SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 30 DE OCTUBRE DE 2001
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ORDEN DEL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2001. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
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| OFICIO DE LA H. CÁMARA DE SENADORES | |
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| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
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| DICTÁMENES A DISCUSIÓN | |
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| EXCITATIVAS | |
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| PROPOSICIONES | |
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| AGENDA POLÍTICA | |
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| EFEMÉRIDES | |
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| CLAUSURA |
LA C. PRESIDENTA DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL (Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
EL SECRETARIO DIP. RODOLFO D. PEREZ GAVILAN: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 276 ciudadanos diputados. Por lo tanto hay quórum.
LA PRESIDENTA (A las 10: 26 horas) Se abre la sesión.
EL SECRETADIO DIP. RODOLFO C. PEREZ GAVILAN: Se va a dar lectura al orden del día.
(Orden del Día)
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII.
Orden del día
Martes 30 de octubre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la que informa de la creación de una subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario.
De la Presidencia de la mesa directiva.
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que se remite para los efectos del artículo 72 inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la iniciativa que reforma los artículos 24, 25, 136 y 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, presentada por el senadores José Carlos Cota Osuna, a nombre de diversos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas a los artículos 73 y 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación para el desarrollo social, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 7o. de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77 fracciones IV y VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas al decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado, Ferrocarriles Nacionales y que abroga su Ley Orgánica, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol), utilizado en la alimentación del ganado bovino.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería con punto de acuerdo para que se exhorte al titular del Ejecutivo federal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones y a través de la dependencia correspondiente se cree un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades o plagas exóticas en el país.
Excitativas
A las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
A la Junta de Coordinación Política, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación al IPAB, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles del troncal de 32 km que va de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la autopista 57 federal, a cargo del diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre política exterior, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Presidente de la República, en su carácter de jefe de Estado, proponga al pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se realice una cumbre mundial contra el terrorismo, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar se apruebe la donación de un día de dieta por parte de los diputados, para los damnificados por el huracán Juliette, en el Estado de Baja California Sur, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre procuración de justicia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe el plazo para otorgar subsidios a la tarifa 09, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución.)
Con punto de acuerdo sobre los resultados del viaje internacional del presidente Vicente Fox Quesada, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Procuraduría General de la República para que atraiga el caso del atentado al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo Anaya, a carga del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se establezca un programa ecológico integral de reforestación en la zona Izta-Popo, abarcando los estados de Puebla, de México y de Morelos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para dinamizar y eficientar el turismo social en el país, a cargo del diputado Jaime Larrázabal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el nombramiento de Miguel Hidalgo y Costilla, como "Generalísimo de las Américas", a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para incorporar en el ramo 20 "Desarrollo Social" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 y subsecuentes: Programa iniciativa ciudadana 3X1 para crear proyectos productivos sociales, inversión en infraestructura y equipamiento urbano, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se realice una auditoría política a todos los representantes populares de elección federal, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre las tarifas telefónicas, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se exhorte a la Secretaría de Hacienda a fin de que los fondos de comercialización de los productores sean manejados por ellos mismos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la situación política en el Estado de Chiapas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la problemática del gas en el estado de Nuevo León, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar tanto a la Sagarpa, como a la Secretaría de Economía, la información necesaria de la importación de leche en polvo de Argentina, que de acuerdo a la información internacional, este país está infectado de fiebre aftosa, a cargo del diputado Héctor Pineda Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a la problemática que presenta la producción y comercialización de la copra en México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para formular un pronunciamiento respecto a la obra inconclusa en el cruce de la avenida Ignacio Zaragoza y eje 3 oriente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Comisión de Cultura realice los estudios conducentes para evitar que los monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas, sean utilizadas para un uso distinto al de su naturaleza, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, proponga al gobierno de Belice, la creación de una reunión binacional, para analizar la viabilidad ambiental en la construcción de la hidroeléctrica "Chalillo", a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo Federal, a fin de que se revisen y mejoren, las indemnizaciones a los titulares de los predios, que fueron expropiados para la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, a cargo de la diputado Beatriz Cervantes Mandujano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para apoyar a los productores de la copra en el país, a cargo del diputado Rubén Aguirre Ponce, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el caso de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Agenda política
Comentarios sobre el fuero de los legisladores y su violación por parte de las autoridades, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre el derecho de asociación sindical en el Estado de México, a cargo del diputado Lucio Fernández González, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la política indígena en el estado de Veracruz, a cargo del diputado Edgar Consejo Flores Galván, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial del Combate a la Pobreza, a cargo de la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Sobre el aniversario de la Constitución de Apatzingán, a cargo de los diversos grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el Día del Médico, a cargo de la Comisión de Salud.
Sobre el LVI aniversario de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social.
Sobre el centenario de la ciudad de Cananea, Sonora, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
LA PRESIDENTA: Está a discusión el orden del día.
Si no hay ningún comentario, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el de la discusión del acta de la sesión anterior.
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Pido a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma, entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
LA SECRETARIA DIP. MARTHA S. SÁNCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos parlamentarios, para sus observaciones y se procede a su votación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Se dispensa la lectura.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL JUEVES VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal.
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con cuarenta y un minutos del jueves veinticinco de octubre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos sesenta diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba en sus términos el acta de la sesión anterior, en votación económica.
Invitación del Instituto de Cultura de la Ciudad de México, a la ceremonia cívica conmemorativa del centésimo octogésimo cuarto aniversario luctuoso del general Pedro Moreno González, benemérito de la patria y héroe de la Independencia. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Tamaulipas, por la que invita a la sesión solemne en la que el gobernador constitucional del Estado rendirá su Tercer Informe de Gobierno. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Baja California, por la que invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Eugenio Elorduy Walther, protestará como gobernador constitucional del Estado. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Sonora, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco, que reforma los artículos setenta y siete, fracciones sexta y novena, y ochenta y deroga el artículo ochenta-A, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política:
Con acuerdo para que el diputado Luis Alberto Villarreal García quede como Secretario de la Comisión de Turismo. Se aprueba en votación económica.
Dos, con las que informa de cambios en la integración de diversas comisiones legislativas. De enterado.
Desde su curul, la diputada Hortensia Aragón Castillo solicita dar lectura en este momento a un comunicado en relación con un desplegado público en el que, asegura, se consignan amenazas de muerte en contra de dos diputados federales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta solicita se le haga llegar el escrito.
El diputado Samuel Aguilar Solís, del Partido Revolucionario Institucional, presenta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción décima sexta del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos quince y dieciséis de la Ley General de Salud. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud.
Desde su curul, el diputado David Augusto Sotelo Rosas reitera la solicitud de la diputada Aragón Castillo para dar curso al comunicado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. La Presidenta pide nuevamente le- hagan llegar el documento de referencia para conocerlo, tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los diputados y no alterar el orden del día.
El diputado Sotelo Rosas insiste en su petición y señala la obligación de los presidentes de las cámaras del Congreso de la Unión, consignada en el párrafo segundo del artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de velar por el fuero y la seguridad de los legisladores. La Presidenta explica que no es necesario dar lectura al documento de referencia para que ella asuma esa responsabilidad constitucional, por lo que solicita de nueva cuenta le hagan llegar el documento para estar informada del asunto y proceda de inmediato a tomar las medidas para garantizar el respeto al fuero y la seguridad de los diputados.
Continúan la presentación de iniciativas con proyecto de decreto, los diputados:
Lucio Fernández González, del Partido Acción Nacional, que adiciona un tercer párrafo al artículo diecisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.
A las once horas con treinta y nueve minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos un diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Concepción Salazar González, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo ochenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
Ricardo Sheffield Padilla, del Partido Acción Nacional, que reforma diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y durante su intervención, es interrumpido por los diputados Jorge Carlos Ramírez Marín y Augusto Gómez Villanueva, quienes solicitan sendas mociones de orden que la Presidenta no hace suyas. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a una comunicación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con amenazas en contra de dos de sus diputados federales. La Presidenta informa que el asunto se hará del conocimiento de la Junta de Coordinación Política y que, en cumplimiento de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo sesenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del numeral primero del artículo veintidós de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, realizará lo conducente para velar por el respeto al fuero constitucional y a la seguridad de los diputados.
Desde su curul, el diputado Edgar Consejo Flores Galván solicita la palabra para rectificar hechos: La Presidenta informa que la comunicación a la que dio lectura la Secretaría no está a debate.
El diputado Justino Eduardo Andrade Sánchez, desde su curul, solicita se le dé oportunidad al diputado Flores Galván de hacer uso de la palabra, y la Presidenta insiste en que la comunicación no está a debate.
El diputado Andrade Sánchez solicita entonces se le brinde la oportunidad al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de presentar una comunicación al respecto en el transcurso de la sesión. La Presidenta informa que la esperará para darle el trámite correspondiente.
Emilio Ulloa Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, que adiciona una fracción décima primera al artículo segundo de la Ley del Servicio Exterior Mexicano. Se turna a las comisiones unidas de Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Desde su curul, el diputado Eddie James Varón Levy solicita se consigne que esta iniciativa la firman diputados de todos los grupos parlamentarios. La Presidenta instruye a la Secretaría para que haga constar esta solicitud.
Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Seguro Social, para establecer el régimen fiscal del contribuyente social. Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
La Asamblea dispensa la lectura, en votación económica, a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos a los ciudadanos:
Manuel Rodríguez Arruga, Carlos Pascual Monsiváis y Enrique René Michel Santibáñez, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos del Reino de Bélgica, de la República de Chile y de la República de Corea, respectivamente.
Ivette María Carballo Fariñas, para prestar servicios en la Embajada del Reino Unido, en México.
Son de segunda lectura.
Sin discusión se aprueban en lo general y en lo particular por trescientos cincuenta y seis votos en pro y ninguno en contra. Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
La Secretaría da lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con puntos de acuerdo para que las autoridades de la Secretaría de Gobernación, realicen una supervisión y se tomen las acciones necesarias para una eventual erupción del volcán Popocatépetl.
Sin nadie que haga uso de la palabra, se aprueban los puntos de acuerdo en votación económica. Comuníquense.
El diputado Luis Herrera Jiménez, del Partido de la Revolución Democrática, solicita excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en relación con una proposición con punto de acuerdo sobre la detención de dos jóvenes en el Estado de Colima, presentada en la sesión del día diecisiete de septiembre de dos mil uno. La Presidenta formula la excitativa correspondiente.
El diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática, hace uso de la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, administración dos mil-dos mil seis, y solicita trámite de urgente y obvia resolución.
La Asamblea considera el asunto de urgente y obvia resolución, en votación económica, y de la misma manera aprueba sin discusión el punto de acuerdo. Comuníquese a la conferencia para la dirección y programación de los trabajos legislativos.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, presenta proposición con punto de acuerdo por el que solicita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público se dirija a la brevedad a la Junta de Gobierno del Instituto de protección al Ahorro Bancario, para solicitarle sean contestadas en un plazo de diez días, las preguntas en relación con el desempeño de ese Instituto, que se anexan a este punto, y aquellas otras que los diputados deseen formular.
Desde su curul, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín solicita la lectura de las preguntas que se anexan a la proposición y que la mesa directiva, en uso de sus facultades, haga directamente el trámite y lo comunique a las comisiones respectivas.
La Presidencia instruye a la Secretaría a dar lectura a las preguntas de referencia e informa que la mesa directiva las enviará directamente al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Para el mismo tema, hablan los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; y David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia solicita se turne la versión estenográfica de ambas intervenciones a la mesa directiva para ser consideradas al formular la petición de respuesta al Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo sobre el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, los diputados:
Rosalinda López Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien anexa a su proposición documentos relacionados con ella. Se turna a la mesa directiva para que la envíe directamente a la junta de gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, insértense los documentos anexos en el Diario de los Debates y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
Juan Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Para hablar sobre el mismo tema, sube a la tribuna el diputado Joel Vilches Mares, del Partido Acción Nacional.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la utilización indebida de recursos públicos en las campañas electorales del Estado de Tlaxcala, la Presidenta concede la palabra al diputado Amado Benjamín Ávila Márquez, del Partido Acción Nacional. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Se refieren al mismo tema los diputados: Eréndira Cova Brindis, del Partido Revolucionario Institucional; Lorenso Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática; y Juan de la Cruz Alberto Cano Cortezano, del Partido Acción Nacional.
Rectifica hechos el diputado Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidencia concede la palabra al diputado Félix Castellanos Hernández, del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la problemática agraria de Acapulco, Guerrero. Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
Se refieren al mismo tema los diputados: David Augusto Sotelo Rosas, del Partido de la Revolución Democrática; y Gustavo Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alonso Ulloa Vélez, del Partido Acción Nacional, presenta proposición con punto de acuerdo sobre los problemas que enfrentan los aeropuertos de gran importancia del país. Se turna a las comisiones unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Se concede la palabra, para el mismo tema, al diputado Salvador Cosío Gaona, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar proposiciones con punto de acuerdo sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, se concede la palabra a los diputados:
Francisco Patiño Cardona, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Omar Fayad Meneses, del Partido Revolucionario Institucional.
José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México.
Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
La Presidencia turna las proposiciones de los diputados Omar Fayad Meneses y Víctor Antonio García Dávila a la Junta de Coordinación Política; y la del diputado José Rodolfo Escudero Barrera, a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes.
Se concede la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Orestes Eugenio Pérez Cruz, del Partido Acción Nacional;
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; Miguel Bortolini Castillo y Francisco Patiño Cardona, ambos del Partido de la Revolución Democrática.
Por instrucciones de la Presidenta, la Secretaría da lectura a una comunicación de diputados del Estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el comunicado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sobre amenazas contra dos diputados federales. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Agotado el tiempo acordado para la duración de las sesiones, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes treinta de octubre de dos mil uno, a las diez horas.
Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Aprobada, señora Presidenta.
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LA PRESIDENTA: Pasamos al capítulo de comunicaciones.
EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Comunicación de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda)
Escudo Nacional de los Estados Unidos México.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.— Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.— Presente
En reunión ordinaria de la Comisión de Vigilancia del 27 de agosto próximo pasado, se acordó la creación de una Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Por el grupo parlamentario del PRI, los diputados: Jorge Carlos Ramírez Marín, Policarpo Infante Fierro, Adela Cerezo Bautista y José Luis Ugalde Montes; por el grupo parlamentario del PAN: Jaime Salazar Silva, Raúl Martínez González, Joel Vilches Mares y Francisco Guadarrama López; por el grupo parlamentario del PRD, las diputadas: Magdalena del Socorro Núñez Monreal y Rosalinda López Hernández; por el grupo parlamentario del PVEM, el diputado José Antonio Arévalo González, y por el grupo parlamentario del PT, José Narro Céspedes.
En reunión ordinaria del día de hoy, la Comisión de Vigilancia aprobó los Lineamientos Generales a los que se sujetará la Subcomisión de esta Comisión de Vigilancia.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, nos permitimos anexar copia del texto de los mismos, con la atenta súplica de que ordene su publicación en la Gaceta Parlamentaria para su entrada en vigor.
Le expresamos nuestra mayor consideración y respeto.
Atentamente
Palacio Legislativo, 18 de octubre de 2001.— Diputados: Manuel Galán Jiménez, Presidente; Francisco Cárdenas Elizondo, José María Núñez Murillo, Amado Olvera Castillo, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Antonio Arévalo González , José Narro Céspedes, secretarios.
La Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 39, párrafo primero, 40, párrafo cuarto, 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 88 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario y con base en el acuerdo de la sesión del 27 de agosto de 2001, acuerda los siguientes:
Lineamientos generales para la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. La Subcomisión para dar Seguimiento al Rescate Bancario, depende de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La comisión aprobará el resultado de los informes y opiniones que emita la subcomisión.
Artículo 2o. La subcomisión tiene por objeto evaluar, analizar, investigar y dar seguimiento a las actividades del rescate bancario, para supervisar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a las recomendaciones emitidas por la CIFIPAB, publicadas en la Gaceta Parlamentaria del 9 de agosto del año 2000, así como de las que provengan de los resultados de las revisiones que practique la Auditoría Superior.
La evaluación, análisis, investigación y seguimiento a las actividades del rescate bancario, comprende el proceso de aplicación del fideicomiso para proteger el capital de los ahorradores del sistema bancario denominado Fobaproa, y la asunción por parte del IPAB, de los créditos otorgados por el Banco de México dentro de dicho Fideicomiso.
Artículo 3o. Para los efectos del presente acuerdo, se entenderá por:
Cámara: la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Comisión: la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Auditoría Superior: a la Auditoría Superior de la Federación.
Subcomisión: la Subcomisión de Seguimiento al Rescate Bancario.
Rescate bancario: al proceso de apoyo, saneamiento y capitalización del sistema bancario mexicano, a raíz de la crisis financiera de 1994.
Unidad de Evaluación: la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión.
IPAB: al Instituto de Protección al Ahorro Bancario:
Fobaproa: al Fondo Bancario de Protección al Ahorro.
CIFIPAB: A la Comisión Investigadora del Funcionamiento del Instituto de Protección del Ahorro Bancario, de la LVII Legislatura.
Artículo 4o. Las resoluciones, propuestas u opiniones que emita la subcomisión, deberán estar firmadas por cuando menos la mitad más uno de sus integrantes.
Artículo 5o. La información y copias de documentos que la Subcomisión necesite para el desarrollo de su trabajo, de cualquier dependencia de la administración pública federal o de la Auditoría Superior, deberán ser solicitadas por conducto de la directiva de la comisión.
Los recursos económicos y de otra índole que requiera la Subcomisión para su funcionamiento, deberán ser solicitados a la Cámara por conducto de la directiva de la comisión.
Artículo 6o. Cuando la subcomisión juzgase necesaria la comparecencia de algún servidor público para el mejor despacho de las tareas que tiene encomendadas, la invitación correspondiente se hará por conducto de la directiva de la comisión.
Artículo 7o. La subcomisión podrá contar, para el auxilio de sus tareas, con el apoyo de la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión. Por conducto de su coordinador, la Subcomisión podrá pedir opinión a la Auditoría Superior de aquellos asuntos que estimen necesarios y que estén relacionados con las tareas a su cargo.
CAPITULO II
Organización y funciones
Artículo 8o. La subcomisión se integra con diputados de la comisión, de la siguiente manera: con cuatro integrantes de cada grupo parlamentario que por sí mismo represente más del 25% del total de los integrantes de la comisión; con dos integrantes de cada grupo parlamentario que por sí mismo represente al menos el 10% y menos del 25% del total de los integrantes de la comisión; y por un diputado de cada grupo parlamentario que por sí mismo represente menos del 10% del total de los integrantes de la comisión.
Artículo 9o. Al frente de la subcomisión estará un coordinador, quien será su ponente.
La subcomisión contará con un diputado secretario, elegido de entre sus miembros, quien será auxiliar en las labores del coordinador. En ningún caso podrá fungir como secretario, aquél diputado del mismo grupo parlamentario al que pertenezca el coordinador de la subcomisión.
Artículo 10. Será coordinador de la subcomisión hasta el término de la legislatura, el diputado de aquel grupo parlamentario que, por sí mismo, cuente con la mayoría absoluta del total de los integrantes de la comisión.
En el caso de que ningún grupo parlamentario cuente con la mayoría absoluta del total de los integrantes de la comisión, la coordinación de la subcomisión será ejercida, en forma rotatoria y para cada año legislativo, por los diputados de aquellos grupos parlamentarios que representen más del 25% del total de los integrantes de la comisión.
El orden anual para presidir la subcomisión será determinado por los diputados de la subcomisión, cuyos grupos parlamentarios representen más del 25% del total de los integrantes de la comisión.
Los diputados que integran la subcomisión, de aquellos grupos parlamentarios que representan más del 25% del total de los integrantes de la comisión, elegirán al diputado que estará al frente de la subcomisión, cuando así corresponda el turno respectivo.
Artículo 11. Los grupos parlamentarios representados en la comisión podrán sustituir libremente a quien los representa en la subcomisión, mediante acuerdo firmado por la mayoría de sus integrantes, que se comunicará formalmente al coordinador de la subcomisión.
Artículo 12. La Subcomisión sesionará cuando menos una vez al mes, o con la periodicidad que para el desarrollo de su actividad se requiera. Para sesionar, se requiere la asistencia de la mitad más uno, del total de sus integrantes.
El coordinador convocará y conducirá las reuniones de trabajo de la Subcomisión, procurando que las convocatorias para cada reunión se hagan con anticipación de al menos, cuarenta y ocho horas. La convocatoria también deberá ser signada por el secretario.
La subcomisión adoptará sus resoluciones por mayoría de votos de sus integrantes. El coordinador de la subcomisión tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 13. A la subcomisión corresponde:
I. Evaluar, analizar, investigar y dar seguimiento al rescate bancario;
II. Analizar la información respecto del Sistema de Protección al Ahorro Bancario, obligaciones, garantías, cuotas, programas de apoyo y saneamiento financiero a las instituciones, bienes, atribuciones y patrimonio, así como la aplicación de los recursos correspondientes al Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones contenidas en los artículos quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
III. Presentar a la comisión, semestralmente, un in forme de las actividades inherentes a su objeto;
IV. Solicitar, por conducto de la directiva de la comisión, la información correspondiente para el cumplimiento de las tareas encomendadas;
V. Aprobar su programa anual de actividades; y
VI. Dar seguimiento de la solventación de las recomendaciones y observaciones que se deriven de los resultados de las revisiones que la Auditoría Superior practique al TAB y
VII. Las demás que le señale la comisión.
Artículo 14. La subcomisión contará con un secretario técnico, el cual será nombrado por el presidente de la comisión, a propuesta de la subcomisión, conforme a la disponibilidad presupuesta.
Artículo 15. A1 secretario técnico de la subcomisión corresponde:
I. Clasificar, ordenar y llevar registro de la documentación e información que maneje la subcomisión;
II. Preparar los proyectos de actas de las reuniones de la subcomisión;
III. Preparar los documentos y demás información necesarias para las reuniones de la comisión;
IV. Llevar el archivo de actas y versiones estenográficas de las reuniones de la subcomisión; así como el registro de los informes y opiniones que emita la subcomisión;
V. Las demás que le señale el coordinador y la subcomisión.
CAPITULO III
Disposiciones complementarias
Artículo 16. Los miembros de la subcomisión, están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones, debiendo comunicar al coordinador su inasistencia debidamente justificada.
Artículo 17. Será en las sesiones de la subcomisión donde se apruebe el resultado de los informes o de las opiniones que serán presentadas a la comisión. Tales documentos deberán estar firmados por la mayoría de los integrantes de la subcomisión.
Artículo 18. La información o documentación que reciba la subcomisión, será concentrada en las oficinas de la comisión, la que estará bajo la responsabilidad de su coordinador.
Artículo 19. La información que se reciba o a la que la Subcomisión tenga acceso o bajo su responsabilidad, tendrá las restricciones que la propia subcomisión determine.
Artículo 20. La información o documentación que reciba o maneje la subcomisión no tendrá divulgación pública. Sólo se harán públicos los resultados de las revisiones que al efecto proponga o recomiende la subcomisión que se lleven a cabo, así como de las acciones de seguimiento que se hagan de las observaciones o recomendaciones derivadas de las revisiones, previo conocimiento y aprobación de la comisión.
Artículo 21. Las personas que, por razón de su función, tengan acceso a la información o documentación que esté bajo la responsabilidad de la Subcomisión, deberán guardar la reserva indispensable si dicha información o documentación está clasificada como reservada, o que, por disposición legal, sea de las que deban mantenerse en secreto, o de uso restringido.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara.
Segundo. La vigencia del presente acuerdo lo será hasta el término de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, cuando se declare disuelta la subcomisión o cuando se agote el objeto de su creación.
Dado en la Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 18 días de mes de octubre de2001.— Diputados: Manuel Galán Jiménez, presidente; Francisco Cárdenas Elizondo, José María Eugenio Núñez Murillo, Amado Olvera Castillo, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Antonio Arévalo González y José Narro Céspedes, secretarios.
LA PRESIDENTA: De enterado
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EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Comunicación de la Mesa Directiva sobre informes de actividades y programas de trabajo de Comisiones).
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la mesa directiva.— Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Presente.
Esta Presidencia ha recibido informes y programas de trabajo de las siguientes comisiones.
Informe se actividades
Comisión Periodo de informe
Participación Ciudadana marzo-agosto 2001
Defensa Nacional marzo-agosto 2001
Bicamaral del Canal de Televisión septiembre-agosto 2001
Del honorable Congreso de la Unión
Desarrollo Social marzo-agosto 2001
Programas de Trabajo
Periodo del Programa
Pesca 2000-2003
Bicamaral del Sistema de Bibliotecas 2001-2003
Lo que comunico a ustedes, para que lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 29 de 2001.— Diputada Beatriz Paredes, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
LA PRESIDENTA: Túrnense los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los trabajos legislativos, y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
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EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
La Mesa Directiva comunica al Honorable Pleno de la H. Cámara de Diputados el lamentable fallecimiento de nuestro compañero Héctor de Antuñano, el pasado jueves 25 de octubre.
Don Héctor de Antuñano, formo parte del valioso equipo de apoyo de ésta Cámara de Diputados, de ese grupo de funcionarios que con eficacia y modestia, con calidad y pasión por el Poder Legislativo realizan tareas sustantivas del trabajo parlamentario, constituyéndose como un soporte esencial al desempeño de nuestra institución y a las funciones de los legisladores.
Por muchas razones, Héctor de Antuñano fue un hombre singular. Su sentido del humor, su solemnidad, su vocación por la literatura y la historia parlamentaria, su paso por el Deporte Nacional, la Charrería, donde mereció reconocimiento y respeto.
Desde aquí, quienes fuimos testigos o compañeros en el trabajo cotidiano, saludamos su responsabilidad y entrega.
Que descanse en paz.
HECTOR MANUEL DE ANTUÑANO Y LORA
Actividades dentro de la Cámara de Diputados:
·
L Legislatura, Asesor de la Primera Comisión Dictaminadora del Colegio Electoral.·
L Legislatura, Asistente Parlamentario de la Presidencia de la Gran Comisión·
LI Legislatura, Director de los Talleres Gráficos·
LII Legislatura, Investigador y Paleógrafo de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Legislativas·
LIII Legislatura, Colaborador de la Dirección General de Comunicación Social·
LIII Legislatura, Jefe de Departamento de Crónica Parlamentaria·
LIV y LV Legislaturas, Director del Diario de los Debates·
LV, LVI, LVII y LVIII Legislaturas, Director General de Crónica Parlamentaria.Publicaciones editadas por la Cámara de Diputados:
·
La Constitución al Alcance de los Niños, LII Legislatura·
Cronología de los Gobernantes de México, en la Colección Documentos para la Historia, LVI y LVII Legislaturas·
Voces, pequeña colección de ideas para mejorar la forma del uso del español, Comité de Comunicación Social, LVII Legislatura.·
Normas Mínimas de Redacción para oficios, actas e informes, LVIII Legislatura.Falleció el pasado 25 de octubre de 2001.
LA PRESIDENTA: Solicito atentamente a las ciudadanas y ciudadanos diputados, tengan la gentileza de ponerse de pie para brindar un minuto de silencio en homenaje a don Héctor de Antuñano.
(Minuto de Silencio)
LA PRESIDENTA: Gracias.
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EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Oficio de la H. Cámara de Senadores)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presente.
Me permito informarles que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, el senador José Carlos Cota Osuna, a nombre de diversos integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 24, 25, 136 y 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Esta Presidencia dictó el siguiente trámite: "Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, inciso h de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase a la Cámara de Diputados", misma que se anexa.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 23 de octubre de 2001.— Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona las fracciones XXIV y XXV al artículo 24; reforma la fracción XXI al artículo 25; reforma la fracción XX y adiciona la fracción XXI y XXII al artículo 136 y reforma la fracción XV del artículo 137 todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Los suscritos senadores de la LVIII Legislatura de Congreso de la Unión, miembros de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional e integrantes de la Comisión de Turismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II y 73 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en el artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa que adiciona las fracciones XXIV y XXV al artículo 24; reforma la fracción XXI, al artículo 25; reforma la fracción XX y adiciona la fracción XXI y XXII al artículo 136 y reforma la fracción XV al artículo 137 todas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con base en la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A nivel mundial, el turismo es una actividad líder, se trata de un sector en el cual participan directa o indirectamente el transporte, la hotelería, los servicios de alimentación, el ramo del entretenimiento, la industria de la construcción, las agencias de viajes y las comunicaciones, entre otras.
Es uno de los sectores más dinámicos del mundo, con un crecimiento sostenido de 7% en promedio anual, con una derrama superior a los 455 mil millones de dólares, generando empleo a más de 230 millones de personas, participando con alrededor del 12% del total de inversiones en el mundo y una cifra equivalente en el producto mundial bruto.
En el ámbito económico, el turismo y la rama restaurantera incide en cuatro valiosas aportaciones:
Generadores permanentes de empleos;
Captadores de divisas;
Promotores del desarrollo regional;
Redistribuidores del ingreso nacional.
En México la actividad turística es la tercera fuente captadora de divisas, siendo superada sólo por la maquila y el petróleo. Es importante resaltar que los restaurantes y hoteles general el 35.4% del PIB turístico de México.
Los restaurantes forman parte de la industria turística que como se mencionó ha cobrado una relevancia sin precedentes en la última década. Ha sido tal el crecimiento y desarrollo del sector turístico, que nuestro país capta muy importantes recursos por este concepto.
El sector restaurantero forma parte de la cadena que apoya a la industria turística, contribuyendo con ello a fortalecer un sector considerado hoy una prioridad nacional.
En este contexto el sector restaurantero se enfrenta en un gran reto, redoblar los esfuerzos en materia de servicios turísticos a través de acciones agresivas y firmes que promuevan de manera integral y competitiva a México en los mercados nacional e Internacional.
Los consumos en restaurantes son importantes para el desarrollo de las actividades económicas de diversos sectores de la sociedad, los cuales no pueden prescindir de este servicio en virtud de que les ahorra tiempo que aprovechan en el desarrollo de sus actividades productivas.
La importancia del sector restaurantero en nuestro país es significativa. A nivel nacional hay 221 mil 427 restaurantes, de los cuales el 96% es un segmento tradicional y el restante 4% es un segmento organizado. También este sector genera ventas anuales por 14 mil 520 millones de dólares, contribuye con el 3% del valor de la producción nacional, genera un millón 450 mil empleos directos e indirectos y capta el 28% de cada dólar gastado por los turistas nacionales y extranjeros.
Por otro lado los servicios proporcionados por los restaurantes son una actividad económica que debe contemplar la simetría fiscal de acumulación y deducción a fin de que sea equitativo y proporcional como lo señalan el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Desde 1990, año en que el Congreso de la Unión por iniciativa de la Secretaría de Hacienda, determinó modificar la ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminando la deducibilidad de los alimentos en restaurantes, se registró un impacto negativo importante en el empleo que genera la industria restaurantera.
Asimismo, los trágicos acontecimientos ocurridos en Estados Unidos y la difícil situación económica mundial, han ocasionado que se registren en el sector turístico y por lo consiguiente en el sector restaurantero indicadores que muestran la grave crisis por la que atraviesan estas ramas de la economía.
De esta manera, al permitir la deducibilidad del Impuesto Sobre la Renta en los consumos en restaurantes, cuando se trate de comidas de negocios, como prestación a los trabajadores, siempre y cuando se realicen en días hábiles y se pague con cheques nominativos, tarjetas de crédito o vales de restaurantes, la industria restaurantera crecería adicionalmente un 15%, generando de inmediato 80 mil fuentes de trabajo e impactando aceleradamente en el proceso de consolidación relativo a la generación de empleos dado que se cuenta con capacidad instalada, por lo que la generación de estos empleos no requiere de maduración de las inversiones en activos fijos, sino que sería inmediata.
Con esta medida, no se pugna por la inequidad, por el contrario, demanda la restitución de un legitimo beneficio para todas las empresas, los profesionistas y personas físicas con actividad empresarial, es decir, para todos los contribuyentes, y cuya eliminación ha afectado injustamente a terceros: al sector restaurantero y las ramas productivas relacionadas con éste.
Asimismo, en la legislación fiscal internacional se reconoce la naturaleza de este tipo de gastos, como es el caso de nuestros socios comerciales en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En Estados Unidos y Canadá estos gastos si son deducibles para efectos impositivos.
Para contribuir a la reactivación económica de la planta productiva nacional y ,de la industria turística y restaurantera, es que se propone establecer en la Ley del Impuesto Sobre la Renta la deducibilidad de estos consumos, considerando que los contribuyentes en general, pero particularmente los industriales, comerciantes y profesionistas con actividad empresarial, realizan gastos necesarios para su actividad.
La presente reforma tiene como objetivo hacer deducibles los gastos de consumos en restaurantes y el consumo de alimentos como prestación de las empresas a sus empleados siempre y cuando el consumo se haga en los días que la legislación mexicana contempla como hábiles.
Algunos otros requisitos que deben tenerse en consideración para aplicar la deducción del consumo en restaurantes son: que dentro de los gastos en comedores propiedad del contribuyente, éstos se encuentren a disposición de todos los trabajadores, siendo esta disposición de observancia general, el gasto causado no exceda del monto de un salario mínimo general vigente del área a la que pertenece el contribuyente por cada trabajador que haga uso del servicio y que el monto máximo de la deducción no exceda del dos por ciento de los ingresos acumulables del contribuyente durante el ejercicio; excluyendo del incentivo a los gastos causados por estudios de calidad de alimentos realizados en los comedores de la empresa.
Que no exista la deducción a los gastos provenientes de bares.
Que se deduzcan exclusivamente los consumos cuyo pago se realice con cheque nominativo, tarjeta de crédito o vales de restaurantes.
Por las razones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa:
Articulo único. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 24; se reforma la fracción XXI al artículo 25; se modifica la fracción XX para quedar como fracción XXII, creándose una nueva fracción XX y se adiciona una fracción XXI al artículo 136 y se reforma la fracción XV del artículo 137, todos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este artículo deberán reunir los siguientes requisitos:
Fracciones I a la XXIII...
XXIV. Los consumos en restaurantes, cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Que constituyan comidas promociónales de negocios o como prestación a trabajadores.
b) Que se realicen durante los días contemplados en la legislación de la materia como hábiles.
c) Que cumplan los requisitos de la fracción III de este artículo o se paguen con tarjeta de crédito del contribuyente o de la persona que realizo el consumo, con cheques nominativos o con vales de restaurantes.
d) Que el monto máximo de esta deducción no exceda del 2% de los ingresos acumulables del. contribuyente en el ejercido fiscal que corresponda.
XXV. Tratándose de gastos en comedores propiedad del contribuyente, deberán reunirse los siguientes requisitos:
a) Que estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa.
b) Que el gasto no exceda al monto equivalente a un salario mínimo general vigente dentro del área geográfica que corresponda al contribuyente para cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que se preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.
El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son, el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 25. No serán deducibles:
I a la XXI. Los consumos en bares.
XXII a la XXV...
Artículo 136. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
I a la XIX...
XX. Los consumos en restaurantes cuando reúnan los siguientes requisitos:
a) Que el gasto derive de consumos de comidas promociónales o de negocios y como prestación de las empresas a sus trabajadores.
b) Que se realicen durante los días que la legislación de la materia estipule como hábiles.
c) Que cumplan con los requisitos de la fracción IV de este artículo o se paguen con tarjeta de crédito del contribuyente, cheque nominativo o vales de restaurante.
d) Que el monto máximo de la deducción no exceda del 2% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio fiscal que corresponda.
XXI. Tratándose de gastos en comedores propiedad del contribuyente se deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Que estén a disposición de todos los trabajadores de la empresa.
b) Que no excedan del monto equivalente a un día de salario mínimo general vigente para el área geográfica que corresponde al contribuyente para cada trabajador que haga uso de los mismos y por cada día en que éste preste el servicio, adicionado con las cuotas de recuperación que pague el trabajador por este concepto.
El límite que establece esta fracción no incluye los gastos relacionados con la prestación del servicio de comedor como son el mantenimiento de laboratorios o especialistas que estudien la calidad de los alimentos servidos en los comedores a que se refiere el párrafo anterior
XXII. Para los efectos del capítulo IV, será aplicable lo dispuesto en las fracciones II, III, VIII, XI y XIII, del artículo 24 de esta ley.
Artículo 137. No serán deducibles:
I a XIV...
XV. Los consumos en bares.
XVI a XIX...
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México D. F. a 32 de octubre de 2001.— Firman los senadores: José Carlos Cota Osuna, Addy Joaquín Coldwell, Lauro Díaz Castro, Eduardo Ovando Martínez, Héctor Vicario Castrejón, Silvia Hernández Enríquez, Fernando Gómez Esparza, Martha Sofía Tamayo Morales, Gustavo A. Calderón, Joaquín A., Orlando A. Paredes Lara Y Roberto Cruz de la O.
LA PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de coordinación para el desarrollo social.
EL C. DIP. NARCISO ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, ciudadana Presidenta; compañeras y compañeros diputados: El suscrito integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en representación de los diputados que suscriben esta propuesta y con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Fracción II del Artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA con Proyecto de Decreto que adiciona los Artículos 73, Fracción 29-D y 115 Fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Considero que los desafíos que enfrentamos reclaman...
(Leyó la iniciativa, insértese)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
El suscrito, diputado Alberto Amador Leal integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73 fracción XXIX-D y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EXPOSICION DE MOTIVOS
Considero que los desafíos que enfrentamos reclaman una Reforma del Estado dirigida, tanto a su propia estructura y a sus relaciones entre los órganos y órdenes de Gobierno que lo componen, como a su papel en la economía y destacadamente, en el desarrollo social. Lo idóneo a mi juicio, sería partir de una Reforma integral de la Constitución General de la República. En la medida que no se ha dado el momento político para este hecho estamos obligados a presentar iniciativas parciales de reforma a nuestra Carta Magna que, por las propias razones que la sustentan, impulsarán seguramente los consensos y los acuerdos fundamentales para el cambio político y social a que todos aspiramos.
El proyecto nacional contenido en la Constitución General de la República entraña un compromiso irrenunciable con la igualdad y la justicia social. Los derechos sociales, garantizados en los artículos 2o., 3o., 4o., 27 y 123, son conquistas que han marcado el perfil económico y social de la nación y que dan sentido al esfuerzo colectivo de muchas generaciones.
La consecución de los derechos fundamentales en materia de educación, salud, trabajo, salario,. vivienda que se inscriben en una concepción universal, que al principio parecía irrealizable, se han venido concretando al amparo de las leyes reglamentarias que el Congreso de la Unión ha dispuesto, así como por la renovación permanente del pacto social; del Estado con la sociedad y del pacto federal; de la Federación con los estados y los municipios.
El problema social tiene varias dimensiones, a saber: el de la desigualdad en la distribución del ingreso, del consumo o de la riqueza; el de la desigualdad entre los géneros o grupos de la población excluidos del desarrollo; el de los desequilibrios regionales; el de la pobreza moderada que se expresa como una situación relativa en los niveles de vida de las personas y las familias; y el de la pobreza extrema que se entiende como una situación económica absoluta de las personas y las familias que materialmente carecen de condiciones para superar los indicadores de bienestar que caracteriza su vida diaria.
En todo caso, resolver cualesquiera de estas expresiones de injusticia entraña un verdadero compromiso de todos, un enfoque integral y una visión de Estado, capaz de armonizar las estrategias económicas y sociales, de tal manera que ambas contribuyan al bienestar y al equilibrio social.
Ciertamente, el crecimiento económico es indispensable para crear las bases materiales del desarrollo social, pero no es suficiente para combatir las desigualdades y mitigar la pobreza extrema. Tampoco son suficientes los servicios y acciones del Gobierno de alcance general, para dar cauce a la satisfacción de los derechos sociales universales, dado que aún existiendo la disposición de tales servicios como la educación o la salud, hay grupos de familias que no pueden acceder a esos beneficios. Tal es la complejidad de los fenómenos de pobreza extrema, marginación y exclusión social, que estructuralmente enfrentan la economía y la sociedad mexicanas.
La reforma de la economía promovida a inicios de los años ochenta o que un grupo importante de la sociedad, el evidencia que no ha tenido oportunidades de desarrollo, no estuvo en posibilidad de aprovechar los beneficios del crecimiento. Además, la presencia de crisis recurrentes hicieron que el costo de la crisis ampliara las brechas entre los niveles de ingreso, consumo y de riqueza y, por tanto extendiera el fenómeno de la pobreza.
De ahí que en la última década, se ha propiciado un conjunto de modificaciones a las políticas públicas., en materia de desarrollo social y descentralización, que impactan significativa mente los instrumentos para atacar el fenómeno pernicioso de la pobreza. Al mismo tiempo, se ha avanzado en una concepción integral que reconoce que, para superar este obstáculo, es indispensable un enfoque multidimensional que aborde, al mismo tiempo, los problemas de alimentación., salud y educación; de productividad e ingreso; y de acceso a los servicios básicos.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1996, por primera vez se estableció que el 65% de los recursos de¡ entonces denominado ramo 26 (Desarrollo Social y Regional) se distribuyera a través del Fondo de Desarrollo Social Municipal con base a una fórmula que contempló indicadores de pobreza de cada entidad federativa. A efecto de asegurar una distribución justa y equitativa y un mecanismo transparente y auditable, se aplicaron fórmulas similares de asignación de recursos de los estados a los propios municipios.
En noviembre de ese mismo año, como parte del Programa Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, el Gobierno Federal sometió a consideración de esta Asamblea, en el proyecto de decreto del Presupuesto para el ejercicio de 1997, una estrategia de tres vertientes para superar la pobreza:
A) El Programa de Educación, Salud y Alimentación, como un esfuerzo para romper el círculo de la pobreza extrema, caracterizado por la desnutrición, los altos índices de mortalidad infantil, el abandono escolar y, en general., condiciones de vida insalubres.
B) La creación de oportunidades de empleo e ingreso que permitan aprovechar las capacidades personales y acrecentar el capital físico y social de las familias; y
C) La construcción de infraestructura social para abatir de los rezagos en materia de servicios de agua potable, drenaje, salud, educación y vivienda.
En los últimos meses de 1997 inició el Programa de Educación, Salud y Alimentación integrado por un conjunto de apoyos directos, as¡ como con una transferencia monetaria que incentiva la permanencia de !os niños y las niñas en las escuelas.
En el decreto que autorizó el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998 y en la Ley de Coordinación Fiscal, esta Asamblea aprobó una modificación decisiva en la descentralización de los recursos incorporando el ramo 33 denominado Aportaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios por medio del cual se transfirieron a los estados, municipios y al D. F., significativos rubros del Gasto Social de Educación, Salud, Alimentación, Infraestructura Social, Desarrollo Regional y Seguridad. La transferencia de estos recursos fue a través de la figura de aportaciones federales que, a diferencia de las participaciones, tiene un destino específico para otorgar a la ciudadanía la provisión de los servicios ligados a estos recursos, así como una asignación más o menos clara de las responsabilidades para cada nivel de Gobierno en la ejecución, vigilancia y rendición de cuentas de dichas aportaciones, tal y como a partir de ese año se establece en la Ley de Coordinación Fiscal.
En el Presupuesto de Egresos y en la Ley de Coordinación Fiscal de los años subsecuentes, se han ampliado y consolidado, tanto la estrategia de la superación de la pobreza, como la de descentralización de recursos a estados y municipios. A la vez, las reglas de operación para el conjunto de programas sociales implicados en el presupuesto, incluyendo los de alimentación, han avanzado en la definición de la población beneficiaria de las transferencias monetarias o en especie, en la transparencia y en las acciones coordinadas de los tres órdenes de Gobierno.
Sin embargo, debemos reconocer que la multiplicidad de programas y el acelerado proceso de descentralización han dejado vacíos jurídicos e institucionales que pudieran constituirse en obstáculos para el propósito final de ampliar los horizontes de progreso y de oportunidades para todos los mexicanos.
Por un lado, en la Ley de Coordinación Fiscal se han incluido criterios de asignación de recursos que son propios de la naturaleza de esta ley en el marco de un federalismo fiscal que aspira a consolidarse. A la vez, se han incluido criterios de carácter social que por el origen fiscal de ese ordenamiento secundario, han resultado francamente limitados. Se ha puesto, así, en evidencia la necesidad de una Ley de Coordinación en materia de Desarrollo Social más apropiada para establecer las normas, los criterios y las competencias institucionales que hagan posible la integridad y eficacia del conjunto de programas sociales aludidos. Así también, las disposiciones del decreto del Presupuesto de Egresos son insuficientes ya que las modificaciones anuales están sujetas a la percepción coyuntural de los responsables de construir la propuesta de presupuestos o de los actores con capacidad de negociación que promueven, como es natural, intereses sectoriales o regionales específicos.
Por otro lado, las reglas de operación de los programas que siguen siendo responsabilidad de la Federación y las que son establecidas por los gobiernos de los estados, dejan espacios abiertos a la discrecionalidad, de tal manera que son comunes las diferencias entre gobiernos municipales y estatales, y de estos con la Federación, lo que finalmente deviene en ineficiencia e ineficacia en la aplicación del gasto que finalmente afecta a la población de bajos ingresos.
En este marco, la diputada Clara M. Brugada Molina, del grupo parlamentario del PRD, presentó el 27 de abril del 2000 una iniciativa Ley General de Desarrollo Social que intenta ser una alternativa para el problema en comento. El dictamen sobre dicha Iniciativa, turnada a la Comisión de Desarrollo Social, ha tenido obstáculos, por la propia complejidad del tema, además de que se requiere delimitar su ámbito de aplicación, en la medida que existen ya ordenamientos reglamentarios respecto de los derechos de educación, vivienda y salud, lo que deviene en dudas fundadas respecto a la pertinencia del actual marco constitucional sobre la materia.
Por otro lado, en este lapso se ha avanzado en las reformas constitucionales a los artículos 2o., que garantiza los derechos de las comunidades indígenas; 4o., que establece, entre otros, el derecho de las niñas y los niños a la alimentación, la educación y la salud, y se han presentado sendas iniciativas para ampliar el objeto de este artículo en materia de alimentación, así como del artículo 30 para hacer obligatoria la educación preescolar. Destacadamente, las reformas a la Constitución en materia de derechos y cultura indígena imponen un conjunto de obligaciones en torno a los programas sociales y a la urgencia de materializar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno en las acciones concretas para construir una propuesta integral de desarrollo social en las comunidades indígenas.
Considerando, además, que la mayoría de las fracciones parlamentarias tienen en su Agenda Legislativa, la intención de promover una Ley sobre el Desarrollo Social es pertinente promover adiciones a los artículos 73 y 115, en el afán de crear el marco constitucional pertinente del que derive una ley secundaria que establezca las bases de coordinación de las acciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de Desarrollo Social para la superación de la pobreza y la marginación.
En consecuencia de lo anterior, propongo a esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 73 fracción XXIX-D y 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Artículo primero. Se adiciona el artículo 73 fracción XXIX-D, en los siguientes términos:
Artículo 73. . .
XXIX-D. Para expedir leyes, sobre planeación nacional del desarrollo económico y social; así como para establecer las bases de coordinación de las acciones concurrentes de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en los programas de Desarrollo Social para la superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social.
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 115 fracción V, en los siguientes términos:
Artículo 115.
V. . .
j) Participar, conjuntamente con la Federación y los Estados, en la formulación y ejecución de los programas de desarrollo social para la superación de la pobreza, la marginación y la exclusión social.
ARTICULO TRANSITORIO
Úico. Las presentes reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión social es un imperativo ético de la sociedad, es una obligación del Estado y una tarea que no admite demoras ni vacilaciones.
Mucho agradeceré se dé turno a las comisiones de Puntos Constitucionales y, en lo conducente, a la Comisión de Desarrollo Social.
Atentamente.
Palacio Legislativo, San Lázaro, a 25 de octubre de 2001.— Diputado Narcizo Alberto Amador Leal.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, y para efecto de su conocimiento, a la Comisión de Desarrollo Social.
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Tiene la palabra el ciudadano Germán Arturo Pellegrini Pérez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una Iniciativa de Reformas al Artículo 7º. De la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
EL C. DIP. GERMAN ARTURO PELLEGRINI PEREZ: Gracias, señor Presidente. Los suscritos diputados de diversos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 71 Fracción II, 72 y 73 Fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Ley conforme a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestra Bandera, Escudo e Himno Nacionales, son la ...
(Leyó la Iniciativa, insértese)
INICIATIVA De reformas a ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional en su artículo 70 presentada por el diputado Germán Arturo Pellegrini Pérez.
Los suscritos diputados de diversos grupos parlamentarios de Acción Nacional de esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, de conformidad con lo, dispuesto por los artículo 71, fracción II, 72 y 73 fracción XXIX13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta honorable Asamblea la presente iniciativa de ley, conforme a lo siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
Es una obligación de todo mexicano y mexicana mostrar respeto a los símbolos patrios, y considerarlos como un realidad viva, con tradición propia, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos, y con un claro destino: la cohesión de los mexicanos.
Nuestra Bandera, Escudo e Himno nacionales son la representatividad generalizada, no sólo de los mexicanos como individuos, sino de una nación con un pasado glorioso y un futuro con esperanza.
El 24 de febrero de 1821, el mismo día en que se proclamó el Plan de Iguala, por encargo de Agustín de Iturbide se terminó de confeccionar la primera Bandera Nacional, que sería la de las tres garantías. No obstante por falta de un ordenamiento preciso se originaron discrepancias en la disposición de los colores. El 2 de noviembre de 1821 los colores de la Bandera se usaron en distinto orden, por lo que la junta provisional gubernativa dispuso que las franjas de la enseña patria fueran verticales con los colores verde, blanco y rojo, con un águila en la franja del centro que tuviera la cabeza coronada y estuviera parada sobre un nopal.
Al adoptar nuestro país un régimen republicano de gobierno, en 1823, el Congreso Constituyente decretó que la bandera oficial debería tener tres franjas verticales, verde, blanca y roja, llevar un águila sin corona y con ramas de encina y laurel en la parte inferior.
Estos elementos de la Bandera se han conservado, aunque la imagen del águila que lleva en la franja del centro siguió sufriendo distintas modificaciones.
Cuando Venustiano Carranza tomó el mando en el país después. de derrotar al usurpador Victoriano Huerta, decidió rescatar los elementos indígenas que componían originalmente el escudo nacional, por lo que el 20 de septiembre de 1916 expidió un decreto en el que se estipuló que el águila debería ser representada de perfil izquierdo, estar parada sobre un nopal que brota de una peña rodeada de agua y tener ramas de encina y laurel en la parte inferior. Los decretos de Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, sobre la disposición de la bandera y su uso representaron, con algunas variaciones, el expedido por el presidente Carranza.
Como se puede observar, nuestra bandera y escudo nacionales han sufrido diversas transformaciones; sin embargo, siempre se han conservado los colores tradicionales de nuestra enseña nacional.
Actualmente, nuestra Bandera Nacional es rectangular y está dividida de manera vertical en tres partes iguales. Sus colores a partir del asta son verde, blanco y rojo, llevando sobre la franja blanca el escudo nacional con los elementos que lo constituyen.
Los colores de nuestra Enseña Nacional representan el alma de nuestro país ya que con el verde se simboliza la esperanza del pueblo en el destino de su raza, con el blanco la pureza de los ideales que la animan y con el rojo, la sangre que los mártires han derramado por su patria. Unidad, Religión y Libertad.
Por ello, el uso de los colores de la Bandera Nacional no debe hacerse como distintivo personalizado, ya que, lo que este símbolo representa, esta por encima de cualquier división de las corrientes que integran nuestro país; sobre todo en materia electoral, marco de ejercicios democráticos de todos los ciudadanos, en los cuales no debe influir ningún tipo de sentimentalismo.
Es un hecho notorio que el utilizar la combinación de colores de nuestro lábaro patrio para fines distintos a los que la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional establece es una evidente violación a la misma.
Acción Nacional, que siempre se ha mostrado respetuoso de los símbolos patrios, hoy reitera su posición y pugna por que el respeto a las disposiciones que los regulan sean observadas por todos los sectores de la sociedad sin excepción y coincidimos plenamente con los argumentos esgrimidos por nuestro compañeros legisladores que suscriben esta iniciativa, en el sentido de que el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales son los símbolos patrios de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben preservarse de mistificaciones y alteraciones para que puedan afirmar definitivamente su respetabilidad y permanencia.
Hoy, nos toca el tumo a los diputados de ésta legislatura, insistir en el tema, en aras de una real y auténtica democracia; es nuestra responsabilidad pugnar por crear condiciones legales justas para evitar la confusión entre emblemas o signos partidistas con los símbolos patrios, que deben identificar no sólo a un sector o una parte de los mexicanos y sus convicciones, sino a toda la nación, y por ende, a todos los mexicanos.
Por ello, es que la presente iniciativa pretende reformar el primer párrafo y adicionar uno segundo al artículo séptimo de la Ley Sobre el Escudo, La Bandera y el Himno Nacionales, para que además de la prohibición de hacer cualquier otra inscripción en la Bandera Nacional que no sea con la finalidad de contribuir al culto de este símbolo, se prohíba estrictamente que cualquier corriente, partido o agrupación política haga uso de la combinación de los colores de la Bandera Nacional en sus emblemas o propaganda.
En este sentido cabe destacar que el espíritu que dio origen a esta Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional expedida en 1984 no fue otra que la de velar por el respeto y veneración de nuestros símbolos patrios inspirados por el poder conciliador de nuestra Bandera, Escudo e Himno por las acciones nacionalistas y patrióticas que impulsan, y que han sido, son y serán transmisibles a todos los ámbitos de la vida nacional, otorgando el marco legal de las manifestaciones sociales que se producen para honorarios.
En tal virtud debemos como legisladores velar por el interés público de todos los ciudadanos atendiendo el contexto sociopolítico actual haciendo a un lado intereses particulares y discusiones bizantinas que únicamente merman nuestra imagen como representantes de la nación.
Por lo anteriormente expuesto, se propone el siguiente:
DECRETO
Por el que se reforma la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales para quedar como sigue:
Artículo único: Se reforma el párrafo único y se adiciona un párrafo segundo al artículo 7º. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para quedar como sigue:
Artículo 7o.
Previa autorización de la Secretaría de Gobernación las autoridades, las instituciones o agrupaciones y los planteles educativos, podrán inscribir en la Bandera Nacional sus denominaciones, siempre que esto contribuya al culto del símbolo patrio
Queda prohibido a todo partido político o agrupación política, utilizar en cualquier forma la combinación de los colores de la Bandera Nacional en sus emblemas y propaganda, así como hacer cualquier otra inscripción en la Bandera Nacional.
ARTICULO TRANSITORIO.
Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Diputados: Enrique Villa, Germán Arturo Pellegrini Pérez, Fanny Arellanes Cervantes, Gurmencindo Alvarez Sotelo, Arcelia Arredondo García, Beatriz Grande López, José Rivera Carranza, Ricardo Torres Origel, Félix Salgado Macedonio, Gin Andrea Cruz Blackledge, Félix Castellanos Hernández, Arturo Escobar y Vega.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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Tiene la palabra el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias presidente: El principio de supremacía constitucional, corresponde a la noción de democracia organizada y supone las ideas…
(LECTURA. INSERTESE)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México.
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución de cualquier Estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la satisfacción de las condiciones mínimas de vida y en el fomento de actividades realizadas por los sectores público, privado y social, orientadas al desarrollo de las personas que integran la comunidad que conforma al Estado.
De igual forma, la función medular del Poder Legislativo es la elaboración de las leyes generales, abstractas e impersonales encaminadas a procurar el bienestar de la sociedad a través de la regulación de conductas y actividades de una sociedad. En lo que se refiere a las materias señaladas en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, atienden, básicamente, a la soberanía nacional en lo exterior, así como al desarrollo de la Federación en lo interior, esto es, se concede al Congreso de la Unión facultad para legislar en todas aquellas materias que son esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país.
Con esto en mente, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México,,estamos preocupados por que nuestra Constitución asegure las medidas adecuadas para lograr un desarrollo sustentable.
De esta manera, y en términos de las fracciones VII y XXX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación; establecer ingresos por concepto de todo un ejercicio o parte de él y por otro lado también tiene atribuciones para expedir todas las leyes que sean necesarias con la finalidad de hacer efectiva dicha facultad.
El carácter de las disposiciones referentes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, permiten a nuestro gobierno poder realizar la prevención necesaria para el financiamiento de sus proyectos y programas encaminados a cumplir las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, el artículo constitucional 73, fracción XXIX apartado quinto, faculta al Congreso para establecer impuestos especiales sobre producción y servicio, con lo cual se especifica de manera puntual sobre lo que se pueden fijar ciertas contribuciones. Esto, nos obliga a nosotros los legisladores asentar el tipo de producto o servicio que será gravado, en aras de obtener un beneficio para la nación mexicana.
Por ello, la soberanía fiscal depositada en el Congreso de la Unión, no debe soslayarse, sino al contrario, impulsar una adecuada fiscalización, sobre todo en aquellos productos que al gravarse crearían condiciones que limitarían su uso o propiciarían un manejo adecuado y responsable de los mismos. Por otro lado, se impulsaría el fomento de alternativas menos dañinas al medio ambiente como lo son las sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables, las cuales, aún en muy bajas concentraciones, causan diversos efectos en la salud humana y en el ambiente.
Los criterios en los que se basa la identificación de una sustancia como tóxica, persistente y/o bioacumulable son:
I. Que sea predominantemente de origen antropogénico: es decir, las sustancias generadas por el hombre a través de cualquiera de las modalidades de síntesis o fabricación; si se trata de una sustancia que se encuentra normalmente en la naturaleza, como los metales y que sean liberadas al ambiente.
II. Que sea tóxica: para este efecto, se considerará como tóxica una sustancia que, además de haber sido identificada como tal a nivel nacional e internacional por su capacidad de producir efectos adversos en los organismos vivos, esté presente en el territorio nacional en concentraciones que constituyan o puedan constituir un riesgo para la población y los ecosistemas. Desde esta perspectiva, riesgo se define como la probabilidad de que se produzcan efectos adversos en la población y los ecosistemas como resultado de la exposición a tales sustancias.
III. Que sea persistente: esto implica que la sustancia tenga una vida media en el ambiente igual o superior a: dos días en aire, seis meses en agua, un año en sedimentos, seis meses en suelo, o que exista evidencia de su movilización a largas distancias.
IV. Que sea bioacumulable: lo cual significa que tendrá un factor de bioacumulación o bioconcentración igual o superior a 5 mil y un cociente de reparto octanol/agua igual o superior a cinco.
Las sustancias y productos químicos se rigen por una serie de leyes y reglamentos coincidentes en sus disposiciones, y caen bajo la jurisdicción de seis dependencias reguladoras. Como resultado, el marco jurídico que norma a las sustancias químicas continúa siendo uno de los aspectos más complicados y con frecuencia confusos, del derecho ambiental en México.
Los dos cuerpos normativos más importantes que rigen las sustancias y productos químicos son la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, en conjunto, estipulan las definiciones de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, establecen un régimen de registro, licencia y permiso para plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, además de proveer normas para el etiquetado de sustancias químicas.
En virtud del número de leyes y dependencias que regulan a las sustancias químicas, en 1987 se creó la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias tóxicas (Cicloplafest). Integrada por representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Salud. La Cicoplafest tiene las siguientes responsabilidades:
1. Administrar un procedimiento uniforme para toda licencia, registro y permiso del uso, aprovechamiento, distribución, almacenamiento, comercialización, exportación o importación de sustancias químicas;
2. Establecer inventarios integrados cuantitativos y cualitativos de todas las sustancias químicas que se utilicen o importen a México;
3. Participar en la elaboración y promulgación de NOM que regulen las sustancias químicas consistentes con las normas de protección a la salud pública y el ambiente;
4. Participar en estudios e investigaciones científicas y jurídicas sobre sustancias químicas para efectuar recomendaciones de tal naturaleza relacionadas con la regulación, restricción o prohibición de dichas sustancias; crear, a través de las facultades reguladoras de las cuatro secretarías integradas, catálogos oficiales de sustancias químicas registradas y autorizadas para su uso en México, incluyendo la información sobre sus principales características químicas, procedimientos para su uso o aplicación, riesgos relacionados, así como cualquier otra información de seguridad necesaria.
De acuerdo con la Instrucción de sustancias químicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1988, debe presentarse información de las sustancias tóxicas, similar al requerido en, el registro de nuevos » plaguicidas, ante la Cicloplafest. Sin embargo, esta última aún debe elaborar un catálogo oficial de sustancias tóxicas registradas. Actualmente no existen requisitos de revisión previa a la manufactura para el uso, fabricación o distribución de sustancias tóxicas nuevas.
De igual forma, otro aspecto importante que amenaza al bienestar ecológico de. nuestro país, es la desregulación desmedida de nuestro mercado a través de acuerdos internacionales que procuran muy pocos lineamientos encaminados -a un desarrollo sustentable y que provocan la inundación de productos nocivos a nuestro país y la restricción, eso sí, de nuestro bienes a otros países por el uso de sustancias tóxicas prohibidas en el exterior y que son usadas aún en México.
Asimismo, las compañías trasnacionales son dominantes en la fabricación y comercialización de productos químicos y otras sustancias que suponen riesgos para la seguridad ocupacional y la salud. Por ello, con la tendencia a los acuerdos de libre comercio", se prevé que el dominio de las trasnacionales se expanda, con una consiguiente disminución de industrias de propiedad estatal y de propiedad de capitales nacionales.
Corresponde entonces considerar la importancia de la implementación de nuevos instrumentos que permitan la restricción y moderación en el uso de ciertos productos que se expanden por todo el mundo pero particularmente a países que tienen mínimos recursos disponibles para la protección ambiental y de los trabajadores.
La experiencia ha mostrado que los enfoques preventivos son mejores, en cuanto a resultados y costos; por lo cual se considera que es más barato prevenir que remediar. La liberación de las sustancias tóxicas al ambiente, ya sea a través de su emisión al aire, de su descarga a los cuerpos de agua, o de la generación de residuos peligrosos es, sin lugar a dudas, un signo de ineficiencia de los proceso productivos. Para atender esta falla e internalizar los costos ambientales, los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acordaron el principio de "quien contamina paga". Este principio sostiene que aquellos agentes económicos que contaminen deberían asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes y servicios contaminantes.
Un instrumento económico utilizado son los límites obligatorios de contaminación, sin embargo, su eficiencia es nula cuando las empresas contaminan hasta el nivel fijado y no se preocupan por alcanzar una mayor productividad, ni por incorporar el daño ambiental en sus costos. Y más aun cuando existe corrupción y es fácil evadir las multas.
Otra manera de aplicar este principio es mediante la incorporación de impuestos a las emisiones. Cuando se aplica un impuesto a las emisiones, las empresas responsables deben pagar por los servicios ambientales prestados de la misma manera en que pagan por todos los demás insumos utilizados en sus operaciones.
Así las empresas comparan al impuesto con los gastos por descontaminar y deciden por sí mismas su nivel de polución. Si a una compañía le resulta relativamente barato descontaminar, el sistema de impuestos le puede llevar en esa dirección. Si es al contrario, adoptará medidas preventivas que eviten tener que pagar impuestos, de esta manera, se reduce la liberación de sustancias en la fuente y se minimiza la generación de residuos, fomentando la adopción de procesos más limpios, así como el reuso, reciclado y recuperación de los residuos químicos.
Los impuestos verdes pretenden disuadir a los sectores industriales y productores, de conductas contaminantes, proteger los recursos afectados por este tipo de impuestos y finalmente mejorar las condiciones de vida de las clases económicamente deprimidas. Con la aplicación de estos impuestos se pretende de alguna forma mejorar los procesos industriales y productivos en general, de manera que se elimine el desperdicio de energía y no simplemente que se trasladen los incrementos en los costos a la población. que es la que sufre más con las actitudes contaminadoras de las empresas.
La presente iniciativa busca otorgar un valor real a los recursos naturales y al medio ambiente, utilizando instrumentos propios de la economía de mercado que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías y la entrada de productos más amables con nuestro entorno natural. Quien invierta en tecnologías limpias y reduzca las emisiones contaminantes, obtendrá ventajas competitivas sobre aquellas que no lo hagan.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un inciso h, a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona un inciso h, a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. . .
I a la XXVIII. . .
XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. al 4o. . .
5o, Especiales sobre:
a) al e) . .
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza y
h) Sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables
ARTICULO TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre del 2001.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Juan Ignacio García Zalvidea, Erika Elizabeth Spezia Maldonado y Concepción Salazar González.
EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Relaciones Exteriores.
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Se pide a la Secretaría dar cuenta de registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.
LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 439 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
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EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado José Antonio Arévalo González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La Constitución de cualquier estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir…
(LECTURA. INSERTESE)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México.
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Constitución de cualquier Estado, como norma fundamental de su quehacer y porvenir, debe basarse en la satisfacción de las condiciones mínimas de vida y en el fomento de actividades realizadas por los sectores público, privado y social, orientadas al desarrollo de las personas que integran la comunidad que conforma al Estado.
De igual forma, la función medular del Poder Legislativo es la elaboración de las leyes generales, abstractas e impersonales encaminadas a procurar el bienestar de la sociedad a través de la regulación de conductas y actividades de una sociedad. En lo que se refiere a las materias señaladas en el artículo 73 de nuestra Carta Magna, atienden, básicamente, a la soberanía nacional en lo exterior, así como al desarrollo de la Federación en lo interior, esto es, se concede al Congreso de la Unión facultad para legislar en todas aquellas materias que son esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país.
Con esto en mente, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México,,estamos preocupados por que nuestra Constitución asegure las medidas adecuadas para lograr un desarrollo sustentable.
De esta manera, y en términos de las fracciones VII y XXX del artículo 73 constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de la Federación; establecer ingresos por concepto de todo un ejercicio o parte de él y por otro lado también tiene atribuciones para expedir todas las leyes que sean necesarias con la finalidad de hacer efectiva dicha facultad.
El carácter de las disposiciones referentes a la Ley de Ingresos y al Presupuesto de Egresos de la Federación, permiten a nuestro gobierno poder realizar la prevención necesaria para el financiamiento de sus proyectos y programas encaminados a cumplir las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Asimismo, el artículo constitucional 73, fracción XXIX apartado quinto, faculta al Congreso para establecer impuestos especiales sobre producción y servicio, con lo cual se especifica de manera puntual sobre lo que se pueden fijar ciertas contribuciones. Esto, nos obliga a nosotros los legisladores asentar el tipo de producto o servicio que será gravado, en aras de obtener un beneficio para la nación mexicana.
Por ello, la soberanía fiscal depositada en el Congreso de la Unión, no debe soslayarse, sino al contrario, impulsar una adecuada fiscalización, sobre todo en aquellos productos que al gravarse crearían condiciones que limitarían su uso o propiciarían un manejo adecuado y responsable de los mismos. Por otro lado, se impulsaría el fomento de alternativas menos dañinas al medio ambiente como lo son las sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables, las cuales, aún en muy bajas concentraciones, causan diversos efectos en la salud humana y en el ambiente.
Los criterios en los que se basa la identificación de una sustancia como tóxica, persistente y/o bioacumulable son:
I. Que sea predominantemente de origen antropogénico: es decir, las sustancias generadas por el hombre a través de cualquiera de las modalidades de síntesis o fabricación; si se trata de una sustancia que se encuentra normalmente en la naturaleza, como los metales y que sean liberadas al ambiente.
II. Que sea tóxica: para este efecto, se considerará como tóxica una sustancia que, además de haber sido identificada como tal a nivel nacional e internacional por su capacidad de producir efectos adversos en los organismos vivos, esté presente en el territorio nacional en concentraciones que constituyan o puedan constituir un riesgo para la población y los ecosistemas. Desde esta perspectiva, riesgo se define como la probabilidad de que se produzcan efectos adversos en la población y los ecosistemas como resultado de la exposición a tales sustancias.
III. Que sea persistente: esto implica que la sustancia tenga una vida media en el ambiente igual o superior a: dos días en aire, seis meses en agua, un año en sedimentos, seis meses en suelo, o que exista evidencia de su movilización a largas distancias.
IV. Que sea bioacumulable: lo cual significa que tendrá un factor de bioacumulación o bioconcentración igual o superior a 5 mil y un cociente de reparto octanol/agua igual o superior a cinco.
Las sustancias y productos químicos se rigen por una serie de leyes y reglamentos coincidentes en sus disposiciones, y caen bajo la jurisdicción de seis dependencias reguladoras. Como resultado, el marco jurídico que norma a las sustancias químicas continúa siendo uno de los aspectos más complicados y con frecuencia confusos, del derecho ambiental en México.
Los dos cuerpos normativos más importantes que rigen las sustancias y productos químicos son la Ley General de Salud y el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios, en conjunto, estipulan las definiciones de plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, establecen un régimen de registro, licencia y permiso para plaguicidas, fertilizantes y sustancias tóxicas, además de proveer normas para el etiquetado de sustancias químicas.
En virtud del número de leyes y dependencias que regulan a las sustancias químicas, en 1987 se creó la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias tóxicas (Cicloplafest). Integrada por representantes de las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Salud. La Cicoplafest tiene las siguientes responsabilidades:
2. Administrar un procedimiento uniforme para toda licencia, registro y permiso del uso, aprovechamiento, distribución, almacenamiento, comercialización, exportación o importación de sustancias químicas;
2. Establecer inventarios integrados cuantitativos y cualitativos de todas las sustancias químicas que se utilicen o importen a México;
3. Participar en la elaboración y promulgación de NOM que regulen las sustancias químicas consistentes con las normas de protección a la salud pública y el ambiente;
4. Participar en estudios e investigaciones científicas y jurídicas sobre sustancias químicas para efectuar recomendaciones de tal naturaleza relacionadas con la regulación, restricción o prohibición de dichas sustancias; crear, a través de las facultades reguladoras de las cuatro secretarías integradas, catálogos oficiales de sustancias químicas registradas y autorizadas para su uso en México, incluyendo la información sobre sus principales características químicas, procedimientos para su uso o aplicación, riesgos relacionados, así como cualquier otra información de seguridad necesaria.
De acuerdo con la Instrucción de sustancias químicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 12 de diciembre de 1988, debe presentarse información de las sustancias tóxicas, similar al requerido en, el registro de nuevos » plaguicidas, ante la Cicloplafest. Sin embargo, esta última aún debe elaborar un catálogo oficial de sustancias tóxicas registradas. Actualmente no existen requisitos de revisión previa a la manufactura para el uso, fabricación o distribución de sustancias tóxicas nuevas.
De igual forma, otro aspecto importante que amenaza al bienestar ecológico de. nuestro país, es la desregulación desmedida de nuestro mercado a través de acuerdos internacionales que procuran muy pocos lineamientos encaminados -a un desarrollo sustentable y que provocan la inundación de productos nocivos a nuestro país y la restricción, eso sí, de nuestro bienes a otros países por el uso de sustancias tóxicas prohibidas en el exterior y que son usadas aún en México.
Asimismo, las compañías trasnacionales son dominantes en la fabricación y comercialización de productos químicos y otras sustancias que suponen riesgos para la seguridad ocupacional y la salud. Por ello, con la tendencia a los acuerdos de libre comercio", se prevé que el dominio de las trasnacionales se expanda, con una consiguiente disminución de industrias de propiedad estatal y de propiedad de capitales nacionales.
Corresponde entonces considerar la importancia de la implementación de nuevos instrumentos que permitan la restricción y moderación en el uso de ciertos productos que se expanden por todo el mundo pero particularmente a países que tienen mínimos recursos disponibles para la protección ambiental y de los trabajadores.
La experiencia ha mostrado que los enfoques preventivos son mejores, en cuanto a resultados y costos; por lo cual se considera que es más barato prevenir que remediar. La liberación de las sustancias tóxicas al ambiente, ya sea a través de su emisión al aire, de su descarga a los cuerpos de agua, o de la generación de residuos peligrosos es, sin lugar a dudas, un signo de ineficiencia de los proceso productivos. Para atender esta falla e internalizar los costos ambientales, los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) acordaron el principio de "quien contamina paga". Este principio sostiene que aquellos agentes económicos que contaminen deberían asumir los costos totales de cualquier daño ocasionado por la producción de bienes y servicios contaminantes.
Un instrumento económico utilizado son los límites obligatorios de contaminación, sin embargo, su eficiencia es nula cuando las empresas contaminan hasta el nivel fijado y no se preocupan por alcanzar una mayor productividad, ni por incorporar el daño ambiental en sus costos. Y más aun cuando existe corrupción y es fácil evadir las multas.
Otra manera de aplicar este principio es mediante la incorporación de impuestos a las emisiones. Cuando se aplica un impuesto a las emisiones, las empresas responsables deben pagar por los servicios ambientales prestados de la misma manera en que pagan por todos los demás insumos utilizados en sus operaciones.
Así las empresas comparan al impuesto con los gastos por descontaminar y deciden por sí mismas su nivel de polución. Si a una compañía le resulta relativamente barato descontaminar, el sistema de impuestos le puede llevar en esa dirección. Si es al contrario, adoptará medidas preventivas que eviten tener que pagar impuestos, de esta manera, se reduce la liberación de sustancias en la fuente y se minimiza la generación de residuos, fomentando la adopción de procesos más limpios, así como el reuso, reciclado y recuperación de los residuos químicos.
Los impuestos verdes pretenden disuadir a los sectores industriales y productores, de conductas contaminantes, proteger los recursos afectados por este tipo de impuestos y finalmente mejorar las condiciones de vida de las clases económicamente deprimidas. Con la aplicación de estos impuestos se pretende de alguna forma mejorar los procesos industriales y productivos en general, de manera que se elimine el desperdicio de energía y no simplemente que se trasladen los incrementos en los costos a la población. que es la que sufre más con las actitudes contaminadoras de las empresas.
La presente iniciativa busca otorgar un valor real a los recursos naturales y al medio ambiente, utilizando instrumentos propios de la economía de mercado que fomenten la aplicación de nuevas tecnologías y la entrada de productos más amables con nuestro entorno natural. Quien invierta en tecnologías limpias y reduzca las emisiones contaminantes, obtendrá ventajas competitivas sobre aquellas que no lo hagan.
Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente
Iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un inciso h, a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adiciona un inciso h, a la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 73. . .
I a la XXVIII. . .
XXIX. Para establecer contribuciones:
1o. al 4o. . .
5o, Especiales sobre:
b) al e) . .
f) Explotación forestal.
g) Producción y consumo de cerveza y
h) Sustancias tóxicas persistentes y/o bioacumulables
ARTICULO TRANSITORIO
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de octubre del 2001.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Juan Ignacio García Zalvidea, Erika Elizabeth Spezia Maldonado y Concepción Salazar González.
EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Inmediatamente después, tiene la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 16, fracción I. 24, fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
EL C. DIPUTADO HERBERT TAYLOR ARTHUR. Con su permiso, señor Presidente.
Honorable Asamblea:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 71 fracción II, 73 fracción VI, X, y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral primera inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, provenientes de distintos grupos parlamentarios de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16 fracción I, 24 fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto Sobre la renta bajo la siguiente exposición de motivos:
Nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas define las sociedades cooperativas como una forma de organización social...
(Dio lectura a la iniciativa. Se inserta)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados— LVIII Legislatura.— Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social.
Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77, fracciones IV y VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 71, fracción II y 73 fracciones VII, X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputadas y diputados, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, provenientes de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77, fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas define a la sociedad cooperativa como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios.
Este tipo de sociedades se rigen por los valores de autoayuda, autorresponsabilídad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, así como por los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social, donde la cooperación es una actitud y un compromiso de cada uno de los miembros, con el objetivo común de mejorar en lo económico y social, fundados siempre en la ayuda mutua.
Los principios por medio de los cuales las cooperativas implementan estos valores también están incluidos en nuestra legislación y son los siguientes
I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios.
II. Administración democrática.
III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara.
IV Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios.
V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria.
VI. Participación en la integración cooperativa.
VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa.
VIII. Promoción de la cultura ecológica.
La sociedad cooperativa es la figura jurídica por excelencia que permite a las personas físicas generar sus propias oportunidades de autoempleo, mejorando así sus condiciones de trabajo, su nivel de ingresos y su calidad de vida, ya que el cooperativismo no sólo es un modelo económico para impulsar la formación de empresas sociales, sino que constituye un verdadero estilo de vida en el que se promueven los valores antes mencionados entre los socios.
En este tipo de sociedades, son los mismos trabajadores los que son dueños de su propia empresa, ya que cada uno de ellos se vuelve socio de la misma y cuenta con un solo voto en la asamblea general.
Esta doble naturaleza de los miembros de las sociedades cooperativas en las que por una parte se es socio y por ende dueño de la empresa, pero al mismo tiempo también se tiene la calidad de trabajador de la misma, ha provocado confusión en el tratamiento que a la sociedad y a sus socios se les da en distintas leyes fiscales o simplemente este tema no se prevé en dichas leyes. Debemos recordar que la Ley General de Sociedades Cooperativas establece en su artículo 27 que en las Sociedades Cooperativas de Producción, los socios deben trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, por lo que para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es el carácter de trabajador el que debe predominar sobre la calidad de socio o dueño de la empresa cooperativa.
En la presente iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se presenta, se proponen diversas precisiones al pago de este impuesto efectuado por las sociedades cooperativas y sus socios, las cuales desarrollamos a continuación.
Se propone la reforma al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir en el último párrafo de su fracción primera a las sociedades cooperativas de producción, adicionalmente a las sociedades civiles y a las asociaciones civiles.
Estos tres tipos de personas morales quedarían facultados para que se considere que sus ingresos se obtienen en el momento en que efectivamente se cobre el precio o la contraprestación pactada por la prestación de servicios personales independientes. Actualmente sólo las sociedades civiles y las asociaciones civiles gozan de esta prerrogativa, la cual es conveniente otorgar también a las sociedades cooperativas que realizan este tipo de actividades y que hasta el momento se han visto obstaculizadas para acumular fiscalmente sus ingresos hasta el momento en que los cobren, lo que ocasiona en su perjuicio una descapitalización.
Respecto del artículo 24 en su fracción XII, se plantea que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas, que en sus artículos 53 y 57 establece que las cooperativas podrán constituir un fondo de previsión social para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubran gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, se aclare que las sociedades cooperativas de producción podrán efectuar las deducciones de los gastos de previsión social derivados de este fondo, los cuales son otorgados en beneficio de sus socios, como un rubro distinto a los gastos de previsión social realizados en relación con los trabajadores que no sean socios de la cooperativa.
Al hacer efectivas dichas prestaciones a sus socios, las cooperativas de producción aligeran al Estado en su obligación de otorgar tales acciones de previsión social, por lo que es conveniente se incentive a las cooperativas de producción para que establezcan fondos de previsión social en los términos que marca la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, siempre que. se otorguen en forma general y para todos los socios.
No es necesario incluir a las sociedades cooperativas de Consumo ni en el artículo 16, fracción I, ni en el artículo 24, fracción XII, ya que este tipo de cooperativas son consideradas como personas morales no contribuyentes.
El último artículo cuya reforma prevé esta iniciativa, es el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus fracciones IV y VI. En ambos casos se proyecta que se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas para los efectos de dichas fracciones, como un rubro distinto y adicional a los trabajadores que no sean socios. Lo anterior con el objeto de que los socios cooperativistas no tengan que pagar el Impuesto sobre la Renta cuando se trate de ingresos provenientes de primas de seguros médicos pagadas por la sociedad cooperativa, así como los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se realicen en territorio nacional y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes, ni cuando se trate de ingresos percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios cooperativistas o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes.
En ambos casos, es decir, tanto la fracción IV, como la fracción VI del artículo 77 cuya reforma se propone, se aclara que los socios de las sociedades cooperativas no pagarán el Impuesto Sobre la Renta por los ingresos que obtengan por los distintos beneficios de previsión social que la cooperativa les proporcione.
Esta iniciativa se presenta en el entendido de que actualmente se discute en esta Cámara de Diputados otra iniciativa integral de reformas a distintas leyes fiscales, pero en la cual los suscritos no encontramos suficientemente contemplado el tema de la regulación' hacendaría de las cooperativas. Es por esto que la mesa directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, cumpliendo con la obligación de realizar propuestas que beneficien y fomenten al mundo cooperativo elaboró estas propuestas de modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
En consecuencia, por las razones y fundamentos legales expuestos, las diputadas y los diputados suscritos presentamos el siguiente
Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo único. Se reforman los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77, fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:
Artículo 16. Para los efectos del artículo 15 de esta ley se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma ley, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente:
I. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero:
a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación prestada.
b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio.
c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos.
Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades cooperativas de producción o las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada.
II a la IV. . .
Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
I a la XI. . .
XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles o actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga, siempre que dichas prestaciones se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, sin que puedan ser distintas para los trabajadores de confianza y los otros trabajadores.
En el caso de las sociedades cooperativas de producción, tratándose de los gastos de previsión social que señala el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, éstos deberán ser otorgados en forma general en favor de todos los socios.
Artículo 77. No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos:
I a la III. . .
IV. Las primas de seguros médicos pagadas por los patrones, así como los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se realicen en territorio nacional y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo.
Para los efectos de esta fracción, se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas.
V. . .
VI. Los percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo.
Para los efectos de esta fracción, se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 23 de octubre de 2001.—Diputados: Herbert Taylor Arthur, Celia Martínez Bárcenas, Fernando Herrera Ávila, Manuel Duarte Ramírez, Maricela Sánchez Cortés y Eduardo Abraham Leines Barrera.
EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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La iniciativa de reformas al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha solicitud del grupo parlamentario del PRD, se pospone para una próxima sesión.
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Tiene la palabra el diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales y que abroga su Ley Orgánica.
EL C. DIPUTADO LORENZO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA. Con el permiso de la Presidencia.
Los suscritos diputado federal Sergio Baca Betancourt del Partido Acción Nacional y un servidor, Rafael Hernández Estrada del PRD, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas al decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, mismo que fue publicado el 4 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación.
Es función de los legisladores federales velar por los intereses de la Nación. En este sentido, en el caso particular, nos corresponde procurar un manejo honesto y transparente de todos los activos remanentes...
(Dio lectura a la iniciativa. Se inserta)
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y de abroga su Ley Orgánica.
Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción Il del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas al "Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica", al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 4 de junio del 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica".
Es función de los legisladores velar por los intereses de la nación. En este sentido, en el caso particular nos corresponde procurar un manejo honesto y transparente de todos los activos remanentes del organismo en liquidación, así como cuidar que se respeten los intereses y los derechos de los trabajadores de la paraestatal.
Ferrocarrileros jubilados han tenido reuniones con diputados de diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para expresar sus preocupaciones por algunos problemas que no fueron considerados en el "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se Abroga su Ley Orgánica".
Es necesario mencionar que las consideraciones contenidas en este proyecto formaron parte de un voto particular presentado en comisión por varios legisladores, mismo que buscaba modificar varias disposiciones contenidas en la minuta que envió el Senado de la República. Hoy, esas consideraciones cobran mayor, fuerza en virtud de que legisladores de diversos partidos las han hechos suyas.
1.Es necesario que se dé solución definitiva al problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que no gozan de las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada que otorga el IMSS y que el Congreso ha tenido que atender parcialmente en ejercicios anteriores mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Solucionar dicho problema, ampliamente conocido en esta Cámara, es un acto de elemental justicia. El decreto en cuestión no lo considera.
El ex director de Ferronales Ramiro Sosa Lugo, en reunión de trabajo celebrada el 28 de marzo del presente año, calculó en 8 mil 752 el número de los jubilados que sobreviven de un total de 25 mil que había en 1982. La abrumadora mayoría han muerto en el camino de la búsqueda de justicia.
Los jubilados interesados se quejan de. que el listado proporcionado por, la paraestatal, incluye indebidamente a ferrocarrileros que fueron jubilados antes de 1982, pero que no son afectados, pues son trabajadores de los ex ferrocarriles Sonora-Baja California, Chihuahua al Pacífico, Unidos del Sureste y Servicio de Coches Dormitorio, que fueron incorporados al IMSS antes que los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico y Nacionales de México, que son los únicos que carecen de las pensiones. mencionadas de vejez y cesantía.
Asimismo refieren los jubilados anteriores a 1982 que en la mencionada lista aparecen indebidamente trabajadores ya fallecidos.
Se requiere entonces que el liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y el IMSS realicen una depuración cuidadosa de la relación para determinar con exactitud el número de trabajadores afectados realmente y mediante los estudios actuariales correspondientes se puedan calcular los capitales constitutivos necesarios para resolver el problema en forma definitiva, con el objeto de que el Ejecutivo Federal proponga a esta Soberanía la partida correspondiente en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.
2. El decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México excluyó a los ferrocarrileros liquidados del beneficio de la donación en caso de poseer casa o terreno de la paraestatal y no incluye prevenciones para evitar posibles invasiones de los bienes inmuebles de la empresa.
La empresa de Ferrocarriles Nacionales de México estaba obligada, por el Contrato Colectivo de Trabajo, a proporcionar casa habitación a los ferrocarrileros de varias especialidades (de vía y de alambres, por ejemplo).
En el caso de otros ferrocarrileros, aun cuando no tenía ninguna obligación, la empresa les facilitó terrenos o casas de su propiedad para que los habitaran, con el fin de auxiliarlos en su situación económica.
Hay familias que han habitado estas casas o terrenos por varias generaciones. Hoy esos trabajadores, debido al proceso de privatización del sector, han sido jubilados o liquidados y dichos asentamientos humanos constituyen un grave problema social, pues las pensiones de los jubilados son en promedio del orden de los 2 mil 500 pesos mensuales y de los 83 mil 200 trabajadores con que contaba la paraestatal en 1990, hoy laboran para las nuevas empresas privadas alrededor de 15 mil ferrocarrileros únicamente, es decir que la mayoría de los obreros liquidados no fueron recontratados.
La iniciativa que originalmente envió al Senado el ex presidente Zedillo en diciembre de 1999, preveía donar bienes inmuebles incluso a instituciones o asociaciones privadas, mientras que a los trabajadores ferrocarrileros que ocuparan una casa o terreno de la paraestatal se les vendería.
Debido a lo anterior la colegisladora modificó el proyecto de decreto para hacer extensiva la donación a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, o sus sucesores en línea directa, que ocupen una casa o terreno propiedad de la paraestatal.
Sin embargo tal reforma resulta insuficiente por las siguientes razones:
En primer lugar, porque excluyó a los trabajadores ferrocarrileros liquidados o a sus sucesores en línea directa, que son quienes tienen mayor necesidad.
En segundo lugar, es necesario cambiar, la figura jurídica de la donación que la Ley General de Bienes Nacionales (articuló 18) establece como posible sólo para entidades federativas, municipios o instituciones y asociaciones privadas que no persigan fines de lucro, por la figura de la transmisión de dominio a título gratuito para el caso precisamente de los trabajadores jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que la misma ley establece (artículo 59) tratándose de personas físicas.
Por último, es conocido que a raíz de la privatización de la industria, se .ha desatado una ola de invasiones en las propiedades de la paraestatal, tanto por trabajadores ferrocarrileros como por particulares. Por ello es indispensable establecer reglas claras para el caso de los trabajadores ferrocarrileros o sus sucesores, en el sentido de que la transmisión de dominio a título gratuito de los inmuebles que ocupan, sólo será procedente si cuentan con una residencia probada de por lo menos cinco años anteriores a la entrada en vigor del decreto. De lo contrario tenderemos a beneficiar a muchos invasores y lo que es peor propiciaremos nuevas invasiones.
3. Es necesario deslindar responsabilidades entre la anterior administración de la paraestatal y el ente liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos de la empresa en liquidación.
En el artículo 2o. del decreto se establece que la "Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso" y en XI fracciones detalla cuáles serán las funciones del liquidador.
En la fracción II se dice que el liquidador "Ievantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos del organismo" y en la fracción X se señala que el liquidador Ievantará y actualizará el inventario de los activos pertenecientes al organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo".
Es preciso deslindar la responsabilidad entre la anterior administración de la paraestatal y el liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos del organismo.
Para ello, el procedimiento elemental en estos casos es que la administración de Ferrocarriles Nacionales de México debe entregar al liquidador, acta de entrega-recepción de por medio, todos los activos y pasivos del organismo debidamente inventariados.
En consecuencia, la responsabilidad de levantar ese inventario es de la administración de la paraestatal, no del liquidador, quien debe limitarse a actualizarlo en la medida en que avance el proceso de liquidación.
El licenciado Luis Antonio de Pablo Serna fue Director General de Ferronales durante casi todo el proceso de privatización. Al poco tiempo de ocupar el puesto, en una disertación ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, afirmó que "el ferrocarril es dueño de la mitad del uno al millar del territorio nacional"; agregó que Ferronales no contaba con los títulos de propiedad en orden de todos sus bienes y que entre las tareas pendientes del organismo, estaba la de levantar un inventario completo de sus activos (El Financiero, 9 de octubre de 1995).
Luego entonces, la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México significó la extinción del organismo propietario de la mayor extensión de territorio nacional. No hay un organismo público ni privado con mayores recursos inmobiliarios que Ferrocarriles Nacionales de México. No se extinguió un estanquillo. Hablamos de millones de metros cuadrados de una paraestatal en la que, según confesión de un ex director general, existía (¿o existe?) un gran desorden administrativo y ya sabemos que a río revuelto ganancia de pescadores.
El dictamen aprobado por la colegisladora fue elaborado, a todas luces, a partir de información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y salta a la vista que de las páginas 12 a la 14 del informe presentado por la SCT se abunda en datos precisos, cantidades, porcentajes, cifras exactas de diversos conceptos a favor de las bondades de haber privatizado los ferrocarriles. Información que, por cierto, no era materia del dictamen.
Sin embargo, en el apartado destinado a los activos remanentes del organismo (bienes muebles e inmuebles sobre todo) se prevén vaguedades e imprecisiones. En ningún momento se dice de cuántos millones de metros cuadrados estamos hablando, cuántos han sido concesionados y a quienes; cuántos han sido donados y a quienes; cuántos han sido enajenados y a quienes; cuántos metros están ocupados por asentamientos humanos irregulares y por cuántas familias y de éstas cuántas son dependientes de ferrocarrileros y cuántas son particulares, etc.
Ha transcurrido el tiempo necesario para que el inventario de los activos de la empresa en extinción esté terminado.
Por el bien de la República, debemos garantizar que la liquidación de los cuantiosos activos de esta empresa se lleve a cabo de la manera más transparente posible.
Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la presente
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto por el que se extingue El Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica
Artículo Primero. Se reforman los artículos 20, fracciones II, IV y X; artículo 4o., para quedar como sigue:
Artículo 2o. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso quien realizará las siguientes funciones:
I...
II. Levantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos debidamente inventariados del organismo.
III...
IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes para proceder a su enajenación, donación o reversión al Gobierno Federal, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos. Las donaciones sólo procederán en los casos de entidades federativas, municipios e instituciones públicas o privadas que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizadas para beneficio social. En el caso de los asentamientos humanos existentes en inmuebles de Ferrocarriles Nacionales de México, a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que estén en posesión y cuenten con una residencia probada no menor a cinco años anteriores a la entrada en vigor del decreto que extinguió al organismo, se les hará la transmisión de dominio a su favor a título gratuito.
En el caso, de reversión, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y municipios, tendrán preferencia, en igualdad dé condiciones, para adquirir los bienes, remanentes.
V a la IX.
X. Actualizará el inventario de los activos pertenecientes al organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo y
XI. ..
Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo y a la ley, serán respetados. Tratándose de los derechos adquiridos por los ferrocarrileros jubilados. el Gobierno Federal se obliga a garantizar en cualquier época, el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones otorgadas a dichos trabajadores, para el caso de que por cualquier causa el fondo de jubilaciones sea insuficiente.
Asimismo el Gobierno Federal se obliga a resolver de manera definitiva el problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982. Para ello deberá cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social los capitales constitutivos: suficientes, con el objeto de las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada, se cubran a partir del 10 de enero de 2002.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Suscriben Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de octubre de 2001.— Firman los Diputados: Rafael Hernández E. y Sergio R. Vaca B.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Transportes y transcríbase en la Gaceta.
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El siguiente punto del orden del día, es el relativo a dictámenes a discusión.
DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Dictamen con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Sría. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Sría. de Economía para que se vigile entrada al país del producto zilmax (Chorhidrato de Zilpalterol)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.—LVIII Legislatura.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de marzo de 2001, proposición que pretende la eliminación del producto zilmax en la alimentación del ganado bovino.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral seis, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento a partir de los siguientes:
Antecedentes
E121 de marzo de 2001, el diputado anteriormente referido, presentó una proposición con punto de acuerdo para que en los alimentos del ganado bovino se eliminara el producto zilmax.
En la misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados los integrantes de esta comisión, formulamos las siguientes:
CONSIDERACIONES
Que es conveniente que se instrumenten acciones y mecanismos para poner un alto definitivo a la utilización de todos los betanálogos, particularmente, el.clorhidrato de zilpalterol, hasta no contar con un ambiente de responsabilidad compartida absoluta, que garantice la total inocuidad de esta tecnología, siendo necesario realizar un esfuerzo concentrado entre el sector oficial, industria farmacéutica y todos los eslabones de la cadena de la carne de bovino en México, para que, habiéndose identificado las deficiencias incurridas en nuestra historia del uso de betanálogos, se subsanen los vacíos de conocimientos identificados en particular como consecuencia de nuestras tradiciones culinarias y su aplicación con el uso de estos productos.
Asimismo tomando en consideración de que existe, al parecer, una falta de información de los niveles de residuos del clorhidrato de zilpalterol, comercialmente llamado zilmax, potencialmente presentes en todos los tejidos de origen animal, consumibles por la población de México, y una ausencia de capacidad de diagnóstico en el país, sobre la posible presencia de residuos en tejidos bajo condiciones de uso comercial de este producto, además que ningún país con los que México ha firmado tratados de libre comercio, autoriza el uso de betanálogos como aditivos alimenticios para el ganado bovino, imponiéndose por este hecho una doble desventaja para el sector ganadero bovino del país en términos comerciales.
Con base a las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta comisión hemos llegado a las siguientes:
CONCLUSIONES
Que independientemente de los beneficios comerciales que pudiera generar la utilización del producto mencionado y en especial la falta de capacidad de diagnóstico en el país de la posible presencia de residuos de algún betanálogo en los tejidos del ganado bovino, lo más importante y trascendente es garantizar y prevenir un posible impacto negativo en la salud del ser humano, por los efectos secundarios que pudiera provocar cuando éste consume productos cárnicos en donde se haya utilizado algún tipo de betanálogo y particularmente el clorhidrato de zilpalterol, comercialmente llamado zilmax.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos decidido emitir el siguiente:
DICTAMEN
Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol) utilizado en la alimentación del ganado bovino.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 25 de abril de 2001.— Por la Comisión de Agricultura y Ganadería.— Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Jesús Dueñas Llerenas, Miguel Ortiz Jonguitud, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce Contreras secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José R. Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín G. Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adarve, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz.
PRESIDENTA: En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo.
Se abre el registro de oradores en contra y en pro.
Nos ha comunicado su deseo de participar en pro del dictamen el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la palabra.
DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas gracias señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Justo es decir que sobre este problema se han manifestado casi en su totalidad los ganaderos del Estado de Colima. También justo es decirlo, que este Punto de Acuerdo se deriva a su vez de una comunicación que nos envió el Congreso del Estado de Colima, en la que se nos conminaba a que realizáramos acciones para evitar este grave problema que afecta sustancialmente al ganado, pero que también afecta la salud de la población.
Un refrán popular nos dice: "que hombre prevenido vale por dos" yo diría que tratándose de la salud, vale por muchos. El dictamen que hoy estamos discutiendo tiene su valor en que se evitará un posible impacto negativo de salud del ser humano por los efectos secundarios que pudiera provocar el consumo de carne con el clorhidrato de zilpalterol comercialmente llamado zilmax. Esta sustancia utilizada para incrementar los volúmenes de la producción de carne bovina, contiene moléculas muy similares a la adrenalina y noradrenalina que consumidas en pequeñas cantidades provocan reacciones importantes y desaparecen inmediatamente. Sin embargo, queda la duda nada menor, de que el nivel residual de metabolitos de clorhidrato de zilpalterol se puede encontrar en los tejidos bovinos.
En tanto no quede claro lo anterior, la salud pública se encuentra en constante riesgo. Deseo que no traiga consecuencias negativas, por eso también deseo que se resuelva lo más pronto posible pues de esta manera los ganaderos y consumidores tendrán la certeza de que no existe peligro alguno y las autoridades de salud por su parte, le dedicarían mayor tiempo a otras prioridades. Pero si resulta lo contrario, será urgente actuar en consecuencia.
Por ello es que se propuso que en tanto no se tenga conocimiento de los efectos secundarios, se suspenda de inmediato en todo el país el uso del clorhidrato de zilpalterol o zilmax.
Es necesario recordar que entre 1946 y 1952, la población se tuvo que enfrentar al problema de la fiebre aftosa por no tomarse las precauciones pertinentes en el momento en que esto parecía venirse como un problema.
Los pequeños ganaderos prefirieron enfrentar al propio gobierno por defender la vida de sus animales. No debemos permitir que esto vuelva a suceder. Por esto la responsabilidad de este Pleno es grande y delicada. Tenemos que exigir que se aclaren los efectos nocivos secundarios de la sustancia citada. Esto es, si los hay o no, y en caso de que los haya verificar el procedimiento realizado que condujo a autorizar el producto Zilmax, para deslindar las responsabilidades y así salvaguardar la salud pública.
En el momento en que propusimos este punto de acuerdo hubo voces de distintos partidos políticos que secundaron este punto de acuerdo y ahora que la Comisión en pleno lo ha aprobado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ratifica su postura a fin de que se apruebe este punto de acuerdo por esta soberanía, en el sentido de que se suspenda de inmediato en todo el país el uso del clorhidrato de zilpalterol o Zilmax como aditivo del alimento destinado al ganado bovino.
Asimismo que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión correspondiente, realice una investigación sobre el procedimiento llevado a cabo por la anterior Sagar hoy Sagarpa que dio como resultado el autorizar el producto Zilmax en la alimentación del ganado bovino y se deslinden responsabilidades ante la autoridad competente.
Es por eso que el día de hoy nos sumamos, como partido, a esta propuesta, a este dictamen, que nos hace la Comisión, a fin de exhortar al gobierno federal para que de inmediato se evite la entrada de este producto al país y se suspenda el consumo de este producto por el ganado bovino.
Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Muchas gracias, ciudadano Diputado.
Le ruego a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen de la Comisión.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): "Dictamen.
"Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado Zilmax, utilizado en la alimentación del ganado bovino".
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano Diputado.
En virtud de que no se han registrado un mayor número de oradores, le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
LA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA: Aprobado por unanimidad el punto de acuerdo. Comuníquese.
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LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI):
(Da lectura a la proposición presentada por el diputado Arturo de la Garza Tijerina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institución, relativa a la creación de un fondo de contingencia para enfrentar los posibles brotes de plagas exóticas)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Ganadería.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Arturo de la Garza Tijerina del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el 28 de abril de 2001, proposición que pretende que el Ejecutivo federal cree un fondo de contingencia para enfrentar los posibles brotes de plagas exóticas.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, inciso f de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la proposición en comento, por lo que se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen, a partir de los siguientes:
ANTECEDENTES
El 28 de abril de 2001, el diputado anteriormente referido, presentó la proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal cree un fondo de contingencia para enfrentar los posibles brotes de plagas exóticas.
En la misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Con base en los antecedentes mencionados, los integrantes de esta comisión, formulamos las siguientes
CONSIDERACIONES
Que el incremento de la movilización de animales, sus productos y subproductos, propiciado por la apertura comercial, hace inminente el riesgo de las plagas y enfermedades exóticas, de los animales prevalecientes en otras regiones, puedan introducirse y diseminarse en nuestro país.
De presentarse dichas plagas y enfermedades exóticas en el territorio nacional, causarían cuantiosas pérdidas a la ganadería por su rápida diseminación y difícil control.
La fiebre aftosa ya está en el continente Americano. Dado el incremento en el intercambio comercial, ningún país puede considerarse a salvo del riesgo de la introducción de esta enfermedad.
Con base en lo anteriormente expuesto los integrantes de esta comisión hemos llegado a las siguientes
CONCLUSIONES
Dado el impacto devastador que puede provocar la fiebre aftosa en lo económico y sobre todo en la salud humana, aun y cuando el Gobierno Federal ya ha tomado las medidas zoosanitarias al respecto, es importante apoyar la proposición con punto de acuerdo para evitar la introducción de esta enfermedad a territorio nacional.
Por lo expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente
DICTAMEN
Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, para que dentro del ámbito de sus atribuciones, y a través de la dependencia correspondiente se cree un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades o plagas exóticas en el país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, Distrito Federal a 9 de mayo de 2001.— Por la Comisión de Agricultura y Ganadería, firman los diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Jesús Dueñas Llerena, Miguel Ortiz Jonguitud, Alfonso Oliverio Elías Cardona y Ramón Ponce Contreras, secretarios, Oscar Alvarado Cook, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José R. Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín G. Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adame, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz. Francisco Arano Montero, José Ma. Anaya Ochoa.
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: En consecuencia, está a discusión el Punto de Acuerdo y se abre el registro de oradores en contra y en pro.
Hemos recibido solicitud en esta mesa para registrar en pro la intervención del diputado Silverio López Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado López Magallanes. Hasta por diez minutos diputado.
EL C. DIP. SILVERIO LOPEZ MAGALLANES: Gracias. Con su permiso diputada Presidenta.
Hemos revisado en el seno de la Comisión de Agricultura y Ganadería, el Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo para que dentro del ámbito de sus atribuciones y a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, se forme un fondo especial para combatir cualquier posible brote de enfermedades.
México es un país con casi 30 millones de cabezas de ganado bovino, con más de 10 millones de cabezas de ganado menor y con una importante población de ganado avícola. México tiene más de 100 puntos de ingreso al país, puertos y fronteras al sur y al norte, por lo tanto es un país con una población importante, de la cual dependen muchos millones de familias de mexicanos. Y no tiene la vigilancia y la inspección necesaria para que en una contingencia de esta magnitud se lleven a cabo las medidas necesarias para evitar cualquier brote de enfermedades que puedan ser transmitidas o que puedan ser traídas por las importaciones que se hacen principalmente a través de la frontera sur o por el paso indiscriminado de los productos y subproductos.
Revisamos en la comisión y llegamos a la conclusión de que es necesario que se constituya un fondo, un fondo que le permita al propio Ejecutivo y que le garantice a los productores nacionales tener la seguridad de que en estos años difíciles para otros países, nosotros como productores, como legisladores en algunos casos, veamos la necesidad de que se tenga un fondo especial para combatir y para prevenir concretamente la fiebre aftosa y el mal de las vacas locas. Son enfermedades que en este año han azotado a otros países, son enfermedades que en el caso concreto de la fiebre aftosa estamos importando nosotros como país a la fecha casi 10 mil toneladas de leche y simplemente debemos de tener las precauciones, las medidas necesarias para cualquier emergencia de este tipo.
Les pido e invito a mis compañeros diputados para que se solidaricen con la Comisión de Agricultura, con todos los que integramos la comisión, y votemos a favor este dictamen. Consideramos que es imperativo y urgente que se tenga este fondo especial. Consideramos que el Ejecutivo debe, aparte del Fondo Nacional de Desastres Nacionales, tener un fondo que garantice y que le de vigencia y seguridad a toda la actividad pecuaria de este país. Por eso vengo ante esta tribuna para invitarlos a todos, por eso vengo con ustedes a decirles que nos apoyen en este Punto de Acuerdo y en este dictamen.
Es cuanto, diputada Presidenta.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
En virtud de que no hay el registro de ningún otro ciudadano diputado, consulte la Secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
LA C. PRESIDENTA. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el Punto de Acuerdo.
LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA. Aprobado el Punto de Acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo anexando copia de la versión estenográfica de la intervención del Diputado Silverio López Magallanes y márquese copia a la Comisión de Presupuesto de esta Cámara.
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Pasamos al punto de Excitativas. Tiene la palabra el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Excitativa a las Comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados. Los que suscriben, diputados y diputadas de esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 21 de la Fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia, tenga a bien formular Excitativa a la Comisión de Salud y a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales a efecto de que se dictamine a la brevedad las diversas proposiciones con puntos de acuerdo referentes a la contaminación crónica por plomo que sufren los ciudadanos en Torreón, Coah., y se presente con carácter de urgente al pleno de este órgano legislativo.
El envenenamiento por metales prestados en la población de Torreón se debe al funcionamiento de la cuarta fundidora más importante del mundo , propiedad del Grupo Industrial Peñoles.
La situación de riego que motivó las diversas propuestas de puntos de acuerdo fundamentadas Artículo 58º del Reglamento para el Gobierno Interior presentadas a esta Legislatura, manifiestan una grana preocupación por la salud de los habitantes de más de 40 colonias expuestas a desechos tóxicos producidos y liberados al medio ambiente.
La concentración elevada de ploma y sangre provoca daños irreversibles en el sistema nervioso central y periférico además de alterar el desarrollo físico siendo por esto último la población infantil menor de 12 años la de mayor riesgo. La neuro toxidad del plomo es aún más crítica para el efecto del desarrollo y la
Madre ingestación ya que el metal actúa como sustituto del cáncer.
Los últimos estudios como el del Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, considera que más del 10% de los torreonenses alrededor de unos 65 mil registran niveles de plomo en la sangre más allá de los valores permisibles en las normas nacionales e internacionales.
Por si el plomo en la sangre no fuera suficiente, los torreonenses también sufren de alteraciones por el cadmio que como no es un elemento requerido por el cuerpo humano causa graves problemas de salud aún en mínimas proporciones como son la osteoporosis, enfizema pulmonar, cáncer de pulmón, de próstata , hipertensión, diversos tipos de cardiopatías y retraso en la habilidad verbal de los niños.
Otro contaminante de la ciudad producto de las emanaciones de Peñoles y el consumo de agua fosilizada es el arsénico altamente tóxico y que daña el sistema neurológico , el cardiovascular y causa de varios tipos de cáncer en la piel.
Ante esta grave situación, el 23 de noviembre del 2000 el Partido Verde Ecologista en voz de la diputada Sara Guadalupe Figueroa, presentó a este Pleno una proposición con puntos de acuerdo sobre el tema, mismo que solicitaba dictamen de las comisiones de salud y medio ambiente y recursos naturales de esta Cámara de Diputados que requieran a la Secretaría de Salubridad y Asistencia y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales por conducto de sus respectivas presidencias, en los términos que establece la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la información de los registros de morbilidad general infantil y mortalidad general infantil materna, perinatal, preescolar y escolar en los trabajadores y sus familias, resultados de la vigilancia epidemiológica así como las manifestaciones de impacto ambiental de las recientes ampliaciones de la planta, el convenio de concertación de acciones que incluyó el plan de acción a realizar por parte de la empresa compuesto de 117 actividades, a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente.
Asimismo, solicita el punto de acuerdo que se requiera la presencia ante las citadas comisiones, de los titulares de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente y al Secretario de Salud.
En este mismo sentido, 15 días después, el 7 de diciembre el Partido del Trabajo presentó otra proposición con punto de acuerdo que agregó materias de dictamen para las comisiones en comento. Que las comisiones ordinarias de Medio Ambiente y de Salud como comisiones de dictamen legislativo y en ejercicio de su facultad de control evaluatorio, insten a las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la de Salud para que en conjunto inspeccionen, evalúen y en su caso sancionen a las fuentes generadoras de los altos índices de contaminación por residuos peligrosos, así como la emisión de plomo y cadmio que provocan daño irreversible en la salud de los habitantes del municipio de Torreón.
La situación ambiental continúa deteriorando la salud y el medio ambiente de los coahuilenses. Los vecinos de Torreón continúan sufriendo imprecisiones en materia de atención, control y seguimiento médico así como un deficiente control del impacto ambiental por materiales pesados en un extenso espacio físico circunscrito a la planta de la minero metalúrgica.
Por lo antes expuesto y transcurrido el plazo establecido en el artículo 87 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y al desconocer esta Legislatura los dictámenes respectivos o pronunciamientos por parte de las comisiones de Salud, Medio Ambiente y Recursos Naturales, quienes suscribimos la presente con fundamento en lo que disponen las fracciones III, XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar a las comisiones mencionadas a fin de que emita el dictamen sobre las solicitudes presentadas por diputados del grupo parlamentario del Verde Ecologista, el Partido del Trabajo y al que ahora, como excitativa a la mesa directiva, se suma el Partido de la Revolución Democrática.
Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emitan el dictamen correspondiente.
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La siguiente excitativa ha sido retirada por el promovente, por lo que pasamos al capítulo de proposiciones.
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Tiene la palabra el ciudadano diputado Francisco Agundis Arias, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación al tema del IPAB.
EL C. DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con su permiso señora Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB; fue creado para atender y dar solución a la carga financiera del muy discutido y poco transparente rescate bancario, el cual ha abierto muy graves heridas en la sociedad que en vez de cicatrizar, cada día se abre más.
La actual situación por la que atraviesa el Instituto es inaceptable pues además de que no ha cumplido con sus objetivos, ha venido acumulando irregularidades cada vez más graves llegando al extremo de que funcionarios de primer nivel se encuentran bajo investigación.
El IPAB ha venido trabajando con una total falta de transparencia, es intolerable la sombra de la sospecha que rodea al IPAB tras el arraigo de su aún secretario adjunto jurídico, acusado de lavado de dinero que habría sido recibido para una gestión relacionada con la reestructuración de un crédito.
Es intolerable observar que la Secretaría de la Contraloría ha abierto procedimientos administrativos contra la mitad de los vocales independientes a quienes se acusa de conflicto de intereses.
Es igualmente intolerable la inaudita venta de Bancrecer, al equivalente a 170 millones de dólares, cuando el analista más pesimista esperaba 600 millones de dólares, el balance arroja un saldo que difícilmente alcanzaría el calificativo de mediocre.
De igual manera la venta del complejo turístico Las Hadas que fue comprado en 15 millones de dólares y revendido el mismo día en 17 millones, cuando había un postor que ofrecía 18millones de dólares, pero sobre todo es el colmo que a más de dos años del inicio de sus operaciones el organismo no ha cumplido el mandato de ley de canjear los pagarés FOBAPROA con los cuales se pactó el rescate de los bancos y peor aún, a más de dos años de entregado el informe final del auditor canadiense Michael Macky a esta Honorable Cámara de Diputados no se ha cumplido el mandato de ésta de devolver a los bancos los préstamos que se asumieron por el FOBAPROA en contra de la regla señalada. Y por inaudito que parezca, apenas hace unos días se dieron los primeros pasos para transparentar la actividad los activos de los bancos intervenidos a su férula con miras a su liquidación.
Por ello, el esclarecimiento y sanción de estas operaciones resulta obligado por varias razones.
En primer término, para recupera fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas y también para sancionar conductas ilegales por parte de funcionarios o exfuncionarios del FOBAPROA-IPAB, de banqueros o exbanqueros y de particulares.
Exigimos el irrestricto cumplimiento de la ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones, esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y donde las instituciones son muy frágiles.
El gobierno tiene una ineludible responsabilidad en promover el cumplimiento de la ley, en este caso la que ya existe para regir la actuación del IPAB.
También debe salvaguardar a la institución que finalmente está obligada a velar por los intereses de los ahorradores y recuperar las pérdidas del quebranto bancario, incluyendo el caso de devolver las deudas a los bancos y cobrarle a los accionistas. Esta es la transparencia que se nos prometió y que requiere el nuevo entorno político del país.
El IPAB requiere urgentemente una transformación a fondo, que a su vez garantice la continuidad de un proceso transparente en la enajenación de activos producto del rescate bancario, de la recuperación de la mayor cantidad de recursos públicos y de la efectiva protección al ahorro de todos los mexicanos.
Ha llegado el momento de que quien tiene esa responsabilidad cumpla con su trabajo, por eso es urgente tomar medidas al respecto.
Asimismo, el IPAB ni siquiera ha informado la proyección de ingresos que tiene para éste y los siguientes años, esta cifra es fundamental para poder elaborar una reforma fiscal responsable, este instituto al cual se destinará un monto muy importante de recursos, ni siquiera es capaz de planear una comercialización adecuada de los bienes que tiene en su poder. Esperemos que estos bienes no sean enajenados a través de terceros a las mismas personas a quienes les fueron embargadas, porque sólo ellos saben cuántos y cuáles son los bienes que tiene en su poder este instituto.
Señoras y señores diputados:
¿Cómo podemos aprobar una reforma fiscal cuando ni siquiera conocemos los montos de ingreso que tienen calculados el IPAB? ¿Cómo pueden algunos siquiera estudiar la posibilidad de aumentar impuestos, cuando algunos de estos pueden ser sustituidos fácilmente por la venta eficiente de los activos que tiene en su poder el IPAB?
Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la mesa directiva de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, verifique si se encuentra en poder de esta soberanía los documentos e información que se solicitan en los cardinales del presente punto de acuerdo. En caso contrario, solicitar al IPAB entregue la información que se establece en los mismos.
Primero. Que el IPAB entregue a esta soberanía toda la información completa de los bienes muebles e inmuebles en la República Mexicana, y en su caso en el extranjero, que tiene en su poder, así como su ubicación y avalúo.
Segundo. Que el IPAB entregue a esta soberanía la proyección de ingresos que tiene programado para los próximos cinco años, desglosado de forma anual por concepto de enajenación de bienes.
Firman el presente punto de acuerdo el coordinador y diputado del Partido Verde Ecologista de México, el coordinador y diputado del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador y diputado del Partido de la Revolución Democrática, el coordinador y diputado del Partido del Trabajo, así como diputados del Partido Acción Nacional, Partido Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Convergencia por la Democracia.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de octubre del año 2001.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias.
Túrnese a la Mesa Directiva.
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El siguiente punto del orden del día es la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles, del troncal de 32 kilómetros que va de San Miguel Allende, Guanajuato, a la Autopista Federal número 57. Para ello tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Muchas gracias señora Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
Todos los integrantes de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, de las diversas fracciones parlamentarias del Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, de la Sociedad Nacionalista, del Verde Ecologista de México y del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponerle a esta asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ampliación del tramo carretero a cuatro carriles, del troncal de 32 kilómetros que va de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la Autopista 57 Federal, bajo las siguientes consideraciones:
Durante la segunda reunión regional de trabajo de la Comisión de Turismo, realizada el pasado 5 de octubre del año en curso en la ciudad de San Miguel de Allende, Guanajuato, a la que asistieron más de 250 prestadores de servicios turísticos de los estados de Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas y Guanajuato, además de autoridades municipales y estatales de esas entidades federativas, se realizaron distintas propuestas para mejorar los servicios de los distintos destinos turísticos de esa región. Dichas propuestas han sido asumidas como compromiso por las y los diputados que integramos esta Comisión de Turismo.
Reiterada ha sido la solicitud por parte de los turisteros, ciudadanos en general y autoridades municipales de San Miguel de Allende, Guanajuato, respecto a la urgencia que existe de que se amplíe el tramo carretero a cuatro carriles, que va desde la zona urbana de ese municipio de Allende, a la Autopista 57 Federal a la altura de la comunidad rural de Tanque Blanco, estado de Querétaro, aproximadamente de 32 kilómetros y que hace conexión con el Libramiento San Luis Potosí, el Sauz, el Colorado. Este tramo carretero troncal, entre este importante municipio del país y la carretera 57 federal, es fundamental por distintas razones:
La más importante de ellas es, sin duda, la seguridad de los transuentes que a diario tienen que emplear la actual carretera de dos carriles para poder ir de San Miguel Allende y algunos municipios aledaños a otros puntos de la República como las ciudades Querétaro, San Juan del Río e incluso de la ciudad de México, por razones de trabajo, comercio, negocios, educación de los cientos de estudiantes y de turismo o esparcimiento de miles de nacionales y extranjeros que anualmente transitan por esta carretera para arribar a este destino turístico.
San Miguel de Allende, Guanajuato es un municipio histórico donde se fraguó la Independencia de México; donde se constituyó el primer ayuntamiento de la República independiente; es tierra de chichimecas y otomís que ha albergado a lo largo de sus más de 450 años de fundación a exponentes de todas las artes, en todos sus géneros y de todas las nacionalidades, así como a millones de turistas de distintos puntos del mundo que la visitan por ser una ciudad colonial, llena de arte y academia, tradiciones, fiestas patrias, artesanía y sobre todo mucha cultura que aunado a otros muchos atractivos que la ciudad ha ido cultivando a lo largo de su vida, la convierten en un destino fundamental del centro de la República.
Prueba de ello es, que prestigiadas revistas de turismo a nivel mundial como las norteamericanas, Condennast y Trablanleshur (?), han publicado que esta mágica ciudad es considerada por el turista mundial como una de las 15 ciudades preferidas de los lectores de las mismas, sólo después de ciudades como París, Praga, Florencia, Estanbul, Nueva York, San Francisco, entre otras.
Paradójicamente la preferencia de la preferencia del turismo extranjero por esta ciudad, no se refleja en la afluencia turística con la que cuenta, pues es evidente que San Miguel de Allende no tiene la captación de turismo de las ciudades extranjeras antes mencionadas. Inclusive, en términos de captación está mucho más abajo que otras ciudades, que en la escala de preferencias del turismo extranjero, están por debajo de ella.
En efecto, el turista ha preferido viajar a otros destinos que le otorguen mejores vías de comunicación y acceso; ha dejado a un lado este destino por lo inaccesible que resulta transitar por las carreteras que llegan a este municipio, principalmente el troncal de 32 kilómetros en comento, que se requiere ampliar a cuatro carriles para conectar este destino con la carretera federal principal número 57 y que otorgaría al turista una carretera de cuatro carriles desde la frontera norte hasta el propio municipio. Esto, sin dejar de mencionar que la vía carretera es la única forma de acceder a este lugar.
Por si esto fuera poco, en los últimos tiempos ha disminuido considerablemente la afluencia de visitantes, provocando con ésta la baja en ocupación hotelera y el consumo en restaurantes, bares y discotecas, situación alarmante por ser éstos los sectores pilares más sólidos de la industria turística en el municipio. Se suma a esta industria la crisis del sector artesanal provocada principalmente por la recesión mundial, la caída de las exportaciones y la falta de afluencia turística.
El turismo y la artesanía representan más del 75% del Productor Interno Bruto de este municipio, además de que generan el mayor número de empleos, la mayor inversión y por ende son el sustento económico y social de San Miguel de Allende.
Este municipio cosmopolita tiene una alta vocación turística, recibe calurosamente a cientos de miles de turistas y visitantes anualmente, pero también es un municipio que por su situación geográfica puede ser la puerta de Guanajuato a todo el país, sobre todo para su circuito artesanal, su ruta de la independencia, por lo que la ampliación a cuatro carriles del troncal que va de este municipio a la carretera 57 federal, es indispensable.
Compañeras y compañeros diputados: Promovemos este Punto de Acuerdo porque en la Comisión de Turismo creemos que para representar a nuestra sociedad, hay que escuchar la voz de nuestros representados, de manera que podamos encauzar sus propuestas y necesidades. Eso es lo que todas y todos los diputados y diputadas que trabajamos por el turismo en esta Cámara, hemos venido haciendo a lo largo de esta legislatura. Y precisamente por eso es que creemos que un municipio con la potencialidad y la importancia turística e histórica de San Miguel de Allende, Guanajuato, requiere que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dirija no solamente su mirada a esta ciudad, sino además los recursos suficientes para ampliar esta carretera que, cabe hacer mención, ha sido promesa de muchos años y de muchos políticos y por lo mismo es hoy por hoy una deuda con esta conspiradora ciudad y sus habitantes.
El esfuerzo que a diario hacen los empresarios del turismo, los artesanos, los trabajadores y en general el pueblo de San Miguel de Allende por hacer de este rincón colonial uno de los más bellos y cálidos del mundo, debe verse recompensado con el apoyo del Gobierno Federal y particularmente con el de esta soberanía.
Estamos muy a tiempo para que esta obra de innumerables beneficios sociales sea incluida para el próximo ejercicio fiscal del 2002. Esperamos su solidaridad.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a la aprobación de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo:
Primero. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes incluya lo antes posible en su plan de obra carretera, la ampliación a cuatro carriles del tramo carretero de 32 kilómetros troncal entre este municipio de San Miguel de Allende y la autopista principal 57 Federal.
Segundo. Que una vez habiéndose cumplido el punto anterior la propia Secretaría inicie dicha obra de ampliación carretera e informe a esta soberanía sobre las acciones realizadas y específicamente sobre el proyecto y programación de obra, así como los recursos que destinará para la ejecución correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro. Promueven el Punto de Acuerdo diputadas y diputados que integramos la Comisión de Turismo en esta Honorable Cámara de Diputados. Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Comunicaciones.
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Tiene la palabra el ciudadano diputado Miguel Bortolini Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre política exterior.
EL C. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas: Como consecuencia del condenable acto terrorista en Nueva York, Washington y Pensilvania, se ha encontrado una coartada magnífica para poner a la lucha contra el terrorismo como el nuevo fetiche que discipline a todo el mundo. El problema es, sin embargo, saber quién está utilizando esa herramienta disciplinadora a nivel mundial. Desde luego, no se trata de la Organización de las Naciones Unidas, la cual una vez más es simple espectador de las acciones unilaterales que está llevando a cabo el gobierno de los Estados Unidos de América.
La guerra que está implementando el gobierno norteamericano, tiende a minar la soberanía de los estados nacionales. Lo mismo que tiende a romper la armonía que debe existir entre las naciones.
Es indudable que el terrorismo es un flagelo al que es necesario combatir, pero no se puede hacer con el doble discurso que desde la Casa Blanca se está llevando a cabo. Por un lado se ataca a los militantes de Alka-Eda y a Osama Bin Laden, cuando antes se les había alabado a ambos como "los guerrilleros de Dios", cuando antes se les había utilizado para desestabilizar los Valcanes, y ahora se les responsabiliza de ser el enemigo número uno de la democracia.
Cuando antes se les había otorgado la posibilidad de formar un ejército multinacional, que gozaba de todas las facilidades, para actuar en varios países, y ahora se les acusa de estar protegidos por el gobierno afgano, cuando antes se les habían dado todas las garantías, para acceder a un sofisticado armamento incluidas las armas químicas y biológicas. Y ahora se les acusa de desatar una ofensiva contra el mundo.
Ese doble discurso, no es otra cosa que una doble moral según la cual, el terrorismo es válido cuando se lleva a cabo contra países y estados, que no están bajo la tutela y la órbita norteamericana, y es moralmente repudiable cuando afecta a su país y a sus habitantes.
Si es verdad y creo que si lo es, que estamos frente a un nuevo tipo de guerra, y que ésta lo que busca es lograr el viejo sueño americano, conocido como destino manifiesto, de dominar a todo el mundo, y si esto se está haciendo de una manera abierta y además muy encubierta, en una ideología occidental de tal superioridad, entonces podemos entender la dimensión de la catástrofe que tenemos encima a nivel mundial.
Muy independientemente de quién llevo a cabo el condenable y terrible acto terrorista del día 11 de septiembre, lo fundamental es a señalar, que esta acción les cayó como anillo al dedo a los señores del dinero y de la guerra. Afganistán representa un bocado de gran importancia para estos señores, esa importancia no se ubica en que se trate de un país rico, no, el producto interno bruto total de Afganistán, es de 20 mil millones de dólares, el de los Estados Unidos es de 9 billones 256 mil millones de dólares, es decir, la economía afgana representa el 0.002%, es decir, 2 milésimas de la economía norteamericana.
Su ubicación geográfica es el punto central en este problema, Afganistán hace frontera con Irán, Pakistán, China, y en el norte con tres repúblicas que hasta hace algunos años formaban parte de la entonces Unión Soviética, son Turkmenistán, Uzbekistán y Tadzhkistán.
Entre estos tres últimos países más Kirguizistán, se calcula que tienen la segunda reserva de barriles de petróleo más grande del mundo, que asciende a 200 mil millones de barriles, solamente superados por otra cuenca, la del Golfo Pérsico, que posee una reserva de 600 mil millones de barriles.
La cuestión es entonces simple, quien controle ambas cuencas petroleras, controla la energía de todo el mundo, ni más ni menos, que eso es lo que está en el fondo de la guerra.
Así, de nueva cuenta, el pensamiento geopolítico, en función del control de los recursos naturales y su libre explotación y flujo, vuelve a dominar la agenda de seguridad nacional de las grandes potencias, ahora se echa mano de la lucha contra el terrorismo que, como ya hemos señalado, no es otra cosa que una criatura apapachada y amamantada por el poderío norteamericano.
La guerra en Afganistán se convierte entonces, en una pieza fundamental del rompecabezas mundial y precisamente lo complejo del asunto, debería llevar a las instancias del gobierno de nuestro país, a tener mas cuidado en sus declaraciones, Como nunca en este tipo de ocasiones que se requiere de una visión de estadista, que actúe en función de la preservación del estado nacional mexicano.
El bien merecido repudio y combate al terrorismo debe ser llevado a cabo por la ONU y no por un gobierno en particular y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar la siguiente proposición firmada por diputados también de diversos partidos, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Es indispensable que el gobierno federal, proponga ante los organismos conducentes de la Organización de las Naciones Unidas, para que sea esta y sus organismos los que conduzcan el combate al terrorismo.
Que el gobierno federal de nuestro país, se pronuncie públicamente en contra de los bombardeos que se realizan en contra del pueblo de Afganistán, donde incluso se han bombardeado instalaciones de la Cruz Roja Internacional.
Que el gobierno federal vuelva al espíritu y la letra de la Doctrina Estrada, que garantiza la autodeterminación y la soberanía de los Estados y los pueblos.
Firman el presente punto de acuerdo los diputados Miguel Ángel Moreno Tello del PRI, Enrique Meléndez del PRI, José Narro Céspedes del PT, Juan Carlos Regis Adame del PT, Jaime Cervantes Rivera del PT, José Antonio Calderón Paz , José Manuel Del Río por Convergencia, Diego Cobo Terrazas del PAN, Cristina Moctezuma del PVEM, Erika Spezia Maldonado del PVEM, Sergio Acosta PRD, Petra Santos del PRD y el de la voz.
Muchísimas gracias, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
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Tiene la palabra el ciudadano diputado Víctor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Presidente de la República en su carácter de Jefe de Estado, proponga al pleno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el que se realice una Cumbre Mundial Contra el Terrorismo.
Hasta por diez minutos, diputado.
EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA. Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que se establece en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo, por medio de la cual se solicita al gobierno mexicano pida a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, convoque a la realización de una Conferencia Mundial contra el Terrorismo bajo las siguientes:
C O N S I D E R A C I O N E S
A raíz de los ataques terroristas del día 11 de septiembre del presente en los estados de New York, Pennsylvania y Washington en los Estados Unidos de Norteamérica, se ha demostrado la fragilidad de todos los Estados miembros de la comunidad ante los ataques de grupos que no forman parte del ejército formal de ningún país.
Es necesario tener presente que la Organización de las Naciones Unidas, que el día 24 de octubre celebró 56 años de su fundación, surge a raíz de la segunda guerra mundial para sustituir a la antigua Sociedad de las Naciones, que a su vez es fundada al término de la primera guerra mundial.
Entre los objetivos de la Organización de las Naciones Unidas y que se establecen en el preámbulo de la carta de éste organismo, destaca, a reserva de las generaciones venideras, del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infringido a la humanidad sufrimientos indecibles. El flagelo de la guerra ha estado presente en toda la historia de la humanidad; sin embargo el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se niega a aceptar que la guerra sea la continuación de la paz por otros medios.
En tal virtud y considerando que en el mundo actual existe una profunda desigualdad económica, en donde pocos países y grupos empresariales dominan la actividad económica en perjuicio de gran parte de la población del mundo que trae como consecuencia que los resentimientos aumenten y se trate de eliminar estas desigualdades a través del uso de la fuerza, nuestro grupo parlamentario considera necesario que el gobierno mexicano impulse en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, la realización de una conferencia internacional en contra del terrorismo, que tenga como propósito el establecimiento de medidas multilaterales que puedan erradicar ese mal.
Por supuesto que el grupo parlamentario del PT no soslaya el que el terrorismo de estado que diferentes gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica han impulsado en perjuicio de otras naciones, le han generado el rechazo de parte de la comunidad internacional.
De todos es sabido que el denominado enemigo público número uno del gobierno de los Estados Unidos, fue entrenado y financiado en sus actividades por la Agencia Central de Inteligencia, en la época en que el padre del actual presidente norteamericano fue director de ese organismo. Todo el mundo sabe que los servicios de seguridad de los Estados Unidos, han sido utilizados para promover acciones en contra de gobiernos legalmente establecidos pero que son contrarios a sus intereses.
Es necesario destacar que con todos estos hechos de violencia irracional, la humanidad es la que pierde. Los únicos ganadores son los mercaderes de la muerte, los fabricantes de armamento en una situación que resulta paradójica Mientras en las bolsas de valores del mundo las acciones van a la baja, las de las empresas productoras de armamento van al alza.
Civiles inocentes murieron en las ciudades norteamericanas, como civiles inocentes han sido asesinados y seguirán siendo asesinados por las acciones bélicas en contra del pueblo de Afganistán, que no es ni debe ser parte de este conflicto. El argumento de que sólo se atacan campamentos de terroristas dejando a salvo a la población civil, no tiene sustento pues en este tipo de actos los inocentes son los que más resienten los ataques. Prueba de ello son los cientos de miles de personas que han buscado salir de su país.
El grupo parlamentario del partido del Trabajo, le preocupa que estos ataques se den a una zona en donde según fuentes bien informadas, se encuentra el 65% de las reservas de petróleo y gas natural del mundo. Sin duda, la existencia de estos recursos naturales despierta la ambición de las naciones imperialistas.
Nosotros consideramos que no se debe permitir el avasallamiento de la soberanía de los estados, con el pretexto de proteger a la democracia y a la libertad. El pretexto del combate al terrorismo no debe ser causa para agredir a otros países y pueblos del mundo
El Presidente George Bush declaró que se reservaban el derecho de atacar a cualquier gobierno que protegiera terroristas, lo que hay que tener presente en la definición de quiénes son los terroristas y en consecuencia susceptibles de ser atacados. Planteamos una hipótesis, en México el 1º. de enero estalla un conflicto armado en virtud de la ley para el diálogo de reconciliación y la paz justa y digna en Chiapas. El EZLN, es reconocido como parte en el conflicto y protegido por dicha ley en tanto que muestre voluntad de diálogo. Pero si el EZLN fuera considerado como organización terrorista y protegido por el gobierno mexicano en virtud de la ley antes citada, podría ser atacado por ese gobierno.
Además, hay que considerar las vastas reservas petroleras y de recursos naturales, que existen en esa zona.
Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, está consciente de que es responsabilidad internacional a cargo de la Organización de las Naciones Unidas, la de instrumentar políticas tendientes al mantenimiento de la paz internacional, según se desprende del artículo 1º. Numeral uno, que establece: los propósitos de las Naciones Unidas son mantener la paz y seguridad internacionales y en complemento a lo que se señala en el artículo 11 numeral dos, que establece la Asamblea General, podrá discutir toda cuestión relativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que presente a su consideración cualquier miembro de las Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad.
Además, en el artículo 89 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las facultades y obligaciones del Presidente de la República como jefe de estado y de gobierno.
En consecuencia y con fundamento en las disposiciones legales antes citadas, el Gobierno Mexicano, tiene la obligación legal y moral de impulsar en el ámbito internacional, políticas que tiendan a combatir el terrorismo y a mantener la paz.
Por tanto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente:
"PUNTO DE ACUERDO
"Único. La Cámaras de Diputados solicita al Presidente de la República, ciudadano Vicente Fox Quesada, a que por medio de la misión permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas, se pida a la Asamblea General de dicho órgano, apruebe la convocatoria a una conferencia mundial contra el terrorismo, que tenga como propósito el establecer un marco de igualdad internacional que posibilite el combate de este fenómeno y se consolide la paz mundial, con las modalidades que agenda y fecha de realización que la propia asamblea general determine.
"Atentamente,
"Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo" y firman todos sus integrantes.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado. Túrnese la proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Para referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el ciudadano diputado Augusto Gómez Villanueva y se le concede hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA (PRI): Muchas gracias, Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados:
El Partido Revolucionario Institucional ha considerado necesario, después de haber escuchado la propuesta hecha por nuestro compañero representante del Partido del Trabajo, expresar las razones de su solidaridad con esta propuesta.
A partir de referir a ustedes no solamente hechos que han ocurrido, sino fundamentalmente de interpretar durante el curso de estos días dramáticos que está viviendo el mundo, a partir del 11 de septiembre en que ocurrió el drama de Nueva York, y que se transformó en el riesgo de un drama mundial, ya lo es para Asia Central.
Reconozcamos que la acción del terrorismo dio en el blanco, despertó los afanes belicistas apoyados en la razón moral de una gran potencia mundial herida en su dignidad, ofendida por el dolor y la impotencia para evitar semejante agravio, que costó tantas vidas de seres inocentes, ciudadanos en sus centros de trabajo que sucumbieron en medio de las llamas y la hecatombe insólita que todos conocemos que en forma instantánea apagó muchas vidas.
México reaccionó: los mexicanos, el gobierno, las instituciones, el Estado mexicano, con una actitud no solamente de indignación sino de estupor, pero también de solidaridad con el pueblo norteamericano y el gobierno en su indignación, por hechos que atentaron contra la vida de sus conciudadanos.
Los voceros del gobierno de la República hicieron distintas declaraciones, muchas de ellas poseídas por un estado de ánimo que seguramente nos llevó a que de pronto viviéramos una etapa de confusiones. Las voces que reclamamos serenidad y prudencia y congruencia fuimos calificados lamentablemente por el propio Ejecutivo, con adjetivos simplistas de una supuesta posición protagónica, como si no tuviéramos derecho como legisladores a exigirles conducta de hombres de Estado y de recordarles los principios del derecho internacional, consignados en el artículo 89 de nuestra Constitución.
Aquí mismo en el recinto del Salón Verde, preguntamos al Secretario de Relaciones si México estaba en guerra y requerimos al Canciller Castañeda para que aclarara a la opinión pública nacional e internacional si habíamos de declarar la guerra al mundo árabe, al Islam, Afganistán, al terrorismo o a los terroristas. La pregunta no era ociosa ante las confusas declaraciones que oscilaron entre la justificación de combatir el terrorismo salvaje con el terrorismo técnico y científico.
Muchos días han pasado y han ocurrido muchos sucesos que nos obligan, fundamentalmente, a preocuparnos porque las declaraciones del Ejecutivo se enmarquen en una definición fundamental no solamente de respeto a nuestra Constitución, sino exigir a los organismos internacionales que fueron creados para preservar la paz, el que cumplan sus debidas responsabilidades institucionales.
Si bien la geopolítica nos condena y tal parece que nuestra más importante misión es vincular a este país de larga tradición pacifista a la guerra contra el terrorismo y a formar parte de una lamentable cola en el convoy de solidaridad con el gobierno norteamericano, lo peligroso es haber privilegiado el camino de la guerra por una arrojada decisión de nuestras autoridades y la rama diplomática, para dirimir una cuestión que de persecución a un grupo de delincuentes, se convirtió ya en un escenario de guerra entre estados.
Como consecuencia, se ha endosado el destino de México a esta incierta confrontación, desistiendo en nuestra gran vocación por la defensa de la paz y la aplicación del derecho internacional para dirimir los conflictos internacionales.
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Señor diputado, se le ruega redondear su intervención, pues se ha agotado su tiempo.
EL C. DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: Muchas gracias, muy amable. Gracias.
De ahí la importancia de la propuesta de los compañeros del Partido del Trabajo, de requerir al Ejecutivo para que promueva una reunión cumbre para abordar el tema del terrorismo. Aunque ya existen conferencias y recomendaciones sobre el tema, lo importante es que independientemente de las acciones de colaboración para evitar y combatir el terrorismo y la solidaridad estratégica, se construyan las bases jurídicas de organismos internacionales, para prevenir y castigar actos de esta naturaleza que eviten las graves confusiones en que han incurrido la nación ofendida y se privilegie el predominio de la represión y se satanice a los pueblos o que bajo la acusación de ser terroristas a los individuos indiscriminadamente se les prive de la libertad y de la vida y sus derechos humanos.
Por tal razón, señoras y señores, el Partido Revolucionario Institucional no solamente propone que México deba asumir su verdadera jerarquía moral, utilizando los organismos internacionales a favor de la conservación de la especie humana, sino además pedimos que comparezcan ante esta Cámara de Diputados los funcionarios de la propia Cancillería, que vengan a informar, sobre todo los objetivos y propósitos, de las visitas al exterior, sus alusiones al terrorismo y en unos días más tengamos la oportunidad de conocer cuál es en verdad la posición de México en cuanto a su vinculación y uso de los organismos internacionales a favor de la paz.
Muchas gracias.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado.
Respetuosamente le solicitaría al Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que dado que la intervención del diputado Gómez Villanueva concluye con una propuesta específica y que se había inscrito para comentar la propuesta de Punto de Acuerdo planteada por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, pudiesen procesar esa propuesta específica en el ámbito de la Comisión de Relaciones Exteriores.
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Pasamos al siguiente punto del orden del día y se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación a la donación de un día de dieta por parte de los diputados, para los damnificados por el huracán Juliette, en el estado de Baja California Sur.
LA C. DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el Artículo 58º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente Punto de Acuerdo bajo las siguientes consideraciones.
En sesiones pasadas abordamos en esta tribuna la situación por la que atraviesa el estado de Baja California Sur a raíz de los desastres causados por el Huracán Juliette que ha generado pérdidas y daños materiales en todos los municipios del Estado pero con mayor incidencia en Los Cabos y en La Paz.
En ese momento solicitamos ante esta soberanía que el Ejecutivo Federal llevara a cabo la declaratoria de zona de desastre en la entidad y se liberaran los recursos correspondientes al FONDEN para atender a la población e iniciar las labores de reconstrucción.
Gracias a la sensibilidad y solidaridad de todas las fuerzas políticas, representadas en esta Cámara de Diputados, logramos por consenso aprobar dicho Punto de Acuerdo y el Poder Ejecutivo Federal procedió a hacer la declaratoria y a liberar los recursos para emprender las labores de atención y rescate de los municipios afectados.
La estimación que hizo el Gobierno de Baja California Sur a través de la Secretaría General de Gobierno de los recursos necesarios para emprender las labores de reconstrucción, rescate y atención a los sudcalifornianos afectados por el huracán supera a los mil millones de pesos. Hasta el momento los recursos entregados al Gobierno del Estado ascienden a 10 millones de pesos que a todas luces resulta insuficiente para llevar a cabo las acciones mínimas de reconstrucción en las zonas dañadas.
Las afectaciones en el patrimonio de los habitantes de las comunidades rurales son de suma gravedad ya que además de los daños sufridos en sus viviendas perdieron sus herramientas y enseres necesarios para llevar a cabo sus tareas cotidianas del campo y de la pesca.
Reconocemos que los recursos federales son limitados y no pueden canalizarse en su totalidad para este tipo de tareas, por lo que se han realizado otras acciones para que el Gobierno estatal pudiera allegarse de recursos y complementar su actuación en esta situación de desastre.
Los esfuerzos que ha hecho la población de Baja California Sur son loables y hacemos un reconocimiento a su espíritu de lucha y recuperación frente a situaciones adversas , característica no únicamente del pueblo sudcaliforniano sino de todos y cada uno de los mexicanos.
Compañeras y compañeros diputados, hoy por mi conducto los habitantes del Estado de Baja California Sur que represento, hacen una atenta petición a esta soberanía como representantes populares pero sobre todo como personas de gran calidad humana para que en un acto solidario hagamos un aporte económico que sea canalizado a estas actividades de reconstrucción que ayudará a resolver la grave situación que están atravesando.
Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta soberanía el siguientes Punto de Acuerdo.
ARTICULO UNICO. Solicitamos la solidaridad de los compañeros y compañeras Legisladores para que donen a los damnificados del Estado de Baja California Sur un día de dieta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los treinta días del mes de octubre del 2001 una disculpa porque tengo muchos días con este Punto de Acuerdo. Atentamente. Del PRD, diputado Martí Batres Guadarrama, diputado David Sotelo, diputado Esteban Daniel Martínez, diputada Magdalena Núñez Monreal. Del Partido Verde Ecologista de México, diputado Bernardo de la Garza
Diputado Diego Cobos Terrazas, diputada Esveida Bravo Martínez, diputada Sara Figueroa, diputada Olga Patricia Chozas, diputado Francisco Agundiz, diputado Concepción Salazar, diputado José Antonio Arévalo, y los diputados del Partido del Trabajo Rosalía Peredo Aguilar, Víctor García Dávila, Jaime Cervantes José Narro Céspedes, Juan Carlos Regis y su servidora Rosa Delia Cota Montaño. Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadana Diputada.
Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
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Tiene la palabra el diputado Manuel Castro del Valle del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre procuración de justicia.
EL C. DIP. MANUEL CASTRO Y DEL VALLE: Con su permiso señora
Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO:
Consideraciones: A prácticamente un año de los lamentables acontecimientos ocurridos la madrugada del viernes 20 de octubre del año 2000 en el local antes conocido como "Lobohombo", ubicado en la delegación Cuauhtémoc, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no ha dado una respuesta satisfactoria a la ciudadanía del Distrito Federal en esto que de por sí es un caso complicado, en el que concurrieron posibles negligencias de autoridades e irresponsabilidad criminal de empresarios que no cumplieron con la normatividad vigente y pusieron en grave riesgo a su clientela, riesgo que se materializó en la tragedia que todos conocemos.
Caso que se complica aún más cuando se toma en cuenta que en este local no solamente se incumplió con la normatividad del Distrito Federal, sino que además se presume con razones fundadas, que se cometían delitos del fuero federal como el tráfico de drogas y el lavado de dinero.
Resulta preocupante aunque hasta cierto punto explicable, que para este hecho que ha significado que para docenas de víctimas ya no exista un mañana y que para muchos de los que sobrevivieron ese mañana sea terriblemente sombrío, no haya una respuesta satisfactoria a más de un año de distancia.
La ciudad de México y el país entero merecen una respuesta que por su claridad convenza a todos y que vaya de manera integral a todos los aspectos del problema, que como se ha señalado, hay en este caso conexidad con delitos del fuero federal y pensamos que debe ser objeto de una investigación a otro nivel.
Ahora bien, de acuerdo con el párrafo segundo de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando estos tengan conexidad con delitos federales.
Es decir, el constituyente permanente justificó la actuación de las autoridades federales respecto a delitos normalmente considerados del fuero común ante la presencia de delitos conexos, o sea de hechos relacionados con delitos del orden federal y local.
El combate y la lucha contra este tipo de delitos debe corresponder al orden federal ya que están afectado intereses de la federación, por lo que el conocimiento de los mismos puede ser competencia de ésta en substitución de las locales.
A mayor abundamiento de lo anterior, en el propio artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales y de conformidad con el texto constitucional aludido, se atribuye al Ministerio Pública Federal en el caso de concurso de delitos, la facultad para conocer de los delitos del fuero común que tengan conexidad con delitos federales y los jueces federales tendrán competencia para juzgarlos.
En tal virtud, debe ser preocupación de esta Asamblea Nacional que cuando se suscitan hechos como los de "Lobohombo" en los que como se tiene conocimiento al parecer hay indicios de delitos del orden federal, como son lavado de dinero, narcotráfico y delincuencia organizada, la autoridad responsables de su persecución intervenga en auxilio de la autoridad local y que asuma su responsabilidad como garante en la investigación de los delitos que afectan gravemente a la Federación, como es el caso en cuestión.
Más aún, cuando el fenómeno de criminalidad principalmente la dedicada a la producción, el tráfico y el consumo de drogas y el lavado de dinero representa hoy por hoy una grave amenaza para la salud, la libertad y el bienestar de los ciudadanos a la vez que atenta contra la estabilidad y la soberanía de las propias entidades federativas y cuando la capacidad de estas organizaciones criminales supera cualquier frontera y el ámbito de competencia en consecuencia amenaza el orden y la seguridad de regiones, estados y naciones en donde se desarrollan sus actividades, por ello debemos entender con claridad que frente a las limitaciones de la autoridad local, la responsabilidad corresponde al orden federal para enfrentar con decisión y eficacia este problema tan lacerante.
Compañeras y compañeros diputados:
Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Primero. Que se solicite a la Procuraduría General de la República, que revise la posibilidad de ejercer su facultad de atracción respecto del caso conocido como Lobohombo, ya que se presume la existencia de delitos del orden federal.
Segundo. Que la Procuraduría General de la República, en caso de ejercer su facultad de atracción respecto del asunto conocido como Lobohombo, informe a esta H. Soberanía de la situación que guarden las investigaciones.
Palacio de San Lázaro, a los 30 días del mes de octubre de 2001. Firman los compañeros diputados Nelly Campos Quiroz, Mauro Huerta Díaz, José de Jesús López Sandoval, Raúl García Velázquez, María Teresa Gómez Mont, José María Rivera Cabello y el de la voz.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se amplíe el plazo para otorgar subsidios a la Tarifa 09, se concede el uso de la palabra a la diputada Hortensia Enríquez Ortega, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
ue caLA C. DIPUTADA HORTENSIA ENRIQUEZ ORTEGA: Muchas gracias, señora Presidenta, con su permiso.
Compañeras diputadas;
Compañeros diputados:
La Comisión Nacional del Agua a partir del año de 1994 inició una promoción y difusión a través de los medios de comunicación para informar la obligación que tienen los usuarios de Aguas Nacionales y sus bienes públicos inherentes, de regularizar sus aprovechamientos y obtener el título de concesión.
Dicho esfuerzo incluyó la realización de reuniones informativas con autoridades estatales y municipales, cámaras representativas de industriales y comerciantes, asociaciones de ganaderos, fruticultores, nogaleros y en general agricultores de los distritos de riego.
El objetivo central fue lograr que los usuarios de Aguas Nacionales y sus Bienes Públicos Inherentes regularicen sus aprovechamientos y obtengan el título de concesión que les autoriza utilizar las aguas nacionales y les otorga certeza jurídica.
El 11 de octubre de 1995 el Presidente Ernesto Zedillo emitió tres decretos mediante los cuales se otorgaban facilidades administrativas y se condonaron contribuciones a los usuarios de aguas nacionales y sus bienes públicos inherentes que realizan actividades agrícolas, pecuario, silvícola y acuícola.
El citado decreto fue expedido por una vigencia de un año, mismo que se prorrogó el 11 de octubre de 1996 para el uso agrícola, con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 1998.
Con estos decretos presidenciales de facilidades administrativas, se rebasaron las expectativas y se regularizaron 29 mil 716 aprovechamientos, de los cuales 12 mil 059 son de uso agrícola, rebasando el padrón original sustancialmente. Sin embargo, por diferentes causas muchos usuarios no regularizaron su situación administrativa o presentaron documentación fuera de los plazos establecidos, por lo que su dictaminación fue extemporánea.
Actualmente en el Estado de Chihuahua se cuenta con más de mil expedientes extemporáneos y se siguen recibiendo un promedio de 80 expedientes mensuales, muchos de estos aprovechamientos cuentan con una antigüedad de más de 20 años de operación y en los cuales la inversión efectuada y la derrama económica que generan en la región representan el sustento de varias poblaciones.
Cabe citar también que el Estado de Chihuahua atraviesa por una de las peores sequías de la época reciente, con casi ocho años de no recibir el beneficio de la lluvia.
Compañeras y compañeros legisladores: Es imperativo contribuir a la regularización de la situación por la que atraviesan los productores agrícolas usuarios de las aguas nacionales en todo el país, para fortalecer el estado de derecho, proporcionar seguridad jurídica y promover el desarrollo social de este sector de la sociedad.
Por lo anterior, y considerando primero, que la Secretaría de Hacienda publicó el 30 de diciembre de 1999 un acuerdo que autoriza el ajuste a la tarifa para suministro y venta de energía eléctrica para el servicio de riego agrícola, condicionando el otorgamiento de la tarifa preferencial 09 a los productores del campo que tengan su título de concesión de aguas nacionales expedido por la Comisión Nacional del Agua.
Segundo. Dicho acuerdo entró en vigor el primero de enero del año 200 y los usuarios no tuvieron el tiempo suficiente por desconocimiento o por trámites excesivos, para regularizar su situación, por lo que existe el riesgo inminente de que a partir del primer de noviembre los productores del campo que no hayan registrado su título de concesión queden al margen de los beneficios de la tarifa 9.
Tercero. Que existen antecedentes en los años de 1995 y 1996, de regularizaciones fiscales y administrativas de los usuarios de aguas nacionales mediante la expedición de decretos que otorgan facilidades administrativas y condonan las contribuciones a los usuarios de aguas nacionales que realicen actividades de carácter agrícola.
Cuarto. Que es deber del Estado apoyar a los grupos más desprotegidos e impulsar el crecimiento económico, haciendo accesible el agua a las actividades productivas.
Quinto. Que existe la voluntad de los productores del campo de regularizar su situación administrativa y fiscal, así como también obtener a la brevedad posible el título de concesión correspondiente, que les permita seguir disfrutando del subsidio en materia de energía eléctrica.
Sexto. Que la situación por la que atraviesa el campo mexicano requiere de este tipo de apoyos para hacer costeable la actividad agropecuaria
Por lo anterior, y para impulsar y fortalecer las actividades de los sectores agrícola, silvícola, pecuario y acuícola, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Único. Solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público una prórroga en la aplicación del ajuste de la tarifa eléctrica para el servicio de riego agrícola, así como el otorgamiento de facilidades para la regularización fiscal y administrativa de los usuarios de las aguas nacionales, y que estas facilidades sean retroactivas al primero de octubre del presente año.
Por los argumentos antes expuestos, y con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior, solicito a esta Honorable Asamblea considere este punto de acuerdo como un caso de urgencia u obvia resolución.
Está firmado el documento por diputados de los distintos grupos parlamentarios.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias diputada.
Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
LA SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión el punto de acuerdo.
Se ha recibido en esta directiva la solicitud del diputado César Patricio Reyes Roel, del grupo parlamentario de Acción Nacional para hablar en pro del mismo, hasta por cinco minutos, diputado.
EL DIP. CESAR PATRICIO REYES ROEL: Gracias, señora Presidenta, con su permiso.
Compañeros diputadas y diputados:
Desde 1995, a través de decretos con facilidades administrativas, el Ejecutivo intenta regularizar y dar certeza jurídica a los usuarios de las aguas nacionales.
En el caso del sector agrícola, esta información es fundamental y de efectos económicos, pues quienes no posean el título de concesión expedido por la CNA, no podrán acceder a los beneficios del subsidio en el costo de la energía eléctrica que otorga la tarifa 09.
Mencionó la compañera diputada Hortensia Enríquez, que son varias las prórrogas que se han venido dando cuando se llega al límite del tiempo convenido para cerrar el trámite de registro de los aprovechamientos hidráulicos.
La última ocasión se extendió la prórroga del proceso de certificación de marzo 31 hasta el 30 de septiembre pasado a través del acuerdo que autoriza la reestructuración de las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y amplía el plazo establecido en el diverso que modifica el artículo cuarto del acuerdo tarifario originalmente publicado el 30 de diciembre del año 99. En dicho acuerdo se manifestaba que el plazo se ampliaba por última ocasión.
Sin embargo, por información directa de la Comisión Nacional del Agua a los miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos de esta Cámara de Diputados, sabemos que todavía hay en el país un número muy importante de usuarios que no cuentan con el título de concesión correspondiente por múltiples causas, y que debido a eso, la Subdirección de Administración del Agua ha venido promoviendo un último decreto de regularización que pronto deberá ser publicado.
Es conveniente manifestar aquí, que los usuarios de aguas nacionales para la agricultura que utilizan energía eléctrica en la zona norte del país, particularmente en el estado de Chihuahua, tienen una enorme carga económica debido a que los mantos acuíferos se han venido abatiendo a causa de la prolongada sequía de casi una década y el costo de extracción del agua es cada vez más grande. Propiamente ya no hay cultivos que sean rentables ante esta situación.
Si bien, la Comisión Nacional del Agua reporta un registro de 43 mil 430 pozos profundos y 5 mil 64 plantas de bombeo en los distritos y unidades de riego del país, creemos justo que con fecha definida se otorgue un verdadero último plazo a quienes por cualquier causa no hayan realizado trámites correspondientes a su concesión.
Por ejemplo, el caso de la zona agrícola de Delicias, existen mil 230 equipos de bombeo de los cuales 436 todavía están en trámite de alguna manera. En el estado de Chihuahua pueden ser miles y el número en el país puede ser muy grande aún.
Es necesario que en forma definitiva todos los usuarios se apeguen al ordenamiento legal que determina que la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales sólo podrá realizarse mediante concesiones que otorgue el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones estipuladas en las leyes.
Así, cumpliendo con el ordenamiento, las autoridades lograrán una más eficaz y eficiente administración del agua y los usuarios podrán en forma definitiva y sin sobresaltos, hacer uso continúo del subsidio a la tarifa eléctrica que otorgan los organismos suministradores.
La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional se suma al punto de acuerdo propuesto solicitando que las facilidades de las tarifas eléctricas se den en forma retroactiva como lo mencionó la compañera, en tanto se expide el decreto correspondiente para que los usuarios agrícolas no les sea retirado el subsidio a la tarifa nueve porque esto sería mandarlos al matadero.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Muchas gracias, señor diputado. Sobre el mismo tema hasta por cinco minutos ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Delfino Garcés, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL C. DIP. JOSE DELFINO GARCES MARTINEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros: La Fracción Parlamentaria del PRD, del Partido de la Revolución Democrática, atento a la situación que vive el campo de México y en aras de las desigualdades que se manifiestan en el campo en relación con las grandes ciudades donde se concentra la mayoría de los apoyos, vemos con simpatía y nos solidarizamos con el Punto de Acuerdo propuesto por la compañera Hortensia, de la Fracción Parlamentaria del PRI. Por lo tanto nos sumamos en aras de compensar las desigualdades antes mencionadas, en aras de que a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos podamos de alguna manera tratar este punto tan importante para que se llegue a la mayor brevedad a arreglos que nos permitan aterrizarlo y negociar en el contexto nacional las tarifas especiales, relacionado con la cuestión de la electricidad, la electricidad como parte fundamental para que los distritos de riego sigan trabajando, sigan los productores haciendo producir la tierra y sigan de alguna manera y poderles seguir ayudando. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
LA C. SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
LA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el Punto de Acuerdo.
LA C. SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo. Comuníquese.
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Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre los resultados del Viaje Internacional del Presidente Vicente Fox Quesada.
EL C. DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Con su permiso, diputada Presidenta; Honorable Asamblea: El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución democrática, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo con base en las siguientes consideraciones:
Las relaciones internacionales de cualquier país, desde cualquier ángulo por donde se le quiera mirar, son un asunto de seguridad nacional. Con ésta se observa hacia fuera de una nación, a partir del entorno internacional y hacia adentro, en razón de los objetivos, fines ventajas e intereses que se pretende alcanzar. No son un asunto menor y por lo mismo no se les puede banalizar, se trata en efecto de un asunto estado, en su más exacta acepción.
No son las relaciones de un poder y mucho menos las de una persona o personas determinadas, quien tiene responsabilidad de la conducción de las relaciones internacionales de un país, lo hace en representación de éste y no por sí o para sí.
No son, pues, las relaciones internacionales de una persona sino las de una nación, de ahí deriva lo delicado y la responsabilidad que conlleva esa tarea.
Si nuestra política internacional no nos está representando y antes bien, a momentos parece que responde a aspiraciones y anhelos privados y familiares de quien la conduce, entonces resulta necesario que desde esta representación popular, marquemos un alto, antes de que se pierda toda seriedad en el trato con nuestro país, dada la chabacanería con la que se conduce el presidente Fox y sus colaboradores y familiares, en las visitas oficiales y de Estado, que le autoriza el Congreso de la Unión, en uso de la atribución conferida en el artículo 88 de la Constitución Política del país.
Mientras en los once meses de este gobierno, los grandes problemas del país no han merecido mayor atención, hemos sido testigos de múltiples viajes internacionales, que no han reportado resultados concretos, en beneficio de nuestro país, y si en cambio un desgaste en nuestra posición internacional, por los múltiples desatinos que se han dado, por violaciones a nuestra Constitución, y aun por transgredir los principios que guían la política internacional de México.
Lo que si han dejado cada una de las giras internacionales, ha sido un compendio de anécdotas chuscas, que ruborizan a más de un mexicano ante la torpeza mostrada.
Recapitulemos, en Corea, el presidente se comprometió a confeccionar un traje a la medida de las empresas coreanas, les informó que el suyo es un gobierno de negocios, en el acto y quizás el más jocoso de la gira, por la falta de sensibilidad política, ofreció promover la unificación de las Coreas entre los congresistas y senadores de Estados Unidos, al igual que con el presidente Bush, como si la decisión correspondiera a este país, en franca falta de respeto a una cuestión que corresponde a los coreanos por resolver
En Japón, habló de que estaba presentando una iniciativa al Congreso de la Unión de México, para abrir la inversión en el campo de la generación de energéticos y electricidad, hasta ahora los legisladores no hemos recibido dicha iniciativa.
Señaló también que se encontraba promoviendo, que se abra la inversión privada en el área de gas natural seco, promoción que requiere reformas legales, que ni siquiera se han planteado en este Congreso.
Afirmó igualmente, que se está a un "pasito" que las variables fundamentales del país, se equiparen a los Estados Unidos, cuestión que no es real, y que sobre todo parece una mala broma, dado nuestros niveles de pobreza.
En China, inició la gira con otras contradicciones, cuando afirmó primero, que el riesgo de incluir a este país en la OMC, era tener que reducir aranceles a los productores chinos, que en algunos casos llegan hasta el mil por ciento, por lo que la opción era no dar ese apoyo o abstenerse; y después de reunirse con el primer ministro chino, señaló que no tiene ninguna objeción para que China entre a la OMC.
Expresó, asimismo, en ese país lejano frases como "quien no invierte en México es un tonto". ¿Que más parece la expresión? De un desesperado vendedor que está reglando su mercancía. La promoción en China incluyó el fustigamiento hacia quienes desde su campaña le hicieran ver que si propuesta armada, el crecimiento al 7% de la economía nacional resultaba inalcanzable y también a quien ahora le exigen el cumplimiento de este compromiso.
En su gira más reciente constatamos una vez más la falta de seriedad con que se conducen las relaciones internacionales de México; conocimos irónicamente en el marco del Segundo Congreso Internacional de Lengua Española por boca del Presidente, la existencia de un escritor llamado "José Luis Borges"; que México se pone a las órdenes de otro país en conflictos que le son ajenos. Conocimos que el Presidente es el precursor de las botas de charol; se detuvo la historia y de pronto volvimos a pensar en Checoslovaquia.
Nos confundimos cuando lo autorizamos a acudir al Vaticano en visita oficial y terminamos observando recepciones privadas a una pareja que se considera en pecado, según la religión católica y que sin embargo ante la ley mexicana están casados.
Se nos informó a los legisladores desde aquellas tierras, que en unos días se dictaminaría su reforma fiscal; se anunció que el próximo año se rediscutiría la reforma indígena y después se guardó silencio al respecto.
Se transgredió el artículo 88 constitucional, al realizar una visita oficial a Mongolia sin autorización del Congreso de la Unión. Este es un breve y apretado reencuentro de hechos que sin embargo no provoca ningún beneficio para nuestro país.
Por eso pensamos que por gobernabilidad, resulta necesario replantear en el Congreso de la Unión si se van a seguir autorizando viajes que provoquen estos desenlaces los riesgos son evidentes. O se cambia la manera de concebir las relaciones internacionales, o seguirá consumiéndose este sexenio entre dichos presidenciales y desmentidos de sus gabinetes y viceversa.
Nuestra política internacional no debe construirse a partir de las relaciones sociales de la pareja presidencial, y con total desapego a los intereses del país.
Si queremos mayor vigor y un nuevo papel de México en el mundo, exijamos a nuestras autoridades asumir el liderazgo entre las naciones que pugnan por un nuevo orden internacional más justo y equitativo, a partir de una globalización desde lo público para la solución de los problemas que son comunes a todos los países y que desistan de su empeño en competir entre los países que buscan allanarse más rápidamente a los designios de las potencias y mientras tanto, para distraer llenan de anécdotas ligeras la historia de las giras presidenciales.
Un presidente que no habla con la verdad, que pretende hacer de sus giras presidenciales eventos familiares y que no ofrece resultados de sus múltiples viajes, se desgasta y pierde interlocución hacia fuera del país y también hacia dentro.
Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de ustedes el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados de este H. Congreso de la Unión, hace un extrañamiento al Presidente de la República C. Vicente Fox Quesada, por su comportamiento en la gira por Europa y Asia, llevada a cabo del 10 al 22 de octubre del actual y por su desapego al artículo 88 constitucional en su visita en Mongolia.
Segundo. La Cámara de Diputados revisará escrupulosamente los objetivos buscados en cada salida internacional que pretenda llevar a cabo el Ejecutivo Federal y en razón de ello, se aprobarán o no a las mismas.
Termino. Tercero. Por cada gira internacional aprobada, la Cámara de Diputados solicitará un informe por escrito por parte del Ejecutivo Federal de los resultados alcanzados en las mismas.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 días del mes de octubre del 2001.
Gracias, muy amables.
PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos el diputado Carlos Valenzuela Cabrales, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
DIP. CARLOS VALENZUELA CABRALES: Con su permiso diputada presidenta; compañeras; compañeros legisladores:
Parecería que hablar de las giras del presidente, significara por un lado o tomar una posición crítica, obsecada e irracional o bien por el otro convertirse en un defensor sumiso, abyecto y proclive a la genuflexión de los actos del Ejecutivo.
Creo que ninguna de las dos sería una posición que nos dignificara ni ante nuestros propios compañeros de bancada. Por lo tanto me voy a referir a esta gira en los términos más objetivos y sin exaltar logros ni de interés particular ni mucho menos de intereses político partidistas.
El objetivo primordial del último viaje del Titular del Ejecutivo Federal, era asistir a la reunión cumbre o foro de la APEC en Shangai, organismo que aglutina a 21 países de la Comunidad Asía Pacífico y en los que se realizan el 54% de todas las transacciones comerciales a nivel mundial, con una captación del 56% del ingreso económico del orbe y donde se asientan el 40% de la población mundial, es decir ,aproximadamente 2 mil 500 millones de habitantes.
Este foro de la APEC será presidido por México en el año 2002. Y me atrevo a decir que será para nuestro país la reunión internacional más importante del sexenio, donde México tendrá la oportunidad de proyectarse y promocionarse a nivel mundial, como un país que ofrece estabilidad y seguridad a inversionistas de cualquier parte del orbe.
Asistir al foro de la APEC era por tanto un compromiso ineludible. Pero además debemos considerar la necesidad de nuestro país de establecer vínculos comerciales con otros países y organizaciones y no depender casi exclusivamente del comercio con los países de norteamérica es decir, Estados Unidos y Canadá, ya que el 80% de nuestras exportaciones tienen como destino final los Estados Unidos y esto nos hace sumamente vulnerables, casi con el ejemplo que impera hoy en día.
¿Qué sucede hoy en día? que debido a la desaceleración que estaba presentando la economía de los Estados Unidos, incluso mucho antes de aquel martes negro 11 de septiembre, con crecimientos reportados en el mes de julio del segundo trimestre en los Estados Unidos, de .7% . Esto originó y desencadenó una desaceleración de nuestra economía mexicana haciendo caer nuestro Producto Interno Bruto a cifras no programadas
Para evitar que estas situaciones se vuelvan a presentar, necesitamos enfocar nuestras baterías comerciales hacia otros mercados como son la Unión Europea, con la que ya tenemos un Tratado de Libre Comercio y los países de la APEC.
Esa fue la importancia del viaje de Vicente Fox, que no fue otra que la de estrechar vínculos con esas naciones con las que en un futuro no lejano, estaremos probablemente relaciones muy importantes a nivel comercial.
Es pues imperativo para hoy, que mexicanos patriotas como ustedes, como nosotros, empecemos a tomar las decisiones que permitan reunir las condiciones mínimas necesarias que propicien, atraigan, fomenten y garanticen la inversión en nuestro país.
Una política tributaria y fiscal adecuada, finanzas públicas sanas, elevar a rango constitucional la obligatoriedad de un equilibrio presupuestal, es decir, de déficits de cero y además entre otras, ofrecer garantía irrestricta a la tenencia de la tierra. Y todo esto sólo lo lograremos compañeros, cuando entendamos cual es la verdadera misión de nosotros como legisladores, cual es la verdadera misión por la que venimos y llegamos a esta máxima expresión de representación popular, que no es otra que la que aquella que mediante nuestros actos derivados de nuestro ejercicio legislativo llevar una mejor condición de vida a nuestros representados.
Es cuanto, diputada Presidente.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Sobre el mismo tema solicitó hacer uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA (PT): Con su venia, apreciable Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para plantear ante el pleno de esta soberanía su balance y observaciones en torno a la reciente gira del Presidente Vicente Fox por varias naciones.
Como se recordará se trata de la gira más prolongada del mandatario mexicano desde que asumió el poder, en diciembre del año pasado, pues ésta abarcó del 10 al 22 de octubre del 2001. Fueron en total 13 días.
Esta gira incluyó dos visitas de Estado, las que se realizaron a la República Checa, perdón, a Checoslovaquia –como dijo el Presidente- y el Reino de España, así como las visitas oficiales a la República italiana, a la Santa Sede, Hamburgo, Alemania y a Toulouse, Francia, así como para asistir a la IX Reunión Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico, en Shangai, República Popular China.
El motivo fundamental de su gira, que el propio Ejecutivo Federal sustenta como de extensión de las relaciones de México con el resto del mundo, se inscribe como parte de su política exterior de ofrecer a los inversionistas extranjeros las oportunidades de negocios que existen en el territorio nacional. Omite señalar que la incorporación de inversión extranjera directa a México se hace sin tomar en cuenta la exigencia de establecer a esa inversión requisitos mínimos para que los trabajadores mexicanos puedan acceder al aprendizaje tecnológico que implica la transferencia de tecnología a la economía mundial. Tal como ocurrió en naciones que lograron un ascenso exitoso al mercado mundial, como son los Tigres Asiáticos.
Su falta de respeto al Poder Legislativo ha ido más lejos, al ofrecer a los inversionistas del exterior la apertura de la industria eléctrica y de la petroquímica básica al capital privado, sin tomar en cuenta previamente la opinión de los legisladores mexicanos, que es a quienes por disposición constitucional compete tan delicada decisión, ya que la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo establece, en su artículo 3º fracción III cuáles son las materias primas industriales básicas y qué constituyen petroquímicos básicos; estableciendo nueve productos que conforman aquélla y que en términos de lo que se establece en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional: su explotación con carácter de exclusividad corresponde al Estado mexicano.
Otro error mayúsculo del Titular del Ejecutivo se dio cuando con gran ligereza se inmiscuyó en los asuntos internos de otra nación, al haber declarado en ocasión de su visita de Estado al Reino de España "que México apoyaría la persecución de etarras, echándoles el guante en el territorio nacional para ser extraditados a España".
Este hecho generó reacciones de malestar en la dirigencia del Partido Nacionalista Vasco, que detenta actualmente el poder en ese país, que también aprovechó la ocasión para desmentir, de paso, las declaraciones del Presidente a una emisora de radio, en el sentido de que este partido le hubiese solicitado que modificara la política que permite expulsar o extraditar a los miembros de la organización terrorista vasca que huyen y encuentran refugio en México.
Un hecho que recogió la prensa nacional e internacional sobre la actuación del Ejecutivo Federal en ocasión de su visita de Estado al Reino de España, lo represento cuando fungió como aval y testigo de calidad de la firma del contrato mediante el cual las acciones de Radiópolis, propiedad de Televisa, fueron adquiridas en un 50 por ciento por parte del grupo español Prisa, que viola totalmente lo que se dispone en los artículos 14, 23, 24 y 31 fracción IV de la Ley Federal de Radio y Televisión que señala expresamente "que son causas de revocación de las concesiones cuando se enajena, cede, hipoteca o se da en garantía o fideicomiso o se grava de cualquier modo íntegra o parcialmente la concesión y los derechos derivados de ella a gobierno, empresa o individuo o admitidos como socios en la negociación concesionada".
Además, según se desprende de la nota publicada por el diario español El País, el 16 de octubre del año en curso el grupo Prisa participará de forma compartida la gestión de Radiópolis.
Durante su gira el Presidente Fox no desaprovechó la ocasión para repetir una y otra vez el apoyo de su gobierno a las acciones de guerra que se encuentran desplegando a Afganistán y Estados Unidos, como si el pueblo mexicano respaldara tales acciones.
Como parte de las ocurrencias y la demagogia a que suele recurrir el Ejecutivo Federal, en República Checa se comprometió a representar el próximo año una iniciativa de modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de derechos y culturas indígenas, no obstante que recién se aprobaron reformas en esa materia, por cierto muy polémicas, al no considerar de manera íntegra el proyecto que había elaborado la COCOPA.
En suma, nuestro balance de la gira del Presidente Fox a las naciones señaladas, deja ver claramente que el saldo es negativo para nuestra nación en términos de la imagen que proyecta el responsable del gobierno federal.
Nos sumamos al Punto de Acuerdo presentado por los compañeros del PRD.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.
Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra la diputada Lorena Bearregard, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
LA C. DIP. LORENA BEARREGARD DE LOS SANTOS: Con su permiso diputada Presidenta.
Sin duda que se ha hablado aquí por quienes me han antecedido en la palabra, con mucha amplitud sobre los viajes del señor Presiente Fox.
Durante los doce días de gira del Presidente Fox por Europa y Asia, efectivamente, el balance es negativo. Es indudable que nunca logró demostrar las razones que sustentaron el viaje. No hubo una agenda previamente establecida, no hubo acuerdos importantes y las visitas fueron simple y sencillamente de carácter social. Lo único que lograron fue acumular más kilometrajes. El Presidente resulta que es un viajero frecuente, ha acumulado 226 horas efectivas de vuelo.
Hay una serie de preguntas que de pronto surgen y una de las preguntas que a mí me surgen es si el señor Presidente Fox lo que quiere es romper un récord vacío y sin sentido de países visitados que finalmente a nuestro país no le han dejado ningún saldo importante. Habría que preguntarle cuáles son las inversiones que el Presidente ha traído, cuáles son los acuerdos, etcétera.
Creo que hay una serie de preguntas que no tienen respuesta.
Una pregunta con sustento matemático es: ¿Qué hizo el Presidente Fox en más de 60 días que ha estado fuera del país, en los que ha tenido alrededor de 1,500 horas efectivas de trabajo? ¿A qué acuerdos sustantivos ha llegado? Todo esto sin contar, por supuesto, Mongolia, nación a la que el señor Presidente Fox visitó sin permiso de esta Cámara de Diputados.
El señor Fox, por si fuera poco, ha estado con el permiso de este honorable Congreso en trece países, de los cuales en siete ocasiones ha visitado el vecino país del norte. La última para presentar disculpas tardías.
Hace algunos días el diario Reforma publicó un artículo sumamente interesante de Jesús Silva Herzog Márquez, quien retrata espléndidamente en las frivolidades en las que ha incurrido el señor Presidente. Y quiero citar textualmente, porque me parece que vale la pena verdaderamente que escuchemos este texto. Y cito:
"No es el Estado el terreno propicio para el desahogo de la frivolidad. En ese espacio hay asuntos de gravedad que no toleran la ligereza. La autoridad, decían los romanos, reclama de un plomo firme y pesado, que mantenga las cosas en equilibrio; era Weber, quien hablaba de las fuerzas diabólicas que gobernaban los asuntos de Estado cruzar la puerta de la política suponía una decisión seria que debía asumirse con plena responsabilidad, quizá hasta con conciencia de sacrificio.
Quien busque la diversión podría parafrasearse al gran Sociólogo alemán, la diversión propia o la de otros no debe buscarla en la política, si a un hombre le obsesiona el cariño de la gente, si le aburren los pormenores de la política concreta, si tiene horror a decidir y a enfadar, si cree que su palabra es un gacho para caer bien, debe evitar la puerta de la política. La frivolidad, señor Presidente Fox, es un derecho vedado en el reino político.
En síntesis, termino la cita el Presidente Fox ha demostrado su falta de sensibilidad y carencia de formación política, no ha aprendido el señor Presidente Fox que también el silencio y a mesura pueden ser parte de una estrategia que le resulte más rentable que hacer declaraciones anticipadas, que lo único que provocan y son desmentidos a granel, y concluyo con esta frase: "pobre de aquel hombre que no sea capaz de aprender de sus propios errores porque estará condenado irremediablemente a repetirlos". Gracias.
LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadana Diputada.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
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El siguiente punto del Orden del Día es la proposición de Punto de Acuerdo que presentará el diputado Juan Carlos Regis Adame del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en torno a la exhortación, a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso del atentado al candidato del PRI Alfredo Anaya.
Tiene la palabra el diputado Reyes Adame.
EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REYES ADAME. Gracias diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados . El grupo parlamentario del Partido del Trabajo , con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente Punto de Acuerdo, bajo las siguientes consideraciones.
El pasado miércoles 10 de Octubre, el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de Michoacán sufrió un atentado en el cual fue baleado el vehículo en que se transportaba hacia el debate que habían pactado los demás candidatos.
Dicho intento de asesinato se llevó a cabo en la carretera que va de Zinapécuaro a Morelia, cuando tres sujetos no identificados accionaron sus armas contra la camioneta en que viajaba el Lic. Alfredo Anaya.
Tenemos claro que cualquier agresión a la tranquilidad de los mexicanos es condenable y por tanto el Partido del Trabajo será el primero en censurarlo. Lo que nos inquieta es que las declaraciones a la prensa y ante el Ministerio Público son completamente diferentes y contradictorias, además existen versiones encontradas entre el chofer que lo acompañaba y el candidato del PRI a la gubernatura de Michoacán.
No comprendemos por qué se debe esta contradicción que puede presentarse o prestarse a que las autoridades y la población hagan una interpretación dolosa de los hechos.
Sumado a lo anterior, nos parece una grave limitación que la PGR hasta el momento solo haya ejercido su facultad de atracción para investigar la utilización de una arma de uso exclusivo del Ejército como lo es la metralleta AK47 comúnmente conocida como Cuerno de Chivo.
Creemos que al tratarse de una acción encaminada a lesionar un personaje público y el existir declaraciones contradictorias entre las personas que sufrieron dicho atentado, la Procuraduría General de la República debe investigar todo el caso y no solo la utilización de una arma exclusiva del Ejército Mexicano.
El clima electoral de la entidad es álgido, un hecho como este está siendo manejado de manera confusa, solo contribuye a enconar a las fuerzas políticas que contienden en Michoacán y que pueden enturbiar el resultado de la elección.
Por ello, debemos buscar que una instancia federal lleve la investigación del caso. Tenemos antecedentes que sustentan la actuación de la PGR, los llamados crímenes políticos como los de Colosio, Luis Massieu, las Matanzas de Aguas Blancas y Acteal fueron atraídas por la Procuraduría para llevar a cabo las investigaciones.
De esta forma el Punto de Acuerdo que sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea, es que en uso de las atribuciones que le confiere el Artículo 10º del Código Federal de Procedimientos Penales, la Procuraduría General de la República ejerza la facultad de atracción para investigar los hechos ocurridos el 10 de octubre pasado en Michoacán.
Por las consideraciones antes expuestas, sometemos a la consideración de ustedes el siguiente Punto de Acuerdo.
Artículo Único. Que la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Procuraduría General de la República, con fundamento en el artículo Décimo del Código Federal de Procedimientos Penales, ejerza la facultad de atracción para conocer e investigar el atentado perpretado en contra del licenciado Alfredo Anaya, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado de Michoacán.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 30 días del mes de octubre del 2001.
Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, coordinador, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, Vicecoordinador diputado José Narro Céspedes, diputada Rosalía Peredo Aguilar, diputado Jaime Cervantes Rivera, diputada Rosa Delia Cota Montaño, diputado Félix Castellanos Hernández, diputado Víctor Antonio García Dávila y diputado Juan Carlos Regis.
Gracias, Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo relacionado con que se establezca un programa ecológico integral de reforestación en la zona del Iztaccíhuatl, Popocatépetl, abarcando los estados de Puebla, de México y de Morelos, se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Víctor León Castañeda, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO VICTOR LEON CASTAÑEDA: Con el permiso de la Presidencia.
Señoras y señores legisladores:
El suscrito diputado integrante de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 73 de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y articulo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito solicitar la siguiente propuesta con punto de acuerdo para que se establezca un programa ecológico integral de reforestación de la zona Izta Popo, que abarque los estados de Puebla, México y Morelos.
Los recursos forestales en la región Izta Popo han sido destruidos en un 70% de lo que se tenía en los años 30 ó 40 del siglo pasado como consecuencia de políticas gubernamentales erróneas y de la explotación irracional del bosque que se hizo a través de permisos otorgados a empresas particulares y ejidales.
En el caso de México y concretamente en la región Izta Popo que comprende los estados de Puebla, México y Morelos, a principios del siglo pasado se tenían bosques cuantificados en 150 mil hectáreas aproximadamente.
En la región Izta Popo se ha acentuado el deterioro de los bosques propiciando el desequilibrio ecológico ante la irracional explotación de sus recursos.
En el Estado de Puebla los municipios con vocación forestal ocupan una extensión territorial de 1,709 kilómetros cuadrados, con una población de 331 mil 075 habitantes, dichos municipios son Atlixco, Calpan, Yauzingo, Huexotzingo, Nealpica, San Jerónimo Tecuanipan, San Matías Tlanalcaleca, San Nicolás de los Ranchos, San Salvador el Verde, Tianquismalnalco, Tlahuapan, Xochimilco y San Felipe Teotlalzingo.
En esta región se desarrollan actividades productivas agropecuarias de gran relevancia, teniendo en esa región en cuanto a desarrollo rural, el primer lugar en bovino, tercer lugar en porcinos, segundo lugar en superficie dedicada a la producción del maíz y en tercer lugar en fríjol, además tiene los primeros y segundos lugares en producción de hortalizas, flores y frutales, que sólo revela la importancia económica que se tiene en la región, en el sector primario y nos indica la necesidad de implementar programas que impulsen el desarrollo económico de esta región.
En el Estado de México, los municipios de Chalco, Amecameca, Tlalmanalco, Ozumba y Atlautla se encuentra una población de 335 mil 276 habitantes, el uso de suelo de dichas extensiones de tierra agrícola y forestal con vegetación predominante de bosques, de pino, oyamel y pastizal.
En el Estado de Morelos, de la región Izta Popo, los municipios que tienen vocación forestal, Tetela del Volcán, Yecapixtla y Ocuitupo donde se encuentra una población de 68 mil habitantes.
Cabe señalar que de acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en el año de 1998 el Estado de México registró un total de 3 mil 649 incendios, ocupando así el primer lugar en la República Mexicana, habiendo afectado 25 mil 847 hectáreas.
En el Estado de Puebla durante el mismo año se registraron 544 incendios forestales, afectándose 19,835 hectáreas y en el estado de Morelos se registraron 330 incendios forestales afectándose 2,360 hectáreas de pastos naturales, arbustos y arbolado.
Por ello, se propone desarrollar un programa de manejo con soluciones integrales de desarrollo sustentable en beneficio de las comunidades.
De conformidad con la fracción XXIX del artículo 32 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, otorgar contratos, concesiones, licencias, autorizaciones y asignaciones y reconocer derechos según corresponda, en materia forestal de aguas, la explotación de la flora y fauna silvestre por ello resulta de vital importancia que la Secretaría tome las siguientes medidas:
Cancelar todos los permisos de corte de árboles existentes a personas que no tengan derecho de uso de suelo;
Prohibir el otorgamiento de concesiones a particulares que no sean ejidatarios o pequeños propietarios a quienes con el fin de elevar su nivel económico se les otorgarán permisos para aserraderos, de acuerdo con la reglamentación especial buscando que el bosque jamás vuelva a ser explotado como ha sucedido.
Es necesario, en términos del artículo 32 bis, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, implementar programas que establezcan el equilibrio de la flora y fauna de la región, conservando una fuente vital de agua y oxigeno y promoviendo la introducción de la fauna silvestre.
Asimismo, atendiendo el artículo 29 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y fracción XV del artículo 5º., de la Ley Forestal, se hace indispensable fomentar una cultura de conservación de los recursos naturales tanto en los estudiantes como en los jóvenes productores buscando que las nuevas generaciones crezcan con esta nueva cultura ecológica.
Debido a la importancia de la zona, urge educar a las nuevas generaciones con una nueva cultura ecológica tendiente a formar una conciencia especial con relación al cuidado y conservación del bosque incluyendo una nueva materia educativa de tipo ecológica en los planes de estudio de primaria, secundaria y bachillerato.
Asimismo, se sugiere que el trabajo de capacitación y concientización de la necesidad del cuidado, conservación y aprovechamiento racional del bosque, así como la reforestación con los productores y sus hijos que asisten a la escuela se realice por personal de brigadas de educación para el desarrollo rural que están ubicados en las regiones de los tres estados, que dependen de la Secretaría de Educación Pública Federal y la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria, así como por la Secretaría de Educación y Cultura de cada estado mediante la firma de un convenio en términos de lo establecido por el artículo 31 de la Ley General de Equilibrio Ecológico, el cual establece lo siguiente:
"El Gobierno Federal, las entidades federativas y los municipios, con arreglo en lo que dispongan las legislaturas locales, fomentarán investigaciones científicas y promoverán programas para el desarrollo de técnicas y procedimientos que permitan prevenir y controlar y abatir la contaminación; propiciar el aprovechamiento racional de los recursos y proteger los ecosistemas. Para ello, podrán celebrar convenios con instituciones de educación superior, centros de investigación, instituciones del sector social y privado, investigadores y especialistas en la materia".
La solución al problema debe ser integral, con la participación coordinada de distintos órganos de la Administración Pública tal y como lo tiene previsto el artículo 39 de la Ley General de Equilibrio Ecológico al establecer que la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales, Pesca y Alimentación con la participación de la Secretaría de Educación Pública, promoverá que las instituciones de educación superior y los organismos dedicados a la investigación científica y tecnológica desarrollen planes y programas para la formación de especialistas en la materia en todo el territorio nacional y para la investigación de las causas y efectos de los fenómenos naturales.
Por todo lo anterior, se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que implemente los programas y acciones necesarias para concientizar a los estudiantes de la región Izta Popo sobre la importancia del ecosistema que le rodea y que implementen en su plan de estudios la materia de estudio y conocimiento del medio ambiente.
Tomando en cuenta lo establecido en la fracción VII del artículo 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual señala que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación corresponde el despacho –fracción "organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios, acciones de crías, semilleros y viveros vinculándose a las instituciones de educación superior de las localidades que correspondan, en coordinación en su caso con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por ello se propone la creación de un programa ecológico de reforestación de la zona Izta Popo.
Compañeras y compañeros legisladores:
Por lo anteriormente expuesto me permito presentar ante esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales implemente las siguientes acciones: cancelar permisos de corte de árboles en caso de que tal autorización constituya un riesgo para el ecosistema en la zona Izta Popo, que abarca los estados de Puebla, México y Morelos. Implemente programas que restablezcan el equilibrio de la flora y fauna en la región Izta Popo que comprende los estados de Puebla, México y Morelos, conservando una fuente vital de agua y oxígeno y promoviendo la introducción de la fauna silvestre.
Que fomente una cultura de conservación de los recursos naturales, tanto en los estudiantes como en los jóvenes productores, buscando que las nuevas generaciones crezcan con esta nueva cultura ecológica.
Le solicitaría me permita terminar, presidenta.
LA PRESIDENTA: Concluya.
EL DIP. JOSE LEON CASTAÑEDA: Que la Secretaría de Educación Pública a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y a las demás entidades gubernamentales competentes, coadyuven los programas y acciones para instrumentar los programas y acciones necesarios para concienciar a los estudiantes de la región Izta Popo sobre la importancia del ecosistema que les rodea.
Capacitar en materia agropecuaria y forestal a los productores agropecuarios y forestales de la región Izta Popo, estableciendo un centro de capacitación para el trabajo agropecuario y forestal. Se establezcan viveros forestales en los estados de referencia. Por todo lo anteriormente expuesto pido su comprensión y apoyo, compañeros legisladores, para hacer de este país una región digna en materia ecológica que dejaremos a nuestras próximas generaciones.
Es cuanto, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Sonido en la curul del diputado de la Riva Pinal.
EL DIP. JOSE GERARDO DE LA RIVA PINAL: (desde la curul) Presidenta, en términos del artículo 102, para rectificación de hechos por favor.
LA PRESIDENTA: Sí señor diputado. Quiero informarle que han pedido la palabra para el mismo asunto la diputada Erika Spezia Maldonado, en seguida usted y a continuación el diputado Víctor Díaz Palacios.
Entonces, si me permite, tendrá la palabra la diputada y en seguida con mucho gusto.
Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
LA DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO: Muchas gracias señora Presidenta.
Compañeros diputados:
Es de sabios reconocer los propios errores y enmendarlos, también es justo reconocer los aciertos de los adversarios. El día de hoy observamos cómo el Partido Acción Nacional, de cuyas filas saliera el titular del Ejecutivo Federal, reconoce las limitaciones de la política gubernamental respeto al manejo de los bosques ante los graves problemas de deforestación que enfrenta nuestro país.
Puede parecer ocioso repetir la importancia de los bosques para la captación de agua, la captura del carbono y la producción del oxígeno, o como hábitat de numerosas especies y otros productos beneficiosos que éstos arrojan al ser humano. Todos lo sabemos, sin embargo observamos cómo cotidianamente estos valiosos recursos son explotados irracionalmente.
A nivel nacional se calcula que en los últimos cien años hemos perdido cerca del 90 por ciento de nuestros bosques tropicales, alterando micro climas y la delicada interacción natural. Sequías, inundaciones, ciclones, deslaves y otros desastres naturales que resultan ser no tan naturales sino producto de la actitud destructora de los bosques.
¿Hasta cuándo vamos a detener esta acción irracional y autodestructiva? ¿De qué magnitud debe ser la catástrofe ambiental que enfrentamos para actuar con resoluciones y con soluciones a los problemas ambientales?
Hace algunas semanas se publicaron en la prensa poblana unas declaraciones por parte de un investigador de la Universidad de Puebla en las que se relacionaban directamente los deslaves e inundaciones ocurridos en octubre de 1999 en esa entidad, con el alto grado de deforestación que se sufre. Ese mismo investigador calculaba que cada cuatro segundos y medio se tala un árbol en el estado de Puebla.
Los miembros del Partido Verde Ecologista de México estamos convencidos de que la mejor prevención contra ese tipo de desastres, implica acciones de protección y restauración de nuestro patrimonio ecológico.
Invitamos a las autoridades del Ejecutivo a considerar que la verdadera prevención ante catástrofes naturales implica el atacar las causas y nos esperar los devastadores efectos. Verdaderas acciones preventivas deben involucrar de manera primordial acciones tendientes a restaurar y preservar el equilibrio ecológico.
Ante dicha problemática, las políticas del Ejecutivo resultan insuficientes. El día de hoy, ante el punto de acuerdo que nos presenta el Partido Acción Nacional, los diputados del Partido Verde manifestamos nuestra satisfacción por esta acción emprendida por ese grupo parlamentario. Aunque los exhortamos a que se den cuenta de que las política del Ejecutivo Federal emanado de su partido son insuficientes para dar un tratamiento integral a este problema.
Urge un ordenamiento ecológico del territorio que respete la vocación natural del mismo. De acuerdo con los datos de la propia SEMARNAP, cerca del 70% del territorio tiene una vocación silvícola y forestal, y sin embargo observamos que en la política agropecuaria del Ejecutivo se siguen impulsando políticas agropecuarias altamente dañinas para el medio ambiente, que amplían indiscriminadamente la frontera agrícola sin respetar la vocación natural del territorio, lesionando con esto gravemente los recursos que pertenecen a las futuras generaciones de mexicanos y que tenemos, nosotros la responsabilidad de mantener.
Como mencionaba al principio de mi intervención, es de sabios reconocer los propios errores. Hoy observamos al PAN una acción positiva en este sentido, los invitamos a que continúen en ese camino y exhorten al Ejecutivo a convertir lo dicho en una realidad y que el bosque y el agua sean de verdad temas de prioridad nacional como lo dijera Vicente Fox y no sólo otro comentario sin transcendencia de nuestro Presidente. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Gerardo de la Riva Pinal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por cinco minutos.
EL DIP. GERARDO DE LA RIVA PINAL: "Para pedestal, no para sepulcro, se hizo la tierra, puesta está tendida a nuestra plantas", José Martí.
Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna en vista de la importancia que reviste el tema de conservación forestal de una zona tan importante para el estado de México, Morelos y Puebla, tomando en cuenta además las siguientes consideraciones:
Se propone ampliar los alcances del programa ecológico integral de reforestación propuesta en esta tribuna por un programa integral de conservación y desarrollo forestal.
En un programa integral la reforestación es una de las variantes más importantes a perseguir; sin embargo debe incorporarse también los siguientes componentes:
Primero. Programa de Conservación de suelo y agua. Corresponde a la realización de obras de control, de escurrimientos como construcción de presas filtrantes para contener sólidos y disminuir la velocidad de escurrimientos en épocas de lluvia. Adicionalmente se podrán construir presas de mampostería para almacenar agua en las zonas montañosas.
En cuanto a obras de conservación de suelo, puede hablarse de acondicionamiento de suelos para recibir la reforestación la reforestación ya sea mediante uso de maquinaria para hacer subsoleo o terraceo en terrenos erosionados y tepetatosos, así como la construcción de tina ciega y zanjas trincheras para contener la erosión de suelos y favorecer la reforestación y recarga de mantos freáticos.
Dos. Saneación Forestal. Existe un significativo problema de árboles plagados, muertos en pie o enfermos que será indispensable extraer para evitar que las plagas o enfermedades que poseen estos árboles puedan extenderse hacia el arbolado sano, de esta forma podrá mantenerse la salud de la masa forestal. Adicionalmente deberá aplicar un programa preventivo consistente de observación, podas, aclareos, fertilización, entre otros.
Tres. Organización Social y Capacitación de la Población Rural. Consiste en el desarrollo de alternativas económicas, tecnología alternativa, que tiene la característica de ser compatible con la conservación de recursos forestales que ayudan a tener un mejor nivel de vida de la población, como es el desarrollo de plantaciones forestales comerciales, de unidades de manejo de fauna y flora, producción orgánica de alimentos, entre otros.
Deberá de preverse recursos del Programa de Empleo temporal para llevar a efecto estos programas.
Finalmente es de mencionar que la Federación y los estados de Morelos, Puebla y México, han iniciado la primera etapa del Programa denominado "Ordenamiento Ecológico de la Región del Volcán Popocatépetl y su Zona de Influencia", cuyo objetivo principal es el ordenamiento ecológico del uso del suelo y actividades a desarrollar dentro del área de influencia del proyecto; 206 mil 775 hectáreas integradas por 33 municipios, cinco del estado de Morelos, 16 del estado de Puebla y 11 del Estado de México e incluyendo una variable ambiental sumamente importante que es el riesgo ante eventos volcánicos, sea emisión de cenizas o derrame de lava, por lo que se observa una planeación sumamente cuidadosa en un radio de 22 kilómetros del cráter del volcán.
Este proyecto, como ya lo hemos expresado, se encuentra en su primera etapa correspondiendo al estado de Puebla y deberán buscarse apoyos financieros para llevar a cabo las cuatro etapas restantes que son: La etapa de diagnóstico, la etapa de prospectiva, la etapa propositiva y la etapa de gestión e instrumentación.
Aunado a lo anterior, el gobierno del Estado de México ha desarrollado el proyecto integral de Sierra Nevada 20012005 en donde se considera a la zona Izta Popo.
Es por ello, compañeros diputados, que nos unimos a este Punto de Acuerdo planteado y solicitando a la Presidencia de esa Cámara pueda ordenar se agregue al mismo la proposición de nuestra parte: Por un ambiente sano y por campesinos forestalmente productivos. Gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Se le ruega dejar su texto en la Secretaría para que sea anexado a la proposición del diputado Víctor León Castañeda. Tiene la palabra el diputado Víctor Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO VICTOR DIAZ PALACIOS: Con la venia de la presidencia. Honorable asamblea. Saludo el interés que tiene mi paisano, Víctor León, sobre el tema de la deforestación, sin embargo, quiero decirle que ojalá y haga fuerza común para convencer al Ejecutivo, ya que en este momento sólo tenemos cuatro inspectores por parte de la Profepa, para vigilar todo el estado de Puebla, que obviamente es insuficiente.
El Ejecutivo estatal, como usted sabe y también Erika, ha enviado una iniciativa al Congreso del Estado que ha sido aprobada, en donde contempla la tala de árboles así como los incendios intencionales como un delito grave, pero lo más importante es que esta iniciativa que se convirtió en ley, no contempla el cambio del uso del suelo, que eso es lo que más perjudicaba realmente a los estados.
El incendio, como bien se ha mencionado aquí, es una causa que está afectando al Izta y al Popo, pero también en la parte de la sierra norte y de la sierra nororiental, que nos ha tocado hace dos años la pérdida de vidas humanas.
Es por eso que nosotros nos sumamos a este Punto de Acuerdo de las señoras y señores legisladores, pero también con el compromiso de impulsar este Punto de Acuerdo con el Ejecutivo Federal, para un apoyo real y no sólo en el papel. Por su atención, muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Ha solicitado también hacer uso de la palabra sobre este tema el diputado Alonso Ulloa Velez del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO ALONSO ULLOA VELEZ: Muchas gracias diputada presidente. Voy a ser muy breve, pero si considero necesario hacer una rectificación de hechos, ciertamente desde la campaña presidencial, el entonces candidato surgido de las filas de Acción Nacional y apoyado por una alianza, que lo hizo llegar a la presidencia de la república, expresó su compromiso con el medio ambiente, como un tema fundamental y de seguridad nacional, como un tema que ha sido reconocido aquí por todos quienes me han antecedido en el uso de la palabra, vital para lograr un desarrollo sustentable en nuestro país.
Es por ello, que una de las primeras acciones que hizo el presidente Vicente Fox, fue el establecer una Comisión Nacional Forestal, que permitiera generar planes de manejo de las áreas protegidas y también generar planes que permearan hacia todas las Secretarías, todas las instancias del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, para lograr esta conciencia en todos los niveles de gobierno, que permitan tener ese país del que hemos hablado en estas intervenciones.
Ojalá que en el momento de establecer el presupuesto de egresos para el próximo año, seamos nosotros, los diputados, también consecuentes con esto que hemos dicho hoy aquí, y que le demos a la Comisión Nacional Forestal, a la Secretaría de Medio Ambiente, a la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, los recursos que requieren para empujar con fuerza este tema hacia adelante y convertirlo verdaderamente un tema de seguridad nacional.
El tema está en la mesa, le corresponde, si, por supuesto al Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Federal está haciendo su parte y ojalá nosotros hagamos la nuestra, cuando llegue el momento. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado, esta presidencia toma la sugerencia implícita en la intervención del ciudadano diputado y adiciona el turno a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara.
LA C. PRESIDENTA. El siguiente punto del orden del día es la presentación de un punto de acuerdo a cargo del diputado Jaime Larrazábal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con el objeto de dinamizar y eficientar el turismo social en el país.
EL C. DIPUTADO JAIME ARTURO LARRAZABAL BRETON. Muchas gracias, señora Presidenta.
Los diputados Miguel Ángel Moreno Tello, Raúl González Villalba, Lilia Mendoza Cruz, Elías Martínez Rufino, Irma Piñeyro Arias, Federico Granja Ricalde, Cándido Coeto Martínez, José Soto Martínez, Bulmaro Rito Salinas, Ángel Meixueiro González, Edilberto Buenfil Montalvo, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Rafael Servín Maldonado, Abel Trejo González, Ernesto Rodríguez Escalona, Jaime Mantecón Rojo, Samuel Aguilar Solís, Efrén Leyva, Rufino Rodríguez y Héctor Sánchez López, ante esta soberanía compañeras y compañeros diputados, quisiéramos comentar que consecuencia del dinamismo en el que se desarrolla el mundo moderno, el ser humano está propenso a padecer diversos tipos de fenómenos o enfermedades, situaciones que motivan a las personas a la búsqueda de actividades físicas y recreativas que ayuden a minimizar ese tipo de efectos. Para contrarrestar dicho tipo de efectos y dada la actual distribución de la riqueza, es indispensable una determinada oferta turística de acuerdo a la realidad económica y social de la población.
Es necesario otorgar mayor atención a los segmentos de escasos recursos entre los que destacan sindicatos, trabajadores de la industria, empleados del gobierno, del magisterio, el sector juvenil, discapacitados y personas de la tercera edad.
El turismo social es un sistema que crea las condiciones necesarias que permiten el acceso al turismo a un gran sector de la población que carece de posibilidades financieras para disfrutar del turismo comercial, pero que también tiene derechos de recreación, descanso, diversión y de conocer otros ambientes.
El turismo social tiene una relación directa con el sindicalismo. Explico: el turismo social comienza a desarrollarse en los años anteriores a la segunda guerra mundial apoyado por la conquista de vacaciones pagadas para los trabajadores que dependían de factores como tiempo disponible y recursos financieros, lo cual se traduce en la existencia de alojamientos y medios de transporte adecuados. Terminada la segunda guerra mundial, se generó un cambio político económico y social a nivel universal; la seguridad social aportó mayor protección al trabajador y su familia, las vacaciones se extendieron, los trabajadores adquirieron nuevos derechos y libertades.
A partir de la década de los 70 es cuando se da un crecimiento del turismo, por ello en el año de 1973 se constituyó el Buró Internacional del Turismo Social que tiene como objetivo favorecer el desarrollo del turismo social dentro del marco internacional, coordinando las actividades turísticas de sus miembros, además de difundir un mejor turismo al alcance de la mayor cantidad de personas.
En nuestro país son escasas las instituciones que favorecen esta actividad turística y cito como ejemplo a las siguientes: el Consejo Nacional de Cultura y Recreación de los Trabajadores, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el Fondo Nacional de Garantía para el Consumo de los Trabajadores, el Fideicomiso Obrero, el Consejo Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Senectud, la Secretaría de la Reforma Agraria, entre otros.
No obstante su existencia, es casi nula su promoción y limitadas sus posibilidades económicas.
Por su parte, la Secretaría de Turismo, presentó el pasado martes 22 del mes de septiembre el Programa de Desarrollo Turismo Social 20012006, cuyo objetivo es el de contribuir a elevar la participación de diversos grupos de población en las actividades turísticas y recreacionales.
Sin embargo, las estrategias, acciones y convenios anunciados podrían no ser suficientes para impulsar y fomentar el turismo social.
En México el turismo doméstico o nacional es predominantemente familiar. Los motivos de viaje de casi la mitad de las personas que pasan por lo menos una noche fuera de su casa, son familiares. Se viaja visitando parientes, aunque muchos lo hacen en el marco de las ferias regionales o las celebraciones religiosas como el santo patrón de su comunidad.
Este tipo de turismo contrasta con los viajes internacionales de los mexicanos, los cuales son meramente por placer entre el 40, 45% más que para visitar familiares que van del 30 al 35%.
La segunda razón más importante para el viaje nacional es para vacacionar o descansar, que van del 25 al 30%. Cuando viajan dentro del país los mexicanos mayormente se quedan con amigos o familiares, en vez de alojarse en hoteles o moteles.
Los destinos turísticos son dispersos, lo que refleja lo significativo que son los patrones históricos de las relaciones familiares, más que la distribución de los centros turísticos urbanos.
En cuanto a forma de transporte, la mayoría de los viajes se realizan en autobús seguidos del automóvil propio; menos del 10% de la población sale del país, de los cuales el 40% utiliza automóviles propios y una proporción similar utiliza aerolíneas comerciales.
Según datos de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, la oferta para el turismo social en México se puede resumir por los siguientes datos: 1600 habitaciones en 21 hoteles; 6 mil 990 camas, en 29 albergues y más de 41 balnearios; 450 cajones de estacionamientos en diferentes trailers parks; 2 mil 125 espacios para tiendas de campaña en 23 campamentos y algunos balnearios;1 mil 950 cabañas distribuidas en 14 paradores y algunos balnearios. Todas estas cifras nos dan un total de 38 mil espacios para alojamiento persona noche, las cuales desde luego son insuficientes.
La gran disparidad entre el desprecio oficial hacia el turismo interno y su importancia real en la industria, debe ser objeto de preocupación máxime ahora y después de lo ocurrido en septiembre pasado en Estados Unidos.
No se tiene una base de datos adecuada sobre la demanda turística con dicha característica familiar social. Las políticas públicas se orientan casi exclusivamente a atender a las necesidades de la demanda turística de altos recursos económicos en zonas exclusivas.
Las organizaciones que actualmente ofrecen servicios turísticos a gran escala en México, comparten una visión de la forma de organizar el turismo y es con base en grandes hoteles manejados por proveedores trasnacionales. Esta visión excluye a los productores rurales como potenciales proveedores para un nuevo tipo de servicio y a los viajeros de los sectores medios.
En México en casi todas las partes del mundo donde se llevan a cabo actividades turísticas, se tienen periodos de estacionalidad muy marcados, con alta y baja afluencia, en parte causados por los periodos vacacionales de turistas nacionales o las temporadas frías en sus lugares de origen de turistas extranjeros. Es decir, temporadas preferentes que inciden en la ocupación hotelera que acumulada al año al año ocasionan porcentajes promedio entre el 50 y 53%, lo cual significa que en el año se tenga una gran cantidad de cuartos de noche desocupados que requieren del diseño de una estrategia de movilización de turistas al interior del país, que puedan principiar por los trabajadores del ámbito público y privado y ¿por qué no pensarlo? de los mismos trabajadores jubilados, que podrían generar el trinomio recreación derrama económica mayor competitividad para desarrollar el trabajo renovador y productivo.
Ahí es donde preguntamos: ¿qué las personas con escasos recursos no pueden vacacionar? son innumerables los destinos a los cuales podrían asistir, como son playas en Acapulco, Veracruz, Mazatlán, Huatulco, Manzanillo, Puerto Vallarta, Los Cabos, la riviera maya entre otros. Centros arqueológicos como Teotihuacán, Monte Albán, El Tajín, Cacaxtla, Tulum, Chichén Itzá, Chelhá, Cobá y ferias regionales como la de Texcoco y Aguascalientes, parques como el Cañón del Sumidero, Cuatro Ciénegas, La Sauceda, Río Verde. Museos como el de Antropología e Historia, el de San Carlos, El Niño, Casa de los Hermanos Serdán y en fin, son muy diversos y variados los lugares a los que se podría vacacionar.
Sólo por dar un ejemplo, Japón considera una cuestión prioritaria que todos su trabajadores con bajos, medianos y altos recursos, tomen sus vacaciones una vez al año, desplazándose tanto en el interior de su territorio como viajando por el extranjero. Esto está considerado como una política de Estado. El mecanismo financiero para lograr este objetivo, consiste en que el Fisco destine donde laboran para la creación de un fondo destinado al turismo. Este recurso cubre todos los gastos vacacionales de sus trabajadores.
Concretamente podríamos afirmar que el Japón fomenta el turismo haciendo deducible la totalidad de los gastos del viaje del causante siempre que éste sea un trabajador.
"La filosofía de esta política de Estado se basa en la certeza que haciendo turismo las personas practican relaciones humanas, se interiorizan en otras culturas, conocen diferentes maneras de ser y de pensar, aprenden y se ilustran aprovechando su descanso necesario para su bienestar y salud.
"Se ha constatado que a través de esta forma de viajar los conocimientos y la información que adquieren redunda al regreso de su viaje e incorporarse a su vida cotidiana en valiosas aportaciones para su país.
"Es por todo esto que con fundamento en los artículos 58 y 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, respetuosamente ofrezco a consideración de esta asamblea la presente proposición con
" P u n t o d e A c u e r d o :
"Único. Para que esta soberanía exhorte a la Secretaría de Turismo para que en coordinación con Fonatur, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y demás entidades con objetivos afines, implementen un programa integral de apoyo al turismo social que tenga por objeto impulsar y fomentar el turismo nacional, incentivar la inversión y facilitar la recreación de los sectores sociales de escasos recursos de nuestro país".
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, ciudadano Diputado.
Túrnese a la Comisión de Turismo.
(Aplausos)
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En virtud de que ha transcurrido el lapso de tiempo previsto para las sesiones en el acuerdo parlamentario, le solicito atentamente a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión, en el entendido de que los asuntos reflejados en la orden del día de la sesión de hoy se proyectarán a la sesión subsecuente.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI):
(Da lectura al orden del día de la próxima sesión)
(LEYO. INSERTESE)
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 21
PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA
ORDEN DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
COMUNICACIONES
De los Congresos de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Colima, México, Puebla, San Luis Potosí y Tabasco.
MINUTA
Con Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Carolina Marín Hernández, Zaida Leovana Castro Alcalde, Luis Roberto Morales Gómez, Mónica Gabriela Morales Juárez, Marco Antonio García Cárdenas, María del Carmen Uruñuela Martínez, Héctor Omar Canales González, María Delgado Rendón, Salvador Alejandro Jiménez Castillo, Alejandra Abigahy Domínguez Saldaña, Misi Dalia Espinoza Jurado, José Carlos Lira Caballero, Iván Villaseñor Martínez, Ana Cristina Covarrubias Carrillo, José Luis Chávez Hernández, Ceciliano González Placido, Elisa Ledesma Martínez, Mónica Gabriela Marquina Gaxiola y Martha Alicia Beltrán Alanís, para prestar servicios en la Embajada y Consulados Generales de los Estados Unidos de América, en Matamoros, Tamaulipas; Tijuana, Baja California, Guadalajara, Jalisco y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente. (Turno a Comisión).
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé cuenta.
LA C. PRESIDENTA (A las 15[25 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 31 de octubre, a las 9:00 horas. Reitero, la sesión iniciará a las 9:00 de la mañana en punto.