4. Iniciativa presentada por los diputados Abraham Colunga Flores, Pedro Vázquez González y Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza integrantes de la LXIX Legislatura.

Con la atenta suplica de enviarnos el respectivo acuse de recibo con el trámite legislativo que se haya dado a nuestra iniciativa, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, NL, a 31 de octubre de 2001.— Diputados: David Puente Rodríguez, Rafael Salazar Cornejo, secretarios.

Escudo.— Honorable Congreso del Estado de Nuevo León.— LXIX Legislatura.— Secretaría.

El honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXIX Legislatura, en uso de las facultades que le concede el artículo 63 de la Constitución Política local, expide el siguiente

ACUERDO

Único. Se aprueba la propuesta de acuerdo para que la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León, se dirija a las cámaras del honorable Congreso de la Unión solicitando abrogar la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, sustituyendo dicho ingreso a las entidades federativas en el marco de una reforma

fiscal integral, y redistributiva.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Monterrey, Nuevo León, a 31 de octubre de 2001.— Diputados: Antonio Perales Elizondo, presidente; David Puente Rodríguez, Rafael Salazar Cornejo Secretarios.

PRESIDENTA: Túrnese la Proposición del Congreso del Estado de Jalisco, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Túrnese la Proposición del Congreso del Estado de Nuevo León, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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MISMA SECRETARIA:

(La Asamblea Legislativa del Distrito Federal comunica la elección de la mesa directiva para coordinar trabajos del Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del segundo Año de Ejercicio)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, me permito comunicar a usted que la mesa directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 1o. al 30 de noviembre de 2001 quedó integrada por los siguientes diputados:

Rafael Luna Alviso, presidente; Marcos Morales Torres, Federico Doring Casar, Arnold Ricalde de Jager, Jaime Guerrero Vázquez, vicepresidentes; Juan Díaz González, Bernardino Ramos Iturbide, secretarios; Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, Santiago León Aveleyra, prosecretarios.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.

Recinto Legislativo, a 31 de octubre de 2001.— Por la mesa directiva María del Carmen Pacheco Gamiño, presidenta.

PRESIDENTA: De enterado.

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MISMA SECRETARIA:

(Oficio de la Junta de Coordinación Política)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral uno inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted:

Que el diputado Alonso Ulloa Vélez, sustituya al diputado Moisés Alcalde Virgen, como integrante en la Comisión de Transportes.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, D.F., a 5 de noviembre de 2001.— Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente sustitución:

Que el diputado Alonso Ulloa Vélez se integra a la Comisión de Transportes como integrante en sustitución del diputado Moisés Alcalde Virgen.

Lo anterior par que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo a 5 de noviembre de 2001.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoodinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

PRESIDENTA: De enterado.

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DIP. SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(De la Comisión de Desarrollo Social para solicitar sea cambiado de la Ley de Capitalización del Procampo)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Desarrollo Social.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados presente.

Por este medio le enviamos un cordial saludo y aprovechamos la ocasión para solicitarle de la manera más atenta sea cambiado el turno de la Ley de Capitalización del Procampo, a efecto de que el dictamen respectivo sea elaborado por las comisiones unidas de Desarrollo Rural y Agricultura y Ganadería.

Esta atenta petición la realizamos en virtud del amable comentario que realizó durante la pasada reunión del 29 de los corrientes, toda vez que por su materia dicha ley le corresponde más bien a las precitadas comisiones.

Sin más por el momento quedamos de usted y le reiteramos nuestra más distinguida consideración.

Palacio Legislativo, a 31 de octubre de 2001.— Comisión de Desarrollo Social.— Diputados: Francisco Javier Cantú Torres, presidente, David Penchyna Grub, Javier J. Castañeda Pomposo, Alberto Amador Leal y Esteban D. Martínez Enríquez, secretarios.

PRESIDENTA: Atendiendo el planteamiento de la Comisión de Desarrollo Social y reconociendo su atención a nuestra convocatoria, se modifica el turno dado a la Ley de Capitalización del PROCAMPO, con el propósito de que el dictamen sea elaborado exclusivamente por las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural.

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MISMO SECRETARIO:

(De la Comisión de Seguridad Social)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Seguridad Social.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Cámara de Diputados.— Presente.

CONSIDERANDOS

Primero. Que las propuestas (legislativas o no) turnadas a esta comisión demandan de un procedimiento reglamentario que entraña dar cuenta al pleno, discutir el método de trabajo, realizar reuniones de acopio de información y finalmente analizar y definir una resolución.

Segundo. Que en razón de la carga de trabajo de los diputados, las comisiones ordinariamente se reúnen no más de dos veces al mes.

Tercero. Que esta realidad hace prácticamente imposible emitir los dictámenes legislativos dentro del término de cinco días que establece el artículo 87 del Reglamento.

Por acuerdo de la junta directiva de esta comisión y con fundamento en lo que dispone el artículo 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitarle se autorice a esta comisión para demorar el trámite legislativo respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones para crear el régimen del contribuyente social, presentada por el diputado Rafael Hernández Estrada.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo, a 30 de octubre de 2001.— Q.F.B. Cuauhtémoc Montero Esquivel, presidente.

PRESIDENTA: Como se solicita se amplía el plazo para que emita el dictamen correspondiente:

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Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados:

Queremos saludar la presencia en este Recinto de distinguidos deportistas mexicanos. De los distinguidos medallistas olímpicos Alberto Valdés, Joaquín Rocha, Raúl González y Agustín Zaragoza, a quienes les expresamos una cordial bienvenida a esta Cámara de Diputados.

Saludamos también a funcionarios de la Comisión Nacional del Deporte al profesor Nelson Vargas Basañez y a su equipo de trabajo y a funcionarios de la Confederación Mexicana del Deporte, al teniente coronel Alonso Pérez González y a los distinguidos representativos que los acompañan.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Juventud y Deporte.

Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben, diputados integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 3o., 4o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de reconocer a la cultura física y la práctica del deporte como un derecho de todos los mexicanos, e importante factor en la prevención del delito. Bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

De entre todos los derechos que el ser humano pueda ejercer dentro de un Estado, encontramos que los más importantes son las llamadas garantías fundamentales o libertades individuales que consagra nuestra Constitución Política.

Es por ello que en los últimos años, el tema de los derechos humanos ha sido uno de los más discutidos; complementados, dentro de la organización política actual por los derechos sociales o económico-sociales como conjunto de exigencias que toda persona puede hacer valer ante la sociedad y el Estado para que éste le proporcione los medios necesarios y poder atender el cumplimiento de sus fines así como asegurar un mínimo de bienestar que le permita conducirse hacia una existencia digna y decorosa.

Conforme la sociedad ha crecido, se han diversificado y propiciado nuevas necesidades y exigencias; más concretamente, podría decirse que en la medida en que las clases y subclases sociales aparecieron y se configuraron como elementos colectivos se ha hecho necesario que las garantías individuales se conjuguen con un nuevo tipo de prerrogativas correspondientes a los agrupamientos que habían hecho su aparición en el escenario de todos los países.

En este sentido, nuestra Constitución es el instrumento jurídico que establece el gobierno representativo, la división de poderes y garantiza los derechos individuales de los ciudadanos, complementados por los derechos sociales mismos que consisten en el reconocimiento de aquellos derechos de los grupos originariamente desconocidos por los regímenes individualistas.

No cabe duda que correspondió a nuestra Constitución el privilegio de ser la primera que consagró las normas protectoras de las clases sociales y su pleno reconocimiento. Los derechos sociales, imponen al Estado un hacer, una conducta positiva que cuida la condición de los hombres frente a la economía y el capital, a la vez que significan un imperativo dirigido al Estado para que vigile, intervenga y garantice su respeto.

En trabajos anteriores realizados por esta Cámara de Diputados se afirma que la Constitución de 1917 dio cabida en forma clara y precisa a los derechos sociales que asisten a campesinos y trabajadores en los artículos 27 y 123 y ello otorgó las bases para la conformación de otros derechos sociales que exigen con urgencia análisis y definición, entre ellos el derecho a la justicia, el derecho a la cultura física y el deporte.

La cultura física y el deporte hasta hoy no han sido verdaderamente desarrollados ni reconocidos explícitamente por nuestra Carta Magna, lo que ha generado en mas de una ocasión discusiones con puntos de vista encontrados sobre su naturaleza.

En México actualmente no existe algún precepto constitucional expreso que reconozca la cultura física y el deporte como una garantía constitucional o que establezca la obligación por parte del Estado de fomentar su práctica y desarrollo, como parte fundamental en el proceso educativo e importante factor en la prevención del delito; comprendiéndose como prácticas corporales relacionadas al desarrollo de valores que pueden llevar a la participación ciudadana por caminos sociales responsables, constituyéndose en un medio efectivo para la conquista de un estilo de vida activo de todos los seres humanos.

La práctica de actividades físicas y deportivas, es un derecho vinculado a otros derechos fundamentales, pero no se le ha otorgado individualidad propia como tal, ya que se ha visto como un medio para la consecución de otros derechos, por lo que se debe reformular la regulación de la cultura física y el deporte, previéndolos como parte importante de la política social y económica, buscando su reconocimiento constitucional, estableciendo en los poderes públicos su estimulo, fomento, protección y garantía de que la práctica del deporte y el acceso a la cultura física se de en las mejores condiciones y que se favorezcan los valores humanos de la libertad, de la igualdad y de la solidaridad.

La falta de una norma constitucional que eleve a rango de garantía social ha sido un factor determinante para que en su momento la Ley de Fomento y Estimulo del Deporte y la actual Ley General de Deporte no hayan consolidado un modelo de cultura física y deporte que garantice el acceso de todos los mexicanos a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas, pero sobre todo que fomente la promoción y desarrollo de una cultura física en nuestro país.

Poco es lo que puede hacer y significar una norma constitucional, si no se reconocen en forma efectiva y real los derechos fundamentales que la norma está protegiendo, tanto por su importancia en el fomento de los procesos democráticos como en el mantenimiento del Estado de derecho.

Por otra parte y como referencia expresa en el ámbito internacional, la Conferencia General de la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, reunida en París, en su vigésima sesión emitió el 21 de noviembre de 1978 la "Carta Internacional de la Educación Física y el Deporte", que en los términos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos habla sobre las condiciones esenciales del ejercicio efectivo de los derechos humanos dependiendo de la posibilidad brindada a todos y cada uno de desarrollar y preservar libremente sus facultades físicas, intelectuales y morales, por lo que en consecuencia se debería dar y garantizar a todos la posibilidad de acceder a la educación física y al deporte.

Con la convicción de que la preservación y el desarrollo de las aptitudes físicas, intelectuales y morales del ser humano mejoran la calidad de vida en los planos nacional e internacional afirmando que la educación física y el deporte deben reforzar su acción formativa y favorecer los valores humanos fundamentales que sirvan de base al pleno desarrollo de los pueblos.

En este contexto la Carta Internacional de la UNESCO proclama el desarrollo de la educación física y el deporte al servicio del progreso humano, para favorecer su desarrollo y exhortar a los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales competentes, los educadores, las familias y los propios individuos a inspirarse en ella, difundirla y ponerla en práctica.

A este posicionamiento la UNESCO recomienda en su artículo 1o. de dicha carta que "la práctica de la educación física y el deporte es un derecho fundamental para todos.

Todo ser humano tiene el derecho fundamental de acceder a la educación física y al deporte, que son indispensables para el pleno desarrollo de su personalidad. El derecho a desarrollar las facultades físicas, intelectuales y morales por medio de la educación física y el deporte deberá garantizarse tanto dentro del marco del sistema educativo como el de los demás aspectos de la vida social".

Mas allá de lo anterior debemos considerar que el pleno desarrollo de las facultades a que hace mención dicha carta, solo podrán llevarse a cabo cuando se tenga el pleno reconocimiento de lo que representan la cultura física y el deporte, así como su adecuada implementación y fomento por parte del Estado mexicano.

También se ha mencionado que en la actualidad algunas naciones contemplan en su constitución la obligación por parte de los poderes públicos del fomento y estímulo de la educación física, la práctica del deporte y otras más su reconocimiento como un derecho fundamental de sus ciudadanos destacando Perú, Colombia, Cuba, Brasil, Portugal, Suiza, Bulgaria y España.

Es por lo anterior que reiteramos que en México actualmente no existe algún precepto constitucional expreso que fomente o reconozca la cultura física y el deporte como una garantía social.

Las nuevas generaciones requieren del reconocimiento de sus derechos fundamentales, pero sobre todo requieren que se garantice la respuesta del gobierno para fomentar la equidad, justicia y oportunidad para realizar sus actividades fundamentales.

Por tanto, es necesario no solamente reconocer el derecho de los ciudadanos a desarrollar sus facultades físicas a través de la activación física, la recreación y el deporte, sino a accesar a los medios para cuidar de su salud física, durante toda su vida y que obtengan las oportunidades para poder desarrollar su talento deportivo dentro de organizaciones democráticas, justas y productivas.

Hoy en día sabemos que estas actividades en nuestro país han recorrido un largo camino a través de nuestra extensa historia, consolidándose como un amplio capítulo y elemento fundamental dentro de la misma historia y cultura siempre ligada a los ámbitos de la salud y educación por ser considerada como fundamental para el bienestar de las personas, así como facilitar la adquisición de valores y actitudes complementarias del desarrollo integral del ser humano.

Una de las consideraciones determinantes de la necesidad de la regulación adecuada a la práctica de la cultura física y del deporte en la población y sobre todo en la niñez mexicana, es que son un componente esencial para enriquecer la formación integral del individuo y una de sus vertientes es el deporte, el cual promueve el sano espíritu de competencia y también como una manifestación democrática, ya que iguala a las personas en la afición o en la pasión por él y permite la libre elección de cada individuo para la realización de alguna actividad física y deportiva.

Por lo que entender estos conceptos solo como una simple actividad ligada a la salud o la educación sería minimizar las importantes funciones sociales que desempeñan y la relación que comparten con diversas actividades de primer orden dentro de nuestro quehacer nacional.

Asimismo se ha comprobado científicamente la innumerable cantidad de beneficios que brindan las prácticas de actividades físicas y deportivas en el ser humano, abarcan aspectos de supervivencia para cualquier hombre o mujer, su funcionalidad como organismo vivo, la proyección de su mente y la consecuencia importantísima del reflejo de su conducta en sociedad.

La práctica de actividades físicas y deportivas conllevan a un maravilloso encuentro con la competitividad, la salud y el logro de metas personales. La cultura física y la disciplina deportiva otorgan la gracia, firmeza y decisión, la templanza de carácter y la insustituible distancia de los vicios y el ocio.

El actual plan nacional del desarrollo establece la necesidad de un modelo nacional de desarrollo de la cultura física y el deporte en nuestro país, que promueva entre la población en general el acceso a la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas.

Con esta iniciativa que hoy presentamos, retomamos y damos seguimiento a los trabajos realizados por las dos legislaturas que nos antecedieron y con el firme propósito de reconocer explícitamente a todos los ciudadanos mexicanos el derecho a la práctica del deporte, establecer la obligatoriedad por parte del Estado de fomentar y promover la cultura física como instrumento importante de la educación así como la visión innovadora del deporte como un importante factor en la prevención del delito.

La búsqueda, fomento y reconocimiento de una cultura física y deportiva debe comenzar por nuestra Carta Magna, siendo este nuestro máximo ordenamiento que podrá dar validez de derecho y de hecho a lineamientos que han surgido y deberán surgir, dando lugar a una nueva garantía social.

Por esto renace la inquietud de proponer y apoyar la necesidad de elevar a rango constitucional el derecho a la cultura física y el deporte, por que la dinámica del mundo actual ya no permite partir de supuestos, interpretaciones o críticas aisladas ya que debe establecerse expresamente el reconocimiento de éste derecho en virtud de que la interpretación jurídica que del deporte se hace es ambigua y limitativa.

Las múltiples vertientes que el artículo tercero constitucional contiene, hacen caer en la imprecisión, pudiendo encuadrar o retirar el término según los intereses en juego; siendo entonces dicha imprecisión y las lagunas de nuestro único ordenamiento deportivo, las que provocan la contradicción del destino jurídico del deporte, por lo que, al no reconocerlo expresamente como derecho fundamental y el ámbito constitucional, se da la causa de la poca convicción legislativa para dictar su impulso y fomento.

Con el reconocimiento de la cultura física y el deporte como derecho social en el artículo 4o. reafirmaremos la. importancia prioritaria que dicha actividad debe tener en los programas nacionales dedicados al desarrollo social y recreación popular; apreciando y resaltando la necesidad de preservar y enriquecer las más altas cualidades físicas y sociales del hombre como una premisa principal para el establecimiento de una mejor calidad de la vida en el orden nacional e internacional.

Es por ello que los interesados en el tema insistimos en el reconocimiento expreso en la ley fundamental de la nación del derecho a estas importantes. actividades, derechos que tendrán fuerte respaldo en el artículo 3o. de la Constitución con el fomento y estímulo del Estado a la educación física, como fundamento de la cultura física, incluyéndose como materia curricular dentro del sistema educativo nacional en todos sus niveles escolares, lo que sin duda alguna proporcionará grandes beneficios en la formación de nuestra niñez y juventud, así como en los adultos dentro de la perspectiva de la educación permanente.

Unido a lo anterior y sin dejar de reconocer los resultados de los actuales planes y programas del sistema nacional de seguridad, es justo valorar la contribución de una nueva tendencia, de estos, sustentada en un desarrollo educativo complementado por un conjunto de actividades físicas, deportivas y recreativas como medidas prioritarias en la prevención del delito, promoviendo el sano esparcimiento, la recreación familiar, comprobando su importancia y destacándose como elemento esencial de un desarrollo armonioso de la personalidad y factor de progreso social.

Las reformas propuestas, sin duda alguna enriquecerán el actual marco jurídico nacional y consagrarán la existencia en nuestro derecho positivo de una nueva materia inexistente en el país, como la del derecho público del deporte, permitiendo a nuestras comunidades universitarias, docentes e investigadores, entre otras interesadas, a participar en el desarrollo jurídico de esta vital e importante actividad en la vida nacional.

Asimismo obtendríamos como inmediata respuesta:

A. Estar a la vanguardia de las regulaciones internacionales en materia y a la vez nos daría una sólida oportunidad de contar efectivamente con una ley reglamentaria que permita al Gobierno Federal coordinar las acciones en materia de cultura física y deporte.

B. La conclusión en el marco jurídico de una nueva forma de organización a través de asociaciones y sociedades tanto de cultura física como de deporte, cuyos estatutos serán congruentes con la política nacional y reclasificarían los alcances de cada miembro del actual sistema nacional.

C. La transformación del órgano rector de la políticas nacional en materia de cultura física y deporte a un organismo público descentralizado.

D. En consecuencia, la incorporación de los entes gubernamentales estatales, del Distrito Federal y municipales responsables de integrar una sola estructura en materia de cultura física y deporte, materializando así el Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, integrantes de la Comisión de Juventud y Deporte sometemos a su consideración el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 4o. y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 3o. ..

II. . .

III. . .

IV. . .

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos -incluyendo la educación superior- necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y tecnológica, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, asimismo fomentará y coordinará la cultura física y el deporte en el ámbito de su competencia.

VI. . .

VII. . .

VIII. . .

Artículo 4o. . .

Toda persona tiene derecho a la cultura física y la práctica del deporte. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a estos derechos y establecerá la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y municipios en esta materia; asimismo de la participación de los sectores social y privado.

Artículo 21. ..

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública que comprenda, entre otros, programas basados en el desarrollo educativo, la cultura física y el deporte como medios para la prevención del delito.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de noviembre del 2001.— Firman los diputados: Arturo Escobar y Vega, Mario Sandoval Silvera, Beatriz Cervantes Mandujano, Olga Patricia Chozas y CHOZAS, Norma E. Basilio Sotelo, Raquel Cortes López, Estebán Daniel Martínez Enríquez, Benjamín Ayala Velásquez, Agustín Trujillo Iñiguez, Rodolfo G. Ocampo Velásquez, Clemente Padilla Silva, Luis A. Villareal García, Pedro Pablo Cepeda Sierra, M, Isabel Velazco Ramos, Roberto E. Bueno Campos, Eduardo Rivera Pérez, Ángel Meixueiro González, Gabriela Cuevas Barrón, Arturo León Lerma, J. Timoteo Martínez Pérez, Francisco Ríos Alarcón, José Manuel Correa Caseña, Víctor R. Infante González, Arnulfo Márquez Hernández, M. Del Rosario Oroz Ibarra, Maricela Sánchez Cortez, Rómulo Garza Martínez, Mauro Huerta Díaz, Juan Camilo Mouriño Terrazo, Rafael Rodríguez Barrera, Martí Batres Guadarrama, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Bernardo de la Garza Herrera, Alberto Abaya Gutiérrez, José Manuel del Río Virgen, Gustavo Riojas Santana, José Antonio Calderón Cardoso, Alejandro García Sainz A., Sara Figueroa Canedo, Julieta Prieto, Erika Spezia M., Concepción Salazar González, Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, Francisco Aguindis, Diego Cobo T., Tarciso Navarrete M., Rafael Hernández E., José Narro Céspedes, Oscar Ochoa, Enrique Herrera, Felix Salgado Mecedonio y Alfonso P. Elias C.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, Ciudadana Diputada.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Juventud y Deporte.

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Tiene la palabra el Ciudadano Diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, así como diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el objeto de que este organismo se constituya en representante legal de los ofendidos y víctimas de delito en el enjuiciamiento Penal Federal.

Los suscritos, diputados integrantes de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo establecido en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, así como reforma los artículos 3o. y 5o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre la base de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

En 1808 surge en Suecia el Ombudsman, institución colegiad destina a proteger a las personas de los actos arbitrarlos del poder público, especialmente el Poder Ejecutivo.

Un intento parecido se hizo en nuestro país a mediados del Siglo XIX, cuando en San Luis Potosí, don Ponciano Arriaga crea las procuradurías de los pobres, cuya misión era asesorar y representar al pueblo en sus trámites y litigios.

Sin embargo, tuvieron que transmitir casi dos siglos para que en México se instituyera un organismo a fin al Ombudsman. Fue en Aguascalientes que en 1988 se crea la Procuraduría de Protección Ciudadana; al poco tiempo sigue su ejemplo Nuevo León y Colima.

Siempre llegamos tarde a la cita de la historia. En el ámbito nacional tuvo que ocurrir un hecho trágico para que las autoridades civiles reaccionaran a la creciente demanda popular de crear el Ombudsman Mexicano. Fue a raíz del asesinato de la abogada sinaloense, Norma Corona, que en 1990 el Gobierno Federal se vio obligado a crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Nuevamente, otro hecho trágico, el asesinato de Digna Ochoa, pone en el centro de la discusión pública la atención que el Estado mexicano debe dar a las víctimas de delitos, entre otros temas fundamentales como, por ejemplo, el fin de la impunidad y garantías efectivas para el trabajo de los defensores de derechos humanos.

La iniciativa que presentamos tiene relación con la necesidad de mejorar las instituciones que protegen a las víctimas de delito. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede desempeñar el papel fundamental de asesorar, defender y representar legalmente a las víctimas del delito, así como, aportar por conducto del Ministerio Público las pruebas que conduzcan a establecer la acreditación del delito y la responsabilidad de los acusados.

Actualmente la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta en su organigrama con la dirección general de Atención a Víctimas de Delito, la cual tiene como función brindar asesoría y orientación a las víctimas de delito, así como gestionar servicios de atención médica, psicológica y de servicio social. Nosotros proponemos fortalecer el servicio de atención a víctimas de delito y por lo mismo, incluir la actividad de representar legalmente a los ofendidos o víctimas de delito ante las instancias competentes. La base administrativa está dada y operando, solamente resta efectuar las adecuaciones legales correspondientes, con el objeto de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos asuma la responsabilidad de representar legalmente los intereses de ofendidos y víctimas de delito, en términos del apartado B del artículo 20 constitucional, en relación con los artículos 30 y 30-bis del Código Penal Federal, así como con el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Si tomamos en cuenta que, generalmente, la sociedad o la federación son el sujeto pasivo de la relación jurídico-procesal, son realmente pocos los procedimientos penales federales en los que hay un sujeto pasivo o persona física individual; por ejemplo, sólo en casos en los cuales se ejercita la facultad de atracción o cuando la conducta delictuosa recae en algún servidor o funcionario público de la federación, con motivo o en ejercicio de sus funciones. Esto quiere decir, que la mayoría de asuntos donde existen víctimas de delito, como personas concretas, son casos de competencia local o del fuero común, en los cuales deben intervenir las comisiones estatales de derechos humanos, conforme a la propuesta de esta iniciativa.

Es en este sentido, que hacemos un llamado y una invitación a las legislaturas locales para que fortalezcan la función de sus respectivas comisiones de derechos humanos y den a éstas la responsabilidad de representar legalmente a los ofendidos y víctimas de delito. Es tiempo de pasar de la defensa abstracta a la acción concreta, para hacer justicia a quienes han tenido el infortunio de sufrir las consecuencias de un hecho antijurídico.

Es necesario fortalecer el prestigio y la misión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para acercarla mejor a lo que la sociedad demanda y necesita. La protección integral -que incluye la representación jurídica- a ofendidos y víctimas del delito, es una manera digna de hacerlo.

En atención a lo anterior y con apoyo en lo que establece el artículo 71, fracción II, de la Constitución Federal, presentamos la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para adicionar el artículo 102 de la propia Constitución, así como los artículos 3o. y 15 de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo los términos siguientes:

Artículo primero. Se adiciona el párrafo noveno del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal para quedar en los siguientes términos:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos será la institución responsable de apoyar a los ofendidos y víctimas de delito, mediante la atención integral que se requiera, así como la asesoría, defensa y representación legal ante las instancias correspondientes.

Artículo segundo. Se adiciona el párrafo quinto del artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para quedar en los términos siguientes:

Artículo 3o.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos será la institución responsable de apoyar a los ofendidos y víctimas de delito, mediante la atención integral que se requiera, así como la asesoría, defensa y representación legal ante las instancias correspondientes.

La representación legal garantizará que se hagan efectivos los derechos de la víctima o del ofendido, tales como: recibir asesoría jurídica; ser informado del curso del procedimiento; estar presente en todos los actos procesales en los cuales el acusado tenga ese derecho; coadyuvar con el ministerio público; recibir atención médica y psicológica; que se le repare el daño y que se le reciban todos los elementos de prueba con que cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso.

Artículo tercero. Se reforma la fracción XV del artículo 15 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar de esta manera:

Artículo 15. La comisión nacional tendrá las siguientes facultades:

I. a la XIV. ..

XV. Coordinar la representación legal y el apoyo integral a ofendidos y víctimas de delitos.

XVI. . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento.

Artículo tercero. La dirección general de Atención a Víctimas de Delito de la Comisión Nacional de Derechos Humanos podrá asumir la representación de ofendidos o víctimas de delito en procedimientos que actualmente se tramitan en las agencias del Ministerio Público Federal y juzgados de distrito, así como en instituciones afines.

Artículo cuarto. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como el Ejecutivo Federal contarán con un plazo de 60 días, contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas, para hacer las adecuaciones reglamentarias y administrativas correspondientes.

Palacio Legislativo, a 7 de noviembre de 2001.— Firman los diputados: José Elías Romero, Luis Pazos, Juan Carlos Regis Adame y David Sotelo Rosas.

EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso, ciudadana presidenta.

Le expreso, en principio, mi gratitud a los señores diputados del Partido Revolucionario Institucional José Elías Romero Apis, de Acción Nacional al Diputado Luis Pazos, del Partido del Trabajo al Diputado Regis Adame, del Partido de la Revolución Democrática al Doctor David Sotelo Rosas.

La iniciativa que ahora les presento tiene que ver con la reforma y adición al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Federal, así como diversos artículos de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el objeto de que este organismo público descentralizado se constituya en representante legal de los ofendidos y víctimas del delito en el enjuiciamiento penal federal. Haré, a modo de exposición de motivos, una reseña con relación al tema.

En 1808 surge en Suecia el ombudsman, institución colegiada destinada a proteger a las personas de los actos arbitrarios del poder público, especialmente del poder ejecutivo.

Un intento parecido se hizo en nuestro país a mediados del Siglo XIX, cuando en San Luis Potosí Don Ponciano Arriaga crea las procuradurías de los pobres, cuya misión era asesorar y representar al pueblo en sus trámites y pleitos legales.

Sin embargo, tuvieron que transcurrir casi dos siglos para que en México se instituyera un organismo afín a la institución del ombudsman. Es en 1988 que en Aguascalientes se crea la Procuraduría de Protección Ciudadana y un poco tiempo después siguen su ejemplo los estados de Nuevo León y de Colima.

En este país, y sobre todo en temas de justicia o de procuración de justicia, hemos generalmente llegado tarde a la cita con la historia. A raíz del asesinato de la abogada sinaloense Norma Corona, en 1990 el gobierno federal se vio obligado a crear la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.

Ahora nuevamente otro hecho trágico, el asesinato de Digna Ochoa, pone en el centro de la discusión pública la atención que el Estado mexicano debe dar a las víctimas del delito, entre otros temas fundamentales como por el ejemplo el fin de la impunidad y garantías efectivas para el trabajo de los defensores de los derechos humanos.

La iniciativa que presentamos tiene relación con la necesidad de mejorar las instituciones que protegen a las víctimas de los delitos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede desempeñar el papel fundamental de asesorar, de defender y de representar legalmente a las víctimas del delito, así como aportar, por conducto del Ministerio Público, las pruebas, los elementos que conduzcan a la acreditación de la responsabilidad de los acusados y el propio hecho delictivo.

Actualmente la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos cuenta en su organigrama con la Dirección General de Atención a Víctimas de Delito, la cual tiene como función brindar asesoría y orientar a las víctimas del delito, así como gestionar servicios de atención médica psicológica y de servicio social.

Permítanme el comentario. Se queda solamente en el terreno de ser un simple recomendador, sin que su participación tenga eficacia o efectos vinculatorios. Nosotros proponemos fortalecer el servicio de atención a víctimas de delito y, por lo mismo, incluir la actividad de representar legalmente a los ofendidos o víctimas de delito ante las instancias competentes.

La base administrativa está dada y operando. Solamente resta efectuar las adecuaciones legales que corresponden, con objeto de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos asuma la responsabilidad de representar legalmente los intereses de los ofendidos y víctimas de delito en términos del apartado b) del Artículo 20 de la Constitución Federal en relación con los Artículos 30 y 30 bis del Código Penal Federal, así como con el Artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Si tomamos en cuenta que en el caso de la competencia federal generalmente el sujeto pasivo del delito es la Federación o el concepto de la sociedad en su conjunto, excepcionalmente tenemos sujetos pasivos individuales, salvo que se trate de servidores o funcionarios públicos víctimas de un delito con motivo o en ejercicio de sus funciones o en aquellos casos en los que se haya ejercitado la facultad de atracción.

De tal suerte que en la mayoría de los asuntos donde existen víctimas como personas físicas individuales, son asuntos de la competencia local o del fuero común en los cuales deben intervenir, y ésta es una propuesta de reflexión para las autoridades locales, para que intervengan las Comisiones Estatales de Derechos Humanos conforme a la propuesta de esta iniciativa.

Es en este sentido que hacemos un llamado y una invitación a las legislaturas de los estados para que fortalezcan la función de sus respectivas Comisiones de Derechos Humanos y den a éstas la responsabilidad de representar legalmente a los ofendidos y víctimas del delito.

Es tiempo, señoras diputadas, señores diputados, de pasar de la defensa abstracta, de los pronunciamientos generales, del "debería" a las acciones concretas, para hacer justicia a quienes han tenido el infortunio de sufrir las consecuencias de un hecho antijurídico.

Por ello, ciudadana Presidenta, le ruego que además de reproducir el texto íntegro de la iniciativa y las adiciones y reformas a los numerales que contempla el texto, escuchar solamente, hacer el esfuerzo solamente de motivar a mis compañeros legisladores, ojalá y lo logre porque en estas fases de las sesiones, difícilmente puede uno lograr la atención de los señores parlamentarios.

El día de hoy, y seguramente será tema de otras iniciativas que tengan que ver con garantizar la reparación del daño al ofendido y a la víctima del delito, que tenga que ver con garantizar la integridad física y la integridad moral, psicológica de las víctimas del delito.

Dan cuenta los diarios nacionales de 3 ejecuciones más de mujeres en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua. Nos relaciona la muerte de 238 mujeres de 1993 al día de hoy. ¿Les parece que evoque para llamar su atención en el género literario la novela de "Jack el Destripador" para que ubiquemos y veamos lo que ocurre en esa ciudad fronteriza y en otras partes del país? ¿Es necesaria la ejecución de defensores de los derechos humanos o de quien libremente ejerce su profesión para decir que debíamos haber tomado medidas del informe? Y por supuesto mi fracción parlamentaria asume, fortalece e impulsará lo que tenga que ver con la defensa y la tutela de los derechos fundamentales del hombre. Pero en el análisis de la Cuenta Pública relativa al ejercicio fiscal del 2000,entre otros halagadores resultados de la gestión de la Comisión Nacional concluye 37 recomendaciones.

¿No será ya tiempo de que alguna institución se ocupe del titular del bien jurídico afectado con las conductas delictivas? En la historia era el Ministerio Público el que, por definición, tenía esa representación social. No solo tenía la responsabilidad de perseguir e investigar el hecho y al delincuente, también tenía la elevada encomienda de representar a la víctima del delito, garantizarle la reparación del daño, el derecho vulnerado, asistir al incapaz o al ausente y velar por los principios de legalidad y constitucionalidad.

Por eso, incluso, el Ministerio Público Federal era parte en el juicio de amparo. Hasta este tema está en discusión en este momento. La propuesta tiene qué ver con que si tenemos estructuras administrativas y burocráticas definidas, y tantas ausencias y tantas omisiones y tanta indolencia, asumamos la responsabilidad que nos toca. Y si no que perennemente vivamos en la órbita solamente de la queja sin propuestas concretas.

Por su atención, muchas gracias. Gracias ciudadana Presidenta.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado.

De acuerdo a su petición, inclúyase el texto íntegro en el Diario de los Debates y la iniciativa será turnada a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

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Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia y se instruya a su cierre.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): Se informa a la Presidencia que hasta el momento registra la asistencia de 404 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

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LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): El siguiente punto del orden del día es un dictamen de primera lectura con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Saida Leobano Casa Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez y otros para prestar servicio al gobierno de los Estados Unidos de América.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: en oficio fechado el 25 de octubre del año en curso, la honorable Cámara de Senadores, remite el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Plácido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 31 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado c, del artículo 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Carolina Marín Hernández, para prestar servicios como asistente, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Zaida Leovana Castro Alcalde, para prestar servicios como capturista de datos, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Roberto Morales Gómez, para prestar servicios como ayudante de mantenimiento, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Morales Juárez, para prestar servicios como empleada de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Marco Antonio García Cárdenas, para prestar servicios como técnico en contabilidad, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo sexto. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Uruñuela Martínez, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara Jalisco.

Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Héctor Omar Canales González, para prestar servicios como asistente de visas, en el Consulado de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana María Delgado Rendón, para prestar servicios como empleada de correo, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano Salvador Alejandro Jiménez Castillo, para prestar servicios como asistente financiero, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas.

Artículo décimo. Se concede permiso a la ciudadana Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la ciudadana Misi Dalila Espinoza Jurado, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo decimosegundo. Se concede permiso al ciudadano José Carlos Lira Caballero, para prestar servicios como auxiliar de visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Artículo decimotercero. Se concede permiso al ciudadano Iván Villaseñor Martínez, para prestar servicios como mecánico electricista, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo decimocuarto. Se concede permiso a la ciudadana Ana Cristina Covarrubias Carrillo, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo decimoquinto. Se concede permiso al ciudadano Luis Chávez Hernández, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo decimosexto. Se concede permiso al ciudadano Ceciliano González Plácido, para prestar servicios como mecánico (plomero), en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Artículo decimoséptimo. Se concede permiso a la ciudadana Elisa Ledesma Martínez, para prestar servicios como empleada, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.

Artículo decimoctavo. Se concede permiso a la ciudadana Mónica Gabriela Marquina Gaxiola, para prestar servicios como asistente consular en la Unidad de Visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.

Artículo decimonoveno. Se concede permiso a la ciudadana Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios como técnico contable, en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 1o. de noviembre de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrígo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Se le dispensa la lectura. Es de primera lectura.

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El siguiente punto es la discusión del dictamen con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Se le dispensa la lectura y tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Manuel Martínez Nava, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA: Con permiso de la Presidencia.

Honorable Asamblea: A nombre de los integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, vengo a esta tribuna a solicitar su voto aprobatorio al dictamen con proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.

En la reforma constitucional relacionada con la fiscalización superior de la Federación, se sentaron las bases para contar con un marco jurídico renovado y fortalecido, respecto del control, revisión y fiscalización del ejercicio de los recursos públicos desde el ámbito del Poder Legislativo.

Dicha reforma en la fracción XXIV del artículo 73 constitucional, facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley que regule la organización de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.

Posteriormente, la Ley de Fiscalización Superior de la Federación en su artículo 91, estableció que para evaluar si la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación cumple adecuadamente con sus funciones, existirá una unidad especializada a la que se le denominará Unidad de Evaluación y Control, que formará parte de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.

En su artículo 96 dicha ley dispone que para el ejercicio de sus atribuciones, la Unidad de Evaluación y Control contará con los recursos humanos y los apoyos administrativos correspondientes y que en su reglamento se establecerán las competencias de las áreas que integran a dicha unidad.

En atención a dichos ordenamientos, el 27 de septiembre pasado el diputado Raúl Martínez González, a nombre de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 40 numeral 4 de la Ley Orgánica del Congreso General, con el propósito de adecuar el nombre de la comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda a las reformas mencionadas.

Dicha iniciativa se turnó a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su dictamen. Hace dos semanas esta comisión presentó el dictamen correspondiente. El diputado Augusto Gómez Villanueva vino a esta tribuna a solicitar el voto aprobatorio de esta soberanía, el cual fue concedido de manera unánime.

El mismo 27 de septiembre, el diputado Ranulfo Márquez, a nombre de los integrantes de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara, presentó la iniciativa con el Proyecto de Reglamento Interior de la Unidad que nos ocupa, la cual también fue turnada a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para su estudio y dictamen correspondiente.

Para la discusión y subsecuente elaboración y aprobación del dictamen, en las recientes semanas hemos trabajado conjuntamente diputados integrantes tanto de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias como de la Comisión de Vigilancia. Dada la integración plural de ambas comisiones, este dictamen es producto de la colaboración y el consenso de las diversas fracciones parlamentarias.

El Reglamento Interior que se pone a su atenta consideración, vendrá a satisfacer una necesidad reglamentaria generada por la promulgación y publicación de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, de manera que con la aprobación de esta soberanía se completará en términos legislativos e institucionales el proyecto que se inició con las reformas constitucionales ya mencionadas y contaremos a nivel reglamentario con la normatividad de la Unidad de Evaluación y Control, que será un órgano técnico auxiliar de la Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.

El texto de este dictamen, como ya se informó, fue publicado previamente en la Gaceta Parlamentaria, por lo que permítanme solamente hacer algunas consideraciones adicionales.

La iniciativa con el Proyecto de Reglamento Interior que se presenta, plantea dotar del ordenamiento jurídico que se requiere para regular la actividad del órgano especializado y profesional que será auxiliar en las labores de la Comisión de Vigilancia, en su encomienda de evaluar las funciones a cargo de los servidores públicos de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de esta Cámara, la cual está llamada a ser un factor de control del poder público, a contribuir al sistema de división de poderes y al estado de derecho.

Como está previsto en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la actividad de este órgano auxiliar de la Comisión de Vigilancia, de ninguna manera afectará la autonomía de que goza la entidad de Fiscalización Superior pues su función se limitará a vigilar el debido cumplimiento de las atribuciones que corresponden a los servidores públicos de dicha entidad de Fiscalización.

A través de la unidad de Evaluación y Control, la Cámara de Diputados por conducto de su Comisión de Vigilancia podrá conocer y evaluar de manera técnica y profesional las actividades de la Auditoria Superior de la Federación. Asimismo permitirá establecer una adecuada coordinación de la propia Comisión de Vigilancia y consecuentemente de esta Cámara con el órgano técnico fiscalizador y revisor de la Cuenta Pública y así se podrá proporcionar a los diputados adecuada y oportuna información para conocer y dar seguimiento y, en su caso, para orientar y mejorar la importante función del órgano técnico de Fiscalización de esta Cámara.

El proyecto de Reglamento Interior que se somete a la consideración de esta soberanía, regula con precisión y detalle la competencia y organización de la Unidad que nos ocupa, desarrolla las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su relación con la propia Unidad.

Desarrolla igualmente las atribuciones que corresponderán a la Unidad en los términos del Artículo 92 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Detalla las funciones del Titular y de las Direcciones de la Unidad y establece el régimen laboral de la misma.

A juicio de los diputados integrantes de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, la Iniciativa de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control d e la Comisión de Vigilancia de esta Cámara se ajusta a los principios jurídicos y técnicos así como a la orientación y contenidos de la Ley en la materia y desarrolla correctamente sus disposiciones lo que permitirá a la mencionada Unidad cumplir con su función en los términos del texto completo que ya se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Por lo anterior, solicito a ustedes, señores Diputados, su voto aprobatorio para el Dictamen que sometemos a su consideración.

Muchas gracias

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Está a discusión en lo general. Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados: La diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Joel Vilches Mares del grupo parlamentario de Acción Nacional; el diputado José Luis Ugalde Montes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

En consecuencia, se ofrece la palabra a la diputada Rosalinda López Hernández del grupo parlamentario del PRD.

LA C. DIPUTADA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ. Con el permiso de la Presidencia, compañeras compañeros. Como es del conocimiento, el 20 de diciembre del año pasado fue aprobada la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, misma que entró en vigor el 31 de Diciembre del año 2000 creando la Auditoria Superior de la Federación, órgano técnico de esta Cámara de Diputados, dotado de autonomía de gestión, con lo cual sin duda se ha dado un gran paso en la edificación de una cultura de rendición de cuentas.

En el cumplimiento de esa tarea se cifra el equilibrio de Poderes que, como sabemos, es un principio democrático fundamental. En el tiempo que vivimos la democracia ha desdoblado sus exigencias y significados, no se refiere solamente a cuestiones electorales o a la creación y distribución social de la riqueza, sino a formas de control de las autoridades y de seguimiento verificación de las cuentas públicas a través de órganos que vigilan en forma sistemática la eficacia de la acción gubernamental y aprueban sus gastos.

La Cámara de Diputados y su órgano técnico cuentan ahora con un instrumento jurídico regulador de la revisión de la Cuenta Pública y su fiscalización, que diseña un sistema de auditoria con base en los principios de legalidad y desempeño dotado de responsabilidad financiera, autonomía en su gestión y eficacia, tal y como lo exige el estado moderno, cuya característica primordial es la transparencia en las gestiones de gobierno.

Si bien la capacidad del Poder Legislativo de controlar y supervisar la formulación y aplicación de políticas gubernamentales se ha desarrollado considerablemente, en el curso de los años existen evidentemente retos a los que la Auditoria Superior debe hacer frente en particular.

Por ello, solicitamos la aprobación del reglamento de la unidad de evaluación y control, que tiene a su cargo evaluar el desempeño de los funcionarios de la Auditoria Superior de la Federación, tal y como lo ordena nuestra Constitución en su artículo 74, Fracción II, en donde se faculta a esta Cámara de Diputados para coordinar ye valuar el desempeño de la entidad de fiscalización superior.

La creación de este órgano será de suma importancia para dotar de mayor transparencia el ejercicio del órgano técnico y contribuirá enormemente en el proceso de rendición de cuentas, que se ha venido transformando para bien de la nación y sus instituciones.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada.

Se concede el uso de la palabra al diputado Joel Vilches Mares, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO JOEL VILCHES MARES: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

Ante los presentes tiempos caracterizados de cambios vertiginosos tanto a nivel global, como nacional, es imperativo ser oportuno y necesario adelantarse a dichos cambios y así estar a la altura de las circunstancias y esta soberanía no está libre de esta responsabilidad.

El reto que tenemos ante la nación radica en actualizar la instrumentación y el fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización de esta Cámara de Diputados. La misión consiste en diseñar órganos eficaces para la efectividad parlamentaria ya sí redimensionar la función de control y fiscalización de este Poder Legislativo y dar cumplimiento al mandato constitucional en la fiscalización de los recursos federales de los tres Poderes de la Unión, entes públicos los que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares.

El 14 de julio de 1999 el Constituyente Permanente reformó nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear la entidad de Fiscalización Superior de la Federación, y es así que el pasado 20 de diciembre esta Honorable Cámara aprobó con 394 votos a favor la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

Con esta reforma constitucional y la nueva ley se han establecido nuevas bases que permiten a esta soberanía mejorar la fiscalización de los recursos públicos federales, esto permitirá un mejor control constitucional respecto de la Cuenta Pública, buscando mayor transparencia en la aplicación de los recursos del pueblo.

La nueva Ley de Fiscalización Superior publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de diciembre consta de 96 artículos y en su artículo 66 establece que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda tendrá por objeto coordinar las relaciones con la Auditoria Superior de la Federación, así como evaluar su desempeño y constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación de ambos órganos.

En el Capítulo II del Título Séptimo de esta ley se establece la creación de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, hoy Auditoria Superior de la Federación y cuya función es vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación, a fin de aplicar en su caso las medidas disciplinarias y sanciones administrativas que prevé la normatividad.

Esta Unidad de Evaluación forma parte y depende de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, dándose así cumplimiento al artículo Segundo de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y así coordinar y evaluar el desempeño de la Auditoria Superior de la Federación.

En el artículo 92 de la Ley de Fiscalización se establecen las atribuciones de esta unidad y entre otras menciono las siguientes:

Fracción 1. Vigilar que l os servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación se conduzcan conforme a esta ley.

Fracción 2. A instancias de la Comisión podrá practicar por sí o a través de auditores externos, auditorias para verificar el desempeño, el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas anuales de la Auditoria Superior, así como la debida aplicación de los recursos a cargo de ésta.

Fracción 3ª. Recibir quejas y denuncias derivadas del incumplimiento de las obligaciones por parte del Auditor Superior de la Federación, auditores especiales y demás servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación, iniciar investigaciones y en su caso, con la aprobación de la comisión, fincar las responsabilidades a que hubiere lugar e imponer las sanciones que correspondan.

Fracción 4ª. Conocer y resolver el recurso de reconsideración que interpongan los servidores públicos sancionados.

Fracción 5ª. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que se emitan.

Fracción 6ª. A instancias de la comisión, presentar denuncias o querellas ante la autoridad competente en caso de detectar conductas presumiblemente constitutivas de delito, imputables a los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación.

Fracción 7ª. Llevar el registro y análisis de la situación patrimonial de los servidores públicos adscritos a la Auditoria Superior de la Federación.

Los Poderes de la Unión y los entes públicos federales tendrán la facultad de formular queja ante la Unidad de Evaluación y Control sobre los actos del Auditor Superior de la Federación que contravengan las disposiciones de esta ley, en cuyo caso dicha unidad sustanciará la investigación preliminar por vía especial para dictaminar si ha lugar a efecto de iniciar el procedimiento de remoción a que se refiere este ordenamiento.

El artículo 96 de la Ley de Fiscalización establece que esta Cámara de Diputados expedirá el reglamento de esta unidad, y es por ello que el día de hoy lo sometemos a la consideración de esta soberanía. Este ordenamiento vendrá a regular la actividad de dicho órgano técnico de evaluación y control.

El reglamento consta de 28 artículos divididos en 7 capítulos, y en su articulado se propone la estructura con la que debe de trabajar la unidad, además contempla contar con personal profesional en las tareas de contaduría, auditoria, administración y jurídica.

En el capítulo segundo se establecen las atribuciones que tendrá la Comisión de Vigilancia en su relación con la unidad, y de igual forma, en el capítulo tercero se detallan las facultades de la unidad, y el capítulo cuarto señala las atribuciones del titular de esta unidad.

El Partido Acción Nacional está convencido en redimensionar el esfuerzo para eficientar el control del gasto público a través de normas y estructuras que aseguren el adecuado desempeño de la entidad responsable de fiscalizar y evaluar los recursos públicos federales, y el día de hoy decidiremos lo concerniente a la creación de la Unidad de Evaluación y Control como órgano técnico de la Comisión de Vigilancia de esta Honorable Cámara de Diputados.

Ante el lacerante fenómeno de corrupción y de impunidad, los tres poderes de la Unión debemos estar comprometidos a contar con instituciones fiscalizadoras que tengan como común denominador la imparcialidad, el profesionalismo y la honestidad, y con esto estaremos dando confianza a todos los que pagamos impuestos, de que su dinero es aplicado con eficiencia, eficacia y honradez, tal y como lo señala nuestra Carta Magna en su artículo 134, y asimismo, se estarán rindiendo mejores cuentas a la ciudadanía.

Para complementar la función de control y fiscalización, se requiere la real impartición de justicia, por lo cual la actuación del Poder Judicial es fundamental y determinante, por lo que respetuosamente exhorto a ese poder a redoblar esfuerzos para combatir la impunidad que tanto daño ha hecho a nuestro país.

De igual forma, los tres niveles de gobierno: municipio, estado y federación, también deben de trabajar por mejorar y profesionalizar sus entes de control y fiscalización, ya que de no hacerlo seguirá la desconfianza de la población en sus gobiernos.

Fomentemos una cultura de rendición de cuentas, de transparencia, de eficacia, de honestidad: éste es el reto, trabajemos para cumplirlo y los mexicanos nos lo agradecerán.

El día de hoy, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, y 67 fracción X de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, el pleno de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda somete a su consideración el Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Auditoria Superior de la Federación, y para el cual pido su voto a favor para que sea aprobado por esta soberanía.

Por su atención, gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Tiene la palabra el diputado José Luis Ugalde Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL DIP. JOSE LUIS UGALDE MONTES: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

Sujetar el poder a normas y a una estricta vigilancia es una forma democrática de prevenir la discrecionalidad y el abuso. Por eso es esencial para la consolidación democrática de la nación que la actividad gubernamental sea transparente y que la sociedad tenga acceso efectivo a la información sobre las acciones de gobierno, sobre los recursos que maneja y sobre los resultados de su gestión. Que el poder esté controlado no significar limitar su ejercicio sino hacerlo más racional.

El buen gobierno debe ser garantía de que las instituciones funcionan en los términos que el orden constitucional dispone.

En los últimos años el PRI ha impulsado junto con otras fuerzas políticas, reformas fundamentales para que el poder esté sujeto a controles y a una mayor fiscalización. La instalación de la Auditoria Superior de la Federación como órgano técnico de esta Cámara de Diputados es el resultado de las reformas impulsadas.

Las amplias facultades de la Auditoria Superior son indispensables para cumplir con su labor de fiscalizar al Ejecutivo. Su diseño institucional, autonomía técnica y de gestión permiten que su desempeño se realice ajeno a los intereses partidistas o de grupo.

Sin embargo, esta representación nacional requiere de un instrumento adicional que sin tocar la necesaria autonomía de la Auditoria Superior permita dar a la sociedad mayor certidumbre sobre la actuación y eficacia de ésta.

La norma constitucional contempla que la Cámara de Diputados por medio de su Comisión de Vigilancia, cuente con una Unidad de Evaluación y Control que le permita revisar a la Auditoria Superior. La norma es precisa en los alcances y limitaciones de esta unidad y por ello el Proyecto de Reglamento Interno de la Unidad de Evaluación y Control que hoy se presenta a la consideración de esta asamblea, precisa su organización interna y los alcances de su actuación.

La Unidad de Evaluación y Control formará parle de la estructura de la Comisión de Vigilancia y será el órgano especializado de vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la Auditoria Superior de la Federación. Esta unidad dará los elementos para determinar si la Auditoria Superior está cumpliendo cabalmente con sus fines y corregir su actuación si es necesario.

Si bien hoy la Cámara de Diputados cuenta con un instrumento fiscalizador como lo es la Auditoria Superior, lo cierto es que ésta, como cualquier institución, debe ser evaluada.

Para ello la Cámara debe contar con una institución profesional y con recursos técnicos para vigilar de manera efectiva que la Auditoria Superior cumpla con sus programas y que sus miembros se sujeten a las normas y propósitos que le dieron vida.

Enfatizamos, la Unidad de Evaluación y Control no resta autonomía a la Auditoria Superior y mucho menos tendrá ingerencia en el desarrollo de los instrumentos técnicos de los que se vale la auditoria para fiscalizar al gobierno.

Una Auditoria Superior eficaz requiere de autonomía para organizar su trabajo y establecer métodos para la revisión y fiscalización de los recursos que utiliza el gobierno, pero el objetivo de la Norma Fundamental, es que ninguna institución pública esté exenta de rendir cuentas.

El Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control cumple con el objetivo de que todos rindan cuentas y estén sujetos al escrutinio de instancias externas.

Compañeras y compañeros diputados: El Poder Legislativo ha reforzado su capacidad de fiscalizar al Ejecutivo, la Unidad de Evaluación y Control es una pieza esencial en el nuevo esquema de fiscalización y una herramienta de la Cámara de Diputados que dará confianza y certidumbre a la sociedad.

Creemos que es vital para esta Cámara que la Unidad de Evaluación y Control entre pronto en operación, porque de esta manera se completa el esquema de fiscalización que se ha venido construyendo.

Apoyamos la iniciativa porque es el resultado de un amplio proceso de discusión hacia el interior de la Comisión de Vigilancia y está impulsada por todos los Grupos Parlamentarios que la representan. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Esta presidencia consulta si hay registro para la discusión en lo general en pro o en contra.

Consulta esta presidencia si hay registro para la discusión en lo particular en pro y en contra.

En virtud de que no hay registro de oradores para discutir el dictamen ni en lo general ni en lo particular, consulte la Secretaría a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular en un solo acto.

LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.

En virtud de no haber reserva de artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(V O T A C I O N )

Se emitieron 378 votos en pro, ninguno en contra.

LA C. PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular por 378 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.

Publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

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Continúe la Secretaría.

EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para exhortar a la PGR para dar seguimiento al caso del C. Carlos Cabal Peniche)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al H. Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y análisis, la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República. a efecto de dar seguimiento puntual a los diversos procesos penales llevados a cabo en contra del ciudadano Carlos Cabal Peniche.

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, de conformidad con las facultades que le confieren los artículos 39 párrafos primero y segundo fracción XIV; 45 párrafo sexto incisos f, y g, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y las que se deriven al caso, como son las contenidas en los artículos 58, 60, 87, 88, y 93 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea la presente resolución, dictada bajo la siguiente:

Metodología

La Comisión de Justicia y Derechos Humanos encargada del análisis, estudio y desahogo de la proposición con punto de acuerdo presentada, desarrollo su trabajo conforme al procedimiento que a continuación se describe:

1. En el Capítulo de "antecedentes", se da constancia del trámite de inicio del proceso legislativo, del recibo y turno de la referida proposición y de los trabajos previos de la comisión.

2. En el rubro de "exposición de motivos" se hace referencia a los criterios que sustentan la necesidad que se investigue a fondo a las personas que tuvieron injerencia directa en la integración de las averiguaciones previas, en las que se señala como probable responsable en la comisión de hechos de carácter delictivo al ciudadano Carlos Cabal Peniche.

3. En las "consideraciones" los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, expresan argumentos de valoración para sustentar la decisión de exhortar al Procurador General de la República, a efecto que le de seguimiento puntual a los procesos penales iniciados en contra del ciudadano Carlos Cabal Peniche.

1. Antecedentes

a) Con fecha 25 de septiembre de 2001, el diputado José de Jesús Hurtado Torres, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó al pleno de esta Cámara de Diputados, la Proposición con punto de acuerdo a efecto de exhortar al Procurador General de la República a que de seguimiento puntual a los procesos penales entablados en contra del ciudadano Carlos Cabal Peniche, para determinar a los responsables de la integración de las averiguaciones respectivas y proceder en consecuencia.

b) En sesión celebrada el 25 de septiembre de 2001, la mesa directiva de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión, turnó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y desahogo la proposición de referencia.

c) En fecha 26 de septiembre de 2001, los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conocieron la proposición presentada y procedieron a nombrar una subcomisión de trabajo tendiente a analizar su contenido, sobre la base de la siguiente:

2. Exposición de motivos

En los últimos días ha llamado poderosamente la atención de muchos mexicanos, las noticias que en diferentes medios de comunicación se han emitido en relación al caso Cabal Peniche, de 13 investigaciones federales 13 reveses para la Procuraduría General de! la República. La indignación de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país es muy justificada.

La actitud irresponsable de quienes se encargan de la investigación, consignación y aprehensión de los presuntos delincuentes, merman la confianza que el pueblo tiene en sus autoridades, como está sucediendo con la Procuraduría General de la República, respecto del procesamiento del ciudadano Carlos Cabal Peniche.

Dichas investigaciones fueron realizadas desde 1994 y hasta 1998, período en el cual estuvo al frente de la Procuraduría el doctor Jorge Madrazo Cuéllar.

Por tal razón se requiere del actual Procurador General de la República, profundice en las investigaciones, y una vez concluidas se sancione y consigne a quienes resulten responsables.

Si bien es cierto que las actuales investigaciones por la cuales el ciudadano Carlos Cabal Peniche ha logrado evadir la justicia, no son responsabilidad directa de esta administración ni de este procurador, si es responsabilidad del Procurador Macedo de la Concha dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias.

Trece asuntos se han decidido mediante autos de libertad o sobreseimiento, sin duda porque las averiguaciones previas se integraron mal, las querellas de la Procuraduría Fiscal de la Federación se presentaron fuera de tiempo, lo que arroja evidente responsabilidad de los Procuradores Fiscales, que en su momento dejaron de actuar oportunamente, lo que derivó en que el ejercicio de la acción penal según los tribunales respectivos se hallara prescrita; en otros, se imputaron al inculpado "dolosamente" delitos distintos a los que en realidad cometió, con la evidente intención que no se surtiera el tipo penal para que resultase absuelto, omitiendo con ello consignarlo por aquellos ilícitos por los cuales sí pudo haber sido responsable.

Tales hechos provocan frustración e indignación de la ciudadanía, y además alientan a que proliferen los delincuentes "de cuello blanco", pues pareciera que en México basta tener suficientes recursos para impedir que se haga justicia.

Las querellas y denuncias en cuestión, las investigaciones practicadas, las consignaciones y las órdenes de aprehensión que en su momento causaron tanta expectación, y hasta esperanzas de que ahora sí se iba a hacer justicia, se han desvanecido, y los únicos responsables de este desastre jurídico son aquellos que a propósito, con dolo, o en su caso por ignorancia o negligencia, litigaron a nombre de¡ pueblo mexicano para perder, a sabiendas de que iban a perder.

Existe la voluntad inquebrantable de luchar contra este tipo de actitudes negativas, legislando en la materia para evitar casos similares.

3. Consideraciones

Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos en que debe profundizarse en la investigación de lo que sucedió en torno al presente caso, que es necesario esclarecerlo, que es necesario ir al fondo en este y en muchos otros asuntos en los que se encuentra hoy comprometida la justicia mexicana.

Desafortunadamente los mexicanos, nos hemos dado cuenta que este caso no es aislado ni es un sólo fracaso en nuestra justicia, es un asunto que acusa como muchos otros, graves fallas en nuestros mecanismos de procuración y administración de justicia. Sin embargo, consideramos que se debe investigar, si en el mismo existieron dolosamente, fallas, errores u omisiones graves, por parte de los servidores públicos encargados de investigar y de procesar al probable responsable de la comisión de los hechos delictivos que han causado indignación social, vergüenza nacional y desconfianza de un pueblo hacia sus autoridades.

En la actual composición del país, todos sin excepción debemos asumir el compromiso de ir a fondo en el combate a la corrupción en todos sus niveles y en todos sus grados, para que casos como éstos no vuelvan a tener cabida en nuestra justicia.

Los integrantes de esta comisión, estamos ciertos que en el ámbito de nuestras facultades, debemos abocarnos a la realización de reformas legales, tendientes a fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en los servidores públicos que participan en la ejecución de las funciones de su competencia.

Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sometemos a consideración de ésta soberanía el siguiente

RESOLUTIVO

Único. Que esta Cámara de Diputados exhorte al Procurador General de la República, licenciado Rafael Macedo de la Concha, a efecto que se de seguimiento puntual a los procesos penales que se encuentran iniciados en este momento en contra del ciudadano Carlos Cabal Peniche, a que se profundicen las investigaciones actuales, con objeto de determinar si resultan probables responsables por omisiones graves en la integración y consignación de las averiguaciones previas respectivas, y en su caso, se presenten las denuncias correspondientes para que se apliquen las sanciones tanto administrativas como penales. Así mismo se de una explicación clara y precisa a la opinión pública, de las irregularidades en el curso de estas investigaciones, con la finalidad que se deslinden las responsabilidades en este caso.

Salón de sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de octubre de 2001.— Diputados: José Elías Romero Apis, presidente; Roberto Zavala Echavarría, Fernando Pérez Noriega, Gustavo César Buenrostro Díaz, David Augusto Sotelo Rosas, secretarios; Eduardo Sánchez Andrade, Flor Añorve Ocampo, Francisco Cárdenas Elizondo, Manuel Galán Jiménez, Rubén García Farias, Ranulfo Márquez Hernández, Manuel Medellín Milán, Fernando Ortiz Arana, José de Jesús Reyna García, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Benjamín Avila Márquez, Gina Andrea Cruz Blackledge, Lucio Fernández González, Alejandro Enrique Gutiérrez Gutiérrez, Silvia América López Escoffie, María Guadalupe López Mares, Vicente Pacheco Castañeda, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Víctor Hugo Sandón Saavedra, Yadira Ivette Tamayo Herrera, Genoveva Domínguez Rodríguez, Tomás Torres Mercado, José Manuel del Río Virgen, María Teresa Campoy Ruy Sánchez y Norma Patricia Riojas Santana.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.

Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, hará uso de la palabra por la Comisión el diputado Gustavo César Buenrostro Díaz, hasta por quince minutos.

EL C. DIPUTADO GUSTAVO CESAR JESUS BUENROSTRO DIAZ. Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros y compañeras diputadas:

El dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría General de la República a efecto de que dé seguimiento puntual a los diversos procesos penales llevados a cabo en contra de Carlos Cabal Peniche y considerando como fundamento el artículo 108 de nuestro Reglamento Interior, me dirijo a ustedes a nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para expresar lo siguiente:

Es cierto que este caso llamó en su momento de forma importante la atención de miles de mexicanos. Las noticias que se dieron a conocer en diferentes instrumentos de comunicación con respecto a este caso, generaron una indignación de muchos, de miles de mexicanos y consideramos que de forma justificada. Es cierto que se desprenden, que se identifican actitudes irresponsables de quienes en su momento se encargaban de procurar y administrar la justicia en el país.

Es importante señalar que dichas investigaciones fueron realizadas desde 1994 y hasta 1998, período en el cual estuvo al frente de la Procuraduría General de la República el doctor Jorge Madrazo Cuellar; pero también es cierto que la institución encargada de procurar justicia en el país, está más allá de los nombres. Hoy se requiere al actual Procurador General de la República para que profundice sobre las investigaciones y que se analice y se sancione y en su caso se consigne a quienes resulten responsables. No es posible que de 13 asuntos, 13 averiguaciones, 13 desaciertos, 13 fracasos que administran y procuran justicia. Esto no puede ser.

Es cierto que hoy el titular de la Procuraduría General de la República, Macedo de la Concha, debe dar con los responsables y llegar hasta las últimas consecuencias.

Estos hechos han provocado la frustración e indignación de miles de mexicanos y por supuesto que alientan a que ese género, esa especie de delincuentes de cuello blanco sigan proliferando.

Las querellas y las denuncias que abarcan todo el caso Cabal Peniche, las órdenes de aprehensión que en su momento causaron tanta tensión, tanta expectativa y hasta generaron que ahora sí se iba a impartir y a procurar justicia en el país, se desvanecieron y los únicos responsables de este fracaso jurídico por ignorancia, por dolo, por negligencia que litigaron a nombre del pueblo mexicano perdieron, fracasaron y en muchos casos ya sabía que iban a perder.

Hoy existe en el país la voluntad inquebrantable de seguir luchando contra este tipo de actitudes negativas y es importante que como órgano legislativo consideremos la importancia de seguir legislando en la materia para que se sigan dando casos similares.

Por estas razones los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, coincidimos en que debe profundizarse en la investigación de lo que sucedió en torno al caso Cabal Peniche. Coincidimos en que es necesario que se esclarezca; que es también necesario ir al fondo; éste es un caso que ha lastimado al país y la procuración de justicia en el país debe de luchar contra esos tres grandes males que hoy siguen desafortunadamente en mayor o menor grado presentes. Por una parte la corrupción; por otra parte la ineficiencia y por último la impunidad. México quiere que nuestro sistema de procuración de justicia genere certeza, genere credibilidad; que los ciudadanos crean en sus instituciones.

Por esta razón los integrantes de esta comisión estamos ciertos que en el ámbito de nuestras facultades debemos abocarnos a la realización de reformas legales que prevean y que promuevan el desarrollo de nuestro sistema de procuración de justicia.

Por esta razón, la resolución la que llega la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en señalado Punto de Acuerdo establece que se exhorte al Procurador General de la República, licenciado Rafael Macedo de la Concha, a efecto de que dé seguimiento puntual a los procesos penales que se encuentran iniciados en este momento en contra del C. Carlos Cabal Peniche. A que se profundice también en las investigaciones actuales con objeto de determinar si resultan probables responsables por omisiones graves en la integración y consignación de las averiguaciones previas y en su caso que se presenten las denuncias correspondientes para que se apliquen las sanciones tanto administrativas como penales.

También la Comisión de Justicia y Derechos Humanos solicita se dé una explicación clara y precisa a la opinión pública de las irregularidades en el curso de estas investigaciones, con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades en su caso.

¡Basta de impunidad! ¡Basta de corrupción! ¡Basta de ineficiencia! Gracias.

PRESIDENTA: Gracias señor diputado.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados: Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el ciudadano diputado David Augusto Sotelo Rosas; por el grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado José Alfredo Botello Montes y por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Ranulfo Márquez Hernández.

Tiene la palabra hasta por diez minutos, el ciudadano diputado David Augusto Sotelo Rosas.

DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Gracias ciudadana presidenta.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se pregunta al igual que millones de mexicanos hasta cuándo terminará la impunidad en nuestro país. Hasta cuándo quienes han defraudado a la Nación, quienes se han beneficiado de sus recursos, quienes han hecho de los recursos públicos sus ingresos privados, tendrán castigo.

De ahí que los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, hayamos votado por unanimidad este resolutivo.

De mala leche se encubrió la conducta ilícita de Cabal Peniche y de sus compinches en el gobierno y en la iniciativa privada. Se dejaron correr términos; allí hay negligencia, pero también complicidad, pero también encubrimiento.

Cómo es posible –se han de preguntar millones de ciudadanos—que un humilde carterista, raterillo que se robó algún gansito de alguna tienda de abarrotes esté en este momento en prisión, mientras gentes como Cabal Peniche gozan de verdadera impunidad.

Es decir, no estamos a favor a favor del robo o los delincuentes; todos, todos aquellos que delinquen, sea chico o sea grande, deben pagar su conducta con la sociedad, por una sanción que la sociedad establece.

Pero no hay justicia, no la hay. En reiteradas ocasiones abogados hemos llegado a la conclusión de que cada vez que decimos que la sentencia es solamente la verdad legal, no estamos haciendo justicia. No hay justicia todavía en México.

Quienes hayan, por su conducta negligente, encubierto la conducta antijurídica típica y culpable de Cabal Peniche y otros deben de pagar.

Pero la justicia en México todavía no es pareja. De allí que debamos tener el compromiso de reformar las leyes, reformarlas para hacer justicia, no solamente para dictar la verdad legal, porque necesitamos recobrar la confianza de los ciudadanos en quienes imparten justicia, en quienes procuran justicia y en quienes hacen leyes.

Hemos perdido los políticos, los abogados, credibilidad en el pueblo. Y esa credibilidad necesitamos rescatarla y necesitamos hacerlo con leyes verdaderamente justas, que hagan del procedimiento el esclarecimiento total de los hechos y de las conductas antijurídicas con la conclusión en una sentencia que dé ejemplo a todos los ciudadanos.

Pero parece ser que se premian las conductas ilícitas. A mayor robo mayor impunidad, y eso no podemos permitirlo. De allí que la fracción parlamentaria del PRD exija que, con el cumplimiento de la ley, la ley positiva y vigente, se esclarezca quiénes son los responsables de esta impunidad y se les castigue.

No vamos a cejar en el empeño de castigar a los culpables, lo demanda el pueblo de México, lo demandan los ciudadanos de este país.

Tenemos que recobrar la confianza de los ciudadanos precisamente en el voto que el 2 de julio del 2000 nos han dado a nosotros los legisladores.

En esta Cámara está representada, como en ningún otro Poder, la voluntad nacional. De ahí que los ciudadanos diputados y diputadas tenemos ese grave compromiso, esa grave responsabilidad de a través de las leyes empezar a hacer justicia y terminar en México con la impunidad con quienes se han beneficiado con los recursos de la nación.

Necesitamos castigarlos, necesitamos levantar los cadalsos, los cadalsos que esta democracia erija en contra de los criminales de la nación. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos.

EL C. DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Nos congratula al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que este Punto de Acuerdo presentado por el diputado panista Jesús Hurtado, haya sido avalado por todos los integrantes de la Comisión de Justicia Derechos Humanos.

Uno de los grandes problemas que tenemos en México es que precisamente por una serie de "errores", que precisamente por una debilidad en la ley, se estén dando una serie de impunidades, una serie de acciones marginales a la ley que finalmente no se está cumpliendo, desgraciadamente con el cambio que todos deseamos.

Nos estamos convirtiendo en un país en donde desgraciadamente la impunidad por estas leyes, por esta debilidad en las leyes se está teniendo. Por ello nuestra responsabilidad como legisladores es reformar las leyes a eso estamos apostados y ya hemos presentado incluso muchas de ellas en cuanto a juicio político y estamos trabajando en la ley de cuestiones penales en este Congreso y al interior del Grupo Parlamentario del PAN.

Desgraciadamente todavía quedan algunos resabios del pasado donde observamos que no se han hecho cosas de manera correcta y que los asuntos resultan en este tipo de agravios hacia la sociedad.

Y el caso más concreto es el del señor Carlos Cabal Peniche, quien ha pregonado a los cuatro vientos en los distintos medios de comunicación, que está dedicado al cien por ciento a demostrar su inocencia ante la justicia mexicana e incluso ha tenido también el señor Cabal Peniche algunas expresiones respecto a tabasqueños distinguidos como el señor Roberto Madrazo, y Andrés Manuel López Obrador, de quienes ha dicho que se siente orgulloso de estos dos distinguidos tabasqueños. Uno de ellos, el señor López Obrador, se ha deslindado incluso del señor Carlos Cabal Peniche. Otro, Roberto Madrazo, ha dicho "que los mexicanos debemos estar satisfechos que la justicia se aplique sin politizarse y que pueda cada quien resolver los problemas dentro de la ley, sin prejuicios y sin decisiones predeterminadas".

Sin embargo, señores, no es que se esté aplicando la justicia, no es que se esté dando justicia. En última instancia, suponiendo sin conceder, es que lo que se está aplicando es la ley, pero no la justicia. Que no nos engañen al pueblo de México, muchas ocasiones la ley es ciega y desgraciadamente no se aplica la justicia, máxime cuando el señor ha sido exonerado no de los delitos en una sentencia de fondo, sino en una sentencia de trámite, que es la de los autos determinativos, donde no se ha probado la inocencia del señor, si no se ha probado en última instancia el hecho de que el señor no pudo ser sancionado en virtud de que quizá por algunos "errores" entre comillas de las autoridades no se atendió a que no procediera la prescripción de los delitos y por ello es que los jueces decidieron, en una interpretación de la ley en primera instancia, el hecho de declararlo libre en esos autos de término que, por cierto, la Procuraduría incluso ha impugnado ante los distintos juzgados y ahora pues esperaremos qué es lo que resuelve el Tribunal Judicial de la Federación en esas instancias legales que tenemos.

Que no nos engañen, señores, no es que se esté haciendo justicia al señor Cabal; se le está aplicando la ley. Porque justicia es la que pide el pueblo de México y por ello es que en este punto de acuerdo es que estamos exhortando al señor Procurador para que, en las instancias a su alcance de la Procuraduría, se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias de aquellas personas que pudieron haber cometido errores voluntarios en esas presentaciones de averiguaciones previas y en esas investigaciones, quizá, para permitir que el señor Cabal Peniche hoy alegue que se está haciendo justicia y que sus amigos también lo digan así.

Porque incluso también lo han expresado sus amigos que una vez que termine, que seguramente tienen la seguridad que así será, una vez que termine sus cuentas con la justicia "¡hasta podrían ser invitados a formar parte del partido político en el cual militan!".

¡Eso, señores, es realmente una desfachatez! En el Partido Acción Nacional pedimos justicia, sí, pedimos justicia porque el pueblo de México pide justicia. Sabemos también, desgraciadamente, que la ley actualmente es débil y sin embargo también queremos que se busque todo el resquicio de carácter legal para que sean sancionadas estas personas que han realizado mucho en contra del pueblo de México.

No es Cabal nada más, también es Oscar Espinosa y son muchos y muchos personajes de "cuello blanco" que han pasado precisamente por los tribunales únicamente a estampar su firma, pero que desgraciadamente por esa aplicación ciega de la ley andan libres en México.

La sentencia pública la han tenido en esta Cámara, la han tenido por parte de todos los mexicanos y todavía esperemos el resultado que se tenga de parte de la Procuraduría General de la República respecto a la investigación que se realice de los funcionarios que intervinieron en estas labores de investigación y esperaremos también la resolución que tenga la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados respecto a los casos que les tocará determinar.

Ojalá que sí se encuentren los mecanismos legales para que se castiguen a los responsables que han querido incubrir a este personaje y también en todo caso se reviertan, precisamente, esos autos de libertad que se le dieron al señor Cabal Peniche. Estaremos muy al pendiente de la información que recibamos de parte de la Procuraduría y también de las acciones que realice la Procuraduría en este caso. Por eso el Partido Acción Nacional es que presentó este Punto de Acuerdo e insisto, agradecemos mucho a todas las fuerzas políticas representadas en este pleno, para que voten a favor de este dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Ranulfo Márquez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIP. RANULFO MARQUEZ HERNÁNDEZ: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros diputados; compañeras diputadas: Acudo a esta alta tribuna con la representación de mi fracción parlamentaria, para fundamentar el apoyo que en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos dimos a este dictamen, donde exhortamos a la Procuraduría General de Justicia a que en los juicios pendientes del caso Cabal Peniche ponga mucha atención en lo subsecuente y en aquellos donde agotada la instancia procesal haga una revisión de qué fue lo que sucedió en el proceso y deslinde responsabilidades hacia quienes por omisión o por acciones indebidas permitieron que se esté concibiendo un acto de impunidad más.

Desde la comparecencia del 26 de septiembre del Procurador General de Justicia al inicio de esta Legislatura, fuimos muy claros, mi partido, en decirle al Procurador en que debía de vigilar todos aquellos asuntos que a la sociedad le eran principalmente inquietantes y sensibles y uno de ellos era este caso, el caso de Cabal Peniche y del Banco Unión. Le exigimos igualmente al actual Procurador, en su comparecencia en la comisión, que redoblara los esfuerzos para que no fuera a haber evasión de la responsabilidad e incluso en cada una de las reuniones que hemos tenido con el señor Procurador, hemos dicho por parte de la fracción del PRI, que si es necesario dotarlo de mayores instrumentos jurídicos para la persecución de los delitos, estamos dispuestos a realizar las reformas necesarias en el Código Penal o en el Código de Procedimientos en la ley, en contra del orden criminal, para que de una vez por todas podamos erradicar estos actos de impunidad, no nada más en casos tan sensibles que han sido motivo de abierta definición de la opinión pública en contra, como en éste, sino en los casos cotidianos que se dan y que por las estadísticas vemos que los actos de impunidad son muchos.

Nosotros desde ya el sexenio pasado, habíamos visto que el problema de la procuración de justicia era un problema bastante fuerte en la sociedad mexicana. Al lado del de la seguridad   eran cuestiones de mucha sensibilidad para la sociedad, de ahí que incluso aparte de ir procesando una institución como la procuración de justicia moderna, fuimos dando oportunidad a que esta no fuera definición de un solo partido, que estuvieran otros partidos vigilando la procuración de justicia, que estuviera un agente de la sociedad civil cuidando este sentido porque creemos que en estos momentos en algo tan dañino es imprudente e insensible querer partirizar el problema de la impunidad, porque la impunidad se da en muchas áreas y en muchos aspectos: en el sector empresarial, en el sector público, en muchas cuestiones de transacciones personales hemos encontrado violaciones a la ley y luego impunidades por razones diversas.

Y ahí señores, que aparte de apoyar este Punto de Acuerdo en el caso específico, nosotros como Cámara de Diputados tenemos que ir más allá, tenemos que hablar con los órganos encargados de la procuración y de resolución en los casos de justicia, tenemos que hablar con los justiciables, tenemos que hablar con la sociedad para que es lo que requiere los Códigos de Procedimientos Penales, el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales reformar, para que dotemos a las autoridades de suficientes facultades para perseguir los delitos y no dejar nada a la impunidad.

Creo que este es el compromiso que tenemos que hacer a partir de haber apoyado este Punto de Acuerdo y de darle seguimiento a cada uno de los asuntos que les son sensibles a la sociedad para que podamos cumplir con la responsabilidad que el pueblo nos asignó al votar por todos los aquí presentes.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hará uso de la palabra hasta por diez minutos, el ciudadano Diputado Humberto Mayans.

EL C. DIPUTADO HUMBERTO MAYANS CANABAL: Para hacer uso de la palabra y como Diputado Independiente, al no tener derecho a posicionamiento alguno en ninguna de las iniciativas y debates que se presentan en esta Cámara, he tenido que solicitar el apoyo del Partido del Trabajo y lo agradezco profundamente para poder tener diez minutos y participar en este debate.

El caso de Carlos Cabal Peniche no es una excepción a todo el proceso que se dio de privatización de la banca en México, del FOBAPROA y del hoy que se llama el Instituto de Protección al Ahorro Bancario que por cierto siendo Senador de la República fui el único priísta de entonces que como Senador votó en contra del IPAB y de la extranjerización de la banca..

Hay que remitirse a Julio de 1992 para comprender a cabalidad qué pasó con Carlos Cabal y qué pasó con el proceso de privatización de la banca. En ese entonces Julio de 92 se llevó a cabo la reunión en el Auditorio Nacional ante 10 mil personas, el Presidente de la República de entonces y todo su Gabinete en Pleno la Reunión de Evaluación del Proceso de Privatización de dieciocho bancos comerciales y que se llevó a cabo en 25 meses con 27 días según se dijo ahí mismo y se obtuvo para su venta 43.7 millones de pesos que significaron "mucho más de lo que se había pagado cuando se estatizó la banca", recursos que fueron destinados conforme a lo que ahí se puso en esa reunión, a disminuir el saldo de la deuda interna lo cual constituía un requisito indispensable para consolidar el saneamiento financiero del país.

Se dijo también, que a diferencia de otros países en donde la deuda interna representaba al 50 o al 60% del Producto Nacional, en México sólo significaba el 13% lo cual indicaba que se podrían destinar mayores y crecientes recursos a programas fundamentales que mejorara los niveles de vida del grueso de la población, situación que nunca se dio, que nunca sucedió.

En ese entonces el Dr. Aspe, Secretario de Hacienda acompañado por los señores Subsecretarios Guillermo Ortiz, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, hoy Director del Banco de México y Presidente del Comité de Desincorporación Bancaria, con el Subsecretario de Asuntos Internacionales José Ángel Gurría, por Francisco Gil Díaz, Subsecretario de Ingresos , hoy Secretario de Hacienda, por Carlos Ruiz Sacristán, Subsecretario de Normatividad y Control Presupuestal y por Rogelio Gasca Neri, Subsecretario de Programación y Presupuesto, explicó, que el objetivo de la reforma económica, de la reforma bancaria y económica ha sido ampliar la capacidad del estado para garantizar la soberanía de la nación y llevar justicia a todos los mexicanos en un marco de libertad y mayor participación de la sociedad.

A su vez, el Presidente del Comité de Desincorporación Bancaria, el doctor Guillermo Ortiz, destacó que la inversión extranjera podría participar minoritariamente en la banca comercial y participar a través de las acciones C y L aportando tecnología y capital y bingo con los principales centros financieros internacionales, situación que después de la reforma de la extranjerización de la Banca y del IPAB tampoco se dio porque hoy la banca mexicana está en manos del capital extranjero en lo fundamental.

Igualmente se dijo que el histórico proceso de privatización se rigió por principios básicos conforme a un sistema financiero eficiente y competitivo, con prácticas sanas y honestas que evitaron la concentración y garantizaron una participación diversificada y plural en el capital que asegure el control de los mexicanos de la Banca, otra mentira más. Todo ello se expuso ante consejeros, accionistas, directivos y trabajadores del sistema nacional bancario, así como ante el Director del Banco de México de entonces, Miguel Mancera.

¿Qué pasó? ¿Por qué no se cumplieron los objetivos planteados en la privatización de la Banca? ¿Por qué los bancos se vendieron en muchos casos a gente inexperta y a verdaderos pillos, como reconoció el propio doctor Guillermo Ortiz en 1997, siendo todavía Secretario de Hacienda en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados? ¿Por qué se cometieron errores, como él mismo señaló? ¿Quiénes cometieron los errores? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Por qué no se supervisó por el organismo responsable de manera puntual, estricta y profesional el funcionamiento de las instituciones bancarias privatizadas, especialmente de aquellos cuyos nuevos propietarios responsables de su manejo no poseían experiencia y autoridad moral alguna? ¿Por qué se les permitió realizar operaciones fraudulentas en perjuicio de los ahorradores y del pueblo de México? Todo como bien hoy lo sabemos, operaciones ilícitas. ¿Por qué se les permitió a banqueros y empresarios en no pocas ocasiones, saquear literalmente a los bancos y canalizar esos recursos a sus propias empresas o a sus familias o amigos sin los avales correspondientes redundando ello en empresarios ricos y banqueros ricos y bancos quebrados? ¿Por qué se cometieron tantos y tantos errores en esa privatización y en la supervisión posterior del trabajo cotidiano y normal de la Banca? ¿Por qué posteriormente cuando salieron a la luz pública todos los fraudes y los ilícitos se han cometido tantos y tantos "errores", como aquí se dijo, por parte de la Procuraduría General de la República en contra de los banqueros y especialmente del caso que nos ocupa hoy de Carlos Cabal Peniche, dejando correr términos, entre otros muchos errores que se han cometido? ¿Debilidades de la ley o complicidades?

Yo estoy seguro que si se saca a la luz y se investiga a fondo y se saca a la luz todos los resultados de los "errores", cometidos por Carlos Cabal Peniche, se destaparía nuevamente el caso del FOBAPROA; de este proceso irregular ilícito de privatización de la Banca en México, de las complicidades que ello implicó este proceso en contra de los intereses del pueblo de México, que vamos a pagar ahora a través del IPAB ahora con recursos fiscales, con impuestos, todo el pueblo de México, más de 900 mil millones de pesos, que es el costo que tienen ahora los pagarés del IPAB. Esto no lo podemos aceptar y por eso como legislador tabasqueño y gracias al PT subo a esta tribuna a exigir justicia, a exigir que se aplique todo el peso de la ley pero con todo un sentido jurídico de justicia plena a Carlos Cabal Peniche, para que pueda no solamente enfrentar el peso de la ley, sino devolver lo mucho que Carlos Cabal Peniche se llevó y que se benefició de esta privatización de la Banca. Porque hay que recordar que a Carlos Cabal Peniche no solamente se le vendió un banco, se le vendieron dos bancos: BCH y posteriormente Cremi, que uniéndolos hizo Banco Confía, a una gente inexperta, a una gente que no tenía ninguna experiencia bancaria, a una gente que cinco años atrás no tenía un solo centavo porque toda su familia en Tabasco estaba quebrada y no tenía recursos, de repente el comité encabezado por Guillermo Ortiz le vende dos bancos a Carlos Cabal, ¿se le vendieron a Carlos Cabal, o a quién se le vendieron los dos bancos?, y todos los ilícitos que cometió Cabal Peniche con el manejo de los recursos del pueblo, de esos dos bancos, de los clientes de esos dos bancos, ¿a dónde fueron a parar?

Se ha dicho que Carlos Cabal ha podido descongelar seis millones de dólares en Estados Unidos y que tiene cuenta por 60 millones de dólares más en bancos suizos. Esos dineros son del pueblo, no son de Cabal ni de su familia ni de sus amigos, son del pueblo de México y tenemos que pugnar en esta Cámara para que esos dineros regresen al pueblo de donde salieron.

¿Qué sigue, un discurso más en esta tribuna, una exhortación más?, ¿a dónde vamos, cuál es el camino que debemos seguir, cuál es el camino que va a seguir el Procurador General de la República en esta investigación? El pueblo todo de México, pero especialmente el pueblo de Tabasco con el caso Cabal se siente agraviado, y como legislador tabasqueño exigimos, exijo que se haga justicia, no a la impunidad.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Diputado Auldárico, ¿con qué propósito?

EL DIP. AULDARICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO: (desde la curul) Sobre el mismo tema.

LA PRESIDENTA: Sobre el mismo tema.

Diputado Auldárico, permítame usted, si le parece lo registro y voy a verificar si algún otro diputado quiere registrarse sobre el mismo tema.

Se abre el registro en pro y en contra.

Se registra al diputado Auldárico Hernández Gerónimo. Si hubiese algún registro adicional, les ruego hacérnoslo llegar a la mesa.

EL DIP. AULDARICO HERNÁNDEZ GERÓNIMO: Muchísimas gracias ciudadana Presidente.

Compañeros y compañeras: Cabal Peniche es sólo la punta de una madeja que nos conduce a Roberto Madrazo Pintado. Estos delincuentes de "cuello blanco" no son juzgados, más bien no pierden su honorabilidad, quieren que incluso sigan siendo tratados como señores.

No podemos construir un país distinto si no juzgamos y castigamos a los que han delinquido a costa de nuestros pueblos, de nuestra patria. No podemos acordar lo más importante si antes no acabamos con la impunidad de quienes creen que sus privilegios son requisitos de gobernabilidad.

Quienes no integraron correctamente las investigaciones contra Cabal y tampoco lo han hecho contra Madrazo, con su conducta también han cometido delitos y deben por ello ser juzgados.

El Presidente Fox tiene cuentas pendientes que arreglar con un pasado que sigue siendo presente, de corrupción y transgresiones de nuestras leyes y principios como nación.

Este punto de acuerdo lo habremos de aprobar a sabiendas que es insuficiente, pues también nosotros tenemos que tomar decisiones que nos corresponden específicamente en el caso de los fideicomisos de Banca Unión, con los que se benefició a un partido político y que a más de un año de haberse recibido, no hay generado ninguna decisión concreta para el deslinde de responsabilidades y la recuperación de créditos.

Cabal y Madrazo son después de todo prestanombres del innombrable Carlos Salinas de Gortari, cuyo fantasma sigue rondando las decisiones más importantes de este país que tienen que ver con la justicia y con todas las decisiones económicas. En este asunto, Fox una vez más tiene la palabra.

Muchísimas gracias.

LA PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea, si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

(Votación)

Suficientemente discutido.

LA PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

(Votación)

PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo, comuníquese.

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Pasamos al capítulo de Proposiciones. Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo en relación a las referencias del Presidente de la República a los medios de comunicación.

EL DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

"Los políticos que se quejan de los medios informativos parecen marineros que se quejaran del mar": Enoch Powell.

Las declaraciones hechas por el Presidente de la República durante su programa radiofónico sabatino y las que hizo al día siguiente a la prensa, obligan a obtener de esta soberanía un punto de acuerdo que fije una posición al respecto.

Estas declaraciones no constituyen un dislate o exceso más habituales del Poder Ejecutivo Federal, son una posición política dicha por boca propia que atenta contra la libertad de expresión, amenaza con romper el estado de derecho, trata de inhibir a los medios de comunicación y continúa en la campaña que busca amedrentar al Poder Legislativo Federal para que renuncie a su autonomía y no ejerza sus funciones republicanas.

Las declaraciones del Presidente contra la prensa que le es crítica no constituyen las aseveraciones de un ciudadano común y corriente. Son las declaraciones de un hombre de estado en el ejercicio del poder, en un país donde muchas de sus instituciones aún padecen el lastre del autoritarismo y en donde los mensajes presidenciales derivan en apreciaciones particulares en la cadena de mando jerárquico de sus subordinados deseosos de congraciarse con el principal inquilino de Los Pinos.

Las declaraciones del Presidente contra sus críticos suceden en momentos de emergencia entre grupos activistas por los derechos humanos conmocionados luego del asesinato de una brillante abogada, crimen cuyas repercusiones aún nos afectan justo cuando nuestro mandatario emplea un lenguaje propio de personajes que él juraba combatir y que según él eran representativos del sistema contra el que luchaba.

En este contexto las infortunadas expresiones del licenciado Vicente Fox Quesada reflejan una percepción particular, que él debe ponderar cuidadosamente por las implicaciones políticas que deriven de su apreciación.

La investidura presidencial es una institución propiedad de la nación, no del ciudadano Vicente Fox, por lo tanto, los actos del Ejecutivo Federal, deben corresponder a los términos republicanos, que los mexicanos hemos acordado para el desempeño de nuestras instituciones.

La irreverencia como divisa de campaña, le fue rentable a Vicente Fox, en su aspiración a la presidencia de la república, pero ahora ya no es el candidato sino el titular del Ejecutivo Federal. Desacralizar el poder, significa transformar las instituciones que reclama la sociedad, para que sea, de la sociedad misma, donde se oriente la actividad del Estado, es un cambio profundo que tiene que ver con una nueva relación entre el Estado y la sociedad.

Desacralizar el poder no es utilizar un lenguaje carretonero y desparpajado, para referirse a las relaciones que se producen entre los diferentes actores sociales, no es un problema de encuestas ni de percepciones, es una nueva actitud del Estado que permita construir nuevos pactos, entre el propio Estado y la sociedad.

Lamentable sería que, por un asunto de percepciones y con el propósito ganara raiting en los medios, se dirigiera al presidente utilizando los mismos conceptos, las mismas palabras, que el presidente expresó en el programa radiofónico del sábado pasado.

Pero no lo haremos ni lo haríamos jamás, porque sabemos las consecuencias que esto traería, para el deterioro de las relaciones entre este Poder y el Poder Ejecutivo, lo cual traería repercusiones catastróficas para la sociedad.

Si hay calumnias, el primer mandatario tendría que señalarlas con toda responsabilidad, pero si algo resultó preocupante en estas declaraciones del presidente, fue la parte donde señala que hay voces que le solicitan que ponga orden.

¿Qué significa ese orden? ¿Cuáles son esas voces? ¿Qué hace el presidente para enfrentar aquellas voces que le piden, según el propio presidente, cometa violaciones a las leyes y a los derechos de los mexicanos?

Otro asunto que causó preocupación, fue el de señalar, que nadie lo va a tumbar de la presidencia. ¿Tiene el presidente alguna información, que desconozcamos los mexicanos acerca de alguien que lo quiera tumbar?

De ser así, debe hacerlo del conocimiento de esta soberanía, para tomar las providencias necesarias y respaldar su mandato constitucional, pero de no ser así, es lamentable que se ponga, en la mesa del debate nacional, un asunto muy alejado de las instituciones y del quehacer republicano en este país.

No existe ninguna conjura contra el presidente, la investidura hace que su incontinencia declarativa, frivolidad e imposturas, atraigan naturalmente la atención social y se registren en los medios de comunicación.

Para poner un ejemplo, fue el propio presidente de la república cuando era candidato en campaña, el 18 de abril del año 2000, para ser más exactos, en una conferencia de prensa, en donde dijo textualmente: "El IVA se mantendrá en donde está, porque no es con alzas del impuesto como se obtendrá más ingresos en el gobierno federal, el ISR lo reduciremos durante el sexenio, pasando de la tasa actual del 32% hasta llegar sólo al 25%". Estas son palabras textuales del ahora presidente.

¿Cómo puede explicarle Fox a los millones de mexicanos, que él afirmó en campaña, categóricamente, no incrementar el IVA ni ampliarlo, y ahora pretende que seamos los legisladores, quien impongamos un impuesto lesivo a la mayoría de los mexicanos?

Esta es una de las causas de la desesperación presidencial, porque las críticas que se le hacen, es porque hoy pretende realizar acciones contrarias a sus promesas de campaña, esto es lo que los medios le señalan y lo que al Presidente le molesta.

México no necesita de la paciente y paternal benevolencia de un autoritario, sino del cabal cumplimiento de la protesta que Vicente Fox Quesada hizo al asumir la Primera Magistratura: "...cumplir y hacer cumplir la Constitución".

Es necesario actuar antes que sea demasiado tarde. Los hechos presentados ante esta soberanía deben tener respuesta suficiente y oportuna para cerrar el paso a quienes han solicitado al Presidente de la República restringir la libertad de expresión y satanizar a quienes no comparten la suya. La libertad es la libertad para todos, es libertad para los demás; la libertad no admite adjetivos, la libertad es o no es.

La libertad de expresión que en el país, como ya lo han señalado públicamente algunos especialistas en la materia, no se debe a la tolerancia ni a la magnificencia de nadie, se trata de una prerrogativa que ha ganado la sociedad mexicana y forma parte de las condiciones en las cuales se desarrolla la actual transición política.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Solicitar al Presidente de la República a señalar con precisión quiénes son los que difaman, los que calumnian y sobre todo los que tienen apetitos golpistas, para que en el marco de las leyes que rigen al país se inicie una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes.

Segundo. Exhortar al Presidente de la República a revelar los nombres y cargos públicos de quienes le solicitan poner orden en las formas, contenidos y línea editorial de los medios de información, así como en los asuntos públicos del país que atentan contra la estabilidad y gobernabilidad de la Nación.

Tercero. Recordar al titular del Poder Ejecutivo Federal, que no está dentro del ámbito de su competencia ni cuenta con las facultades o atributos constitucionales para poner "orden" entre comillas, con relación a las críticas de los medios de comunicación.

Cuarto y último. Exhortar de manera respetuosa al Presidente de México, para que en el campo de sus atribuciones, el primer mandatario exponga institucionalmente los motivos para haber denunciado públicamente una campaña desinformadora en contra del Poder Ejecutivo desde medios de comunicación que estarían sembrando, según el propio Presidente, entre la ciudadanía la desconfianza y el recelo hacia su investidura.

Atentamente, diputado Jaime Martínez Veloz.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Sobre el mismo tema, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA. Con el permiso de la Honorable Presidenta.

El Presidente Fox ilustra, lamentablemente que el dicho popular "el pez por su boca muere", es cierto. El frenesí de dislates en que ha incurrido lo han llevado a atacar a la prensa escrita y a los medios de comunicación; en el absurdo y en la desesperación de lo que él concibe como un ataque a su persona, el titular del Ejecutivo arremete de manera irreflexiva contra la opinión pública.

Nos preguntamos: ¿acaso en nuestro país se está repitiendo el grotesco fenómeno Bucaram, ocurrido hace algunos años en Ecuador?, ¿estamos pagando los mexicanos de esta forma el costo de un cambio largamente esperado? El pueblo de México con preocupación se formula estas interrogantes. La buena fe de millones de mexicanos que apostaron por el cambio se ha tornado en asombro y desconcierto ante la conducta errática del Presidente.

Sabíamos que el cambio que todos anhelábamos no iba a ser fácil, las experiencias recientes de otros países nos lo demuestran claramente, pero nunca imaginamos que llegaríamos a ese extremo.

Cuando este grupo parlamentario del Partido del Trabajo expresó en el balance de la gestión del primer año de este gobierno que el Presidente de la República había perdido el rumbo, alentábamos la esperanza de que hubiera reflexión y sensibilidad por parte de quienes ejercen el poder en México, para hacer un alto en el camino y reconsiderar seriamente lo que habían hecho a lo largo de esos primeros meses de gobierno. Con desazón vemos que no es así, pareciera más bien que estamos ante un torbellino que nos arrastra día con día hacia un punto sin retorno. Ni en el Presidente Fox ni en sus más cercanos colaboradores se avizora un cambio de actitud que nos permita suponer que las cosas tomarán otro camino. Es más, algunos hasta platican con los patos.

Nos volvemos a preguntar: ¿estamos acaso ante un ranchero enamorado, ante un Gabino Barreda que no entiende razones? ¿somos víctimas de algún personaje arrancado de las páginas de la época de oro del cine nacional? ¿estaremos ante el oropel y rancio tufo de una opereta de la época del porfiriato? o peor, ¿estamos ante un gobierno que ha perdido el piso y que demuestra una fragilidad enorme ante la crítica justa y certera de los mexicanos?

La obcecación y la ceguera son los signos característicos de la desesperación, afloran cuando no se es capaz de afrontar los retos que en realidad nos impone. Tenemos que reconocerlo, al Presidente Fox le ha quedado grande la titularidad del Ejecutivo Federal, sólo así se explica que cometa error tras error. Pero el más reciente ataque a los medios de comunicación adquiere un perfil que nadie hubiera supuesto que podría quedarse.

Sólo los regímenes totalitarios se atreven a formular amenazas contra la libertad de expresión; sólo los autoritarismos pueden declarar que son presas de la persecución de la opinión pública y éste no es el caso de México.

Debe quedarle bien claro al Presidente Fox: los mexicanos hacemos uso de nuestro derecho a expresar públicamente lo que pensamos de la gestión gubernamental y lo hemos hecho de manera seria y responsable y lo seguiremos haciendo.

El Presidente Fox, no puede engañarse a si mismo para asumir la actitud complaciente y cómoda de que los medios de comunicación lo han tundido sin que él diera motivo para ello. Asumir esa actitud es por decir lo menos infantil e ingenuo, nadie se lo cree. No se ha gestado una persecución en contra de la figura presidencial. No hay ningún complot. Simplemente los mexicanos hacemos uso de los derechos que nos otorga el marco constitucional para expresar lo que pensamos.

Compañeras y compañeros diputados: Nuestro deber con el pueblo de México está a prueba. No nos anima el propósito de obtener ganancias políticas aprovechando esta lamentable situación en la que se encuentra el Ejecutivo Federal. Ello sería mezquino. Como depositarios de la soberanía de los mexicanos tenemos que defender uno de los aspectos esenciales de la democracia: la libertad de expresión, toda proporción guardada, debemos ser fieles al compromiso que en días recientes hicimos al conmemorar el sacrificio de don Belisario Domínguez, reivindicando el derecho de manifestar nuestras ideas sin importar el precio que se pague.

Si una vez más el Presidente Fox cedió ante la ligereza e irresponsabilidad que lo caracteriza para emitir sus juicios, ello no lo exculpa de la gravedad de sus declaraciones. Desde luego resulta pertinente aclarar que si el Presidente de la República se encuentra preocupado por las "babosadas" de los medios de comunicación, las que difunden, es necesario destacarle que hay alguien que dice y hace esas "babosadas" y ese es el propio presidente. Y no podemos darnos el lujo de ser condescendientes ni minimizar esos hechos.

Ante el pueblo de México y ante el mundo, debemos expresar nuestro rechazo ante cualquier intento que pretenda coartar la razón última de un régimen democrático, me refiero a la libertad de expresión. Muchas gracias.

PRESIDENTA: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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El siguiente punto del Orden del Día, es la Proposición con Punto de Acuerdo, en relación con las elecciones extraordinarias en el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Informo a esta Asamblea que el grupo parlamentario del partido Acción Nacional, ha solicitado se retire del Orden del Día.

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El siguiente punto del Orden del Día, es el relativo al Impuesto llamado TOBIN e informo a este Pleno que el grupo parlamentario del PRD, ha solicitado se posponga para una próxima sesión.

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El Punto de Acuerdo en relación a la función 14 del Presupuesto, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos solicita que se presente al final de los puntos de acuerdo.

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El Punto de Acuerdo relativo a la resolución de la deuda de las empresas sociales en donde participa el FONAE, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, solicita se posponga para una próxima sesión.

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El Punto de Acuerdo con relación al Instituto José María Luis Mora, el grupo parlamentario del PRI, solicita se posponga para una próxima sesión.

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En consecuencia se presentará la proposición con Punto de Acuerdo, relacionada con el proceso electoral en el Estado de Puebla, y con ese propósito se concede el uso de la palabra al diputado Alfonso Vicente Díaz, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO ALFONSO VICENTE DIAZ: Ciudadana Presidenta, Honorable Cámara de Diputados, compañeros y compañeros diputados: los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional sometemos a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con punto de acuerdo a efecto de exhortar a las autoridades estatales y municipales del estado de Puebla a que se apeguen estrictamente a derecho con el fin de garantizar un proceso electoral transparente, así como demandar del Instituto Electoral del estado el cabal cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre esta instancia, los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación para asegurar que el proceso electoral del próximo 11 de noviembre, en el que se elegirán diputados locales y ayuntamientos, cumpla con todos los requisitos que la ley exige, todo ello con base en las siguientes consideraciones.

Convencidos de que el pueblo mexicano ha decidido vivir plenamente en la democracia, hacemos nuestro el reclamo de la sociedad poblana y exigimos que las próximas elecciones de la entidad sean transparentes y respeten el voto ciudadano.

En estos últimos meses hemos visto y venido observando un sinnúmero de irregularidades de tipo operativo, legal, administrativo, mismas que presentamos a continuación.

A nivel operativo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla muestra un amplio desconocimiento, inexperiencia e improvisación en los trabajos. A ello agregamos una desatención del presidente del Instituto a las áreas operativas y, por si fuera poco, una inasistencia casi total del Director General a sus labores cotidianas.

El proceso electoral, a la fecha, no cuenta con programas y cronogramas que aseguren un proceso transparente y adecuado. La profesionalización del servicio electoral con un proyecto aprobado fuera del plazo legal es totalmente ineficiente.

Desde el inicio detectamos una falta de insumos y herramientas de trabajo, así como recueros económicos en órganos inferiores, situación que, a pesar de los acuerdos ante la Secretaría de Gobernación, nunca han sido corregidos y en diversos momentos se ha cuestionado el correcto manejo de los recursos del Instituto.

Existió un retraso en la entrega del papel de seguridad al Registro Federal Electoral y por ello habrá un atraso en la entrega del material electoral a los funcionarios.

Hay una demora en la ubicación de las casillas extraordinarias y grandes contradicciones en los ciudadanos insaculados y capacitados, situaciones que no han sido aclaradas a la fecha.

La campaña de promoción del voto ha sido presentada en forma tardía e ineficaz.

Tantas irregularidades por tanto tiempo encubiertas hablan únicamente de dos posibilidades: manipulación del proceso con fines oscuros y particulares o de una irresponsabilidad intolerable.

Aunado a estos problemas operativos se encuentran los de tipo legal como las violaciones a los acuerdos del Consejo General, así como el incumplimiento de los ordenamientos por parte de la Junta Ejecutiva y del Comité de Adquisiciones, tales como notificaciones de acuerdos y falta de licitaciones.

Se han congelado determinaciones de responsabilidades administrativas y penales por parte de la Contraloría Interna. Existen impugnaciones de consejeros distritales y municipales pendientes de resolver desde el mes de julio, así como la formación de consejos municipales con menos integrantes de los que marca la ley.

En lo administrativo, ha habido irregularidades como la falta de un presupuesto definitivo y detallado del proceso electoral que fue aprobado a destiempo, así como un dispendio en salarios, viáticos, una falta de control y supervisión de los recursos e insumos.

Por si fuera poco, se ha incumplido con la obligación de informar al Órgano Superior de Fiscalización sobre el uso de los recursos.

Por otro lado, hay informes de los consejos distritales en donde existen más de 20 ayuntamientos imposibilitados para apoyar la seguridad de los consejos, sumando a las amenazas que se han dado en la Sierra Norte y en Mixteca contra candidatos del Partido Acción Nacional y contra el Senador Francisco Fraile García, lo que hace indispensable que el gobierno estatal garantice la seguridad de los funcionarios, la tranquilidad del proceso y la inviolabilidad de los consejos distritales y municipales.

Los problemas enunciados pudieran ocasionar la pérdida de credibilidad en el órgano electoral y sus tribunales, y lo que es más grave, la falta de participación del electorado al cual le pedimos y exhortamos a una plena y activa participación el próximo domingo.

Por lo aquí expuesto y fundamentado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente

P U N T O D E A C U E R D O

Primero. Que las autoridades estatales y municipales se apeguen estrictamente a derecho para garantizar un proceso electoral limpio y transparente.

Segundo. Que las autoridades del Instituto Electoral del Estado de Puebla, cumplan cabalmente con los acuerdos alcanzados con los partidos políticos y la Secretaría de Gobernación para asegurar que el proceso electoral del próximo 11 de noviembre, satisfaga plenamente los requisitos que la ley exige y que la ciudadanía espera.

Tercero. Que el gobierno del estado garantice la seguridad de los funcionarios de casilla de la jornada electoral de los Consejos Distritales y Municipales, con la clara obligación de mantenerse al margen de cualquier injerencia en algún otro asunto relacionado con el proceso.

Cuarto. Exhortamos al Congreso del estado, al Órgano Superior de Fiscalización y a las autoridades correspondientes, apliquen las sanciones a las que se han hecho acreedores los funcionarios del Instituto Electoral por las irregularidades administrativas, operativas y legales que hemos mencionado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 7 de noviembre del presente año. Diputado Salvador Escobedo, diputado Víctor León, diputada Sonia López, diputado Miguel Mantilla Martínez, diputado Ramón Mantilla González de la Llave, diputado Eduardo Rivera, y un servidor, diputado Alfonso Vicente. Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Para referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Alcántara, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIP. JAIME ALCANTARA SILVA: Con su permiso, señora Presidenta. Creo que todos hemos escuchado con atención los planteamientos de nuestro compañero Alfonso Vicente, del Partido Acción Nacional, y siento que lo único que nos queda es apoyarlo.

En las Consideraciones probablemente nosotros difiramos un poco, pero esa es la forma. En realidad el fondo, lo que se plantea aquí, es que sean unas elecciones como deben ser, apegadas a la ley, democráticas, con la supervisión del Estado, como debe ser, también, a efecto que los ciudadanos puedan sentirse satisfechos de que su voto fue debidamente respetado.

Por otra parte es también entendible que el Instituto pudiera tener algunas deficiencias. Evidentemente es la primera ocasión en que el Instituto está totalmente ciudadanizado. Los partidos políticos aprobaron su conformación, hay expresiones diferentes, como diferente es la sociedad, creo que en ello todos estamos de acuerdo en que debemos nosotros propugnar porque estas deficiencias con los pocos días que quedan para el proceso, puedan subsanarse.

Mis compañeros diputados poblanos, hemos acordado que pongamos lo mejor de nosotros a efecto de que esta propuesta del Partido Acción Nacional la apoyemos en el concepto final, que es que nosotros veamos el día de la elección, un proceso ordenado, transparente; que la gente vea que esta democracia de nuestro pueblo, que la ha ido generando y que se está consolidando en el transcurso de los procesos, sea una realidad a efecto de que quien gane sea respetado en su triunfo.

Que finalmente el gran ganador, estoy seguro de ello, seremos los poblanos, porque es un proceso largamente cuidado, largamente esperado: es la renovación intermedia de los poderes del estado, los municipios y el poder legislativo, y creo sinceramente que las condiciones están dadas para que esto pueda ocurrir.

Yo creo que nuestros compañeros de Acción Nacional pueden tener la plena certeza que lo que esté de nuestra parte habrán de contar con nuestra cooperación, a efecto de que este proceso sea como la ley y la lógica así lo marquen.

Muchísimas gracias.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, Diputado.

Ha solicitado la palabra para hechos el diputado Miguel Ángel Mantilla Martínez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL MANTILLA MARTINEZ (PAN): Buen día, diputada Presidenta. Con su venia.

Buen día para todos nuestros compañeros diputados. A Acción Nacional y en particular los diputados de puebla nos congratula mucho los manifiestos que nos acaba de hacer nuestro diputado compañero del Partido Revolucionario Institucional.

Realmente consideramos que el depósito de la confianza de estas generaciones mexicanas en las que solicitan a voz en cuello siente sus lares la democracia a lo ancho y largo del país, definitivamente nos comprometen mucho.

En puebla hemos tenido diferentes procesos en los que siempre queda el sinsabor de que la democracia, la transparencia, no sea respetada. No podemos, de ninguna manera, seguir permitiendo que en los procesos estatales y municipales queden estas dudas todavía flotando en el aire.

En los últimos tiempos hemos visto como en diferentes partes del país, me refiero al último año, hemos tenido algunas situaciones en las que más allá de las controversias políticas que se puedan suscitar en forma natural por nuestras diferentes corrientes de pensamiento e ideologías, estamos hablando que en la operatividad y en las actitudes que debemos de asumir los políticos, los partidos políticos y en general la sociedad también, quedan todavía algunas telas de duda.

Creo que esto tiene que formar parte del pasado. Esto seguramente no es tema de discusión. Todos y cada uno de los que estamos aquí en el Congreso y que definitivamente representamos a las sociedades de nuestros diferentes estados, seguramente compartimos esta idea.

Entonces aplaudimos la postura del Revolucionario Institucional e invitamos a los demás partidos políticos para que verdaderamente exijamos al Consejo Estatal Electoral que cumpla a cabalidad con sus responsabilidades.

Este proceso del 11 de noviembre que se celebra en diferentes estados de la República y en nuestra querida Puebla, de alguna manera está sellando los nuevos tiempos que van a definir los procesos futuros del país. Creo que tenemos que comprometernos todos y hacer acciones que vayan, precisamente, en la consolidación de esta democracia tan deseada.

Muchas gracias. Que tengan buen día.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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Para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al bloqueo económico a la República de Cuba, se concede el uso de la palabra al diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR (PRD): Gracias, compañera Presidenta.

Compañeros diputados y diputadas: El día de hoy vengo a invitarlos para que esta LVIII Legislatura dé esta honorable Cámara de Diputados se solidarice con el pueblo cubano. Todos sabemos que la isla caribeña sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos como castigo por haberse rebelado y constituirse en un gobierno anticapitalista, antiimperialista y antineoliberal, pero sobre todo por ser la máxima expresión crítica en América Latina de las políticas norteamericanas.

El costo que ha tenido que asumir el pueblo cubano es injusto e inhumano, resultado de las medidas adoptadas por el gobierno revolucionario destinadas a recuperar las riquezas de su país y a ponerlas al servicio de su pueblo.

Dichas medidas trastocaron fuertemente los intereses monopólicos norteamericanos que durante más de medio siglo saquearon las riquezas naturales de la isla y dominaron a la nación cubana.

No obstante, de la severa crisis económica en la que ha sido hundida la hermana República de Cuba, no sucumbe ante las avasallantes política expansionistas. Estados Unidos debe entender que el pueblo cubano nunca renunciará a su pensamiento, que el pueblo cubano no hará arreglo alguno sobre las concesiones de su soberanía y de su propia dignidad.

Durante 40 años el gobierno norteamericano ha implementado toda una gama de estrategias económicas, políticas, sociales y culturales. La manera como se han estado llevando esta seria de acciones encaminadas a doblegar a la isla, hoy en día serían calificadas como actos terroristas por los daños que ha causado al pueblo cubano.

En lo económico el pueblo cubano ha tenido que sufrir la Ley Torricelli, la cual tenía como objeto obstaculizar las relaciones económicas de Cuba con el mercado internacional. Afortunadamente esta ley no prosperó y el gobierno estadounidense tuvo que echar mano de otra mucho más coercitiva, pero también muy deplorable, como la Ley Helms Burton, causando más daños económicos al pueblo cubano.

En lo político y social, el gobierno norteamericano se valió de los grupos opositores al gobierno del presidente Fidel Castro, tanto de los que se encuentran en la isla de la comunidad cubanoamericana radicada en Miami.

En la última administración del Partido Demócrata, las políticas anticubanas se intensificaron, al grado de formar parte del mismo marco que conformó la política de los gobiernos republicanos. Su objetivo ha sido perseguir el aislamiento para provocar severas carencias en la población cubana y provocar así un levantamiento civil militar que derrumbe al gobierno revolucionario, como lo ha hecho en otros países latinoamericanos por medio de sus guerreros secretos de la CIA. Esto no deja de ser un acto terrorista.

Un caso más de estas políticas fue el secuestro del niño Elian González, donde la comunidad cubanoamericana se opuso al regreso del infante a su país de origen. La presión internacional y la exigencia del cumplimiento del derecho internacional fueron piezas fundamentales para que el gobierno del ex presidente Clinton tuviese que ceder al retorno de Elian.

En lo cultural, la administración norteamericana pasada sancionó el turismo, cancelando los vuelos charter a la isla, medida que hace algunos días se flexibilizó con la llegada de un charter de la línea American Airlines.

El bloqueo tiene varias aristas y que siguen aún vigentes, tal es el caso de una ley que prohíbe a sus ciudadanos gastar dinero en Cuba, limitando de hecho el flujo turístico, pero admite los viajes académicos, periodistas, deportistas, artistas y cubanos que hayan obtenido una visa de ingreso o salida de su territorio.

En los procesos electorales de los Estados Unidos, el tema cubano ha sido utilizado como estrategia para obtener fondos económicos y así poder costear las campañas de los candidatos, en especial hacia las candidaturas presidenciales.

Los candidatos presidenciales se han disputado fuertemente el voto de la comunidad cubanoamericana. A la vez esta comunidad busca en lo inmediato y en lo futuro poder incidir o hasta diseñar la política exterior de los Estados Unidos hacia la isla.

Por lo que toca a México, nuestro país también ha resentido fuertemente los estragos de este bloqueo y de la ley Helms Burton, al no poder invertir con plena libertad en la isla.

A mediados de 1994 y a pesar de la fuerte oposición estadounidense, el Gobierno de México invirtió mil cuatrocientos millones de dólares para adquirir el 49 por ciento del sistema telefónico.

Las reacciones hacia este tipo de políticas estadounidenses han provocado una serie de condenas en contra por parte de la Unión Europea y de países como Canadá, la ex Unión Soviética y Japón, entre otros, rechazando la extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, que dañan severamente el interés de terceros, así como violentando el espíritu del derecho internacional.

Estas protestas y condenas en contra del bloqueo se dan cada vez más en diferentes foros internacionales. En 1992 cincuenta y nueve países votaron a favor de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitando el fin del embargo. Para 1995 el número de gobiernos que apoyó la resolución subió a ciento diecisiete. Y para el año 2000 la Asamblea General respaldó con ciento cincuenta y cinco votos el fin del embargo.

Hoy en día el gobierno norteamericano se encuentra totalmente solo en sus esfuerzos por aumentar el bloqueo político económico regional hacia Cuba.

Nosotros los mexicanos hemos constatado a lo largo de la historia de nuestro país, que nunca han sido benéficas esas medidas unilaterales para el desarrollo de nuestros pueblos, mucho menos para la libre determinación.

México como país latinoamericano y como parte de una comunidad internacional, no puede ser indiferente ante este tipo de políticas que transgreden nocivamente las soberanías de los pueblos, El país debe de seguir manteniendo en los foros internacionales una posición congruente con sus principios, como lo han hecho el Diplomático Genaro Estrada, Alfonso García Robles , entre otros. En 1998 el Representante de nuestro país ante las Naciones Unidas, Manuel Tello, denunció ante esta Asamblea General el rechazo de México a la utilización de medidas coercitivas como medio de presión en las relaciones internacionales.

El compromiso que debería de asumir esta LVIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, el cual les vengo a solicitar, es pugnar porque la Colquis que vive en las relaciones internacionales no se conviertan en un gran reacomodo de las hegemonías mundiales.

Es por eso, compañeras y compañeros Legisladores y con base en el Artículo 58º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el siguiente Punto de Acuerdo con la solicitud de que se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara.

ARTICULO UNICO. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se manifieste por el fin del embargo económico que el Gobierno de Estados Unidos impuso al pueblo cubano. Asimismo porque este órgano legislativo exhorte a la Representación de México ante las Naciones Unidas a pronunciarse en el mismo sentido durante la próxima Asamblea General que se llevará a cabo

En el mes de noviembre en este mes del 2001.

El proceso social no va a desaparecer porque desaparece un dirigente, podrá demorarse, podrá prolongarse pero a la postre no podrá detenerse y les digo que tengo la certeza de que la semilla que hemos entregado a la conciencia de miles y miles no podrá ser segada definitivamente, tienen la fuerza, podrán avasallarnos pero no se detienen los procesos sociales ni con el crimen ni con la fuerza, la Historia es nuestra y la Historia la hacen los pueblos, palabras de Salvador Allende.

Muchas gracias compañeros.

(aplausos)

EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En el mismo tema ha solicitado la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y se le concede hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El bloqueo económico a Cuba constituye uno de los legados más vergonzosos de la guerra fría y se le puede considerar un tributo a la intolerancia y a la malévola influencia de la derecha norteamericana en la política mundial.

Durante la guerra fría y la sicosis militarista alimentada por la Guerra de Vietnam, la derecha norteamericana logró imponer consensos en torno a una política dura del tipo de cordón sanitario para aislar a Cuba de la Comunidad Internacional y forzar la caída de Fidel Castro.

Al paso de los años se comprobó que esa política era un fracaso ya que no hizo mella en el régimen cubano que tuvo una bandera más para movilizar a la población.

Los daños del bloqueo fueron muy grandes desde el punto de vista de la población y del ciudadano promedio que vio seriamente afectado su nivel de vida, no lo relativo al acceso de los bienes básicos que la Revolución aseguraba sino de satisfactores más justificados ansiados por los sectores medios de la sociedad cubana.

Si el bloqueo era cada vez más irracional y menos apto para debilitar al régimen cubano ¿por qué ha subsistido? El bloqueo se ha mantenido porque se convirtió en el juguete preferido del exilio cubano en Miami que recurrió crecientemente a esta medida como medio para castigar a la población de la Isla ante lo que interpretaron como una falta de respuesta política a lo que ellos llamaban dictadura.

La enorme influencia del exilio cubano en el Partido Republicano les permitió contar con un apoyo indiscriminado que en ocasiones llegó a rebasar los límites del espectro político ya que algunas prominentes figuras del Partido Demócrata también apoyaron las sanciones.

Pero la cuestión central es que siendo enteramente contraproducente para los fines que fue concebido el bloqueo persistió porque existe un grupo de presión que por revanchismo político ha estado interesado ya no en derrocar a Fidel Castro sino a hacer sentir su presencia de manera vengativa entre ciertos sectores de la población de la isla.

La hipocresía del bloqueo se revela en cualquier comparación que se haga con la situación de la República Popular China. Para la derecha norteamericana este país debiera presentar una amenaza más seria y sería posible acusarlos de tiranía, sobre todo después de la experiencia de Tiananmen. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos optó desde los setenta por una política pragmática centrada en ganar posiciones ante una eventual apertura china, sepultando en lo más profundo y para siempre la campaña contra la amenaza amarilla, heredera del macartismo.

Para América Latina el bloqueo a Cuba produjo graves daños en la conciencia colectiva ya que reveló la servidumbre de la mayoría de los gobiernos de la región a los dictados de la política norteamericana y constituyó la lápida del sueño bolivariano de la unidad latinoamericana.

Habiéndose iniciado el Siglo XXI el bloqueo representa una muestra de irracionalidad que los latinoamericanos debemos repudiar y superar, exigiendo a los gobiernos del continente a que hagan un examen de conciencia, pero también revaluando el significado de nuestra entidad regional.

Recordemos que en el mundo hay una realineación política en la cual se han disuelto confrontaciones más agudas que la que existe entre el régimen cubano y la derecha norteamericana, en una estrategia a favor del deshielo y la apertura México juega un papel clave, ya que fue el único país de América Latina que no se doblegó a la presión de Estados Unidos y así debe continuar.

En este marco, la propuesta que efectúa el Partido del Trabajo en respaldo a la iniciativa formulada por los diputados del PRD es la de solicitar formalmente al gobierno mexicano y a la cancillería, que dentro de su actual replanteamiento de política exterior incluya la demanda de que cese inmediatamente el bloqueo económico a Cuba y queden sin efecto todas las medidas colaterales que lo refuerzan y lo amplían. Esta demanda debe centrarse en la idea de que la nueva era de unificación de las Américas no puede excluirse a un país por motivos simplemente ideológicos, cuya única justificación ha sido el odio y la venganza.

Es cuanto, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Jaime Cervantes Rivera.

En el mismo tema tiene la palabra el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con su permiso, señor Presidente.

Con el permiso de la señoras diputadas y de los señores diputados.

El Partido Revolucionario Institucional, con todas sus letras suscribe la propuesta de los señores diputados que me antecedieron en esta tribuna, por varias razones y razones que se encuentran históricamente afirmadas en la política diplomática de relaciones exteriores de nuestro país.

México fue la única voz, la voz de Rafael de la Colina en un voto solitario en la Organización de Estados Americanos, que en tiempo y en forma en su momento contra toda presión sentenció el voto que implicaba el bloqueo económico sobre Cuba. En esos momentos y en esa oportunidad la voz de México fue una voz solidaria con respecto al pueblo de Cuba. Cerca de 40 años después, la voz ce los mexicanos sigue incólume en esa misma dirección, y es que México ha sido sumamente claro cuando de política exterior se trata, señores diputados.

La historia de Latinoamérica, una historia que ha sido acompañada con sucesos violentos y sangrientos, siempre ha contado con la voz solidaria, con el apoyo irrestricto del gobierno mexicano, una política exterior sustentada en principios, no en improvisaciones, principios que señalan la no intervención como lema indiscutible, la libre autodeterminación de sus pueblos para poder resolver los asuntos que sólo a ellos les compete, la cooperación internacional como un vehículo indiscutible que permita armonizar los destinos de los pueblos hermanados por una misma cultura y una misma historia.

El pueblo de Cuba es un pueblo altamente identificado con los mexicanos, es un pueblo que a lo largo del tiempo ha merecido la consideración y el respeto de los gobiernos mexicanos y de los mexicanos en lo general. Por estas razones, razones fuertes, razones que se vinculan en muchísimos antecedentes, hoy con mucho respeto los priístas en esta legislatura que componemos esta Cámara de Diputados, externamos de manera muy meditada y muy conmensurada nuestra posición para que el bloqueo económico que durante tantos años ha regido la relación entre Cuba con el resto del mundo pueda levantarse, toda vez que el pueblo cubano en este nuevo reordenamiento mundial que tiene su origen el 11 de septiembre, ha mostrado su espíritu solidario y sobre todo su aceptación a este nuevo orden y esta nueva organización.

En este sentido, creemos que los tiempos marcan nuevas relaciones, que los tiempos modernos están implicando la cooperación de todos los países para poder resolver problemas que atentan contra la humanidad, y al atentar contra la humanidad contra todos los países, y en este sentido hay condiciones que en este momento como en su oportunidad desde inicio, no pueden ya solventarse en la realidad.

Ante esto, reconocemos que México ha sido siempre un valuarte de la libre autodeterminación del pueblo cubano, México ha caminado siempre de la mano del pueblo cubano, México ha tratado siempre de generar las condiciones para que sea el diálogo y la cooperación el único instrumento para resolver las diferencias entre países, y sobre todo entre países latinoamericanos fuertemente hermanados.
Por estas consideraciones, hoy de manera muy respetuosa volvemos a considerar y a proponer el levantamiento de este bloqueo, de la misma forma como los señores diputados aquí lo expresaron, toda vez –repito de que ha sido una constante en las relaciones del pueblo de México con el pueblo de Cuba.

Muchas gracias por su atención.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

Habida cuenta que el punto de acuerdo ya fue turnado oportunamente a la Comisión de Relaciones Exteriores, continuamos con el desahogo de los puntos del orden del día, informando a este pleno que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México solicitó se posponga para una próxima sesión el punto de acuerdo en relación a la reforma fiscal.

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A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo con relación al proceso electoral en el municipio de Mazatlán, Sinaloa.

EL DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la Presidencia.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia presenta a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, un punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones:

El respeto a la voluntad popular de elegir a quien nos gobierno está consagrado en nuestra Carta Magna. Aquí en esta tribuna se han dirimido las controversias debido a los resultados de procesos electorales que se han visto enturbiados por actitudes poco dignas de quienes dirigen y orientan partidos políticos. En ellas se han filtrado mentes perversas que tratan de utilizarles con fines poco éticos.

Hoy, algunos partidos políticos, sobre todo aquellos que gozan de millonarias prerrogativas nacionales y estatales utilizan más el poder monetario, los lujos, el dispendio para asegurarse el voto popular y como arma contra sus opositores la mentira, la infamia, la corrupción y las amenazas de muerte.

En Mazatlán estamos en un proceso electoral para elegir al nuevo Presidente Municipal, después de dos trienios de gobierno blanquiazul, en la que los partidos opositores respetaron los resultados y el proceso electoral fue tranquilo. Hoy, cuando el pueblo de Mazatlán se ha manifestado por un cambio, es el partido en el poder el que trata de impedir una decisión popular contraria a ellos al utilizar todo tipo de sucias maniobras para evitar el triunfo del candidato del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia.

El llamado proyecto Ave Azul hoy, hoy es una realidad y se ha convertido en la guía a seguir en procesos electorales difíciles. Es cierto que algunos militantes de Acción Nacional no saben de su existencia o la niegan, pero es un hecho que este manual existe y se está utilizando en el proceso electoral de Mazatlán.

El candidato del Partido del Trabajo y de Convergencia por la Democracia, Jorge Rodríguez Pasos, es calificado por encuestas realizadas por empresas serias, encuestas realizadas por el CEN panista y otras realizadas por periódicos afines al PAN, uno de ellos propiedad de Manuel Clouthier, hijo, como el candidato a la cabeza por más de 15 puntos. Eso ha motivado que las mentes perversas que aún siguen incrustadas en algunos partidos inicien la más sucia de las guerras electorales de las que se tenga memoria en todo el estado de Sinaloa.

Nuestro candidato y quienes le apoyamos hemos recibido amenazas, algunas de muerte, otras de cárcel, el amedritamiento hacia Jorge Rodríguez Pasos y los militantes que lo apoyan no ha tenido límite y se ha acrecentado a partir de que las encuestas lo muestran como seguro ganador de la alcaldía.

El alcalde panista en Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna ha movilizado vehículos oficiales con el único fin de destruir la propaganda del PT y del PRI, salvándose sólo la del PAN y la del PRD que en Sinaloa van de mano y aquí simulan ser opositores.

Las cifras millonarias que se gastan en las campañas electorales siempre ha sido un aspecto que al pueblo desagrada al considerar que podrían utilizarse en cuestiones más urgentes como la salud, la educación y el combate a la pobreza, pero es preciso decir que más grave es que se desvíen recursos a las campañas que tiene un distinto destino.

Es muy grave que un partido que tiene por lema: "Por una patria ordenada y generosa", en la convención para elegir candidatos arremeta con golpes y gases lacrimógenos a sus correligionarios. Por lo menos en Mazatlán es un partido con dirigentes en plena decadencia moral, esperemos que esa no sea la conducta en otras entidades federativas.

Compañeras y compañeros diputados: Hace un poco más de dos meses su servidor no estaba investido con el alto honor de ser diputado federal. Mi oficio, el cual me llena también de orgullo es ser periodista; he recibido premios estatales a pesar de las duras críticas que contra los gobiernos estatales y municipales se resaltan en mis programas de radio y mi mordaces caricaturas en varios periódicos. Mi oficio me ha hecho estar siempre del lado del pueblo. Hago un llamado a quienes dirigen a los partidos políticos de cualquier ideología a que sean sinceros con el pueblo, pues la sociedad no es la misma de antes y ahora demanda respeto y compromiso de sus gobernantes.

Las campañas electorales deben basarse en promesas serias y con un alto grado de honestidad. Si persisten en engañar al pueblo y corromperlo se cobrarán esa actitud contra ustedes como sucede en Mazatlán. Con el partido que ahora gobierna esa entidad han quedado al descubierto la corrupción, el abuso, las injusticia del Presidente Municipal que se ostenta orgullosamente panista, el saldo de los abusos que han cometido contra los mazatlecos los llevará a peder las elecciones del domingo próximo.

Por las razones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, presenta a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que sea considerado de urgente y obvia resolución el siguiente:

Punto de Acuerdo

ARTICULO UNICO. Que esta Honorable Cámara de Diputados haga un exhorto a las autoridades municipales de Mazatlán, Sinaloa para que rectifiquen su actitud y no participen de manera directa en el proceso electoral apoyando a los candidatos de su partido y velando por el desarrollo pacifico de los comicios del 11 de noviembre del 2001.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los siete días del mes de noviembre del 2001.

Firman, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y el diputado por Convergencia por la Democracia.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Quisiera informarle ciudadano diputado que la Junta de Coordinación Política nos había registrado este punto de acuerdo para un turno ordinario, no como de urgente y obvia resolución, aunque me gustaría escuchar su opinión y la de su Grupo Parlamentario

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Que sea no sea considerado como de urgente resolución.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.

Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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El siguiente punto del Orden del Día es la presentación de un Punto de Acuerdo, en relación al incumplimiento sobre el apoyo a la comercialización de granos a productores agrícolas en Sinaloa y a otras entidades federativas por parte de Sagarpa.

Se ha registro con ese propósito el diputado Jesús Burgos Pinto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional

Se pasa a otro turno.

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El siguiente punto del Orden del Día sería la presentación del Punto de Acuerdo en relación a la función 14 del presupuesto e informo a este pleno, que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, ha solicitado se posponga para una próxima sesión.

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Pasamos a Agenda Política. En Agenda Política sobre el tema de comentarios en relación al derecho de asociación sindical en el Estado de México, se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos al diputado Lucio Fernández González.

EL C. DIPUTADO LUCIO FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias diputada presidente.

H. Asamblea. Cerca de 350 trabajadores al Servicio del Estado y Municipios en el Estado de México, solicitaron en el mes de julio de este año, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, el registro de una nueva agrupación sindical denominada: Sindicato Independiente de Trabajadores del Municipio de Naucalpan 28 de Noviembre.

Estos trabajadores aspiran así a luchar por su mejoramiento laboral y hoy, lo hacen porque consideran desatendidos sus intereses gremiales, por parte de la dirigencia sindical del Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios SUTEYM, del que venían formando parte.

Los trabajadores al Servicio del Municipio de Naucalpan, en ejercicio e la garantía de asociación, plasmada en el artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acudieron ante la autoridad laboral en el Estado de México, para solicitar el registro de su agrupación sindical, sin embargo, les fue negado su registro, no obstante haber cubierto en tiempo y forma los requisitos de ley, la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, establece una serie de requisitos que se tienen que cubrir, a efecto de solicitar el registro de cualquier sindicato.

Una vez presentado los requisitos, la autoridad laboral, mediante acuerdo, ordenó que se hicieran las certificaciones de existencia o no de alguna agrupación sindical de los trabajadores que laboren para el ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, Mex.

Mediante acuerdo de fecha 11 de septiembre de este año, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, niega el registro de esta agrupación sindical, argumentando que en la solicitud n ose acompañaron las copias suficientes de los documentos requeridos, y alguna de ellas que no eran en original.

Suponiendo, sin conceder, que no hubieran presentado completa la documentación, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, y tomando en cuenta que es una institución de buena fe, fue omiso en la aplicación de la disposición aplicable que señala la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, que obliga al Tribunal a señalar los defectos u omisiones en que se hubiera incurrido, y en su caso hacer la prevención correspondiente, para que fueran subsanadas dentro del término de cinco días hábiles, disposición que nunca observó la autoridad laboral.

En la entidad mexiquense existe una ley anticonstitucional que viola la libertad sindical consagrada en el artículo 123 constitucional, apartado "B", fracción XX, toda vez que al regular la sindicación única, restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses.

Si bien es cierto que de acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los estados que constituyen la República son libres y soberanos, también lo es que dicha libertad y soberanía se refieren tan solo a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal. De acuerdo con el mismo artículo 40, los estados deben permanecer en unión con los principios de la Constitución General.

El artículo 133 de la ley fundamental, establece claramente que la Constitución será la Ley Suprema de toda la Unión; por lo tanto, los estados que integran la Federación, deberán sujetar su gobierno en el ejercicio de sus funciones a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los estados resultan contrarias a los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de las leyes ordinarias, aún cuando procedan de acuerdo con la Constitución local y de autoridad competente.

El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, al negar el registro de una agrupación gremial, en ningún momento tomó en cuenta el contenido del artículo 133 constitucional. Afortunadamente los trabajadores han acudido a la autoridad federal para que se revise si existe violación a las disposiciones constitucionales en su petición.

Los diputados federales del Estado de México pertenecientes a la fracción legislativa del Partido Acción Nacional, venimos a esta soberanía porque nos preocupa la situación sindical que padecen los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios en nuestra entidad, toda vez que con esta negación de sus derechos, se conculca la garantía constitucional de la libre asociación, situación que no se puede dejar pasar por alto, pues representa un ataque al sindicalismo auténtico que lucha por mejorar sus condiciones laborales de por sí menguadas.

Hacemos un llamado al Ejecutivo del Estado, que en aras de respetar los derechos de los Trabajadores del Estado y Municipios, sobre todo que próximamente exigirán solicitudes para formar nuevas agrupaciones sindicales con motivo del desarrollo del proyecto aeroportuario en la entidad mexiquense.

Que sea vigilante y garante para que se respeten las garantías constitucionales en materia sindical en la entidad; para respetar a quienes no tienen el mismo pensamiento ni sindical ni político. La garantía de libre asociación no es patrimonio de nadie, ningún grupo puede apropiársela ni tampoco ninguna autoridad puede negar su ejercicio.

De no hacer caso a ese llamado, se estaría condenando a los miles de trabajadores y trabajadoras que en aras de la unidad sindical no pueden lograr beneficios como son el obtener la seguridad en el puesto, seguridad en los salarios y en las demás prestaciones; a que no sean utilizados con fines electorales en tiempos de cambio de Poderes en la entidad sin ningún aprecio a su dignidad humana.

Que sepan los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de México, que nos preocupa que se les niegue el ejercicio de la libre asociación.

Por su atención, gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias, diputado.

Tiene el uso de la palabra el diputado Rodolfo González Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

DIP. RODOLFO GONZALEZ GUZMAN: Con su permiso ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Mi participación ante esta Honorable Asamblea, es con la finalidad de expresarles los hechos que ocurren al interior del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEIM, que tiene una membresía de 56 mil trabajadores y que durante sus 63 años de vida ha defendido los derechos laborales de sus agremiados y en general de los trabajadores del Estado de México.

Toda sociedad tiene una normatividad y leyes que rigen y regulan la conducta de sus miembros. Este propio Congreso tiene su actuación limitada dentro del marco que determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior. Por lo tanto, una organización sindical de igual manera regula su vida gremial a través de un Estatuto que previamente fue elaborado, discutido, sancionado y aprobado por la Asamblea Constituyente, que conformaron dicha organización sindical y que fue aceptado por la autoridad competente que otorgó el registro sindical.

Los miembros integrantes del sindicato, desde su Comité Ejecutivo, hasta los miembros de recién ingreso, firman una cédula de admisión en donde se especifica la observancia, acatamiento del Estatuto, los acuerdos que emanen de sus consejos y asambleas generales ordinarias y extraordinarias.

El Estatuto del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México, SUTEIM, en su artículo 119 y 120 determinan las sanciones o las penas que se impondrán a los miembros del sindicato por violaciones a dicho Estatuto y que específicamente en su artículo 122 que a la letra dice: "son causas de expulsión del sindicato: fracción III: por afiliarse a otras agrupaciones perfectamente definidas como contrarias a los postulados del sindicato, fracción IV: por desarrollar labor de división y agitación entre los miembros del sindicato tratando de desmembrarlo".

También el artículo 138 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México y municipios, establece que las instituciones públicas en su conjunto, reconocerán como titulares de las relaciones colectivas de trabajo únicamente a un sindicato de servidores públicos generales, siendo éstos los que de acuerdo con el artículo 7 de la misma ley, prestan sus servicios en funciones operativas de carácter manual, material o administrativo, técnico, profesional o de apoyo, ya sea para el gobierno del Estado, los municipios o las instituciones descentralizadas de carácter estatal o municipal.

En el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, el tercer regidor de ese Ayuntamiento, Álvaro Gutiérrez Sierra, ha pretendido vulnerar la autonomía del sindicato impulsando y apoyando a un grupo de 26 trabajadores con la intención de formar un sindicato patronal al servicio de intereses oscuros, sindicato que no representa los legítimos derechos de la base trabajadora.

Cabe hacer la aclaración que en el municipio de Naucalpan de Juárez, existe una plantilla aproximada de 4 mil 100 afiliados al SUTEIM, por lo que este grupo representa no más de un 0.6% del total de la plantilla de trabajadores municipales sindicalizados.

El día 8 de octubre del año en curso, en la asamblea general estatal ordinaria, con la presencia de más de 7 mil delegados del SUTEIM, acordó la separación de estos trabajadores, por llevar a cabo acciones contrarias a la unidad y que ponen en grave riesgo la estabilidad de todos sus agremiados. Esta minoría intentó obtener su registro ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, lo cual les fue negado por no cumplir con los artículos 138, 141 y 143 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos.

Actualmente han promovido un amparo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, expediente laboral RS2/2001, con número de toca TA230/2001, presentado ante la Oficialía de Partes, con fecha 1º. de octubre del año en curso, donde combaten la resolución del pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal por haberles negado el registro.

El propósito de llevar a cabo un experimento laboral a través de la formación de un sindicato patronal en el Municipio de Naucalpan de Juárez fue un verdadero fracaso, ya que no obstante los sobornos ofrecidos y cohechos practicados, solamente reclutaron a 26 trabajadores de un total de 4,100 que están afiliados a la sección de Naucalpan del SUTEYM.

La actitud irresponsable de la autoridad del Municipio de Naucalpan al fomentar la división sindical e inmiscuirse en la vida interna de la organización sindical puede provocar, como reacción, que se altere seriamente el orden público, la tranquilidad y la estabilidad entre la autoridad municipal y sus trabajadores.

Por último concluyo diciendo que en los 63 años de existencia del SUTEYM ha sido ejemplar su actuación porque es viva expresión de democracia, ya que su estatuto, en el artículo 37, fracción VII, no permite la reelección de sus dirigentes, impulsando con ellos la alternancia en la conducción responsable de una organización sindical.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA: Para hechos, ha solicitado el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el Diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO LUCIO FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta. Creo que se ha venido aquí a hacer uso de la tribuna para desviar un poco el tema central que nos ocupa.

Acción Nacional, a lo largo de su actuar político, siempre ha defendido la libre asociación sindical. Estamos a favor del trabajo que hacen los auténticos dirigentes sindicales.

No hemos querido hablar de la vida interna del SUTEYM; somos respetuosos de su quehacer interno, no es tema que nos ocupa. Sin embargo, aquí el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, refuerza los argumentos que he vertido.

Estamos, señores diputados, frente a una disposición anticonstitucional que fomenta el sindicato único, agravando la libertad sindical, las garantías individuales.

Efectivamente, el artículo 138 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, que consideramos que atenta contra las garantías de los trabajadores, señala, en su párrafo segundo: "Las instituciones públicas en su conjunto reconocerán como titulares de las relaciones colectivas de trabajo únicamente a un sindicato de servidores públicos generales y a uno de maestros, que serán los que cuenten con registro ante este Tribunal".

De eso estamos hablando, que aquí la Ley señala que nada más se puede registrar un sindicato. Que efectivamente el SUTEYM expulsó a los trabajadores, sí, porque atentaba contra sus intereses. No queremos hablar de las causas de expulsión, no es el tema que nos ocupa.

Y se dice aquí también en tribuna que quienes han intentado la sindicalización en Naucalpan representan menos del uno por ciento. Uno que fuera, dos, tres, cuatro, hasta veinte, cumpliendo los requisitos que señala la ley, se debe de respetar la garantía de la libre asociación. Por su atención, gracias.

LA C. PRESIDENTA: Para hechos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Vázquez Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.

EL C. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: El PRI, desde luego, está de acuerdo e impulsa el derecho de los trabajadores a sindicarse, a crear sindicatos, es un derecho conquistado por la revolución Mexicana y consignado en el Artículo 123 constitucional.

Quisiera en relación a lo que se ha comentado aquí, hacer algunas precisiones: El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios del Estado de México, tiene con la relación laboral entre e Estado y sus trabajadores, entre los municipios y sus trabajadores, 63 años.

Y hoy se cita algo que tenemos que precisar que es una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de mayo del año 2000, si no mal recuerdo.

Por supuesto que quienes han decidido excluirse del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, con o sin patrocinio de la patronal, tienen derecho a recurrir a las autoridades, como lo están haciendo, en primera instancia a las de carácter local, al Tribunal del Estado de México y posteriormente a las autoridades federales por la vía del recurso que corresponda.

El Tribunal de Arbitraje resolvió efectivamente, como se ha señalado, en sentido negativo a sus pretensiones. Pero yo quisiera también pedir que dejemos que se sustancie el procedimiento jurídico por la vía que corresponda y que sea en todo caso la autoridad federal en este caso, la que determine finalmente si la autoridad estatal, si el Tribunal de Arbitraje obró correctamente conforme a nuestro régimen constitucional y jurídico.

No quisiera, sin embargo dejar de señalar que en el Estado de México hace algunos años el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios ha venido siendo objeto de embates, ha venido recibiendo presiones de parte de algunos ayuntamientos, y no sólo presiones de orden laboral o de orden administrativo, presiones de orden político, presiones que han llegado incluso a los niveles de represión.

No es, me parece, el foro ni el momento para que discutamos este tema, pero lo discutiremos si es necesario.

Hay, desde mi punto de vista, una constante en la actitud de algunos ayuntamientos de hace seis años para acá, precisamente, en el sentido de tratar de minimizar la fuerza, la representatividad del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado porque me parece que más que la libertad del derecho a sindicarse, preferirían tener sindicatos a modo, preferirían tener sindicatos sujetos a la voluntad, sujetos a la disposición de la voluntad del presidente municipal.

Pienso, amigas y amigos, que el tema desde el punto de vista jurídico está caminando y deseo que los trabajadores que están aquí presentes, que decidieron separarse del SUTEYM, encuentren en la vía jurídica el camino correcto y adecuado para resolver finalmente sus pretensiones.

Y finalmente diría que siendo un sindicato de tantos años en el Estado de México, habiendo contribuido con las instituciones públicas a través del esfuerzo de los trabajadores, a construir lo que es hoy el Estado de México, bien vale la pena el respeto de quienes somos representantes populares, entre otros ciudadanos, de los trabajadores al servicio de los poderes públicos del estado y municipios del Estado de México. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: El diputado Moisés Alcalde Virgen, de Acción Nacional, tiene la palabra hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO MOISÉS ALCALDE VIRGEN (PAN): Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros y compañeras Legisladores:

No he querido dejar pasar esta oportunidad de estar frente a ustedes en esta tribuna, como diputado federal del distrito 21 de Naucalpan de Juárez, para hacer referencia a tres puntos: Una reflexión, un comentario sobre lo que se ha vertido aquí del tercer regidor del municipio de Naucalpan y uno sobre el tema de discusión. Todos ellos relacionados para hechos.

Es el diputado preopinante, Jaime Vázquez Castillo, quien ha dicho "que el PRI es un partido que apoya la sindicación", más no ha comentado sobre la libre asociación que es parte toral, parte fundamental del tema que nos ocupa. Ha venido aquí a comentar que el SUTEYM, sindicato que lleva cerca de 70 años en el estado de México, y asimismo sindicato que busca y apoya, colabora gentilmente con la libertad de los empleados, que ha servido de apoyo toral para el estado de México, que ha servido de impulso para el apoyo de los municipios, ha sufrido de presiones políticas porque desde hace seis años los nuevos partidos que empiezan a gobernar a la mayoría de los habitantes en el estado de México léase el PAN buscan sindicatos a modo.

Señor Legislador:

¿Qué no se acuerda? ¿Qué no tiene memoria histórica? ¿Qué no se acuerdan que el PRI históricamente manipuló corporativamente los sindicatos? ¡O no hay memoria o no se tiene vergüenza!

Señor Legislador:

Lo invito a recordar la historia de su estado, de nuestro estado, del estado de México y de la lucha sindical. Esta es la primera reflexión.

La segunda, el segundo comentario, me pareciera a mi que venir aquí a acusar sin pruebas sobre movimientos, concretamente en el municipio de Naucalpan, para quitarle poder al SUTEYM, me parece que se debe de venir con pruebas y si se acusa al tercer regidor o a otros más regidores de agruparse para buscar una libre asociación se debe venir con pruebas.

Es mi deber decir que la relación que el ayuntamiento de Naucalpan mantiene con este sindicato ha sido, con el tiempo, en buenos términos. Ha venido caminando, ha sido flexible y me pareciera que la opinión del diputado Lucio Fernández sobre el tema en particular, ha sido de guardar respeto al interior de lo que se vive en el Sindicato Único de Trabajadores del Estado y Municipios. No es nuestro interés involucrarnos en la vida sindical, aunque sabemos lo que ahí se vive.

Y por último, nuestro llamado es a que se respete el mandato constitucional, que se respete el 123 constitucional, el 9º constitucional y bueno hacer mención claramente de lo que la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos en el estado de México manda sobre la sindicación única, donde el artículo 138 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del estado de México viola la libertad sindical consagrada en el 123.

Es para nosotros no solamente un deber moral, aquí en esta Cámara, sino un deber como mexiquenses, velar porque se cumpla la Constitución. ¡Ese es el llamado!

Otras cosas que se han venido a decir aquí es querer darle la vuelta al tema que hoy nos ocupa.

Por su atención, señoras y señores legisladores, muchas gracias.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, Diputado.

Para alusiones personales ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Vázquez, del grupo parlamentario del PRI.

EL C. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señora Presidenta. Y gracias por la alusión.

La verdad es que temas tan importantes, tan significativos para los mexiquenses, dan oportunidad de confirmar algo que he pensado siempre: La lucha de clases no ha terminado. La lucha de clases que en este país dejó honda huella durante el siglo XIX, que motivó un movimiento social denominado Revolución Mexicana en el siglo XX, que se concretó en la expresión de la soberanía popular en el texto de la Constitución del 5 de febrero de 1917 y que consagró como primera constitución político y social del mundo los derechos de los trabajadores, es algo que hoy día sigue molestando a la reacción, no obstante que la reacción se disfrace viniendo a decir a la tribuna que ellos apoyan la libertad sindical.

Yo les diría que en mi convicción personal, lo que la reacción ha intentado y sigue intentando, es destruir al sindicalismo mexicano. Nunca a los representantes o a los empleados de los patrones, a los gerentes de algunas empresas transnacionales metidas a la política, les ha interesado respetar el derecho de los trabajadores.

(aplausos)

Por supuesto que en el caso particular del Estado de México, sí conozco la historia del Estado de México, la he estudiado; por supuesto que los trabajadores al servicio de los poderes públicos del Estado y de los municipios, han contribuido a construir lo que es el Estado de México.

El Estado de México no se inventó cuando apareció el último fraccionamiento residencial en donde viven algunos de los empleados de los patrones en este país. (aplausos)

El Estado de México no se inventó, amigas y amigos, cuando llegaron algunos empleados provenientes de otros estados, para hacer política en el Estado de México y esta tierra, generosa, buena, con gente noble, con gente trabajadora, les abrió la puerta. Es un estado en el que recibimos cada año 350 mil nuevos habitantes. Es un estado que a lo largo de su historia ha venido consolidando sus instituciones públicas. Es un estado que tiene que reconocer el esfuerzo de los trabajadores, de los obreros, el esfuerzo también de los trabajadores públicos y tiene que reconocer el esfuerzo de innumerables generaciones de mexicanos y mexiquenses, aún cuando a los empleados de los patrones, que recientemente ingresaron a la política y por un voto francamente antiPRI, hayan tenido la oportunidad de llegar a algunas posiciones del gobierno.

Me parece que el tema que motivó esta discusión, el de la libertad de un grupo de trabajadores para separarse de su sindicato y para tratar de crear otro, está en curso. Pero va muy bien con el espíritu y con el ánimo de quienes desde el ayuntamiento, desde las presidencias municipales impulsaron represiones, amigas y amigos diputados, en contra de los trabajadores del SUTEM.

Hubo lamentablemente en 1993 un incidente grave, delicado, en el que el homicidio de un trabajador fue motivo para que los empleados del ayuntamiento de Naucalpan expresaran su indignación y lamentablemente el homicidio de un trabajador que tenemos que sentir como persona, como ser humano, se volvió un tema delicado, porque estuvo vinculado a hechos delictivos imputados a policías municipales. Y en ese lamentable incidente, en el que una persona más allá de que fuera o no trabajador perdió la vida, amigas y amigos, volvimos a ver cómo quien era presidente municipal con licencia en ese tiempo, refrendó su falta de seriedad, de respeto y de consideración para los trabajadores sindicalizados del municipio de Naucalpan.

Seguramente los empleados de los dueños del dinero seguirán pugnando desde la tribuna por lograr que los sindicatos se desvanezcan, a partir de la idea que impulsan de la libertad para crear "N" sindicatos; insisto, hechos a modo, insisto, ad hoc. Pero no obstante los trabajadores seguramente tienen presente, consolidarán que el propósito de la lucha de clases en esta nueva etapa es hacer realidad lo que la Constitución Política de los Estados Unidos establece, lograr el equilibrio entre las fuerzas del trabajo y este equilibrio se logra precisamente por la vía de la ley y el camino de la ley es el que tienen que seguir nuestros compañeros pero seguramente, amigos y amigas todavía será tema que dé para mayor discusión.

Gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Para hechos ha solicitado el uso de la palabra hasta por cinco minutos el diputado Moisés Alcalde Virgen.

EL C. DIPUTADO MOISES ALCALDE VIRGEN. Señoras y señores Legisladores. Es efectivamente este tema un tema que da para mucho, para una gran discusión, he solicitado nuevamente el uso de esta tribuna para hechos relacionados con el tema y para hacer algunas aclaraciones.

Ha venido aquí el diputado Jaime Vázquez a decir solamente una verdad, solamente una, el voto antiPRI, claro que hubo voto antiPRI estaban hastiados, cansados del PRI esa es una verdad de peso (aplausos)

Más aún, ha venido el diputado Jaime Vázquez Castillo a hacer remembranza, se ha acordado finalmente y dice que en 19993 –cito en 1993 un policía asesinado y yo le quiero recordar que en 1993 en el municipio de Naucalpan el Presidente Municipal se llamaba Enrique Jacob Rocha emanado de su partido, el PRI, vale la pena que recuerde estos hechos.

Por último, señoras y señores Legisladores, Acción Nacional ha venido a plantear a esta tribuna con seriedad y no con ligereza el llamado de atención que debemos hacer y la defensa que debemos tener de nuestra máxima Carta Constitucional del 123, de la libre sindicación y de la libre asociación, hemos sido claros y hemos sido puntuales.

No entiendo yo por qué se viene a esta tribuna a tratar de confundir a los señores legisladores, a los invitados y en general a los medios, viene aquí a decir sobre la clásica e histórica discusión de políticos empresarios, viene aquí a confundir temas como la lucha de clases con la lucha política y electoral y no me parece justo abonar a esta discusión.

En Acción Nacional históricamente hemos defendido los intereses de los trabajadores, prueba de ello es que estamos aquí buscando eso y para mayor abundamiento los defendemos y están en nuestras filas pero también quiero hacer una observación y una reflexión importantes, si a usted diputado Jaime Vázquez Castillo le ha molestado que empresarios del PAN se vuelvan políticos al pueblo le molesta más que priístas entren como empleados y salgan como empresarios y de eso usted no se acuerda (aplausos) pues no es justo, vale la pena recordarlo.

Es por último, recordar e invitar ,como bien lo ha dicho el PRI reconoce la libre sindicación , la busca Acción Nacional también así como la libre asociación, busquémosla y defendamos desde esta tribuna con elementos y con seriedad a los trabajadores y a los sindicatos que mucha falta hacen a México.

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Vázquez Castillo para alusiones personales.

EL C. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Es absolutamente humana la posibilidad de incurrir en un y efectivamente los hechos a los que me refería hace unos minutos se suscitaron en el año de 1999. El presidente municipal con licencia, se llama, se llamaba José Luis Durán Reveles, por ese tiempo candidato a gobernador y tengo muy presente el incidente porque fue verdaderamente lamentable cómo mencionó la administración municipal, por un incidente en el que como ya referí, lamentablemente perdió la vida un trabajador del municipio de Naucalpan.

Mi primer posición cuando me enteré del asunto fue que era un tema que no tenía que ver con la política, hasta que quien era candidato a gobernador lo metió a la discusión política, y lo tengo muy claro y muy presente, podríamos seguir platicando sobre el tema.

Por otra parte, pienso que el Constituyente del 17 no se equivocó cuando se diseñó el artículo 123 Constitucional y trató e dar juridicidad, trató de dar camino en la ley a la lucha de clases. Sí hay una lucha de clases, sí hay en esta dialéctica de la historia hay siempre una fuerza poderosa, desde el punto de vista material y la fuerza del trabajo.

Si quisiéramos amigas y amigos, igualar a un trabajador y a un empresario, por supuesto que en la realidad nos encontraríamos, nos enfrentaríamos a que puede más la fortaleza del capital que la de un trabajador, pero el Constituyente sabiamente abrió la posibilidad de que se sindicalizaran los trabajadores y se sindicalizaran los empresarios y que ambos defendieran sus intereses, no para confrontarlos, sino para equilibrar a las fuerzas de la producción. Pero por supuesto que en este país en el que hay democracia, en este país en el que se han generado oportunidades, en este país en el que durante más de 70 años los gobiernos del PRI impulsaron el sistema educativo que hoy tenemos, en este país en donde la educación laica ha sido una garantía para que el pueblo mexicano preserve su libertad, en este país en el que el ejercicio de la política no está prohibido a nadie, por supuesto que es legítimo que los empresarios participen, pero sin máscaras, que participen de frente al pueblo, que nos digan los empresarios metidos en la política, y me refiero a sus empresarios, cuáles son las verdaderas tesis que defienden frente a los intereses de los trabajadores y hablo de los empleados de los dueños del dinero, porque en los últimos días, lamentablemente para los mexicanos, nos hemos dado cuenta que no se ha superado, en el caso de un ilustre destacado político de ese partido, la condición de empleado del dinero.

Ojalá, lo deseo fervientemente por el bien de México, que se remonte el papel de gerente de la Coca Cola y que trascienda en la función pública, como debe hacerlo, para poder construir en México oportunidades para las generaciones presentes y del futuro, esa es una encomienda que corresponde a los poderes públicos, esa es una tarea que corresponde no sólo al Ejecutivo ciertamente, sino a los poderes públicos de la Federación y a los poderes públicos de los estados y a los ayuntamientos del país. Pero para poder construir oportunidades deben generarse seria y realmente consensos y acuerdos y los consensos y los acuerdos, amigas y amigos, éste es mi punto de vista personal, no se generan dejando sueltas amenazas veladas.

Lo que escuché hace unos días me preocupó, porque no hace más que manifestar la subyacente tentación del autoritarismo, el ejercicio del gobierno en los municipios con sindicatos a modo sin la libertad de los trabajadores para organizar el ejercicio del poder en otros niveles con congresos a modo, compartidos ad hoc, para que todo lo que haga se califique como bueno y positivo. Y realmente lo bueno y positivo, amigas y amigos, es preservar y fortalecer la libertad en México.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

Tiene la palabra para hechos, el diputado Lucio Fernández González, hasta por cinco minutos.

EL DIP. LUCIO FERNÁNDEZ GONZALEZ: Gracias señora Presidente.

Efectivamente, como lo ha expresado el diputado Jaime Vázquez Casillo, el Constituyente de 1917 no se equivocó al plasmar en el artículo 123 los derechos de los trabajadores, quienes se equivocan son los que han detentado la sindicalización única en el estado de México.

El diputado Jaime Vázquez Castillo, en aras de defender lo indefendible, utilizó otros argumentos, tuvo que recurrir a recursos propios de quien ve perdido el debate, se aparta del tema. Además, yo considero y respeto al diputado Jaime Vázquez Castillo y apoyo en lo que él dijo, que dejemos que sea la autoridad federal quien le dé curso a esto, que sea el estado de derecho que descubra quién tiene la razón para poder hacer uso de la garantía de la libre asociación.

Gracias.

LA PRESIDENTA: El diputado Rodolfo González Guzmán, hasta por cinco minutos.

EL DIP. RODOLFO GONZALEZ GUZMÁN: Nuevamente gracias señora Presidente.

Efectivamente, en estos muros históricos de la Cámara de este Honorable Congreso de la Unión, faltarían poner todavía más letras de oro por la razón de que antes de que se hicieran la Constitución del 5 de febrero de 1917, fueron precisamente los trabajadores mineros de la región de Cananea, Sonora, quienes empezaron a ofrendar su vida para consolidar un estado. Los trabajadores de la región de Orizaba, el 7 de enero de 1907 también fueron brutalmente masacrados, y quiero decirles y recordarles que fueron los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial en 1915, que firmaron el Pacto con el Gobierno Constitucionalista para adelantar el proceso revolucionario que da vida a las instituciones de este país.

Efectivamente, el Partido de Acción Nacional ha traído a esta tribuna este debate. No está en juego ni está en duda que se quiera hablar de la libertad sindical, el Congreso de la Unión no es la instancia. Los compañeros que se separaron del SUTEIM están siguiendo su trámite, su curso legal para llevar a cabo el registro que pretendan, sin embargo, queremos expresar que desde el gobierno de Acción Nacional del Senado se mandó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, contraria a los derechos de los trabajadores, y les quiero recordar que fue José Ángel Conchello como senador quien mandó esa iniciativa de Acción Nacional.

Este año que acaba de arrancar con un gobierno diferente, se autorizó un 6.8 a los salarios de los trabajadores, salarios que son totalmente inaceptables para la clase trabajadora. Acción Nacional también, con su candidato propuso que se iban a llevar a cabo un millón 300 mil empleos para los trabajadores.

Hemos perdido, compañeros de Acción Nacional, más de 650 mil empleos para los compañeros trabajadores de la clase trabajadora de este país gracias a las promesas y a los programas económicos que lleva Acción Nacional.

Pero en fin, lo que queremos aquí decirles a todos ustedes, que ojalá se cumplan con los requisitos para que los trabajadores puedan alcanzar su registro, si no, no es esta instancia la que debe estarse llevando y agotándose para llevar este debate a la tribuna.

Lo único que quiero concluir es, decirles: que efectivamente en el año de 1999, cuando fue brutal represión en contra de los trabajadores de ASUTEIN (?) de Naucalpan, las voces de los dirigentes sindicales que han venido a esta tribuna, los pseudodefensores de la clase trabajadora se callaron con ese vil ataque a los trabajadores de ASUTEIN, y eso los convierte en cómplices compañeros. Muchas gracias. (aplausos)

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

EL DIP. VICTOR H. SONDON SAAVEDRA (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Sí, diputado Sondón, en un segundo. Simplemente quiero ilustrar al Pleno que sobre este tema ha habido intervenciones sucesivas de nueve colegas.

En ese sentido le informo al diputado Sondón que en caso de insistir en su pedimento de hechos, esta Presidencia le dará la palabra y someteremos a consideración si esta suficientemente discutido, por lo que atentamente le exhorto a que su intervención se vincule con el tema que estamos tratando.

Para hechos, el diputado Sondón.

EL DIP. VICTOR H. SONDON SAAVEDRA: Con su permiso, Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

A veces utilizamos la máxima tribuna de la Nación adoleciendo de una memoria primordial como creyendo que los ciudadanos mexicanos adolecen de esa misma memoria.

Quiero comentarles que grandes logros que se han obtenido a los trabajadores históricamente han sido propuestos por Acción Nacional. El Seguro Social fue una propuesta de Acción Nacional, las utilidades una propuesta de Acción Nacional. Y quiero comentarles a más de ello, he tenido la oportunidad de conocer a varios líderes sindicales, del puro Estado de México, y de verdad que no viven, no viven de la manera en que vive el mejor posicionado de sus obreros.

Hacen un uso indiscriminado de recursos, tienen mansiones que de verdad, de dónde les han sacado ¿en la lucha obrera? Muchos de ellos traen unas chamarras de piel preciosas, pero yo les llamo que tienen chamarras de piel de obrero.

Indudablemente, indudablemente hay que reconocer que los sindicatos en México debieran ser por lo menos una parte sustancial de la defensa de sus derechos, situación desafortunada que no ha sido cumplida. Y muestra de ello es la posición que actualmente guarda el sistema obrero y campesino en México, mayormente lidereado por sindicatos de extracción priísta que de manera corporativa y asociados al PRI han venido hundiendo en la miseria durante 71 años a esta gente tan necesitada en nuestra patria.

Ahora sí venimos aquí a purificarnos, a decir que la lucha obrera en México se ha sustentado y se ha basado en sus liderazgos. He visto entrar a esta Cámara de Diputados a varios líderes sindicales acompañados de escoltas, con carros blindados, abriéndose paso en contra, en contra muchas veces de uno como diputado.

Aquí en esta Cámara de Diputados me ha constado, me ha constado ver el despilfarro que muchos de los diputados que hoy son líderes sindicales, cómo actúan y cómo llegan a esta Cámara. Eso de verdad ofende, ofende a la extrema pobreza que hoy tiene México.

Señores, líderes sindicales, ojalá que en lugar de venir a abordar la tribuna de esta nación, para seguirle mintiendo al pueblo de México, de verdad se pongan las pilas y pónganse a trabajar verdaderamente para defender a los trabajadores, porque he de decirles que la mayor parte del derecho de huelga, al cual tiene acceso cualquier obrero y campesino del Estado de México y del país entero, el día de hoy se suscribe, única y puramente, en arreglos mal amarrados con los empresarios, de los que ustedes tanto critican y con los cuales se han venido arreglando durante muchos años, y se olvidan del obrero.

Se olvidan del obrero, mientras que las dádivas, mientras que el dinero en el cajón, funcione y funcione muy bien.

Señores líderes sindicales, ojalá de verdad analizaran cuál es su patrimonio y qué es lo que han hecho por el sistema obrero mexicano y por los sindicatos que ustedes representan. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Carlos Aceves del Olmo hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias señora presidenta. Aquí se está hablando de un tema fundamental, que para venir a la tribuna a sostenerlo, hay que conocerlo, y desgraciadamente veo que la persona que me antecedió no tiene la menor idea de lo que son las conquistas sindicales y quienes las han logrado.

Yo no quitaría ni un ápice del valor que tuvo la intervención de Gómez Morín en la creación del Seguro Social, pero de ninguna manera el Seguro Social fue propuesto por el PAN, si Gómez Morín viera en lo que quedó su idea, creo que se cambiaría de partido en este momento.

Estamos ciertos de que ha habido fallos, no estoy tan seguro de dónde han venido, yo no creo que desde el cargo partidista o en alguno de los municipios se pueda aprender mucho del derecho de los trabajadores a la sindicalización. Este debate se ha abierto y creo que se ha discutido demasiado, pero no puede uno quedarse callado cuando escucha que casi todas las conquistas laborales han sido propuestas por Acción Nacional.

Señor diputado, es usted muy joven, pero hay libros para leer lo que ha pasado en la historia del movimiento obrero en México.

El reparto de utilidades, el Infonavit, el Seguro Social, la Consar, el Sistema de Pensiones, todo eso ha sido lucha permanente de esas organizaciones a las que usted llama que son líderes corruptos que llegan aquí, no sé quienes sean, con escoltas y que tienen grandes mansiones. Eso es un debate muy chabacano.

Lo primero que tenemos que hacer, es aceptar el reto que su antecesor vino aquí a decir, que las autoridades se hagan cargo del asunto, ¿por qué es de las autoridades? Y cuando vengamos aquí a discutir, como lo dije en el mes de septiembre, como una atenta invitación, pongan en orden sus ideas, traigan sustentados sus principios, no le quito ni un ápice a lo que usted dice, pero por favor no vengan a mentir. Nunca debíamos esperar menos ni más de alguien que llega al gobierno, como llegaron ustedes.

Yo no quisiera tocar temas que son del conocimiento diario en los medios y todo, simplemente les quiero decir: enderecemos el debate, pongámoslo en su justo medio y no vengamos a decir mentiras.

Reitero mi invitación, como Coordinador de los diputados obreros, y hoy en una fuerte alianza con los diputados del Estado de México, aquí estaremos siempre para servirles cuando vengan bien documentados. No vengan a contar mentiras, porque eso no se vale. Gracias.

LA C. PRESIDENTA: Diputado Sondón para alusiones personales hasta por cinco minutos..

EL C. DIPUTADO VICTOR SONDON SAAVEDRA: Gracias presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Efectivamente quiero empezar al revés, porque el diputado empezó al revés y quiero comentarle que si usted se refiere a la forma en que llegamos, la vía democrática, que es la que le ofende, sí es cierto. Acción Nacional llega a la Presidencia de la República por la vía democrática.

(aplausos)

Indudablemente que el día de hoy hemos venido aquí a trastocar y a ponerle un poquito sal en la herida, a esa herida de la gente que hoy ha venido a hacer uso de la tribuna.

Anteriormente los sindicatos acostumbraban a dar dos días de salario por ir a las manifestaciones o mítines del PRI o a descontarles el día si no asistían. Ahora quiero comentarles, desde luego que sí y ha sucedido en muchos lugares, ahora quiero decirles que también decían que por ser de tal o cual sindicato y éste ser filial del PRI, de esta misma manera tenían que votar en cada tiempo de elecciones.

¿Cuál es el dolor el día de hoy, señores sindicalistas? Que la gente que ustedes tienen afiliada, que la tienen agremiada hoy votó por Acción Nacional; ya no atendieron, ya no atendieron esa presión laboral, ya no atendieron a esa presión que ejercían sobre de ellos para que siguieran votando por el mismo partido político, que afortunadamente la Nación se lo quitó de encima y puso a otra opción que hoy en día vamos a hacer todo lo posible por responderle al pueblo de México.

Indudablemente también que aquí se ha venido a hablar de que se miente y de que la juventud es una excusa como para atribuirle la mentira. Yo quiero comentarle que a pesar de mi juventud, si es que eso es un error, perdón por haber nacido después que usted, pero quiero decirle que a mis 34 años he podido ver el actuar de ustedes los sindicalistas, de ustedes los líderes sindicales y he encontrado buenos, no le voy a decir que no; he encontrado gentes que sí defienden los derechos de los trabajadores, pero son pocos.

Quiero decirle también que si usted es uno de ellos lo felicito, pero si no, de verdad que se aboquen a defender la causa sindical de México, que se aboquen a defender los derechos de los trabajadores tan vapuleados, tan vituperados y tan lesionados por todos y cada uno de los que participaron en los gobiernos anteriores y en los sindicatos en que se los van heredando de apellido en apellido, en donde la gente ha venido durante muchos años enquistados dirigiéndolos y que desafortunadamente la vía democrática nunca los ha destituido, los ha destituido su fallecimiento.

Pero quiero comentarles también que es de suma importancia para Acción Nacional que los sindicatos sigan, que sigan luchando y que sigan participando; pero ya, señores, sometan democráticamente sus liderazgos y les aseguro que muchos de ustedes ya no estarían ahí.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA. Para alusiones personales el diputado Carlos Aceves, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO CARLOS ACEVES DEL OLMO. Gracias, Presidenta.

Señor diputado, yo respeto la juventud de usted y la de todos; creo que el haya aquí diputados jóvenes enriquece la pluralidad que hoy se ve en esta Cámara y da la oportunidad de que se dé frescura, pero no con ideas rancias. La frescura se da no por edad, se da por convencimientos y por lo que uno ha hecho durante toda su vida.

Pero como esto no es para venir a defender asuntos personales, yo le quiero decir que con el folclorismo que se ha manejado mucho del Sector Obrero, que algunas cosas serán ciertas, otras no son; unas fueron, otras dejaron de ser. Usted habla de que no sabe si todavía se les descuenta o no porque vayan a una manifestación. Ahora han cambiado las cosas, ahora se les pagan los boletos a la gente para que vayan los sábados al Rancho San Cristóbal para que vayan a saludar al señor Presidente, eso también es acarreo, lo acabamos de ver con la gente de Nuevo León.

Usted nos dice, señor diputado, que hay líderes buenos y hay líderes malos; también, también hay. Hoy que están ustedes gobernando, aunque no estoy totalmente de acuerdo que así sea, porque creo que quienes gobiernan son los amigos de Fox y no Acción Nacional, pues ustedes lo van a ver, ustedes lo van a ver y lo van a sentir.

Lo que yo vine a decir hace un momento y lo reitero, es que debemos ser cautos porque hoy incluso vemos que traen porra y son cosas que ustedes siempre han criticado. Si vamos de veras a cambiar las cosas, pues vamos a hacerlo juntos. Pero no por ejemplo con la Ley Federal del Trabajo, el proyecto de ley que ustedes mandaron al Senado y que ahí está todavía, porque eso es precisamente acabar con los derechos de los trabajadores, cuando ustedes están propugnando porque se pague por horas y no por jornada; cuando ustedes están propugnando porque desaparezcan los días festivos; porque se recorten las vacaciones; con un proyecto de ley que está en el Senado y que ustedes mandaron, eso no es defender a los trabajadores.

Las condiciones en que actualmente están, los contratos colectivos que existen, están ahí. Ahora ustedes son gobierno y ustedes tienen funcionarios en cada una de esas entidades, pueden conocerles, pero infórmense bien de ellas.

Yo creo que aquí podríamos discutir mucho y al calor de lo que se discuta pues van a salir muchas cosas que a lo mejor ya no deben salir porque estamos viviendo otra situación. Pero no es el triunfalismo con el que usted viene aquí, lo que nos va a ayudar; creo que es el consenso, la tranquilidad, el buscar verdaderos consensos y si quieren hacer algo por los trabajadores, ¡háganlo! no voten a favor del IVA en alimentos y medicinas.

Gracias.

PRESIDENTA: Esta presidencia informa a la Honorable Asamblea, que sobre este tema hemos tenido hasta el momento 12 intervenciones, por lo que solicita a la secretaría pregunte al Pleno si lo considera suficientemente discutido.

DIP. SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema de la agenda política en cuestión.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(VOTACION)

Suficientemente discutido señora presidenta.

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PRESIDENTA: Pasamos al capítulo de Efemérides e informamos que antes de concluir la sesión escucharemos las intervenciones vinculadas con la efemérides del aniversario de la Constitución de Apatzingán.

Con ese propósito se han registrado el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Manuel Galán Jiménez, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes.

DIP. JAIME CERVANTES: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

En esta tribuna conmemoramos un aniversario más de la Constitución de Apatzingán, la cual representa el ideario político del movimiento independiente, mismo que adquirió congruencia doctrinal y de sistema en su formulación, bajo el liderazgo de don José María Morelos y Pavón.

Uno de los grandes méritos de Morelos fue sin duda haber planteado la preocupación constitucional en la historia política de México, sea que ésta haya sido originalmente suya, sea que la haya tomado de sus consejeros, el hecho es que la convocatoria y reunión del Primer Congreso Constituyente Mexicano, fue posible gracias a su devoción y esfuerzo y que la Constitución de Apatzingán como primer ensayo constitucional mexicano es una obra que también a él se debe en lo fundamental.

La Constitución de Apatzingán representa el adelanto en el ideario que había de configurar la estructura política de la nueva nación soberana dentro de los moldes doctrinales del estado liberal democrático.

Por ello, a pesar de no llegar a regir la vida política del país, sí permite comprender la evolución posterior de las ideas y de las instituciones políticas mexicanas.

Cabe resaltar que al determinar la forma y las modalidades que revistieron a la división de poderes en el decreto constitucional de Apatzingán, se manifiestan los antecedentes básicos de las experiencias constitucionales de otras naciones. Así por ejemplo, las fuentes que sirvieron de inspiración principal a los legisladores de Apatzingán, fueron primordialmente las constituciones francesas como fuentes próximas que influyeron en el proyecto de Apatzingán, encontraron en algunos de los principios de la Constitución de Cádiz, aunque un tanto modificados pues, a diferencia de la Constitución española, la de Apatzingán preveía la instauración del régimen republicano de gobierno y no sólo defendía el principio de la soberanía popular, sino también el derecho del pueblo a cambiar al gobierno, según su voluntad.

Por otro lado, las bases ideológicas constituyen los elementos constitucionales de Don Ignacio Rayón, los Sentimientos de la Nación del propio Morelos y el reglamento para la reunión del congreso, expedido por Morelos en septiembre de 1813.

Para finalmente, el 22 de octubre de 1814, dar a conocer la Constitución de Apatzingán, impulsada por el Siervo de la Nación, Don José María Morelos.

Y después de la muerte de los caudillos iniciadores de la lucha libertaria, Morelos continuó en la batalla. Su ideal era lograr la total independencia de la corona española, por lo que conjuntamente dio a conocer, en Apatzingán, los Sentimientos de la Nación, con su propuesta para organizar un gobierno independiente.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo es importante dar homenaje al primer documento histórico constitucional en nuestro país, ya como un México independiente, capaz ya de reconocernos como mexicanos a los habitantes de este país, sin que existieran discriminaciones de raza, pues la abolición concluyó con las castas y la esclavitud.

Los cambios estructurales que a la conformación política del país dio la Constitución de Apatzingán y que fundamentalmente garantizó la división de poderes al gobierno nacional intentó reflejar fielmente el pensamiento del Generalísimo José María Morelos y Pavón.

La Constitución de Apatzingán ha sido sujeto de críticas tales como que Morelos carecía de conocimientos profundos de tología(sic) dogmática; sin embargo, esta Constitución, lejos de indicarnos los temores y desencantos bajo los cuales Morelos y Pavón fue juzgado, sobresale la organización de los poderes públicos del Estado nacional.

Como ya referimos, lo que se propuso en 1814 fue que el Estado se dividiera en 3 poderes y que el Congreso se reservara únicamente el Legislativo, es decir, el poder de hacer leyes que depositara el Ejecutivo en un Generalísimo y que éste tuviera autoridad en toda la extensión del país y sobre todas las armas insurgentes por encima de los pequeños caudillos, en proceso de convertirse en caciques, por lo que a Morelos nunca le pareció bien que la Constitución adoptara un poder ejecutivo inoperante para alcanzar la victoria que no podía ejecutar nada.

Así, a pesar de las acusaciones de las cuales fue Morelos víctima, las constancias procésales interpretadas conforme a derecho y dentro de su marco político histórico, permiten descubrir a un hombre que se mantuvo siempre erguido y con la orgullosa frente levantada, asumiendo en todo tiempo la responsabilidad íntegra de sus actos políticos.

Así pues, el decreto constitutivo para la libertad de la América Latina, nombre consagrado al decreto por el que se promulga la Constitución de Apatzingán, se plasma la independencia de México, la estructura política del nuevo Estado con la calidad de libre y soberano y en la que se destaca que en función de esa soberanía el pueblo mexicano podía cambiar de forma de gobierno y así obtenía mayor felicidad y garantizaba respeto a la propiedad privada y a las garantías del hombre. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Se concede el uso de la palabra al Diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del PRD sobre el mismo tema.

EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES: Con permiso, compañera Presidenta. Compañeros, compañeras legisladores y legisladoras: todos sabemos de la lucha itinerante que libró nuestro padre Morelos y que fue el 22 de octubre de 1814 cuando por fin concretó un aporte a su lucha armada y que fue un aporte a nuestro modo de ver y de entender, ideológico, político, como fue su intento de estructurar la nación mexicana a nuestra naciente nación mexicana, toda vez que recordemos que eran al tanto de 17 provincias para los que postulaban otros tantos diputados. Y que el mérito de nuestro padre Morelos en ese sentido fue haber de alguna manera instaurado un régimen republicano, representativo y federal en la constitución de 1814, propiamente el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. Que el mérito de él fue haber defendido en ese documento el principio de la soberanía popular y de la facultad del pueblo mexicano, efectivamente, de cambiar su gobierno según le pareciera. Y que tratándose de la estructuración de la naciente nación mexicana, efectivamente haciendo honor a lo que después en la época moderna concebimos como un federalismo de tipo político, sustentó la división del poder del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial; pero que aún fue más allá al considerar de buena fe que el mismo Poder Ejecutivo pudiera estar en manos de tres individuos para que no fuera sólo una persona la que tuviera tanto poder.

Lo mismo que el Congreso, de acuerdo a este proyecto, resultaba autorizado para nombrar a los cinco ministros de la Corte. Esto con la finalidad de lo que ahora conocemos, de acuerdo con las teorías quizás que le inspiraron de la Revolución Francesa a los contrapesos del poder público que deben de existir precisamente para un moderado ejercicio de las atribuciones que él desde entonces previó tanto para el Legislativo, hacer la ley, el Ejecutivo aplicarla, de alguna manera, y el Judicial decir el derecho.

Debemos destacar que incluso fue más allá, que previó aquello de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y la libertad para lo mismo de la palabra y de la prensa; la inviolabilidad del domicilio y una cosa resultante de todo esto, dadas las condiciones en que se desenvolvió él en su época, su postulado fundamental que involucran sus Sentimientos de la Nación, el moderar la opulencia de los ricos y la indigencia de los pobres.

Y yo diría que a propósito de esta efemérides, seria lo fundamental, pero qué enseñanza nosotros como diputados podríamos actualmente sacar de esta lucha del General Morelos, de esta lucha armada, de esta lucha ideológica. A mí me parece que sería fundamental siquiera tocar un tema porque pareciera que todavía esas tesituras tuvieran en la modernidad un reclamo de muchos ciudadanos mexicanos que viven en la pobreza y a los cuales se observa que hay momentos en nuestros gobernantes que les niegan esa tesitura de Morelos del moderar su indigencia, vetando una Ley de Desarrollo Rural que no lleva alivio a un sector importante de nuestra población.

Yo pienso que por eso ahora el señor Presidente no va a vetar nada, que va, por el contrario, a fortalecer la extensión, la asesoría, el financiamiento blando y barato, la apertura de mercados, que va a luchar seguramente a brazo partido por poner en mejores condiciones de competencia a nuestro país frente a los socios comerciales.

Y si nosotros como legisladores podemos contribuir, como de hecho lo hemos contribuido al aprobar cuerpos de leyes que van hacia esa finalidad, ojalá y en el Partido de la Revolución Democrática, suscribiendo lo que el compañero del PT dijo y lo que se acaba de decir por este servidor de ustedes, podamos avanzar en esa dirección, coincidiendo como hemos coincidido aquí, no obstante que como el día de ayer se dijera "que vamos lentos". Aquí no se trata de cantidad de leyes sino de calidad. Y que hagamos lo posible, en todo caso, por llegar con ese tipo de soluciones a donde más se ocupe y que efectivamente se modere la opulencia aplicándose la ley a los Cabales Peniches, a los que están en Fobaproa, a ese tipo de situaciones que vienen a mente, cuando pensamos en esa divisa de Morelos "de moderar la opulencia de los ricos y moderar la indigencia de los pobres". Pero que se haga.

Muchas gracias.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI):

Tiene la palabra el diputado Manuel Galán Jiménez sobre el mismo tema, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO MANUEL GALAN JIMÉNEZ (PRI): Con su venia, diputada Presidenta.

Compañeras Diputadas;

Compañeros Diputados:

22 de octubre de 1814, Apatzingán. Primera Constitución de la naciente América Mexicana. Ese es el evento. Fecha y lugar que hoy evocamos, no únicamente la Constitución por sí, sino a quienes integraron el Primer Congreso Constituyente y realizaron la primera tarea legislativa en nuestro México independiente.

Figura señera de ese Congreso fue don José María Morelos. Antes de la lucha de Independencia habían transcurrido tres siglos de dominación que dieron paso franco a vejaciones, saqueos, negativa al reconocimiento de la condición humana, imposición de costumbres y toda clase de atropellos y violaciones.

Toda idea de libertad estaba acotada y reducida a la más pura de las utopías. Los independentistas mexicanos habían iniciado el movimiento proclamando su adhesión a Fernando VII. Morelos en el momento oportuno le da un giro fundamental y bandera propia al movimiento libertario. Señala como meta de la lucha establecer una nación de hombres libres. Morelos, visionario y estadista, logra persuadir a los jefes de varios grupos que habían emprendido la guerra de liberación para dar programa y forma al movimiento. Surge así la decisión para convocar a un Congreso Constituyente, al que se encomienda elaborar un texto que dé forma orgánica al país que empieza a surgir.

El Congreso aprueba el 22 de octubre de 1814 el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana. A pesar de que esta Constitución no alcanzó plena vigencia, su contenido es fuerte de postulados, conceptos y definiciones que se yerguen al mismo tiempo como aspiración del pueblo y finalidad de los gobiernos en su interminable relación que no tiene otro propósito que mejorar la condición de los hombres y la sociedad. En ella quedaron plasmadas para siempre normas irreductibles que denotan la claridad con la que sus pensadores imaginaron el futuro de nuestro pueblo. Sus ideas permanecen con nosotros como cardinales inmutables.

Establece visionariamente la soberanía popular, disponía: "Como el gobierno no se instituye para honra o interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera".

Con precisión definió la división de poderes identificando el Supremo Congreso, el Supremo Gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia. Preveía además que los tres poderes no deberían ejercerse ni por una sola persona ni por una corporación. Los legisladores de Apatzingán dispusieron: "La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, prosperidad y libertad".

El que con humildad se proclamó el Siervo de la Nación, es emblema del más puro nacionalismo surgido de la mezcla de lo nativo con lo extranjero. José María Morelos es crisol en el que se fundió la nobleza, ingenio y brillantez del pueblo mexicano. Fue hombre cercano al pueblo, de ideas y acciones. En lo militar no hubo a su altura. En lo intelectual "Los Sentimientos de la Nación" dan cuenta de la claridad de sus ideas. En el compromiso con México su muerte los hace uno para siempre.

"Los Sentimientos de la Nación", obra del pensamiento preclaro de Morelos, es un documento nítido en todas sus partes, futurista como ninguno, determinante desde cualquier análisis, el de más sentido de permanencia con su pueblo; es la base del trabajo legislativo del Primer Congreso Constituyente. "Los Sentimientos de la Nación" son su visión de lo que se pretende: hombres libres, igualdad entre ellos y una nación soberana, pero es ante todo una proclama de justicia social que aún hoy tiene vigencia.

Morelos es el gran genio militar de la Independencia y es también el iniciador del sistema constitucional mexicano. No perdemos el tiempo cuando hacemos un paréntesis en las tareas propiamente legislativas y evocamos los grandes momentos de nuestra historia y sus protagonistas. No es porque ahí están las razones de nuestro ser nacional, que no queremos ni podemos negar.

Conmemorar, recordar y celebrar aquí al primigenio constituyente mexicano, nos sirve además para comprometernos con la vida institucional del país, pues es la Constitución de 1814 la que por lo menos traza el perfil de nuestras instituciones; ahí nacen y en el transcurso de casi tres siglos las hemos enriquecido, actualizado y algunas veces distorsionado, pero siempre se han mantenido vigentes para sostén de la estructura social, ahí hemos formado filas quienes somos institucionales.

La tarea legislativa es fundamental para el desarrollo de los pueblos, para el avance de las sociedades. Para nuestro país lo fue en la Independencia, en la Reforma, en la Revolución; lo es en todo tiempo. Es el Legislativo el poder que obligadamente resuelve con una visión de más largo plazo. La ley, resultado de nuestro trabajo es siempre para regir el mañana, para orientar y propiciar el porvenir.

La Constitución es la Ley Suprema, norma de normas, compendia las reglas fundamentales a que debe sujetarse la sociedad y fija las bases jurídicas del orden y la organización política, conquistar la plena libertad del hombre y la justicia de las relaciones sociales, asegurar el imperio del derecho y garantizar y consolidar la independencia nacional.

Al respecto, la Constitución de Apatzingán es ejemplo que debemos seguir todos los mexicanos.

Es cuanto.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado.

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Solicito a la Secretaría dé lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Lectura del Orden del Día)

ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 24

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA

ORDEN DEL DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Placido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanis, para prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta.

LA C. PRESIDENTA: (a LAS 15:46 HRS.): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana jueves 8 de noviembre a las diez horas.