SESION
DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
LA PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Ruego a la Secretaría, haga del conocimiento de
esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA
SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:
Se informa a la Presidencia, que existen registrados previamente 260
diputados, por lo tanto, hay quórum.
LA
PRESIDENTA: (A las 10:38 horas) Se abre la sesión.
Proceda
la secretaría a dar lectura al orden del
día.
EL
SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Orden del día
Jueves 6 de septiembre de 2001
Lectura del acta de la sesión
anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad
de México, invita a la ceremonia cívica que con motivo del CLIV aniversario de la
Batalla del Molino del Rey y de la Casa Mata, tendrá lugar el 8 de septiembre a las 10:30
horas.
De los Congresos de los estados de
Morelos y Oaxaca.
De la Comisión Permanente.
De la Junta de Coordinación
Política.
Oficios
de la Secretaría de Gobernación
Dieciocho con los que se remiten los
informes de labores de las secretarías de: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Contraloría y Desarrollo
Administrativo; Desarrollo Social; Defensa Nacional; Economía; Energía; Gobernación;
Hacienda y Crédito Público; Marina; Medio Ambiente y Recursos Naturales; Procuraduría
General de la República; Reforma Agraria; Relaciones Exteriores; Salud; Seguridad
Pública; Trabajo y Previsión Social; y Turismo, correspondientes al periodo 20002001.
Por el que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar
servicios en la Embajada del Reino de Suecia, en México. (Turno a comisión.)
Oficios
de la honorable Cámara de Senadores
Por el que comunica la designación
del senador Enrique Jackson Ramírez, como presidente de la Junta de Coordinación
Política, para el segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Por el que comunica la disposición de
los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de
Economía; y de Hacienda y Crédito Público de comparecer ante comisiones de las Cámaras
de Diputados y de Senadores.
Iniciativas
de diputados
De reformas al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar,
del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De Ley de Protección de Datos
Personales, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Efeméride
Sobre la proclamación de las leyes de
reforma, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Verde Ecologista de México
y Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo sobre comercio
exterior, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a
comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
problemática del gas doméstico, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la
termoeléctrica de Baja California, a cargo de la diputada Sara Figueroa Canedo, del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Tomo a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre la Nueva
Hacienda Pública Distributiva del Ejecutivo Federal, a cargo del diputado José Antonio
Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a comisión.)
Agenda
política
Comentarios en relación a la
discriminación, a cargo del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario
del Partido de la Revolución Democrática.
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LA PRESIDENTA: El
siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego
a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta, tomando en
consideración que le ha sido entregada copia de la misma a los coordinadores de los
grupos parlamentarios para sus observaciones y se proceda a su votación.
EL
SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al
acta de la sesión anterior, tomando en consideración que le ha sido entregada copia de
la misma a los coordinadores de los grupos parlamentarios para sus observaciones y se
proceda a su votación.
Los
ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los
ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Se
dispensa la segunda lectura.
ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
UNIÓN, CELEBRADA EL MARTES CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA
LEGISLATURA.
Presidencia de la diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel
En
el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las once horas con
veintidós minutos del martes cuatro de septiembre de dos mil uno, con la asistencia de
doscientos sesenta y seis diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del
día.
La Asamblea aprueba, en votación
económica, el acta de la sesión preparatoria.
Comunicación del Procurador de
Justicia del Estado de Baja California, con la que envía proposición de reformas al
artículo nueve de la Ley de Amparo. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos.
Comunicaciones de los congresos de los
estados de:
Chiapas,
con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.
Guanajuato, con acuerdo por el que
solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal, se revise y renegocie el apartado
agropecuario de los tratados comerciales suscritos por México. Se turna a la Comisión de
Agricultura y Ganadería, para su conocimiento.
Hidalgo, con la que informa de
actividades propias de su legislatura. De enterado.
Jalisco, con la que remite decreto
rechazando la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Atemajac de Brizuela, para el ejercicio
fiscal del mil novecientos noventa y nueve. De enterado.
Oaxaca, con acuerdo por el que se
adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Puebla enviado al Congreso de la Unión, en
relación con las reformas al Código Penal en el capítulo relativo a Delitos
Ambientales, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la
Ley Forestal. Se turna a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su
conocimiento.
Comunicación de la Presidenta de la
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, por la que informa que fue invitada al viaje
del presidente de la República a Washington, D.C., Estados Unidos de América, y estará
ausente en la sesión del jueves seis de septiembre de dos mil uno. De enterado.
Comunicación del diputado Bernardo
Borbón Vilches, por la que solicita licencia por tiempo indefinido, para separarse del
cargo de diputado federal electo en la primera circunscripción. La Asamblea aprueba el
punto de acuerdo respectivo en votación económica. Llámese al suplente.
La Presidenta informa que a las
puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos Enrique Garza Taméz,
Eréndira Olimpia Cova Brindis, Víctor Antonio García Dávila y Gina Andrea Cruz
Blackledge, electos como diputados suplentes en el quinto distrito del Estado de
Tamaulipas, segundo distrito de Tlaxcala, octavo distrito de Sinaloa y primera
circunscripción, respectivamente y acompañados de una comisión designada, rinden la
protesta de ley y entran en funciones de inmediato.
Iniciativa del Congreso del Estado de
Tlaxcala, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Salud. Se turna
a la Comisión de Salud.
Se refieren al aniversario luctuoso de
Alfonso García Robles, los diputados: Yadhira Yvette Tamayo Herrera, del Partido Acción
Nacional; Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; y Magdalena
del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática.
Oficio de la Cámara de Senadores, por
el que comunica la elección de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el
segundo año de ejercicio constitucional. De enterado.
A las doce horas con diez minutos, la
Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y tres diputados y la
Presidencia ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia.
Oficio de la Secretaría de
Gobernación, con el que remite el informe de avances de gestión financiera
correspondiente al ejercicio dos mil uno, de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Se turna a las comisiones de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y a
la de Presupuesto y Cuenta Pública.
Se refieren al inicio del Primer
Periodo de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava
Legislatura, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la
Democracia, Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido
Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Juan
Carlos Regis Adame, del Partido del Trabajo; Francisco Agundis Arias, del Partido Verde
Ecologista de México; Lorenzo Rafael Hernández Estrada, del Partido de la Revolución
Democrática, quien presenta el proyecto de agenda legislativa de su grupo parlamentario,
que la Presidencia turna a la conferencia para la dirección y programación de los
trabajos legislativos; Silvia Álvarez Bruneliere, del Partido Acción Nacional y Juan
Manuel Carreras López, del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el problema de los azucareros,
hacen uso de la palabra los diputados: Bernardo Pastrana Gómez, del Partido Acción
Nacional; José Rodolfo Escudero Barrera, del Partido Verde Ecologista de México; Arturo
Herviz Reyes, del Partido de la Revolución Democrática; Víctor Antonio García Dávila,
del Partido del Trabajo; y Francisco Castro González, del Partido Revolucionario
Institucional.
La Presidencia considera que el asunto
es de tal importancia, que la Cámara de Diputados requiere disponer de mayores elementos
para normar su criterio, por lo que instruye a la Comisión Especial de la Agroindustria
Azucarera, cite a comparecer a los subsecretarios de Hacienda, de Economía y de
Agricultura, involucrados en el tema.
Presentan proposiciones con punto de
acuerdo en relación con las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua, las
diputadas:
Hortensia Aragón Castillo, del
Partido de la Revolución Democrática, quien solicita dar trámite de urgente resolución
a su proposición.
Nelly Campos Quiroz, del Partido
Acción Nacional.
Hortensia Enríquez Ortega, del
Partido Revolucionario Institucional.
Rectifican hechos los diputados:
Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia
de la diputada María Elena Álvarez Bernal
David Rodríguez Torres, del Partido
Acción Nacional;
Presidencia de la diputada Beatriz
Elena Paredes Rangel
María Elena Chapa Hernández, del
Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones; María del Rocío García Gaytán,
del Partido Acción Nacional; Francisco Ezequiel Jurado Contreras, del Partido Acción
Nacional; César Horacio Duarte Jáquez, del Partido Revolucionario Institucional; César
Patricio Reyes Roel, del Partido Acción Nacional; María de los Ángeles Sánchez Lira,
del Partido de la Revolución Democrática; Jorge Carlos Ramírez Marín, del Partido
Revolucionario Institucional; y Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución
Democrática.
En
votación económica, la Asamblea considera suficientemente discutido el tema.
Por instrucciones de la Presidencia,
la Secretaría da lectura al artículo cincuenta y nueve del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos e inmediatamente después, a
la proposición con punto de acuerdo de la diputada Hortensia Aragón Castillo, la que no
es considerada de urgente resolución por la Asamblea en votación económica.
La Secretaría da lectura a los
artículos treinta y nueve, cuarenta y ciento treinta y tres de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y la Presidenta turna las proposiciones con punto de
acuerdo de las diputadas Hortensia Aragón Castillo, Nelly Campos Quiroz y Hortensia
Enríquez Ortega, a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Equidad y Género.
Desde su curul, el diputado Raúl
Gracia Guzmán solicita remitir copia de la versión estenográfica de este debate al
Congreso del Estado de Chihuahua y se exhorte a las comisiones para que a la brevedad
posible emitan el dictamen correspondiente.
La Presidenta considera pertinente la
solicitud, instruye a la Secretaría para que envíe la versión estenográfica del debate
al Congreso del Estado de Chihuahua y exhorta a las comisiones relativas a que en
términos de la ley, valoren los puntos de acuerdo a ellas turnados.
Agotados los asuntos en cartera, la
Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión, y la Presidenta clausura
la de hoy a las quince horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar
el próximo jueves seis de septiembre de dos mil uno, a las diez horas.
Está
a discusión el acta.
No
habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los
ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los
ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Aprobado,
señora Presidenta.
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LA PRESIDENTA: Proceda
la Secretaría a dar lectura a la invitación.
LA
SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Invitación del Instituto de
Cultura de la Ciudad de México.
Diputada Beatriz Paredes Rangel,
Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad
de México ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLIV aniversario de la Batalla del Molino del Rey y de
la Casa Mata, que se llevará a cabo en el monumento erigido en memoria de los héroes,
ubicado en Anillo Periférico y Alencastre, delegación Miguel Hidalgo, el día 8 de
septiembre, a las 10:30 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar
muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un
representante de esa honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de
referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva
prestar a la presente y le reitero las seguridades. de mi atenta y distinguida
consideración.
Atentamente
Enrique Semo El director general,
LA
PRESIDENTA: Para asistir en representación
de esta H. Cámara designa a los siguientes ciudadanos diputados: Diputado José Manuel Correa Ceceña, diputado
Jorge Alberto Lara Rivera y diputado Elías Martínez Rufino.
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Proceda la Secretaría a dar lectura a las comunicaciones que
esta Cámara ha recibido.
LA
MISMA SECRETARIA:
El
Congreso del Estado de Morelos, clausura del
Segundo Período Ordinario de Sesiones.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.—Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el
honor de informar a ustedes que en sesión de esta fecha, se clausuró el segundo periodo
ordinario del primer año de ejercicio constitucional de la XLVIII Legislatura del Estado
de Morelos.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
atenta y distinguida consideración.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca, Morelos, julio 31 del
2001.— El oficial mayor del honorable Congreso del Estado de Morelos,
Armando Ramírez Saldívar .
Trámite: De enterado.
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LA
MISMA SECRETARIA:
Del
Congreso del Estado de Morelos. Elección de
Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Diputación Permanente.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.—Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.—Poder Legislativo
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del Congreso de la Unión.—
Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 10 del Reglamento Interior para el Congreso del Estado de Morelos, tengo el
honor de informar a ustedes, que en sesión de esta fecha el Congreso del Estado, eligió
Presidente, vicepresidente y secretarios de la Diputación Permanente, que fungirá
durante el segundo receso del primer año de ejercicio constitucional, por el mes de
agosto del año en curso, la cual quedó integrada de la siguiente manera:
Diputados: Arturo Roberto Huicochea Rodríguez, presidente;
Joel Juárez Guadarrama, vicepresidente; Juan David Suayfeta González, José Luis Correa
Villanueva, Pablo Guzmán Sánchez, secretarios.
Reitero a ustedes la seguridad de mi
atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Cuernavaca Morelos, a 31 de julio del
2001—El oficial mayor del
Honorable Congreso del Estado de
Morelos.— Doctor Armando Ramírez Saldívar.
Trámite: De enterado.
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LA
MISMA SECRETARIA:
Del
Congreso del Estado de Oaxaca. Acuerdo por el que se adhiere al Punto de Acuerdo del
Congreso del Estado de Morelos.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.—Poder Legislativo
Ciudadanos diputados secretarios del
Congreso de la Unión.—México, D.F.
La LVII Legislatura constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar
el siguiente
ACUERDO
"Único: Esta honorable
legislatura se suma al punto de acuerdo emitido por el Congreso del Estado Libre y
Soberano de Morelos en sesión ordinaria del 15 de junio del presente año y hace atenta
solicitud al titular del Poder Ejecutivo Federal y al honorable Congreso de la Unión de
que en tanto no se tengan los recursos económicos necesarios para atender este importante
nivel educativo en las entidades federativas y de que se procure el consenso real en
tiempo y forma de los trabajadores, no se transfieran los servicios de educación
tecnológica, en los niveles medio superior y superior.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente acuerdo
entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico Oficial del
Gobierno del Estado. Remítase copia del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo
Federal y al Congreso de la Unión, así como a la XLVIII Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Morelos y a las legislaturas de los estados incluyendo a la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal para que se sumen a la propuesta.
Dado en el salón de sesiones del
honorable. Congreso del Estado. Oaxaca de Juárez, Oaxaca., a 31 de julio del año
2001.— Diputados: Jorge Luis Sosa Campos. Presidente: Alfredo E. Ramos Villalobos,
Álvaro Díaz Azamar. Secretarios. Rúbricas."
Lo que nos permitimos transcribir a
ustedes para su conocimiento.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Oaxaca de Juárez, Oaxaca., a 31 de
julio de 2001.— Diputados: Alfredo E. Ramos Villalobos, Álvaro Díaz Azamar,
secretarios. Rúbricas.
LA
DIP. PRESIDENTA: De enterado y remítase a la
Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para su conocimiento.
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EL
DIP. SECRETARIO, RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Del
Congreso del Estado de Oaxaca, acuerdo por el que se adhiere al acuerdo económico del
Congreso del estado de Jalisco.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.
Ciudadanos diputados secretarios del
Congreso de la Unión.— México, D.F.
La LVII Legislatura constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar
el siguiente
Acuerdo
"Primero. La LVII
Legislatura del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, se adhiere al acuerdo económico
emitido por el Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco, en sesión ordinaria de
fecha 25 de junio pasado, en el sentido de que se envíe un atento escrito al Presidente
de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, mediante el cual, de manera respetuosa,
se le solicite transfiera ahorros presupuestales emanados de los rubros de servicios
personales y generales; retiro voluntario y se reduzcan al mínimo las contrataciones por
honorarios, el parque vehicular, gastos de telefonía y cancelación de contratos de
arrendamiento todos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se asigne a la
Secretaría de Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y dependencias del
sector rural los recursos que se obtengan, para que de esta manera se compense el recorte
presupuestal del que fue objeto esta Secretaría y con ello se permita la no afectación
de los programas destinados a los campesinos y la aplicación eficiente y corresponsable
de todos y cada uno de los mismos.
Segundo. Se aprueba enviar un
respetuoso escrito al secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación C. Javier Usabiaga Arroyo, en los mismos términos.
Tercero. Notifíquese al
Congreso del Estado Libre y Soberano de Jalisco el presente acuerdo de apoyo y adhesión
al similar enviado a esta legislatura, para su conocimiento, y a todas las legislaturas de
los estados del país, así como a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para los
mismos fines.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente acuerdo
entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el periódico oficial del
gobierno del Estado.
Dado en el salón de sesiones del
honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de julio del
2001.— Diputados presidentes: Jorge Luis Sosa Campos, Alfredo E. Ramos Vallalobos,
Álvaro Díaz Azamar.
Lo que nos permitimos transcribir a
ustedes para su conocimiento.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“El Respeto al Derecho Ajeno es
la Paz.”
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 31 de
julio de 2001.— Diputados: Alfredo E. Ramos Villalobos, Álvaro Díaz Azamar, secretarios.
LA
PRESIDENTA: De enterado y túrnese a la
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
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EL
MISMO SECRETARIO:
Del
Congreso del estado de Oaxaca, acuerdo por el que se adhiere a los acuerdos emitidos por
el Congreso del estado de San Luis Potosí.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos. Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo
Ciudadanos diputados secretarios del
Congreso de la Unión.— México, D. F.
La LVII Legislatura constitucional del
Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar
el siguiente:
ACUERDO
“Único.- Esta Legislatura se adhiere a los acuerdos emitidos por
el Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a fin de que se haga una
atenta excitativa al titular del Poder Ejecutivo Federal y emprenda las negociaciones
necesarias con el gobierno de los estados Unidos de América, con el objeto de signar un
convenio que regule el flujo de indocumentados mexicanos hacia dicho país, el cuál tenga
como prioridad garantizar el respeto de los derechos humanos, laborales, sociales y
culturales de los trabajadores migrantes en territorio estadounidense.- Elévese ante la
honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el pronunciamiento por el que se
le insta a emitir, de manera urgente y con la autoridad y representación popular que
tiene conferida, similar pronunciamiento por el que, en vía de excitativa, inste al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a
resolver con el espíritu republicano que el caso requiere, el grave y lamentable problema
migratorio que se vive en el país, tomando en cuenta, entre otros, los siguientes
aspectos.- Entender como fundamental el hecho de establecer una adecuada política
nacional de migración; de impulsar las acciones y estrategias necesarias para superar la
recesión económica del país; de propiciar el fortalecimiento de la economía nacional;
de suprimir la política errática de disminuir las participaciones y restringir los
apoyos oficiales a las entidades federativas; de que en él marco de los tratados
internacionales y en el del buen entendimiento se promuevan de manera urgente los acuerdos
para la internación legal de nuestros trabajadores; de que en salvaguarda de la
integridad y dignidad de los mexicanos y, en la propia de nuestro pueblo, sean impulsados
a hacer que cesen en ese país los actos de maltrato, vejación, discriminación y
explotación a nuestros conciudadanos; de impulsar la iniciativa por la que se tipifiquen
las prácticas de contrabando humano como delito grave; así como el hecho de que por su
evidente inconstitucionalidad y su nefasta operancia, sea dispuesta de inmediato la
eliminación de los llamados “retenes”.
TRANSITORIO
Único. El presente acuerdo entrará
en vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado. Remítase copia del presente acuerdo al titular del Poder Ejecutivo Federal y al
honorable Congreso de la Unión, así como a la legislatura del Estado Libre y Soberano de
San Luis Potosí, a las legislaturas de los estados incluyendo a la Asamblea de
Representantes del Distrito Federal para que se sumen a la propuesta.
Dado en el salón de sesiones del
honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de julio del año 2001.
Jorge Luis Sosa Campos, Presidente; Alfredo
E. Ramos Villalobos y Álvaro Díaz Azamar, secretarios.
Lo que nos permitimos transcribir a
ustedes para su conocimiento.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
“El Respeto al Derecho Ajeno es
la Paz.”.— Oaxaca de Juárez, Oax., a 31 de julio de 2001.— “2001, 140
aniversario del movimiento liberal mexicano”.— Firman los diputados: Alfredo E.
Ramos Villalobos y Álvaro Díaz Azamar, secretarios.
LA
PRESIDENTA: De enterado y túrnese a la
Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, para su conocimiento.
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Oficio
de la Comisión Permanente.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Comisión Permanente.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Para conocimiento de ésa Cámara de
Diputados, tengo el honor de comunicar a ustedes que en sesión de la Comisión Permanente
del honorable Congreso de la Unión, celebrada en esta fecha dio por finalizados sus
trabajos correspondientes al segundo receso del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 31 de agosto de
2001.— Senador Enrique Jackson Ramírez,
presidente.
Trámite: De enterado.
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EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
Comunicación
de la Junta de Coordinación Política, integración de una Comisión Especial de
Seguridad Pública.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel.—
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del Presidente de la
Junta de Coordinación Política, diputado Felipe Calderón Hinojosa y con fundamento en
el artículo 34, numeral 1, inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, por este conducto envío el original del acuerdo de la Junta de
Coordinación Política, a efecto de que se integre la Comisión Especial de Seguridad
Pública.
Lo anterior, con la finalidad de que
sea considerado por el pleno de esta Cámara en la sesión del próximo seis de septiembre.
Sin más por el momento, quedo de
usted.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
5 de septiembre de 2001.— José González Morfín.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Junta de
Coordinación Política.
Ciudadanos secretarios de la Mesa
Directiva de la Cámara de Diputados.— Presentes.
La Junta de Coordinación Política,
en uso de las atribuciones que le conceden los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve la proposición con punto de
acuerdo para crear la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados, con
base en las siguientes
CONSIDERACIONES
Con fecha 27 de abril 2001 fue turnado
por la Mesa Directiva a esta Junta de Coordinación Política una proposición con punto
de acuerdo presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados por el diputado Omar
Fayad Meneses, para crear la Comisión de Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados.
Dada la importancia que reviste la
coordinación de esfuerzos entre los órdenes de Gobierno Federal y de las entidades
federativas para hacer efectivos los programas y acciones encaminados a la atención de la
compleja problemática que implica la seguridad pública del país, esta Junta de
Coordinación Política se permite proponer a la honorable Asamblea acuerde la
constitución de la Comisión Especial de Seguridad Pública, ejerciendo la facultad que
le otorga el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, para que funcione durante el tiempo de la presente LVIII Legislatura y atienda
de manera específica el tema de su nombre y la problemática nacional que afronta en la
materia.
Por lo anteriormente expuesto esta
Junta de Coordinación Política se permite proponer a la honorable Asamblea el siguiente
ACUERDO
Primero. Se integra la
Comisión Especial de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, con el objeto de
atender las situaciones que afecten dicha actividad en México y coadyuve en la
elaboración de los proyectos legislativos y parlamentarios que promuevan su solución.
Segundo. La comisión
funcionará de manera permanente durante toda la LVIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, estará formada por 30 diputados de los diversos grupos parlamentarios, en la
proporción siguiente: 13 del PRI, 12 del PAN, tres del PRD, uno del PVEM y uno del PT.
Tercero. La Junta de
Coordinación Política determinará los integrantes de la Comisión Especial de Seguridad
Pública, así como la conformación de su Mesa Directiva.
Cuarto. En caso de que la
integración y la conformación a que se refiere el punto segundo de este acuerdo se
realice fuera del periodo de sesiones, la propia Junta dará cuenta al pleno de las mismas
en la segunda sesión ordinaria del próximo periodo de sesiones, para su ratificación;
mientras tanto, se hará la publicación correspondiente en la Gaceta Parlamentaria
y la comisión podrá actuar conforme lo determinan la Ley Orgánica y las prácticas
parlamentarias.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
2 de julio de 2001.— diputada Beatriz
Paredes Rangel, presidenta de la Junta y Coordinadora del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional; diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado
Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática; diputado. Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y diputado Alberto Anaya Gutiérrez,
coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
LA
PRESIDENTA: Consulte la secretaría a la
asamblea, en votación económica, si se aprueba.
EL
MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la
presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los
ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los
ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Aprobada
LA
PRESIDENTA: Aprobada.
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EL
MISMO SECRETARIO:
De
la Junta de Coordinación Política, sobre la prórroga al grupo de trabajo de la
Comisión de Energía.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel
Presidenta de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados.— Presente.
Por instrucciones del presidente de la
Junta de Coordinación Política, diputado Felipe Calderón Hinojosa, y con fundamento en
el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos, por este conducto envío el original del "acuerdo de
la Junta de Coordinación Política por el que se otorga una prórroga al grupo de trabajo
de la Comisión de Energía que está encargado del estudio y análisis de la situación
de la industria eléctrica, para la lectura y entrega del informe final de sus
actividades".
Lo anterior, con la finalidad de que
sea considerado por el pleno de esta Cámara en la sesión del próximo 6 de septiembre.
Sin más por el momento, quedo de
usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de septiembre de 2001.— Doctor José
González Morfín.
Acuerdo de la Junta de Coordinación
Política por el que se otorga una prórroga al Grupo de Trabajo de la Comisión de
Energía que está encargado del estudio y análisis de la situación de la industria,
eléctrica, para la lectura y entrega del informe final de sus actividades.
La Junta de Coordinación Política de
la honorable Cámara de Diputados LVIII Legislatura, con fundamento en el articulo 34,
numeral 1, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, al tenor de los siguientes:
Antecedentes
I. Con fecha 24 de abril del 2001, los
integrantes de la Junta de Coordinación Política de la honorable Cámara de Diputados,
LVIII Legislatura, suscribieron el "acuerdo para la creación de un grupo de trabajo
de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación de la
industria eléctrica nacional".
II. Que el pleno de la honorable
Cámara de Diputados aprobó el 26 de abril del 2001 el "acuerdo para la creación de
un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la
situación de la industria eléctrica nacional".
III. El 30 de agosto del 2001, la
Junta de Coordinación Política recibió una solicitud de la Comisión de Energía y del
grupo de trabajo encargado del estudio y análisis de la situación de la industria
eléctrica nacional; por conducto del presidente de la comisión, a efecto de que se
prorroguen las fechas previstas en el "acuerdo para la creación de un grupo de
trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la situación
de la industria eléctrica nacional" para la lectura y entrega del informe final.
Consideraciones
I. Que el artículo cuarto del
"acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se
encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional"
determina que el estudio realizado por especialistas en la materia debería ser entregado
a la Comisión de Energía y a la Junta de Coordinación Política a más tardar el 15 de
agosto del 2001.
II. Que el artículo quinto del
"acuerdo para la creación de un grupo de trabajo de la Comisión de Energía que se
encargue de estudiar y analizar la situación de la industria eléctrica nacional"
determina que el informe final del grupo de trabajo debería ser leído ante la Comisión
de Energía a más tardar el 10 de septiembre de este año y se daría cuenta del mismo a
la Junta de Coordinación Política para que esta proponga lo conducente al pleno de la
Cámara.
III. Que en virtud de la solicitud de
la Comisión de Energía y el grupo de trabajo, la Junta de Coordinación Política ha
considerado pertinente que el informe
foral sea leído y entregado con fecha
posterior, con la única finalidad de que los trabajos producto del estudio y análisis de
la situación de la industria eléctrica se encuentren debidamente realizados.
Por los antecedentes y consideraciones
expuestas, la Junta de Coordinación Política, propone al pleno de la honorable Cámara
de Diputados el siguiente:
Acuerdo
Primero. Se otorga una
prórroga a los términos establecidos en el "acuerdo para la creación de un grupo
de trabajo de la Comisión de Energía que se encargue de estudiar y analizar la
situación de la industrió eléctrica nacional" para que, el estudio a que hace
referencia el artículo cuarto de dicho ordenamiento, sea entregado el 15 de octubre del
presente; y para que la lectura a que se hace referencia en el artículo quinto del mismo
ordenamiento, se realice el 1o. de noviembre próximo.
Segundo. Comuníquese a la
Comisión de Energía para los efectos conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a
4 de septiembre de 2001.— Diputados coordinadores de los grupos parlamentarios:
Felipe Calderón Hinojosa, presidente del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez
Barrera del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama del Partido de la Revolución Democrática;
Bernardo de la Garza Herrera del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya
Gutiérrez del Partido del Trabajo.
LA
PRESIDENTA: Consulte la secretaría a la
asamblea, en votación económica, si se aprueba.
EL
MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la
presidencia, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los
ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los
ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Aprobada.
LA
C. PRESIDENTA: Aprobada. Continúe la
Secretaría.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL
C. DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Oficio
de la Junta de Coordinación Política por el que se otorga una prórroga al grupo de
trabajo de Comisiones Unidas de Comercio, y Ganadería y Desarrollo Rural, para la lectura y entrega del informa final de sus actividades.
Escudo Nacional de los Estados
Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de
Coordinación Política.
Acuerdo
de la Junta de Coordinación Política por el que se otorga una prórroga al grupo de
Trabajo de Comisiones Unidas de Comercio, Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural,
encargado de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, para la
lectura y entrega del informe final de sus actividades
La
Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, LVIII Legislatura, con
fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso a de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES
I. Con fecha 24 de abril del 2001, los
integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados LVIII
Legislatura, suscribieron un acuerdo por el que se instruyó a las comisiones de
Agricultura y Ganadería, de Comercio y de Desarrollo Rural, para la creación de un grupo
de trabajo cuyo objeto es examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC.
II.
Que el pleno de la Cámara de
Diputados aprobó el 26 de abril del 2001 el acuerdo a que se hace referencia en el
"punto I de los Antecedentes".
III.
El 17 de julio, la Junta de
Coordinación Política recibió una solicitud de los diputados Miguel Castro Sánchez,
coordinador del grupo de trabajo que se encarga de examinar la regulación agropecuaria
nacional a la luz del TLC; Silvano Auroles Conejo, y Jesús Mario Garza Guevara,
secretarios, a efecto de que se prorroguen las fechas previstas en el acuerdo, a que se
hace referencia en el "punto I de los antecedentes", aprobado en el pleno el 26
de abril.
CONSIDERACIONES
I.
Que el artículo cuarto del
acuerdo por el que se instruye la creación del grupo de trabajo encargado de examinar la
regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, determina que el estudio realizado por
especialistas en la materia debería ser entregado a las comisiones de Agricultura y
Ganadería, Comercio, Desarrollo Rural y a la Junta de Coordinación Política, a más
tardar el 15 de agosto del 2001.
II.
Que el artículo quinto del
acuerdo por el que se instruye la creación del grupo de trabajo encargado de examinar la
regulación agropecuaria nacional a la luz del TLC, determina que el informe final del
grupo de trabajo, debería ser leído en reunión de las tres comisiones unidas, a más
tardar el 10 de septiembre de este año y se daría cuenta del mismo a la Junta de
Coordinación Política para que esta proponga lo conducente al pleno de la Cámara.
III.
Que en virtud de la solicitud de los diputados:
Miguel Castro Sánchez, coordinador del grupo; Silvano Auroles Conejo y Jesús
Mario Garza Guevara, secretarios; la Junta de Coordinación Política ha considerado
pertinente que el informe final sea leído y entregado con fecha posterior, con la única
finalidad de que los trabajos producto del examen de la regulación agropecuaria nacional
a la luz del TLC se encuentren debidamente realizados.
Por los antecedentes y consideraciones
expuestas, la Junta de Coordinación Política, propone al pleno de la Cámara de
Diputados el siguiente
ACUERDO
Primero. Se otorga una
prórroga a los términos establecidos en el acuerdo por el que se instruye la creación
del grupo de Trabajo encargado de examinar la regulación agropecuaria nacional a la luz
del TLC, para que el estudio a que hace referencia el artículo cuarto de dicho
ordenamiento, sea entregado el 1o. de octubre del
mismo ordenamiento, se realice el 24 de octubre próximo.
Segundo. Comuníquese a las
comisiones de Agricultura y Ganadería, Comercio y Desarrollo Rural para los efectos
conducentes.
Dado en el Palacio Legislativo de San
Lázaro, a 5 de septiembre del dos mil
uno.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente y coordinador del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama,
coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo
de la Garza Herrera, coordinador del grupo del Partido Verde Ecologista de México y
Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
LA
C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la
asamblea, en votación económica, si son de aprobarse de los acuerdos propuestos por la
Junta de Coordinación Política.
EL
C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ
GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se
aprueba.
Los
ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los
ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Aprobada.
LA
C. PRESIDENTA: Aprobados. Continúe la Secretaría.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se recibieron dieciocho
oficios con los que se remiten los Informes de Labores correspondientes al a período
20002001, de las siguientes Secretarías:
Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
Comunicaciones
y Transportes.
Contraloría
y Desarrollo Administrativo.
Desarrollo
Social.
Defensa
Nacional.
Economía.
Energía.
Gobernación.
Hacienda
y Crédito Público.
Marina.
Medio
Ambiente y Recursos Naturales.
Procuraduría
General de la República.
Reforma
Agraria.
Relaciones
Exteriores.
Salud.
Seguridad
Pública.
Trabajo
y Previsión Social.
Turismo.
LA
C. PRESIDENTA: De enterado de los oficios recibidos. Distribúyanse a los ciudadanos
diputados y túrnese a las Comisiones correspondientes para los efectos del numeral 4 del
artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno
de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al periodo
2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos
secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, correspondiente al
periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Desarrollo Social, correspondiente al periodo 2000-2001, a
fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de la Defensa Nacional, correspondiente al periodo 2000-2001, a
fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto
Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Economía, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que
sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Energía, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que
sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la Secretaría, me permito
enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de Labores de la Secretaría de Gobernación,
correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los
legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al periodo
2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El directo general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Marina, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que
sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, correspondiente al
periodo 2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Procuraduría General de la República, correspondiente al periodo
2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la
Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de la Reforma Agraria, correspondiente al periodo 2000-2001, a
fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al periodo 2000-2001,
a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Salud, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que sea
entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Seguridad Pública, correspondiente al periodo 2000-2001, a
fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, correspondiente al periodo
2000-2001, a fin de que sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
En cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y 14, fracciones I y II, del Reglamento
Interior de la Secretaría, me permito enviar a ustedes 500 ejemplares del Informe de
Labores de la Secretaría de Turismo, correspondiente al periodo 2000-2001, a fin de que
sea entregado a cada uno de los legisladores.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, D.F., a 3 de septiembre de
2001.— El director general, M. Humberto Aguilar Coronado.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:
Oficio
de la Secretaría de Gobernación, por el que
solicita permiso constitucional para el ciudadano Alex Ibarra Castañeda.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente
La Secretaría de Relaciones
Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable
Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, apartado C, fracción
II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano
Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar sus servicios en la representación diplomática
como chofer en la Embajada del Reino de Suecia en México.
Por lo anterior, me permito anexar
copia certificada del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha
persona, fotografías y el escrito en que solicita se realicen los trámites
correspondientes.
Agradezco a ustedes su atención al
presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.
Atentamente
México D. F. a 3 de septiembre de
2001.— M. Humberto Aguilar Coronado, director general de Gobierno
LA
C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Oficio
de la Cámara de Senadores, por el que comunica la designación del Sen. Enrique Jackson
Ramírez, como Presidente de la Junta de Coordinación Política.
Escudo
Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Senado de la República.—LVII
Legislatura
Ciudadanos secretarios de la Cámara
de Diputados Del Congreso de la Unión.— Presente.
Tengo el honor de comunicar a ustedes
que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, se dio cuenta con una comunicación de
los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, por la que designan al
senador Enrique Jackson Ramírez, como Presidente de la Junta de Coordinación Política,
para el segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
México, DF, a 4 de septiembre de
2001.— senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.. Rúbrica.
LA
C. PRESIDENTA: De enterado
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Oficio
por el que se comunica la disposición de los Secretarios de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Economía y de Hacienda y Crédito Público a
comparecer ante Comisiones de las Cámaras de Diputados y Senadores.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura
Me permito hacer de su conocimiento
que en sesión celebrada en esta fecha, se recibió oficio de la Secretaría de
Gobernación con el que remite otro del director general de Enlace Político de la
Secretaría de Gobernación, por el que informa de la disposición de los secretarios de
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; y de
Hacienda y Crédito Público a comparecer en fecha a convenir con las instancias
competentes, en respuesta a acuerdo de la Comisión Permanente del pasado 8 de agosto.
La Presidencia dispuso que dicha
comunicación se turnara a las comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería; de Comercio
y Fomento Industrial y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores, así
como a la Cámara de Diputados.
Reitero a ustedes las seguridades de
mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
México, D. F., a 4 de septiembre de
2001.— Diego Fernández de
Cevallos Ramos , Presidente.
Escudo Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos.— Secretaría de Gobernación
Ciudadano
senador Enrique Jackson Ramírez presidente de la Comisión Permanente del honorable.
Congreso de la Unión.— Presente
En atención a su oficio No.
CP2R.lA-533 fechado el día 8 del actual, con el presente le acompaño copia del similar
SDP/DGEP/081/01, signado por el ciudadano José Luis Díaz Moll, director general de
enlace político de esta Secretaría, por el que solicita hacer de su conocimiento la
disposición de los secretarios de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación; de Economía y de Hacienda y Crédito Público, a comparecer en fecha a
convenir con las instancias competentes.
Reitero a usted las seguridades de mi
consideración.
Atentamente
México, D.F. a 27 de agosto de
2001.— Licenciado Humberto Aguilar
Coronado, director general de Gobierno. Rúbrica.
LA
C. PRESIDENTA: De enterado. Remítase a la
Junta de Coordinación Política y a las
Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y Fomento Industrial y de Hacienda y
Crédito Público para su conocimiento.
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Pasando al apartado de iniciativas de ciudadanos diputados,
tiene la palabra la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al
artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Le
ruego a la diputada un momento para pedir a la Secretaría dar cuenta del registro
electrónico de asistencia e instruir a su cierre.
EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se informa
a la Presidencia que hasta el momento el Sistema registra la asistencia de 334 ciudadanos
diputados. Ciérrese el Sistema Electrónico.
LA C. PRESIDENTA: Más un diputado que no funcionó su registro,
el diputado Manuel Medellín, entonces serían 335. Ciérrese el Sistema Electrónico.
Señora diputada Hortensia Aragón, tiene el uso de la palabra.
LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Muchas gracias.
Compañeras diputadas; compañeros diputados: En ejercicio de la facultad otorgada por la
Fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y de conformidad a lo previsto por los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el pleno de esta
Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Reforma al Artículo 1º.
Constitucional, de conformidad con lo siguiente:
(Leyó la Iniciativa, insértese)
PROYECTO DE INICIATIVA
De Reforma al artículo 1º.
De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo de la
diputada federal Hortensia Aragón Castillo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática.
En ejercicio de la
facultad otorgada por la fracción II artículo 71 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo previsto por los artículos 55 fracción
II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el
pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma al
artículo 1º. constitucional, de conformidad a la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS.
El pasado 15 de Agosto
del año en curso entraron en vigor las adiciones y reformas a diversos ordenamientos de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al margen de la polémica que
han suscitado, es menester reconocer la existencia de un elemento importantísimo: la
introducción de la no discriminación como uno de los principios rectores del derecho
positivo mexicano y al que se reconoce como una de las garantías individuales que nos
protegen.
La adición de un
tercer párrafo al artículo 1o constitucional y que nos coloca a la vanguardia, al nivel
de las legislaciones más evolucionadas mundialmente, establece un derecho fundamental que
no sólo involucra a los pueblos indios de México, sino intenta garantizar el trato igual
para todos los mexicanos independientemente de su origen étnico o nacional,.género,
edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión,
opiniones, estado civil o cualquier otra en la que pudiera basarse ilegítimamente la
aplicación de una discriminación negativa.
Si bien, reiteramos,
esto representa un gran avance en la protección y tutela de los derechos humanos,
lamentablemente aún no resulta completamente incluyente. Insuficiente se rebela el
establecer la posibilidad de expandir la prohibición tal y como se establece en la
última parte del párrafo tercero al ser establecido: "...o cualquier otra que
atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas."
El amplio espectro de la discriminación no permite
la generalización de los conceptos, muy por el contrario requiere para su reversión, de
mayor especificidad por medio de la cual se logre establecer la respuesta más adecuada de
frente a nuestra realidad nacional. Es por esto que me permitiré ahondar en el tema de la
discriminación, que de una u otra. manera, por diversos motivos y en diferentes grados
todos y todas hemos padecido.
La Real Academia de la
Lengua Española define la discriminación primeramente como el acto de separar,
distinguir, diferenciar una cosa de . otra, asimismo señala que discriminar es dar trato
de inferioridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos.
Jurídicamente,
discriminación es el término que se ha venido aplicando para calificar aquel tratamiento
diferencial por el cual se priva de ciertos derechos o prerrogativas a un determinado
número de personas..
Es un hecho que la
libertad personal de hombres y mujeres se ve constantemente amenazada por diversos
factores y circunstancias, paradójicamente los principales elementos de riesgo para la
libertad son los patrones culturales cuya creación es responsabilidad única de los seres
humanos, mismos, que se han transmitidos de generación en generación, a pesar de haberse
demostrado reiteradamente la nocividad y lo equivoco de estos parámetros.
La discriminación
negativa es uno de estos factores que consuetudinariamente priva de derechos y libertades,
limitando el desarrollo tanto de grupos sociales como de individuos en lo particular,
existiendo un sinnúmero de pretextos para la aplicación de discriminación que repercute
de forma definitiva en el crecimiento de aquel país que avale la intolerancia y la
discriminación.
Siendo que la libertad
requiere de la igualdad, el respeto, la tolerancia, la equidad y la no discriminación
para poder ser ejercida plenamente, cuando alguno de estos principios falta, la libertad
se encuentra minada, coartada y en algunas ocasiones obstaculizada por completo.
Por lo que el Estado
como cuerpo político de toda nación y protagonista indudable del andar social, cuya
presencia puede observarse hasta en los aspectos más mínimos de la cotidianeidad
mediante sus mecanismos de control, debe renovarse de acuerdo a la galopante complejidad
de las relaciones humanas, el estado moderno nace y se desenvuelve conforme a las
necesidades específicas, logrando su consolidación en el mismo camino de la búsqueda de
su perfeccionamiento y adecuación.
La democracia, en
nuestro país, ha dejado de ser considerada únicamente como una forma de Gobierno, ahora
es concebida como "un proceso de organización social caracterizado por los
principios de libertad, igualdad y justicia, en el acceso y elección de los safisfactores
que requieren los miembros del grupo social"... la democracia por tanto y de acuerdo
a nuestro artículo 3o constitucional es un sistema de vida que propone y garantiza la
libertad de los individuos para optar por sus satisfactores considerados no solamente
aquellos que resuelven las necesidades físicas y materiales sino incluyendo aquellos que
colmen los requerimientos que no se materializan, como lo son la libertad personal plena,
la igualdad, la justicia, la soberanía; la propiedad, la equidad.
Así la discriminación
como conducta sistemáticamente injusta, se opone abiertamente al estado moderno y
democrático, retrasa y detiene su desarrollo en todos aspectos y niega enfáticamente los
principios supremos que le sustentan. La discriminación rompe el núcleo social,
desconociendo que la pluralidad posibilita y enriquece el mosaico de soluciones y
oportunidades que potencialmente representa la infinidad de circunstancias que reviste a
un grupo social conformado y caracterizado por las diferencias, es por ello que el respeto
a estas diferencias no requiere de una actitud pasiva, sino por el contrario, de acción
permanente.
El espíritu de la
adición al artículo 1o constitucional parece reflejar cuanto aquí hemos mencionado,
esta nueva postura ante la opresión de unos sobre otros es merecedora de amplios
reconocimientos, siendo de vital importancia manifestar que las diferencias y diversidades
pueden contemplarse en muchísimos más aspectos, aspectos reconocidos estadísticamente y
otros ignorados, rechazados o negados; penosamente cualquier circunstancia personal es
susceptible de ser despreciada.
Nuestro artículo 1o
con sus nuevas reformas deja de lado algunas realidades y pretende con un enunciado final,
generalizar la prohibición de la discriminación. Toda discriminación conlleva atentados
contra la dignidad humana, anulación o menoscabo de los derechos y libertades de las
personas es por ello que dicha enunciación no posibilita la defensa de otras personas y
grupos que han quedado fuera de listado integrado al tercer párrafo en comento.
No podemos seguir
cerrando los ojos a la discriminación que se práctica en nuestro país y que regatea los
derechos humanos en base a las opiniones de un grupo sobre otro, no podemos seguir
permitiendo la existencia de habitantes y ciudadanos de segunda, tercera o mínima valía.
En la mayoría de los
jóvenes mexicanos se conjuntan circunstancias que acostumbradamente son base de actos
discriminatorios, como lo son la edad y la condición económica y social, siendo la
posición socioeconómica factor determinante para su exclusión injusta de múltiples y
muy diversos conjuntos sociales, desde los considerados triviales hasta aquellos que
definen su crecimiento personal.
Así mismo, nuestra
realidad nos arroja 2.5 millones de embarazos al año, sin que se tomen medidas realmente
efectivas para la atención de la madre y el producto, aún más, a las mujeres en estados
de gestación le son negados sistemáticamente y con plena impunidad, sus derechos
laborales, se minimiza la importancia de su atención médica y se le prestan servicios
insuficientes y de pésima calidad, lo que redunda en daños físicos y emocionales
terribles y lamentablemente en algunos casos hasta la muerte de la madre, el bebe o de
ambos.
Es preciso señalar que
dentro de estos grupos a los que algunos los consideran de baja categoría y que han sido
excluidos de la protección específica de la Constitución, también se encuentran los
homosexuales, bisexuales y transexuales; hombres y mujeres con orientaciones sexuales
distintas a la del grupo culturalmente aceptado. Seres humanos que actualmente padecen
todo tipo de persecuciones, abusos, exclusiones, vejaciones, agresiones verbales y
sexuales, torturas y con grave frecuencia la muerte por el hecho de ser diferentes.
Los homofóbicos,
conjuntamente a su actitud negativa e irracional contra homosexuales, se distinguen por la
postulación de otros prejuicios como verdades supremas, así tenemos que en la Alemania
nazi los homosexuales eran marcados con un triangulo rosa en el pecho, siendo aniquilados
100,000 de ellos en los campos de concentración, tan criticados y despreciados por todos
nosotros.
En nuestro país la
situación no es menos agresiva por ser más oculta. En México, existen desde
fundamentalismos religiosos, hasta "escuadrones de la muerte" que con una idea
distorsionada de lo que debe ser una sociedad integrada persiguen a todo aquel que viva
una orientación sexual que no sea la heterosexual. La, discriminación contra
homosexuales se observa como práctica reiterada por personas de todas las esferas,
estructuras sociales e institucionales que sin bases legitimas, científicas, jurídicas o
de cualquier índole se avocan a la comisión de los "delitos por odio" por el
simple hecho de sentirse o creerse superiores moralmente, cuando lo cierto es que ninguno
de nosotros está exento de pertenecer a un grupo que queda ser limitado, cuestionado,
agredido o excluido.
La homofobia otorga el
pretexto perfecto para "matar sin leyes", para aplicar la fuerza, para abusar
del poder, para sentenciar al silencio, para .minimizar y oprimir, para perseguir y
exterminar impunemente. La dinámica es simple primero se estigmatiza la homosexualidad,
para así tener una base para excluir a los homosexuales de la defensa y aplicación de
sus derechos, se deprecia su valor como seres humanos para justificar su persecución y se
les denomina amenaza social dando paso a las más inhumanas e irracionales conductas
discriminatorias.
Los hechos no permiten
las exageraciones: en el Distrito Federal aún se encuentran pendientes de aclaración 99
homicidios de homosexuales en los cuales el principal impedimento para esclarecer son el
silencio y la indiferencia.
En todo nuestro
territorio hay claras evidencias de la discriminación de la que son objeto los
homosexuales, en Colima una serie de ataques contra la comunidad homosexual que comenzaron
el año pasado aun no se han aplicado castigo a responsable alguno, a pesar de que el
procurador Jesús Antonio Sam López anunció tener identificado al responsable,
atreviéndose a manifestar que "si un grupo de homosexuales dice estar aterrorizado,
su miedo es muy personal, nadie puede garantizarle la vida a nadie".
Esta equivocado. El fin
último del Estado es el logro de la armonía y la convivencia y su fundamental sustento
es la tutela de los derechos de los individuos.
Los alcaldes de
Veracruz y de Boca del Río, Ramón Gutiérrez de Velasco y Adrián Ávila Estrada,
respectivamente, declararon el pasado 15 de enero que "habrá una guerra sin cuartel
contra homosexuales y prostitutas"
Jorge Álvarez Medina,
funcionario del municipio de Aguascalientes permitió
que en él balneario público "Ojo Caliente" mediante un enorme cartel se
prohibiera la entrada a "perros y homosexuales".
Los homosexuales son
detenidos por elementos policíacos con acusaciones poco concretas como faltas a la moral,
mujeres y hombres con orientaciones sexuales distintas son violados sexualmente con el
pretexto de darles un escarmiento o de mostrarles lo que es un verdadero hombre, estas
prácticas sólo muestran lo inhumano, irracional e infundado de los prejuicios y la
ignorancia e indolencia de personas y "autoridades" que solapan y encubren estos
hechos.
La peculiar
diversificación que enmarca nuestra realidad poblacional resulta evidente y fácilmente
comprobable. Nuestra población se encuentra integrada por casi 100 millones de habitantes
de los cuales los jóvenes constituyen alrededor de 24 millones de personas; los mayores
de 60 años son casi 5 millones; las mujeres somos el 50.9% de la población; el 10% lo
integran indígenas, el 25% de nosotros son infantes, mas de 3 millones son migrantes
internos, 60 mil mexicanos son migrantes externos; el 9.6% de los habitantes de nuestro
país son analfabetas; los discapacitados importan el 10% de nuestra población, de éstos
más de dos millones son menores de edad, la población rural significa el 21 % y la
población económicamente activa en ocupaciones primarias suman el 15%; la burocracia
mexicana incluye al 2.4%; los pobres totales abarcan el 45.2%, siendo pobres extremos el
26% de los habitantes; económicamente y midiendo la distribución del ingreso en
decíles, los pobres ocupan los primeros seis deciles, la clase media ocupa tres deciles y
los privilegiados económicos únicamente ocupan un decil; la matricula de alumnos en
preescolar asciende a 3.4 millones, 14.8 millones en primaria, 5.3 millones en secundaria,
3.0 millones en el nivel medio superior y 1.6 se encuentran en el nivel superior. Después
de unas cuántas cifras, a México difícilmente puede considerársele como grupo
homogéneo. Ante la ley todos somos iguales, pero el Estado, debe velar también por dotar
de efectividad esa garantía.
La máxima de la
justicia de dar a cada quien lo justo y correspondiente, es la base del equilibrio
distributivo, mismo que resulta determinante para el establecimiento de la convivencia
social sobre bases de permanencia y cohesión nacional.
La discriminación no
puede ser prohibida a favor de algunos sectores e ignorada para otros, la exclusión del
aspecto socioeconómico, las mujeres embarazadas y los homosexuales, bisexuales y
transexuales entre otros grupos con problemática no menos agresiva de la protección del
artículo 1o, párrafo tercero resulta un acto discriminatorio en si. Paradójico es pues,
un artículo contra la discriminación que en su contexto discrimina doblemente al no
incorporarlos en su conceptualización protectora.
Se evitó mencionar el
color de la piel, el embarazo, el idioma y la situación económica. Asimismo, en lugar de
hacer mención a la discriminación por orientación sexual, se estableció por la no
discriminación preferencias sin especificar
a que se refiere.
En cuanto a las
personas con discapacidad, se pretendió involucrarlas con el término de
"capacidades' diferentes" siendo que dicho concepto no refleja a este grupo en
especial, ya que absolutamente todos tenemos capacidades diferentes. De igual modo se
omite, en la reforma reciente la mención de la ideología que resulta ser una parte
integral y personalísima de cada ser humano.
Si proponemos que
nuestra Carta Magna mencione la orientación sexual, el embarazo, trabajo y la posición
económica como elementos en los que se sustenta la discriminación, es porque resultan
prácticas que peligrosamente se arraigan cada vez más entre nuestra sociedad.
Con esta iniciativa,
buscamos, además de las precisiones; el establecimiento de la obligación del Estado de
garantizar el ejercicio del derecho a la no discriminación, lo que no es menor, pues con
ello se impone que en las códigos y leyes reglamentarias derivadas se integre este
principio y se establezcan acciones afirmativas sin matices distorsionantes.
La discriminación
elimina toda posibilidad del ejercicio de la libertad personal es por esto que el
fundamental respeto a la libertad, a las diferencias y la proclamación de la igualdad y
la tolerancia precisa en este momento histórico de ser reforzado por un lado garantizando
la prohibición de cualquier tipo de discriminación, sin exclusión de ninguna persona o
característica y por otro la obligación de las autoridades de salvaguardar dichos
derechos y de considerar en los diseños de los programas gubernamentales, la no
discriminación como su eje rector fundamental por lo que con fundamento en el artículo
71, fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del pleno de
la Cámara de Diputados:
Artículo único
Se reforma el tercer párrafo del artículo 1o de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 1º. .
. . . . . . .
Queda prohibida
cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico edad, género, embarazo,
estado civil, raza, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel,
nacionalidad, origen, posición social, trabajo o profesión, posición económica,
aspecto físico, discapacidad o estado de salud, o cualquier otra forma discriminatoria
que atente contra la dignidad humana y tienda a anular o menoscabar los derechos y
libertades de las personas.
Toda política pública
deberá garantizar el ejercicio de los derechos plasmados en este artículo.
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El
presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio
Legislativo a los 6 días del mes de septiembre del 2001.— Diputada Hortensia Aragón
Castillo.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese la Iniciativa presentada a la
Comisión de Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta
Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa de
Reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, y
al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
EL C. DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Buenos días. Gracias, señora
Presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. En esta ocasión nos ha
tocado presentar precisamente una Iniciativa de Decreto de Reformas a diversos artículos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
Honorable Asamblea: El suscrito diputado Sergio Acosta Salazar,
integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con
fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 Fracción II y 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II, 56 y 62 del reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a
consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de reforma a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos artículos de...
(Leyó la Iniciativa, insértese)
INICIATIVA DE DECRETO DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXIANOS Y DEL CODIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
Honorable Asamblea: el suscrito diputado Sergio Acosta Salaza
integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 71 fracción I y 135 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción I; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración, de
esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y a diversos artículos del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales, tendientes a reconocer y regular lo
concerniente al voto de los mexicanos en el extranjero, al tenor de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
A lo largo de la
historia de nuestro país, se han sucedido una serie de transformaciones y reformas en el
sistema jurídico nacional, todas y cada una de estas modificaciones ha sido consecuencia
directa de las necesidades que la sociedad mexicana ha tenido a través del tiempo.
El ámbito de los
ordenamientos jurídicos encargados de regular las cuestiones electorales, no ha estado
exento de sufrir estos cambios. En los últimos 20 años, la legislación electoral es una
de las que más cambios experimentó. Todos y cada uno de estos cambios ha estado
orientado a establecer y consolidar un sistema de gobierno basado en la democracia
representativa.
Hoy en día uno de los
asuntos pendientes en las discusiones de los órganos legislativos es el que se refiere al
tema del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. La resolución positiva a este
tema se hace necesaria para así consolidar el cambio democrático en el sistema de
gobierno de nuestro país.
El voto, como sabemos,
es el derecho político que los ciudadanos tienen a participar en los asuntos públicos de
su país, directamente o por medio de
representantes libremente elegidos. Se trata de un derecho público subjetivo de
naturaleza política.
Consolidar el
reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero
tiene como finalidad lograr que los ciudadanos que se encuentren en esta situación
participen directa o indirectamente en la estructura del poder estatal y en la
realización del orden jurídico de la nación.
Ante esta situación se
encuentran millones de mexicanos que viven en el extranjero y que virtualmente no ejercen
ningún derecho político. Hacia estos conciudadanos se debe de enfocar los trabajos de
los órganos legislativos encaminados a lograr que sean sujetos de una serie de garantías
en la observancia de sus derechos y cumplimiento de sus obligaciones, de entre los cuales
el sufragio constituye uno de los principales.
Ante estos hechos, el
Partido de la Revolución Democrática ha mantenido un histórico y sostenido esfuerzo por
lograr que los ciudadanos mexicanos que viven en el extranjero, sean parte de la nación mexicana por cuanto se refiere
al pleno ejercicio de sus derechos. De esta forma es que nuestro partido, por medio de
diversas iniciativas presentadas en la legislatura anterior y en la presente, ha buscado
defender los derechos y en consecuencia de sus posibilidades de mejorar sus condiciones de
vida.
Como muestra de esta
lucha el Partido de la Revolución Democrática, junto con otras fuerzas políticas, fue
actor importante en la consolidación del primer paso encaminado a reconocer y
salvaguardar los derechos de estos mexicanos que se encuentran en le extranjero, dicho
paso fue el de avanzar sobre las reformas constitucionales y legales para que los
mexicanos preserven su nacionalidad independientemente de la ciudadanía o la residencia
que hayan adoptado. Esta reforma permiten a cientos de miles de nuestros compatriotas una
mejor defensa de sus derechos en sus nuevos lugares de residencia.
Aunado a esta reforma,
también se logró modificar el texto constitucional y la ley secundaria con la finalidad
de permitir el voto de los ciudadanos mexicanos que se encontraran fuera de su distrito
electoral o de su entidad federativa. De esta forma se suprimió el obstáculo
territorial.
Sin embargo esta
reforma esta inconclusa; aún queda por resolver la situación relativa a los derechos
ciudadanos de los mexicanos que no han adoptado otra ciudadanía y que por encontrarse
viviendo en el extranjero, no pueden, dentro del marco jurídico y administrativo vigente,
hacer realidad su derecho al voto, a pesar, como todos lo sabemos, de que en el caso de
los migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos son una de las principales
fuentes de sustento de la economía nacional en general y de muchas regiones de manera
determinante en lo particular
La presente iniciativa
de reformas, que hoy venimos a presentar, busca solventar esta laguna, ya que esta
encaminada a defender y garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto de los
ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero, tratando así de fortalecer los lazos
de unión entre ellos y la nación mexicana, la cual han tenido que dejar, la mayoría de
las veces, obligados por los altos índices de desempleo y por las faltas de oportunidad
en su país.
De igual forma mediante
este proyecto reformas se busca hacer frente a las voces que se alzan en contra de tal
posibilidad, argumentando que el reconocimiento de tal derecho, constituiría un grave
atentado contra la soberanía nacional; que el voto se daría de forma irresponsable dada
la lejanía de los residentes en el extranjero y su supuesto desconocimiento de la
realidad nacional y que, asimismo, no sufrirían las consecuencias de dicho voto; que los
mexicanos que se encuentran fuera del país, dado su extenso número, mediante su voto
podrían decidir el curso de la elección presidencial.
Sin embargo estos y
otros argumentos que existen en contra del reconocimiento del derecho al voto de los
ciudadanos mexicanos en el extranjero, no deben ser obstáculo para que esta Cámara de Diputados, y en general el Congreso de
la Unión, legisle sobre la materia. Los legisladores no podemos discriminar a nuestros
compatriotas en el extranjero, por el contrario, debemos ser factor decisivo para lograr
la extensión del derecho de voto en el extranjero y contribuir al perfeccionamiento de
nuestra democracia.
El Congreso de la
Unión debe hacer su tarea y luchar por esta reforma que se hace necesaria ante la
situación de millones de nuestros compatriotas. Esto con la finalidad de que la ley
reconozca su estado y sus derechos a ser parte activa en la vida pública del país. La
reforma se hace necesaria ya que un sistema político democrático, que no refleje los
fenómenos sobresalientes de su entorno social como lo es el migratorio, será un sistema
democrático imperfecto, una democracia a medias.
Es imprescindible que
un derecho constitucional, como lo es el voto, sea garantizado para que toda la
colectividad nacional pueda hacer uso de él, incluidos los ausentes del país que
manifiesten su deseo de ejercitarlo.
Por ello nuestra
Constitución, como ley máxima de nuestro sistema legal, y la ley secundaria encargada de
reglamentar lo concerniente al ámbito electoral deben dar un pleno reconocimiento a los
derechos de esos conciudadanos que por necesidades varias, tienen que emprender el éxodo
y ganarse la vida en el extranjero.
El derecho electoral es
uno de los pilares de la democracia. Sin un buen derecho electoral no hay un buen sistema
democrático, y sin este buen sistema los derechos de los ciudadanos no son plenos. La
reforma tanto constitucional como de la ley secundaria se hace necesaria a fin de
fortalecer nuestra incipiente democracia. Siempre que damos un paso en el derecho
electoral, la democracia avanza, se afirma. Donde la democracia se impone, hay garantía
para la realización de la justicia y de la paz, los espacios se abren para el trabajo y
no hay más impunidad.
De lo anterior es que
se deriva la necesidad de reconocer la universalidad del derecho al voto para los
ciudadanos mexicanos, independientemente de donde se encuentren. Exigir el requisito de
residencia en el país para poder ejercer el voto sería notoriamente injusto, sobretodo
cuando gran parte de los conciudadanos que se van del país lo hacen por razones de
supervivencia económica; además de que en la mayoría de las veces se van del país
dejando aquí a su familia, su patrimonio, sus bienes muebles e inmuebles que pagan
impuestos y que por ende contribuyen a la economía nacional. El no reconocer su derecho
al voto es excluirlos de la toma de decisiones públicas, cuando aún forman parte de la
nación y del estado mexicano.
Conceder el voto a los
ciudadanos mexicanos que se encuentran fuera del país, permitirá fortalecer el sistema
democrático mexicano, reforzará los nexos con nuestros compatriotas que están en el
extranjero y reafirmará su sentimiento de pertenencia a la patria, que se considera no
perdido.
Ante tal situación es
que los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
atendemos las necesidades de una sociedad que se transforma y que tiene necesidades
varias. Por tal motivo se propone una reforma legal que tenga como finalidad reconocer el
ejercicio del voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero.
En primer lugar se
propone una reforma al texto constitucional, esto con la intención de que en el máximo
ordenamiento legal de nuestro sistema legal y que rige todos los actos del acontecer
nacional, se reconozca el ejercicio de este derecho para los ciudadanos que por diversas
circunstancias se encuentran fuera del territorio nacional.
De esta forma se
propone una adición de un segundo párrafo en la fracción I del artículo 35 de nuestra
Constitución Política. La adición de este segundo párrafo establece que los ciudadanos
mexicanos que se encuentran en el extranjero podrán votar en la elección para Presidente
de los Estados Unidos Mexicanos. El hecho de que los ciudadanos mexicanos que se
encuentran en el extranjero puedan votar únicamente en la elección para Presidente de la
República, se debe al hecho de que las elecciones para diputados y senadores están
sujetas a condiciones de representatividad territorial, mientras que la del Presidente es
una elección nacional.
Igualmente se propone
una adición en el artículo 41 constitucional en donde se establecen la generalidades del
órgano encargado de organizar y llevar a cabo las elecciones federales. La adición
consiste en establecer dentro del párrafo décimo del citado precepto la facultad que
tendría el Instituto Federal Electoral para que en coordinación con la autoridad federal
correspondiente, establezcan los mecanismos tendientes a garantizar el derecho a voto de
los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero.
Esta reforma esta
orientada a promover la colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la autoridad
administrativa, en este caso la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad que
se establezcan los mecanismos que faciliten el ejercicio del voto de los mexicanos que se
encuentran en el extranjero.
Estas son las dos
reformas que en materia constitucional proponemos. La intención es buscar el
reconocimiento de un derecho constitucional del que gozan todos los mexicanos.
Ahora bien como nuestra
Constitución Política es un ordenamiento jurídico heteroaplicativo, depende de la
existencia de una ley secundaria que establezca la regulación e. implementación de los
principios y derechos estipulados en nuestra máxima ley. Debido a esto es que también
proponemos la realización de una serie de reformas al texto del Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales.
En un primer punto se
propone la adición en el artículo 1o. en el inciso a de su numeral 2, con al finalidad
de establecer el hecho de que el presente código regulará
las normas constitucionales relativas a los derechos y obligaciones
político electorales de los ciudadanos, aún y cuando se encuentren en el extranjero.
En el artículo 6o.
dentro de los requisitos que se establecen para poder ejercitar su voto, se propone la
salvedad que tendrían aquellos mexicanos que por cuestiones de su situación y ante la
falta de un presupuesto para la expedición de credenciales de elector, carezcan de la
misma. Ante tal situación se faculta al Consejo General del Instituto para que en la
primera sesión correspondiente al inicio del proceso electoral decida mediante que
documentos oficiales se permitiría el ejercicio del voto y emita las bases
correspondientes.
De igual forma en el
mismo artículo 6o. se propone la adición de un tercer numeral en el cual se establezca
la limitante que tienen los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero para votar
única y exclusivamente en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
En el artículo 9o.
relativo a sistema electoral mediante el cual se elegirá al Presidente de la República
se establece que la elección se hará en toda la República y en el extranjero de acuerdo
a las modalidades que establezca la ley.
En el artículo 69 que
estipula los fines del instituto, se propone una adición tendiente a establecer la
obligación que tiene el instituto para asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus
derechos político electorales, aún y cuando los ciudadanos mexicanos se encuentren en el
extranjero.
En el artículo 82,
proponemos que dentro de las atribuciones del Consejo General del Instituto se estipule en
el inciso q de su numeral 1 la obligación que tiene dicho Consejo de realizar el
cómputo total de los votos en el extranjero. Asimismo se propone la adición de un inciso
a mediante el cual se le concede la facultad, al mismo Consejo General, de
capacitar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano como coadyuvantes del Instituto
durante la realización del proceso electoral.
Por lo que respecta al
artículo 83 aquí proponemos la atribución que tendría el Presidente del Consejo
General para celebrar convenios de colaboración con la Secretaría de Relaciones
Exteriores a fin de que el personal del Servicio Exterior Mexicano participe como
coadyuvante del instituto.
La colaboración surge
a raíz de que en las reformas propuestas se establece que las casillas para recoger la
votación se instalarán en las embajadas y representaciones consulares mexicanas.
Asimismo, la finalidad
de esta reforma es lograr una estrecha colaboración entre el instituto y la Secretaría
de Relaciones Exteriores, en virtud de que los titulares de las embajadas y consulados
serán quienes dispongan de la integración de las mesas directivas de casilla, mediante
el auxilio de los miembros del Servicio Exterior Mexicano a su cargo, dadas las
dificultades que se presentaría para su conformación.
Ante la desconfianza
que generaría la situación de que funcionarios federales participen de esta manera en el
proceso electoral es que se establece en el capítulo relativo a sanciones, la facultad
del instituto para conocer de las infracciones incurridas a las disposiciones electorales
por los miembros del Servicio Exterior Mexicano. El Instituto integrará un expediente y
lo remitirá a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la cual será la encargada de
tomar las medidas pertinentes y sancionar al servidor público federal.
De igual forma en las
reformas que proponemos se establece la participación de los partidos mediante la
acreditación de representantes de partido en las casillas que se instalen en las
embajadas o consulados. El gasto de estos representantes correrá a cargo de los
institutos políticos conforme al financiamiento que se les entregue, en donde se
establecerá una partida presupuestal cuya finalidad asea solventar estas erogaciones.
Dentro de las reformas que se proponen
se realizan una serie de adecuaciones tendientes a asegurar el correcto ejercicio de los
funcionarios de casillas de las mesas directivas que se establezcan en las
representaciones diplomáticas. Estas modificaciones y adiciones tienen la finalidad de
otorgar a los miembros del Servicio Exterior Mexicano de las facultades necesarias para el
cabal cumplimiento de sus encomiendas.
Finalmente
dentro del cuerpo de las presentes reformas
se establece un artículo transitorio encargado de estipular que para los efectos de
fechas y horas señaladas en el código se tomen en cuenta los husos horarios de los
lugares en donde se encuentren ubicadas las representaciones diplomáticas.
Es así como con el fin de lograr el
reconocimiento del derecho al voto de los ciudadanos mexicanos en el extranjero, se
proponen esta serie de reformas y adiciones, tanto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales.
Pensamos que las reformas propuestas
son inaplazables, y permitirán que en el año 2006, voten en las elecciones
presidenciales todos los mexicanos que deseen hacerlo, sin importar si residen en el país
o no, ni su situación migratoria, correspondiente al lugar donde se encuentren. El
principio de igualdad, pilar de todo estado de derecho, será ahora sí salvaguardado.
Por
todas las consideraciones antes expuestas, el suscrito, en uso de las facultades que le
conceden los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; así como 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a nombre del
Partido de la Revolución Democrática la siguiente
Iniciativa
Iniciativa de decreto que reforma
diversos artículos de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así
como a diversos artículos del código del código federal de instituciones y
procedimientos electorales.
Artículo primero. Se adiciona
un segundo párrafo a la fracción I del artículo 35; se reforma el párrafo décimo de
la fracción III del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 35. . . . . .
I.
Votar en las elecciones populares.
Para el caso de los ciudadanos
mexicanos que se encuentren en el extranjero, sólo podrán votar en la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
V.
. . . . .
Artículo 41. . . . . .
a) al c) . . . . .
III.
. . . . .
El Instituto Federal Electoral tendrá
a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las
actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los
derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, el padrón y
lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada
electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y
otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los. distritos
electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las
encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Asimismo el Instituto Federal
Electoral en coordinación con la autoridad federal correspondiente se encargará de
establecer los mecanismos tendientes a garantizar el derecho a voto de los ciudadanos
mexicanos que se encuentren en extranjero, en los términos que se establezca en la ley de
la materia. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas
en los términos que señale la ley.
IV.
. . . . .
Artículo Segundo. Se reforman
y adicionan los artículos 1, 6, 9, 69, 82, 83, 92, 118, 119, 120, 122, 126, 138, 139,
140, 144; 150, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 205, 207, 208, 223, 242, 250, 252, 253,
254 y 267 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar
como sigue:
Artículo 1o.
2.
Este Código reglamenta las normas constitucionales relativas a:
Los derechos y obligaciones político
electorales de los ciudadanos, aún y cuando se encuentren en el extranjero.
b) al c). . . . . ..
Artículo 6o.
1.
. . . . .
a) . . . . .
b) Contar con la credencial para votar
correspondiente. Para el caso de los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el
extranjero y carezcan de la credencial para votar, el Consejo General del Instituto
Federal Electoral determinará, durante la primera sesión correspondiente al inicio del
proceso electoral, cual o cuales serán los documentos oficiales que se admitan para tal
efecto.
2. En cada distrito electoral
uninominal el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda al domicilio del
ciudadano, salvo en los casos de excepción expresamente señalados por este código.
3. Los ciudadanos mexicanos que se
encuentren en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto sólo para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos conforme lo establezca el presente código.
Artículo 9o.
1. El ejercicio del Poder Ejecutivo se
deposita en un solo individuo que se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
electo cada seis años por mayoría relativa y voto directo en toda la República, así
como en el extranjero con las modalidades que para el efecto establezca el presente
código..
Artículo 69.
Son fines del Instituto:
Contribuir al desarrollo de la vida
democrática;
Reservar el fortalecimiento del
régimen de partidos políticos;
Integrar el Registro Federal de
Electores;
d) Asegurar a los ciudadanos el
ejercicio de los
derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones, aún
y cuando se encuentren en el extranjero;
Garantizar la celebración periódica
y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y
Ejecutivo de la Unión;
f) Velar por la autenticidad y
efectividad del sufragio; y
g) Llevar a cabo la promoción del
voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática.
2. Todas las actividades del Instituto
se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y
objetividad.
3. Para el desempeño de sus
actividades el instituto contará con un cuerpo de funcionarios integrados en un servicio
profesional electoral. La desconcentración será base de su organización.
Tratándose de la recepción de votos
de ciudadanos mexicanos en el extranjero el instituto celebrará convenios de
colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que el
personal del servicio exterior mexicano coadyuve en dicha tarea.
Artículo 82.
El consejo general tiene las
siguientes atribuciones:
a) al p) . . . . .
q) Efectuar el cómputo total de la
elección de senadores por el principio de representación proporcional, así como el
cómputo total de la elección de todas las listas de diputados electos según el
principio de representación proporcional, hacer la declaración de validez de la
elección de senadores y diputados por este
principio, determinar la asignación
de senadores y diputados para cada partido político y otorgar las constancias
respectivas, en los términos de este código, a más tardar el 23 de agosto del año de
la elección. De igual forma deberá realizar el computo total de los votos en el
extranjero para la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;
r) al z) . . . . .
Capacitar a los miembros del Servicio
Exterior Mexicano que participaran como coadyuvantes del instituto durante el proceso
electoral en el cual se elija Presidente de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo 83.
Corresponden al presidente del consejo
general las atribuciones siguientes:
al o) . . . . .
p) Celebrar convenios con la
Secretaría de Relaciones Exteriores para la designación del personal del servicio
exterior mexicano que coadyuvará en el proceso electoral relativo a la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y
q) Las demás que le confiera este
código.
Artículo
92.
a) al
j) . . . . .
k) Mantener actualizada la
cartografía electoral del país, clasificada por entidad, distrito electoral federal,
municipio y sección electoral, así como la relativa a las principales concentraciones de
ciudadanos mexicanos en el extranjero, de acuerdo a la información que sea proporcionada
por la Secretaría de Relaciones Exteriores;
al
p) . . . . .
2.
. . . . .
Artículo 118.
1. Las mesas directivas de casilla por
mandato constitucional, son los órganos electorales formados por ciudadanos, facultados
para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo en cada una de las secciones
electorales en que se dividan los 300 distritos electorales. De igual forma se
establecerán mesas directivas de casilla en cada una de las representaciones
diplomáticas mexicanas a fin de recibir el voto de los mexicanos que se encuentren en el
extranjero, ya sea por que ahí tengan su lugar de residencia o bien por que se encuentren
en tránsito o de viaje.
2.
. . . . .
3.
. . . . .
Artículo 119.
1. Las mesas directivas de casilla se
integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y tres. suplentes
generales.
Las mesas directivas de casilla
instaladas en las representaciones diplomáticas mexicanas se encontrarán formadas por
miembros del Servicio Exterior Mexicano.
2. Las juntas distritales ejecutivas
llevarán a cabo permanentemente cursos de educación cívica y capacitación electoral,
dirigidos a los ciudadanos residentes en sus distritos.
3. Las juntas distritales ejecutivas
integrarán las mesas directivas de casilla conforme al procedimiento señalado en el
artículo 193 de este código.
Artículo 120.
1. Para ser integrante de mesa
directiva de casilla se requiere:
a) Ser ciudadano mexicano por
nacimiento que no adquiera otra nacionalidad y ser residente en la sección electoral que
comprenda a la casilla;
b) Estar inscrito en el Registro
Federal de Electores;
c) Contar con credencial para votar; ,
Estar en ejercicio de sus derechos
políticos;
e) Tener un modo honesto de vivir;
f) Haber participado en el curso de
capacitación electoral impartido por la junta distrital ejecutiva correspondiente;
No ser servidor público de confianza
con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía; y
h) Saber leer y escribir y no tener
más de 70 años al día de la elección.
Para el caso de los integrantes de las
mesas directivas de casilla en las representaciones diplomáticas no se observará lo
dispuesto en el inciso
g) Del numeral anterior, atendiendo en
todo caso a lo establecido en los convenios de colaboración celebrados entre el Instituto
y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Artículo 122.
Son atribuciones de los Presidentes de
las mesas directivas de casilla:
a) al g) . . . . .
h) Concluidas las labores de la
casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes
respectivos en los términos del artículo 238 de este código. Para el caso de los
presidentes de mesas directivas de casilla ubicadas en los consulados, turnaran a las
embajadas del país en el que se encuentren la documentación y expedientes relativos a la
jornada electoral. Una vez que las embajadas reúnan la documentación de los consulados
enviarán ésta y la propia al consejo general del instituto, e
Artículo 126.
1.
Los partidos políticos nacionales deberán acreditar a sus representantes ante los
consejos locales y distritales a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la
fecha de la sesión de instalación del consejo de que se trate.
De igual forma deberán de acreditar
ante el consejo general del instituto a sus representantes que estarán en las sesiones
relativas al cómputo de las casillas ubicadas en las representaciones diplomáticas
mexicanas
Artículo 138.
Las cuatro secciones del Registro
Federal de Electores se formarán, según el caso, mediante las acciones siguientes:
La aplicación de la técnica censal
total o parcial;
b) La inscripción directa y personal
de los ciudadanos;
c) La incorporación de los datos que
aporten las autoridades competentes relativas a fallecimientos o habilitaciones,
inhabilitaciones y rehabilitaciones de derechos políticos de los ciudadanos, y
d) La información proporcionada por
la Secretaría de Relaciones Exteriores relativa a los ciudadanos mexicanos residentes en
el extranjero.
Artículo 139.
1. Los ciudadanos están obligados a
inscribirse en el Registro Federal de Electores.
2. Asimismo, los ciudadanos
participarán en la formación y actualización del Catálogo General de Electores y del
Padrón Electoral en los términos de las normas reglamentarias correspondientes.
Para el caso de los ciudadanos
mexicanos que se encuentren en el extranjero, se estará a lo dispuesto por el artículo
6o. de este ordenamiento.
Artículo 140.
1. El Instituto Federal Electoral debe
incluir a los ciudadanos en las secciones del Registro Federal de Electores y expedirles
la credencial para votar.
2. La credencial para votar es el
documento indispensable para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho de voto. Quedan
exceptuados de lo anterior los ciudadanos mexicanos que residan en el extranjero; quienes
podrán votar por medio de los documentos que al efecto determine el Consejo Federal
Electoral en los términos señalados en el artículo 6o. de esta ley.
Artículo 144.
1. Los ciudadanos tendrán la
obligación de acudir a las oficinas o módulos que determine el Instituto Federal
Electoral, a fin de obtener su credencial para votar con fotografía. Para el caso de los
ciudadanos que se encuentren en el extranjero se estará a lo dispuesto en los convenios
de colaboración que celebren el instituto y la Secretaría de Relaciones Exteriores.
2 al 6.
. . . . .
Artículo 150.
1. Es obligación de los ciudadanos
inscritos en el Padrón Electoral dar aviso de su cambio de domicilio ante la oficina del
Instituto Federal Electoral más cercana a su nuevo domicilio. Los ciudadanos radicados en
el extranjero atenderán lo dispuesto por el artículo 6, inciso b de este código.
2.
. . . . .
Artículo 193.
a) al h) . . . . .
i) El consejo general en coordinación
con la Secretaría de Relaciones Exteriores, se asegurará de la integración de las mesas
directivas en el extranjero, cuya conformación estará a cargo de los titulares de la
embajada o de la representación consular, quienes designarán a los funcionarios de entre
los miembros del servicio exterior.
2.
. . . . . .
Artículo 195.
1.
. . . . .
2. Las casillas en las que emitirán
su voto los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el extranjero, se ubicarán en las
instalaciones del consulado o embajada respectiva.
Artículo 196.
2. El Secretario del consejo distrital
o el consejo general, en el caso de los integrantes de casillas especiales, en las
embajadas o consulados mexicanos, entregará una copia de la lista a cada uno de los
representantes de los partidos políticos, haciendo constar la entrega.
Artículo 197.
1. Los consejos distritales, a
propuesta de las juntas distritales ejecutivas, determinarán la instalación de casillas
especiales para la recepción del voto de los electores que se encuentren transitoriamente
fuera de la sección correspondiente a su domicilio. Para el caso de los ciudadanos
mexicanos que radiquen o se encuentren en el extranjero, el consejo general designará a
las embajadas o consulados como sede de las casillas especiales.
2 al 3.
. . . . .
Artículo 198.
2. Los partidos políticos podrán
acreditar en cada uno de los distritos electorales uninominales un representante general
por cada 10 casillas electorales ubicadas en zonas urbanas y uno por cada cinco casillas
rurales. De igual forma podrán acreditar hasta dos representantes por cada embajada o
consulado
3 al 4.
. . . . .
Artículo 199.
1.
. . . . .
Ejercerán su cargo exclusivamente
ante las mesas directivas de casilla instaladas en el distrito electoral para el que
fueron acreditados, o bien ante la embajada o consulado en el que hayan sido acreditados.
b) al g). . . . . .
Artículo 200.
a) al d) . . . . .
e) Acompañar al presidente de la Mesa
Directiva de casilla, al consejo distrital correspondiente, o al consejo general, en el
caso de las casillas ubicadas en embajadas y consulados, para hacer entrega de la
documentación y el expediente electoral; y
f) . . . . .
2.
. . . . .
Artículo 205.
1.
. . . . .
2. Las boletas para la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, contendrán:
a) Entidad, distrito, número de la
circunscripción plurinominal, municipio o delegación. En el caso de las boletas para la
elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que vayan a ser utilizadas en las
embajadas o consulados, deberán contener además la especificación de la representación
diplomática respectiva;
al j) . . . . .
3 al 6.
. . . . .
Artículo 207.
1 al 2.
. . . . .
a) al e) . . . . .
f) Para el caso de las casillas
especiales ubicadas, en las embajadas o consulados mexicanos, los documentos se harán
llegar a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se levantará el
acta a que se refiere el inciso b del presente numeral, Las demás prevenciones quedarán
a cargo del titular de la representación diplomática.
3 al 4.
. . . . .
Artículo 208.
1 al 5.
. . . . .
6. Para el caso de las casillas
especiales instaladas en las embajadas y consulados, la papelería le será entregada al
titular de la representación diplomática por medio de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, hasta con una semana de anticipación. El número de boletas que se entregará
será el mismo al número de ciudadanos mexicanos que se encuentren registrados en el
Catálogo General de Electores en el Extranjero.
Artículo 223.
En las casillas especiales para
recibir la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su
sección, o bien que se encuentren en las casillas especiales ubicadas en las
representaciones diplomáticas, se aplicarán, en lo procedente, las reglas establecidas
en los artículos anteriores y las siguientes:
al b)
a) al d) . . . . .
e) Para el caso de los electores que
se encuentren en el extranjero, sólo podrán votar por Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos.
3 al 4.
. . . . .
Artículo 242.
1.
. . . . .
2.
. . . . .
3. La recepción. de los paquetes
electorales provenientes del extranjero correrá a cargo del secretario del consejo
general, quien de inmediato procederá a salvaguardarlos conforme a lo dispuesto
anteriormente.
Artículo 250.
1.
. . . . .
2. El mismo procedimiento de llevará
acabo en las embajadas y consulados en donde se ubique una casilla especial.
Artículo 252.
1.
. . . . .
2. El secretario del consejo general
integrará los expedientes relativos a las casillas especiales ubicadas en las embajadas y
consulados mexicanos.
Artículo 253.
2. El secretario del consejo general
hará todo lo señalado en el numeral anterior, respecto a los expedientes de las casillas
especiales ubicadas en el extranjero, referentes única y exclusivamente a la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que se interponga algún medio de
impugnación, deberá remitirlo a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación.
Artículo 254.
1al 2.
. . . . .
3. Las mismas prevenciones tomará el
consejo general, en el caso de la documentación relativa al cómputo de las casillas
especiales instaladas en las embajadas o consulados.
Artículo 267.
1al 2.
. . . . .
3. El Instituto Federal Electoral
conocerá de las irregularidades en que incurran los miembros del Servicio Exterior
Mexicano, en su desempeño como coadyuvantes del proceso electoral. Conocida la
infracción se integrará el expediente relativa, el cual será remitido a la Secretaría
de Relaciones Exteriores, a fin de que proceda en los términos de la legislación
aplicables. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá comunicar al Instituto de las
medidas que se hayan aplicado al caso.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
Segundo. Se derogan todas las
disposiciones que se opongan al presente decreto.
Tercero. Para los efectos de
fechas y horas, señaladas para el desarrollo de los procesos electorales, se tomarán en
cuenta los husos horarios de los lugares en donde se encuentren ubicadas las
representaciones diplomáticas.
Cuarto. En el financiamiento
público otorgado a los partidos, se tomará en cuenta lo correspondiente a asegurar la
participación d los representantes de partido en las casillas especiales ubicadas en las
embajadas y consulados mexicanos.
Atentamente.
Diputado Sergio Acosta Salazar.
EL C. DIP. SERGIO ACOSTA SALZAR: Yo le ruego a esta Presidencia
el permitirme omitir la lectura del articulado en cuanto a las modificaciones del
artículo, pero a la vez solicito a esta Presidencia que sea totalmente inscrito tanto en
el Diario de Debates como en las Versiones Estenográficas. Gracias, muy amable.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Atendiendo a su
solicitud, se pide a la Secretaría reciba para su inserción total el documento de
Iniciativa que ha entregado el señor diputado Acosta Salazar, y túrnese la Iniciativa a
las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel
Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una Iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, señora Presidenta.
Aun cuando debiéramos reclamar el quórum, por la ausencia de la mayoría de los
legisladores, resulta importante presentar esta Iniciativa ante esta Honorable Cámara de
Diputados, ante los medios de información y ante los diputados asistentes.
El derecho a la privacidad, es uno de los derechos humanos
esenciales que dan contenido y substancia a la dignidad humana. Nuestra cultura actual
reconoce que existe un ámbito de la vida de cada persona que solamente concierne a ésta
y que queda reservada para los demás. Este ámbito es la consecuencia de la
individualidad, de la autonomía y de la...
(Leyó la Iniciativa, insértese)
Iniciativa de Decreto que Expide la Ley Federal de Protección de datos personales.
El que suscribe, Luis
Miguel Barbosa Huerta, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la
fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, presento
ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión iniciativa de decreto que expide la
Ley Federal de Protección de Datos Personales, al tenor
de la siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
El derecho a la
privacidad es uno de los derechos humanos esenciales que dan contenido y substancia a la
dignidad humana.
Nuestra cultura actual
reconoce que existe un ámbito de la vida de cada persona que solamente concierne a ésta
y que queda reservado para los demás.
Este ámbito es la
consecuencia de la individualidad, de la autonomía y de la libertad que se admite como
propias de todo ser humano. es allí de donde se desprende el derecho de todo hombre de
mantener secretas e inviolables ciertas manifestaciones de su vida. sin su expreso
consentimiento nadie puede inmiscuirse dentro de este ámbito.
El derecho a la
intimidad se manifiesta así, como la facultad que tiene cada persona de disponer de su
esfera, reducto infranqueable de libertad individual,
el cual no puede ser invadido por terceros, ya sean particulares
o el propio estado. el reconocimiento y salvaguarda de este derecho presuponen, pues, las
condiciones mínimas indispensables para que el ser humano pueda desarrollar su
individualidad en inteligencia y libertad.
Hoy, sin embargo, el
derecho a la intimidad está seriamente amenazado por la que se ha querido llamar
"sociedad de la información". la globalización tanto de las redes
informáticas y de comunicación hacen cada vez más frecuentes los casos de violación al
derecho a la intimidad.
Los medios
tradicionales de protección de la vida privada han sido absolutamente desbordados por las
nuevas modalidades de injerencia que en contra de ella proporciona el actual adelanto
científico y tecnológico. El empleo de nuevas tecnologías permite acumular una cantidad
enorme de información que es ordenada y clasificada automáticamente y que puede ser
almacenada en espacios muy reducidos. la información puede ser recogida en cualquier
parte del mundo y, mediante conexiones telefónicas, quedar clasificada en el acto. en
esta forma sería posible compilar una información abundante sobre cada individuo y
reunir un conjunto de datos que aisladamente nada dicen y que por ello no se ocultan, pero
que al ser presentados en forma sistematizada pueden constituir una seria amenaza contra
la intimidad de la persona.
Hasta hace pocos años,
las fronteras de la privacidad estaban defendidas por el tiempo y el espacio. el tiempo
permitía, con su transcurso, que desaparecieran los recuerdos de las actividades ajenas,
impidiendo, así, la configuración de una historia lineal e ininterrumpida de la persona;
el espacio, con la distancia que imponía, hasta hace poco
casi insuperable, hacía difícil que tuviésemos conocimiento exacto
de los hechos que, protagonizados por los demás, hubieran sucedido en lugares distantes.
el tiempo y el espacio operaban, así, como una salvaguarda natural de la privacidad de la
persona.
Uno y otro límite han
desaparecido hoy, las modernas técnicas de comunicación permiten salvar sin dificultades
el espacio, y la informática posibilita almacenar todos los datos que se obtienen a
través de las comunicaciones y acceder a ellos en apenas segundos, por distante que fuera
el lugar donde transcurrieron los hechos. Los más diversos datos sobre la infancia, sobre
la vida académica, profesional o laboral, sobre los hábitos de vida y consumo, sobre el
uso del denominado dinero plástico, sobre las relaciones personales o, incluso, sobre las
creencias religiosas e ideologías, por mencionar sólo algunos, podrían ser, así,
compilados y obtenidos sin dificultar. ello permitiría a quien dispusiese de ellos
acceder aun conocimiento cabal de actitudes, hechos o pautas de comportamiento que, sin
duda, pertenecen a la esfera privada de las personas; a aquella a la que sólo deben tener
acceso el individuo y, quizás, quienes le son más próximos, o aquellos a los que él
autorice.
Aún más, el
conocimiento ordenado de esos datos puede dibujar un determinado perfil de la persona, o
configurar una determinada reputación o fama que es, en definitiva, expresión del honor;
y este perfil, sin duda, puede resultar luego valorado, favorable o desfavorablemente,
para las más diversas actividades públicas o privadas del individuo.
Superados tiempo y
espacio como barreras naturales, se hace preciso, por tanto, instrumentar una nueva
protección, ahora normativa, del derecho a la intimidad, que como garantía de todo
individuo consagra el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y reconocen además el artículo 12 de la declaración universal de derechos
humanos, el artículo 17.1 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, el
artículo 16 de la convención internacional sobre los derechos del niño, artículo 9o.
de la declaración americana de derechos humanos y el artículo 11.2 del pacto de San
José de Costa Rica, como Ley Suprema de la Unión en términos de lo dispuesto en el
artículo 133 de nuestra Carta Magna.
No olvidemos que el
papel de la ciencia del derecho frente a todo avance tecnológico es el de servir como eje
disciplinador del proceso y corresponde ahora regular el progresivo desarrollo de las
técnicas de recolección y almacenamiento de datos y de acceso a los mismos para
salvaguardar el derecho a la intimidad de las personas.
De ahí que teniendo
como propósito esencial el hacer frente a los riesgos que para los derechos de la
personalidad puede suponer el acopio y tratamiento de datos, la redacción de la presente
iniciativa se hace girar en torno a un elemento básico, lo que convencionalmente se
denominan "ficheros de datos". ya que es precisamente la existencia de estos
ficheros y la utilización que de ellos podría hacerse la que justifica la necesidad de
una nueva protección al derecho a la intimidad.
Al efecto, en la
iniciativa que se somete a esta soberanía, se introduce el concepto de tratamiento de
datos, concibiendo los ficheros desde una perspectiva dinámica; es decir, no sólo como
un mero depósito de datos, sino también, y sobre todo, como una globalidad de procesos o
aplicaciones informáticas que se llevan a cabo con los datos almacenados y que son
susceptibles, si llegasen a conectarse entre
sí, de configurar el perfil personal de un individuo.
El texto del proyecto
se estructura con una parte general y otra especial. en la parte general se establecen las
normas delimitadoras del ámbito de aplicación de la ley, principios reguladores del
acopio, registro y uso de datos personales y, sobre todo, garantías de los titulares o
afectados.
Así, el ámbito de
aplicación se define por exclusión, quedando fuera de él, por ejemplo, los datos
anónimos, que constituyen información de dominio público, los que se recogen como
información para darla a conocer al público en general o los de uso estrictamente
personal. Igualmente se considera conveniente mantener las regulaciones especiales que
contienen ya suficientes normas de protección y que se refieren a ámbitos que revisten
una singularidad distinta, como los ficheros electorales. y en fin, quedan también fuera
del ámbito de la norma aquellos datos que, en virtud de intereses público prevalentes,
no deben estar sometidos a su régimen cautelar.
Bajo los principios
generales se definen también las pautas a las que deberá sujetarse la recolección de
datos de carácter personal objeto de tratamiento, pautas encaminadas a garantizar tanto
la veracidad de la información contenida en los datos almacenados como la congruencia y
la racionalidad de la utilización de los datos. este principio de la congruencia y la
racionalidad, garantizará que los datos no puedan ser usados sino cuando lo justifique la
finalidad para la que han sido recabados; su observancia es, por ello, esencial para
evitar la difusión incontrolada de la información.
Por su parte, el
principio de consentimiento, o de autodeterminación, del mismo modo consagrado, otorga a la persona la posibilidad de determinar
el nivel de protección de los datos a ella referentes. Su fundamento está constituido
por la exigencia del consentimiento consciente e informado del afectado para que la
recolección de datos sea lícita y ello, a su vez, se refuerza con la definición de lo
que se denominan datos sensibles, que comprenden la ideología, las creencias religiosas,
la raza, la salud y la vida sexual de un individuo. La protección reforzada de estos
datos viene determinada porque los primeros de entre los datos mencionados sólo serán
disponibles con el consentimiento expreso y por escrito del afectado, y los segundos sólo
serán susceptibles de ser recopilación mediando dicho consentimiento o una autorización
legal expresa, habilitación que, según exigencia del proyecto ha de fundarse en razones
de interés general. Mientras que en todo caso se establece la prohibición de los
ficheros creados con la exclusiva finalidad de almacenar datos personales sensibles.
Pero indudablemente que
los derechos que se establecen en favor del titular o afectado constituyen los elementos
medulares de la parte general y se configuran jurídicamente como derechos subjetivos
encaminados a hacer operativos los principios genéricos. Son, por ejemplo, los derechos
de autodeterminación, de rectificación y de cancelación los que otorgan virtualidad
normativa y eficacia jurídica a los principios consagrados en la parte general,
principios que, sin los derechos subjetivos aludidos, no rebasarían un contenido
meramente programático.
En concreto, los
derechos de impugnación de valoraciones, de consulta, de acceso, de rectificación, de
cancelación, de oposición y de indemnización que se definen y delimitan en el texto,
constituyen las piezas centrales del sistema cautelar que se propone en el proyecto.
Con el objeto de
procurar la máxima eficacia de sus disposiciones, en la parte especial del proyecto se
propone la creación del registro nacional de protección de datos, como el ente encargado
de coadyuvar en el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar
su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso,
rectificación, oposición y cancelación de datos.
Y para la debida
articulación de los extremos concretos que han de regir los ficheros de datos, se
distinguen distintos tipos de ficheros, según sea su titularidad pública o privada y
simultáneamente, se propone establecer regímenes diferenciados para los ficheros en
razón de su titularidad, toda vez que, con toda evidencia, resulta más problemático el
control de los de titularidad privada que el de aquellos de titularidad pública.
Otras disposiciones de
la parte especial que es pertinente destacar son las que se refieren a la cesión o
transmisión de los datos objeto de tratamiento. La protección de la integridad de la
información personal se concilia, de esta suerte, con el libre flujo de los datos, que
constituye una auténtica necesidad de la vida global actual y en cuanto a la transmisión
internacional de datos se opta por exigir que el país de destino cuente en su
ordenamiento con un sistema de protección suficiente para garantizar la integridad de los
datos transferidos.
Mención muy especial
merece la regulación de la acción de protección de datos personales o hábeas data
(exhibe el dato) como una garantía de toda persona para acceder a la información y a los
datos que sobre sí misma obren en registros privados u oficiales; para conocer el uso que
se haga de los mismos y de su finalidad y para solicitar la rectificación o la
destrucción de aquellos, si fuesen erróneos o afectaran ilegalmente sus derechos.
Finalmente, se
contempla también un capítulo donde se tipifican diversas figuras delictivas,
estableciendo severas sanciones, al que insertara o hiciera insertar a sabiendas datos
falsos en un archivo de datos personales; al que proporcionara a un tercero a sabiendas
información falsa contenida en un fichero de datos personales; al que a sabiendas e
ilegalmente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de
cualquier forma, a un banco de datos personales; y al que revelare a otro información
registrada en un banco de datos personales cuyo secreto estuviere obligado a preservar por
disposición de una ley.
En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en
lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa de Decreto
que expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
Artículo único.
Se expide la Ley Federal de Protección de Datos Personales, para quedar como sigue:
Capítulo I
Disposiciones generales.
Artículo 1o.
Objeto de la ley.
Para garantizar el
honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de
estos derechos fundamentales, así como el acceso a la información que sobre las mismas
se recabe, esta ley tiene por objeto la protección integral de los datos personales
asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento
de datos, sean éstos públicos o privados destinados a dar informes.
Las disposiciones de la
presente ley también serán aplicables, en cuanto resulte pertinente, a los datos
relativos a personas morales.
En ningún caso se
podrán afectar la base de datos ni las fuentes de información periodísticas.
Artículo 2o.
Ámbito de aplicación
de la ley.
Las disposiciones de
esta ley serán de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte
físico, que los haga susceptibles de tratamiento automatizado o no automatizado y a toda
modalidad de uso posterior, sea que el tratamiento de estos datos se realice en territorio
nacional o en el extranjero cuando la legislación mexicana resulte aplicable de acuerdo
con normas de Derecho Internacional público.
Artículo 3o.
Excepciones al ámbito
de aplicación de la ley.
Se excluye del régimen
de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley:
I. A ficheros
manipulados por personas morales o físicas particulares en el ejercicio de actividades
exclusivamente personales o domésticas.
II. A ficheros
regulados por disposiciones sobre protección de materias clasificadas.
III. A ficheros
establecidos para la prevención, investigación y persecución de la delincuencia y
crimen organizado.
Artículo 4o.
Regulación especial.
Se regirán por las
disposiciones legales específicas:
I. Los ficheros
derivados de los Servicios Nacionales de Estadística y de Información Geográfica, así
como los que sirvan para fines exclusivamente estadísticos.
II. Los ficheros
originados por la aplicación de la legislación electoral.
III. Los derivados del
Registro Civil.
Artículo 5o.
Definiciones.
Para los efectos de
esta ley se entenderá por:
I. Datos de carácter
personal: cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica
o de cualquier otro tipo, susceptible de recolección, registro, tratamiento o
transmisión referida a personas físicas o morales determinadas o determinables,
identificadas o identificables.
II. Datos sensibles:
datos personales que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones
religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la
salud o a la vida sexual.
III. Datos
informatizados: los datos personales sometidos al tratamiento o procesamiento electrónico
o automatizado.
Fichero, archivo,
registro, base o banco de datos: indistintamente, designan al conjunto organizado de datos
de carácter personal sean objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no,
cualquiera que fuere la forma o
modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
IV. Tratamiento de
datos: operaciones y procedimientos técnicos y sistemáticos de carácter automatizado o
no, electrónicos o no, que permitan la recolección, grabación, conservación,
elaboración, modificación, bloqueo, cancelación, destrucción, y en general el
procesamiento de datos personales, así como también su cesión a terceros a través de
comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
V. Responsable del
fichero, archivo, registro, base o banco de datos: persona física o moral, de naturaleza
pública o privada, que sea titular de un archivo, registro, base o banco de datos, o
tenga poder de decisión sobre la finalidad, contenido y uso del tratamiento.
VI. Encargado del
fichero, archivo, registro, base o banco de datos: la persona física o moral, de
naturaleza pública o privada, que sola o conjuntamente con otras, trate datos personales
por cuenta del responsable del tratamiento.
VI. Titular, interesado
o afectado de los datos: toda persona física o moral con domicilio legal o delegaciones o
sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la
presente ley.
VII. Usuario de datos:
toda persona física o moral, de naturaleza pública o privada, que realice a su arbitrio
el tratamiento de datos ya sea en ficheros, archivos, registros o bancos de datos propios
o a través de conexión con los mismos.
VIII. Identificación
del titular, interesado o afectado de los datos: cualquier elemento que permita determinar
directa o indirectamente la identidad física, fisiológica, psíquica, económica, de
afiliación política, religiosa, cultural o social de la persona física afectada.
IX. Consentimiento del
interesado: toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada,
mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le
conciernen.
X. Transferencia de
datos: el transporte de datos entre sistemas informáticos por cualquier medio de
transmisión, así como el transporte de soportes de datos por correo o por cualquier otro
medio convencional.
XI. Cesión de datos:
toda obtención de datos resultante de la consulta de un fichero, la publicación de los
datos contenidos en el fichero, su interconexión con otros ficheros y la comunicación o
revelación de datos realizada por una persona distinta de la afectada.
XII. Disociación de
datos: todo tratamiento de datos personales efectuado de manera que la información
obtenida no pueda asociarse a persona determinada o determinable.
XIII. Bloqueo de datos:
la identificación y reserva de datos con el fin de impedir su tratamiento.
XIV. Datos accesibles
al público: los datos que se encuentran a disposición del público en general, no
impedida por cualquier norma limitativa y están recogidos en medios tales como censos,
anuarios, bases de datos públicos, repertorios de jurisprudencia, archivos de prensa,
repertorios telefónicos o análogos, así como los datos publicados en forma de listas de
personas pertenecientes a grupos profesionales que contengan únicamente los nombres,
títulos, profesión, actividad, grados académicos, dirección e indicación de su
pertenencia al grupo.
XV. Fuentes accesibles
al público: aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada, por, cualquier persona,
no impedida por una disposición legal limitativa.
CAPITULO II
Principios
fundamentales para la protección de datos personales.
Artículo 6o.
Consentimiento del
titular en el tratamiento de datos.
I. El tratamiento de
los datos de carácter personal requerirá el consentimiento libre, expreso, informado e
inequívoco del afectado.
II. No será necesario
el consentimiento del interesado cuando los datos se recaben para el ejercicio de
funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una obligación legal; cuando
los datos se obtengan exclusivamente de fuentes de acceso público; cuando los datos
deriven de una relación contractual, científica o profesional del titular de los datos y
resulten necesarios para su desarrollo o cumplimiento; cuando se trate de listados cuyos
datos se limiten a nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o
previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, o se trate y deriven de
operaciones que realicen entidades financieras y de las informaciones que reciban
directamente de sus clientes.
III. El consentimiento
del afectado podrá ser revocado en cualquier momento cuando existe causa fundada para
ello.
Artículo 7o.
Tratamiento de datos
sensibles.
I. Nadie podrá ser
obligado a proporcionar datos sensibles. Cuando para recolectar estos datos se proceda a
recabar el respectivo consentimiento, se advertirá al afectado acerca de su derecho a no
prestarlo.
II. Sólo por razones
de orden público e interés general autorizadas en la ley podrán ser recolectados y
sujetos a tratamiento datos sensibles. También podrán ser tratados con finalidades
estadísticas o científicas siempre que no identifiquen a sus titulares.
III. Está prohibida la
formación de ficheros, archivos, bancos o registros que almacenen información que
directa o indirectamente revele datos sensibles. Sin perjuicio de ello, la Iglesia
católica, las asociaciones religiosas y las organizaciones políticas y sindicales
podrán llevar un registro de sus miembros. Se exceptúan de esta prohibición los
ficheros mantenidos por los partidos políticos, sindicatos, iglesias, confesiones o
comunidades religiosas y asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro,
cuya finalidad sea política,
filosófica, religiosa o sindical, en cuanto a los datos relativos a sus asociados o
miembros, sin perjuicio de que la cesión de dichos datos precisará siempre el previo
consentimiento del afectado.
IV. Los datos relativos
a antecedentes penales o los derivados de controversias judiciales o procedimientos
administrativos sólo pueden ser objeto de tratamiento por parte de las autoridades
competentes, con sujeción a las leyes y reglamentos respectivos.
Artículo 8o.
Condición de los datos
personales sujetos a tratamiento.
I. Los datos de
carácter personal que se recaben para su tratamiento deberán ser ciertos, adecuados,
pertinentes y no excesivos con relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren
obtenido.
II. Los datos de
carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades distintas e
incompatibles con aquellas para las que los hubieran sido reunidos. No se considerará
incompatible el tratamiento posterior de éstos con fines puramente históricos,
estadísticos o científicos.
III. Está prohibido el
acopio .de datos de carácter personal para su tratamiento por medios desleales,
fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
IV. Los datos sujetos a
tratamiento serán exactos y actuales de modo que reflejen con veracidad y precisión la
situación personal del afectado. Si ellos resultaren incompletos o inexactos, en todo o
en parte, deberán ser suprimidos y sustituidos de inmediato, o en su caso completados,
por el responsable del fichero, sin perjuicio del derecho de acción de rectificación del
afectado.
V. Para su tratamiento
los datos personales deberán ser recopilados de modo que permitan el ejercicio del
derecho de acceso de su titular.
VI. Los datos de carácter personal serán cancelados y
destruidos cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la
cual hubieran sido recabados o registrados.
Artículo 9o.
Derecho de información
del afectado en el tratamiento de datos personales.
I. Cuando se recaben
datos de carácter personal para su tratamiento, los afectados deberán ser informados en
forma expresa e inequívoca de:
a) La finalidad para la
que serán tratados y los destinatarios de la información;
b) La existencia del
fichero y la identidad y domicilio de su responsable y encargado;
c) El carácter
obligatorio o facultativo de las respuestas al cuestionario que se le proponga;
d) De las consecuencias
de la captura de los datos o de la negativa a suministrarlos;
d) De la legitimidad
del titular a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición.
II. En el texto de los
cuestionarios o impresos que se utilicen, se consignarán los derechos a que se refiere la
fracción anterior.
III. Cuando los datos
de carácter personal no hayan sido recabados directamente del titular, éste deberá ser
informado por el responsable o encargado del fichero dentro de los treinta días
siguientes al momento del registro de los datos.
IV. No se aplicará lo
dispuesto en la fracción anterior, cuando expresamente una ley así lo disponga o cuando
el tratamiento tenga una finalidad exclusivamente históricos, estadísticos o
científicos; o cuando los datos procedan de fuentes accesibles al público y se destinen
a la actividad de publicidad o prospección comercial, en cuyo caso, en cada comunicación
que se dirija al interesado se le informará
del origen de los datos y de la identidad del responsable del
tratamiento, así como de los derechos que le asisten.
Artículo 10.
Datos de carácter
personal relativos a la salud.
Las instituciones y los
centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán
proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la salud de las
personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo`
dispuesto en la legislación de la materia, respetando los principios del secreto
profesional.
Artículo 11.
Deber de
confidencialidad del responsable y encargados del fichero.
El responsable del
fichero y quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos de carácter
personal están obligados al secreto profesional respecto de los mismos y al deber de
guardarlos, obligaciones que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el
titular. El .responsable podrá ser relevado del deber de confidencialidad por resolución
judicial o cuando medien razones fundadas relativas a la seguridad pública, la defensa
nacional o la salud pública.
Artículo 12.°
Medidas de seguridad de
los datos de carácter personal objeto de tratamiento.
I. responsable del
fichero y en su caso, el encargado del tratamiento deberá adoptar las medidas de índole
técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter
personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida
cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos
a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.
II. Está prohibido el tratamiento de datos de carácter
personal en ficheros que no reúnan condiciones técnicas de integridad y seguridad.
Artículo 13
Terceros frente á
datos de carácter personal objeto de tratamiento.
Los datos de carácter
personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el
cumplimiento de los fines directamente relacionados con el interés legítimo del cedente
y del cesionario y con el previo consentimiento del titular de los datos, al que se le
debe informar sobre la finalidad de la cesión e identificar al cesionario o los elementos
que permitan hacerlo.
El consentimiento que
exige la fracción anterior no será necesario:
Cuando la cesión está
expresamente autorizada en una ley.
Cuando se trate de
datos obtenidos de fuentes accesibles al público.
c) Cuando el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de una
relación jurídica de la que sea parte el titular, cuyo desarrollo, cumplimiento y
control implique necesariamente la conexión de dicho tratamiento con ficheros de
terceros. En este caso la comunicación sólo será legítima en cuanto se limite a la
finalidad de la relación contractual.
d)
Cuando la comunicación sea requerida por una autoridad judicial.
e)
Cuando la cesión se produzca entre entidades de la Administraciones Pública Federal y
tenga por objeto el tratamiento posterior de los datos con fines puramente históricos,
estadísticos o científicos.
f) Si la comunicación
se efectúa previo procedimiento de disociación.
g) Cuando la
comunicación de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para
solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero o para realizar los estudios
epidemiológicos en los términos establecidos en la legislación de la materia.
III. Será nulo el
consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero,
cuando la información que se facilite no satisfaga la finalidad que motivo la
autorización.
IV. Es revocable el
consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero.
V. El tercero
cesionario quedará sujeto a las mismas obligaciones legales y reglamentarias del cedente
y responderá solidaria y conjuntamente por la observancia de las mismas ante el titular
de los datos de que se trate.
VI. No se considerará
comunicación de datos el acceso de un tercero a la información cuando dicho acceso sea
necesario para la prestación de un servicio al responsable del tratamiento necesario al
mantenimiento o funcionamiento del fichero.
VII. La realización de
tratamientos por cuenta de terceros deberá regularse mediante contrato, en el que se
estipulará:
a) Que el tercero
encargado del tratamiento únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones del
responsable del tratamiento, que no los aplicará o utilizará con fin distinto al que
figure en dicho contrato ni los comunicará a otras personas.
b) Que una
vez cumplida la prestación contractual, los datos de carácter personal deberán ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documentos en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
Que en el caso de que
el tercero encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad, los comunique o
los utilice incumpliendo las estipulaciones del contrato, será considerado también
responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido.
Artículo 14
Transferencia
internacional de datos de carácter personal objeto de tratamiento.
I. Está prohibida la
transferencia temporal o definitiva de datos de carácter personal que hayan sido objeto
de tratamiento o hayan sido recogidos para someterlos a dicho tratamiento con países u
organismos internacionales o supranacionales que no proporcionen niveles de protección
adecuados.
II. Los niveles
adecuados de protección que ofrece el país de destino se evaluarán atendiendo a todas
las circunstancias que concurran en la transferencia o categoría de transferencia de
datos, y en particular, se tomará en consideración la naturaleza de los datos, la
finalidad y la duración del tratamiento o de los tratamientos previstos, el país de
origen y el país de destino final, las normas de derecho, generales o sectoriales,
vigentes en el país tercero de que se trate.
La prohibición
contenida en la fracción I no se aplicará en los siguientes supuestos:
a) Colaboración
judicial internacional;
b) Cuando la
transferencia internacional de datos de carácter personal resulte de la aplicación de
tratados o convenios en los que México sea parte;
c) Cuando la
transferencia sea necesaria o legalmente exigida para la salvaguarda de un interés
público;
d) Intercambio de datos
de carácter médico, cuando así lo exija el tratamiento del afectado, o una
investigación epidemiológica;
e) Transferencias
bancarias o bursátiles, en lo relativo a las transacciones respectivas y conforme a la
legislación de la materia;
f) Cuando la
transferencia tenga por objeto la cooperación internacional entre organismos de
inteligencia para la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico;
g) Por el
consentimiento expreso del afectado.
CAPITULO TERCERO
Prerrogativas de los de titulares
Artículo 15
Derecho de consulta al
Registro Federal de Protección de Datos.
Toda persona tiene
derecho a solicitar del Registro Federal de Protección de Datos información relativa a
la existencia de ficheros, archivos, registros, bases o bancos de datos personales, sus
finalidades y la identidad de sus responsables y encargados. El Registro será de consulta
pública y gratuita.
Artículo 16
Derecho de acceso a
ficheros por el .titular de los datos.
I. El titular de los
datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener
información de sus datos personales incluidos en ficheros públicos o privados destinados
a proveer informes.
II. El responsable o
encargado del fichero debe proporcionar la información solicitada dentro de los 20 días
siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Vencido el plazo sin que se
satisfaga la petición o si desahogado el informe, éste se estimara insuficiente,
quedará expedita la acción de protección de los datos personales prevista en esta ley.
III. En caso de
fallecimiento del titular, el ejercicio de este derecho corresponderá a sus sucesores
legítimos.
Artículo 17
Condición de la
información que se proporcione al titular de los datos.
I. La información que
solicite el titular de los datos debe ser suministrada en forma clara, exenta de
codificaciones y en su caso acompañada de una explicación en lenguaje accesible al
conocimiento medio de la población.
II. La información
debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun
cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún
caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con
el interesado.
III. A petición del
titular, la información podrá suministrarse por escrito, por medios electrónicos,
telefónicos, de imagen u otro idóneo a tal fin.
Artículo 18
Impugnación de
valoraciones de datos personales.
I. Las decisiones
judiciales o los actos administrativos que impliquen apreciación o valoración de
conductas humanas, no podrán tener como único fundamento los elementos derivados del
tratamiento datos personales que suministren una definición del perfil o personalidad del
afectado.
II. Las resoluciones y
los actos que resulten contrarios a la disposición precedente serán nulos de pleno
derecho.
III. El afectado está
legitimado para impugnar las resoluciones y los actos administrativos que impliquen una
valoración de su comportamiento y tengan como único fundamento un tratamiento de datos
de carácter personal que ofrezca una definición de sus características o personalidad.
Artículo 19
Derechos de
rectificación, actualización y cancelación de datos de carácter personal.
I. El afectado tiene
derecho a que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda, cancelados o
sometidos a confidencia¡ ¡dad los datos personales de los que sea titular en un fichero.
II. El responsable o
usuario del fichero debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de los
datos personales del afectado, realizando las operaciones necesarias a tal fin en el plazo
máximo de 20 días naturales a la fecha de recepción de la reclamación o de advertido
el error o falsedad.
III. El incumplimiento
de la obligación por parte del responsable del fichero, legitimará al afectado para
ejercer la acción de protección de los datos personales o de hábeas data prevista en la
presente ley.
IV. En el supuesto que
existiere cesión o transferencia de datos, el responsable o usuario del fichero debe
notificar la rectificación o cancelación al cesionario dentro de los 10 días siguientes
a efectuado el tratamiento del dato.
V. La cancelación no
procede cuando cause perjuicios a derechos o intereses legítimos de terceros o cuando
existiera una obligación legal de conservar los datos.
VI. Durante el proceso
de verificación y rectificación del error o falsedad de la información que se trate, el
responsable o usuario del fichero deberá o bien bloquear el archivo, o consignar al
proveer información relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a
revisión.
VII. Los datos
personales deben ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones
aplicables o en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario del banco de
datos y el titular de los datos.
VIII. En forma fundada,
los responsables o usuarios de ficheros deberán denegar el acceso, rectificación o la
cancelación de datos:
a) Cuando así lo exija
el interés público, por razones de seguridad nacional, seguridad pública o para
proteger derechos legítimos de terceros.
b) Cuando de tal modo
se pudieran obstaculizar actuaciones judiciales o administrativas en curso.
Artículo 20
Gratuidad en la
rectificación, actualización y cancelación de datos de carácter personal.
La rectificación,
actualización o supresión de datos personales inexactos o incompletos que obren en
ficheros públicos o privados se efectuará de forma gratuita para el interesado.
Artículo 21
Derecho a
indemnización.
I. Los interesados que,
como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable
o el encargado del tratamiento, sufran daños, perjuicios o lesión en sus bienes o
derechos tendrán derecho a ser indemnizados.
II. Cuando se trate de
ficheros de titularidad pública, la acción de reparación del daño se promoverá ante
el juez de lo civil del orden común del domicilio del afectado, sin perjuicio de aplicar
el régimen de sanciones y responsabilidades establecido en la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos.
III. En el caso de los
ficheros de titularidad privada, la acción se ejercerá ante el juez de lo civil del
orden común del domicilio del afectado.
CAPITULO IV
Del Registro Nacional
de Protección de Datos.
Artículo 22
Registro Nacional de
Protección de Datos
I. Se crea el Registro
Nacional de Protección de Datos como un ente integrado al Instituto Nacional de
Estadística, Geografía e Informática.
II. Serán objeto de
inscripción en el Registro Nacional de Protección de Datos:
Los ficheros de que
sean titulares las entidades de los poderes de la Unión.
Los ficheros de
titularidad privada.
Las autorizaciones a
que se refiere la presente ley.
Los datos relativos a
los ficheros que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de información,
acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Artículo 23
Funciones del Registro
Nacional de Protección de Datos
I. Asistir y asesorar
alas personas que lo requieran acerca de los alcances de la presente ley y de los medios
legales de que disponen para la defensa de los derechos que ésta garantiza;
II. Dictar circulares
que se deben observar en el desarrollo de las actividades comprendidas por esta ley;
III. Realizar un censo
de archivos, registros o bancos de datos regulados por la ley y mantener el registro
permanente y actualizado de los mismos;
IV. Controlar la
observancia de las normas sobre integridad y seguridad de datos por parte de los archivos,
registros o bancos de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para
acceder a locales, equipos o programas de tratamiento de datos a fin de verificar
infracciones al cumplimiento de la presente ley;
V. Solicitar
información a las entidades públicas y privadas, las que deberán proporcionar los
antecedentes, documentos, programas u otros elementos relativos al tratamiento de los
datos personales que se le requieran; Capítulo V.
De los responsables,
encargados y usuarios de ficheros.
Artículo 24
Registro e inscripción
de ficheros
I. Todo fichero, base o
banco de datos público o privado destinado a proporcionar informes debe inscribirse en el
Registro Nacional de Protección de Datos.
II. El registro de
archivos de datos debe comprender como mínimo la siguiente información:
Nombre y domicilio del
responsable y encargado;
Características y
finalidad del fichero;
Naturaleza de los datos
personales contenidos en cada archivo;
Forma de recolección y
actualización de datos;
Destino de los datos y
personas físicas o morales a las que pueden ser transmitidos;
Modo de interrelacionar
la información registrada;
Medios utilizados para
garantizar la seguridad de los datos, debiendo detallar la categoría de personas con
acceso al tratamiento de la información;
Tiempo de conservación
de los datos;
i) Forma y condiciones en que
las personas pueden acceder a los datos referidos a ellas y los procedimientos a realizar
para la rectificación o actualización de los datos.
Ningún usuario de
datos podrá poseer datos personales de naturaleza distinta a los declarados en el
registro.
Artículo 25
Ficheros de titularidad
pública
Las disposiciones sobre
creación, modificación o supresión de archivos, registros o bancos de datos
pertenecientes a organismos públicos deben publicarse en el Diario Oficial de la
Federación.
Las disposiciones
respectivas, deben precisar:
Características y
finalidad del fichero;
Personas respecto de
las cuales se pretenda obtener datos y el carácter facultativo u obligatorio de su
suministro por parte de aquéllas;
Procedimiento de
obtención y actualización de los datos;
Estructura básica del
archivo, informatizado o no, y la descripción de la naturaleza de los datos personales
que contendrán;
Las cesiones,
transferencias o interconexiones previstas;
Órganos responsables
del archivo, precisando dependencia jerárquica en su caso;
Las oficinas ante las
que se pudiesen efectuar las reclamaciones en ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación o supresión.
Artículo 26
Supuestos especiales de
ficheros
I. Quedarán sujetos al
régimen de la presente ley, los datos personales que por haberse almacenado para fines
administrativos, deban ser objeto de registro permanente en los bancos de datos de las
fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o de inteligencia; y aquellos
sobre antecedentes personales que proporcionen dichos bancos de datos a las autoridades
administrativas o judiciales que los requieran en virtud de disposiciones legales.
II. El tratamiento de
datos personales con fines de defensa nacional o seguridad pública por parte de las
fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, organismos policiales o inteligencia, sin
consentimiento de los afectados, queda limitado a aquellos supuestos y categoría de datos
que resulten necesarios para el estricto cumplimiento de las misiones legalmente asignadas
a aquellos para la defensa nacional, la seguridad pública o para la investigación o
persecución de los delitos. Los archivos, en tales casos, deberán ser específicos y
establecidos al efecto, debiendo clasificarse por categorías, en función de su grado de
fiabilidad.
III. Los datos
personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para
las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.
Artículo 27
Ficheros de titularidad
privada
Los particulares que
formen ficheros, registros o bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente
personal deberán registrarse en el Registro Nacional de Protección de Datos.
Artículo 28
Prestación de
servicios informatizados de datos personales
I. Cuando por cuenta de
terceros se presten servicios de tratamiento de datos personales, éstos no podrán
aplicarse o utilizarse con un fin distinto al que figure en el contrato de servicios, ni
cederlos a otras personas.
II. Una vez cumplida la
prestación contractual los datos personales tratados deberán ser destruidos, salvo que
medie autorización expresa de aquel por cuenta de quien se prestan tales servicios o
cuando razonablemente se presuma la posibilidad de ulteriores encargos, en cuyo caso se
podrá almacenar con las debidas condiciones de seguridad por un período de hasta dos
años.
CAPITULO VI
Acción de protección
de los datos personales o de hábeas data
Artículo 29
Procedencia y objeto de
la acción
La acción de
protección de los datos personales o de hábeas data procederá:
I. Para tomar
conocimiento de los datos personales almacenados en archivos, registros o bancos de datos
públicos o privados destinados a proporcionar informes, y de la finalidad de aquellos;
II. En los casos en que
se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información de que se trata,
o el tratamiento de datos cuyo registro se encuentra prohibido en la presente ley, para
exigir su rectificación, cancelación, confidencialidad o actualización.
Artículo 30
Legitimación activa y
pasiva para el ejercicio de la acción
La acción de
protección de los datos personales o de hábeas data podrá ser ejercida por el afectado
o sus representantes. Y procederá respecto de los responsables, usuarios y encargados de
ficheros de titularidad pública o privada destinados a proveer informes.
Artículo 31
De la competencia para
el ejercicio de la acción
Es competente el juez
de lo civil del orden común del domicilio del actor; el del domicilio del demandado; el
del lugar en el que el hecho o acto se exteriorice o pudiera tener efecto, a elección del
afectado.
Artículo 32
Procedimiento aplicable
La acción de
protección de los datos personales o de hábeas data se tramitará según las
disposiciones de la presente ley y por el procedimiento establecido para los juicios
ordinarios civiles en la legislación local aplicable.
Artículo 33
Requisitos de la
demanda y medidas preventivas
I. La demanda deberá
interponerse por escrito, individualizando con la mayor precisión posible el nombre y
domicilio del archivo, registro o banco de datos y, en su caso, el nombre del responsable
o usuario del mismo. En el caso de los archivos, registros o bancos públicos, se
procurará establecer el organismo estatal del cual dependen.
II. El actor deberá
exponer los motivos por las cuales entiende que en el archivo, registro o banco de datos
individualizado obra información referida a su persona; los motivos por los cuales
considera que la información que le atañe resulta discriminatoria, falsa o inexacta.
III. Desde la
presentación de la demanda el afectado podrá solicitar que mientras dure el
procedimiento, el registro o banco de datos asiente que la información cuestionada está
sometida a un proceso judicial.
IV. El Juez podrá
disponer el bloqueo provisional del archivo en lo referente al dato personal motivo del
juicio cuando sea manifiesto el carácter discriminatorio, falso o inexacto de la
información de que se trate.
Artículo 34
Disposiciones del
trámite
I. Admitida la acción
el juez requerirá al responsable del fichero, registro o banco de datos la remisión de
la información concerniente al actor. Podrá asimismo solicitar informes sobre el soporte
técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y cualquier otro
aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime procedente.
II. El plazo para
contestar el informe no podrá ser mayor de cinco días hábiles, el que podrá ser
ampliado a criterio del juez.
Artículo 35
Contestación del
informe
Al contestar el
informe, el responsable del fichero, registro o banco de datos deberá expresar las
razones por las cuales incluyó la información cuestionada y aquellas por las que no
evacuó en términos de esta ley el pedido efectuado por el afectado.
Artículo 36
Ampliación de la
demanda
Contestado el informe,
el actor podrá, en el término de tres días, ampliar el objeto de la demanda solicitando
la cancelación, rectificación, confidencial ¡dad o actualización de sus datos
personales, en los casos que resulte procedente conforme a la presente ley. De la
ampliación de la demanda se dará traslado al demandado por el término de tres días.
CAPITULO VII
De los delitos
Artículo 37
Se impondrá sanción
de uno a tres años de prisión:
I. Al que insertara o
hiciera insertar a sabiendas datos falsos en un fichero de datos personales.
II. Al que
proporcionara a un tercero a sabiendas información falsa contenida en un fichero de datos
personales.
Artículo 38
Se impondrá sanción
de dos a cinco años de prisión:
I. Al que a sabiendas e
ilegalmente o violando sistemas de confidencial ¡dad y seguridad de datos, accediere, de
cualquier forma, a un fichero de datos personales;
II. Al que revelare a
otro información registrada en un fichero o banco de datos personales, cuyo secreto
estuviere obligado a preservar por disposición de una ley.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. La
presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se
derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente
ordenamiento.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 6 de septiembre de
2001.— Diputado federal, Luis Miguel Barbosa Huerta.
… omito la lectura del articulado referente y entrego a
esta Mesa Directiva, por conducto de su Secretaría, el texto de la iniciativa suscrita
por el dicente, y material magnético para su
reproducción en el Diario de los Debates, en la Gaceta y en los demás órganos de esta
Cámara. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias
a usted, señor diputado, y de acuerdo a su petición, insértese totalmente el contenido
de la iniciativa presentada, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Pasando al punto de Efemérides, tenemos
registrados para hacer uso de la palabra y conmemorar la proclamación de las Leyes de
Reforma, a los siguientes, señoras y señores legisladores:
Diputada María Cristina Moctezuma Lule.
Diputado José Manuel del Río Virgen.
Diputado David Augusto Sotelo Rosas.
Diputado José Francisco Yunes Zorrilla.
Tiene la palabra la señora diputada María Cristina Moctezuma
Lule, del Grupo Parlamento del Partido Verde Ecologista de México.
LA C. DIPUTADA MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE: Con su venia señora Presidenta. Compañeras y compañeros, el Siglo XIX constituye
una de las épocas de mayor trascendencia en la vida política social y económica de la
república mexicana, ya que acontecieron numerosos cambios que transformaron radicalmente
el curso de nuestro país.
Este 6 de septiembre conmemoramos la proclamación de las Leyes
de Reforma, uno de los pilares que han servido de base para plasmar en nuestra
Constitución, algunas de las garantías individuales fundamentales, como son la libertad
de culto y la educación laica, que dieron mayor igualdad a la ciudadanía y que son el
resultado de un nuevo concepto de Estado, en el que se somete a la sociedad religiosa al
poder civil.
Hablar de las Leyes de Reforma, es hablar necesariamente de
Benito Juárez, Lerdo de Tejada y José María Iglesias, personajes quienes gestaron con
sus leyes al movimiento reformista, tras haber padecido un período de inminente
intervención por parte del a Iglesia, el Ejército Colonial y los grupos privilegiados,
con el objeto de conservar las estructuras coloniales, que consagraban una gran
desigualdad.
De esta forma la Ley de Administración de Justicia y Orgánica
de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, del 23 de noviembre de 1855,
más conocida como la Ley Juárez, suprimía los Tribunales Especiales, con excepción de
los Eclesiásticos y los Militares. Sin embargo, restringía el poder de estos al
permitirles solamente intervenir en los asuntos relacionados a la Iglesia o al Ejército
respectivamente.
La Ley de Desamortización e Fincas Rústicas y Urbanas,
propiedades de las corporaciones civiles y religiosas, expedidas el 25 de junio de 1856,
más conocida como Ley Lerdo, tenía como características principales, que la propiedad
de todo predio urbano o rural, que perteneciera a corporaciones eclesiásticas y civiles,
serían asignadas a los respectivos inquilinos y arrendatarios. Antes de la aplicación de la Ley Lerdo, las
propiedades se encontraban concentradas en manos de la Iglesia y de corporaciones civiles,
que al poseer tantos terrenos, dejaron de preocuparse por la explotación de estos, y se
dedicaron solamente a cobrar su renta, lo cual había provocado un gran retraso
económico.
Por otra parte, la Ley de Remuneraciones Parroquiales, expedida
el 11 de abril de 1857, más conocida como Ley Iglesias, prohibía el cobro por la
presentación de servicios parroquiales a aquellas personas que no ganaran más que lo
preciso para vivir e imponían castigos para los curas que la infringieran.
Con todo esto, observamos que con las Leyes de Reforma, se
intentó ayudar a los más desprotegidos del país, despojando a los ricos y a la Iglesia
de todas sus propiedades, repartiéndolas a los más necesitados, además de decretar la
separación de Iglesia y Estado y más aún, la sujeción de una al otro.
Se establecieron leyes pero con un carácter social también: la del matrimonio y registro civil, la
secularización de los cementeros, la libertad de culto y la reducción de festividades
religiosas. En su conjunto, estas leyes
fueron proclamadas por el Presidente Juárez el 6 de septiembre de 1860, culminando así un proceso de más de 40
años, encaminado a limitar los privilegios del Clero.
Hoy el estado laico contemporáneo acepta no ser instancia
definitoria de verdades ni de normas morales, sino sólo tener responsabilidades
prácticas, orientadas a garantizar la convivencia justa y armoniosa. La laicidad no debe pretender imponer a los
ciudadanos ninguna religión, así como tampoco irreligión alguna, sino debe ir enfocada
a la plena libertad de ideologías y creencias.
Asimismo, el principio de laicidad política se traspone al
orden educativo como principio de neutralidad en donde debe haber una conciliación entre
esta con la libertad de conciencia de los educandos, ya que las convicciones religiosas, a
religiosas o irreligiosas, entran con cada niña o niño a la escuela, seguidas por la
legítima vigilancia de sus padres respecto a la educación que reciben sus hijos.
Deberíamos aspirar a que las diversas familias de pensamientos
del país, incluyendo a la Iglesia Católica, comprendan los valores positivos de la
laicidad; y de parte del Estado, deberíamos también aspirar a que integre en la
conciencia de su identidad laica la memoria religiosa nacional.
Cuando logremos una legitimación reciproca, cuando logremos
esta acción social del Estado y de la acción de las Iglesias, tendremos orientaciones
normativas más amplias, asimiladas y podremos hacer converger las grandes tradiciones
éticas de nuestro pasado: la religión y las
seculares. En la solución de estos retos,
una laicidad redefinida podrá movilizar a la sociedad plural por arriba de diferencias
ideológicas hacia la consecución de objetivos comunes.
Hoy podemos observar que el actual gobierno ha mantenido
estrechos lazos con los jerarcas de la Iglesia Católica en nuestro país, sin embargo
creemos que no se deben olvidar aquellos principios consagrados en las Leyes de Reforma y
con ello dar marcha atrás a muchos logros obtenidos.
De nosotros depende que hoy más que nunca, estas leyes no pierdan su
vigencia.
La opinión de nuestro grupo parlamentario, es que las Leyes de
Reforma fueron el resultado de la lucha entre liberales y conservadores, que con un buen
fin llevaron al país a tratar de lograr un equilibrio más de igualdad y más de orden.
Es por lo anterior, que el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México rememora este acontecimiento tan significativo para México, pues es
un parteaguas en nuestra historia, otorgándole al Estado Mexicano la titularidad absoluta
de la soberanía nacional.
Muchas gracias, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, señora diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado José Manuel Del Río
Virgen.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN. Con su permiso,
señora Presidenta.
Para Juárez nuestro respeto, para esta Honorable Cámara
también nuestro respeto.
A nombre del diputado Juan Carlos Regis del Partido del Trabajo,
del diputado José Delfino Garcés, del diputado Sergio Acosta, del diputado José Antonio
Calderón y el de la voz, para Juárez nuestro respeto.
Cuando el Presidente Juárez se encontraba presionado por las
difíciles circunstancias que imperaban durante su mandato, decidió decretar una serie de
leyes en las que radicalizaba aún más su política; por medio de esas leyes se
estableció la separación de la Iglesia con el Estado, ya que la Iglesia tenía en sus
manos la mayor parte de la actividad económica pues era propietaria de innumerables
bienes. Pero dejó de preocuparse por su explotación, lo que provocó un enorme retraso
económico en el país. La respuesta del estado ante estas circunstancias fue la
supresión de las corporaciones del clero regular y de los sacerdotes secularizados; se
extinguieron también las cofradías y todas las corporaciones religiosas; se expropiaron
a favor de la nación todos los bienes administrados por el clero; la remuneración que
hacían los fieles a los sacerdotes por los servicios religiosos se convirtió en materia
privada y la autoridad civil ya no podía intervenir en ellas. Se decretó además, la Ley
del Registro y del Matrimonio Civil.
Estos cambios pretendían crear una nueva relación del Estado y
con la sociedad, para ayudar a los más pobres que como ahora eran los campesinos. Fue una
época difícil, de muchos cambios y
revueltas, los liberales pensaron que esta resolución haría desaparecer uno de los
errores económicos que contribuyó a mantener estancada la propiedad e impedir el
desarrollo de las artes y de la industria.
Pretendían a su vez que los tribunales eclesiásticos y
militares solamente pudieran intervenir en asuntos relacionados con la iglesia o el
ejército, sin que intervinieran en la vida de todos los mexicanos; dejando que los
tribunales del Estado resolvieran los asuntos entre particulares.
Las Leyes de Reforma fueron resultado de una lucha entre
liberales y conservadores, cuyo principal objetivo era lograr la igualdad en nuestro país
e imponer el orden.
Es momento, es momento como entonces, de cambiar el rumbo de la
Nación con dinamismo, aun en contra de la cerrazón de quienes pretenden mantener el
statu quo por serles benéfico.
La igualdad que buscaron las Leyes de Reforma, debe hacerse
presente ahora también en esta Honorable Cámara de Diputados. Debemos crear un
parlamentarismo acorde a los tiempos modernos, como una obligación que el pueblo nos
reclama, en la posición de representantes que tenemos.
Se debe establecer un sistema de rendición de cuentas del
Honorable Congreso y racionalizar los procesos legislativos y emitir y balance que hable
de las actividades de cada uno de nosotros como legisladores. El pueblo, nuestro pueblo,
exige saber cuál es la efectividad de sus representantes
en el Congreso. La sociedad civil se encuentra deseosa de participar en la construcción
de su destino colectivo. No podemos seguir difiriendo, escondiendo y soslayando esta
responsabilidad.
El Poder Legislativo debe ejercer sus funciones de vigilancia
del Ejecutivo porque lo orden la Constitución, pero también porque debemos de tener una
autoridad moral a prueba de toda cosa. La
rendición de cuentas entonces, debe hacerse efectiva hacia el pueblo y para el pueblo.
Es imperativo que haya una explicación de los recursos que se
asignan a las fracciones parlamentarias: ¿cómo se otorgan? ¿quién las decide? Tan solo
basta con señalar desde esta alta tribuna, la construcción en la planta baja del edifico
"B", de un remanso de relajación y recreo, donde se instalan mesas para
masajes, salones de vapor con regaderas de alta presión, que no corresponde al trabajo
republicano que debemos de ejercer.
Muchos diputados, secretarios técnicos y asesores, despachan
hacinados en espacios tan reducidos que su tamaño se pelea como en los reclusorios.
Señalamos que inclusive aquí en San Lázaro, hay oficinas que tienen baño privado, que
son utilizados por personas que no sabemos qué hacen y que no se debe tolerar. Que
mientras la productividad de esta Cámara es baja, existan todavía pretensiones de las
fracciones, de tener áreas de diversión o de distracción, como el salón Vip, que se
encuentra ubicado en el tercer piso o el salón de billar de otras fracciones.
Debemos, compañeras y compañeros diputados, evitar a toda
costa que próximamente se vaya a instalar aquí un diputable. Venimos aquí sólo para
legislar compañeras y compañeros, no para regocijar.
Por la sociedad rindamos
cuentas y como el Benemérito de las
Américas, transparencia. Responsabilidad republicana y productividad nos calificarán.
Muchas gracias compañeras y compañeros.
LA C. PRESIDENTA: Gracias,
Señor Diputado.
Tiene el uso de la palabra el Diputado David Augusto Sotelo
Rosas, para referirse al mismo tema que se está conmemorando.
EL C. DIPUTADO DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Ciudadanos
diputados: la generación de los hombres de la Reforma ha dado a este país y a la
historia universal ejemplo de congruencia, ejemplo de altura de miras y compromiso con la
nación, compromiso con la patria mexicana.
No es ni fue fortuito el que estos hombres operaran los grandes
cambios que la nación mexicana en el Siglo XIX exigía.
Conscientes de ello, en el período de 1855 a 1863 establecieron diversas
medidas que vinieron a dar nueva forma –por eso es reforma—al Estado mexicano.
En el aspecto político, el establecimiento del sistema federal,
la independencia de los poderes que conforman el gobierno y el sufragio universal. La libertad de trabajo, de comercio, de prensa, de
enseñanza y, finalmente, de conciencia.
En el aspecto social, lucharon por la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley. Nadie por encima de la ley, la cual llevaba aparejada la
abolición de fueros y privilegios y es necesario recalcarlo porque las efemérides no
solamente son el recuento o la rememoración de eventos pasados, sino deben ser la columna
vertebral que oriente a los diputados del Congreso mexicano sobre su actuación
parlamentaria y legislativa en los actuales momentos de la nueva agenda de la política
mexicana.
Hoy, hoy que vienen nuevos embates de los neocristeros,
abanderando y proclamando la libertad y fueros. Por eso las Leyes de Reforma en el aspecto
social propugnaron por el reconocimiento de que el matrimonio era un contrato civil
regulado por el Estado y, finalmente, la secularización de la vida de las personas en lo
relativo al registro de nacimientos, matrimonio, adopción y defunción.
En el aspecto económico pugnaron estas reformas por lograr la
libre circulación de la riqueza, desamortizar los bienes de las corporaciones civiles y
religiosas, permitir la libertad testamentaria, nacionalizar los bienes eclesiásticos,
fomentar la colonización y la inversión que harían posible mejorar la producción, la
agricultura y el comercio.
Gracias a estas reformas se hizo posible que durante la
Presidencia de Lerdo de Tejada los principios se elevaran a rango constitucional y éstos
fueran sostenidos por los liberales puros, la separación de la Iglesia y del Estado, el
reconocimiento de que nosotros, los ciudadanos, somos iguales ante la ley.
Los ciudadanos Diputados que me han antecedido en la palabra han
hablado sobre las diferentes leyes: la Ley
Juárez, la Ley Lerdo, entre otras. Tiempo
después vino la guerra denominada de Reforma y entonces la restauración de la
República, si la entendemos como el regreso a las formas republicanas. Pero Juárez y los hombres de la Reforma crearon,
a nuestro parecer, la segunda República.
Hoy que estamos conmemorando estas leyes que han dado rumbo y
que son paradigma de la nación las debemos de tomar, a ellas y a los hombres de la
Reforma, como ejemplo para nosotros mismos. Legislaturas
van y legislaturas vienen. Esta legislatura
no se ha significado por nada importante que esté demandando el pueblo de México, para
orientar el rumbo, para dar nueva forma a nuestras instituciones.
Hemos desnaturalizado el Congreso porque ni siquiera tenemos una
Ley Orgánica que dé presencia, que dé el debate político y parlamentario en esta
legislatura y en este Congreso. Hay
disociación en nuestra Ley Orgánica y el Reglamento, hay pareceres distintos de
distintos diputados, de los distintos partidos políticos, por el manejo de los recursos
materiales, humanos y financieros en esta Cámara.
Así, no nos podemos poner de acuerdo.
Necesitamos regresar a la esencia del Congreso mexicano, necesitamos
volverlo a dotar de vitalidad, de dinamismo. Hay
perdidas en las comisiones innumeras iniciativas de ciudadanos diputados de otras y de
esta legislatura, y no hemos abordado el problema toral de la nación: el proyecto nacional.
Por eso hoy, cuando estamos conmemorando las Leyes de Reforma,
debiéramos tomar ejemplo de aquellos héroes, de aquellos hombres, de aquella
generación, que supo actuar en su momento y supo la responsabilidad histórica que
tenía.
Estamos a tiempo, ciudadanos diputados, amigos y compañeros, de
retomar el rumbo del proyecto nacional, porque así nos lo exige el pueblo de México. No solamente en los hombros del Titular del Poder
Ejecutivo se encuentra el rumbo de la nación; se encuentra, precisamente, en la de
nosotros, en el Poder Legislativo.
De la República del silencio con aplausos, ahora tenemos una
República de la palabra, pero sin ideas. ¡Construyamos
las ideas y construyamos el proyecto nacional.
Muchas gracias.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias,
señor Diputado.
Para finalizar la conmemoración de la proclamación de las
Leyes de Reforma hará uso de la palabra el Diputado José Francisco Yunes Zorrilla.
EL C. DIP. JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con su permiso diputada Presidenta; con el permiso
de las señoras y los señores diputados y agradeciéndoles de antemano la atención que
se sirvan prestarle a estas palabras que voy a leer.
Siempre será un honor hacer uso de la voz desde esta tribuna,
entre muchas razones porque simboliza el encuentro de los distintos proyectos de nación
que a lo largo del tiempo muchos mexicanos han querido instaurar a través del debate,
porque significa el lugar no obstante los lapsos de interrupción democrática y los
cambios de sede por donde han transitado brillantes generaciones de congresistas, las
cuales desde aquí sentaron las bases formales del país socialmente avanzado,
representativo y democrático que nos comprende.
Es un honor presentarme en esta tribuna, porque ésta sintetiza
el sitio de la disputa intelectual que ha propiciado la construcción del México maduro,
activo, contestatario y heterogéneo que vivimos en la actualidad.
Este día aprovecho este escenario para junto con ustedes
recordar y reconocer a aquellos mexicanos a quienes sus acciones públicas han salvado del
olvido y les han abierto un espacio en el reconocimiento nacional.
Para los integrantes de la fracción parlamentaria a la que
pertenezco, representa un acto de justicia y de congruencia destacar a la generación de
políticos que un día como hoy pero de 1860 promulgaron las leyes que reformaron de una
vez y para siempre la vida cívica y económica del país durante el siglo decimonónico.
Es un acto de justicia, porque su participación política y su
responsabilidad pública nos legó a los mexicanos de los años venideros instituciones sociales fundadas en
reglas claras, las cuales reivindicaron al individuo por medio del derecho.
Para nosotros también es un acto de congruencia destacar los
esfuerzos de esta generación, porque para nadie es extraño que los miembros de la
fracción a la que pertenezco encontramos en los postulados de los reformadores del siglo
XIX algunos de los referentes políticos fundamentales de nuestra propuesta.
Como miembros de un grupo parlamentario que ha ejercido el
poder, hemos ratificado y protegido la expresión política que emanó de la reforma y que
se manifiesta tanto en la igualdad de todos ante la ley, como en la libertad que a todos
nos asiste para decir, decidir, pensar y especialmente creer. Expresión política ligada
con la defensa de la soberanía nacional, con el diseño de una realidad seglar y con la
promoción de la república como forma de gobierno y del federalismo como sistema de
organización política.
Ahora que celebramos un aniversario más de la promulgación de
las leyes de reforma, no podemos soslayar lo que en su momento representó este importante
acontecimiento político, significó el tránsito hacia la modernidad, superar un entorno
agotado y asumir las nuevas formas de definición social que proliferaban con éxito en
otras latitudes.
Las leyes de reforma implicaron una profunda transformación
institucional, no sin temibles colapsos y con la sin razón entre hermanos; los costos
fueron vastos, pero las lecciones certeras y elocuentes.
El entorno que explica los acontecimientos reformistas de
mediados del siglo XIX presenta un acontecer
radicalizado por la intolerancia, un escenario fuertemente enfrentado, sin el andamiaje
institucional necesario para desahogar los resentimientos de clase, los fanatismos de
cualquier índole y las ideologías antagónicas.
Por un lado, grupos sociales privilegiados ostentaban el dominio
del ejercicio gubernamental, inmersos en una
práctica política sustentada en el centralismo, decididamente apegada a las costumbres
de la madre patria y de la iglesia, relacionada con los grandes capitales y las poderosas
inversiones. Por el otro, una clase media incipiente, vinculada con los sectores
ilustrados de la sociedad y también con aquellos núcleos sociales más desprotegidos;
una parte del México predominantemente mestizo, federalista y laico, dispuesto a hacerse
notar y a participar. Se descartaron los mecanismos políticos, el desastre nacional no
tardaría en aparecer.
En medio de polos con diferencias tan difíciles de salvar,
después de varios intentos de soluciones por la vía democrática, la descalificación
irresponsable, el descontrol el manejo de los ánimos, la cerrazón en el diálogo empujó
hacia lo inevitable, y mientras nuestro país resolvía sus controversias de la manera
más rudimentaria y aberrante, mediante una guerra civil, simultáneamente desde el Puerto
de Veracruz, la reforma se hacía.
El conjunto de disposiciones legales conocidas como Leyes de
Reforma tienen dos precedentes dignos de mención; la Ley Juárez, promulgada el 25 de
Noviembre de 1855 tendiente a reformar la
administración de justicia para que se abolieran los fueros militares y eclesiásticos y
así poder someter a las clases privilegiadas a la jurisdicción de los Tribunales Civiles y del Derecho Común; y la Ley
Lerdo, promulgada el 25 de Junio de 1856, la cual liquidaba los bienes raíces del clero y minaba el monopolio
territorial más extenso de México a través de la desamortización de las fincas
rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas.
Ya en Veracruz, el Presidente Benito Juárez formalizó lo
anterior, promulgando entre Julio y Agosto de 1859 las siguientes leyes: Ley de
Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular, Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes y Extinción de Corporaciones Religiosas, Ley del
Matrimonio Civil; Ley del Registro Civil y Secularización de Cementerios; Ley de
Limitación de Días Festivos y Prohibición
de Asistencia Oficial a ceremonias religiosas
por funcionarios públicos.
Posteriormente a este primer grupo de leyes provinieron la Ley de Libertad de Cultos
fechada el 4 de Diciembre de 1860 y la Ley de Secularización de Hospitales y
Establecimientos de Beneficencia vigentes el 2 de Febrero de 1861.
Definitorios para nuestra vida cívica y nuestro devenir
político resultaron los acontecimientos en
estados entre 1857 y 1861. Durante este intervalo México experimentó una profunda
reforma tanto en sus prácticas públicas
como en sus instituciones.
Esta es la época sustantiva donde desde la Constitución
General de la República y Leyes Secundarias se consagran las libertades de manifestación de opiniones e ideas, de
enseñanza, de circulación y de asociación; es el momento donde se plasman las
garantías individuales relacionadas con el juicio de amparo, con la abolición de fueros y tribunales especiales,
con la suspensión del encarcelamiento por deudas y con el derecho a la defensa en
cualquier juicio.
Sin arrogarnos la propiedad de ninguno de los logros sociales de
esa época y sin caer en el exceso de pretender vincular a nuestro organismo político con
las decisiones tomadas muchos años de su fundación, es incuestionable también que como
fracción parlamentaria hemos sido vehementes continuadores, en los hechos, más allá de
las palabras de una visión de gobierno comprometida con el
estado laico, democrático y federal, dispuesta a ampliar el alcance de las
libertades más elementales y a definir nuevos esquemas para que entre todos florezca el
principio de la igualdad con todas sus fuerzas.
Durante prácticamente todo el siglo XX a través de medidas
orientadas desde el Gobierno se consolidaron
y adecuaron a la nueva realidad nacional, todos los valores forjados en los intempestivos
años de la Reforma.
A lo largo del siglo XX los gobiernos revolucionarios jamás
permitieron posibilidad alguna de retroceso
en la vigencia de los principios esenciales que con sangre se apuntalaron. Por el
contrario, el siglo XX es el escenario donde junto a esos logros sociales heredados,
coexiste una posición de gobierno consecuente continuadora, la cual afianzó a la
educación y a la salud como un derecho
universal, una posición de gobierno que repartió más de la mitad del territorio
nacional por medio de la otra Reforma, la Agraria.
Una posición de Gobierno protectora de la propiedad de la
nación, de los derechos de los trabajadores y de la seguridad social; una posición de
Gobierno que le ofrece al México del nuevo siglo los beneficios de instituciones
consolidadas garantes de convivencia diaria y principalmente artífices de la solución
pacífica y civilizada a las controversias y vicisitudes entre personas y grupos, instituciones que tienden a dificultad la
violencia y la intransigencia.
Lo repito con respeto, los gobiernos subsecuentes del siglo XX
consumaron la
Reforma Decimonónica , la enriquecieron, no la contrariaron y
sí la continuaron hasta llegar al México de alternancia pacífica de consistencia
económica y de movilidad social que hoy está a los ojos de todos y que nadie con objetividad puede negar.
Con nuestra disposición, sin renunciar a la defensa de la
corriente histórica que representamos con todas sus expectativas y conquistas, los
priístas hemos sabido desempeñarnos en las
funciones legislativas para no dañar al país en su conjunto, con esta mentalidad
abordaremos la propuesta de Reforma del Estado y el Acuerdo Político Nacional propuesto
por el Ejecutivo Federal.
Con nuestra disposición al diálogo, con nuestro deseo de
construir, con respeto a las decisiones institucionales que tanto le han costado a este
país, en tan importantes días, los priístas recordamos y reconocemos a quienes con sus
actos han logrado enaltecer nuestra Historia.
Gracias por su atención. (aplausos)
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LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. El
siguiente punto del Orden del Día se refiere a Proposiciones y tenemos en primer lugar,
la proposición que presentará el señor diputado José Antonio Calderón Cardoso, el
cual tiene la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la nueva
Hacienda Pública Distributiva del Ejecutivo Federal.
EL C. DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso de la Presidencia.
Señoras y señores diputados.
Amigos que nos acompañan:
Los suscritos diputados Beatriz Patricia Lorenzo Juárez y José
Antonio Calderón, integrantes de la representación parlamentaria del Partido Alianza
Social, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Gobierno del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta
honorable Asamblea, la presente proposición con punto de acuerdo mediante la cual se
presenta la propuesta alternativa a la nueva Hacienda Pública Distributiva presentada por
el Ejecutivo Federal, bajo la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS:
El crecimiento económico nacional es, hoy día, lamentable y
mientras se pronostican crecimientos futuros por parte del Gobierno Federal, las
condiciones de vida de la población desmienten esos pronósticos a diario: quien ha perdido el empleo lo busca sin
encontrarlo; el que ha desertado en la
escuela en cualquier nivel por no poder solventar los gastos que asistir a la escuela
implica; el que enferma o ha estado enfermo y
no tiene ingreso suficiente para adquirir sus medicamentos y que sólo tiene la opción de
comprarlos por no contar con seguridad social; y,
la de millones de niños, jóvenes y ancianos que dependen de una persona que hoy no
encuentra trabajo. Todos ellos, la
mayor parte de la población mexicana, no pueden esperar el futuro, hoy se tiene que
comer, hoy se está enfermo, hoy se necesitan ingresos.
La sociedad mexicana decidió un cambio de gobierno porque
estaba desilusionada del mañana y del después.
Es natural, por otra parte, que un gobierno necesita recursos
para solventar sus gastos, pero vistas y revisadas las iniciativas de ley con ponentes de
la nueva Hacienda Pública, así como del estudio realizado por la diputación y asesores,
militantes y demás personas que apoyaron, acodamos
Alianza Social manifestar nuestra rotunda negativa para implementar una
política fiscal recaudatoria restrictiva a la inversión y orientada a reducir aún más
el pobre ingreso y bajo poder adquisitivo del salario actual.
A nuestra consideración, la propuesta del Ejecutivo no va
orientada al crecimiento de la paz impositiva ni a la protección y mejora de los niveles
de vida de los mexicanos, más bien parece dirigida a implementar la política del Banco
Mundial garantizando la liquidez necesaria que permita al gobierno cumplir en el futuro
inmediato con el religioso pago de la voluminosa deuda pública interna internacionalizada
y de la deuda externa pública, preocupaciones fundamentales del sector financiero
mundial.
Para resolver los grandes atrasos nacionales, es necesario
solucionar los graves problemas que existen en materia fiscal. Sobre el particular, coincidimos con el Ejecutivo
y con otros partidos en la urgencia de implementar un sistema tributario redituable donde
la evasión fiscal no sea lo mayoritario; así como coincidimos con la ampliación de la
base tributaria, la diferencia está en la aplicación de la reforma en lo referente al
cuándo, al cómo y a las prioridades de la reforma fiscal.
El pase está por una reforma a favor de México y no de la
usura.
Sobre estas bases señalamos que es importante mantener la
estructura actual de tasas del IVA en educación, alimentos, medicinas y libros; la revisión de la tasa fronteriza del 6 y 10%
para uniformizarla; la implementación de un
régimen tributario justo, proporcional y equitativo como lo establece la Constitución.
Es justo, proporcional y equitativo el principio fiscal que
establece que: “ quien más tiene, más
debe pagar”, por lo tanto se debe establecer un régimen tributario realmente justo y proporcional sobre los que más
tienen y puedan gastar y no sobre los que no pueden gastar ni siquiera con el mínimo de
la subsistencia humana.
Es cierto que hay 40 millones de pobres de los cuales 25
millones están en extrema pobreza, pero nos preguntamos ¿cuántos mexicanos están
desnutridos por no tener el ingreso necesario para tener acceso a los alimentos adecuados
y estar debidamente nutridos?
La argumentación teórica técnica de la Secretaría de
Hacienda que está contenida en el documento distribución del pago de impuestos y
recepción del gasto público por deciles (¿), de ingreso de las familias, sostiene que
existe una desigualdad en la distribución del ingreso, así como un gasto centralizado en
los deciles que corresponden a las familias de mayores ingresos.
En esencia, por medio de esos argumentos se sostiene que se
deben de eliminar las exenciones y las tasas preferenciales en todos los productos
básicos y similares que son consumidos por todos, porque las familias de mayores
ingresos,
al tener más dinero consumen más y dentro de ese mayor consumo
se encuentran productos y servicios exentos y por lo tanto se ven más beneficiadas con
las exenciones, mientras los que menos ingresos tienen no pueden gastar más allá de sus
elementales requerimientos.
Esta situación conforma una desigualdad y según la Secretaría
de Hacienda debe ser resuelta eliminando las exenciones y haciendo que todos paguen
impuestos por cualquier consumo útil o inútil, necesario o innecesario, proveniente de
cualquier persona rica o pobre.
Sosteniéndose en los resultados del mencionado estudio, la
Secretaría de Hacienda afirma que una vez eliminadas las exenciones y tasas
preferenciales de impuestos a las familias más pobres se les devolverá mensualmente lo
que han pagado por IVA, más un copeteado. Según
dichos cálculos, se devolvería una cantidad de 110 pesos, sin embargo este razonamiento
propuesto por la Secretaría es más injusto que la misma propuesta en sí, porque se
pretende convertir a los pobres de México en financiadores, dado que pagarán un dinero
que supuestamente se les devolverá 30 días después.
El Estado olvida así que a los pobres no les alcanza para
comer, menos para financiar algo, simplemente por eso dejarán de comer, pero ocurre que
este estrato de pobres no es el único que comerá menos, sino también el estrato de la
clase media, cuyo salario es más bajo, según se deduce del propio estudio presentado por
la propia Secretaría, porque según ellos, además de esos cinco millones de familias,
hay otros 7.5 millones que no ahorran nada, es decir, gastan más de lo que reciben, a lo
que hay que sumar otras cinco millones de familia que ahorran en promedio 380 pesos.
Por lo que se ve, la propuesta del Ejecutivo es empobrecer a
más de 15 millones de familias, de las 23.5 que existen en el país; para los pobres y
para los que apenas les alcanza el salario, no hay retorno de IVA y mucho menos copeteado.
Nuestra propuesta es que en vez de la pretendida devolución de
un copeteado y del empobrecimiento de la clase media se haga un justo y real ajuste de las
familias que tienen mayores ingresos y cuyos gastos son elevados, ese justo y real ajuste
se haría tomando como base el mismo estudio de la Secretaría que hemos venido
mencionando, donde también se consignan las aportaciones porcentuales a la recaudación
total del IVA de dichas familias, a la inversa de la entrega copeteada y tomando como base
la Constitución y los principios que deben estar contenidos en el diseño y aplicación
de un impuesto se debería hacer un cobro justo extra por pago del IVA exento a las
familias de mayores ingresos, cobro cuyo cálculo bien podría salir del mismo estudio
elaborado por la Secretaría.
De manera enunciativa, ya
que anexo a este documento presentamos nuestra propuesta detallada, mencionamos las
siguientes alternativas:
Se deben revisar los regímenes fiscales preferentes de forma
tal que las empresas multinacionales no sigan practicando la elusión.
Que en el caso del régimen fiscal para la micro, pequeña y
mediana empresa, se mejore para lograr la generación de empleos.
Nos pronunciamos también por preservar la exención en las
prestaciones de prestación social y por la creación de un programa de emergencia de
creación de empleos.
Nuestra propuesta aparte de preferenciar el gravamen sobre el
ingreso y no sobre el consumo, toda vez que esto es más equitativo y proporcional. Pero
en particular una preocupación que hicimos explícita en esta misma tribuna en diciembre
del año 2000, radica en que los movimientos de los capitales especulativos están exentos
de impuestos en función de sus volúmenes, por lo que proponemos se graven dichos
movimientos usureros.
Por último, es un hecho que la nueva hacienda pública debe ser
analizada, debatida y en su caso aprobada, pero esto último debe responder a un diálogo
respetuoso entre todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso y que no
olvidemos, representamos al pueblo de México, depositario original de la soberanía
nacional.
Por ello, la búsqueda de lo mejor para la nación debe
anteponer a todo interés particular o de partido el interés de la nación. Legislemos
para dar a México un presente y un futuro mejor, ya que esa es nuestra obligación y al
mismo tiempo nuestro privilegio.
Por lo anterior, los suscritos diputados del Partido Alianza
Social sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente propuesta
fiscal alternativa a la iniciativa del Poder Ejecutivo, denominada “nueva hacienda
pública”, mediante el siguiente punto de acuerdo.
Primero. Que se
mantenga la estructura actual de tasas del IVA; evitando imponer este ruinoso impuesto a
los alimentos, medicinas, libros y educación.
Segundo. Se turne a
las Comisiones de Presupuesto, Cuenta Pública, Hacienda y Crédito Publico, el presente
punto de acuerdo, junto con el documento detallado anexo en el que se incluye la propuesta
alternativa integral del Partido Alianza Social.
Firman este punto de acuerdo, el diputado Arturo Magallanes, del
PRD; el diputado José Manuel del Río, de Convergencia, el diputado Juan Carlos Reyes
Adame, del PT, los suscritos diputados Beatriz Lorenzo y su servidor, José Antonio
Calderón, así como aproximadamente 20 mil ciudadanos mexicanos jefes de familia y
aportadores del gasto público, que están en contra con esta medida recaudatoria.
Haremos entrega a la secretaría de la documentación y de las
firmas. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Muchas
gracias señor diputado José Antonio Calderón Cardoso.
Túrnese la proposición con punto de acuerdo, a las Comisiones
Unidas de Hacienda, Crédito Público y Presupuesto, y acompáñense los documentos que el
proponente ha dejado, así como el paquete de hojas que contienen las firmas que el señor
diputado ha enunciado.
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Para hacer también la presentación de una
proposición con punto de acuerdo, tiene la palabra el señor diputado Orlando Alfonso
García Flores, del Partido Acción Nacional.
EL DIP. ORLANDO ALFONSO GARCIA FLORES: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y
compañeros diputados:
El comercio exterior mexicano se ha constituido como una de las
principales actividades del país, de ahí la necesidad de que la comunidad nacional e
internacional tenga un claro panorama de las normas y requisitos que como Estado las
diversas autoridades han impuesto en la esfera de sus respectivas competencias.
Actualmente la Ley de Comercio Exterior prevé que en casos
puedan establecerse las medidas de regulación y restricción no arancelarias a la
importación y exportación de ciertas mercancías, específicamente por los artículos 15
al 18 de dicho ordenamiento legal.
En este sentido, el artículo 15 establece en materia de
exportación, los siguientes casos: Dos. Conforme a lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
Tres. Cuando se trate de productos cuya comercialización esté
sujeta por disposición constitucional, a restricciones específicas.
Cuatro. Cuando se
trate de preservar la fauna y la flora en riesgo o peligro de extinción, o de asegurar la
conservación o aprovechamiento de las especies.
Cinco. Cuando se
requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, y
Seis. Cuando se trate de situaciones no previstas por las normas
oficiales mexicanas, en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad
fitopecuaria o ecología, de acuerdo a la legislación en la materia.
Ahora bien, según el artículo 16, en materia de importación
se atenderá a los siguientes casos:
Uno. Cuando se
requieran de modo temporal para corregir desequilibrios en la balanza de pagos, de acuerdo
a los tratados o convenios internacionales de los que México sea parte.
Dos. Para regular
la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado sustancial en su
país de origen o de procedencia.
Tres. Conforme a lo dispuesto en tratados o convenios
internacionales de los que México sea parte.
Cuatro. Como
respuesta a las restricciones o exportaciones mexicanas aplicadas unilateralmente por
otros países.
Cinco. Cuando sea
necesaria impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que
impliquen prácticas desleales de comercio internacional, conforme a lo dispuesto en esta
ley, y
Seis. Cuando se
trate de situaciones no previstas por las normas oficiales mexicanas.
Estas medidas de regulación y restricción no arancelarias a la
exportación, importación, circulación o tránsito de mercancías, según lo establece
el artículo 17, deberán previamente someterse a la opinión de la Comisión de Comercio
Exterior, que es el órgano de consulta obligatoria de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal.
Las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para expedir
o hacer cumplir estas medidas deberán publicar en el Diario Oficial de la Federación los
procedimientos para su expedición, cumplimiento e informar a la Comisión acerca de la
administración de dichas medidas y procedimientos.
El análisis de la Comisión deberá basarse en una análisis
económico elaborado por la dependencia correspondiente de los costos y beneficios que se
derivan de la aplicación de la medida. Este análisis podrá tomar en cuenta, entre
otros, el impacto sobre los siguientes factores: precios, empleo, competitividad de las
cadenas productivas, ingresos del gobierno, ganancia del sector productivo, costo de la
medida para los consumidores, variedad y calidad de la oferta disponible y nivel de
competencia de los mercados.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley de Comercio Exterior a
la letra dice: “...que las mercancías sujetas a restricciones o regulaciones no
arancelarias, se identificarán en términos de sus fracciones arancelarias y nomenclatura
que les corresponda conforme a la tarifa respectiva”.
En este orden de ideas también es conveniente señalar que el
artículo 36 fracción I y II, inciso c) y b), respectivamente de la Ley Aduanera vigente,
señalan que se deberán adjuntar al pedimento los documentos arancelarios que comprueban
el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias a la importación o
exportación que se hubieran expedido de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior, siempre
que las mismas se publiquen en el Diario Oficial de la Federación y se identifiquen en
términos de la fracción arancelaria y de la nomenclatura que les correspondan conforme a
la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación.
En cumplimiento a lo ordenado por las disposiciones jurídicas
ya referidas, diversas dependencias del Ejecutivo Federal han identificado, por conducto
de la Secretaría de Economía, a nivel de fracción arancelaria las mercancías sujetas a
restricciones y regulaciones no arancelarias correspondientes a su ámbito de competencia,
las cuales han sido publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de la Defensa
Nacional no ha establecido la lista de mercancías identificando a nivel de fracción
arancelaria las que se encuentran sujetas a regulación o restricciones no arancelarias,
lo que ha ocasionado incertidumbre entre los importadores y exportadores respecto a estas
mercancías.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, se presenta el
siguiente:
Punto de Acuerdo
UNICO. Que se exhorte al Secretario de Defensa Nacional, General Gerardo Clemente Ricardo Vega García, a
que publique en el Diario Oficial de la Federación a nivel de fracción arancelaria, las
mercancías que son competencias de esta Secretaría y que se encuentren sujetas a
restricciones y regulaciones no arancelarias.
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
LA PRESIDENTA: Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese la Proposición con Punto de Acuerdo a la Comisión de
Comercio y Fomento Industrial.
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Tiene la palabra el diputado Alfredo
Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática,
para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo sobre la problemática del gas
doméstico.
EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Con su permiso, compañera
Presidenta.
Compañeras diputadas; estimados legisladores:
El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito
presentar ante esta soberanía el siguiente punto de acuerdo fundamentado en la
afectación de los intereses de millones de mexicanos y con base en las siguientes
consideraciones:
México ocupa el cuarto lugar mundial como consumidor de gas
licuado de petróleo, y el primer lugar en el mundo como consumidor de ese mismo
energético para su uso doméstico; así como ser considerado como el quinto país productor de dicho energético.
El gas licuado de petróleo es el combustible utilizado por más
del 80% de los hogares mexicanos y actualmente alrededor del 70% del consumo nacional de
dicho energético es para uso doméstico.
Actualmente la infraestructura de la industria del gas licuado
de petróleo en México, está conformada por instalaciones tanto de particulares como del
Gobierno Federal, a través de Petróleos Mexicanos.
4.Dado que la apertura del mercado no será benéfica para la
economía de millones de familias mexicanas, sino al contrario afectará a millones de
pobres en este país, como lo demuestran las experiencias internacionales donde la
apertura del mercado del gas LP aumentó los precios del energético en más del 100 %.
5. Hasta el momento el Gobierno Federal no ha sancionado a las
empresas gaseras que ejercen prácticas monopólicas u oligopólicas, por lo que dichas
empresas al amparo del poder público han impuesto sus condiciones en perjuicio de las
clases obreras, de los trabajadores y de millones de consumidores del gas LP.
6.de las 159 empresas gaseras emplazadas por la Comisión
Federal de Competencia Económica por ser presuntas responsables de prácticas
monopólicas, ninguna ha sido sancionada con la clausura o el retiro de su
permisoconcesión, por lo cual sigue existiendo una falta de competencia efectiva y los
gaseros siguen abusando de los pobres y de los consumidores a lo largo y ancho de la
República Mexicana.
7.Actualmente existen más de diez millones de cilindros que
representan verdaderas bombas de tiempo en los hogares de México por su mal estado, ya
que se encuentran abollados, oxidados, con válvulas flojas, sin base, sin cuello
protector, abombados o con grietas. Esto significa que más del 40 % del total de
cilindros portátiles se encuentran en pésimas condiciones, los cuales no cumplen con las
Normas Oficiales Mexicanas, en concreto la Norma Oficial Mexicana 011 de 1999.
8.Actualmente no existen nuevos esquemas o mecanismos que
permitan la distribución de más de 11 millones de kilos diarios de gas LP, por lo que se
seguirá utilizando los cilindros que no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas.
Esta falta de mecanismos afectará gravemente a quien menos
tiene, ya que mientras algunos pueden tener un tanque estacionario, la mayoría de los
mexicanos que están en condiciones de pobreza, tienen que soportar las pésimas
condiciones de estos cilindros.
9.Actualmente hay un total desamparo de parte de las autoridades
federales en torno a las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas gaseras
y a la fecha no hay indicios de que se quieran solucionar las paupérrimas condiciones
laborales de los trabajadores que expenden directamente al consumidor los tanques de gas.
10.Dado que existe una falta de transparencia de la información
por parte de Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía respecto a los suministros
diarios de gas LP a las empresas gaseras, el número de empresas con contrato de
suministro, el número de empresas con permiso de distribución, lo cual ha permitido que
los gaseros abusen de la necesidad de los consumidores en México.
11.Dado que en abril pasado se presentó por el suscrito ante el
pleno de esta soberanía una iniciativa de ley que pretende acabar con 40 años de
anarquía en la industria del gas LP, la cual tiene en esencia tres propuestas
fundamentales que son:
La creación de una tarifa nacional a partir de los precios y
los costos de producción de PEMEX de cada kilogramo de gas LP.
Facultar al Congreso, a esta soberanía, para que fije los
precios del gas licuado de petróleo al consumidor y acabar con la referencia
internacional.
La creación de una instancia única que regule la cadena de
producción y distribución del gas LP, la cual llevaría el nombre de “Comisión
Nacional de Vigilancia y Control del Gas Licuado de Petróleo”.
12.Dado que hasta el momento no existen en la Administración
Pública Federal alternativas reales de solución a los innumerables problemas del gas LP
y a que hemos insistido una y otra vez ante
instancias como Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía, Comisión Reguladora de
Energía, Comisión Federal de Competencia Económica, Procuraduría Federal del
Consumidor, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, Secretaría de Economía, para que se solucionen problemas históricos
como altos costos en el precio del gas, la ordeña hormiga, los cilindros en pésimas
condiciones, el carácter oligopólico y monopólico, los camiones en mal estado, las
bases pirata, la falta de capacitación y condiciones laborales óptimas para los
trabajadores de las empresas gaseras, el fraude, la transa, la propina obligatoria la
corrupción y la asociación delictuosa, entre las empresas gaseras y algunos
funcionarios, como las antes mencionadas y que hasta el momento no ha existido la voluntad
política para solucionar de fondo los problemas antes mencionados, es que solicitamos al
pleno de la H. Cámara de Diputados, instruya a las Comisiones de Puntos Constitucionales
y de Energía, a fin de que también se dictamine la iniciativa presentada por el de la
voz, y dar así certidumbre al actual estado en que se encuentra la industria del gas LP
en nuestro país, y de esta manera solucionar de fondo su grave problemática.
XIII. Dado que la apertura, parcial o completa, del mercado del
gas LP y la liberación de los precios al consumidor final, no beneficiarán sino a los
voraces empresarios gaseros, pero no solamente ni mucho menos se saneará con estas
medidas la industria del gas LP, como la ordeña hormiga que ya hemos señalado: los
cilindros en malas condiciones o la falta de transparencia en la información.
Hemos de plantear también, que el sobreprecio que hemos estado
viviendo, se deriva de la referencia internacional del gas Texano, del Monveldiu, las
deplorables condiciones que también hemos señalado de los trabajadores que expenden los
tanques de gas a las amas de casa, estas prácticas monopólicas, oligopólicas, y la
falta de competencia efectiva, el fraude y la ordeña, que ya también hemos señalado a
lo largo y ancho de la república mexicana.
Rechazamos por ello rotundamente esta pretendida apertura,
porque no se ha saneado en nada el mercado ni mucho menos se han fijado nuevas reglas, que
vayan a mejorar las condiciones de distribución del gas LP. Y dado que las condiciones actuales en que se
encuentra el mercado, no son favorables para permitir la entrada de empresas extranjeras.
Nos oponemos, de manera firme y contundente, a esta pretendida
apertura del mercado del gas LP al capital extranjero, porque se ha demostrado en otros
países, donde se ha liberado y se ha abierto el mercado, que los precios han excedido los
límites considerables para el consumo popular.
Dado que incrementar de un solo tajo más del 7% el kilogramo
del gas LP, refleja una política económica que perjudica a la mayoría de la población,
que no tiene otra alternativa para calentar sus alimentos o bañarse que el gas LP.
Dado que en el Informe de Gobierno presentado por el Presidente
Fox el pasado primero de septiembre, se mencionaron datos incorrectos, al señalar que hoy
se identifican al 100% los recipientes, vehículos, uniformes y notas de revisión, y que
hay un avance del 23% del retiro de cilindros en malas condiciones, esto no es cierto en
la práctica.
Hoy mismo constatamos, al verificar cuatro camiones, encontramos
tanques en mal estado, encontramos de 26 tanques 25 ordeñados hasta con 2.5 kilogramos
cada uno de ellos, y la mayoría tenían fugas, estaban sueltas las válvulas o estaban
picados en la base de estos tanques.
Dado que el día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la
Federación, un Decreto y un Acuerdo el Presidente Fox y del Secretario de Economía Luis
Ernesto Derbez respectivamente, donde el primero sujeta un precio máximo de venta a
usuarios finales, al cual tiene una duración de un año solamente, y el segundo suspende
el otorgamiento de permisos previos de importación de gas LP a granel para el mes de
septiembre, le queremos decir que esto no significa de ninguna manera, el congelamiento
del precio del gas LP.
Que sin embargo dichas medidas no son suficientes, ya que para
hacer una reestructuración de fondo en la industria del gas LP, se necesita dar
certidumbre a los consumidores en los precios en su seguridad y en un abasto oportuno.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la
consideración de esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO: El pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, solicite a la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Energía, a la
Comisión Reguladora de Energía y a Petróleos Mexicanos, para que realicen los ajustes
necesarios, a fin de congelar el precio del kilogramo y el litro del gas licuado de
petróleo al consumidor final, en tanto n ose saneé y se fijen nuevas reglas en la cadena
de producción y distribución del gas LP.
SEGUNDO: El pleno
de esta Cámara de Diputados cite a comparecer al Secretario de Energía y al Director de
Petróleos Mexicanos, ante las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, para
que expliquen y den una solución a los problemas que hemos estado viviendo los últimos
años con el asunto del gas LP, su cadena de producción y particularmente el daño que
han causado a millones de mexicanos que consumen gas LP como una alternativa de
energético.
TERCERO. El pleno de esta Cámara de Diputados solicite a la
Secretaría de Energía y a la Secretaría de Economía, para que suspenda, de manera
definitiva, la pretendida apertura del mercado del gas LP a la inversión extranjera, ya
que no existen actualmente condiciones favorables en la cadena de producción y
distribución del gas LP, pues ni siquiera se han decretado formalmente las prácticas
monopólicas y la existencia de condiciones de competencia absolutas en diversos mercados
de la República Mexicana por la Comisión Federal de Competencia Económica.
Cuarto. El Pleno de
esta Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Energía para que retire del
mercado más de 10 millones de cilindros en pésimas condiciones, los cuales representan
un peligro latente en todos y cada uno de los hogares mexicanos que consumen un cilindro
de 20, 10, 30 y 40 kilogramos y también de tanques estacionarios que ya tienen una vida
útil fuera de serie.
Quinto. El pleno de
esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, solicite al Director de Petróleos
Mexicanos y a la Secretaría de Energía, para que entreguen a esta soberanía toda la
información relacionada con la cadena de producción del gas LP que tengan en su poder,
para de esta manera transparentar, aclarar y colocar en las expectativas de mejores
condiciones de mercado el gas LP, ya que hasta el momento se carece de la información de
los contratos de concesión a cada una de las gaseras; cuántas gaseras son las que
existen en el país y cuáles son las condiciones a través de las cuales se otorgan estos
contratos en beneficio de cinco familias que detentan el poder económico del gas en
nuestro país.
Atentamente, su servidor diputado Alfredo Hernández, el
diputado Martí Batres, el diputado Rafael Hernández Estrada, la diputada Raquel Cortés
y otros diputados de nuestra fracción parlamentaria que firman este punto de acuerdo en
beneficio de millones de consumidores en el país.
LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias, señor diputado Alfredo
Hernández Raigosa. Su proposición, túrnese
a las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Energía.
Ha pedido hacer uso de la palabra y se le concede hasta por
cinco minutos, al señor diputado Víctor Infante González.
EL C. DIPUTADO VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ. Gracias,
estimada Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores.
Sobre el tema del gas doméstico que el grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional, ha venido planteando también en esta tribuna desde
el pasado mes de noviembre, vale la pena hacer las siguientes puntualizaciones:
Es sin duda necesario reordenar en nuestro país el manejo de la
industria del gas doméstico. Debemos
también reconocer que la industria del gas y el mercado en México son obsoletos,
caducos, abusivos e irracionales.
Como seguramente se habrá de confirmar, esperamos que sea el
día de hoy o en los próximos días por parte de la Comisión Federal de Competencia, en
nuestro país no existen condiciones de competencia para la distribución del energético
y es importante que una vez más, como lo señalaba el compañero Hernández Raigosa, lo
enfaticemos desde esta alta tribuna del país.
La liberación del precio del gas doméstico que el gobierno
federal tenía programado realizar en los próximos días mediante un decreto, hubiera
sido, como ya se dijo en esta tribuna, muy grave, muy delicado y de graves consecuencias
para la economía de millones de familias.
Es lamentable también que la Secretaría de Economía, con un
criterio distinto al que había expresado el titular de la Secretaría de Energía, un
día antes del Informe del Ejecutivo Federal, haya anunciado un incremento del 7% cuando
corría el último mes de vigencia del decreto que fue emitido por cierto, el pasado mes
de marzo y que fijó temporalmente los precios del gas doméstico.
Ante estas circunstancias, resulta de fundamental importancia
que la Secretaría de Energía haya mostrado sensibilidad al planteamiento que hemos hecho
para cancelar la liberación del precio del gas LP y congelarlo o regularlo por un
período adicional, y que haya estimulado que el Presidente Vicente Fox emitiera por
conducto de la Secretaría de Economía un decreto el día de ayer, por el que se
determina el precio máximo de venta a los usuarios finales, mismo que tendrá vigencia de
un año.
Debemos pues estar atentos los legisladores para que no se
incrementen los precios y por el contrario para que puedan bajar, pues insisto, el precio
fijado el día de ayer por el Gobierno Federal, es el precio máximo.
Estemos también atentos compañeros legisladores para que con
motivo de la glosa del primer Informe de Gobierno del Presidente Vicente Fox, ante los
secretarios de Energía y ante el Secretario de Economía, como así lo determine esta
Soberanía, les pidamos información más detallada sobre lo que está sucediendo con la
industria del gas LP.
Reiteramos pues que en el decreto publicado ayer por el Gobierno
Federal, éste reconoce que esta medida era
necesaria por razones de orden público ero también interés social, ya que se trata de
bienes y servicios que utiliza la gran mayoría de la población. Y ante la urgencia de
dar certidumbre a los precios finales para procurarles estabilidad. Para defender la
economía de más de 16 millones de familias que utilizan este combustible para cocinar
sus alimentos y calentar el agua.
Debemos pues aprovechar este periodo de transición, llamémosle
así a este año que da el decreto del Ejecutivo Federal, para consolidar la reforma estructural del sector gas LP, para reforzar el
marco jurídico como se ha planteado en muchas ocasiones en diferentes puntos de acuerdo y
en iniciativas de reformas legales, mismos que esperamos, como lo repetía ya legislador
que me antecedió en el uso de la palabra, que esperamos sean dictaminados en su totalidad
tanto los puntos de acuerdo como las diversas iniciativas que se han presentado por las
comisiones correspondientes, como ya lo hizo la Comisión de Seguridad Social al turnar al
Instituto Mexicano del Seguro Social, la solicitud para un programa nacional de
verificación de la totalidad de las empresas en todo el país, para que tengan los
trabajadores las mismas prestaciones laborales y prestaciones en materia de seguridad
social.
También dará oportunidad este año, este periodo de
transición, para mejorar las condiciones de seguridad y para exigir de una vez por todas,
un servicio de calidad, sin mermas en el contenido de los cilindros, con reposición de
los mismos, con mejores condiciones laborales y de seguridad social de los macheteros y
con un mercado racional de competencia, que permita, como negocio, ganancias a empresarios, que es legítimo, pero no
con los excesos que se han dado hasta la fecha, con menoscabo y sobre las espaldas de
millones de mexicanos de clase media y baja y de grupos marginados. Así, no lo podemos
permitir.
Que el periodo de transición también sirva para fortalecer a
la dirección de gas LP de la Secretaría de Energía, como instancia eficaz, profesional,
en la que confluyan todas las dependencias relacionadas con el tema, para establecer una
política de precios predecible y transparente; que refleje las condiciones de un mercado
competitivo y eficiente, y en la cual se integre una comisión o comité consultivo, en el
que podamos participar los legisladores de las diversas fracciones.
Esperamos pues, que el día de hoy la Comisión Federal de
Competencia, inicie con las resoluciones definitivas en los tres procedimientos de
investigación: en la investigación de oficio por prácticas monopólicas absolutas, es decir, en la colusión de precios,
en el procedimiento para determinar la ausencia de competencia efectiva en todo el
territorio nacional y en la investigación de oficio para posibles concentraciones
prohibidas o por el incumplimiento de notificar dichas concentraciones.
Por último, qué bueno que el acuerdo de la Secretaría de
Economía en su artículo 3º., señala que no se expedirán a particulares permisos
precios de importación de gas licuado de petróleo a granel, pues ha trascendido que de
35 solicitudes presentadas, la única que se pretendía otorgar, es a una empresa en la
que al parecer incluso están involucrados ex funcionarios de este sector.
Coincidimos una vez más, en atender, discutir y lograr
convergencia en estos temas que afectan a la gente. Ojalá la Secretaría de Economía
revise las regiones.
Les doy rápidamente, si me permite presidenta, el ejemplo de
Zacatecas.
PRESIDENTA: Señor diputado, ha agotado su tiempo, con la mayor
brevedad por favor.
DIP. VICTOR ROBERTO INFANTE:
Gracias presidenta, le agradezco su comprensión.
En el caso de Zacatecas, muy brevemente lo refiero, hay tres
regiones establecidas para precios: la 21 con Durango y Zacatecas, la 23 para Zacatecas y
la 26 para Aguascalientes, Jalisco y Zacatecas. La más elevada de ellas es de 5.37 pesos
por kilogramo, pero considera a 3 municipios que están en la zona semidesértica, donde
hay una alta marginación: está El Salvador, está Mazapil, está Melchor Ocampo y
Concepción del Oro. Vale la pena que la Secretaría de Economía revise estas regiones,
para no afectar a zonas marginadas del país.
Gracias compañeros.}
PRESIDENTA: Gracias señor diputado Infante González.
Para referirse al mismo tema, tiene la palabra hasta por 5
minutos, el diputado Mauricio Candiani, del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional.
EL C. DIPUTADO MAURICIO CANDIANI:
Con su permiso, señora Presidenta. En un tema tan delicado que tiene que
ver con el consumo de la gran mayoría de las familias en México no podemos pensar que
una propuesta simple, sin modificar estructuralmente las condiciones que provén el
servicio de gas LP en el país se vaya a lograr un beneficio natural para todas las
familias.
No es solamente diciendo que el gobierno corrija las cosas sin
señalar dónde se ha avanzado y dónde hemos tenido pasos firmes.
Está claro que hace no muchos meses habíamos tenido el gran
problema de que el precio del gas se estaba disparando por condiciones de mercado. Y hay
una serie de cosas que están en el camino y que hay que decirle a la opinión pública
que van a ir permitiendo perfilar una solución de raíz, de base.
Número uno. Está claro que este decreto que ha expedido el
Presidente, donde se somete durante un período de un año al precio máximo de este
combustible ha logrado que este precio, en lo que va a seguir de los 12 meses en adelante,
vaya a tener una estabilidad.
Y que en ese precio estable podamos, aquí en el Congreso, y
pueda la autoridad federal, combinar el conjunto de soluciones para que realmente puedan
darse condiciones que estructuralmente le den el mejor precio al consumidor final.
Y viene, primero, una gran resolución que tendrá que ser, como
ya se dijo en esta tribuna, la de la Comisión Federal de Competencia. Que quede con
claridad establecido dónde sí y dónde no hay condiciones de competencia y dónde debe y
dónde no debe entrar el gobierno a intervenir.
Pero por otro lado, hay que subrayar que hay un problema serio
en este país de dependencia de las importaciones en gas LP. En las cifras estimadas de
este año vamos a estar produciendo 236 mil barriles diarios de gas LP y vamos a estar
importando aproximadamente 104 mil barriles diarios de este combustible, pagándolos a
precios internacionales.
Es casi un tercio de lo que traemos del exterior para fondear
nuestro consumo interno. Un consumo que es, como se dijo aquí y lo decían bien mis
compañeros, alto para las familias en este país.
De tal manera, amigos, que lo que no podemos decir a la gente es
que vamos artificialmente a bajar los precios sin poder cambiar las condiciones para que
pueda haber mayor oferta de este producto a lo largo y ancho del país.
Tampoco podemos decirle que en un país que tiene dos millones
de kilómetros cuadrados, donde uno de los factores más caros en el costo del gas LP es
el transporte de un lugar a otro, vamos a poder tener un precio uniforme a lo largo del
país porque sería tanto como decir que los que viven cerca de los factores de
producción van a tener que estar subsidiando a la parte lejana, y seguramente más de uno
cuestionaría porqué.
Es una cuestión de inversión, es una cuestión donde tengamos,
en el futuro cercano –y con eso concluyo—una modificación en base a la
resolución de la Comisión Federal de Competencia de cómo vamos a lograr que en este
país haya mucho más y mejor infraestructura para prestarle un servicio oportuno al ama
de casa.
Que no tengamos que estarle exigiendo al gobierno que cambie los
cilindros viejos sistemáticamente, que presione a las empresas, sino que las condiciones
de infraestructura hagan que los cilindros, los tanques estacionarios y toda la
infraestructura esté cotidianamente revisada y sea revisada con seriedad por nuevas
disposiciones de ley.
Concluyo, amigos, haciendo un reconocimiento al gobierno federal
por este decreto que permite darle estabilidad al precio, bien para las familias mexicanas
que tendrán un año de precios estables en su economía en este insumo. Pero que en la premura que hemos manifestado aquí
los legisladores para resolver este asunto, esté la premura también para consolidar una
reforma en esta materia que permita, subrayo e insisto, estructuralmente resolver este
problema con más inversión, con mejor infraestructura de país y con mejor servicio para
todas las familias mexicanas que dependen de este gas LP.
Es cuanto, señora Presidenta.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Muchas
gracias, diputado Mauricio Candiani.
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Para presentar una proposición con punto de
acuerdo sobre la termoeléctrica de Baja California, hará uso de la palabra el diputado
José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ (PVEM): Con el permiso de la presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados:
La permisibilidad de la inversión privada o pública en nuestro
país en el sector eléctrico, fundamentalmente en lo relativo a la generación,
necesariamente deberá llevarse a cabo con la restricción que dicha inversión se realice
para fomentar la generación de electricidad con proyectos ambientalmente eficaces.
Actualmente existe un proyecto para construir una central
termoeléctrica en Rosarito Ensenada, Baja California, que sería para una central
generadora de energía eléctrica de ciclo combinado.
Lo cual significa que tendrá una capacidad de generación de 450 megawatts
y estaría diseñada para quemar gas natural como combustible principal, así como diesel
como combustible de respaldo.
Con las características que se indican en la NOM 086 Ecol 1994
este combustible sería suministrado vía terrestre, desde las instalaciones de PEMEX en Rosarito, hasta un tanque de almacenamiento con
capacidad de 18 mil metros cúbicos en el sitio de la central.
La central utilizaría agua de mar para cubrir sus
requerimientos de agua de enfriamiento, servicios y de proceso, para lo cual se le
contempla la construcción de una obra de toma submarina para un caudal aproximado de
6,000 litros por segundo.
El predio para la construcción de la central termoeléctrica
Rosarito IV, productor externo de energía, se ubica en el sitio denominado La Jovita, en
los lotes números 22 y 23 del fraccionamiento Costa Azul, municipio de Ensenada en el
estado de Baja California. En una superficie
de 232 mil 649 metros cuadrados. En una
extensa meseta de rocas volcánicas denominada La Meseta de la Misión El Tigre, la cual
tiene una elevación media de 200 metros sobre el nivel del mar, con un tipo de suelo de
textura media que permite ciertos escurrimientos.
El área cercana a la planta se encuentra en una extensa franja
litoral de constante oleaje y una plataforma continental relativamente amplia. Está totalmente dominado por la influencia
oceánica, particularmente representada por la corriente de California de la mayor parte
del año.
El clima dominantes es árido, templado, con lluvias de
invierno, con lluvias de verano fresco, largo y extremoso.
Así como una gran cantidad de vientos que harían muy factible una hele
eléctrica.
En el área se presentan dos tipos de vegetación: el chaparral californiano y el matorral costero,
en donde se encuentra la presencia de especies listadas en la NOM 059 Ecol 1994 como amenazadas y raras.
En lo que se refiere a la fauna, se caracteriza por presentar un
alto grado de endemismos debido al aislamiento geográfico en el que han permanecido
varias de sus especies.
El estado de Baja California ocupa el segundo lugar de
importancia a escala nacional en cuanto a diversidad de fauna y en cuanto al porcentaje de
especies únicos en la región.
Existen 14 especies raras, 19 amenazadas, 10 bajo protección
especial y 3 en peligro de extinción, las cuales también están protegidas por la NOM
059 Ecol
1994, así como otras de importancia económica. Y además, con dicha construcción, se
establecerían barreras para el libre desplazamiento de la fauna y se fragmentarían los
habitats.
En el medio acuático existen comunidades de vegetales
bentónicas, que se caracterizan por la presencia de algas marinas de las divisiones
clorofíceas, paeófita (?) y rodofíceas, principalmente.
En las zonas son evidentes los mantos de macrosis, especie
considerada de interés comercial y distribución para México y Estados Unidos, ya que se
explota desde 1956 de forma ininterrumpida en el área donde se bosqueja la construcción
de la planta.
La importancia que tienen estos mantos de algas, no sólo radica
en el hecho de sostener desde hace más de 40 años un sector de la industria de las algas
de Baja California, sino también estriba en el hecho de construir parte fundamental del
hábitat de especies de alto valor comercial, como el erizo, abulón y la langosta, de
cuya comercialización dependen varias cooperativas pesqueras y en otros casos ser el
punto de concurrencia de barcos de pesca deportiva.
Finalmente, de acuerdo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
el sitio de ubicación del proyecto se encuentra al sureste de un área terrestre
prioritaria para la conservación, definida así por el Programa de Regiones Prioritarias
para la Conservación de la Biodiversidad de la Comisión Nacional para el Conocimiento y
uso de la biodiversidad.
Asimismo, las emisiones a la atmósfera que produce una
termoeléctrica como ésta, utilizando gas natural, son óxidos de nitrógeno y monóxidos
de carbono; este último no está regulado actualmente. Cuando eventualmente se utilice
aceite combustible diesel, se tendrán emisiones de óxidos de nitrógeno, monóxidos de
carbono, bióxidos de azufre y así como partículas.
Por ello, las emisiones contaminantes deberán estar sumamente
controladas para estar dentro de los niveles permitidos en la normativa ambiental vigente,
lo que dificultaría considerablemente la operación de la planta y sus expectativas de
distribución.
Las aguas residuales es otro problema, ya que estas aguas
industriales se generan como producto de los procesos para el tratamiento de agua cruda,
para la alimentación en la generación de vapor y para la inyección de aguas a las
cámaras de combustión de las turbinas de gas cuando se consume diesel.
En México y el mundo desde varios años se ha estudiado la contaminación ambiental producida
por las centrales eléctricas y sus potenciales efectos adversos, los cuales cada día
producen un daño irreparable al ser humano y su entorno.
Si no procuramos procesos de producción limpios y eficientes,
actuaríamos con la misma irresponsabilidad de aquellos hombres que en aras de su
desarrollo económico han hecho de nuestro planeta un lugar cada vez menos habitable.
Por todo lo anterior, es en extremo cuestionable que la
construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito IV y su operación una vez puesta en
marcha, su funcionamiento no afecta el ecosistema donde estaría localizada, ni tampoco la
salud de la población.
Así pues, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista
de México, somete a consideración el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
“PRIMERO. Se exhorta a la Subsecretaría de Recursos
Naturales para que en base en la legislación vigente y a la manifestación de impacto
ambiental ya presentada, desestime el recurso de revisión interpuesto por la Comisión
Federal de Electricidad y evite con ello la degradación y daño a nuestro entorno natural
en Ensenada, Baja California, por la construcción de la Central Termoeléctrica Rosarito
IV, Productor Externo de Energía.
SEGUNDO. Se exhorta al Gobierno del Estado de Baja California,
en particular a la Subsecretaría de Coordinación Sectorial y Promoción del Desarrollo
Urbano de la SAOPE, a las Direcciones de Ecología del municipio del Ensenada y del Estado
de Baja California, para que en función de sus facultades y respetando la legislación
vigente, así como el Plan de Desarrollo del Estado, el ordenamiento ecológico del Estado
de Baja California y el Programa Regional de Desarrollo Urbano, Turístico y Ecológico
del Corredor Costero Tijuana Ensenada, actúen en concordancia a dichos ordenamientos
locales y los federales que resulten aplicables.
“Firman: Los diputados que integran el Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Miguel Bortolini, del PRD”.
Hago entrega a la Secretaría del presente Punto de Acuerdo. Gracias.
(aplausos)
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado José Antonio Arévalo
González.
Túrnese la proposición a la Comisión de Energía con opinión
de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El diputado Miguel Bortolini hace uso de la palabra hasta por
cinco minutos.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO. Con su permiso
ciudadana Presidenta. Efectivamente, la
Termoeléctrica que en el norte del país
pretenden establecer a través de la Comisión Federal de Electricidad los Estados Unidos
de Norteamérica, es el tema central de la energía eléctrica de la frontera norte del
país y este toma relevancia en fechas recientes en virtud de que la política energética
mexicana del Gobierno Federal, lejos de contribuir a garantizar la soberanía y seguridad energética del
país, emprende acciones entreguistas afines a los intereses de los Estados Unidos que
resultan además lesivas de nuestro medio ambiente.
El caso del proyecto de
construcción de la Termoeléctrica Rosarita IV en
Baja California resulta emblemática de lo antes dicho pues forma parte de un mega
proyecto para construir 13 plantas similares a lo largo de la frontera con Baja
California.
En primer término el
proyecto es adverso a los intereses de nuestro país al convertir a la industria
eléctrica nacional en una maquiladora transnacional pues el modelo consiste en construir
la central con dinero de inversionistas norteamericanos, alimentarla con gas californiano
trasladado desde San Diego mediante el gasoducto también construido con capital
norteamericano para generar energía con venta exclusiva para el mercado californiano.
En segundo término, en
territorio bajacaliforniano se quedará toda
la contaminación generada por la utilización de ese combustible fósil como lo es el gas
natural y aún cuando existen alternativas menos contaminantes como sería la
construcción de centrales eolo eléctricas ó geoeléctricas, estas últimas con gran
desarrollo en la región.
Con este modelo de
cooperación energética binacional México , la Comisión Federal de Electricidad le
resuelve a los Estados Unidos el problema de gran contaminación que va asociado a este
tipo de centrales en un asunto que de por sí tiene a nuestros vecinos del Norte en el
centro de la crítica de la Comunidad
Internacional por la renuencia de los Estados Unidos a asumir todo compromiso que
signifique, como el Protocolo de Kioto y ahí se establece a asumir cambios en el modelo
de desarrollo exfoliador de los recursos naturales y que aumentan el calentamiento global
de la tierra.
Otra consideración que
hace emblemático este proyecto es que resulta de las violaciones a las leyes estatales y
federales de protección al medio ambiente,
habría que preguntarse, ¿por qué construyen los Estados Unidos centrales de este tipo
en nuestro territorio y no en el suyo?, entre otras cosas porque aquí existe una legislación ambiental demasiado lacta y parece
que la quieren hacer en este régimen aún más lacta y por los bajos costos de
producción, producto del desequilibrio salarial.
Pero no obstante lo poco
estrictas que resultan las leyes locales y federales, este proyecto ya había sido
rechazado por el Instituto Nacional de Ecología, el INE , luego de que estudios de
impacto ambiental mostraron su efecto devastador.
En la nueva Administración
la Comisión Federal de Electricidad solicitó una revisión del proyecto e
inexplicablemente el Titular del Instituto Nacional de Ecología da entrada a esa
iniciativa negándose a dar cualquier información al respecto a todo aquel que lo
solicite, el caso coincidentemente fue retirado en la página del INTERNET del propio
Instituto.
En cuanto a las Leyes
Ambientales Locales, no obstante que el proyecto se
asentaría en un área ambiental protegida y que ha sido rechazada por distintos
pobladores de la zona y por organizaciones ciudadanas preocupadas por el medio ambiente,
el Gobierno Estatal y Federal no han hecho valer decididamente la ley estatal y federal
para rechazar debidamente y decididamente el proyecto.
Por esta razón nosotros coincidimos en el hecho de rechazar la
construcción de estas plantas que dejarían de nuestro lado la contaminación ambiental y
la electricidad se iría a los Estados Unidos.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.
En el punto del orden del día sobre agenda
política, tenemos comentarios en relación a la discriminación, para lo que hará uso de
la palabra el ciudadano diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del
Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
EL C. DIP. RUFINO RODRIGUEZ CABRERA: Muy agradecido, señora
Presidenta, con su permiso.
Compañeras y compañeros legisladores:
El pasado 31 de agosto, dio principio en Durbán, Sudáfrica, la
III Conferencia Mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las
formas conexas de intolerancia. Es la tercera
conferencia que se realiza en donde se pretende empujar programas de acción que tendrán
que ser aplicados en cada uno de los países participantes para eliminar toda forma de
discriminación que se halle presente en las diferentes legislaciones de los países
participantes; está auspiciada por la
Organización de las Naciones Unidas esta conferencia mundial.
En razón de este acontecimiento pretende comunicarles algunas
reflexiones:
Es innegable que actos discriminatorios de todo tipo se
presentan para grandes franjas de la población mexicana, así como para un elevado
número de personas en tránsito por nuestro territorio nacional y que los actos de
gobierno tendientes a eliminar tales prácticas son incipientes y poco efectivos todavía prevaleciendo actos
lesivos a la dignidad humana en contra de discapacitados, de indígenas, de mujeres, de
migrantes, de enfermos de padecimientos virales como el SIDA y sobre todo la endémica y
vergonzante discriminación contra personas caracterizadas por su preferencia sexual o por
su grado de pobreza.
Sin lugar a dudas, la
construcción de las condiciones para una sociedad libre de discriminación pasa por
escenarios complejos y al parecer no tenemos aún la voluntad de recorrer los senderos que nos conduzcan a un escenario en
donde no se rechace a las personas bajo una falsa etiqueta de ser diferentes o desiguales.
A diferencia de otras prácticas sociales, las manifestaciones
externas de todo tipo de discriminación no siempre son advertibles; incluso puede parecer que no se transgrede
ninguna disposición normativa vigente. Por
lo demás, la simple enumeración de los derechos de quienes componen los grupos propensos
a la discriminación no es ni será suficiente para revertir las condiciones sociales,
culturales y de idiosincrasia que reproducen
este fenómeno discriminatorio.
La correcta interpretación de un régimen cabalmente inscrito
en un estado de derecho, debe proteger a todos los individuos de abusos legales y no solo
eso, sino ofrecerles un correcto resguardo a sus derechos humanos entre ellos la garantía
al principio de la tolerancia y a no ser objeto de ninguna forma de discriminación.
El hecho de que prevalezcan las prácticas discriminatorias en
nuestro país, constituye un agravio para nuestra
cultura que está en una ansiosa búsqueda de igualdad de oportunidades y de un trato
equitativo y recíproco.
Mi partido, el de la Revolución Democrática, ha sido
vanguardia en la lucha por los derechos de los marginados y los grupos vulnerables, sin
embargo autocríticamente quisiera señalar que en el pasado Congreso Nacional de mi
partido, se rechazó de manera tajante la propuesta de registrar en igual número a candidatos varones y mujeres a
los diferentes cargos de elección popular postulados por el PRD, y lo peor de todo es que
la percepción que prevaleció entre los delegados de ese congreso es que se había hecho lo correcto, que se estaba haciendo
lo que era correcto en esos momentos.
Por sucesos de este tipo, siento, desgraciadamente, que ya no
podemos afirmar dentro del PRD que somos
pioneros en la búsqueda de la equidad entre géneros, pues hemos aprovechado varias
oportunidades para diseñar reglas internas que permitan un escenario más favorable a la
igualdad entre varones y mujeres.
Debo decir que este escenario se repite en todos y cada uno de
los partidos político que existen en nuestro país en mayor o menor intensidad.
Sólo menciono lo anterior como un punto de referencia que nos
permitirá identificar los grandes prejuicios y las fuertes resistencias que tendrían que
vencerse para constituir una sociedad que gradualmente se despoje de sus cargas
discriminatorias y no porque la igualdad entre varones y mujeres se reduzca a un concepto
de igualdad numérica en donde se tengan igual cantidad de candidatos que de candidatas,
tal afirmación sería errónea.
Si se reduce el concepto de equidad y de no discriminación
entre géneros a este principio, se parte de una premisa falsa y de una concepción
equivocada.
De ahí, que diseñar las condiciones que permitirían un
contexto libre de discriminaciones, requiere, desde mi punto de vista, de una amplia
voluntad para cambiar prácticas y costumbres sociales, para modificar disposiciones
legales o reglamentarias y por último para realizar profundas transformaciones en los
actos administrativos y en los programas de gobierno en todos los niveles.
Al existir, por ejemplo, en el sistema educativo nacional una
falta de contenidos curriculares que inculquen una cultura de igualdad y de respeto a las
diferencias, tal cosa genera un ambiente poco propicio para tratar adecuadamente este
conflicto. Creo que debe ser considerado como
algo muy necesario, el que nuestras autoridades educativas tracen planes y programas
docentes en donde los contenidos curriculares aborden adecuadamente el tema de la no
discriminación.
Por otra parte, si cometemos el error de identificar la
respuesta a este problema desde una óptica meramente legislativa, en donde la solución
se busque diseñando nuevas reglas y nuevas normas, seguramente estaremos recorriendo
sólo una parte del camino.
Es de valorarse que una respuesta integral al problema de la no
discriminación en México, si bien debe de contemplar necesariamente modificaciones
legislativas importantes, debe de priorizar también una serie de actos gubernativos en
donde los programas especiales a aplicarse en los centros educativos nacionales deben ser
complementados con campañas permanentes en los medios de comunicación.
No creo que se vaya a avanzar sustancialmente contra la
discriminación en nuestro país si se identifica como la solución a este fenómeno el
implementar un esquema legalista en donde se priorice la aplicación de penas y la
imposición de sanciones a quienes ejerzan actos de rechazo hacia las personas
clasificadas prejuiciadamente como distintas.
Creo y debo ser enfático, en la necesidad de contar con un
marco normativo que regule adecuadamente el problema de la discriminación en México.
Ahora bien, con esto no quiero decir que den nuestro país no
existan normas que atiendan el problema de la restricción de ciertos grupos al ejercicio
de sus derechos, sin embargo el Poder Legislativo a través del tiempo ha realizado
labores dispersas que han ocasionado que no se enfoque adecuadamente la fuerza del estado
en su lucha contra la discriminación.
Existen diversos artículos en nuestra codificación civil,
penal, administrativa o laboral que tienen esa meta, incluso se han promulgado leyes que
tienen por objeto la correcta salvaguarda de los grupos considerados como vulnerables,
niños, jóvenes, adultos en edad avanzada o indígenas, sin embargo, considero que se
trata de esfuerzos aislados que atacan ciertas prácticas discriminatorias consideradas
individualmente y tutelan a sólo ciertos grupos, dejando muchas de las modalidades de la
discriminación sin respuesta jurídica.
Si bien es cierto que es conveniente destacar la importancia de
la recién aprobada y muy cuestionada reforma
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado día 14 de
agosto, que establece entre otras cosas disposiciones generales sobre la no
discriminación.
Es conveniente recordar que hasta ahora no existe en nuestra
legislación federal una ley general en la materia, como sucede en otros países, capaz de
dotar a la ciudadanía con instrumentos jurídicos concretos que les protejan contra la
exclusión social y que se pueden hacer efectivos ante los tribunales.
Compañeros legisladores: Por
las razones expuestas, es que considero necesario destacar nuestro posicionamiento sobre
el caso particular, resaltando dos aspectos:
Primero. Consideramos
como medidas indispensables que deben implementarse por conducto de la actual
Administración Pública Federal en el ramo de la educación, el diseño de programas y
prácticas curriculares, tendientes a inculcar en los educandos una cultura de respeto a
las diferencias que coadyuve a forjar un escenario propicio contra la discriminación,
medidas que deberán ir acompañadas de una amplia y adecuada difusión en los tiempos
oficiales de que dispone el Estado en los medios masivos de comunicación de cobertura
nacional.
Segundo. Dada la
jerarquía normativa que revisten los tratados y las convenciones internacionales en
materia de no discriminación y la falta de aplicabilidad de los mismo en el Marco
Jurídico Mexicano, se hace necesario tanto la adecuada difusión del contenido de éstos,
como la correcta aplicación de las disposiciones establecidas en dichos instrumentos,
así como la instauración de mecanismos que permitan la adecuada y sistemática
aplicación de los tratados internacionales de la materia, lo anterior en el marco
legislativo de las diferentes comisiones de esta soberanía y para el desarrollo, el
diseño de un proyecto de una Ley Federal contra la Discriminación.
Muchas gracias por su atención.
LA PRESIDENTA: Gracias
señor diputado Rodríguez Cabrera.
Antes de seguir dando el uso de la palabra para referirse a este
tema de la discriminación, quiero adicionar al procedimiento de turno de la proposición
con punto de acuerdo que presentó el ciudadano diputado José Antonio Arévalo González,
y que fue turnada a la Comisión de Energía, a petición del grupo parlamentario de
Acción Nacional se turna también a la Comisión de Medio Ambiente.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Villa Preciado, para referirse al
mismo tema en relación a la discriminación.
EL DIP. ENRIQUE VILLA PRECIADO:
Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados:
La lucha contra la discriminación ocupa un lugar preponderante
en nuestra diaria labor parlamentaria, prueba de ello es la reciente reforma a nuestra
Carta Magna en esta materia, habiendo quedado de la siguiente forma: “Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos
Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por
este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional. El género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y las libertades de las personas”:
Nuestra Constitución, dentro de las garantías individuales,
salvaguarda los derechos de todas las personas que se encuentren en nuestro territorio,
con respeto pleno a la conformación pluricultural que tiene nuestro país.
En el artículo 3 constitucional, párrafo segundo, se
establece:
“La educación que imparta
el Estado, tendrá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser
humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la conciencia de la
solidaridad internacional en la independencia y en la justicia”.
El Estado, como rector de la vida nacional, procura que exista
armonía entre todos los habitantes de la nación, así como que el propio país conviva
en armonía en el concierto de las naciones, siempre en aras de la defensa de los valores
democráticos.
En nuestro país se han dado muchos cambios para combatir el
racismo y la discriminación, de hecho es la primera vez que el Ejecutivo Federal nombra
un comisionado encargado de hacer estudios que nos lleven a la creación de un marco
jurídico adecuado para combatir todo tipo de discriminación hacia los mexicanos, quien
se ha reunido con los diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos
Vulnerables de esta Cámara, para generar proyectos de gran trascendencia en todas las
esferas sociales, políticas y jurídicas del país y que dentro de sus propuestas, entre
muchas otras, encontramos la creación de un Consejo Nacional Contra la Discriminación.
En estos momentos se está llevando a cabo la tercera
Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, en Durban, Sudáfrica, en la cual el licenciado Carlos
Rincón Gallardo está participando en proyecto de intervención como Jefe de la
Delegación de México, donde en su intervención dejó claro el compromiso que el
Presidente Fox ha manifestado en su lucha contra la discriminación y por lo que apoya
decisivamente los trabajos de la Comisión Ciudadana en contra de la discriminación,
organismos en el que concurren los Poderes de la Unión, los principales partidos
políticos, ONGs y especialistas.
Esta importante cumbre está orientada a lograr que la aldea
global logre terminar con el odio fraticida de todos los habitantes de la misma,
manifestamos de una u otra manera en detrimento del progreso y crecimiento de la
humanidad. Recordamos que los principios de igualdad de las personas y el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales sin distinción de ningún tipo por
motivos de raza, sexo, color, idioma, religión, ideología política, nacionalidad,
origen o condición social, también son los principios del derecho internacional y por lo
tanto de la normativa internacional sobre los derechos humanos.
Esta Conferencia estaría incompleta si no reconociera una
realidad en la cual la discriminación sufrida por las personas con algún tipo de
discapacidad, no cuenta en las Naciones Unidas con un instrumento integral de naturaleza
vinculante, por lo que México propone que se incluya en la Declaración, una solicitud a
la Asamblea General para que promueva la elaboración de una Convención Internacional
para proteger los derechos de estas personas.
Debemos enfrentar las manifestaciones de discriminación
mediante la tolerancia y la mutua comprensión de los pueblos, aprovechando los retos y
las oportunidades de vivir en un mundo que cada vez es más pequeño, este mundo que es
nuestro hogar.
México ha demostrado avances en la eliminación de todas la
formas de xenofobia, pero aún nos queda camino por recorrer y para ello gobierno y
sociedad civil unidos haremos frente común sin claudicar en nuestros esfuerzos. Habremos
pues de terminar de la misma manera con la discriminación que nace de otros males como lo
son: la pobreza, la migración, las enfermedades, promoviendo estrategias, ideando
programas y generando auténticas políticas e instituciones donde se pongan en marcha
acciones que favorezcan la aplicación y el respeto de todos los derechos.
No olvidemos que nuestro trabajo amplio, complejo y profundo,
jamás deberá perder de vista al verdadero centro de su atención: las personas todas;
razón de más para redoblar esfuerzos en la siempre lucha por defender la dignidad de
todas y todos. Tenemos en razón de un único hecho, el que somos seres humanos. Gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el
señor diputado Librado Treviño Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional.
EL C. DIP. LIBRADO TREVIÑO GUTIERREZ: Con el permiso de la
Presidencia; señoras y señores diputados: escuchando los comentarios en relación a la
discriminación a cargo del diputado Rufino Rodríguez Cabrera, y aclarando que la
Conferencia Mundial Contra el Racismo, la Discriminación Racial la Xenofobia y Formas
Conexas de Intolerancia no ha terminado, y
que estamos al pendiente de los acuerdos que de ahí emanen, ya que México se encuentra
representado por una comisión plural encabezada por don Gilberto Rincón Gallado, quien
ha estado al pendiente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara,
para darnos a conocer cómo la Comisión Ciudadana de Estudios Contra la Discriminación
está trabajando, rumbo a conformar una institución del Estado que luche en contra de la
discriminación.
Como ejidatario que soy de la frontera del país, he sentido en
carne propia la discriminación hacia algunos grupos en extrema pobreza, como piadosamente
se les llama ahora a los muy pobres y porque convivo a diario a las orillas del Río Bravo
con grupos de inmigrantes y por la experiencia adquirida en la Comisión de Grupos
Vulnerables, escuchando los planteamientos de grandes personalidades plurales, a grandes
defensores de los derechos humanos, académicos, administradores públicos, preocupados
para desarrollar programas y políticas contra la discriminación, exclusión, distinción
o restricción basada en la edad, en el género, en el embarazo, en el estado civil, en la
étnia, en el idioma, en la religión, en la ideología, en la orientación sexual, en el
color de la piel, en la situación económica, en el trabajo o profesión o en la
discapacidad o estado de salud que anulan los derechos de las personas, porque la
discriminación es innegable.
Hoy existen altos índices de desigualdad y marginación que se
tornan invisibles ante el derecho positivo y ante las normas del gobierno.
El Partido Revolucionario Institucional ha estado y estará en
contra de las prácticas discriminatorias, como el desprecio, la violencia, la
marginación, la minusvaloración y la desigualdad disfrazados de atraso cultural o de
inercias comunitarias, y se tiene que reconocer esto como una falla grave en la cual los
legisladores tenemos que proponer algunos cambios para poder castigar la discriminación y
ver la manera de compensar los daños de quienes la padecen que afortunadamente en la
agenda legislativa, para este período, la fracción priísta como la mayoría de los
aquí presentes, estamos de acuerdo en reformas constitucionales para proteger
efectivamente a los discriminados y que el Estado nos garantice realmente su enfoque a
protegerlos. Por eso la propuesta de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, de la Ley Para
el Apoyo a los Trabajadores Migrantes en el Envío de Remesas al País, de Reformas a la Ley del Trabajo, en Apoyo a los
Jornaleros Agrícolas y Trabajadores Migratorios.
Nos proponemos elevar a rango constitucional la seguridad
social, el derecho a la alimentación, ya que casi 28 millones de pobres están
desnutridos porque México es el cuarto país más pobre de América Latina. Por eso
también incluso la Iniciativa de Ley para el Apoyo de la Micro, Pequeña y Mediana
Industria, discriminados por las macroempresas y por el gobierno, que se han enfocado al
sector exportador, traicionando la promesa de hacerlos competitivos, apoyarlos, iniciar la
desregulación con reglas claras, simples y estables.
Por eso nuestra lucha también para que las mujeres, en el
empleo no sean discriminadas, en su contratación, en la remuneración que hoy, si, hoy,
las maquiladoras, por miles en el país de manera racista y discriminatoria, rebajan el
salario real y no otorgan las prestaciones a las mujeres, y muchas de ellas en las zonas
urbanas también, simplemente porque ellos son capitalistas extranjeros, estadounidenses y
muchos de ellos asiáticos. Y duran sin
pagarles a esas mujeres hasta por semanas, las dádivas que les ofrecen.
Contrario a los Puntos de Acuerdo de la Comisión Permanente de
esta Cámara de hace unos días, en contra de las políticas migratorias, engañadoras y
contradictorias, por parte del Estado, dejamos asentado el clamor de los profesionales y
de los talentos mexicanos discriminados, que nos han pedido elevar la voz desde esta
tribuna, por bajas remuneraciones, por pocas oportunidades laborales, por favoritismo, por
nepotismo y corrupción, que están ocasionando que hoy, hoy vivan en Estados Unidos 250
mil hermanos mexicanos, con maestrías y postgrados, trabajando en labores rudimentarias.
Contemos también la discriminación que sufren a diario el 10%
de la población mexicana, que sufren de algún tipo de discapacidad, y que nos han pedido
a través de la Comisión, que elevemos la voz.
Cómo no hemos de levantar la voz, ante la muerte de migrantes,
porque hoy los Estados Unidos, hoy han reforzado 3,800 kilómetros de frontera,
transformándola en una zona militarizada, donde se usan censores infrarrojos,
helicópteros, aviones, vehículos militares, detectores de pisadas desarrollados para la
guerra de Vietnam, buscando y capturando indocumentados, lo que confirma que los Estados
Unidos, no eliminan el racismo hacia los inmigrantes, mandando a nuestra gente por zonas
peligrosas donde muchos mueren.
Alzamos también la voz en contra de esa reforma fiscal que se
anuncia regresiva y que afectará a los grupos más vulnerables de la población, al
proponer gravarle el IVA en sus alimentos y en sus medicinas.
Por último, compañeros legisladores, nosotros tenemos la
última palabra, esperamos los estudios de la Comisión, que encabeza el licenciado
Rincón Gallardo, se comprometieron en este año a entregarlos a esta Cámara. Nosotros diremos, porque queremos, todos los
priístas, como la mayoría de los diputados también, aportar la solución a estos
problemas.
Que todos podamos llegar a un gran consenso y que busquemos una
reforma social, para dar justicia a todos esos mexicanos que se quejan de discriminación,
y como lo expresó el señor Octavio Paz, lo lamento, esta no es una tarea de piedad
histórica sino de imaginación política. Muchas
gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias
señor diputado. Para rectificación de
hechos se concede la palabra hasta por cinco minutos al señor diputado Rufino Rodríguez
Cabrera.
EL C. DIPUTADO RUFINO RODRIGUEZ CABRERA: Gracias señora Presidenta. Compañeros y compañeras legisladores, en México
existe, se pregunta un compañero: ¿existe la discriminación?, por supuesto que existe
la discriminación, basta realizar cotidiana la prensa, cualquier periódico, cualquier
día, en donde se registra un evento de diferente magnitud, en donde registramos, vemos,
notamos que si hay actos discriminatorios y tolerados.
Miren, por la mañana compañera Hortensia Aragón presentó una
propuesta de reforma al Artículo 1º. Que acabamos de reformar, porque consideramos que
ese artículo como está, en la reforma como se hizo, es discriminatorio, es decir,
comentaba con una diputada hace un momento, y me dice que efectivamente se refiere a que
no deben sufrir ninguna discriminación en razón de su preferencia sexual, que así
decía el texto que se discutió en Comisiones.
Sin embargo, cuando se publicó, dice: que no debe de existir
discriminación en función de sus preferencias, y le quitaron el concepto de sexual. Yo
acabo de leer un recorte de lo ocurrido en Yucatán a un artista, a un danzarín, a un
bailarín de danza contemporánea, que fue hostigado, violado, y sigue siendo hostigado
para que no presente las denuncias.
Escuchamos aquí lo que la compañera Hortensia nos refiere de
Colima, de Aguascalientes; hay discriminación, hay intolerancia y hay discriminación
hacia compatriotas mexicanos en función de sus preferencias sexuales.
Entonces hay que revisarlo, es decir nuestra actitud como
legisladores debe ser para que al margen de que estas cosas se compongan en nuestras
legislaciones, promovamos que se modifique la
cultura, promovamos que en la currícula en los planes educativos, contemplen la
modificación de nuestros usos y costumbres como cultura occidental.
Lo que estamos proponiendo, es pues, modificar la forma de
pensar de las mexicanas y los mexicanos para que seamos 100% tolerantes con nuestros
contemporáneos.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado.
En relación con la modificación al trámite de la proposición
con punto de acuerdo que presentó el señor diputado José Antonio Arévalo González
sobre la termo eléctrica de Baja California, quiero pedir que se tome nota en la
Secretaría de que el turno a la Comisión de Medio Ambiente, sea solamente para que ella
genere una opinión.
Pido una disculpa al señor diputado Antonio Arévalo González,
por no haberle consultado antes si deseaba que se agregara a su proposición, como él era
el ponente, el agrego de esa Comisión para el turno; pero queda turnada a Energía y se
le pedirá sólo la opinión a la Comisión de Medio Ambiente.
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Continúe la Secretaría con el desarrollo del orden del día.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. Señora
Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
Orden del día de la próxima sesión. Primer Período Ordinario de Sesiones del Segundo
Año de la LVIII Legislatura.
Orden del día, 11 de septiembre del 2001:
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del estado de Puebla.
Oficios de la Secretaría de Gobernación: dos por los que se solicita el permiso
constitucional necesario para que el ciudadano Embajador Rafael Tovar y de Teresa, pueda
aceptar y usar condecoraciones que le confieren los gobiernos del Reino de España y de la
República de Colombia.
Comparecencia del Secretario de Gobernación; análisis del
primer Informe de Gobierno, política interior y los demás asuntos con los que la Mesa
Directiva dé cuenta.
LA C. PRESIDENTA, (a las 14:19 horas). Se
levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 11 de septiembre
a las diez horas, en la cual comparecerá el señor Secretario de Gobernación, licenciado
Santiago Creel Miranda.
Se les ruega a todos los señores y señoras legisladoras su
puntual asistencia, teniendo presente que la sesión deberá empezar a las diez horas.
Muchas gracias.
DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 2001
Uno. Para asegurar el abasto de productos
destinados al consumo básico de la población y el abastecimiento en materias primas a
los productos nacionales, o para regular o controlar recursos naturales no renovables del
país, de conformidad a las necesidades del mercado interno y las condiciones del mercado
internacional.
Artículo primero: “En los Estados
Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución,
las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones
que ella misma establece.