SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2001
|
ORDEN DEL DIA 6 DE NOVIEMBRE DE 2001. |
|
| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público | |
|
|
| Iniciativa del Congreso del estado de Tlaxcala | |
|
|
| Iniciativas de ciudadanos diputados | |
|
|
|
|
|
|
| Dictámenes de primera lectura | |
|
|
|
|
| Dictamen a discusión | |
|
|
| Excitativa | |
|
|
| Proposiciones | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Agenda política | |
|
|
|
|
|
|
| Efemérides | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CLAUSURA |
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Ruego a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 287 diputados, por lo tanto hay quórum.
LA C. PRESIDENTA: Se abre la sesión (10.43 horas).
LA MISMA C. SECRETARIA: Se va a dar lectura del orden del día.
( LECTURA DEL ORDEN DEL DIA )
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 6 de noviembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
Del diputado Silvano Aureoles Conejo.
Del Congreso del Estado de Guanajuato.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
De diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Con el que se remiten los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2001. (Turno a comisión.)
Iniciativa del Congreso del Estado de Tlaxcala
Que reforma el quinto párrafo del artículo 80-A, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre de 2001, a efecto de que participe en el 56 periodo de sesiones ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos de América. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Excitativa
A la Comisión de Puntos Constitucionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, proponga al gobierno de Belice, la creación de una reunión binacional, para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica ,"Chalillo" a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se realice una auditoría política a todos los representantes populares de elección federal, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Sagarpa ejerza los recursos relacionados con el apoyo a los productores de café, para la presente cosecha, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre el caso de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el crimen de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, tenga importante y tenaz seguimiento, por parte de esta Cámara de Diputados, hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables, a cargo del diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a las elecciones extraordinarias en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con el llamado impuesto TOBIN, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la función 14 del presupuesto, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación con la defensa del Congreso, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el Estado de Oaxaca, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el funcionamiento de la gasera ubicada en la colonia Aeronáutica Militar, en la delegación Venustiano Carranza, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la reforma fiscal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al proceso electoral en el Estado de Puebla, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la situación cañera, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación política en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el fuero de los legisladores y su violación por parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre el derecho de asociación sindical en el Estado de México, a cargo del diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política indígena, en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Edgar Consejo Flores Galván, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido deja Sociedad Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el LVI aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
Sobre la ciudadanización del Instituto Federal Electoral (31 de octubre de 1996), a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
Sobre el primer aniversario luctuoso de don Fernando Gutiérrez Barrios, a cargo del diputado Simón Iván Villar Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadana Secretaría.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Está a consideración el orden del día. El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior. Pido a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma, entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MIÉRCOLES TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las nueve horas con cuarenta minutos del miércoles treinta y uno de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos setenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Chihuahua, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Coahuila, con acuerdo por el que solicita. al Congreso de la Unión exhorte, en los términos de ley, al Presidente de los Estados Unidos de América, para que la acción política, diplomática y militar en respuesta a los atentados sufridos en suelo norteamericano, cumpla con los principios del derecho internacional y de la democracia. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Colima, con acuerdo por el que exhorta a los tres poderes de la Unión, a contribuir al esclarecimiento de los hechos de la historia ocurridos el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho. De enterado.
México, dos, con las que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Puebla, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
San Luis Potosí, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Tabasco, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Con acuerdo relativo a cambios en la integración de la mesa directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Se aprueba en votación económica.
Con la qué notifica cambios en la integración en la Concisión de Desarrollo Rural. De enterado.
Con proyecto de punto de acuerdo por el que se invita a los congresos locales a crear una comisión legislativa, donde no existe, que atienda los asuntos de la juventud y a los titulares de los ejecutivos locales, en aquellas entidades en las que no existe, a establecer un Instituto de la Juventud. Sin nadie que haga uso de la palabra, la Asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Comuníquese.
Con la que notifica cambios en la integración de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. De enterado.
Con acuerdo relativo al funcionamiento de la Comisión Especial para la Reforma del Estado. Sin discusión se aprueba en votación económica.
Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite iniciativa de Ley que autoriza al Ejecutivo Federal para otorgar apoyos tendientes a salvaguardar los servicios de transporte aéreo. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Comunicaciones.
Presentan iniciativas los diputados:
Benjamín Ayala Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de ley que crea el Parlamento Nacional de la Juventud. Se turna a la Comisión de Juventud y Deporte.
David Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma los artículos veintiuno, setenta y tres y ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo treinta y siete de la Ley Federal de Cinematografía. Se turna a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Cultura.
A las diez horas con cincuenta y nueve minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y siete diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Diego Cobo Terrazas, del Partido Verde Ecologista, de México, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oficio de la Cámara de Senadores, con el cual remite minuta con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en distintas sedes diplomáticas de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
La Asamblea dispensa la lectura a tres dictámenes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyectos de decreto que:
Reforma el párrafo segundo del artículo tercero de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
Reforma la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Son de primera lectura.
Presentan excitativas a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, los diputados:
Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con una iniciativa que reforma el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.
Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, en relación con una iniciativa que reforma los artículos ochenta y siete y noventa y uno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el dieciséis de noviembre de dos mil. La Presidencia instruye a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para presentar a más tardar en la sesión del quince de noviembre de dos mil uno, el dictamen respectivo.
Presenta una proposición con punto de acuerdo para que se establezca el día veintidós de octubre como fecha conmemorativa del nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla como generalísimo de la nación americana, y de la conformación del Ejército Insurgente mexicano, el diputado Fernando Ugalde Cardona, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
La Presidenta ofrece el uso de la palabra al diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo, para incorporar en el ramo veinte Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal dos mil dos y subsecuentes, el Programa Iniciativa Ciudadana tres por uno, para crear proyectos productivos sociales, inversión en infraestructura y equipamiento urbano.
Se refieren al mismo tema los diputados: José Carlos Luna Salas, del Partido Acción Nacional; Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática; y Oscar Alfonso del Real Muñoz, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna la proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se concede la palabra, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a la diputada Beatriz Cervantes Mandujano, del Partido Revolucionario Institucional, para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se revisen y mejoren las indemnizaciones a los titulares de los predios expropiados para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México.
La Presidenta da lectura a la lista de oradores para hablar sobre el mismo tema y suben a la tribuna los diputados: Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática y al término de su intervención, la Presidenta le hace un extrañamiento por haber hecho uso de la palabra sin que se le concediera previamente y el diputado Patiño Cardona, desde su curul, acepta la observación; Rafael Ramírez Agama, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
Bertha Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Armando Enríquez Flores, del Partido Acción Nacional; Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Taboada Contreras, del Partido Acción Nacional; Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; e Ismael Estrada Colín, del Partido Revolucionario Institucional.
Se turna la proposición con punto de acuerdo a las comisiones de Reforma Agraria y de Hacienda y Crédito Público y se instruye al Comité de Información, Gestoría y Quejas, estar atento a este asunto.
La diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo sobre las tarifas telefónicas. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial.
Presenta proposición con punto de acuerdo, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo, para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que los fondos de comercialización de granos que actualmente se otorgan a empresas procesadoras, sean otorgados directamente a los productores.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política en relación con el Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional. De enterado y comuníquese.
Habla sobre los fondos de comercialización de granos, el diputado Abelardo Escobar Prieto, del Partido Acción Nacional.
Sube a la tribuna el diputado Abel Guerra Garza, del Partido. Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática del gas en el Estado de Nuevo León.
Sobre el mismo asunto, sube a la tribuna el diputado Francisco Javier Cantú Torres, del Partido Acción Nacional.
Se turna la proposición a las comisiones de Energía y de Comercio y Fomento Industrial, exhortándolas para que puedan dictaminar a la brevedad posible.
El diputado Héctor Pineda Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo para solicitar a las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la de Economía, la información necesaria de la importación de leche en polvo de Argentina, cuyo ganado, de acuerdo a información internacional, está infectado de fiebre aftosa y solicita trámite de urgente resolución.
En votación económica la Asamblea considera el asunto de urgente resolución.
Para hablar en pro del punto de acuerdo, la Presidenta concede la palabra al diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del Partido Acción Nacional.
Sin nadie más que haga uso de la palabra, la Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica y de la misma manera lo aprueba. Comuníquese.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política, con proyecto de punto de acuerdo para que las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial integren un grupo de trabajo con el objeto de promover y realizar reuniones con las autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de la Secretaría de Economía, gobiernos de los estados, productores de copra e industriales, para realizar las medidas necesarias para rescatar la producción nacional de copra y mejorar las condiciones de vida de sus productores.
Se refieren al punto de acuerdo los diputados: Celestino Bailón Guerrero, del Partido Revolucionario Institucional; y Ramón Ponce Contreras, del Partido Acción Nacional.
La Asamblea considera suficientemente discutido el punto de acuerdo en votación económica, y de la misma forma lo aprueba. Procédase a su implementación.
Presenta proposición con punto de acuerdo el diputado Rubén Aguirre Ponce, del Partido de la Revolución Democrática, para apoyar a los productores de copra del país. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al grupo de trabajo creado para rescatar la producción nacional de copra y mejorar las condiciones de vida de sus productores.
Hace uso de la palabra el diputado Daniel Ramírez del Valle, del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para formular un pronunciamiento respecto a la obra inconclusa en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y el Eje Tres Oriente. Se turna a la mesa directiva, a efecto de aplicar lo dispuesto en el numeral dos del artículo veintidós de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, presenta proposición con punto de acuerdo, para que la Comisión de Cultura realice los estudios conducentes para evitar que los monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, sean utilizadas para un uso distinto al de su naturaleza. Se turna a la Comisión de Cultura.
Habla sobre el mismo tema el diputado Julio César González Jiménez, del Partido Acción Nacional.
La Presidencia concede la palabra al diputado Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
Por indicaciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a un oficio de la Cámara de Senadores, por el que remite minuta con proyecto de decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del ocho al once de noviembre de dos mil uno, a efecto de que participe en el Quincuagésimo Sexto Periodo de Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estado Unidos de América. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agotado el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las catorce horas con cincuenta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes seis de noviembre de dos mil uno, a las diez horas.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( VO T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Se dispensa la lectura. Está a discusión el acta.
No habiendo quién haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Aprobada, señora Presidenta.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO C. SECRETARIO: Comunicaciones:
( Oficio de solicitud del diputado Silvano Aureoles Conejo )
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados .— Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, 48 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar a esta soberanía, se me conceda licencia del 6 al 14 de noviembre del año en curso.
Agradeciendo la atención que se sirva prestar a la presente, aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 5 de noviembre de 2001.— Diputado Silvano Aureoles Conejo, III Distrito Electoral, Michoacán.
LA C. PRESIDENTA: Se ruega a la Secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
EL MISMO C. SECRETARIO: Está a discusión el siguiente punto de acuerdo:
UNICO: Se concede licencia al diputado Silvano Aureoles Conejo, para separarse de sus funciones como diputado federal electo, en el III Distrito del estado de Michoacán, del 6 al 14 de noviembre de 2001.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
LA C. PRESIDENTA: Aprobado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO C. SECRETARIO:
( Del Congreso del Estado de Guanajuato )
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión.— Presentes.
Anexo al presente, me permito remitir el acuerdo aprobado por la LVIII Legislatura constitucional del Estado, en sesión ordinaria, celebrada en esta fecha, mediante el cual se exhorta a diversas autoridades, para que se concluya el proceso de liquidación del Fobaproa.
Aprovecho la ocasión, para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guanajuato, Guanajuato, 18 de octubre del 2001.— El presidente del Congreso del Estado, diputado Omar Octavio Chavero.
ACUERDO
La LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, acuerda:
Artículo único. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, exhorta al Ejecutivo Federal, a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al Banco de México, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que se concluya el proceso de liquidación del Fobaproa.
Comuníquese el presente acuerdo a las autoridades mencionadas.
Guanajuato, Guanajuato, a 18 de octubre del año 2001.— Diputados: Omar Octavio Chavero, presidente; Jesús Domínguez Aranda, Enrique Ortiz Rivas, secretario.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.—Presente.
Por instrucciones del Presidente de la República, y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, y la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2001.
En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para atender oportunamente su petición.
Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 4 de noviembre de 2001.— El secretario, licenciado José Francisco Gil Díaz.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO C. SECRETARIO: Otra comunicación:
( Del Partido Acción Nacional del estado de Veracruz )
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Los suscritos diputados, originarios del Estado de Veracruz y miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, exponemos lo siguiente:
En los últimos días se ha reiniciado un problema, data de hace un año, en el que se encuentra de la zona norte de la entidad y transportistas de estas confrontaciones, el gobierno del organizaciones de campesinos, con la final suscitados.
El estado, dentro de sus diferentes ámbitos preservar la paz y la seguridad en la sociedad propicia ruptura y enfrentamientos entre desatendiendo además su mandato.
Preocupados por lo anterior y ante la inseguridad que se viven en la zona de la huasteca veracruzana, los diputados federales del grupo parlamentario del PAN del Estado del Estado de Veracruz venimos a:
Exhortar al Gobierno del Estado de Veracruz para que a la brevedad posible, antes de que agudice intervenga en la problemática prestada en el estado, derivando de esto la resolución de manera justa y pronta en la situación que conflictiva que está viviendo el Estado de Veracruz.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 31 de octubre de 2001.— Firman los diputados: Francisco Arano Montero, Roberto Eugenio Bueno Campos, Abel Ignacio Cuevas Melo, Manuel Wistano Orozco Garza, Luis Alberto Pazos de la Torre, Orestes Eugenio Pérez Cruz, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, Apuleyo Viniegra Orta y Alba Leonila Méndez Herrera.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Conferencia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL MISMO C. SECRETARIO: Hay otra comunicación a petición del PRD, se retira la misma del orden del día.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ:
(Comunicación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos)
**LA C. PRESIDENTA: De enterado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA MISMA C. SECRETARIA:
(De la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, con el que se remiten los informes sobre la situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondiente al tercer trimestre de 2001 )
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Secretaría Particular.
Ciudadana diputada Beatriz Paredes Rangel.— Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del Presidente de la República, y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001, la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2001 y la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, correspondientes al tercer trimestre de 2001.
En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para atender oportunamente su petición.
Sin otro particular, le reitero a usted la seguridad de mi atenta consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 4 de noviembre de 2001.— El Secretario, José Francisco Gil Díaz.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA MISMA C. SECRETARIA:
( Documento del Congreso del estado de Tlaxcala )
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVI Legislatura.—Tlaxcala
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
Cuidadnos secretarios del honorable Congreso de la Unión.— Presentes
Por instrucciones del presidente de la mesa directiva de la LVI Legislatura del Estado, y con fundamento en el artículo 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo estatal, les remito el expediente con minuta proyecto de acuerdo relativo a la iniciativa de reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en términos de los artículos 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50, fracción V de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Tlaxcala, Tlaxcala, a 30 de octubre de 2001.— Sergio Cuauhtémoc Lima López, oficial mayor del Congreso
ACUERDO
Primero- Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación al 54, fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, esta LVI Legislatura del honorable Congreso del estado presenta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente
INICIATIVA
De reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta
Artículo único. Se reforma el contenido del quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 80-A. ...
Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier, concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, con excepción de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aún cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Instrúyase al oficial mayor de este Congreso para que comunique de forma inmediata la presente iniciativa al honorable Congreso de la Unión.
Dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial, del Poder Legislativo, en la ciudad de Tlaxcala de Xicohténcatl a los 26 días del mes de octubre del 2001.—Diputados: Edilberto Sánchez Delgadillo, presidente; Joaquín Flores Nophal, Felipe Flores Pérez, secretarios.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa de reformas al artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias, señora Presidenta.
Compañeras diputadas y diputados:
El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 73, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
(Leyó iniciativa, insértese)
Iniciativa de decreto que reforma el 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El suscrito, diputado integrante Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
En nuestra Constitución Política se han roto paradigmas al incorporar antes que ninguna otra legislación de esta naturaleza del mundo, a la par de las garantías individuales de las que goza cualquier persona y la parte organizativa de nuestro Estado, los derechos y garantías sociales, tales como al trabajo, a la salud, a la vivienda, etcétera.
Establecer esos derechos sociales como parte integrante de nuestra Constitución como país, no es fruto de ocurrencias, de afanes declarativos o expresión de buenas intenciones.
Se trató de caracterizar las prioridades que como nación tiene México, fruto de una realidad de desigualdad y pobreza que han acompañado a nuestro país desde su más primaria existencia y que en los últimos tiempos a tendido a exacerbarse, por la implementación a raja tabla de una política económica que sirve a la empresa trasnacional y opera en detrimento de la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población.
Por ello se han establecido menciones a derechos sociales, para que cada poder en sus respectivos campos de competencia atienda y de viabilidad a dichas prerrogativas.
Desprender de lo privado, la atención de las necesidades primarias que son comunes a todos, es la razón del nacimiento de los derechos sociales como ámbito autónomo del derechos sociales como ámbito autónomo del derecho, haciéndose especial hincapié con ello en la responsabilidad del Estado en estas áreas en particular, donde el lucro, la ganancia y la rentabilidad privada ceden su paso hacia la satisfacción sin distingo de esas necesidades por parte de todos.
La justicia distributiva, se ejecuta a través del reconocimiento de estos derechos, como un mecanismo para compensar y atenuar las desigualdades que son fruto de las políticas públicas que no cumplen su principal razón de ser.
Sin embargo pasar de lo declarativo a lo programático, resulta en algunos casos todavía una tarea pendiente, pero eso de ninguna manera se debe a su sola mención en la Constitución, sino a la falta de atención por quienes deben hacer efectivos esos derechos sociales.
Corresponde a los tres niveles de Gobierno y a los tres poderes públicos ejercer sus atribuciones para hacer asequible el ejercicio de esos derechos.
Al Ejecutivo le corresponde fijar programas con cargo al presupuesto para atender esos derechos fundamentales, de manera amplia y generalizada; al judicial le corresponde hacer impartición de justicia, también un asunto de restitución social, como el que se espera que haga con el caso de los ejidatarios de San Salvador Atenco.
Al Poder Legislativo nos corresponde fundamentalmente dos cuestiones: vigilar como órgano de control político el exacto cumplimiento de la norma por parte del Ejecutivo y realizar las reformas legales que incluyan a los derechos sociales y hagan efectivo su ejercicio.
En esos esfuerzos se incluye la iniciativa que presento ante esta soberanía.
Propongo adicionar un párrafo al artículo 4o. constitucional para establecer el derecho a la alimentación de toda persona, como un dispositivo constitucional que permita, a partir del mismo, establecer las políticas públicas necesarias para satisfacer un reclamo que preocupa en estos tiempos por su poca o nula atención por parte de la autoridad administrativa.
La enumeración de este derecho social en la Constitución, no es una acción enunciativa sino afirmativa, pues buscamos que de ahí se deriven políticas públicas concretas para atender el problema de la desnutrición de las y los mexicanos, por lo que en forma correlativa a la mención, precisamos que el Estado debe proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de este derecho.
Pensamos que hacer de la atención a este problema un asunto de Estado, coloca en su justa dimensión la importancia que para el México de ahora y del futuro, representa la alimentación de sus habitantes.
No resulta vano pues, establecer en la Constitución estos derechos, aún y cuando ideológicamente haya quien se incomode ante el punzante compromiso que significa que formen parte de nuestra carta fundamental, tales derechos, sólo quien desconoce la historia de México, puede cuestionar la valía de que nuestra Constitución incorpore estas menciones.
El Partido de la Revolución Democrática es primero en esta solicitud y saludamos, que quienes en su momento se opusieron como partido a ello, hoy recojan y prioricen la propuesta.
Fue desde el 13 de julio de 1994, que presentamos ante esta soberanía una iniciativa de reformas al artículo 4o. constitucional, buscando que en concordancia con el ya ratificado pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, se establecieron el derecho a la alimentación, sin embargo más de seis años de presentada dicha iniciativa, es hasta esta legislatura cuando hay posibilidad de avanzar en ese terreno.
Las circunstancias han cambiado, por lo que saludamos tal disposición.
Para abundar en esta necesaria reforma, es preciso recordar la condición de México como país pobre y que nuestro reto desde ahora en la globalidad es precisamente atacar la marginación en la que viven más de 60 millones de mexicanos.
Según datos de la FAO, el 40% de los mexicanos padece desnutrición, situación que se agrava en más del doble para nuestra población indígena.
Pensamos que el problema de la redistribución de la riqueza es un asunto también de soberanía.
¿Qué tan libres podemos ser como país, si más de la mitad de nuestra población se debate en niveles de infrasubsistencia, mientras unos cuantos amasan fortunas al amparo de una política económica que se sigue como dogma?
Pensamos que a 19 años de esa política económica, los resultados han sido desastrosos y la polarización económica y social es más marcada que antes, por lo que por gobernabilidad debemos cambiar desde este Congreso ese rumbo.
Esta iniciativa se inscribe desde lo simbólico y desde lo concreto en ese esfuerzo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente reforma constitucional:
Artículo único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 4o. . .
Toda persona tiene derecho a la alimentación que le permita un desarrollo integral adecuado a su edad y condiciones especiales. El Estado proveerá lo necesario para garantizar el ejercicio de este derecho.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
Las niñas y los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
Los ascendientes, tutores y custodios, tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que se coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre de 2001.— Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar.
EL C. VICEPRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el orden del día el siguiente punto era iniciativas, correspondía a la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral que estaría a cargo del grupo parlamentario del PRD. A solicitud de este mismo grupo parlamentario se pospone su presentación para una próxima sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La siguiente iniciativa prevista en el orden del día era la referente a reformas al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El grupo parlamentario del PRD ha solicitado también que se posponga la presentación de esta iniciativa para una próxima sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA: Pasamos al capítulo de dictámenes de primera lectura.
Proceda la Secretaría.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Dictamen por el que se le concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre del 2001, a fin de realizar un viaje a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el LVI
Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(Leyó dictamen, insértese).
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Relaciones Exteriores.
Dictamen por el que se le concede autorización, al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre del 2001, a fin de realizar un viaje a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el 56° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Relaciones Exteriores de ésta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen la iniciativa de decreto por la que se solicita autorización para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre del 2001, a fin de realizar un viaje a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América para participar en el 56° periodo ordinario, de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Honorable Cámara de Diputados
Los diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 de la Constitución General de la República, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, fracción y artículos 56, 57,59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos á la honorable Asamblea, el siguiente dictamen, por las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que el día 31 de octubre de 2001, le fue turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores una Iniciativa de decreto en la que se solicita:
• Autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de Noviembre de 2001 a fin de realizar un viaje a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el 56° período ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Que los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobamos en lo general la minuta proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores el 31 de octubre de 2001, autorizando al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a ausentarse del territorio nacional en las fechas indicadas y que fue remitida a está comisión por la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Con Oficio No: D.G.P.L. 58-II-3-464.
México está obligado a mantener presencia destacada en el ámbito del nuevo sistema internacional, por lo que debe de consolidar una política exterior activa, dirigida a promover los intereses nacionales e impulsarlos en el contexto internacional, con estricta observancia de los principios que marca la Constitución.
Nuestro gobierno debe de contribuir y participar, de manera responsable y eficaz, en los nuevos escenarios regionales y mundiales que día a día, generan nuevos cambios y exigen acciones determinantes que conlleven al mejor entendimiento y cooperación entre las naciones.
México al participar en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas tendrá una gran oportunidad de enviar señales inequívocas del papel activo que adoptará en los próximos años en el sistema internacional.
Lo anterior tendrá un carácter y fuerza de mayor relevancia, si se considera que el 8 de octubre del año en curso, nuestro país fue electo, para el periodo 2002-2003, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU.
México esta obligado a participar en el diseño de la nueva arquitectura internacional, siendo este el objetivo de nuestra política exterior y con la participación de nuestro país en el debate general de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se nos permitirá promover, en el ámbito internacional, temas de interés nacional e influir en los que requieren una amplia cooperación y concertación mundial.
Ante el surgimiento de nuevas amenazas como el terrorismo internacional, es de fundamental importancia que nuestro país aproveche la oportunidad que le a brindado el debate general de la Asamblea General para exponer su visión respecto de la posición que deberá de asumir el consejo de seguridad para el mantenimiento de la paz, la seguridad internacionales y la solución negociada de los conflictos.
Por otra parte dentro de la Asamblea General de las Naciones Unidas se analizan temas de gran relevancia para la comunidad internacional, como lo son; el desarme, la cooperación para el desarrollo, el combate a la pobreza, la promoción y protección de los derechos humanos, el combate al crimen organizado transnacional, la protección al medio ambiente, la prevención de los desastres naturales y la codificación del derecho internacional.
De manera paralela a la participación que tenga México en el debate general de la Asamblea General, su buscará concertar reuniones bilaterales con el mayor número posible de Jefes de Estado y de Gobierno, así como con los destacados funcionarios internacionales que estarán reunidos en la sede de la Organización de las Naciones Unidas. En estos encuentros se buscará fortalecer las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales de nuestro país. De igual forma esta visita se aprovecharía, para sostener encuentros con lideres comunitarios mexicanos, así como con empresarios, medios de comunicación y formadores de opinión estadounidenses.
Ante pregunta expresa del diputado Eddie Varón Levy, el subsecretario para Europa, Africa, Asia- Pacífico y Naciones Unidas, Miguel Marín Bosch se comprometió, de ahora en adelante, que en las solicitudes de viaje del Presidente se incluirán detalladamente las escalas técnicas.
Lo anterior deja ver la importancia que tendrá la participación de nuestro país en el debate general de la Asamblea General en comento, ya que en estos tiempos el mantener y consolidar una presencia destacada de México dentro del nuevo orden internacional.
En base a las consideraciones antes vertidas y al análisis del proyecto de decreto presentado por la Cámara de senadores en donde se establece la procedencia de la autorización para que el titular del ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre del 2001, a fin de realizar un viaje a la Ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, para participar en el 56° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de diputados de la LVIII Legislatura sometemos a la consideración de ésta honorable Asamblea el siguiente:
DECRETO
Único. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 8 al 11 de noviembre del 2001, a efecto de que participe en el 56° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, Estados Unidos de América.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
La Comisión de Relaciones Exteriores.— Firman los diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; F. Javier Sánchez Campuzano, Tarciso Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios, Sergio Acosta Salazar, Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amanlis Anderson Navarez, Eduardo Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Raúl Covarrubias Zavala, María Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efrén Leyva Acevedo, José Ramón Mnatilla y González de la Llave, Miguel Ángel Moreno Tello, José Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, Ma. De los Ángeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varon Levy, José Socorro Velásquez Hernández y Alma Carolina Viggiano Austria.
LA C. PRESIDENTA: Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
LA MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Se le dispensa la segunda lectura.
Se consulta con la Comisión de Relaciones Exteriores si algún diputado va a fundamentar el dictamen.
En virtud de que no hay por parte de la Comisión quien fundamente el dictamen, aquí tenemos el registro del diputado José Carlos Borunda Zaragoza, quien declina. ¿Es correcto?
Se consulta a la asamblea y se pone a consideración, a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
En virtud de que no hay registro de diputados para hacer uso de la palabra en lo general y en lo particular, le ruego a la Secretaría que consulte si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido.
LA MISMA SECRETARIA: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Suficientemente discutido, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
LA MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
LA PRESIDENTA: Le ruego a la Secretaría notifique el quórum de asistencia y cierre el registro de asistencia.
LA MISMA SECRETARIA: Existen registrados 439 ciudadanos diputados. Ciérrese el registro electrónico de asistencia.
LA MISMA SECRETARIA: Se emitieron 316 votos en pro, 48 en contra y 38 abstenciones.
LA PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 316 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Honorable Cámara de Diputados.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— VIII Legislatura.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, presentada por el diputado Ranulfo Márquez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y suscrita por los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Analizada la iniciativa de referencia, con fundamento en los artículos 71 fracción II y párrafo último, y 73, fracción XXIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral uno, 40 numeral dos, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 55, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión Dictaminadora somete a consideración de los integrantes de esta Asamblea, el presente dictamen de acuerdo con la siguiente:
Metodología
Esta comisión presenta el resultado de su análisis y estudio de la Iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, conforme al siguiente procedimiento:
I. En el capítulo de "antecedentes" se menciona el trámite de inicio del proceso legislativo, el turno para el dictamen de la iniciativa, así como los trabajos previos de la comisión.
II. En el siguiente apartado de "contenido de la iniciativa", se exponen de manera breve cada uno de los temas de la iniciativa, su exposición de motivos, así como el alcance del objeto de la iniciativa en estudio.
III. En el capítulo de las "consideraciones", se expresan los argumentos de valoración que los diputados de la comisión hacen a la iniciativa en estudio, y se exponen los motivos para presentar al Pleno la resolución que recoge el acuerdo alcanzado por la Comisión de Dictamen.
IV. Finalmente, en el apartado "modificaciones a la iniciativa", los integrantes de esta Comisión de dictamen plantean enmiendas a la propuesta de Reglamento de la unidad de evaluación y control.
I. Antecedentes
1. En sesión ordinaria de esta Cámara celebrada el 27 de septiembre del año 2001, el diputado Ranulfo Márquez Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, presentó la iniciativa con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control que nos ocupa.
2. En la misma sesión, la Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados ordenó el turno de la iniciativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen correspondiente.
3. En reunión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias se acordó la preparación del dictamen, con apego a lo dispuesto por los artículos 67 fracción VII, 91, 92, 93, 94, 95, 96 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, mismo que sería presentado a la consideración de los integrantes de la Comisión, para su discusión y votación.
4. En reuniones de la Comisión Dictaminadora, celebradas los días 17 y 30 de octubre del año en curso, los diputados integrantes de la misma conocieron, analizaron, discutieron y votaron el dictamen de la iniciativa de Reglamento Interior de la unidad de evaluación y control, y es el mismo que hoy se pone a la consideración de esta soberanía, para su discusión y resolución correspondiente.
II. Contenido de la iniciativa
Los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, autores de la iniciativa, en uso de las atribuciones que les confieren la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, presentaron para la consideración, dictamen y aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa de Reglamento Interior de la unidad de evaluación y control citada.
La iniciativa plantea dotar de un ordenamiento jurídico para regular la actividad de un órgano especializado y profesional que será auxiliar en las labores de la Comisión de Vigilancia en la encomienda de evaluar las funciones a cargo de los servidores públicos del órgano técnico de la Cámara de Diputados que tiene a su cargo la revisión de la cuenta pública.
En la exposición de motivos se argumenta que el control del poder constituye un principio democrático fundamental, y un elemento del estado de derecho. Sujetar el ejercicio gubernamental hacia un espacio más racional, en el cual el derecho al buen gobierno sea garantía de que las instituciones funcionen en los términos de eficacia y de eficiencia que el orden constitucional democrático impone.
Sostienen los autores de la iniciativa que la adecuación y fortalecimiento del instrumento de control sobre la fiscalización superior en la gestión del gobierno, sin duda es un gran avance que se inscribe en la racionalización de la responsabilidad gubernamental, y que fortalece también el control parlamentario sobre la actividad misma del Gobierno.
Señalan que con la actividad de un órgano auxiliar de las labores de la Comisión de Vigilancia, no se afectará la autonomía de que goza la entidad de fiscalización superior, pues su función se concretará a vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de órgano técnico de la Cámara de Diputados.
En la iniciativa de Reglamento se menciona que a partir de la función que desarrolle la unidad de evaluación y control se permitirá conocer oportunamente, de manera técnica y profesional, si las actividades de la Auditoría Superior de la Federación se apegan a la legalidad y se llevan a cabo en la forma programada.
Con ello, la unidad de evaluación y control permitirá una nueva práctica y adecuada coordinación de la propia comisión y de la Cámara de Diputados con el órgano técnico revisor de la cuenta pública, y dará referentes a los diputados para orientar y mejorar la función de su órgano técnico.
Competencia y organización
En el Capítulo I, la iniciativa señala que el objeto del Reglamento será regular la actividad del órgano técnico especializado denominado unidad de evaluación y control, el cual estará dentro de la estructura de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
La unidad de evaluación será la encargada de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de aplicar, en su caso, las medidas disciplinarias y sanciones administrativas previstas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por lo que se refiere a su estructura, esta unidad tendría los siguientes servidores públicos: un titular de la unidad, un director de evaluación y control de la gestión técnica, un director de evaluación y control de la gestión administrativa, un director de asuntos jurídicos, un coordinador administrativo, y un secretario técnico.
La dirección de evaluación y control de la gestión técnica contará con tres subdirecciones: de evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorías; de evaluación y control de revisiones programático presupuestales y económico financieras; así como la de evaluación y control de revisiones de regularidad.
La dirección de evaluación y control de la gestión administrativa contará con dos subdirecciones: la de contraloría y la de registro y control patrimonial. Finalmente, la dirección de asuntos jurídicos tendrá a su cargo la subdirección jurídica.
De la Comisión de Vigilancia
En el Capítulo II del proyecto de reglamento se desarrollan las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su relación con la unidad. La comisión se apoyará en la unidad para la evaluación de la actividad de la Auditoría Superior de la Federación.
La Comisión de Vigilancia será el conducto de comunicación entre la unidad de evaluación y la Cámara de Diputados, y entre sus atribuciones se encuentra la de proponer, ante el pleno de la Cámara, el nombramiento del titular de la unidad de evaluación, el presupuesto anual de la misma, así como el informe anual de actividades de la unidad.
Entre otras atribuciones, la comisión aprobará los manuales de organización de la unidad, así como las normas técnicas y los procedimientos a los que se sujetarán las visitas, inspecciones y auditorías que se practiquen a la entidad de fiscalización superior.
La Comisión de Vigilancia autorizará la solventación de observaciones que se hayan formulado a la Auditoría Superior de la Federación, y dispondrá que la unidad haga la presentación de denuncias o querellas imputables a los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior.
Atribuciones de la unidad de evaluación
En el Capítulo III de la iniciativa de Reglamento se desarrollan las atribuciones con las que contará la unidad de evaluación y control, que principalmente son las que detalla el artículo 92 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Así, la unidad de evaluación esencialmente vigilará que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de los dispuesto por la Ley de Fiscalización y demás disposiciones aplicables.
La unidad practicará por sí o a través de auditores externos, visitas, inspecciones o auditorías para verificar el desempeño, cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de la entidad de fiscalización superior.
Recibirá quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del auditor superior y demás servidores públicos de la entidad de fiscalización. Iniciará investigaciones y en su caso, fincará las responsabilidades a que hubiere lugar; presentará denuncias o querellas si el caso lo amerita; llevará el registro patrimonial de los trabajadores de la entidad; conocerá y resolverá las inconformidades que presenten proveedores y contratistas; sustanciará las solicitudes para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción del auditor superior, así como de los demás Auditores especiales de la entidad de fiscalización.
Atribuciones del titular de la unidad
En el Capítulo IV de la iniciativa se plantea que el titular de la unidad de evaluación y control dure en su encargo cuatro años, sea el representante legal de la unidad, administre el patrimonio de la misma, y dé cuenta al pleno de la Cámara, por conducto de la comisión, de la gestión anual de la unidad.
El titular propondrá a la comisión el nombramiento y remoción de los directores, subdirectores, coordinadores, secretario técnico y demás personal de confianza de la unidad.
El titular cumplirá y vigilará que se cumplan los acuerdos que sobre su materia emitan la Cámara y la comisión; rendirá informe sobre las revisiones que se practiquen a la entidad de fiscalización; propondrá las políticas, procedimientos y programas para la práctica de auditorías a la entidad, entre otras.
Atribuciones de las direcciones
En el Capítulo V, la iniciativa presenta atribuciones generales a las que se deberán sujetar las direcciones con las que contará la unidad de evaluación y control.
Esencialmente, las disposiciones planteadas señalan que los directores acordarán con su superior jerárquico el despacho de los asuntos relaciones con la oficina a su cargo; planear y programar las actividades de su dirección; proponer los planes y programas de las revisiones a la entidad de fiscalización y supervisar las mismas; elaborar los informes de resultados de las revisiones que practiquen, entre otras.
Asimismo, en este capítulo, la iniciativa plantea las atribuciones particulares de cada una de las direcciones, subdirecciones, coordinaciones y del secretario técnico.
La dirección de la gestión técnica deberá programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que realiza la Auditoría Superior; verificar que los servidores públicos de la Auditoría Superior se apeguen a la normatividad y cumplan con las normas generales de auditoría pública; evaluar el contenido de los informes de la Auditoría Superior, e investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior.
A la dirección de la gestión administrativa corresponderá planear las políticas para regular el funcionamiento de la atención de quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la entidad; Investigar los actos de los servidores públicos de la entidad, que puedan constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas; llevar y dirigir el registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior, entre otras.
Por su parte, a la dirección de asuntos jurídicos corresponde ser el representante legal del titular de la unidad ante los tribunales de la república y demás autoridades administrativas; ejercitar las acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la unidad sea parte; dictaminar sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoría Superior; sancionar los proyectos de recomendaciones derivados de las auditorías practicadas a la entidad; dictaminar las solicitudes sobre la responsabilidad de indemnizar a particulares, por reparación del daño atribuibles a servidores públicos de la Auditoría Superior, y dictaminar sobre la existencia de motivos de remoción de los auditores especiales de la entidad de fiscalización superior.
Por lo que toca a las subdirecciones, la iniciativa menciona la adscripción de la dirección a que corresponde cada una, y les compete auxiliar la labor que tiene asignada cada dirección.
Al coordinador administrativo corresponderá administrar los recursos financieros, humanos, y materiales de la unidad; preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la Unidad; proponer los manuales administrativos internos, elaborar los informes de ejercicio presupuestal; entre otras.
Finalmente, el secretario técnico de la unidad, será auxiliar de las labores del titular de la unidad en el desarrollo de los asuntos de su competencia.
Régimen laboral, requisitos para directores y suplencias
En los Capítulos VI, VII y VIII, la iniciativa menciona el régimen laboral a que se sujetarán los trabajadores de la Unidad; los requisitos para ser director o coordinador de la misma, así como el régimen de las suplencias, respectivamente.
La propuesta de reglamento señala que los futuros servidores públicos de la unidad se clasificarán como trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo dispuesto por el apartado B del artículo 123 constitucional.
Por lo que toca a los requisitos para ser director o coordinador de la unidad de evaluación, la iniciativa señala que el candidato deberá ser mexicano, mayor de treinta años, contar con titulo profesional en las materias relacionadas con la actividad de la unidad, no haber desempañado puestos de elección popular cuando menos dos años antes de la elección, y contar al día de su designación con experiencia mínima de cinco años en el ejercicio de su profesión.
Finalmente, en lo que se refiere a las suplencias, se propone que las ausencias del titular de la unidad sean suplidas por el director de asuntos jurídicos, por el director de evaluación de la gestión técnica o por el director de evaluación de la gestión administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses.
Se plantea que durante las ausencias temporales de los directores, el despacho y resolución de los asuntos de su competencia queden a cargo de los subdirectores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias.
III. CONSIDERACIONES
Con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación en julio de 1999 quedaron sentadas las bases de la fiscalización superior para contar con un renovado y fortalecido marco jurídico en el control, revisión y vigilancia de la gestión financiera desde el ámbito del poder legislativo.
La reforma aludida, en la fracción XXIV del artículo 73 constitucional, faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley que regule la organización de la entidad de fiscalización de la Federación, y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
En diciembre del año 2000 entró en vigor la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual en el artículo 91 señala que para los efectos de evaluar si la entidad de fiscalización superior cumple con sus funciones existirá una unidad especializada a la que se le denominará unidad de evaluación y control, que formará parte de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Por su parte, el artículo 96 de la ley mencionada dispone que para el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas la unidad, contará con los servidores públicos, unidades administrativas y los recursos económicos que a propuesta de la Comisión de Vigilancia apruebe la Cámara y se determinen en el presupuesto. También señala que el reglamento establecerá las competencias de las áreas de la unidad mencionada.
Así, en ejercicio de la atribución que le confiere la fracción X del artículo 67 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la Comisión de Vigilancia presentó a la consideración de la Cámara de Diputados la iniciativa de Reglamento de la unidad de evaluación y control, en la propone la organización y estructura de la misma, y desarrolla las atribuciones que menciona la ley de la materia.
En esta tesitura, la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el artículo 40 numeral cuatro, señala que a la Comisión de Vigilancia corresponde realizar las tareas que le marcan la Constitución y la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, reglamentaria de la norma suprema en la materia.
La Ley de Fiscalización, en su artículo 66, dispone que la Comisión de Vigilancia tendrá por objeto coordinar las relaciones entre la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación, constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación entre ambos órganos, así como evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización.
Por lo que atañe a la facultad de evaluar, la ley dispone que corresponde a la Comisión de Vigilancia valorar si la entidad de fiscalización superior cumple con sus funciones de acuerdo con la Constitución y con la propia ley. Para llevar a cabo lo anterior, el ordenamiento sobre la materia menciona que la comisión contará con un órgano especializado que se denomina unidad de evaluación y control.
Es con base en la Ley de Fiscalización Superior que la Comisión de Vigilancia está planteando dotar de un ordenamiento jurídico al órgano profesional y especializado que formará parte de su estructura.
Esta Comisión Dictaminadora advierte que la propuesta de preceptos que se contienen en la iniciativa se ajustan a los principios contenidos en la Ley de Fiscalización de la Federación, sobre todo respecto al objeto de la unidad de evaluación, de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la ahora denominada Auditoría Superior de la Federación.
La unidad de evaluación y control no tendrá injerencia en la autonomía de que goza la entidad de fiscalización, ya que no intervendrá en la preparación de los programas de auditoría que la entidad lleve a cabo para la revisión de la cuenta pública.
En este sentido, los diputados de esta dictaminadora coinciden con los argumentos que se exponen en la iniciativa, de que la actividad de la unidad de evaluación y control dará certidumbre y confianza de que la función de la entidad de fiscalización se apega a lo que dispone la Constitución y su ley reglamentaria.
Dado que el grupo de trabajadores que colaborarán la unidad de evaluación poseerá la especialización que se requiere en las materias de auditoría, contabilidad, crédito público y jurídica, es claro que será un órgano importante para que la Comisión de Vigilancia cumpla con atingencia y responsabilidad la función de evaluar el desempeño de la entidad de fiscalización.
Es indudable también que contar con un ordenamiento que regule la actividad del órgano que dependerá de la Comisión de Vigilancia, permitirá que su actuación no invada la esfera de las atribuciones que corresponden necesariamente a la Auditoría Superior.
En razón de lo anterior, a juicio de los diputados integrantes de esta comisión, la iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados se ajusta al principio de evaluación contenido en la ley de la materia, y desarrolla correctamente sus disposiciones, las cuales le permitirán cumplir con su función.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dictamina en sentido afirmativo la iniciativa de reglamento de la multicitada unidad de evaluación y control, para quedar como sigue:
Articulo único.- Se expide el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control dependiente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, al siguiente tenor:
Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara De Diputados
CAPITULO I
De la competencia y organización.
Artículo 1o. El presente reglamento tiene por objeto regular la actividad del órgano técnico denominado unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 2o. Para efectos del presente reglamento se entenderá por:
Cámara: la Cámara de Diputados del Congreso General.
Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Auditoría Superior: el órgano técnico de la Cámara denominado por la ley como Auditoría Superior de la Federación.
Unidad: la unidad de evaluación y control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Ley: La Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Reglamento: El Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Artículo 3o. La unidad de evaluación y control es el órgano técnico de la Comisión de Vigilancia, por cuyo conducto ésta vigilará el estricto cumplimiento de las funciones de los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, así como las demás que expresamente le encomiende la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
Artículo 4o. Para el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le competen, la unidad contará con los servidores públicos y las direcciones siguientes:
I. Titular de la unidad de evaluación y control
II. Director de evaluación y control de la gestión técnica.
II.1 Subdirección de evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorías.
II.2 Subdirección de evaluación y control de revisiones programático presupuestales y económico financieras.
II.3 Subdirección de evaluación y control de revisiones de regularidad.
III. Director de evaluación y control de la gestión administrativa.
III.1 Subdirección de contraloría.
III.2 Subdirección de registro, y control patrimonial.
IV. Director de asuntos jurídicos
IV. 1 Subdirección jurídica.
V. Coordinador administrativo.
VI. Secretaría técnica.
Para el despacho de los asuntos de su competencia, el titular de la unidad contará con una secretaría particular, la que ejercerá las funciones que acuerde el titular y los manuales de organización que apruebe la comisión.
Artículo 5o. La unidad, por conducto de sus servidores públicos y direcciones, llevará a cabo sus actividades en forma programada y conforme a las políticas que para el logro de sus objetivos establezca su titular con el acuerdo de la comisión.
CAPITULO II
De la Comisión de Vigilancia.
Artículo 6o. La comisión se apoyará en la unidad, para evaluar si la Auditoría Superior cumple con las funciones que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley, le corresponden.
Artículo 7o. A la comisión, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 67 fracción VII, 91 y demás relativos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, corresponde:
1. Proponer, en los términos de la Ley al Pleno de la Cámara, el nombramiento o remoción del titular de la unidad;
II. Aprobar y presentar al pleno de la Cámara, por conducto de la Junta de Coordinación Política, el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad;
III. Aprobar el programa anual de actividades, el manual general de organización, lineamientos y criterios generales, y demás manuales administrativos de la unidad;
IV. Aprobar las normas técnicas y los procedimientos a que deban sujetarse las visitas, inspecciones y auditorías que se practiquen a la Auditoría Superior;
V. Ordenar a la unidad, la práctica de auditorías, inspecciones y visitas a la Auditoría Superior, para que las practique por sí o de manera externa;
VI. Autorizar la solventación de las recomendaciones formuladas a la Auditoría Superior, derivadas de las revisiones practicadas por la unidad, y vigilar que hayan sido plenamente atendidas;
VII. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, a través de la unidad de evaluación y control;
VIII. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara y la unidad;
IX. Autorizar el nombramiento y remoción del personal de mando de la unidad, a partir del nivel de director;
X. Autorizar el nombramiento y remoción de los trabajadores de confianza con que cuente la unidad;
XI. Interpretar el presente reglamento, aclarar y resolver las consultas sobre su aplicación;
XII. Presentar a la Cámara el informe anual de gestión de la unidad; y
XIII. Las demás que se deriven de la ley, del presente reglamento, y de los acuerdos de la Cámara.
CAPITULO III
De las atribuciones de la unidad
Artículo 8o. La unidad tendrá las siguientes atribuciones:
I. Vigilar que los servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación se conduzcan en términos de lo dispuesto por la ley y demás disposiciones legales aplicables;
II. Por acuerdo de la comisión, practicar por sí o a través de auditores externos, auditorías, visitas e inspecciones, para verificar el desempeño, el cumplimiento de objetivos y metas de los programas anuales de la Auditoría Superior, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta;
IIl. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior de la Federación y demás servidores públicos de la Auditoría Superior, iniciar investigaciones y, en su caso, con la aprobación de la comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
IV. Conocer y resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
V. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales;
VI. Por acuerdo de la comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VII. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos de la Auditoría Superior;
VIII. Conocer y resolver de las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas, por el incumplimiento de las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
IX. Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de los particulares relacionadas con servidores públicos de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
X. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, para dictaminar si ha lugar a iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere la Ley, relacionado con las quejas que reciba de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales sobre los actos del Auditor Superior de la Federación,
XI. A instancias de la comisión, opinar sobre la existencia de los motivos de remoción de los Auditores Especiales de la Auditoría Superior, y
XII. Las demás que le atribuyan expresamente la Ley, demás disposiciones legales y reglamentarias aplicables, y los acuerdos de la Cámara y la comisión.
CAPITULO IV
Del titular de la unidad.
Artículo 9o. El titular de la unidad será responsable administrativamente ante la propia Cámara. Durará en su encargo por el periodo de cuatro años. A propuesta de la comisión, la Cámara podrá prorrogar su nombramiento hasta por otro periodo igual.
Artículo 10. El titular de la unidad podrá ser removido cuando en el desempeño de su cargo incurriere en falta de honradez, notoria ineficiencia, incapacidad física o mental, o cometa algún delito intencional.
En tales casos, la comisión propondrá a la Cámara, motivada y fundadamente, su remoción, la que resolverá, previo conocimiento de lo que el titular de la unidad hubiere alegado en su defensa.
Durante el receso de la Cámara, la comisión podrá suspenderlo en el ejercicio de sus funciones para que aquélla resuelva en el siguiente periodo ordinario de sesiones.
Artículo 11. Al titular de la unidad corresponde:
I. Representar legalmente a la unidad ante autoridades, entidades y personas físicas y morales;
II. Elaborar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, que será sometido a la Cámara por conducto de la comisión; y
III. Administrar y ejercer el presupuesto mensual, dando cuenta comprobada de su aplicación a la comisión dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al que corresponda su ejercicio;
IV. Informar a la comisión, dentro de los 30 días siguientes al término del ejercicio del presupuesto anual, acerca de su aplicación;
V. Rendir a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe anual de su gestión;
VI. Proponer a la comisión el nombramiento y remoción de los directores, subdirectores, coordinadores, secretario técnico y demás personal de confianza de la unidad;
VII. Rendir los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones practicados a la Auditoría Superior, y los demás que le soliciten la Cámara y la comisión;
VIII. Definir, formular y establecer los sistemas de control interno y de evaluación, procurando que asuman un carácter integral, congruente y homogéneo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes;
IX. Proponer las políticas, procedimientos y programas por las que se realizarán las auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoría Superior;
X. Planear, programar y llevar a cabo las auditorías, visitas e inspecciones a las diversas áreas administrativas de la Auditoría Superior;
XI. Planear, programar y proponer a la comisión, la práctica de auditorías, visitas o inspecciones de carácter externo a la Auditoría Superior;
XII. Comunicar a la comisión lo relacionado con el personal que intervendrá en las auditorías, visitas e inspecciones que realice la unidad a la Auditoría Superior;
XIII. Resolver las solicitudes de particulares relacionadas con servidores públicos de la Auditoría Superior, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIV. Cumplir y vigilar que se cumplan los acuerdos y lineamientos emitidos por la Cámara y la comisión;
XV. Presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente, imputables a los servidores públicos de la Auditoría Superior, en caso de detectar conductas que puedan constituir delito;
XVI. Fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos de la Auditoría Superior, en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, previa aprobación de la comisión;
XVII. Imponer a los servidores públicos de la unidad las sanciones legales que procedan cuando incurran en responsabilidades administrativas en el desempeño de sus funciones;
XVIII. Resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos de la Auditoría Superior sancionados conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIX. Mantener comunicación con el auditor superior y los titulares de, las áreas de la Auditoría Superior para facilitar la práctica de auditorías, visitas e inspecciones;
XX. Requerir a las unidades administrativas de la Auditoría Superior la información necesaria para cumplir con sus funciones;
XXI. Certificar copias de los documentos que obren en los archivos de la unidad, y
XXII. Los demás que le otorgue la ley, el presente reglamento y los acuerdos que emitan la Cámara o la comisión.
Para la mejor distribución y desarrollo del trabajo de la unidad, el titular podrá delegar sus facultades, en forma general o particular, a servidores públicos subalternos, sin perjuicio de que las ejerza directamente; teniendo carácter de indelegables las que se mencionan en las fracciones IV, V VI, de este artículo.
CAPITULO V
De los atribuciones de las direcciones
Artículo 12. Para el ejercicio de sus funciones, el titular de la unidad contará con direcciones y subdirecciones, las que tendrán sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos, las siguientes atribuciones generales:
I. Suplir las ausencias del titular de la unidad, de conformidad a lo dispuesto en el presente Reglamento;
II. Acordar con su superior jerárquico el despacho de los asuntos relacionados con la oficina a su cargo, o los programas cuya coordinación se le hubieren asignado;
III. Planear y programar las actividades de las oficinas a su cargo y someterlas a la consideración del titular de la unidad;
IV. Dirigir, supervisar y evaluar el desarrollo de las funciones y la ejecución de los programas de la dirección a su cargo, de conformidad con los lineamientos y criterios generales que apruebe la comisión;
V. Proponer los planes y programas de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoria Superior, al titular de la unidad, así como los programas de la dirección;
VI. Supervisar la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la auditoria superior;
VII. Elaborar los informes de los resultados de las auditorías, visitas e inspecciones que se realicen a la auditoria;
VIII. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones formuladas a la Auditoria Superior, derivadas de las auditorías, visitas e inspecciones;
IX. Participar en la preparación de estudios, planes, programas y proyectos que competan a la unidad, en la forma que lo determine el titular, el manual general de organización y los acuerdos de la Cámara y la comisión;
X. Aportar la información que corresponda para formular el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, así como la correspondiente para el informe anual de la unidad;
XI. Proponer al titular de la unidad el personal que deba intervenir en las auditorias, visitas e inspecciones a su cargo, y en su caso, comunicar los cambios que se efectúen al respecto y
XII. Requerir a las distintas áreas de la Auditoria Superior, y a particulares y terceros que hubieren celebrado operaciones con aquélla, la información y documentación que sea necesaria para realizar las labores de auditoria, visita o inspección;
XIII. Las demás que les otorguen el presente reglamento, el manual general de organización, el titular de la unidad, y los acuerdos de la Cámara y la comisión.
Para el despacho de los asuntos de su competencia, los directores podrán ser auxiliados por subdirecciones, departamentos y demás unidades administrativas. La organización y funciones de las mismas se precisarán en el manual general de organización de la unidad.
Artículo 13. Al director de evaluación y control de la gestión técnica corresponde:
I. Planear, programar y ejecutar la evaluación, seguimiento y control de los programas de auditorías y evaluaciones que realiza la Auditoria Superior, vigilando el desarrollo de las mismas;
II. Informar al titular de la unidad y determinar la responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoria Superior, cuando al revisar la cuenta pública no formulen observaciones sobre las situaciones irregulares que detecten;
III. Verificar que los resultados obtenidos por la auditoria superior se apeguen a los objetivos trazados por la Cámara y la comisión;
IV. Verificar que las actividades de los servidores públicos de la auditoria superior se apeguen a la normatividad aplicable;
V. Verificar que los servidores públicos de la Auditoria Superior cumplan con las normas generales de auditoria pública y con las normas, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
VI. Evaluar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones, y conforme a sus resultados, proponer al titular de la unidad las acciones pertinentes;
VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoria Superior que pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas, y
VIII. Las demás que le atribuyan expresamente el titular de la unidad, el manual general de organización y la comisión.
Artículo 14. Al director de evaluación y control de la gestión administrativa, corresponde:
I. Planear las políticas, bases, lineamientos, criterios técnicos y operativos para regular el funcionamiento sobre la recepción y atención de las quejas y denuncias relacionadas con el desempeño de los servidores públicos de la Auditoria Superior;
II. Investigar, por medio de las denuncias o quejas, a los servidores públicos de la Auditoria Superior, determinar si existen indicios de responsabilidad y dictaminar sobre la imposición de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
III. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoria Superior que pudieran constituir probable irregularidad o responsabilidad administrativas;
IV. Llevar y dirigir el registro, evaluación y control de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la entidad de Fiscalización Superior de la Federación;
V. Dirigir las acciones de coordinación con otras instancias de fiscalización para la expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación y
VI. Las demás que le atribuyan expresamente el titular de la unidad y la comisión.
Artículo 15. Al director de asuntos jurídicos corresponde
I. Asesorar en materia jurídica a la unidad y actuar como su órgano de consulta cuando lo requiera la comisión;
II. Estudiar, revisar y formular al titular de la unidad proyectos de reglamento, circulares y demás disposiciones jurídicas en las materias que sean competencia de la unidad;
III. Representar al titular de la unidad ante los tribunales de la República y demás autoridades administrativas;
IV. Ejercitar las acciones judiciales, civiles y administrativas en las que la unidad sea parte, contestar demandas, oponer excepciones, presentar y objetar pruebas y alegatos, interponer toda clase de recursos, y en general, dar debido seguimiento a los juicios;
V. Por acuerdo del titular de la unidad, presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos u omisiones que puedan constituir delito que cometieren los servidores públicos de la Auditoria Superior;
VI. Expedir copias certificadas de las constancias que obren en los archivos de la unidad, cuando deban ser exhibidas ante las autoridades judiciales, administrativas o laborales, salvo que se traten de documentos confidenciales;
VII. Asesorar y, cuando sea necesario, intervenir en el levantamiento de las actas administrativas que procedan como resultado de las auditorías, visitas e inspecciones que practique la Unidad a la auditoria superior; así como las que se elaboren internamente con motivo de la aplicación de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado;
VIII. Dictaminar sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicas de la Auditoria Superior;
IX. Sancionar los proyectos de recomendaciones u observaciones y demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la unidad;
X. Tramitar y resolver los recursos o medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la Auditoria Superior respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas.
XI. Por orden de la comisión, dictaminar sobre la existencia de los motivos de remoción de los auditores especiales de la Auditoria Superior;
XII. Analizar y dictaminar las solicitudes de particulares para que se reconozca la responsabilidad de indemnizar reparaciones de daños relacionadas con los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77-bis de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos;
XIII. Compilar y difundir las normas jurídicas relacionadas con las atribuciones de la comisión y de la unidad;
XIV. Ser enlace por parte de la unidad, en asuntos jurídicos, con las áreas correspondientes de la Auditoria Superior y de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo y
XV. Las demás que le atribuyan el manual general de organización, el titular de la unidad y la comisión.
Artículo 16. La subdirección de evaluación y control de planeación y programas de evaluación y auditorias, estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:
I. Proponer los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías, visitas e inspecciones, que permitan evaluar la operación y funcionamiento de las diversas áreas de la Auditoria Superior;
II. Diseñar los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la unidad en materia de vigilancia de las revisiones programático presupuéstales, económico financieras y las de regularidad; así como para evaluar el proceso de planeación y programación de las actividades de la Auditoria Superior;
III. Proponer las políticas, procedimientos y programas en materia de los procesos de Auditoria y Supervisión que llevará a cabo la unidad para la evaluación de las actividades de los servidores públicos de la Auditoria Superior;
IV. Diseñar y coordinar la formulación de las guías de auditoria que aplicará la unidad conforme a los programas ejecutados en las unidades administrativas de la Auditoria Superior, precisando sus alcances y objetivos;
V. Evaluar las revisiones que la Auditoria Superior practique a los sujetos de fiscalización superior, analizando los criterios de selección, el procedimiento aplicado y la eficacia, así como el grado de cumplimiento de los objetivos planteados;
VI. Dar seguimiento a las observaciones y recomendaciones, pliegos de responsabilidades y aplicación de sanciones que determinó la Auditoria Superior en su informe de resultados de la cuenta pública;
VII. Verificar que la operación y funcionamiento de los sistemas de control de información de la Auditoria Superior se apeguen a la normatividad aplicable, y en su caso, proponer las medidas correctivas que procedan y
VIII. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 17. La subdirección de evaluación y control de revisiones programático presupuéstales y económico financieras estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:
I. Verificar que los resultados obtenidos por la Auditoria Superior, sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara y su programa de actividades;
II. Verificar sien las auditorías de desempeño que practique la Auditoria Superior a los sujetos de fiscalización superior se cumplieron los objetivos trazados en su planeación;
III. Verificar si los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoria Superior se apegan a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
IV. Verificar que los servidores públicos de la Auditoria Superior cumplan con las normas generales de Auditoria Pública, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoria Superior, y conforme a los resultados, proponer las acciones pertinentes;
VI. Informar si del resultado de sus auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoria Superior existen presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla para, en su caso, proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoria Superior que puedan constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas y
VIII. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 18. La subdirección de evaluación y control de revisiones de regularidad estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión técnica y le corresponde:
I. Verificar que los resultados obtenidos por la Auditoria Superior, sean congruentes con los objetivos trazados por la Cámara, y con su programa de actividades;
II. Practicar auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoria Superior, para verificar si en sus revisiones a los sujetos de fiscalización superior, se observó el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas para la ejecución y registro de los recursos federales asignados;
III. Verificar si los actos realizados por los servidores públicos de la Auditoria Superior se apegan a lo establecido en las disposiciones legales aplicables;
IV. Verificar que los servidores públicos de la Auditoria Superior cumplan con las normas generales de Auditoria Pública, políticas y procedimientos que tenga establecidos;
V. Analizar el contenido de los informes derivados de la práctica de sus auditorias, visitas e inspecciones, y conforme a sus resultados, proponer a sus superiores las acciones pertinentes;
VI. Informar si del resultado de sus auditorías, visitas e inspecciones a la Auditoria Superior existen presunciones de responsabilidad en contra de los servidores públicos de aquélla, para en su caso proponer la aplicación de sanciones en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables;
VII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos de la Auditoria Superior que pudieran constituir posibles irregularidades o responsabilidades administrativas y
VIII. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 19. La subdirección de contraloría estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión administrativa, y le corresponde:
I. Planear y coordinar el programa de auditorías de la unidad, así como diseñar y ejecutar los planes y programas de trabajo específicos en materia de control y evaluación:
II. Apoyar a la comisión, mediante la realización de auditorías internas a la unidad en coordinación con la dirección de contraloría de la Cámara, verificando que los sistemas de control interno y el ejercicio del presupuesto se apeguen a las disposiciones vigentes;
III. Coordinar la administración y operación permanente de un sistema de indicadores de desempeño que permitan analizar y evaluar el comportamiento de los resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades de la unidad;
IV. Sustanciar la investigación preliminar por vía especial, cuando se formule queja sobre los actos del Auditor Superior o de los auditores especiales, notificando al quejoso el dictamen correspondiente;
V. Resolver las inconformidades que presenten los proveedores o contratistas de la Auditoria Superior por incumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas;
VI. Elaborar y proponer los mecanismos de control para la ejecución de las auditorías que lleve a cabo la unidad en materia de vigilancia de la gestión administrativa de la Auditoria Superior;
VII. Verificar que las unidades administrativas y financieras de la Auditoria Superior realicen el manejo y aplicación de los recursos asignados, con eficiencia y de acuerdo a las políticas de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal;
VIII. Investigar los actos u omisiones de los servidores públicos adscritos a la unidad que puedan constituir responsabilidades, de acuerdo a la normatividad aplicable;
IX. Participar, en el ámbito de su competencia, en los procesos de licitación que realice la unidad en materia de adquisiciones y contratación de servicios de obra pública; así como en el proceso de licitación de auditorías externas que se practicarán a la Auditoria Superior y
X. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 20. La subdirección de registro y control patrimonial estará adscrita a la dirección de evaluación y control de la gestión administrativa, y le corresponde:
I. Proponer y ejecutar los programas preventivos en materia de responsabilidad de los servidores públicos de la Auditoria Superior;
Il. Proponer y ejecutar la recepción de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos de la Auditoria Superior;
III. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoria Superior;
IV. Proponer los mecanismos de coordinación con otras instancias de fiscalización para la obtención y expedición de constancias que acrediten la no existencia de registro de inhabilitación y
V. Las demás que le confieran el manual general de organización de la unidad y la comisión.
Artículo 21. La subdirección jurídica estará adscrita a la dirección de asuntos jurídicos y le corresponde:
I. Presentar a la consideración del director de asuntos jurídicos los proyectos de escritos de demandas, contestaciones, recursos y alegatos de los juicios en que la unidad sea parte:
II. Por acuerdo del titular de la unidad y del director de Asuntos Jurídicos, presentar denuncias y querellas relacionadas con hechos que puedan constituir delito que cometieren los servidores públicos de la Auditoria Superior;
III. Dar seguimiento a los juicios civiles, penales, administrativos y laborales en que la unidad sea parte;
IV. Presentar a la consideración del director de asuntos jurídicos los dictámenes sobre las sanciones administrativas a que se hicieren acreedores los servidores públicos de la Auditoria Superior;
V. Dictaminar los proyectos de recomendaciones y de observaciones, así como los demás documentos relacionados con aspectos legales que elaboren las distintas áreas de la unidad;
VI. Dictaminar y presentar a la consideración del director de asuntos jurídicos los proyectos de recursos o medios de impugnación que procedan y hagan valer los servidores públicos de la Auditoria Superior, respecto de las resoluciones en las que se impongan sanciones administrativas;
VII. Las demás que le atribuyan el manual general de organización, el titular de la unidad, la comisión y el director de asuntos jurídicos.
Artículo 22. Al coordinador administrativo de la unidad le corresponde:
I. Coordinar la administración de los recursos financieros, humanos, técnicos y materiales de la unidad, de conformidad con las disposiciones legales y con las políticas y normas que emita la comisión;
II. Coordinar y preparar el anteproyecto de presupuesto anual de la unidad, así como controlar su ejercicio;
III. Proponer al titular de la unidad los manuales administrativos internos que presenten las diversas áreas de la unidad;
IV. Elaborar los informes mensual y anual correspondientes de los presupuestos ejercidos por la unidad;
V. Mantener actualizados los registros contables y elaborar los estados financieros y demás informes internos de la unidad;
VI. Proponer al titular de la unidad las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la unidad;
VII. Las demás que le confieran el manual general de organización, el titular de la unidad y la comisión.
Artículo 23. El secretario técnico será el auxiliar de las labores del titular de la unidad para el despacho de los asuntos de su competencia, ejercerá las funciones que acuerde el titular y las que se dispongan en los manuales de organización que apruebe la comisión.
CAPITULO VI
Del régimen laboral
Artículo 24. Los servidores públicos de la unidad se clasifican como trabajadores de confianza y sus relaciones laborales se regirán conforme a lo establecido por el apartado-B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La relación jurídica de trabajo se entiende establecida entre la unidad de evaluación y control, a través de su titular, y los trabajadores a su servicio, para todos sus efectos.
Artículo 25. A efecto de que reciban las prestaciones de seguridad social, el titular de la unidad, por acuerdo de la comisión, celebrará los convenios pertinentes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
CAPITULO VII
De los requisitos para directores y coordinadores de la unidad
Artículo 26. Para ser director o coordinador de la unidad, se requiere:
I. Ser mexicano; mayor de treinta años y en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos;
II. Contar con título profesional de contador público, licenciado en derecho, en economía, en administración o cualquier otro título profesional relacionado con actividades de fiscalización, legalmente expedido por autoridad o institución facultada para ello;
En el caso de la dirección de asuntos jurídicos, el título profesional deberá ser de licenciado en derecho.
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional;
IV. No prestar servicios profesionales a los sujetos de fiscalización superior durante el desempeño de su cargo;
V. No haber desempeñado puestos de elección popular, cuando menos dos años antes al momento de su designación y
VI. Contar al día de su designación con una experiencia de cinco años en el ejercicio de su profesión.
CAPITULO VIII
De las suplencias
Artículo 27. El titular de la unidad será suplido en sus ausencias por el director de asuntos jurídicos o por los directores de evaluación de la gestión técnica o de evaluación de la gestión administrativa, en ese orden, siempre que las ausencias no excedan de tres meses. Si la ausencia fuere mayor, la comisión dará cuenta a la Cámara para que resuelva lo procedente.
Durante los recesos, el director de asuntos jurídicos ejercerá el cargo hasta en tanto la Cámara designe al titular en el siguiente periodo de sesiones.
Artículo 28. Durante las ausencias temporales de los directores, el despacho y la resolución de los asuntos correspondientes, quedarán a cargo de los subdirectores de su adscripción, en el ámbito de sus respectivas competencias.
ARTICULOS TRANSITORIOS.
Primero. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El manual general de organización de la unidad de evaluación y control, deberá ser expedido noventa días posteriores a la entrada en vigor del presente reglamento.
Tercero. En tanto se expidan los manuales que este reglamento menciona, la comisión podrá facultar al titular de la Unidad para que resuelva las cuestiones internas de la unidad.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, México D.F., a 30 de octubre de 2001.— Diputados: Augusto Gómez Villanueva, presidente; Jesús Ali de la Torre, Sergio R Vaca Betancourt Bretón, Miguel Angel Martínez Cruz, Diego Cobo Terrazas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez, Manuel Garza González, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Juan Manuel Martínez Nava, Rafael Rodríguez Barrera, Omar Fayad Meneses, Francisco Javier Chico Goerne, Fanny Arellanes Cervantes, Luis Villegas Montes, José de Jesús Hurtado Torres, José de Jesús López Sandoval, Ricardo Francisco García Cervantes, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta y Ricardo Moreno Bastida.
EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura y queda de primera lectura.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día es el capítulo de Dictámenes a Discusión. En tal virtud se somete a consideración de esta Asamblea el Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones y Rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Dado que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al Honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su discusión y resolución constitucional, la minuta proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 inciso e de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 39 párrafos primero y segundo, fracción XVIII; 45 párrafo sexto incisos f y g, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los numerales 55, 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, somete a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea el presente dictamen bajo la siguiente
Metodología
Esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, encargada del análisis y dictamen de la minuta con proyecto de decreto enviada por nuestra Colegisladora, desarrolló su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:
1. En el capítulo "Antecedentes" se hace una breve descripción de los trabajos realizados tanto por nuestra Colegisladora, como los efectuados por esta comisión para el estudio y elaboración de esta propuesta de dictamen.
2. En el rubro "Valoración de la Iniciativa", los integrantes de esta comisión dejan constancia del análisis realizado por nuestra Colegisladora sobre los motivos y alcances de la propuesta de reformas y adiciones en estudio.
3. En las "Consideraciones", los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos expresan argumentos de valoración de la propuesta y de los motivos que sustentan la decisión de respaldar en lo general la minuta en análisis.
1. Antecedentes
Primero. Con fecha 5 de abril de 2001, senadores de diversos grupos parlamentarios, de la LVIII Legislatura al honorable Congreso de la Unión, presentaron al pleno de la Cámara de Senadores, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprenden los artículos 2o. y 3o. párrafo cuarto; 6o. fracciones III y V; 9o. fracciones I a la VII: 10, adicionando un párrafo segundo; 11, 14, 15 fracciones IV, V y VII; 17 párrafo segundo; 18, 19 primer párrafo y fracción IV; 22, 46 primer párrafo y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; turnada a las comisiones unidas de Estudios Legislativos Primera y de Derechos Humanos.
Segundo. En sesión de 11 de octubre de 2001, fue aprobado por el senado de la República como cámara de origen la iniciativa en comento y turnada a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales procedentes.
Tercero. En sesión celebrada el 16 de octubre de 2001, la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen constitucional la minuta proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprenden los artículos 2o., 3o. párrafo cuarto; 6o. fracciones III y V; 9o. fracciones I a la VII: 10, adicionando un párrafo segundo; 11, 14, 15 fracciones IV; V y VII; 17 párrafo segundo; 18, 19 primer párrafo y fracción IV; 22, 46 primer párrafo y 52 , que remite la Cámara de Senadores.
Cuarto. En esa misma fecha, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conoció la minuta proyecto de decreto, procediendo a nombrar una subcomisión de trabajo para realizar reuniones de análisis e intercambio de puntos de vista en su discusión, aprobación o modificación en su caso.
2. Valoración de la iniciativa
Se resalta la conveniencia de adecuar la ley reglamentaria que nos ocupa a las reformas del artículo 102, apartado B, de nuestra Ley fundamental. La actualización de dichas normas jurídicas se hace necesaria para el eficaz y óptimo funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y reconocen que la protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos por medio de organismos técnico auxiliares para el control constitucional, es un signo distintivo de cualquier Estado democrático moderno.
En este contexto, los medios institucionales tendientes a su protección y adecuada tutela son de especial importancia. Los derechos humanos constituyen uno de los ejes fundamentales que sustentan al Estado de Derecho y tiene como fin garantizar una vida digna para todas las personas. Son las facultades y prerrogativas que todos podemos ejercer por nuestra condición humana, sin distinción de género, etnia, situación económica, religión o ideología.
Compartimos la convicción en que el derecho a la vida, a la libre expresión y participación en la organización social, a la salud, la educación, al trabajo y a un ambiente sano, son algunos de los requerimientos indispensables para el desarrollo integral de hombres y mujeres, en un ámbito de libertad, justicia y dignidad.
Debido a su importancia existe una tendencia, cada vez más generalizada, a incluir tales derechos entre los principios sobre los que se estructura la vida social. En los tiempos recientes se ha buscado construir una cultura de protección de los derechos humanos, cuyo objetivo radica no sólo en incluirlos en los ordenamientos jurídicos, sino también en propiciar y .fomentar acciones de respeto y tolerancia entre los individuos, tanto en el ámbito familiar como el comunitario, así como en el nacional y el internacional.
La cultura de los derechos humanos implica la responsabilidad que su ejercicio demanda. Si bien se trata de derechos universales, es preciso que cada persona nombre su vida social por el principio del respeto a los derechos de sus semejantes, ya que con ello se asegura la reciprocidad. El desarrollo conceptual de los derechos humanos ha requerido de la participación crítica de todos, como corresponde a una sociedad plural, que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del reconocimiento de la igualdad jurídica y la libertad, y necesariamente el respeto a la vida.
Se estiman fundadas las reformas y adiciones ala Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para adecuarla esencialmente a las reformas del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999. Respetando así el espíritu que llevó al poder revisor de la Constitución a tan trascendente reforma.
Se tiene la certeza que en nuestra historia nacional han sido varios los documentos y cuerpos jurídicos que contribuyeron al reconocimiento de los derechos humanos y a la creación de una cultura que los fomente y proteja. Entre ellos destacan "Los Sentimientos de la Nación, redactados en 1813 por José María Morelos y Pavón. Las Constituciones de 1824, 1857 y 1917.
La defensa y protección de los derechos humanos en México ha sido la constante preocupación del Estado y de la sociedad en general, sobre todo porque en las últimas décadas se ha manifestado a través del perfeccionamiento de las leyes y de las instituciones relacionadas con esta materia. Surgieron así diversas instituciones defensoras de los derechos humanos destacando la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuya evolución se consolida con las reformas al artículo 102 apartado B de la Constitución, que tuvo como objetivo central fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la finalidad de hacer más inmediato su funcionamiento y con ello incrementar la eficacia de sus resoluciones y recomendaciones, en beneficio de su encomienda social que es la protección de los derechos humanos.
Es de vital importancia para los intereses de la nación y de la institución encargada de velar por los derechos humanos de los mexicanos, adecuar el texto de la Ley a las modificaciones como es el cambio en la denominación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para ajustar el nombre de la ley misma; de igual manera se ajusta la denominación del consejo consultivo con el mismo fin; al carácter autónomo en la gestión de la comisión, ya que desde el año de 1999 es una institución de derecho público dotada de autonomía por disposición constitucional.
En cuanto a la facultad de la Comisión Nacional para conocer de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes al nivel local, se cambia la expresión "estados de la Federación" por "entidades federativas", ya que de esta manera queda comprendida en el supuesto con más precisión, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; lo concerniente a la elección del presidente de la Comisión Nacional por parte del Senado, así como su duración en el cargo; se precisan también los términos en los que deberá rendir su informe anual; se adecuan las facultades del presidente al nuevo régimen jurídico; asimismo se señalan las condiciones sobre la elección y duración en el cargo de los consejeros.
3. Consideraciones
Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos coincidentes con el criterio vertido por nuestra Colegisladora y convencidos del papel que dentro de nuestra sociedad desempeña hoy en día la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideramos de suma importancia las adecuaciones que se presentan a la ley reglamentaria del artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, obedeciendo a las reformas que se dieron a dicho precepto constitucional y que fueron publicadas el 13 de septiembre de 1999, mecanismo con el que se pretende eficientar y optimizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Los derechos humanos constituyen uno de los pilares fundamentales que sustentan al Estado, para garantizar una vida digna a todas las personas; son facultades y prerrogativas que todos podemos ejercer por nuestra condición humana; se advierte, debido a su importancia, una tendencia más generalizada a incluir tales derechos entre los principios sobre los que se estructura la vida social.
La cultura de los derechos humanos implica la responsabilidad que su ejercicio demanda.
Si bien se trata de derechos universales, es preciso que cada persona norme su vida social por el principio del respeto a los derechos de sus semejantes, ya que con ello se asegura la reciprocidad.
El desarrollo de la conceptualización de los derechos humanos ha requerido de la participación crítica de todos, como corresponde a una sociedad plural, que aspira a instaurar la tolerancia sobre la base del reconocimiento de la igualdad jurídica, la libertad y necesariamente el respeto a la vida.
La protección y defensa no jurisdiccional de los derechos humanos por medio de organismos técnicos auxiliares para el control constitucional, es un signo distintivo de cualquier Estado democrático moderno.
Por lo anteriormente expuesto los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, convencidos de las bondades que trae consigo tales reformas sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comprenden los artículos 2o., 3o., párrafo cuarto, 6o., fracciones III y v; 9o., fracciones I a la VII; 10, adicionando un párrafo segundo; 11; 14; 15, fracciones IV, V y VII; 17, párrafo segundo; 18; 19, primer párrafo y fracción IV; 22; 46, primer párrafo y 52; de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Artículo primero. Se modifica la denominación de la ley para quedar como sigue: Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Artículo segundo. Se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos para quedar como sigue:
Artículo 2o. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano."
Artículo 3o. . .
Asimismo, corresponderá conocer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de las inconformidades que se presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades federativas, a que se refiere el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como por la no aceptación de sus recomendaciones por parte de las autoridades, o por el deficiente cumplimiento de las mismas.
Artículo 6o. . .
I y II. . .
III. Formular recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, en los términos establecidos por el artículo 102 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. . .
V. Conocer y decidir en última instancia las inconformidades por omisiones en que incurran los organismos de derechos humanos a que se refiere la fracción anterior, y por insuficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones de éstos por parte de las autoridades locales, en los términos señalados por esta ley.
VI a la XIV. . .
TITULO SEGUNDO
CAPITULO II
De la elección, facultades y obligaciones del Presidente de la comisión.
Artículo 9o. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deberá reunir para su elección los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos.
II. Tener cumplidos treinta y cinco años de edad, el día de su elección.
III. Contar con experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales.
IV. No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación.
V. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de secretario o subsecretario de Estado, Procurador General de la República, gobernador o procurador general de justicia de alguna entidad federativa o jefe de Gobierno del Distrito Federal, en el año anterior a su elección.
VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional que amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena.
VII. Tener preferentemente título de licenciado en derecho.
Artículo 10. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes deja Cámara de Senadores o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. Para tales efectos, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores procederá a realizar una amplia auscultación entre las organizaciones sociales representativas de los distintos sectores de la sociedad, así como entre los organismos públicos y privados promotores o defensores de los derechos humanos.
Con base en dicha auscultación, la comisión correspondiente de la Cámara de Senadores propondrá al pleno de la misma, una terna de candidatos de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo o, en su caso, la ratificación del titular.
Artículo 11. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durará en su encargo cinco años, y podrá ser reelecto por una sola vez.
Artículo 14. El presidente de la Comisión Nacional podrá ser removido de sus funciones y, en su caso, sujeto a responsabilidad, sólo por las causas y mediante los procedimientos establecidos por el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 15. El presidente de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I a la III. . .
IV. Distribuir y delegar funciones en los términos del Reglamento Interno.
V. Presentar anualmente, en el mes de febrero a los poderes de la Unión, un informe de actividades, en los términos del artículo 52 de esta ley.
VII. Aprobar y emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las investigaciones realizadas por los visitadores;
VIII a la X. . .
CAPITULO III
De la integración y facultades del consejo
Artículo 17. . .
El presidente de la Comisión Nacional lo será también del consejo consultivo. Los cargos de los demás miembros del consejo serán honorarios. A excepción de su presidente, anualmente, durante el mes de octubre, serán sustituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. Para el caso de que existan más de dos consejeros con la misma antigüedad, será el propio consejo quien proponga el orden cronológico que deba seguirse.
Artículo 18. Los miembros del consejo consultivo serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión con la misma votación calificada.
La comisión correspondiente de la Cámara de Senadores, previa auscultación a los sectores sociales, propondrá a los candidatos para ocupar el cargo o, en su caso la ratificación de los consejeros.
Artículo 19. El consejo consultivo de la Comisión Nacional tendrá las siguientes facultades:
I a la III. . .
IV. Opinar sobre el proyecto de informe anual que el presidente de la Comisión Nacional presente a los poderes de la Unión;
V y VI. . .
TITULO TERCERO
CAPITULO II
De los acuerdos y recomendaciones.
Artículo 46. La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá y, en consecuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto las resoluciones o actos contra los cuales se hubiese presentado la queja o denuncia.
Artículo 52. El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente en el mes de febrero, a los poderes de la Unión un informe sobre las actividades que haya realizado en el periodo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior. Al efecto comparecerá primero ante el pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; posteriormente ante el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicho informe será difundido en la forma más amplia posible para conocimiento de la sociedad.
Artículo tercero. Se derogan las fracciones IV y V del artículo 22, para quedar como sigue:
Artículo 22. La Secretaría Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I a la III. . .
IV. Derogado.
V. Derogado.
VI y VII. . .
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. En el informe correspondiente al año 2001, éste abarcará desde el día 16 de noviembre de 2000 hasta el 31 de diciembre de 2001.
Tercero. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.
Cuarto. Toda referencia que se haga en ésta y en otras disposiciones legales a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al consejo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, deberán entenderse hechas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y al consejo consultivo respectivamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 30 de octubre de 2001.— Diputados: José Elías Romero Apis, presidente; Roberto Zavala Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Gustavo César Buenrostro Díaz y David Augusto Sotelo Rosas, secretarios; Eduardo Andrade Sánchez, Flor Añorve Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez, Fernando Ortiz Arana, José de Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Lucio Fernández González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares, Vicente Pacheco Castañeda, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Víctor Hugo Sondón Saavedra, Yadira Ivette Tamayo Herrera, Genoveva Domínguez Rodríguez, Tomás Torres Mercado, José Manuel del Río Virgen, María Teresa Campoy Ruy Sánchez y Norma Patricia Riojas Santana.
EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al Dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura.
Para fundamentar el Dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra hasta por quince minutos al diputado Roberto Zavala Echavarría.
EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Señora Presidenta; compañeros diputados y diputadas: A parte del indiscutible honor de ocupar esta tribuna, la tarea que hoy me toca de sustentar este Dictamen de Reformas a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos es algo bastante sencillo, dado el trabajo realizado por las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Senadores.
Sin embargo preciso establecer algunos conceptos que conviene establecer para sustentar de fondo el dictamen que hoy nos ocupa.
¿Cuál es el alcance que deben de tener las resoluciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las que emitan las comisiones estatales de la misma materia?
Nuestro Texto Constitucional es sumamente amplio en la protección de los derechos de las personas en todas sus manifestaciones de vida, en sus expresiones de relación con los demás, en su relación con el Estado y frente a las autoridades del mismo. Es un debate largo y añejo que el Estado moderno no puede dejar pasar por alto, la defensa y protección no jurisdiccional de los derechos humanos, es el tema que nos ocupa.
La reforma involucra no solamente el cambio de la propia Ley para que quede hoy como Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, implica también cuestiones de fondo como son aquellas de revisar las recomendaciones emitidas por las autoridades locales en materia de derechos humanos, cuando se presenten omisiones en el cumplimiento de las mismas, cuando no se presenten también las debidas atenciones por parte de los organismos, en cuanto a las denuncias presentadas por los ciudadanos. Esto es algo que va muy delante de lo que sucede en otros países en esta materia.
Pero debe prevalecer entre la ciudadanía, entre todos nosotros, una cultura de responsabilidad en materia de derechos humanos. Esta iniciativa presentada por distinguidos senadores, indiscutiblemente que contempla esto, pero tiene muy presente el alcance de la misma y la situación que pone a México frente a la cultura universal de los derechos humanos. Desde hace 10 años México es vanguardia en este concepto.
Hemos rebasado, con mucho, al ombudsman sueco, que atiende cosas puramente administrativas. Hemos consolidado una organización nacional, federal y estatal, en la defensa de los derechos humanos. Hemos estructurado un organismo nacional, autónomo, con decisiones propias y se establece en esta misma iniciativa el proceso de cambio de los miembros del Consejo Consultivo cada año. Hemos establecido también, después de un minucioso análisis, la conveniencia de la reelección, por una sola vez, del presidente de la Comisión Nacional.
Todo esto hizo presumir al grupo de trabajo designado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, el acuerdo favorable y unánime, para establecer con base en lo expuesto por la co-Legisladora, por el Senado, unos nuevos requisitos para ser presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como agregar otros para el Secretario Ejecutivo de la misma Comisión, y cayeran bajo el imperio de la Comisión en general.
Creo que la larga data que tenemos en México en esta materia, hace innecesario discutir más lo que está a la vista, un avance considerable, la necesidad de ir profundizando y de darle más jerarquía a las recomendaciones de los organismos, tanto estatales como el nacional, para efecto de que esta cultura y la protección de los derechos humanos, no sujetos a la jurisdicción, sean eficaz y prontamente cumplidos.
La Comisión hizo su trabajo con base en la Minuta enviada por el Senado de la República y llegamos a conclusión que el trabajo del Senado fue excelente y nos bastó ratificarlo.
Creo que con esto, señores y señoras diputados, les pedimos que aprueben el proyecto de dictamen que propone la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputado Roberto Zavala Echavarría.
En consecuencia, está a discusión en lo general.
No habiendo ningún orador, ningún diputado inscrito, le ruego consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
EL C. DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 para el Gobierno Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
EL C. DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MILAN, (desde su curul).Señor Presidente, si me permite, más que una reserva que significaría una propuesta de modificación a la minuta del Senado, se trata de una omisión parcial en el nombre de la ley vigente del artículo segundo que está mencionada como "Comisión de los Derechos Humanos", cuando se llama "Comisión Nacional de los Derechos Humanos" Creo que si hacemos la corrección no hay necesidad de hacer una propuesta y modificar la minuta.
EL C. PRESIDENTE. Se registra su aclaración y se pide tome nota la Secretaría de ella.
Muchas gracias, diputados.
En virtud de no haber reserva de artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico hasta por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
LA C. PRESIDENTA. Esta Presidencia autoriza la ampliación del tiempo de votación hasta por tres minutos; hasta por tres minutos se autoriza la ampliación del tiempo de votación y les rogamos a los ciudadanos diputados emitan su voto.
(votación)
Informe a la Presidencia del sentido de la votación, diputado Secretario.
EL MISMO DIPUTADO SECRETARIO. Se emitieron 406 votos en pro, ninguno en contra.
LA C. PRESIDENTA .Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 406 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones y rubros de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente capítulo del Orden del Día es el relativo a Excitativas.
Se concede el uso de la palabra al diputado Javier Julián Castañeda Pomposo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.
DIP. JAVIER JULIAN CASTAÑEDA POMPOSO: Buenas tardes; distinguidos legisladores; ciudadana presidenta de la Honorable Cámara de Diputados:
"Los abajo firmantes, diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura …
(LEYO. INSERTESE)
EXITATIVA A LA COMSION DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, A CARGO DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
C. Presidenta de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
Distinguidos legisladores:
Los abajo firmantes diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 21, fracción XVI, 87 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Presidencia de esta Cámara de Diputados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente el dictamen correspondiente a la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bajo los siguientes
Antecedentes:
Primero.- El 23 de abril de 1998 el Diputado Rubén Fernández Aceves y otros diputados a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentaron iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal en materia de Desarrollo Social.
Segundo.- Ese mismo día la Presidencia de la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la mencionada iniciativa para su dictamen.
Tercero.- Ha transcurrido en exceso el tiempo que señala el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que las comisiones presenten su dictamen. Por ello, presentamos las siguientes
Consideraciones
Primera.- Para el Partido Acción Nacional, el principio de la eminente dignidad de la persona humana constituye el eje central de su convicción doctrinal.
El ser humano es persona, con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.
Es inhumano, por consiguiente, cualquier modelo de Estado en el que la economía constituya el eje central de desarrollo, y deje en su segundo plano, con carácter utilitario y accesorio, el desarrollo humano y el desarrollo social.
Segunda.- El desarrollo social es un concepto tan amplio como incluyente. De hecho, cualquier materia nacional tiene que ver, en forma directa o indirecta, con el desarrollo de las persona.
Así por ejemplo, el desarrollo social comprende las materias relativas a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a la participación política, a los derechos humanos y al medio ambiente.
Temas específicos de la actividad del estado forman parte del desarrollo social, como la atención de la juventud, a la vejez, a la niñez, a pensionados y jubilados y a las personas con discapacidad, la promoción del deporte y la cultura así como la organización social y comunitaria.
Tercera.- El desarrollo social, tanto en México como en muchas otras naciones, exige ser promovido protegiendo y conciliando dos valores fundamentales: la garantía de niveles mínimos de desarrollo en toda la República y la atención de los especificidades locales.
Es un esquema federal como el mexicano, la única manera de conciliar estos principios es mediante la concurrencia formal en la legislación de estas materias.
De esta manera, al Congreso de la Unión se le faculta para dictar niveles mínimos aceptables para toda la Nación en cada una de las materias y a las legislaturas de los estados y a los ayuntamientos, para atender con ese marco de referencia, sus propias especificidades y exigencias locales.
Tal es el caso, por ejemplo de la educación, el medio ambiente y la y la ecología, la salud y los asentamientos humanos.
Las leyes generales que sobre estas materias ha dictado el Poder Legislativo Federal, sólo dan las bases conforme a las cuales debe legislarse localmente en la materia, procurando un desarrollo equilibrado de todo el país, a la vez que se permite la atención de las necesidades locales que pueden diferir de manera importante entre las diferentes regiones.
Para ello, es necesario facultar al Congreso de la Unión para dictar las leyes generales que establezcan las reglas de la concurrencia, de forma tal que se eviten los riesgos que con un sistema exclusivamente federal, o exclusivamente local, pueden generarse. El desarrollo social, indiscutiblemente, debe obedecer a esta regla.
La redacción actual de nuestro texto constitucional permite al Congreso de la Unión legislar en esta materia, pero sólo en lo que respecta a la planeación a nivel nacional. Este esquema es muy reducido, ya que con el auténtico federalismo, el desarrollo social sólo puede operar en concurrencia de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.
Por lo antes expuesto, a usted C. Presidenta de la H. Cámara de Diputados en turno, le solicitamos:
Único,. Tenga por presentada esta excitativa y se sirva exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen respecto de la Iniciativa de Decreto por el que se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes que establezcan la concurrencia de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal en materia de Desarrollo Social.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados a los 6 días del mes de Noviembre de 2001.
PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que emita el dictamen correspondiente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasamos al capítulo de Proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, para que la Secretaría de Relaciones Exteriores plantee al gobierno de Belice, la creación de una reunión binacional para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo".
Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, proponga al gobierno de Belice, la creación de una reunión binacional, para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" a cargo del grupo parlamentario del PVEM.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Águndis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión el siguiente acuerdo.
CONSIDERACIONES
México, respetuoso de la soberanía de los países que conforman el concierto de naciones del Orbe, ha mantenido una tendencia clara y firme en sus principios normativos que se sustentan en el artículo 89 de nuestra Carta Magna.
Principios que si bien nos obligan a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacifica de controversias; también nos obligan a la cooperación y seguridad internacionales para el desarrollo.
Este desarrollo debe ser considerado como el fin de los pueblos para realizar sus objetivos en el marco del derecho internacional sin menoscabo de la viabilidad del ser humano como especie, así como de sus hábitats de los que forma parte. En este sentido, los estados tienen la responsabilidad de velar por que las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, no causen daños al medio ambiente de otros estados; ni expongan la seguridad de las naciones a su propio desarrollo.
En los últimos años Belice, país que se sitúa al sur de México y que forma parte de la Organización de la Naciones Unidas desde el 25 septiembre 1981 y que lo atañen a varios compromisos en materia ambiental, así como diversos tratados que lo obligan a la conservación de la flora y fauna de los países que conformamos la región; ha tenido un aumento significativo en la demanda de electricidad para satisfacer sus necesidades de crecimiento.
En 1990 se realizó un estudio sobre posibles soluciones para la generación de energía para proveer las necesidades energéticas a largo plazo de ese país. El estudio identificó que la compra de energía a nuestro país era la mejor fuente técnica, económica, y ambientalmente amistosa para ese país.
El estudio, sin considerar otros factores, también recomendó modificar el potencial hidroeléctrico del río Macal comenzando con el funcionamiento la planta hidroeléctrica de Mollejón del Río, cuya propietaria es Fortis Incorporated, empresa canadiense a la que se le ha concesionado el suministro y producción de la energía eléctrica desde mediados de los años noventa y que proporciona actualmente gran parte de la demanda energética de Belice.
Esta empresa canadiense, se propone construir un vaso de almacenaje de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de agua con una presa 35 metros de altura contra la corriente en el río de Macal, para poder así, dotar del agua suficiente en las turbinas del complejo hidroeléctrico.
El sitio de construcción esta situado a unos 12 kilómetros en sentido descendiente de la confluencia de los ríos Macal y Rascapulo. Se sitúa en la parte occidental del país, en un área conocida como las montañas de Maya. El depósito inundaría mil cien hectáreas de bosques primarios.
De acuerdo con las leyes locales de protección al medio ambiente se requiere para realizar este proyecto, una descripción de los probables efectos significativos, directos e indirectos, en el ambiente del desarrollo, explicado por referencias a su impacto posible sobre seres humanos, flora, fauna, suelo, agua, aire, clima, activos materiales, incluyendo el patrimonio cultural y el paisaje. Situación que hasta donde conoce el Partido Verde Ecologista de México, no se ha cumplido.
Algunos de los efectos ambientales adversos por la construcción de la hidroeléctrica de "Chalillo" son:
1. La reducción significativa e irreversible de la diversidad biológica, inicialmente en el nivel de la población circundante a la zona, pero potencialmente exponencial en la especies vecinas.
2. Fragmentación del corredor biológico mesoamericano.
3. Reducción rápida en las poblaciones de jaguares, loro rojo, tapir y ocelote conduciendo a la extinción posible de las especies en Belice y su disminución en Guatemala, Honduras y México.
4. Afectación a los habitáts de aves migratorias de América del Norte.
5. Reducción en los alimentos y los materiales biológicos esenciales que facilitan la productividad de los ecosistemas.
6. Impactos negativos en la biodiversidad y las interacciones ecológicas que se extienden a las selvas tropicales mexicanas y el Caribe.
En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos que es necesario aplicar los tratados de los años recientes que reconocen y protegen los corredores biológicos y los recursos naturales vitales a la salud ambiental de la región entera, los cuales son instrumentos confiables en asegurar un futuro sostenible para México y Belice, así como nuestros países vecinos.
Los escasos datos disponibles para poder determinar que la presa de "Chalillo" pueda realizarse según lo proyectado, hacen que las proyecciones inexactas del proyecto hidroeléctrico de Mollejon por los mismos consultores, produzcan una desconfianza en el proyecto de "Chalillo", el cual comprometería sin duda, la capacidad biológica y el patrimonio arqueológico del área entera y sus países vecinos.
Además el proyecto "Chalillo" podría inundar las ruinas de Mayan, así como un nuevo descubrimiento que está situado a 5 kilómetros del sitio donde pretende ser construida la cortina de la presa.
Incluso si la presa se construye dentro de presupuesto y se realiza según lo proyectado, no hay bastante información o la evidencia disponible para probar que es económicamente factible. Además, de que no existe el conocimiento real de las características culturales, geológicas, biológicas o antropológicas ubicadas en el área que será inundada, con lo que se perderá para siempre este patrimonio de la humanidad.
El valor de estos recursos irreemplazables para nuestras naciones y a la vida en si misma es más que significativo. No hacer nada, es ver como se nos escapa poco a poco, el último reducto de selva tropical y las especies del hábitat.
En nuestro país y en el resto del mundo, desde hace varios años, se ha estudiado la degradación ambiental producida por las centrales hidroeléctricas y sus potenciales efectos adversos, los cuales cada día producen un daño irreparable al ser humano y su entorno. Si no procuramos procesos de producción limpios y eficientes, actuaríamos con la misma irresponsabilidad de aquellos hombres que en aras de su desarrollo económico, han hecho de nuestro planeta un lugar cada vez menos habitable.
México resultaría desde nuestro punto de vista afectado de llevarse a cabo dicho proyecto hidrológico, toda vez que los servicios ambientales que proporciona la selva tropical de la región no reconoce las fronteras políticas. La disminución en los flujos de agua que desembocan en el mar caribe, afectarían sensiblemente los vastos manglares y arrecifes coralinos, en cuyas entrañas se desarrollan procesos biológicos fundamentales para los ecosistemas marinos. Por otro lado la destrucción de vastas áreas boscosas de la selva, imprimirían presión sobre las poblaciones de especies silvestres particularmente de aquellas que se encuentran en peligro de extinción y que son un recurso compartido entre México, Belice y el resto de los países centroamericanos.
Respetuosos de la soberanía e independencia de Belice, la cual México por cierto, fue de la primeras naciones en reconocer, acudimos a esta máxima tribuna de la nación para invocar lo en derecho internacional se denomina como el Principio de Prevención del Daño Ambiental Transfronterizo.
Por todo lo anterior es en extremo cuestionable que la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice y su operación, no afecte los ecosistemas aledaños donde estaría localizada, ni tampoco el patrimonio arqueológico de la humanidad; así pues, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal para que promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice, para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" y sus efectos negativos en el ecosistema regional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal, para que realice con carácter de urgente, un estudio que presentará ante esta Cámara, donde se conozcan los posibles impactos para nuestro país y al corredor biológico mesoamericano por la posible construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice.
Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores solicite información para conocer si en la zona que será inundada y afectada por la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice, existen o no, posibles vestigios de la cultura Maya, de la que ambos países somos depositarios.
Cuarto. Que el Poder Ejecutivo Federal, de resultar procedentes las violaciones al derecho internacional y sus tratados; promueva ante los tribunales y organismos internacionales de los que forma parte, las acciones conducentes para evitar o en su caso resarcir, el daño ambiental y/o al patrimonio de la humanidad por la probable construcción de la hidroeléctrica "Chalillo" en Belice.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 31 de octubre del 2001.
DIP. DIEGO COBO TERRAZAS: Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados:
México respetuoso de la soberanía de los países que conforman el concierto de las naciones del orbe, ha mantenido una tendencia clara y firma en sus principios normativos que se sustentan en el artículo 89 de nuestra Carta Magna.
Principios que si bien nos obligan a la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias, también nos obligan a la cooperación y seguridad internacionales para el desarrollo. Este desarrollo debe ser considerado como el fin de los pueblos para realizar sus objetivos en el marco del derecho internacional, sin menoscabo de la viabilidad del ser humano como especie, así como de sus hábitats de los que forma parte.
En este sentido, los estados tienen la responsabilidad de velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control, no causen daños al medio ambiente de otros estados, ni expongan la seguridad de las naciones a su propio desarrollo.
En los últimos años Belice, país que colinda al sur con México y que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde el 25 de septiembre de 1981 y que lo vinculan a varios compromisos en materia ambiental así como diversos tratados para la conservación de la flora y fauna de los países que conformamos la región, ha tenido un aumento significativo en la demanda de electricidad para satisfacer sus necesidades de crecimiento.
En 1990 se realizó un estudio sobre posibles soluciones para la generación de energía a fin de proveer las necesidades energéticas a largo plazo de aquella nación. El estudio identificó que en la compra de energía nuestro país era la mejor fuente técnica, económica y ambientalmente amistosa. El estudio, sin considerar otros factores, también recomendó modificar el potencial hidroeléctrico del río Macal, comenzando con el funcionamiento de la planta hidroeléctrica de Mollejón del Río, cuya propietaria es Fortis Incorporated, empresa canadiense a la que se le ha concesionado el suministro y producción de la energía eléctrica desde mediados de los años 90 y que proporciona actualmente gran parte de la demanda energética de Belice.
Esa empresa canadiense se propone construir un vaso de almacenaje de aproximadamente 120 millones de metros cúbicos de agua, con una presa de 35 metros de altura contra la corriente del río Macal, para poder así dotar de agua suficiente en las turbinas del complejo hidroeléctrico de "Chalillo". El sitio de construcción se localiza a unos 12 kilómetros en sentido descendente de la confluencia de los ríos Macal y Rascapulo, en la parte occidental de Belice, en un área conocida como las montañas de Maya.
El depósito inundaría 1100 hectáreas de bosques primarios. De acuerdo con las leyes locales de protección al medio ambiente, se requiere para realizar este proyecto, una descripción de los probables efectos significativos directos e indirectos en el ambiente del desarrollo, explicando por referencias a su impacto posible sobre seres humanos, flora, fauna, suelo, agua, aire, clima, activos materiales, incluyendo el patrimonio cultural y el paisaje, situación que hasta donde conoce el Partido Verde Ecologista de México no se ha cumplido.
Algunos de los efectos ambientales adversos por la construcción de la hidroeléctrica Chalillo son: la reducción significativa e irreversible de la diversidad biológica, inicialmente en el nivel de la población circundante a la zona pero potencialmente en las especies vecinas; fragmentación del corredor biológico mesoamericano; reducción rápida en las poblaciones de jaguares, loro rojo, tapir y ocelote, conduciendo a la extinción posible de las especies en Belice y su disminución en Guatemala, Honduras y México; afectación en los hábitats de aves migratorias de América del Norte; reducción en los alimentos y los materiales biológicos esenciales que facilitan la productividad de los ecosistemas marinos; impactos negativos en la biodiversidad y las interacciones ecológicas que se extienden a las selvas tropicales mexicanas y el Caribe.
En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México reconocemos que es necesario aplicar los tratados de los años recientes que reconocen y protegen a los corredores biológicos y los recursos naturales vitales a la salud ambiental de la región entera, los cuales son instrumentos confiables en asegurar un futuro sostenible para México y Belice, así como nuestros vecinos centroamericanos.
Además, el proyecto Chalillo podría inundar las ruinas de Mayán, así como un nuevo descubrimiento arqueológico que está situado a 5 kilómetros del sitio donde pretende ser construida la cortina de la presa. Incluso si la presa se construye dentro del presupuesto y se realiza según lo proyectado, no hay bastante información o evidencia para probar que es económicamente factible, además de que no existe el conocimiento real de las características culturales, geológicas, biológicas o antropológicas del área que será impactada, con lo que se perderá para siempre este patrimonio de la humanidad.
El valor de estos recursos irremplazables para nuestras naciones y a la vida en sí misma es más que significativo. No hacer nada es ver cómo se nos escapa poco a poco el último reducto de la selva tropical y las especies del hábitat.
México resultaría, desde nuestro punto de vista, afectado de llevarse a cabo dicho proyecto hidroeléctrico, toda vez que los servicios ambientales que proporciona la selva tropical de la región no reconocen fronteras políticas.
La disminución en los flujos de agua que desembocan en el mar Caribe afectarían sensiblemente los bastos manglares y arrecifes coralinos, en cuyas entrañas se desarrollan procesos biológicos fundamentales para los ecosistemas marinos.
Por otro lado, la destrucción de bastas áreas boscosas de la selva imprimirían presión sobre las poblaciones de especies silvestres, particularmente de aquellas que se encuentran en peligro de extinción y que son un recurso compartido entre México, Belice y el resto de los países centroamericanos.
Respetuosos de la soberanía e independencia de Belice, de la cual México por cierto fue de las primeras naciones en reconocer, acudimos a esta máxima tribuna de la nación para invocar lo que en derecho internacional se denomina como el principio de prevención del daño transfronterizo.
Por todo lo anterior, es en extremo cuestionable que la construcción de la hidroeléctrica Chalillo en Belice y su operación no afecte los ecosistemas aledaños donde estaría localizada ni tampoco el patrimonio arqueológico de la humanidad.
Así pues, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores del Poder Ejecutivo Federal para que promueva el establecimiento de una mesa de trabajo binacional entre México y Belice a fin de analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica Chalillo y sus efectos negativos en el ecosistema regional.
Segundo. Se exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Poder Ejecutivo Federal para que realice, con carácter de urgente, un estudio que presentará ante esta Cámara donde se conozcan los posibles impactos para nuestro país y al corredor biológico mesoamericano por la posible construcción de la hidroeléctrica Chalillo en Belice.
Tercero. Se exhorta al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicite información para conocer si en la zona que será impactada por la construcción de la hidroeléctrica Chalillo en Belice existen o no posibles vestigios de la cultura maya de la que ambos países somos depositarios.
Cuarto. Que el Poder Ejecutivo Federal, de resultar procedentes las violaciones al derecho internacional y sus tratados, promueva ante los tribunales y organismos internacionales de los que forma parte las acciones conducentes para evitar o en su caso resarcir el daño ambiental y/o patrimonial de la humanidad por la probable construcción de la hidroeléctrica Chalillo en Belice.
Suscriben el presente punto de acuerdo los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Hago entrega a la Secretaría del presente punto de acuerdo.
Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Medio Ambiente.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El grupo parlamentario del PRI ha solicitado se posponga para una próxima sesión el punto de acuerdo del diputado Jaime Martínez Veloz.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En consecuencia, continuando con la orden del día, se concede el uso de la palabra a la diputada Carolina Viggiano Austria para presentar un punto de acuerdo para que la Sagarpa ejerza los recursos relacionados con el apoyo a los productores de café para la presente cosecha.
LA C. DIPUTADA CAROLINA VIGGIANO AUSTRIA (PRI): Con su permiso, señora Presidenta. Con el permiso de todos ustedes, compañeras y compañeros diputados.
"Los diputados federales, integrantes del grupo plural de trabajo para la cafeticultura mexicana de la LVIII Legislatura, con fundamento en los artículos 39 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 65, 70 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el presente punto de acuerdo para la atención inmediata de los programas de apoyo a la cafeticultura nacional, bajo las siguientes
" C o n s i d e r a c i o n e s :
"La producción de café desde hace dos siglos ha constituido la principal actividad económica de las regiones más marginadas en nuestro país, cultivándose en 760 mil hectáreas en 12 entidades y 391 municipios, el 80 por ciento de ellos marginado.
"México es de los principales países productores en el mundo, con una producción promedio anual de 350 mil toneladas, de las que se exportan el 85 por ciento. Su valor representa el 8.15 del PIB agrícola, siendo una importante fuente de divisas, además de que satisface el abasto nacional.
"Su cultivo es una importante fuente de empleo. A esta actividad se dedican 282 mil productores, el 66 por ciento de ellos son indígenas, generando más de 65 millones de jornales agrícolas, más de 3 millones de mexicanos dependen de esta agroindustria.
"Las plantaciones de café y los cultivos asociados constituyen un importante generador de servicios ambientales, evitando la erosión, facilitando el escurrimiento hidrológico, la fijación de carbono y la biodiversidad.
"La especialización de este cultivo a las regiones marginadas de nuestro país es una actividad de especial valor geopolítico, social, económico y ambiental que enfrenta en la actualidad una grave crisis por la debilidad estructural de la oferta y la demanda nacional y por las condiciones de los mercados internacionales entre otros factores.
"La producción nacional presenta muy bajos rendimientos por hectárea y una limitada participación de los productores en el valor agregado, por el fuerte minifundio, carencia de insumos, equipo e infraestructura de alta productividad y de equipamiento para participar en la cadena producción-consumo.
"El consumo per cápita en México es uno de los más bajos de los países productores y una vigésima parte del consumo por habitante de los países altamente consumidores. Se carece de una política para fomentar el consumo interno, por favorecer tradicionalmente el mercado exterior y la falta de campañas promocionales, abasto de mala calidad, uso indiscriminado de sucedáneos y precios poco atractivos al consumidor.
"El mercado exterior, que representa la principal fuente de ingresos de esta actividad, se desarrolla sin estimular el control de calidad, con altos castigos sobre los precios y limitada participación de los productores. Estas condiciones se han agravado después del retiro de los acuerdos internacionales de los países exportadores y consumidores y la desaparición del Instituto Mexicano del Café.
"Adicionalmente las condiciones de los tratados comerciales internacionales imponen nuevas competencias para el café mexicano, que demandan de una política integral en materia de comercio exterior. Las debilidades estructurales de esta agroindustria se profundizaron por la desaparición del Instituto Mexicano del Café, como lo he señalado, y la ausencia de programas públicos con la amplitud y profundidad adecuada, la importación y el contrabando, la falta de control en la calidad de los productos finales la participación limitada y desarticulada de los agentes de la cadena productiva en programas de fomento a la producción y productividad, al equipamiento industrial y al incremento de la participación en el mercado nacional y exterior.
"La cafeticultura mexicana en la actualidad enfrenta la peor crisis en su historia reciente, por la disminución de los precios internacionales a niveles de 45 centavos la libra, por la sobreoferta mundial. Estos precios internacionales provocan que los precios del café cereza al inicio de la cosecha sean menores que el costo de la pizca, con peligro de que el producto deje de cosechar el café, con una grave repercusión social por la disminución del empleo e ingreso de setas regiones marginadas, serios problemas de producción fitosanitarios y ecológicos de corto y mediano plazo y una disminución de las divisas captadas por el país.
"El Poder Ejecutivo Federal y los gobiernos de los estados cafetaleros, conjuntamente con las organizaciones de productores, industriales y comercializadores, han propuesto diversas medidas para atender la crisis de coyuntura y los problemas estructurales de esta agroindustria, en las cuales es importante la participación del Congreso de la Unión y especialmente de esta Cámara de Diputados, par ala conformación de un proyecto que contemple medidas económicas dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, así como el análisis de iniciativas para normar jurídicamente la actividad de esta agroindustria y específicamente la constitución de una institución con capacidad legal, administrativa y financiera para atender su desarrollo.
"Como respuesta a esta crisis y la necesidad de fortalecer estructuralmente la agroindustria del café, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión acordó que la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura integrara un grupo especial de trabajo sobre cafeticultura, que en el desempeño de sus responsabilidades con el sector público ha evaluado sus programas y con el sector social y privado las consultas para conocer la situación de la agroindustria y sus propuestas para su desarrollo, lo que ha permitido determinar que frente a la crítica situación que enfrenta la cafeticultura es urgente que el Ejecutivo Federal cumpla oportuna y suficientemente los siguientes programas de apoyo.
"Coincidimos con la reiterada demanda de las organizaciones de productores, que el Padrón Cafetalero es un instrumento básico indispensable para destinar con certidumbre los programas de apoyo, además de constituir un elemento fundamental para la planeación, programación y estudios de proyectos cafetaleros. Por esta razón, demandamos que la SAGARPA, cumpla en tiempo y forma con esta actividad en los plazos fijados, el más reciente el anunciado por el titular de esa dependencia en su comparecencia ante el Senado de la República el día jueves 25 de octubre, que se comprometió a terminarlo en enero del 2002.
"La SAGARPA informó a esta soberanía un Programa de Apoyo Emergente para la cosecha de café 2001-2002, por 537 millones de pesos, aún cuando se ha anunciado que empezó el ejercicio de estos recursos, los productores y sus organizaciones reclaman urgente que estos apoyos se entreguen de inmediato conforme se inicie la cosecha en las distintas regiones cafetaleras. Esto lo han manifestado públicamente y en el Encuentro Nacional Cafetalero llevado a cabo en Boca del Río los días 20 y 21 de octubre, el grupo de diputados miembros de la Mesa de Trabajo para la Cafeticultura que asistimos, recogimos esta demanda.
"Por lo anterior, la SAGARPA debe implementar mecanismos con la información disponible y acuerdos con organizaciones y autoridades locales para ejercer este programa emergente, aprovechando los avances del Padrón Cafetalero, pero sin condicionarlo a su terminación.
"Por otra parte, una preocupación adicional es que la demanda real del os recursos termine en el primer trimestre del próximo año. Para cumplir con esa demanda debe existir la previsión presupuestal en el presente año por la totalidad de los recursos del Programa Emergente para el Levantamiento de la Cosecha del Café.
"Por lo anteriormente expuesto y fundado, proponemos lo siguiente.
"PUNTOS DE ACUERDO
"PRIMERO. Que la SAGARPA inicie de inmediato el Programa Emergente del Café de la Cosecha del año 2001 y que asigne la totalidad de los requerimientos en el Presupuesto de Egresos del 2001, para evitar retrasos en los primeros meses del año, sin condicionarlo necesariamente a la terminación del Padrón Cafetalero, ya que a la fecha, según información de la propia Secretaría, presenta serio retraso, ya que su avances es del 17 por ciento.
"SEGUNDO. Que la SAGARPA concluya en tiempo y forma el Padrón Cafetalero, como oportunamente fue solicitado por las organizaciones de productores, mismo que la propia Secretaría asumió como compromiso .
Tercero. Que la SAGARPA y la secretaría de Hacienda y Crédito Público definan las normas para la creación y operación del Fondo de Estabilización de Precios del Café y se autorice de inmediato el ejercicio del 30% del Fondo de 150 millones de dólares que comprometió el Ejecutivo Federal para la comercialización de la presente cosecha correspondiente a los meses de septiembre a diciembre.
Cuarto .Que la SAGARPA ejerza oportunamente el total de los recursos autorizados en el programa Alianza para el Campo en el Presupuesto de Egresos del 2001 , asimismo informe sobre el ejercicio de dichos recursos a esta fecha en un plazo no mayor de ocho días y que los que tenga que ejercer en el año 2002 se entregue en os primeros meses de ese mismo año.
Quinto. Que la Secretaría de Economía establezca restricciones a las importaciones de café procedentes de países con los que México no tiene celebrados convenios de Libre Comercio, en tanto no se acuerden con los productores y los industriales las bases de la política de importaciones.
Sexto. Que la Secretaría de Economía convoque a los representantes de los productores, torre factores e industriales para establecer las bases para la celebración de convenios de abastecimiento.
Ciudadana Presidenta, le solicitamos que el presente Punto de Acuerdo se someta a la consideración del pleno como de urgente y obvia resolución en virtud de que la cosecha cafetalera ha iniciado en este mes pasado de septiembre y este Punto de Acuerdo está firmado por todos los miembros del grupo de Cafeticultura, asimismo por un grupo de diputados de la Diputación Campesina y otros diputados de estados cafetaleros
Gracias por su solidaridad. (aplausos)
LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.
LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA C. PRESIDENTA. Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo intervenciones, le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
LA MISMA C SECRETARIA. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Suficientemente discutida
LA C. PRESIDENTA. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se aprueba el Punto de Acuerdo.
LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA. Aprobado el Punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo. (aplausos)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el caso de la Licenciada Digna Ochoa y Plácido.
LA C. DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL. Con su permiso Diputada Presidenta. La suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los Artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de Punto de Acuerdo con base en las siguientes consideraciones:
Primero. Que el 19 de octubre próximo pasado murió asesinada la Licenciada Digna Ochoa y Plácido, destacada defensora de los derechos humanos en circunstancias que cuestionan de raíz la voluntad del Gobierno Mexicano para brindar la debida protección a quienes luchan por la defensa de los derechos humanos en nuestro país, máxime si se ha sido perseguida , hostigada, amenazada y violentada como lo fue ella.
SEGUNDO. Que por la trayectoria intachable de esta digna exponente de lo mejor del ser humano y por la naturaleza de los asuntos en los que estaba comprometida, el crimen no puede considerarse un asunto de delincuencia común; por el contrario, este crimen pone en entre dicho a instituciones fundamentales de nuestro país, evidencia las omisiones y lagunas de la impartición y procuración de justicia, atenta contra el estado de derecho y se erige en un obstáculo para la construcción democrática de un país libre, justo y equitativo en la que el pueblo de México está empeñado.
Constituye además, una amenaza clara y directa no sólo contra los miembros del Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez", sino contra toda persona comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos.
TERCERO. Que esta soberanía reconoció la importancia política y social de este crimen al aprobar, el pasado 23 de octubre, un punto de acuerdo por el que se condena enérgicamente el trágico suceso y se exige a las autoridades competentes una investigación exhaustiva y expedita que lleve a proceso a los culpables además de solicitarles la debida protección a quienes defienden los derechos humanos en México.
CUARTO. Que es obligación y responsabilidad de esta honorable Cámara de Diputados, contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la plena legalidad.
Por lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO: La creación en el seno de esta soberanía y en el marco de sus atribuciones, de una comisión especial pluripartidista que dé seguimiento exhaustivo a las investigaciones que las autoridades competentes están llevando a cabo sobre este asesinato.
Que la comisión mencionada, dé seguimiento a las denuncias de hostigamiento, amenazas y violencia que han sido y sean denunciadas por miembros de organizaciones sociales cuyas actividades estén relacionadas con la defensa de los derechos humanos en su sentido más amplio.
La comisión podrá realizar todas aquellas actividades que considere pertinentes dentro de las facultades y atribuciones legales, con el fin de velar porque las investigaciones se realicen con estricto apego a la ley; contribuir al esclarecimiento de los hechos y mantener informada a esta soberanía así como a la sociedad en general.
Es cuanto, diputada Presidenta.
Gracias.
EL C. PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Muchas gracias a usted, diputada Magdalena Núñez Monreal.
TÚRNESE a la Junta de Coordinación Política.
En el mismo tema, tiene la palabra el diputado Emilio Ulloa Pérez, hasta por cinco minutos.
Estaba registrado en este mismo tema … otra intervención está prevista justamente para el diputado. Entonces, pasamos al siguiente orador, con punto de acuerdo para que el crimen de la licenciada Digna Ochoa y Plácido tenga importante y tenaz seguimiento por parte de esta Cámara de Diputados hasta su esclarecimiento y castigo a los responsables.
Para exponer este punto de acuerdo, se le concede la palabra al diputado Enrique Herrera y Bruquetas.
EL C. DIP. ANGEL ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS: Con su venia, señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
En México, de unos años a la fecha, nadie es responsable de nada frente a nadie.
Esto es grave. En la mayoría de los asuntos que a todos nos competen y preocupan, las responsabilidades y las culpas se diluyen en un océano de frívolas abstenciones y públicas cobardías.
Los crímenes no resueltos se acumulan en la conciencia pública. De Colosio a Stanley; de las alucinaciones videntes de "La Paca" y de sus patrocinadores, a la ejecución de los Carrola. Del crimen de Polo Uscanga, a las calles, las esquinas, las casas, donde libremente se asesina sin castigo. La impunidad y la corrupción definen el tiempo de México.
Las declaraciones de los funcionarios han creado toda una ontología de la ambigüedad y no olvidemos que la ambigüedad es uno de los ámbitos predilectos de la traición y del delito.
El estado de derecho, compañeras y compañeros diputados, exige que los servidores públicos sean responsables de sus actos, su responsabilidad no se prueba en los hechos cuando las obligaciones son meramente declarativas, cuando no son exigibles, cuando hay impunidad o cuando las sanciones por su incumplimiento sólo provocan la risa de los infractores. Estamos de acuerdo con quien nos recordaba que la responsabilidad penal responde al criterio primigenio de la democracia.
En este Congreso vibra una voluntad de justicia que nada, ni nadie puede ignorar sin ponerse oprobiosamente de espaldas a la historia. El crimen de Digna Ochoa es un crimen contra todos nosotros, las civilizaciones antes que nada voluntad de convivencia pacífica, no la abortemos con la impunidad ante el crimen de una defensora de todos nuestros derechos, los suyos, los míos, los nuestros.
Todo aquél que no mida por el derecho ajeno como por el propio, merece perder el propio, lo real es lo que importa, no lo aparente.
De todos los sistemas políticos el democrático es el más exigente y por esa misma razón el menos ejercido, ética de la responsabilidad y ética de la convicción no son contradictorias, sino que e complementan.
El gobernante tiene obligaciones que cumplir, que la opinión pública, los medios de comunicación y el Poder Legislativo deben recordárselas críticamente si las olvidan, eso no es oposición por sistema, sino democracia, al contrario, autoritarismo es gobernar una nación sin escuchar sus reclamos.
Libertad de información es en el fondo sinónimo de moral y responsabilidad y una sociedad moderna y democrática no tolera, ni siervos, ni encomenderos, sino que se define en una ciudadanía participativa, crítica y solidaria.
El crimen de Digna Ochoa gotea infamia por todos lados y no debemos quedarnos sentados entre declaraciones, mesas y comisiones, dejando pasar un tiempo que sin voluntad política de por medio sólo conduce a la impunidad.
El crimen de Digna Ochoa gotea infamia, ella sabía y con su conducta lo afirmaba, que la perfectibilidad social se traduce en aumento de justicia en las relaciones humanas; ella sabía y sabía muy bien, que donde hay justicia se estima la virtud, el trabajo y el mérito esforzado, sabía que no se es justo y honrado si no se lucha porque impere la justicia; sabía que en las sociedades carcomidas por la injusticia y la corrupción los ciudadanos pierden el sentimiento y el sentido del deber y se apartan del cumplimiento del derecho.
El crimen de Digna Ochoa, compañeras y compañeros diputados, gotea sangre, infamia, corrupción, impunidad y miedo, exige justicia ya, exige que esta Cámara asuma en estos momentos de suprema importancia para la transición política su función de garante de la justicia, de ello depende no sólo una, sino muchas de las esperanzas que en ella están puestas.
Si en el caso de Digna Ochoa no hay justicia pronta, estaremos dando un réquiem a todo lo que define una democracia.
Por lo anteriormente expuesto nos permitimos proponer el siguiente punto de acuerdo:
Que a partir de esta fecha y en plazos de tiempo prudentes, para evitar la impunidad que el silencio determina como lo tenemos sobradamente comprobado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre un grupo de seguimiento, para que después de consultar y evaluar lo conducente con quienes encabezan las investigaciones, informe al pleno de esta Cámara el estado que guardan las averiguaciones sobre el crimen de Digna Ochoa, que a todos los mexicanos agravia e interesa, con ello estaremos cumpliendo con un justo reclamo de nuestros representados.
Decía León Felipe que en muchos países la justicia vale menos que el orín de los perros. Sin duda que México es ya uno de ellos.
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
En este mismo tema ha solicitado la palabra hasta por cinco minutos, el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
EL DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Muchas gracias ciudadano Presidente.
Amigas y amigos diputados:
La cadena de agresiones físicas y hostigamiento psicológico en contra de los defensores de los derechos humanos es resultado de la impunidad que a lo largo de años ha existido en México, La alternancia de partidos políticos en el ejercicio del poder público en el ámbito federal no ha sido obstáculo para que los enemigos de los derechos humanos realicen atentados contra la dignidad y la vida de las personas. Esto es algo que debe preocuparnos ya que es el reflejo de que grupos o individuos que realizan este tipo de actos poco les interesa el desarrollo y la consolidación de las instituciones democráticas.
Cuando las agresiones a los defensores de los derechos humanos son contra atacadas de manera ineficiente, no se podrá llegar muy lejos en cuanto a que estos derechos sean efectivamente respetados. No proteger la integridad física y psicológica de los defensores de estos derechos es sin duda avanzar en sentido contrario a lo que recientemente hemos conseguido en nuestro país.
No sirve de mucho generar una conciencia de que los derechos humanos deben ser protegidos, sino además, si no se crea un marco legal que genere las condiciones necesarias para que estos derechos sean respetados en la realidad y no sólo expresiones de buena voluntad, ya que ante esto la corrupción es la que prevalece.
Cuando un Estado se compromete a combatir la corrupción y la impunidad que generan los violadores de derechos humanos, debe proteger también la integridad física y moral de los defensores de éstos mismos. La delincuencia organizada, mediante su sistema de justicia alterno y el uso de la violencia, da a la sociedad el aviso de que todo aquel que ponga en peligro sus intereses, sea quien sea, será intimidado mediante una violencia que en el mayor de los casos, y dependiendo de los intereses que son afectados, puede ser cruelmente manifestada.
Las precarias condiciones con las que realizan sus actividades los defensores de derechos humanos, provocan vulnerabilidad en su persona, lo cual los hace constantemente víctimas de autoridades municipales, estatales, pero lamentablemente y sobre todo, de grupos organizados que desean intimidar a los ciudadanos.
Por lo anterior, la defensa de los derechos humanos implica fortalecer el estado de derecho y la soberanía nacional. Cuando en el ámbito nacional se eliminan con violencia exacerbada a los defensores de las libertades inalienables y básicas del ser humano, ¿cómo podrá ser posible asumir una postura de defensa internacional de estos mismos valores?, a fin de cuentas, cuando el asesinato se convierte en advertencia, éste acto se comete no sólo contra la sociedad en su conjunto, sino contra el Estado y contra la gobernabilidad del país. A este asesinato debemos añadir también las amenazas contra seis luchadores sociales, luchadores en pro de los derechos humanos y esto está generando un ambiente de dificultad que si no buscamos calmarlo, el país corre riesgos de entrar en una situación poco aconsejable.
Por último, amigas y amigos diputados, para el Partido Alianza Social esclarecer este artero atentado así como el origen de las amenazas, es una cuestión que está en el primer punto de la agenda nacional, porque también de esto depende que nuestra normalidad democrática se siga consolidando.
Nos pronunciamos a favor de los planteamientos que se han hecho y por tanto estamos a favor de los puntos de acuerdo presentados. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado José Antonio Calderón Cardoso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente Punto de Acuerdo en relación con las Elecciones Extraordinarias en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, a petición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se pospone para una próxima sesión
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En relación al Punto de Acuerdo del denominado Impuesto TOBIN, que presentaría el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a solicitud de este mismo grupo, se pospone para una próxima sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Punto de Acuerdo en relación a la Función 14 del Presupuesto, a cargo del Partido Verde Ecologista de México, a solicitud de este Grupo Parlamentario se pospone para el final de los puntos de acuerdo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Punto de Acuerdo en relación con la Defensa del Congreso, a cargo del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, se difiere también para el final de los puntos de acuerdo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente Punto de Acuerdo es el referente a la Revisión de la Política Presupuestal de la Secretaría de Salud para el Estado de Oaxaca. A petición del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se pasa para el final también de los puntos de acuerdo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente es el Punto de Acuerdo sobre el Funcionamiento de la Gasera Ubicada en la Colonia Aeronáutica Militar en la Delegación Venustiano Carranza. Para exponer este Punto de Acuerdo se le concede la palabra al diputado Máximo Soto Gómez, del Partido Acción Nacional.
EL C. DIP. MÁXIMO SOTO GOMEZ: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Presentamos una Proposición con Punto de Acuerdo los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
A N T E C E D E N T E S
Al comienzo de 1999 se inició la construcción de una gasería que está ubicada en Cecilio Robelo número 4 Colonia Aeronáutica Militar, la cual cuenta con un Certificado de Zonificación expedido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y vivienda, mismo que no coincide en su dirección con la ubicación del predio señalado que la gasería se construiría en la colonia Jardín Balbuena. Asimismo en este Certificado de Zonificación se determina que el uso actual del suelo es de equipamiento y estacionamiento de Seguridad Pública y de uso solicitado fue de encierro de vehículos con cuatro dispensarios de gas natural comprimido para autoconsumo.
C O N SI D E R A N D O S
No es posible que las autoridades competentes permitieran la construcción de esa gasería que por sí sola constituye un peligro para una zona de uso habitacional y comercial, sin contar que colinda con una estancia infantil y dos escuelas, las cuales cuentan con una población aproximada de 8 mil alumnos, así como el Hospital General Balbuena, perteneciente a la Secretaría de Salud del Distrito Federal.
Es inadmisible que las autoridades no tomaran en cuenta el riesgo que implica tener como vecina una gasería que en cualquier momento puede tener una explosión o bien una fuga y con ello poner en riesgo la vida de miles de personas que estudian, habitan, se extienden o transitan por esa comunidad.
Asimismo hay que señalar, que el Palacio Legislativo, se encuentra ubicado en unas cuantas cuadras de la multicitada gasería, y de presentarse cualquier tipo de percance, nuestro recinto se puede ver afectado, así como la seguridad y vida de los diputados y colaboradores que aquí laboramos.
Lo anterior no se expone con objeto de ser alarmista, ya que esta gasería sufrió una explosión el 21 de mayo del año 2000, y esa explosión se presentó en Pensador No. 1, y con una manguera, la cual se derivó de la consecuencia de la ruptura de la tubería de abastecimiento, según el parte informativo de la Secretaría de Pública del Distrito Federal.
Cabe mencionar que de acuerdo a la licencia del uso de suelo, la gasería tenía como único propósito el suministrar combustible a vehículos oficiales, sin embargo, taxis y microbuses del servicio público, se ven beneficiados con el suministro de sus unidades.
Que suma todo lo anteriormente expuesto, que de acuerdo a tal desarrollo de las delegaciones del Distrito Federal , está prohibido este tipo de instalaciones en la demarcación correspondiente, ya que conforme lo establece la tabla del uso del suelo de la delegación, no están permitidos depósitos ni comercialización de combustible, gasolineras, vericentros o estaciones de gas carburante en la zona.
Dicha reglamentación no fue respetada por parte del Metro, Gas y Ecomex, durante la pasada administración la delegación Venustiano Carranza, se encargó de hacer una verificación física, la cual se llevó a cabo el día 2 de diciembre de 1999, estando presente el delegado, el subdelegado de Obras y Desarrollo urbano, el presidente de la Asociación de Vecinos y Padres de Familia de las escuelas que se ubican alrededor de la gasería.
De esta verificación se le permitió a los representantes de las gaserías, que proporcionaran una explicación sobre la operación de la estación, y al terminar ésta el delegado se retiró sin efectuar la visita obligada, para constatar la proximidad de las escuelas que rodean la gasería.
El día 28 de septiembre del año en curso, la actual administración realizó una visita de verificación en la gasería, declarándose ese mismo día la apertura de un proceso administrativo, el cual se solicitó a la gasería entregar los permisos y demás trámites administrativos necesarios, para su correcto funcionamiento. Dicho procedimiento se está llevando a cabo bajo estricto apego a la ley, por lo que se están respetando los plazos y las formas que éstas señalan.
Muy largo ha sido el camino que han tenido que seguir los vecinos de la colonia Aeronáutica Militar, desde la pasada administración hasta el día de hoy, sin contar con un verdadero apoyo y sobre todo sin una explicación clara, de por qué se permitió la construcción de la gasería y la operación de la misma.
Se debe de tomar en cuenta que esta gasería podría ocasionar un accidente de igual o mayor magnitud de lo que vivió la ciudad de Guadalajara en 1992 y en San Juan Ixuatepec en 1984.
Por lo anterior, es necesario que las autoridades competentes, analicen a fondo la instalación de la multicitada gasería, y emita una resolución a la brevedad posible, para así evitar poner en riesgo a toda la población de la ciudad de México.
Por las consideraciones antes expuestas, los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten al pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Que el Gobierno del Distrito Federal gire instrucciones a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, para que se clasifique el certificado de zonificación, expedido el 21 de septiembre de 1998.
SEGUNDO. Con base en los tristes y lamentables sucesos ocurridos en la ciudad e Guadalajara y San Juan Ixuatepec, es necesario que las autoridades competentes en materia de protección civil, tanto a nivel local como federal, tomen todas las medidas precautorias y que se analicen a fondo las condiciones de las instalaciones de la gasería, para evitar cualquier percance que ponga en peligro la vida de la ciudadanía.
TERCERO. De ser procedente la operación de la gasería, estudiar las posibilidades de trasladarla a un sitio menos riesgoso, para los habitantes de la colonia Aeronáutica Militar.
CUARTO. De no ser procedente que la delegación Venustiano Carranza proceda a la clausura de la gasería en forma inmediata y permanente de no hacerlo, corre peligro la vida de los habitantes de la Delegación.
Dado en el Palacio Legislativo, 6 del mes de noviembre del 2001.
Firman este punto de acuerdo: el diputado Daniel Ramírez del Valle, rúbrica, del Partido Acción Nacional; el diputado Carlos Flores Gutiérrez, rúbrica, del PAN; José Antonio Arévalo, rúbrica, del Verde Ecologista; la diputada Hilda Anderson, rúbrica, del PRI; diputado Benito Vital Ramírez, rúbrica, del PRI; diputado Francisco Ramírez Cabrera, rúbrica, del PAN; diputado García Velázquez, rúbrica, del PAN; diputada Griselda Ramírez Guzmán, rúbrica, del Partido Acción Nacional; diputado Eduardo Arnal Palomera, rúbrica, del PAN; diputado Enrique De la Madrid, rúbrica, del PRI; Jorge Lara, rúbrica, del Partido Acción Nacional; diputado José Lozano Pardiñas, rúbrica, del PAN; diputado Víctor Hugo Círigo, del PRD y la diputada Teresa Gómez Mont del Partido Acción Nacional.
EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado Máximo Soto Gómez.
Túrnese su punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para presentar el punto de acuerdo en relación al desempeño de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se le concede la palabra al diputado José Antonio
Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ. Con su permiso, ciudadano Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
La crisis económica y financiera que inició en nuestro país a finales de 1994 y que manifestó sus más agudos efectos en 1995, puso de manifiesto no sólo la frágil situación del sistema bancario y los graves errores cometidos durante el proceso de su desincorporación, sino también mostró el tremendo rezago en la supervisión y control de los mismos por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
De esta manera, durante el período comprendido entre 1994 y 1998, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino doce instituciones financieras; la primera Banca Unión, el 1º. de septiembre de 1994 y la última, Banca Confía, en agosto de 1997.
C O N S I D E R A N D O
Primero. Que la mayor preocupación de los grupos parlamentarios en torno al rescate bancario, radica en disminuir el costo fiscal del mismo y en el castigo a los funcionarios, banqueros y deudores que se aprovecharon de ésta situación para obtener beneficios a costa del erario público.
Segundo. Que derivado del informe presentado el 25 de junio del presente año por la entidad superior de fiscalización, se observa que existen recomendaciones al IPAB que involucran para su cabal cumplimiento a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Tercero. Que una de las recomendaciones realizadas en este sentido por la Auditoría Superior de la Federación, consiste a la entrega inmediata de la banca intervenida por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al IPAB.
Cuarto. Que en el informe citado se señala que en la mayoría de las operaciones ilegales realizadas durante el rescate bancario, el tiempo que marcan las leyes de la materia expiró para entablar acciones penales en contra de los responsables.
Quinto. Que el Informe Mackey, señala textualmente lo siguiente: "La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha sido la única autoridad con acceso total a la información de la banca", y que el acceso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a la información bancaria, le proporcionó mayor influencia en la toma de decisiones del Comité Técnico del FOBAPROA.
Sexto. Que el mismo informe Mackey, señala que una de las obligaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los programas de compra de cartera, fue la de validar los créditos que fueran a ser adquiridos por el FOBAPROA y que muchas veces sin contar con las auditorías exigidas por el mismo programa del FOBAPROA fueron validados.
Séptimo. Que del total de pasivos del IPAB, 747 mil millones de pesos aproximadamente el 47%, es decir, 350 mil millones de pesos son producto de la Banca intervenida y de programas de saneamiento.
Octavo. Que resulta inaceptable que el IPAB aya haya asumido los pasivos de la Banca intervenida y ésta aún no le pueda ser entregada.
Noveno. Que a pesar de haber sido la única institución con acceso a la totalidad de la información haya permitido que los delitos cometidos por diversas personas, hayan prescrito.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito muy atentamente a la presidencia de la mea directiva, la siguiente Proposición con
PUNTO DE ACUERDO
UNICO: Que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cite a comparecer al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para explicar el desempeño de la entidad durante el proceso del rescate bancario en particular las operaciones de compra de cartera.
Es cuanto, ciudadano presidente.
PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.
De conformidad con su planteamiento, túrnese a la Comisión de Vigilancia el presente Punto de Acuerdo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Con Punto de Acuerdo sobre la reforma fiscal, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicita se posponga para una próxima sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto relacionado con el proceso electoral en el Estado de Puebla, se pospone para otra sesión a petición del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Punto de Acuerdo en relación a la situación cañera, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Por no encontrarse presente se pospone para el final de los puntos de acuerdo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Punto de Acuerdo sobre la situación política en el Estado de Chiapas, a petición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se solicita se posponga para una próxima sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En relación con el Punto de Acuerdo de la función 14 del Presupuesto, que había solicitado se difiriera para el final de los puntos de acuerdo el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, solicita a su vez, que se pase para una próxima sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El Punto de Acuerdo en relación con la defensa del Congreso,
para formular este Punto de Acuerdo, se le concede la palabra al diputado Víctor Infante,
en nombre de un grupo plural de diputados.
DIP. VICTOR INFANTE: Gracias señor presidente; compañeras
legisladoras; compañeros legisladores:
Hace unos días nos reunimos un grupo de legisladores de
diversas fracciones parlamentarias para comentar el problema que se estaba presentando de
los embates del Poder Ejecutivo hacia el Congreso de la Unión.
Es un tema de la mayor relevancia en las actuales circunstancias
que vive el país. Debe haber una gran preocupación sin duda en la sociedad, por lo que
está sucediendo en estas fechas. Hay un problema de enfrentamiento del Poder Ejecutivo
con el Poder Legislativo; hay posteriormente un enfrentamiento del Poder Ejecutivo con los
medios de comunicación y esto debe tener un ambiente de incertidumbre nacional.
En razón de ello, este grupo de legisladores ponemos a la
consideración de ustedes este desplegado que estamos recabando firmas de todos y cada uno
de los legisladores en defensa del Congreso.
Vicente Fox ha patentado un presidencialismo omnipresente que
ataja toda posibilidad de consolidación democrática y que tiene como estrategia por un
lado un discurso aparentemente democrático y de apertura y por otro un uso mediático
para la presión de la opinión pública a favor de sus posiciones políticas que han
resultado ser autoritarias, frívolas, antinacionales y con una clara tendencia de
privilegio hacia el capital económico trasnacional. Esta estrategia de uso mediático de
presión diseñada por el Gobierno Federal, está encaminada a influir en la opinión
pública a favor de sus posiciones para vulnerar a la institución estructural de la
democracia: el Congreso de la Unión.
El único objetivo que busca alcanzar el Presidente Fox es su
consolidación personal por encima de las instituciones democráticas, olvidando el
compromiso que adquirió con nuestro país el 2 de julio para consolidar la transición
democrática de México.
El Congreso de la Unión es la institución fundamental de la
democracia. Atentar contra el Congreso de la Unión es atentar contra la democracia. El
Congreso expresa en gran medida la pluralidad de la nueva sociedad mexicana, su
composición, en donde ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta y los acuerdos son
necesarios para el proceso legislativo, han sido una oportunidad para avanzar más allá
de lo rutinario y de la agenda legislativa de los partidos para pensar de manera seria,
responsable, pero sobre todo visionaria, en la construcción de acuerdos institucionales
que han permitido y abierto camino a una visión de largo alcance, a un nuevo proyecto
nacional.
El Congreso de la Unión ha demostrado que es capaz de
desarrollar nuevas formas políticas, una nueva cultura política tolerante, incluyente y
razonablemente propositiva de un nuevo arreglo institucional.
La campaña de presión y desprestigio al Congreso y a los
legisladores en particular y que hoy se ve también revertida a los medios de
comunicación, busca sólo hacer valer los intereses que representa el Presidente Fox por
encima de los intereses de la nación.
Los legisladores que integramos la 58 Legislatura hemos asumido
la defensa de los intereses del pueblo de México, por lo que estamos recibiendo presiones
y descalificaciones mezquinas que pretenden limitar las atribuciones republicanas del
Congreso de la Unión para imponer, entre otras, una reforma fiscal lesiva a los intereses
del pueblo.
Que quede claro, que le quede claro al Ejecutivo Federal, no
aprobaremos una reforma fiscal que contemple la imposición del IVA a alimentos,
medicinas, libros y colegiaturas. Tampoco aprobaremos una reforma energética que pretende
entregar los recursos de la nación al capital extranjero.
Está signado este documento por un grupo de legisladores del
Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del
Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo y de Convergencia para la Democracia.
Y hacemos un llamado desde esta alta tribuna de la nación a las
sensatez, a la prudencia del Ejecutivo Federal. No puede estar buscando culpables de
políticas erradas de su gabinete. Debe sentarse a platicar, a conversar, a dialogar con
el Poder Legislativo, a encontrar las mejores soluciones para el país. No puede ser una
política de enfrentamiento la que lleve al país al desarrollo que tanto requiere.
Por México, por los mexicanos, por los pobres de México
tenemos que hacer esta alianza con el Ejecutivo Federal, pero no con base en el
enfrentamiento y con base en la impugnación de otro de los poderes.
El respeto y el equilibrio de los poderes será fundamental en
los nuevos tiempos de México.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Nada más una consulta.
Su punto de acuerdo se turnaría entonces a la Junta de Coordinación Política.
El C . Diputado Víctor Infante: La súplica es que se remita a
la Junta de Coordinación Política y el día de hoy continuaremos recabando firmas de
compañeros legisladores.
EL C. PRESIDENTE: Muy bien, Diputado. Túrnese a la Junta de
Coordinación Política el punto de acuerdo expresado por el Diputado Víctor Infante a
nombre de un grupo plural de diputados.
Con el mismo tema tiene la palabra el Diputado Víctor Antonio
García Dávila, del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO VÍCTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia
de la presidencia. Compañeros y compañeras: los momentos actuales exigen responsabilidad
y compromiso de los legisladores con la nación y con el pueblo. No permitiremos que
quienes le apuestan al tortuguismo de la democracia y la subordinación del Poder
Legislativo se salgan con la suya.
Por esa razón el grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, apoyamos el punto de acuerdo
anterior.
En los últimos meses hemos sido testigos de las calumnias y de
la campaña de desprestigio auspiciadas desde el Poder Ejecutivo Federal en contra del
Congreso de la Unión y en particular de esta Honorable Cámara de Diputados.
El Presidente Vicente Fox, en su acostumbrado estilo de
utilizar un lenguaje lleno de ligerezas y ocurrencias, ha pretendido mantener con los
integrantes del Congreso de la Unión -que no comulgamos con sus propuestas- una actitud
irresponsable e irrespetuosa, al señalar que los culpables de que su reforma fiscal no
sea aprobada en los términos en que fue enviada para su discusión y análisis somos
nosotros.
"Mediante la confrontación mediática, el titular del
Ejecutivo Federal pretende asestar un golpe de suerte a los integrantes de esta
soberanía, con el propósito de lograr la aprobación de dicha reforma. Para nosotros
queda claro que si la reforma unilateral que promociona el Presidente de la República no
se ha aprobado, es porque lesiona los intereses de los sectores sociales más desvalidos
al querer cobrar el IVA en alimentos, medicinas, transportes y educación. En cambio
beneficia sobre manera a los grupos económicos más poderosos del país y del extranjero
al proponer la disminución de impuestos para ellos.
"Para nadie es desconocido que incluso algunos diputados
panistas han planteado públicamente su desacuerdo con el contenido de esta reforma
fiscal, al considerarla lesiva a los intereses de las grandes mayorías. Los felicitamos
por ello.
"En este contexto, las afirmaciones del Ejecutivo Federal
son totalmente falsas y carecen de toda ética política que pretenda mejorar el
funcionamiento y la relación entre las instituciones de nuestra nación.
"Son falsas también porque no le dice al conjunto de la
nación que las grandes empresas no van a pagar el IVA en los hechos, ya que por estar
integradas a los programas de promoción del comercio exterior que impulsa la Secretaría
de Economía les será devuelto en un plazo no mayor a cuatro días, con simplemente
mostrar su acreditación.
"Por eso nosotros nos preguntamos: ¿A quién pretende
impresionar el Presidente con su reformón fiscal? ¿Acaso con su aprobación se
van a resolver todos los problemas que tienen los pobres de este país?
"La realidad es clara y avasalladora. No podemos dejarnos
engañar por el Presidente y sus agoreros, a todos nos queda claro que las necesidades del
gobierno federal para resolver los lastres financieros del sector público son enormes.
Ahí están las deudas de Fobaproa e Ipab, ahí tenemos los rescates carreteros, la deuda
interna y externa, los Pidiregas y los fondos de pensiones del Seguro Social, del Issste y
de las entidades federativas.
"Fox necesita mayores recursos públicos para pagar esos
lastres; quiere que el pueblo los pague. Por eso necesita que de forma perentoria se
apruebe su reforma para cobrar más IVA a los consumidores y de paso empobrecer más a los
habitantes de este país, manteniendo el paraíso fiscal a los grandes empresarios.
"Compañeros Diputados:
"Dentro de este conjunto de problemas inmediatos que
enfrenta el país, el Presidente no ha querido entender o tal vez ha olvidado la historia
reciente de nuestra nación porque desde la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados
ningún partido tiene ya la mayoría para determinar las reformas constitucionales por sí
solo. Ese mismo hecho ocurre hoy día en ambas Cámaras y esto último es lo que se le
olvida ya al Presidente.
"La dinámica del trabajo legislativo de la presente
legislatura se ha traducido en que la mayor parte de iniciativas de ley han sido
presentadas por este cuerpo legislativo y una buena parte de ellas han sido dictaminadas y
aprobadas de manera unánime.
"La forma en que se encuentra trabajando esta Cámara
muestra claramente la independencia y autonomía del Poder Legislativo, previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que a través del voto le ha
sido otorgado por el pueblo de México, reconociendo que la gobernabilidad del país solo
puede hacerse con la pluralidad y el consenso.
"Al Presidente le debe quedar claro que el pueblo de
México otorgó un mandato al Poder Ejecutivo y otro al Poder Legislativo. Decidió que en
este último ningún partido tuviera por sí mismo mayoría absoluta. La autonomía que ha
logrado el Poder Legislativo con respecto a los otros poderes de la unión representa un
paso importante en el establecimiento de un sistema de contrapesos que evite las
decisiones unilaterales de cualquier otro poder, como es el caso que nos ocupa.
"El grupo parlamentario del Partido del Trabajo va a
continuar trabajando a favor del pueblo de México y en particular de las grandes
mayorías más necesitadas. Nuestro trabajo legislativo se enfocará siempre a proponer
reformas constitucionales y leyes secundarias que mejoren las condiciones de vida de
nuestra sociedad.
"A eso nos comprometemos, por eso nos opondremos a aprobar
leyes que perjudiquen a los más pobres.
"Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo apoya el punto de acuerdo presentado por el grupo plural.
Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias
a usted, diputado Víctor Antonio García Dávila.
En el mismo tema, se le concede la palabra al diputado Alfredo
Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Con su permiso,
señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas: En nuestra
Fracción Parlamentaria, en el PRD, hemos decidido apoyar esta iniciativa del grupo
plural, porque significa la reflexión con mucha claridad de cuál es el papel del
Congreso en este momento en nuestro país.
El Congreso es un ente que se encarga de la vigilancia y del
control de los actos públicos del Ejecutivo. El Congreso dejó de ser desde hace algunos
años solamente el que avalaba o levantaba el dedo para aprobar las iniciativas que
presentaba el Presidente de la República al Congreso e la Unión.
El desgaste actualmente del Ejecutivo no se debe a la labor del
Legislativo. Ha quedado de manifiesto que el 98 por ciento de los asuntos aprobados en
esta Cámara han sido de consenso. Solamente tenemos dos temas que fueron de manera
diversa aprobados en este Congreso y que tienen que ver con los autos chocolates y con la
Ley Indígena. Más sin embargo hoy nos damos cuenta que el Ejecutivo ha tenido un proceso
rápido, raudo, veloz de desgaste y de envejecimiento no por el actuar del Legislativo, ha
sido por la manera frívola, por la manera tan a veces difícil de entender, pero sin
principios para actuar de parte de la Presidencia de la República.
Baste señalar que quien hizo mención en la radio en Alemania
en relación a las botas de charol, no fue la prensa, fue el propio Presidente de la
República. Quienes decidieron ofertar un beso en el Vaticano a la opinión pública no
fue este Legislativo, fue el Presidente Fox y su esposa.
Por ello creemos que un espíritu centrado de lo que está
pasando en este país, es reconocer la crítica como parte fundamental de un régimen
democrático donde el Presidente de la República se comprometió en esta tribuna a que el
Legislativo decidiera los asuntos que tenía que definir y no supeditarse a las decisiones
del Ejecutivo.
Por ello, creemos que esta embestida que ha tenido en estos
días el Legislativo no se justifica de ninguna manera cuando ha habido un espacio de
diálogo, de consensos en la mayoría de los asuntos de este Congreso.
Por ello, creemos que el Ejecutivo debe de serenarse, de no
lanzar piedras a todos los sectores de la sociedad, como está sucediendo actualmente hoy
con la prensa, con el Legislativo y seguramente con la iniciativa privada después, con
los sectores de la sociedad mañana. Porque nos parece que una política antipopular que
ha emprendido el Ejecutivo en nuestro país, no puede ser avalada a ultranza.
Nosotros no podemos aceptar que se grave con el IVA a los
sectores más desprotegidos de esta sociedad. No podemos entender que el Ejecutivo, que se
comprometió a no incrementar los impuestos, se los quiera aplicar a aquellos que lo han
perdido en esta etapa de crisis casi todo.
Por ello, refrendamos el espíritu del planteamiento que se hizo
en esta tribuna, porque creemos que el equilibrio de poderes, el régimen republicano, el
reconocimiento del adversario no como un enemigo a derrotar a ultranza, debe de ser una
premisa que se valore en un régimen democrático que se precia de ello.
Y en ese ámbito consideramos central que la cabeza máxima del
Ejecutivo tenga un ámbito de reflexión con su gabinete, que le permita entender qué es
el proceso de transición que se está viviendo en este país, que los procesos de
transición implican necesariamente reconocer la crítica, la autocrítica al adversario,
reconocer la disidencia como un elemento propositivo para construir una nación que tenga
auge y que tenga desarrollo, y hasta este momento lamentablemente el Ejecutivo ha carecido
de los elementos básicos de un régimen republicano representativo y que reconozca estos
valores de la democracia.
Por ello, el PRD suscribe en todos sus puntos el punto que se
vino a plantear aquí con la debida responsabilidad y haciendo un llamado al Ejecutivo de
que recapacite, reflexione y entienda que el Legislativo dejó de ser un Legislativo
levantadedos y hoy discute, analiza y critica. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias al diputado Alfredo Hernández
Raigosa. En el mismo tema ha solicitado la palabra el diputado Juan Manuel Sepúlveda
Fayad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL SEPULVEDA FAYAD. Con su permiso
señor Presidente. Rendir cuentas es un principio indispensable de toda democracia, los
Poderes públicos, cada único en el ámbito de sus atribuciones tienen la obligación de
informar a la ciudadanía el avance de sus trabajos y sus resultados en el ejercicio de su
función que es precisamente el servicio público.
Por esa razón los diputados integrantes de la fracción del
Partido Revolucionario Institucional consideramos indispensable hacer del conocimiento de
la opinión pública los siguientes datos respecto de la gestión de la LVIII Legislatura
de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Del inicio de esta Legislatura a la fecha, se han aprobado por
esta Cámara 41 dictámenes de leyes y decretos, durante el primer período de sesiones
del primer año legislativo, el Ejecutivo Federal envió seis iniciativas a la Cámara de
Diputados, todas ellas fueron aprobadas.
Durante el segundo período de sesiones del primer año
legislativo el Jefe del Ejecutivo Federal envió a esta Cámara 22 iniciativas de estas 3
se fueron aprobadas y 9 más, dada la complejidad del debate político y público en torno
a su contenido, se encuentran en proceso de dictamen para someterlas a votación.
Ha sido una Legislatura que está legislando y lo hace
privilegiando la orientación social de las iniciativas; de ahí que 18 de las iniciativas
aprobadas tengan un contenido primordialmente social. En esa misma actitud de cumplir a
plenitud las atribuciones de la ley, de las 41 leyes y decretos aprobados 23 han sido a
iniciativa de los propios Legisladores.
De septiembre del 2000 a octubre del 2001 la Cámara ha
realizado 1,127 sesiones de Comisiones, lo que equivale a un promedio de 4 sesiones
diarias que
Aunadas a actividades tales como foros, consultas, conferencias
y presentaciones entre otras, suman más de 2 mil eventos. En el ejercicio de sus
atribuciones constitucionales la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados ha cumplido
con la obligación de fiscalizar y evaluar la actividad del Poder Ejecutivo.
Eso explica que los Secretarios de Estado hayan comparecido en
la Cámara de Diputados en 73 ocasiones y que se hayan sostenido 194 reuniones con
funcionarios federales. Ha sido una Legislatura que ha dejado constancia en el desempeño
de sus funciones, de un invariable ánimo de colaboración y de respeto en su relación
con los otros Poderes y que ya probó por su capacidad para la generación de consensos y
la superación de diferencias partidarias, a la vista del interés público.
De este modo, de los 41 dictámenes aprobados, 35 han sido
votados a favor por todos los grupos parlamentarios y solamente 6 por mayoría.
En el mismo período de actividades la Cámara ha resuelto 67
puntos de acuerdo, muchos de ellos considerados sustantivos pro diversos ámbitos de
población beneficiaria en temas como el costo de las medicinas contra el SIDA, la
inclusión de diversas entidades en la declaración de zonas de desastre, la ampliación
del pago del 100% del PROCAMPO a zonas temporaleras y la protección a pescadores de
Sinaloa.
Ha sido esta una Legislatura que se vincula con los temas de
interés nacional y que se ha vuelto espacio abierto para el debate y procesamiento de
demandas sentidas por la población. Esa fue la razón por la que el 22 de marzo del 2001
se instruyó a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas de la
Cámara de Diputados para que recibieran a los representantes del EZLN en el salón de
sesiones de esta Cámara.
Por igual haciendo eco a las preocupaciones de la opinión
pública, la Cámara de Diputados solicitó al Jefe Ejecutivo Federal la reconsideración
del nombramiento de cuatro empresarios al Consejo de Administración de PEMEX. También,
ante el reclamo público, la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, el 31 de
julio de este año solicitó al Presidente de la mesa directiva la entrega de la lista
completa de la información respecto de los créditos incluidos en la cartera adquirida
por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario.
Asimismo y ante la necesidad de una mayor vinculación de esta
Cámara con organismos y comunidades de interés público para toda la nación, se
celebró una sesión con motivo del CDL Aniversario de la Universidad Nacional Autónoma
de México, lo que le permitió significar y enaltecer como corresponde a su jerarquía, a
nuestra máxima casa de estudios.
La LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados es un órgano de
liberación de las diversas fuerzas políticas de México y una instancia de decisión de
la representación nacional. Ni va a declinar en sus facultades y obligaciones, ni va -por
lo contrario- a precipitar procesos que no reflejen fielmente la voluntad de sus
representados.
Ha cumplido en ese marco hasta ahora y lo seguirá haciendo de
igual modo hasta el término de su mandato.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA: Sobre el mismo tema ha solicitado hacer
uso de la palabra el ciudadano diputado Alonso Ulloa Velez, del grupo parlamentario de
Acción Nacional.
EL C. DIP. ALONSO ULLOA VELEZ: Muchas gracias diputada
Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.
No solo en los últimos días sino en los últimos meses, hemos
visto en los medios de comunicación, en la sociedad, una serie de críticas, algunas más
feroces que otras, hacia el trabajo del Congreso pero no sólo hacia el trabajo del
Congreso me parece que ha estado en la crítica nacional el trabajo de todas las
instituciones públicas.
Estas críticas, son sin duda producto de una nueva realidad
política y social de México; es producto de algo que se ha construido desde aquí, desde
el Congreso, probablemente; una nueva relación entre los poderes públicos y una nueva
relación que se está construyendo entre los poderes públicos y la sociedad.
Por supuesto que muchas de estas críticas hacia el Congreso son
infundadas.
De la misma manera que muchas de las críticas hacia el
Ejecutivo, hacia el Poder Judicial son infundadas. Pero al mismo tiempo, tenemos que
aprender a abrir los oídos a las críticas y que a esta Cámara de Diputados sea capaz
también de aprender y de crecer frente a esas críticas. El poder público no puede, ni
el Congreso, ni el Ejecutivo, ni el Judicial, puede ignorar las voces de la sociedad en
los temas que le interesan.
Tenemos aquí un gran reto, tenemos el reto de demostrar más
que con desplegados, con resultados, con trabajo legislativo, que esas críticas son
infundadas pero también tenemos que aprender a escuchar cada vez con más atención esas
críticas y dar mejor respuesta a la sociedad, a una sociedad que cada vez, cada vez nos
exige más.
Con información, con trato respetuoso entre los poderes, con
atención a la sociedad, habremos de superar esto y habremos –insisto- de avanzar en
esta construcción de la nueva relación entre los poderes públicos, pero más
importante, entre los poderes públicos y la sociedad mexicana.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Se concede el uso de la palabra a la
diputada Beatriz Paredes, para referirse al mismo tema.
LA C. DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias,
señora Presidenta
De manera muy breve y para precisar que la Cámara de Diputados
aprecia y valora la libertad de expresión y la función de la crítica de los medios de
comunicación y de quienes ejercen el respetable oficio del periodismo hacia todos los
poderes públicos, es una conquista de la democracia el que la ciudadanía pueda encontrar
cauces en donde se manifiesten sus diversos puntos de vista y de ningún modo quienes
formamos parte del poder que constituimos la expresión de la pluralidad por excelencia
podemos expresar una actitud que niegue el valor de la expresión pública crítica, al
contrario, las sociedades democráticas se construyen en el marco de un debate intenso en
donde objetividad, en donde conocimiento, en donde profundización sobre los temas
enriquece la capacidad de los poderes públicos para autorregenerarse. Bienvenida la
crítica, bienvenida la capacidad autocrítica de todos aquellos que tenemos una
responsabilidad social, porque por encima del cuidado de imágenes está el cumplimiento
de nuestra tarea trascendente.
Por eso, en medio de una etapa en donde de diversos espacios se
expresan preocupación por la capacidad del Congreso de desplegar su capacidad
legislativa, queremos ratificar que en esta Cámara de Diputados hay mujeres y hombre
libres y responsables y que por encima de sus grupos parlamentarios sabrán elevar la
función legislativa para que siga engrandeciendo la democracia mexicana.
Aprendemos de las opiniones, las respetamos, actuamos en
consecuencia y cuidamos la potestad y la grandeza de nuestra investidura.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo para
revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el Estado de Oaxaca...
Sonido en la curul del diputado Martí Batres.
EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA (desde su curul):
Pido la palabra para el mismo tema.
LA C. PRESIDENTA. Se concede el uso de la palabra al
diputado Martí Batres para el mismo tema.
EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso,
señora Presidenta.
Apreciamos la lectura del documento que han signado un conjunto
amplio de legisladores de diversas fuerzas políticas, que ha sido traído a tribuna por
el compañero diputado Víctor Infante, que significa un esfuerzo de legisladores, un
esfuerzo plural para atender diversos temas de la agenda y para abordar la problemática
del Congreso de la Unión.
Este esfuerzo plural que plantea temas tan importantes, como la
reforma indígena, la paz en el mundo, el tema de la reforma fiscal justa y equitativa,
entre otros temas de la agenda. También ha planteado la defensa del Congreso de la
Unión.
Coincidimos en que la Cámara de Diputados defiende su trabajo
acelerando sus decisiones, y consideramos que la Cámara de Diputados debe tomar
decisiones sobre todo en los temas que aquí se han presentado. La riqueza de temas, de
puntos de vista, de planteamientos de los legisladores, es una parte fundamental de la
agenda que aquí se ha construido. Consideramos entonces que la Cámara debe tomar
decisiones sobre cada uno de los puntos, y que su mejor defensa es tomar decisiones y
tomar buenas decisiones, decisiones que coincidan con el sentir de la población, de la
sociedad.
Consideramos que vivimos momentos de debates muy interesantes
que se entrelazan, por ejemplo esta discusión sobre la crítica al Ejecutivo, sobre la
libertad de expresión se entrelaza también con las nuevas responsabilidades del Poder
Legislativo, porque en el fondo la capacidad crítica del Poder Legislativo en el
cumplimiento de una de sus atribuciones, que es la de ser contrapeso en este país,
coincide esencialmente en la capacidad crítica de los medios de comunicación que vigilan
el quehacer de todos aquellos que tenemos responsabilidades públicas.
Nos parece entonces que es importante señalar que el Ejecutivo
Federal no debería estar inconforme con que exista la libertad de expresión y el
ejercicio de la crítica, debería ser el más satisfecho de que exista cada vez más una
crítica amplia y una libertad de expresión que se desarrolla.
El Presidente de la República se debe preocupar cuando esta
crítica sea ahogada, cuando esta crítica no se pueda manifestar, ahí es cuando debe
haber preocupación del Presidente de la República. El debe ser el garante de la libertad
de expresión, el principal preocupado en que ésta se pueda realizar.
Por otra parte también, es importante señalar que las
decisiones que ha tomado la Cámara de Diputados, aun cuando nosotros los perredistas
hemos diferido en la decisión que se tomó en torno a la reforma indígena, reconocemos
que la mayoría de las decisiones de la Cámara han tenido una orientación social
positiva, y en ese sentido incluso hasta el Presidente de la República ha retomado
decisiones nuestras y las ha incorporado en sus programas de decisión. Ahí está la
decisión para crear el Instituto Nacional de las Mujeres, fue una decisión de esta
Cámara de Diputados y apareció en la publicidad del Gobierno de la República. Ahí
está la decisión también de abrir esta tribuna a los indígenas zapatistas, que no fue
una decisión del Presidente de la República, que fue una decisión soberana de esta
Cámara de Diputados, y que apareció también en la difusión de la Presidencia de la
República, lo cual quiere decir que esta Cámara de Diputados toma decisiones importantes
y puede tomar otras decisiones importantes.
Aquí reiteramos que si la Cámara de Diputados no ha aprobado
el IVA en medicinas, alimentos, libros, transportes, o los impuestos en prestaciones
sociales y en las pensiones, es porque la sociedad le ha exigido a esta Cámara de
Diputados que dichos impuestos no pueden ir en contra de las condiciones de vida de la
gran mayoría de la población.
Para terminar diría, en relación con estos debates que hemos
tenido, que el unto de vista de los empresarios es muy importante, pero no es el único.
Vamos a escuchar a las cámaras, a CONCAMIN, CONCANACO, CANACINTRA, COPARMEX, a todos,
pero no es el único punto de vista, también tenemos que escuchar a los trabajadores, a
las amas de casa, a los desempleados, a los estudiantes, jóvenes, mujeres, a toda la
sociedad, y lo que estamos escuchando también es un clamor para que no se apruebe el IVA
en medicinas y alimentos, para que se apruebe otra reforma fiscal, y somos representantes
populares y tenemos que representar lo que esa gran mayoría de la sociedad nos está
pidiendo y plasmarlo en nuestra decisión, en nuestra posición y en nuestro voto en esta
Cámara de Diputados.
Muchas gracias por su atención.
Y por otra parte coincido también con nuestra Presidenta de la
Cámara de Diputados, en el sentido de que tomar buenas decisiones en la Cámara ayudará
sin lugar a dudas a mantener, a cuidar la estabilidad en el país. Y en un asunto tan
delicado como el de la reforma fiscal, nos parece que tomar una buena decisión es lo que
va a ayudar a mantener y a cuidar la estabilidad en el país, y tomar una decisión
equivocada nos llevaría a polarizaciones y a confrontaciones.
Gracias por su atención.
LA C. PRESIDENTA: El diputado José Narro Céspedes ha
solicitado el uso de la palabra para hechos.
EL C. DIP. JOSE NARRO CÉSPEDES: Con su permiso, Presidenta;
compañeras y compañeros diputados: Este tema es un tema fundamental e importante para la
República, para nuestro país
Esta Cámara, este Congreso empieza, ya tiene algunos años para
acá, a vivir y a plasmar su independencia, su autonomía, su vitalidad creadora en el
terreno político, en la pluralidad en la construcción de los consensos y en el gran
espacio de diálogo que nos damos los mexicanos. Por eso estamos de acuerdo con el punto
que se presentó aquí en tribuna, de que es necesario el fortalecimiento de este Poder
Legislativo, ante la desesperación, ante las turbulencias y las fragilidades del propio
Poder Ejecutivo, creo que este Poder Legislativo debe de continuar siendo ejemplo de
diálogo y de tolerancia, de pluralidad y de democracia a su interior.
Hemos escuchado las criticas que se le han hecho a este Congreso
y creo que ante esas críticas esta Cámara ha buscado responder siendo más exigentes al
interior de la propia Cámara con los diputados, en cuanto a su presencia, en cuanto a su
participación.
Hemos escuchado la opinión de la ciudadanía, pero también
hemos escuchado voces que no pretenden un Congreso fuerte, sino por el contrario, quieren
un Congreso débil, quieren un foximurato, quieren un Congreso debilitado y a eso nos
vamos a oponer nos vamos a oponer cuando quieren avasallar al Legislativo para que apruebe
una reforma fiscal que va en contra de los intereses del pueblo. Creo que el Ejecutivo
debería de oír claramente que este Legislativo no está de acuerdo con esa reforma y por
eso no ha pasado, y por eso no va a pasar.
También con la reforma energética necesitan ellos hacer
política, dialogar con las fracciones, con los diputados, pero sobre todo con la sociedad
para escuchar sus puntos de vista. Necesitamos un México cada vez más democrático y en
donde la autoridad cada vez escuche más a su pueblo, eso es lo que necesitamos, que hable
menos la autoridad, y que hable más el pueblo que se le escuche y que aquí en este
Congreso defendamos representamos con dignidad esa voz del pueblo de México, esa voz de
los mexicanos. Por ello estamos aquí y esperamos con dignidad representarlos en los
grandes temas que la nación ahora tiene a debate; en el caso de la lucha contra la
impunidad y por la defensa de los derechos humanos; en el caso de nuevo por una ley
indígena que rescate los Acuerdos de San Andrés y que rescate los derechos y la cultura
de los pueblos indígenas de México, por una reforma fiscal que estamos de acuerdo en que
se requiere una reforma fiscal pero que grave a aquellos que han sido los privilegiados ,
y que apoye en un México de justicia y equidad, aquellos que merecen con derecho vivir en
un país mejor para ellos y para sus hijos.
Por eso, hoy, me congratulo de estar y de ser miembro de esta
LVIII Legislatura, y mi esfuerzo y el esfuerzo de mi fracción parlamentaria, va a ser
para fortalecer este espacio, que es el espacio privilegiado del diálogo y de la
política y de la tolerancia de los mexicanos, el Congreso de la Unión. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado.
Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Felipe
Calderón Hinojosa del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO FELIPE CALDERON HINOJOSA: Gracias diputada.
Compañeros diputados de la LVIII Legislatura, a nombre de los diputados del Partido
Acción Nacional y en refrendo de lo que han expresado mis compañeros en esta tribuna
antes, nosotros nos sumamos a la defensa del Congreso de la Unión, a la defensa en la que
hemos participado y que hemos impulsado desde diversas perspectivas si se quiere, pero con
la profunda convicción de que la construcción democrática de este país, como la de
cualquier nación, pasa por un Congreso, no sólo verdaderamente representativo sino por
un Congreso respetado, y que es respetado precisamente en la medida que sirve a una
ciudadanía, que se sabe ella representada, respetada y servida por su Poder Legislativo.
Así, y sólo así, podrá el Congreso de la Unión, reivindicar
lo que es suyo, reivindicar respeto, credibilidad, autoridad moral, porque más allá del
peso de los votos, que cada uno de los 500 tiene entre pares en esta Cámara, lo que debe
pesar en la conciencia colectiva de la opinión pública, es la autoridad moral de los
diputados, y esa tenemos que rescatarla.
Es cierto que hay un espíritu crítico y severo contra la labor
legislativa, y es cierto también que la existencia de tal rigor y severidad hacia la
Cámara, reclama la respuesta unida, solidaria, clara e induvitable de los diputados.
Pero también es cierto que este Congreso de la Unión ha tenido
una larga trayectoria, una larga lucha por encontrar ese sitio de aprecio en los
ciudadanos. Yo respeto, y valoramos todos, las opiniones que sobre este tema se vierten, y
externamos también la muestra, en el sentido expresado ya.
Hay en la sociedad mexicana en este momento de transición y de
cambio, un mayor rigor, una mayor severidad, una mayor exigencia sobre el Congreso de la
Unión, si, pero no nos equivoquemos y examinémoslo con objetividad, sobre todos los
poderes públicos y sobre todos aquellos elementos e instituciones públicas, en los
cuales el ciudadano haya depositado un mínimo de esperanza.
Hay en esta transformación de la sociedad mucho mayor
exigencia, mucho mayor escrutinio, mucho mayor reclamo de los ciudadanos, y me parece que
los medios de comunicación, lo que hacen en buena parte es precisamente eco de ese
reclamo y esa exigencia mayor. Honestamente, nunca como hoy, se le exige a la Cámara de
Diputados, nunca como hoy se le exige a las autoridades, al propio Ejecutivo y me parece
que en esta valoración lo que debiéramos es comprender esta nueva realidad y al propio
tiempo, reclamar los principios elementales que pueden construir la vida pública de mejor
manera: los principios de veracidad, de objetividad, de transparencia que a todos se nos
reclama y que también debemos reclamar por igual. Tener la capacidad, sí, de defender
aciertos como también reconocer errores y eso tiene que ver para todos aquellos sin
excepción, que estamos involucrados en la labor pública.
Hay además, señoras y señores diputados, un punto sobre el
cual, si la Presidencia me autoriza, quisiera enfatizar y concluir:
Hay en esta sociedad, sea por las condiciones de cambio que
enfrentamos, sea por las graves circunstancias que se viven en el entorno internacional
una serie de peligros, una serie de riesgos que a nosotros como representantes del pueblo
de México, no pueden pasar desapercibidos.
Hay una amenaza, hay una amenaza a nuestra economía y a nuestra
realidad económica; hay un riesgo real encarnado en un entorno cada vez más adverso para
México; hay también amenazas concretas, lacerantes contra mexicanos concretos que están
viviendo en carne propia la amenaza, el amago, la amenaza literal de muerte, como en el
caso de los defensores de derechos humanos; hay una ciudadanía también amagada por
muchos problemas, desde la miseria hasta la delincuencia; hay en síntesis, una sociedad
en tensión, hay una ciudadanía en tensión que también por ello reclama más y más de
sus representantes.
Yo creo que un diagnóstico correcto debiera llevarnos a
concluir que sí, efectivamente, debemos defender este Congreso de la Unión, pero más
que eso debiéramos defender la vida democrática, la pluralidad y todas las instituciones
democráticas que tanto trabajo nos ha costado construir.
Debemos defender la vida pública en sus términos; debemos
defender, sí, la relación, sí, la diferencia entre Poderes, pero no equivocarnos. Lo
que está en juego es una defensa integral de la vida republicana y de la vida
democrática de México; lo que está en juego es demostrar que las instituciones
democráticas, este Congreso de la Unión en concreto, servimos como servimos, pero no
sólo a los ojos nuestros, sino a los ojos de los ciudadanos y en eso es justo el reclamo.
(aplausos)
Que se diga todo lo que hemos hecho; que hemos hecho más que
otras Legislaturas, que hemos adoptado además un método que es el camino largo, pero al
final de cuentas el más constructivo en una democracia; que hemos adoptado el método de
consenso que nos obliga a detenernos hacia dentro de las bancadas a buscar los apoyos y
hacia otras bancadas, independientemente del peso de los votos en esta Cámara.
Ese esfuerzo de consenso, que es un esfuerzo de fortalecimiento
democrático, nos hace tomar decisiones más fuertes, pero al mismo tiempo nos hace andar
un camino a un menor ritmo si se quiere.
Yo exhorto, señoras y señores diputados, a que defendamos al
Congreso, a que exhortemos a su vez a la opinión pública a que recoja con veracidad y
objetividad lo que aquí ocurre; que sí se cuestione y se critique las deficiencias que
sí tenemos, pero también que se justiprecie lo que hacemos.
Es inconcebible, es triste cuando menos, que una reforma por
ejemplo, una Ley como la de Desarrollo Rural que implicó cientos de horas en trabajo de
comisiones y miles de horas del trabajo de los diputados si se miden individualmente, no
haya merecido el mínimo reconocimiento de la opinión pública.
La misma ley que hoy aprobamos o reformamos en materia de
derechos humanos ignoro qué suerte corra mañana, pero sé que habrá más interés por
lo que no hacemos y las deficiencias que tenemos, que por lo que construimos.
Así es tal vez el momento de México, seamos conscientes de
ello, pero también pidamos objetividad y veracidad, equilibrio y entre nosotros mismos
una palabra final, el país, el país sí tiene amenazas claras de muy diversa índole,
desde económicas, sociales o políticas. Pero no van sobre una u otra institución.
A mí me parece que lo que está verdaderamente en juego es este
cambio republicano y democrático, pleno y completo y que va más allá de fracciones
parlamentarias o partidos. Va más allá de divisiones entre mexicanos.
Creo que la salida es que generemos un espíritu constructivo de
nuevo país, antes de que cedamos a la tentación de la confrontación interminable, de la
ruptura y de la división entre los mexicanos.
La hora del país reclama unidad, reclama congruencia, reclama
colaboración y construcción entre los partidos, entre los grupos, entre los Poderes. Yo
creo que este Congreso ha dado testimonio de ello; sigámoslo dando y perseveremos,
perseveremos decididamente en la construcción de una nueva patria generosa, ordenada y
que dé vida mejor a todos los mexicanos. Muchas gracias.
PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Del Río Virgen.
DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señora
presidenta:
Estoy de acuerdo con todo lo que han señalado aquí mis
compañeros diputados. También con lo que usted dice diputado Efrén Leyva. Pero me quedo
con dos frases particularmente de la presidencia de la mesa directiva porque nos
representa a todos.
En defensa del Congreso los legisladores tenemos obligaciones
muy claras que cumplir y las hemos estado atendiendo y las hemos estado cumpliendo. En
defensa del Congreso, los legisladores tenemos también que trabajar para
responsabilizarnos más de la demanda de la ciudadanía.
Por eso este Congreso plural, este Congreso representativo que
trabaja en sus comisiones y en sus comités y que tiene su responsabilidad, también es
cierto que tiene la obligación de actuar con la actitud republicana que heredamos de
Benito Juárez. Seamos críticos y seamos autocríticos compañeras y compañeros.
Efectivamente la prensa dice lo que ve aquí y lo que escucha
aquí. Efectivamente la prensa critica al Ejecutivo y critica al Legislativo y critica al
Judicial. Para que podamos avanzar, para que podamos nosotros avanzar en lo que nos exigen
los ciudadanos que nos enviaron a este Congreso, tenemos nosotros que asumir una actitud
absolutamente republicana y trabajar con una elevada responsabilidad. Efectivamente los
medios insisto, sólo reflejan lo que sucede en el Congreso Mexicano y en el Ejecutivo.
Pero hay algo particularmente que a quienes firmamos este documento en defensa del
Congreso, hoy quiero señalar: El Presidente de la República ha insistido y supone y le
hace suponer a la prensa y le hace suponer a los medios y a la nación, que el país está
al borde del colapso económico por la falta de aprobación de una reforma fiscal. Una
reforma fiscal que como está presentada no beneficia a nadie aun cuando él y miembros de
su gabinete así lo señalen.
Yo creo que esta reforma fiscal no necesariamente tiene que ser
una reforma que vaya a incrementar los impuestos, que vaya a incrementar el IVA a los
medicamentos, a los alimentos, a los libros, a las colegiaturas y al transporte.
El Presidente de la República no debe de presionar a esta
soberanía para aprobar una reforma fiscal que tiene mucho de discutible, y mucho menos se
deben de realizar recortes presupuestales coactivos que pongan en tela de juicio la
actuación de los legisladores, porque aquí nosotros aprobamos un presupuesto y ya están
hablando de un tercer recorte.
Aquí nosotros nos hemos dado cuenta de que se han recortado
casi 65 mil millones de pesos y este Congreso debe exigirle al Presidente que cumpla con
lo que le ordenó esta soberanía.
Aquí nadie está apanicado, nadie está pasmado. En cambio en
el Ejecutivo, que ha aventado el caballo a este Congreso, hay algunos miembros que
continuamente están responsabilizando a este Congreso y por eso era importante que todos
los partidos políticos hablaran en defensa del Congreso para decirle al Ejecutivo
particularmente que este Congreso trabaja en sus tiempos y trabaja bien.
Yo les agradezco mucho y les quiero decir que también estoy por
la defensa del Congreso. Muchas gracias. (aplausos)
EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Diputado.
Para referirse al mismo tema, tiene el uso de la tribuna el
Diputado Bernardo de la Garza Herrera, del Partido Verde Ecologista de México, hasta por
5 minutos.
EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA HERRERA: Muchas gracias.
Qué bueno que se ha agendado este tema el día de hoy. Creo que es un tema que si bien
hemos tratado en otros ámbitos, hacía falta que se utilizara esta tribuna para hacerlo.
Parece que es común denominador que todos nos sentimos
responsables, sentimos que hay que acotar de una vez por todas este ataque que ha sufrido
nuestra institución.
Sin duda alguna hay que fortalecer este Congreso. Nosotros
siempre hemos manifestado, yo estoy convencido de que gran parte de ello tiene que empezar
haciéndose por nosotros mismos y desde adentro.
El trabajo del Congreso ha sido superior al de las legislaturas
anteriores, pero no por eso óptimo. Hay que reconocerlo y hay que buscar mejorar en ese
sentido. Hay que actuar aquí con la verdad y no hay que viciar las cosas por su origen.
A veces pareciera que la falta de directrices por parte de los
grupos parlamentarios le quita institucionalidad a la Cámara de Diputados.
Nosotros sentimos que hay dos tipos de críticas: Una crítica
que proviene de la sociedad y que es real y que hay que atender. Que no se trata de
pequeñeces ni que se deben dejar pasar de lado.
Y otra crítica interesada, que esa hay que evidenciarla y hay
que demostrarle a esa misma sociedad que no corresponde a la realidad de cómo trabaja
este Congreso ni de cómo los legisladores hemos atendido los problemas que nos han
llegado aquí.
La autocrítica, por lo que empecé, creo que es necesaria. Creo
que reconociendo que hay cosas en las que hemos fallado no harán más que abonar para
hacer las cosas mejor a pesar, como dije, de haber trabajado más o mejor o más
eficientemente, en cuanto a estadísticas de refiere, que legislaturas anteriores.
Hay que trabajar para fortalecer al Poder Legislativo porque
hemos visto en otras naciones donde incluso se ha dado la disolución del mismo por
líderes carismáticos que, utilizando campañas de desprestigio y que señalando algunos
defectos de sus congresos, han logrado quitar de esos países, modificar cómo se llevaban
a cabo y cómo se daban las tomas de decisiones y cómo se atendía y cómo se
representaba a las ciudadanías respectivas.
No podemos ni debemos jamás permitir que esta posibilidad quepa
en nuestra nación, porque ha sido defendida durante muchos años por muchos otros
ciudadanos.
Sin duda hay grupos que atacan sin razón al Poder Legislativo.
Creo que hoy, por vestirse bien con el presidente, hay críticas de confederaciones que
dicen que el Poder Legislativo no está trabajando para la reforma fiscal, lo cual es
totalmente falso.
Hay gentes, rectores, que en búsqueda de quedar bien ante el
Poder Ejecutivo, han dicho que aquí estamos viendo cómo aumentar los impuestos, cuando
en realidad los impuestos sólo planteados hasta el momento han sido originados por el
propio gobierno, por el propio Poder Ejecutivo.
El 2 de julio México decidió no otorgarle poder infinito a
nadie. Los mexicanos hicieron un voto razonado. Nosotros respaldamos ese voto, Voto
inteligente sin duda alguna. Tan es así que ya incluso en los estados de la República
solo existe uno en donde un partido tiene la mayoría absoluta. La gente se ha dado cuenta
de lo importante que es repartir el poder para que no haya abusos y para que haya respeto.
A eso hay que responder y a eso es por lo que yo he querido
tomar la tribuna para referirme precisamente a eso.
El Poder Legislativo por lo demás hasta el momento solo ha
contribuido al buen desarrollo y al buen caminar de la nación. En el presupuesto fue el
Poder Legislativo el que incrementó en la cuestión social, en la cuestión de
federalismo y en la cuestión educativa los recursos que venían en la iniciativa del
propio Ejecutivo. Lo mismo sucedió con materia ambiental.
Gracias al Poder Legislativo tendremos una Ley de Desarrollo
Rural completa, sustentable, consensuada y dialogada. Gracias al Poder Legislativo los
niños en las escuelas no tendrán esa presencia que los induce a los vicios por parte de
los productos de tabaco y alcohol en los espectaculares cerca de las escuelas, entre
muchas otras cosas.
Si se hace un balance real nadie creo que pueda diferir en que
el Poder Legislativo, si bien tiene cosas qué mejorar está atendiendo y está cumpliendo
con la demanda ciudadana, y más allá de eso con su responsabilidad inicial y de origen.
El Poder Legislativo ha aprobado y ha apoyado y ha contribuido a
que todas las iniciativas del Ejecutivo salgan adelante, en ocasiones incluso contra
nosotros mismos. Cuando el Presidente ha enviado iniciativas las hemos atendido -y
concluyo Presidente, Presidenta- las hemos atendido con más veracidad, con más velocidad
de lo que hemos atendido las nuestras propias y esa crítica la hemos hecho en otros
foros.
Por lo tanto, el Poder Ejecutivo primero también tendrá que
dar un vistazo adentro de cómo están haciendo las cosas y luego tratar de señalar a
otro poder, que lo único que ha hecho es contribuir a la gobernabilidad y atender sus
deseos, incluso sus caprichos con algunos viajes.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI):
Gracias, Diputado.
Ha solicitado hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos,
el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (PAS): Gracias,
ciudadana Presidenta.
Amigas y amigos Legisladores:
Subimos a la tribuna por una obligación moral, por una
obligación institucional, ya que formamos parte de este órgano legislativo que sin duda
juega un papel preponderante en el desarrollo político de nuestro país.
Coincidimos desde luego con lo aquí expresado de que el
Congreso debe ser justipreciado y defendido de los ataques que socavan su autoridad moral.
Estamos plenamente convencidos que un desarrollo sano de la política de nuestro país
pasa desde luego por la fortaleza del Poder Legislativo. Pero para poder fortalecer al
Poder Legislativo más que las buenas intenciones, más que los buenos deseos, más que
las expresiones en favor, se necesita entrar al terreno de las acciones. Ser capaces de
levantar nuestra voz cuando nos agreden, pero también ser capaces de reconocer los
errores, los rezagos, en los que nosotros estemos incurriendo.
Dentro de esta línea de argumentación y para no repetir lo que
mis compañeros diputados ya expresaron, yo quisiera abonar este planteamiento en el
terreno de las actitudes y en el terreno de las mentalidades que todos los servidores
públicos, después del 2 de julio, debemos tener. Porque si las instituciones fueron
distintas a partir del voto, falta todavía que quienes ejercemos un espacio de poder
público también actualicemos nuestra mentalidad para que vaya a la par con los esfuerzos
de cambio que el pueblo de México quiere.
¿Y a qué me refiero? Quiero empezar señalando que si
anteriormente en el Congreso la mentalidad preponderante era de que los legisladores eran
representantes soberanos del pueblo, cambiar la actitud para que seamos representantes del
pueblo soberano.
Por otra parte, este cambio de actitud, que no tengo la menor
duda este Congreso está día a día tratando de realizar, también debe pasar por otro
poder, por el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también debe jugar su parte en este
cambio de actitudes y mostrar una posición si bien férrea en la defensa de sus
planteamientos, también sensata y también ética. Porque si bien es cierto la teoría de
la división de poderes fue atemperada por el concepto de coordinación de poderes, esto
si no existe la actitud condescendiente de un debate honesto, sincero y serio, puede
convertir que la coordinación se convierta en un elemento de rezago y de enfrentamiento.
Coincidimos con el diagnóstico de que son muchas las agresiones
que vive la sociedad, que son muchas las agresiones que viven las instituciones
democráticas, pero poco se contribuye a distender ese ambiente de tensión, generando un
encono inútil, generando mediante una agresión verbal un enfrentamiento que lo único
que propicia es aumentar esa tensión que creo que en nada beneficia al bien de las
decisiones.
Son muchas y muy complejas las decisiones que debemos de tomar,
pero si no partimos de la tolerancia y del reconocimiento del contrario y del
planteamiento del contrario, seremos entonces no parte de la solución sino parte del
problema.
Quiero concluir señalando aquel pensamiento de que entre el
Congreso y el Poder Ejecutivo, entre la pluralidad de este Congreso y ente la sociedad
plural del país, debemos aplicar que en lo fundamental debe haber unidad, en lo
accidental libertad y en todo, absolutamente en todo, tolerancia.
Muchas gracias.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias
ciudadano diputado.
Sobre el mismo tema se concede el uso de la palabra al diputado
Rafael Rodríguez Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
EL C. DIP. RAFAEL RODRÍGUEZ BARRERA: Muchas gracias
Presidenta.
Con su permiso, compañeras y compañeros diputados.
Por primera vez en lo que llevamos en el ejercicio de esta
Legislatura, todos los compañeros diputados que han desfilado por esta tribuna, hemos
coincidido plenamente en el sentido de defensa a esta institución, el Congreso, y
particularmente a esta Cámara, lo cual es sumamente venturoso para el destino de nuestra
nación, porque la sabiduría de la humanidad a lo largo de los siglos fue construyendo
sistemas de gobierno distintos en búsqueda de la mejor condición para la vida del hombre
y dentro de ellos, aquellos sistemas en los que priva la división de poderes, destacaron
y permitieron que los pueblos se desarrollaran plenamente, porque evitaron que el poder
público se concentrara en un solo individuo o en una sola institución y dieron
históricamente una batalla contra las tiranías y las dictaduras.
Y es que el equilibrio de poderes es un valor jurídico que
garantiza el ejercicio de las libertades y ese es el sistema en el que vivimos y hay que
cuidarlo, porque en equilibrio entre poderes permite el más pleno ejercicio de esas
libertades y por eso coincidimos todos en la defensa de ese equilibrio y también en la
defensa de la validez de nuestro sistema legislativo que es muy sabio y al que no se le
debe afrentar porque la tarea legislativa en México es la que permitió que se
construyera el andamiaje jurídico merced al cual vivimos hoy en una democracia plena y
con claro ejercicio de todos nuestros derechos.
Por esa razón nos ofende el agravio, nos ofende que se
califique al Congreso negativamente; nunca se habían visto calificativos de tal
naturaleza que nos lleven hasta la paradoja de considerarnos, por una parte, como un
conjunto de legisladores que actúan y trabajan al vapor con excesiva premura y por otra,
que nuestra tarea es lenta y tediosa.
Por el contrario, en el Congreso trabajamos con un profundo
sentido de responsabilidad, buscando el consenso, el consentimiento racional, procurando
el acuerdo y al mismo tiempo teniendo que rechazar la imposición, la amenaza o el
conformismo y una dialéctica que va en contra de nuestra realidad.
El Congreso como la ley es la expresión de la voluntad popular
y general de la nación, es una voluntad de decisión de vivir en la libertad y la primera
de ellas es la libertad de pensamiento, por eso es tan importante que preservemos y
defendamos la vida de nuestra Cámara.
A nosotros como grupo parlamentario nos importa y nos compromete
a hacer de esta Cámara el centro de la política de conciliación y del acuerdo y más
nos preocupa tomar decisiones que conviertan a nuestra sociedad en una sociedad
precisamente de consenso, fundados en la justicia y en la democracia.
Nuestro grupo parlamentario en la Cámara defendemos todos los
días nuestros puntos de vista, es cierto que vivimos una etapa en la que el cambio de
signos en la Presidencia de la República marcó confrontaciones ideológicas, las hay
entre mi partido y el gobierno pero nadie puede negar que el respeto del priísmo a la
decisión electoral abrió las puertas a la nueva Administración para que actuara sin
conflictos políticos (aplausos) y también es cierto que aquí la bancada priísta
resiste embates defendiendo sus puntos de vista pero lo hacemos en el marco de la ley y en
el ejercicio del más valioso de nuestros derechos, el de la libertad de expresión.
Por eso cuando recibimos mensajes para apremiar nuestra tarea,
para variar el sentido de nuestra ideología, pedimos respeto a los demás Poderes y
particularmente al Ejecutivo, aquí la bancada priísta es respetuosa y constructiva, por
eso han salido tantos proyectos presentados por el Ejecutivo Federal, no se diga que somos
un obstáculo ni que somos un valladar para la marcha de la República y sin embargo todos
los días estamos escuchando ese llamado a cumplir nuestra tarea, a sacar los proyectos
del Ejecutivo porque de otra manera el país no va a marchar.
Y nosotros decimos, que es saludable para la nación que esta
Cámara ejerza su derecho de revisión de los proyectos del Ejecutivo, porque por la
composición de esta Cámara está en ella representado el gran mosaico de nuestra nación
y ese mosaico tiene que hacer oír sus puntos de vista para que los proyectos se
conviertan en leyes para bien de la nación.
Y quiero expresar aquí, que tenemos plena solidaridad con la
libertad de prensa y con la misión incluso crítica de los medios, porque sin ella no
existiría democracia ni régimen republicano.
Esta Cámara no le teme a ninguna libertad, con esa libertad
haremos el cambio que exige el México de hoy pero haciendo valer los puntos de vista que
nos da la propia ciudadanía.
Pueden tener la certeza de que con esas ideas seguiremos a la
vista de los medios y de la nación construyendo la vida de nuestro país.
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
El ciudadano Gustavo Riojas, del Partido de la Sociedad
Nacionalista.
EL C. DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias ciudadana
Presidenta.
En este punto de acuerdo, el Partido de la Sociedad Nacionalista
quiere unir su voto a favor porque yo creo que es necesario retomar el posicionamiento, la
fuerza y sobre todo la jerarquía y la investidura que tiene este poder.
Nosotros creemos que independientemente de la libertad de
expresión, que independientemente de que después de este cambio que muchos millones de
mexicanos deseábamos, existen excesos que muchas veces no se quiere desde esta tribuna
señalar.
Para nosotros nos queda claro que los medios de información
deben distinguir entre opinión e información. Para nosotros nos queda claro que los
medios de comunicación tienen que tomar su responsabilidad histórica en esta transición
democrática.
Los señalamientos que se hacen a través de diferentes medios,
no se distingue si son a través de una investigación, si son a través de información
que tienen o si simple y sencillamente es porque se les ocurrió y están dando algún
refrito de noticias que ni siquiera han podido investigar.
Una cosa es el respeto a la prensa, que por supuesto el Partido
de la Sociedad Nacionalista detiene y otra muy diferente el temor. Nosotros nos hemos
concebido como un partido en el cual, independientemente de los errores, de las fallas, de
las carencias, que pudiéramos tener, creo que hemos aportado nuestro mejor esfuerzo;
hemos estado dentro de las comisiones y hemos visto y vivido realmente el trabajo de todos
y cada uno de nuestros compañeros.
Dicen que alabanza en boca propia es vituperio, pero de alguna
otra manera se tiene que plantear nuestro posicionamiento y que se sepa también que al
menos si se quiere hablar de un tema, lo más responsable y lo más decente es primero
saber de él.
Yo estoy de acuerdo en que exista una total y abierta libertad
de expresión en los medios de comunicación, así como a nosotros nos es permitido
expresar constitucionalmente nuestras ideas sin que seamos requeridos por ellos, yo creo
que también la responsabilidad que ha mostrado este Congreso de la Unión va más allá,
va más allá de lo que antiguamente se hacía.
Y en este sentido, reiteramos, reiteramos el Partido de la
Sociedad Nacionalista, que debemos de hacer un gran llamado a todos los mexicanos y las
mexicanas para que juntos podamos determinar los límites y las fronteras de las
responsabilidades de cada uno de nosotros.
Que quede claro, que quede bien especificado, solicitaremos
también a la Presidencia como representante de esta Cámara de Diputados, para que las
denuncias y los señalamientos que se hagan a miembros de esta Cámara sean totalmente
investigados, que sean profundamente investigados, que si se tienen pruebas se llegue
hasta las últimas consecuencias, independientemente de la investidura que tenemos, pero
que si nada más son inventos o son señalamientos de gente frustrada, amargada, que
quiere llamar la atención, también que se les aplique la Ley de Responsabilidades en
este sentido.
Nosotros apoyamos este punto de acuerdo y ojalá que juntos los
500 diputados podamos unirnos como una gran familia, no para defender el honor manchado o
no para defendernos porque nos están atacando, simple y sencillamente para hacer
prevalecer la ley y la ley es justicia y la ley es honestidad y la ley es para todos,
diputados o no, medios de comunicación o no, presidentes de la república o no.
En ese sentido nosotros aprobaríamos este punto de acuerdo.
Por su atención, muchas gracias, compañeros.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. PRESIDENTA: Para continuar con el orden del día, dado
que ya fue turnado el punto de acuerdo de origen de este interesante debate a la Junta de
Coordinación Política concedemos el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias,
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto
de acuerdo, para revisar la política presupuestal de la Secretaría de Salud para el
Estado de Oaxaca.
LA C. DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS: Con su permiso, señora
Presidenta.
Me permito subir a esta alta tribuna de la nación para
denunciar una situación que golpea una vez más al Estado de Oaxaca.
Considerando que Oaxaca tiene 570 municipios y una población de
3 millones 500 mil habitantes, las cifras son impresionantes.
Si pasamos a los números relativos a salud y sanidad, son muy
escasos los servicios que se pueden brindar, muy pocos los recursos. Que del total de esta
población distribuida en regiones geográficas sumamente abruptas y algunas con una
vialidad difícil, sólo 950 mil cuentan con cobertura de servicios médicos, entre el
Seguro Social, ISSSTE, PEMEX; Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de
Marina, según los datos del INEGI. A esta cifra tendríamos que agregar los muy pocos que
están en condiciones de obtener servicios médicos privados.
Que la Secretaría de Salud del gobierno del estado elaboró un
documento para presentar las necesidades del ejercicio presupuestal para el año 2002 en
el que establecen asignaciones mínimas para gastos de operación, no estamos hablando de
montos necesarios para operar bien, sino de montos mínimos.
Que por gastos de operación se entienden medicamentos, material
de curación, equipo médico, de laboratorio y electromecánico. Fueron dejados de lado
por incosteables los presupuestos para brindar adecuado mantenimiento a instalaciones como
equipos con 20 años de servicio o más de urgente reemplazo a la fecha.
Que mediante un comunicado emitido por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público se da a conocer que el techo presupuestal autorizado para el
ejercicio 2002 asignado a los servicios de salud de Oaxaca, muestra un decremento
importante, contrastando con una población creciente y la incorporación de nuevas
unidades de atención.
Que la Secretaría de Salud del gobierno del estado cuenta en el
presente ejercicio con un presupuesto general autorizado, partida que ha sufrido un
decremento del 3 por ciento, y lo que es más grave, los gastos de operación han tenido
un recorte del 26 por ciento.
Que no es posible que se pretenda que la atención médica sea,
no ya digna, sino medianamente aceptable, con presupuestos que no permiten la adquisición
de materiales básicos o el mantenimiento de las ya obsoletas instalaciones o equipos.
Que nos enfrentamos a un proyecto de país que no percibe la
realidad de sus habitantes, que ignora a sus pobres, a sus enfermos, que cree que las
necesidades básicas de la población no son obligación del Estado.
Que estamos padeciendo un gobierno que cree y vive para el poder
de las imágenes, de la presencia en los medios, gastando 12 y medio millones de pesos
diarios en el cultivo fetichista de sus personas, olvidando al pueblo a quien debe servir,
al que serviría si con esos millones diarios se construyeran escuelas, centros de salud,
carreteras.
Que necesita este país que sus gobernantes asuman el compromiso
con las atribuciones y obligaciones que la Constitución y las leyes les confieren y les
obligan.
Que vivimos en un país mayoritariamente de pobres, de muy
pobres. La tendencia de que la riqueza pública beneficie más al rico que al pobre debe
ser neutralizada por actos políticos decididos a conciencia, dirigidos a una población
que necesita ser libre, libre de miseria, libre de necesidades, libre de temores y de
paternalismos ofensivos.
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone en el artículo 4º que toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta
Constitución.
Que dicha fracción establece que el Congreso de la Unión tiene
facultad para dictar leyes sobre salubridad general de la República. Que muy
contrariamente a lo dispuesto en nuestra Constitución, la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público restringe presupuestalmente la operación de los servicios de salud
haciendo imposible la efectividad de derecho a la salud de toda persona consagrado en su
artículo 4º.
Que esta soberanía debe resguardar el estricto respeto a las
disposiciones de nuestra Carta Magna, no permitiendo que consideraciones administrativas
emitidas con criterio distorsionado eviten hacer efectivas las garantías que en ella se
establecen.
Que no se justifica de ninguna manera la inequitativa
distribución que se pretende hacer de los recursos presupuestales, los cuales deben ser
distribuidos teniendo en cuenta las prioridades necesarias para un sano y equitativo
desarrollo social.
Que de acuerdo al artículo 74 de la Constitución, es facultad
exclusiva de esta Honorable Cámara de Diputados el examen, discusión y aprobación anual
del Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a
su juicio deben decretarse para cubrirlo.
Que ante la situación planteada por la resolución de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto al Presupuesto de la Secretaría
de Salud del estado de Oaxaca, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo:
Que la Comisión de Programación y Presupuesto de esta
Honorable Cámara de Diputados asuma la responsabilidad de atender prioritariamente, de
acuerdo al mandato constitucional, la política social, que garantice, dentro del marco
presupuestal, la protección de la salud de los mexicanos, especialmente de los más
pobres que están en condiciones de desigualdad, para lograr el acceso a servicios de
salubridad acordes a la dignidad de las personas.
Este punto de acuerdo está firmado por los diputados de Oaxaca,
Lilia Mendoza, Bulmaro Rito Salinas, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto, José
Soto, Trejo González y 80 diputados más de diferentes fracciones parlamentarias del
Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Irma Piñeyro.
El tema es de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
¿Desea usted que también se turne a otra comisión además de Presupuesto y Cuenta
Pública? Únicamente. Muy bien.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
En el mismo tema se le concede la palabra al diputado Luis
Miguel Santibáñez García, del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional,
hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. LUIS MIGUEL SANTIBÁÑEZ GARCIA: Con el permiso
de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados: En el Grupo Parlamentario
de Acción Nacional, concordamos con el Punto de Acuerdo que presenta el Partido
Revolucionario Institucional; coincidimos en que en Oaxaca hacen falta mayores recursos
para combatir los rezagos existentes, no sólo en materia de salud, sino en un amplio
número de rubros. Pero no podemos esta de acuerdo en solicitar indiscriminadamente el
aumento de recursos cuando las cuentas no han sido debidamente entregadas y está en duda
el buen desempeño de las dos pasadas administraciones de la Secretaría de Salud del
estado.
Desafortunadamente Oaxaca mantiene en su Secretaría de Salud un
número muy alto de empleados administrativos, es decir, de burócratas, contra una
proporción muy baja de personal médico La corrupción impera en el Sector Salud del
estado de Oaxaca, es más, en el Órgano Superior de Fiscalización de esta soberanía
existe una denuncia en contra de un ex Secretario de Salud del estado y al momento no hay
dictamen en torno a dicha denuncia.
Proponemos que se revise el estado que guarda la utilización de
los recursos que se han entregado al gobierno del estado para ese ejercicio 2001, cuando
se ha asignado un monto de 90 millones de pesos para la construcción de un hospital y a
la fecha no se ha colocado ni la primera piedra.
Para ilustrar aún más mi dicho, debo mencionar que hasta la
fecha no ha sido entregada la Cuenta Pública del año 99 por el pasado Secretario de
Salud Héctor Matus, quien ha recibido como premio, la Presidencia Municipal de Juchitán
de Zaragoza.
Estamos de acuerdo en la necesidad y de la misma manera podremos
sumarnos a la idea central del Punto de Acuerdo presentado por el PRI siempre y cuando se
revisen los estados financieros de los recursos manejados por dicha entidad, no sólo en
el papel, sino sea revisada físicamente la infraestructura que se ha edificado durante
los últimos años. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Luis Miguel
Santibañez García. En el mismo tema tiene la palabra el diputado Efrén Leyva Acevedo,
del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Con su permiso, señor
Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Sin duda el tema de la salud es
un tema que a todos nos interesa y que habremos de estar de acuerdo en este punto
presentado por la compañera diputada de Oaxaca, Irma Piñeyro.
Las condiciones de estados como Oaxaca requieren una atención
especial por su marginación, por su atraso y por su falta de atención en la prioridad
que requiere ante la dispersión de la población que existe en esa entidad.
Estamos de acuerdo en que se haga una revisión puntual a los
recursos que deben destinarse hacia la atención de la salud. Signamos en todas sus partes
este Punto de Acuerdo porque del estado donde provenimos nosotros, del estado de Guerrero,
un estado con iguales condiciones de marginación, un estado con similares condiciones de
dispersión, también ha sido objeto en las últimas fechas de recortes considerables a
diversos rubros, no tan sólo en la educación.
A la fecha el estado de Guerrero, en estos dos recortes
anteriores sin conocer exactamente cómo nos corresponderá este tercero anunciado apenas
anteayer por el Ejecutivo Federal, al estado de Guerrero le han hecho un recorte de casi
500 millones de pesos y sobre todo a áreas prioritarias como son la salud, la educación,
la vivienda y la alimentación.
No puede ser posible que se tase a todas las entidades de la
misma manera, cuando entidades como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, entre otras,
tenemos un grado de marginación mucho más alto.
Todavía no podemos decir aquí y estarnos festinando de que las
acciones que hemos realizado los legisladores, han sido observadas a cabalidad por el
Ejecutivo Federal. Hay aprobaciones que hemos realizado en los presupuestos, sobre todo
para el 2000, donde casi 75 centavos de cada peso, son invertidos simplemente en gasto
corriente, cuando sólo 25 centavos se destinan a la inversión.
Esta inversión que requiere sobre todo, el construir más y
mejores centros de salud, el construir más y mejores escuelas, el tener mejores
condiciones de vivienda para millones de mexicanos, que están todavía en un extremo
grado de marginación.
Por ello, hoy, como gerrerenses, como mexicanos, preocupados
realmente por este alto índice de marginación que aun vivimos, venimos a reiterar a
nuestro apoyo a este Punto de Acuerdo presentado por la diputación oaxaqueña,
sumándonos a él, y estaremos muy pendientes y muy atentos, que en la presentación de
este nuevo proyecto de presupuesto de egresos, que habrá de presentarse en breve ante
este Congreso, habremos de estar muy atentos y muy pendientes, de que estos rubros de
salud, de educación y vivienda, para estas entidades, tengan una mayor inversión, y
sobre todo que estemos muy observantes de que esto se cumpla a cabalidad y no se sigan
ejerciendo estos recortes, que más que un recorte para ahorro o para evitar una caída o
un colapso económico, nos da la impresión de que es un disfraz hacia el subejercicio,
que estamos seguros está ocultando el gobierno federal. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, diputado Efrén
Leyva Acevedo.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para expresar el Punto de Acuerdo en relación a la situación
cañera, se le concede el uso de la palabra al diputado Arturo Herviz Reyes, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIPUTADO ARTURO HERVIZ REYES: Con el permiso de la
presidencia. Compañeros y compañeras diputados. El suscrito diputado integrante del
Grupo Parlamentario del PRD y secretario de la Comisión Especial de la Industria de la
Caña de Azúcar, con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento Interno para el
Gobierno del Congreso, acudo ante esta tribuna para proponer el siguiente Punto de
Acuerdo.
C O N S I D E R A C I O N E S
Después de las movilizaciones y protestas de los productores de
caña de azúcar de la capital del país y en los diferentes estados productores de caña,
el gobierno federal y los propietarios de los ingenios, deberán de terminar de liquidar
en la presente semana, el total de los pasivos de las zafras, que le adeudan a los
productores de caña.
En este mismo sentido, la política del sector agropecuario de
la actual administración, parece no entender la crisis de la industria de la caña de
azúcar, pues a casi dos meses de haberse expropiado los 27 ingenios, que producen el 50%
del azúcar nacional, no se dan pasos concretos para atender y resolver este grave
problema, que se agudizará en los próximos años, si no revertimos las políticas
públicas, aplicadas equivocadamente al sector azucarero.
El pasado 22 de octubre la Organización Mundial del Comercio,
resolvió la controversia y le dio la razón al gobierno de los Estados Unidos, en el
conflicto con México en torno al comercio de la alta fructuosa. Ante la delicada
resolución, el gobierno de Vicente Fox, y concretamente los responsables del gabinete
económico, no han dado un pronunciamiento claro, que obligue al gobierno de Washington, a
cumplir los acuerdos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en materia de la
industria de la caña de azúcar.
Después de este duro golpe, que sufrirá la agroindustria de la
caña de azúcar, en un conflicto que duró casi cuatro años, cuyo fallo reconoce que no
existe dumping en las 235 mil toneladas de azúcar anuales que se importan del jarabe de
maíz de alta fructosa.
El gobierno mexicano, ante la determinación de la Organización
Mundial del Comercio, debería negociar los términos para ejecutar la resolución. El
primer paso de la negociación para aplicar la ejecución de la Organización Mundial del
Comercio, es que el gobierno de los Estados Unidos cumpla con los compromisos en materia
de endulzocolorantes en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y
que acepte los excedentes de azúcar mexicana en su mercado, como lo establece
originalmente dicho Tratado.
Pasando a otro punto, los criterios aplicados en la
expropiación de los ingenios parecen seguir el mecanismo engañoso de proteger al Sector
de la Agroindustria, rescatar para beneficiar a los grupos que monopolizan el mercado de
la caña de azúcar.
Esta ha sido la política que dominó en el siglo pasado al
Sector con los recursos de los contribuyentes se han utilizado para rescatar la
producción azucarera; así el gobierno de Luis Echeverría, intervino e hizo que el
Estado fuese más allá del control para asumirse como productor directo de azúcar,
llegando a ser el principal elaborador del producto a mediados de los 70´s. Este
salvamento lo aprovechó la administración salinista para privatizarlos y venderlos a
grupos financieros inexpertos. Nuevamente el gobierno de Fox los interviene y todo
parece indicar que seguirá el gobierno federal el mismo camino
que antes. Esperamos que no sea así.
El Gobierno Federal, casi a dos meses de la expropiación, no ha
nombrado aún su administrador. La Comisión Especial de la Agroindustria de la Caña de
Azúcar de la Cámara de Diputados, deberá llamarlo a comparecer para que nos explique en
la Comisión los criterios y las políticas que se aplicarán en los ingenios.
En este sentido, la Comisión Especial de la Agroindustria
Azucarera, deberá de vigilar y evaluar las políticas que se estén aplicando al Sector,
así como también le dé seguimiento a todo el proceso administrativo que llevará a la
próxima desincorporación de los ingenios. Con esto se evitará repetir los viejos vicios
de vender o regalar a sus cuates y para que los mismos no se les asignen a los empresarios
que desconocen el Sector Azucarero.
Por todo lo antes expuesto y fundado, proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que se cite a comparecer al Secretario de Economía,
doctor Luis Ernesto Derbez, para que explique cómo el gobierno federal habrá de
enfrentar los términos para ejecutar la resolución de la Organización Mundial del
Comercio contra México en la controversia sobre la alta fructosa y cómo hacer valer el
Tratado de Libre Comercio con América del Norte en su texto
original para poder exportar todos los excedentes de azúcar.
Segundo. Que se cite a comparecer ante la Comisión Especial de
la Agroindustria Azucarera, al nuevo administrador de los 27 ingenios expropiados por la
incertidumbre que existe en el campo cañeo del país, y para que informe sobre las
políticas que habrán de aplicarse para reorganizar y resolver la profunda crisis por la
que atraviesa el Sector Azucarero en el país, así como también de dar a conocer el
nombramiento de los administradores o gerentes de los ingenios, porque deben tener
experiencia dentro de la rama de la administración azucarera, en virtud de que no se
puede seguir experimentando con personas que desconozcan el Sector de la Agroindustria de
la Caña de Azúcar, en detrimento de los productores; pero tampoco ratificar a gerentes
que hayan sido culpables de la situación en que se encuentran los cañeros en el país.
Pedimos a esta Presidencia que ponga a consideración del pleno
el siguiente punto de acuerdo como de urgente resolución, dado que la zafra empieza en el
mes de noviembre o sea en este mes y el Gobierno Federal tiene hasta el 23 de noviembre
para decidir cómo atenderá el Resolutivo de la Organización Mundial de Comercio; si
aceptará la decisión y devolverá las cuotas compensatorias que impuso desde el 98 o
recalculará el daño que ocasionaron éstas a la industria azucarera en México.
Es cuanto señora presidenta.
PRESIDENTA: Diputado, le informo que en las nota que la
Junta de Coordinación Política transmite a esta mesa directiva, el punto no estaba
considerado como de urgente y obvia resolución. Cuestión que podemos resolver
sometiéndolo al Pleno en ese sentido. Pero déjeme hacer le una consulta. El trámite que
pensábamos darle era turnarlo a la Comisión Especial de la Industria Azucarera de
México. Y en ese sentido, al ser turnado a una comisión en donde usted forma parte y la
mayoría de los miembros están de acuerdo con el planteamiento que presenta,
probablemente la propia comisión pueda acordarlo de manera inmediata. Si usted desea que
lo sometamos de urgente y obvia resolución, lo haré porque está en todo su derecho y en
ese caso le corresponderá al Pleno determinar cuál es la tramitación. Pero
probablemente dada la naturaleza de las propuestas que tiene, la propia Comisión de la
Agroindustria Azucarera lo pueda resolver.
DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Consideramos que se turne a la
Comisión Especial. La mayoría de los miembros de esta comisión estamos signando este
Punto de Acuerdo, lo signamos diputados del PRD, del PRI, del PAN, de Convergencia,
también del PT y creo que estamos representados todos en la comisión. Por lo tanto,
aceptamos la sugerencia.
PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera
de México.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasamos al capítulo de Agenda Política, habida cuenta que
varios puntos de acuerdo fueron, a solicitud de sus proponentes, pospuestos para otra
sesión.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En ese sentido se ofrece el uso de la palabra al diputado
Eduardo Alvarado García, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hacer
comentarios sobre el fuero de los legisladores, hasta por 10 minutos.
DIP. EDUARDO ALVARADO GARCIA: con su permiso diputada
presidenta; compañeros diputados:
La Constitución nos otorga a nosotros como diputados del
Congreso de la Unión, la protección normativa que impide que durante el desempeño de
nuestras funciones pudiéramos ser acusados por la comisión de ciertos delitos o
molestados por ciertas conductas. De ninguna manera se trata de privilegios personales
porque éstos se encuentran prohibidos en el artículo 13 constitucional. Es en realidad
una protección al desempeño del cargo público que tampoco se traduce en impunidad ya
que al dejar el servicio público los servidores públicos, entre ellos nosotros, podemos
ser sujetos a los procesos que correspondan según la falta cometida.
Además, de conformidad con lo que dispone el artículo 111
constitucional, tampoco podemos ser sometidos a procesos penales durante el tiempo de
nuestro encargo. Para ello, se requiere que previamente esta Cámara de Diputados declare
por mayoría absoluta de sus miembros, si ha o no ha lugar a proceso contra el inculpado.
Señores legisladores: en relación a estos puntos, me permito
narrar los hechos que en agravio de un servidor y del fuero constitucional que recae sobre
mi persona, sucedieron en la ciudad de Santa Engracia, Tamaulipas a raíz de las
elecciones pasadas del 7 de octubre.
Quiero decirles que me encontraba en esta ciudad de Tamaulipas,
vigilando que las elecciones fueran limpias; que el proceso democrático fuera ejemplar
para todo los tamaulipecos .
Encontré personas que estaban coartando la voluntad del pueblo.
Quise decirles a ellos que esto que hacían no estaba apegado a
derecho, quise dialogar con ellos y quise hacerles entender que no se podía coartar la
voluntad del pueblo tamaulipeco, que no se podría practicar ningún acto en contra de la
democracia.
Sin embargo, éstos llamaron a la autoridad municipal, donde
sufrí el secuestro, se puede decir el secuestro, por parte de éstos.
Quiero decirles, compañeros diputados, que por un espacio de 6
horas permanecí hincado y esposado y por distintas ocasiones con gas lacrimógeno
torturado en el rostro de un servidor, hasta terminar con el contenido de dicho frasco.
Se me dejó de advertencia que en Tamaulipas no manda ningún
diputado federal ni ningún fuero constitucional ni se hace valer nada de esto. Se me
dejó en claro que en Tamaulipas manda Tomás Yarrington Rubalcaba, el Gobernador de este
estado, y que solamente se hace su voluntad.
Por si fuera poco, compañeros diputados, se comete el delito
sobre el delito. Una vez que terminaron la tortura con un servidor, al otro día desataron
la maquinaria publicitaria del Gobierno del Estado para hacerme víctima ahora del delito
de calumnia, inventando comedias que no han podido probar ni sustentar jurídicamente para
poder degradar mi imagen y para poder, en este caso, pisotear el fuero constitucional que
recae sobre mi persona y sobre todos ustedes, compañeros diputados.
A todos mis compañeros diputados les pido la solidaridad
necesaria. A todos mis compañeros diputados les pido que, por el respeto a ese fuero que
recae sobre ustedes, se solidaricen con un servidor. A los mismos diputados del partido al
que pertenece el Gobierno de Tamaulipas, toda vez que a ellos también les afecta la
actitud del representante que tienen en este estado.
Pido la solidaridad a todos ustedes. Es cuanto, Señora
Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano Diputado.
Sobre el tema ha solicitado hacer uso de la palabra, en el marco
de la agenda política de debate, el Diputado Enrique Garza Tamez, hasta por 10 minutos,
considerando que está registrado en el marco del debate de agenda política.
EL C. ENRIQUE GARZA TAMEZ: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable asamblea legislativa: la diputación tamaulipeca, por mi conducto, expresa
respetuosa pero enérgicamente su rechazo al intento de presentar ante esta soberanía
supuestos hechos que así planteados lesionan la imagen de legalidad y de pleno derecho
que prevacele en la entidad.
Es lamentable que tras el binomio autoridad-fuero constitucional
se oculten conductas que sólo logran pervertir el sentido genuino de la prerrogativa que
confieren los artículos 61 y 111 de la Carta Magna.
En el primero se indica claramente la inviolabilidad de los
diputados y senadores por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos.
Estoy seguro que la directiva de la Cámara hubiera actuado en consecuencia si esta
situación hubiera ocurrido en la persona de cualquiera de los integrantes de esta
soberanía.
Lo que ha motivado a un compañero diputado tamaulipeco a
presentar su caso personal y aislado debería ser revisado con seriedad por su bancada
para evitar incurrir en un acto de simulación que a todos nos lastima, pero sobre todo a
los tamaulipecos.
No es justificable asumirse víctima de actos de autoridad y
manifestar vulnerado su fuero quien, en una acción más cercana al vandalismo que al
ejercicio de la función y a la expresión de sus opiniones, utiliza un arma de fuego;
sí, un arma de fuego y agrede a un ciudadano.
Ahí están las actas. La denuncia pública presentada por el
agredido. Los informes de las autoridades municipales, estatales e incluso federales, en
los que se asienta en qué consistió el presunto abuso de autoridad; que no fuera otra
cosa sino evitar que la agresión y el uso de armas de fuego de parte del legislador
derivaran en una desgracia.
Se falta a la verdad, no solo porque se evita decir que la
autoridad no debe abstenerse de actuar ante denuncia expresa e incluso sin ésta cuando un
ciudadano, legislador o no, incurra en un delito o ponga en riesgo la seguridad de
terceros.
El sometimiento al orden es un paso necesario y obligado y no
implica necesariamente sujeción a proceso penal. Hay que dejar claro que aún habiendo
sido conminado al orden opuso resistencia y aún más: una vez establecida su identidad y
en respeto a su fuero, el legislador en dos actos subsecuentes hizo públicas sus
opiniones, nuevamente utilizando su arma.
El fuero, protección extraordinaria, bajo una utilización poco
ética puede derivar fácilmente en impunidad, en divisa para delinquir, olvidando que el
mecanismo de declaración de procedencia que establece la Constitución solo otorga
protección procesal cuando se intenta inculpar o juzgar por delitos, pero no concede
inmunidad total, solo establece que la autoridad puede ejercer acción penal contra
cualquiera de nosotros y para eso se requeriría previamente la declaración de
procedencia de esta soberanía.
Quiero decirle a mi compañero legislador y paisano que si
estuviese acreditado su dicho en forma legal y transparente, esta intervención sería
para rechazar cualquier pretensión autoritaria de imputarle delitos no cometidos. El caso
es que ocurro a esta tribuna para impedir que prospere la idea de presentar a Tamaulipas
como un estado donde se violentan derechos y prerrogativas de la población y
particularmente el fuero constitucional.
Por supuesto no es el caso de extender la idea de que las
policías en sí mismas son eventualmente proclives al abuso y a la impunidad. Por lo
demás, ofrezco un dato de contexto: la situación en que se vio involucrado el compañero
legislador tiene qué ver, como él mismo lo ha dicho, con un proceso electoral de orden
estatal: a dos días antes de las votaciones en la cual, por cierto, personas allegadas
suyas, contendían por un cargo de elección popular. Las descargas del arma de fuego, en
todo caso, eran las opiniones y el recurso propagandístico que, entendemos, tenía deseos
de expresar en favor de las candidaturas de su partido. Pero francamente el fuero no da
para tanto.
Nos solidarizamos sí por el respeto al fuero constitucional,
pero nunca para utilizar este instrumento jurídico para acciones que no dignifican la
función legislativa ni el servicio público.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA, BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Ha
solicitado hacer uso de la palabra sobre el mismo tema, el diputado David Sotelo .
Diputado Sotelo antes el ciudadano diputado Eduardo Alvarado García nos está solicitando
la palabra, para alusiones, hasta por cinco minutos.
Tiene la palabra diputado Alvarado.
EL C. DIP. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA: Solamente quiero
decirle al diputado que me antecedió en la palabra, que de ninguna manera es una
simulación. Este secuestro y esta tortura la sufrieron seis simpatizantes más del
Partido Acción Nacional, quienes tienen ya su testimonial ante la Procuraduría General
de la República bien sustentada.
Quiero decirles también que todo obra en autos en el expediente
251 del 2001. Quiero decirles también que por perito de la misma Procuraduría y a
solicitud de un servidor, se me aplicó prueba de radiosonato, misma que salió negativa y
aquí en este momento traigo el dictamen médico que en ese momento me aplicara el doctor
que estaba a disposición de la Policía Preventiva Municipal, mismo que recalca que estoy
sobrio, en mis cinco sentidos y también dice los grados de tortura; aquí especifica
claramente las consecuencias físicas de la tortura que sufrió un servidor.
Quiero decirle, diputado Garza Támez, con todo respeto, que
tiene usted todo el derecho de defenderse, puede defender lo que usted quiera y cuantas
veces quiera, más aquí las cosas se prueban, yo las estoy probando, las he probado
jurídicamente y quiero decirle que en esta tribuna no valen las artimañas que se
utilizan en Tamaulipas, ni los trucos de publicidad que allá suelen hacer. En esta
tribuna se viene a hablar con la verdad porque se viene a hablarle al pueblo de México.
¡Lo exhorto a que se conduzca con la verdad y si los hechos no le constan, absténgase
mejor de opinar en una cosa que ni siquiera usted tiene conocimiento, ni el jurídico, ni
el moral, porque no le constan!
Muchas gracias. Es cuanto señora Presidenta.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias
ciudadano diputado.
Tiene la palabra el diputado Enrique Garza Támez, para
alusiones, hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. ENRIQUE GARZA TAMEZ: Con el permiso de la
Presidencia.
Señoras y señores Legisladores: Si de pruebas hablamos quiero
exhibir las que obran en mi poder y consisten en documentales que han sido formuladas por
autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad pública.
Hay, por una parte, un informe que presentan las autoridades
municipales, las autoridades ministeriales del Estado e inclusive autoridades de la
Procuraduría General de la República, en la cual, entre otras cosas, se cita que
intervinieron por parte de las autoridades de la Procuraduría General de la República al
llamado que mediante un teléfono celular hiciera el legislador para que acudieran a
ayudarle en ese trance. Y es así como se señala en este documental, que a las
autoridades federales, autoridades de la Procuraduría General de la República, los
funcionarios Gerardo Soto Gálvez y Víctor Manuel Acosta Torres, fue entregada el arma de
fuego, de la cual se cita la marca y la matrícula y también un vehículo que conducía
el legislador acompañado de algunos de sus amigos, vehículo que por cierto no portaba la
matrícula de circulación, lo cual es evidentemente una infracción también a las leyes
locales.
Pero más allá de las documentales que ha pedido y que he
mostrado, también está el testimonio que fue publicado en los periódicos de la
localidad y de la región centro del estado, así como la profusión de noticias que se
difundieron a través de la televisión y de la radio al día siguiente de que ocurrieron
los hechos.
El testimonio que ha dado la parte ofendida, el testimonio que
han dado los medios de comunicación, las documentales que han levantado autoridades
municipales, estatales y federales sobre este caso, están ahí.
La denuncia inclusive que presentara por estos hechos el
legislador ante autoridades federales, está siguiendo su curso. Pero hay algo por encima
de todo esto, la opinión que tienen nuestros representados, aquellos que hacen que con
sus contribuciones se sostengan órganos legislativos como el nuestro y que no merecen ni
con mucho la desatención, la descortesía y la actitud ofensiva y en su agravio por parte
de quienes hemos estado más obligados y lo estaremos , a respetar la ley.
Me apena mucho tener que acudir a esta tribuna a tratar este
asunto cuando hay asuntos seguramente de mayor importancia; no obstante ya está
ejerciendo su derecho, y ahí están las autoridades; finalmente, darán sus conclusiones
y finalmente se impartirá justicia para aquel a quien le corresponda.
Muchas gracias. (aplausos)
LA C. PRESIDENTA. Gracias. Procedo a darle la palabra al
diputado David Sotelo Rosas del grupo parlamentario del PRD sobre este tema.
EL C. DIPUTADO DAVID SOTELO ROSAS: muchas gracias ciudadana
Presidenta. Compañeros Diputados. Para el Partido de la Revolución Democrática el fuero
de un legislador no es asunto menor porque afecta a toda la Cámara y si me apuran, a todo
el Congreso y afecta precisamente la soberanía nacional.
Ya habíamos planteado el año pasado el grupo parlamentario del
PRD precisamente los atentados para violar el fuero tanto de una diputada de nuestro grupo
parlamentario como del grupo parlamentario de Acción Nacional en Tabasco.
Aquí hemos también venido a defender la inviolabilidad del
Recinto Parlamentario contra irrupciones que por más justas que sean sus demandas, han
sido violatorias del propio fuero constitucional.
No queremos pronunciarnos sobre hechos que no nos constan, pero
sí sobre las manifestaciones que el ciudadano Diputado de Acción Nacional has venido a
manifestar e n esta tribuna, En primer lugar es un legislador que tiene autoridad moral y
política de suyo, nosotros creemos su dicho y queremos solicitarle a la Presidencia, a la
Mesa Directiva y si lo tienen a bien a ustedes ciudadanos Diputados, que precisamente de
conformidad con lo que establece el Artículo 61 , 2º. Párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva, su Presidenta, dele es decir
cubra, proteja el fuero constitucional de un ciudadano diputado que ha venido con
autoridad política y moral y con valor civil a denunciar estas conductas que por demás
deben de ser condenadas por todos nosotros, independientemente del partido político al
que pertenezcamos tenemos que velar todos los diputados, a asegurar a todos los diputados,
a todos los senadores, por ese fuero constitucional que el pueblo de México nos ha dado.
Es grave lo que sucede en México y que está sucediendo, que
grupos oscuros, de muy oscuros intereses amenacen o traten de amedrentar a la población y
además a líderes de opinión y líderes que defienden los derechos humanos. Así
también como se quiere atentar contra estas personas, también se quiere atentar y violar
el fuero constitucional de un diputado, no esperemos a venir a esta tribuna a lamentar la
pérdida de la vida de algún diputado, sino que tengamos el valor, la firmeza y la
contundencia de única y exclusivamente velar porque se cumpla la ley, nadie por encima de
la ley, todos unidos bajo el imperio de esta.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Esta Presidencia estima de la mayor relevancia el debate que
aquí se ha dado y solicita atentamente al diputado interesado, nos ratifique de manera
directa su interés para que tengamos una intervención en torno al tema aquí
manifestado.
Esta Presidencia asume la preocupación aquí planteada y
estamos atentos a actuar en el cuidado estricto del fuero de cualquier individuo de la
Cámara, independientemente de su filiación política cumpliendo con nuestra obligación
constitucional.
EL C. DIP. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA: (DESDE LA CURUL)
Si voy a presentar un escrito… por escrito. …
LA C. PRESIDENTA: Bien diputado, nosotros estaremos atentos
de recibir su comunicación y registramos las características de este debate.
¿Si usted desea hacer uso de la palabra aún para hechos? Para
hechos, se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Alvarado García.
EL C. DIP. EDGAR EDUARDO ALVARADO GARCIA: Con su permiso
diputada Presidenta.
Quiero para hechos, nuevamente referirme al tema.
Es lógico y era de esperarse que trajeran sus recortes de
periódicos ya que estos les sirven a ustedes mismos, señor diputado. Todavía recuerdo
la semana pasada, cuando intentaba negociar con un servidor, que yo no interviniera aquí
en tribuna.
Pero bueno, también quiero decirle, quiero decirle señor
diputado, que lo que le dije hace un momento o no lo entendió, o no tiene la capacidad de
entenderlo. Le dije yo que las cosas se sustentaban jurídicamente… Muy bonito su
mensaje, muy coloquial, muy enarbolado, más no es eso lo que yo le estaba diciendo. Yo le
dije que probara jurídicamente y no lo han hecho.
En ninguna de las autoridades de Tamaulipas, el hecho de que
ustedes paguen a una persona para que denuncie no quiere decir que estén acreditando la
verdad y le voy a decir por qué. Porque la denuncia a la que usted hace referencia, se
trata compañeros legisladores, nada más y nada menos que el delegado… subdelegado
de la Policía Municipal de la región donde fui secuestrado.
Fíjense nada más. El subdelegado, empleado del mismo Gobierno
de Tamaulipas, del Gobierno Municipal, estaba coartando la voluntad popular y él mismo
dio la orden y él mismo maquinó todas estas cosas.
Yo no creo que haya sido por iniciativa propia, seguramente
ustedes señores diputados de Tamaulipas, saben muy bien de dónde salió esto.
Quiero decirle también que tenemos más pruebas y más
denuncias en contra de más funcionarios en Tamaulipas. No es el tema pero lo voy a tocar
ya que la situación lo amerita.
La elección en Tamaulipas, que constituyó un verdadero fraude,
es el meollo del asunto. Quisieron hacer las cosas tan bien que les salieron mal y les
salieron tan mal que secuestraron a un compañero de ustedes, a un diputado federal.
Quiero decirles también que si dicen que yo tenía una arma,
entonces porque no han logrado probarlo en la averiguación previa. No me estoy… y si
trajera el arma como ustedes dicen, que es una aberrante mentira, entonces por qué no
existe dicha arma. Si fui arrestado, sometido y torturado, ¿dónde está la dichosa arma?
Si bien es cierto sobre mi persona recae el fuero
constitucional, también es cierto que la portación de arma de fuego necesita un permiso
por una autoridad. Por lo tanto, no puede portar una arma de fuego ni siquiera un diputado
federal si no tiene su permiso correspondiente.
Que quede claro señor diputado. No es congruente lo que usted
acaba de decir.
A esta tribuna se viene a decir verdades y se viene a hablar con
congruencia.
Es cuanto, señora Presidenta.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Se concede el uso de la palabra al
diputado Enrique Garza Tamez para hechos, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO ENRIQUE GARZA TAMEZ: Gracias diputada
Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Es lamentable que después de una intervención tan afortunada
como la que aquí vino a presentar el diputado Sotelo y que también ante la voz de la
Presidencia de la Mesa Directiva acerca del tema, hubiera necesidad de volverse a hacer
uso de la tribuna para plantearse lo que aquí se ha planteado y si el trasfondo es el
asunto electoral quiero decir que en Tamaulipas en las pasadas elecciones del 7 de octubre
el PRI ganó y ganó bien, ganó 16 de los 19 distritos electorales y ganó la mayoría de
los ayuntamientos. Pero además, si hubiera cualquier duda al respecto de la limpieza de
las elecciones, ahí están los tribunales electorales, en las instancias locales y en la
instancia federal para que sean éstas autoridades legítimamente investidas de poder para
hacerlo, las que diriman las controversias.
Que lamentable es que se utilice la credencial de legislador
como un escudo protector para cometer atrocidades, finalmente también ahí están las
autoridades del fuero común y del ámbito federal para que determinen quien tiene la
razón o no en lo que se ha afirmado, porque hay una cosa que debemos de considerar, el
fuero para los diputados dura tres años, pero para el ciudadano que ha sido diputado, la
dignidad o la vergüenza dura para toda la vida.
De tal manera entonces, que quiero agotar esta intervención
afirmando con toda certeza de que invitar a alguien a la reflexión no es negociar como se
ha dicho, es simplemente en el plano de las ideas, en el plano de la formación
profesional y en el plano del ejercicio público, reflexionar acerca de la propia
conducta, pero finalmente ese es un asunto de conciencia personal.
Quede aquí asentado que ahí están las autoridades, para que
determinen quien en su dicho tiene la razón y si el trasfondo fuera electoral, que sean
también los tribunales los que determinen quién en las justas electorales ha ganado.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.
El diputado Alejandro Zapata, para hechos.
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Con su permiso,
diputada Presidenta.
Compañeros:
En principio cero que aquí se ha dado la máxima de que podemos
no coincidir con la forma de pensar de algunas otras personas, pero sin embargo hemos
estado dispuestos a dar la vida por respetar el derecho que tiene de decir lo que piensa y
eso es lo que se ha estado dando aquí, hay dos versiones, hay dos verdades, pero existe
un hecho irrefutable, un compañero nuestro que fue privado de su libertad en determinada
zona, en determinado lugar, gozando de un fuero, y no quiero entrar a la discusión de
todo lo que representa el fuero constitucional que finalmente no es una prerrogativa
especialísima de la persona o del individuo, sino del poder al que representa y para ello
ya desde hace muchos años ha existido un acuerdo legal, constitucional para los efectos
de que haya en ese sentido la no intervención entre un poder y otro.
Así pues, estando contemplado en nuestras leyes, yo quisiera
pedir a la Presidencia autorizar a la secretaría, para los efectos de ilustrar este
debate, se diera lectura a los artículos 61 constitucional y 22 de la Ley Orgánica que
nos rige.
LA PRESIDENTA: Solicito a la secretaría dé lectura al
artículo planteado.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Artículo 61 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Los diputados y senadores
son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás
podrán ser reconvenidos por ellas. El Presidente de cada Cámara velará por el respeto
al fuero constitucional de los miembros de las mismas y por la inviolabilidad del recinto
donde se reúnan a sesionar".
Articulo 22 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
Artículo 22: "El Presidente de la Mesa Directiva es el Presidente de la Cámara de
Diputados y expresa su unidad, garantiza el fuero constitucional de los diputados y vela
por la inviolabilidad del recinto legislativo.
"Dos. El Presidente conduce las relaciones institucionales
con la Cámara de Senadores, con los otros dos Poderes de la Unión, los poderes de los
estados y las autoridades locales del Distrito Federal. Asimismo, tiene representación
protocolaria de la Cámara en el ámbito de la diplomacia parlamentaria.
"Tres. El Presidente al dirigir las sesiones velará por el
equilibrio entre las libertades de los legisladores y de los grupos parlamentarios y la
eficacia en el cumplimiento de las funciones constitucionales de la Cámara, asimismo,
hará prevalecer el interés general de la Cámara por encima de los intereses
particulares o de grupo.
"Cuatro. El Presidente responderá sólo ante el pleno
cuando en el ejercicio de sus atribuciones se aparte de las disposiciones que las
rigen".
EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Como se desprende de los
artículos, creo que el punto a seguir es en principio, cuando hay una violación al fuero
de algún compañero diputado, el que quien preside la mesa directiva se aboque al
conocimiento y pueda, en su oportunidad y de acuerdo al caso, tomar las medidas necesarias
para garantizar que ello no vuelva a ocurrir, y adicionalmente pedir la información
necesaria y las investigaciones, a fin de que si hubo quien se excediera y vulneró el
fuero de un compañero, se proceda en consecuencia conforme a derecho.
De que es de lo que se trata, y aquí lo dijeron muy
acertadamente, del cumplimiento de la ley, pero también en su oportunidad se manifestó
de la nueva relación que debe existir entre los poderes públicos, las dependencias y la
de éstos con la sociedad.
Así pues, creo que es necesario que dado que se ha ventilado el
caso del compañero en esta tribuna, pueda en consecuencia abocarse la Presidencia a
verificar la violación en relación al fuero constitucional, y en términos de ley
proceder en consecuencia.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Ha solicitado para hechos la palabra el diputado Jorge Carlos
Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y
también tenemos registrado al diputado Tomás Torres, del grupo parlamentario del PRD.
EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: Con su venia señora
Presidenta.
Distinguidos compañeros:
No es efectivamente un asunto menor, se trata ni más ni menos
que de la protección con la que la ciudadanía quiere investir a quienes son sus
representantes. Se trata y la ilustración que la secretaría nos ha hecho es precisa- de
el respeto absoluto, irrevocable a las opiniones de los señores diputados, y se trata
también de un asunto de ley, se trata de dos afirmaciones:
Una que afirma que su fuero ha sido violado y otra que afirma
que no ha habido tales violaciones y otra que afirma que la autoridad obra en protección
de la ciudadanía.
El fuero constitucional no es el escudo de Dios, el fuero
constitucional no es una patente de corzo ni en tiempos electorales ni en tiempos
regulares. El fuero constitucional indigna sea usado como invocación para tratar de obrar
con impunidad; pero se trata de dos afirmaciones, se trata de un compañero nuestro que
afirma que su fuero ha sido violado y tiene la Presidencia la obligación al dictar su
trámite, de verificar que esto haya ocurrido y en caso de que así sea, verificar que se
obre en consecuencia. Esa es la obligación a la que hace referencia el Artículo 22 de la
Ley Orgánica.
Pero no nos sintamos protegidos por nuestro fuero para que en
cualquier momento sea invocado como figura que presente a los sacrosantos diputados como
intocables. No es esa su finalidad, por lo que sumándonos al trámite de la Presidencia,
quisiéramos solicitar un pequeño añadido. Señora Presidenta, quisiéramos que usted
dictara este trámite, además del sentido en que lo ha dictado, sumándole lo siguiente:
"Que una vez conocidos los hechos y comprobado si hubo violación o no, rinda la Mesa
Directiva un informe y se desenmascare a quien hubiere pretendido usar el fuero
constitucional como una patente de impunidad".
Le demos esta rendición de cuentas a la sociedad también en
esta materia. Que se cumpla con el artículo 61. Le pedimos a la Mesa Directiva cumpla con
el artículo 22, pero le pedimos también se rinda un informe para que los diputados y la
sociedad sepamos quién miente y también se obre en consecuencia. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Tomás
Torres.
EL C. DIP. TOMAS TORRES: Con su permiso, ciudadana
Presidenta. Convencidos los diputados y las diputadas de que no será ésta una audiencia
judicial en la que se ofrezcan, se admitan o se desahoguen pruebas, convencidos los
diputados y las diputadas de que ocupamos esta alta tribuna del país ante el reclamo del
diputado Alvarado García, de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional,
cual puede reclamar cualquiera otro de los diputados del PRI, del PRD, del Partido del
Trabajo o del Verde, que reclama la tutela a su investidura constitucional.
En estos tiempos en donde a veces lo nimio desplaza lo
importante, se discute ahora y parece que ese era el tono de quien me ha precedido en el
uso de la palabra, que resulte enjuiciado el ciudadano diputado quejoso.
No enjuiciaría el hecho objetivo. Hay constancia de la
detención y de la vejación en su actividad política de un diputado miembro de esta
Legislatura. Se le ha invocado, ciudadana Presidenta, un imperativo constitucional
contemplado en el segundo párrafo del Artículo 61. De suerte, ciudadana Presidenta, que
el diputado que habla y su fracción parlamentaria, el PRD, inquiere usted para que
informe a la Asamblea respecto de las medidas para velar que de modo imperativo, repito,
el artículo 61 de la Constitución Federal establece.
Con relación a estos temas, no podemos dar respuesta con
ambigüedades, el día de hoy es un miembro de una fracción parlamentaria, distinta a la
que pertenezco, el día de mañana reclamaremos que el respeto sea de suyo al Poder
Legislativo y no a personas con nombres y apellidos concretos.
El señor diputado referido de que hay un expediente de
averiguación previa, iniciado con motivo de estos hechos, por qué no el desglose
correspondiente, la calidad específica del señor diputado, pudiera encuadrase en el
supuesto de competencia de la autoridad federal, que consagra el artículo 50 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Pero, aun más, yo no sería defensor oficioso del titular del
ejecutivo del estado o del procurador, porque sería más grave que ellos hubieran tenido
conocimiento, por qué defensores de oficio a quintos o sextos niveles de la autoridad
policíaca de la entidad.
Le sugeriría, con respeto, ciudadana presidenta, que llame al
respeto permanente de la condición de los representantes populares de este país que,
bien se ha dicho hoy, no sólo de cosas menores sino de las relevantes que tienen que ver
con el curso de nuestra nación nos estamos ahora ocupando. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias.
Esta presidencia quiere dejar constancia de que el planteamiento
formal para actuar en consecuencia, con sus responsabilidades constitucionales, en torno
al caso del diputado Eduardo Alvarado García, se ha recibido por primera ocasión en esta
sesión.
Subrayo esto, porque no quisiera que quedara en la Asamblea, la
impresión de ninguna negligencia, y al mismo tiempo nos comprometemos a utilizar todos
los recursos a nuestro alcance para que en el caso de que hubiese habido alguna violación
al fuero constitucional del legislador, los responsables actúen y sean calificados como
la ley lo señala.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pasando al siguiente punto del Orden del Día, entramos al
capítulo de Efemérides.
Quisiera destacar que la sesión se inició a las 10:40 de la
mañana, por lo que sería oportuno de conformidad con el Acuerdo de la Junta de
Coordinación Política de duración de las sesiones, proceder a levantar la sesión del
día de hoy y citar a la sesión que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles, a
las diez de la mañana, en la que desahogaremos los puntos del Orden del Día que quedaron
pendiente.
Proceda la Secretaría.
Un momento, ciudadano secretario, el diputado Calderón.
EL C. DIPUTADO FELIPE CALDERON HINOJOSA (desde su curul):
Únicamente, ciudadana diputada presidenta, para dejar en el acta de la sesión, que el
personal de la Mesa Directiva había estado atendiendo el asunto desde el día que fue
denunciado, desde el día de los hechos en que lo comunicamos, y de hecho está en la
agenda política del Congreso desde hace un mes.
LA C. PRESIDENTA: Es correcto, está registrado en la agenda
política, es exacta su afirmación, diputado.
Adelante diputado.
EL C. SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(LECTURA ORDEN DEL DIA)
**
LA C. PRESIDENTA (A las 15:47 hrs.) Se levanta la sesión y se cita para la
próxima, que tendrá lugar mañana, miércoles 7 de noviembre a las diez horas.