputados, se estructuró bajo los ejes temáticos relativos al Presupuesto de Egresos, las prioridades, el proyecto cultural y laboral, así como la necesidad de diseñar una estrategia presupuestal para resarcir el rezago en la materia.
Los objetivos se centraron en el estudio de las necesidades presupuéstales de la actual administración, así como en escuchar las propuestas de especialistas de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional y trabajadores del sector.
Durante el Foro se manifestó que la UNESCO considera la cultura como origen de creatividad y el patrimonio cultural como fuente del conocimiento de nuestra visión del mundo, ya que puede dar lugar a los cambios de actitud necesarios para garantizar la paz y el desarrollo sostenible para mantener la vida en el mundo.
Esta aseveración cobra importancia en esta época de principios del siglo XXI, en donde la humanidad enfrenta una crisis mundial marcada por el aumento de la pobreza y las desigualdades, por la degradación del medio ambiente y por una falta de visión en las ideas políticas. A pesar de ello es necesario reconocer que bajo el pretexto de la recesión económica mundial el presupuesto para cultura es afectado año con año y en el caso particular de nuestro país en cada proyecto de egresos, a pesar de las buenas voluntades presidenciales existe un rezago presupuestal en esta materia de varias décadas.
En el año 2000 el presupuesto para cultura correspondió al .06 por ciento del producto interno bruto y para el 2001 se redujo al .04 por ciento. Por tanto, habrá que socializar y convencer a esta soberanía y al Ejecutivo Federal, de la importancia de un buen presupuesto para este sector.
Para ello, es necesario reflexionar en que la educación se constituye como la base del desarrollo humano y la cultura, que es la que nos da cohesión e identidad, la cual hoy en México se encuentra amenazada por la globalización.
Es imperante una visión que trascienda el modelo cultural e institucional actual, que se constituya por el disoluble vínculo existente entre la educación y la cultura. La razón está en que históricamente la educación en México ha sido y seguirá siendo, si otra cosa, una guerra no ocurre o algo catastrófico, consecuencia de nuestra tradición cultural.
Durante el foro se recomendó en reiteradas ocasiones, que el Poder Legislativo Federal, en particular la Cámara de Diputados, legisle un presupuesto para la cultura, tomando como referencia los estándares mínimos recomendados por la UNESCO, que es aproximadamente 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto y en lo óptimo en el 1.5 por ciento del PIB. No obstante, este monto debe corresponder a proyectos específicos que presenten las instituciones encargadas de cumplir las funciones que el Estado Mexicano les ha encomendado.
En este punto se expresó que deben buscarse alianzas con las dependencias federales y con los distintos niveles de gobierno, estados y municipios, así como con la sociedad civil, para lograr la optimización de los recursos económicos destinados año con año a este sector.
Se sustentó que es un error elemental considerar la cultura como superflua cuando es una función sustantiva del país, por ello se propone que a través de los Institutos de Cultura del país se incorpore la participación de la iniciativa privada, sin que ello implique el sometimiento de la política cultural a las reglas de los empresarios.
Coincidiendo con el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 20012006, durante el foro se manifestó que en el sector cultural se duplican funciones, por lo que se propuso como estrategia para la optimización del presupuesto, eliminar dicha duplicidad y, en consecuencia, valorar la pertinencia de dependencias que hayan sido constituidas y que siguen sin un marco jurídico adecuado y sin la legitimidad de esta Soberanía.
Se planteó que otra forma de optimizar los recursos es que en la aplicación de éstos se deba dar a partir de programas y proyectos con objetivos concretos y conclusiones de obras, generando mecanismos transparentes de rendición de cuentas.
También se argumentó que es prioritario que la política cultural de nuestro país destine recursos a la formación de especialistas de distintas escuela de investigación, conservación y restauración del patrimonio cultural. Se cuestionó el concepto de ciudadanización de la cultura, ya que el Plan Nacional de Cultura 20012006 lo concibiera como eje de la política cultural de esta administración, siendo que éste no ha sido aclarado por el propio Presidente ni por el Secretario de Educación Pública.
Se planteó que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, es por ley a quien de acuerdo con el artículo 133 constitucional, le corresponde la organización de la educación artística nacional en sus distintos niveles, preescolar, primaria y segunda enseñanza o lo que conocemos como secundaria, normal e incluso profesional, por ser una facultad que le otorgó el Honorable Congreso de la Unión desde al año de 1946.
En el mismo sentido se expresó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, reformada en 1985, es competencia del Instituto la investigación científica en antropología e historia, la conservación y restauración del patrimonio cultural, arqueológico e histórico, así como el paleontológico; la promoción y difusión de este patrimonio y la formación de especialistas en esta materia, funciones y facultades otorgadas por el Honorable Congreso de la Unión desde 1939, por lo que en este contexto, para que los institutos mencionados cumplan con esta importante función, es necesario se incremente el presupuesto y se contemple el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los que laboran en los institutos legislados.
Por lo expresado en dicho foro y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el abajo firmante se permite somete a consideración de esta honorable asamblea, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.
"PUNTO DE ACUERDO
"PRIMERO. Que es necesario que esta Soberanía discuta la pertinencia de un órgano rector de la política cultural del Estado Mexicano que coadyuve al desarrollo de la cultura nacional y a la optimización del presupuesto sin duplicar funciones e integradora de las políticas públicas del Gobierno Mexicano.
Segundo: Que el presupuesto para la Cultura se incremente en 100% en términos reales para el Ejercicio Fiscal del año 2002 al tiempo de estudiar y definir una estrategia que disminuya el rezago presupuestal en materia de cultura que nos permita para el año 2006 cumplir con los porcentajes mínimos que recomienda la UNESCO; y,
Tercero: Que es necesario proteger el uso y la naturaleza de los monumentos y zonas arqueológicos, históricos y artísticos de acuerdo a la legalidad vigente y a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Es cuanto, muchas gracias.
(aplausos)
EL C. PRESIDENTE. Gracias a usted diputado Elías Martínez Rufino.
Túrnese el Punto de Acuerdo a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Cultura.
Ha solicitado la palabra y se le concede hasta por cinco minutos al diputado José Manuel Correa Ceceña del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL CORREA CECEÑA. Con su permiso diputado Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Hay un tema que a nosotros nos parece fundamental y que por supuesto es imposible soslayar, el tema de la cultura.
Ya aquí el diputado Elías Martínez hablaba sobre números y hablaba sobre concepciones del quehacer cultural, por supuesto que todos debemos estar vivamente interesados en el asunto desde luego de la cultura como concepto pero también del ejercicio cultural de la expresión que llamamos quehacer cultural.
Déjenme decirles que la cultura es el centro fundamental , el cimiento de una nación, en la expresión cultural encontramos la definición de México y del mexicano; ahí encontramos y entendemos el ser mexicano, la manera de ser y el querer ser. Renán decía y decía bien, "que una nación se compone más de los muertos que de los vivos" y esto significa justamente una enorme concepción cultural que encuentra su expresión definitiva ene l quehacer cultural y a ese es al que nos referimos.
No es un asunto menor, no es un asunto menor, en la cultura y en la educación es donde encuentra sentido y significado el desarrollo, no hay, no hay ningún valor ni ningún significado de desarrollo sin el concepto de cultura, así de importante es.
Pues bien, estos ámbitos y estas áreas de cultura y de educación son los más castigados en los presupuestos. Los últimos lugares y en e l renglón cultural el último lugar se ocupa en las cuestiones presupuestarias, estando nosotros conscientes de lo difícil de la situación presupuestal estamos convencidos también de que es una grave, gravísima equivocación, muy grave equivocación que tiene que ver con el desarrollo del país, castigar el presupuesto de Cultura.
En este año el presupuesto decrece y este es una referencia desde luego al Poder Ejecutivo pero fundamentalmente a nuestros compañeros diputados de la Comisión de Presupuesto. Repito, fundamentalmente a nuestros compañeros de la Comisión de Presupuesto.
Decrece el presupuesto en cultura, es 0.08 señoras y señores diputados. Lo voy a repetir para el ejercicio cultural, centro y cimiento de la identidad nacional para el quehacer cultural expresión de nuestra nacionalidad, el 0.08 del Producto Interno.
La ONU a través de la UNESCO, recomienda por lo menos, por lo menos el 1.5% del Producto Interno Bruto. Ojalá lleguemos algún día a eso pero vamos empezando a caminar, no vamos a caminar con el 0.08 del Producto Interno Bruto. Creemos muy importante que para los trabajos legislativos que tienen que ver con una gran reestructuración de las instituciones culturales, con condiciones apropiadas, con condiciones apropiadas para el desarrollo de los trabajos inherentes a la cultura, se necesitan recursos mínimo, mínimos, pero se requieren recursos.
Nos preocupa pues la asignación presupuestal y hacemos un atento llamado, hacemos un atento llamado a la Comisión de Presupuesto para que se aboque a este asunto.
Concluyo, concluyo con una frase del gran poeta alemán J. W. Goethe. Decía Goethe que es muy difícil pensar, que es más difícil actuar pero que actuar de acuerdo al pensamiento, es lo más difícil que hay. Ojalá que seamos congruentes entre el discurso y el hacer.
Gracias. ( aplausos )
EL C. PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias a usted, diputado José Manuel Correa Ceseña.
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Honorable Asamblea: Se ha cumplido el término establecido para la sesión del día de hoy. Ya pasan de las 18 horas, por lo que le ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se va a dar lectura a la orden del día de la próxima sesión:
( ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION )
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EL C. PRESIDENTE: Se levanta la sesión (18.04 horas) y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 6 de diciembre a las diez horas.