Oficio del Congreso del estado de Sonora

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, Hermosillo.— Secretaría.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

El Congreso del Estado, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente

"ACUERDO

Artículo primero. El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sonora, en atención a las consideraciones expuestas en el dictamen que antecede, mismo que forma parte del presente resolutivo, y en ejercicio de las facultades dispuestas por los artículos 71 fracción III de la Constitución General de la República y 64 fracciones I y XXXV, de la Ley Fundamental local, acuerda presentar ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, una iniciativa de decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a efecto de señalar que para el cálculo del monto del subsidio acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta, se exceptuarán las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, al Sistema de Ahorro para el Retiro y las aportaciones a los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, tanto a nivel federal como estatal, mismo decreto que es del tenor siguiente:

Artículo único. Se reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Artículo 80-A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tabla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capítulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo, por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, a excepción de las aportaciones patronales aportadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, al Sistema de Ahorro para el Retiro y las aportaciones a los Institutos de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, tanto a nivel federal como estatal, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. La aplicación del artículo 80-A que se reforma mediante el presente decreto, deberá aplicarse retroactivamente a favor de quienes hubiesen realizado el cálculo del monto del subsidio acreditable sin tomar en consideración las cuotas al IMSS, Infonavit, SAR, así como a las Instituciones de Seguridad y Servicios, Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, tanto a nivel federal como estatal, durante los últimos cinco ejercicios fiscales.

Artículo segundo. El Congreso del Estado mandata a la Primera Comisión de Asuntos Agrarios y del Trabajo, a efecto de dar seguimiento ala iniciativa de decreto que se aprueba remitir al honorable Congreso de la Unión e informe del resultado de la misma al pleno de esta soberanía.

Artículo tercero. El Congreso del Estado acuerda remitir el presente punto de acuerdo a todas y cada una de las legislaturas de los estados, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que, de estimarlo procedente, hagan suya la iniciativa de decreto aprobada por este Poder Legislativo y remitan el acuerdo respectivo ante la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión."

Reiteramos a usted, las seguridades de nuestra alta consideración y respeto.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Hermosillo, Sonora, a 2 de octubre de 2001.— Diputados: Mario A. Guevara Rodríguez y Daniel Hidalgo Hurtado, secretarios.

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Carreras López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 73, fracción XXIX, 124 y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL DIP. JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ: Muchas gracias diputada Presidente de la Cámara.

Antes de empezar mi exposición solicito muy atentamente a esta mesa directiva acuerde que se publique el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, la cual entrego a esta Secretaría.

Compañeras y compañeros diputados:

El Estado Mexicano desde su independencia arrastra un déficit fiscal crónico, que ha sido acompañado de una serie de reformas en las que de manera creciente el Gobierno adquirió nuevas funciones y obligaciones respecto de la sociedad, que generan fuertes presiones al gasto en virtud de los limitados ingresos públicos. Este proceso en paralelo, se ha correspondido con una concentración de atribuciones y recursos en el Gobierno Federal, con un proceso centralizador que en la actualidad es inoperante ya que el mismo no responde a las condiciones de pluralidad política y apertura al desarrollo regional que demanda el país.

La Constitución establece potestades exclusivas para la Federación y los municipios, sin embargo, a los estados les asigna poderes residuales amplios, pero sin definir con precisión sus derechos y responsabilidades en materia de Hacienda Pública. Así, esta regla, que pretende establecer una distribución de competencias clara y excluyente, se ve exceptuada por la indefinición en los derechos y responsabilidades en materia tributaria para los estados, y ha devenido en una distribución inequitativa de los recursos fiscales.

Durante el Siglo XXIX México se caracterizó por la existencia de un Gobierno Federal hacendariamente débil, dependiente exclusivamente de los ingresos de las aduanas y las participaciones de recursos que los estados daban a la Federación bajo el nombre de contingentes. En esa época los estados tenían el control hacendario de las recaudaciones, las cuales eran copiosas pues tenían bajo su hacienda los impuestos directos al consumo y a la venta de mercancías, que recibieron el nombre de alcabalas.

Con el restablecimiento del sistema federal, se comenzaron a diferenciar ámbitos impositivos de manera exclusiva para la Federación y los estados, con una creciente preeminencia de la primera, derivada del impulso de concentrar facultades tributarias en el ámbito federal. Además, este proceso de manera inexorable se extendió a otros ámbitos distintos del hacendario. La federalización de atribuciones originó el proceso de fortalecimiento económico del Gobierno Federal, en detrimento de los estados. Comenzó en 1883, cuando se federalizó el comercio y la minería, y ha continuado con reformas constitucionales cada vez más amplias y detalladas sobre nuevas facultades exclusivas a cargo de la Federación.

De este modo, a partir del Siglo XX se llegó a un esquema opuesto al del Siglo XXIX, donde las finanzas estatales y municipales son débiles, mientras que la Federación, con el virtual monopolio de la función recaudatoria, acumula la inmensa mayoría de los ingresos públicos. Hoy, el Gobierno Federal recauda el 80 por ciento de los recursos fiscales del país, mientras que los estados se ven reducidos a recaudar tan solo un 20 por ciento del total de los recursos públicos. Además, mediante el sistema de participaciones y aportaciones federales a los estados y municipios, las mismas representan increíblemente más del 90 por ciento de los ingresos estatales y municipales, y sólo el resto es cubierto con recursos impositivos locales propios.

Lo anterior no es sino la muestra de una Hacienda Pública insatisfactoria, donde una Federación cargada de facultades recauda y distribuye los recursos, mientras que los estados y municipios se ven reducidos a esperar las variables participaciones y aportaciones de la Federación, creándose así una gran dependencia y destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo planificado desde la óptica local.

Si bien en los últimos años ha existido la intención federal de transferir responsabilidades de gasto a los estados y a los municipios, es preciso señalar que las medidas establecidas para dicho fin tienen varios defectos, entre los que destacan que el monto de los recursos que se transfieren son decididos exclusivamente por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal al aprobarse el Presupuesto de Egresos de cada año. Es decir, sin ninguna participación de los poderes locales, y que además dicha transferencia de recursos se hace de manera etiquetada en cuanto al destino de los mismos, convirtiendo a los gobiernos locales en meros agentes de gasto, con lo que los márgenes de acción política de éstos siguen afectados de dependencia e insuficiencia, lo cual es contrario a la idea de una unión basada en estados libres y soberanos.

Como podemos observar, la evolución en la recaudación y el gasto de los recursos entre la Federación y los estados, a través de nuestra historia ha sido un tema que casi siempre ha degenerado en adversidad y confrontación entre ambos niveles de gobierno.

Por ello debemos de transformar las premisas de nuestro federalismo hacendario. Ni las entidades federativas ni la Federación deben hacerse rehenes uno del otro en lo que parece una lucha irreconciliable de contrarios por los recursos públicos.

Esta iniciativa de reforma propone establecer constitucionalmente las premisas de un federalismo cooperativo, donde los tres niveles de gobierno sean auténticas partes integrantes de un Pacto Federal entre iguales y no enemigos excluyentes entre sí, con pretensiones de supra o subordinación. Este es un tema que no puede quedar ausente, bajo ninguna circunstancia al analizar una Reforma Fiscal Integral.

Sin duda, constituye una gran omisión en el planteamiento que hizo al Congreso de la Unión el Presidente de la República en abril de este año. Que quede claro, no puede haber discusión de tasas y bases impositivas sin considerar un acuerdo político federalista en esta materia, pero además éste no puede quedar reducido, como ha sucedido en otras ocasiones, a la simple gestión coyuntural de recursos adicionales para las instancias locales o a la graciosa concesión de los mismos por la Federación, bajo el principio de mal menor, en cuanto a que continúan las mismas premisas que le permiten controlar la recaudación y el gasto de la inmensa mayoría de los recursos públicos del país.

Por todo ello consideramos que el Pacto Federal requiere transformarse en el ámbito hacendario mediante tres modificaciones sustanciales: el establecimiento de principios constitucionales que impliquen un nuevo método de discusión y distribución de competencias hacendarías entre los estados y la Federación; la creación de un órgano autónomo constitucional que sea el encargado de la recaudación de los impuestos federales, y en su caso locales, y la determinación de obligaciones en materia presupuestal y de gasto público tanto para la Federación como para los gobiernos locales que promuevan mayor transparencia, eficiencia y mejores posibilidades de control y evaluación del ejercicio de los recursos fiscales.

Nueva distribución de competencias hacendarías. Proponemos que sea en el artículo124 de la Constitución, en el que se refiere la regla básica de distribución de competencias del sistema federal, donde se establezca en un segundo párrafo un nuevo principio que adecué dicha regla a una apropiada dimensión hacendaría federalista integrada por tres elementos.

Primero. Establecer el principio político de que los estados deben contar con recursos suficientes para el ejercicio de las atribuciones que le sean determinadas. Así, se plasmaría con nuestra Norma Fundamental un principio de suficiencia presupuestaria para los estados, equivalente al que existe para la Federación en el artículo 73 fracción VII, que faculta al Congreso para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.

Con ello, se determinaría constitucionalmente una equidad hacendaría entre los niveles de gobierno federal y estatal, que se corresponde además con la existente para los municipios en el artículo 115 de la Constitución. De este modo se estaría dando el primer paso para revertir el actual desequilibrio hacendario que opera en contra de los estados.

Segundo. Precisar que la suficiencia presupuestaria de los estados tendría dos fuentes de ingreso, tanto las contribuciones e impuestos propios que cada entidad determine, como la participación que le sea atribuida en el rendimiento de todas las contribuciones e impuestos federales. Participación que deberá hacerse evitando la doble tributación y de manera proporcional, equitativa y solidaria, no sólo respecto a la Federación, sino también respecto del conjunto de los estados.

Tercero. Revisar y adecuar anualmente el diseño del Sistema Fiscal Federal a través de una nueva Ley de Coordinación Fiscal que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados y que por lo tanto esté despojada de criterios que favorezcan de manera inequitativa a un nivel de gobierno.

Por otra parte, como esta adición al artículo124 contempla la extensión a todos los impuestos federales, no sólo los especiales, del principio de participación en el rendimiento de las contribuciones federales para los estados, se plantea también en la iniciativa la derogación del numeral V de la fracción XXIX del artículo 73, para que se derogue esta regla de participaciones que sólo aparta a ciertos impuestos, para llevarla a nivel de principio válido para todas las contribuciones federales.

Se establecería sí, un cambio radical, una nueva metodología regida por los principios constitucionales de este segundo párrafo del artículo 124, para la determinación anual de contribuciones, tasas impositivas, monto de las participaciones de los impuestos federales hacia los estados y con ello la definición de cuáles impuestos corresponden en exclusiva a cada orden de gobierno y en cuáles hay concurrencia y en qué proporción, con lo cual además los congresos y los ejecutivos locales empezarían a tener una creciente participación en la definición del monto y destino de los recursos que les corresponderán a cada entidad federativa.

Además se reconocería también una realidad política ineludible; por la naturaleza del federalismo que es una estructura y un proceso, no es conveniente para la unidad nacional considerar que las soluciones políticas que sobre este tema se adoptan en una época determinada, sean inamovibles. Esto es aún más cierto cuando la evidencia histórica y los reclamos sociales y políticos muestran que las condiciones de reparto de facultades entre los ámbitos federal, estatal y municipal no son satisfactorias. Por ello las relaciones entre la Federación y los estados en nuestro nuevo marco de pluralidad política no es algo que se pueda solucionar mediante una fórmula de una vez y para siempre, se trata de una relación compleja que está y lo seguirá en el futuro, constantemente en tensión y evolución. Por eso esta reforma no plantea una distribución específica de competencias ni fiscales ni de otro orden, sino más bien el principio constitucional de revisión obligatoria de esta relación anualmente bajo bases equitativas. De este modo cada año ambos niveles de gobierno, el local y el federal, irán construyendo el nuevo federalismo que necesita el país a través de una ordenada y pertinente distribución de facultades fiscales y en paralelo con ellas, inevitablemente también de otras materias.

Con ello haremos posible un mejor esquema de redistribución de facultades basado en los recursos con que cuenta cada parte, que la prestación de servicios, la construcción de obras de infraestructura y la promoción de proyectos productivos de alcance regional, sea competencia de las instancias locales y que las excepciones a este principio sean sólo con motivo de una economía de escala significativa o la existencia de una necesidad territorial nacional.

Creación del Instituto Nacional de Recaudación.

En los orígenes de nuestro constitucionalismo, la administración de los impuestos y contribuciones estuvo diferenciada de la recaudación para evitar la corrupción y el manejo indebido de los mismos. Es decir, históricamente se ha considerado conveniente la separación entre la recaudación y la administración de las rentas públicas por razones de contraloría, transparencia y facilidad en su control.

Sin embargo la reorganización del Poder Ejecutivo comenzó a centralizar esta función autónoma a través de circulares y decretos emitidos a partir de 1867, hasta llegar al momento presente donde el Sistema de Administración Tributaria, que recauda más del 80 % de los recursos públicos del país, depende totalmente en lo administrativo y económico, del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que es un funcionario nombrado y removido libremente por el Titular del Poder Ejecutivo.

La coordinación fiscal actual descansa entonces también en la aniquilación de las facultades recaudatorias de los estados, las elimina para después hacerlos partícipes de recursos que no son del todo claros, pues el Sistema de Administración Tributaria no ofrece ni transparencia en su administración ni opciones para medir sus resultados en términos del costo beneficio que obtiene en el desempeño de la función recaudatoria.

De esta manera sometemos la presente Iniciativa para que ninguna de las esferas de gobierno tenga el monopolio recaudatorio de los ingresos públicos, sino que se efectúe a través de un órgano autónomo y técnico que sin consideraciones políticas lleve a cabo la recaudación de los impuestos federales y en su caso estatales y municipales bajo bases de honestidad, eficiencia y simplificación, en justa correspondencia de la obligación que tenemos todos los mexicanos conforme al Artículo 31 Fracción IV constitucional de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país.

Así mediante la adición de dos párrafos iniciales al Artículo 126 constitucional, el Sistema de Administración Tributaria, autoridad federal desconcentrada de la Secretaría de Hacienda, se transformaría en el Instituto Nacional de Recaudación, integrado por funcionarios federales y estatales a la vez, con lo cual se evitaría que un solo nivel de gobierno sea quien reciba los ingresos, los reparta y además los administre en su mayoría.

Tomando en consideración que los órganos autónomos han dado certeza y prestigio a funciones vitales del Estado mexicano, se propone la creación con tal calidad de este órgano para la recaudación tributaria. Y así aportar un elemento indispensable para la existencia de un federalismo cooperativo, basado en el transparente y eficiente manejo de los ingresos. Ello, porque este Instituto no sólo estaría facultado para realizar la recaudación de los impuestos federales sino que también podría recaudar los impuestos y contribuciones, estatales y municipales, de los estados y municipios que así lo acordaran, con lo cual se estaría estableciendo la posibilidad de conformar una especie de ventanilla única recaudatoria que, sin duda, facilitaría en muchos sentidos el pago de impuestos para los contribuyentes, los procesos de simplificación tributaria y la detección oportuna de duplicidades impositivas.

La importante función de esta nueva institución trascendería así al Poder Ejecutivo Federal y se convertiría en un organismo del estado, en donde los estados y la propia federación, participan en la designación de sus funcionarios, conforme al procedimiento que se propone en el cuerpo de esta iniciativa, para conservar el equilibrio y la transparencia, que deben caracterizar esta función.

Además, en dicho Instituto, funcionaría un órgano colegiado denominado, Consejo de Gobierno,. integrado por representantes de las entidades federativas del gobierno federal y del mismo Instituto, que tendría la facultad de emitir recomendaciones en materia de recaudación fiscal, tanto al Congreso de la Unión como a las Legislaturas Locales y la Asamblea del Distrito Federal, con el fin de que exista siempre una política tributaria que sea fácil de contribuir por el contribuyente, que genere una adecuada estructura federalista, que evite la duplicidad contributiva y combata la evasión.

Por otra parte, tomando en consideración que el proceso de recaudación tributaria, es algo que no se puede suspender o interrumpir, se plantea en el Artículo Transitorio de esta Iniciativa, que las modificaciones constitucionales correspondientes a la creación de este Instituto, no entren en vigor sino hasta el día primero de enero del 2003, tiempo suficiente para que se expidan las leyes reglamentarias necesarias y se tomen las medidas administrativas respectivas para una puesta en marcha, ordenada y eficaz, del nuevo esquema recaudatorio.

Así con la creación de este Instituto autónomo se daría un gran paso en la consecución de dos grandes objetivos, por una parte, complementar adecuadamente la propuesta de reforma de los Artículos 73 y 124 Constitucionales ya citados, introduciendo un elemento neutral y eficaz en la relación hacendaría, federación, estados, municipios, que sin duda hará que ésta transite por caminos de mayor certidumbre y eficiencia para las partes, abandonando toda posibilidad de subordinación de una respecto de la otra en esta materia, tal y como ha ocurrido en nuestra historia.

Asimismo y por otra parte, se estarían poniendo las bases para lograr, que nuestro proceso de recaudación tributaria, tanto en el nivel federal como en el local, se desarrolle por la vía de la eficacia, simplificación y modernización de la relación contribuyente gobierno, como punto de partida del combate al principal elemento de inequidad recaudatoria entre los ciudadanos: la evasión, la cual en nuestro país se estima alcanza actualmente proporciones muy elevadas.

Principios propresupuestales. Por otra parte, también es necesario que este nuevo esquema de ingresos fiscales, se vea correspondido con nuevas obligaciones para los tres niveles de gobierno en materia de gasto público, buscando que se imprima mayor trasparencia, responsabilidad y control al ejercicio del mismo.

Por ello, mediante la edición de un tercer párrafo al Artículo 126 Constitucional, que así se transformaría en un artículo fundamental de la función ingreso gasto, se propone integrar a la Constitución los siguientes principios en materia presupuestaria:

1º. Equilibrio, que es una garantía de estabilidad económica y de una participación adecuada del estado en la economía.

2º. Transparencia, que significa la identificación precisa en el presupuesto de los grupos y regiones beneficiados, las razones por las que el gasto se destina a determinados fines y el diseño de medidas para la revisión periódica del gasto público, y que la misma no se realice sólo anualmente. Y,

3º. Eficiencia, para asegurar que los recursos públicos tengan el mayor beneficio social y el mejor impacto en el desarrollo regional sustentable.

Con estos principios se establecerían las bases constitucionales, para que el control del gasto público, por parte de los Poderes Legislativos, que se ha concentrado preponderamente en el nivel de flujo de efectivo, puede evolucionar a medida y controlar multianualmente, los costos de las políticas públicas, además de contar con elementos para vigilar que efectivamente se logren los resultados propuestos en los respectivos presupuestos.

De este modo, con las reformas propuestas se estarían integrando todos los elementos para una nueva cultura de fortalecimiento y corresponsabilidad fiscal de los tres niveles de gobierno, acorde con nuestro desarrollo democrático actual.

La instancia de gobierno que desee gastar más de lo autorizado originalmente, lo podrá hacer si pide más recursos no a la federación como sucede actualmente en un esquema económico y políticamente agotado, sino a su selectores, a su respectivo Congreso y se responsabiliza por ello a través de proyectos de desarrollo específicos y verificables.

Por lo anterior, someto a consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto que deroga el último párrafo del numeral quinto de la fracción XXIX del artículo 73 y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de nuestra Constitución.

Artículo 1º. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Las entidades federativas deberán contar con recursos suficientes para el ejercicio de sus atribuciones; su hacienda se compondrá de contribuciones e impuestos propios y de la participación en el rendimiento de las contribuciones e impuestos federales de la manera proporcional, equitativa y solidaria que la ley determine, la cual será aprobada anualmente por el Congreso de la Unión. Las Legislaturas Locales fijarán el porcentaje de dichas participaciones que corresponda a los municipios".

Artículo 2º. Se deroga el último párrafo del numeral quinto de la fracción 29 del artículo 73 constitucional.

Artículo 3º. Se adicionan tres párrafos al inicio del artículo 126 constitucional para quedar como sigue:

"Artículo 126. La recaudación de las contribuciones federales y de las estatales y municipales que así se convengan, es una función que se efectuará sobre bases de honestidad, eficiencia y simplificación a través del Instituto Nacional de Recaudación, cuya ley lo organizará como un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El nombramiento de los funcionarios de dicho Instituto se hará con la participación de la federación y de las entidades federativas, a través de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo correspondientes. El Presidente del Instituto será nombrado por el

Congreso de la Unión de una terna propuesta por el Presidente de la República y en cada entidad federativa habrá un director estatal designado por el respectivo Congreso de la entidad, que tendrá las calificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Recaudación y que será seleccionado de una terna presentada por el gobernador de la entidad.

Este Instituto contará con un Consejo de Gobierno que será la máxima autoridad del Instituto Nacional de Recaudación y que se formará con representantes de las entidades federativas, la federación y directivos del propio Instituto, el cual tendrá la facultad de emitir opiniones técnicas en materia de política tributaria.

En la formulación y el ejercicio de los presupuestos federales, estatales y municipales se deberán observar los principios de equilibrio, transparencia y eficiencia; al aprobarse los mismos se valorará la pertinencia de las políticas de gobierno propuestas a fin de lograr un desarrollo sustentable y una distribución equitativa de los recursos públicos. Los poderes de gobierno que los ejerzan deberán presentar la información que les sea requerida con la periodicidad que la ley determine para el adecuado seguimiento del desarrollo de las políticas públicas".

Transitorios:

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los dos primeros párrafos del artículo 126 que entrarán en vigor el primero de enero del 2003.

Muchísimas gracias.

Iniciativa de decreto que deroga el ultimo párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la constitución política de los estados Unidos Mexicanos, para el establecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de hacienda pública, que presenta el diputado federal Juan Manuel Carreras López.

Escudo Nacional de los estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Ciudadana Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. — Presente.

El suscrito, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en el articulo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable pleno del Congreso de la Unión la presente

INICIATIVA

De decreto que deroga el último párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, para el establecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de Hacienda Pública, de conformidad con la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

I. Nuevo federalismo fiscal.

El Estado mexicano desde su independencia arrastra un déficit fiscal crónico, que ha sido acompañado de una serie de reformas en las que de manera creciente el gobierno adquirió nuevas funciones y obligaciones respecto de la sociedad, que generan fuertes presiones al gasto en virtud de los limitados ingresos públicos.

Este proceso, en paralelo, se ha correspondido con una concentración de atribuciones y recursos en el Gobierno Federal, con un proceso centralizador, que en la actualidad es inoperante ya que el mismo no responde a las condiciones de pluralidad política y apertura al desarrollo regional que demanda el país.

La Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos establece potestades exclusivas para la Federación y los municipios. Sin embargo, a los estados les asigna poderes residuales amplios, acompañados de prohibiciones absolutas y relativas, según se desprende de los artículos, 115, 117, 118, 122 y 124-, pero sin definir con precisión sus derechos y responsabilidades en materia de hacienda pública.

Así, esta regla,, que pretende establecer una distribución de competencias clara y excluyente, se ve exceptuada por la indefinición en los derechos y responsabilidades en materia tributaria para los estados y ha devenido en una distribución inequitativa de los recursos fiscales, lo cual hace que no todas las regiones de¡ país puedan alcanzar un nivel de desarrollo competitivo y cuenten con la infraestructura básica para la debida atención de las zonas marginadas.

En consecuencia, la reforma constitucional que proponemos pretende evitar el empobrecimiento de los erarios locales a costa de su dependencia hacia las participaciones y aportaciones federales,, tal y como sucede en la actualidad.

Durante el Siglo XIX, México se caracterizó por la existencia de un gobierno federal hacendariamente débil,. dependiente exclusivamente de los ingresos de las aduanas y las participaciones de recursos que los estados daban a la Federación, bajo el nombre de contingentes. En esa época, los estados tenían el control hacendario de las recaudaciones, las cuales eran copiosas pues tenían bajo su hacienda los impuestos indirectos al consumo y a la venta de mercancías, que recibieron el nombre de alcabalas. Dicho sistema generó estados con recursos y una Federación carente de ellos, con lo cual se provocó un desequilibrio que evitó contar con un proyecto nacional.

Este modelo de recaudación fue constante, pues aún bajo los regímenes centralistas, las tesorerías departamentales eran las encargadas de recibir la recaudación de los impuestos y las contribuciones. Sin embargo, con el restablecimiento del sistema federal se comenzaron a diferenciar ámbitos impositivos de manera exclusiva para la Federación y los estados, con una creciente preeminencia de la primera, derivada de¡ impulso de concentrar facultades tributarias en el ámbito Federal.

Además, este proceso de manera inexorable se extendió a otros ámbitos distintos del hacendario. La "federalización" de atribuciones originó el proceso de fortalecimiento económico del gobierno nacional en detrimento de los estados. Comenzó en 1883 cuando se federalizó el comercio y la minería, y ha continuado con reformas constitucionales cada vez más amplias y detalladas sobre nuevas facultades exclusivas a cargo de la Federación, despojando a los estados de su correspondiente participación.

Cada materia nueva a cargo de la legislación federal se ha traducido en una fuente impositiva más de exclusiva competencia federal, as¡ ocurrió por ejemplo al "federalizar" la energía eléctrica, donde por primera vez se previó una participación de los rendimientos derivados de la actividad eléctrica a las entidades federativas, el 18 de enero de 1934; al implantarse el sistema de participaciones en 1942 solo para los denominados impuestos especiales, según quedan establecidos en el actual articulo 73,, fracción XXIX constitucional; y al eliminarse en 1953 importantes impuestos que eran recaudados por los estados por considerarlos alcabalatorios y unificar diversas fuentes impositivas a favor de la Federación.

De este modo, a partir de¡ siglo XX se llegó a un esquema opuesto al del Siglo XIX, donde las finanzas estatales y municipales son débiles, mientras que la Federación, con el virtual monopolio de la función recaudatoria, acumula la inmensa mayoría de los ingresos públicos.

Hoy el Gobierno Federal recauda el 80% de los recursos fiscales del país, mientras que los estados se ven reducidos a recaudar tan sólo un 20% del total de los recursos públicos. Además,, mediante el sistema de participaciones y aportaciones federales a los estados y municipios, las mismas representan increíblemente más del 90% de los ingresos estatales y municipales y solo el resto es cubierto con recursos impositivos locales propios.

Lo anterior no es sino la muestra de una hacienda pública insatisfactoria, donde una Federación cargada de facultades recauda y distribuye los recursos,, mientras que los estados y municipios se ven reducidos a esperar las variables participaciones y aportaciones de la Federación, creándose así una gran dependencia y destruyendo cualquier posibilidad de desarrollo planificado desde la óptica local. Es pues claro que para consolidar al gobierno federal se tuvo que sacrificar a los estados bajo la falsa disyuntiva de que el bienestar fiscal de la Federación es contrario al de las entidades federativas.

Si bien en los últimos años ha existido la intención federal de transferir responsabilidades de gasto a las entidades federativas y a los municipios, es preciso señalar que las medidas establecidas para dicho fin tienen varios defectos, entre los que destacan que el monto de los recursos que se transfieren son decididos exclusivamente por el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal al aprobarse el presupuesto de egresos de cada año, es decir sin ninguna participación de los poderes locales, y que además dicha transferencia de recursos se hace de manera etiquetada en cuanto al destino de los mismos, convirtiendo a los gobiernos locales en meros agentes de gasto, con lo que los márgenes de acción política de éstos siguen afectados de dependencia e insuficiencia, lo cual es contrario a la idea de una unión basada en estados libres y soberanos.

Como podemos observar, la evolución en la recaudación y el gasto de los recursos entre la Federación y los estados a través de nuestra historia ha sido un tema que casi siempre ha degenerado en adversidad y confrontación entre ambos niveles de gobierno.

Por ello, debemos transformar las premisas de nuestro federalismo hacendario. Ni las entidades federativas ni la Federación deben hacerse rehenes uno del otro, en lo que parece una lucha irreconciliable de contrarios por los recursos públicos.

Sostenemos la convicción de que la verdadera reestructuración del pacto federal debe fundarse en los principios que dieron origen al federalismo, es decir, en la cooperación entre los dos órdenes de gobierno para conseguir el desarrollo de la sociedad. En este sentido, la autosuficiencia de los gobiernos locales debe ser la garantía del bienestar federal.

Nuestra actual conformación democrática del poder público nos ofrece la oportunidad de plantear las modificaciones que reclaman las necesidades del país y repensar las condiciones del federalismo hacendario que permitan establecer las bases para el desarrollo favorable de todas las instancias de gobierno, sin ninguna exclusión.

Esta iniciativa de reforma propone establecer constitucionalmente las premisas de un federalismo cooperativo,. donde los tres niveles de gobierno sean auténticas partes integrantes de un Pacto Federal entre iguales y no enemigos excluyentes entre si, con pretensiones de supra o subordinación.

Este es un tema que no puede quedar ausente, bajo ninguna circunstancia, al analizar una reforma fiscal integral. Sin duda, constituye una omisión en el planteamiento que hizo al Congreso de la Unión el Presidente de la República en abril de este año. Que quede claro, no puede haber discusión de tasas y bases impositivas, sin considerar un acuerdo político federalista en esta materia. Pero además, este no puede quedar reducido, como ha sucedido en otras ocasiones, a la simple gestión coyuntural de recursos adicionales para las instancias locales o a la graciosa concesión de los mismos por la Federación bajo el principio de "'mal menor" en cuanto que continúan las mismas premisas que le permiten controlar la recaudación y el gasto de la inmensa mayoría de los recursos públicos del país.

Por todo ello, consideramos que el Pacto Federal requiere transformarse en el ámbito hacendario mediante tres modificaciones sustanciales:

a) El establecimiento de principios constitucionales que impliquen un nuevo método de discusión y distribución de competencias hacendarias entre los Estados y la Federación;

b) La creación de un órgano autónomo constitucional que sea el encargado de la recaudación de los impuestos federales y en su caso, locales y

c) La determinación de obligaciones en materia presupuestal y de gasto público tanto para la Federación como para los gobiernos locales, que promuevan mayor transparencia,, eficiencia y mejores posibilidades de control y evaluación del ejercicio de los recursos fiscales.

II. Nueva Distribución de Competencias Hacendarias.

Como ya se señaló, nuestro federalismo actual no responde a las necesidades de desarrollo y a las exigencias de una sociedad más participativa y comprometida. De la misma manera, la centralización de ciertas facultades, especialmente las tributarias, no responde al objetivo de la planeación democrática que México ha adoptado, donde el desarrollo regional es prioritario y el Estado mexicano debe adecuar su funcionamiento para lograrlo, ya que las obras públicas y los servicios requeridos por los Estados no pueden seguir sujetos a la autorización y voluntad de la Federación.

De ahí la necesidad de buscar modelos de organización tributaria equitativos, ágiles y efectivos, en los que impere la descentralización, que beneficien simultáneamente a la unidad y desarrollen a las partes.

Para ello proponemos que sea en el articulo 124 de la Constitución, en el que se refiere la regla básica de distribución de competencias del sistema federal, donde se establezca en un segundo párrafo un nuevo principio que adecue dicha regla a una apropiada dimensión hacendaria federalista integrada por tres elementos fundamentales:

Primero, establecer el principio político de que los Estados deben contar con recursos suficientes para el ejercicio de las atribuciones que les sean determinadas de conformidad con el propio artículo 124 constitucional. Así, se plasmaria en nuestra norma fundamental un principio de suficiencia presupuestaria para los Estados equivalente al que existe para la Federación en la fracción VII del artículo 73, que faculta al Congreso para "'imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto". Con ello, se determinaría constitucionalmente una equidad hacendaria entre los niveles de Gobierno Federal y estatal, que se corresponde además con las disposiciones en materia de hacienda pública ya existentes para los municipios en el articulo 115 de la Constitución. De este modo se estaría dando el primer paso para revertir el actual desequilibro hacendario que opera en contra de las entidades federativas;

Segundo, precisar que la suficiencia presupuestaria de los estados tendría dos fuentes de ingreso, tanto las contribuciones e impuestos propios que cada entidad determine, como la participación que les sea atribuida en el rendimiento de todas las contribuciones e impuestos federales. Participación que deberá hacerse evitando la doble tributación y de manera proporcional, equitativa y solidaria, no solo respecto a la Federación,, sino también respecto M conjunto de los Estados y

Tercero, revisar y adecuar anualmente el diseño del Sistema Fiscal Federal, a través de una nueva ley de coordinación fiscal que garantice el cumplimiento de los principios constitucionales mencionados, y que por lo tanto esté despojada de criterios que favorezcan de manera iniquitativa a un nivel de Gobierno.

Por otra parte, como esta adición al artículo 124 contempla la extensión a todos los impuestos federales - no sólo los especiales - del principio de participación en el rendimiento de las contribuciones federales para los Estados que se encuentra previsto en el último párrafo del numeral 50 de la fracción XXIX del articulo 73 constitucional, se plantea también en la iniciativa la derogación de esta regla de participaciones que solo abarca ciertos impuestos, para llevarla a nivel de principio válido para todas las contribuciones federales.

Se establecería así un cambio radical, una nueva metodología regida por los principios constitucionales del segundo párrafo del artículo 124 para la determinación anual de contribuciones, tasas impositivas, monto de las participaciones de los impuestos federales hacia los estados y con ello, la definición de cuáles impuestos corresponden en exclusividad a cada orden de Gobierno y en cuáles hay concurrencia y en qué proporción. Con lo cual, además, los congresos y los ejecutivos locales empezarían a tener una creciente participación en la definición del monto y destino de los recursos que les corresponderán a cada entidad federativa.

Además, se reconocería también una realidad política ineludible. Por la naturaleza del federalismo, que es una estructura y un proceso, no es conveniente para la unidad nacional considerar que las soluciones políticas que sobre este tema se adoptaron en una época determinada sean inamovibles. Esto es aun más cierto cuando la evidencia histórica y los reclamos sociales y políticos muestran que las condiciones de reparto de facultades entre los ámbitos federal, estatal y municipal no son satisfactorias.

Por ello, las relaciones entre la Federación y los estados en nuestro nuevo marco de pluralidad política no es algo que se pueda solucionar mediante una fórmula de una vez y para siempre.

Se trata de una relación compleja que está, y lo seguirá en el futuro, constantemente en tensión y evolución. Por eso esta reforma no plantea una distribución específica de competencias - fiscales o de otro orden - sino más bien el principio constitucional de revisión obligatoria de esta relación anualmente bajo bases equitativas. De este modo cada año, ambos niveles de Gobierno - el local y el federal -irán construyendo el nuevo federalismo que necesita el país a través de una ordenada y pertinente distribución de facultades fiscales, y en paralelo con ellas, inevitablemente también de otras materias.

Con ello haremos posible que el federalismo mexicano de este siglo sea congruente con los principios de igualdad política, económica y social para cada una de sus partes, propiciando no solo una nueva hacienda pública, sino también un mejor esquema de federalismo cooperativo a través de la redistribución de facultades basadas en los recursos con que cuenta cada parte; que la prestación de servicios., la construcción de obras de infraestructura y la promoción de proyectos productivos de alcance regional sea competencia de las instancias locales; y que las excepciones a este principio sean solo con motivo de una economía de escala significativa o la existencia de una necesidad territorial nacional.

III. Creación del Instituto Nacional de Recaudación.

En los orígenes de nuestro constitucionalismo, la administración de los impuestos y contribuciones estuvo diferenciada de la recaudación para evitar la corrupción y el manejo indebido de los mismos. Desde el acta constitutiva de la Federación de 1824 hasta la actualidad, se han previsto constitucionalmente los empleados superiores de Hacienda encargados de las oficinas generales de Hacienda en cada Estado y en la Federación, cuya función de recaudación y administración de recursos federales se debería desempeñar fuera del ámbito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico con el objeto de efectuar dicha función de manera independiente del Poder Ejecutivo.

En el Congreso Extraordinario Constituyente de 1856-1857 se explicó por iniciativa de Francisco Zarco e Ignacio Ramírez en la sesión del 13 de octubre de 1856, la necesidad de reservar para el Congreso de la Unión, que en la actualidad la conserva el Senado de la República en el articulo 76, fracción II de la Constitución, la facultad de ratificar los nombramientos que el Ejecutivo haga de los empleados superiores de Hacienda, que debieran ser los funcionarios que manejan el tesoro público, ya que los propios constituyentes detallaron que tales empleados superiores son precisamente los que efectúan funciones de recaudación, inversión y dirección de los caudales públicos.

Es decir, históricamente se había considerado conveniente la separación entre la recaudación y la administración de las rentas públicas por razones de contraloría,, transparencia y facilidad en su control. Sin embargo, la reorganización del Poder Ejecutivo comenzó a centralizar esta función autónoma - según el pensamiento del constituyente - a través de circulares y decretos emitidos a partir de 1867. hasta llegar al momento presente donde el Sistema de Administración Tributaria que recauda aproximadamente el 80% de todos los recursos públicos del país, depende totalmente en lo administrativo y económico del Secretario de Hacienda y Crédito Público, que es un funcionario nombrado y removido libremente por el titular del Poder Ejecutivo de acuerdo al articulo 89, fracción II, constitucional.

Según hemos expresado en el cuerpo de la presente iniciativa, la coordinación fiscal actual descansa en la aniquilación de las facultades impositivas, pero también recaudatorias, de los estados. Elimina ambas para después hacerlos participes de recursos que no son del todo claros, pues el Sistema de Administración Tributaria no ofrece transparencia en su administración, ni opciones para medir sus resultados en términos del costo-beneficio que se obtiene en el desempeño de la función recaudatoria.

De esta manera, sometemos la presente iniciativa para que ninguna de las esferas de Gobierno tenga el monopolio recaudatorio de los ingresos públicos, sino que se efectúe a través de un órgano autónomo y técnico que, sin consideraciones políticas, lleve a cabo la recaudación de los impuestos federales y,, en su caso, estatales y municipales, bajo bases de honestidad, eficiencia y simplificación, en justa correspondencia de la obligación que tenemos todos los mexicanos,, conforme al articulo 31 fracción IV constitucional, de contribuir de manera proporcional y equitativa a los gastos públicos del país.

Así, mediante la adición de dos párrafos iniciales al articulo 126 constitucional, el Sistema de Administración Tributaria, autoridad federal desconcentrada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se transformaría en el Instituto Nacional de Recaudación, integrado por funcionarios federales y estatales a la vez, con lo cual se evitaría que un solo nivel de Gobierno sea quien reciba los ingresos, los reparta y además los administre en su mayoría.

Tomando en consideración que los órganos autónomos han dado certeza y prestigio a funciones vitales del Estado mexicano, se propone la creación con tal calidad de este órgano para la recaudación tributaria y así aportar un elemento indispensable para la existencia de un federalismo cooperativo basado en el transparente y eficiente manejo de los ingresos. Ello porque este instituto no solo estaría facultado para realizar la recaudación de los impuestos federales., sino que también podrá recaudar los impuestos y contribuciones estatales y municipales de los estados y municipios que así lo acuerden, con lo cual se estaría estableciendo la posibilidad de conformar una especie de "ventanilla única recaudatoria" que sin duda facilitaria en muchos sentidos el pago de impuestos para los contribuyentes, los procesos de simplificación tributaria y la detección oportuna de duplicidades impositivas.

La importante función de esta nueva institución trasciende así al Poder Ejecutivo Federal y se convierte en un organismo del Estado, donde las entidades federativas y la propia Federación participan en la designación de sus funcionarios, para conservar el equilibrio y la transparencia que deben caracterizar esta función.

El Instituto Nacional de Recaudación permitirá la profesionalización de la función recaudatoria y además introducirá certidumbre en el proceso, ya que será un órgano con capacidad regulatoria y con facultades para emitir recomendaciones técnicas en materia tributaria.

En la iniciativa se pretende plena autonomía para el Instituto Nacional de Recaudación, lograda a través del nombramiento de sus principales funcionarios. El Presidente del instituto sería designado por el Congreso de la Unión a propuesta en terna del Poder Ejecutivo Federal. Sus cualificaciones, que estarían detalladas en la ley secundaria, contarían con una certificación de sus conocimientos y experiencia, así como de su probidad. En cada entidad federativa habría un director estatal, designado a propuesta en terna por el gobernador del Estado y ratificado por la respectiva legislatura, aprobando las certificaciones correspondientes.

Además, en dicho instituto funcionaría un órgano colegiado, denominado Consejo de Gobierno, integrado por representantes de las entidades federativas, del Gobierno Federal y del mismo instituto, que tendría la facultad de emitir recomendaciones en materia de recaudación fiscal tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas locales y la Asamblea del Distrito Federal, con el fin de buscar que exista siempre una política tributaria que sea fácil de cumplir por el contribuyente; que genere una adecuada estructura federalista; que evite la duplicidad contributiva y combata la evasión.

Por otra parte, tomando en consideración que el proceso de recaudación tributaria es algo que no se puede suspender o interrumpir, se plantea en el articulo transitorio de esta iniciativa que las modificaciones constitucionales correspondientes a la creación de este instituto no entren en vigor sino hasta el día 1o.de enero de 2003, tiempo suficiente para que se expidan las leyes reglamentarias necesarias y se tomen las medidas administrativas respectivas para una puesta en marcha ordenada y eficaz del nuevo esquema recaudatorio.

De este modo, con la creación de este instituto autónomo se daría un gran paso en la consecución de dos grandes objetivos. Por una parte complementar adecuadamente la propuesta de reforma de los artículos 73 fracción XXIX y 124 constitucionales citada en esta misma iniciativa, introduciendo un elemento neutral y eficaz en la relación hacendaria Federación-Estados-Municipios, que sin duda hará que ésta transite por caminos de mayor certidumbre y eficiencia para las partes abandonando toda posibilidad de subordinación de una respecto de la otra en esta materia, tal y como ha ocurrido en nuestra historia y sucede actualmente.

Asimismo, y por otra parte se estarían poniendo las bases para lograr que nuestro proceso de recaudación tributaria, tanto en el nivel federal como en el local, se desarrolle por la vía de la eficacia, simplificación y modernización de la relación contribuyente-Gobierno, como punto de partida del combate al principal elemento de inequidad recaudatoria entre los ciudadanos, la evasión, la cual en nuestro país se estima alcanza actualmente proporciones muy elevadas.

Principios Presupuestales

Si bien es muy importante el establecer normas constitucionales que busquen dotar de mayores recursos a la Hacienda pública nacional y que establezcan un método para que estos sean distribuidos adecuadamente entre los tres niveles de Gobierno, también es necesario que este nuevo esquema de ingresos fiscales se vea correspondido con nuevas obligaciones para los tres niveles de Gobierno en materia de gasto público, buscando que se imprima mayor transparencia, responsabilidad y control al ejercicio del mismo.

Un manejo responsable de los presupuestos de gasto de los tres niveles de Gobierno, además de contribuir a evitar el dispendio y los saldos deficitarios crónicos que frenan el desarrollo integral y regional del país, permitirá lograr el ideal de generar condiciones para una homogeneidad del desarrollo en todas las áreas geográficas, creando polos de desarrollo en múltiples puntos y evitando la concentración en unas cuantas zonas conurbadas, comúnmente la de las ciudades de México,. Guadalajara y Monterrey.

De este modo, mediante la adición de un tercer párrafo al articulo 126 constitucional que así se transformaría en un artículo fundamental de la función ingreso-gasto,, se propone integrar a la Constitución los siguientes principios en materia presupuestaria:

1. Equilibrio. Que es una garantía de estabilidad económica y de una participación adecuada del Estado en la economía;

2. Transparencia. Que significa la identificación precisa en el presupuesto de los grupos y regiones beneficiados, las razones por las que el gasto se destina a determinados fines y el diseño de medidas para la revisión periódica de¡ gasto público y que la misma no se realice sólo anualmente y

3. Eficiencia. Para asegurar que los recursos públicos tengan el mayor beneficio social y el mejor impacto en el desarrollo regional sustentable.

Con estos principios, se establecerían las bases constitucionales para que el control del gasto público por parte de los poderes legislativos, que se ha concentrado preponderantemente en el nivel del flujo de efectivo, pueda evolucionar a medir y controlar multianualmente los costos de las políticas públicas, además de contar con elementos para vigilar que efectivamente se logren los resultados propuestos en los respectivos presupuestos.

Así, con fundamento en esta adición constitucional, se tendrían que crear los instrumentos legislativos-presupuestales que concreticen una mayor eficiencia, eficacia y calidad en la aplicación de los recursos públicos ante la demanda creciente de la sociedad por mejores bienes y servicios públicos; mejoren la transparencia en la aplicación del gasto público respecto de las prioridades nacionales y/o locales; permitan el rendir cuentas de los resultados obtenidos y establezcan un mayor compromiso político para las instancias encargadas del gasto público al acercar la facultad de revisión a niveles de Gobierno más próximos de la población.

De este modo, con la reforma propuesta se estarían integrando todos los elementos para una nueva cultura de fortalecimiento y corresponsabilidad fiscal de los tres niveles de Gobierno, acorde con nuestro desarrollo democrático actual. La instancia que desee gastar más de lo autorizado originalmente lo podrá hacer si pide más recursos, no a la Federación como sucede actualmente, en un esquema económica y políticamente agotado, sino a sus electores, a su respectivo Congreso, y se responsabiliza por ello a través de proyectos de desarrollo específicos y verificables.

Todas las razones antes expuestas me han llevado a la convicción de que esta iniciativa de reformas constitucionales contribuye a avanzar en la solución de tres retos del Estado mexicano actual:

Propone para el sistema federal un método de discusión y análisis permanente, ordenado y democrático que permita encontrar, para el presente y el porvenir, una adecuada distribución de facultades y obligaciones entre los distintos órdenes de Gobierno, buscando con ello una mayor equidad federalista, la estimulación de las actividades económicas regionales y la precisión del nivel de Gobierno que proporcione servicios públicos al menor costo y con la mayor oportunidad;

Fortalece el sistema de recaudación de impuestos del país, combatiendo la evasión y elevando los recursos públicos disponibles; y

Aproxima a la población con el Gobierno, para que pueda exigirle cuentas respecto del gasto de sus aportaciones y se mejore así la confianza ciudadana en el pago de las mismas.

Por lo que con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del articulo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Que deroga el último párrafo del numeral 5, de la fracción XXIX del artículo 73, y por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 124 y tres párrafos al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el estabecimiento de principios relativos a un nuevo federalismo en materia de Hacienda Pública:

Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al articulo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 124...

Las entidades federativas deberán contar con recursos suficientes para el ejercicio de sus atribuciones. Su hacienda se compondrá de contribuciones e- impuestos propios y de la participación en el rendimiento de las contribuciones e impuestos federales de la manera proporcional, equitativa y solidaria que la ley determine, la cual será aprobada anualmente por el Congreso de la Unión. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje de dichas participaciones que corresponda a los municipios.

Artículo segundo. Se deroga el último párrafo del numeral 5 de la fracción XXIX del artículo 73 constitucional.

Artículo tercero. Se adicionan tres párrafos al inicio del artículo 126 constitucional, pasando el original párrafo en cuarto lugar, para quedar como sigue:

Artículo 126. La recaudación de las contribuciones federales y de las estatales y municipales que así se convengan, es una función que se efectuará sobre bases de honestidad, eficiencia y simplificación a través del Instituto Nacional de Recaudación, cuya ley lo organizará como un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

El nombramiento de los funcionarios de dicho Instituto se hará con la participación de la Federación y de las entidades federativas, a través de sus poderes Ejecutivo y Legislativo correspondientes. El presidente del instituto será nombrado por el Congreso de la Unión, de una terna propuesta por el Presidente de la República y en cada entidad federativa habrá un director estatal designado por el respectivo Congreso de la entidad, que tendrá las calificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Recaudación y que será seleccionado de una terna presentada por el gobernador de la entidad. Este instituto contará con un Consejo de Gobierno, que será la máxima autoridad del Instituto Nacional de Recaudación y que se formará con representantes de las entidades federativas, la Federación y directivos del propio instituto, el cual tendrá la facultad de emitir opiniones técnicas en materia de política tributaría.

En la formulación y el ejercicio de los presupuestos federales, estatales y municipales se deberán observar los principios de equilibrio, transparencia y eficiencia. Al aprobarse los mismos se valorará la pertinencia de las políticas de gobierno propuestas,, a fin de lograr un desarrollo sustentable y una distribución equitativa de los recursos públicos. Los poderes de Gobierno que los ejerzan deberán presentar la información que les sea requerida con la periodicidad que la ley determine, para el adecuado seguimiento del desarrollo de las políticas públicas.

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ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de los dos primeros párrafos del artículo 126 que entrarán en vigor el 1o. de enero de 2003.

México, D.F., a 9 de octubre de 2001.— Diputado Juan Manuel Carreras López.

EL C. PRESIDENTE. Gracias, a usted, diputado Juan Manuel Carrera López.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de política Exterior.

DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso señor presidente:

La desgracia ocurrida en Estados Unidos, ha desatado procesos de muy diversa índole. Ha convocado a la solidaridad y generado un gran debate sobre las políticas internacionales.

Desde un principio demandamos todo el apoyo humanitario a las familias de las víctimas y respaldamos todas las medidas diplomáticas para cerrarle el paso a nuevas acciones terroristas. Condenamos el terrorismo contra el pueblo de Estados Unidos, como hemos condenado el terrorismo contra los pueblos de Cuba, Palestina o Nicaragua.

Por ello mismo también, manifestamos todo nuestro rechazo a la guerra. México es pacifista; no queremos más terror y guerra. Si no queremos guerras propias, tampoco queremos asumir guerras ajenas. México quiere la paz. Pero gobierno mexicano no lo dice. No tenemos hoy en día una política exterior de estado, la que promueve el gobierno no es la política exterior de México; no la que reclama la representación nacional; no la que dice la Constitución.

Desde la cancillería mexicana, se reproduce la política exterior de otro país, de nuestro vecino del norte. La visión del Gobierno Federal no es nacional ni tampoco mundial, es una visión norteamericana, no se mira desde México sino desde Estados Unidos. No mira a las grandes franjas de países y de poblaciones; su visión se agota en Estados Unidos porque cree que ahí se agotan las posibilidades de su gobierno. El gobierno mexicano recorre el mundo para promover la política internacional de Estados Unidos. Por eso, para la cancillería mexicana, la disyuntiva es clara: o estás con Estados Unidos o estás contra él. Es la misma disyuntiva de George Bush. Es una disyuntiva que México no había asumido ni quiere asumir.

Vivimos junto a Estados Unidos, no queremos conflicto con nuestro vecino, al contrario, deseamos una buena relación de colaboración, ayuda mutua, comercio,. comunicación, solidaridad. Estamos juntos y a pesar de que Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, nos invadió en más de una ocasión, México nunca ha pensado en venganzas finitas o infinitas.

Nos interesa como país, lo que pasa en el territorio de Estados Unidos, porque allá vive una parte de la Nación Mexicana y vive allá sin derechos políticos, civiles y sociales. Pero somos otro país; somos México y sobrevivimos junto a la superpotencia por el valor de tomar nuestras propias decisiones.

El poderío de Estados Unidos no es nuevo, pero la reiterada afirmación de la independencia política del Estado Nacional Mexicano, le ha permitido tener mayor margen de movimiento en el mundo. México ha sido extraordinariamente generoso con Estados Unidos y queremos sin embargo, que la relación con ese país sea fructífera y positiva también para México.

La reciente crisis económica que estamos viviendo, producto de la recesión en Estados Unidos, nos indica que no nos conviene atar nuestro destino a nadie. Hoy sufrimos una crisis ajena, es la consecuencia de no mirar hacia el mundo entero.

Ciertamente existe una nueva situación mundial, se acabó la bipolaridad este oeste. Pero se ha recrudecido la polarización norte sur. En la globalización actual un pequeño puñado de trasnacionales de países del norte, se enriquece y la miseria se extiende a un universo gigantesco de países del sur.

La concentración de riqueza en el norte genera grandes flujos migratorios hacia las metrópolis, que son continuamente rechazados y combatidos. El poderío económico del norte con sus redes, normas, fuerza, presiones, ha derrumbado los esfuerzos iniciales de muchos países por construir un Estado de bienestar social. Ningún país puede solo reconstruir su Estado social frente a poderes mundiales y que deciden políticas monetarias, fiscales, comerciales, crediticias y de inversiones. La pobreza es un problema mundial y requiere soluciones mundiales. Para los países del sur alcanzar la equidad social dentro de sus fronteras supone avanzar en la equidad internacional entre los Estados.

Por eso México no puede atarse a la política exterior de Estados Unidos, porque México requiere de un marco de equidad internacional para desarrollarse y esa equidad internacional supone contrapesos mundiales al enorme poder de Estados Unidos y de los países del norte, redes institucionales, económicas, financieras, culturales, mediáticas, de los países del sur.

Trabajar para fortalecer Estados Unidos como la cumbre de un mundo unipolar en lo político, militar y económico, significa trabajar en contra de los intereses de México. No es cierto que a México le conviene apoyar incondicionalmente a Estados Unidos, pero el gobierno mexicano ha hecho suya la filosofía de la política exterior de nuestro vecino y pretende presentarla como una novedosa política. Se habla entonces de dejar atrás la política de la autodeterminación y la no intervención. Se dice que México debe intervenir para promover los derechos humanos en otras naciones. Es el viejo discurso del gobierno de Estados Unidos y de las naciones del norte, que se han convertido en los jueces de los derechos humanos de las naciones del sur.

¿Y quién vigila que se respeten los derechos humanos en los países del norte? Ahí se violan derechos humanos de minorías étnicas y de migrantes todos los días. Y también de religiosos, de escolares, de ciudadanos o mujeres.

Ahora el gobierno de Estados Unidos se preocupa mucho por la violación a los derechos humanos de las mujeres de Afganistán, pero nada dice de la misma violación de sus derechos a las mujeres de Arabia Saudita, porque este país es su aliado.

Estados Unidos antes apoyó al Talibán en contra de la Unión Soviética, ahora lo combate. El discurso de los derechos humanos ha sido un discurso clave en el gobierno de Estados Unidos para intervenir en los asuntos de sus adversarios, sin que necesariamente sea su interés genuino promoverlos.

En territorio de Estados Unidos se han entrenado en diversos momentos históricos terroristas y se han financiado escuadrones de la muerte. En su territorio se han planeado atentados en contra de políticos de otros países del mundo. La solución es el derecho internacional y Estados Unidos apela a la venganza contra países que albergan terroristas. Pero si esa fuera una norma aplicable para todos, universalmente aceptada, países como Cuba podrían reclamar su derecho a bombardear a Estados Unidos, porque allí se entrenaron terroristas que estallaron un avión cubano, con pasajeros civiles, en 1976.

Eso sería tan irracional y absurdo como imposible, por la gran diferencia de los poderes militares reales entre un país y otro. Por eso debe imponerse el derecho. La vida de un habitante de Afganistán vale tanto como la vida de un habitante de Estados Unidos, pero más allá de que esta guerra sea tan reprobable como el terrorismo es además ineficaz, muchos afganistanos pueden morir sin que exista garantía alguna de que las redes del terrorismo hayan desaparecido y dejen de actuar.

México debe promover en el mundo la equidad entre los Estados y el desarrollo económico, la igualdad social y el bienestar de los pueblos. La equidad económica y social mundial. La globalización es un espacio de disputa, diversidad cultural y nacional, étnica y religiosa, multipolaridad política, democratización de los organismos internacionales, operación para el desarrollo, promoción de la paz y, sobre todo, equidad entre los Estados. Parecen ser los elementos de una política exterior que debe impulsar el Estado Mexicano apoyándose en su Constitución.

Nuestra responsabilidad es impulsar una globalización desde los estados, no desde las empresas multinacionales. El tema internacional es tan importante que ya no puede ser esfera exclusiva de las decisiones del Ejecutivo , aquí se expresa también el carácter obsoleto del presidencialismo, necesitamos una política exterior de Estado no del Gobierno, es parte de la Reforma del Estado en el ámbito internacional y el tema es tan importante, que incluso ha sido objeto de un acuerdo nacional que refrenda textualmente la lucha por la paz.

Pero ese acuerdo, por cierto, no ha tenido la fuerza suficiente para impedir que el Presidente lo haya violentado el mismo día que se suscribió. Efectivamente, el pasado domingo se firmó un acuerdo por la paz y el mismo día domingo el Presidente de nuestro país declaró a favor de la guerra; por eso la Política Exterior ya no puede ser asunto solo del Ejecutivo sino del Estado, en las actuales condiciones cabe la pregunta: ¿a quién sirve la presencia del Gobierno Mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A México o al Gobierno de Estados Unidos?.

Esta Iniciativa que presentamos el día de hoy tiene 3 conceptos de cambio; el primero plantea la eliminación de la atribución exclusiva del Senado de la República para ratificar los tratados internacionales, y traslada ese imperativo al Congreso de la Unión en su conjunto, es decir, a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores.

Con esta modificación proponemos salvar una discusión fundamental que tiene que ver con visiones que tienden a colocar aún por encima de las leyes federales, a los tratados internacionales, siendo que los primeros son aprobados por el Congreso de la Unión; y los segundos, por el actual esquema solo por el Senado de la República pero ambos se consideran parte de la Ley Suprema del país.

Con esto volvemos a los tratados, los convertimos en un acto legislativo pleno, la aprobación de los tratados mismos se convertirían en una legislación que generaría normas para nuestro país aprobadas por ambas Cámaras.

El segundo tema de cambios se refiere a la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, atribución hoy del Senado; planteamos trasladar la facultad al Congreso de la Unión en su conjunto y darle atribuciones de definición en materia internacional previamente a la toma de cualquier decisión que implique obligaciones a nuestro país.

El tercer elemento de cambio resulta igual de trascendental, establecemos el requisito de la aprobación del Congreso de la Unión de los tratados internacionales previamente a su suscripción por parte del Ejecutivo Federal, con esto obligamos a ser partícipe al Congreso de la Unión en los procesos de negociación de los tratados para que no solo ratifique lo acordado por el Ejecutivo porque su intervención se da generalmente sobre hechos consumados.

Ahí está por ejemplo el asunto de los presuntos convenios secretos sobre energéticos con Estados Unidos y Canadá y que se nos quieren presentar como un hecho consumado. Trasladar al Congreso de la Unión en su conjunto la definición de la Política Exterior del país, permite compartir responsabilidades en un tema que en estos tiempos se torna como un asunto de Estado y de seguridad nacional.

En otros países la Política Exterior es un asunto que involucra no solo al Ejecutivo sino al conjunto de sus Parlamentos y mientras tanto en nuestro país se protegió al Canciller mexicano para impedir que viniera a comparecer ante el pleno de esta soberanía.

El gran reto que tenemos ante la globalización y la unipolaridad es tener capacidad como país de trabajar por nuestras propias prioridades a partir de re plantear los instrumentos de la globalización, dándoles un sentido público para la solución de los grandes problemas de contaminación, pobreza, étnicos, nacionales que no van a ser resueltos con la globalización de las transnacionales. No una globalización desde el entorno privado, como actualmente se identifica, y que responde más a interese de las grandes empresas multinacionales, las cuales recurren incluso a los políticos, y a veces, por cierto, sus gerentes se convierten en políticos.

El reto entonces no puede ser aplazado, requerimos de una política exterior nacional, soberana y decidida por el conjunto del Estado Mexicano.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como siguen:

Artículo Único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 89 y l33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73, fracción vigésimo novena K: Analizar y decidir exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

Artículo 76, fracción primera: Derogada.

Artículo 89, fracción décima: Dirigir la política exterior y celebrar, previa aprobación del Congreso, tratados internacionales. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo se sujetará a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

Artículo l33: Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, previa aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

TRANSITORIO. Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 9 días del mes de octubre del año 200l.

Muchas gracias por su atención.

Iniciativa de decreto por el que se adicionan, reforman y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La desgracia ocurrida en EU ha desatado procesos de muy diversa índole. Convoca a la solidaridad y genera un gran debate sobre las políticas internacionales.

Desde un principio, demandamos todo el apoyo social y humanitario a las familias de las víctimas y respaldamos todas las medidas diplomáticas para cerrarle el paso a nuevas acciones terroristas.

Condenamos el terrorismo contra el pueblo de los EU, como hemos condenado el terrorismo contra los pueblos de Cuba, Palestina o Nicaragua.

Por ello mismo también, manifestamos nuestro rechazo a la guerra. México es pacifista. No queremos más temor y guerra.

Si no queremos guerras propias, menos aún queremos guerras ajenas. Queremos la paz en Chiapas, también en el mundo.

México quiere paz, pero el Gbierno mexicano no lo dice.

No tenemos hoy en día una política exterior de Estado.

Lo que promueve el Gobierno no es la política exterior de México. No la que reclama la representación popular, no la que dice la Constitución.

Desde la cancillería mexicana se reproduce la política exterior de otro país, de nuestro vecino del norte.

La visión del Gobierno Federal no es nacional, ni tampoco mundial. Es una visión norteamericana. No se mira desde México, sino desde Estados Unidos.

No mira las grandes franjas de países y de poblaciones. Su visión se agota en Estados Unidos, porque cree que ahí se agotan las posibilidades de su Gobierno.

Por eso, para la cancillería la disyuntiva es clara: o estás con EU, o estás contra él. Es la misma disyuntiva de George Bush. Es una disyuntiva que México no había asumido ni quiere asumir. Es una disyuntiva que se le impone a México por su propio gobierno.

Vivimos junto a Estados Unidos. No queremos un conflicto con nuestro vecino, al contrario deseamos una buena relación de colaboración, de ayuda mutua, comercio, comunicación, solidaridad. Estamos juntos, a pesar de que Estados Unidos nos quitó la mitad de nuestro territorio, nos invadió en más de una ocasión y México nunca ha pensado en venganzas finitas o infinitas, sino en una buena vecindad.

Nos interesa, como país, lo que pase en territorio de EU, porque allá vive una parte de la nación mexicana y vive allá sin derechos políticos, civiles y sociales.

Pero somos otro país. Somos México y sobrevivimos junto a la superpotencia por el valor de tomar nuestras propias, posiciones.

El poderío de Estados Unidos no es nuevo.

Pero la reiterada afirmación de la independencia política de¡ Estado nacional mexicano, le ha permitido- tener mayor margen de movimiento en el mundo que otros países geográficamente más lejanos.

México ha sido extraordinariamente generoso con Estados Unidos.

Y queremos, sin embargo, que la relación con ese país sea fructífera y positiva también para México.

La reciente crisis económica de México que estamos viviendo, producto de la recesión en Estados Unidos, nos indica que no nos conviene atar nuestro destino a nadie. Hoy sufrimos una crisis ajena, es la consecuencia de no mirar hacia el mundo.

Ciertamente existe una nueva situación mundial. Se acabó la bipolaridad este-oeste, socialismo-capitalismo.

Pero se ha recrudecido la polarización norte-sur. En la globalización actual, un pequeño puñado de trasnacionales de países del norte se enriquece y la miseria se extiende en un universo gigantesco de países.

La concentración de riqueza en el norte, genera grandes flujos migratorios hacia las metrópolis, que son continuamente rechazados y combatidos por éstas.

El poderío económico del norte, con sus redes, normas, fuerza, presiones, ha derrumbado los esfuerzos iniciales de muchos países por construir un Estado de bienestar social.

Ningún país puede sólo reconstruir su Estado social frente a poderes mundiales que deciden las políticas monetarias y fiscales, las inversiones, el comercio, el crédito.

La pobreza es un problema mundial, y requiere soluciones mundiales. Para los países del sur alcanzar la equidad social dentro de sus fronteras supone avanzar en la equidad internacional entre los estados.

Por eso México no puede atarse a la política exterior de EU, porque México requiere de un marco de equidad internacional para desarrollarse económicamente.

Y esa equidad internacional supone contrapesos mundiales al enorme poder de EU y de los países del norte, redes institucionales, económicas-financieras, culturales, mediáticas de los países del sur.

Trabajar para fortalecer a EU como la cumbre del mundo unipolar en lo político, lo militar y lo económico significa trabajar en contra de los intereses de México. No es cierto que a México le conviene apoyar incondicionalmente a EU.

Pero el Gobierno mexicano ha hecho suya la filosofía de la política exterior de EU y pretende presentarla como una nueva política.

Se habla entonces de dejar atrás la política de la autodeterminación y la no intervención. Se dice que México debe intervenir para promover los derechos humanos.

Es la vieja política de los gobiernos de EU y las naciones del norte, quienes se convierten en los jueces de los derechos humanos de las naciones del sur.

¿Y quién vigila que se respeten los derechos humanos en los países del norte?

Ahí se violan derechos humanos de minorías étnicas y de migrantes, de religiosos y escolares, de ciudadanos y mujeres.

Ahora el gobierno de EU se preocupa mucho por la violación de los derechos humanos de las mujeres de Afganistán, pero nada dice de la misma violación de sus derechos a las mujeres en Arabia Saudita, porque este país es su aliado.

EU antes apoyo al Talibán en contra de la Unión Soviética. Ahora lo combate.

El discurso de los derechos humanos ha sido un discurso clave en el gobierno de EU para intervenir en los asuntos de sus adversarios, sin que necesariamente sea su interés promoverlos.

En territorio de EU se entrenaron terroristas y se financiaron escuadrones de la muerte.

En su territorio se plantearon atentados y magnicidios.

La soluciones el derecho internacional y EU apela a la venganza contra países que albergan terroristas.

Pero si esa fuera una norma aplicable para todos, Cuba podría reclamar su derecho a bombardear EU porque ahí se entrenaron terroristas que estallaron un avión cubano con pasajeros civiles en 1975. Eso seria tan irracional y absurdo como imposible, por la gran diferencia en los poderes militares reales entre un país y otro. Por eso debe imponerse el derecho.

Pero más allá de que esta guerra sea tan deplorable como el terrorismo, es además ineficaz. Muchos afganistanos pueden morir sin garantía alguna de que las redes del terrorismo hayan desaparecido y dejen de actuar.

México debe promover en el mundo la equidad entre los Estados y el desarrollo económico; la igualdad social y el bienestar de los pueblos.

La globalización es un espacio de disputa.

Diversidad cultural, nacional, étnica, religiosa. Multipolaridad política, cooperación para el desarrollo, promoción de la paz y sobre todo equidad entre los estados, parecen ser los elementos de una política exterior que debe impulsar el Estado mexicano, apoyándose en la constitución.

Nuestra responsabilidad es impulsar una globalización desde los estados, no desde las empresas transnacionales.

El tema internacional es tan importante que ya no puede ser esfera exclusiva de las decisiones del Ejecutivo.

Aquí se expresa también el carácter obsoleto del presidencialismo.

Necesitamos una política exterior de Estado, no sólo de gobierno.

Es parte de la reforma del Estado.

El tema internacional es tan importante que incluso ha sido objeto de un acuerdo nacional que refrenda "la lucha por la paz". Pero ese acuerdo no ha tenido la fuerza suficiente para impedir que el Presidente lo haya violentado el mismo día que lo suscribió. Se firma un acuerdo por la paz y se apoya la guerra.

Por eso la política exterior ya no puede ser asunto sólo del Ejecutivo, sino del Estado.

En las actuales condiciones, cabe la pregunta ¿a quién le sirve la presencia del Gobierno mexicano en el Consejo de Seguridad de la ONU? ¿A México o al gobierno de EU?.

La Reforma del Estado debe tener como uno de sus ejes

fundamentales la redistribución del poder y la colegiación de las decisiones públicas.

Esta iniciativa tiene tres conceptos de cambio:

El primero plantea la eliminación como atribución exclusiva del Senado de la República de la ratificación de los tratados internacionales, para trasladar ese imperativo al Congreso de la Unión en su conjunto,, es decir Cámara de Diputados y Cámara de Senadores.

Con esta modificación, salvamos una discusión importante, que tiene que ver con visiones que tienden a colocar aún por encima de las leyes federales a los tratados internacionales, siendo que los primeros son aprobados por el Congreso de la Unión y los segundos con el actual esquema, sólo por el Senado de la República.

Con esto volvemos un acto legislativo pleno, la aprobación de los tratados., mismos que generan normas para nuestro país.

El segundo se refiere a la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo, atribución hoy del Senado; planteamos trasladar la facultad al Congreso de la Unión en su conjunto y darle atribuciones de definición en materia internacional previo a la toma de cualquier decisión que implique obligaciones a nuestro país.

El tercer elemento de cambio resulta igual de trascendental: establecemos el requisito de aprobación del Congreso de la Unión de los tratados internacionales previo a su celebración o suscripción por parte del Ejecutivo Federal, con esto obligamos a ser participe al Congreso de la Unión en los procesos de negociación de los tratados, para que no sólo ratifique lo acordado por el Ejecutivo, porque su intervención actual se da sobre hechos consumados. Ahí está el asunto de los presuntos convenios secretos sobre energéticos entre EU, Canadá y México, que nos quieren presentar como hecho consumado.

Trasladar al Congreso de la Unión en su conjunto la definición de la política exterior del país, permite compartir responsabilidades en un tema que en estos tiempos se torna como un asunto de Estado y de seguridad nacional.

En otros países con regímenes democráticos consolidados, la política exterior es un asunto que involucra al Ejecutivo, pero también a sus congresos o parlamentos.

Mientras en esta soberanía a raíz de la crisis generada por los lamentables acontecimientos del 11 de septiembre, hubo quienes insistimos en la comparecencia del canciller mexicano - dándose una sistemática oposición principalmente por parte del partido que ahora gobierna a nivel federal - en otros países, presidentes o primeros ministros, acudieron sin cita ante sus representaciones a fin de definir la posición del país.

El gran reto que tenemos ante la globalización y la unipolaridad, es tener capacidad como país de trabajar por nuestras prioridades, a partir de replantear los instrumentos de la globalización, dándole sentido público.

No una globalización desde el entorno privado, como actualmente se identifica y que responde más a los intereses de las transnacionales, las cuales recurren a los políticos, o incluso sus gerentes se convierten en políticos.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 73, 761 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 73. . . .

I a la XXIX J. . . .

XXIX K. Analizar y decidir la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal; además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;

XXX. . . .

Artículo 76. . . .

I. Derogada.

II a la X. . . .

Artículo 89. . . .

I a la IX. . . .

X. Dirigir la política exterior y celebrar previa aprobación del Congreso, tratados internacionales. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo se sujetará a los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención, la solución pacífica de las controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los estados; la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacionales;

XI a la XX. . . .

Artículo 133. Esta constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, previa aprobación del Congreso, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 9 de octubre de 2001.— Diputado Martí Batres Guadarrama

EL PRESIDENTE: Gracias a usted, diputado Martí Batres Guadarrama.

Túrnese a la Comisión de puntos Constitucionales.

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Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

LA SECRETARIA, MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 449 ciudadanos diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

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EL PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales.

LA DIP. OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeros legisladores:

El devenir histórico y político nacionales han logrado que la propia dinámica de nuestras instituciones busquen adoptar mecanismos tendientes a lograr las condiciones necesarias para mejorar nuestro entorno ecológico y democrático. La depuración de los rezagos que aún conserva nuestra mentalidad en el entorno ecológico que vivimos, han ido rebasando para permitir a base de nuestros propios esfuerzos la consolidación de dichas instituciones políticas e instancias de conservación del medio ambiente que permitan la perpetuación de la vida plena en un sistema ambientalmente sano.

Ante el avance democrático cada vez más consolidado que ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos para la revisión del entorno global en que se desempeñan las campañas políticas, necesitan ser evaluadas y valoradas en su real dimensión.

La revisión de la que venimos tratando conduce necesariamente a adoptar reformas que procuren un medio ambiente sano con todos los beneficios que ello trae inmerso, ésta es la hora en la que debemos fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y las oportunidades de organización que tienen los mexicanos para brindarles las condiciones que promulgamos todos los partidos políticos y que se resumen en mejor calidad de vida.

Por ello, en este ejercicio político responsable la dinámica de las instituciones nos impone el deber de actualizar los supuestos y los mecanismos que den viabilidad a nuestro sistema político y lo hacen cada vez más eficiente, no sólo en las plataformas, recursos económicos y candidatos, sino también en el gasto de dichos recursos y el impacto económico y ambiental que representa el desperdicio de la propaganda electoral.

Por mencionar un ejemplo, en la pasada campaña electoral en el Distrito Federal en donde se genera el 62% del total de los residuos del país, se produjeron 9 mil toneladas en plástico, cartón y papel, a lo que se suman el uso de pinturas y lacas para la pinta de muros y de pegamentos para colocación de la propaganda, con un costo por su recolección de 9 millones de pesos y de un equipo de mil hombres y 40 camiones de basura para retirar la propaganda electoral, cantidad que podría ser utilizada en cualquier programa en beneficio de la ciudadanía.

En otras ciudades como Guadalajara, se calcula que fueron colocadas unas 3 mil toneladas y en Monterrey unas 4 mil. Cifras como éstas nos obligan a reflexionar en el desperdicio y costo que representa el utilizar materiales no reciclados o no biodegradables.

El manejo y reciclaje de las decenas de miles de toneladas de basura que dejan los comicios electorales representa una ardua tarea, pues al menos en el caso de la propaganda de materiales plásticos, es difícil que compañías recicladoras acepten recibir esos desperdicios por el alto costo que implica su tratamiento y de permanecer ene l medio ambiente se necesitaría un promedio de 70 años para la degradación de estos materiales.

Es necesario fomentar el rehusó y el reciclaje, a fin de terminar con el libertinaje en que hemos caído los partidos políticos con la propaganda electora, ya que en cada elección federal se generan 50 mil toneladas de desperdicios electorales.

A nivel nacional, el servicio de recolección de basura cubre en promedio a 78% de la población, aunque en las grandes zonas urbanas el porcentaje de los ciudadanos atendidos se estima en 90%, en las ciudades medias va de 70 a 85% y en las pequeñas áreas urbanas, entre 50 y 70%. Pero la basura electoral cubre casi el 95% del país, lo que nos invita a reflexionar en el destino final de la propaganda que generamos año con año en miles de toneladas de desperdicios.

La generación de basura per cápita en nuestro país es de casi 853 gramos y el costo que tiene por habitante, además de sus impuestos, es aproximadamente de 600 pesos por año.

En México se generan diariamente 80 mil toneladas de basura, de las cuales tan sólo una tercera parte llegan a algún tipo de confinamiento sanitario, basura que en un 50% es material no biodegradable.

La basura está compuesta en 14.2% por papel, 9.8% por cartón, contiene plástico en un 3.1% y 1.2 por ciento de textiles, materiales todos éstos de un gran uso en las campañas políticas en nuestro país.

Es necesaria una legislación que nos haga más responsables a los partidos políticos por la basura generada en nuestro afán de dar a conocer a la ciudadanía nuestras ideas y plataformas electorales. Necesitamos establecer leyes que obliguen a los institutos políticos del país a rectificar sus patrones de consumo, fomentando los materiales reciclados y de rehusó, así como los biodegradables.

Por ello, respetuosamente los miembros del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos permitimos someter a esta Cámara de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente decreto por el que se reforman los artículos 38, 182A, 185 y 269 del Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales.

Firman los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Hago entrega a la Secretaría de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México

Bernardo de la Garza Herrera Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El devenir histórico y político nacionales, han logrado que la propia dinámica de nuestras instituciones, busquen adoptar mecanismos tendientes a lograr las condiciones necesarias para mejorar nuestro entorno ecológico y democrático.

La depuración de los rezagos que aún conserva nuestra mentalidad en el entorno ecológico que vivimos, han ido rebasándose para permitir a base de nuestros propios esfuerzos la consolidación de dichas instituciones políticas e instancias de conservación del medio ambiente, que permitan la perpetuación de la vida plena en un sistema ambientalmente sano.

Ante el avance democrático cada vez más consolidado que poco a poco ha impulsado la sociedad civil a través de los partidos políticos, para la revisión del entorno global en que se desempeñan las campañas políticas, estas necesitan ser evaluadas y valoradas en su real dimensión.

La revisión de la que venimos tratando, conduce necesariamente a adoptar reformas que procuren un medio ambiente sano, con todos los beneficios que ello trae inmerso.

Esta es la hora en la que debemos fortalecer nuestra- democracia, nuestras instituciones y las oportunidades de organización que tienen los mexicanos, para brindarles las condiciones que promulgamos todos los partidos políticos y que se resumen en una mejor calidad de vida.

Por ello, en este ejercicio político responsable, la dinámica de las instituciones nos impone el deber de actualizar los supuestos y los mecanismos que dan viabilidad a nuestro sistema político y lo hacen cada vez más eficiente, no solo en las plataformas, recursos económicos y candidatos; sino también, en el gasto de dichos recursos y en el impacto económico y ambiental que representa el desperdicio de la propaganda electoral.

Por mencionar un ejemplo, en la pasada campaña electoral en el Distrito Federal, en donde se genera el 62% del total de los residuos del país, se produjeron 9 mil toneladas en plástico, cartón y papel, a lo que se suma el uso de pinturas y lacas para la pinta de muros y de pegamentos para la colocación de la propaganda, con un costo por su recolección de unos 9 millones de pesos y de un equipo de mil hombres y 40 camiones de basura para retirar la propaganda electoral, cantidad nada despreciable para utilizar en cualquier programa en beneficio de la ciudadanía.

En otras ciudades como Guadalajara se calcula que fueron colocadas unas 3 mil toneladas y en Monterrey unas 4 mil. Cifras como estas nos obligan a reflexionar en el desperdicio y costo que representa el utilizar materiales no-reciclados o no-biodegradables .

El manejo y reciclaje de las decena de miles de toneladas de basura electoral que dejan los comicios electorales, representa una ardua tarea, pues al menos en el caso de la propaganda de material plástico, es difícil que compañías recicladoras acepten recibir esos desperdicios por el alto costo que implica su tratamiento y de permanecer en el medio ambiente, se necesitaría un promedio de 70 años para la degradación de estos materiales.

Es necesario fomentar el rehúso y el reciclaje, a fin de terminar con el libertinaje en que hemos caído los partidos políticos con la propaganda electoral. Ya que en cada elección federal se generan 50 mil toneladas de desperdicios electorales.

A nivel nacional, el servicio de recolección de basura cubre en promedio a 78% de la población. Aunque en las grandes zonas urbanas el porcentaje de los ciudadanos atendidos se estima en 90%, en las ciudades medias va de 70 a 85% y en las pequeñas áreas urbanas está entre 50 y 70%, precisa el INE. Pero la basura electoral cubre casi el 95% del país, lo que nos invita a reflexionar en el destino final de la propaganda que generamos año con año, en miles de toneladas de desperdicios.

La generación de basura per cápita en nuestro país es de casi 853 gramos, y el costo que esta tiene por habitante, además de sus impuestos es de aproximadamente 600 pesos por año.

En México se generan diariamente 80 mil toneladas de basura, de las cuales tan sólo una tercera parte llegan a algún tipo de confinamiento sanitario. Basura que en un 50% es material no biodegradable .

La basura esta compuesta en 14.2% por papel, 9.8% por cartón; contiene plástico en un 3.1% y en un 1.2% de textiles; materiales todos estos de un gran. uso en las campañas políticas en nuestro país.

Es necesaria una legislación que nos haga mas responsables a los partidos políticos por la basura generada en nuestro afán de dar a conocer a la ciudadanía nuestras ideas y plataformas electorales.

Necesitamos establecer leyes que obliguen a los Institutos Políticos de¡ País, a rectificar sus patrones de consumo, fomentando los materiales reciclados y de reuso, así como los biodegradables.

Por ello, respetuosamente, los miembros del grupo parlamentario de¡ Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a esta Cámara de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente:

DECRETO

Por el que se reforman los artículos 38, 182-A, 185 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo único. Se reforman los artículos 38, 182-A, 185 y 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue.

Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

a). ...

b) ...

. . . . . . . . . . .

s) Utilizar sus gastos de propaganda impresa, únicamente en materiales reciclados o de reuso o biodegradables.

t) Las demás que establezca este Código.

Artículo 182-A.

1. ...

2. Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados y otros similares;

II. Comprenden también los realizados en mantas, volantes, pancartas, propaganda utilitaria y otros similares, siempre y cuando esta sea elaborada con materiales reciclados o de reuso o biodegradables.

b). ...

ARTICULO 185.

1. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá emplear materiales reciclados o de reuso o compuesta por materiales biodegradables y contener, en todo caso también, una identificación precisa de¡ partido político o coalición que ha registrado al candidato.

2. La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límites que lo señalado en el numeral anterior, en los términos de¡ artículo 7o. de la constitución, en el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades terceros y a las instituciones y valores democráticos.

Artículo 269.

1. ...

2. Las sanciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser impuestas cuando:

a) Incumplan con las obligaciones señaladas en el artículo 38, 185 y demás disposiciones aplicables de este código

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 9 del de octubre del 2001.— Firman los diputados: Bernardo de Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez; María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.

EL PRESIDENTE: Gracias a usted diputada Olga Patricia Chozas y Chozas.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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El siguiente punto en el orden del día son oficios de la Secretaría de Gobernación.

LA SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:

(Permiso del general Gerardo Clemente Ricardo Vega García)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

El general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional, se ha dirigido al titular de esta dependencia, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la medalla Gran Cruz de la Victoria, que le confiere el teniente general Ricardo Izurieta Caffarena, comandante en jefe del Ejército de Chile, con motivo de la visita que realizará a nuestro país, del 6 al 11 de octubre del presente año.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, copia certificada de su acta de nacimiento, 2 fotografías tamaño credencial, copia simple del diploma de la condecoración; de la carta del interesado dirigida al licenciado Santiago Creel Miranda, secretario de Gobernación, en la que solicita el trámite de la autorización correspondiente y currículum vitae.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, D. F. a 8 de octubre de 2001.— Por acuerdo del director general, el director licenciado José Luis Carmona Ruiz.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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LA MISMA SECRETARIA:

(De los ciudadanos Juan Antonio Mateos Cicero y Teodoro Amerlinck y Zirión)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados

del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el licenciado Juan Antonio Mateos Cicero, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Heung-In, en Segundo Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

Atentamente

México, D. F., a 3 de octubre de 2001.—El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.

EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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LA MISMA SECRETARIA:

(De los CC Carlos Hurtado López, Eduardo Alberto Henkel y Pérez Castro, Angélica María Careaga Mercadillo, Ricardo Ríos Cárdenas, Enrique Vilatela Riba, Ramiro Ayala Muñiz y Benito Andino Sancho)

Escudo NACIONAL DE LOS Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Carlos Hurtado López, Eduardo Alberto Henkel y Pérez Castro, Angélica María Careaga Mercadillo, Ricardo Ríos Cárdenas, Enrique Vilatela Riba, Ramiro Ayala Muñiz y Benito Andión Sancho, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 2 de octubre de 200.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.

Minuta

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Carlos Hurtado López, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Eduardo Alberto Henke1 y Pérez Castro, para aceptar y usar la condecoración de la Estrella al Servicio Público, que le confiere el gobierno de la República de Singapur.

Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Angélica María Careaga Mercadillo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de miembro que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Ricardo Ríos Cárdenas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Servicio Leal, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de Rumania.

Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Enrique Vilatela Riba, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de comendador, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Ramiro Ayala Muñiz, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Democracia Simón Bolívar, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.

Artículo séptimo. Se concede permiso al ciudadano Benito Andión Sancho, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Francisco Morazán, en grado de gran cruz Placa de Plata, que le confiere el gobierno de la República de Honduras.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D. F., a 2 de octubre de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente; Senadora Sara Castellanos Cortés, secretaria.

Se remite a la Cámara de diputados para los efectos constitucionales.— México D. F. a 2 de octubre de 2001.— Licenciado Arturo Garita, secretario general de servicios parlamentarios.

EL PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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LA MISMA SECRETARIA:

(Del C. Rodrigo Solana Esposito)

Escudo Nacional de los Estados Unidos mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados .— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso, al ciudadano Rodrigo Solana Esposito, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de España en la ciudad de Hermosillo, con circunscripción consular en el Estado de Sonora.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 2 de octubre de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente»

Minuta

Proyecto de Decreto

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rodrigo Solana Esposito, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de España en la ciudad de Hermosillo, con circunscripción consular en el Estado de Sonora.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores, a 2 de octubre de 2001.— Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente y Sara Castellanos cortés, secretaria.

Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.— Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios.

EL PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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LA SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:

(Oficio de la H. Cámara de Senadores, con el que se remite la Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso a las ciudadanas Concepción Isabel Pérez Mares y Josefina Zúñiga Vega)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que concede permiso a las ciudadanas Concepción Isabel Pérez Mares y Josefina Zúñiga Vega, para prestar servicios como auxiliar de telefonista y auxiliar de limpieza, respectivamente, en la Embajada de Costa Rica en México.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, D.F, a 2 de octubre de 2001.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos.

Minuta

Proyecto de Decreto

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Concepción Isabel Pérez Mares, para prestar servicios como auxiliar de telefonista en la Embajada de Costa Rica en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Josefina Zúñiga Vega, para prestar servicios como auxiliar de limpieza en la Embajada de Costa Rica en México.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D.F, a 2 de octubre de 2001.— Senadores: Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente y Sara Castellanos Cortés, secretaria.

Se remite a la Cámara de diputados para los efectos constitucionales. Arturo Garita, secretario general de Servicios Parlamentarios.

EL PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Dictamen de Primera Lectura.

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El siguiente punto del orden del día, es el dictamen relativo al Proyecto de Decreto que concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre del 2001, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, a Hamburgo, Alemania, y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica , en Shanghai, República Popular China.

Es de primera lectura.

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVII Legislatura

DICTAMEN

De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto por el que se le concede autorización, al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre del 2001, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República italiana; a la santa sede; a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, en Shanghai, republica popular china.

Honorable Asamblea

A la Comisión de Relaciones Exteriores de ésta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen la iniciativa de decreto por la que solicita autorización para que al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada pueda ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de Octubre, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania, y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en Shanghai, República Popular China.

Los diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 88 de la Constitución General de la República, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, fracción I del artículo 55 y artículos 56, 57 ,59, 60, 87 , 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la honorable Asamblea, el siguiente dictamen, por las siguientes:

CONSIDERACIONES

Que a la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración de dictamen la iniciativa de decreto por la que se solicita autorización para que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada, pueda ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de Octubre, a efecto de que se realicen visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania, y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asía Pacifico, en Shanghai, República Popular China.

Que los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, aprobamos en lo general la minuta proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores el 4 de octubre de 2001, autorizando al Presidente a ausentarse del territorio nacional en las fechas indicadas y que nos fue remitida por la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con número de Oficio D.G.P.L. 58-II-5-450.

La política exterior de México, ante los nuevos retos del escenario mundial, tendrá que continuar fortaleciendo sus relaciones internacionales, teniendo como principio rector el promover y defender los intereses de la nación. En el mundo contemporáneo, esta defensa reclama del Gobierno mexicano - y de todos su poderes - buscar un amplio espectro de relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales donde el espíritu de la cooperación se base en el mutuo respeto y la identificación de una agenda común.

México debe de aprovechar las ventajas comparativas de la globalización y su posición geoestratégica privilegiada para jugar un papel más activo en el sistema internacional, fortaleciendo su capacidad de iniciativa, sin menoscabo de sus principios constitucionales. Lo anterior debe llevar al Gobierno mexicano a diversificar sus relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con otras naciones y a buscar una posición más activa en los foros regionales y mundiales.

Que entre los principios generales de Política Exterior se prevé la necesidad de garantizar nuestra Seguridad Nacional y nuestra Integridad Territorial, a efecto de que no se vean afectados o amenazados como resultado de los cambios o acontecimientos que se producen en el exterior y al mismo tiempo se busque la participación activa en la conformación de un Sistema Internacional que promueva la estabilidad y la cooperación sobre la base del Derecho Internacional que nos proporcione espacios de acción política y diplomática frente a otras naciones o regiones.

Que, como la iniciativa establece, en lo bilateral el contacto directo entre jefes de Estado y de Gobierno fortalece el diálogo político; en lo económico y cultural, el contacto con actores sociales representativos de esos sectores redimensiona los convenios en las respectivas materias. En especial, debe considerarse que los actos perpetrados contra los Estados Unidos de Norteamérica el pasado 11 de septiembre, obligan a nuestro país a reflexionar y participar de manera propositiva en la reflexión que la comunidad internacional realiza sobre estos actos. De esta manera, en las nuevas medidas que se acuerden y en las nuevas instituciones que surjan para enfrentar estos actos que amenazan la paz y seguridad internacionales, habremos tenido una participación creadora en el redimesionamiento de la agenda internacional.

Que la Política Exterior de México es consecuente con el reto de preservar nuestra seguridad nacional e integridad territorial para que no se vean afectadas o amenazadas como resultado de cambios o acontecimientos que se producen en el exterior, participar activamente en la conformación de un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación, sobre la base del derecho internacional, así como promover a México de manera exitosa en la economía internacional.

En este terreno, es conocido que la desaceleración de la economía se ve agravada por el efecto negativo de la inseguridad en los mercados y la confianza de los inversores. Sólo una interrelación política y diplomática, donde las naciones pongan de su parte un esfuerzo complementario permitirá reestablecer un orden económico equitativo. Para ello, es fundamental que el intercambio entre mandatarios, gobiernos y países permita promover la estabilidad y las bases de una nueva convivencia internacional, basada en el derecho, que de nuevos impulsos al desarrollo y el intercambio entre las naciones.

Que la diversificación de los vínculos políticos y acuerdos económicos de nuestra nación, ha sido pilar de autonomía y pluralismo en las relaciones diplomáticas mexicanas. La visita a diversos países de Europa, con los cuales nos unen antiguas y sólidas relaciones, se revela oportuna, en la medida que ratificarlas a la luz de las nuevas condiciones internacionales, reitera la postura tradicional de México y da certeza a nuestras naciones amigas de la fortaleza de estas convicciones.

Que en ese sentido, la participación de nuestro país en la IX Reunión cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, será una excelente ocasión para concertar nuevos acuerdos y un intercambio de criterios que serán vitales para reconstruir un nuevo esquema financiero y comercial en el orden económico mundial. Será el diseño de nuevas estrategias regionales entre países con intereses y destinos comunes, el que permitirá que México llegue a otros foros en condiciones de enfrentar los nuevos retos. Consideramos que en este momento por el que atraviesa el mundo, la IX Reunión de la APEC tendrá carácter estratégico para el futuro de la comunidad internacional. Por estas razones, la participación de México en la reunión de Shangai, los días 21 y 22 de octubre revisten una vital importancia y se justifica plenamente.

Que el permiso de autorización que solicita el Ejecutivo Federal para ausentarse del país del 10 al 22 de Octubre sustenta los siguientes fines:

• Atender las invitaciones para realizar visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España, así como realizar visitas oficiales de trabajo a Alemania, Italia y a la Santa Sede, con el fin de profundizar el diálogo político y buscar convergencias con respecto a temas centrales de la agencia multilateral e internacional.

• Participar en la Conferencia Internacional Anticorrupción, organizada por el Gobierno de la República Checa y la agrupación Transparencia Internacional.

• Participar en la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, que tendrá lugar del 21 y 22 de octubre, en Shanghai, República Popular China.

• Buscar la oportunidad para dialogar, bilateralmente, con mandatarios de diversos países de la región sobre temas de enorme relevancia para la agenda internacional.

Por lo tanto, consideramos que los principios de Política Exterior, con respecto a el Derecho Internacional, que exigen ir a la vanguardia de los nuevos retos que se presentan, y que reclaman la participación de México en los diversos foros internacionales y el fomento de sus relaciones con otras Naciones están presentes en la solicitud que se nos presenta.

En base a las consideraciones antes vertidas y al análisis presentado en el proyecto de decreto presentado por la Cámara de Senadores en donde se establece la procedencia de la autorización para que el titular del Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre del presente año, a efecto de que se realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania, y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, en Shanghal, República Popular China, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura sometemos a la consideración de ésta honorable Asamblea el siguiente

DECRETO

Unico. Se concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre de 2001, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al reino de España; visitas oficiales a la República Italiana; a la Santa Sede; a Hamburgo, Alemania, y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacifico, en Shanghai, Republica Popular China.

ARTICULO TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, F. Javier Sánchez Campuzano, Tarcisio Navarrete Montes de Oca, Ericka E. Spezia Maldonado, Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Anderson Nevárez, José Carlos Borunda Zaragoza, Eduardo Arnal Palomera, Raúl Covarrubias Zavala, María Elena Chávez Palacios, Jorge Alejandro Chávez Presa, Sergio Acosta Salazar, Víctor Manuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián S. Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efrén N. Leyva Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Humberto D. Mayáns Canabal, Miguel Angel Moreno Tello (rúbrica), José Luis Novales Arellano (rúbrica), Bernardo Pastrana Gómez (rubrica), Ma. de los Ángeles Sánchez Lira, Heidi G. Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varón Levy , José S. Velázquez Hernández.

EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen, y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

LA PRESIDENTA: Se le dispensa la segunda lectura.

Tiene la palabra la ciudadana diputada María Elena Chávez Palacios, del grupo parlamentario de Acción Nacional y a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos

LA DIP. MARIA ELENA CHAVEZ PALACIOS: Gracias, con su permiso señora Presidente.

Dictamen por el que se le concede autorización al ciudadano Presidente Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre del 2001, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica, en Shanghai, República Popular China.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Relaciones Exteriores de esta H, Cámara de Diputados, de la LVIII Legislatura, le fue turnado para su estudio y posterior dictamen la iniciativa de decreto por la que se solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos pueda ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica , en Shanghai, República Popular China.

Honorable Cámara de Diputados: Los diputados federales de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 88 de la Constitución General de la República, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General, fracción I del artículo 55 y artículo 56, 57, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la H. Asamblea el siguiente dictamen por las siguientes consideraciones:

Que a la Comisión de Relaciones Exteriores le fue turnado para su estudio y posterior elaboración del dictamen, la iniciativa de decreto por la que se solicita autorización para que el ciudadano Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España; visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, y para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, en Shanghai, República China.

Que los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores de la LVIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados aprobamos en lo general la minuta de proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Senadores el 4 de octubre del 2001, autorizando al ciudadano Presidente a ausentarse del territorio nacional en las fechas indicadas y que nos fue remitida por la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados con el oficio número DGPL58II 5450.

La política exterior de México ante los nuevos retos del escenario mundial tendrá que continuar fortaleciendo sus relaciones internacionales, teniendo como principio rector el promover y defender los intereses de la nación en el mundo contemporáneo.

Esta defensa reclama del gobierno mexicano y de todos sus poderes buscar un amplio espectro de relaciones diplomáticas, políticas, económicas y culturales donde el espíritu de la cooperación se basa en el mutuo respeto y la identificación de una agenda común.

México debe aprovechar las ventajas comparativas de la globalización y su posición geoestratégica privilegiada para jugar un papel más activo en el sistema internacional, fortaleciendo su capacidad de iniciativa sin menoscabo de sus principios constitucionales.

Lo anterior debe llevar al gobierno mexicano a diversificar sus relaciones políticas, económicas, culturales y de cooperación con otras naciones y a buscar una posición más activa en los foros regionales y mundiales.

Que entre los principios generales de la política exterior se prevé la necesidad de garantizar nuestra seguridad nacional y nuestra integridad territorial a efecto de que no se vean afectadas o amenazados como resultado de los cambios o acontecimientos que se producen en el exterior y al mismo tiempo se busque la participación activa de la conformación de un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación sobre la base del derecho internacional que nos proporcione espacios de acción política y diplomática frente a otras naciones o regiones.

Que como la iniciativa establece en lo bilateral, el contacto directo entre jefes de estado, de gobierno, fortalece el diálogo político en lo económico y en lo cultural, el contacto con actores sociales representativos de estos sectores redimensiona los convenios en las respectivas materias, en especial debe considerarse que los actos perpetrados contra los Estados Unidos de Norteamérica el pasado 11 de septiembre, obligan a nuestro país a reflexionar y a participar de manera propositiva en la reflexión de la comunidad internacional, que realiza la comunidad internacional sobre estos actos.

De esta manera en las nuevas medidas que se acuerden y en las nuevas instituciones que surjan para enfrentar estos actos que amenazan la paz y la seguridad internacional, habremos tenido una participación creadora en el redimensionamiento de la agenda internacional.

Que la política exterior de México es consecuente con el reto de preservar nuestra seguridad nacional e integridad territorial para que no se vea afectada o amenazada como resultado de cambios o acontecimientos que se producen en el exterior.

Participar activamente en la conformación de un sistema internacional que promueva la estabilidad y la cooperación sobre la base del derecho internacional, así como promover a México de manera exitosa en la economía internacional.

En este terreno, es conocido que la desaceleración de la economía se ve agravada por el efecto negativo de la inseguridad de los mercados y la desconfianza de los inversores.

Solo una interrelación política y diplomática donde las naciones ponga de su parte un esfuerzo complementario, permitirá restablecer un orden económico, equitativo. Para ello es fundamental que el intercambio entre mandatarios, gobiernos y países permita promover la estabilidad y las bases de una nueva convivencia internacional, basada en el derecho que dé nuevos impulsos al desarrollo y al intercambio entre las naciones.

Que la diversificación de los vínculos políticos y acuerdos económicos de nuestra nación ha sido el pilar de autonomía y pluralismo en las relaciones diplomáticas mexicanas. La visita a diversos países de Europa, con los cuales nos unen antiguas y sólidas relaciones, se revela oportuna en la medida en que ratificarlas a la luz de las nuevas condiciones internacionales, reitera la postura tradicional de México y da certeza a nuestras naciones amigas de la fortaleza de estas convicciones.

Que en este sentido la participación de nuestro país en la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, será una excelente ocasión para concertar nuevos acuerdos y un intercambio de criterios que serán vitales para reconstituir un nuevo esquema financiero y comercial en el orden económico mundial.

Será el diseño de nuevas estrategias regionales entre países con intereses y destinos comunes, el que permitirá que México llegue a otros foros en condiciones de enfrentar todavía nuevos retos.

Consideramos que en este momento por el que atraviesa el mundo, la IX Reunión de la PECC tendrá carácter estratégico para el futuro de la comunidad internacional.

Por estas razones, la participación de México en la reunión de Shanghai los días 21 y 22 de octubre, revisten una vital importancia y se justifica plenamente.

Que el permiso de autorización que solicita el Ejecutivo Federal para ausentarse del país del día 10 al 22 de octubre, se sustenta en los siguientes fines:

Atender las invitaciones para realizar las visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España, así como realizar visitas oficiales de trabajo a Alemania, Italia y a la Santa Sed, con el fin de profundizar el diálogo político y buscar convergencias.

Participar en la Conferencia Internacional Anti Corrupción, organizada por el Gobierno de la República Checa y la Agrupación Transparencia Internacional.

Participar en la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico que tendrá lugar el 21 y 22 de octubre en Shanghai, República Popular China Buscar para dialogar bilateralmente con mandatarios de diversos países de la región,. sobre temas de enorme relevancia para la agenda internacional.

Es por tanto, que consideramos que los principios de la política exterior, con respecto al derecho internacional, exigen ir a la vanguardia de los nuevos retos que se presentan y que reclaman la participación de México en los diversos foros internacionales y el fomento a sus relaciones con otras naciones están presentes en la solicitud que se nos presenta.

En base a las consideraciones antes vertidas y el análisis presentado en el Proyecto de Decreto presentado por la H. Cámara de Senadores, en donde se establece la procedencia de la autorización para que el titular del Ejecutivo pueda ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre del presente año, a efecto de que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino España, visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en Shanghai, República Popular China, la Comisión de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente

D E C R E T O

UNICO. Se concede autorización al ciudadano Vicente Fox, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional del 10 al 22 de octubre del 2001, a efecto que realice visitas de Estado a la República Checa y al Reino de España, visitas oficiales a la República Italiana, a la Santa Sede, a Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en Shanghai, República China.

T R A N S I T O R I O

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Y se anexan firmas. Es cuanto señora presidente.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. Se han registrado para fijar la posición de sus Grupos Parlamentarios, los siguientes ciudadanos diputados:

Por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, la diputada María Cristina Moctezuma Lule.

Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado David Augusto Sotelo Rosas

Por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca.

Tiene la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule del grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista; hasta por diez minutos, diputada.

LA C. DIPUTADA MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE. Muchas gracias, señora Presidenta.

Amigas y amigos legisladores:

La gira de trabajo que el titular del Poder Ejecutivo tiene planeado realizar en los próximos días, merece ser revisada.

Sabemos que es de gran importancia que la política exterior de México continúe fortaleciendo sus relaciones internacionales, pero como bien se menciona en el dictamen con proyecto de decreto, este fortalecimiento debe darse teniendo como principio rector el promover y defender los intereses de la Nación.

Durante los primeros nueve meses del gobierno del Presidente Vicente Fox, las relaciones internacionales de nuestro país han sido dinámicas, pues en este corto período nuestro Presidente realizó diez giras internacionales, las cuales no han cesado y han continuado en los últimos dos meses.

Sin embargo no consideramos pertinente y adecuado que ahora se pretenda ausentar por tres semanas. Esto, como ya lo hemos manifestado en la Cámara de Senadores, no nos parece que sea lo adecuado ni seguro, pues la ausencia de cualquier mandatario en cualquier país por un período tan largo resulta riesgoso en la actualidad para el desarrollo y la seguridad de la Nación. No se puede dirigir a un país desde lejos, pues las necesidades de los mexicanos son reales y palpables día a día.

No pretendemos que el gobierno mexicano no cree una nueva imagen hacia el exterior ni tampoco pretendemos que el Presidente Fox siga continuando en los viajes de relaciones internacionales; no podemos tampoco bloquear estos viajes hacia el exterior, porque debemos ayudar a crear una buena imagen de México y a generar confianza para traer inversiones, que es lo que supuestamente está haciendo el Presidente con sus salidas. Sin embargo, vale la pena que nosotros revisemos por qué va, qué tan importante es, a las reuniones a las que tiene previstas.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, considera que a la reunión del próximo jueves que se celebrará en Praga, capital de la República Checa, no es indispensable que concurra el ciudadano Presidente Vicente Fox. Reconocemos la importancia que tiene transparencia internacional, organismo que convoca a esa reunión anticorrupción y la importancia de aprovechar ese foro para que en conversaciones bilaterales, fortalecer nuestros lazos con el pueblo checo y otros líderes que aparentemente asistirán. No obstante, este grupo parlamentario considera que es preferible que asista el Secretario de Contraloría, por ejemplo Francisco Barrio Terrazas por razones obvias y por ser una reunión estrechamente relacionada con su responsabilidad.

En la última escala de la gira presidencial, la reunión del Foro de la Cooperación Económica Asia Pacífico también puede ser sustituido el Presidente Fox.

Ahora bien, da la casualidad que precisamente el resto de los países que van a visitar, que van a la visita de Europa, con excepción del Vaticano, son miembros de la organización del Tratado del Atlántico Norte, por lo tanto es previsible que los líderes de España, Italia, Alemania y Francia estarán concentrados en las operaciones militares que están en curso en Medio Oriente, antes que la visita de los presidentes mencionados. Más aún, el domingo el Canciller Castañeda, afirmaba que el viaje se justificaba porque ahora más que nunca, era necesario que el Presidente platicara con su homólogo francés Chirac y el canciller alemán. No obstante, ambas reuniones no están confirmadas ni agendadas en la solicitud de autorización presentada al Senado de la República.

En esta ocasión que la incertidumbre y el sonido de la metralla es lo que prevalece en el concierto internacional, queremos hacer un llamado a la prudencia y abrir un compás de espera en la agenda de visitas de estado y oficiales del Presidente de la República. Su responsabilidad en la conducción del gabinete de seguridad nacional y como comandante supremo de las fuerzas armadas, hace necesario su permanencia en territorio nacional.

Otra razón adicional radica en que la temporada de huracanes y tormentas tropicales aún no termina y la coordinación, previsión, siempre ha recaído en su alta investidura.

Por último, no menos importante, nos preocupa aunque no se crea, la seguridad del Primer Mandatario, ya que lo inédito de los ataques y la amenaza de que algún estado o grupo terrorista recurra al empleo de armas no convencionales, abre una gran incógnita en el escenario internacional.

Por las razones antes expuestas nuestro voto será en el sentido que el Titular del Poder Ejecutivo permanezca en territorio nacional.

Muchas gracias señora presidenta.

PRESIDENTA: Gracias diputada.

Está registrado el ciudadano diputado David Augusto Sotelo Rosas. Pregunto si sube en este momento o nos estaba solicitando su grupo parlamentario, cambio de turno. Se cambia el turno del diputado David Augusto Sotelo Rosas.

Se concede el uso de la palabra al diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

DIP. TARCISIO NAVARRETE: Con su permiso señora presidenta; estimados amigos y amigas:

Quisiera entrar directamente a lo que podría ser las actividades más contundentes, más importantes, más trascendentes, que fundamentan la presencia del Presidente Vicente Fox, en diversas ciudades de Europa y Asia.

En primer lugar hoy, dada la coyuntura internacional amigos, que estamos viviendo, se presenta la necesidad para nuestro país, de buscar nuevos caminos y afianzar viejas relaciones en el ámbito comercial y en el ámbito político.

En primer término destaca el proyecto de nuestro país ante el nuevo acuerdo comercial con la región de Asia Pacífico, dada su vitalidad, dado su empuje productivo. Y por eso es muy relevante que pudiera estar en la Novena Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, que se celebrará del 21 al 22 de octubre en Shanghai, República Popular China.

Pero además, existe la programación para que pueda estar con el gobierno español que encabeza José María Aznar y de esta forma corresponder a la visita que hizo el Presidente Español, el pasado mes de julio a nuestro país.

Las actividades más trascendentes que tendrá en España, serán dialogar sobre la consolidación de una relación comercial estratégica que aprovecha la pertinencia de España serán dialogar sobre la consolidación de una relación comercial estratégica que aproveche la pertinencia de España a la Unión Europea, en el marco del acuerdo comercial.

Así, constatamos, por la información que se nos ha enviado para explicar y fundamentar este viaje, que esto es de la mayor importancia, ya que España presidirá el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Pero además en el marco del acuerdo México Unión Europea, habrá la ocasión de estimular el comercio, la inversión entre nuestros países y que podrá dirigirse a fortalecer las políticas de mejoramiento de las pequeñas y medianas empresas.

Otro punto relevante de la agenda del Presidente Vicente Fox sería la visita de Estado que hará a su santidad el Papa Juan Pablo II, en el que se nos informa que podrá abordar temas de interés mutuo como la promoción del desarrollo, el combate a la pobreza, la defensa y protección de los derechos humanos y la búsqueda de la paz y la estabilidad internacionales.

Por lo tanto, es una presencia que nosotros vemos como necesaria. No son las ausencias las que construyen, sino son las presencias vigorosas, decididas, expresadas con sabiduría, las que pueden fortalecer nuestra imagen de país en el exterior.

Estos son los argumentos, amigos y amigas diputadas, que sometemos a su consideración.

Muchas gracias.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Gracias, ciudadano Diputado.

El diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS (PRD): Gracias, ciudadana Presidenta.

Ciudadanos Diputados y Diputadas:

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará en contra de que el Presidente de la República salga del país. No son momentos de visitas de cortesía, son momentos de prudencia.

Congruente con el discurso que ha manifestado el Presidente de la República al brindar apoyos incondicionales al gobierno de los Estados Unidos y siendo éste inclusive el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas del país, en estos momentos de crisis internacional, en estos momentos en los que se desarrolla un conflicto bélico, el Presidente de la República no puede estar fuera del país, no debe estar fuera del país. No sabemos qué eventualidades pudiesen ofrecerse, estando fuera del país el Presidente de la República.

Hay que recordar que en una fecha similar, con los acontecimientos del huracán "Paulina", el Presidente de la República se encontraba fuera del país y no se pudieron tomar las medidas pertinentes en el acto, porque necesitaban las Fuerzas Armadas una declaración expresa del Presidente de la República, que tuvo en su momento que regresar de inmediato al país.

No creemos que sea el momento prudente de llevar el portafolios de vendedor a ningún país. En todo caso tiene un Secretario del Despacho de esos asuntos, muy animoso por cierto, que puede resolver el despacho de este asunto. En todo caso se justificaría la presencia del Presidente en la reunión de China, pero no para hacer visitas recíprocas, mucho menos por ejemplo a España, cuando acaba de estar hace unos meses el Presidente del gobierno español, que por cierto lo recibió con la noticia de su boda y se pasó más de un día en esos menesteres que no le parecieron tampoco al Presidente Aznar el hecho de ser recibido de esa forma.

Pero más allá de estas veleidades, nosotros creemos que con toda responsabilidad y aún cuando no estamos de acuerdo en lo manifestado por el Presidente en cuanto a Política Exterior, pues debería ser congruente con ese apoyo incondicional que él ha brindado al Gobierno de los Estados Unidos, es necesario que se quede en el país para hacer frente a cualquier eventualidad y sobre todo para que reflexione sobre lo que le manda la Constitución ya que han hecho referencia a que se requiere la presencia del Presidente para que con sabiduría se pronuncie sobre la Política Exterior de México y reflexione que tiene una facultad precisamente como lo manifiesta, lo expresa claramente la Fracción X del Artículo 89 de la Constitución para dirigir la Política Exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado.

En la conducción de tal política el Titular del Poder Ejecutivo –y aquí vienen las obligaciones que le marca la Constitución observará los siguientes principios normativos: La Auto Determinación de los Pueblos , la No Intervención, La Solución Pacífica de Controversias, La Proscripción de la Amenaza o el Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacionales.

Tal parece que el ciudadano Presidente no está consciente de este mandamiento. Nosotros no apostamos a que el Titular del Poder Ejecutivo fracase en su Política Interior y Exterior, pero sí señalamos marcadamente que así como aquí vino a protestar, es decir a jurar cumplir y hacer cumplir la Constitución, observe estos principios antes de andar dando apoyos incondicionales a gobiernos extranjeros.

Reprobamos el terrorismo, reprobamos la masacre de los atentados en las torres en Nueva York, nadie que se precie de ser un ciudadano , de ser un ser humano puede alegrarse con tal atentado o puede pugnar o esgrimir argumentos en contra de un gobierno, sea este de los Estados Unidos o de cualquier otro, no podemos aceptarlo, pero tampoco podemos aceptar la intervención armada sin pruebas, sin elaborar y hacer caminar los mecanismos del Derecho Internacional, público y privado, para castigar a quien resulte responsable.

Y en ese sentido también es conveniente que se quede para que instruya al Procurador General de la República para que con base en el Artículo 4º quien resulte responsable, porque se cometieron delitos en contra de mexicanos en territorio extranjero y el Artículo 4º del Código Penal Federal es muy claro al respecto y el Procurador tiene que abrir la averiguación previa correspondiente y en su caso por Ministerio de Ley el Cónsul de México en Nueva York.

Por esas razones nosotros votaremos en contra porque la Política Exterior de México debe de ser ejemplo, siempre lo ha sido compañeros y amigos, siempre lo ha sido en los foros internacionales y el Presidente debe ser precisamente el baluarte de esta Política Exterior que en este momento debe de ser el que nos llame a la cordura, a la prudencia y en ese sentido, por prudencia, el Presidente de la República debe de permanecer en nuestro país.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Se abre el registro de oradores para la discusión en lo general y en lo particular del Artículo Único del Proyecto de Decreto.

LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Se abre el registro de oradores para la discusión en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto.

En virtud de no existir diputados que soliciten hacer uso de la palabra, le ruego a la Asamblea, si es de proceder, someter a votación el proyecto de decreto de referencia.

Consulte la Secretaría, en votación económica, dado que no hay oradores, si es de proceder a votación el proyecto de referencia.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular. Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutido, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Votación)

Se emitieron 318 votos en pro, 95 en contra y 5 abstenciones.

LA PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 3l8 votos.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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Continúe señor Secretario.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Dictamen sobre la C. Beatriz Elena Paredes Rangel)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.—

Honorable Asamblea: en escrito de fecha 3 de octubre del año en curso, la diputada federal Beatriz Elena Paredes Rangel, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Soberano Congreso Nacional, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el honorable Congreso de la República de Guatemala.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana diputada Federal Beatriz Elena Paredes Rangel, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Soberano Congreso Nacional, en el grado de Gran Cruz, que le confiere el honorable Congreso de la República de Guatemala.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México D. F., a 5 de octubre de 2001.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricarlde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Nestor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarria.

LA PRESIDENTA: Es de primera lectura.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Dictamen de los CC. Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León, y Luis Alberto Germán Barrero Stahl)

Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública e suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el pendiente con las solicitudes de permiso de los ciudadanos Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León y Luis Alberto Germán Barrero Stahl, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Sungrye, en Tercer Grado, que les confiere el Gobierno de la República de Corea.

La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado C, de los artículos 37 constitucional y 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la aprobación de la honorable Asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Sungrye, en Tercer Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Articulo segundo. Se concede permiso al ciudadano Luis Alberto Germán Barrero Stahl, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Sungrye, en Tercer Grado, que le confiere el Gobierno de la República de Corea.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 5 de octubre de 2001.— Diputados: Armando Salina Torre, presidente; Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel Gerónimo Barbosa, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernado Ortiz Arna, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José de Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro, Roberto Zavala Echavarría.

LA C. PRESIDENTA: Es de primera lectura.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la segunda y se les pone a discusión y votación de inmediato.

EL SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes, y se ponen a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA: Se les dispensa la segunda lectura.

En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

EL MISMO SECRETARIO: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel para aceptar y usar la Condecoración de la Orden del Soberano Congreso Nacional en el Grado de Gran Cruz que le confiere el Honorable Congreso de la República de Guatemala.

No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León y Luis Alberto Germán Barrero Stahl, para aceptar y usar las condecoraciones de la Orden Sungrye en Tercer Grado que les confiere el gobierno de la República de Corea.

LA C. PRESIDENTA: Está a discusión el dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

EL MISMO SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

(Votación)

EL MISMO SECRETARIO: Ciudadana Presidenta, se emitieron:

409 votos en pro, cero en contra, abstenciones.

LA C. PRESIDENTA: Aprobados los proyectos de decreto por 409 votos.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

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LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Gracias.

Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para presentar al Presidente de la Mesa Directiva una formal solicitud a efecto de que, con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formule excitativa al Presidente de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con el propósito de que la iniciativa con proyecto de decreto para honrar la memoria de quienes fueron brutalmente asesinados el 2 de octubre de 1968, cuya leyenda es "Mártires por la Democracia del 2 de Octubre de 1968" sea dictaminada.

Como reiteradamente lo hemos señalado en la sesión correspondiente al 2 de octubre de 1997, el diputado Gerardo Acosta Zavala, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo sometió a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de decreto antes citada.

Llama la atención que el Gobierno Federal, a través de su titular reconozca la importancia política del movimiento estudiantil de 1968 y lo destaque como uno de los esfuerzos primigenios del despuntar de la democracia en México. Asimismo, diversos partidos de todas las ideologías reconocen este trágico acontecimiento como el parteaguas que inició el cambio democrático en el país, incluso el Jefe del Gobierno del Distrito Federal izó a media asta la Bandera Nacional como homenaje a los caídos en esta aciaga fecha. Por eso, resulta sorprendente, por decir lo menos, que esta soberanía mantenga nuestra iniciativa de decreto en suspenso desde que fue presentada en 1997.

Celebramos que otros grupos parlamentarios coincidan con nosotros y presenten iniciativas de decreto que pretenden el mismo fin que el nuestro. Esperamos que el esfuerzo que...

LA PRESIDENTA: Permítame diputada.

Ruego a la asamblea, dado que se trata de una excitativa, podamos poner atención a la oradora. Continúe, diputada.

LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Gracias Presidenta.

Esperamos que el esfuerzo que se ha efectuado en este sentido tenga por fin sus frutos.

Como lo señalamos en nuestra anterior excitativa, a 33 años de que ocurrieron los trágicos sucesos de Tlaltelolco, todos los actores políticos debemos reivindicar el diálogo y la negociación como instrumento fundamental en la búsqueda de los acuerdos.

A 33 años, recordar el 2 de octubre debe servir para fortalecer la conciencia y la convicción de que el ejercicio cotidiano de la violencia no es el camino que debe seguirse para privilegiar el talento, inteligencia y la sensibilidad de los seres humanos.
No podemos permitirnos el que las instancias de negociación se empantanen. No podemos darnos el lujo de que se vuelva a ejercer el principio de autoridad.

El Partido del Trabajo y su grupo parlamentario representado ante esta soberanía, manifiesta categóricamente que no hay mayor principio de autoridad que el que deriva de ser sensible, entender y atender las justas demandas de la colectividad. Nunca más en nuestra historia una tarde y noche negra, como en Tlaltelolco. Nunca más en nuestra historia anteponer la sinrazón de la fuerza a la fuerza de la razón, como en Tlaltelolco. Nunca más en nuestra historia cerrazón, violencia y negativa al diálogo, como en Tlaltelolco.

Compañeras y compañeros diputados: Esta propuesta surge de la necesidad de rendir un justo homenaje a quienes fueron sacrificados en la defensa de un ideal, como sacrificados fueron aquellos cuyos nombres honran los muros de honor de esta Honorable Cámara.

Ciudadana Presidenta: Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicitamos atentamente formule a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias la excitativa correspondiente.

Dado en el Palacio Legislativo a los a los nueve días del mes de octubre del 2001.

Gracias. Firman todos los compañeros diputados de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadana diputada.

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.

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Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EL DIP. CUAUHTEMOC MONTERO ESQUIVEL: Gracias, señora Presidenta.

Quien esto suscribe, diputado federal de esta LVIII Legislatura, con el debido respeto me dirijo a usted para exponer lo siguiente:

1.En sesión ordinaria de esta Cámara celebrada el jueves 13 de septiembre del año en curso, quien esto suscribe presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 80 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que pretende dar luz respecto a la forma correcta de calcular el monto del subsidio acreditable contra el Impuesto Sobre la Renta causado por los trabajadores de bajos ingresos, iniciativa que fue turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

2.En sesión ordinaria del martes 25 de septiembre de este año, el diputado Rodolfo González Guzmán presentó otra iniciativa para modificar el mismo artículo 80 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se propone los mismos objetivos que la primera, y que fue turnada a la misma Comisión de Hacienda y Crédito Público.

3.El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 87, concede a las Comisiones un plazo de cinco días para emitir su dictamen.

4.El Reglamento en su artículo 91 deja a salvo la posibilidad de que las Comisiones no emitan dictamen dentro de este plazo de cinco días si juzga necesario o conveniente, demorar o suspender la discusión del asunto turnado para lo cual debe manifestarlo a la Cámara antes de que expire ese plazo.

5.El viernes 20 de septiembre transcurrió en días hábiles el plazo que tenía la Comisión de Hacienda y Crédito Público para emitir dictamen o solicitar que se demorara o suspendiera la resolución a la iniciativa presentada por un servidor.

6.El día martes 2 de octubre transcurrió en días hábiles el plazo que tenía la Comisión de Hacienda y Crédito Público para emitir dictamen o solicitar que se demorara o suspendiera la resolución de la iniciativa presentada por el diputado González Guzmán.

En virtud de lo anterior expuesto, toda vez que a la Comisión de Hacienda Crédito Público no ha presentado los dictámenes respectivos que ha recluido su derecho para solicitar la suspensión o demora en la resolución de ambas iniciativas y que la sociedad precisa de una definición oportuna por parte de esta Cámara de Diputados en esta materia, pues el retraso de su discusión y aprobación, en su caso, está afectando de manera importante a la planta productiva nacional.

Con el debido respeto me permito solicitarle que en uso de las atribuciones y en cumplimiento de las obligaciones que respectivamente le confieren los artículos 23 F de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público a efecto de que presente el dictamen de ambas iniciativas de reforma del artículo 80 A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Atentamente, diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, del Partido de la Revolución Democrática y demás diputados del mismo grupo parlamentario, así como el diputado José Manuel Quintanilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Muchas gracias, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

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Pasamos al Capítulo de Proposiciones. Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Cantú Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo para que se declare como zona de desastre a trece municipios del estado de Nuevo León, afectados por los daños ocasionados debido a las intensas lluvias ocurridas entre el 23 y 25 de septiembre del 2001.

EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER CANTU TORRES: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados; Honorable Asamblea: Los días 10 y 12 de septiembre del año en curso el estado de Nuevo León se vio seriamente afectado debido a la intensidad de las lluvias a que estuvo expuesto. Dichas precipitaciones pluviales afectaron principalmente durante este periodo a 21 municipios, los cuales se vieron profundamente dañados en su infraestructura: equipamiento urbano, viviendas y carreteras, dejando a centenares de familias desalojadas e incalculables daños materiales.

Dichos municipios, de acuerdo con la Dirección General de Protección Civil del Estado, son: Apodaca, Aramberry, Cadereyta Jiménez, China, Doctor Arroyo, Galeana, García, General Bravo, General Escobedo, General Terán, Guadalupe, Iturbide, Juárez, Monte Morelos, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, Rayones y General Zaragoza.

Cabe señalar que el meteoro llegó a registrar hasta 172 milímetros de lluvia en municipios como el de China, el día 9 de septiembre, dejando sin vivienda a familias completas, siendo enviadas varias de ellas a refugios temporales.

Asimismo el meteoro dañó la red carretera, afectando principalmente a la carretera Monterrey-Reynosa, donde decenas de automóviles y camiones fueron arrastrados por el agua. De igual modo resultaron afectados varios tramos de las autopistas Monterrey-Cadereyta y la carretera China-Bravo.

Entre los daños más importantes ocasionados por las lluvias encontramos los siguientes: En el municipio de Monterrey se ha efectuado la evacuación preventiva de personas ubicándolas en diversos albergues habilitados.

De tal magnitud han sido las lluvias que diversos vehículos con personas a bordo han sido arrastrados por la corriente e impactados en domicilios. Asimismo se han registrado en el municipio alarmantes inundaciones de viviendas, deslaves, derrumbes de construcciones, caídas de árboles, así como desbordamientos de arroyos y ríos ocasionando daños a la infraestructura construida en sus márgenes.

En el municipio de Guadalupe se ha realizado la evacuación preventiva de 150 personas, las cuales fueron trasladadas a diversos albergues habilitados en virtud de las inundaciones provocadas por la tormenta.

De igual modo se registran también daños en parques de esparcimiento, en los márgenes del Río Santa Catarina, así como en la vialidad e infraestructura urbana.

En el municipio de Galeana se encuentran lugares incomunicados rumbo al Ejido 18 de marzo debido a que la corriente destruyó el puente denominado "Manila".

En el municipio de Villa Aldama se encuentran sin acceso por la carretera Salinas-Hidalgo, reportándose un albergue con 11 personas.

En el municipio de Monte Morelos se registra el desbordamiento de los arroyos "Las Adjuntas" y las "Cieneguillas".

Además cabe señalar que se han efectuado recorridos de revisión y auxilio en los diverso pasos a desnivel del área metropolitana. Asimismo se mantienen en observación constante los niveles de las corrientes en los ríos Santa Catarina, La Silla, San Martín, así como en el arroyo Seco, Obispo y Topo Chico, encontrándose que de continuar las precipitaciones pluviales, están en peligro de desbordarse el arroyo Topo Chico, el río La silla y el arroyo El Obispo, registrándose desbordamientos en el arroyo Seco a la altura de Sombrillas, así como el canal de estiaje del río Santa Catarina.

La Dirección de Protección Civil del gobierno del estado de Nuevo León informa que hay 238 personas evacuadas; 12 personas lesionadas y una persona desafortunadamente fallecida.

Asimismo se han implementado cuatro albergues en los municipios de Villa Aldama, Monte Morelos, Aranberry y Juárez, estando albergadas 116 personas, requiriéndose colchones, catres, lácteos, agua y pañales.

Cabe señalar que el pasado día, viernes 5 de octubre del año en curso, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de zona de desastre natural, para efectos de las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, por los daños provocados por las lluvias atípicas e impredecibles ocurridos entre los días 10 y el 12 de septiembre del 2001, en los municipios señalados.

Sin embargo, los pasados días 23, 24 y 25 de septiembre del año en curso, el estado de Nuevo León nuevamente se vio seriamente afectado, debido a la presencia de lluvias torrenciales e inundaciones, que provocaron daños severos no previsibles en los municipios de Guadalupe, Linares, Montemorelos, General Terán, Santa Catarina, General Zaragoza, Rayones, San Pedro Garza García, Santiago, Mina, Doctor Coss, Los Ramones y Melchor Ocampo.

Dichos municipios enfrentan como consecuencia graves problemas relacionados con su infraestructura: equipamiento urbano, viviendas y carreteras, motivando el desalojo de personas y su resguardo en albergues, por lo que resulta necesaria la intervención del gobierno federal, declarando el área afectada como zona de desastre, y proporcionando la ayuda que de acuerdo a las reglas de operación del Fondo de Desastres Naturales se tiene prevista en estos casos.

Compañeras y compañeros legisladores, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes, presentamos a consideración del pleno de esta Cámara, el siguiente Punto de Acuerdo, para que con el carácter de urgente y obvia resolución, se apruebe por esta H. Cámara de Diputados.

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Solicitar al Ejecutivo Federal se envíe a la brevedad a los municipios afectados por las tormentas a los titulares de las dependencias que tienen que ver con el desarrollo social, la rehabilitación de viviendas, la construcción de caminos, la producción agrícola, la salud, la educación y el suministro de energía eléctrica, con el fin de que en forma conjunta con el gobernador y los presidentes municipales de las zonas afectadas, evalúen los daños producidos por las precipitaciones pluviales y determinen las acciones a que haya lugar en apoyo a la población que lo requiere.

SEGUNDO. Solicitar el Ejecutivo Federal realice a través de la Secretaría de Gobernación, la declaratoria de zona de desastre en los municipios de Guadalupe, Linares, Montemorelos, General Terán, Santa Catarina, General Zaragoza, Rayones, San Pedro Garza García, Santiago Mina, Doctor Coss, Los Ramones y Melchor Ocampo del estado de Nuevo León, para que de conformidad con los Artículos 29, 30, 34, 35 de la Ley General de Protección Civil, así como el Capítulo Quinto, Sección II, Numeral 44 y Capítulo Segundo, Numerales 8, 9, 10 y 11 de las Reglas de Operación del Fondo de Desastres Naturales, FONDEN, se aporten los recursos necesarios a los referidos municipios, a fin de atender a la población damnificada y los daños a la infraestructura pública estatal y municipal.

TERCERO. Se de puntual seguimiento a las peticiones contenidas en este Punto de Acuerdo y el Ejecutivo Federal informe, tanto a las Comisiones Ordinarias de este Congreso relacionadas con el problema, así como a las diputadas y los diputados de cada uno de los distritos afectados por este fenómeno natural.

Firman por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional los diputados: Raúl gracia Guzmán, Celita Alamilla Padrón, Orlando García Flores, Fanny Arellanes Cervantes, Jesús Mario Garza Guevara, Julián Hernández Santillán, Juan Manuel Duarte Dávila, Manuel Braulio Martínez Ramírez, el de la voz, Francisco Javier Cantú Torres

Por el Partido Revolucionario Institucional firman en apoyo los diputados: Carlos Aceves, Jaime Larrazábal, Hilda Anderson, Benito Vital, Eloy Cantú Segovia, Ángel Meixueiro González, Jorge Carlos Ramírez Marín, Fernando Díaz, Eréndira Cova, la diputada Ma. Elena Chapa Hernández, el diputado Ildefonso Guajardo, el diputado Abel Guerra y el diputado Arturo de la Garza; y por el Partido del Trabajo el diputado Alberto Anaya.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica, si se considera de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA C. PRESIDENTA. Se considera de urgente resolución.

En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo.

Ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Juan Paredes Gloria del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO JUAN PAREDES GLORIA. Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras diputadas y compañeros diputados:

Hoy tenemos la oportunidad de ser solidarios con los que más lo necesitan.

En recientes semanas un gran número de nuestros municipios ya mencionados aquí, tanto del centro como del sur de nuestro estado de Nuevo León, se han visto severamente afectados por las intensas lluvias que han azotado a nuestra entidad.

Lo que en otras ocasiones y circunstancias y condiciones hubiera sido benéfico, hoy por su intensidad se ha traslucido en grandes pérdidas, tanto en la agricultura como en la infraestructura y desde luego la vivienda en muchas de nuestras comunidades.

Pudiérase decir que por su dinamismo económico, Nuevo León se percibe como un estado progresista y económicamente sólido; a pesar de ello no logra escapar de las constantes que ésta presenta y a nivel nacional y en toda nuestra entidad federativa las lluvias nos han afectado grandemente. Por eso hoy los municipios más afectados, entre otros, son los más pobres del estado.

Es necesario solidarizarnos con quienes siempre han sido solidarios; por ello hoy la fracción parlamentaria de mi partido, apoyamos este punto de acuerdo y ponemos también pondremos toda nuestra capacidad de gestión para lograr la pronta recuperación de las zonas afectadas.

Compañeras y compañeros, realmente es sumamente importante apoyar este punto de acuerdo y les pido todo su apoyo a todos nuestros compañeros para que así lo hagamos, y que en lo más breve podamos efectivamente, en nuestros municipios de nuestra entidad puedan tener recursos para poder tener la recuperación de todo lo afectado.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ. En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputado que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

PRESIDENTA: Suficientemente discutido.

Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el Punto de Acuerdo.

DIP. SRIA. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea, si se aprueba el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo.

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para implementar la seguridad social de los pensionados y jubilados en el Ejército Nacional.

DIP. RAFAEL SERVIN MALDONADO: Con su permiso señora presidenta:

El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo, en base a las siguientes:

CONSIDERACIONES: A partir del 1º. de enero del 2000, se entrega a los militares en retiro, una ayuda económica vitalicia cuyo propósito es aliviar la difícil situación económica que viene padeciendo el referido personal.

No obstante, dicha ayuda económica no forma parte de sus haberes de retiro y por tanto, no es transferible a los deudos en caso de fallecimiento.

De lo que se deduce lógicamente, que tal beneficio no habrá de formar parte de los aguinaldos correspondientes ni para integrar las pensiones o seguros de vida a que tienen derecho los deudos en caso de fallecimiento de los militares en situación de retiro, que posiblemente por su mayoría de edad o enfermedad, o bien que se trate de viudas con hijos aún pequeños, quedan en situación bastante desprotegida cuando probablemente sus necesidades se hacen más apremiantes.

Al personal en activo ese beneficio se le proporciona en forma de sobrehaber por vida cara o insalubridad del lugar en que se trabaja y por la peligrosidad de la comisión en que desempeña. Además de otras prestaciones que el retirado ya no recibe y que de alguna manera le permite vivir ciertamente con decoro.

Y aunque el espíritu de la ley del ISSFAM, artículo 21, pretende que los niveles de vida de los retirados sean equiparables a los de activo, esto no se da en la práctica debido precisamente a estos desajustes. Es evidente que el personal retirado y sus derechohabientes en caso de fallecimiento deben tener los mismos derechos en cuanto a la carestía de la vida y la insalubridad de los lugares en que

Radican es la misma y seguramente más desprotegidos, con mayores apremios económicos y en cuanto a la peligrosidad de las comisiones en que algunas ocasiones desempeñan los de activo.

Es obvio que en su tiempo también el personal retirado las desempeñó y para entonces sin ninguna retribución adicional y que por lo tanto es de toda justicia, aunque un poco tarde, se hagan acreedores a la recompensa correspondiente.

Los militares en México, sean en activo o en retiro, deben de tener condiciones de subsistencia decorosa. En el caso de los militares en situación de retiro, en

ocasiones por su altos servicios a la patria, ni siquiera pueden tener tranquilidad de dejar a su familia una vida digna, cuando ellos fallecen.

Por estas razones que se consideran de toda justicia y derecho, que al militar retirado se le acredite como parte de su haber de retiro, el beneficio económico a que se ha hecho referencia y se cumpla con el espíritu del artículo 21 del ISSFAM, que a la letra señala la cuantía de los haberes del retiro y de las pensiones, tal y como las estén percibiendo los beneficiarios, se incrementarán al mismo tiempo y en igual proporción en que aumenten los haberes de los militares en retiro.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se pronuncia porque en pleno acatamiento al artículo 21 de la Ley del ISSFAM, se integre la ayuda económica que reciben los militares en retiro, a sus haberes de retiro.

Solicito se turne a la Comisión de Seguridad Social.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

Hasta por cinco minutos, ciudadano Diputado.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA (PT): Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Diputados:

"El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a exponer sus puntos de vista con relación a la situación de los inmigrantes mexicanos a raíz de los atentados terroristas perpetrados en la Unión Americana el pasado 11 de septiembre del presente año.

"Si las condiciones de vida de nuestros compatriotas se han caracterizado por ser difíciles, después del atentado éstas se volvieron aun más sombrías. Ahora cientos de miles de familias mexicanas que dependen de las remesas salariales procedentes de los Estados Unidos ya no podrán recibir estos recursos porque, como sabemos, una gran cantidad de nuestros paisanos perdieron sus empleos, sea por la afectación directa a los negocios destruidos en las torres gemelas o por las repercusiones que estos atentados produjeron en las expectativas de inversión y muchas empresas han tenido que recortar su personal y esto ha afectado a nuestros paisanos.

Según cálculos conservadores los ingresos que remitían a nuestra nación se verán mermados en más de un tercio e incluso se llega a situar esa pérdida hasta en cerca del total que ingresaba por ese concepto. Estamos hablando de 2 ó 3 mil millones de dólares para este año, sin considerar la situación que prevalecerá para el siguiente.

"El Partido del Trabajo ha planteado en numerosas ocasiones que el gobierno federal ha manejado tanto en los pasados gobiernos priístas como en el actual un doble lenguaje en el tratamiento que se debe dar al problema de las personas que emigran hacia los Estados Unidos y Canadá en busca de mejores oportunidades.

"Por un lado, negociar de forma responsable la integración comercial de nuestro país, aceptando la apertura desordenada e indiscriminada del aparato productivo, cuyos resultados tenemos a la vista: cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que fueron arruinadas y las que subsisten lo hacen en condiciones desamparadas del apoyo gubernamental.

"Miles de productores maiceros, arroceros, cafetaleros, trigueros, copreros, de ganado bovino y de caña de azúcar...

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Diputado: Disculpe usted. El registro de usted en este punto estaba vinculado al punto de acuerdo que nos acababa de presentar el grupo parlamentario del PRD. El tema que está usted abordando no corresponde al punto de referencia.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA (PT): Entonces me manifesté en pro y estamos en pro entonces. Gracias.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Gracias, diputado García Dávila.

Ciudadano diputado Rafael Servín Maldonado:

Esta mesa directiva había previsto hacer el turno de su punto de acuerdo a la Comisión de Seguridad Social y de Defensa Nacional, habida cuenta que las Fuerzas Armadas tienen un reglamento interno para las cuestiones de seguridad social.

 Pregunto a usted si no tiene inconveniente.

EL C. DIPUTADO RAFAEL SERVIN MALDONADO (PRD. Desde su curul): No.

LA C. PRESIDENTA: Turno a las Comisiones de Seguridad Social y de Defensa Nacional.

Sí, diputado Lizárraga.

EL C. DIPUTADO JULIO CESAR LIZARRAGA LOPEZ (PAN. Desde su curul): Señora Presidenta: Si no tiene ningún inconveniente, también favor de turnarla a la Comisión de Marina.

LA C. PRESIDENTA: Diputado: Yo le ruego nos permita recibir su solicitud y en el caso de que al analizar el punto de acuerdo sea pertinente porque corresponda también a la legislación de la Armada, así lo haríamos del conocimiento de este pleno en la próxima sesión.

Gracias, ciudadano Diputado.

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El siguiente punto del orden del día era el relativo al punto de acuerdo por el que se recomienda al gobernador de Nayarit acate la decisión del congreso local sobre las reformas electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo quien nos solicitó fuese pospuesto.

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El siguiente punto del Orden del Día es el relativo al Punto de Acuerdo sobre la situación de los connacionales en Estados Unidos de Norteamérica a raíz de los atentados del 11 de Septiembre, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR. Con su permiso diputada Presidenta, compañeros Diputados, compañeras Diputadas. Y quisiera, antes de leer este Punto de Acuerdo de que realmente la situación en Estados Unidos se ha tornado muy difícil para nuestros connacionales, hoy presento esta proposición con Punto de Acuerdo de obvia y urgente resolución y esperaría que los grupos parlamentarios que estamos representados en la Cámara de Diputados no por quien lo presenta, no por la fracción con la que represento sino por muchos mexicanos que están y que están esperando que les demos esa protección, sería bueno que razonáramos que diéramos ese voto a favor.

El pasado 13 de Septiembre del presente año, todas las fracciones parlamentarias representadas en esta Cámara fijaron su posición en cuanto a los lamentables acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí en este mismo Recinto se escucharon frases como: "Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo norteamericano y los familiares de las víctimas", "Rechazamos el uso de la fuerza como instrumento de venganza u odio para atemorizar a la población", "No dejaremos que el terror invada nuestras vidas" "Apoyamos a la cultura de la Paz", "No se deben adelantar juicios basados solo en sospechas que deriven en acciones arbitrarias en contra de inocentes", "No se deben transgredir los derechos humanos en aras de castigo a los culpables ", "Hacemos votos para que no se vuelva a repetir, nunca más, otra situación igual",

La Historia nos ha enseñado que cuando lamentablemente suceden este tipo de acontecimientos, es necesario y recomendable mantener una actitud serena y responsable, actuar con prudencia y tolerancia para no reaccionar motivados solamente por el terror que por su naturaleza misma es intimadatorio o incontrolable.

En esta atmósfera queremos evitar hechos lamentables como los siguientes: los realizados por ciertos sectores minoritarios de la sociedad norteamericana, algunos agrupados en clanes con tendencia xenofóbica racista como el llamado Sierra Time el cual ha convocado por medio de una página en INTERNET a sus agremiados y a la población en general para detener con uso de violencia a todo aquel indocumentado que ingrese a los Estados Unidos o como lo ocurrido el pasado viernes donde un mexicano fue víctima, junto con su familia de una golpiza e insultos por parte de unos hermanos estadounidenses por el hecho de tener rasgos musulmanes.

Número dos. Existe también entre los mexicanos que actualmente residen en los Estados Unidos, la preocupación con respecto a las medidas que presuntamente se pretenden aplicar en la política migratoria estadounidense y en que podrían justificar la deportación de cualquier emigrante sin apelación judicial , los cambios sugeridos por el Secretario de Justicia John Ascrow (¿) en caso de ser aprobados, pemitirían al Servicio de Inmigración y naturalización detener a un migrante por violaciones migratorias durante 48 horas ó más sin presentar cargos contra él.

Estas son algunas de nuestras preocupaciones mismas que comparten nuestros connacionales quienes también han sido víctimas del terror derivado de los atentados del pasado 11 de Septiembre.

La gravedad de los atentados es sin duda condenable, sin embargo, nada justifica actos que impliquen la persecución o el trato indiscriminatorio hacia cualquier personal, restringiendo sus derechos humanos, es por eso compañera y compañeros legisladores, que con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de todos los grupos parlamentarios representados en esta Honorable Cámara de Diputados, proponemos y manifestamos el siguiente punto de acuerdo de obvia y urgente resolución:

UNICO: Que la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a nuestra Embajada y representaciones consulares en los Estados Unidos de Norte América, para que por los canales diplomáticos que juzgue pertinente, vele por el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros connacionales y denuncie cualquier acto de discriminación o xenofobia que pudiera derivarse de los acontecimientos acaecidos el 11 de septiembre del presente.

Asimismo, instrumente todo tipo de medidas que sean necesarias para garantizar la integridad de nuestros compatriotas.

Preocupados por esta situación, firman este punto de acuerdo compañeros de todos los partidos: el diputado Gustavo Carvajal Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Víctor Heria Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Tarcisio Navarrete, diputado de Acción Nacional, el diputado Eduardo Arnal Palomera, diputado de Acción Nacional, el diputado Raúl Martínez González, así como el diputado Alfredo Hernández Raigosa del PRD y el diputado Pedro Miguel Rosaldo y muchos más.

Yo quisiera que con estas firmas, compañeros, que es un tema noble, realmente aquí votáramos a favor por lo que muchos mexicanos están esperando y que no confundamos alguna situación que en ocasiones no coincidamos, pero que no mezclemos un punto con otras cosas.

Yo sugiero a los compañeros que firmaron, que de veras compañeros, como legisladores en este tema, votemos a favor este punto de obvia y urgente resolución. Gracias por su atención.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

EL DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución.

Para abordar este tema, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.

EL DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVIALA: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a exponer sus puntos de vista con relación a la situación de los migrantes mexicanos, que a raíz de los atentados terroristas perpetrados en la Unión Americana el pasado 11 de septiembre.

Si las condiciones de vida de nuestros compatriotas se había caracterizado por ser difícil, después del atentado éstas se volvieron aún más sombrías. Ahora cientos de miles de familias mexicanas que dependen de la remesas salariales procedentes de los Estados Unidos, ya no podrán recibir estos recursos porque, como sabemos, una gran cantidad de nuestros paisanos perdieron sus empleos, sea por la afectación directa a los negocios destruidos en las Torres Gemelas o por las repercusiones que estos atentados produjeron en las expectativas de inversión y muchas empresas han tenido que recortar su personal, y eso ha afectado a nuestros paisanos. Según cálculos conservadores, los ingresos que remitían a nuestra nación se verán mermados en más de un tercio e incluso se llega a situar esa pérdida hasta en cerca de la mitad del total que ingresaba por este concepto, estamos hablando de 2 ó 3 mil millones de dólares para este año, sin considerar la situación que prevalecerá para el siguiente.

El Partido del Trabajo ha planteado en numerosas ocasiones que el gobierno federal ha manejado tanto en los pasados gobiernos priístas, como en el actual, un doble lenguaje en el tratamiento que se deberá al problema de las personas que emigran hacia los Estados Unidos y Canadá en busca de mejores oportunidades. Por un lado el negoceo de forma irresponsable en la integración comercial de nuestro país, aceptando la apertura desordenada e indiscriminada del aparato productivo, cuyos resultados tenemos a la vista, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas que fueron arruinadas y las que subsisten lo hacen en condiciones desamparadas del apoyo gubernamental; miles de productores maiceros, arroceros, cafetaleros, trigueros, copreros de ganado bovino y de caña de azúcar que viven la competencia desleal de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, la falta de apoyos directos a los productores agropecuarios de una política agraria que revalora el papel de la economía campesina en el marco de desarrollo industrial vigente se convirtieron en las causas más directas de la migración mexicana.

Por otro lado, la falta de una política firme de defensa de l os intereses de los migrantes y el desdén por los trabajadores por parte del grupo hegemónico que gobierna nuestra nación, no permitieron que se exigiera la incorporación del TLC de un capítulo que garantizara la movilidad de las fuerzas de trabajo mexicana hacia los Estados Unidos y Canadá para que se respetaran sus derechos laborales y humanos. A cambio, se ha hablado siempre de acuerdos migratorios temporales que como sabemos no resuelven el problema de fondo que subyace detrás de las grandes migraciones de pobladores hacia los Estados Unidos, el gobierno actual no es la excepción en esta materia.

Desde antes de los atentados terroristas a Las Torres Gemelas y al Pentágono, desplegó una amplia campaña publicitaria encabezada por el Presidente Fox y su Secretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, que abogaban por la firma de un acuerdo migratorio con la Unión Americana, el cual fue rechazado por la administración Bush y a raíz de los sucesos señalados tendremos que esperar para otro momento para que el tema vuelva a ser objeto de discusión entre ambos gobiernos, pero entre tanto, nuestros compatriotas continuarán viviendo el martirio cotidiano que significa dejar a sus familias para ir en busca del sustento que no pueden encontrar en nuestro territorio.

Los afectados directamente por los sucesos del pasado 11 de septiembre no dejarán de recibir las promesas del gobierno federal, pero los problemas de fondo que viven, como en el caso de la falta de empleos no se resolverá, al menos en el corto plazo.

Asimismo, hasta el momento no hemos visto que el Ejecutivo Federal tome cartas en el asunto de forma seria para resolver las contingencias inmediatas que viven nuestros paisanos que sufrieron la pérdida de sus familiares en los atentados terroristas, tampoco tenemos a la vista una respuesta firme de cómo se va a abordar la integración productiva y laboral de los cientos de miles que están retornando a nuestro territorio por la falta de oportunidades en la Unión Americana, incluso hemos leído a través de la prensa escrita y visto en los medios electrónicos de comunicación, que la asociación denominada Tepeyac, con recursos facilitados por la poderosa organización sindical de los Estados Unidos, la AFL reparte cheques en ayuda, por 150 dólares a los mexicanos afectados por los atentados.

En estas circunstancias el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se suma a la propuesta de establecer mecanismos de apoyo para nuestros paisanos afectados en forma directa e indirecta por los atentados en la Ciudad de Nueva York y planteamos las acciones urgentes, que esta soberanía exija al gobierno federal que destine los recursos necesarios a los familiares de nuestros connacionales. Que nuestros paisanos que fueron afectados directamente por los eventos señalados y que perdieron sus empleos, sean compensados por una ayuda económica; que el gobierno federal destine recursos suficientes para establecer programas emergentes de empleo y de desarrollo regional para todas aquellas entidades federativas que se caracterizan por la migración de los pobladores hacia Estados Unidos.

Es cuanto.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si el punto de acuerdo se considera suficientemente discutido.

Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)
Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Mayoría por la afirmativa.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Le ruego a la Secretaría dar lectura al punto de acuerdo que se someterá inmediatamente a votación.

EL MISMO SECRETARIO: Punto de acuerdo.

Único: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores instruya a nuestra Embajada y representaciones consulares en los Estados Unidos de Norteamérica, para que por los canales diplomáticos que juzgue pertinente, vele por el respeto irrestricto de los derechos humanos de nuestros connacionales y denuncie cualquier acto de discriminación o xenofobia que pudiera derivarse de los acontecimientos acontecidos el 11 de septiembre del presente.

Asimismo, instrumente todo tipo de medidas que sean necesarias para garantizar la integridad de nuestros compatriotas.

LA PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA PRESIDENTA: Aprobado el punto de acuerdo.

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Los siguientes puntos del orden del día, el relativo al punto de acuerdo sobre la situación de los ahorradores de la Caja de Ahorro Comercializadora Panamericana Capricornio, y el relativo a la exigencia a las autoridades del Gobierno Federal para que hagan el pago del 100 por ciento de los recursos del Procampo a los beneficiarios del mismo en las zonas temporaleras del país, han sido retirados solicitando su posposición para una próxima sesión. El primero por parte de los grupos parlamentarios del PRI y del PT, y el segundo por parte del grupo parlamentario del PT.

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En tal virtud, continuando con el orden del día, se concede el uso de la palabra al diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un punto de acuerdo respecto a la transparencia en costos del servicio de energía eléctrica y subsidios implícitos en las tarifas vigentes a partir del primero de julio de 2001.

EL DIP. VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Con la venia de la Presidencia.

Honorable asamblea:

En repetidas ocasiones la actual administración ha manifestado sentar las bases sobre las cuales se desarrollará la política energética en nuestro país, bajo la premisa de cinco ejes fundamentales: Crecimiento con calidad, innovación y calidad total, reforma del Estado, ciencia y tecnología, transparencia y rendición de cuentas.
La norma suprema establece en el artículo 74, fracción IV, que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta Cámara de Diputados en sesión celebrada el día 29 de diciembre del año 2000, aprobó para el Ejercicio Fiscal del año 2001, el citado ordenamiento en análisis, consignando entre otras cosas disposiciones que con el objeto de dar transparencia tanto al costo del servicio de energía eléctrica en el que incurren la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, como a los subsidios implícitos en las tarifas vigentes a partir del 1º de julio del 2001, dichas entidades incluirán en los recibos que se expidan a los consumidores una leyenda clara y que expresamente señale:

"El costo real por el suministro, el cual deberá incorporar la totalidad de las erogaciones incluidas en la prestación del servicio, incluyendo los costos de capital y de los combustibles, valuados éstos últimos a sus respectivos costos de oportunidad, y la diferencia entre el costo real por el suministro y el importe a pagar por el consumidor, esto es para que los consumidores supieran cuánto tienen de subsidio o cuánto tienen de sobreprecio".

Tal y como se indica en el artículo 80 del decreto presupuestario vigente, respecto a la prestación del servicio público de energía eléctrica, en lo concerniente a tarifas residenciales y agrícolas.

Para la evaluación y el control del ejercicio del presupuesto, se aprobó establecer un sistema de evaluación del desempeño, descrito en el artículo 88 de dicho decreto, con el fin de identificar la eficiencia, los costos de impacto social y la calidad de la Administración Pública Federal, en este caso concreto aplicable a los citados organismos descentralizados.

En cumplimiento al artículo 89 del decreto en referencia, en el término indicado, deberán enviar los organismos descentralizados a este recinto los resultados de las evaluaciones en comento.

De lo expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Presidencia turnar para su desahogo la presente proposición a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Energía.

Esta Honorable Asamblea, los diputados suscritos sometemos a esta soberanía el siguiente:

Punto de Acuerdo

UNICO. Respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2001, se solicite un informe escrito, amplio y detallado en un plazo razonable y perentorio a los correspondientes directores generales de los organismos descentralizados, Comisión Federal de Electricidad y Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Palacio Legislativo, a 4 de octubre del 2001.

Firman diferentes diputados de las fracciones que aquí se encuentran representadas.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Señor diputado, gracias, permítame un momento. Usted ha solicitado se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y creemos que también convendría turnarla a Energía, Comercio y Fomento Industrial.

EL DIP. VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Así lo manifesté, señora Presidenta, pedí que fuera a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con opinión de la Comisión de Energía.

LA PRESIDENTA: Así lo haremos, gracias, señor diputado.

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Tiene la palabra el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo sobre Belisario Domínguez, hasta por diez minutos.

EL DIP. ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ: Con su permiso diputada Presidenta.

Señoras y señores legisladores:

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo bajo los siguientes

C ON S I D E R A N D O S

Belisario Domínguez tenía el sentido del deber por encima del instinto de sobrevivencia; no arrastró multitudes ni pretendió el sacrificio de los demás, amó su soledad y fue y vio inevitable su propio sacrificio, fue lógico, congruente y lúcido, anduvo en sus manos durante muchos días, su propia muerte y fustigó con ella como una vara de justicia a la usurpación y al crimen.

El senador Belisario Domínguez cuando todos los mexicanos parecía que habíamos perdido la vergüenza, cuando cada uno hacía el cálculo de las ventajas y desventajas de una actitud valiente y elevada, cuando parecía perdido para siempre el orgullo de ser hombre, surge casi de la nada el modesto chiapaneco y reivindica con su ejemplo y con el sacrificio de su vida, el honor de todo un pueblo.

Los discursos en los que hace la más valiente condenación de la usurpación huertista, pueden ser considerados como dos de las grandes piezas de la oratoria mexicana, por esa elocuencia de todo el que dice la verdad y de todo el que peligra por decirla.

La paz se hará, cueste lo que cueste, había dicho Victoriano Huerta.

¿Habéis profundizado –preguntaba Belisario Domínguez desde lo alto de la tribuna senatorial lo que significaban esas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Y se respondía "Significa que Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria con tal de no abandonar la Presidencia".

Para los espíritus débiles, decía, parece que nuestra ruina es inevitable, no así para el que a la hora de todos retrocedían, él avanzaba; cuando todos titubeaban, él se decidía y jugaba en una carta su vida y su destino.

La patria exige, clamaba el chiapaneco, que cumplamos con nuestro deber, aun con el peligro y aun con la pérdida de la vida. No dejéis, decía, por temor a la muerte que un impostor inepto y malvado continúe en la Presidencia.

Qué se diría de la tripulación de una gran nave, en la más violenta tempestad y un mar proceloso nombrar de piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico, navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que el haber traicionado y asesinado al capitán del barco.

Como sus palabras no encontraron eco suficiente, pasados unos días vuelve al tema, esta vez con mayor vehemencia. La situación era de verdad gravísima, Huerta provocaba un conflicto internacional con los Estados Unidos de América que podía llevar, como llevó, a la intervención. La intervención, denuncio don Belisario Domínguez, es la muerte de todos los mexicanos que tengan valor, que tengan dignidad, que tengan honor. Iremos a combatir pero no con la esperanza de obtener el triunfo, porque la lucha es desigual, sino sólo para salvar lo que deben tener en más valía los hombres y las naciones, el honor. Iremos a morir para que más tarde,, cuando el extranjero desembarque en nuestras playas, descubriéndose al pisar nuestro suelo exclame "De mil héroes la patria aquí fue".

Belisario Domínguez proponía un remedio extremo que él mismo calificó como una simpleza, pedía a la representación nacional que se redactara una renuncia que debería de firmar Victoriano Huerta y que se le comisionara para ponerla en sus manos.

Junto con el discurso en que hizo la condenación de aquel régimen sanguinario, tres cosas podrían ocurrir, según el ilustre chiapaneco: Una, que al leer aquellos documentos Huerta perdiera la paciencia y en un arrebato de ira lo asesinara en el propio Palacio Nacional; otra, que leyera hasta la última línea el pliego de la renuncia y el discurso y luego riera de aquella simplicidad.

Y una final, que Victoriano Huerta, invadido de un momento de lucidez comprendiera la situación, tal como se le presentara y firmara la renuncia. Pudiera ocurrir también que Huerta tras asesinarlo, leyera los documentos hasta el final y horrorizado de su crimen se matara él también, salvando con ello a la patria.

Pero no, Belisario Domínguez sabía donde lo conducía aquella decisión, ¿previó alguien antes con tanta claridad el fin al que está destinado? Porque la entrevista no llegó a realizarse, pero el usurpador mandó asesinarlo, cortándole la lengua en una vano intento de acabar con la verdad, vano porque las únicas palabras eternas son las verdades.

El recuento de los tiempos nos permite situarnos en la figura el prócer chiapaneco, Belisario Domínguez, quien llegó a la historia de nuestra patria, llevando hasta las últimas consecuencias y con su propia vida, por sostener los ideales de libertad y repudio a la utilización de la fuerza, como medio para regir los destinos del país, en defensa de la democracia y la legalidad.

Su muerte alcanzó a conseguir lo que más necesitaba la patria, sacudiendo las conciencias de los diputados de la XXVI Legislatura y reviviendo el honor de la Cámara.

Recordarlo es transportarnos a esas circunstancias que acechaban a nuestra sociedad y por ende a la política de los tiempos radicalistas, carente de toda práctica de libertad, de justicia y por ello avasalladora del pueblo.

Belisario Domínguez decía: yo no tengo compromisos con nadie, sólo con mi conciencia y con mi patria, es ejemplo de valentía, entereza y congruencia. Hizo brotar de los corazones de aquellos ciudadanos, el valor para enfrentarse al asesino y la decisión para desafiar el poder de la traición y el engaño.

Belisario Domínguez expresa quizás, como ningún otro, la conciencia moral del pueblo mexicano, nos permite detenernos para reflexionar en el tiempo de aquellas agudas contradicciones, por vencer la herencia colonial, defender la dignidad nacional, creando y desarrollando nuevas estructuras sociales.

Cabe destacar en él ser el aparturista de aquellas sinrazones de la relación entre el gobernante y gobernados, incluyendo ante todo la diferencia real del equilibrio de poderes, principalmente entre el Legislativo y el Ejecutivo.

Las acciones republicanas del prócer chiapaneco, sintetizadas en su frase conocida: "Libres por la palabra libre", entiéndase lo expresado no como libertinaje que trastoque lo que tanto le ha costado a la nación, al pueblo mexicano, pues acabar con lo estructurado sin ocupar los espacios en la reconstrucción de la patria, es acabar con toda nuestra historia, dejando a un lado a todos nuestros héroes que formaron nuestra patria.

En esta época de globalización en que estamos inmersos, cuando el mundo se abre a competir, todos contra todos. Cuando levantamos la vista, hacemos comparaciones y razonamos en la necesidad de avanzar en la tecnología,. para ponernos a la par y ser competitivos.

 Reflexionamos en las nuevas generaciones que acuden a las grandes universidades del mundo a nutrirse de los últimos avances y, sin embargo, poca influencia y servicio aportan al pueblo. Esos talentos deberían seguir el ejemplo de Belisario Domínguez, quien adquirió sus conocimientos de medicina en la Ciudad Luz, por aquella época líder vanguardista en los conocimientos científicos, y que a su regreso los puso con humildad al servicio de su pueblo.

Cuando titubiemos, bien podemos seguir su ejemplo, para enderezar el camino o por lo menos sentir vergüenza de nuestra debilidad.

LA C. PRESIDENTA: Señor diputado, se le ruega concluir su intervención, ya se ha agotado su tiempo.

EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ: Concluyo señora presidenta. Los valores de la vida y obra de Belisario Domínguez representan, revisten de especial trascendencia la vida nacional, por todo lo anterior proponemos a esta Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Que esta Honorable Cámara de Diputados realice la publicación de un libro sobre la vida y obra de Belisario Domínguez.

Segundo. Se revise la forma en que los libros de texto gratuitos presentan la vida y obra de Belisario Domínguez.

Tercero. Se revise el calendario cívico escolar para que se incluya la conmemoración del aniversario luctuoso de Belisario Domínguez.

Muchas gracias.

(aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado.

Su proposición será turna a la Comisión de Cultura.

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Santiago Guerrero Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Ejecutivo Federal para que se declare zona de desastre la costa del estado de Guerrero, hasta por diez minutos, señor diputado.

EL C. DIPUTADO SANTIAGO GUERRERO GUTIERREZ. Con su permiso, diputada Presidente.

En las últimas dos sesiones de esta Cámara de Diputados, el martes y jueves de la semana pasada hicieron uso de esta tribuna compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, para explicar amplia y detalladamente la situación que prevalece en varios estados y regiones del país que han resultado afectados por distintos siniestros naturales. Llegamos incluso a aprobar un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal declarar zona de desastre los municipios del estado de baja California Sur que resultaron afectados por el paso del huracán Juliette. Hoy, compañeras y compañeros diputados, vengo a exponer otro caso de un fenómeno natural que ha afectado a dos regiones del estado de Guerrero.

En los últimos años, uno de los temas de la agenda de los organismos internacionales ha sido el cambio climático mundial en razón de los severos efectos que está produciendo en el medio ambiente y la economía de múltiples regiones del globo terrestre, las alteraciones que registra el régimen de precipitación pluvial a escala global.

En nuestro país cada año la costa del Pacífico registra entre 14 a 16 ciclones tropicales, en tanto que en las regiones del Golfo de México la cifra es de 9 ciclones anuales.

Un ejemplo de la devastación que ocasionan este tipo de fenómenos es el huracán Juliette, que en días pasados sacudió las costas de Baja California Sur, Sonora y parte de Sinaloa.

Otro de los efectos del cambio climático es la presencia de sequías paradójicamente en regiones subtropicales o también llamadas trópicos secos, ocasionando siniestros de mayor impacto económico y social que en las regiones semidesérticas. Se trata de un fenómeno relativamente nuevo que se expresa en el retraso o ausencia temporal de lluvias durante los meses de verano, siniestrando por lo general la totalidad de los cultivos de temporal, que es el sistema de siembra predominante en este tipo de regiones.

Una de las consecuencias directas del fenómeno de la sequía, es la afectación del patrimonio productivo de los productores rurales, mermando con ello el ya de por sí escaso ingreso de las familias campesinas, dado los bajos precios de sus cosechas que ha generado la indiscriminada importación de granos y otras materias primas agrícolas como es el caso de los derivados de la copra.

Se trata en suma, de un problema climático con graves repercusiones económicas, pero sobre todo social, ya que pone en riesgo la seguridad alimentaria de miles de familias campesinas. Sin embargo, lo más grave de esta situación, señoras y señores diputados, es que a nuestras autoridades federales se les dificulta entender y atender este tipo de siniestros. Expongo las razones de esta aseveración:

Primero. Durante el período comprendido entre el 10 de julio y 16 de agosto del presente año, se registró en la zona costera del estado de Guerrero, una ausencia total de lluvia, que afectó severamente la actividad agrícola tanto de la Costa Chica como de la Costa Grande, particularmente a los productores de maíz, que es el cultivo predominante en el ciclo primavera-verano en ambas regiones.

2º.La superficie siniestrada por esta sequía temporal ascendió a 64 mil hectáreas de las cuales 44 mil se localizan principalmente en los siguientes municipios de la Costa Chica: en San Marcos, salieron afectadas 17 mil; Acapulco, con 7 mil 420 hectáreas; Cuautepec, con 6 mil 530 hectáreas; Azoyú, con 2 mil 914 hectáreas; Florencio Villarreal, con 2 mil 892 hectáreas; Copala, con 2 mil 589 hectáreas; San Luis Acatlán, con mil 729 hectáreas y Ometepec, con 1 mil 025 hectáreas.

3º.El número de productores rurales afectados por esta sequía, asciende a 70 mil campesinos de temporal. Se trata de productores de subsistencia con parcelas de entre una a tres hectáreas como máximo, que destinan su producción principalmente al autoconsumo y que no disponen de recursos económicos para asegurar sus cultivos.

4º.Al no contarse con la suficiente humedad para el desarrollo del cultivo, se dejarán de producir alrededor de 140 mil toneladas de maíz, lo que significa una afectación al patrimonio productivo de cuando menos 182 millones de pesos.

5º.En términos de seguridad alimentaria se considera que se verán afectados alrededor de 350 mil habitantes, es decir, casi el 20% de la población estatal del Estado de Guerrero, estimándose un déficit de maíz para consumo alimentario, de alrededor de 36 mil toneladas.

6º.Se trata de una región que en su mayor parte es considerada de extrema pobreza, ya que el nivel de ingresos de las familias en la gran mayoría, no alcanza ni siguiera el salario mínimo.

7º.En virtud de que la magnitud de los daños ocasionados por esta sequía supera la capacidad de respuesta del gobierno del Estado de Guerrero, el Ejecutivo Estatal solicitó a la Secretaría de Gobernación con fecha 3 de septiembre pasado, declarar zona de desastre los municipios afectados, para que conforme a la normatividad del Fondo Nacional de Desastres, el Fondem, los productores perjudicados puedan compensar la pérdida de su patrimonio productivo y consecuentemente satisfacer sus necesidades más apremiantes como es el caso de la alimentación y la salud.

Compañeras y compañeros diputados: no obstante que en el artículo 12 de las reglas de operación del Fonden, se entiende por desastre natural cito El fenómeno o fenómenos naturales concatenados o no, que cuando acaecen en un tiempo y espacios limitados, causan daños severos no previsibles y cuya periodicidad es difícil o imposible de proyectar y que además en el numeral primero del anexo segundo, se define a la sequía como -vuelvo a citar "un desbalance temporal de la disponibilidad hidráulica producido por la naturaleza consistiendo precipitaciones persistentes menores, que en el promedio de frecuencia, duración, severidad incierta y disminución impredecible." Fin de la cita.

A la fecha, los productores rurales afectados por la sequía en el Estado de Guerrero, aún están esperando los apoyos contemplados en el Fondo Nacional de Desastres, ¿se trata acaso de un problema de interpretación de lo que es una sequía temporal por parte de la Comisión Nacional de Agua? O lo más grave, compañeras y compañeros diputados ¿será que la Secretaría de Gobernación aún no ha solicitado a la Comisión Nacional del Agua corroborar la situación en que se encuentran los 70 mil productores de la costa de Guerrero? ¿o acaso la Comisión Nacional del Agua no ha realizado el peritaje respectivo?

Cualquiera que sea la causa, lo que está sucediendo con la solicitud que formuló el gobierno del Estado de Guerrero, debemos interpretarla como una negación del Pacto Federal, ya que el gobierno de la República está haciendo caso omiso a su responsabilidad de procurar apoyo a regiones y estados que enfrentan problemas graves generados por desastres naturales, que rebasan la capacidad financiera de la entidad federativa para hacer frente a este tipo de contingencias, como es el caso del estado de Guerrero.

"Señoras y señores Diputados:

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o

"Único. Se exhorte a la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional del Agua a atender la solicitud del gobierno del estado de Guerrero para declarar zona de desastre los municipios afectados por la sequía registrada en la costa de Guerrero, durante los meses de junio, julio y agosto del presente año, conforme a lo dispuesto a las reglas de operación del Fonden".

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado. Su proposición será turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Fue pospuesta la proposición del Partido Revolucionario Institucional.

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Y la siguiente será la proposición con punto de acuerdo sobre las desgracias en la mina de Morita del municipio de San Juan Sabines, Coahuila, a cargo del ciudadano diputado Oscar Maldonado Domínguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO OSCAR MALDONADO DOMÍNGUEZ (PAN): "El que suscribe, diputado federal del tercer distrito de Coahuila, con fundamento en lo dispuesto por los incisos b) y d) del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 59 del Reglamento del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o

"Son las siete de la mañana del día veintinueve de septiembre. Los trabajadores de la tierra bajan por un pozo vertical de dos metros de diámetro, son literalmente bajados en el mismo recipiente en donde subirán el carbón, el carbón que arrancarán a la tierra para producir la energía que mueve a la industria.

"Pocos minutos después una lengua de fuego los quema vivos y una explosión derrumba las paredes de las galerías. Cinco días tarda el rescate de los últimos cuerpos. Otros doce mineros de la región carbonífera han muerto por descuidos, ineficiencias y corruptelas.

"Desde que soy niño escucho en mi tierra de estas desgracias. A veces han sido cientos los padres de familia que quedan sepultados, a veces nunca se rescatan los cuerpos de estas trampas mortales que son las minas de carbón, con una sola salida. Siempre están en riesgo de explosión, de inundación o de intoxicación por gases.

"Y desde que soy niño veo también que a estos hombres límite de las minas les seguimos dibujando un contorno de indiferencia, que estos hombres de 70 pesos diarios van por las calles pintados de negro. Pero son invisibles, la sombra del olvido y del descuido los sigue a donde vayan.

"Sé que los puntos de acuerdo van al cesto de las buenas intenciones y señora Presidenta en esta ocasión daré seguimiento a este punto en especial, hasta que hagamos lo conducente. De tal manera que el minero, mal alimentado, mal pagado, mal recordado y al que nadie echa de menos, tenga una manita por este Congreso de la Unión.

Para que haya un accidente se necesitan dos situaciones; una condición insegura, la existencia de ese asesino que es el gas grisú y también una condición de descuido. Con una sola de las dos situaciones que no exista la explosión no se da.

Considerando que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de acuerdo con la Fracción IX del Artículo 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública tiene entre sus atribuciones la de estudiar y ordenar las medidas de seguridad e higiene industriales para la protección de los trabajadores y vigilar su cumplimiento, considerando que con fecha 21 de Julio del 97 la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-121 STPPS 96, seguridad e higiene para los trabajos que se realicen en las minas cuyo objetivo es el de establecer las condiciones de seguridad e higiene requeridas en las minas o canteras para que los trabajadores que en ellas laboren realicen sus actividades con el mínimo de riesgo de su integridad física y con protección adecuada a su salud, y considerando que la Secretaría de Economía de acuerdo al Artículo 7º Fracción IV de la Ley Minera tiene entre sus atribuciones la de participar con las dependencias competentes en la elaboración de normas técnicas y específicas relativas a la industria minero metalúrgica en materia de seguridad de minas y considerando que el Artículo 27 Fracción IV de la Ley Minera obliga al concesionario a sujetarse a las disposiciones generales y normas técnicas específicas aplicables en materia de seguridad de minas, propongo el siguiente Punto de Acuerdo.

"Primero. Se solicita a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de Economía que con fundamento en las disposiciones aplicables se coordinen por favor en el ámbito de su competencia y facultades para calificar y verificar el cumplimiento de las medidas en materia de seguridad en las minas aplicables en su caso y que se apliquen las sanciones correspondientes.

"Asimismo se solicita a ambas dependencias del Gobierno Federal trabajen de manera conjunta en la adopción de medidas adicionales que prevengan efectivamente nuevos accidentes como el ocurrido el pasado 29 de Septiembre en Coahuila.

"Solicitamos que la Secretaría de Energía revise a los concesionarios, que los hay acaparadores, si han cumplido con sus responsabilidades, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informe a esta soberanía las circunstancias del accidente en virtud de que se evidencia que hay algún tipo de negligencia por parte de las autoridades, solicito que este sea considerado de urgente y obvia resolución".

Señores esta desgracia de La Morita no pasará ignorada , no será otro accidente fatal de segunda u otras muertes sin prestigio porque no acarrea beneficios políticos a alguien, repito, vamos a seguir este Punto de Acuerdo hasta el final para auxiliar a estas sombras de olvido que son nuestros dineros metalúrgicos.

Después de hablar con las viudas y con los huérfanos, tres cosas piden claramente: castigo a los responsables, indemnizaciones completas porque encima no les llegan, medidas de previsión para que no pase esto nunca más y revisión de las concesiones actualmente acaparadas en pocas manos, ya lo decía, lo que deriva en bajos salarios ,, malas condiciones al no haber competencia. "

Por lo antes expuesto y fundado vuelvo a solicitar se tome este punto como de urgente resolución.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano Diputado. Ciudadano Diputado, en la formulación de la Junta de Coordinación Política este Punto no fue reportado a la Mesa Directiva como de urgente y obvia resolución.

No obstante, esta Mesa Directiva tiene la obligación de dar curso a su solicitud.

En esa virtud, le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 59.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior. En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura.

LA PRESIDENTA: Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de considerarse de urgente y obvia resolución.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la negativa.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

En tal virtud, túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un punto de acuerdo...

EL DIP. MARCO DAVILA: Señora Presidenta, por favor pido la palabra sobre el anterior asunto.

LA PRESIDENTA: Sobre el anterior asunto, el diputado Marco Dávila, sobre el tema del punto de acuerdo anterior, relativo a las desgracias en la Mina de Morita, del municipio de San Juan Sabines, Coahuila.

EL DIP. MARCO DAVILA: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

En el estado de Coahuila, de 38 municipios más de la mitad de ellos explotan diversos minerales metálicos y no metálicos, siendo el carbón el más peligroso en su explotación y exploración, dadas las condiciones de los suelos y de las características de las minas.

Los diversos accidentes que se han suscitado en la entidad, han tenido consecuencias impactantes para esta región y para el estado. He nacido, crecido y vivido en la región carbonífera. De l902 a l976 hemos tenido más de l9 explosiones, con un saldo mayor a 8l0 muertos.

Esta región comprende los municipios de Melchor Múzquiz, San Juan de Sabinas, Juárez y Progreso y en ellas laboran miles de trabajadores. En estos mismos municipios se generan en forma indirecta más de 35 mil empleos y dentro de estos desarrollos formales existen l33 pozos carboníferos, es decir, pequeños desarrollos donde laboran de l5 a 20 personas aproximadamente en cada uno, lo que se calcula de acuerdo a registros que se tienen en el IMSS y en otras instancias, que en forma directa laboran l200 y se benefician de esta actividad casi l0 mil personas.

El problema actual de los pozos carboneros de mi región, es que se dan concesiones a diestra y siniestra, han sido otorgadas por tiempo a diversas personas físicas y morales que en los últimos años se han venido dando bajo el sistema de subarrendamiento, con el fin de extraer en pequeña escala diariamente cientos y miles de toneladas, donde se benefician algunas minas formales, sí, pero principalmente se trabaja en pozos, con las mínimas condiciones de seguridad efectivamente en la mayoría de ellos para venderle el carbón a quien tiene la concesión, un carbón que utiliza Comisión Federal de Electricidad en la Carboeléctrica José López Portillo y Carbón 2, que genera del 15% de la energía de este país.

En el caso que nos ocupa, que es el pozo de La Morita, cuyo propietario es el señor Miguel Ángel Valdéz Ramos, no pertenece a ninguna asociación de la región, sino que ha desempeñado su trabajo en forma independiente y con su brigada de trabajadores, que trabaja para personas físicas o morales que le han subarrendado la concesión. Es una persona que aparentemente cuenta con mucha experiencia y estaba presente efectivamente el día del accidente.

Este pozo se calcula que estaba en actividad aproximadamente desde hace seis meses y que el número de trabajadores son 22 y que únicamente 11 a las 07:10 de la mañana, como dijo quien me antecedió en el turno de la palabra, bajaron, afortunadamente por un desperfecto en el vehículo que trasladaba al resto de los compañeros.

Es importante aclarar que dichos trabajos en estos pozos duran de seis a ocho meses y una vez que se agotan las vetas cambian de lugar, sin dar aviso alguno a las instancias municipales, estatales o federales, por lo que es difícil para los inspectores ubicar estos desarrollos en el amplio semidesierto de estos cinco municipios, que en su mayoría por denuncias son ahora ranchos ganaderos, ejidos, comunidades y en algunos casos se ubican estos pozos en cañadas sin ninguna clara identificación.

Se considera a Coahuila el único estado que maneja en forma intensiva la explotación de carbón, y que estamos de acuerdo, debiera existir una coordinación más estrecha entre lo que es la Secretaría de Economía y Trabajo y Previsión Social, para que al otorgar y explotar las concesiones se exija esta supervisión y saber con exactitud dónde está la operación, cuáles son las medidas de seguridad, condiciones de normatividad y sobre todo la garantía y seguridad del trabajo con que se desarrollan estos mineros.

Es preciso actualizar las leyes y medidas preventivas de nuestras minas, requerimos seguridad, salarios justos, adiestramiento previsor y condiciones dignas para los trabajadores, ya que el carbón y el gas son determinantes para la producción de la energía eléctrica que el país demanda.

Por lo anteriormente expuesto y por la coincidencia de los argumentos, la fracción parlamentaria del PRI está de acuerdo en el punto aquí presentado por quien me antecedió en el uso de la palabra y que estamos de acuerdo que se investigue y en caso de haber sanción o culpabilidad, que se actúe conforme a la ley.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.

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Procedemos al siguiente punto de acuerdo y para ello se concede el uso de la palabra al diputado Delfino Garcés Martínez, del grupo parlamentario del PRD para presentar una proposición en torno a los límites del Estado de México y del Distrito Federal.

EL C. DIPUTADO DELFINO GARCES MARTINEZ (PRD): Muchas gracias, señora Presidenta.

Proposición relativa al cambio de límites entre el Estado Libre y Soberano de México y el Distrito Federal.

Antecedentes.

Con fecha 2 de mayo de 1968 el Estado Libre y Soberano de México y el Departamento del Distrito Federal celebraron un convenio con el fin de atender de manera conjunta sus límites territoriales y para tal efecto se creó la Comisión de Límites, con el objeto de celebrar un convenio definitivo sobre la fijación de los límites entre ambas entidades, el cual se sometería a la aprobación de la Legislatura del Estado de México, así como del Honorable Congreso de la Unión.

El 18 de diciembre de 1989 el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal emitieron un comunicado para reactivar la Comisión de Límites antes señalada y el primero de marzo de 1990 suscribieron un acuerdo con el propósito de dar bases e instrucciones para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

La Comisión de Límites entre el Distrito Federal y el estado de México, en sesiones celebradas los días 25 de abril, 23 de mayo, 26 de junio, así como 2 y 11 de julio de 1990, según actas de esas fechas elaboró planes proponiendo al estado de México y al Departamento del Distrito Federal los nuevos límites de dichas entidades.

Con fecha 24 de agosto de 1993, 3l Gobierno del estado de México y el Departamento del Distrito Federal celebraron dicho convenio para la precisión y reconocimiento de sus límites territoriales. En la cláusula segunda de ese convenio, las partes establecieron que el estado de México y el Departamento ratifica su aceptación y apoyo al decreto del Congreso de la Unión, de fecha 15 de diciembre de 1898, promulgado el 17 del mes y año citados. A los antecedentes que se sustentaron su expedición, en particular el plano elaborado con apoyo en las actas a que se alude en dicho decreto, que fue realizado por el ingeniero Antonio Linares y expresan que las precisiones, reconocimientos, arreglos definitivos de los límites a que se refiere el citado convenio, se basan en lo esencial en el decreto y planos citados.

En la cláusula cuarta del convenio en mención se estableció que las partes acordaban dos modificaciones en su línea limítrofe, y que son las mencionadas anteriormente en términos del acta de la Comisión de Límites del 26 de julio de 1990.

Con fecha 14 de septiembre de 1993 se publicó el decreto por el cual la LI Legislatura del estado de México aprobó el convenio de límites antes referido.

Con fecha 27 de julio de 1994 se publicó el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión aprobó el convenio para la Precisión, Reconocimiento de sus respectivos limites territoriales, celebrado entre el estado libre y soberano de México y el Departamento del Distrito Federal, de fecha 24 de agosto de 1993.

Con fecha 9 de noviembre de 1994 se publicó el decreto por medio del cual la LII Legislatura del estado de México acordó segregar de los municipios de Chalco, Iztapaluca, La Paz, Chicoloapan, varios kilómetros cuadrados.

En los artículos 2° y 3° del referido decreto señala que el territorio y los centros de población comprendidos y asentados dentro de los límites contenidos en la poligonal, formarán un municipio con una superficie de 44.57 kilómetros cuadrados, y que el municipio formado por ese territorio y centros de población se denominará Valle de Chalco Solidaridad.

El 31 de diciembre de 1994 se publicó el decreto por medio del cual la Asamblea de Representantes del Distrito Federal aprueba la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal. En el capítulo II artículo 6° de dicha ley precisa que el territorio del Distrito Federal se compone del territorio que actualmente tiene, y sus límites geográficos son los límites fijados en los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, expedidos por el Congreso de la Unión.

Consideraciones:

Preocupación de los vecinos. Hago del conocimiento de esta Cámara de Diputados que en forma indebida, las autoridades administrativas, tanto del estado de México de aquel entonces, como del Distrito Federal de aquel entonces, han establecido que desde el año de 1994 los pueblos pertenecientes a la Delegación Tláhuac, Distrito Federal, entre ellos los poblados de Santa Catarina Yetahuizot, San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixcayopan, San Nicolás Tetelco y San Andrés Mixqui, así como Santiago Tulyehualco, Delegación Xochimilco, y San Antonio Tecomen, Delegación Milpa Alta, se modificaron los límites territoriales de dichas poblaciones, pasando a formar parte del estado de México los territorios y poblaciones que desde hace más de un siglo habían pertenecido siempre al Distrito Federal.

Los vecinos de las poblaciones antes mencionadas, han expresado de diversas formas su rechazo a pertenecer a la jurisdicción del Estado de México, y muestra de ello, son los diferentes escritos de inconformidad que han presentado ante diversas autoridades, de las que se cuenta con las respectivas copias, así como los amparos promovidos en fecha 17 de agosto de 1995 por el entonces comisariado ejidal de Santa Catarina Yecahuizot, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por el cambio de límites de sus tierras, las cuales siempre han pertenecido al Distrito Federal.

La Ley Orgánica de la Administración del Distrito Federal, que fue aprobada en la Asamblea de Representantes de fecha 31 de diciembre de 1994, establece cuáles son los nuevos límites entre el Estado de México y el Distrito Federal; en la misma, sin razón legal alguna se modifican los límites que comprenden diversos pueblos de la delegación de Tláhuac, los cuales se han mencionado anteriormente sin que exista sustento legal.

2.2 Población y legalidad.

Es indudable que esta Cámara de Diputados debe atender las constantes y reiteradas quejas de la población. En el caso concreto de los vecinos de los pueblos de la Delegación de Tláhuac, muestran su total inconformidad ante el cambio de los límites, de sus posiciones y propiedades, las cuales por más de un siglo han pertenecido siempre y sin ningún problema al Distrito Federal, cuyos límites territoriales en forma ilegal les fueron cambiados por una decisión unilateral del Ejecutivo Federal para crear el Municipio Valle de Chalco, Solidaridad, para que viniese el Santo Papa.

Tercera. Los diputados

Al ser los diputados representantes populares, nos corresponde atender debidamente todo reclamo o queja formulada por nuestros representados, sobre todo si se toma en cuenta que el problema planteado es de gran importancia, no sólo legal sino también social, por lo que en forma inmediata se debe atender al mismo, tratando de encontrar solución adecuada que satisfaga los intereses de los vecinos y toda vez que existen dos entidades de la Federación involucradas, también debe requerirse a los titulares de las mismas sus puntos de vista sobre el problema planteado.

Pues ahora ya tenemos un problema de límites entre dichas entidades, provocado fundamentalmente por un régimen presidencial anterior que atendiendo única y exclusivamente a sus intereses personales, realizó en forma arbitraria, sin ser consultados los ciudadanos, los vecinos, acciones que perjudican directamente a los habitantes del Distrito Federal.

En forma específica los vecinos de la Delegación de Tláhuac debemos resaltar que en ese punto, el hecho de que anteriormente el regente de la Ciudad de México carecía de una verdadera representación popular que legitimara el ejercicio de sus funciones por lo que considero que el actual Jefe de Gobierno del Distrito Federal puede y deberá atender en el ámbito de sus responsabilidades la presente proposición y tomará acciones que sean pertinentes para hacer respetar en estricto sentido de derecho, el territorio del Distrito Federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, a la ciudadana Presidenta de esta Cámara, ponga a consideración del Pleno la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo.

Primera. Turnar la presente proposición a las Comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados con el objeto de que en el ámbito de sus facultades soliciten información a las Comisiones de Límites tanto del Estado de México como del Distrito Federal, sobre los trabajos realizados en el Convenio y celebrado entre las entidades mencionadas de fecha 24 de agosto de 1993 que incluya los documentos y planos en que se hayan sustentados los trabajos.

Segunda. Que dichas Comisiones de la Cámara de Diputados soliciten respetuosamente al gobernador del Estado de México y al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, información de la posición que tengan al respecto del problema planteado con el objeto de determinar medidas pertinentes de conformidad con la legislación aplicable.

Tercera y última. Que una vez analizada la información se recomiende a los congresos locales que resuelvan en el sentido de que los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, en la parte correspondiente al Valle de Chalco y a la Delegación Tláhuac, respectivamente, regrese a su estado original que data del año de 1894. Muchas gracias.

Termino diciéndoles que hace unos días comenté, platiqué esto con el señor gobernador, el cual lo ve con simpatía. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de al palabra el diputado Salvador Castañera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIP. SALVADOR CASTAÑEDA: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Hago uso de esta tribuna para referirme al Punto de Acuerdo en relación a los límites del Estado de México y el distrito Federal.

En el año de 1898 el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal definieron sus límites, mediante los convenios celebrados por ambas entidades federativas, los cuales fueron aprobados por el Honorable Congreso de la Unión.

En el año de 1917 con la promulgación de la Constitución General de la República, se ratificaron tácitamente los convenios referidos, al determinarse en el artículo 44 que el Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene y por lo establecido en el numeral 45 en el cual se prevé que los estados de la Federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a estos.

Con el fin de atender de manera conjunta sus asuntos de límites, el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal el día 2 de mayo de 1968 creación la Comisión Bilateral de Límites para ambas entidades. Posteriormente en el año de 1989 se reactivó la Comisión de Límites y el primero de marzo del 90, se suscribió un acuerdo mediante el cual se instruyó a la citada comisión los trabajos correspondientes para la identificación y precisión de límites entre el Distrito Federal y el Estado de México.

Como resultado de los trabajos realizados por la Comisión de Límites, referida, el Estado de México y el Distrito Federal celebraron el 24 de agosto del 93 un Convenio Amistoso para precisar y reconocer sus límites territoriales el cual fue aprobado por el decreto número 223 de fecha 12 de septiembre de 1993, por otra parte de la LI Legislatura del Estado de México y publicado en el periódico oficial Gaceta de Gobierno el 14 de septiembre.

El Congreso Federal decretó el 11 de julio del 94 la aprobación del Convenio Amistoso entre el Estado de México y el distrito Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio del mismo año. A partir de la publicación del decreto por el cual se aprobó el Convenio referido, se formó una comisión para realizar el amojonamiento y rehabilitación que en su caso se requiriera en la línea limítrofe de ambas entidades en la cual colindan 13 municipios y 11 delegaciones.

Por lo anterior consideramos que no puede existir duda sobre los límites territoriales entre el Estado de México y el departamento del Distrito Federal, en virtud de que en términos se la Constitución y en base a los trabajos realizados por la Comisión de Límites antes aludida, en el Convenio Amistoso, se tienen debidamente precisados y reconocidos los límites territoriales.

Estoy plenamente convencido de que a lo largo de los últimos 40 años se ha generado un crecimiento acelerado de la población y migración hacia el territorio del Distrito Federal, pero especialmente en la zona conurbada perteneciente al Estado de México y en especial en aquellas zonas que no se encontraban pobladas en la medida de su crecimiento y especialmente por la prestación de los servicios públicos y la cercanía con las fuentes de trabajo, ha traído como consecuencia la demanda de los habitantes de franjas y puntos específicos que tradicionalmente han solicitado sean consdierados dentro del territorio del Distrito Federal.

Esto no obedece a la falta de definición por las autoridades de ambas entidades, en función al acuerdo amistoso referido.

Por lo anterior, señoras y señores legisladores, las cuestiones de límites territoriales, deben basarse en razones legales. Estamos de acuerdo que se estudie minuciosamente el presente asunto, para que en base a la legalidad, se tomen las determinaciones correspondientes, y para tal efecto solicitamos a esta soberanía, se turne el presente asunto a Comisiones, para que se analicen los documentos, se realicen las acciones técnicas correspondientes y se resuelva conforme a derecho. Gracias señora presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal.

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Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, por el que se solicita a la Procuraduría General de la República, lleve a cabo una investigación sobre la presunta corrupción en Pemex en Salina Cruz, Oax.

EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. He solicitado hacer uso de la palabra, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, porque considero que es fundamental para el futuro de nuestro país, que la Cámara de Diputados se convierta en el espacio privilegiado de discusión política donde se debatan, no sólo los grandes temas nacionales, las reformas constitucionales y legales, la reforma pendiente del Estado, sino también aquellos temas que incidan directamente en la ciudadanía.

La Cámara de Diputados en este proceso de cambio político, debe desempeñar un papel fundamental, para ir construyendo entre las fuerzas políticas y los Poderes de la Unión, las bases del proceso político en el que está inmerso nuestro país.

Pero también para que dentro del ámbito de sus competencias, contribuya a combatir la corrupción pública y la impunidad, lastres que no pueden sentar sus bases en un gobierno que apenas inicia.

No sólo con una lista de nuevos propósitos ni pactos espectaculares como se pueden sentar las bases para conducir el cambio político, en el PRD habemos quienes creemos que las responsabilidades constitucionales de un gobierno, están por encima de una lista, como muchos sabemos, Petróleos Mexicanos fue la caja chica del gobierno federal, la fuente de la corrupción por parte de funcionarios públicos, que no entendieron que su compromiso y responsabilidad, era con la empresa, con el país, con los mexicano, incluso algunos pisaron la cárcel como ajustes de cuentas interno dentro del PRI.

Muchas veces el Consejo de Administración de Pemex, autorizaba apoyos diversos a los municipios y estados, donde mantiene una importante presencia, a través de sus oficinas y refinerías. Muchas de esas obras no se realizaron y las que se iniciaron quedaron inconclusas, pero lo más grave de todo esos recursos públicos, pudieron haber sido destinados al apoyo de candidatos y campañas de los gobiernos en turno.

En el caso, por ejemplo, de los siguientes hechos que a continuación señalo, acompañado de las pruebas correspondientes.

El 20 de octubre de 1994 en la ciudad de Salina Cruz, Oax., se firmó un convenio de colaboración para la realización de obras de equipamiento urbano así como de acciones de reubicación de asentamientos humanos en el municipio de Salina Cruz, Oax., convenio firmado entre Petróleos Mexicanos y el ayuntamiento de Salina Cruz.

En dicho convenio se establece que Pemex se compromete a aportar tuberías, asfalto, combustible, recursos financieros para la realización de diversas obras en el Istmo de Tehuantepec y aportar adicionalmente a lo establecido la cantidad de un millón de pesos, para la adquisición de 23 paquetes de materiales de construcción, para la reubicación de algunas personas.

En este convenio firman por Petróleos Mexicanos diversos funcionarios y por el estado de Oaxaca el director de Coplade y el Secretario de Obras Públicas el arquitecto Walter Vargas.

Lo grave de todo esto, es que el convenio fue firmado, entre Pemex y el ayuntamiento de Salina Cruz, y no aparece la firma del presidente municipal, ni tuvo conocimiento el entonces Alfredo López Ramos, presidente municipal de Salina Cruz de este convenio, mismo que al enterarse de la existencia de este convenio presentó denuncia correspondiente ante las autoridades federales.

Por otra parte, en el período 96-98, se dio una gran difusión a la construcción de la Biblioteca Aries 67 en la que PEMEX destinó recursos por la cantidad de 3 millones 300 mi pesos, según acuerdo CA301 del 98, de fecha 8 de mayo del 98, independientemente de un millón de pesos adicionales para el equipamiento de dicha biblioteca, según acuerdo CA568 del 98, de fecha 10 de noviembre de 1998.

Para el auditorio municipal, PEMEX aportó la cantidad de un millón 571 pesos, según acuerdo CA516 del 97.

Para el programa de financiamiento para apoyar el programa de vivienda y urbanización de la colonia Pie del Cerro en Salinas del Marqués, se destinaron 2 millones 71 mil 429 pesos. Para la rehabilitación del sistema de agua potable en la comunidad mencionada, se destinó la cantidad de 285 mil pesos, mediante acuerdo CA343 del 97. Hasta ahí, esto pareciera que es normal.

Sin embargo, ante una investigación que se hizo, la colonia Pie del Cerro en Salinas del Marqués, donde se destinaron más de 2 millones no existe la colonia, no existe y por lo tanto, no pudo haberse destinado recursos para esa colonia fantasma. De igual manera no se pudo destinar la cantidad de 285 mil pesos para la rehabilitación del sistema del agua potable en una comunidad que no existía.

En lo que se refiere a la Biblioteca Aries se observa un avance sólo del 80%, falta el equipamiento y detalles finales en el edificio. Respecto al auditorio municipal, a simple vista se puede constatar que sólo se refiere a un cascarón de obra antiguo y no a la construcción de un edificio. En la tercera obra que hablábamos hace rato, se trata de una colonia fantasma.

En el presente ejercicio 1999-2001, mediante acuerdo minuta celebrada el 9 de abril del 2001 y acuerdo CA120 del 2000, de fecha 9 de febrero del 2000 y acuerdo CA433 del 2000, de fecha 30 de agosto del año 2000, se destinaron para el municipio de Salina Cruz 120 mil litros de magna, 100 mil litros de diesel y 400 mil pesos para la limpieza del complejo lagunero en el ejido Boca del Río, así como 750 mil pesos para la pavimentación de la Avenida Francisco Villa y 500 mil pesos para la vialidad alterna de acceso a la colonia Santita en Salinas del Marqués.

En el primero de los casos, el C. Evelio Márquez, Presidente del Comisariado Ejidal, da fe que no se ha realizado trabajo de limpieza en dicha laguna; en la pavimentación que se menciona esta no existe; lo mismo ocurre con la vialidad de acceso alterno a la colonia Santita.

Estos hechos los estamos denunciando aquí en la Cámara de Diputados, porque en Petróleos Mexicanos, a pesar de que se han presentado denuncias directas, en la Contraloría Interna y ante la Dirección de PEMEX, ha habido desinterés para realizar una investigación del uso que se dio a los recursos citados.

Es importante que la Procuraduría General de la República realice una investigación a la denuncia presentada ante el agente del ministerio público; cite a declarar al gerente general de la refinería de Salina Cruz, Oaxaca para que aclare la responsabilidad de los funcionarios que intervinieron en la vigilancia y supervisión de las obras fantasmas y los donativos en especie de acuerdo a las propias disposiciones de Petróleos Mexicanos.

Que investiguen el por qué el titular de la Contraloría Interna de PEMEX GAS y Petroquímica Básica, el C. P. René Ojeda Delgado, ha hecho caso omiso a las denuncias presentadas a pesar de las pruebas que existen y que demuestran los hechos citados.

Nuestro país, los mexicanos, PEMEX y el nuevo gobierno, no pueden seguir viviendo en la impunidad y en la corrupción. Creo que es hora de ir erradicando esta impunidad y esta corrupción en todos los niveles de gobierno, sobre todo en una paraestatal que sirvió como caja chica para aprovecharse de los recursos públicos y desviarlos en apoyo a los candidatos a presidentes municipales, diputados locales gobernadores e incluso, presidentes de la república.

En las últimas elecciones celebradas en el Estado de Oaxaca en el Istmo de Tehuantepec, pudimos apreciar los cuantiosos recursos que el gobierno del estado y el PRI utilizaron para comprar votos y credenciales de elector hasta por mil pesos. Distribuir despensas, presionar a los candidatos de otros partidos políticos con amenazas y chantajes.

Por eso, estoy convencido de que si no presentamos estas denuncias ante la Cámara de Diputados y la opinión pública no se enterara, las autoridades no profundizarán en las investigaciones correspondientes.

Por lo tanto, me permito solicitar con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la presidencia de la mesa directiva, turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la siguiente Proposición con

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. Esta H. Cámara de Diputados, con pleno respeto al ámbito de competencia, solicita al titular de la Procuraduría General de la República realice una exhaustiva investigación de los hechos anteriormente descritos, con las pruebas que se presentan así como por las denuncias presentadas ante la agencia del Ministerio Público de la Federación en Salina Cruz, Oax., por el C. Alfredo López Ramos, por hechos que pueden constituir delitos del orden federal, en contra del patrimonio de la paraestatal Petróleos Mexicanos y de todos los mexicanos

Suscriben esta Proposición los diputados Pedro Miguel Rosaldo, Héctor Sánchez López.

Muchas gracias. Hago entrega.

PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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Tiene la palabra el diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, sobre los detenidos y desaparecidos en México.

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Pasamos al siguiente punto de la Orden del Día.

Tiene la palabra el ciudadano diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, sobre la venta de Bancreser a Banorte.

DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Gracias ciudadana presidenta; compañeras y compañeros diputados:

El 24 de septiembre del 2001, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, por acuerdo de su junta de gobierno, adjudicó el 100% de las acciones de Bancreser, a Banco Mercantil del Norte, institución de banca múltiple Banorte.

El día de ayer se confirmó en diversos medios de información y mediante un comunicado del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que un funcionario de muy alto nivel de la institución, había sido arraigado en su domicilio por parte de la PGR, como resultado de la presunta comisión de delitos en contra de la empresa

Grupo Bursátil Mexicano.

Considerando que el funcionario arraigado por la PGR, se desempeñaba hasta el día de ayer, como secretario adjunto jurídico del Instituto; que conforme a la ley del IPAB en su artículo 18 fracción XXVIII, es facultad del secretario ejecutivo proponer a la junta de gobierno, el nombramiento de los servidores públicos del instituto del nivel inmediato inferior; que quien hasta el día de ayer se desempeñaba como secretario adjunto jurídico, fue propuesto por el secretario ejecutivo y aprobado por la junta de gobierno de la institución; que durante casi un año de gestión, como secretario adjunto jurídico, fungió como apoderado legal del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, con las funciones que le marca el artículo 23 de la Ley del IPAB; que dentro de estas funciones, se encuentra entre otras, las de coordinar los aspectos relacionados con los procesos de adquisición, recuperación, enajenación y administración de bienes; que al mes de agosto del presente año, el IPAB ha realizado operaciones de venta o administración de cartera, por 58 mil 988 millones de pesos, por las que sólo ha recibido aproximadamente 10 mil 120 millones de pesos, es decir, que por cada peso que ha vendido el IPAB, sólo ha recuperado en promedio, 17 centavos, cifra muy por debajo del 30 por ciento que alguna vez estimaron recuperar las autoridades gubernamentales.

"Que en la venta de Bancrecer se recuperó menos del 2 por ciento de los recursos invertidos por el gobierno para su saneamiento.

"Que los dueños del grupo bursátil mexicano figuran en las transacciones reportables al Inverlat.

"Que derivado de todo lo anterior y de las acusaciones que ha sufrido la institución, tanto por parte del Procurador Fiscal como del Auditor Superior de la Federación, existe ya un deterioro en la calidad moral del Instituto y una absoluta pérdida de confianza y de credibilidad de la opinión pública y de este órgano legislativo, tanto en la Junta de Gobierno del Instituto como en el Secretario Ejecutivo y demás funcionarios de la institución.

"Que el artículo 75 de la Ley del Ipab establece que es el Senado de la República o, en su caso, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión quien debe aprobar a los Vocales Ejecutivos que conforman la mayoría de la Junta de Gobierno del Instituto.

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la mesa directiva someta a consideración de este pleno el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o :

"Único. Que el pleno de la Cámara de Diputados haga un respetuoso llamado a la Cámara de Senadores a fin de que se proceda a intervenir a la Junta de Gobierno del Ipab hasta que sea emitido el fallo de la Secodam, con respecto a los vocales y el de la Procuraduría General de la República con respecto al Secretario Adjunto Jurídico que se informe a esta soberanía de los actos en el que tuvo qué ver el arraigado domiciliario a fin de salvaguardar el interés público".

Muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Turno a la Junta de Coordinación Política.

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El siguiente punto del orden del día es el relativo a la agenda política en torno a comentarios sobre la política exterior de México.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA (PRI): Con su permiso, diputada Presidenta.

Compañeros Diputados:

Ahora que el mundo vuelve a vivir en tensión, que se revive el escenario de la guerra, las relaciones internacionales se vuelven y se volverán tan complejas como en diversos momentos de crisis de largo periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial que se denominó la guerra fría.

En este nuevo escenario, que súbitamente surgió a partir del 11 de septiembre, creo que la política exterior es uno de los espacios donde puede procurarse y lograrse el consenso entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo y entre las diversas fuerzas políticas.

Se requiere, desde luego, voluntad e interés para lograrlo, particularmente en el Poder Ejecutivo. Se requiere apego a los principios normativos de la política exterior de México establecidos en el artículo 89, fracción X de la Constitución, los cuales fueron desarrollados y puestos en práctica con inteligencia por varias generaciones de diplomáticos mexicanos que dieron prestigio y respeto a nuestra política exterior.

Considero que a partir de esa base normativa se pueden proponer, articular y consensar las actualizaciones que algunos proponen, pero hay que tener la convicción y el talento para conciliar el valioso legado de la política exterior con las nuevas propuestas, retos y circunstancias internacionales, ni quedarnos estáticos en esos antecedentes valiosos ni desecharlos pensando equivocadamente que son un nuevo estorbo, un estorbo para los nuevos tiempos.

Se requiere más prudencia y ponderación y menos estridencia en la Cancillería, tampoco será suficiente un enfoque empresarial a la Política Exterior ni la articulación de una nueva propuesta que tenga la vana pretensión de ser mejor que todo lo que se ha hecho en el pasado en la Diplomacia mexicana.

Considero que ya tampoco es suficiente la conducción de la Política Exterior y la celebración de los tratados internacionales por el Poder Ejecutivo con aprobación del Senado como lo marca el citado Artículo 89 de la Fracción X. Por ello y porque el Artículo 133 Constitucional reconoce a los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo con aprobación del Senado como Ley Suprema de la Nación junto con la propia Constitución y las leyes que apruebe el Congreso de la Unión, lo cual coloca al Ejecutivo y al Senado como legisladores por encima del proceso de aprobación de leyes que corresponde a las dos Cámaras del Congreso, estamos proponiendo las reformas correspondientes en la Comisión Especial para la Reforma del Estado, para que la conducción de la política exterior y los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo sean también aprobados por la Cámara de Diputados y asimismo que el Poder Legislativo sea consultado e informado por el Ejecutivo no solo del resultado de las negociaciones de los tratados sino durante el proceso de negociación de ellos. Así será posible procurar y lograr los consensos superiores para que la política exterior de México sea una política de estado.

Aquí están los principios que consideramos rectores , igualdad jurídica de los estados, Libre Auto determinación de los pueblos, Arreglo Pacífico de Controversias, No Intervención, Cooperación Internacional para el Desarrollo, Promoción de la Paz y la Seguridad Internacionales, Repudio y Participación en la Lucha contra el Terrorismo y la Violencia, Defensa de la Libertad, la Democracia, los Derechos Humanos y la División de Poderes, Defensa de los Derechos de los Mexicanos en el Extranjero, Mayor Cooperación con América Latina e Iberoamérica, Fortalecer el Servicio Exterior Mexicano, actualización y Fortalecimiento de los Organismos Internacionales.

Aquí están los grandes lineamientos y los principios normativos con los que a mi juicio , la Política Exterior de México puede ser un espacio de consensos y convertirse en una política de estado.

Es cuanto diputada Presidenta. (aplausos)

LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano Diputado.

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Se había inscrito en la Agenda Política por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el tema relativo a los siniestros causados por el huracán Juliette.

En virtud de que no está el proponente, informo a esta Asamblea que en el tema de Comentarios sobre la Situación pos electoral en Ciudad Juárez, Chih., el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional ha solicitado se posponga para la otra sesión.

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Ciudadanos Secretarios, ciudadana Secretaria, den continuidad a la Orden del Día.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ. Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.

Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

(Lectura del Orden del Día. )

 LA PRESIDENTA: Le informo a los ciudadanos diputados y a las ciudadanas diputadas, que la Sesión Solemne para conmemorar el 450 Aniversario de la Fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México, iniciará en punto de las diez horas, por lo que les solicitamos arriben a este recinto l5 minutos antes.

(l5:34) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 11 de octubre a las diez horas en punto.