SESION  DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 8 DE NOVIEMBRE DE 2001

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados—Presentes.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar, como integrantes del Grupo de Diputados del PRI en los trabajos de la Reforma del Estado, a la honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El apartado C del artículo 37 constitucional establece los supuestos por los que puede perderse la ciudadanía, entre los que se encuentran el prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero, aceptar o usar condecoraciones extranjeras y admitir títulos o funciones del gobierno de otro país. Sin embargo, estos tres supuestos son superables si median permisos previos en los dos primeros casos y licencia en el último, otorgados por el Congreso de la Unión, o por su Comisión Permanente.

Los ciudadanos, por tanto, deben dirigirse al Congreso de la Unión para solicitar la licencia o permiso referidos, según sea el caso, solicitud que sigue el trámite de cualquier iniciativa, es decir, es turnada a la comisión competente, la cual elabora un dictamen con, proyecto de decreto en el que se resuelve el permiso o licencia, mismo que pasa a la discusión y en su caso aprobación de la Asamblea, en la Cámara de origen, siguiendo igual procedimiento en la revisora.

Durante la LVII Legislatura de esta Cámara y lo que va de la LVIII, el pleno ha aprobado 233 dictámenes que en esta materia ha emitido la comisión correspondiente, en el primer caso y 45 en el segundo, los cuales no han merecido ninguna discusión significativa, incluso dichas aprobaciones se han realizado en conjunto, en aras del ahorro en el tiempo de las sesiones, pues se considera que únicamente de manera excepcional podrían negarse los permisos o rechazarse las solicitudes de. licencia.

En todo tiempo, y desde luego en el momento actual, ha existido el propósito de lograr economía de tiempos en los trámites y en el desarrollo de las sesiones, a fin de dar curso a asuntos de debate sobre iniciativas y proposiciones de interés general, que por lo regular exigen lapsos más prolongados para su desahogo y solución; esto es más apremiante, en la medida en que se acercan las fechas finales de los períodos de sesiones ordinarias y particularmente en el primer período de cada año, en el que. se realizan la glosa y las comparecencias relativas al informe de gobierno y se resuelven asuntos de tanta relevancia como las leyes fiscales y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A mayor abundamiento, la tendencia de reforma institucional del Congreso, apunta hacia la más racional programación de los trabajos de cada Cámara y a la erradicación de los llamados rezagos legislativos, mediante el impulso al trabajo de las comisiones durante el receso, a fin de que en el inicio de] período siguiente se conozcan los dictámenes de iniciativas de leyes y decretos y la Asamblea se ocupe de su discusión y votación oportuna.

En este orden de ideas, los diputados que suscribimos la presente iniciativa consideramos que una adición al artículo 37 constitucional, en la que se precise la facultad de ambas Cámaras del Congreso para resolver dichas solicitudes de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias, permitiría que en el reglamento de debates, o a través de acuerdos parlamentarios aprobados con base en el artículo 77 constitucional, se normara. la aprobación de dichos trámites sin necesidad de que se congestione el trabajo del. Pleno, responsabilizándose de ellos a las comisiones respectivas.

Los proponentes de la reforma constitucional que contiene la presente iniciativa, consideramos que,,dichos tramites no deben constituirse en factores que atrasan el trabajo legislativo; que es procedente por ello propiciar que la reforma constitucional permita delegar el procedimiento completo a las comisiones, y reservado para el Pleno cada vez que sea necesario, a juicio de la mesa directiva.

En caso de que se apruebe la reforma constitucional de referencia, se pretende que la legislación interna del Poder Legislativo, establezca la facultad del pleno, por conducto de la Presidencia de la mesa directiva de cada Cámara, de delegar en la o las comisiones específicas, la atribución de decidir al respecto, sometiéndose a la votación de la Asamblea solamente aquellos casos que la propia comisión determine necesarios, por constituir excepciones sobresalientes.

A mayor abundamiento, afirmamos los signantes, que la propuesta, contenida en la presente iniciativa favorecerá igualmente el hecho de que todo ciudadano que se encuentre en condiciones de ser empleado por gobiernos extranjeros, o de recibir de los mismos alguna distinción, vea en el Congreso mexicano a una institución de servicio que los atiende con prontitud y eficacia, y con ello, se eviten posibles evasiones o inobservancias a la Constitución.

Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Asamblea el siguiente

Decreto por el que se adiciona el articulo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Único. Se adiciona un último párrafo al artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 37.

A) al C). . . .

I. a la VI. . . .

Los permisos y licencias a que se refiere este artículo, podrán ser otorgados por el Congreso de la Unión a través de las comisiones ordinarias de ambas cámaras, o por su Comisión Permanente, de conformidad con lo establecido en las leyes, reglamentos o acuerdos parlamentarios que constituyan su normatividad interna.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de noviembre de 2001.— Diputados: Juan Manuel Martínez Nava, Salvador Rocha Díaz, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Jaime Vázquez Castillo, Eddie Varón Levy, Jesús Ali de la Torre, Eduardo Andrade Sánchez, Enrique Garza Tamez, Víctor Roberto Infante González, Alma Carolina Viggiano Austria, Juan Manuel Carrera López, Ranulfo Márquez Hernández, José Elías Romero Apis, José Antonio Hernández Fraguas, José Francisco Yunes Zorrilla, Ney González Sánchez, María Elena Chapa Hernández, Rodolfo González Guzmán, Manuel Garza González, Roberto Zavala Echavarría, José de Jesús Orozco Alfaro, Jesús A. Cruz Gutiérrez, Juan Manuel Sepúlveda Fayad Manuel Galán Jiménez.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado Jaime Vázquez Castillo. Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 41 y una fracción VI al artículo 53 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, se le concede la palabra a la Diputada Heidi Storsberg Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Antes de que tome la palabra la Diputada, se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 434 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

LA C. DIPUTADA HEIDI GERTUD STORSBERG MONTES:

(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)

INICIATIVA

De reformas a los artículos 35, 36, 71 Y 73, de la Constitucionales en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática, cívica y de la legalidad, mediante el plebiscito. Referndum e iniciativa popular, presentando por el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia.

José Manuel del Río Virgen, en mi carácter de Diputado Federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados y de su soberanía representada por todos y cada uno de ustedes señoras y señores legisladores, la presente iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 35; adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36; adiciona una fracción IV al artículo 71 y; adiciona la fracción VI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los mexicanos, históricamente decidimos optar por la democracia, como única vía para alcanzar las metas trazadas que en nuestra Carta Magna, visionariamente los constituyentes de 1917 plasmaron. Titanes, sin duda alguna, son junto con muchos héroes más de la Independencia, la reforma y la revolución, quienes nos mostraron y demostraron incluso con la sangre de sus propias vidas, lo que sigue significando la libertad, soberanía, igualdad, justicia, trabajo, seguridad social, respeto a la legalidad y la educación popular.

Precisamente ésta, la educación, basada en el resultado del progreso científico, debe seguir luchando contra todo tipo de ignorancia y sus devastadores efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, logrando el desarrollo armónico de las facultades del ser humano que fomente en él, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia.

Las reformas constitucionales de 1934 y 1946 al artículo 3o., concretaron los anhelos de los constituyentes de 1917, cuando éstos establecieron que la educación es libre y laica. Empero, de aquellos días y con las reformas efectuadas a la fecha, la educación en el país, sigue siendo la más sentida demanda de los desheredados de la fortuna nacional; aquellos millones que por generaciones siguen esperando el arribo de la justicia social.

Nuestra Carta Magna establece que la educación será democrática, considerándola no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, económico, social y cultural del pueblo.

Que será nacional, en cuanto, sin hostilidades y exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y, a la continuidad y aseguramiento de nuestra cultura.

Establece también, como una de sus principales máximas, contribuir a la mejor convivencia humana, robusteciendo la dignidad de la persona, la integridad de la familia y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando así los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos y de individuos.

Lo anterior nos demuestra que aún tenemos una visión muy corta de lo que debe significar la educación en México, ya que no sólo se refiere aquella que hoy se imparte a nuestros hijos desde pequeños hasta la educación superior, cuando así la situación económica lo permite. La que se imparte en forma todavía deficiente a la población nacional analfabeta y que suma más del 9% de los mexicanos más pobres.

Una revisión integral del los principios rectores de la educación en el país, nos indica que la enseñanza nacional, no sólo es transmisión de conocimientos, saber leer y escribir, tener cualquier profesión mediante el estudio. Su fin es más supremo; es para bien, transformar la realidad social que nos rodea con pleno respeto a la norma jurídica que da sustento a la convivencia civilizada de los hombres y mujeres en el país. Es lograr en la sociedad, una participación social más decidida y responsable, que le augure mejores niveles de vida, pero sobre todo, que le permita estar en posibilidad de construir junto con el Gobierno y sus representantes su propio futuro.

No es sólo tener más y mejores profesionistas, técnicos o ningún analfabeta. No basta saber que la educación en el país, nos permite entender lo que pasa a nuestro alrededor, su fin está precisamente en utilizar lo aprendido reflexionando primero, para cambiar las estructuras del poder público, cuando éste se vuelve ineficiente, corrupto, prepotente, inoperante.

La educación nacional compañeras y compañeros diputados, va más allá del aula escolar, porque desea que no sólo sus hijos jóvenes estén preparados. La educación que la patria requiere, también va dirigida a los sectores más diversos de la sociedad, sociedad enriquecida por ese mosaico pluricultural y hoy cada vez más democrática que decidimos ser.

La educación que necesitamos impulsar todos y cada uno de los mexicanos, también debe ser aquella que siendo dirigida a los diversos sectores de la sociedad, les permita en su cotidianidad, fortalecer los principios de amor a la patria, solidaridad y civismo, tres premisas fundamentales que nos dan identidad y cohesión como país.

Fue la mayoría de la voluntad ciudadana la que determinó el 2 de julio de 2000, darse una nueva oportunidad, de tener otro tipo de gobierno. Pero esta nueva oportunidad, no le garantiza que realmente pueda ser o haya sido la adecuada. Será el tiempo quien determinará si la mayoría estuvo o no equivocada, porque si bien es cierto que México ya vive en la alternancia política en los niveles federal y estatal, también lo es que muchas veces la decepción es grande y más aún frustrante, cuando sabe que debe esperar el tiempo constitucional de encargo, para volver a sufragar por un partido o candidato distinto, en virtud de que el anterior simplemente no les cumplió.

Muchas veces su protesta es en silencio, porque se siente impotente ante las medidas que el gobierno adopta y que considera perjudicial para ellos. Un triunfo electoralmente constitucional, no otorga un poder absoluto al gobernante, para disponer medidas políticas o económicas que según él, son las más indicadas para el país.

La protesta por las acciones gubernamentales a veces queda también truncada, cuando los ciudadanos acuden con sus representantes populares de sus distritos electorales, nosotros señores diputados, encontrando un "déjeme ver que se puede hacer", "está muy ocupado el señor diputado legislando", "se encuentra en una reunión muy importante" y en el peor de los casos "luego, luego lo vemos, platique con mi secretario".

Así, cuando la demanda ciudadana no encuentra respuesta por parte del poder ejecutivo y legislativo, cuando se ha violado su derecho constitucional de petición, por arrogancia, ocupación o desinterés, vemos a los mexicanos utilizando otro tipo de medidas para hacerse escuchar, muchas veces con resultados lamentables y fatídicos para los ciudadanos y la estabilidad del país.

Cierto es que hoy los mexicanos tienen en los partidos políticos, el mejor instrumento para acceder a las esferas del poder democrático y cambiar sus condiciones de vida en lo político, económico y social, pero no siempre son éstos, los partidos políticos, sus mejores aliados.

No podemos entender la competencia política si no es a través de los partidos, pero la práctica y el reclamo de la sociedad, es en el sentido de que los partidos se convierten muchas veces en instrumentos de grupos más que en portadores y representantes de una amplia participación ciudadana.

Para algunos estudiosos, los partidos políticos son órganos diseñados con el propósito explícito de obtener el poder y en consecuencia sacrifican los ideales más caros de la participación democrática.

Así, además advierten, que estas actuaciones son la crítica más sentida a lo que hoy conocemos como régimen de partidos. Pero además de ellas, se desprenden otras, a saber: la supremacía de los líderes partidistas sobre la organización misma que representan; la consolidación "institucional" de ciertas prácticas y decisiones excluyentes sobre la voluntad soberana, mucho más abstracta de la nación; los privilegios que los miembros de los partidos se conceden así mismos, y que le conceden también a ciertos grupos aliados a ellos, como la burocracia gubernamental, las grandes organizaciones sindicales que les ofrecen votos, o la falta de transparencia en el ejercicio de sus poderes y del dinero que se les otorga para cumplir con su labor.

Ante esto, los ciudadanos escépticos optan por cambiar de partido o en otros casos, agruparse con fines específicos que sin duda, lejos de debilitar el pluralismo político, lo enriquecen sustancialmente, porque encuentran en estas formas de participación lo que los partidos muchas veces les negamos: vida democrática.

Así, la democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos tienen en absoluto el monopolio exclusivo de la actividad democrática. La democracia en México y el mundo, es mucho más que una contienda entre partidos políticos contendientes en la búsqueda del voto.

Por ello y por el bien del país, los ciudadanos deben extender más allá de los votos la participación ciudadana, convirtiéndola en algo más que una sucesión de elecciones, en una actividad cívica que muchas veces no le satisface realizar o les es indiferente.

En ningún país del mundo con régimen democrático, la sociedad está totalmente satisfecha con la participación de los partidos políticos hecha Gobierno y nuestro país por supuesto no es la excepción. La incipiente democracia que vivimos, debemos fortalecerla para no repetir los errores del pasado y que hoy sin duda, nos ubican en los no muy honrosos primeros lugares en materia de respeto a la democracia, derechos humanos, legalidad, desarrollo y justicia, por el contrario, los fantasmas de la pobreza, la impunidad, corrupción, desempleo e inseguridad pública rondan muy cerca del caos y la revuelta.

Cabe agregar, que en las conclusiones y propuestas de la comisión de estudios para la reforma del estado editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y presentadas en este año, por primera vez se reconoce que la cultura política debe ser tema de la agenda nacional y, por ello, debe atribuirse al sistema educativo la responsabilidad de desarrollar en los educandos una cultura política democrática, lo que confirma nuestros argumentos, en el sentido de que la educación en México tiene una visión universal.

Por ello, debemos impulsar figuras jurídicas que nos permitan arribar en esta nueva etapa de nuestra vida política y social, como un país de leyes, de respeto a la legalidad, a la constitución y el Estado de derecho y en este sentido, la democracia y participación semidirectas son el camino idóneo.

PROPUESTA

Convergencia por la Democracia, es un partido que busca con el concurso de la sociedad en general un nuevo rumbo para la nación. Por ello, nos pronunciamos por una mayor apertura de opciones a la participación popular en la toma de las grandes decisiones y en el conocimiento de la información que se requiere para formar un criterio objetivo en la opinión pública.

Nuestro partido sostiene, que la iniciativa popular, el plebiscito y el referendum, deben ser puntos de partida para el trabajo político y para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública, compensando y complementando la participación política de la ciudadanía, en aquellos asuntos de primordial importancia o de carácter general que permitan corregir desvíos y, llegado el caso, remover a los gobernantes y servidores públicos que contraríen la voluntad popular.

Bajo estas consideraciones, los militantes y simpatizantes de nuestro partido, Convergencia por la Democracia, creemos firmemente que, figuras como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, deben formar parte de nuestra vida constitucional, jurídica y legal, a fin de fortalecer la cultura cívica, la cultura de la legalidad y la cultura democrática que impostergablemente debemos consolidar.

Referendum:

El Diccionario Jurídico Omeba, lo señala como una institución en la transición entre un sistema de democracia directa y el de una democracia representativa y, que consiste en una consulta que se hace a los electores para que ratifiquen lo que votaron sus representantes. Por otra parte, el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, lo define como un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos, cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo.

El doctor Ignacio Burgoa señala que más que implicar una fiscalización popular, es un verdadero acto jurídico con que, algunos casos, culmina el proceso de formación legislativa y a través del cual los ciudadanos, sin exponer sus razones ni deliberar dan o no su aquiescencia para que una ley entre en vigor o sea que se permite al pueblo intervenir directamente en la aprobación o rechazo de las leyes.

Plebiscito:

Su origen se remonta a la república romana en la que la clase plebeya establecía sus propias leyes y que hoy en día es entendido, como el procedimiento por el que se somete a la aprobación directa de los ciudadanos con derecho a voto una decisión propuesta por los gobernantes.

Maurice Duverger menciona que se llama así al voto de confianza personal dado a un hombre aunque sus resultados son conservadores, que nos merece el derecho a la ciudadanía para resolver por si mismos los problemas importantes y evitar que sus representantes acaparen todo el poder político.

Iniciativa popular:

La entendemos como una figura jurídica por el que se concede derecho al pueblo a fin de presentar propuestas de gobierno a los gobernantes establecidos. El Diccionario Universal de Términos Parlamentarios establece que la Iniciativa Popular, consiste en la transmisión de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de formación de la ley formal, a una determinada fracción del cuerpo electoral.

Diferencia de conceptos:

El doctor Ignacio Burgoa, menciona que los plebiscitos originalmente fueron actos resolutivos de la plebe, es decir, una clase social para la preservación y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos frente a la clase patricia; en cambio el referendum, es un acto decisorio por virtud del cual los ciudadanos emiten su voto adhesivo o repulsivo a cualquier acción gubernativa que conforme a la ley deba ser sometida para su aprobación.

Generalmente los conceptos de referendum y plebiscito son considerados como sinónimos en su aplicación, sin embargo la naturaleza de estos términos son diferentes de tal forma, que la naturaleza jurídica del referéndum es la de un acto de ratificación, aprobación y de decisión; en cambio la del plebiscito implica una alteración del método precedente ya que no afecta actos de naturaleza normativa, se refiere sólo a cuestiones de hecho, actos políticos y medidas de Gobierno, especialmente afecto a cuestiones de carácter tererritorial y materias relativas a la forma de Gobierno.

El autor italiano Gladio Gemma, señala que tanto el plebiscito como el referendum son pronunciamientos populares sobre temas de relevancia constitucional, señalando que el plebiscito implica un menor espacio para la participación del constituyente primario ya que se resta más para el manejo de la opinión pública y por ende de los resultados de su aplicación. Sin embargo, creemos son de suma importancia dichas figuras de participación semidirectas para el país.

Antecedentes en México

La constitución de 1917, por reforma al artículo 73, de 6 de diciembre de 1977, incluye en su fracción VI, apartado segundo, que el Congreso tiene facultades para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, que los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referendum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma ley señale.

En el sistema constitucional mexicano se incorporaron en 1977 dos procedimientos de la democracia semidirecta, al referir el artículo 73, fracción VI de la Constitución, "que las leyes y los reglamentos relativos al Distrito Federal son materia de referendum y de iniciativa popular, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley Orgánica del citado departamento. Así los artículos 53 y 55 de la citada ley establecían que la iniciativa popular es un método de participación directa de los ciudadanos del Distrito Federal, para proponer la formación, modificación o derogación de ordenamientos legales y reglamentarios de la propia entidad, siempre que se compruebe que la citada iniciativa se encontrara apoyada por un mínimo de 10 mil ciudadanos.

Esta reforma, desafortunadamente no tuvo el eco deseado dentro de nuestro sistema político ya qué las instituciones establecidas se quedaron a medio camino teniendo sólo reconocimiento constitucional.

Las mencionadas reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicadas en el DOF, de 29 de diciembre de 1978, señalaban en el artículo 58, que el referendum era obligatorio cuando los ordenamientos legales y los reglamentos en proceso de creación, modificación o derogación, puedan tener actos sobre la totalidad de los habitantes del Distrito Federal y correspondan a la satisfacción de necesidades sociales de carácter general y, será facultativo cuando los ordenamientos y los reglamentos en proceso no corresponda, en términos generales, a las características dadas respecto al referendum obligatorio.

Después surgieron otras reformas a la fracción VI del referido artículo 73 publicadas en el DOF, de 10 de agosto de 1987, posteriormente se volvió a reformar y fueron publicadas dichas reformas el 6 de abril de 1990 en las que se mencionaba el origen de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, abrogando todo lo 'relacionado al referendum y, estableciendo en su base cuarta que "para mayor participación ciudadana el gobierno del Distrito Federal, además, establece el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son competencia de la Asamblea" requiriendo para su formal presentación un mínimo de 10 mil ciudadanos debidamente identificados.

Nuevamente el 25 de octubre de 1993 se vuelven a realizar reformas al artículo y fracción en mención, instituyendo la facultad del Congreso para expedir el estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que fue publicado el 26 de julio de 1994, en el que se abroga por completo todos los términos participación semidirecta.

Comentarios generales

Jesús Reyes Heroles en su obra "Tendencias Actuales del Estado", menciona que desde la Declaración de los Derechos del Ciudadano de 1789 y en la Constitución francesa de 1791, los conceptos de soberanía popular y de representación política son consignados universalmente, podría decirse, como elementos insustituibles del estado moderno. De ahí en adelante, el Estado tendrá siempre en cuenta que la soberanía reside en el pueblo y que su legitimación como organismo estatal, depende que sea representativo de la soberanía popular.

En este sentido, Francisco Berlín Valenzuela nos dice que en México ha existido incomprensión total a estos términos de participación popular tal vez por la estrecha perspectiva de lo que significa, dando lugar a una actitud negativa para la implantación, al parecer porque su práctica puede ser adversa en un momento dado a las decisiones gubernamentales, pero añade que es probable que al principio en un país como el nuestro pudiera ser manipulado un referendum, plebiscito o iniciativa popular, pero que en la medida que el pueblo se acostumbrara a vivir y practicar estas formas, que por otra parte son promotores de instrucción publica, las posibilidades de su manipuleo serían cada vez más limitados.

Diego Valadés afirma, que de poco o nada serviría que la Constitución o algún otro ordenamiento jurídico consagrase una institución como éstas, si de su reglamentación resultaran restricciones para su ejercicio; de ser este el caso, se estaría siguiendo más la tradición del referendum, del plebiscito o de la iniciativa popular como un instrumento de manipulación y control de la ciudadanía.

En este sentido, debemos destacar que aunque hablamos de que somos un país democrático, no podemos recibir este calificativo, si no instrumentamos un mecanismo efectivo y seguro de dar fuerza y vida a la soberanía del pueblo, no sólo con su instauración constitucional, sino también instituyéndose en leyes ordinarias, secundarias, o reglamentarias de la propia Constitución en aquellos casos considerados como trascendentes e importantes.

Por otra parte, las anteriores reformas que se han mencionado no han dejado satisfechos a los ciudadanos, de tal forma que sigue siendo el Congreso de la Unión el encargado para buscar mejores formas de participación ciudadana, pugnando por una mayor participación política hoy en día, en el que el mundo se encuentra ante una serie de trasformaciones económicas, sociales y políticas, lo cual redundaría también en abandonar acciones de paternalismo gubernamental y responsabilizaría al pueblo en decidir que derroteros seguir en beneficio del mismo.

Debe destacarse que varios países cuentan con estas figuras de participación semidirecta como Brasil, Cuba, Uruguay, Ecuador, Panamá; Chile, Colombia y Costa Rica entre otros.

Debemos darnos la oportunidad de lograr una mejor participación para los mexicanos y su destino, por ello es importante que incorporemos en nuestra constitución estas figuras jurídicas que permitirán un país más democrático y justo.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía las siguientes reformas constitucionales.

Artículo único. Se adiciona una fracción VI al artículo 35; se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36; se adiciona una fracción IV al artículo 71 y se reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición y

VI. Participar en los procesos de referendum, plebiscito e iniciativa popular. La ley regulará los procedimientos de éstos.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley;

II. Alistarse en la Guardia Nacional;

III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; así como participar en los procesos de referendum y plebiscito de conformidad con la ley competente.

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. A1 Presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. A las legislaturas de los estados;

IV. A los ayuntamientos vía sus legisladores locales o federales y los ciudadanos, mediante iniciativa popular, en los términos que establezca la ley.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal;

II. Derogada;

III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una población de 120 mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.

6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate.

7o. Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás estados;

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando con las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso;

V. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación;

VI. Para aprobar los proyectos de ley que deban someterse a referendum e iniciativa popular.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y legislación secundaria, para lograr el pleno funcionamiento de las figuras de participación semidirecta que se proponen en el presente decreto, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

México, DF, a 8 de noviembre de 2001.— Diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Se instruye a la Secretaría para que la iniciativa en su conjunto, de manera íntegra, se publique en la Gaceta Parlamentaria y se incluya en el Diario de Debates, y que dicha iniciativa se turne a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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Para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 35, 36, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le concede la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia para la Democracia, partido político nacional.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (CD):

(Da lectura a una iniciativa de reformas a los artículos 35,36, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

(LEYO. INSERTESE)

INICIATIVA

De reformas a los artículos 35, 36, 71 Y 73, de la Constitucionales en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática, cívica y de la legalidad, mediante el plebiscito. Referndum e iniciativa popular, presentando por el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia.

José Manuel del Río Virgen, en mi carácter de Diputado Federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados y de su soberanía representada por todos y cada uno de ustedes señoras y señores legisladores, la presente iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 35; adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36; adiciona una fracción IV al artículo 71 y; adiciona la fracción VI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Los mexicanos, históricamente decidimos optar por la democracia, como única vía para alcanzar las metas trazadas que en nuestra Carta Magna, visionariamente los constituyentes de 1917 plasmaron. Titanes, sin duda alguna, son junto con muchos héroes más de la Independencia, la reforma y la revolución, quienes nos mostraron y demostraron incluso con la sangre de sus propias vidas, lo que sigue significando la libertad, soberanía, igualdad, justicia, trabajo, seguridad social, respeto a la legalidad y la educación popular.

Precisamente ésta, la educación, basada en el resultado del progreso científico, debe seguir luchando contra todo tipo de ignorancia y sus devastadores efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, logrando el desarrollo armónico de las facultades del ser humano que fomente en él, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia.

Las reformas constitucionales de 1934 y 1946 al artículo 3o., concretaron los anhelos de los constituyentes de 1917, cuando éstos establecieron que la educación es libre y laica. Empero, de aquellos días y con las reformas efectuadas a la fecha, la educación en el país, sigue siendo la más sentida demanda de los desheredados de la fortuna nacional; aquellos millones que por generaciones siguen esperando el arribo de la justicia social.

Nuestra Carta Magna establece que la educación será democrática, considerándola no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, económico, social y cultural del pueblo.

Que será nacional, en cuanto, sin hostilidades y exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y, a la continuidad y aseguramiento de nuestra cultura.

Establece también, como una de sus principales máximas, contribuir a la mejor convivencia humana, robusteciendo la dignidad de la persona, la integridad de la familia y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando así los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos y de individuos.

Lo anterior nos demuestra que aún tenemos una visión muy corta de lo que debe significar la educación en México, ya que no sólo se refiere aquella que hoy se imparte a nuestros hijos desde pequeños hasta la educación superior, cuando así la situación económica lo permite. La que se imparte en forma todavía deficiente a la población nacional analfabeta y que suma más del 9% de los mexicanos más pobres.

Una revisión integral del los principios rectores de la educación en el país, nos indica que la enseñanza nacional, no sólo es transmisión de conocimientos, saber leer y escribir, tener cualquier profesión mediante el estudio. Su fin es más supremo; es para bien, transformar la realidad social que nos rodea con pleno respeto a la norma jurídica que da sustento a la convivencia civilizada de los hombres y mujeres en el país. Es lograr en la sociedad, una participación social más decidida y responsable, que le augure mejores niveles de vida, pero sobre todo, que le permita estar en posibilidad de construir junto con el Gobierno y sus representantes su propio futuro.

No es sólo tener más y mejores profesionistas, técnicos o ningún analfabeta. No basta saber que la educación en el país, nos permite entender lo que pasa a nuestro alrededor, su fin está precisamente en utilizar lo aprendido reflexionando primero, para cambiar las estructuras del poder público, cuando éste se vuelve ineficiente, corrupto, prepotente, inoperante.

La educación nacional compañeras y compañeros diputados, va más allá del aula escolar, porque desea que no sólo sus hijos jóvenes estén preparados. La educación que la patria requiere, también va dirigida a los sectores más diversos de la sociedad, sociedad enriquecida por ese mosaico pluricultural y hoy cada vez más democrática que decidimos ser.

La educación que necesitamos impulsar todos y cada uno de los mexicanos, también debe ser aquella que siendo dirigida a los diversos sectores de la sociedad, les permita en su cotidianidad, fortalecer los principios de amor a la patria, solidaridad y civismo, tres premisas fundamentales que nos dan identidad y cohesión como país.

Fue la mayoría de la voluntad ciudadana la que determinó el 2 de julio de 2000, darse una nueva oportunidad, de tener otro tipo de gobierno. Pero esta nueva oportunidad, no le garantiza que realmente pueda ser o haya sido la adecuada. Será el tiempo quien determinará si la mayoría estuvo o no equivocada, porque si bien es cierto que México ya vive en la alternancia política en los niveles federal y estatal, también lo es que muchas veces la decepción es grande y más aún frustrante, cuando sabe que debe esperar el tiempo constitucional de encargo, para volver a sufragar por un partido o candidato distinto, en virtud de que el anterior simplemente no les cumplió.

Muchas veces su protesta es en silencio, porque se siente impotente ante las medidas que el gobierno adopta y que considera perjudicial para ellos. Un triunfo electoralmente constitucional, no otorga un poder absoluto al gobernante, para disponer medidas políticas o económicas que según él, son las más indicadas para el país.

La protesta por las acciones gubernamentales a veces queda también truncada, cuando los ciudadanos acuden con sus representantes populares de sus distritos electorales, nosotros señores diputados, encontrando un "déjeme ver que se puede hacer", "está muy ocupado el señor diputado legislando", "se encuentra en una reunión muy importante" y en el peor de los casos "luego, luego lo vemos, platique con mi secretario".

Así, cuando la demanda ciudadana no encuentra respuesta por parte del poder ejecutivo y legislativo, cuando se ha violado su derecho constitucional de petición, por arrogancia, ocupación o desinterés, vemos a los mexicanos utilizando otro tipo de medidas para hacerse escuchar, muchas veces con resultados lamentables y fatídicos para los ciudadanos y la estabilidad del país.

Cierto es que hoy los mexicanos tienen en los partidos políticos, el mejor instrumento para acceder a las esferas del poder democrático y cambiar sus condiciones de vida en lo político, económico y social, pero no siempre son éstos, los partidos políticos, sus mejores aliados.

No podemos entender la competencia política si no es a través de los partidos, pero la práctica y el reclamo de la sociedad, es en el sentido de que los partidos se convierten muchas veces en instrumentos de grupos más que en portadores y representantes de una amplia participación ciudadana.

Para algunos estudiosos, los partidos políticos son órganos diseñados con el propósito explícito de obtener el poder y en consecuencia sacrifican los ideales más caros de la participación democrática.

Así, además advierten, que estas actuaciones son la crítica más sentida a lo que hoy conocemos como régimen de partidos. Pero además de ellas, se desprenden otras, a saber: la supremacía de los líderes partidistas sobre la organización misma que representan; la consolidación "institucional" de ciertas prácticas y decisiones excluyentes sobre la voluntad soberana, mucho más abstracta de la nación; los privilegios que los miembros de los partidos se conceden así mismos, y que le conceden también a ciertos grupos aliados a ellos, como la burocracia gubernamental, las grandes organizaciones sindicales que les ofrecen votos, o la falta de transparencia en el ejercicio de sus poderes y del dinero que se les otorga para cumplir con su labor.

Ante esto, los ciudadanos escépticos optan por cambiar de partido o en otros casos, agruparse con fines específicos que sin duda, lejos de debilitar el pluralismo político, lo enriquecen sustancialmente, porque encuentran en estas formas de participación lo que los partidos muchas veces les negamos: vida democrática.

Así, la democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos tienen en absoluto el monopolio exclusivo de la actividad democrática. La democracia en México y el mundo, es mucho más que una contienda entre partidos políticos contendientes en la búsqueda del voto.

Por ello y por el bien del país, los ciudadanos deben extender más allá de los votos la participación ciudadana, convirtiéndola en algo más que una sucesión de elecciones, en una actividad cívica que muchas veces no le satisface realizar o les es indiferente.

En ningún país del mundo con régimen democrático, la sociedad está totalmente satisfecha con la participación de los partidos políticos hecha Gobierno y nuestro país por supuesto no es la excepción. La incipiente democracia que vivimos, debemos fortalecerla para no repetir los errores del pasado y que hoy sin duda, nos ubican en los no muy honrosos primeros lugares en materia de respeto a la democracia, derechos humanos, legalidad, desarrollo y justicia, por el contrario, los fantasmas de la pobreza, la impunidad, corrupción, desempleo e inseguridad pública rondan muy cerca del caos y la revuelta.

Cabe agregar, que en las conclusiones y propuestas de la comisión de estudios para la reforma del estado editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y presentadas en este año, por primera vez se reconoce que la cultura política debe ser tema de la agenda nacional y, por ello, debe atribuirse al sistema educativo la responsabilidad de desarrollar en los educandos una cultura política democrática, lo que confirma nuestros argumentos, en el sentido de que la educación en México tiene una visión universal.

Por ello, debemos impulsar figuras jurídicas que nos permitan arribar en esta nueva etapa de nuestra vida política y social, como un país de leyes, de respeto a la legalidad, a la constitución y el Estado de derecho y en este sentido, la democracia y participación semidirectas son el camino idóneo.

PROPUESTA

Convergencia por la Democracia, es un partido que busca con el concurso de la sociedad en general un nuevo rumbo para la nación. Por ello, nos pronunciamos por una mayor apertura de opciones a la participación popular en la toma de las grandes decisiones y en el conocimiento de la información que se requiere para formar un criterio objetivo en la opinión pública.

Nuestro partido sostiene, que la iniciativa popular, el plebiscito y el referendum, deben ser puntos de partida para el trabajo político y para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública, compensando y complementando la participación política de la ciudadanía, en aquellos asuntos de primordial importancia o de carácter general que permitan corregir desvíos y, llegado el caso, remover a los gobernantes y servidores públicos que contraríen la voluntad popular.

Bajo estas consideraciones, los militantes y simpatizantes de nuestro partido, Convergencia por la Democracia, creemos firmemente que, figuras como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, deben formar parte de nuestra vida constitucional, jurídica y legal, a fin de fortalecer la cultura cívica, la cultura de la legalidad y la cultura democrática que impostergablemente debemos consolidar.

Referendum:

El Diccionario Jurídico Omeba, lo señala como una institución en la transición entre un sistema de democracia directa y el de una democracia representativa y, que consiste en una consulta que se hace a los electores para que ratifiquen lo que votaron sus representantes. Por otra parte, el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, lo define como un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos, cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo.

El doctor Ignacio Burgoa señala que más que implicar una fiscalización popular, es un verdadero acto jurídico con que, algunos casos, culmina el proceso de formación legislativa y a través del cual los ciudadanos, sin exponer sus razones ni deliberar dan o no su aquiescencia para que una ley entre en vigor o sea que se permite al pueblo intervenir directamente en la aprobación o rechazo de las leyes.

Plebiscito:

Su origen se remonta a la república romana en la que la clase plebeya establecía sus propias leyes y que hoy en día es entendido, como el procedimiento por el que se somete a la aprobación directa de los ciudadanos con derecho a voto una decisión propuesta por los gobernantes.

Maurice Duverger menciona que se llama así al voto de confianza personal dado a un hombre aunque sus resultados son conservadores, que nos merece el derecho a la ciudadanía para resolver por si mismos los problemas importantes y evitar que sus representantes acaparen todo el poder político.

Iniciativa popular:

La entendemos como una figura jurídica por el que se concede derecho al pueblo a fin de presentar propuestas de gobierno a los gobernantes establecidos. El Diccionario Universal de Términos Parlamentarios establece que la Iniciativa Popular, consiste en la transmisión de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de formación de la ley formal, a una determinada fracción del cuerpo electoral.

Diferencia de conceptos:

El doctor Ignacio Burgoa, menciona que los plebiscitos originalmente fueron actos resolutivos de la plebe, es decir, una clase social para la preservación y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos frente a la clase patricia; en cambio el referendum, es un acto decisorio por virtud del cual los ciudadanos emiten su voto adhesivo o repulsivo a cualquier acción gubernativa que conforme a la ley deba ser sometida para su aprobación.

Generalmente los conceptos de referendum y plebiscito son considerados como sinónimos en su aplicación, sin embargo la naturaleza de estos términos son diferentes de tal forma, que la naturaleza jurídica del referéndum es la de un acto de ratificación, aprobación y de decisión; en cambio la del plebiscito implica una alteración del método precedente ya que no afecta actos de naturaleza normativa, se refiere sólo a cuestiones de hecho, actos políticos y medidas de Gobierno, especialmente afecto a cuestiones de carácter tererritorial y materias relativas a la forma de Gobierno.

El autor italiano Gladio Gemma, señala que tanto el plebiscito como el referendum son pronunciamientos populares sobre temas de relevancia constitucional, señalando que el plebiscito implica un menor espacio para la participación del constituyente primario ya que se resta más para el manejo de la opinión pública y por ende de los resultados de su aplicación. Sin embargo, creemos son de suma importancia dichas figuras de participación semidirectas para el país.

Antecedentes en México

La constitución de 1917, por reforma al artículo 73, de 6 de diciembre de 1977, incluye en su fracción VI, apartado segundo, que el Congreso tiene facultades para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, que los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referendum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma ley señale.

En el sistema constitucional mexicano se incorporaron en 1977 dos procedimientos de la democracia semidirecta, al referir el artículo 73, fracción VI de la Constitución, "que las leyes y los reglamentos relativos al Distrito Federal son materia de referendum y de iniciativa popular, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley Orgánica del citado departamento. Así los artículos 53 y 55 de la citada ley establecían que la iniciativa popular es un método de participación directa de los ciudadanos del Distrito Federal, para proponer la formación, modificación o derogación de ordenamientos legales y reglamentarios de la propia entidad, siempre que se compruebe que la citada iniciativa se encontrara apoyada por un mínimo de 10 mil ciudadanos.

Esta reforma, desafortunadamente no tuvo el eco deseado dentro de nuestro sistema político ya qué las instituciones establecidas se quedaron a medio camino teniendo sólo reconocimiento constitucional.

Las mencionadas reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicadas en el DOF, de 29 de diciembre de 1978, señalaban en el artículo 58, que el referendum era obligatorio cuando los ordenamientos legales y los reglamentos en proceso de creación, modificación o derogación, puedan tener actos sobre la totalidad de los habitantes del Distrito Federal y correspondan a la satisfacción de necesidades sociales de carácter general y, será facultativo cuando los ordenamientos y los reglamentos en proceso no corresponda, en términos generales, a las características dadas respecto al referendum obligatorio.

Después surgieron otras reformas a la fracción VI del referido artículo 73 publicadas en el DOF, de 10 de agosto de 1987, posteriormente se volvió a reformar y fueron publicadas dichas reformas el 6 de abril de 1990 en las que se mencionaba el origen de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, abrogando todo lo 'relacionado al referendum y, estableciendo en su base cuarta que "para mayor participación ciudadana el gobierno del Distrito Federal, además, establece el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son competencia de la Asamblea" requiriendo para su formal presentación un mínimo de 10 mil ciudadanos debidamente identificados.

Nuevamente el 25 de octubre de 1993 se vuelven a realizar reformas al artículo y fracción en mención, instituyendo la facultad del Congreso para expedir el estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que fue publicado el 26 de julio de 1994, en el que se abroga por completo todos los términos participación semidirecta.

Comentarios generales

Jesús Reyes Heroles en su obra "Tendencias Actuales del Estado", menciona que desde la Declaración de los Derechos del Ciudadano de 1789 y en la Constitución francesa de 1791, los conceptos de soberanía popular y de representación política son consignados universalmente, podría decirse, como elementos insustituibles del estado moderno. De ahí en adelante, el Estado tendrá siempre en cuenta que la soberanía reside en el pueblo y que su legitimación como organismo estatal, depende que sea representativo de la soberanía popular.

En este sentido, Francisco Berlín Valenzuela nos dice que en México ha existido incomprensión total a estos términos de participación popular tal vez por la estrecha perspectiva de lo que significa, dando lugar a una actitud negativa para la implantación, al parecer porque su práctica puede ser adversa en un momento dado a las decisiones gubernamentales, pero añade que es probable que al principio en un país como el nuestro pudiera ser manipulado un referendum, plebiscito o iniciativa popular, pero que en la medida que el pueblo se acostumbrara a vivir y practicar estas formas, que por otra parte son promotores de instrucción publica, las posibilidades de su manipuleo serían cada vez más limitados.

Diego Valadés afirma, que de poco o nada serviría que la Constitución o algún otro ordenamiento jurídico consagrase una institución como éstas, si de su reglamentación resultaran restricciones para su ejercicio; de ser este el caso, se estaría siguiendo más la tradición del referendum, del plebiscito o de la iniciativa popular como un instrumento de manipulación y control de la ciudadanía.

En este sentido, debemos destacar que aunque hablamos de que somos un país democrático, no podemos recibir este calificativo, si no instrumentamos un mecanismo efectivo y seguro de dar fuerza y vida a la soberanía del pueblo, no sólo con su instauración constitucional, sino también instituyéndose en leyes ordinarias, secundarias, o reglamentarias de la propia Constitución en aquellos casos considerados como trascendentes e importantes.

Por otra parte, las anteriores reformas que se han mencionado no han dejado satisfechos a los ciudadanos, de tal forma que sigue siendo el Congreso de la Unión el encargado para buscar mejores formas de participación ciudadana, pugnando por una mayor participación política hoy en día, en el que el mundo se encuentra ante una serie de trasformaciones económicas, sociales y políticas, lo cual redundaría también en abandonar acciones de paternalismo gubernamental y responsabilizaría al pueblo en decidir que derroteros seguir en beneficio del mismo.

Debe destacarse que varios países cuentan con estas figuras de participación semidirecta como Brasil, Cuba, Uruguay, Ecuador, Panamá; Chile, Colombia y Costa Rica entre otros.

Debemos darnos la oportunidad de lograr una mejor participación para los mexicanos y su destino, por ello es importante que incorporemos en nuestra constitución estas figuras jurídicas que permitirán un país más democrático y justo.

Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía las siguientes reformas constitucionales.

Artículo único. Se adiciona una fracción VI al artículo 35; se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36; se adiciona una fracción IV al artículo 71 y se reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, para quedar en los siguientes términos.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

I. Votar en las elecciones populares;

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley;

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país;

IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes y

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición y

VI. Participar en los procesos de referendum, plebiscito e iniciativa popular. La ley regulará los procedimientos de éstos.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley;

II. Alistarse en la Guardia Nacional;

III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; así como participar en los procesos de referendum y plebiscito de conformidad con la ley competente.

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos y

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

I. A1 Presidente de la República;

II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;

III. A las legislaturas de los estados;

IV. A los ayuntamientos vía sus legisladores locales o federales y los ciudadanos, mediante iniciativa popular, en los términos que establezca la ley.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal;

II. Derogada;

III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:

1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una población de 120 mil habitantes, por lo menos.

2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política.

3o. Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva.

4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido.

5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras.

6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate.

7o. Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás estados;

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando con las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso;

V. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación;

VI. Para aprobar los proyectos de ley que deban someterse a referendum e iniciativa popular.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y legislación secundaria, para lograr el pleno funcionamiento de las figuras de participación semidirecta que se proponen en el presente decreto, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

México, DF, a 8 de noviembre de 2001.— Diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.

Señor Presidente:

Solicito respetuosamente que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates y le ruego también se envíe a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Muchas gracias, compañeras y compañeros.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Muchas gracias diputado José Manuel del Río Virgen y se instruye a la Secretaría para que el texto íntegro de la iniciativa se incluya en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Para presentar una iniciativa...

EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNÁNDEZ (PAN. Desde su curul y sin micrófono): ¡Señor Presidente!

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Si, dígame, diputado Gutiérrez.

EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNÁNDEZ (PAN. Desde su curul): Si, señor Presidente.

Es en relación a una amable solicitud, en virtud de que esta iniciativa es concerniente a los trabajos que en esta materia venimos desarrollando en la Comisión de Participación Ciudadana y que así lo estipula el decreto por el que la creó. Solicitamos amablemente que también sea turnada a la misma.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Bueno, el tema es estrictamente del ámbito de las reformas constitucionales. Es decir, en ese sentido es de la competencia de la Comisión a la que se ha turnado justamente. Sin embargo, se puede dar visto y conocimiento a dicha Comisión para su conocimiento y emita opinión, pero el dictamen se prepara por la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Para presentar iniciativa de reformas al artículo 259 bis del Código Penal Federal, se concede el uso de la palabra a la diputada Norma Patricia Riojas Santana.

EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNÁNDEZ (PAN. Desde su curul): Permítame comentarle, señor Presidente, que inclusive ya es materia de revisión en esta Comisión una iniciativa en el mismo sentido sobre la iniciativa popular, que también es una parte de la Reforma del Estado. Y recordar e insistir que en el decreto que creó oficialmente por este pleno a nuestra Comisión, considera que es materia de nuestra Comisión precisamente este tema. Por lo que vuelvo a insistir que tan amablemente sea turnada a Comisiones unidas de Puntos Constitucionales y desde luego de participación ciudadana.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Mire, diputado Gutiérrez, ha sido práctica de esta mesa directiva que cuando el tema corresponde a una reforma constitucional se le otorgue a la Comisión de Puntos Constitucionales. Las reformas en materia constitucional son de muy diversa índole: afectan asuntos de orden laboral, de orden de salud, de muchos temas, pero son de la jerarquía de una norma constitucional. Por eso se turnan a dicha Comisión. Si fuera práctica de que además de la Comisión de Puntos Constitucionales se le turnase a la Comisión que tuviera alguna injerencia en el tema, todos los temas en materia constitucional estarían siendo turnados a Comisiones Unidas.

Si usted gusta podríamos posteriormente discutir el turno, pero esta mesa directiva accede a que la Comisión de Participación Ciudadana se le dé conocimiento de dicha iniciativa para que emita opinión. Y con mucho gusto usted se puede inconformar con este turno y en su momento se puede hacer una reconsideración.

Diputado José Manuel del Río Virgen:

Usted es el ponente de la iniciativa.

EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (CD. Desde su curul): Señor Presidente: Le agradezco mucho su consideración, pero respetuosamente le rogaría que se obsequiara la petición de mi compañero Diputado para que se enviara a la Comisión de Participación Ciudadana. Yo le rogaría que, si es posible, se trasladara también a ella.

EL C. PRESIDENTE, ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Señor Diputado José Manuel del Río Virgen: Usted es el que ha presentado la iniciativa. Es sin embargo criterio de esta mesa directiva y lo ha sido desde el año pasado, el de tratar de facilitar el trabajo de las Comisiones. En la medida en que se turnen a más Comisiones el trabajo se dificulta por razones desde la convocatoria y el trabajo compartido. Por eso con mayor razón en temas de materia constitucional se ha procurado, hasta hoy, prácticamente turnar exclusivamente a la Comisión de Puntos Constitucionales.

Si usted así lo solicita y siendo usted quien presenta la iniciativa, para darle respuesta a usted que ha presentado la iniciativa se obsequia su planteamiento. Túrnese en consecuencia a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana a petición del diputado José Manuel del Río Virgen. Comisiones Unidas.

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Para presentar iniciativa de reformas al artículo 259Bis del Código Penal Federal se le ha concedido la palabra a la diputada Norma Patricia Riojas Santana.

Adelante, Diputada.

LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA (PSN):

(Da lectura a una iniciativa de reformas al artículo 259Bis del Código Penal Federal)

(LEYO. INSERTESE)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Diputado Federa.

La suscrita diputada federal a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la fracción II del artículo 55 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 259-bis del Código Penal Federal bajo el tenor de la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Es bien conocido que dentro de la sociedad, las relaciones humanas se llegan a tornar conflictivas y que desgraciadamente el uso de la fuerza y agresión tanto física como psicológica, se hacen cotidianas, llegando a extremos tales de obsesión por parte de una. persona que derivan en conductas patológicas y originan crímenes nefastos.

De ahí que cada día vemos con más frecuencia que los índices de violencia intrafamiliar y violencia en las relaciones humanas en general, se acrecientan día con día.

Nuestra legislación aún está muy lejos de poder llegar a regular las relaciones humanas, de tal manera que queden encuadradas dentro de un tipo penal establecido cada una de las variantes dañinas de las mismas.

La preocupación de nosotros como legisladores y sobre todo como ciudadanos es el poder brindarle a los grupos más vulnerables un medio de defensa para poder ampararse en nuestras leyes y poder así buscar la solución a sus conflictos; encontrando una forma de corregir por vía legal los abusos. de los que son víctimas.

El artículo 259-bis del Código Penal Federal tipifica el delito de hostigamiento sexual entendido como una conducta de naturaleza sexual, que afectan la dignidad de la mujer y del hombre dentro de las relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquier otra donde

exista un vínculo de subordinación. El hostigamiento sexual ocurre con frecuencia en una situación en la cual el acosador tiene más poder que la persona acosada.

Ahora bien, muchas mujeres desconocen lo que es el acoso y el hostigamiento sexual. Algunas lo sufren, pero no lo identifican como tal y si lo identifican, no lo denuncian por temor a represalias o porque desconocen sus derechos. Este comportamiento también puede darse de parte de una mujer hacia un hombre, entre homosexuales o bien de homosexuales a heterosexuales.

La definición de acoso u hostigamiento sexual comprende los siguientes aspectos:

• Conductas físicas de naturaleza sexual: son los contactos físicos indeseados e innecesarios como tocamientos, palmadas, pellizcos, rozamientos contra el cuerpo del otro, de igual manera la agresión y obligación de realizar el acto sexual (este último delito tipificado en el artículo 260 de Código Penal Federal).

• Comportamientos basados en el sexo: son aquellos que denigran, ridiculizan, intimidan o físicamente son abusivos para hombres y mujeres a causa de su sexo, asimismo comentarios ofensivos sobre la vestimenta o apariencia. Por lo común las mujeres son más hostigadas, sin embargo también se han dado casos en que los hombres han sido hostigados sexualmente.

• Conducta verbal de naturaleza sexual: son insinuaciones no deseadas, proposiciones o presiones para mantener una relación sexual, coqueteos ofensivos, comentarios, chistes, indirectas, sarcasmos, invitaciones o propuestas no bienvenidas.

• Comportamiento no verbal de naturaleza sexual: es el despliegue de retratos pornográficos u otras fotografías ofensivas, miradas o gestos libidinosos.

Existen estudios donde el hostigamiento se define como la percepción del uso de autoridad de manera explícita o implícita que persigue una meta sexual, supone la imposición no deseada de requerimientos o favores sexuales en una relación desigual, que influyen negativamente en las posibilidades, el desempeño, las condiciones o el ambiente laboral, educativo y social de quienes lo sufren.

El hostigamiento sexual es un problema grave que atenta los derechos humanos, sexuales y laborales, siendo vulnerables las mujeres y hombres sin importar su estado civil, edad, preferencia sexual, status económico y social. Este problema no es nuevo, en el pasado se asimilaba a problemas personales o simplemente se negaba, pero día a día el muro del silencio que lo entorna ha comenzado a desquebrajarse con las denuncias que presentan las víctimas de este delito.

El hostigamiento sexual entendido en sus diferentes expresiones llega a crear en la víctima un desequilibrio total manifestándose por dolores de cabeza, insomnios, hipertensión, nerviosismo, crisis de lágrimas, bulimia, sentimientos de temor, de ansiedad, de vulnerabilidad y de humillación. Los síndromes pueden ser múltiples, variados y no sólo se manifiestan a nivel personal sino también profesional como puede ser la degradación del ambiente de trabajo, evaluaciones o culpabilidades injustas, horas de trabajo reducidas, exceso de trabajo, medidas disciplinarias o decisión de no contratar. En muchos casos la presión es a menudo tan fuerte que impulsa a las víctimas a renunciar cuando no son despedidas brutalmente.

La regulación en el Código Penal Federal de este aspecto en cuanto a que el hostigamiento se realice por un superior jerárquico a un subordinado derivado de sus relaciones laborales, de docencia, domésticas o cualquier otra que implique subordinación, se encuentra perfectamente normado pues este fenómeno constituye, como ya se dijo una violación a la autonomía sexual de las personas y a sus derechos humanos, una práctica discriminatoria y un riesgo laboral al crear condiciones hostiles, una negación a la igualdad de trato y oportunidades de las personas en el trabajo. En comparación con otros países y sindicatos internacionales, en México el tratamiento del hostigamiento sexual en el trabajo es deficiente y falta mucho por hacer. Actualmente no se cuenta con estadísticas oficiales sobre el grado de incidencia en los diversos centros de trabajo; existen muy pocas investigaciones al respecto. En las leyes mexicanas su previsión y sanción son mínimas, sin embargo hay testimonios y denuncias que evidencian que el hostigamiento sexual es una práctica común en los centros de trabajo y en la docencia.

Sin embargo, es conveniente preguntamos: ¿qué es lo que pasa cuando el que hostiga no es de ninguna forma superior jerárquico y la víctima no es un sujeto subordinado en ningún aspecto?, ¿cómo puede una mujer u hombre acudir ante la autoridad para que se le administre justicia, si la persona que esta realizando una conducta con implicaciones sexuales, no solicitadas ni deseadas, sea verbal o física por quien la recibe, reiterada o que habiendo ocurrido una sola vez, provoca efectos perjudiciales, es un compañero de trabajo, un cliente, una amigo o un vecino?

El artículo 259-bis deja fuera a todas aquellos, sujetos que sin caer en el supuesto de valerse de su posición jerárquica, realizan actos equiparables encaminados a conseguir en el ánimo de la víctima una angustia igual, provocada por la insinuación, reiterada, y el ataque a su integridad moral y psicológica, ya que no está de más recordar que no solamente se encuentra la hipótesis que se menciona en el artículo 260 en el cual se hace alusión del acto sexual o la obligación de ejecutarlo, mismo que esta encaminado netamente al acto físico, sino que también existe la posibilidad de que el hostigamiento se lleve a cabo por medio de amenazas o de intervenir en el ánimo de la víctima y en su tranquilidad emocional, y eso es de igual forma un hostigamiento sexual.

De ahí que encontremos la imperiosa necesidad de modificar este artículo, para que el delito de hostigamiento sexual no sólo tome como requisito necesario que el individuo que hostiga sea un superior jerárquico dentro de relaciones laborales, docentes, domésticas o cualquiera que implique subordinación, para poderse actualizar tal hipótesis; sino que de igual forma puede darse en cualquier tipo de relación humana, ya que al no estar tipificado queda totalmente fuera del alcance legal y como se desprende de la lectura del articuló 259-bis se excluye a los amigos, compañeros laborales, vecinos, novios, ex cónyuges, etcétera, y por tanto es necesario que se legisle en este sentido con el fin de proteger a las víctimas para comenzar a erradicar este problema.

En este contexto la reforma que propongo va encaminada a que el hostigamiento sexual se traslade a un plano que no sea exclusivamente laboral, docente o doméstico, es decir, que se haga extensivo a los ámbitos de vecindad, amistad, compañerismo, es decir, que la conducta típica se extienda a los campos antes mencionados y que no se limite exclusivamente al ámbito laboral o de docencia.

Por otro lado el artículo 259-bis del Código Penal Federal debe de ser reformado cambiando la palabra lascivos por otra que resultare entendible a todas las personas, en virtud de que su significado es poco comprensible, esto con base a que los diccionarios jurídicos que sólo lo definen como: "propenso a los deleites carnales", además lo relacionan a adjetivos de juguetón, bromista, burlón. Por lo que lascivos no sólo debe entenderse como el deleite carnal, como lo establece su definición etimológica: lascivus: juguetón, del laxus: suelto, flojo, sino debe de cambiarse a una palabra más adecuada al tipo penal buscado y que no sólo contemple todas aquellas. conductas tendientes a buscar un placer sexual por medio de conductas carnales físicas, sino también que abarque hostigamiento sexual, emocional y psicológico.

Por las anteriores razones considero que debe existir una palabra o frase adecuada a la realidad mexicana, para que las conductas realizadas por el sujeto activo encuadren en el tipo penal denominado "hostigamiento sexual" y que el Ministerio Público o juez, según sea el caso y el momento procesal, al analizar los hechos realice una interpretación correcta del precepto legal y no deje fuera de este supuesto varios hechos constitutivos de delito. Por tales razones se propone modificar el enunciado que cito:

"Artículo 259-bis. Al que confines lascivos asedie reiteradamente a persona de cualquier sexo... "

Por el siguiente:

"Artículo 259-bis. Al que asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual, reiteradamente, para sí o para un tercero... "

Todo ello en virtud de que el hostigamiento sexual no necesariamente se da cara a cara entre el sujeto pasivo y el sujeto activo, ya que a través de un tercero o bien por el uso de la tecnología se puede hostigar como pudieran ser las llamadas por teléfono, correo electrónico, cartas, fax, es decir, a través de esos medios un superior jerárquico, un vecino, amigo, compañero de trabajo, puede molestar a otra persona provocando en esta última temor, miedo, inseguridad, angustia, etcétera.

El derecho mexicano tiene que otorgar a todos sus gobernados la seguridad que requieren para desempeñar su función social adecuadamente, sin el temor de que sea despedida, no ascendida, no promovida e incluso las personas que aspiran a un empleo, no conseguirlo, reprobar una materia, tratándose de la relación jerárquica que sea, o bien de realizar su vida como normalmente lo hace en el caso de no existir ningún tipo de vínculo de jerarquía o subordinación, sin la angustia constante de tener que rendir favores sexuales a personas de cualquier sexo.

Asimismo, el artículo vigente nos menciona en su texto que: "si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el encargo le proporcione, se le destituirá de su cargo".

Al parecer los legisladores que crearon este artículo no quisieron caer en un error de cacofonía y decidieron sustituir la palabra cargo por encargo, cuando lo más conveniente es que dijera: "... y utilizase los medios o circunstancias que el cargo le proporcione, se le destituirá del mismo", ya que lo que esta perdiendo el servidor público al caer en este supuesto es su cargo o empleo que desempeña en ese momento, más no un encargo, el cual pudiese entenderse de muchas maneras.

Por otro lado la propuesta de modificación a la sanción para este delito, se basa en que es irrisoria la penalidad vigente y distante totalmente de la realidad, la cual desgraciadamente ha sobrepasado los límites que los legisladores que redactaron este artículo ni siquiera pudieron llegar a contemplar, en este sentido propongo que la penalidad para el delito de hostigamiento sexual sea de seis meses a dos años de prisión y eliminar la sanción que actualmente se contempla para este delito que es hasta de 40 días multas.

Retomando las palabras de Martin Luther King: "los

decretos judiciales no podrán cambiar el corazón del hombre, pero si pueden restringir a los hombres que no tienen corazón", podemos asegurar que no es suficiente la ley para combatir el hostigamiento sexual como práctica que viola los derechos humanos, sin embargo el aumento de la penalidad contribuirá a que este tipo de conductas delictivas disminuya paulatinamente a cambiar la realidad mexicana en este sentido. Es preciso además iniciar una campaña educativa para cambiar la mentalidad retrograda y patriarcal que existe en nuestra sociedad y lograr que las relaciones entre hombres y mujeres se fundamenten en el respeto mutuo.

Por otro lado, el segundo párrafo del artículo 259-bis establece que sólo será punible el hostigmiento sexual cuando se cause un daño o perjuicio. El daño y perjuicio no debe limitarse a la definición civil, entendido como la pérdida o menoscabo sufrido en el patrimonio por la falta de cumplimiento de una obligación y la ganancia o beneficio que racionalmente esperado ha dejado de obtenerse, respectivamente, conceptos que encuadran en el actual tipo, ya que sólo se hace referencia a la subordinación que existe entre el hostigador y la víctima por las relaciones laborales, docentes o domésticas. El concepto de daño debe extenderse a otras materias como lo señalan las definiciones del licenciado Marco Antonio Díaz de León y Carmen García Mendieta, cito:

"Daño: es el perjuicio, lesión, detrimento en la persona, bienes o valores sociales o morales de alguien".

Es ineludible que el hostigador no sólo causa daño material sino también moral pues la persona sufre en sus sentimientos, en su honor, en su consideración laboral o social a causa del hecho dañoso. El artículo 259-bis debe ser reformado para que contemple el perjuicio y el daño en su doble aspecto: material y moral.

Compañeras y compañeros legisladores, el hostigamiento sexual no es un problema de edad, comportamiento o manera de vestir de las personas, principalmente de las mujeres, pues existen evidencias de que hasta las niñas, ancianas y religiosas e incluso los hombres, también son víctimas de violencia sexual. El problema es poco denunciado y el proceso legal se caracteriza por ser lento, engorroso y corrupto y por lo regular no es favorable a las mujeres y hombres, quienes a pesar de que son soslayados en su integridad física, emocional y productiva no cuentan con mecanismos legales adecuados para poder acceder a la procuración de justicia. La experiencia en atención de estos casos demuestra que se niega la existencia de hostigamiento sexual en los centros de trabajo ya que los jefes se consideran respetables; se dice que la afectada "exagera los hechos", se habla de la falta de humor de las mujeres, la libertad de expresión, la camaradería masculina y la vestimenta de las y los afectados, se argumenta que las mujeres hostigan también a los hombres, exagerando el número de casos y probablemente se pasará en silencio cuando el hostigamiento es realizado por personas del mismo sexo porque es muy delicado, en la docencia es más notorio el solapamiento y encubrimiento de las autoridades escolares de los maestros hostigadores y en el caso de amigos, vecinos, compañeros de trabajo, clientes o conocidos, como es un supuesto no contemplado en la ley el acceso a la justicia es nulo, existiendo un vacío en la ley que es necesario llenar.

La iniciativa que hoy propongo responde a la necesidad de promover y ejecutar una normatividad legal que pretende amparar, efectivamente, a las personas que podrían verse afectadas por el hostigamiento sexual, así como el promover la creación de un ambiente que permita el desarrollo de relaciones laborales, docentes, de amistad o cualquier otra que no implique un relación de subordinación, dentro de un marco de respeto y equidad. Vemos que nadie sale ganando con esta conducta, es por eso que debemos erradicarla y la prevención debe ser la herramienta para ello.

Lo importante es que tanto mujeres como hombres tomemos conciencia de que se están violando nuestros derechos cuando somos víctimas de esta forma de violencia; que debemos reaccionar frente al hostigamiento tanto de manera individual como en grupo y que debemos de aprovechar toda oportunidad para transmitir conocimientos y brindar apoyo a las víctimas de este comportamiento indigno, por lo que es un imperativo para todos los legisladores empezar por definir que se entiende por esta conducta de una manera más amplia y menos restrictiva, estableciendo sanciones penales de acordes a la realidad y no irrisorias sanciones pecuniarias, y así comenzar a combatir eficazmente esta conducta deleznable.

Bajo principios como el derecho al trabajo, a la educación, a la intimidad, a la dignidad, a la igualdad, a la igualdad de oportunidades y a la integridad física, sexual y emocional, presentamos la iniciativa de decreto que reforma el artículo 259-bis del Código Penal Federal, con la finalidad de prevenir, desalentar, prohibir y sancionar esta grave conducta y responsabilizar a las instituciones públicas y privadas, de tomar medidas expresas para mantener el lugar de trabajo o de estudio, libre de hostigamiento sexual.

Por lo anteriormente expuesto, presentó la siguiente

INICIATIVA

Con proyecto de decreto que reforma el artículo 259-bis del Código Penal Federal:

Artículo único. Se reforma el artículo 259-bis del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 259-bis. A1 que asedie, acose o solicite favores de naturaleza sexual, reiteradamente, a personas de cualquier sexo para sí o para un tercero, sin importar la relación existente entre ellos, se le impondrá sanción de seis meses a dos años de prisión.

Si el hostigador fuese servidor público y utilizase los medios o circunstancias que el cargo le proporcione, además de la pena señalada se le destituirá de su cargo.

Solamente será punible el hostigamiento sexual cuando se cause un perjuicio o daño, material o moral.

Este delito se perseguirá por querella.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Honorable Cámara de Diputados a 8 de noviembre de 2001.— Diputados federales a la LUIII Legislatura del Congreso de la Unión: Norma Patricia Riojas Santana (rúbrica), PSN; Bertha Alicia Simental García (rúbrica), PSN; Gustavo Riojas Santana, PSN.

Es cuanto señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadana diputada.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes de Primera Lectura. Ruego a la Secretaría proceder.

LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVA SÁNCHEZ GONZALEZ:

(Dictamen con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7º de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa presentada por los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, que propone la reforma del segundo párrafo del articulo 7o, de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los numerales 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 21 de febrero de 2001, los diputados referidos en el proemio de este dictamen, presentaron ante el pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, en su artículo 7o., segundo párrafo. En esa misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados la turnó para su estudio y dictamen a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

2. El objeto de la iniciativa es la reforma del segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a efecto de que los secretarios de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público, formen parte del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, formulamos las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Los autores de la iniciativa señalan en la exposición de motivos que es muy alta la responsabilidad de Pemex por el deterioro de numerosos sitios en los que realiza actividades de exploración, perforación y explotación. Que durante muchos años las comunidades han visto afectado su medio ambiente y han demandado que Petróleos Mexicanos restaure y aplique técnicas menos depredatorias. Asimismo, que en materia de contaminación es preferible la prevención a la restauración y por el considerable volumen de emisiones de Pemex y sus organismos subsidiarios como Pemex exploración y producción; Pemex refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica, consideran indispensable la presencia de un representante del Estado que tenga un profundo conocimiento aunado a una fuerte capacidad de gestión y de implementación y supervisión en asuntos ambientales, para que Pemex, la mayor empresa del Estado Mexicano, sea un ejemplo de conciencia ecológica para el resto de las entidades públicas y privadas.

II. Esta comisión dictaminadora está de acuerdo con la justificación que los iniciadores hacen valer únicamente en cuanto a que el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales forme parte del consejo de administración de Petróleos Mexicanos, no así el secretario de Hacienda y Crédito Público, toda vez que no existe justificación alguna y los iniciadores no esgrimieron motivación para ello.

Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 7o. de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, para quedar como sigue:

Artículo 7. . .

Seis representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal, entre los que deberá estar el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y cinco representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos.

ARTICULO TRANSITORIO

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal, a 6 de noviembre de 2001.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.— Firman los diputados: Armando Salinas Torre, presidente, José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios, Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Arena Alejndrp R. García Saenz, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Francisco García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Estebán Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada Secretaria.

Es de Primera Lectura.

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Quisiera rogar a los ciudadanos legisladores y a las ciudadanas legisladoras, tuvieran la gentileza de estar en su curul, a efecto de anunciar ante el pleno la presencia de una distinguida Delegación Cubana en este recinto, encabezada por el excelentísimo señor Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba; el señor Embajador Jorge Bolaños Suárez, Embajador de Cuba en México; el señor Orlando Silva Fors, Consejero Político de la Embajada de Cuba y el señor Carlos Miguel Pereyra, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

(aplausos)

Distinguidos integrantes de la delegación encabezada por el señor Felipe Pérez Roque:

Para la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura de los Estados Unidos Mexicanos, constituye motivo de aprecio el contar con su destacada presencia en este recinto.

Las relaciones de México con Cuba enraízan en el orgullo compartido de naciones soberanas que en ejercicio de su dignidad han podido desarrollar una amistad entrañable, nutrida por los versos de Martí, por la grandeza de Pedro Santa Cecilia, por la dignidad de Alfonso García Robles, cuando México manifestó su voluntad política en el seno de la OEA.

Para expresarles nuestro saludo respetuoso y la manifestación de nuestra preocupación por las pérdidas económicas y humanas que ha dejado el paso del huracán Michel en esa hermosa isla caribeña, quisiera concluir esta breve salutación con la mención a un texto que en la Reunión Interparlamentaria México Cuba tuve oportunidad de expresar.

"A Cuba evoco. Hay una suerte de nostalgia de la bóveda celeste tan azul que la cobija y del rumor del mar estrellándose en el morro. Siglos van, siglos vendrán y la inmortal Habana seguirá siendo el rostro más hermoso de la América Antillana, el de la bienvenida el del adiós al viajero, el del regreso.

"Evoco a Cuba y en la cadencia de las expresiones del diálogo ininterrumpido entre las olas del Golfo y las del Caribe, en la fusión de los sonidos de la sirena del vapor que zarpaba de Veracruz para atracar en La Habana vieja, con el tambor mulato de África América, encuentro el hilo de continuidad que hace de la identidad de dos pueblos, el mexicano y el cubano, la más profunda esencia de la América Latina nuestra".

Como mexicana, como latinoamericana, como respetuosa de la Soberanía del pueblo cubano, reciban de esta representación un saludo fraternal para su pueblo, que les rogamos transmitan.

Muchas gracias por su presencia.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Continúe la sesión e informamos a las ciudadanas y a los ciudadanos Diputados de que en virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el Artículo 59º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

LA C. PRESIDENTA. ¿Si diputado Ramírez Marín?.

EL C. DIPUTADO CARLOS RAMIREZ MAARIN (Desde su curul): Muy respetuosamente quisiéramos solicitarle sea tan amable la Mesa Directiva de dictar el trámite solamente en primera lectura.

LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto ciudadano diputado Ramírez Marín. Se rogaría entonces a la Secretaría haga la consulta respectiva y le rogaría entonces a la Asamblea me ratifique el planteamiento propuesto por el grupo parlamentario del PRI.

LA MISMA C. SECRETARIA. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA. Publíquese y se da el trámite solamente de Primera Lectura.

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Pasamos al siguiente punto del Orden del Día que es el relativo a la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 163 a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología

Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Marcos Aguilar Moreno, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así como de diversos legisladores de otros grupos parlamentarios, sometió el pasado 29 de marzo del año en curso a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de "decreto que adiciona el artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", misma que fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología para su análisis y dictaminación.

En cumplimiento de esta responsabilidad se procedió al dictamen de la iniciativa en comentario, realizando para ello diversas consultas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C. También se tomaron en cuenta los objetivos que en la materia contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con base en los cuales los miembros de estas comisiones unidas presentan a esa honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

Descripción de la iniciativa

La presente iniciativa plantea la necesidad de impulsar la ciencia y tecnología así como lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, que permitan convertir a este sector de la economía, en una variable estratégica que coadyuve al desarrollo del país, de ahí que planté la necesidad urgente de incrementar y eficientar la participación del sector privado en el financiamiento del gasto en ciencia y tecnología nacional.

Señala la iniciativa que uno de los motivos del atraso tecnológico en el país obedece a la insuficiente canalización de recursos, tanto públicos como privados, para acelerar un factor tan importante como éste. En particular, uno de los principales problemas que se han detectado es la falta de dirección, limitado apoyo y rigidez en los ordenamientos aplicables a los pocos estímulos fiscales que existen para la promoción de esta materia, situación que hace más urgente establecer los cambios necesarios para su adecuado aprovechamiento.

En efecto, la experiencia ha demostrado que los estímulos incorporados en el artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el año de 1998 tuvieron un efecto muy limitado, dado que resultaba problemático y complejo aplicar y definir las inversiones objeto de los beneficios a la investigación y desarrollo de tecnología, procediéndose a incorporarlos a partir del ejercicio fiscal de 1999 al capítulo de estímulos fiscales contenidos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación.

Así en 1999 se estableció el Comité Interinstitucional, como órgano responsable de garantizar que los proyectos de más alta prioridad fueran los beneficiados con estos estímulos, fijándose además un monto de 500 millones de pesos para ejercer recursos presupuestales durante ese año, mientras que en el 2000 se repitió esta misma situación, con el fin de lograr mayor impacto en el esfuerzo por promover la investigación y la innovación tecnológica.

No obstante estos cambios, la. realidad fue que no se logró impulsar de manera importante la inversión productiva en este campo y apenas se ejerció el equivalente al 0.6% y 1.7% del monto total autorizado en los años de 1999 y 2000, respectivamente.

En virtud de lo anterior, se plantea para el presente ejercicio reubicar el estímulo fiscal previsto en la citada Ley de Ingresos, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, norma jurídica donde se deben situar los estímulos fiscales referentes a dicho impuesto. Asimismo, la Iniciativa propone eliminar la aplicación del estímulo sobre el gasto incremental y aplicar tal incentivo sobre los gastos e inversiones totales efectuadas dentro del ejercicio. También establece un crédito fiscal del 35% de los gastos de inversiones totales para el caso de las empresas pequeñas y medianas, y del 20% para las empresas grandes, según la clasificación vigente emitida al respecto por la Secretaría de Economía.

En suma, el propósito último de la iniciativa no es el de exigir mayores recursos presupuestales por parte del Gobierno Federal, sino el de hacer más eficaz y oportuno el uso de los estímulos fiscales ya autorizados por el Congreso de la Unión, para que así se cumpla el fin para el cual fueron creados.

Consideraciones de las comisiones

Las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología consideran necesario, a la luz de los diversos análisis realizados, así como de las consultas sostenidas con las autoridades competentes en la materia, la necesidad de establecer en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Título Sexto, de los estímulos fiscales, la opción para apoyar el gasto total en investigación y desarrollo de tecnología que se realice en un determinado ejercicio fiscal por parte de las empresas y no sólo el gasto incremental, con lo que se estaría dando una mayor promoción a la inversión en este amplio terreno.

Cabe precisar, que se considera más conveniente ubicar este incentivo en el capítulo específico de estímulos fiscales, en lugar de como lo plantea la iniciativa al situarlo en su artículo 27-A, que corresponde al Capítulo II, de las deducciones de las personas morales.

Por otro lado, las que dictaminan consideran inconveniente establecer estímulos fiscales diferenciados para el caso de las pequeñas y medianas empresas, respecto de las grandes, ya que si bien existe una clara diferenciación económica y, por ende, capacidad de gasto en este tipo de unidades, la realidad es que en materia fiscal su tratamiento diferenciado puede dar lugar a iniquidades que podrían ser impugnadas por los contribuyentes con mayor capacidad, tal y como se ha presentado en otros impuestos, en épocas recientes.

En tal virtud, se está proponiendo que el estímulo, consistente en un crédito fiscal, sea de carácter general con una tasa del 30% de los gastos e inversiones totales, independientemente del tamaño de las empresas. Ello no significa, desde luego, que las pequeñas empresas puedan estar sujetas a otros requerimientos, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita a la brevedad posible el Comité Interinstitucional, a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación y que se integra por el Conacyt y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía.

Al respecto, es importante señalar que se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance tecnológico, de conformidad con las reglas generales anteriormente referidas.

De esta forma, el nuevo artículo 163, quedaría como sigue:

"Artículo 163. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30%, en relación con los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, siempre y cuando dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refieren los artículos 27 y 108, fracción VII, de esta ley.

Para los efectos de este artículo, se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico, de conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación.

El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio, así como los requisitos que se deberán cumplir, serán los que contemple la Ley de Ingresos de la Federación en esta materia."

La opción que ahora se otorga, vía el estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en un crédito fiscal del 30% sobre el gasto total responde a dos situaciones concretas: La escasa cultura empresarial de apoyar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y, en segundo lugar, la experiencia que en esta materia reportan otras economías, pero considerando nuestro propio marco jurídico.

A manera de recomendación, esta dictaminadora considera imprescindible que el Comité Interinstitucional, así como las dependencias involucradas en lo individual, deberán de redoblar sus actividades de difusión de estos estímulos a la investigación y desarrollo de tecnología ante la comunidad empresarial, atendiendo a los cambios que se realizan.

Finalmente, se establece en los artículos transitorios una fecha límite para que el Comité Interinstitucional publique en el Diario Oficial las reglas de carácter general que deberán hacer operativo y, sobre todo ágil el estímulo fiscal propuesto, así como la aclaración de que el techo o monto de los estímulos fiscales que se podrán aplicar por este concepto no podrán rebasar, en conjunto, de los 500 millones de pesos que ya contempla la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2001.

Asimismo, por el conocimiento que tiene acerca del estado en que se encuentra el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, así como de las necesidades en materia de investigación e innovación tecnológica, se juzga procedente que el Conacyt cuente con el voto de calidad en la determinación de los proyectos que podrán ser susceptibles de recibir los estímulos fiscales, con lo cual se espera agilizar el análisis y otorgamiento de estos apoyos.

Por lo anteriormente expuesto, la las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología someten a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

Decreto por el que se adiciona el artículo 163 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Artículo único. Se adiciona el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar, como sigue:

Artículo 163. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30%, en relación con los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, siempre y cuando dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refieren los artículos 27 y 108, fracción VII, de esta ley.

Para los efectos de este artículo, se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico y tecnológico, de conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación.

El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio, así como los requisitos que se deberán cumplir, serán los que contemple la Ley de Ingresos de la Federación en esta materia.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 15, fracción IX, numeral uno, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días siguientes a la publicación de este decreto, las reglas generales con que operará dicho comité, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el estímulo fiscal, las características que deberán reunir las empresas y los requisitos adicionales que se tendrán cumplir para hacerse acreedores al beneficio que se establece en el artículo 163 de esta ley.

Dentro del comité mencionado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá voto de calidad en la determinación de los proyectos susceptibles de ser beneficiados con el estímulo fiscal.

Tercero. Por el periodo comprendido entre la fecha en que entre en vigor el presente decreto y el 31 de diciembre de 2001, el monto total de los estímulos fiscales a que hace referencia el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ascenderá a la cantidad prevista en la fracción IX, del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 7 de noviembre de 2001. Palacio Nacional, a 25 de octubre de 2001.— Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, Francisco Agundis Arias, Manuel Añorve Baños, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Arizpe Jiménez, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Florentino Castro López, Jorge A. Chávez Presa, Enrique Octavio De la Madrid Cordero, Francisco de Jesús De Silva Ruíz, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Julián Hernández Santillán, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Guillermo Hopkins Gamez, Oscar Guillermo Levín Coopel, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Manuel Minjares Jiménez, César Alejandro, Monraz Sustaita, José Narro Céspedes, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gustavo Riojas Santana, Salvador Rocha Díaz, Arturo San Miguel Cantú, Reyes Antonio Silva Beltrán, Yadhira Ivette Tamayo Herrera, José Luis Ugalde Montes, Emilio Ulloa Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, Silvia alvarez Bruneliere, Luis Artemio Aldana Burgos, Heriberto Huicohea Vázquez, Francisco Patiño Cardona, Gerardo Sosa Castelán, José Marcos Aguilar Moreno, Oscar R. Maldonado Domínguez, Gumersindo Aalvarez Sotelo, Armando Enríquez Flores, Carlos Luna Salas, Martín Gerardo Morales Barragán, Jaime Salazar Silva, Mónica Leticia Serrano Peña, José María Tejeda Vázquez, Fernando Ugalde Cardona Jorge Carlos Berlín Montero, Claudio Mario Bres Garza, Roberto Domínguez Castellanos. Aarón Irizar López, Silverio López Magallanes, María del Rosario Oroz Ibarra, Luis Gerardo Rubio Valdez, Jorge Schettino Pérez, Abel Trejo González, José Yúñez Zorrilla, Hortensia Aragón castillo, María de los Angeles Sánchez Lira, Olga Patricia Chozas y Chozas y Beatriz Patricia Lorenzo Juárez.

En virtud de que el Dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.

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Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. El siguiente punto del Orden del Día es el relativo al Dictamen del Artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta

Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometió el pasado 13 de septiembre a la consideración de esta Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de "decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", misma que fue turnada a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación.

De igual forma, el diputado Rodolfo G. González Guzmán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó el 25 de septiembre iniciativa con proyecto de "decreto por el que se modifica el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", el cual fue turnado el mismo día a esta comisión para su estudio y dictamen.

A su vez el Congreso del Estado de Sonora presentó el pasado 9 de octubre una iniciativa por medio de la cual se reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Igualmente, el Senado de la República remitió el 16 de mismo mes, iniciativa con proyecto de "decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", presentada por el Senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Por otro lado, el 18 de octubre se presentó una "Iniciativa que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a través del diputado José Narro Céspedes.

Finalmente, los días 25 de octubre y 6 de noviembre, se recibieron de los congresos del estados de Jalisco y el de Tlaxcala, sendas iniciativas de decreto por medio de las cuales, en la primera se "Reforma los artículos 77, fracciones VI y IX, y 80, y deroga el artículo 80-A, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta" y, la segunda, "Reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta".

En cumplimiento de esta responsabilidad se procedió al dictamen de las iniciativas en comentario, realizando para ello diversas consultas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de los sectores involúcrados en el tema que abordan dichas iniciativas, con base en las cuales los miembros de esta comisión presentan a esa honorable Asamblea el siguiente

DICTAMEN

Descripción de las iniciativas

Refiere la iniciativa que presenta el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel que cuando se creó el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que definía un mecanismo de estimulo a los trabajadores asalariados, no se estableció con claridad el criterio para calcular el monto de dicho subsidio.

Derivado de esta situación, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad, publicó en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1990, el 24 de enero de 1991, el 15 de marzo de 1991, el 20 de diciembre de 1991 y el 24 de enero de 1992, la mecánica para calcular el subsidio acreditable contra el impuesto para las personas físicas, en cuyo texto se señalaba que el cálculo para determinar el mencionado subsidio incluiría, entre otras erogaciones, a las inversiones y gastos efectuados en relación con la previsión social.

Esta redacción careció de precisión desde su inicio, ya que omitió enumerar cada uno de los conceptos con los que se integraba el cálculo. Consecuentemente, un gran número de patrones continuaron haciendo el cálculo sin integrar en él, las aportaciones patronales al IMSS y al Infonavit, por lo que hubo numerosas controversias de carácter fiscal.

Finalmente, el 18 de mayo del año en curso, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de Jurisprudencia para la interpretación del quinto párrafo del artículo 80-A de la ley que nos ocupa, estableciendo que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el impuesto, deben incluirse las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados.

Todo lo anterior, señala la citada iniciativa, repercute en contra de los grupos salariales más deprimidos, por lo que se impone una reforma legislativa que de una vez por todas establezca con claridad los elementos que deben integrar el calculo del monto del subsidio, exceptuando de las prestaciones que deben incluirse en el mismo, las cuotas patronales tanto al IMSS, como al Infonavit y, en su caso, las aportaciones al ISSSTE, dando seguridad jurídica a los contribuyentes y a los obligados a la retención.

Por su lado, la iniciativa presentada por el diputado Rodolfo G. González Guzmán, señala que la recién publicada tesis jurisdiccional 2a./J 19/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa ha causado controversia y afectado la estabilidad de los factores de la producción al considerar que las aportaciones patronales al IMSS, al Infonavit y el SAR, deben incluirse para integrar el calculo del monto del subsidio que menciona el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a pesar de que el Código Fiscal de la Federación expresa claramente en su artículo 2o., que las aportaciones de seguridad social son contribuciones y, por lo tanto, no deben considerarse como ingresos sujetos a gravamen.

Adicionalmente juzga la iniciativa en comento que cubrir la retención de las diferencias impositivas podría provocar problemas laborales y, los sindicatos llegar hasta emplazamientos de huelga si existe un cobro más allá de los que determina el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción I, mismo que establece la prescripción a favor del trabajador de efectuar descuentos no realizados después de 30 días.

De igual manera, la obligación del pago retroactivo a 5 años pondría a las empresas en grave situación ya que muchas de ellas no cuenta con liquidez para cubrir las cantidades que no retuvo y que se incrementarán por las diferencias de actualización y recargos.

Con relación a la iniciativa presentada por el gobierno del Estado de Sonora, esta refiere que para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos gravables, incluye entre los diversos conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados a las inversiones y gastos efectuados en relación con la previsión social, exceptuando las aportaciones patronales al IMSS, al Infonavit, al SAR, así como al ISSSTE, tanto a nivel federal como estatal, servicios de comedor, comida y transporte al trabajador, entre otros.

Por su parte, el proyecto presentado por el senador Héctor Michel Camarena señala que la resolución de la Suprema Corte va en contra de las conquistas de los trabajadores al determinar el subsidio contra el impuesto sobre la renta, considerando que las cuotas de aportación que hacen los patrones al IMSS, el Infonavit, SAR y Fovisste, se consideran como percepciones de ellos.

Agrega también que la mencionada resolución afecta a los empresarios puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trata de cobrarles o hacerlos que descuenten los subsidios al salario por el ISR que dejaron de pagar durante los últimos cinco años por el cálculo mal realizado.

Derivado de lo anterior, se pronuncia por la posibilidad constitucional de que el Legislativo, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 73, fracción VII, reforme el artículo 80-A de la ley en comento, precisándose que las prestaciones de previsión social no son parte de los ingresos de los trabajadores, con lo cual se evitarían las interpretaciones erróneas del máximo tribunal.

Por su parte, el diputado José Narro Céspedes, representante del Partido del Trabajo, juzga conveniente respecto a la problemática que ya ha sido referida con anterioridad, proponer la reforma del párrafo quinto del artículo 80-A, para dejar claro que las aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y al Fovisste no se consideren como percepciones de los trabajadores para el cálculo del subsidio.

Asimismo, propone incorporar un artículo transitorio a efecto de que las modificaciones al citado párrafo quinto del artículo en comento, se apliquen en beneficio de todos aquellos contribuyentes y obligados a la retención del impuesto sobre la renta, aún cuando hayan recibido resolución judicial en contra.

La iniciativa del Gobierno del Estado de Jalisco, por su parte, considera que las aportaciones a la seguridad social no deben ser conceptos por los que se pague el impuesto sobre la renta para las personas físicas, por lo que propone derogar el subsidio que se otorga con base en el artículo 80-A y, por tanto, ajusta la tarifa que contempla el artículo 80 de la ley en comento.

Por último, la iniciativa del Estado de Tlaxcala, de forma similar a las anteriores, incorpora al cálculo del subsidio, las aportaciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE e Infonavit, con el propósito de no afectar el nivel del subsidio a otorgar a los trabajadores.

Consideraciones de la Comisión

Esta dictaminadora coincide con la problemática que plantean las iniciativas objeto de análisis, formuladas por diputados de diversos grupos parlamentarios y de varios congresos locales, ya que la aplicación de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las empresas a cubrir correctamente el ajuste de los últimos cinco años con los recargos y actualizaciones correspondientes, situación que a la luz de las circunstancias actuales podría ocasionarles efectos negativos, que podrían poner en peligro la operación de muchas empresas y la permanencia de las fuentes de trabajo.

Por cuanto a los trabajadores, se estima necesario darles la completa seguridad jurídica de que en lo futuro, el subsidio a que son acreedores, no se vea afectado por criterios que no estén debidamente recogidos en ley, ya que este apoyo lo reciben en función del salario percibido y la cantidad de prestaciones que les son otorgadas, esto es, a menor salario y/o prestaciones, mayor es el subsidio, lo que implica un sacrifico fiscal.

Asimismo, debe considerarse los términos de la Decimanovena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, publicada el día 10 de octubre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, la cual señala a la letra que "cuando los patrones no efectúen la retención o lo hagan en retención menor a la que efectivamente les corresponde a sus trabajadores, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estos no podrán efectuar descuento alguno a los salarios de sus trabajadores, cuando hubiese transcurrido un periodo mayor de un mes, contado a partir de la fecha en que los salarios fueron pagados, sin que dicha situación libere a los patrones de la responsabilidad solidaria que sobre la parte de las retenciones no efectuadas les corresponde".

De acuerdo a estos señalamientos y, en consideración a la resolución que el 23 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al- amparo número 946/2001 promovido por la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V, en el sentido de que para calcular el subsidio al salario no deben incluirse las cuotas del IMSS e Infonavit, pues ello sería violatorio del principio constitucional de proporcionalidad tributaria a que se refiere la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna, esta comisión considera indispensable realizar las reformas al párrafo quinto del artículo 80-A de la ley en comento.

La que dictamina estima necesario señalar en el presente dictamen, el planteamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual manifiesta su total acuerdo con el espíritu de las iniciativas en comento, en virtud de la posible afectación sobre un amplio número de trabajadores y considerando los graves problemas de liquidez que enfrentan en estos momentos la mayoría de los retenedores.

Sin embargo, el mismo grupo parlamentario también considera que no se puede dejar de mencionar que una solución de fondo al tema del subsidio acreditable al impuesto sobre la renta de las personas físicas fue planteada por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, remitida a esta Soberanía el pasado 4 de abril, con anterioridad a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la presentación de las iniciativas que se dictaminan. Conforme a esto, estima que el acto legislativo idóneo hubiera sido el de dictaminar la Iniciativa del Ejecutivo y, mediante artículos transitorios, otorgar los beneficios a trabajadores y empleadores en forma retroactiva.

En atención a los planteamientos derivados de las iniciativas presentadas, así como en respuesta a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima conveniente resolver mediante las reformas necesarias, la problemática que representa la actual redacción del artículo 80-A.

Asimismo, con el propósito de incluir en esta solución a todo el sector laboral, se considera conveniente incorporar al texto de ley tanto las aportaciones patronales al Sistema de Ahorro para el Retiro, como de los trabajadores al servicio del Estado, con lo cual se les brindará la seguridad jurídica y el trato equitativo a que tienen derecho.

En tal sentido la que dictamina propone que la redacción del artículo en cuestión quede en los siguientes términos:

"Artículo 80-A. ...

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capitulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aún cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

De igual forma y en atención a los planteamientos que se hacen en las diversas iniciativas que se analizan, se establece el procedimiento para aplicar en el presente ejercicio el cálculo del subsidio de conformidad con las reformas que se plantean para el citado artículo.

En tal virtud, esta Comisión propone que la reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se acompañe de los siguientes

artículos transitorios:

"Primero. Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo aplicarse para el cálculo del subsidio acreditable a partir del 1o. de octubre del ejercicio de 2001.

Segundo. Para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de 2001, se procederá como sigue:

I. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro; dentro de las erogaciones efectuadas por conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados.

II. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin incluir las cuotas y aportaciones señaladas en la fracción anterior.

III. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto de la fracción I anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por nueve.

IV. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto en la fracción II anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por tres.

V. El subsidio acreditable del ejercicio se obtendrá sumando los montos resultantes de las fracciones III y IV anteriores.

Tercero. Los patrones que en su calidad de responsables solidarios enteren el impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a sus trabajadores por no haber considerado para la determinación del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este artículo, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, quedarán liberados de la responsabilidad solidaria por la retención del impuesto sobre la renta que resulte por la diferencia a que haya dado lugar la no inclusión de las cuotas y aportaciones antes señaladas, determinado conforme a este artículo, siempre que:

a) Los pagos que se tengan que efectuar en los términos del párrafo anterior, sean los que correspondan al periodo comprendido del lo de enero al 30 de septiembre de 2001.

b) El impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a que se refiere el inciso anterior, se pague a más tardar el último día del mes de noviembre de 2001, con actualización y recargos.

c) Los patrones quedarán liberados de la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y se entenderá por satisfecho el requisito establecido en el artículo 24, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las diferencias de impuesto a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en los incisos a, y b, anteriores."

Con las adecuaciones propuestas, la que dictamina considera que se atienden los planteamientos de las iniciativas en estudio, así como las preocupaciones del sector obrero, el cual no deberá verse afectado, y de los patrones, a la vez que se protegen los intereses del fisco federal, al darles un marco de mayor seguridad jurídica. Asimismo, se establece el procedimiento a seguir, según la opción que se resuelva tomar de conformidad con el segundo transitorio.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente

DECRETO

Que reforma el artículo 80-A de la ley del impuesto sobre la renta

Artículo único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 80-A. ...

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aún cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón a la Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo aplicarse para el cálculo del subsidio acreditable a partir del 1o. de octubre del ejercicio de 2001.

Segundo. Para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de 2001, se procederá como sigue:

I. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro, dentro de las erogaciones efectuadas por conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados.

II. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin incluir las cuotas y aportaciones señaladas en la fracción anterior.

III. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto de la fracción I anterior se dividirá entre 12 y se multiplicará por nueve.

IV. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto en la fracción II anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por tres.

V. El subsidio acreditable del ejercicio se obtendrá sumando los montos resultantes de las fracciones III y IV anteriores.

Tercero. Los patrones que en su calidad de responsables solidarios enteren el impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a sus trabajadores por no haber considerado para la determinación del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este artículo, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, quedarán liberados de la responsabilidad solidaria por la retención del impuesto sobre la renta que resulte por la diferencia a que haya dado lugar la no inclusión de las cuotas y aportaciones antes señaladas, determinado conforme a este artículo, siempre que:

a) Los pagos que se tengan que efectuar en los términos del párrafo anterior, sean los que correspondan al periodo comprendido del lo de enero al 30 de septiembre de 2001.

b) El impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a que se refiere el inciso anterior, se pague a más tardar el último día del mes de noviembre de 2001, con actualización y recargos.

c) Los patrones quedarán liberados de la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y se entenderá por satisfecho el requisito establecido en el artículo 24, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las diferencias de impuesto a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en los incisos a, y b, anteriores.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 6 de noviembre de 2001.— Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, Francisco Agundis Arias, Manuel Añorve Baños, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Arizpe Jiménez, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Florentino Castro López, Jorge A. Chávez Presa, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Julián Hernández Santillán, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Guillermo Hopkins Gamez, Oscar Guillermo Levín Coppel, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Manuel Minjares Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita, José Narro Céspedes, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gustavo Riojas Santana, Salvador Rocha Díaz, Arturo San Miguel Cantú,

Reyes Antonio Silva Beltrán, Yadhira Ivette Tamayo Herrera, José Luis Ugalde Montes, Emilio Ulloa Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla y Hugo Adriel Zepeda Berrelleza.

En virtud de que el Dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento e n el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato..

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA C. PRESIDENTA. Se le dispensa la segunda lectura.

Para fundamentar el Dictamen , ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Rosalinda López Hernández a nombre de la Comisión.

LA C. DIPUTADA ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ. Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras. Es del conocimiento general que la principal razón para las diversas confusiones a que ha dado lugar la aplicación del párrafo 5º de Artículo 80 –A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ha sido la falta de claridad del texto del precepto legal referido.

Así las cosas, el actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dentro del ejercicio de sus facultades también contribuyó a la confusión que provocaba en los contribuyentes la falta de precisión del referido artículo, tal como se evidenció en la regla 100 de la resolución miscelánea vigente en 1991 publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de aquél año, en la cual con toda precisión se señalaba por parte de la Secretaría referida, que las contribuciones originalmente a cargo del empleados no se consideraban erogaciones relacionadas con la prestación del servicio personal subordinado, ello dio por resultado que no se incluyeran las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro social, ni al Infonavit para la determinación de la proporción del subsidio.

La regla referida se derogó en la Vigésima Segunda resolución miscelánea para 1991 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1992.

Adicionalmente a los conceptos que intervienen o no en la de terminación de la determinación del subsidio, los contribuyentes, trabajadores y patrones encontraron elementos que pudieran ser sometidos al escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia del principio de proporcionalidad, toda vez que el patrón determina una sola proporción de subsidio aplicable a todos sus trabajadores, con lo cual se desconoce la situación individual con el perjuicio o el beneficio correspondiente.

El principio de proporcionalidad constitucional, la regla 100, la resolución miscelánea vigente en 1991 y la exposición de motivos del artículo 80A, seguramente fueron elementos determinantes para decidir la utilización por parte de los contribuyentes de los medios de defensa

Para tener una idea de lo complejo que la aplicación del párrafo referido ha significado en el tiempo, es suficiente mencionar que en 10 años de vigencia lleva una reforma muy importante, la de 1992, no menos de ocho reglas misceláneas por cada año de vigencia y si hubiera alguna duda es un elemento indispensable en la generación de las más de 40 tarifas del cálculo de Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas, a las que alude también la exposición de motivos de la propuesta fiscal del Ejecutivo.

La obligación y objetivo del estado de tener leyes que cumplan con el principio de certidumbre jurídica a los gobernados en el caso particular, no se ha dado. Al momento actual corresponde la corrección y solución definitiva de este problema, el cual ha provocado incertidumbre en la clase obrera y en el sector empresarial, ya que ellos, los trabajadores les ha correspondido un beneficio indebido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificado. A los otros, a los patrones les corresponde, según la autoridad hacendaria, el pago de las diferencias de los impuestos.

En opinión de la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, uno y otro, trabajador y patrón, solamente han sido las partes afectadas por la falta de precisión tanto del precepto legal como del actuar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no olvidemos que el contribuyente solamente es uno, el trabajador; el otro, el patrón, solamente es responsable solidario.

Diversas iniciativas sobre el artículo en discusión fueron presentadas por diputados integrantes de esta Legislatura y por congresos locales, coincidiéndose con esta dictaminadora con la problemática anteriormente referida.

En atención a los planteamientos derivados de las iniciativas presentadas, así como en respuesta a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima conveniente resolver mediante las reformas necesarias la problemática que representa la actual redacción del Artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Esta Comisión considera indispensable realizar las reformas al Párrafo V del artículo mencionado y dictamina que para el cálculo del subsidio al salario no deben incluirse las cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Infonavit, pues ello es violatorio del principio constitucional de proporcionalidad tributaria a que se refiere la Fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna.

Asimismo, con el propósito de incluir en esta solución a todo el sector laboral, la Comisión considera conveniente incorporar al texto de ley, tanto las aportaciones patronales al Sistema de Ahorro para el Retiro, como el de los trabajadores al servicio del estado, con lo cual se les brindará la seguridad jurídica y el trato equitativo a que tienen derecho.

También se propone que la reforma del artículo 80A mencionado se acompañe de transitorios, donde se establece la condonación del pago a las diferencias de retenciones de Impuesto Sobre la Renta a trabajadores, a que haya dado lugar el cálculo conforme el actual artículo referido en vigor de los cinco últimos ejercicios fiscales, siempre que se cubran con actualizaciones y recargos las diferencias correspondientes solamente al periodo del primero de enero al 30 de septiembre del año 2001, a más tardar el último día del mes de noviembre de este año, dándose por cumplido el requisito de deducibilidad que establece el artículo 24 fracción V de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Con las adecuaciones propuestas, la que dictamina considera que se atienden los planteamientos de las iniciativas en estudio, así como las preocupaciones del sector obrero y patronal, a la vez que se protegen los intereses del fisco federal al darles un marco de mayor seguridad jurídica.

Es cuanto señora Presidenta.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a la diputada Rosalinda López Hernández.

Para fijar posición en lo general y en lo particular fijar posición, se le concede la palabra, para fijarla a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, hasta por diez minutos.

EL DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados:

El 20 de diciembre de 1991 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley que establece, reforma y adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, y que reforma también otras disposiciones de carácter federal. Tal disposición contenía entre otras modificaciones, la reforma al 5º párrafo del artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a efecto de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores, cuestión que naturalmente mitigaba parcialmente la constante reducción de poder de compra de los salarios.

El Partido de la Revolución Democrática siempre ha denunciado la eminente reforma política, económica y social del Estado Mexicano. Demasiados enunciados en materia fiscal no respetan el sentido de equidad, justicia y sencillez administrativa que mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pretender aplicar la retención de esas diferencias impositivas a todos los trabajadores mexicanos, el Partido de la Revolución Democrática nunca, pero nunca va a claudicar en la defensa de los derechos de los trabajadores de México.

El artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo debe ser respetado incuestionablemente. Consideramos que la aplicación de ese precepto tributario de interpretación, pondría en riesgo la estabilidad y el escaso ingreso de las familias mexicanas, así como al sector empresarial. La jurisprudencia es la interpretación de una ley o de una norma que realizan los tribunales judiciales, y por atribución, en materia fiscal lo realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aclarando que la jurisprudencia no es una norma jurídica de carácter general y abstracta que obliga a los particulares a cumplirla, en cambio serán los tribunales, al dirimir controversias, quienes estarán obligados a respetar la jurisprudencia cuando ésta sea invocada por las partes en el juicio.

El 13 de septiembre de este año el Partido de la Revolución Democrática, y a nombre de la fracción parlamentaria de mi partido aquí representado en el Congreso Mexicano, mi compañero diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, presentó una iniciativa, preocupado y recogiendo este asunto que lastima naturalmente y preocupa a todos los trabajadores del país.

Cuauhtémoc Montero Esquivel, diputado, perredista y trabajador mexicano supo captar la problemática y se presentó en consecuencia dicha iniciativa. Y en atención, sin duda alguna, a todos los planteamientos que posteriormente en iniciativas presentadas y a las resoluciones de las Cortes, el Partido de la Revolución Democrática, mi fracción parlamentaria apoya íntegramente y en atención a todos esos planteamientos, esta modificación de decreto que reforma el artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, esperando que este tipo de interpretaciones y de consistencias podamos naturalmente acotarlas y discutirlas en esta anhelada reforma política, económica y social que demanda todo el territorio nacional a todos los integrantes de esta Legislatura.

Es cuanto, ciudadano Presidente.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado José Antonio Magallanes Rodríguez. Con el mismo tema para fijar posición, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se le concede la palabra al diputado Julián Hernández Santillán.

EL DIP. JULIAN HERNÁNDEZ SANTILLAN: Con el permiso de la directiva.

Compañeras y compañeros diputados:

En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional consideramos que la atención a los diversos problemas de la sociedad en sin lugar a dudas causa y motivo de nuestra presencia como legisladores en este recinto.

De entre éstos, uno que merece especial atención tanto por los efectos que genera en el sector empresarial del país, como por su innegable incidencia sobre la clase obrera nacional, es el del subsidio fiscal a los trabajadores asalariados.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en esta LVIII Legislatura, expresa su posición respecto al dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Honorable Asamblea para que se realicen reformas, adiciones y modificaciones al artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre al Renta a fin de dar seguridad jurídica a los contribuyentes respecto al subsidio fiscal a los trabajadores asalariados.

Como aquí se ha dicho, el artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta pretendía en un inicio, constituirse en un mecanismo de estímulo para los trabajadores asalariados. No obstante, no se estableció con claridad el criterio que habría de servir para calcular el monto de dichos subsidio. Esta condición derivó que de manera indistinta los patrones pudieran tomar o no en consideración para el cálculo de esta subsidio erogaciones vinculadas a la previsión social y de manera concreta el integrar o no en dicho cálculo las aportaciones patronales al IMSS y al INFONAVIT.

Esta condición originó controversias de carácter fiscal, mismas que debieron ser dirimidas ante tribunales especializados en la materia, llegando incluso a ser tema de análisis en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un primer veredicto dado a conocer por dicha instancia fue el estudio de la legalidad, la cual establecía calcular el monto del subsidio acreditable contra el impuesto causado y deberían de incluirse las cuotas patronales al IMSS y al ISSSTE dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios patronales subordinados.

La consecuencia de esta medida fue, por un lado, el que un gran número de empresas…   tendrían que verse obligadas a pagar en forma retroactiva importantes cantidades de dinero, que incluyen multas y actualizaciones, por no haber calculado las retenciones durante los últimos cinco años, conforme al primer criterio emitido por la Corte.

Situación que en las condiciones actuales de la economía, podría generar efectos negativos sobre la planta productiva del país, poniendo en peligro, no sólo su permanencia en el mercado sino también las fuentes de trabajo que de ella se derivan. En contraparte, millones de asalariados, podrían experimentar una reducción sustancial en sus ingresos netos.

Se trataba pues de una circunstancia que, desde cualquier posición, imponía costos adicionales, tanto a empleados como a empleadores. Posteriormente el día 23 de octubre del año en curso, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entró al estudio del fondo del asunto, desde el punto de vista constitucional, concediendo el amparo a un particular, en el sentido de que para calcular el subsidio al salario, no deberían de incluirse las cuotas del IMSS e Infonavit, pues ello sería violatorio al principio de proporcionalidad tributario, referido en el artículo 31 Constitucional, declarando entonces la inconstitucionalidad del Artículo 80A de la Ley de Impuesto sobre la Renta.

Este fallo, como tesis jurisprudencial, marca el criterio del Poder Judicial Federal respecto a este tema.

Dado este escenario, en el Partido Acción Nacional, consideramos adecuado señalar, que compartimos la preocupación expresada en esta tribuna, y consideramos urgente el dar solución a este problema de inseguridad jurídica, toda vez que del mismo pudiera derivarse una afectación a un gran número de trabajadores y empleadores.

No obstante hemos de ser claros, al establecer que la solución de fondo al tema del subsidio, acreditable al Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, fue planteado por el Ejecutivo federal en la iniciativa de nueva Ley de Impuesto sobre la Renta, remitida a esta soberanía desde el pasado cuatro de abril, con anterioridad a las Resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por supuesto a la presentación de las iniciativas de dictamen.

En consecuencia, los legisladores de Acción Nacional, estimamos que el acto legislativo idóneo, hubiera sido el de dictaminar la iniciativa del Ejecutivo y mediante artículos transitorios, otorgar los beneficios a los trabajadores y a los empleadores en forma retroactiva.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta así una postura a favor del dictamen, presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta H. Asamblea, para que se realicen las reformas, adiciones y modificaciones al Artículo 80A de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es cuanto señor presidente.

EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Julián Hernández Santillán.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se le concede la palabra al diputado Enrique Aguilar Borrego.

EL C. DIPUTADO ENRIQUE AGUILAR BORREGO: Con su permiso señor presidente. Compañeros y compañeras diputados. En el mes de mayo último, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió sobre la forma en que debe de interpretarse el artículo 80A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que debe de descontarse del subsidio al salario de los trabajadores las aportaciones al Seguro Social y al Infonavit, resolviendo legalmente pero no en justicia, una controversia que se había presentado en el propio Poder Judicial.

Conceptualmente la parte del Artículo 80A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que ordena el descuento del subsidio al que tienen derechos los trabajadores por las aportaciones que estos hacen al Seguro Social y al INFONAVIT, realmente está gravando la previsión social, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda que la propia Ley del Impuesto Sobre la Renta ordena que no sea gravada. Ese es el centro y objetivo de nuestra defensa: el proteger la previsión social, que es en sí misma la esencia del bienestar de los trabajadores mexicanos y el instrumento para alcanzar mejores niveles de vida, por lo que la diputación obrera se opone a cualquier gravamen que a la previsión social se pretenda imponer, aún en el pago del subsidio al salario.

Nos satisface que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándole la razón a la clase trabajadora de México, determinó el mes pasado la inconstitucionalidad de descontar del subsidio al salario de los trabajadores los conceptos de previsión social, resolviendo en esta sentencia realmente sobre el fondo de la aplicación del artículo 80A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Igualmente, es de suma importancia resolver la problemática del adeudo que las empresas y trabajadores tienen hoy con la Secretaría de Hacienda por no haber hecho el descuento al subsidio como lo establece la resolución de mayo del más alto tribunal de México, ya que la mayoría de las empresas no han hecho tal retención y verdaderamente dicha resolución pone en riesgo la existencia de muchas fuentes de empleo y una parte muy importante del ingreso de las familias en el ya de por sí insuficiente salario de los trabajadores, porque de aplicarse estrictamente las disposiciones hacendarias, las empresas que estén en ese caso tendrían que pagar hasta cinco años retroactivos con actualizaciones y recargos y los trabajadores un mes, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo.

Nuestro grupo parlamentario mantiene firme y decidida su posición en defensa de la previsión social, buscando siempre fortalecer a las instituciones tales como el Seguro Social, el ISSSTE, el INFONAVIT y la CONSAR y no gravando el salario de los trabajadores por el ejercicio de dicho derecho constitucional.

Respetamos las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y reconocemos particularmente la sentencia que declara inconstitucional gravar la previsión social a través del descuento al subsidio del salario de los trabajadores.

Requerimos hoy de fortalecer el empleo, por lo que propusimos y respaldamos resolver en gran parte el adeudo que las empresas tienen como obligados solidarios con Hacienda por no haber hecho la retención al subsidio referido. Propusimos y respaldamos que a los trabajadores no se les cobren los descuentos al subsidio no retenido, fundamentalmente por el daño a la economía de las familias de la clase trabajadora, ya que lo que requieren los trabajadores son mayores ingresos y de ninguna manera ver reducidos sus salarios por la aplicación de un artículo contradictorio e inconstitucional.

Propusimos y respaldamos no sólo que las aportaciones al Seguro Social y al INFONAVIT no sean gravadas, sino que además expresamente se ordene que tampoco se graven las aportaciones al ISSSTE y al SAR por ser éstas instituciones de previsión social.

Por todo ello y con absoluto sentido social, la fracción priísta apoya el dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, ya que beneficia dicho dictamen a la clase trabajadora, a las empresas de nuestro país, al empleo y le da certidumbre en la aplicación del subsidio al salario a que tienen derecho todos los trabajadores.

Es cuanto, señor Presidente.

(aplausos)

EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado Enrique Aguilar Borrego.

Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto del decreto.

No habiéndose registrado para la discusión en lo general y particular ningún diputado, consulte la Secretaría a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILA. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo   particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

PRESIDENTE: Suficientemente discutido.

Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR: Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(VOTACION)

PRESIDENTE:

Si algún ciudadano diputado tiene falla en su sistema de votación, favor de reportarlo a esta mesa antes de que transcurra el tiempo de los diez minutos.

MISMO SECRETARIO: Se emitieron 399 votos en pro, ninguno en contra, una abstención.

PRESIDENTA: Aprobado el Proyecto de Decreto por 399 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que reforma el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El diputado Ernesto Rodríguez

DIP. ERNESTO RODRIGUEZ (desde la curul) Apareció en el tablero como abstención y es a favor.

PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Que se registre para el acta.

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Informo a la Honorable Asamblea que por acuerdo de los grupos parlamentarios la presentación de la Proposición con un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal haga un llamado a la solidaridad de apoyo humanitario con el pueblo cubano, con motivo de los desastres provocados por el huracán "Michel" a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hemos recibido en esta mesa directiva la solicitud de que se adelante su turno en el Orden del Día, solicitud que obsequiamos con todo gusto. por lo cual tiene el uso de la palabra el diputado José Narro, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

DIP. JOSE NARRO CESPEDES: Con su permiso presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, diversos grupos parlamentarios y diputados independientes, someten a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo, por medio de la cual se solicita al Presidente de la República que en su carácter de Jefe de Estado, provea lo indispensable para apoyar al pueblo y al gobierno cubano ante los desastres causados por el huracán "Michel" bajo las siguientes:

"CONSIDERACIONES

"Una vez más la tragedia se ha cernido en el pueblo cubano. El huracán "Michel" tocó tierras cubanas el domingo pasado dejando una estela de destrucción y muerte. Según la información periodística, ha sido el meteoro más devastador desde lo ocurrido el 18 de octubre de 1944. Afectó las provincias de Matanzas, Cienfuegos, Pinar del Río, Santi Spiritus y la Isla de la Juventud.

Los daños ocasionados por el huracán "Michel" han sido cuantiosos; afectando viviendas y cultivos agrícolas. Hasta el momento no se tiene una cuantificación económica precisa de los daños. Sin embargo, estamos seguros de que el monto será muy grande, muy importante para tratar de resolver los problemas que se ocasionaron por ese ciclón.

El pueblo de México como siempre, siempre ha sido solidario con las tragedias y con los problemas que se presentan en otros pueblos. Aun si consideramos que en muchas ocasiones las posibilidades económicas de los mexicanos no han sido las mejores. Siempre el sufrimiento y la tragedia hermana a los pueblos; prueba de ello es la ayuda que el pueblo y el gobierno de México han brindado en su momento a Nicaragua, a El Salvador, a Colombia, a Honduras, a Turquía y a muchos otros países.

Por supuesto que los mexicanos también hemos sido apoyados por la Comunidad Internacional en nuestras tragedias y en nuestros problemas. Tal es el caso de los sismos de 1985, de los huracanes Gilberto y Paulina que afectaron severamente el sureste de nuestro país.

México, gracias a su política internacional y a su solidaridad con los hermanos pueblos del mundo, se ha visto también beneficiado con la solidaridad internacional ante estos graves problemas.

Por ello, los diputados que suscribimos este documento y las fracciones parlamentarias consideran que pese a las dificultades por las que atraviesa nuestro país, debemos hacer un esfuerzo para apoyar a nuestros hermanos y hermanas del pueblo cubano.

México y Cuba son dos países cuyos pueblos tienen en común muchas cosas. Para nadie es un secreto el reconocimiento de los cubanos hacia México por la ayuda y la solidaridad que siempre hemos tenido para con ellos.

Hoy que la tragedia se ha cernido sobre este pueblo hermano, los mexicanos debemos de estar ahí presentes con nuestro apoyo y con nuestra solidaridad.

En tal virtud y con independencia de que la sociedad mexicana se organice para brindar ayuda a Cuba, los diputados firmantes del presente punto de acuerdo consideramos que resulta también indispensable que el propio titular del Ejecutivo federal disponga lo necesario para brindar apoyo humanitario a un Estado de la comunidad internacional tan cercano a nuestros afectos y aprecios.

Compañeras y compañeros diputados: nuestro grupo parlamentario solicitó respetuosamente a la Junta de Coordinación Política se agendara este punto como de urgente resolución en virtud de que la ayuda que el gobierno y la sociedad mexicana pueden dar y debemos de brindar en ese compromiso que tenemos al pueblo de Cuba requiere que se otorgue ese apoyo en forma inmediata.

Por ello, solicitamos, compañeras y compañeros legisladores, su solidaridad con la proposición que presentamos votando a favor de su admisión con el carácter que sugerimos, que es de urgente y obvia resolución, y su voto favorable con el contenido de la misma.

Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente proposición:

Punto de acuerdo. Artículo único. Las diputadas y los diputados de la 58 Legislatura del H. Congreso de la Unión solicitamos respetuosamente al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al ciudadano Vicente Fox Quesada, que disponga la ayuda humanitaria necesaria para apoyar al pueblo y al gobierno cubano en la difícil situación en la que actualmente se encuentra con motivo del fenómeno meteorológico en comento.

Dado en el Palacio Legislativo, en San Lázaro, a los 8 días del mes de noviembre del año 2001.

Firman el presente punto de acuerdo el diputado Rafael Rodríguez Barrera, del PRI; el diputado Jorge Carlos Rodríguez Marín, del PRI; el diputado Martí Batres, del PRD; la diputada Erika Spezia, del Partido Verde Ecologista; el diputado Tarcisio Navarrete, del Partido Acción Nacional; el diputado José Antonio Calderón, del Partido Alianza Social; del Partido Acción Nacional lo firma también el diputado Ricardo García Cervantes; el diputado José Manuel del Río Virgen, por Convergencia, el diputado Humberto Mayans Canabal, diputado independiente de esta Legislatura.

Lo firman también el diputado Jaime Martínez Veloz, del Partido Revolucionario Institucional y lo firman el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; el diputado Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo; el diputado Juan Carlos Regis Adama, del Partido del Trabajo y un servidor, el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo y el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, del Partido del Trabajo. Muchas gracias. (aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Ha solicitado hacer uso de la palabra en pro el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ (PRI): Con su permiso, ciudadana Presidenta.

Estimadas Diputadas;

Estimados Diputados;

Señores funcionarios del gobierno de Cuba que el día de hoy nos acompañan:

He solicitado subir a esta tribuna a partir de la opinión favorable de muchos compañeros del Partido Revolucionario Institucional, empezando por nuestro coordinador que ha firmado el punto de acuerdo, que ha expuesto en esta tribuna el diputado José Narro Céspedes, porque creemos que es de suma importancia en estos momentos aprobar una propuesta de esta naturaleza, dado la difícil situación por la que atraviesa nuestro hermano país de Cuba.

El diputado Narro Céspedes ha comentado aquí la pertinente necesidad de que el Estado mexicano ratifique la solidaridad con nuestra nación hermana en estos momentos difíciles. Algunos miembros de esta Cámara han manifestado, dentro de nuestras posibilidades nacionales, la necesidad de ejercer medidas concretas de asistencia a nuestros vecinos y hermanos cubanos, afligidos en su país por el desastre causado por el huracán "Michelle".

Si bien es cierto que las siempre lamentables pérdidas humanas constituyen una de las trágicas consecuencias de este desastre, la destrucción de la infraestructura habitacional y de servicios alcanza niveles muy alarmantes en la isla. Varios países de la comunidad internacional ha comenzado a prestar asistencia y apoyo material a nuestra nación hermana.

El pueblo de Cuba siempre se ha caracterizado por su vocación altruista en apoyo a otras naciones que por múltiples circunstancias han padecido situaciones graves de emergencia social, económica o política. Por ejemplo, es proverbial la asistencia médica cubana hacia otros países que lleguen a padecer situaciones de crisis por desastres naturales. La solidaridad del pueblo cubano al mundo está fuera de discusión.

Ahora en estos momentos nuestros hermanos cubanos requieren la solidaridad de todos los países que, como México, hemos sido confortados y asistidos por la isla en circunstancias en las que lo hemos requerido. Aún con las graves carencias que sufren, los cubanos no han regateado el apoyo a naciones que han padecido una emergencia. Nunca han dejado de acudir a los pedidos de solidaridad. Ellos siempre han dado muestras de apoyo incondicional altruista para causas nobles y verdaderamente humanas.

Debemos cultivar las relaciones con la isla caribeña. La fraternidad, el apoyo mutuo, la solidaridad, no pueden sacrificarse por situaciones coyunturales por muy estratégicas que parezcan, porque la dignidad y los principios son invaluables, no tienen precio. Dignidad y esfuerzo son cualidades de las que Cuba ha dado ejemplos numerosos a lo largo de estos 40 años de bloqueo económico por el país más poderoso del mundo.

He solicitado subir a esta tribuna para apoyar la petición de los compañeros legisladores del Partido del Trabajo, pero no solo para pronunciarnos a favor del apoyo mexicano a nuestra nación hermana, sino para apoyar también la conveniencia de que tomemos una decisión inmediata: votando de urgente y obvia resolución la solicitud de los compañeros del Partido del Trabajo. Ello, porque la situación emergente del pueblo cubano demanda acciones expeditas y nosotros en estos momentos bien podemos hacer mucho.

Es pertinente mantener una postura humanitaria a favor de quienes padecen y sufren por catástrofes naturales o por la acción del hombre.

Es cuanto, ciudadana Presidenta.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA, BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado.

Sobre el mismo tema se le concede el uso de la palabra al diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIP. TARCISIO NAVARRETE MONTES DE OCA: Con su permiso, estimada Presidenta.

Distinguidos amigos y amigas Legisladores: Con sentida sinceridad expresamos nuestro apoyo a este Punto de Acuerdo, que si bien no lo hemos firmado todos por la velocidad en que se nos ha comunicado, sí cuenta con todo el apoyo de nuestro grupo, porque es una legítima y necesaria expresión de solidaridad en situaciones límite y México sabe responder con mucha generosidad.

Para nosotros este Punto de Acuerdo significa la presencia generosa del Legislativo, de donde nace, haciendo un llamado al Ejecutivo y de esta manera tenemos los dos brazos de nuestro gobierno presente en este momento de tragedia por el ciclón.

Estamos ante un caso de dolor inevitable. Son las fuerzas de la naturaleza que de alguna manera han dañado muy fuertemente al pueblo cubano. Por lo tanto, de manera muy breve pero muy sentida, en este momento de tragedia esperamos corresponderle con mucha generosidad a un pueblo que sentimos muy cercano no solamente geográficamente hablando.

Queremos dar una muestra, una expresión de mano tendida al pueblo cubano y que sepan que sabremos responderle a él y a todos los pueblos de América Latina cuando vivan tragedias, porque estamos para expresar una verdadera solidaridad y estamos hoy presentes y seguiremos estándolo en cualquier otro momento.

Gracias a Cuba por su momento de expresión con México y aquí estamos presentes.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.

En uso de la palabra el diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del Grupo Parlamentario del PRD, sobre el mismo tema.

EL C. DIP. PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias señora Presidenta.

Compañeros diputados y diputadas: La isla de Cuba una vez más sufre embates, ahora desafortunadamente de la naturaleza. Es el peor huracán que ha sufrido Cuba en los últimos 50 años. Es triste, pero bueno, es un pueblo que ha sido un pueblo de lucha, es un pueblo que a pesar de todos los embates ha alcanzado un gran desarrollo social, a pesar de sufrir la peor represión económica que un pueblo puede tolerar viniendo del país más desarrollado del mundo.

Cuba, compañeros, quiero que sepan que es el primer país desarrollado en medicina y educación, de los mejores del mundo en neurología, si no es que el mejor, y en inmunología también. Cuba, compañeros, no sólo por eso sino porque ha sido y espero que siga siendo por mucho tiempo un país libre, Cuba merece ser apoyado por ser el bastión de la dignidad de esta América nuestra. Cuba, compañeros, en estos momentos está pasando por una situación terrible. Nosotros sabemos lo que son las consecuencias de los huracanes. Recordemos el huracán Janet que en los ´50s destruyó Chetumal, Quintana Roo.

Nosotros como mexicanos sabemos de los desastres del terremoto del ´85. Esta solidaridad que demuestra la Cámara de Diputados no sólo me satisface mucho, me enorgullece más, ser miembro de este honorable Congreso desde el momento de haber recibido esta tan digna Representación sino que además veo que en muchas cosas podremos tener diferencias pero cuando se necesita nos damos la mano todos y esto habla mucho y mucho y bien de esta Cámara de Diputados.

Yo felicito a esta Cámara de Diputados por ello y me conduelo con el pueblo cubano por su situación tan crítica pero a la vez desde esta tribuna le envío un afectuoso saludo y les deseo que como siempre saquen la lucha del corazón y levanten la cara y sigan siendo ese bastión que para nosotros son de dignidad de un pueblo que está acostumbrado a luchar en contra del país más poderoso.

Muchas gracias compañeros.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Para el mismo tema la Diputada Erika Spezia Maldonado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

LA C. DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO. Con su venia señora Presidenta. México y Cuba son pueblos hermanos y como hermanos tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos en momentos en que nuestro hermano necesita de nuestro apoyo.

El Partido Verde Ecologista de México se suma en apoyo al Punto de Acuerdo que han firmado todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara y exhorta a que no sólo en estos momentos sino en todos los momentos de nuestras dos Historias México y Cuba sigan siendo pueblos hermanos y nos sigamos atendiendo y cuidando como hermanos.

Muchas gracias.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Suficientemente discutido.

LA C. PRESIDENTA. Le ruego a la Secretaría dar lectura al contenido específico del Punto de Acuerdo.

LA MISMA C. SECRETARIA.

(Lectura del Punto de Acuerdo)

(Terminó de leer)

LA C. PRESIDENTA: Le ruego consulte a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el Punto de Acuerdo.

LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA. Aprobado el Punto de Acuerdo (aplausos)

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Continuando con la Orden del Día se concede el uso de la palabra al ciudadano Diputado David Penchyna Grub del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo respecto al Informe que sobre la Situación Económica , las Finanzas Públicas y la Deuda Pública correspondiente al Tercer Trimestre del año en curso, presentó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como respecto del recorte presupuestal anunciado por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2001.

EL C. DIPUTADO DAVID PENCHYNA GRUB: Con su permiso señora Presidenta, compañeras y compañeros Legisladores. Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de la honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes antecedentes.

El pasado 5 de noviembre esta soberanía recibió de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública correspondiente al tercer trimestre del año 2001, dando cumplimiento con lo dispuesto en la Ley General de Deuda Pública, así como en lo dispuesto por el Decreto Aprobatorio de Egresos de la Federación para el mismo año y la Ley de Ingresos de la Federación.

El citado informe al igual que los de los dos pasados trimestres anteriores centra su atención en describir el comportamiento de las principales variables macroeconómicas, la producción, los servicios, el empleo, los ingresos y lamentablemente continúa omitiendo analizar las causas, es decir, no hay una vinculación entre los resultados y las decisiones de la política económica nacional.

En este ejercicio democrático tenemos que recordar que responsabilizar de todo el éxito o de todo el fracaso a la institución presidencial de la evolución de la economía nacional sería una muestra de escasa seriedad con los mexicanos, pero por el contrario, no efectuar un balance efectivo profesional por parte de este congreso sería incumplir con nuestra obligación constitucional de vigilar el cumplimiento del presupuesto que nosotros mismos aprobamos por consenso y con ello conformarnos en un auténtico y legítimo contrapeso que cuestiona y sobre todo disuada mediante la crítica todo exceso del Poder Ejecutivo Federal.

Es en este sentido, señoras y señores diputados, el Informe de Finanzas Públicas de la Secretaría de Hacienda que se constituye en la evidencia más clara que demuestra que el Poder Ejecutivo Federal y no así el Poder Legislativo es el responsable de la agudización de la recesión económica en la que está inmerso nuestro país.

El informe mismo es la confesión de la falta de planeación y falta de capacidad que el gobierno federal en su Poder Ejecutivo ha tenido en el manejo de nuestra economía, al no ejecutar políticas públicas pertinentes y acertadas con lo ciclos económicos que estamos viviendo los mexicanos y el mundo entero.

En este informe presentado por Hacienda, se revela claramente cómo el gasto corriente ha crecido en términos reales un 11.4%, lo referente al gasto de suministros y materiales ha crecido también en términos reales 15% y en contraste con estos dos conceptos, se revela cómo el gasto de inversión ha caído en términos reales 2.4%. Esta direccionalidad que el Ejecutivo Federal le ha dado al gasto público restringe el margen de maniobra para el ejercicio presupuestal de los ejercicios subsecuentes, ya que aumenta el gasto corriente y baja el gasto de inversión, aumenta las obligaciones laborales del estado engrosando la burocracia, restando eficacia a la reactivación económica sedienta de crecimiento y de políticas eficientes para generar empleo.

Es en este mismo contexto que abundando en señalar otros datos del informe me permito señalar lo siguiente:

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el nivel de ingresos captados por el período enero septiembre, ascendió a más de 961,149 millones de pesos, cifra superior en 2.8% en términos reales a la del mismo período del año 2000.

El Impuesto al Valor Agregado presentó una variación real favorable del 4.2% respecto al mismo período del año anterior y el Impuesto Sobre la Renta una variación positiva del 8.4%.

También se menciona la reducción tan dramática que ha vivido nuestra economía en el número de desempleados registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, cifra que aunque aumenta 220 mil empleos perdidos, se contrapone lo que establece el informe del Banco de México, donde se señalan 403 mil empleos perdidos.

A este respecto no es posible que el Ejecutivo Federal pretenda ocultar esta lamentable situación del desempleo, maquillando y contradiciendo cifras.

Nos preguntamos: ¿No es éste un ejemplo de la transparencia que se profesa y que defiende la Presidencia de la República?

Hoy, en el informe, a diferencia del informe del trimestre anterior, no se menciona la tasa de desempleo abierto que ya se contenía en otros informes.
Otras inconsistencias que nos refleja el citado informe son los conceptos que influyeron en la elaboración del gasto programable, donde se mencionan diversos programas de gasto de inversión, de los que sólo Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad variaron en su comportamiento, es decir, programas de inversión en comunicaciones y transportes, salud, SAGARPA, vivienda, CONAGUA, etc., no reflejan variaciones favorables en su gasto.
Lamentamos los subejercicios que en entidades de la administración pública se presentan en este tercer trimestre. Como ejemplo: Comunicaciones y Transportes, menos 4 mil 600 millones de pesos; Educación Pública, menos mil 500; aportaciones a la seguridad social, menos 3 mil 700; SEDESOL, menos mil 300; CAPUFE, con menos mil 349 millones de pesos.

En particular advertimos también los graves subejercicios en programas de inversión que a octubre se presentan también, sólo por mencionar algunos: el Programa de Empleo Temporal, con un promedio del 46 por ciento, pero en SAGARPA con un avance apenas del 18 por ciento. En el Programa de Agua Potable, con un avance del 50 por ciento; el Desarrollo del Sureste, con un avance del 15 por ciento; rubros de Alianza para el Campo con avances no mayores al 50 por ciento; Comisión Nacional del Agua, en algunos proyectos con 47 por ciento, pero en otros con apenas avances del 1.3 por ciento. CAPUFE, con 45 por ciento, y en promedio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con 49 por ciento, registrando 0 por ciento de avance en los tramos carreteros como los de Arriaga La Ventosa, Celaya, en Salamanca, Guadalajara Saplotanejo (¿), por sólo mencionar algunos.

La página 36 del informe también refiere un contrato celebrado entre Banobras y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar un programa de vivienda de hasta 505 millones de dólares, que por el contrario, al mes de septiembre INFONAVIT, FOVISSSTE y FOVI suman más de 53 mil millones de pesos de recursos que podrían se colocados en recursos crediticios para los demandantes de vivienda, situación que no se ha hecho, situación que podría favorablemente generar empleos casi por un millón de nuevos empleos.

Por el otro lado, el día 5 de noviembre también se anuncia el recorte al Presupuesto, tercero implementado por esta administración, esto nos da muestras de la falta de capacidad y de imaginación del Ejecutivo Federal para implementar programas que aminoren los impactos de la situación económica que prevalece. El gobierno toma el camino fácil: recortar el gasto argumentando la caída de ingresos, la caída de ingresos que estimaron mal en un calendario que fijó la Secretaría de Hacienda y que no hizo caso del calendario histórico con el que se han estimado los ingresos.

Según datos de la propia Secretaría de Hacienda publicados en algún medio de comunicación, porque lamentablemente esta soberanía no ha recibido el informe de manera oficial, la Secretaría de Educación recibe disminuciones en su gasto por más de 9 mil millones; Seguridad Social con más de 967; Comunicaciones y Transportes con más de 800; SAGARPA con 250 y la Secretaría de Salud con más de 230.

Asimismo, comunica a través de los medios de comunicación de algunas ampliaciones líquidas al presupuesto de entidades que no tienen gasto de inversión. Es el caso de la Secretaría de Hacienda y de la propia Presidencia de la República en su oficina, que recibe ampliaciones líquidas a su presupuesto, situación que no permite hacerlo el Presupuesto de Egresos de la Federación que nosotros aprobamos.

Queda claro que a la luz del informe de finanzas públicas y de la realidad que advertimos en los hechos, todo apunta a que el Ejecutivo Federal hace creer a través de un recorte y trata de ocultar el subejercicio al gasto.

Por todo lo anterior me permito someter a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dé cumplimiento al mandato de esta soberanía que a través de su Comisión Permanente del Congreso de la Unión, mediante dictamen aprobado el 22 de agosto del año en curso, solicitó que en los próximos informes sobre la situación económica, las finanzas y la deuda pública, se presente de acuerdo a lo establecido en el decreto y a la Ley de Ingresos, es decir, presentar información más clara, comparada, desagregada, con calendarios de gasto y con elementos que permita tener un análisis responsable y herramientas para tomar decisiones oportunas y viables en los ciclos económicos.

Segundo. Se solicita a la secretaría de Hacienda informe a esta soberanía el monto del recorte presupuestal; los programas y entidades que fueron objeto de dicho recorte y los criterios utilizados para elaborar el ajuste recientemente anunciado.

Tercero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda, informe a esta soberanía si el recorte incluyó ampliaciones líquidas al capital y en base y con fundamento en qué se realizó dicha acción.

Cuarto. Se solicita que se cite a comparecer a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda ante las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública para que aclaren a esta soberanía la marcha del programa económico y esclarezca las confusiones y dudas que sus propios informes han generado.

Quinto. Que en la presentación de los criterios generales de política económica, Miscelánea Fiscal y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002, próximos a ser presentados por el Ejecutivo Federal, se acompañen los saldos de programa por programa de aquellos recursos que no se ejercieron en las diferentes entidades del Poder Ejecutivo Federal y las razones de la no ejecución de estos recursos.

Ruego a la Secretaría sirva dar trámite a este Punto de Acuerdo, a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias. (aplausos)

LA PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. La Mesa Directiva había determinado que el turno de este Punto de Acuerdo, ciudadano diputado, fuera a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público, ¿es correcto?

EL DIP. DAVID PENCHYNA GRUB: Es correcto.

LA PRESIDENTA: Turno a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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El siguiente punto del orden del día es la Proposición con Punto de Acuerdo sobre el rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México. Con ese objeto se concede el uso de la palabra al diputado Daniel Ramírez del Valle, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL DIP. DANIEL RAMÍREZ DEL VALLE: Con su permiso, diputada Presidente. Amigos y amigas diputadas:

Presentamos el siguiente punto de acuerdo con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y bajo los siguientes antecedentes.

A principio del mes de julio, del año en curso, el Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal firmaron un acuerdo a favor del rescate del Centro Histórico. Del mismo, se desprende la instalación de un Consejo Consultivo amplio integrado por parte del Gobierno Federal, por un representante de CONACULTA y un representante de la Secretaría de Turismo. Por parte del Gobierno del D. F., estará un representante de las Secretarías Desarrollo Urbano y Vivienda, Turismo y Desarrollo Económico. Y finalmente por parte de sociedad civil, el ingeniero Carlos Slim, Jacobo Zabludovski, Alfonso Durazon, Guillermo Tobar y de Teresa y el Cardenal Norberto Ribera Cabrera.

Su función será la coordinación de acciones de remodelación, desarrollo urbano, de estructuración, de uso de suelo, promoción de inversiones y el diseño de incentivos fiscales.

Del mismo modo que el anterior, se creó un Comité Ejecutivo, cabeza y dirigente del Consejo Consultivo, amplio, integrado por el ingeniero Carlos Slim Melú, Jacobo Zabludovski y un representante de CONACULTA. Sus funciones serán la dirección de los acuerdos del Consejo Consultivo y encabezar el mismo, así como convocar a reuniones.

Considerando el acuerdo firmado por el Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno del D.F, para el rescate del Centro Histórico, sin duda es un avance muy importante para lograr el rescate de lo que en 1980 se declaró como zona de monumentos, y que en 1987 la UNESCO la hiciera merecedora de la denominación Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Sin embargo, existen zonas aledañas, que también forman parte del Centro Histórico, que también son Patrimonio de la Humanidad, y que quedaron fuera de este programa, tal es el caso del Perímetro B del Centro Histórico o mejor conocido como zona de La Merced.

En la zona de La Merced, se encuentran ubicados, una casa habitación del Siglo XVIII, así como dos capillas y seis iglesias del mismo siglo, una de las cuales está en uso.

En este Perímetro resalta una gran inseguridad a partir de las dieciséis horas, debido a la utilización del espacio público, ya que sólo se cuenta con un 20% de uso habitacional, siendo el resto mixto o comercial.

La actividad termina cuando el comercio cierra sus puertas y la zona se convierte en un perímetro de alta inseguridad, enfrentándose graves problemas de drogadicción, alcoholismo, niños de la calle, prostitución.

En un estudio que realizó la delegación Venustiano Carranza dirigido a la presidencia de la república, se reporta que los mercados públicos tienen en su gran mayoría deficiencias, hidráulicas, eléctricas, falta de mantenimiento, locales que obstaculizan las áreas comunes y sanitarios en mal estado.

La Merced alberga 78 giros de alto impacto social, entre loncherías, retaurantesbar, cervecerías, pulquerías y 12 hoteles. Sumado a lo anterior, también se ubican en esta zona, 5,750 ambulantes, 660 sexoservidoras, 150 niños de la calle, 100 indigentes y 600 indígenas que viven en extrema pobreza.

Como podemos deducir, es una zona que ha perdido sus valores e identidad, así como los elementos que la conformaban. Este es el caso de la plaza de la Parroquia de la Candelaria de los Patos, Las Atarazas, el Hospital San Lázaro y la estación de ferrocarriles del mismo nombre, para convertirse en una zona de gran inseguridad y fomento para la comisión de delitos.

La zona de La Merced es parte esencial de la historia de nuestra Ciudad de México, encierra nuestra cultura y tradiciones. Ha sido testigo de la evolución de la capital de nuestro país, es por ello que debe tomarse en cuenta para incluirla en el programa de rescate del Centro Histórico.

Por las consideraciones antes expuestas, integrantes de la Comisión del Distrito Federal del grupo parlamentario de Acción Nacional y del Verde Ecologista, someten al pleno de esta Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.. Que el gobierno de la Ciudad de México a través de su representante en el Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico, someta a consideración de este último, la necesidad de incorporar a dicho programa el Perímetro B del Centro Histórico.

SEGUNDO. Que el gobierno federal a través de sus representantes en el Consejo Consultivo para el Rescate del Centro Histórico, sometan a consideración de este último, la necesidad de incorporar a dicho programa al Perímetro B del Centro Histórico.

TERCERO. De ser procedente la incorporación, que se fomente la pronta remodelación de los monumentos históricos y se sumen esfuerzos para reactivar el Perímetro como zona de uso habitacional, y termine de este modo con la delincuencia.

CUARTO. De no ser procedente que el gobierno de la ciudad a través de las autoridades competentes, pongan mayor interés en solucionar los problemas que afectan a dicha zona.

Dado en el Palacio Legislativo a ocho del mes de noviembre del dos mil uno.

Suscribimos el presente Punto de Acuerdo, los diputados: Carlos Alberto Flores Gutiérrez, Jorge Lara Rivera, Raúl García Velázquez, Celita Alamilla, Franciso Ramírez Cabrera, Tomás Ríos, Jesús Dueñas, Máximo Soto, José Tomas Lozano Pardinas, Miguel Ángel Torrijos, Benjamín Muciño, José Antonio Arévalo del Partido Verde Ecologista, José Escudero del Partido Verde Ecologista, Samuel Yoselevitz y un servidor Daniel Ramírez del Valle.

Ruego a la Secretaría turnar el presente Punto de Acuerdo a la Comisión del Distrito Federal y a la Comisión de Cultura.

Muchas gracias.

LA C PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Túrnese el Punto de Acuerdo a las Comisiones del Distrito Federal y a la de Cultura.

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Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación al llamado impuesto TOBIN, se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del PRD.

EL C. DIPUTADO LORENZO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA. Con el permiso de la Presidencia.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Carta de adhesión de diputaos mexicanos a la campaña mundial a favor del impuesto TOBIN

La especulación en los mercados financieros ha alcanzado en los últimos años un nivel sin precedentes en la historia económica mundial. El abandono en 1971 del sistema internacional de cambios, producto de los acuerdos Bretton Woods, provoco un aumento considerable de los flujos financieros y monetarios que han pasado en los últimos 30 años de 70 mil millones de dólares a más del 1 billón y medio de dólares diarios. La mayor parte de estos flujos no corresponde al intercambio real de mercancías ni a las inversiones productivas que se realizan en el mundo, sino a la búsqueda de beneficios financieros inmediatos, a menudo considerables.

Esta disociación entre los mercados financieros especulativos y la economía real ha provocado una gran inestabilidad e incertidumbre en todo el mundo, pues ha sido una de las causas más importantes de la desviación o caída de las inversiones productivas y por lo tanto de la creación de empleos. Ha provocado también una mayor concentración del poder económico y un aumento de la pobreza y la desigualdad a nivel mundial.

Esta dinámica ha resultado nefasta para la humanidad entera. La sucesión de graves y contagiosas crisis económicas que se han producido en diversas economías del mundo, como la de México en 1994, diversos países del sudeste asiático en 1997, Rusia en 1998 y Brasil en 1999, muestran cómo en pocos días, se acaba con el trabajo productivo de muchos años. Las naciones se ven obligadas a tratar de ganarse la confianza de los inversionistas otorgando concesiones para atraer capitales y ganancias cada vez más elevadas, a costa de millones de trabajadores, ciudadanos y a costa del medio ambiente.

La libertad irrestricta de circulación de capitales se ha convertido en un factor de inestabilidad de la vida democrática de las naciones. Por esa razón, es de capital importancia fijar mecanismos regulatorios. Uno de ellos es el impuesto TOBIN, nombre del Premio Nobel de Economía, el norteamericano James Tobin quien, desde 1978, propuso una pequeña tasa a todas, las transacciones financieras internacionales para desalentar la especulación y, además, procurar ingresos a la comunidad internacional. Con sólo un 0.05% de gravamen a estas operaciones, se obtendrían entre 150 y 300 mil millones de dólares al año, recursos que podrían ser empleados para estabilizar los mercados monetarios, para el desarrollo económico, para financiar ayuda humanitaria a las naciones más pobres, o para paliar las crisis nacionales o internacionales de las economías del mundo.

Numerosas organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones sociales y ecologistas, están actuando coordinadamente con sus propios gobiernos y parlamentos para poner en marcha impuestos del tipo de la tasa TOBIN.

Los parlamentarios del mundo deben responder al llamado de esas organizaciones y a una creciente preocupación de la opinión pública mundial sobre los daños que ha provocado la especulación financiera. Se requieren urgentemente nuevos niveles de cooperación multilateral para regular esta especulación y para obtener ingresos que sirvan para las necesidades locales y globales más urgentes.

El impuesto TOBIN ha sido apoyado favorablemente por los parlamentos de Canadá y Bélgica. Una moción parecida ha sido propuesta sin haber sido votada, en los congresos de la República Argentina y los Estados Unidos de América. Hace unas cuantas semanas, se presentó en la Cámara de los comunes del Reino Unido de la Gran Bretaña, recibiendo el apoyo inmediato de parlamentarios de los tres partidos más importantes y de la ministra de desarrollo económico del gobierno laborista. En el Parlamento Europeo, recibió la adhesión de 225 eurodiputados.

Tomando en cuenta que, actualmente, se discuten diversas propuestas reforma fiscal, resulta de la mayor importancia discutir en México la adopción del impuesto TOBIN o uno similar.

Por lo anterior, diputados de México, proponemos al Congreso de la Unión y al Gobierno de la República, que se promueva la adopción de un impuesto similar a la tasa TOBIN para que, en coordinación con esfuerzos similares que se realizan en otros parlamentos nacionales, se avance en su adopción a nivel mundial y sirva como punto de partida para explorar y acordar otras opciones para reformar el sistema financiero internacional.

Considerando lo planteado en la Carta de Adhesión de diputados mexicanos a la campaña mundial a favor de la tasa TOBIN, formulamos el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos acuerda:

Primero. Manifestar su apoyo a la Campaña Mundial a favor del impuesto TOBIN.

Segundo. Solicitar al Poder Ejecutivo Federal que manifieste, ante el Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, ante los organismos financieros internacionales, la Organización Mundial de Comercio, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, entre otros, el apoyo de nuestro país para que se establezcan medidas de cooperación multilateral que regulen y graven la especulación financiera internacional.

Tercero. Enviar a otros congresos del mundo una invitación para actuar juntos ante los gobiernos nacionales y los organismos financieros mundiales, para que, de manera coordinada, se acuerde un mecanismo internacional para la aplicación del impuesto TOBIN y se exploren otras medidas para reformar el sistema financiero y monetario internacional.

México D. F., a 8 de noviembre de 2001.— Firma el diputado Rafael Hernández Estrada.

Alejandra Barrales, María de los Angeles Sánchez, Jaime Cervantes R., Víctor Lugo, María de las Nieves García, María Elena Chapa, Berta A. Simental, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, José Manuel del Río V., José Antonio Calderón C., José R. Hernández, Francisco Patiño C., Antonio Magallanes, Arturo Escobar y Vega, David a. Sotelo R., Martí Batres G., Miguel Bortolini C., Tomás Torres, Alfredo Hernández, Auldarico Hernández, Delfino Garcés, Hortensia Aragón C., Rafael Servín M., Sergio Acosta, Miguel Barbosa, Juan Carlos Regis A., Víctor A. García Dávila, Rosa Delia Cota, José Narro Céspedes, Eric Villanueva, Genoveva Domínguez R., Adela del Carmen García, Miroslava García S., Bonifacio Castillo Cruz, Rodrigo Carrillo Pérez, Rosario Tapia, Rosalinda López Hernández, Ricardo Moreno Bastida, Rufino Rodríguez Cabrera, Magdalena Núñez M., Francisco Agundis Arias, Concepción Salazar González, María Teresa Campoy, Erika Spezia, Rubén Aguirre, Petra Santos U., Manuel Duarte Ramírez, Raquel Cortés López, Pedro M. Rosaldo S., Felix Salgado Macedonio, Martha Angélica Bernardino Rojas, Emilio Ulloa Pérez, E. Daniel Martínez, Rogaciano Morales R., Alejandro Gómez O., Gregorio Urías German, Luis Herrera Jiménez, Cuauhtémoc Montero Esquivel, Enrique Herrera, Jaime Martínez Bernmardo de la G., José Antonio Arévalo, Alfonso O. Elías, Arturo Hervis R., Juan Manuel Martínez Nava, Uuc-kib Espada A., Héctor Sánchez López, Ramón León Morales, Jesús Garibay García, Mario Cruz Andrade, Sergio R. Vara Betancourt, Alberto Anaya Gutiérrez, Gustavo Riojas, Jaime Vázquez, Everardo López Cruz, Norma Patricia Riojas S., Diego Cobo Terrazas, Víctor A. García D., Olga Patricia Chozas, José R. Escudero Barrera, Rafael Hernández E., Augusto Gómez Villanueva, Librado Treviño Gutiérrez, Efrén Leyva y Fernando Ortiz Arana.

Compañeras y compañeros diputados:

Me honra presentar esta propuesta con punto de acuerdo que en resumen busca que México tome la iniciativa para que la comunidad internacional acuerde medidas en contra de la especulación financiera internacional. El punto de acuerdo que estamos presentando, así como la carta de adhesión de diputados mexicanos a la campaña mundial a favor del impuesto TOBIN, ha sido suscrita por 85 diputados federales integrantes de todos los partidos políticos representados en esta Cámara.

Es conveniente señalar que 711 parlamentarios de 26 países, ha suscrito un llamamiento similar; se trata de un amplio arcoiris partidista y parlamentario, laboristas de Inglaterra, quevequenses y liberales del Canadá, petistas y socialdemócratas del Brasil, junto con los verdes de Europa y de otra naciones, entre muchos otros.

La Casa de los Comunes del Canadá y el Parlamento de Bélgica, han apoyado mociones favorables a esta causa, la que también ha sido apoyada por el Parlamento Latinoamericano y por la Reunión Internacional de Parlamentarios del Foro Social Mundial de Porto Alegre.

Por otro lado, los Primeros Ministros de Francia, la India y Finlandia, se han pronunciado a favor de los controles al capital especulativo y éste es uno de los temas centrales en las cumbres de la unidad europea hoy en día.

Con el abandono, en 1971, del sistema internacional de cambios, que había sido producto de los Acuerdos de Breton Wood, se inició formalmente la era del capitalismo financiero global no sólo quedaron atrás los tipos de cambio relativamente estables, las tasas fijas de interés y el orden monetario internacional, sino que también se puso en marcha un proceso de desregulación financiera mundial. La liberalización de los mercados de capital, abrió cauce a una frenética expansión y movilidad de una enorme masa de recursos financieros circulando a escala mundial.

Si en 1977 el movimiento diario de divisas era de unos 18 mil millones de dólares, hoy en día ese movimiento se estima en alrededor de uno y medio billones de dólares al día, uno y medio millones de millones de dólares al día. La mayor parte de estos flujos no corresponde al intercambio real de mercancías ni a las inversiones productivas que se realizan en el mundo en la industria, en el comercio, en la agricultura, sino a la búsqueda de beneficios financieros inmediatos mediante la especulación.

La economía real casi parece estancada ante el dinamismo de la economía financiera. La relación entre el movimiento mundial de divisas y el valor del comercio mundial que era de 3.5 a 1 en 1977, para 1995 fue de 64 a 1, según estudios de la CEPAL.

Lejos de las ventajas teóricas esgrimidas por sus defensores, la liberalización financiera se ha sucedido en una interminable lista de crisis. Un estudio del Fondo Monetario Internacional revela que entre 1980 y 1995, 36 países habían registrado una o más crisis sistémicas, entre ellos nuestro país y que 108 de los países miembros, es decir el 80% habían a travesado por uno o más períodos de notorios problemas bancarios.

Habrá que adicionar a esta estadística las crisis financieras posteriores a 1995 que afectaron al sudeste asiático, a Rusia, América Latina y África.

Las naciones se ven obligadas a tratar de atraer a los grandes capitales mediante cada vez mayores concesiones y garantías que van en detrimento de sus planes de desarrollo, afectando a millones de trabajadores y al medio ambiente.

Considerando lo anterior los diputados federales que hemos firmado la carta de adhesión a la campaña mundial a favor del impuesto TOBIN, misma que solicitamos se transcriba en su totalidad en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, consideramos que la libertad irrestricta de circulación de capitales se ha convertido en un factor de inestabilidad de la vida democrática de las naciones. Por esa razón es de capital importancia fijar mecanismos regulatorios; uno de ellos es el llamado impuesto TOBIN, que recibe su nombre del Premio Nobel de Economía, el norteamericano James Tobin, quien desde 1972 y luego en 1978, propuso una pequeña tasa a todas las transacciones financieras internacionales para desalentar la especulación y además procurar ingresos a la comunidad internacional, con sólo un 0.05% de gravamen a estas operaciones, se obtendrían entre 150 y 300 mil millones de dólares al año, recursos que podrían ser empleados para estabilizar los mercados monetarios para el desarrollo económico de las naciones; para financiar ayuda humanitaria a los países más pobres o para paliar las crisis nacionales e internacionales de las economías del mundo, así como para la atención de problemas ambientales de carácter global.

A nuestro juicio conviene que nuestro país tome la iniciativa para que junto con las naciones y parlamentos que se han manifestado en ese sentido, promueva entre la comunidad internacional la adopción de medidas de regulación de la especulación financiera. Ello resulta congruente además con los principios que en términos del artículo 89 fracción X de la Constitución, deben guiar la conducción de la política exterior mexicana particularmente aquellos que se refieren a la igualdad jurídica de los estados y la cooperación internacional para el desarrollo económico.

Una última reflexión: algunos defensores del libre cambismo a ultranza han calificado erróneamente a este tipo de propuestas como globalifóbicas. Nosotros pensamos que en realidad estas iniciativas buscan una globalidad distinta al gobierno del capital especulativo; una globalidad que asuma la soberanía de las naciones; la relación democrática entre los estados y el desarrollo de las sociedades. Para decirlo en palabras de la declaración de Porto Alegre del Foro Social Mundial: "Otro mundo es posible"

Considerando lo planteado en la carta de adhesión de diputados mexicanos a la campaña mundial a favor del impuesto TOBIN, formulamos el siguiente:

"PUNTO DE ACUERDO

"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, acuerda:

"PRIMERO: Manifestar su apoyo a la campaña mundial a favor del impuesto TOBIN.

"SEGUNDO: Solicitar al Poder Ejecutivo Federal que manifieste ante el :Consejo Económico y Social de la Organización de Naciones Unidas, ante los organismos financieros internacionales, la Organización Mundial del Comercio, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, entre otros, el apoyo de nuestro país para que se establezcan las medidas de cooperación multilateral que regulen y graven la especulación financiera internacional y

"TERCERO: Enviar a otros congresos del mundo una invitación para actuar juntos ante los gobiernos nacionales y los organismos financieros mundiales para que de manera coordinada se acuerde un mecanismo internacional para la aplicación del impuesto TOBIN y se exploren otras medidas para reformar el sistema financiero y monetario internacional.

Los diputados federales que firman esta propuesta, como ya mencioné, son un total de 85 diputados de todos los partidos aquí representados. Y solicitamos que se turne esta proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara para su estudio y dictamen.

Asimismo, solicito que la lista íntegra de los diputados firmantes sea publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores y obséquiese la solicitud del diputado en torno a la publicación íntegra de los firmantes y de la proposición.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos.

El C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: mientras un puñado de poderosos controlan la riqueza en el mundo, la gran mayoría de los seres humanos viven en la miseria y la penuria.

Mientras la tibieza de las políticas públicas no toquen los intereses de los ricos, los pobres seguirán siendo cada vez más pobres.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, consciente de su responsabilidad histórica y política de estar siempre al lado de los más necesitados de nuestra sociedad, apoya decididamente el punto de acuerdo para establecer en la legislación fiscal mexicana el impuesto Tobin.

Ello con el propósito de obtener recursos que sirvan para impulsar políticas económicas que beneficien a las clases populares y rompan de forma gradual con la pobreza en la que viven millones de mexicanos.

Nuestro compromiso será siempre con el pueblo, por eso estamos a favor de que se redistribuya la riqueza que hoy se encuentra concentrada en una minoría. Ese es el mayor reto que enfrentamos en el plano social.

Estamos convencidos de que la propuesta que planteó hace más de 20 años el economista norteamericano James Tobin en el sentido de cobrar un impuesto muy pequeño, menor a un punto porcentual, a las transacciones de divisas que se realizan en el mundo no atenta contra la propiedad del capital, sino simplemente se convierte en un acto de justicia fiscal para favorecer, con esos recursos, a los más necesitados mediante programas de fomento de desarrollo económico.

Debemos recordar que esta propuesta tomó fuerza en la década de los noventa del siglo pasado y ha sido debatida ampliamente en los círculos académicos y financieros del mundo, al grado de que hoy tenemos un importante núcleo promotor que ha logrado crear un destacado movimiento mundial que intenta aplicar este gravamen como parte de un gran acuerdo entre todos los países.

Compañeras y compañeros diputados: la especulación financiera se ha convertido en una plaga que pone en riesgo la estabilidad de las economías nacionales; inclusive los analistas académicos la han ubicado como la expresión más aguda en que se manifiestan las crisis sucesivas que se han visto en la economía mundial en los últimos años.

Ahí está el caso de México en 199495, la crisis del sureste de Asia de 1997 al 98, que son los ejemplos más recientes para ilustrar la volatilidad financiera que trae consigo la existencia de un mercado financiero de alcance global que no ha sido regulado a nivel de todas las economías.

En ese sentido la aplicación del impuesto Tobin se convierte en una poderosa muralla para frenar las manías especulativas que trae consigo de forma natural la borrachera de los negocios capitalistas fáciles.

Tenemos que tener claro que el impuesto Tobin plantea gravar las transacciones que gustan la mayor ganancia en el menor tiempo posible. Los operadores de estas inversiones privadas están siempre atentos al movimiento de los precios de las divisas, las tasas de interés y las variaciones de los precios en las acciones que se cotizan en las bolsas de valores para aprovechar las ventajas que se derivan de estos movimientos, que son la base sobre la cual especulan.

Entran y salen de los mercados financieros cuando así se requiere, sin importarles si causan daño al aparato productivo de los países donde realizan sus jugosos negocios.

Se ha estimado que el monto obtenido a nivel internacional de este impuesto sería en 350 mil y 300 mil millones de dólares al año. Para el caso de México se calcula que los ingresos obtenidos por ese impuesto oscilaría entre el orden de los 10 y 15 mil millones de dólares, debido a la enorme cantidad de movimientos en divisas que se realizan por el lavado de dinero y las inversiones especulativas de la Bolsa de Valores.

Los recursos que se obtendrían por la aplicación de este impuesto podrían tener múltiples usos, entre los que se encuentra el combate a la pobreza para hacer frente a las contingencias externas, entre otros.

Sin embargo, las bondades de este impuesto se observarían de forma inmediata en la recuperación de la capacidad de control sobre las operaciones financieras por parte del Estado, que se traduciría también en un medio eficaz para combatir el paraíso fiscal que se ha creado, desalentaría la fuga de capitales y el lavado de dinero, entre otras.

Compañeras y compañeros Diputados:

Quiero recordar al pleno de esta soberanía que en diversas ocasiones el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha planteado ante esta tribuna la exigencia de imponer un gravamen a las transacciones que se efectúan en los mercados cambiarios, desalentando con ello la especulación que se presente en los mismos, con una tasa equivalente al 0.3 por ciento para cada una de las transacciones; una modalidad del llamado Impuesto Tobin.

También hemos propuesto gravar a las operaciones derivadas de la compraventa de acciones y bonos en el mercado de valores de nuestro país, aplicando una tasa general del 2 por ciento para el mercado de dinero y del 7 por ciento para las ganancias obtenidas por compraventa de títulos y acciones de la Bolsa de Valores.

En este contexto, el Partido del Trabajo apoya decididamente el punto de acuerdo aquí planteado, bajo la modalidad que acuerde esta soberanía con el propósito de recaudar recursos fiscales que sirvan para alentar el desarrollo económico, el combate a la pobreza, así como para fortalecer la capacidad financiera del Estado mexicano.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado.

Para referirse a la misma proposición se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Antonio Calderón Cardoso, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (PAS): Gracias, ciudadana Presidenta.

Honorable Asamblea:

Subimos a esta tribuna para apoyar la propuesta de punto de acuerdo presentada, puesto que plantea una cuestión de suma importancia, incluso para un desarrollo sano de la economía misma.

Tal vez para algunos sectores gubernamentales de la iniciativa privada y de grupos de interés conservadores gravar los movimientos de capital, además de una herejía es un error, puesto que, seguramente argumentarán, se corre el riesgo de que los capitales especulativos o golondrinos se vayan con sus inversiones. Inclusive algunos economistas ortodoxos se rasgarán las vestiduras y dogmáticamente, además de la descalificación de que seamos objeto, pontificarán sobre lo costoso que sería para un país, en especial para un país como el nuestro, que los capitales, aunque sean especulativos, se vayan, repito, "con sus canicas a otro lado".

Y es que la verdad, señoras y señores legisladores, en este asunto están en juego algo más que cuestiones meramente financieras. En efecto, cada vez crece más y más el número de voces en el mundo que advierten sobre los efectos perniciosos de estos nuevos amos del mercado, que mueven con total libertad y sin ningún control de los gobiernos y los estados cantidades fabulosas de dinero y que a su antojo pueden causar la desestabilización económica de cualquier país.

Grupos cuya única lógica es la ganancia inmediata, sin importar genera riqueza. Grupos que al menor riesgo a sus inmorales ganancias se desplazan en el ciberespacio de las geofinanzas, buscando siempre mercados que les reditúen pingües beneficios. Grupos a los que no les interesa nada más que su propio provecho y es que como lo dijo Raymund Barret, no se puede dejar al mundo en las manos de un montón de irresponsables que sólo piensan en el dinero.

Es curioso, amigas y amigos legisladores, pero mientras más rico es el mundo se está volviendo menos igualitario. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que de las desventajas que acarrea la globalización, sobre todo en lo relativo a sus costos y beneficios distribuidos inequitativamente, el rostro más depredador es el de la globalización financiera, ya que inclusive, como lo aseguran algunos economistas refutados, la libertad de movimientos de capital genera crisis recurrentes en los estados, amén de cuantiosas fortunas ociosas a favor de un grupúsculo que medra con el trabajo y la producción de otros.

En Alianza Social esperamos que hoy que en nuestro país estamos en un debate para encontrar la forma más sana de financiar nuestro desarrollo, veamos la posibilidad de obtener recursos, no de nuestro pueblo pobre, sino de los grupos de especuladores, mediante la institución de un impuesto sobre los movimientos de capitales.

Por las razones anteriores, apoyamos el Punto de Acuerdo y esperamos también el respaldo de la mayoría de legisladores.

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.

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El siguiente punto del orden del día es la presentación que hará de una proposición el ciudadano diputado Juan Ignacio García Zalvidea, con Punto de Acuerdo en relación a la función 14 del Presupuesto.

Tiene la palabra hasta por diez minutos.

EL C. DIP. JUAN IGNACIO GARCIA ZALVIDEA: Buenas tardes. Con su permiso, señora Presidenta.

Del Partido Verde Ecologista de México traemos este Punto de Acuerdo, relativo a la función 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación.

"Ciudadano Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión:

"Los diputados que firman al calce, de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Punto de Acuerdo, de acuerdo a las siguientes

"CONSIDERACIONES

"Lograr un desarrollo sustentable a través de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales, es una de las prioridades planteadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

"Asimismo, en la plataforma Electoral de Alianza por el Cambio se planteó lograr a través de un marco institucional para el desarrollo sustentable, la adecuación de la estructura y actividades gubernamentales con un enfoque ecologista. Se prometió la integración de un Consejo Intersectorial, con el objeto de tener una política regulatoria transversal y coordinada. Así, el esfuerzo en defensa del medio ambiente no sería de una sola Secretaría sino de todas.

"En su comparecencia ante esta Soberanía, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nos dijo que su gran reto es dar solución al grave deterioro que sufren nuestros ecosistemas y el medio ambiente y lograr armonía entre el crecimiento económico y la naturaleza.

"Para enfrentar este reto nos dijo: El presidente Fox se ha comprometido plenamente con la agenda ambiental, formando un gobierno y presentando un proyecto de nación que retoma como principio fundamental el desarrollo sustentable en su más amplio sentido y significación como una política de Estado. Desde el 1º de diciembre del año 2000 –continúa el medio ambiente adquirió una nueva dimensión en la estructura y funcionamiento del gobierno federal, de ser un asunto sectorial restringido a la política social, pasó a ser un tema transversal, inserto en las agendas de trabajo de las tres comisiones del Poder Ejecutivo Federal que atienden prioridades nacionales.

"Sin embargo, para los legisladores del Partido Verde, esta nueva estructura no existe y prueba de ello era que ni siquiera se incluyó a un ambientalista en el Consejo de Administración de PEMEX, que es una de las empresas con mayor impacto en la ecología.

"Sin embargo, afortunadamente el día de ayer fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Gobernación de esta Honorable Cámara, la posibilidad de incluir a un representante del Estado para velar por los intereses relacionados con el medio ambiente dentro del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.

De esta manera se demuestra que el Congreso está trabajando por desarrollar una verdadera política ambiental transversal; el tema ambiental debe ser considerado como una de las prioridades nacionales y se hace necesario una coordinación gubernamental que en principio asegure a los mexicanos un gobierno limpio y preocupado por la salud ambiental.

El gasto es también una expresión real de la importancia que en la gestión gubernamental se otorga a estos temas por lo que es preocupante que del costo total por agotamiento y degradación ambiental sobrepase por mucho al gasto en medio ambiente que realiza el país.

Creemos que el gasto del sector público en materia ambiental debe ser un instrumento clave para orientar y fortalecer el mercado de bienes y servicios relacionado con asuntos de medio ambiente.

Durante el año 2000 la Función 14 Medio Ambiente y Recursos Naturales recibió solamente el 1.19% del gasto programable en clasificación funcional, siendo la SEMARNAP y PEMEX las únicas instituciones que destinaron recursos a esta Función por apenas 10 mil 405 millones de pesos.

Del Presupuesto total de la SEMARNAP solamente el 51.8% se destina a esta Función. Los recursos destinados al cuidado del medio ambiente y los recursos naturales se ven disminuidos por los sub ejercicios que recurrentemente se presentan; el año pasado PEMEX redujo los recursos en este rubro en 693.7 millones de pesos.

Aunado a lo anterior, está el hecho de que en México se ha catalogado en el Informe de Población 2001 de la Organización de las Naciones Unidas como un claro ejemplo de la forma en que el hombre ha destruído su equilibrio ecológico, señalando sus altos índices de urbanización, tala inmoderada en el sur del país sobre explotación de los mantos acuíferos y su falta de agua potable en los cinturones de pobreza de las ciudades.

No es posible que sólo en la ciudad de México se emitan 3.1 millones de toneladas de contaminantes cada año. Es fundamental que los representantes de los Gobiernos Federal , Estatal y Municipal así como el sector privado y la sociedad asuman una posición activa en la defensa del medio ambiente y en la preservación de los recursos para satisfacer las necesidades de futuras generaciones.

La responsabilidad es de todos y solo a través del esfuerzo común se logrará avanzar para hacer frente a la problemática ambiental. Es necesario que exista algún mecanismo eficaz de coordinación de la SEMARNAP con otras Secretarías para lograr implementar medidas que contribuyan a lograr las promesas de campaña y que realmente existan incentivos para que el Gobierno contribuya al mejoramiento del medio ambiente en su quehacer cotidiano y en la orientación de su presupuesto hacia el desarrollo sustentable.

Ha llegado el momento de que quienes tienen esa responsabilidad cumplan con su trabajo, y para ello es urgente tomar medidas al respecto. .El Partido Verde Ecologista de México ha querido presentar este Punto de Acuerdo para que a través de la Función 14 del Presupuesto de Egresos de la Federación el tema ambiental y de los recursos naturales sea realmente considerado por el Poder Ejecutivo como un asunto transversal y que se vea reflejado en los programas de trabajo de todas las instancias federales.

Por lo anteriormente expuesto con fundamento en el Artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México abajo firmantes, nos permitimos someter a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero. Sugerir al Ejecutivo Federal que para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 tenga a bien enviar a esta honorable Cámara se identifique en el mismo de forma específica la distribución del gasto en materia ambiental tradicionalmente ubicado en la Función 14

Segundo. Recomendar al Ejecutivo Federal que en las previsiones de gasto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 en todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se incluyan e identifiquen de manera clara las asignaciones destinadas en materia ambiental.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de esta honorable Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de noviembre del año 2001.

Firman este acuerdo el diputado José Antonio Arévalo González, diputada Esveida Bravo Martínez, diputada Ma. Teresa Campoy Ruy Sánchez, diputado Diego Cobos Terrazas, diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, diputado Arturo Escobar y Vega, diputado José Rodolfo Escudero Barrera, diputada Sara Guadalupe Figueroa Canedo, diputada Nicasia García Domínguez, diputado Alejandro Rafael García Sáenz Arena, diputado Juan Ignacio García Zalvidea, diputada María Cristina Moctezuma Lule, diputada Julieta Prieto Furken, diputado Concepción Salazar González, diputada Erika Elizabeth Spezia Maldonado.

E cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.

Túrnese a la Comisión.

EL C. DIPUTADO JUAN IGNACIO GARCIA ZALVIDEA: Señora Presidenta, si me permite un momento, el punto ese está puesto en la Gaceta Parlamentaria como de urgente y obvia resolución.

LA C. PRESIDENTA: Diputado, el punto que nos está planteando en el registro que nos planteó la Junta de Coordinación Política no está considerado de urgente y obvia resolución, pero yo no tengo ningún inconveniente para que si se procesó así por los grupos parlamentarios posteriormente pueda considerarse así, pero subrayo que no está considerado así en la Gaceta Parlamentaria.

En ese sentido, le ruego a la Secretaría, consulte si es de considerarse de urgente y obvia resolución el punto de referencia y le solicito atentamente al ciudadano diputado ocupe su curul.

EL C. SECRETARIO FODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el artículo 59 del Reglamento, en votación económica se pregunta a la asamblea si el punto se considera de urgente y obvia resolución.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa.

LA C. PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución.

En consecuencia, se abre el registro de oradores sobre el tema.

No habiendo oradores registrados, consulte la Secretaría si está suficientemente discutido.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el punto de acuerdo se considera suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación).

LA C. PRESIDENTA: suficientemente discutido.

En consecuencia, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese.

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Se ha recibido en esta mesa directiva comunicación de la Junta de Coordinación Política, ruego a la Secretaría dar lectura a la misma.

EL C. SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, insértese)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso d de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto envío el anteproyecto de Presupuesto anual de la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2002, a efecto de que sea presentado a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados en la sesión ordinaria a desarrollarse el día de hoy.

Lo anterior, para lo conducente.

Sin más por el momento, quedamos de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México D. F., a 8 de noviembre de 2001.— Firman los diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Presidente y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

LA PRESIDENTA: Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo propuesto por la Junta de Coordinación Política.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA PRESIDENTA: Aprobada la propuesta de presupuesto de la Cámara de Diputados para el ejercicio presupuestal del 2002.

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Continúe el orden del día, y para ello se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Cervantes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo por la paz, contra la guerra y el terrorismo y por la soberanía nacional.

El diputado Jaime Cervantes solicita que se posponga.

Informo a la asamblea que el diputado Jaime Larrazábal ha cedido su turno para la presentación del punto de acuerdo en relación al incumplimiento sobre el apoyo a la comercialización de granos a productores agrícolas en Sinaloa y a otras entidades federativas, por parte de SAGARPA. En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Burgos Pinto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL DIP. JESÚS BURGOS PINTO: Con su permiso diputada Presidente.

Ciudadanas y ciudadanos diputados:

Con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de diversos grupos parlamentarios ponemos a consideración de la honorable asamblea de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo, para resolver la grave problemática que enfrentan los productores agrícolas de los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua, ante el incumplimiento del Gobierno Federal de sus compromisos de apoyo a la comercialización de las cosechas de los ciclos agrícolas otoño invierno 2000-2001 y primavera verano del 2001.

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, sigue fallando estrepitosamente en el cumplimiento de sus compromisos con los productores agrícolas del país, en particular con los de las entidades federativas a que me he referido. El Gobierno Federal, desde el inicio de su gestión, planteó un Presupuesto de Egresos insuficiente, a pesar de ello se comprometió a obtener por ejemplo, un precio de mil 600 pesos por tonelada de maíz.

La realidad ha sido otra, ya que a partir de que esta Cámara modificó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2001, se incrementó la partida del Programa de Apoyos Para la Comercialización de Productos Agrícolas, de 3 mil 426 millones proyectados, a 4 mil 780 millones de pesos aprobados. Es decir, con un aumento de 37 por ciento respecto del proyecto presidencial. Sin embargo, el Gobierno Federal sólo logró mil 550 pesos por tonelada de maíz blanco, faltando así a los compromisos establecidos con los productores agrícolas y los gobiernos estatales con quienes suscribió sendos convenios.

Pero la práctica del incumplimiento sigue vigente. Hoy en día en el estado de Sinaloa sigue pendiente el pago de apoyos a la comercialización, a los productores por las cosechas de los ciclos otoño invierno y primavera verano, inmediatamente anteriores en los siguientes rubros: sorgo, 18 mil 200 toneladas; soya, 20 mil toneladas; maíz blanco 300 mil toneladas. Así, la suma de los apoyos pendientes de pago a los productores de Sinaloa por estos tres conceptos, es de 195 millones de pesos.

Por otro lado, a los productores de cártamo se les prometió el pago de mil 100 pesos de apoyo por tonelada y sólo se les ha cubierto 400 pesos.

Por lo que respecta al estado de Tamaulipas, el titular del SAGARPA, el 5 de mayo del presente año, acordó apoyar un programa de reconversión o de cambio de uso de suelo para evitar la sobreproducción de sorgo, con una aportación federal de 30 millones de pesos que a la fecha no se ha entregado.

En cuanto al programa de apoyo a la comercialización de los cultivos, del ciclo otoño-invierno 20002001, en el mismo estado de Tamaulipas, aunque hay un avance con pagos aproximados del 80% en los diferentes cultivos, queda pendiente todavía una cantidad de 29 millones de pesos con la amenaza latente de diferir dicho faltante para su pago, supuestamente con cargo al presupuesto del 2002.

Por lo que respecta al estado de Sonora, se encuentran pendientes los pagos de apoyos de 55 mil toneladas de trigo y un volumen muy importante de canola y algodón.

En el estado de Chihuahua tampoco se ha cumplido con el pago de los apoyos a los productores por las cosechas de maíz amarillo, maíz blanco, sorgo, algodón y cacahuate.

El incumplimiento permanente y constante de los compromisos asumidos por el Gobierno Federal, a través de SAGARPA, provoca en los productores agrícolas una gran inconformidad que se manifiesta con la toma de oficinas públicas tal como sucede actualmente en Sinaloa.

Pero más grave aún, es la insatisfacción de sus necesidades más apremiantes derivada por la falta de pago de estos apoyos que legítima y legalmente les corresponde, dándose además una situación por demás contradictoria y lesiva para los propios productores, pues mientras no se les cubre los apoyos, otra institución gubernamental, Barural, exige el pago de los créditos otorgados a los propios productores y niega la habilitación para el siguiente ciclo agrícola.

La persistencia del Gobierno Federal en la disertación de sus compromisos con la gente del campo provoca la intranquilidad del sector rural, y en consecuencia amenaza a la paz social y la tranquilidad y gobernabilidad de los estados.

La insensibilidad del Ejecutivo Federal y la falta de atención a las demandas de los productores, deviene en desesperación e irritación de los campesinos y puede desembocar en movilizaciones sociales de efectos lamentables.

Por lo anterior expuesto, proponemos el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Diputados solicita que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realice las transferencias presupuestales necesarias y ponga a disposición de la SAGARPA, los recursos financieros suficientes para que ésta dé cumplimiento inmediato a los compromisos establecidos con los productores agrícolas, pagando los apoyos a la comercialización de productos agrícolas correspondientes a los ciclos otoño invierno 20002001 y primavera verano del 2001.

Firman el presente documento, los diputados: Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Julián Luzanilla, del grupo parlamentario del PRI; diputada María del Rosario Oroz Ibarra, del grupo parlamentario del PRI; diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; diputado Gregorio Urías Germán, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputada Petra Santos Ortiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Diputado Roberto Zavala Echevarría del grupo parlamento del PRI. Diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa del grupo parlamentario del PRI.

Es cuanto diputada presidente.

LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA; Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, acude a esta tribuna para apoyar la proposición con Punto de Acuerdo, para resolver la grave problemática que enfrentan los productores agrícolas del estado de Sinaloa y de otras entidades del país, ante el incumplimiento del gobierno federal de sus compromisos de apoyo a la comercialización de las cosechas del período otoño-invierno 20002001 y primavera-verano 2001.

El análisis y evaluación del campo mexicano arroja resultados contundentes, que reflejan el enorme deterioro en que se encuentra un amplio porcentaje de la población mexicana desde hace varias décadas. Además brilla por su ausencia, una política agrícola, clara y contundente, que intente sacar del atraso a los campesinos de menores recursos, a más de un año de que el titular del Ejecutivo federal prometiera cambios importantes en la política económica, el campo mexicano continúa navegando a la deriva y sin objetivos claros que avizoren mejoras en el mediano y largo plazo.

Hasta el año en curso los apoyos financieros que se otorgan a los agricultores, siguen siendo totalmente ineficientes, para sacar a flote a los campesinos de mejores recursos, desde hace varios años el gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ha otorgado recursos financieros, apoyando principalmente a los productores de granos por las vías de los precios. Esta política ha sido sólo un paliativo que ha intentado cubrir la baja productividad del campo, por una parte y por otra, encubrir la apertura comercial que se hizo de los productos agropecuarios provenientes de otros países, los cuales subsiden, directa e indirectamente, a este sector productivo.

Sin embargo, y no obstante que dichos recursos siguen siendo insuficientes, durante el presente año no se ha cumplido con su entrega en los estados de Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y otros más. Esta política provoca que la situación de quiebra en la que se encuentra un amplio porcentaje de la población de este importante sector productivo, continúa agravándose, provocando además otros fenómenos demográficos y sociales, como la emigración de la población, el deterioro de las tierras de cultivo, entre otros, asociados con la pobreza y la marginación.

Este grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia, hace un enérgico pronunciamiento, en el sentido que las autoridades responsables, de la entrega de los apoyos a los campesinos de menores recursos, realicen su tarea con eficiencia y eficacia, además que para el próximo ejercicio presupuestal, coincidamos en proponer un monto más alto de recursos para este efecto, y que se amplíe también el universo de beneficiarios.

Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, se suman a la proposición con Punto de Acuerdo en comento, y solicita a esta H. Cámara de Diputados a que se haga un exhorto a las autoridades federales, concretamente a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a efecto de que se regularice la entrega de los apoyos financieros a los agricultores del país en las entidades mencionadas. Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.

Para referirse al mismo tema se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Petra Santos Ortiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por cinco minutos.

LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ: Con su permiso señora presidenta. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoya la proposición con Punto de Acuerdo presentada, asimismo desea hacer las siguientes consideraciones.

Cada vez es de mayor urgencia la reorientación de la política económica que hemos padecido desde 1982, la cual hasta hoy ha generado y profundizado la pobreza de la gran mayoría de la población mexicana, la cual además ha generado el desplazamiento y extinción de la planta productiva nacional y la pérdida acelerada de nuestra soberanía alimentaria.

En esta perspectiva, como en muchas otras situaciones, tampoco ha habido cambios sustanciales por parte del nuevo gobierno y como se presentan las tendencias, no se visualiza ninguna intención por actuar de manera diferente. Se ha constatado fehacientemente que las prioridades de la mayoría de la población mexicana, ubicadas en la satisfacción de las necesidades básicas no son las mismas que las que pretenden lograr nuestros gobernantes.

Se sigue actuando con urgencia y prestancia para salvar de sus errores y ambiciones a los detentadores del gran capital, léase banqueros y grandes empresarios para como contrapartida, accionar con lentitud y negligencia en el rescate de los damnificados de siempre. La situación actual ha llegado a tal punto que es ya insostenible seguir por el mismo rumbo y si este Congreso no hace un esfuerzo profundo para diseñar e instrumentar un esquema económico distinto, el descontento popular rebasaría a las instituciones.

En la problemática agropecuaria no hay ningún gobierno que se respete y respete a su población que no subsidie, proteja y fomente su producción y en comercialización ven a esta estrategia como básica en la defensa de su autosuficiencia alimentaria y su soberanía nacional; por el contrario, en México la constante en los últimos lustros ha sido la de restringir los recursos para el campo y orillar a la población rural hacia la desesperación.

El dogma neoliberal ha llevado a los extremos del sacrificio de los niveles de vida de la población y de la desesperación de las producciones rurales básicas, ofreciendo como contrapartida a los campesinos empleos miserables y nulas prestaciones en maquiladoras, etcétera. La receta ha sido la liberación económica y la contención de la satisfacción social, mientras que los países desarrollados impulsores de tal dogma protegen y reactivan sus mercados internos. Hay momentos en que no se sabe quién o desde dónde se gobierna este país.

En estas condiciones, de nada sirve que esta Cámara apruebe un Presupuesto de Egresos con contenido social, si desde el Ejecutivo se deja de gastar y se recorta lo autorizado, sacrificando siempre lo que para los neoliberales es permanentemente prescindible: el bienestar social.

De esta manera, nuevamente nos vemos en la obligación de venir a denunciar el incumplimiento del gobierno mexicano a través de su Secretario de SAGARPA, en donde los mexicanos están exigiendo que la situación de los granos básicos sea modificada lo más pronto posible su comercialización, ya que a pesar de que en esta Legislatura se incrementaron en 37% los recursos presupuestales destinados al Programa de Apoyo a la Comercialización de Productos Agrícolas, el gobierno ha empleado mil y una formas para no entregarlos.

El vía crucis de los productores, hemos constatado inclusive cómo se tergiversan los términos y definiciones legislativas, ya que con el mayor cinismo las autoridades gubernamentales nos recriminan que los diputados aprobamos la fecha en que se deberían de cubrir los apoyos, soslayando que lo que realmente se pretendía era que para esos plazos ya no se les adeudara nada a los productores .Cuando hemos cuestionado, se nos ha contestado que no hay dinero para la comercialización, porque parte de este mismo se empleó para el fondo del rescate de los ingenios.

Por esta razón, nosotros aprobamos y apoyamos que no es posible que en estos momentos se les diga a los productores del trigo que desde abril entregaron sus cosechas, que no hay dinero ya, que no se registraron en tiempo y forma para que se les pueda dar ese apoyo de comercialización.

Exigimos que esto se exija por esta Cámara que se les dé el apoyo a todos los productores del grano y del trigo. Por esta razón, nosotros consideramos que si esta Secretaría no tiene la capacidad para dar estos apoyos como se le mandató

por esta Cámara, seguimos insistiendo que debe de renunciar el Secretario de Agricultura y el apoyo de todos los productores de Sonora y de todo el país.

Muchas gracias.

PRESIDENTA: Gracias señora diputada.

Para referirse al mismo tema se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jesús Dueñas Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos.

DIP. JESUS DUEÑAS LLERENAS: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La situación por la que atraviesan los productores de granos en el país se ha tornado apremiante debido a la baja que han sufrido en el mercado internacional y los precios de estos productos.

También es cierto que los recursos otorgados por el Gobierno Federal, han venido incrementándose respecto del año anterior en un 43% en términos reales.

También cabe señalar que se han incrementado el número de productores susceptibles de este apoyo.

Y en cuanto a los apoyos de comercialización y desarrollo de mercados y en particular al maíz blanco, al maíz amarillo, al trigo, al sorgo y otros. Tan solo en el estado de Sinaloa, cuentan con el 31% del presupuesto total autorizado por esta Soberanía para el Programa de Apoyo a la Comercialización y Desarrollo de Mercados. Este 31% del total destinado a la República Mexicana, teniendo el mayor presupuesto a nivel nacional.

Dentro del ciclo de cosechas del 992000, en el Programa de Apoyo, se contemplaban únicamente tres productos: maíz, arroz, trigo, mientras que para el ciclo actual se amplió el programa a siete productos: algodón, trigo, cártamo, sorgo, arroz, maíz amarillo y maíz blanco.

Dentro del ciclo 992000 se produjeron y se apoyaron 1 millón 977 mil toneladas representando una erogación de 975 millones de pesos. Y para est ejercicio 6 millones 56 mil toneladas, que representará un apoyo de 1487 millones de pesos.

Cabe mencionar que los acuerdos llevados a cabo entre el Gobierno Federal y Estatal, se han cumplido lo presupuestado en un 100%. Y donde no se ha pagado, en Sinaloa, se debe a que hay irregularidades de documentación en los productores.

Los excedentes producidos en Sinaloa, están programados con un apoyo extra hasta 100 toneladas por productor y que no rebase la cantidad de 15 millones.

Quiero decirles a ustedes que esto es fuera del programa y fuera del presupuesto. Es todo señora presidenta.

PRESIDENTA: Gracias señor diputado:

DIP. PETRA SANTOS (desde la curul) ¿Puedo subir para hechos?

PRESIDENTA: Para hechos tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz y después de ella el diputado Jesús Burgos Pinto, para el mismo objeto

DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Efectivamente vemos dos méxicos: uno del que conocemos nosotros y que estamos constantemente con los agricultores padeciendo su problemática y que hasta ahorita no resuelven su situación.

No es cierto que en todas partes se tenga el 100% resuelto del apoyo de la comercialización y quienes no lo han hecho que se les pague su apoyo a la comercialización, es porque no han cumplido con los requisitos .

Siempre se dijo que éste era un gobierno de cambio y anteriormente protestábamos porque no se llegaba, como nosotros queríamos, los apoyos a la comercialización. Pero ahora fue peor, ahora no solamente dimos un paso hacia atrás; ahora se dio tan retroceso que al campesino triguero y los demás de los apoyos a la comercialización se pidió que primero se les liquidara, después se les llenara una sábana –que no, vuelvo a repetir, que no son las de Fox de los Pinos—sino una sábana grandísima, donde se les pedían miles de requisitos.

Y aquí es donde después se les decía, cuando llevaban todos los requisitos, que ya no era posible porque se había cerrado el 11 de junio. Señores, esto no puede ser y no puede seguir que al campesino, los trigueros, sorgo, maiceros, se les diga que no se les va a dar el apoyo de la comercialización, cuando ellos ahorita, en estos momentos todavía, pongo el ejemplo de San Luis Río Colorado: hay 135 productores trigueros que no les han entregado su apoyo a la comercialización, cuando entregaron ellos toda la documentación que se les pidió. Pero además ahora se les dice que ya no hay dinero –y fue y lo dijo Mayorga allá en Sonora—que el dinero se había mandado de fondo para rescate de los ingenios.

No se les dio el dinero para eso; se les dio para apoyo a la comercialización y ahorita se les está negando el crédito a estos agricultores porque no han liberado su cuenta en los bancos, sobre todo en el Banrural.

Quien va a responder por esta situación, cuando estamos viendo que la Secretaría Sagarpa está mandando un presupuesto menor ahora para el 2002. Peor les va a ir a las gentes del campo.

Con el hambre, señores, no hay tiempos. Con la situación de miseria que tienen los campesinos tampoco hay tiempos. Aquí lo que nosotros exigimos es que se les pague a todos los productores que se les mandató a la Secretaría por esta Cámara que se les diera el apoyo de comercialización.

Esto es lo que nosotros estamos exigiendo en estos momentos y sobre todo que cumplan lo que han ido a decir el Secretario de Agricultura y Mayorga de Aserca. Hemos denunciado la corrupción que ha habido en estas dependencias y hoy precisamente en la tarde me están citando para ratificar esta corrupción y lo voy a hacer porque es lo que ha golpeado mucho a los campesinos.

Un cheque que le quitaron a un campesino para que le llegara rápido su apoyo de comercialización fue de 4 mil pesos, y hay pruebas, y están ahí todas las evidencias.

Dónde está que se va a acabar con la corrupción si siguen en la misma, están igual. Yo diría que están más finos haciéndola pero no se ha acabado.

Aquí lo que tiene que decirse es la verdad y no venir a defender a quien no es defendible, como es el señor, cómo se le dice, el rey del ajo ¿no?, como es este señor. Y todavía tiene el cinismo el Secretario de Economía al decir que va a ir allá a la Organización Mundial de Comercio a decir que se quiten los subsidios, sobre todo en la agricultura, cuando el señor yo creo que debe de leer a los países que el tanto copia que los que más apoyan y defienden a los agricultores son esos países desarrollados, que ellos tanto admiran.

Y si tanto le gustan esos países, pues como se decía antes y lo hemos dicho: que se quede a trabajar en la economía allá, pero aquí exigimos para nuestros campesinos. Muchas gracias. (aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.

Tiene la palabra el Diputado Jesús Burgos Pinto, hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO JESUS BURGOS PINTO: Con su permiso, diputada presidenta. En primer lugar el aumento de recursos en el Programa de Apoyo a la Comercialización no fue propuesta ni decisión del Ejecutivo federal; fue decisión de esta Cámara, por unanimidad, y no solamente para incrementar los recursos, para ampliar la cobertura a más cultivos, y en esas condiciones, a más regiones y estados.

Pero además no se ha cumplido con el cien por ciento de lo convenido con Sinaloa. Aún más, Usabiaga fue y se comprometió en Sinaloa a lo que, por encima de lo convenido produjo mi estado, él iba a hacer las economías presupuestales necesarias para cubrir también esas cosechas

¡Ese es compromiso oficial! ¡Ese es compromiso de un Secretario de Estado que habrá de cumplir o rendir las cuentas que le corresponden!

Ahora bien, si Sinaloa se lleva el 31 por ciento de los recursos de este programa, también es preciso decir que aporta el 40 por ciento de la producción de maíz blanco. Y esto tiene algún mérito, esto tiene algún mérito en la globalización del mundo y su comercialización. Eso tiene algún mérito de que estamos, por supuesto, soportando la garantía del abasto interno de nuestro país.

No me extraña en consecuencia, ante lo que se ha dicho aquí, que el gobierno federal ya esté anunciando "de que nos va a enviar en su propuesta de Presupuesto en este programa de apoyo a la comercialización solo 2, 400 millones de pesos". ¡Más para atrás todavía!

Y, por último, ni Sinaloa, ni Sonora, ni Chihuahua, ni Tamaulipas, pretendemos apropiarnos del programa. Estamos trabajando de manera parlamentaria y respetuosa con el resto de las regiones representadas aquí por sus diputados, para que este programa apoye y contemple más cultivos, más regiones, como le corresponde a todos los campesinos que en este país producen no solamente para sus familias, no solamente para la viabilidad económica y social del campo. Muy importante, compañeras y compañeros diputados, muy importante: garantizar hasta donde sea posible nuestro abasto.

No se olviden que la gran excedencia de granos y subsidios de Estados Unidos es un garrote y una arma en la negociación de otros productos que también entrega nuestro país a otros Estados.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado César Duarte Jaquez, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo tema.

EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ (PRI): Con su permiso, señora Presidenta.

Quise abordar la tribuna porque nos sumamos al punto presentado por el diputado Burgos Pinto, en el sentido de que lo aprobado en esta Cámara, lo hecho por nosotros, aunque la campaña de desprestigio a esta tribuna, a esta Cámara, haya sido de que no hacemos nada, precisamente refleja en este señalamiento de que los estados del norte nos queremos apropiar de esos recursos. Pues de donde están apropiados de los recursos es en la Secretaría de Agricultura, es en la Secretaría de Hacienda, que de nada ha valido el trabajo que hicimos, con el esfuerzo que hicimos el fin de año, para aumentar el presupuesto y etiquetar programas generosos como éste para apoyar la comercialización de productos.

De nada ha servido porque los recursos no han llegado y únicamente pudimos ofrecerle a los productores esperanza, ofrecerles oportunidad de acceder a estos recursos pero los recursos no llegan. Y lo digo porque en Chihuahua no solamente el maíz o el algodón, como se señaló, para el fríjol no se han aterrizado recursos. Sin embargo, existen ahí en donde sí están acaparados.

Exigimos que esos recursos se apliquen y se apliquen ya. El problema del campo no es solamente de la intención o del trabajo que hayamos hecho nosotros, sino que requerimos de la voluntad política del gobierno para que esos recursos lleguen y lleguen oportunamente para la comercialización, que fue para lo que fueron aprobados.

Pero por otra parte y a la par requerimos que el gobierno de la República en este momento de cosecha de fríjol aplique, de manera inmediata, en las aduanas una inspección suficiente para que no entre el contrabando de manera que venga a pegarle a los productores al momento de la cosecha.

Tenemos que establecer políticas a la par en este sentido, pero si el trabajo que hicimos, insisto, el año pasado en aplicar recursos para comercialización nos lo niegan y no llegan, y son una serie de pretextos lo que se da únicamente a los productores.

Por otra parte tenemos o regaladas lo que deben pagar de impuestos los que importan granos a este país, del 1 al 3 por ciento lo vimos en el maíz, cuando bien nos va que paguen algo y todo el contrabando que entra documentado al país o simplemente que entra al país.

Es el momento en que la voluntad política del gobierno federal se sume a la voluntad política que ha expresado esta Soberanía desde el ejercicio del año pasado. Y exigimos que antes de que concluya el año, porque sería absurdo mantenernos callados ante esta indiferencia de la aplicación de estos recursos, sean entregados de inmediato y a la vez se cierren las fronteras, porque pongo el ejemplo de la cebolla. Cuando acudimos a la aduana de Juárez y apretamos a la Secretaría de Hacienda en inspección de la cebolla, automáticamente la cebolla vale el doble para los productores mexicanos y pudieron sacar sus cosechas. Es el mismo caso del fríjol y es el mismo caso de todos los demás productos.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVARZ BERNAL: Gracias señor diputado.

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Tiene la palabra la diputada Silvia López Escoffié, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar a nombre de diputados y diputadas de los grupos parlamentarios, una proposición con Punto de Acuerdo sobre las mujeres asesinadas en el estado de Chihuahua.

LA C. DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeros diputados; compañeras diputadas: "Los suscritos abajo firmantes, diputados de todos los grupos parlamentarios representados en esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, ambos del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de este honorable recinto, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, para crear una Comisión Especial que conozca y dé seguimiento puntual sobre las investigaciones de los asesinatos de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos a partir de 1993 al tenor de las siguientes

"CONSIDERACIONES

"Hace apenas unas cuantas horas nos hemos enterado el más reciente hallazgo de ocho cuerpos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, las cuales presumiblemente fueron violadas y asesinadas en distintas fechas, de acuerdo con la información de los medios de comunicación. Estos hechos nos preocupan y nos consternan, puesto que se inscribe dentro de una larga serie de ominosos asesinatos que han tenido lugar desde 1993 en esta ciudad fronteriza.

"De acuerdo con una investigación realizada hace un par de años, la historia de los crímenes perpetrados en contra de mujeres en Ciudad Juárez, resulta más atroz por la vulnerabilidad y el número de sus víctimas. A la fecha se cuentan alrededor de 240 casos de mujeres que se reportan como desaparecidas y existen distintas versiones y listas de mujeres que fueron asesinadas por distintas causas durante este periodo.

"Nos parece que más allá de las posiciones de partido, es necesario reflexionar sobre este grave asunto, pues de acuerdo con estas cifras representa un abierto e impune fenómeno de violencia contra las mujeres.

"Los reportes oficiales indican que hasta el momento han sido detenidos integrantes de dos bandas de delincuentes, los rebeldes y los ruteros, y el egipcio Abdel Atib Sharif Sharif, éste último sujeto supuestamente les pagaba a integrantes de las dos bandas para que atacaran a mujeres jóvenes, las violaran y las asesinaran. El ambiente se ha rodeado y se ha caldeado en estos casos y la calidad de las investigaciones que se han realizado dejan mucho qué desear, pues hasta el momento el culpable o los culpables de buena parte de los asesinatos, no han sido capturados.

"A los individuos que se encuentran en la cárcel y sujetos a proceso penal, no se les ha podido comprobar efectivamente su participación en dichos asesinatos e incluso algunos de ellos han obtenido su libertad.

"El sospechoso y ya sentenciado Abdel Nasif Shariff tiene una condena por 30 años por el asesinato de una sola mujer Elizabeth Castro de la que se encontró su cuerpo en Agosto de 1995.

En el cúmulo de investigaciones que se han realizado no se ha podido demostrar fehacientemente la participación de asesinos seriales o bandas organizadas lo cual muestra que nos encontramos ante un conjunto de hechos sobre los cuales las instituciones policiacas y de justicia han mostrado graves limitaciones. Estos crímenes han suscitado la abstención internacional, la movilización de familiares de las víctimas, la condena de organizaciones de derechos humanos e incluso de instituciones internacionales de justicia.

No obstante lo anterior, las investigaciones y sus resultados parecen confirmar la situación de impunidad y violencia, el hallazgo de los tres cuerpos de mujeres asesinadas encontradas el martes pasado y cinco más encontrados el día de ayer parecen confirmarlo pues muestran que quienes o quienes están cometiendo estos aberrantes crímenes andan sueltos.

En 1998 estos casos suscitaron la atención de Robert Ritler (¿) el más famoso de los Agentes del FBI quien fue llamado por las autoridades de Chihuahua con el propósito de que su experiencia permitiera el esclarecimiento de estos crímenes, este investigador señaló en aquel momento que estos casos no se podrían resolver sin el apoyo de las comunidades pero también dijo que no descartaba la presencia de un asesino serial que aprovecha la circunstancia de la frontera para actuar con toda impunidad del lado mexicano, que su experiencia al visitar los lugares donde fueron abandonadas las víctimas eran muy solitarios y previno sobre las condiciones de inseguridad de las obreras, de las maquiladoras, quienes de madrugada se ven en la necesidad de caminar por zonas sumamente peligrosas.

Otros investigadores han igualmente externado sus puntos de vista sobre estos casos, pero sus opiniones no son concluyentes y apuntan sobre la posibilidad de que exista uno o varios asesinos, bandas o grupos seriales que posiblemente trafiquen con órganos de las víctimas, realicen películas o videos snob que utilicen a sus víctimas dentro de la industria de la pornografía y la prostitución.

Lo cierto, señoras y señores Diputados es que estos asesinatos y desapariciones se han dado en un clima de violencia social que pone como uno de los principales objetivos a las mujeres jóvenes muchas de ellas migrantes que trabajan en las maquiladoras.

No se puede negar que estos hechos son prueba de la barbarie perpetrada contra la vida humana particularmente de las mujeres. Estos acontecimientos dañan y ponen en peligro bienes y valores de mayor importancia para la comunidad social.

Entre esas herramientas, porque hay que buscar un orden jurídico vigente en esta comunidad, están la debida y adecuada procuración de justicia mediante la integración de indagatorias respectivas que conduzcan a encontrar y sancionar a los responsables de estos delitos porque la seguridad y la tranquilidad social constituyen el más firme escudo para los ciudadanos y para la democracia, lo cual no ser permeará en el estado de Chihuahua si tales hechos violentos quedaran impunes o que las investigaciones ministeriales no precisaran los rostros y nombres de los responsables y estar conforme con la identidad de las víctimas asesinadas nada más lamentable para un estado de derecho.

Es entonces cuando el Estado y nosotros como parte de él nos encontramos con la impostergable obligación de proteger como función primaria esencial e indispensable la vida de cada uno de los integrantes de la población, es de elemental humanidad y más aún en nuestra calidad de representantes sociales levantar la voz y hacer todo lo que esté de nuestra parte para que se esclarezcan los homicidios perpetrados en Ciudad Juárez pero sobre todo para impedir que se sigan cometiendo.

Por las consideraciones antes expuestas, proponemos el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero. Que se constituya una Comisión Especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de las mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta el día de hoy.

Segundo. Dicha Comisión Especial para el cumplimiento de su objetivo podrá allegarse de la información que considere pertinente, así como reunirse cuando lo considere necesario, con autoridades federales, estatales y municipales responsables de la investigación de estos ilícitos, particularmente con el fiscal especial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, además dicha comisión también podrá tener reuniones con organizaciones civiles de protección, difusión, respeto, reconocimiento y garantía de los derechos humanos, cuya atención esté enfocada a los homicidios de mujeres en Chihuahua y en general cualquier otra acción para el cumplimiento de su objetivo.

Tercero. Dicha comisión deberá quedar integrada de manera tal que en ella se representen la pluralidad de partidos políticos que impera en esta Honorable Cámara de Diputados.

Cuarto. Que los primeros resultados y conclusiones a los que llegue dicha comisión sean presentados ante el pleno de esta Cámara a más tardar el día 15 de diciembre del año en curso y de mantener periódicamente informado al pleno o a la Comisión Permanente, según el caso.

En virtud de la importancia que tiene es te caso y dada la continuidad de estos trágicos homicidios, solicitamos que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se solicita que se considere de urgente y obvia resolución y que se le dé el trámite legislativo respectivo.

Firmamos atentamente, diputada Rocío García Gaytán, del PAN; Alejandro Zapata Perogordo, del PAN; diputada Silvia Álvarez Bruneliere, del PAN; Laura Pavón Jaramillo, del PRI; Hortensia Aragón Castillo, del PRD; Bernardo de la Garza, del Verde Ecologista; Beatriz Lorenzo Juárez, del PAN; Celita Alamilla, del PAN; José Narro, del PT; Tomás Torres Mercado, del PRD; Félix Castellanos Hernández, del PT; Jaime Cervantes Rivera, del PT; Norma Patricia Riojas Santana, del PSN; Berta Alicia Simental, del PSN; David Rodríguez Torres, del PAN; Martí Batres, del PRD; Concepción González Molina, del PRI; María Elena Chapa, del PRI; Nelly Campos Quiroz, del PAN; Pedro Pablo Zepeda Sierra, del PAN; Olga Haydee Flores, del PRI; Silvia Romero Suárez, del PRI; Griselda Ramírez, del PAN; Alba Neolida Méndez Herrera, del PAN; Martha Patricia Martínez Macías, del PAN; Rafael Barrera, del PRI; Gustavo Buenrostro, del PAN; José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Rosario Tapia, del PRD; Juan Carlos Regis, del PT; Benjamín Murillo, del PAN y diputada María de los Ángeles Nieves García, del PRI; y es la que suscribe. Por lo que entrego estas firmas para que se les dé el curso.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias, diputada.

Consulte la secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución.

Se han inscrito para abordar el mismo tema, la diputada Hortensia Aragón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y ha solicitado la palabra para hechos la diputada Berta Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

LA DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Gracias diputada Presidenta, diputados y diputadas de esta Honorable Cámara:

Muchas son las especulaciones, muchas, pero los homicidios continúan. Son mujeres, son humildes, son jóvenes, son niñas, son migrantes, son más de 40 y están solas. Mueren violadas, mutiladas, torturadas, decapitadas, estranguladas siguen solas.

Son cadáveres reciclables, en esta frontera todo es reciclable. Hoy es una, mañana será otra y así, así se alimenta la cultura de la impunidad en la frontera donde todo se vale.

En la prensa local y nacional se consignan más de 240 asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, de 1993 a la fecha. Las madres y familiares de estas víctimas registran en su memoria el dolor y la frustración por la ausencia del castigo correspondiente a los responsables, por la ausencia de responsables.

La sociedad juarence y la ciudadanía toda del país ha manifestado en incontables foros, espacios y momentos su indignación ante tanto omisión, ante tanta pasividad, ante tanta indolencia, ante tanta impunidad. Esta impunidad ha sido y sigue siendo el escudo que ha protegido a los delincuentes autores de los homicidios, de las violaciones tumultuarias, de las violaciones tumultuarias repito, y de la tortura, porque así mueren y siguen muriendo estas mujeres.

Ya se ha hecho uso de esta tribuna por ésta y otras legislaturas anteriores. Viejas y nuevas han sido las demandas de justicia al respecto, viejos y nuevos son los cadáveres. Entre el día de ayer y hoy se agregan a esta macabra lista ocho víctimas más, localizadas en un céntrico terreno baldío de la ciudad, a un costado de un fraccionamiento.

Las primeras premisas hablan de la posibilidad de cementerios clandestinos. ¿Cuántos son?, quién sabe. Nuestro papel como legisladores no se limita a enardecernos y cerrar los puños impotente y calladamente, nuestra misión no es sólo visitar a los deudos de las víctimas y llorar con ellos su dolor; nuestra tarea no es contar cadáveres, nuestra responsabilidad va más allá.

Esta H. Cámara de Diputados no puede permanecer al margen de estos terribles asesinatos, no podemos excluirnos de la responsabilidad irrenunciable que los tres poderes de gobierno tienen de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de todos aquellos y aquellas a quienes decimos que representamos.

La esperanza de brindar seguridad a miles y miles de mujeres trabajadoras está en nuestras manos. La esperanza de justicia de cientos y cientos de madres de familia que no han escuchado la voz de sus autoridades en las respuestas que han estado solicitando sobre los homicidios de sus hijas, es nuestra responsabilidad también.

Por todo ello el PRD apoya el punto de acuerdo que avala la creación de una Comisión Especial de esta Cámara de Diputados para conocer y dar seguimiento a las investigaciones hasta llegar a fondo tope donde tope, pero en verdad, tope donde tope. Y exhortamos a que la Comisión que ya ha sido votada para su creación, pida de inmediato que este asunto se atraiga a la Procuraduría General de Justicia.

Saludamos sinceramente la sensibilidad y disposición de los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional para sumarse a esta vieja demanda de justicia. Agradecemos la activa solidaridad de los diputados y diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias que integran esta LVIII Legislatura par resolver positivamente sobre este asunto. Hacemos votos para que esta Comisión Especial contribuya activamente y con responsabilidad en el esclarecimiento de estos asesinatos.

El día de ayer Claudio X habló a nombre de los empresarios y pidió mayor seguridad para ellos. El día de hoy, desde esta tribuna, nosotros nos solidarizamos para que también haya mayor seguridad para ellas. No a la impunidad.

Invitamos a que nos sumemos a esa campaña que ya desde hace muchos años la mujeres y organismos ciudadanos de Ciudad Juárez han venido promoviendo para parar la lista. ¡Ni una víctima más!, ni una más, compañeros. (aplausos)

LA PRESIDENTA: Gracias diputada. Tiene la palabra la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

LA DIP. HORTENSIA ENRIQUEZ ORTEGA: Con su permiso, señora Presidenta.

Inicio mi participación recordando las palabras de la madre de una de las víctimas de Ciudad Juárez, que textualmente y con lágrimas en los ojos me decía: "Yo sé que a mi hija de 17 años nadie le va a devolver la vida, pero ojalá y este sufrimiento sirva para que las mujeres jamás volvamos a padecer ninguna agresión y mucho menos como la que sufrió mi hija".

Y a siete años de estos hechos se siguen cometiendo estos horribles crímenes. No obstante que en múltiples ocasiones las mujeres y los varones chihuahuenses, incluso a nivel nacional, hemos expresado en muy diversos foros nuestra más enérgica condena a estos asesinatos y de que han sido víctimas más de 200 mujeres juarenses. Como se sabe este problema de ninguna manera es reciente, pues los hechos se han venido suscitando durante los últimos siete años.

Salta a la vista que, desafortunadamente, existe en nuestro país y en el estado de Chihuahua, una subcultura de la violencia en contra de las mujeres. Una patología social de compleja raigambre, que seguramente tiene que ver con fallas muy profundas en el proceso de educación informal y formal de nuestra población, y que se traduce en actitudes autoritarias, machistas y destructivas, cuando éstas se llevan al extremo, como es el caso que nos ocupa.

Tenemos que reconocer que el esfuerzo de las autoridades competentes, para esclarecer estos crímenes, no ha dado los resultados que todos esperamos, y que se requiere un trabajo de investigación más profunda, más técnico y científico, más concienzudo, a fin de cerrar esta ola de delitos en contra de las mujeres.

Estamos frente a un reto muy grande, ya que todo hace suponer que se trata de criminales que actúan organizadamente y de manera deliberada, fría y bestial, movidos por oscuros instintos y por los anales de la criminalidad en nuestro país y estados.

Necesitamos saber cuáles son esos móviles, qué circunstancias propician su desenvolvimiento, qué finalidades se persiguen, si se trata de sicópatas y cómo es su organización u organizaciones, si actúan consensuadamente o cada quien por su cuenta.

Lo cierto es que el problema demanda el mayor esfuerzo de las autoridades competentes de la federación, estados y municipios, en este caso, Ciudad Juárez, aunado a una acción eficaz de esta Legislatura, pues las diputadas y diputados, no podemos permanecer ajenos ante tanta vileza y maldad. Y es nuestra obligación, promover dentro de nuestra competencia, que las leyes se apliquen y se cumplan con eficiencia.

Por eso, las diputadas y los diputados, del Partido Revolucionario Institucional, estimamos como un acierto muy grande el Punto de Acuerdo plural, en virtud del cual se propone la integración de una Comisión Especial Investigadora de esta H. Cámara de Diputados, que coadyuve con las autoridades competentes a la investigación y dé seguimiento para esclarecer estos terribles crímenes.

Sumo mi voluntad a la de mi fracción parlamentaria para tal propósito. Como mujer, como diputada, como chihuahuense, para que la propuesta a que se hace mérito, se traduzca en hechos a la brevedad posible.

Es cuanto señora presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada.

Para hechos tiene el uso de la palabra la diputada Bertha Alicia Simental García del Partido de la Sociedad Nacionalista.

LA C. DIPUTADA BERTHA ALICIA SIMENTAL GARCIA: Con el permiso de la presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. Con coraje e indignación, hago uso de esta H. Tribuna para unirme a la sociedad chihuahense, a las mujeres chihuahenses, en su clamor de justicia y seguridad.

Nuestra Carta Magna en su artículo 21, párrafo quinto, señala: "La seguridad pública es una función a cargo de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en las respectivas competencias que esta Constitución señala". Sin embargo,. Este precepto es inexistente para las mujeres de Ciudad Juárez, Chih. ¿Por qué digo esto? Porque desde hace ocho años a la fecha, más de 230 mujeres de entre 15 y 22 años de edad, han sido violadas, mutiladas y asesinadas, localizadas mucho tiempo después de su muerte en zonas desérticas y apartadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Durante todos estos años, un gran número de agrupaciones y de grupos de féminas, han solicitado se actúe enérgicamente al respecto y para tal efecto se dio origen en 1996 a la Fiscalía Especial de la Investigación de Homicidios de Mujeres sin que se hayan presentado avances en los trabajos de investigación.

Se han generado espacios de tiempo entre los asesinatos y es así que desde el pasado 13 de junio no se registraba en esta frontera un caso de asesinato de tipo sexual de mujeres en Juárez, lo cual no representa que durante estos períodos no se hubieran generado más homicidios, dado que lamentablemente fueron localizados el martes pasado los cadáveres de tres mujeres más asesinadas y cinco más el día de ayer, por lo que se elevaron a ocho los cadáveres femeninos hallados en las últimas horas, algunos ya en estado de descomposición.

La Procuraduría de Justicia de Chihuahua no ha podido determinar líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los crímenes de mujeres registrados en esta frontera y tampoco ha podido establecer acciones de protección efectivas para las obreras de las maquiladoras, principales víctimas de esta mafia criminal.

Es una pena que dicha dependencia, en un escrito indicara que en este esfuerzo de prevención e investigación, participan elementos de la Dirección General de Seguridad Pública, la Policía Federal Preventiva, la Procuraduría General de la República y el Ejército Mexicano y sin embargo a la fecha no tengan resultados concretos.

Yo me pregunto ¿cuántas instituciones se requieren para poner fin a esta cadena de homicidios?, ¿cuántos años necesitan nuestros investigadores para conectar la fecha de desaparición de una joven con personas que en esa misma fecha cruzaron esta frontera?, ¿no pueden colaborar las autoridades migratorias estadounidenses para resolver estos arteros crímenes sólo porque no tipifican en narcotráfico o terrorismo?, ¿cuántas jóvenes más deberán ser asesinadas para poder encontrar alguna pista que nos lleve a esta organización criminal?, ¿alguien se ha puesto a pensar por qué Chihuahua, por qué Juárez?, ¿qué hay en el otro lado de esa frontera? También cuestiono ¿cuándo se va a ofrecer seguridad efectiva a las jóvenes y a sus familias en Chihuahua?, ¿qué se lo impide a nuestras autoridades?

Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista la justicia, la seguridad, el respeto a los derechos humanos de todos los nacionales son principios rectores que no se deben perder.

Nuestro posicionamiento a este punto de acuerdo es un no, un no rotundo a permitir que se sigan ultrajando y privando de la vida a las jóvenes chihuahuenses y como legisladores, apoyamos y apoyaremos activamente toda acción que coadyuve a finiquitar este estado de indefensión en el que se encuentran estas mujeres mexicanas.

Porque estamos aquí para defender los verdaderos intereses nacionales de vida, de justicia, de seguridad para todos los mexicanos y las mexicanas, porque ellos y ellas son la base de nuestra Patria y "La Patria es Primero"

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, diputada.

Sí, ciudadano diputado, para hechos el ciudadano diputado David Rodríguez, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO DAVID RODRÍGUEZ TORRES. Con su permiso, diputada Presidenta.

Amigos diputados:

En este caso, el resultado de los hechos que acaban de exponer algunas compañeras diputadas, se presenta debido a que el atractivo de las ciudades ha sido siempre el de ofrecer oportunidades y esperanza de una vida mejor; sin embargo muy a menudo como es el caso, las cosas no resultan así debido a que una gran parte de la población vive en barrios marginados y sobrepoblados, principalmente en lugares como Ciudad Juárez, donde el índice de crecimiento poblacional es superior a la media nacional. Y por otra parte, miles de entre toda esa población, vulnerable son mujeres. La mayoría de estas personas llevan una vida insegura y tienen y han tenido poca injerencia en las decisiones que afectan sustancialmente su vida.

El rostro del Estado de Chihuahua y principalmente mi ciudad, Juárez, no ha mejorado, al contrario, la impunidad en todo tipo de delitos y la creciente inseguridad en la que se vive han hecho que casi en todo el Estado de Chihuahua y principalmente en esa frontera, se respire un clima de terror.

De los delitos cometidos y que implican conducta violenta, encontramos entre otros violación contra mujeres por desconocido o por desconocidos y el homicidio en diversas formas y en distintos lugares de esa ciudad, sin que las autoridades responsables de investigar este tipo de delitos, garanticen o representen alguna esperanza de justicia para los familiares de las víctimas.

Perciben los ciudadanos chihuahuenses que la labor de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua es ineficiente. Esto ha provocado que los incentivos, que los incentivos para los asesinos y delincuentes aumenten debido a que las posibilidades de que sean detenidos para ser llevados a un proceso penal y que sean encontrados culpables, son casi nulas.

Hace poquito más de un año, un año un mes aproximadamente, fue asesinada la hermana de una concuña de su servidor, fue encontrada en situaciones bastante desagradables que no considero conveniente darlas a conocer en esta tribuna. Pero sí debo decirles que uno de los agentes asignados a la ornamenta Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres, me decía que presionara más arriba porque ahí no había ningún elemento científico, ningún equipo, ningún apoyo técnico y jurídicamente suficiente y capaz para dar con los presuntos responsables. Y esto me lo dijo un agente de esa ornamental Fiscalía Especial de Delitos contra Mujeres.

Ojalá y de veras la participación de esta Cámara de Diputados lleve el propósito de contribuir para esclarecer estos aberrantes homicidios.

Por lo que a su servidor respecta, rechacé en su momento, cuando había otra administración estatal al frente del Estado de Chihuahua, que fuera utilizado el sufrimiento y el dolor de las víctimas para utilizarlos como bandera política o electorera. Ojalá y no sea el caso. Ojalá y me acepten para sumarme a esa comisión especial. Muchas gracias.

PRESIDENTA: Para hecho solicitó el uso de la palabra el diputado Jorge Esteban Sandoval, del grupo parlamentario del PRI.

DIP. JORGE ESTEBAN SANDOVAL: Con su permiso compañera presidenta; señoras y señores diputados:

Quiero en primer término expresar nuestro apoyo, nuestro respaldo y nuestra solidaridad, al Punto de Acuerdo que aquí con gran sensibilidad se presentó, para que se profundice en las investigaciones de los asesinatos, de los crímenes que se han cometido en Ciudad Juárez.

Somos solidarios y creo que esta Cámara está cumpliendo puntualmente con su responsabilidad de llamar la atención para que estos arteros crímenes sean esclarecidos y que no se continúen cometiendo.

Pero yo repruebo que vengamos a esta tribuna a politizar un asunto tan grave, tan sentido, que tanto lastima no nada más a la sociedad juarense, a la sociedad chihuahuense y a la sociedad mexicana en general.

Aquí se han hecho planteamientos muy serios, muy profundos, muy contundentes y que rebelan una gran preocupación de lo que acontece en Juárez. Pero creo que no es momento de buscar culpables ni decir que la Procuraduría del Estado es ineficaz en la persecución de los delitos y en las investigaciones.

No acepto que hoy se acuse a la actual Procuraduría de las fallas y las irregularidades en la investigación y en el castigo a los culpables. Ya hay culpables. Pero quiero decirle al diputado Rodríguez que la mayor parte de los crímenes, 200 crímenes, se cometieron durante un gobierno emanado del Partido Acción Nacional. Todos los crímenes se cometieron con gobiernos municipales emanados de Acción Nacional.

Entonces yo creo –y lo hago porque creo que aquí se está acusando impune e irreflexivamente e irresponsablemente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua. Creo que éste es un momento para el análisis, para la reflexión, para que todos seamos solidarios con un problema que nos lastima profundamente.

No podemos lucrar con el dolor, la sangre y las lágrimas de tantas familias juarenses. Seamos reflexivos, seamos prudentes, seamos responsables en un tema de tanta importancia. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Para alusiones ha solicitado el uso de la palabra el diputado David Rodríguez.

EL C. DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ: Gracias, diputada Presidenta. Respecto a los comentarios del compañero que me acaba de anteceder, es importante dar a conocer lo siguiente.

Sobre los homicidios cometidos en contra de mujeres en la administración representada por Francisco Barrio en efecto, señor diputado, fueron, de acuerdo a las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, 81 mujeres asesinadas. Según las organizaciones no gubernamentales, fueron 99, de las cuales fueron identificadas 22 y de mujeres no identificadas fueron 18. De los casos consignados, de esos 81, fueron 41, con una efectividad de un 50%.

Asimismo, me permito mostrarles el informe del tercer año de gobierno de Patricio Martínez, que el día de ayer nos llegó a nuestra oficina, y en el área de justicia nos dice lo siguiente: "De octubre del 97 a septiembre del 98, el último año de gobierno de Francisco Barrio, hubo 378 delitos de abuso sexual".

A la fecha señor diputado Sandoval, la misma Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua nos dice que tuvieron, en este último año 522 delitos del mismo tipo y fueron en aumento, de 412 a 457 hasta llegar a 522, cuando que entonces había 378.

El mismo informe de gobierno de Patricio Martínez nos dice que los delitos de violaciones se incrementaron en un 23%. Reconocemos y aceptamos que los delitos difícilmente un nivel de gobierno va a evitarlos o va a esclarecerlos en un 100%.

Pero aquí es conveniente señalarle también que el informe de Patricio Martines nos dice que en los últimos tres años de su gobierno hubo 63 víctimas de homicidios de mujeres, nada más en el Municipio de Ciudad Juárez. Aquí lógicamente no están contados los del mes de agosto, septiembre, octubre y los últimos 8 que se encontraron entre ayer y antier. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Solicitó la palabra, para hechos, la diputada Flora Añorve.

EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (PRD. Desde su curul y sin micrófono): ¡Moción!

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Diputado Tomás Torres: ¿Quiere usted hacer una moción o me pidió la palabra para hechos?, disculpe.

EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (PRD. Desde su curul y sin micrófono): Para hacer una moción.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI):

Para Hacer una moción el diputado Tomás Torres. Por favor, sonido en su curul.

EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (PRD. Desde su curul): Gracias, ciudadana Presidenta.

Solamente para rogarle, en su carácter de Presidenta de la Asamblea, hacer un llamado a quienes en las dos últimas participaciones se han separado del tema central del punto de acuerdo. (Aplausos) Para no desnaturalizarlo, para no desvirtuar su supremo sentido y acuerdo que ha revelado ya esta asamblea.

Ciudadana Presidenta, muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Esta Presidencia considera pertinente el comentario del diputado Tomás Torres y ruega a los distinguidos miembros de la asamblea concentrar sus comentarios sobre el tema central que nos ocupa.

Tiene la palabra la diputada Flora Añorve, hasta por cinco minutos, para hechos.

LA C. DIPUTADA FLORA AÑORVE OCAMPO (PRI): Muchas gracias, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Diputados:

Yo creo que el tema que hoy nos atañe es fundamental para todas nosotras, diputadas y diputados de esta LVIII Legislatura.

Yo coincido con el diputado Tomás que este no es el momento de politizar un asunto que no debe ser tratado así. Nos ha costado mucho a todas las diputadas de las diferentes fracciones parlamentarias ponernos de acuerdo en la importancia que este punto tiene. Por lo que yo pongo a su consideración tomar en cuenta aspectos fundamentales de esta situación ocurrida en Chihuahua.

Los múltiples y atroces asesinatos de las mujeres de ciudad Juárez necesariamente nos obligan y comprometen a llevar a cabo acciones contundentes, en aras de esclarecer tan repudiables crímenes. Porque el Poder Legislativo y en particular la Cámara de Diputados, como máximo órgano de representación popular, no puede ni debe permanecer ajena a tan graves delitos que lesionan a toda la sociedad nacional.

Para que un país pueda efectivamente considerarse democrático, necesariamente la democracia debe traducirse en la expectativa y calidad de vida que toda la población, sin distinción de sexo, edad, raza, credo o ideología, debe tener.

No basta, pues, ser un país de leyes, sino es necesario hacerlas cumplir cabalmente en todos y cada uno de los rincones de la República mexicana. Así, el Estado debe asumir responsablemente su papel de garante de los derechos y prerrogativas de los mexicanos y las mexicanas.

Si bien es cierto que los índices de inseguridad son alarmantes en todas las entidades del país, también es necesario reconocer que las muertes en ciudad Juárez representan elementos particulares que permiten concluir que se trata de crímenes perpetrados contra las mujeres, en razón precisamente del sexo al cual pertenecen. Son crímenes sistemáticos que presentan elementos gravísimos, con una notoria concurrencia de delitos que requieren necesariamente de la intervención decidida de las autoridades federales.

Más de 200 cadáveres de mujeres violadas, mutiladas, cercenadas, abandonadas en los mismos lotes baldíos, no puede ser un asunto que se considere menor. ¿Cuántas mujeres más necesitan morir y cuántos cadáveres más debemos de contar para lograr la efectiva intervención de las autoridades y lograr el esclarecimiento de estos crímenes? ¿Qué se necesita para objetivar los elementos de prontitud e inmediatez que supone la justicia? ¿Acaso el sexo, la pobreza, el anonimato de las víctimas, es el pretexto para no escuchar los gritos de justicia?

Compañeras y compañeros Legisladores:

Nos queda claro que este no es un asunto político. Desde esta tribuna hago un llamado a las autoridades locales y federales para que asuman con toda responsabilidad las atribuciones que la ley les mandata. Y de manera respetuosa a todos ustedes los invito a sumarse al punto de acuerdo presentado en aras de que lo antes posible la mano implacable de la ley y la justicia castiguen a los responsables d estos crímenes y se evite la muerte de más mujeres. Porque en estos momentos cada mujer en Ciudad Juárez vive un riesgo permanente.

Señoras y señores: Hoy la impunidad, la negligencia y la irresponsabilidad no han de ser las características que definan los poderes del Estado ni los elementos que constituyan la nueva cultura institucional.

Muchísimas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTE: Gracias diputada.

La diputada Celita Alamillo ha pedido la palabra para hechos, hasta por cinco minutos.

LA C. DIP. CELITA TRINIDAD ALAMILLA PADRÓN: Con su permiso señora Presidenta. Con una aclaración, si me permite, mi apellido es Alamilla.

LA C. PRESIDENTA: Por favor regístrenlo.

LA C. DIP. CELITA TRINIDAD ALAMILLA PADRÓN. Compañeros y compañeras Legisladoras: En este Punto de Acuerdo que acaba de presentar nuestra compañera, la diputada Silvia López, quisiéramos reiterar que estamos de acuerdo en la formación de una comisión que investigue a plenitud los hechos y que los hechos vayan en el sentido que sea mejor para aclarar estos trágicos sucesos en Chihuahua.

Creo que esto no es una cuestión de partidos, no es una cuestión de colores, es una cuestión de humanidad y creemos que no es un asunto de política. Creemos también que vamos por las mujeres, en el sentido que se ha planteado aquí en el Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución. Creo que hemos retrasado demasiado esclarecer este asunto y estamos a favor de la formación de una comisión especial imparcial, que investigue hasta sus últimas consecuencias estos hechos.

Creo que la acción firme de las autoridades es lo que tenemos que demandar. No se trata de buscar culpables sino de buscar acciones que esclarezcan los hechos. Estas mujeres son madres, son trabajadoras, son parte de una familia que significa también el lado humano, el ser humano en toda su dignidad, en todo su respeto. Y nos sumamos a lo que aquí también ya se ha dicho, que se aplique la justicia, la ley y el derecho y caiga quien caiga.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

LA C. SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

suficientemente discutido.

LA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el Punto de Acuerdo.

LA MISMA C. SECRETARIA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

LA C. PRESIDENTA: Aprobado por unanimidad el Punto de Acuerdo.

(aplausos)

Se solicita a la Junta de Coordinación Política presente en la próxima sesión la conformación de la Comisión Especial que ha propuesto este honorable pleno.

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Le ruego a la Secretaría dar lectura a la orden del día de la próxima sesión.

EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION)

ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 25

PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA

ORDEN DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2001.

Lectura del acta de la sesión anterior

DICTAMEN A DISCUSIÓN

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalila Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Placido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanis, para prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California; Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé cuenta

LA C. PRESIDENTA: (A las 16:47 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 13 de noviembre a las diez horas.