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SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 25 DE OCTUBRE DE 2001

ORDEN DEL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2001.
APERTURA
Lectura del Acta de la Sesión Anterior
COMUNICACIONES
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del 184 aniversario luctuoso del General Pedro Moreno González, benemérito de la patria y héroe de la Independencia, tendrá lugar el 27 de octubre a las 10:30 horas, en la Columna de la Independencia.
El Congreso del estado de Tamaulipas, invita a la sesión solemne en la que el gobernador constitucional del estado, rendirá el Tercer Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el 28 de octubre a las 11:00 horas, en el Centro Cívico Gubernamental, declarado recinto oficial.
El Congreso del estado de Baja California, invita a la sesión solemne en la que el C. Eugenio Elorduy Walther, protestará como gobernador constitucional, la que tendrá lugar el 1 de noviembre a las 18:00 horas, en el auditorio del estado, declarado recinto oficial.
Del Congreso del estado de Sonora.
De la Junta de Coordinación Política.
INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO
Que reforma los artículos 77, fracción VI y IX, y 80 y deroga el artículo 80-A, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. (Turno a Comisión).
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a la fracción XVI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Que adiciona un tercer párrafo al artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 89, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, a cargo de la Dip. Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que adiciona una fracción XI al artículo 2º de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones legales para establecer la figura denominada contribuyente social, a cargo del Dip. Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Manuel Rodríguez Arriaga, Carlos Pascual Monsiváis y Enrique René Michel Santibáñez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de la República de Chile y de la República de Corea, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Ivette María Carballo Fariñas, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido, en México.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con puntos de acuerdo para que las autoridades de la Secretaría de Gobernación, realicen una supervisión y se tomen las acciones necesarias para una eventual erupción del volcán Popocatépetl.
EXCITATIVA
A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del Dip. Luis Herrera Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
PROPOSICIONES
Con punto de acuerdo sobre la glosa del Informe Presidencial, a cargo del Dip. Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).
Con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se dirija a la mayor brevedad posible a la Junta de Gobierno del IPAB, para solicitarle que sean contestadas las preguntas en relación al desarrollo del IPAB, que se anexan a este punto, y aquellas otras que los miembros de la propia Comisión deseen realizar, a cargo del Dip. César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Tres con puntos de acuerdo sobre el IPAB, a cargo de la Dip. Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, respectivamente. (Turno a Comisión).
Dos con puntos de acuerdo sobre la utilización indebida de los recursos públicos en las campañas electorales del estado de Tlaxcala, a cargo de los grupos parlamentarios de los Partidos Acción Nacional y del Trabajo, respectivamente. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la problemática agraria de Acapulco, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre los problemas que enfrentan los aeropuertos de gran importancia de México, a cargo del Dip. Alonso Ulloa Vélez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Diversas con puntos de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, a cargo del Dip. Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y de los grupos parlamentarios de los Partidos: Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y del Trabajo, respectivamente. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles del troncal de 32 km, que va de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la autopista 57 federal, a cargo del Dip. Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre política exterior, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, proponga al pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se realice una cumbre mundial contra el terrorismo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar se apruebe la donación de un día de dieta por parte de los diputados, para los damnificados por el huracán Julliete, en el estado de Baja California Sur, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución).
Con punto de acuerdo sobre procuración de justicia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar tanto a la Sagarpa, como a la Secretaría de Economía, la información necesaria de la importación de leche en polvo de Argentina, que de acuerdo a la información internacional, este país está infectado de fiebre aftosa, a cargo del Dip. Héctor Pineda Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre los resultados del viaje internacional del Presidente Vicente Fox Quesada, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del atentado al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Anaya, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que se establezca un programa ecológico integral de reforestación en la zona Izta-Popo, abarcando los estados de Puebla, de México y de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para dinamizar y eficientar el turismo social en el país, a cargo del Dip. Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre el nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla, como "Generalísimo de las Américas" a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para incorporar en el Ramo 20 Desarrollo Social del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, y subsecuentes: Programa Iniciativa Ciudadana 3x1 para crear proyectos productivos sociales, inversión en infraestructura y equipamiento urbano, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que se realice una auditoría política a todos los representantes populares de elección federal, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre las tarifas telefónicas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda a fin de que los fondos de comercialización de los productores sean manejados por ellos mismos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la situación política en el estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la problemática del gas en el estado de Nuevo León, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el plazo para otorgar subsidios a la tarifa 09, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
AGENDA POLÍTICA
Comentarios sobre el fuero de los legisladores y su violación por parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre el derecho de asociación sindical en el estado de México, a cargo del Dip. Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política indígena en el estado de Veracruz, a cargo del Dip. Edgar Consejo Flores Galván, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EFEMÉRIDES
Sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de la Dip. Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el Día del Médico, a cargo de la Comisión de Salud.
Sobre el 56 aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la Dip. Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
CLAUSURA

-LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

-LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 260 diputados.

-LA VICEPRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.

Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma ha sido entregada a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, para sus observaciones, y se proceder así a su votación.

-EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, para sus observaciones, y se proceda a su votación.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

-LA VICEPRESIDENTA: Proceda la Secretaría a dar lectura a las invitaciones recibidas.

-LA VICEPRESIDENTA: Para asistir en representación de esta Honorable cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:

-LA VICEPRESIDENTA: Para asistir en representación de esta Honorable Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:

-LA VICEPRESIDENTA: Para asistir en representación de esta Honorable Cámara., se designa a los siguientes ciudadanos diputados:

El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Iniciativas de los ciudadanos Diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa de Reformas

A la Fracción XVI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a los Artículos 15 y 16 de la Ley General de Salud.

LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGON (desde su curul):- Diputada Presidenta, el Partido de la Revolución Democrática solicita le permitan leer un comunicado en relación a la amenaza de muerte que dos Diputados Federales recibieron por escrito implicándose en un desplegado que hicieron público.

- LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Señor diputado, si nos permite.

- EL C. DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS, (DESDE SU CURUL) : Con mucho gusto Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Si nos hace favor de pasarnos el escrito… Entre tanto le podemos dar la palabra al ciudadano diputado… Le daremos el trámite a un oficio de la Junta de Coordinación Política que estaba agendado.

- LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: En referencia a los dos escritos… Perdón, antes vamos a hacer un trámite y ahorita le vamos a dar la palabra.

En relación a los dos escritos que envía la Coordinación Política, hay un trámite por los cambios de las comisiones, del diputado Luis Alberto Villarreal García para que quede como Secretario de la Comisión de Turismo.

Entre tanto se procesa la petición del Partido de la Revolución Democrática, le pedimos al señor diputado Samuel Aguilar Solís, haga uso de la palabra para presentar la iniciativa que está agendada.

Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II…

Presidenta, le pido atentamente que la presente iniciativa sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Salud.

La iniciativa será turnada, como usted lo pide, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud.

EL C. DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS (DESDE SU CURUL): Ciudadana Presidenta, hace unos momentos la ciudadana diputada Hortensia Aragón, pidió la oportunidad de leer un desplegado en donde se profieren amenazas graves en contra de dos diputados integrantes de esta Cámara; se nos manifiesta que hiciéramos un oficio al respecto, este oficio está manuscrito y quisiera darle lectura muy rápidamente -es muy breve- para que esté enterada la mesa directiva y los miembros de esta Cámara porque tanto usted como todos nosotros estaremos de acuerdo en tratar este asunto de los compañeros en este momento y no después, en algún tipo de efemérides, debido al tipo de amenaza grave que se profiere en un desplegado, en un periódico del estado de Veracruz.

LA C. PRESIDENTA: Señor diputado, esta sesión tiene que regirse por las normas que establece la Ley Orgánica y lo señala muy claro en sus artículos 20 y 22, sin embargo el tema que ustedes tratan es sumamente importante porque se trata de la seguridad de los señores diputados.

Para poder dar satisfacción a ambas situaciones, yo le rogaría haga llegar a esta Presidencia el documento que nos pueda informar de la situación; la Presidencia sume la responsabilidad como es su deber, de vigilar la seguridad de los señores diputados, conociéndola procederemos a tomar las medidas necesarias para que quede garantizada de la mejor manera la seguridad de todos los legisladores.

Yo le suplico se sirva mandar a esta mesa el documento para informarnos debidamente y no alterar el orden del día que ha sido formulado con todo rigor, ateniéndonos a la normatividad y no fuimos avisados ni al leer la orden del día ni en la preparación de ayer de que era necesario incluir ese punto.

Sin embargo, esta ésta Presidencia en la mejor disposición de atenderlo y les rogamos hacerlo y les informaremos de los trámites que daremos enseguida a su petición. Gracias señor diputado.

- EL C. DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS ((DESDE SU CURUL)): Sí, señora Presidenta.

Estoy de acuerdo con usted y de esto ni nosotros ni la mesa directiva fue avisada porque se ha traído hasta este momento y también yo creo que estaremos de acuerdo usted y yo en que la agenda no puede estar por encima, ni un acuerdo parlamentario, ni el Reglamento, ni la Ley Orgánica, por encima de la Constitución.

En el artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo segundo, se establece que una de las obligaciones y facultades del Presidente de cada Cámara, es velar por la seguridad de los integrantes de cada una de ellas.

Por eso, por tal motivo es que nosotros elevamos nuestra más atenta solicitud y respetuosa solicitud a esta Cámara y a la mesa directiva, para que sea leído y se enteren todos los ciudadanos diputados. Es por cuanto al mandamiento constitucional solamente.

-LA C. PRESIDENTA: Sí, señor diputado. En cumplimiento de ese mandamiento es que yo asumo la responsabilidad de cumplir con él y le ruego hacerme llegar el documento para que quede debidamente informada y se proceda de inmediato a tomar las medidas.

El ordenamiento constitucional no dice que debe ser leído para que se tomen las medidas, en cuanto esta Presidencia lo conozca actuaremos de inmediato.

Le ruego nos permita continuar con el desahogo del orden del día, yo espero el documento a la brevedad posible.

Tiene la palabra el señor diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los que suscribimos, diputados federales en la 58 Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de las facultades que nos confieren la Fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa de decreto para adicionar un tercer párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Diputada Presidenta, me permitiré señalar únicamente las partes sustanciales de esta iniciativa, en el entendido que al finalizar mi intervención haré entrega del texto íntegro de la misma.

El principio de legalidad representa uno de los principios básicos de derecho moderno, lo que constituye una fuente permanente e inagotable para que el legislador encuentre inspiración para defender los derechos de quienes son sometidos a la administración de justicia...

-EL C. DIPUTADO LUCIO FERNÁNDEZ GONZALEZ: Señora Presidenta, le rogaría que también fuera turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

-LA C. PRESIDENTA: Con mucho gusto, señor diputado. Que sea turnada también a la comisión que solicita el señor diputado, Comisiones Unidas.

La siguiente iniciativa que había sido agendada para presentarse por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a solicitud del mismo grupo se pospone para próxima sesión.

Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir para su cierre.

-LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 401 diputados.

-LA C. PRESIDENTA. Tiene la palabra el señor diputado Concepción Salazar González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

A pesar de los avances en las políticas generales y en las legislaciones de los países miembros de la comunidad internacional, encaminados a hacer frente a la degradación del ambiente que han tenido lugar en los últimos 30 años a partir de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano celebrada en Estocolmo en 1972, la situación real.

Túrnese la iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Ricardo Sheffield Padilla, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Conforme a derecho, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, vengo a presentar iniciativa que reforma los artículos 5º, 27º y 38º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo cual hacemos en base a los siguientes motivos:

Los colores de la Bandera Nacional, el Himno y el Escudo Nacional son los símbolos que representan a nuestra patria, son el conducto por medio del cual veneramos la historia de nuestro país, y no es justo que en ningún momento éstos puedan o sean apropiados por un partido político. No debe ningún partido político apropiarse de estos símbolos patrios, porque estos símbolos nos representan a todos, a todas las mexicanas y a todos los mexicanos; no representan a un grupo de ellos, no representan a un partido, es la historia que todos hemos construido, que todos los partidos políticos en mayor o en menor medida y en distintas etapas de nuestra historia, han contribuido a construir, es la historia de México.
Por ello, estamos buscando que en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se prohiba que algún partido político haga uso de los mismos. Y no es una historia nueva, la pasada legislatura aquí en la Cámara de Diputados se dio una gran y valiente batalla en este tema, batalla que en la Cámara de Diputados se ganó y que por las circunstancias históricas y de mayoría de cada partido, no se pudo lograr en el Senado, pero esa batalla es una batalla nada más, no la podemos dar por perdida y ahora es momento de volverlo a presentar, ¿por qué?, porque ahora son otros tiempos, son otras circunstancias las que vive el Congreso y las que vive nuestro país.

Están a pocos días de celebrar una asamblea nacional nuestros compañeros priístas. Yo creo que en esa asamblea nacional tienen la gran oportunidad de afrontar con madurez el hecho de que esos colores son propiedad de todos los mexicanos y mexicanas, es una oportunidad de que reconozcan que deben de dar la batalla junto con todos los demás al lograr esas reformas...

EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: (desde la curul) Señora Presidenta, ¿presenta iniciativa o proclama una propuesta?

EL DIP. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA: Leo la exposición de motivos, no la tengo que leer.

LA PRESIDENTA: Señor diputado no hay diálogos, si hay una moción sírvase fundamentarla. Y señor diputado, continúe con su iniciativa por favor.

EL DIP. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA: Yo espero que tengan la madurez, aunque aquí vemos muestras de que no. Espero que después de esa asamblea encuentren los motivos para dar la razón a esta lucha histórica.

- LA PRESIDENTA: Señor diputado. Sonido en la curul del diputado. ¿Con qué objeto?

- EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Señora Presidenta, solicitarle el uso de la palabra para alusiones personales.

- LA PRESIDENTA: Señor diputado, está presentando una iniciativa, el señor diputado, le ruego permita que termine la presentación. (aplausos)

- EL DIP. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA (En tribuna): Reitero, es un momento muy oportuno para que en una muestra de madurez política se unan a esta lucha y a transformar esos artículos de manera tal que le devolvamos a México sus colores y que nadie vuelva a usurpar o apropiarse los mismos.

La iniciativa no sólo se queda en este hecho que ya hemos discutido y que esperamos ver en las próximas fechas un cambio maduro y positivo, sino también abarca cuestiones importantes a futuro.

Estamos viendo nosotros cómo dentro de todos los partidos políticos se está pasando por una etapa definitoria. Están celebrándose una serie de asambleas importantes para los Instituto Políticos de nuestro país, ya corren a unos de un partido en un estado, ya quieren correr a otros de un partido en otro estado y este tipo de inquietud que está presente en el ambiente político de nuestro país, hace una tentación muy grande el formar nuevos partidos políticos. Pero esos nuevos partidos políticos van a ver muy atractivo el tomar los logotipos o los emblemas....

- LA PRESIDENTA: Señor diputado, permítame un momento. Sonido en la curul nuevamente del diputado.

- EL DIP. JORGE C. RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Señora Presidenta, con todo respeto, ¿el orador está presentando una iniciativa o está debatiendo un punto en el cual debemos de rectificar hechos?. El orador está presentando una proclama apartándose de los términos del artículo 105. No sabemos si se está refiriendo a la iniciativa que no ha leído o está refiriéndose a los partidos que integramos esta Cámara.

En ese caso le solicitamos nos conceda el uso de la palabra para rectificar los hechos, además falsos, que el diputado ha vertido en la tribuna.

- LA PRESIDENTA: Señor diputado, el diputado proponente de la iniciativa está fundamentando la iniciativa, le ruego permita que termine. Señor diputado, sírvase terminar su fundamentación para conocer su propuesta de iniciativa.

- EL DIP. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA: Yo creo que todos recordamos aquella caña de maíz... A ver, por allá están manoteando, no sé qué....

- LA PRESIDENTA: Señor diputado, no se permiten diálogos con los señores legisladores. Le ruego terminar la presentación de su iniciativa y no hacer diálogo con los demás legisladores.

- EL DIP. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA: Yo creo que todos recordamos el famoso logotipo de la SAGAR; aquella caña de maíz estilizada que en el sector rural se reconoce de inmediato y que por durante muchísimos años representó a esta Secretaría.

Se invirtió muchísimo dinero público en el posicionamiento de ese logotipo. Se invirtió....

- LA PRESIDENTA: Señor diputado, me permite un momento. Sonido en la curul del diputado Gómez Villanueva, por favor.

- EL DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (Desde su curul): Sí, Presidenta. Ha estado usted conduciendo muy bien la asamblea, pero en este momento tenemos derecho a pedirle a usted una moción de orden al orador. Creo que sí procede que usted le haga una moción al orador y que se ciña a los términos de la iniciativa. Gracias.

- EL DIP. FRANCISCO SHEFFIELD PADILLA: Respeto su ruego y a la asamblea porque es precisamente lo que estoy haciendo y he estado haciendo, porque de eso se trata mi iniciativa; que no me suba aquí a leer, pues es otra cosa, cada quien tendrá su estilo para presentar la exposición de motivos de su iniciativa y éste es el mío.

Reitero, ese famoso logotipo de la caña de maíz que representó a la SAGAR y que ya no la representa, quedó muy gravado en la mente y en el corazón de muchísimos campesinos y campesinas de nuestro país. Qué atractivo para un nuevo partido político tomar como emblema esa caña de maíz o por ahí a alguien se le puede antojar resucitar la mazorca que representó a PRONACE durante mucho tiempo.

Y bueno, también podemos hablar de la espiral tricolor del Programa Solidaridad, que ya en su tiempo se hablaba de la intención de formar un partido político con el nombre Solidaridad, y que ese tipo de rumores los escuchamos dentro del mismo Partido Revolucionario Institucional, con mucho temor por parte de ellos, pues precisamente para evitar en estas épocas turbulentas que estamos viviendo, con estas etapas definitorias en los partidos políticos, se le puede antojar a algún grupo formar un nuevo partido y darle como emblema algunos de estos ya muy bien posicionados logotipos o emblemas como el de la SAGAR o el de SOLIDARIDAD.

Por eso aunado a esta lucha, desde la pasada legislatura, de impedir el uso de los colores del Himno y del Escudo Nacional por parte de cualquier partido político, también la iniciativa incluye de manera novedosa y creo que anticipada a los tiempos que estamos viviendo, el que tampoco se puedan utilizar los emblemas, los logotipos y los escudos de programas o de dependencias del gobierno.

De manera tal que el decreto por el que se reforma el Código Federal de Instituciones Federales y Procedimientos Electorales, en sus artículos 5, 27 y 38, dice, artículo único: "Se adiciona un numeral 2 al artículo 5º. corriéndose los actuales numerales 2, 3, y 4 para quedar como 3, 4 y 5 respectivamente, y se reforman los incisos: A) del artículo 27 y Q) del artículo 38".

Y firmamos diputados del Partido Acción Nacional. Presento esta iniciativa cuya lectura obvio ya que la estudiarán con mucho detenimiento en la Comisión a quien la Presidenta digne conforme a derecho turnar esta iniciativa. Gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día me permito dirigirme en una forma atenta y respetuosa al Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sea tan amable de entregar a la Secretaría, si así lo juzgara conveniente, el escrito que desean tramitar sobre las amenazas, para que esta Presidencia teniéndolo en su poder instruya a la Secretaría le dé lectura para después tomar las medidas necesarias para atender a la seguridad de los señores legisladores, como nos lo marca la normatividad correspondiente.

(Se entrega el documento aludido por la Presidencia, a la Secretaría de la Cámara)

- LA C. PRESIDENTA: Se instruye a la Secretaría dar lectura al oficio que nos ha remitido el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: "Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, presente. A través de la presente me dirijo a usted adjuntándole un ejemplar de El Gráfico, de Jalapa, Veracruz, en donde aparece en la página 11 un desplegado firmado por los diputados del PRI, del Congreso de Veracruz, y en el que en forma velada se expresa una amenaza grave en contra de los diputados Bonifacio Castillo Cruz y Genoveva Domínguez Rodríguez, ambos integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRD en esta Honorable Cámara.

"En tal virtud y de conformidad con el artículo 61, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que: "El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de las mismas".

"Solicitamos que esta Cámara se pronuncie en contra de ese tipo de actitudes terroristas, de amenazas y que, en el ámbito de su competencia la Presidenta de la Mesa Directiva gire exhorto a la Cámara de Diputados del estado de Veracruz comunicando el resolutivo de esta Cámara.

"Atentamente, (Varias rúbricas de diputados integrantes del PRD, de los que puedo leer): Auldárico Hernández, Martí Batres Guadarrama, Coordinador del grupo Parlamentario, Hortensia Aragón Castillo, Manuel Duarte Ramírez, Emilio Ulloa Pérez, Miroslava García Suárez, Alfonso Elías, diputado Daniel Botello, diputada Magdalena Núñez, diputada Adela del Carmen Graniel, diputado Rufino Rodríguez, entre otros".

Y procedo a dar lectura al desplegado: (Con un sello del Partido Revolucionario Institucional, grupo legislativo del PRI, Honorable Congreso del estado, Pronunciamiento contra la violencia. CONSIDERANDO:

1.- Ante la evidente agitación de profesionales e la violencia, para vulnerar el marco del derecho, las leyes y la Constitución local en municipios indígenas del norte de nuestra entidad.

2.- Frente al interés personal y no una política de partido, para convocar a enfrentamientos y causar desórdenes en la región de Coyutla, resulta importante identificar a los ciudadanos diputados federales Bonifacio Castillo Cruz y Genoveva Domínguez Rodríguez, como responsables de esa provocación y sus posibles consecuencias.

3.- Visto en los mismos municipios indígenas el rechazo popular de la mayoría de la población a esta clase de acciones conflictivas, dado su anhelo de convivir en un clima de tranquilidad y armonía los hechos.

4.- Los veracruzanos no queremos ser víctimas de lamentables y reprobables agresiones que, como ocurrió en la Ciudad de México, privaron de la vida a la valerosa mujer defensora de los derechos humanos de organismos no gubernamentales, licenciado Digna Ochoa y Plácido, originaria de Misantla, Ver.,

Con estos Considerandos y hechos, los 27 diputados del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional en la LIV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, asumimos el compromiso de denunciar a los citados diputados federales, como agitadores sociales, condenar públicamente el homicidio de la conciudadana Digna Ochoa, y exigir todo el peso de la ley, para castigar a quien o quienes resulten responsables de violentar la paz, seguridad y concordia que hoy vive Veracruz.

Jalapa de Enríquez, Ver., octubre 22 de 2001. Atentamente diputados locales veracruzanos: Constantino Aguilar Aguilar, Ernesto Alarcón Trujillo, Alberto Aragón de la Huerta, Natalio Arrieta Castillo, Cuauhtémoc Cadena Pérez, José Adán Córdoba Morales, Francisco Javier del Angel Trejo, Miguel Angel Díaz Pedroza, Herminio Esquivel Curi, Amadeo Flores Espinosa, Ignacia García López, Jorge Alberto González Azamar, Alicia González Cercedeo, Balfrén González Montalvo, Ignacio González Rebolledo, Joaquín Juárez del Angel, Alfredo María Pesero, Francisco Montes de Oca López, Francisco Mora Domínguez, Servando Aníbal Quiróz Díaz, Marcelo Ramírez Ramírez, José Raúl Ramos Vicarte, José Luis Salas Torrero, Robinson Uzcanga Cruz, Fernando Vázquez Maldonado, Guadalupe Velázquez Casanova, Raúl Zarrabal García."

-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor Secretario. Esta presidencia en atención a la importancia y trascendencia del contenido de la comunicación, informa que será hecha del conocimiento de la Junta de Coordinación Política. Y que por su parte, esta presidencia informa también a la Asamblea, que en cumplimiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 61 Constitucional y del artículo 22 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizará lo conducente, para velar por el respeto al fuero constitucional y a la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos diputados.

-EL C. DIPUTADO EDGAR CONSEJO FLORES GALVAN: (desde su curul): Pido la palabra señora presidenta para rectificación de hechos.

-LA C. PRESIDENTA: No está a debate el tema, es simplemente haber leído una comunicación por parte de la Secretaría. Le ruego nos permita continuar con el Orden del Día.

-EL C. DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ (desde su curul): Presidenta, se han planteado en esa comunicación, hechos que deben ser refutados de inmediato por su falsedad, pensamos que la presidencia, así como abrió la oportunidad para que se leyeran esos hechos, debe dar igual oportunidad para que se rectifiquen por el diputado que ha pedido la palabra.

-LA C- PRESIDENTA: No hay debate, le ruego al señor diputado permita que sea procesado por la Junta de Coordinación Política, y en su momento se pudiera abrir a debate en una próxima sesión. Por ahora, simplemente ese comunicado será transferido a la Junta de Coordinación Política, y no hay debate sobre comunicaciones, señor diputado.

-EL C. DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SANCHEZ (desde su curul): Solicitamos el mismo tratamiento que se dió a lo que pidieron los señores diputados, cuya comunicación se leyó, que presentemos una comunicación referida a este punto en esta misma sesión, en cuanto esté entregada a la Mesa, le dé lectura la Secretaría y se procese, junto con lo que se leyó de antemano, en la Junta de Coordinación Política.

LA C. PRESIDENTA..- Cuando recibamos el documento, informaremos a usted el trámite a seguir; lo esperamos con mucho gusto, señor diputado.

Tiene la palabra el señor diputado Emilio Ulloa Pérez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Quisiera iniciar en torno a la iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

El que suscribe integrante del grupo parlamentario del PRD, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la iniciativa de reformas al tenor siguiente:

Un sistema tributario justo y eficiente debe operar con base en la equidad y progresidad, eficacia económica, sencillez administrativa...

Tiene la palabra la ciudadana diputada Heidi Storsberg Montes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona una fracción XI al artículo 2º. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano.

Los suscritos diputados de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71, así como en el artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la Cámara de Diputados, a efecto de que se turne de inmediato para dictamen a las comisiones correspondientes, la iniciativa de decreto que adiciona una fracción XI al artículo 2º. de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, tomando en consideración la siguiente:

El sistema internacional que se ha ido conformando desde el término de la "guerra fría", ha sufrido cambios profundos y significativos que han impactado a todas las naciones que integran el concierto mundial. Dentro de este, México vivió...

-DIP. HEIDI STORSBERG MONTES: Perdón señora diputada, ¿podría pedir que el turno también fuera a las Comisiones de Hacienda y a la Comisión de Presupuesto?

-PRESIDENTA: son 90 personas ¿no importa? Creo que hay consenso entre los grupos parlamentarios para que esto salga hacia delante. De acuerdo señora diputada. Túrnese como lo ha solicitado la diputada, a las tres Comisiones Unidas.

Nada más solicitarle que si puede usted instruir a la secretaría para que se corrija en la versión estenográfica, que esto fue hecho por los ciudadanos integrantes de todos los grupos parlamentarios que firmamos, porque la Gaceta apareciera como que fue del Partido Acción Nacional y esto fue una cosa de dos de los partidos. Gracias.

-PRESIDENTA: Es de atender su petición. Se ruega a la secretaría haga constar la petición del ciudadano diputado.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas, a diversas disposiciones legales, para establecer la figura denominada Contribuyente Social.

-DIP.RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con el permiso de la presidencia y solicitándole a la misma que la versión íntegra de la Exposición de Motivos y el articulado que por economía de tiempo no voy a leer en su totalidad, sea transcrita a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates.

" Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de

-.PRESIDENTA Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social. Y de acuerdo a la solicitud del señor diputado Rafael Hernández Estrada, insértese el texto íntegro que ha entregado, en el Diario de los Debates.

El siguiente punto del Orden del Día, es la discusión de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos: Manuel Rodríguez Arriga, Carlos Pascual Monsiváis y Enrique René Michel Santibañez, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros e Ivette maría Carballo Fariñas, para prestar servicios a la Embajada del Reino Unido, en México.

En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de octubre, consulta la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.

-SRIA. DIP.MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea, si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

En consecuencia, se pide a la secretaría poner a discusión los proyectos de decreto.

(De los CC. Manuel Rodríguez Arriaga, Carlos Pascual Monsivais y Enrique René Michel Santibañez , para aceptar y usar condecoraciones)

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y el anteriormente reservado, en un solo acto.

-PRESIDENTA: Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los proyectos de decreto.

-MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación nominal de los proyectos de decreto.

- LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se emitieron 356 votos en pro, 0 en contra y 3 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Aprobados los proyectos de decreto por 356 votos.

- LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Ciudadanas y ciudadanos Diputados: Está a discusión el punto de acuerdo.

En virtud de que no se han registrado oradores para la discusión de los puntos de acuerdo, se pide a la Secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueban.

- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueban los puntos de acuerdo.

El siguiente punto del orden del día es la excitativa que presentará el diputado Luis Herrera Jiménez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

"Excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se integre una Subcomisión que examine los antecedentes y, en su caso, haga las gestiones necesarias con el objeto de lograr el ubicar el paradero de los dos jóvenes desaparecidos.

"Con fecha 17 de septiembre del presente año, el diputado Ramón Leon Morales, integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, presentó a la consideración del pleno un punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre una Subcomisión encargada de hacer las gestiones e investigaciones necesarias con el objeto de identificar a la autoridad que detuvo en la ciudad de Colima a dos jóvenes que aún mantienen incomunicados.

"La anterior proposición fue apoyada por los diputados Jaime Salazar Silva, del Partido Acción Nacional y Roberto Preciado Cuevas, del Partido Revolucionario Institucional e inmediatamente fue turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

"Segundo. El punto de acuerdo tiene su origen en el hecho de que desde el pasado 26 de junio los ciudadanos Alejandro Martínez Dueñas y Jesús González Medina fueron detenidos por elementos policiacos afuera del domicilio de este último en la ciudad de Colima. Los familiares de Alejandro Martínez desde el día 30 del mismo mes, fecha en que se enteraron de los hechos, no han dejado de acudir a los órganos jurisdiccionales y a diferentes instancias de los gobiernos federal y estatal, además de organismos de derechos humanos de la prensa y de este cuerpo legislativo.

"Poco o casi nada le han informado sobre el paradero de su familiar. Viaja de Colima a esta ciudad y de regreso con la esperanza de encontrar, de parte de alguna autoridad, una lulz que lleve a su localización.

"Han recorrido de la oficina de agente del ministerio público hasta de un procurador, del secretario general de gobierno de Colima a la del subsecretario de Gobernación, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la de organismos no gubernamentales y diferentes medios de comunicación.

"El Derecho a la libertad personal es una garantía que nuestra Constitución preserva y que nosotros los ciudadanos debemos valorar, respetar y hacer respetar. La incomunicación de las personas por parte de alguna autoridad constituye un delito, pero además una ofensa y un atentado a la sociedad, una actitud que solo se observa en las dictaduras y gobiernos autocráticos.

"Sin embargo, al parecer en este México actual parece que esta práctica también existe. Hace cuatro meses dos jóvenes fueron detenidos por autoridades policiacas y a la fecha no se sabe nada. Los expedientes de la denuncia solo contiene eso: la denuncia y nada más.

"Las autoridades del estado de Colima aseguran que fueron elementos de la Policía Judicial Federal quienes los detuvieron y que los trasladaron a esta ciudad para sujetarlos a una investigación. La Procuraduría General de la República niega lo anterior y asegura no tener ningún antecedente de los desaparecidos. Sin embargo, desde el mes de febrero les fue enviado un expediente en donde una mujer los involucraba en la comisión de varios delitos; lo que sí existe en esos antecedentes en la Procuraduría.

"Ante el intercambio de declaraciones entre la autoridad local y la federal, los encargados de averiguar los hechos lamentables no cumplen con su responsabilidad de citar a cuantos afirman tener conocimientos de los mismos, en tanto los familiares continúan con su vía crucis ante la mirada ajena e indiferente de las autoridades.

"Por tratarse de una posible violación a un derecho fundamental del ciudadano y porque ha transcurrido el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente, me permito solicitar a la Presidencia de esta Cámara, en términos del artículo 21 fracción XVI del citado reglamento, lo siguiente:

"UNICO.- Se envíe excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen respecto de la proposición con Punto de Acuerdo presentada el 17 de septiembre por el diputado Ramón León Morales y que les fue turnado en la misma fecha.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Rafael Hernández Estrada, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre la glosa del Informe Presidencial. Hasta por diez minutos, señor diputado.

-EL C. DIP. LORENZO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia.

Con la suspensión de la comparecencia del Director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, prevista para el pasado 10 de octubre, terminaron las comparecencias de funcionarios para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República.

Entre el 11 de septiembre, cuando compareció ante este pleno el Secretario de Gobernación y el 5 de octubre, comparecieron 17 funcionarios de la Administración Pública Federal ante el pleno o ante comisiones.

Las comparecencias se desarrollaron de conformidad con el Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración 2000-2006, adoptado por la Junta de Coordinación Política el 10 de septiembre.

En dichas comparecencias, cada uno de los funcionarios tuvo la oportunidad de exponer el estado que guarda su respectivo ramo, así como responder preguntas de los legisladores hasta por un total de dos horas en las diferentes rondas, lo que totaliza para las 17 comparecencias 34 horas de informes.

Habrá que decir que comparecieron ante el pleno o en las comisiones, todos los Secretarios de Estado además de los directivos del IPAB, de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, con la excepción del Procurador General de la República y los Secretarios de la Contraloría, de la Defensa Nacional y de Marina.

Por su parte, cada uno de los partidos que cuentan con fracción parlamentaria en esta Cámara, dispusieron de dos horas con cincuenta minutos para exponer su posicionamiento en cada ramo de la administración, a razón de 10 minutos por comparecencia para plantear interrogaciones a los funcionarios los grupos parlamentarios utilizaron 2 horas 16 minutos y otras tantas para replicarles en dos rondas de 4 minutos cada una ante cada compareciente.

Todo lo cual hace un total para las 17comparecencias de 37 horas y media de posicionamientos, preguntas y réplicas.

Si tomamos en cuenta que en promedio cada comparecencia tuvo una duración de 4 horas con 30 minutos el tiempo total de las mismas se puede estimar en 76 horas y media equivalentes a más de 15 sesiones del pleno de la Cámara.

Ahora debemos preguntarnos ¿cómo lograr que con motivo de la glosa del Informe Presidencial esta Cámara cumpla con su función de controlar y evaluar las acciones del Poder Ejecutivo? Por el respeto que les debemos a las y los diputados participantes en las comparecencia y con el mismo respeto para quienes comparecieron nos parece que todo esto puede quedar en un ejercicio de monólogos, en un diálogo de sordos sin impacto real en las políticas públicas del Gobierno Federal.

La glosa del Informe no puede limitarse ni consumirse en el debate por el debate o en el lucimiento personal de funcionarios o diputados, tiene que ver más bien con el control evaluatorio que el Congreso de la Unión debe ejercer sobre las actividades del Ejecutivo y que debe constituir en la evaluación de las políticas públicas de este.

Como se sabe, el Artículo 69 de la Constitución obliga al Presidente a presentar un informe sobre el estado que guarda la Administración, el párrafo 1º del Artículo 93 Constitucional establece que los Secretarios de Despacho y los Jefes de los Departamentos Administrativos darán cuenta al Congreso del estado que guardan sus respectivos ramos.

Estas disposiciones se relacionan con el Artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión que establece que las Cámaras analizarán el Informe en sus distintas materias, Política Exterior, Política Económica, Política Social y Política Exterior. (¿)

En el párrafo 3º del Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión se señala que las Comisiones ordinarias tienen a su cargo tareas de control evaluatorio del Poder Ejecutivo y que su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Pero queremos subrayar que asimismo el Artículo 45º de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión dispone que las Comisiones Ordinarias podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal y que los Titulares de estas estarán obligados a proporcionar la información en un plazo razonable.

El párrafo 4 del mismo Artículo dispone que las Comisiones Ordinarias harán el estudio del informe a que se refiere el párrafo 1º del Artículo 93º Constitucional y formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis.

Vengo aquí, compañeras y compañeros diputados, a proponer que se cumpla con lo que ordena el Artículo 45º de la Ley Orgánica del Congreso, mismo que ha sido citado y se comience así en la glosa del Informe a cumplir la función evaluatoria que corresponde a nuestra Cámara.

Con base en lo anterior y con fundamento en el Artículo 58º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración el siguiente Punto de Acuerdo, mismo que solicito se considere de urgente resolución y que consta de los siguientes puntos:

1º.- La Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos, solicitará a cada una de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, un documento en el que consten las conclusiones del análisis que hayan realizado del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República y de los informes y comparecencias de los Secretarios de Estado y demás dependencias de la Administración Pública Federal correspondientes a su ámbito de competencia.

2º.- Dicho documento deberá ser entregado a más tardar el 8 de noviembre de 2001 y deberá contener las observaciones a la gestión de las secretarías de Estado y de las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal así como las propuestas de políticas públicas que se hayan sugerido.

Tercero, los documentos serán dados a conocer en forma integral al Pleno de la Cámara mediante su publicación en la Gaceta Parlamentaria y serán enviados al Ejecutivo Federal para su conocimiento.

Firman esta propuesta con punto de acuerdo los diputados Francisco Abundis Arias, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; el diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y un servidor, diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del PRD.

LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si el punto de acuerdo presentado se considera de urgente resolución.

EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.

- LA C. PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución. En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo. Se abre el registro de oradores.

No habiendo quién haga uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo.

- EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.

---- COMUNÍQUESE A LA CONFERENCIA PARA LA DIRECCIÓN Y PROGRAMACION DE LOS TRABAJOS LEGISLATIVOS.

Se concede el uso de la palabra al diputado Cesar Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se dirija a la mayor brevedad posible a la Junta de Gobierno del IPAB para solicitarle que sean contestadas las preguntas en relación al desarrollo del IPAB que se anexan a este punto y aquellas otras que los miembros de la propia Comisión deseen realizar.

EL C. DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ: Muchas gracias a todos ustedes amigos.

Finalmente tengo la oportunidad de platicar con ustedes este tema, porque yo creo señora Presidenta que los diputados y las diputadas de esta Cámara tenemos un compromiso ético y una responsabilidad de moral política para opinar, discutir e intervenir en los asuntos del IPAB. No entendería, lo digo con franqueza, mi presencia en la Cámara si no diera mi punto de vista y afrontara las consecuencias en relación con este tema.

Hace algunos años, cuando estalló el asunto del FOBAPROA di mis puntos de vista en los espacios a mi alcance y entonces dije algo que creo, compañeras y compañeros, sigue siendo válido ahora, es tal el volumen de recurso que dispuso el FOBAPROA y tal el volumen que dispone el IPAB, que prácticamente implicaría que es allá y no aquí donde se toman las grandes decisiones políticas.

Aquí, compañeros, queremos una reforma fiscal sensata, queremos proteger los intereses populares, queremos saber primero en qué se va a gastar lo recaudado, para qué va a servir el dinero, claro, nos cuesta trabajo llegar a acuerdos, claro, tenemos que arribar a acuerdos que tienen que ser públicos y transparentes, pero allá no, allá en la soledad de los despachos majestuosos a veces, sin enfrentar a la sociedad, siempre rodeados de secretos perniciosos y a veces de suspicacias deciden a quién apoyar y a quién no, quién es primero y quién es después, a quién le venden los bienes y en cuánto se los venden, y peor todavía, cuando informan y hasta dónde informan. ¿Dónde está, señoras y señores de la cámara entonces la real política? ¿Allá o en los debates de la Cámara?

El secreto y la discrecionalidad han pervertido la transparencia de las operaciones de ayer y las de ahora en estos institutos. Yo simplemente afirmo que los señores banqueros rescatados mantengan en secreto su negocio siempre y cuando no utilicen recursos públicos, ¿cuál secreto? Cuando se trata de recursos públicos, ahí es nuestra obligación moral saber exactamente qué se gastaron y para qué se gastaron esos recursos.

Yo propongo por eso primero que asumamos el asunto del IPAB como una responsabilidad de todos, no es patrimonio político individual de nadie, por famoso que sea, ni debe ser aprovechado para proteger las opiniones que se hayan vertido antes y que ahora necesitan corregirse.

Propongo también que reconozcamos que tenemos que avanzar, porque ya no es suficiente la denuncia o insistir en los temas de siempre que nunca tienen respuesta, los créditos reportables, los tenedores de los créditos, las denuncias mal hechas, las impunidades abiertas, son estos asuntos de la justicia que esperemos la justicia resuelva bien.

Yo creo que a nosotros nos toca, además, verificar si en efecto la Ley del IPAB es útil, si de verdad sirve y luego cerciorarnos también acerca de si la operación del IPAB, sus métodos y sus directivos son los más convenientes, si tanto la ley como el IPAB están bien, razonablemente, contribuyamos a que sean mejores, pero les adelanto la opinión personal, que tanto la ley como el famoso IPAB son un verdadero fracaso.

Algunas razones, se suponía que el IPAB era para mejorar el desempeño del antiguo FOBAPROA, es posible que si preguntamos nos quede claro que los promedios de recuperación de cartera fueron más altos en el extinto FOBAPROA que ahora, es posible que si nos informamos advertiremos que ni siquiera se han hecho adiciones o sustituciones a los contratos de compraventa de cartera que elaboró el FOBAPROA, siguen iguales y por supuesto no se han podido sustituir los pagarés FOBAPROA por los del IPAB, como les ordena el artículo Quinto Transitorio de la Ley.

A los dirigentes de ayer y creo que con toda razón, los acusamos de neoliberales, discrecionales y hasta incompetentes, pero ahora, señores, esta junta de gobierno ha vivido inmersa en rumores de conflictos de interés que involucran a algunos de sus vocales, yo creo que no tenemos por qué hacernos cómplices de personajes que no han aclarado bien su situación individual, hay denuncias en la prensa de operaciones de venta de bienes que no son transparentes del todo y desde luego todas las preguntas que quedaron sin respuesta, desde la Comisión Permanente o hasta la última desafortunada comparecencia del Secretario Ejecutivo del IPAB.

Hay cuestiones para qué preocuparnos, sin embargo, les digo a todos que hay un renglón en que ahora el IPAB es muy exitoso y es en el de su nómina, en las percepciones de sus dirigentes, en el volumen de su personal, en los viajes de sus directivos, los rescates, los salvamentos, la incapacidad de los banqueros y los rescatadores sigue igual, el estribillo es el mismo, queremos más dinero público ¿para qué? Según dicen los expertos, terminemos de pagar esta deuda en 215 años, de verdad es ese un dato, por eso creo que es obligación sentarnos a ver estas cosas con objetividad y pronto.

El Presidente dijo recientemente en alguno de los espacios que le quedaron entre las recepciones de éste muy oportuno viaje, que el IPAB es un asunto del Congreso. Yo no sé si lo dijo de verdad o si sólo lo hizo para regresar a su pretexto favorito.

El domingo pasado en otra declaración aeronáutica, el Presidente dijo que si no va a haber reforma fiscal, díganmelo. Obviamente refiriéndose al Congreso.

Yo creo que es el momento de tomarle la palabra al Presidente y preguntar al IPAB cuánto va a pedir de dinero público a Hacienda para el próximo año, porque en la línea de lo que hemos visto, si nos podemos ahorrar 20 ó 30 mil millones de pesos del IPAB, serán los mismos 20 ó 30 mil millones que no tendremos que recaudar de la gente vía la reforma fiscal que tanto le interesa al Presidente. Lograremos dos cosas cuando menos: un ahorro substancial y aminorar los desvelos de los fobapróbicos que tendrían ahora la opción de formarse en Vamos México, y contribuir ellos mismos a solventar sus propios problemas.

Para empezar propongo, por tanto, que la Mesa Directiva de la Cámara, que nos ayude enviando los preguntas que formulo a esta propuesta y todas las que los señores diputados quieran también aportar. Propongo que otorguemos diez días para que el IPAB conteste y pidamos que lo haga por escrito, para evitar las evasivas de las comparecencias, y tener nosotros la oportunidad de resolver con esta información, o una reforma sustancial a la Ley del IPAB, o una comisión que investigue su desempeño, o ambas dos, como decimos en mi pueblo.

Lo tenemos que hacer pronto, para evitar que algunos interesados, como ya lo han anunciado, propongan una reforma cosmética o que nosotros promovamos otra exhortación, que en términos prácticos señoras y señores diputados, es como los llamados a misa.

Desde el jueves pensé, señora Presidenta, que el tema del IPAB tendría que discutirse entre nosotros en su real dimensión, pensé que debiera serlo con todos sus detalles, pero hoy estimo que es imperativo moral hacerlo. Así como no podemos permitir que el gran movimiento y toda la lucha social termine en filantropismo, tampoco podemos abrir otra puerta para que los supuestos filántropos lo sigan siendo con los recursos públicos.

Mis preguntas de hoy son así una convocatoria, señoras y señores de la Cámara, para construir con seriedad y sobre la base de la certeza. Rechacemos la frivolidad y la anécdota, ya tuvo su espacio. Este es el tiempo de construir en el Congreso, y simplemente eso quiero invitar a todos.

EL DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN: (desde la curul) Diputada Presidenta, muy respetuosamente quisiéramos solicitarle instruyera a la Secretaría para que diera lectura a las preguntas incorporadas en ese punto de acuerdo, y de ser posible en uso de sus facultades, la Mesa Directiva fuera quien directamente hiciera la solicitud de esta información y la comunicara a las comisiones respectivas.

LA SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Preguntas que formula el diputado César Augusto Santiago para que sean contestadas por la Junta de Gobierno del IPAB:

Uno. ¿Cómo puede el IPAB demostrar que su operación es más útil, más eficaz y conveniente para el pueblo de México, que la realizada por el FOBAPROA, que la sociedad entera repudió? En ese sentido, explique el IPAB lo siguiente: ¿cuál es el porcentaje promedio en los años de 2000 y 2001 en las ventas o cesión a terceros, de cartera realizada por el IPAB frente a los promedios de recuperación de la cartera de créditos obtenido en el año de 1998? ¿Cuáles son las enmiendas o modificaciones que el IPAB ha realizado a los contratos de compra-venta de cartera que se realizaron del FOBAPROA, ejemplificando en los contratos o en su caso en los anexos a los mismos, las nuevas operaciones o las modificaciones más sustantivas?

En caso de que esto no haya sido posible realizarlo, es necesario señalar las causas y motivos por los cuales no se han sustituido los contratos originales en el FOBAPROA firmó con los bancos.

De todas maneras se hubiera rescatado aunque no se hubiera quedado el Instituto, si no es así, explicar las razones.

¿Cuánto ganan y cuáles son las prestaciones a que tienen derecho lo vocales independientes y el Secretario Ejecutivo?

¿Cuánto ha invertido en gastos de publicidad respecto del propio gasto corriente del Instituto, y por ejemplo, a cuánto ascienden los gastos que se puedan imputar al proceso de venta de Bancrecer?

En una comparación con el gasto corriente del FOBAPROA, ¿a cuánto ascienden los ahorros respecto de su antecesor en la función de Protección Ahorro y, en su caso, a cuánto ascendería el ahorro en materia de administración y venta de los bienes objeto del saneamiento financiero?

3.- Por la salud del IPAB y por la necesidad evidente de que sus operaciones están investidas de autoridad moral, es prudente de una vez por todas, explicar al Congreso de la Unión la situación real de los cuatro vocales que integran la Junta de Gobierno del Instituto, en materia de posibles conflictos de interés, independientemente de los estudios que viene realizando la SECODAM.

Es evidente que si alguno de ellos fue comisario o tuvieron intervenciones de cualquier naturaleza en las cuestiones bancarias y financieras de los últimos años, que pueden provocar suspicacias en función de su responsabilidad actual, este es el tiempo de aclararlas y evitar que los diputados tengan que recurrir a una diversidad de instancias para encontrar evidencias que directamente el IPAB pueda proporcionar para tranquilidad de todos y en aras de la transparencia que debe prevalecer en las operaciones que realiza dicho Instituto.

Personalmente no formulo ningún señalamiento y menos acusación a nadie. No tengo el gusto de conocer a ninguno de los vocales del IPAB, pero creo que es muy prudente que las cuestiones que hemos leído u oído algunas se han publicado y otras se repiten insistentemente, puedan ser aclaradas por el IPAB de una vez por todas. A ese respecto conviene preguntar: ¿Es cierto que algunos de los vocales, al día de su designación, continuaban siendo comisarios, administradores, funcionarios o accionistas de bancos? En todo caso:

¿De cuáles y hasta cuándo de ello fue debido y oportunamente informado el Instituto?

¿En cuáles, en caso de ser cierto, existieron relaciones de negocios o profesionales de uno o algunos de los vocales con las administraciones de los bancos que han sido o están siendo sujetos de saneamiento financiero o en todo caso se ha procedido a su liquidación, venta o fusión?

¿Quién fungió como responsable administrador y restaurador de créditos del Banco Santander, al que se dice, le compraron 23 mil millones de pesos en créditos? ¿Ya se intercambio el pagaré de esa institución en los términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario?

La Casa de Bolsa BURSAMEX, representó un enorme quebranto financiero, ¿quiénes fueron sus administradores en el momento en que se determinó el quebranto de la Institución?

¿Cuál es el estado financiero real del llamado Banco del Sureste y su proceso de integración al grupo financiero?

En todo caso, ¿cuánto se ha recuperado de las pérdidas causadas en BURSAMEX, después de casi 3 años de que el IPAB es titular? Es obvio que ya se pudo explicar: qué pasó, qué está pasando y qué va a pasar en relación con el Banco del Sureste,

Sobre ese mismo tema, la operación de venta del Banco del Sureste a Bital ¿permitió recuperar el quebranto o a cuánto asciende el quebranto que tiene registrado el IPAB derivada de esta operación?

Si es cierto que alguno de los vocales fungió de comisario en Banca Unión, CREMI, Obrero, Bancrecer, Banorte, ¿a cuánto asciende el costo de las pérdidas de cada uno de los bancos registrados a la fecha y en cuánto se estima que podrían llegar a ser una vez liquidados o vendidos a terceros?

¿Algunos de los consejeros realizó operaciones de administración o compra de cartera al FOBAPROA a través de empresas que él dirigía o fue parte del Consejo de Administración de Bancos rescatados una y otra vez?

4.- En relación con las operaciones que han motivado grandes debates y recurrentes críticas, es urgente que el IPAB presente al Congreso de la Unión criterios y opiniones concretas que eviten discrecionalidad y determinaciones casuísticas. En ese sentido conviene preguntar:

Creo que es conveniente establecer que toda operación exitosa, sostenida o respaldada en esquemas que involucren recursos públicos no debieran gozar de benéficos fiscales.

Pensando en la recuperación de créditos de Banamex incorporados al Programa de Capitalización por alrededor de 37 mil millones de pesos, es conveniente que el IPAB documente el avance en la recuperación de dichos créditos y emita su opinión al respecto de la afirmación inicial de esta pregunta.

Conforme al inciso "d" el artículo 5º. Transitorio de la Ley dl IPAB, se debieron establecer incentivos para que los deudores realicen un pronto pago, así como mecanismos para que se indujera el pago por parte de los grandes deudores.

Es importante entonces que el Instituto explique cuáles son los intensivos instrumentos y esquemas implementados por el IPAB y cuáles son los resultados que arrojan estos esquemas a la fecha. En todo caso, si no se han instrumentado, es necesario señalar las causas que lo motivan.

Como dice la Ley en la materia, es conveniente que el IPAB explique ¿qué ha hecho para promover la actividad crediticia del país? Al respecto el Instituto debiera de explicar cómo ha cuidado al tenor del último párrafo del mismo artículo transitorio para que durante la vigencia de las garantías las instituciones cuenten con un nivel de capitulación adecuado para la promoción de la actividad crediticia del país y en el mismo sentido.

¿A cuánto asciende el monto de créditos rechazados y devueltos a la banca y cuánto representa en porcentaje del total de la cartera sujeta al Programa de Capitalización?

5.- En cuanto al futuro. Es evidente que los pasivos del IPAB son verdaderamente monstruosos.

Con el modelo seguido hasta esta fecha ¿cuántos años tardaría el pueblo de México, según sus cálculos, los montos presupuestales que obtiene y las operaciones que realiza, así como los costos financieros que tiene para solventar este monumental adeudo? ¿Pueden con toda franqueza explicar si hay o no ventajas en que la deuda del IPAB siga como está o se convierta en deuda pública directa? Si hay ventajas, además del menor costo financiero que implica la mejor calificación de riesgo de la deuda pública ¿por qué no se ha promovido y explicado antes? Y si no las hay ¿por qué de una vez no se enfrenta y se finiquita el asunto? ¿Qué cantidad de dinero proponen ustedes a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que incorpore al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2002 para el IPAB? Y ¿qué se conseguiría con esa propuesta? En todo caso ¿se esperaría que la deuda total actual se reduzca en términos reales?

Los montos que se han recuperado a través de cobranza y venta de bienes aplicados a la deuda del IPAB ¿han servido para pagar intereses y parte del capital de los adeudos del Instituto? O ¿sólo han servido parcialmente para cubrir el costo financiero de su pasivo? La explicación de montos y prospectiva es altamente importante.

6.- Con la idea de proponer reformas atendiendo a la experiencia internacional y después de los viajes que han realizado diversos funcionarios del IPAB para conocer esos esquemas, según dice la prensa, ¿estiman recomendarle todavía que la función de venta o realizaciones derivadas del rescate bancario derivado de la crisis financiera del año de 1995 se haga en forma independiente a la función del Servicio Público de la Protección al Ahorro?

No es acertado que con base en la experiencia internacional ¿se debería separar al IPAB en dos entidades distintas que sea consecuente con el perfil profesional y operativo que hoy están conjugadas en el IPAB? Las respuestas oportunas y precisas permitirían iniciar dos vías paralelas:

Una, un proyecto de reforma y adiciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y

Dos, en su caso promover la constitución de una comisión de investigación de la Camara de Diputados a las operaciones del IPAB y que después le dé puntual seguimiento a las conclusiones y preguntas que en su oportunidad planteó la Comisión para investigar el funcionamiento del Instituto de Protección al Ahorro Bancario que fue rendido al pleno de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión el 31 de julio de 2000. Diputado César Augusto Santiago. Es todo.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señora Secretaria. De acuerdo a la petición del señor diputado Augusto Santiago Ramírez, la Mesa Directiva turnará directamente al IPAB las preguntas formuladas en su proposición.

-EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS (desde su curul): Si, señora presidenta. Para referirme al mismo punto que acaba de plantear el diputado César Augusto Santiago.

-LA C. PRESIDENTA: Había pedido la palabra para el mismo objeto, el diputado del Río Virgen, y en seguida para usted.

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señora presidenta. Señora presidenta, rogarle nada mas que se insista en que el IPAB PUEDA DAR RESPUESTA. Mire usted, miren ustedes, compañeras y compañeros diputados, la comisión para investigar el funcionamiento de Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, que estaba conformada por el diputado Omar Alvarez Arronte, por el diputado Edgar Martín Ramírez Pech, por el diputado Jorge Silva Morales, por el diputado Fauzi Hamdan Amad, por el diputado Guillermo Barnés García, por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y por el diputado Juan José García de Quevedo, también le pidió al IPAB que respondiera algunas preguntas, y ese fue en el año 2000 en el mes de julio.

Y les voy a platicar y les voy a poner solamente en esta tribuna, algunas de las preguntas que todavía no se digna el IPAB en contestar.

Le preguntaba esta comisión de esta soberanía precisamente al IPAB lo siguiente: Que instrumentara un programa integral de verificación de bienes, muebles e inmuebles de la banca intervenida, que incluyera su inspección física, su posesión, la acreditación de su propiedad, su valor comercial, su aseguramiento y el uso que se les ha dado.

También le pedían que respondiera: Que se le diera un seguimiento a la solicitud hecha por esta comisión de esta soberanía, en el sentido de que se les requiriera a los bancos información sobre la recuperación obtenida y las acciones emprendidas sobre los créditos reportados en el Apartado AA del informe MacKey y posteriormente diera cuenta a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

El PRD y el PAN conjuntamente le hicieron la siguiente pregunta al IPAB le dijeron: Las irregularidades, legalidad o ilegalidad de las operaciones del Programa de Capitalización y Compra de Cartera consideradas como reportables, es inaceptable asumir como legal, el acuerdo de partes, que fue producto de las modificaciones de los criterios para la compra de cartera establecidos originalmente por el Comité Técnico del Fobaproa.

Y querían otra respuesta el PAN y el PRD y le preguntaban: Infórmenos sobre los compromisos de capitalización asumidos por los bancos.

También le preguntaban al IPAB, y estos poderosos señores que llenan de vergüenza a la patria, que en el nuevo esquema de capitalización, habría que revisar el rendimiento que otorgan los pagarés de compra de cartera suscrito por el Fobaproa y a los que el IPAB les da servicio, para que éstos dejen de ser un mecanismo de subsidio financiero encubriendo al sistema bancario.

También le preguntaban, y le decían al IPAB que respondiera: La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo con el apoyo del IPAB y de la Cámara de Diputados, llevarán a cabo las medidas legales procedentes respecto de las responsabilidades en que incurrieron los funcionarios públicos que tomaron la decisión ilegal del convenio modificatorio y del cambio de criterios, mediante el acuerdo de partes para la aplicación del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

Es una vergüenza nacional y es una vergüenza que este Congreso no tome una decisión en contra de los funcionarios que actualmente están en el IPAB.

Sólo para terminar, compañeras y compañeros, les diría que estas preguntas las hicieron distinguidos diputados de la anterior Legislatura, entre otros, Fauzi Hamdan, como ya lo mencioné, y distinguidos priistas y distinguidos perredistas y distinguidos miembros de diferentes partidos.

Ojalá y que con la intervención de esta Honorable Mesa Directiva y con la fuerza de ustedes, el IPAB se pueda recomponer y los mexicanos podamos seguir creyendo en las instituciones que nos hemos dado para bien de la patria.

Los funcionarios que están en el IPAB, muchos funcionarios que siguen en el IPAB, deben de ir a la cárcel.

Para hablar sobre el mismo tema, se le concede el uso de la palabra al diputado David Augusto Sotelo Rosas, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS.- Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, apoya la propuesta del ciudadano diputado César Augusto Santiago en todos sus términos.

Muchas cosas han estado desde su origen muy mal en lo que ahora es el IPAB, antes FOBAPROA.

La Ley de Instituciones de Crédito decretada en julio de 1990, mediante la cual se creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro como un fideicomiso administrado por el Banco de México, no facultó al FOBAPROA para comprar carteras bancarias. En su fracción II, el artículo 122 de la citada ley establece, cito: "Para que las instituciones de banca múltiple puedan recibir apoyos preventivos, deberán garantizar el pago puntual y oportuno del apoyo con acciones representativas del capital social de la propia institución con valores gubernamentales o cualquier otro bien que a juicio del fiduciario satisfaga la garantía requerida".

Si posteriormente el 3 de mayo de 1996, como también indica el informe de avance de las auditorías de legalidad practicadas al FOBAPROA, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México celebraron un convenio que modificó el contrato constitutivo del FOBAPROA, estableciendo que este fondo podría adquirir acciones, obligaciones subordinadas o instrumentos de deuda emitidas por las instituciones o por las sociedades controladoras de éstas y en general adquirir bienes y derechos de propiedad de instituciones, con el propósito de proveer a su mejoramiento financiero, donde cabrían las compras de carteras y lo cierto es que la legalidad de este convenio y de las operaciones derivadas está en entredicho por contradecir el mandato superior de la Ley de Instituciones de Crédito.

Luego, el propio informe de avance de las auditorías de legalidad, destaca que la fracción V del artículo 4º. de la Ley General de Deuda Pública, faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para otorgar el aval del gobierno federal, pero sólo bajo condiciones o requisitos que se señalaron muy puntualmente y que nunca se cumplieron; condiciones que no se cumplieron y que con los avales y los pagarés otorgados al FOBAPROA, se viola la ley respectiva.

Con relación a las carteras compradas por FOBAPROA a los bancos no intervenidos, cabe recordar que al presentarse este programa de compras en los criterios generales de política económica para 1996 enviados al Congreso de la Unión en noviembre, se dijo que se trataba de carteras debidamente provisionadas; sin embargo las cifras dadas a conocer tres meses después, indicaban que las provisiones preventivas de las carteras adquiridas por FOBAPROA, sólo ascendían al 14.4%, no obstante que alrededor de la mitad de

estas carteras, eran carteras vencidas según las normas contables de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores entonces vigente, y el 100% eran carteras vencidas según las normas contables internacionales vigentes a partir de 1997, que consideran cartera vencida no sólo el valor de los documentos y pagos de un crédito después de tres meses, sino el monto total del crédito del que tales documentos forman parte y por tanto deberían estar provisionadas cuando menos con el 60% de su monto.

Estas y otras irregularidades son de las respuestas que queremos los diputados obtener y tener y que se formulan en el pliego de posiciones o de preguntas que el ciudadano diputado Santiago Ramírez ha manifestado en esta tribuna.

Es preocupante y es indignante que la nación destine de su presupuesto para pagar a los defraudadores de la Banca Mexicana. Solamente por concepto de ese pago se cubriría del 40% de la denominada "Reforma Distributiva", ahí se encuentran estos recursos.

Indigna pues, que con los recursos de la nación se quiera seguir pagando a quienes defraudaron no solamente la confianza de los mexicanos, sino el erario de toda la nación.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática apoya en todos sus términos este pliego de posiciones.

Esta presidencia solicita les sean turnadas las versiones de las intervenciones del señor diputado José Manuel del Río Virgen y el diputado David Augusto Sotelo Rosas, a la mesa directiva para que tome en cuenta los puntos de vista de los señores diputados al formular la petición de respuesta del IPAB a las preguntas formuladas.

Tiene la palabra la diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo sobre el IPAB.

-DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNANDEZ: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores:

El domingo pasado se publicó en algunos medios de información el contenido de los llamados "working papers" o documentos de trabajo del informe del señor Mickel Mackey.

Primero: Que el 7 de septiembre de 1998, el Comité de Contrataciones de las subcomisiones para el estudio del Fobaproa, creado por el Honorable Congreso de la Unión, contrató a Mickel Mackey, para examinar el desempeño del Fobaproa en la rehabilitación de las instituciones financieras de México, así como para evaluar el desempeño de las entidades encargadas de las actividades de dicho Fondo, incluyendo a su comité técnico, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al Banco de México y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el periodo que iba del 1º. de enero de 1995 al 30 de junio de 1998.

Segundo: Que de la revisión del señor Mackey, se concluye que la estructura del Fobaproa y los programas en los que intervino, no están libres de crítica. El Fobaproa a un costo considerable proporcionó protección a los ahorradores y una solución parcial y quizás temporal a sus problemas causados por un sistema bancario débil y subcapitalizado.

Tercero: Que en las notas para el lector, Mackey señala claramente lo siguiente: Este informa y las evaluaciones que se han llevado a cabo, no constituyen una auditoría financiera sino una revisión y análisis basados en preguntas específicas previamente convenidas por el Comité de Contrataciones, por lo que no deberá de considerarse como una auditoría.

Cuarto: Que junto con su trabajo llamado "evaluación integral de las operaciones y funciones del Fobaproa 1995-1998, el señor Mackey entregó una serie de reportes por Banco, donde se describen con detalle sus procesos de saneamiento, así como la ingeniería financiera de las transacciones reportables llamados "working papers".

Quinto: Que en el análisis de dichos documentos, resulta indispensable para realizar la devolución a los bancos de las operaciones irregulares y así dar cumplimiento al artículo 5º. Transitorio de la Ley del IPAB, mismo que establece la realización de auditorías y depuración de las operaciones reportables, como condición necesaria para llevar a cabo el canje de pagarés Fobaproa por notas IPAB.

Sexto: Que de acuerdo a lo publicado en diversos medios informativos, los ahorros derivados del primer análisis de los papeles de Trabajo de Banamex, Bancomer y Bital, permitiría un ahorro de aproximadamente 43 mil millones de pesos.

Séptimo: Que es objetivo de esta Legislatura así como del IPAB, el disminuir el costo fiscal del rescate bancario.

Octavo: Que es inaceptable que la Cámara de Diputados haya pagado más de 20 millones de dólares por el trabajo del señor Mickel Mackey, y a más de dos años de haberse entregado el Informe, aún no lo conozca en su totalidad.

"Novena. Que en los papeles de trabajo se detalla cómo ex banqueros llevaron a cabo operaciones relacionadas, que en el caso de Bancomer y Banamex existen transacciones reportables que hasta el momento no han sido consideradas como algunos créditos del Grupo SIDEC.

"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la Presidencia de la mesa directiva someta a la consideración de este pleno el siguiente

"Unico. Que la mesa directiva de la Cámara de Diputados solicite a la junta de gobierno del IPAB que entregue la totalidad de los working papers del trabajo del señor Michael MacKey y que sea turnada a cada uno de los grupos parlamentarios.

Asimismo, señora Presidenta, anexo a este punto de acuerdo los working papers del trabajo del señor MacKey relativos al Banco Internacional y al Banco Bancomer que se me hicieron llegar, para que usted ordene que sean insertados en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria como si los hubiera yo leído, para que sea del conocimiento de todos nuestros compañeros diputados, conforme al artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso y el artículo 21 fracción III del Reglamento Interior".

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Túrnese la proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértense los documentos, como lo solicita la señora Diputada, al Diario de los Debates y a la Gaceta Parlamentaria.

Para referirse al mismo punto propuesto, hará uso de la palabra el ciudadano diputado Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo.

- EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME (PT): Con el permiso de la Presidencia.

"Con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes

"Tal como lo previó el Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia en la glosa del Primer Informe Presidencial de Vicente Fox, comienza a destaparse la cloaca del tristemente Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB, poniendo no solo de manifiesto maniobras ilegales que arrojarán enormes pérdidas financieras para el erario público, sino también los graves aprietos del PAN para ofrecer explicaciones creíbles que le permitan justificar la existencia de esta institución tal y como ellos la concibieron.

"Como lo hemos denunciado en múltiples ocasiones, bajo el ambiguo andamiaje legal del IPAB se atrincheró una mafia extensamente ramificada al sistema bancario, con quien ha conspirado por años para posponer indefinidamente la liquidación de la crisis bancaria y obtener enormes ganancias ilegales a través del propio IPAB.

"La Junta de Gobierno y su Secretaría Ejecutiva definieron sus propios cotos de poder y las presiones entre sus directivos han impedido que el Instituto cumpla las diferentes misiones que le fueron conferidas desde su creación. Por ello, el IPAB está condenado a convertirse en una carga cada vez más onerosa para las finanzas públicas, ya que sobrevive gracias a las transferencias anuales del gobierno federal, la última de las cuales fue de 24 mil 500 millones de pesos.

"El PAN está equivocado si cree que un mero maquillaje administrativo bastará para superar las faltas de este Instituto. El problema es sistemático, ya que tiene su origen en el conjunto de salvaguardias legales y metalegales que por décadas han protegido a los funcionarios públicos que intervienen en actividades donde se manejan recursos públicos.

"Al operar en este marco de impunidad llevado a su máxima expresión, en la compleja y absurda estructura administrativa del IPAB, se formaron inmediatamente mafías que establecieron vinculaciones activas con grupos privados, a cuyo servicio operan actualmente. El resultado es un caudal de pérdidas que pasan a engrosar los déficits que anualmente se solventan con recursos del pueblo.

"Al crearse una extensa red de intereses facciosos proclives a la corrupción, no existe la oportunidad de que internamente surjan acciones correctivas, ya que todas las partes, sea por acción u omisión tienen una responsabilidad compartida. En estos casos los conflictos tienen una apariencia puramente jurisdiccional que apuntan al ejercicio de funciones mal definidos. Detrás de la apariencia los hechos son incuestionables.

"1. Cada año aumenta la magnitud de las transferencias federales que se requieren para que siga operando el Instituto.

"2. El IPAB ya vendió los activos más valiosos y ello no permitió lograr autonomía financiera.

"3. Cada banco vendido a inversionistas privados, registra un subsidio gigantesco cuya justificación nunca es clara.

"Bajo este marco siniestro, las operaciones que hoy son investigadas por la Procuraduría General de la República, representan sólo la punta del iceberg de una enorme masa de actos punibles.

"Por su forma, este presumible delito tiene todos los atributos de un ajuste de cuentas entre las mafias que operan al interior del IPAB. Están involucrados dos funcionarios de mediano rango que jamás habían podido obtener tal autonomía operativa para efectuar lavado de dinero. Si no contaran con la venia de funcionarios de más alto rango y rompieran los códigos de seguridad que toda institución de este tipo tiene por partida doble.

"El hecho de que un oscuro empresario haya efectuado la denuncia, pone de manifiesto de manera insistente la naturaleza presumiblemente facciosa de este escándalo.

"Por las razones antes expuestas, sometemos ante esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo.

"Artículo Único.- Ante esta grave pero ya previsible descomposición de las estructuras del IPAB, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, exigen que de manera inmediata comparezca ante el Poder Legislativo el Secretario Ejecutivo Julio César Méndez, para ofrecer una explicación exhaustiva sobre las operaciones el instituto y que este hecho sea antesala de una auditoria administrativa y financiera desde mayo de 1998.

"Asimismo, exigir que la Procuraduría General de la República profundice las investigaciones e indague las cuentas patrimoniales de todos los altos funcionarios del Instituto, con especial énfasis en los miembros de la Junta de Gobierno. Dicha investigación deberá tomar en cuenta el patrimonio de los funcionarios del IPAB, de sus cuentas bancarias en el país y en el extranjero.

"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintitrés días del mes de octubre del dos mil uno.

"Atentamente, por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el Coordinador, Dip. Alberto Anaya Gutiérrez; Vicecoordinador, Dip. José Narro Céspedes; Dip. Rosalía Peredo Aguilar; Dip. Jaime Cervantes Rivera; Dip. Félix Castellanos Hernández; Dip. Víctor Antonio García Dávila y por Convergencia por la Democracia el Dip. Víctor Manuel del Río Virgen y el de la voz, Dip. Juan Carlos Regis".

Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Joel Vilches Mares, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos, para referirse al mismo tema de la proposición.

Compañeras y compañeros diputados: El 28 de agosto del año 2000 quedó formalmente instalada la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como representantes populares y velar en todo y ante todo por el interés nacional, la patria y el estado de derecho.

La pasada Legislatura, la LVII, adoptó varios compromisos políticos y legislativos para enfrentar el rescate bancario y darle una salida institucional como solución, ante el riesgo de una crisis financiera sistémica que se empalmó con la crisis cambiaria y que devino en la devaluación de nuestra moneda. Y el 12 de diciembre de 1998 se aprobó la iniciativa del Partido Acción Nacional, creando la Ley de Protección al Ahorro Bancario y en la que asume las obligaciones contraídas por el FOBAPROA.

En efecto, como ya lo dijeron en esta tribuna los compañeros legisladores, el IPAB requiere una transformación a fondo pero que a su vez garantice la continuidad de un proceso transparente en la enajenación de activos producto del rescate bancario de la recuperación de la mayor cantidad de recursos públicos y de la efectiva protección al ahorro de los mexicanos.

En el mismo sentido nos manifestamos los diputados integrantes del grupo parlamentario del PAN en el marco de la ley que le dio origen al mismo Instituto en un ámbito de respeto a la institucionalidad es importante recordar que de septiembre del año 2000 la Auditoría Superior de la Federación recomendó al IPAB iniciar una auditoría para detectar posibles irregularidades en los créditos del Grupo AA que reportó al Auditor canadiense MacKey y esta posición la asume nuestro partido para que el IPAB logre un funcionamiento eficaz sea completamente transparente, altamente eficiente ya que el IPAB es una prioridad en la agenda nacional.

Dentro del marco de la normatividad vigente deben aplicarse las medidas que conduzcan al cumplimiento de la ley, no estar sujetos al capricho de la Asociación de Banqueros de México que tan campantamente se oponen a una revisión o depuración de la cartera transferida al FOBAPROA como lo expresó en esta Cámara el Secretario Ejecutivo del IPAB en su comparecencia del pasado 17 de septiembre.

Reconocemos que el IPAB debe perfeccionar sus mecanismos de información comparando lo real con las estimaciones, asimismo reconocemos que el IPAB no ha podido ejercer plenamente sus funciones y atribuciones por la tardanza en la entrega de la banca intervenida.

También es importante mencionar que la diferencia tan amplia existente entre los activos y los pasivos del IPAB conlleva una fuerte carga financiera en detrimento de la eficiencia en la operatividad. Por ello es urgente aplicar acciones que conduzcan por un lado a una revisión o actualización de los activos y, por otro, a una disminución de los pasivos asumidos por el extinto FOBAPROA que de ninguna manera deben ser una carga para el contribuyente.

Reconocemos y denunciamos en esta máxima tribuna de la nación que existe una clara tendencia para desacreditar al IPAB, debemos evitar señalamientos anticipados a persona alguna pero sí nos pronunciamos porque las investigaciones en curso se lleven hasta sus últimas consecuencias . Por esto apoyamos también las iniciativas de otros partidos ya que sus solicitudes se requieren a contar con la documentación informativa mas que señalar hechos concretos.

Como es del conocimiento general, las instituciones bancarias juegan un papel relevante en la movilización y asignación de los recursos entre los ahorradores y las actividades productivas así como en el establecimiento y operación eficiente del sistema de pagos de una nación.

No es ocioso recordar la postura de Acción Nacional, antes del surgimiento del IPAB entonces se manifestó plenamente por la re-asignación equitativa del costo fiscal, la táctica de auditorías a los programas de rescate bancario y el fincamiento de responsabilidades en actos contrarios a la ley y transferencias al IPAB de la cartera…

-LA C. VICEPRESIDENTA. Señor diputado un momento por favor ¿con qué objeto señor?

-EL C. DIPUTADO (no dieron su nombre) Una moción de orden, que si se pudieran ir atrás de las banderas.

-LA C. VICEPRESIDENTA. Rogamos prestar orden al orador de acuerdo a la petición del diputado, gracias. Ah, a la Mesa, tiene razón, gracias. Continúe señor diputado disculpe por favor.

-EL C. DIPUTADO JOEL VILCHES MARES:- Una vez depuradas las operaciones identificadas como ilícitas, el Partido Acción Nacional ratifica todos y cada uno de estos pronunciamientos y compromisos asumidos.

En lo referente a la disminución esperada de los pasivos se sustenta en el hecho de que los flujos de efectivo de la cobranza de la cartera cedida por los bancos, sería precisamente para pagar los pasivos que el Gobierno respaldó con pagarés, con el propósito de garantizar el dinero de los ahorradores ya que al ceder dicha cartera el Gobierno como garantía de los pagarés emitidos, cada banco siguió como responsable de la administración, recuperación y cobranza de los créditos concedidos por ellos.

Los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional conscientes de la responsabilidad que implica la congruencia política manifestamos nuestra voluntad de dar continuidad a esta serie de trabajos referentes al rescate bancario con todas las implicaciones que estos conlleven.

Tiene la palabra el diputado Benjamín Avila Márquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la utilización indebida de los recursos públicos en las campañas electorales del estado de Tlaxcala.

Con el debido respeto que nos merece este Recinto, manifiesto ante ustedes lo que está ocurriendo en el estado de Tlaxcala.

Como es de su conocimiento, el 11 de noviembre habrá elecciones de diputados locales, presidentes municipales y presidentes de comunidad y cuando cualquiera pudiera pensar que en Tlaxcala la transición democrática se consolida, desde el Poder Ejecutivo estatal están enturbiando el proceso electoral.

Para corroborar, presento ante ustedes algunos hechos: Tengo en mis manos un volante en cuyo lado izquierdo vemos el emblema que identifica al Gobierno del Estado de Tlaxcala, concretamente a la administración del Ejecutivo del Estado, el doctor Alfonso Sánchez Anaya, en cuyo pie dice: "En Tlaxcala cumplir es el cambio", que es uno de los lemas del actual Gobierno. Y en el ángulo superior derecho, el logotipo del Partido de la Revolución Democrática y que dice así: "Estimado ciudadano de Coajomulco (¿), el Partido de la Revolución Democrática tiene el honor de invitarlo a la apertura de campaña".

Más adelante refiere que estarán grandes personalidades y en primer lugar aparece el nombre del ciudadano gobernador de Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya, seguido de los nombres de los candidatos a diputados local y presidente municipal del lugar; finalmente le nombre del Presidente del PRD en el Estado e inmediatamente sigue una frase que a pensar muchas cosas porque sentencia: "Se tomará en cuenta tu participación".

Compañeras y compañeros diputados, yo como miles de tlaxcaltecas nos preguntamos ¿para qué, por qué y por quién será tomada en cuenta dicha participación? Seguramente algunos de ustedes dirán que es exagerado preguntar lo anterior o que está fuera de lugar, sin embargo deben saber que el Gobernador de Tlaxcala publicó en el periódico oficial del Estado, el día 3 de mayo de 1999, el Código de Etica Administrativa, mismo que declaró sería norma de conducta para su gobierno y que no está cumpliendo como lo podemos constatar en este volante pues se está mezclando lo gubernamental con lo partidista, lo que constituye además una flagrante violación a todo principio de gobierno democrático y una burla al estado de derecho que nos rige.

Agregando a lo dicho, ustedes pueden recorrer el estado de Tlaxcala y encontrarán a los lados de las carreteras otro de los lemas del gobierno que dice: "Estamos haciendo de Tlaxcala un mejor lugar para vivir", junto con propaganda de los candidatos del PRD.

A pesar de ser clarísimas ambas evidencias, los dirigentes estatales de ese partido consideran que la utilización del eslogan, la pinta de propaganda de sus candidatos junto a las del Gobierno, así como los mensajes que emplean no son ilegales y tan lo hacen a la luz del día que pueden ustedes ver el número 126 de la revista "Mercurio", correspondiente al mes de septiembre del presente año, de la página 22 a la 32, la revista dedica ese espacio al PRD vinculándolo con lo que ellos llaman "los logros del gobierno".

Desde luego que el PRD tiene todo el derecho de publicitarse en todos los medios posibles, sin embargo la revista tiene contrato con el Gobierno del Estado, no con el partido por lo que una vez más estamos frente a la situación de confusión entre partido y gobierno que domina Tlaxcala, nada más que ahora desde el PRD.

Obviamente tal revista ha presentado mes a mes una situación de bonanza que no existe en el estado pues es claro que tales espacios son pagados por el Gobierno del Estado como publicidad y la revista sólo cumple con el pedido del cliente, el Ejecutivo del estado de Tlaxcala.

Consideramos que todo esto debe ser del conocimiento de las autoridades competentes, pues no es posible seguir solapando ese tipo de acciones de gobierno, sean del partido que sean, pues tenemos que avanzar y para avanzar debemos ser real y verdaderamente democráticos y más respetuosos con la palabra empeñada y que como en el caso de Tlaxcala, no se trata sólo de la palabra empeñada, se trata del Código de Etica que el ciudadano Gobernador de Tlaxcala empeñó cumplir, tanto que lo publicó como un documento de gobierno en el periódico oficial del estado, mismo que en su artículo 12 establece que los programas de difusión que realicen las dependencias de la administración estatal deberán apegarse al carácter estrictamente institucional y conforme a los lineamientos dictados por la Comisión Gasto-Financiamiento.

Con el propósito de darnos cuenta de la magnitud de este problema, obran en mi poder los presupuestos del gobierno del estado correspondientes a los ejercicios 1999-2000 y 2001, mismos que indican: "el gasto presupuestado para la coordinación de información y relaciones públicas", siendo para 1999 24 millones 414 mil 371 pesos; para el año 2000, 20 millones 682 mil 740 pesos con 73 centavos y casualmente para el año 2000, año electoral, 32 millones 207 553 pesos, cerca de 12 millones más que el año pasado, siendo este apartado de información y relaciones que por disposición expresa publicada en el periódico oficial del gobierno del estado mantendría una austeridad.

En otro rubro, por si lo anterior no fuera suficiente, usted podrá encontrar que cerca de un millón y medio de pesos se destinan mensualmente a las denominadas ONGS, entre las cuales encontramos muchas de ellas dirigidas pro connotados dirigentes y candidatos del PRD. En el estado existen alrededor de 200 ONGS de las cuales según el gobierno del estado apoya con recursos a 70 y de éstas, 8 se benefician directamente ya que son filiales del PRD y se han comprometido públicamente a darle al PRD 40 mil votos en las próximas elecciones, como consta en información que los medios divulgaron el domingo 7 de octubre.

Por lo anterior, compañeras y compañeros, señalo el riesgo en el que se encuentra la transición a la democracia en el Estado de Tlaxcala, riesgo propiciado premeditadamente tanto por el Ejecutivo del Estado en complicidad con el PRD, por lo que solicitamos al ciudadano Gobernador del Estado de Tlaxcala, no siga incurriendo en actos que enturbien y enrarezcan la equidad, la transparencia y la legalidad del proceso electoral del estado, pues podría estar incurriendo en un manejo indebido de fondos y recursos federales al condicionar la entrega de beneficios derivados de programas federales a cambio del voto a favor de sus candidatos, además de que es claro, con lo demostrado aquí, que el ciudadano gobernador no está salvaguardando la honradez, la lealtad y la imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Por lo anterior y con la finalidad que no se atropellen y agravien los derechos ciudadanos de los tlaxcaltecas, presento ante ustedes el siguiente punto de acuerdo.

ARTICULO UNICO: Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de su Comisión de Vigilancia, instruya a la Auditoría Superior de la Federación como órgano técnico de esta soberanía, para que de conformidad con las atribuciones que le confiere la Ley Superior de fiscalización en los artículos mencionados, procedan a revisar la correcta aplicación de los fondos del Ramo 33, Presupuesto de Egresos de la Federación, con el fin de evitar que los recursos públicos federales asignados al Estado de Tlaxcala sean utilizados para propósitos diferentes a los que señala la ley.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de octubre del 2001. Firman el presente acuerdo, por el Partido Acción Nacional, el diputado Benjamín Avila Márquez, Juan de la Cruz Cano Cortesano; por el PRI, diputado Javier García González, diputada Eréndira Coba Brindis, diputado Augusto Gómez Villanueva; por el PT diputada Rosalía Peredo Aguilar; por el Verde Ecologista, Bernardo de la Garza Herrera; por Convergencia Democrática, diputado Manuel del Río Virgen.

Túrnese la proposición a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.

Para referirse al mismo tema, ha pedido hacer el uso de la palabra y se le concede hasta por cinco minutos, a la ciudadana diputada Eréndira Cova Brindis, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

LA DIP. ERENDIRA COVA BRINDIS: Con el permiso de la diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:

Los diputados de la fracción priísta por el estado de Tlaxcala hacemos uso de esta tribuna para manifestar nuestra preocupación e interés porque el proceso electoral que se vive en nuestro estado se desarrolle en un marco de equidad y transparencia. Este interés deriva desde luego en la necesidad de fortalecer un ambiente democrático, en donde la confianza ciudadana no se vea vulnerada.

Nuestra preocupación se da porque aún a pesar de la firma de convenios entre el Instituto Electoral de Tlaxcala y el Gobierno del estado, para garantizar el desempeño ordenado, seguro y transparente del proceso electoral, la actuación de éste último a favor del Partido de la Revolución Democrática nos parece ya exacerbado.

Le hacemos un atento llamado al Ejecutivo estatal para que vele el cumplimiento del mencionado convenio, y no permita que funcionarios menores manipulen el destino de los recursos y programas gubernamentales, que en determinado momento se podrían condicionar y otorgar a cambio de favorecer con el voto a un partido político o candidato.

Ni el Partido de la Revolución Democrática, ni ningún otro partido, pueden atribuirse para sí el mérito en la realización de las obras que el gobierno realiza, como tan espectacularmente lo está haciendo el PRD en sendas bardas por todo el territorio estatal.

Desde esta tribuna les recordamos que todos los tlaxcaltecas cooperamos con faenas en las comunidades, somos miembros de consejos municipales o comités vecinales, pagamos impuestos, así que todos, todos contribuimos al desarrollo de nuestro estado.

Está por demás reiterar que los tlaxcaltecas entendemos que los gobiernos emanados por el partido que sea, tienen la obligación de gobernar para todos. Los diputados priístas entendemos la solicitud del ciudadano diputado que me antecedió, para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicite a la Auditoría Superior de la Federación proceda a verificar el uso correcto de los recursos de la Federación que le fueron asignados al estado de Tlaxcala para su ejercicio durante el presente año del 2001, y no se incurra en desviaciones para fines electorales en abiertas violaciones a las disposiciones legales en la materia, por lo que no tenemos inconveniente, y por lo tanto nos sumamos a esta solicitud y de esta manera dar mayor certidumbre a los tlaxcaltecas, de que el proceso electoral se lleva a cabo con imparcialidad y absoluto respeto de la ley.

Por otro lado, en Tlaxcala hay una coincidencia en los partidos políticos de exigir también al Consejo General del Instituto Electoral del estado, imparcialidad en el proceso electoral, a fin de garantizar que las elecciones del 11 de noviembre sean limpias. Respetar las preferencias electorales de los ciudadanos y garantizar que su voto sea respetado y depositado en un ambiente de respeto y tolerancia será un hecho que enaltezca a nuestras instituciones, a los partidos políticos y a nuestros gobernantes.

Para referirse al mismo tema de la proposición, se concede el uso de la palabra al diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por cinco minutos.

No podemos dejar pasar así nada más ciertas afirmaciones totalmente alejadas de la realidad del estado de Tlaxcala que se han venido aquí a exponer por los compañeros diputados que nos antecedieron en el uso de la palabra.

El compañero diputado del PAN dice que hay un, a su parecer, un incremento muy grande en el presupuesto de comunicación social del Ejecutivo Federal, lo que habría que decir es que ese presupuesto no es un presupuesto discrecional, no es un presupuesto que se haya incrementado de la noche a la mañana. Es un presupuesto -como él mismo lo refirió- que fue aprobado por la Legislatura local al dictaminar sobre el paquete económico en diciembre del año pasado y que, por cierto, dicha Legislatura local no es una Legislatura local en manos del PRD, es una Legislatura local de poder dividido en donde las fracciones parlamentarias, las principales de las cuales, por cierto, son las del PRI, las del PAN y la del PRD, se tienen que poner de acuerdo y negociar para que salgan los Proyectos de Egresos y para que salgan las Leyes de Ingresos.

También se ha dicho aquí que hay un Programa de Apoyo a ONGs, efectivamente el gobierno del estado de Tlaxcala respalda la gestión auténtica de los ciudadanos, de las Organizaciones No Gubernamentales que no son filiales del PRD, señor diputado, no son filiales del PRD la manera en que lo es, vamos, México con relación al PAN, que es una ONG de potentados, habría que decirlo. No, no hay una relación de ésas, hay una relación de trabajo, una relación mediante el cual a la manera de los estados modernos, el Estado no solamente financia actividades mediante financiamiento público de los partidos y de las instituciones sino también respalda las iniciativas que no tienen una filiación partidaria y son precisamente las organizaciones no gubernamentales, por cierto hay que decir que en Tlaxcala es una tradición, que no es una cuestión que se haya inventado con la llegada al gobierno del gobernador Sánchez Anaya, es una tradición mayor que tiene que ver con reminiscencias, incluso, ancestrales.

Y sin ningún fundamento, se dice aquí que hay un condicionamiento en la entrega de recursos públicos o se supone que puede haber, aquí no se ha dicho, ninguno de los dos diputados ha dicho en dónde o cuándo, cómo se está dando esto, simplemente lo han afirmado sin siquiera referirnos a casos concretos o cuantías, me parece a mí que eso no fundamenta una suposición expresada así, no fundamenta el Punto de Acuerdo que se ha dado a conocer aquí.

Dice nuestra compañera, la diputada del PRI, Erendira Cova Brindis que el PRI pide que el gobernador vele por el cumplimiento del convenio que se ha firmado, efectivamente y quiero referirme a ello. Por iniciativa del Centro Empresarial de Tlaxcala, diversos partidos, grupos parlamentarios, dirigentes sindicales, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y alcaldes de las principales ciudades del estado, entre ellas Tlaxcala que es gobernada por el PRI, Huamantla, que es gobernada por el PRI, Apizaco, los señores Arturo Pedraza Vázquez, Rubén Palafox y Fernando León Nava presiden esas importantes ciudades de Tlaxcala, ellos también firmaron un acuerdo de entendimiento para la civilidad; por cierto, no lo firmó la dirección del PRI, la directiva del PRI que está en todo su derecho de no hacerlo, pero sí firmaron priístas muy connotados como los que gobiernan las principales ciudades del estado de Tlaxcala, y ahora viene a pesar del que el PRI no firmó ese Pacto de Civilidad de unas elecciones...(Interrupción)

- EL C. DIP. RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA (En tribuna, continúa): Termino, con todo gusto. De unas elecciones que a pesar de estos intentos seguramente resultarán en un ejercicio plenamente democrático y plenamente transparente el 11 de noviembre.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Ha solicitado el uso de la palabra y se le concede hasta por cinco minutos, el ciudadano diputado Juan de la Cruz Cano Cortezano, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.

- EL C. DIP. JUAN DE LA CRUZ CANO CORTEZANO: Con su permiso, señora Presidenta; compañeras diputadas; compañeros diputados: Nada más recordarle al compañero que me antecedió en la palabra, del grupo del PRD, que con justa razón tal vez emita algunos datos, ya que él no vive en Tlaxcala, no es tlaxcalteca y por eso desconoce los hechos.

Nuestro gobernador recibe el Premio de la Gran Orden de la Reforma y ante personalidades de la Academia Nacional manifiesta que en Tlaxcala la transición y la democracia es un ejercicio de su gobierno y lo cierto que no lo es, ya que en todo momento está apoyando a sus 19 candidatos a diputados y a sus 60 candidatos a presidentes.

En su periódico informativo "El Triunfo", por cierto, costeado por la ciudadanía tlaxcalteca, dice ejercer un presupuesto para la construcción de la escuela primaria "Justo Sierra", de la comunidad de Tlalcoapan, municipio de Santana Chautempan. Falso. Precisamente su servidor acudió a colocar la primera piedra de este edificio y está cobrando 400 pesos por cada padre de familia.

En su Programa "¿Qué está haciendo tu Gobierno Por Tlaxcala?" emite cifras y datos que por supuesto no concuerdan con la realidad.

La seguridad y la impartición de justicia los ha minimizado; cuando los secuestros a empresarios en nuestro estado son conocidos por todos, incluso han sido nota nacional. Sin embargo el señor gobernador sólo ve su interés particular promoviendo a sus seguidores e incondicionales. Existe una prueba fehaciente, su esposa Mary Carmen Ramírez, actual senador por Tlaxcala, y que como proyecto personal la promueve como candidata a gobernadora en el 2004. Y repito, sus incondicionales porque ojalá tomara en cuenta sus verdaderos perredistas a los cuales ha sorprendido y relegado.

Además su propio compañero de partido, el diputado local José Cristóbal Luna Luna, y también el diputado Isaí Ramírez Díaz, del Partido del trabajo, han promovido y siguen promoviendo juicio político en contra del señor gobernador por desvíos de recursos del fideicomiso industrial Xicotencatl para llevar a cabo el 1 y 8 de septiembre del año 2000, el evento Nuestra Belleza 2000" en la ciudad de Apizaco, y que estos recursos suman la cantidad de 9 millones 89 mil 799 pesos, cantidad que reconoce la propia Secretaria de Finanzas del Estado, contadora pública Minerva Hernández Ramos. Estos documentos de juicio político obran en poder de la Comisión de Juicios Políticos del Congreso del Estado.

Cuando hablan de las ONGs, quiero mostrar ante ustedes este recorte de periódico que nos envían de Tlaxcala que es la CODUC, que significa: "La Coalición de Organizaciones Demócratas, Urbanas y Campesinas" que dirige el señor Laurentino Sánchez Luna, hoy candidato a diputado local por el distrito 17 en un acto por demás de proselitismo auténtico, el señor gobernador hace entrega de 16 viviendas a igual número de familias a través del Programa 330 Comunidades, apoyando así abiertamente a su candidato del PRD en el municipio de Alzayanca. Esto ocurrió el pasado 18 de octubre, Precisamente haciendo entrega de estos apoyos. Por ello mismo hacemos énfasis y llamamos y exhortamos al gobernador de que respete todos estos acuerdos que se han tomado porque además ya lo dijo mi compañero que me antecedió, ciertamente firmaron un pacto político de civilidad, sin embargo, el PRD lo ha roto, y por eso aquí en esta tribuna denunciamos, que efectivamente el señor gobernador respete lo ya reiteradamente dicho del pacto de civilidad y del código de ética para su gobierno, que ahí estamos sufriendo y padeciendo los tlaxcaltecas. Por su atención, muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Ha solicitado hacer uso de la palabra para hechos y se le concede hasta por cinco minutos al señor diputado Rafael Hernández Estrada.

-EL C. DIPUTADO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con su permiso. El diputado que me ha antecedido en el uso de la palabra, ha comenzado diciendo que yo no soy tlaxcalteca, y me reclama que no lo sea, yo nunca me he ostentado como tlaxcalteca, señor diputado, no lo soy, soy oriundo de otra entidad federativa.

Y no es el caso de venir a este recinto, que es un recinto federal, que es un recinto de la Cámara de los Diputados Federales, a tratar un asunto y después a querer que solamente o a pretender indebidamente que solamente hablen tlaxcaltecas, no es el caso.

Si usted quiere tratar este asunto sólo con oriundos de Tlaxcala, cosa que me parece a mí muy respetable, pues hubiera sido conveniente que dirigiera su inquietud a la Legislatura Local, la cual por cierto formó una comisión plural de diputados, que a la fecha no ha recibido denuncia o queja alguna con motivo del proceso electoral.

La Legislatura formó una comisión de vigilancia del proceso electoral, es una comisión plural, que a la fecha no ha recibido ninguna de estas denuncias por supuestos hechos violatorios del derecho al que se nos ha hecho referencia.

Quiero insistir en que al parecer la pretensión de los diputados que promueven este Punto de Acuerdo, me parece a mí que no es el cuidado de los recursos federales, me parece mas bien a mí, que se trata de un intento de golpe publicitario, de un intento que tendrá sus repercusiones en los medios, principalmente en los del estado de Tlaxcala y que a eso se limita.

Y es por eso que nosotros en muchos casos hemos demandado la creación de comisiones para vigilar recursos públicos en las elecciones, pero creo que no es el caso de que esa sea verdaderamente la intención.

La intención que hay aquí, es asestar un golpe publicitario, y por eso no hemos dejado de intervenir en este punto de proposiciones con Punto de Acuerdo. Muchas gracias.

A petición de la ciudadana diputada Rosalinda López Hernández del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quiero rectificar el turno que se dio a su proposición con Punto de Acuerdo, que fue turnada a la Comisión de Hacienda, a petición de la ciudadana diputada López Hernández, se corrige el turno para que sea como las anteriores sobre el tema, turnada a la Mesa Directiva para que la envíe directamente a la Junta del IPAB.

El siguiente punto es una proposición con Punto de Acuerdo sobre la problemática Agraria de Acapulco, que será presentada por el ciudadano diputado Félix Castellanos Hernández del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

-EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados, los suscritos diputados integrantes de la LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento que establece el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio del cual se solicita al Poder Ejecutivo Federal del gobierno mexicano, declarar al estado de Guerrero y el particular al municipio de Acapulco de Juárez como territorio de atención especial en materia agraria, bajo los siguientes:

El estado de Guerrero es sin duda una de las entidades de la república Mexicana con mayor riqueza en recursos naturales y con mayor actividad agrícola. Cuenta con un universo de mil 244 núcleos agrarios para un total de 6 millones 399 mil 400 hectáreas como superficie de propiedad social. El programa PROCEDE (¿) reporta 777 núcleos certificados, faltando 467 por certificar y de ellos, más del 90% son núcleos considerados de atención especial por su compleja problemática donde predominan los conflictos por límites interejidales. Junto a ello, Guerrero es también una de las entidades con mayor contraste social y presencia indígena, lo que hace más delicada la problemática.

La principal actividad económica en el estado es la agricultura que en la mayoría de las regiones es para autoconsumo. Solamente en algunos municipios de las costas y Tierra Caliente, se comercializan excedentes hacia otros mercados.

La región que conforma el municipio de Acapulco cuenta con la mayor densidad poblacional y de grandes contrastes sociales y económicos; sin embargo y a pesar de que este problema crece día con día, no se cuenta con un esquema formal de planeación para impulsar el desarrollo de otras actividades económicas que generen un crecimiento más ordenado y equilibrado.

Dentro del estado de Guerrero se destacan por su actividad turística los municipios de Zihuatanejo y Acapulco, siendo este último el que genera el más alto índice de ingresos de la producción estatal. Es en esta localidad donde se dan las más altas inversiones, a pesar de ello no se refleja un crecimiento equilibrado en el nivel de vida de la mayoría de la población.

En la entidad municipal, la propiedad social de la tierra ha sido objeto de grandes presiones sociales y de empresas inmobiliarias que ha generado el desmedido crecimiento urbano y ha provocado el cambio del uso del suelo en la mayor parte del territorio, pasando de una propiedad social agrícola a una propiedad privada de tipo rústica.

De igual manera la propiedad agraria ha sido sujeta de ambiciones económicas que no han permitido la planeación y el crecimiento ordenado de las zonas urbanas; ello ha provocado el surgimiento de un gran número de conflictos que tienen como origen la inseguridad en la titularidad de la propiedad de la tierra que en la mayoría de los casos buscan su solución en los tribunales agrarios, civiles o penales, provocando permanentemente un estado de incertidumbre e inseguridad en los sistemas de acreditación de la propiedad y un gran número de litigios, sin dar con ello oportunidad a los arreglos por la vía conciliatoria.

El problema del cambio del uso del suelo en Acapulco, ha generado una disyuntiva entre la impartición de la justicia y la aplicación de la ley. En la entidad y en el municipio de Acapulco, se percibe que la aplicación de la ley ha dejado de representar un acto de justicia al encontrarnos con conflictos agrarios de dimensiones mayúsculas que rebasan las capacidades institucionales y que han hecho ver las debilidades políticas para dar respuestas adecuadas.

El objeto del presente punto de acuerdo es que con la atención prioritaria brindada a la entidad, la aplicación de la ley, implique siempre un acto de impartición de justicia y con ello desaparezcan los focos rojos de la conflictiva territorial que están por desbordarse, para dar lugar al ordenamiento territorial que propicie la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra buscando confianza en la inversión para que esta sea firme.

Asimismo, se busca que la presente propuesta motive la definición de un plan que regule el uso del suelo, que evite la creciente invasión de terrenos y la corrupción de funcionarios; de igual manera la propuesta busca fortalecer los mecanismos financieros de la entidad, motivando con ello la autorización de recursos fiscales para que se cree un fideicomiso público operado por la Secretaría de la Reforma Agraria, en forma conjunta con el gobierno del estado y el ayuntamiento de Acapulco, de tal manera que existan recursos disponibles que faciliten los procesos conciliatorios entre las partes para llegar así a arreglos prontos y satisfactorios.

De igual manera, en el marco de atención agraria al municipio y de acuerdo al fideicomiso propuesto, se busca la constitución de mesas de concertación agraria que propicien la atención de los asuntos por parte de los gobiernos municipal, estatal y federal de manera ágil, transparente y oportuna para el saneamiento de la propiedad.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente :

"PRIMERO: La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, manifiesta su preocupación por la problemática agraria que prevalece en el municipio de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero.

"SEGUNDO: Esta soberanía hace un llamado al Ejecutivo Federal a fin de que en el marco de sus facultades constitucionales declare al Estado de Guerrero y en particular al municipio de Acapulco, como territorio de atención especial en materia agraria.

"TERCERO: Se exhorta al Ejecutivo Federal para que en coordinación con los gobiernos estatal y municipal, se constituyan mesas de concertación agraria y un fideicomiso público para la atención de los principales problemas agrarios del municipio de Acapulco de Juárez en el Estado de Guerrero".

Firman el Punto de Acuerdo, los siguientes diputados: Dip. Raúl Gonzalez Villalba, del PRI; diputado Celestino Baylón Guerrero, del PRI; diputado Efrén Leyva Acevedo, del PRI; diputado Gustavo Nabor Ojeda Delgado, del PRI; diputado Sergio Maldonado Aguilar, del PRI; diputado Manuel Añorve Baños, del PRI; diputado Heriberto Huicochea Vázquez, del PRI; diputado Héctor Pineda Velázquez, del PRI; diputado Santiago Guerrero Gutiérrez, del PRI; diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del PRI; diputado Ernesto Rodríguez Escalona, del PRI; diputado José Ignacio Mendicuti paavón, del PRI; diputado Juan Paredes Gloría, del PRI; diputada Martha Ofelia Meza Escalante, del PRI.

Del PRD los siguientes diputados: Dip. Rubén Aguirre Ponce, Dip. Félix Salgado Macedonio, Dip. David Sotelo Rosas, Dip. Petra Santos, Dip. Rogaciano Morales, Dip. Emilio Ulloa Pérez.

Del PAN los siguientes diputados: Dip. David Rodríguez Torres, Dip. Esteban Sotelo Salgado y Dip. Mario Reyes Oviedo.

Del Partido Convergencia por la Democracia, el Dip. José Manuel del Río Virgen y toda la fracción del Partido del Trabajo aquí representada en la Cámara de Diputados y su servidor por supuesto, diputado Félix Castellanos, del PT.

-PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Su proposición será turnada a la Comisión de Reforma Agraria.

Ha solicitado hacer uso de la palabra para este mismo tema el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede hasta por 5 minutos.

-DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Muchas gracias ciudadana presidenta; compañeros diputados:

Es muy importante el punto presentado aquí por el diputado Félix Castellanos, del Partido del Trabajo y refrendado por demás compañeros diputados que vemos en la problemática agraria de Acapulco, una paradoja:

Recientemente hicimos una gira de trabajo con el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, el diputado Silvano Aureoles, por algunas comunidades rurales de Acapulco, que son más de 200 comunidades en este municipio.

Como diputado del décimo distrito con sede en Acapulco, le pedí a nuestro compañero que me acompaña a estas comunidades para que observara la problemática de tales poblados.

La sorpresa para él fue grande porque a los ojos de la gran mayoría de los mexicanos incluyendo ustedes compañeros diputados, Acapulco solamente representa en la imagen nacional, las playas, los hoteles, el turismo. Pero Acapulco tiene el 65% de su territorio es y está conformado por comunidades rurales. Hay una grave sequía en Acapulco, que hizo que se perdieran las cosechas.

Los campesinos acapulqueños, única y exclusivamente ven en el puerto un foco de atracción para ir a trabajar en lo que sea, porque no hay incentivos agrícolas que les permitan arraigarse a la tierra. Por ello es que me he unido, celebro que lo haya presentado este punto Félix Castellanos, porque es necesario que esta Cámara, es necesario llamar la atención nacional sobre la problemática agraria de Acapulco. Y siempre se ha considerado a Acapulco como uno, no solamente de los más importantes sino tal vez tengan ustedes en su mente pensado que Acapulco es uno de los municipios más ricos; no lo es.

Se ha de pensar que por virtud del turismo y los hoteles asentados allí Acapulco capta grandes divisas; no lo es, porque es una paradoja. El principal asiento de los negocios de las compañías hoteleras en Acapulco se encuentra en la ciudad de México, por lo que los impuestos se pagan aquí, en el Distrito Federal, y Acapulco por ese concepto no recibe nada.

De tal manera que cuando viene la distribución fiscal pues Acapulco no es tomado en cuenta porque no aporta, teóricamente de esos recursos, ni un centavo. De ahí pues que yo exhorto junto con este punto de acuerdo y los demás diputados, incluyendo también al diputado Ernesto Rodríguez Escalona, que es el diputado del noveno distrito y que preponderantemente es el distrito en donde se encuentra asentada la mayor parte de las comunidades rurales, para que este punto de acuerdo en el momento parlamentario y procesal oportuno sea apoyado por la Comisión de Reforma Agraria y luego, en su caso, por todos nosotros.

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado.

Ha solicitado hacer uso de la palabra sobre el mismo tema y se le concede hasta por cinco minutos, al diputado Nabor Ojeda Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

- EL C. DIPUTADO NABOR OJEDA DELGADO (PRI): Con su permiso, compañera Presidenta.

Hemos escuchado con atención la propuesta del diputado Félix Castellanos y quienes hemos hecho de nuestra vida el servicio al campo no podemos dejar pasar esta circunstancia, en virtud de las condiciones en que viven muchos de los campesinos del país, de Guerrero y especialmente de Acapulco.

En mi entidad, en Guerrero, casi el 90 por ciento de la superficie del estado está en manos de ejidos y comunidades. Y eso no es casual, fue producto de una gran lucha social que costó vidas y que permitió la distribución del ingreso a través de la tierra. Pero en Acapulco esto provocó después, más adelante, una historia de despojos y agresiones a los campesinos. Hubo ejidos plenos que con el pretexto de establecer un parque deportivo a la ciudad, se les quitaron las tierras para hacer campos de golf.

Es tanta aquí la agresión a los campesinos que hasta la fecha en el panteón del ejido de Icacos, no ha sido posible todavía que detenten los inversionistas las tierras ante el temor de los albañiles de trabajar en esos lugares. Pero hablar de Icacos es hablar de Las Cruces que está siendo despojada o hablar del ejido de La Venta, a quien se le estableció un panteón privado a costa de las tierras del ejido sin haberse entregado nada a los campesinos. O del Plan de los Amates, donde se estableció Tres Vidas en la playa, un importante centro turístico para gentes millonarias, en donde los campesinos fueron despojados de sus tierras.

Esta voz que hoy habla, conoce la historia cercana de Acapulco, pero la hacemos en torno a una unidad de todos los guerrerenses que aquí hacemos uso de la palabra. Y quiero destacar, porque el compañero diputado David Sotelo Rosas lo hizo, que el compañero Ernesto Rodríguez Escalona ha estado pendiente de las demandas de los campesinos, que es solidario de la inquietud de los campesinos de Las Cruces, de La Venta y que ha ayudado notablemente a apoyar a una de las comunidades más importantes que tiene el estado: la comunidad de Cacahuatepec, de indígenas náhuatls, muchos de ellos que todavía no hablan el español, que conforman 42 pueblos, en donde con un gran esfuerzo buscan incorporarse al desarrollo.

El planteamiento que hace el diputado Félix Castellanos vamos a ser solidarios con él, pero vamos a plantear más allá las cosas. Vamos a plantear que el desarrollo no sea a costa de los campesinos, sino que ellos participen activamente en el mismo y sean beneficiados con estas acciones.

Si bien la Ley Agraria actual tiene muchas lagunas, tiene una que nos permite ahora participar en los desarrollos: Que no se den más expropiaciones a costa de los campesinos para el crecimiento de las ciudades; que participen los campesinos en este desarrollo. Y hay gran cantidad de hijos de campesinos profesionistas que pueden participar elaborando proyectos en donde el gobierno pueda sustentarlos, para que ellos sean copartícipes de ello.

¿Por qué los desarrollos habitacionales tienen que ser a costa de la expropiación de los campesinos, en donde se les pagan migajas por su tierra, mientras otros, los fraccionadores hacen negocio? No, aquí queremos la solidaridad de todos ustedes para apoyar este punto de acuerdo y decirle a la opinión pública que en Guerrero hay una clara conciencia social en donde todos los sectores se unen para defender el criterio de los que menos tienen. Y que no es sólo la solidaridad de los legisladores aquí presentes, sino del pueblo de Guerrero en pleno, en torno a estas acciones, porque en Guerrero hay quien conduce con gran compromiso social los destinos de los guerrerenses, el compañero René Juárez Cisneros, gobernador del estado.

El siguiente punto del orden del día es una proposición con Punto de Acuerdo que presentará el ciudadano diputado Alonso Ulloa Vélez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentarla sobre el tema de los problemas que enfrentan los aeropuertos de gran importancia de México.

Compañeras y compañeros diputados: Desde 1995 aeropuertos de gran importancia como los de Guadalajara, el Bajío, Monterrey, Tijuana, Puerto Vallarta, Cancún, Acapulco, la misma ciudad de México, observaban problemas de saturación en pistas y edificios terminales.

No obstante el nivel de infraestructura alcanzado, se requería urgentemente un proceso de modernización. Desde entonces se hacía impostergable la generación de inversión en el sector. Desde ese año los problemas de mayor incidencia han sido la saturación y falta de mantenimiento en salas y edificios, la carencia de vías de acceso eficientes en los principales aeropuertos, las deficiencias en la señalización de la información sobre vuelos, la falta de capacidad en plataformas, tanto de pasajeros como de carga, falta de servicios asociados a la operación de los aeropuertos, como el suministro de combustible para los vehículos de tierra, sistemas eficientes de seguridad, servicios adecuados de almacenaje y manejo de mercancías, etcétera.

Estas causas hicieron necesaria la actualización del marco jurídico, por lo que en 1995 se promulgó la nueva Ley de Aeropuertos, que establece las reglas que brindan seguridad jurídica a la inversión privada, en la construcción, explotación, operación y administración de los aeródromos civiles.

También en 1995 fue creado el Comité de Reestructuración del Sistema Aeroportuario Mexicano, que tenía como facultad definir la estrategia a seguir en las diferentes fases del proceso de reestructuración, así como informar a la Comisión Intersecretarial de Desincorporación, sobre el avance del proceso. Con esto se pretendía hacer competitivo el sistema aeroportuario nacional ante la creciente importancia de la transportación aérea a nivel mundial, atendiendo con seguridad y calidad el servicio con base en reglas claras y transparentes.

El proceso de apertura implicó la integración de cuatro grupos regionales en los que se agruparon 35 terminales, que de acuerdo a la nueva Ley de Aeropuertos están siendo concesionadas al sector privado. Sin embargo, a casi siete años del inicio del proceso de reestructuración y modernización del sistema, la situación sigue siendo la misma, tal vez incluso peor. En todo el país los industriales, los prestadores de servicios turísticos, las líneas aéreas, los gobiernos estatales y municipales, expresan cada vez con más frecuencia, cada vez con más preocupación , cada vez con más molestias sus quejas sobre las deficiencias en el servicio del sistema aeroportuario.

Pareciera que el objetivo del proceso era el de privatizar los aeropuertos y no el de lograr inversiones importantes para crecer sustancialmente la infraestructura y con ello mejorar el servicio, tanto a los pasajeros como a los usuarios de los servicios de carga.

La participación de la inversión privada en sectores estratégicos que constituyen, como en este caos, un monopolio natural, no puede dejarse al libre juego de la competencia porque no la hay, no puede la autoridad evadir su responsabilidad de vigilancia de la correcta operación de este tipo de concesiones, porque una mala operación de los aeropuertos tiene un gran impacto en el desarrollo de las regiones del país, es un factor determinante ene l desarrollo económico de las regiones al facilitar o impedir el acceso de visitantes de placer o de negocios y la entrada y salida oportuna de mercancías.

Pero, además, si no se vigila de manera cercana no sólo el manejo operativo sino incluso el manejo financiero de estas empresas, podemos vernos en el futuro enfrentando nuevos casos de rescate que no pueden ni deben permitir .

Lo que hoy proponemos es que el Poder Legislativo medie a tiempo para construir planes de acción en el que participe no sólo el Gobierno Federal y los concesionarios sino también de manera sustancial los usuarios de estos servicios y los gobiernos estatales y municipales.

Con esto, el Poder Legislativo podrá evaluar el cumplimiento y avance de los compromisos adquiridos en el pasado y al mismo tiempo será factor importante en la construcción de los acuerdos que permitan, hacia el futuro, contar con una red aeroportuaria que sea un factor decisivo en el desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país.

Es por esto que proponemos a esta honorable Asamblea el siguiente Punto de Acuerdo:

Primero.- Se solicite a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte toda la información relativa a la concesión y operación de los grupos aeroportuarios en el país en la que se incluyan, al menos, los títulos de concesión, las modificaciones a los mismos, si las hubiere, los anexos relativos a los documentos anteriores, los planes maestros de desarrollo y demás compromisos que los concesionarios hubieren adquirido y las evaluaciones que la Secretaría haya realizado sobre el cumplimiento de dichos compromisos.

Segundo.- Se convoque a través de las Comisiones de Transporte y de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, a mesas de trabajo en cada una de las regiones concesionadas en las que se invita a participar a la SCT, a la Secretaría de Economía, a los concesionarios, a Aeropuertos y Servicios Auxiliares, a los Gobiernos Estatales, a los organismos empresariales, a los prestadores de servicios dentro de los aeropuertos y a las líneas aéreas, con objeto de establecer compromisos de cada uno de ellos en la correcta operación de los aeropuertos como polos de desarrollo regional.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro y Signana este punto de acuerdo su servidor el diputado Juan Manuel Duarte Dávila, el diputado Jorge Urdapilleta, el diputado Herbert Taylor Arthur, el diputado Antonio gloria, la diputada rocío García Gaytán, el diputado José Bañales castro, el diputado Rodolfo campos, el diputado Rafael Ramírez, el diputado Julio Lizárraga, el diputado Jaime a

Aceves, el diputado Tomás coronado, el diputado José María Núñez, el diputado José María tejada, el diputado Miguel Angel Martínez, el diputado Jesús hurtado, el diputado Emilio Goicoechea, el diputado Eugenio Pérez cruz, el diputado Jaime Salazar, el diputado Cuauhtémoc Cardona, el diputado Jesús Orozco Alfaro, el diputado Raúl Cervantes, el diputado José Manuel correa Ceceña, el diputado José socorro Velázquez, el diputado salvador Cosío Gaona, el diputado Javier Sánchez Campuzano y el diputado Alejandro García Sáenz.entrego esta proposición de punto de acuerdo con la súplica de que sea turnada a las comisiones de transportes y de comunicaciones de esta cámara.

-la C. VICEPRESIDENTA. Gracias señor diputado. de acuerdo a su solicitud, la proposición será turnada a las comisiones unidas de transporte y comunicaciones.

se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Salvador Cosío Gaona hasta por cinco minutos. el señor diputado es el partido revolucionario institucional.

Ha traído a tribuna nuestro compañero y amigo Alonso Ulloa Velez, un tema trascendental y fundamental.

Hoy por la mañana, el Secretario del ramo acudió a invitación de las Comisiones unidas de Transportes y de Comunicaciones, a tratar de responder dudas y ampliar comentarios sobre la decisión que se tomó en cuanto al nuevo aeropuerto de la capital, su metrópoli y bueno surgieron también los comentarios que aquí señala Alonso Ulloa sobre la importancia de pensar también en lo que está pasando en el resto de la nación.

Efectivamente, para los diputados del PRI resulta trascendente sumarnos al comentario y a la petición que se hace en cuanto a que la cabeza de sector realiza acciones correspondientes para que tengamos la información de qué es lo que está pasando y cómo se puede mejorar y podamos seguir avanzando en un país inserto en la globalización y que pretende ser no un no un país tercermundista sino un país que avance.

Yo creo que acorde a lo que marcaban los tiempos, las formas de administración moderna, las acciones de los gobiernos anteriores que mantuvieron un sistema aeroportuario digno y administrado solamente por el Estado funcionó, como también creo y estoy convencido que la decisión de abrir al capital privado también fue acertada y la forma en que se estableció creando grupos de aeropuertos para hacerlos rentables y para que no únicamente fueran inversiones en aeropuertos muy importantes, también fue acertada.

Pero es cierto que a la fecha y al paso del tiempo, yo creo que por falta de acuciosidad de la autoridad se tiene que revisar; por falta de conocimiento incluso de nosotros mismos, de los compromisos que se adquirieron, ha habido un menoscabo en la calidad de los servicios y tenemos aeropuertos que no pueden considerarse dignos y adecuados para el nivel de nuestra nación, Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta, Tijuana entre otros, sufren de estas consecuencias.

Por ello pensamos que no es posible que se mantenga esto así y nos sumamos a esta petición en el sentido que se nos otorgue la información completa sobre cómo se dieron las concesiones, el estado financiero de quienes la están detentando, cómo están cumpliendo sus compromisos de inversión no únicamente en un solo aeropuerto de los grupos que tienen otorgados sino en todos los que tienen asimismo asignados y que se abra una etapa en donde se participe, en foros de consulta social por parte de quienes son usuarios en las terminales, la comunidad misma de las regiones, legisladores que representen las zonas, autoridades municipales que a veces quedan al margen de decisiones importantísimas, estatales y sobre todo con un compromiso de la autoridad de hacerse cargo de esta revisión, tomar medidas y evitar que se caiga en un estado que después nos lamentemos.

Yo creo que estamos a tiempo, por ello el grupo priísta en esta Cámara respalda este planteamiento y estaremos atentos para sumarnos a cualquier acción que venga en beneficio del desarrollo nacional y esta es una de ellas.

El siguiente punto son diversas proposiciones con punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto de la ciudad de México.

Se concede la palabra al diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA: Compañeras y compañeros legisladores:

En mi carácter de diputado federal hidalguense y miembro de la Comisión de Transportes de esta soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro país, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que sea Texcoco el sitio donde se construya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México.

Pedro Cerisola, Secretario de Comunicaciones y Transportes finalmente anunció su comprometida decisión de que sea Texcoco el sitio en que se construirá el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, decisión arbitraria a consecuencia de una interpretación dolosa, parcial y de aplicación segmentada del estudio que realizó el PUMA, el Programa Universitario del Medio Ambiente.

En el colmo de la arrogancia y desacato, Pedro Cerisola asume una decisión que es competencia exclusiva del Titular del Ejecutivo Federal Vicente Fox, por lo que al no estar avalada con su firma resulta un pronunciamiento que a nadie puede obligar, según precisa el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el desenfreno de su prepotencia, nuestro flamante Secretario de Comunicaciones y Transportes dejó de lado la intervención de las otras dependencias cuyas facultades y atribuciones le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artículos 27, 31, 32 y 32-Bis.

Pregunto a ustedes, compañeras y compañeros diputados. ¿En dónde está el dictamen o acuerdo del Secretario de gobernación, respecto a las evaluaciones de política poblacional y de protección civil, tratándose peligros a los usuarios, por cenizas volcánicas, inundaciones, contingencia por mecánica de suelos, niebla e impactos ambientales negativos a la salud pública por aguas residuales?

¿Qué medidas de seguridad ha dictaminado este funcionario, en términos de concentración y cercanía de los centros de Texcoco y el Distrito Federal para prever su seguridad en el caso de atentados terroristas, que hoy sabemos, se ciernen sobre el mundo y las naciones?

¿En dónde quedó el dictamen o acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público, previendo las repercusiones que se provocarán a los ingresos del Distrito Federal, una vez que con la decisión de Texcoco desaparezca el actual aeropuerto de la Ciudad de México?

¿En dónde quedó el informe de este funcionario respecto al costo del proyecto, del PUMA y las partidas afectadas y actualizadas para su pago?

¿En dónde el estudio obligado de la Secretaría de Desarrollo Social respecto a la distribución, ordenación y desarrollo de los nuevos centros de población que formarán con la decisión de Texcoco?

¿En dónde entonces el estudio y el dictamen del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales que funde y motive los criterios que se adoptaron para el estudio de factibilidad ambiental, mecánica de suelos, repercusiones en el sistema hidrológico del Valle de México, requerimientos de dotación de agua para los nuevos centros de población que se formen y para los servicios del nuevo aeropuerto internacional que se construya?

En el caso de la flora y la fauna silvestres, ¿cuáles son los criterios que este funcionario consideró para la evaluación de riesgos por contingencia de las aves migratorias y de qué manera se respetan los compromisos internacionales adquiridos por México respecto a la afectación del hábitat de las aves migrantes consideradas patrimonio de la humanidad? Pero aún hay más.

Pedro Cerisola toma una decisión pasando por alto lo acordado por esta soberanía. En el punto de acuerdo del 27 de abril del año en curso indicándole, y cito textualmente: "considere abstenerse de emitir decisión alguna para determinar el sitio en que se ubicará el aeropuerto, hasta en tanto comparezca e informe a esta Cámara de Diputados sobre la planeación prevista par el desarrollo del proyecto y los procedimientos para la participación ciudadana". Así, y a pesar de que el Presidente de la Comisión de Transportes de esta Cámara, en escrito del 15 de mayo del año en curso, al tiempo que le notifica el punto de acuerdo también le solicita su comparecencia y no obstante ello, sin cumplir el pedimento legislativo, anuncia su decisión a favor de Texcoco, siendo evidente que está cometiendo otro desacato constitucional, ahora al segundo párrafo del artículo 93 de nuestra Ley Suprema, petición de comparecencia cuyo cumplimiento no es decisión graciosa del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que va precedida de la facultad fiscalizadora de la Federación de esta Cámara de Diputados encomienda la Carta Magna en el tercer párrafo de la fracción I de su artículo 79.

Grave y preocupante resulta que el titular del Ejecutivo Federal permita que uno de sus colaboradores se conduzca contrariamente a lo que ordenan los preceptos constitucionales, en atropello al principio de legalidad, y que desacate el pedimento de la soberanía de esta Cámara de Diputados.

Esta violación constante y sistemática de los preceptos constitucionales en los actos de este prepotente funcionario Pedro Cerisola, considero nos obligan a poner un hasta aquí a tanta frivolidad y a tanta burla. En nuestro país rije un estado de derecho, no una monarquía, no una dictadura. Si al titular del Ejecutivo Federal y a su secretario de Estado se les ha olvidado que originalmente el pueblo de México ha depositado su mandato en un Gobierno Federal que coexiste con los otros dos poderes, y que entre sí se merecen respeto y la obediencia que la ley les señala, entonces ejerzamos el recurso constitucional que encauce sus actos a la legalidad.

Si para Pedro Cerisola y el Presidente de la República sus decisiones son muy personales, a los diputados nos toca ejercer la muy estrecha vigilancia para revisar y promover que sus actos se ajusten estrictamente a la legalidad, llegando incluso, por qué no decirlo, a acudir a la intervención del tercer Poder de la Federación, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ello propongo el siguiente punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar este asunto a la Comisión de Comunicación y a la Comisión de Transportes, con la idea de que estudien las posibles violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Planeación, a la Ley General de Bienes Nacionales y demás ordenamientos aplicables, y de confirmarse estas violaciones, dicha comisión unida proponga al pleno de las medidas legales procedentes.

Segundo. En su estudio, las comisiones unidas deberán hacer llegar los elementos de naturaleza jurídica, técnicos en materia de desarrollo urbano, así como económicos respecto al impacto que causaría el cierre del aeropuerto a la Federación, y en especial al Distrito Federal.

Tercero. La Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política, 53, 58 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8º de la Ley de Planeación.

-LA PRESIDENTA: Diputado, se le ruega redondear su exposición, porque ha concluido su tiempo.

Se acuerde citar en comparecencia a este pleno, a Pedro Cerisola y Weber, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con propósito de que informe al pleno sobre los fundamentos y motivos, así como los aspectos de planeación nacional que llevaron al Gobierno Federal a tomar la decisión de construir el nuevo aeropuerto en el municipio de Texcoco.

Cuarto y último:- Dado que, según información periodística el estudio del PUMA tuvo un costo de l4 millones de pesos y que dicho costo forma parte de la Cuenta Pública que en este periodo corresponde a esta Cámara revisar, con fundamento en los artículos 39 fracción décima séptima y vigésima quinta y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone además, que en Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, se constituya una comisión especial integrada con especialistas de otras instituciones de investigación y enseñanza superior que no hayan participado en el estudio del PIMA ni en los grupos de trabajo de los estados involucrados, para que evalúe y dé su opinión imparcial, respecto a si los términos de referencia del mencionado estudio se apegan a la normatividad señalada oficialmente y si éstos son suficiente para tomar la decisión del sitio apropiado para la construcción del nuevo aeropuerto.

-LA PRESIDENTA: Su proposición será turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y también a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes.

Para hacer una proposición sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Omar Fayad, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Estamos viviendo un momento singular en la historia de las comunicaciones de este país. A lo largo de mucho tiempo venimos insistiendo diputados de todos los partidos políticos, en la imperiosa necesidad de contar con una nueva terminal aérea para la Ciudad de México, que pudiera operar con seguridad la cantidad de vuelos, tanto de pasajeros como de carga y que pudiera subsanarse de inmediato el hecho de que un aeropuerto diseñado para manejar un volumen de un millón de pasajeros al año, estuviera en la actualidad manejando 20 millones de pasajeros al año.

Después de tanto tiempo de insistir reiteradamente en este asunto, esta semana, el Gobierno Federal tomó la decisión de establecer ya un nuevo aeropuerto que substituirá al aeropuerto de la Ciudad de México, decisión que por el hecho de ser necesaria, estamos de acuerdo en que se haya tomado, porque también insistimos muchas veces que no había peor decisión que la que no se toma.

Sin embargo, vine a esta tribuna a referirles, con profunda tristeza y preocupación, la forma en que el Gobierno de la República maneja los asuntos de los mexicanos, la forma en que el Gobierno Federal ha tomado esta decisión, con lo cual creemos, compañeras y compañeros diputados, que no solamente perjudica el devenir y el desarrollo de las comunicaciones en el país, sino que atenta realmente contra la dignidad de los mexicanos y fundamentalmente contra la dignidad de esta soberaníay paso a decir por qué:

En la primera reunión de trabajo que sostuvo con nosotros el arquitecto Cerisola, se comprometió ante los diputados de todos los partidos, ante la representación de la sociedad, a traer a esta Cámara los criterios mediante los cuales podría evaluarse la mejor opción para establecer esta terminal aérea. Nos dijo y obra evidentemente en el Diario de Debates y se cuenta con las grabaciones y los videos correspondientes que sin duda vendría a esta Cámara a consensar con los diputados esos criterios de evaluación que para desgracia de esta Camara y de todos los mexicanos, todavía no conocemos con certeza.

Vino aquí a decir que sería la mejor decisión y que para ello consultaría a todos los especialistas, a los expertos en las distintas materias que inciden sobre el tema, y vimos con tristeza que esto no ocurrió así, y que sectariamente fue consultando a quien convenía consultar y haciendo a un lado a organizaciones y gremios completos a los que no le convenía consulta.

Para colmo de la pifia del Gobierno Federal, encontramos que después el propio Secretario de Comunicaciones y Transportes dijo aquí en la Cámara que antes del 15 de octubre iba a dar a conocer a los mexicanos la decisión de dónde establecer la nueva terminal aérea. Días después apareció otro secretario de Estado señalando que no era un asunto que corriera prisa, que no era urgente y que no se daría a conocer el día 15.

Posteriormente dijeron que harían mesas de trajo para el debate técnico; posteriormente otro funcionario del gabinete señaló que se formularía esta decisión en los términos acordados con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y para colmo, el Presidente de la República en su gira por Europa estableció y les dijo a los empresarios alemanes que el viernes de la semana pasada conocerían la decisión.

Finalmente el pasado lunes se dio a conocer una decisión que no honra el trabajo del Poder Ejecutivo Federal en virtud de que un gobierno que presume de transparencia ha hecho de una decisión tan importante un asunto turbio, un asunto nebuloso.

El Gobierno Federal debiera darle a conocer a los mexicanos cuáles son los criterios de evaluación, qué puntos, qué peso específico tiene cada uno de esos criterios de evaluación, qué es más importante si el agua, si la meteorología, si la mecánica de suelos o la lejanía; qué es más importante si el costo de uno u otro proyecto, y eso, señores diputados y señoras diputadas, hasta hoy no lo conocemos porque hoy volvimos a tener la burla en la reunión de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes en donde violando el orden del día que se había establecido para dicha reunión, no hizo el Secretario Cerisola ninguna exposición al respecto y simplemente se limitó a entregar un conjunto de pruebas a los titulares de las comisiones, a los Presidentes de las Directivas de las Comisiones, y creo, amigas y amigos diputados, que la dignidad del Congreso no puede ser pisoteada de esa manera.

En su momento defendí con pasión y con ahínco la opción que creí que le llevaba mayores fuentes de empleos y mayores posibilidades de desarrollo a mi estado. Asimismo reconozco y valoro el trabajo que los legisladores de todos los partidos del Estado de México, que el gobierno mismo del Estado de México y que todos los interesados en llevar desarrollo también a esa región hicieran; lo valoro, lo reconozco y para ellos mi solidaridad y mi respeto.

Sin embargo quiero hacer un llamado a través de todos ustedes a la conciencia de los diputados de esta LVIII Legislatura para que podamos rescatar la dignidad de este Congreso y no permitamos que los funcionarios del Gobierno Federal vengan a esta soberanía y comparezcan engañando y mintiendo y que sean tolerados por la representación popular.

Por eso, amigas y amigos diputados, pongo a su consideración la posibilidad de formular un extrañamiento a aquellos funcionarios que no dicen la verdad, a aquellos servidores públicos que vienen a mentir al Congreso, a aquellos que no les importa la memoria gráfica, la memoria auditiva, la memoria visual, y fundamentalmente a todos aquellos que no les importa la memoria del pueblo mexicano.

Ese es el gobierno que presume transparencia y ese es el cambio que recibimos los mexicanos. Es cuanto, señora presidente.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Para hacer una proposición sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Rodolfo Escudero Barrera del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

-EL C. DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es una importante vía general de comunicación sobre la cual se respalda en buena medida gran parte del desarrollo del país, en donde el crecimiento de las operaciones comerciales y el aumento del número de pasajeros actualmente ya atraviesa por una crisis de saturación, que entorpece el transporte de mercancías y de pasajeros.

La trascendencia de la instalación de un aeropuerto alterno, radica no solamente en el suministro de recursos para su consumo en la Ciudad de México y área conurbada, sino que del lugar donde vayan a operar modificarán su entorno social, económico, urbano y el ambiental, existiendo la posibilidad de que se extiende en buena medida la mancha urbana a otras regiones cercanas al Distrito Federal.

Su proceso de conurbación con entidades y municipios vecinos, hacen que su potencial de demanda de servicios laborales generales y especializados, así como de recursos institucionales se multiplique constantemente.

El Partido Verde Ecologista de México ha cuestionado en innumerables ocasiones la viabilidad de la construcción del proyecto de Texcoco, manifestándose en contra por el impacto a la vida silvestre, la contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como por la falta de infraestructura en la zona.

Si bien esto sería uno de los más graves problemas que enfrentaría el proyecto de Texcoco, también existen innumerables consecuencias de tipo social y económicos, que repercutirán directamente en cada uno de los habitantes de la zona metropolitana, lo que se estima en unos 20 millones de seres humanos.

La falta de una justicia social y el hacinamiento que vivimos en esta gran urbe, ha propiciado una carencia en servicios de salud, de educación, de acceso a recursos productivos o de empleo remunerado, favoreciendo con ello mayor delincuencia, reducción de las esperanzas de vida, marginación, adicciones y la vulnerabilidad.

Las pérdidas directas como consecuencia del delito, sólo el año pasado superaron a los 62 mil millones de dolares, o sea, todo un presupuesto nacional de un país de mediano tamaño, eso sin contar lo que gastan los particulares en seguridad y los empresarios que dejan de invertir por temor a los delincuentes.

La construcción de un aeropuerto, como el que se pretende establecer en la zona metropolitana, producirá sin exagerar, la autodestrucción de nuestra sociedad en la capital del país y como la concebimos ahora, situación provocada por beneficiar a los intereses meramente económicos, sin mediar en las particularidades sociales, como son: la disponibilidad de servicios y en la calidad de los mismos.

Las preguntas que tendremos que hacer no son, ¿por qué un día antes del anuncio para la designación del nuevo aeropuerto, ya estaban publicados en el Diario Oficial los decretos de expropiación en donde además la Secretaría de Medio Ambiente había solicitado esa expropiación desde el 3 de octubre de este año, fecha en que ya estaba tomada la decisión del nuevo aeropuerto?; ¿cuál es el verdadero estudio de impacto ambiental de los dos realizados por la Universidad Nacional Autónoma de México en su programa de medio ambiente solicitado por ASA en el 95 o el PUMA, actualmente solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Sobre esto no hemos obtenido respuesta alguna.

Debemos establecer un nuevo aeropuerto cuyo principal objetivo consista en vigorizar nuestra economía haciendo frente a las necesidades y demandas que se presentarán en los años venideros. En suma, un aeropuerto más seguro, eficiente y moderno que propiciará una mejor calidad a los servicios contribuyendo al fortalecimiento del transporte multimodal, al crecimiento regional equilibrado y considerando en construcción y operación la preservación del medio ambiente.

Apoyamos el punto de acuerdo presentado por el Partido de la Revolución Democrática, a excepción de su artículo 4º. para el que proponemos la siguiente redacción:

Artículo 4º. "Las personas y organismos que participaron en la realización de los estudios de impacto ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México en su programa de medio ambiente solicitado por ASA en el 95 y el PUMA, solicitado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentarán a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes sus opiniones, resultados, conclusiones y respectivos fallos para que sean estas Comisiones las que determinen la transparencia en el proceso".

Para formular una proposición sobre el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Victor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del partido del Trabajo.

El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 34 fracción I, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes:

Después de casi un año en el que dos entidades federativas y por lo tanto dos grupos de poder económico y político del país, se disputaron la ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional del área metropolitana de la Ciudad de México, por fin, el pasado día 22 el Ejecutivo Federal dio a conocer que el sitio elegido es Texcoco.

Esta decisión y cualquiera que hubiera sido, seguramente sería cuestionada porque como sabemos, las dos propuestas que se presentaron tenían elementos a favor y en contra, de no fácil solución. Ambas conllevan el deterioro ambiental, la generación de empleos y el consecuencia el desempleo en la Ciudad de México; la expropiación de terrenos, la demanda de servicios, comunicación con el Distrito Federal, entre otros.

Independientemente de que desde hacer varios años se consideraba insuficiente el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ahora que se ha tomado la decisión de su reubicación, ¿realmente se han puesto a pensar en el enorme desempleo que se generará, además de la quiebra de muchos negocios como restaurantes, hoteles y otros servicios que trabajan en conexión con la terminal aérea?

Por otra parte, se ha dicho que el sitio en el que se encuentra actualmente el aeropuerto, se utilizaría para crear una nueva reserva ecológica y un conjunto comercial del tipo del de Santa Fe que se encuentra en el poniente de la Ciudad. Seguramente esta modificación en el uso del suelo tendrá consecuencias muy diversas, debido a que con el nuevo proyecto se cambiarían drásticamente las principales actividades económicas de esa región del Distrito Federal.

Se dice que el nuevo aeropuerto conllevará una inversión superior a los 2 mil 500 millones de dólares, los cuales en su mayoría será privada.

Como sabemos, la promoción que ha hecho el Presidente Fox, en cada viaje que realiza al exterior, ha sido con la finalidad de atraer inversión extranjera.

De acuerdo con la información del arquitecto Pedro Cerisola, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del gobierno del Presidente Fox, tiene claro que el nuevo aeropuerto sea privado desde que inicie operaciones, con excepción de aquellos servicios que se consideran estratégicos.

Al respecto, consideramos que se continúa con la política populista pero en sentido contrario, esto es: el Estado proporciona recursos financieros y servicios en aquellas entidades que a los particulares no les interesa porque no son redituables. Mientras que los empresarios particulares invierten en las actividades en las que obtienen pingues ganancias.

Por otra parte, sabemos también que cualquiera de las dos opciones implicaban enorme inversiones para ampliar de manera importante las vías que comunican al Distrito Federal. Tanto las carreteras a Tizayuca como las de Texcoco, constituyen desde hace muchos años, sendos "cuellos de botella" por lo que será necesario invertir cuantiosos recursos para modernizar las vías que comunican al sitio ya elegido.

Nuevamente una decisión que por sus múltiples implicaciones debió suponer un análisis muy profundo en dos aspectos fundamentales: económico, tanto para el erario público como para los usuarios y ecológico para la región afectada. Todo parece indicar que el peso político de los grupos hegemónicos participantes vino a inclinar la balanza de la que partió la decisión.

Sabemos que los principales beneficiados serán los grandes grupos relacionados con la industria de la construcción, particularmente el Estado de México con el grupo "Atlacomulco" y los grandes consorcios radicados en el Distrito Federal, como ICA, TRIBASA, entre otros. Eso si bien les va a los mexicanos, ya que los inversionistas extranjeros están prestos para intervenir en la realización de esta magna obra.

Por lo que respecta al impacto que tendrá la urbanización de la región oriente de la zona metropolitana de la Ciudad de México, la ubicación del nuevo aeropuerto traerá diversas consecuencias debido fundamentalmente a que se extendería la mancha urbana hacia un área con características marcadamente rurales.

En el aspecto ecológico, sin duda el proyecto en comento traerá efectos nocivos para la microrregión y para toda la zona oriente de la capital del país. Se tendrán efectos graves en el aspecto hidrológico debido a que la urbanización de una amplia extensión de terreno provocará la modificación de los cauces naturales de escurrimiento del agua de lluvia; cambiará también el clima y el habitat de la flora y fauna existente y provocará la especulación con los precios de terreno colindante con la nueva terminal aérea.

Por otra parte, como se desprende del contenido del decreto expropiatorio, la solicitud de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de la Reforma Agraria, es de fecha 21 de septiembre, el expediente se integra a lo largo de un mes que corre de la fecha de la solicitud hasta que la Secretaría de la Reforma Agraria lo sustancia debidamente.

El Presidente de la República promulga el decreto expropiatorio en comento el domingo 21 de octubre y en una acción por demás sospechosa, el Diario Oficial de la Federación no se distribuye, como ocurre normalmente por la mañana, sino que como ladrón furtivo, lo empiezan a distribuir con posterioridad a que el Secretario Cerisola, anunciara la decisión que favorecía a Texcoco. En ese tenor, propio de un tongo montado por Don King, se dio una serie de consultas organizadas por la Secretaría de Gobernación, que resultaron un fraude, ya que la decisión estaba tomada.

El Gobierno Federal sometió al pueblo y a la opinión pública a un desgaste inútil en el que se demostró la ineficiencia y las contradicciones entre el Presidente de la República, sus colaboradores.

No concebimos que un gobierno que se presume empresarial y supuestamente eficiente, cometa tantos dislates en torno de una decisión que afectará de manera sensible a los mexicanos.

Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el proceso a través del cual se decidió la ubicación de la nueva terminal aérea, se caracterizó por un manoseo de intereses que finalmente lo desvirtuó, dejando claro que nada ha cambiado, que los diversos grupos tradicionales de poder continúan influyendo las principales decisiones que afectan a o país.

Por ello, es preciso que comparezcan ante esta soberanía, una serie de funcionarios para que expliquen de manera exhaustiva y detallada, los alcances y las implicaciones de esta controversial decisión.

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de la Secretaría de la Reforma Agraria y de la Comisión de Bienes y Avalúos Nacionales, deben venir a explicarnos una serie de cuestiones de interés nacional.

Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a su consideración el siguiente:

"ARTICULO PRIMERO: Solicitamos la comparecencia ante el Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Pedro Cerisola y Weber, para que explique los pormenores de la decisión de situar el nuevo aeropuerto de la ciudad de México en Texcoco, estado de México.

"Artículo 2º. Solicitamos la comparecencia ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados de la Titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, para que explique los mecanismos considerados para la liquidación de los propietarios de los ejidos expropiados.

"Artículo 3º. Solicitamos la comparecencia ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados del Presidente de la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, Juan Pablo Gómez Morín Rivera, para que explique qué elementos se tomaron en cuenta para determinar los mecanismos utilizados para el avalúo de los bienes nacionales objeto de la expropiación.

"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de octubre de 2001.

"Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo". Firman los diputados integrados de ella.

- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias a usted, diputado Víctor Antonio García Dávila.

La propuesta de punto de acuerdo del diputado Omar Fayad Meneses se turna a la Junta de Coordinación Política. La del diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México, a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes. Y este último punto de acuerdo del diputado Víctor Antonio García Dávila, se turna a la Junta de Coordinación Política.

- EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO (PRD. Desde su curul y sin micrófono): Sobre el punto de acuerdo.

- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI). El compañero Miguel Bortolini. Perdón. A ver, por favor denle sonido en la curul.

- EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO (PRD. Desde su curul): Sobre el punto de acuerdo anterior, que presentó el PT.

- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): ¿Para rectificación de hechos?

Perdón. Diputado Bortolini: Discúlpeme. Acabo de cometer un error. Previamente, para el mismo tema de hechos, había pedido la palabra el diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz y José Manuel del Río Virgen. Posteriormente se le concede a usted la palabra, para rectificación de hechos, con mucho gusto. Y a usted también diputado.

Diputado Orestes Eugenio Pérez Cruz, del Partido Acción Nacional, para rectificación de hechos hasta por cinco minutos.

- EL C. DIPUTADO ORESTES EUGENIO PEREZ CRUZ (PAN): Con su permiso, señora Presidenta (En ese momento regresó la diputada María Elena Alvarez Bernal)

A lo largo de los tres periodos legislativos las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes del Congreso de la Unión han realizado un intenso trabajo para la conformación de los consensos y acuerdos en torno a los diversos proyectos del nuevo aeropuerto internacional de la ciudad de México.

Las actividades desarrolladas han consistido desde la celebración de foros de consulta pública en materia de transportes, hasta la comparecencia del Secretario del Ramo, gobernadores y técnicos en la materia.

En consenso, los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes determinaron que la decisión sobre la ubicación del nuevo aeropuerto era competencia del Ejecutivo Federal y era de suma urgencia realizarlo, pero que esta debía ser con carácter técnico y no con un sentido político. Además, una vez decidido el lugar, se acordó que se invitara al Secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que compareciera ante el pleno de las Comisiones Unidas para responder a las inquietudes de los señores diputados.

En este sentido, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional ve positivo que por fin se haya tomado la decisión en cuanto a la ubicación del nuevo aeropuerto, porque da certidumbre al sector y la decisión que se había pospuesto por varios años, hoy finalmente es una realidad.

En la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes a esta soberanía con motivo de la glosa del Informe Presidencial, el Partido Acción Nacional y los demás grupos parlamentarios demandaron al Ejecutivo Federal que a la brevedad se tomara una determinación, en donde se priorizara el bien común, las condiciones técnicas, ecológicas y de factibilidad a lo largo. Esta decisión se concretizó el pasado lunes.

La magnitud de la decisión, sus efectos, a corto, mediano y largo plazo, obligaron a que el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se presentara esta mañana ante esta soberanía para explicar con precisión las razones y argumentaciones en torno a la decisión de que el nuevo Aeropuerto Internacional de la zona metropolitana del Valle de México, se localice en Texcoco.

Bajo este esquema, el Partido Acción Nacional espera contar con la evaluación de criterios y la argumentación técnica para este proyecto, de acuerdo a los documentos entregados el día de hoy por el propio Secretario, en que se contiene el soporte técnico de la decisión.

Se explicó que fueron tomados en cuenta los criterios de calidad del suelo, compatibilidad del espacio aéreo, la fauna y la afectación medio ambiental, la distancia de dicha infraestructura con los centros de demanda, la infraestructura derivada, los costos del proyecto y los asuntos relativos a la tenencia de la tierra y beneficios sociales a los que, desde luego, habremos de darle seguimiento puntual y prioritario para evitar abusos posibles e ilegalidades.

En días anteriores se generó un espacio de diálogo y opinión intersecretarial en torno al nuevo Aeropuerto Internacional, convocado por el Ejecutivo Federal, en donde se presentó la posición de los gobiernos del estado de Hidalgo, del Estado de México y del Distrito Federal, así como expertos en la materia, con lo cual se agotó todo un proceso de consulta, de análisis y de opinión.

Es prudente informar y resaltar ante los mexicanos que hemos apreciado con gusto y beneplácito las coincidencias que hemos tenido cada uno de los representantes de los distintos partidos políticos que hemos subido a esta tribuna. ¿Cuáles son estas coincidencias?

-LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Señor diputado, se le ruega redondear su intervención, pues se ha agotado su tiempo.

Que esta decisión ha sido en un sentido técnico y no político, que la decisión era atribución del Ejecutivo y que existe el compromiso de los legisladores de vigilar el proceso de construcción, de licitación, de aplicación de los recursos.

Por todo esto, queremos precisar que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, es respetuoso de la decisión tomada por el Ejecutivo Federal, pero estará vigilante en todo el proceso de construcción, en la aplicación de los recursos y en el cumplimiento de los programas de obra, para asegurar la oportuna operatividad del nuevo aeropuerto en este sexenio, así como del proceso expropiatorio, para que todo sea un proceso significado por la transparencia y esta decisión cumpla con las demandas y expectativas que la sociedad mexicana reclama.

Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos, al ciudadano diputado José Manuel del Río Virgen.

Honorable Asamblea: Una decisión como la de instalar el nuevo aeropuerto, sin lugar a dudas tendría que ser controvertida. Pero también es cierto que hubo poco oficio político de parte de las autoridades, al no consensar a tiempo los puntos más importantes sobre la construcción del nuevo aeropuerto con las partes involucradas. Ello originó la politización de su construcción, que ahora se pretende resolver mediante el procedimiento de controversia constitucional por parte de quienes se sienten afectados, y tienen razón, en tiempo no fueron tomados en cuenta. Pero no podemos judicializar todos los asuntos que de una o de otra manera no se les toma en cuenta.

Finalmente, en razón de que no se les tomó en cuenta quisiera proponer dos cosas: primero que el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envíe los estudios técnicos a esta soberanía; y, segundo, que sea la Secretaría de la Reforma Agraria la que busque la forma de beneficiar a todos los campesinos de los municipios que serán afectados en el Estado de México y particularmente en la zona de Texcoco.

Lo que se requiere para lograr su viabilidad es que los funcionarios del Gobierno Federal busquen a las partes que se sienten lastimadas. La instalación del nuevo aeropuerto no es producto, compañeras y compañeros, de la ocurrencia de alguien, no es tampoco producto de la casualidad, era urgente que se instalara un nuevo aeropuerto y este nuevo aeropuerto tiene un soporte técnico y científico que previó la utilización de la ingeniería más sofisticada para evitar los riesgos de que la obra cause inundaciones en el Distrito Federal que fue la opción elegida la de Texcoco que tiene una vida útil de 50 años y que dará seguridad necesaria en su operación.

Así lo determinaron voces prestigiadas y reconocidas en la materia como la de Gerardo Cruickshank García , Director del Proyecto de Rescate del Agua de Texcoco.

Cuenta el proyecto también con la aprobación de pilotos. Sobrecargos, personal de tierra y controladores de tráfico aéreo quienes afirman que estas nuevas vías de acceso aéreo mantienen una cercanía con el D. F. En beneficio de los usuarios, además de no existir inconveniencia absoluta alguna.

Ubicarlo en ese sitio acarreará además una derrama que beneficiará a ocho estados y a 39 millones de personas, es un proyecto globalizador y parece integrador.

Para dotar de infraestructura a la carretera del nuevo aeropuerto se ha provisto la construcción de las autopistas México-Chalco y la Vía Mexiquense así como la ampliación de la autopista que va del Peñón a Texcoco generando miles de empleos permanentes.

Lo que nos preocupa compañeras y compañeros, realmente es la expropiación que afectan a 130 posesionarios de tierra en esa zona, por eso nuestra preocupación y por eso nuestra exigencia de que sea la Secretaría de la Reforma Agraria la que busque un mecanismo donde no les paguen con precios de hambre a estos posesionarios la indemnización. Nosotros estamos porque estos posesionarios no salgan lastimados en esta expropiación que se hace de sus tierras y exigimos para ellos el mejor pago y las mejores condiciones para que se pueda ubicar ahí el nuevo aeropuerto de Texcoco.

-LA C. VICEPRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Miguel Bortolini Castillo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática hasta por 5 minutos.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señora Presidenta. Los datos técnicos que sobre el aeropuerto que se pretende construir en Texcoco, señora Presidenta, si es tan amable,

-LA C. VICEPRESIDENTA; Se les ruega a los señores diputados ocupen sus curules y presten atención al orador y repongan el tiempo en el cronómetro al señor diputado.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Muchas gracias. Creo que lo que nosotros tenemos que ver es que en el aeropuerto que se pretende construir en Texcoco quizá los aspectos técnicos algunos tengan valor pero otros no.

Evidentemente que habiendo dos ciudades, dos poblaciones con características distintas, había que tomar la decisión en una; sin embargo, todos nosotros estamos de acuerdo en que el derecho a la tierra por los habitantes, los campesinos que la han usufructuado por generaciones, es lo más importante.

Yo pregunto si alguno de aquí, de nosotros como diputados, estuviéramos en el caso de los campesinos, de los ejidatarios, permitiríamos que nos quitaran ese patrimonio que por años ha pasado de generación en generación y que ahora de un plumazo se les quiere quitar y no conforme con que les quiera quitar, el problema es el precio irrisorio al que se les quiere dar y lo más importante aún, el gran negocio de quienes desde antes compraron tierras y ahora ahí pretenden hacer su gran negocio.

Creo que a la política se le debe también justificar en su plena dimensión; también hay ética en la política.

Este Gobierno es culpable, desde mi punto de vista, de quitar la tierra a los campesinos y de enterrar la máxima de Zapata sobre el derecho a la tierra. En este sentido lo que nosotros estamos planteando es que el aeropuerto, ahí primero se les debió haber consultado a quienes son los posesionarios de la tierra y hoy en la mañana y ayer en el Senado, el Secretario ha dicho que no se ha consultado a las comunidades de los municipios donde se pretende construir y la Constitución local del Estado de México incluye la consulta para una construcción de tal magnitud y esto está violando la Constitución local y está violando los derechos elementales de los campesinos y de los ejidatarios.

Se dice aquí, por uno de los diputados que me antecedió en la palabra, que hubo un acuerdo; ¿acuerdo entre quienes?… ¿Entre diputados?… ¿Acuerdo entre secretarios?… ¿Y se acordó con los dueños de la tierra? Esto va a ser un problema real, los campesinos no quieren que se les compre esa tierra ni a cien ni a doscientos pesos, quieren su tierra para vivir ahí.

En este sentido compañeros, yo los invito a la reflexión para que respetemos el principio sagrado del derecho a la tierra y a vivir donde se ha nacido y no donde se pretende trasladarlos.

Por esta y otras razones, nosotros sí creemos además de que se cite al Pleno al Secretario de Comunicaciones y Transportes, al de la Reforma Agraria, a la Comisión de Avalúos y Bienes Nacionales, al que debe responder por el problema ambiental que se está creando y que se va a crear en la zona lacustre del Valle de México; al Secretario de la SEMARNAT y nos unimos al punto de acuerdo del PT pero para que se cite también al Secretario de la SEMARNAT.

El problema número uno del mundo es el ambiente; el problema número uno del mundo es el agua y aquí nosotros pretendemos echar a un lado esa situación.

Estamos nosotros uniéndonos a ese punto de acuerdo pero para que vengan aquí y comparezcan ante todos y que se turne a comisiones y no a la Junta.

LA PRESIDENTA: (16:47 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 30 de octubre a las 10 horas.