SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2001
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ORDEN DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2001. |
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| APERTURA | |
| Lectura del Acta de la Sesión Anterior | |
| COMUNICACIONES | |
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| INICIATIVAS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA | |
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| OFICIOS DE LA SECRETARÇIA DE GOBERNACIÓN | |
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| INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS | |
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| DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA | |
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| PROPOSICIONES | |
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| EFEMÉRIDES | |
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| AGENDA POLÍTICA | |
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| CLAUSURA |
LA C. PRESIDENTA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Ruego a la
Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de
asistencia de los ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ
GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 273 diputados.
LA C. PRESIDENTA: (10:42 horas) Se abre la sesión.
LA MISMA C. SECRETARIA:
LECTURA DEL ORDEN DEL DIA INSERTESE
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo
Año— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 25 de septiembre de 2001
Lectura del acta de la sesión anterior
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a
la ceremonia cívica que con motivo del CLXXX aniversario de la Consumación de la
Independencia, tendrá lugar el 27 de septiembre a las 10:00 horas, en la Columna de la
Independencia.
De la Junta de Coordinación Política
Del Congreso del Estado de Guerrero.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II
Legislatura.
Iniciativas del Congreso del Estado de Oaxaca
De adiciones a los artículos 3o. párrafo primero; 43,
párrafo primero y 45, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 135 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a comisión.)
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Pedro González Olvera, pueda aceptar y usar la
condecoración de la orden nacional "José Matías Delgado", en grado de
comendador, que le confiere el gobierno de la República de El Salvador. (Turno a
comisión.)
Por el que se solicita el permiso constitucional
necesario para que el ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, pueda aceptar y usar la
condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno
del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De Ley sobre la Investigación, el Fomento, el
Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano, a cargo del diputado Francisco
Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
(Turno a comisión.)
De reformas a diversas disposiciones hacendarias a cargo
del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De adiciones a los artículos 30. y 31 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la
educación preescolar, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
(Turno a comisión.)
De Ley sobre la Iniciativa Popular, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 93 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la
Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas y adiciones a los artículos 418 y 419 del
Código Penal Federal y el artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a
comisión.)
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que
modifica la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Salud, con proyecto de decreto que
adiciona la fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud.
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con
proyecto de decreto que concede permiso al embajador Rafael Tovar y de Teresa, para,
aceptar y usar las condecoraciones que le confieren el Reino de España y el gobierno de
la República de Colombia. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación..
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con
proyecto de decreto que concede permiso al contralmirante del Cuerpo General Diplomado de
Estado Mayor Alberto Gerardo del Barrio y Guille, para aceptar y usar la condecoración de
la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional, que le confiere el
gobierno de la República de Corea. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con
proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Laura Patricia Sánchez Anaya,
Hortencia Bautista Cantú, María Guadalupe Suárez Barrera, Juan Manuel Velázquez
Sánchez, Jesse Guillermo Miles Rayón, Bernardino Nicolás Cuevas, María Luisa Pérez
Tovar, Mónica Selene Ornelas Albarrán, Antonio Reyes Serrano, Manuel Domínguez
Hernández, Alejandra Lizbeth Ramírez González y Rita Graziela Palacios Soltero, para
prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en sus
consulados generales en Guadalajara, Jalisco, Monterrey; Nuevo León y Ciudad Juárez,
Chihuahua, respectivamente. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alex Ibarra Castañeda, para prestar
servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México. (Dispensa de segunda lectura,
discusión y votación.)
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con
proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, para
prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México. (Dispensa de segunda
lectura, discusión y votación.)
Proposiciones
Con punto de acuerdo en relación al Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional. (Tomo a comisión.)
Con punto de acuerdo para crear un programa de pensión
asistencial, destinado a los adultos mayores de 65 años, a cargo del diputado Pedro
Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Comisión Federal de
Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realicen los trámites para
condonar el adeudo por consumo, del Distrito de Altar, Sonora, a cargo del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Gobierno Federal, tome
medidas emergentes para apoyar a la Industria Turística y a las Aerolíneas, por la
contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de
América, a cargo del diputado Juan Ignacio García Zalvidea, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre procuración de justicia, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el asunto del Escudo, la
Bandera y el Himno nacionales, a cargo del diputado Enrique Herrera y Bruquetas, del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo sobre el 2 de octubre, a cargo del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para solicitar el apoyo para los
familiares de los mexicanos, víctimas en los atentados del 11 de septiembre en Estados
unidos de América, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México. (Turno a comisión.)
Efemérides
Sobre el LXXVI aniversario de la fundación del Banco de
México, a cargo de la diputada María Teresa Goméz Mont y Urueta, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Sobre el CDL aniversario de la Universidad Nacional
Autónoma de México, a cargo de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción
Nacional, de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional.
Sobre el mes de septiembre, a cargo del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con motivo de la instalación en México, de la primera
imprenta en el Nuevo Mundo, (1539) a cargo del Partido Alianza Social.
Agenda política
Comentarios sobre la política migratoria en México, a
cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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LA C. PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día
es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le
dispensa la lectura al acta, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta
Parlamentaria y que copia de ella ha sido entregada a los coordinadores de los grupos
parlamentarios para sus observaciones, y se proceda a su votación.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura
al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la
Gaceta Parlamentaria y copia de la misma entregada a los coordinadores de los grupos
parlamentarios para sus observaciones.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Se dispensa la lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL JUEVES VEINTE DE
SEPTIEMBRE DE DOS MIL UNO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERIODO DE SESIONES RDINARIAS DEL
SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGESIMA OCTAVA LEGISLATURA
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, a las diez horas con veintitrés minutos del jueves veinte de septiembre de dos mil uno, con la asistencia de doscientos sesenta y dos diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
Martes 25 de septiembre de 2001
La Presidenta informa del tiempo de duración programado para esta sesión.
La Asamblea aprueba, en votación económica, el acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los diputados:
Héctor Israel Ortiz Ortiz, por la que solicita prorrogar hasta el treinta de noviembre de dos mil uno, la licencia otorgada por la Comisión Permanente del Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, el ocho de agosto de dos mil uno. En votación económica, la Asamblea aprueba los puntos de acuerdo correspondientes.
Juan Ramón Díaz Pimentel, por la que solicita licencia por tiempo indefinido para separase del cargo de diputado federal electo por el noveno distrito del Estado de Oaxaca. La Asamblea aprueba en votación económica los puntos de acuerdo respectivos.
La Presidenta informa que a las puertas del Salón de Sesiones, se encuentran los ciudadanos Lizbeth Evelia Medina Rodríguez y Ángel Artemio Meixueiro González, electos como diputados suplentes en la tercera circunscripción plurinominal y en el noveno distrito electoral federal del Estado de Oaxaca, respectivamente y acompañados de una comisión designada, rinden protesta y entran en funciones de inmediato.
Comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, por las que remite:
Acuerdo por el que se prorroga la duración de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México. En votación económica se aprueba.
Acuerdo de comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal, para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, administración dos mil-dos mil seis. De enterado.
La Presidenta informa de la visita de integrantes de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano, a quienes les da la más cordial bienvenida, y concede la palabra al senador Jorge Pizarro, Secretario General del mismo, para dirigir un saludo a la Asamblea.
Análisis del Primer Informe de Gobierno. Política Económica.
La Presidenta informa que en el Salón de Protocolo se encuentra el Secretario de Energía, arquitecto Ernesto Martens Rebolledo y designa una comisión para introducirlo y acompañarlo al lugar que le ha sido asignado.
De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la Asamblea y que norma las comparecencias para el análisis del Primer Informe de Gobierno, se concede la palabra al Secretario de Energía, quien informa sobre la situación del ramo de su competencia.
La Presidencia agradece a los distinguidos integrantes del Parlamento Latinoamericano su visita y les solicita transmitir a los pueblos hermanos de América Latina y el Caribe, la solidaridad y el aprecio del pueblo de México.
Fijan la postura de sus respectivos partidos políticos, los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; y José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
Antes de la intervención del diputado Calderón Cardoso, a las once horas con veintiún minutos, la Secretaría informa del registro de cuatrocientos treinta y nueve diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
Fijan la posición general de sus grupos parlamentarios, los diputados: Víctor Antonio García Dávila, del Partido del Trabajo; y Saca Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México.
Desde su curul, el diputado David Augusto Sotelo Rosas solicita verificar el quórum, y la Presidenta informa que se harán los avisos correspondientes y de ser necesario se atenderá la moción posteriormente. También desde su coral, el diputado Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta hace observaciones sobre el procedimiento de verificación de quórum, y la Presidenta hace las aclaraciones respectivas.
Continúan la fijación de posturas de sus respectivos grupos parlamentarios, los diputados: María del Rosario Tapia Medina, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Camilo Mouriño Terrazo, del Partido Acción Nacional y Marco Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional.
Para hacer sus comentarios, se concede el uso de la palabra al Secretario de Energía, arquitecto Ernesto Martens Rebolledo.
En el primer turno de preguntas, con derecho de réplica, hacen uso de la palabra los diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo;
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional y Rafael López Hernández, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Secretario de Energía responde a sus preguntas.
Ejercen en su momento el derecho de réplica, los diputados: Cota Montaño; Figueroa Canedo; Garibay García; Mauricio Enrique Candiani Galaz, en lugar del diputado González Reza; y Raúl Efrén Sicilia Salgado, en lugar del diputado López Hernández.
Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul
En el segundo turno de preguntas, con derecho de réplica, hacen uso de la palabra los diputados: Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo; Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Acción Nacional y Roque Joaquín Gracia Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional. En su oportunidad, el Secretario de Energía responde a sus preguntas.
Ejercen el derecho de réplica, en su momento, los diputados: María Cristina Moctezuma Lule, en lugar de la diputada Figueroa Canedo; Hernández Raigosa; Noé Navarrete González, en lugar del diputado Castañeda Pomposo y Narciso Alberto Amador Leal, en lugar del diputado Gracia Sánchez.
El Secretario de Energía, arquitecto Ernesto Martens Rebolledo, dirige unas palabras finales a la Asamblea.
La Presidenta dirige un mensaje para agradecer la comparecencia del Secretario de Energía; solicita a la comisión designada acompañarlo al retirarse del Salón de Sesiones y de conformidad con lo establecido en el artículo siete, numeral cinco, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que la versión estenográfica de esta sesión se remita al Presidente de la República, para su conocimiento.
Para presentar excitativas, suben a la tribuna los diputados:
Magdalena del Socorro Núñez Monreal, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de equidad y género. La Presidenta hace la excitativa correspondiente.
Manuel Duarte Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, respecto a una iniciativa de reformas al artículo veinticinco de la Ley General de Educación, presentada el catorce de septiembre de dos mil. La Secretaría da lectura al artículo veintiuno, fracción decimosexta, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta emplaza a las comisiones referidas, a que emitan el dictamen respectivo a más tardar el día cuatro de octubre de dos mil uno.
Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados se dirija al Secretario de Gobernación, a fin de que las dependencias del Ejecutivo cumplan con las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, en relación con el uso del Escudo Nacional en toda la papelería, impresos y demás material gráfico utilizado por las dependencias del Ejecutivo Federal, presentada el catorce de septiembre de dos mil. La Presidenta hace la excitativa correspondiente.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo, los diputados:
Francisco Ramírez Cabrera, del Partido Acción Nacional, para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, a que realicen las gestiones necesarias a fin de que se dé cumplimiento a lo pactado por el gobierno federal, Ferrocarriles Nacionales de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social, para los trabajadores ferrocarrileros. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social y por lo que respecta al inciso tercero, se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Elías Martínez Rufino, del Partido de la Revolución Democrática, para exhortar al Presidente de la República, a fin de que expropie el terreno en el que se ubica el ex hotel "Casino de la Selva" y sea declarado monumento artístico, histórico y arqueológico, y pase a formar parte del patrimonio nacional.
Se refiere al mismo tema, la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
Se turna a la Comisión de Cultura.
Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, para que el gobierno mexicano, por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, haga un extrañamiento al gobierno de los Estados Unidos de América por la recepción al Presidente Vicente Fox Quesada.
Habla sobre el mismo tema, la diputada Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional.
Rectifica hechos el diputado Héctor Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática.
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
La Presidenta solicita al diputado Sánchez López, permita a los legisladores que con acuerdo de esta soberanía participaron en la gira del Presidente Vicente Fox, revisar el texto propuesto, y en el caso de que se pueda comprobar que los legisladores no participaron en el evento al que se hace referencia, se retire del texto la alusión a los mismos.
César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional, para que la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, pida a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, dar cumplimiento a una resolución de la Segunda Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Se toma a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Edilberto Jesús Buenfil Montalvo, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática del arroz.
Para el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Arano Montero, del Partido Acción Nacional.
Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal
Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Sube a la tribuna, para rectificar hechos, el diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Sergio Acosta Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, en relación con la posición del gobierno mexicano ante los atentados en la ciudad de Nueva York y es interrumpido por el diputado Raúl Gracia Guzmán, quien solicita una moción de orden. Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento cinco del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Desde su coral, el diputado Martí Batres Guadarrama hace comentarios al respecto y el diputado Gracia Guzmán reitera su petición. La Presidenta hace las aclaraciones respectivas y no considera procedente la moción.
Para referirse al mismo asunto, se concede la palabra al diputado Eduardo Amal Palomera, del Partido Acción Nacional.
Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Martha Ofelia Meza Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, sobre la problemática pesquera en el Estado de Sinaloa, y quien solicita trámite de urgente resolución.
Para hablar sobre el mismo tema, sube a la tribuna el diputado Francisco Salvador López Brito, del Partido Acción Nacional, quien presenta una proposición con punto de acuerdo complementaria y solicita trámite de urgente resolución.
En votación económica, la Asamblea considera la proposición con punto de acuerdo conjunto de urgente resolución.
La Secretaría da lectura al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Presidenta concede el uso de la palabra, para rectificar hechos, a los diputados: Petra Santos Ortiz, del Partido de la Revolución Democrática; y José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional.
La Secretaría da lectura al punto de acuerdo conjunto a discusión y la Presidencia concede el uso de la palabra a la diputada Martha Ofelia Meza Escalante, del Partido Revolucionario Institucional, quien precisa una modificación en el resolutivo tercero.
La Asamblea considera suficientemente discutido el asunto, en votación económica; y de la misma manera aprueba el punto de acuerdo conjunto.
Agotado el tiempo programado para esta sesión, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión.
La Presidenta convoca a los diputados a la comparecencia del Secretario de Salud del viernes veintiuno de septiembre de dos mil uno, a las diez horas Salón Verde, ante las comisiones unidas de Salud, Seguridad Social y Desarrollo Social; designa para asistir a ella en representación de la Mesa Directiva, a la diputada María Elena Álvarez Bernal y a las comparecencias ante comisiones del Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y del Director General de Petróleos Mexicanos, del lunes veinticuatro de septiembre de dos mil uno, a las diez y diecisiete horas, respectivamente, en el salón Legisladores de la República, y designa a los diputados Martha Silvia Sánchez González y Eloy Cantú Segovia, respectivamente, para asistir a ellas en representación de la Mesa Directiva.
La Presidencia clausura la sesión a las diecisiete horas con veintiocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veinticinco de septiembre de dos mil uno, a las diez horas.
Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Aprobada, señora Presidenta.
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LA C. PRESIDENTA: El siguiente punto se refiere a comunicaciones. Se ruega a la Secretaría dar lectura a una invitación recibida.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:
LECTURA INVITACION DEL INSTITUTO DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MEXICO, INSERTESE
Diputada Beatriz Paredes Rangel presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXX aniversario de la consumación de la Independencia Nacional, que se llevara a cabo en la Columna de la Independencia, ubicada en Paseo de la Reforma y Río Tiber, delegación Cuauhtémoc, el día 27 de septiembre, a las 10:00 horas.
Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente
México, D. ., a 25 de septiembre de 2001.— El director general, doctor Enrique Semo.
LA C. PRESIDENTA: Para asistir en representación de esta Honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados:
Víctor Manuel Gandarilla Carrasco,
Jorge Alberto Lara Rivera y
María de los Ángeles Sánchez Lira.
La ceremonia tendrá lugar el jueves 27 de septiembre en la Columna de la Independencia, a las 10:00 horas.
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Continúe la Secretaría.
EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA A COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA A LA PLANTA LAGUNA VERDE, INSERTESE
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura
Diputados: Beatriz Paredes Rangel presidenta de la mesa directiva Cámara de Diputados .—Presente.
Con fundamento en el artículo 34, párrafo primer, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por este conducto, envío el original del "acuerdo por el que se determina la integración de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, en Veracruz", a efecto de darle el trámite correspondiente.
Sin más por el momento, quedo de usted.
Atentamente
Palacio Legislativo de San Lázaro, México D. F., a 24 de septiembre de 2001.— Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente.
ACUERDO
Por el que se determina la integración de la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, párrafo primero, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones:
I. Que por acuerdo aprobado en el pleno de esta Cámara de Diputados el 17 de septiembre de 2001, se creó la Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de la Laguna Verde en Veracruz.
II. Que en el punto tercero del acuerdo de creación de dicha Comisión, se determina que ésta se integrará por veinte diputados, en la siguiente proporción: ocho del Partido Revolucionario Institucional, ocho del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo.
Expuestas las consideraciones anteriores, se adopta el siguiente:
ACUERDO
Primero. La Comisión de Investigación de la Planta Nucleoeléctrica de la Laguna Verde en Veracruz, se integrará de la siguiente forma:
Diputados: Juan Nicolás Callejas Arroyo (GPPRI); Andrés Carballo Bustamante (GPPRI); Marco Antonio Dávila Montesinos (GPPRI); Víctor Emanuel Díaz Palacios (GPPRI); Elías Dip Rame (GPPRI); Eduardo Abraham Leines Barrera (GPPRI); Gustavo Lugo Espinoza (GPPRI); Enrique Martínez Orta Flores (GPPRI); Héctor González Reza (GPPAN); Orlando García Flores (GPPAN); Francisco Ramírez Avila (GPPAN); Javier Julián Castañeda Pomposo (GPPAN); Miguel Gutiérrez Machado (GPPAN); Francisco Arano Montero (GPPAN); Rómulo Garza Martínez (GPPAN); Rafael Ramírez Agama (GPPAN); Rosario Tapia Medina (GPPRD); Francisco Patiño Cardona (GPPRD); Sara Guadalupe Figueroa Canedo (GPPVEM); Rosalía Peredo Aguilar (GPPT).
Segundo. Comuníquese a la mesa directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 24 de septiembre de 2001.— Diputados: Felipe De Jesús Calderón Hinojosa, Presidente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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Continúe la Secretaría.
EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA COMUNICACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO, INSERTESE
Escudo.— LVI Legislatura.— Guerrero.— H. Congreso del Estado.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.
El pleno de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de fecha 29 de agosto del año en curso, tuvo a bien aprobar el acuerdo parlamentario donde solicita al Gobierno de la República revisar el marco jurídico federal en materia hacendaria, con el objeto de realizar modificaciones legales necesarias para otorgar a las entidades federativas y a los municipios mayores atribuciones tributarias. Lo que se hace del conocimiento de esa presidencia para los efectos legales procedentes.
Sin otro particular, reciban mi consideración distinguida.
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, septiembre 4 de 2001.— El Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso del Estado, diputado Ernesto Vélez Memije.
La LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, y
CONSIDERANDO
Primero. Que la inestabilidad observada en los mercados internacionales repercute en nuestra economía nacional, trayendo aparejadas severas restricciones de recursos externos para la totalidad de las economías emergentes, entre las que se encuentra inmersa la de nuestro país.
Segundo. Que los factores de riesgo, tanto de incertidumbre como de inestabilidad, derivados del comportamiento de la economía internacional han ocasionado que el Gobierno de la República recurra a realizar ajustes a la política económica.
Tercero. Que entre los ajustes económicos aplicados por el Ejecutivo Federal se encuentran las modificaciones presupuestales que han afectado en forma considerable, lo cual trae como consecuencia, la imposibilidad de los gobiernos para dar respuesta y solución a las demandas ciudadanas más sentidas, sobre todo de los grupos sociales más vulnerables.
Cuarto. Que ante la incertidumbre señalada, el Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero ha realizado ajustes a los techos presupuestales relativos a las áreas administrativas y de apoyo, a fin de estar en condiciones de alcanzar las metas proyectadas tanto en el programa operativo anual, como en el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2005.
Quinto. Que los gobernadores de las entidades federativas, preocupados por la situación financiera que actualmente se vive en el país, con fecha 11 de agosto del año en curso, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, llevaron a cabo una reunión urgente, en la que emitieron un documento denominado "Declaración de Mazatlán", en el que se tomaron por consenso, entre otros, los siguientes acuerdos: proponer al Poder Legislativo Federal realice reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de fortalecer el federalismo hacendario, mediante el otorgamiento de mayores facultades tributarias a los estados y municipios.
Sexto. Que previo análisis exhaustivo del paquete de
iniciativas de reforma fiscal, remitidas por el titular del Poder Ejecutivo Federal, al honorable Congreso de la Unión, con fecha 16 de agosto del año en curso, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su presidenta, presentó una propuesta de reforma fiscal alternativa, que contempla aspectos fundamentales tendientes a otorgar mayores atribuciones en materia de recaudación a las entidades federativas y municipios, de tal manera que les permitan fortalecer sus haciendas públicas, para contar con solidez económica y hacer frente a las demandas de la ciudadanía, como son, entre otras, las siguientes:
1. Crear un ombudsman para los contribuyentes.
2. Hacer eficaz la fiscalización del ejercicio presupuestario por parte del Congreso.
3. Expedir una nueva Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública.
4. Distribuir equitativamente el porcentaje del IVA y otorgar facultades a los estados para que cobren impuestos complementarios o adicionales.
5. Garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.
6. Fortalecer los ingresos públicos con equidad.
7. Consolidar el Sistema de Administración Tributaria y combatir la evasión fiscal.
8. No gravar alimentos, medicinas y libros con IVA.
9. No bajar las tasas ni crear nuevas exenciones.
10. No gravar las prestaciones sociales de los trabajadores, y
11. Ampliar la base gravable del ISR.
Séptimo. Que una medida inmediata que debe ponderarse al Gobierno de la República es impulsar la modernización de la hacienda pública federal, estatal y municipal, que tenga como primer objetivo la transferencia de potestades, atribuciones y responsabilidades en las entidades federativas en materia de ingresos, deuda y gasto público, a fin de estar en mejores condiciones de atender las demandas de los mexicanos, pero sobre todo de los más desprotegidos, a efecto de consolidar el federalismo hacendarlo, para ser menos dependientes de la Federación.
Octavo. Que desde esta óptica y en apoyo a los pronunciamientos citados y a las razones expuestas, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, por conducto de su diputación permanente, con pleno respecto a nuestro Estado de derecho y a la división de poderes, acuerda solicitar al Gobierno de la República, el establecimiento de mecanismos legales que incidan en el desarrollo sostenido de la inversión social, traducida en empleos, salud, educación y la lucha contra la pobreza, entre otros, que redunden en beneficio directo de la población más desprotegida de nuestra entidad.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local; 8o., fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente:
Acuerdo Parlamentario
Unico. La Comisión Permanente de la LVI Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, con pleno respeto a la división de poderes y a los ámbitos de competencia, acuerda solicitar al Gobierno de la República, revisar el marco jurídico federal en materia hacendarla, con el objeto de realizar las modificaciones legales necesarias para otorgar a las entidades federativas y a los municipios mayores atribuciones tributarias, como son, entre otras:
1. Distribuir equitativamente el porcentaje del IVA y otorgar facultades a los estados para que cobren impuestos complementarios o adicionales.
2. Devolver en su totalidad, el Impuesto al Valor Agregado, pagado por los estados y municipios.
3. Incorporar a la recaudación federal participable, los derechos extraordinarios sobre la extracción del petróleo.
4. Mantener las tasas actuales aplicables en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), a personas morales y físicas, ampliando la base gravable.
5. Transferir el régimen de pequeños contribuyentes como potestad de las entidades federativas.
6. Transferir a la entidades federativas el impuesto sobre la enajenación de inmuebles de personas físicas, correspondiendo a las legislaturas locales la determinación del monto a participar a los municipios.
7. Mantener el tratamiento preferencial a contribuyentes con actividad agrícola, ganadera, pesquera y silvícola con ingresos anuales hasta de 4 millones de pesos.
8. Incrementar del 80% al 100% los incentivos fiscales otorgados a las entidades federativas por recaudación de impuestos federales.
9. Garantizar la viabilidad del sistema de pensiones.
10. No gravar alimentos, medicinas y libros con IVA.
11. No bajar las tasas ni crear nuevas exenciones, y
12. No gravar la prestaciones sociales de los trabajadores.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente acuerdo surtirá efectos a partir de la fecha de su expedición.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a los honorables congresos de las entidades federativas para su conocimiento y, en su caso, se pronuncien en los mismos términos.
Tercero. Remítase a las Cámaras de Diputados y Senadores del honorable Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo Federal y al secretario de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento y efectos legales procedentes.
Cuarto, Publíquese el presente acuerdo en el Periódico Oficial del gobierno del Estado, para el conocimiento general.
Salón de sesiones del Poder Legislativo, a 29 de agosto de 2001.— Diputados: Ernesto Velez Memije, presidente; Roberto Alvarez Heredia, Sebastián de la Rosa Peláez, secretarios.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA A OFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL RELATIVO A LA INTEGRACION DE LA MESA DIRECTIVA, INSERTESE
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal. — II Legislatura
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva De la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente
Por este conducto, me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el Primer Periodo de sesiones ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 17 al 30 de septiembre del 2001 quedó integrada por los siguientes diputados: Patricia Garduño Morales, Presidenta; Miguel González Compean; Emilio Serrano Jiménez; Santiago León Aveleyra y Enoe Margarita Uranga Muñoz, vicepresidentes; Ernesto Herrera Tovar y Rafael Luna Alviso, secretarios; Raúl Antonio Nava Vega y Adolfo López Villanueva, prosecretarios.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Atentamente
Recinto Legislativo a 14 de septiembre de 2001.— Por la Mesa Directiva, Juan José Castillo Mota
Presidente.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura»
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA OFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL RELATIVO AL INICIO DEL PERIO DE SESIONES, INSERTESE
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa— II Legislatura
Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente
Por este conducto, me permito comunicar a usted que la mesa directiva que coordinará los trabajos durante el primer periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 17 al 30 de septiembre del 2001 quedó integrada por los siguientes diputados:
Recinto Legislativo, a 17 de septiembre del 2001.— Diputada Patricia Garduño Morales, presidenta.
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA OFICIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL RELATIVO A LA DIPUTADA MARIA DE LOS ANGELES MORENO, INSERTESE
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.
Diputada Beatriz Paredes Rangel presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por este conducto y de conformidad con los numerales 41 y 42, párrafo segundo, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como del acuerdo suscrito por todos los miembros de la Comisión de Gobierno de fecha 17 de septiembre del año 2000, informo a usted que la diputada María de los Ángeles Moreno Uriegas, asumió la Presidencia de la Comisión de Gobierno de esta soberanía, para el periodo comprendido del 17 de septiembre de 2001 al 17 de septiembre de 2002.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.
Recinto legislativo, a 17 de septiembre de 2001.—Por la mesa directiva, diputada Patricia Garduño Morales, presidenta.
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
LECTURA OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA, RELATIVO A ADICIONES A LOS ARTICULOS 3, 43 Y 45…INSERTESE.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, D. F.
La LVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
"Unico. Se aprueba remitir al honorable Congreso de la Unión en carácter de propuesta de iniciativa de adiciones a los artículos 3º., párrafo primero; 43, párrafo primero, y 45, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos siguientes:
Ciudadanos secretarios diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Oaxaca, en sesión plenaria de fecha 12 de septiembre del año 2001 acordó someter a la consideración de esa soberanía, la presente propuesta de iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 3º., párrafo primero; 43, párrafo primero, y 45, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la siguiente:
Exposición de Motivos
La historia política de la República Mexicana que a través de sus constituciones reseña los grandes intentos y esfuerzos para establecer la integración armónica de la vida nacional, es también la gran maestra que guía y encausa la senda de sus transformaciones.
Nuestra historia política es, innegablemente, con todo su caudal axiológico, la base fundamental del Estado mexicano, pues en ella encontramos la razón de ser un pueblo liberal en constante y permanente búsqueda de los mejores niveles de vida y de cultura.
La historia política de México, es pues, la historia de las asambleas constituyentes y de los instrumentos constitucionales; el Congreso de Anáhuac instalado en Chilpancingo en 1813, con el acta solemne de la declaración de la Independencia de América Septentrional y el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814; las bases constitucionales aceptadas por el Segundo Congreso Mexicano en febrero de 1822; El Plan de la Constitución Política de la nación mexicana de 1823; de la Junta Nacional Instituyente; el acta constitutiva de la Federación de 31 de enero de 1824 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del Congreso General Constituyente de 4 de octubre de 1824; el Congreso Constituyente y las bases constitucionales de 15 de diciembre de 1835; las siete leyes constitucionales de 29 de diciembre de 1836; el Congreso Ordinario erigido en Constituyente en 1839 y la reforma constitucional de 9 de noviembre del mismo año; el Congreso Constituyente de 1842; las bases orgánicas de la República Mexicana acordadas por la honorable Junta Legislativa en 12 de junio de 1843; el Congreso Constituyente Extraordinario del mes de junio de 1846 y el acta constitutiva y de reformas de 18 de mayo de 1847 y el Congreso Constituyente de 1856 y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857, son fuente de la inagotable riqueza jurídica y política de México; durante el periodo comprendido entre los movimientos de emancipación capitaneados por Hidalgo y Rayón, que enmarcaron el paso de la Independencia al Régimen Central (1821-1835), del Régimen Unitario (1835-1846); de la Restauración del Federalismo a la Revolución de Ayutla (1846-1854); hasta el triunfo de la República consolidado en 1867 por el presidente Benito Juárez.
Posteriormente, entre la etapa de la dictadura y la Revolución Mexicana que inicio en 1910, surgen los programas y los planes; los ideólogos mexicanos se proyectan con el programa del Partido Liberal Mexicano "Reforma, Libertad y Justicia" con Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, Librado Rivera, Manuel Sarabia y Rosalío Bustamante; el plan de San Luis Potosí de Francisco I. Madero; el Plan de Ayala y el Plan de Guadalupe; cuyos efectos cristalizan primero, con el mensaje del primer jefe del Ejército constitucionalista, don Venustiano Carranza, ante el Constituyente de Querétaro el 1º. de diciembre de 1916 y después, con su proyecto de Constitución presentado en la misma fecha.
Las exigencias derrocadoras de los usurpadores por una parte y los reclamos de institucionalizar los lineamientos agrarios, garantías obreras, reivindicaciones y fraccionamientos de latifundios, así como la absolución de deudas y abolición de tiendas de raya, por otra, además del suspenso de la vigencia de la Constitución de 1857, condujeron a Carranza a emitir el decreto de 14 de septiembre de 1916, en el cual convocó a elecciones para un Congreso Constituyente, integrado por representantes de la entidades federativas en proporción al número de habitantes; este Congreso Constituyente se instaló en la Ciudad de Querétaro iniciando las juntas preparatorias el 21 de noviembre de 1916, para ocuparse de manera exclusiva del proyecto de Constitución que le presentaría el propio primer jefe, mismo que fue elaborado por: José Natividad Macías, Luis Manuel Rojas, Félix R Palavicini y Alfonso Cravioto entre otros y que discutieron y enriquecieron determinantemente: Pastor Rouaix, Francisco J. Múgica, Esteban Baca Calderón, Heriberto Jara, Rafael Martínez de Escobar, Hilarlo Medina, Paulino Machorro Narváez, Enrique R. Colunga, Fernando Lizardi, José M. Truchuelo, Arturo Méndez y Agustín Garza González, como diputados constituyentes, el 30 de enero de 1917, por unanimidad de 150 votos fue aprobado el dictamen y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el 10 de mayo del mismo año.
Con estos antecedentes -que no pretenden agotar en sus extremos la historia política de México-, nos percatamos con certeza indubitable, que en los congresos y asambleas constituyentes que han dado a través de nuestras constituciones las garantías y la protección necesarias a los anhelos transformadores del pueblo y gobierno mexicanos, con las muestras evidentes de sus tiempos y de sus espacios en el devenir jurídico-político del Estado mexicano, han participado de manera activa las entidades federativas; si bien hasta ahora, en el modelo de constituyente originario, por mandato expresamente contenido en el texto constitucional, pero no por ello, restándoles la importancia y la trascendencia que necesariamente tienen para el desarrollo y en la evolución de la estructura constitucional de México.
En efecto, si los principios y los valores del federalismo, son rectores de los cambios y de las transformaciones de la vida nacional, debe incluirse en mérito de esos principios y de esos valores, la participación real, verdadera, plena y sin restricciones de las entidades federativas, no solamente en tratándose de convocar a la conformación de un Congreso Constituyente en el modelo doctrinal originario, sino que, debe dárseles participación también en el constituyente permanente ordinario; por ello, ya hemos elevado ante esa soberanía, nuestra iniciativa de reforma integral al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuya exposición de motivos expresamos:
La participación activa y oportuna de las legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando se trata de iniciativas que por su importancia y trascendencia incidan el pacto federal, no se puede dejar de convocar, con efectos plenos, precisamente, para expresar con toda libertad, lo que los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideren procedente; sin perjuicio de que las opiniones que se viertan deban únicamente constreñirse en los casos de reformas o adiciones en sentido estricto; sino que también deben ser convocadas las legislaturas estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se trate de derogaciones o en su caso de abrogaciones en materia constitucional. Es oportuno y procedente apuntar aquí, que en los antecedentes histórico jurídicos del actual artículo 135 de nuestra ley fundamental, no está prevista ni incluida la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual es razonable atento a que, al promulgarse la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 se excluyó al Distrito Federal para dar lugar al estado de México, aún cuando la elección de este último, sólo tendría efecto, cuando los supremos poderes federales se trasladaren a otro lugar; en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Distrito Federal se incluye en el original artículo 44; pero lo trascendente al respecto, resulta de la reforma constitucional al artículo 122 de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996, en la cual, se establecen expresamente como órganos locales de Gobierno para el Distrito Federal: la Asamblea Legislativa, el jefe del gobierno del Distrito Federal, así como el Tribunal Superior de Justicia; en este contexto, si hasta la reforma constitucional de 1966 al artículo 135, no existía jurídica y políticamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora, en esta reforma integral, debe incluírsele por razón natural de su existencia como órgano local de Gobierno para el propio Distrito Federal.
Por ahora, a pesar de la vigencia formal del pacto federal en materia de cambios y transformaciones a la Constitución General de la República, no se da en la realidad política jurídica, en toda su amplitud, la intervención que corresponde a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues constituye un hecho notorio innegable que la participación de los congresos locales se ha constreñido únicamente para los efectos de aprobación o no aprobación de las reformas del Constituyente Permanente, con menoscabo de las facultades constitucionales explícitas e implícitas de las legislaturas locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con perjuicio de la plena vigencia del pacto federal.
Siendo pues, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal parte importante en la vida constitucional de México, debe, necesariamente, dárseles y garantizárseles, la participación total, sin restricciones, en el proceso legislativo constitucional y con ello, fortalecer con plenitud el federalismo mexicano con el mandato constitucional que expreso abarque el irrestricto respeto a las facultades que tienen de: participar, expresar, opinar y en su caso, rechazar las iniciativas que ingresen al Congreso de la Unión, que incidan en el pacto federal y que reporten cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta forma, las modificaciones que se adopten en el Congreso, llevarán ya de antemano el sentido de la votación de los Congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convirtiéndose la aprobación en mero formulismo.
Por todo lo antes expuesto, necesario es pues, imprimir una modalidad a nuestra Carta Magna, mediante una reforma integral al citado artículo 135. La reforma que se propone al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da en cinco grandes vertientes trascendentales que fortalecen de una manera irrestricta el pacto federal y la vocación representativa y popular de la nación mexicana; en suma, abren el cauce de la República a los nuevos tiempos; así, la primera vertiente permitirá ya no solamente las adiciones o las reformas a nuestra ley fundamental, sino que también, acorde con la realidad actuante que vivimos en México, instituye la posibilidad fáctica de que, sea el Constituyente permanente ordinario, el órgano del Estado con la capacidad y la competencia necesarias y suficientes para abrogarla y sustituirla por una nueva Constitución; la segunda vertiente mandata de manera expresa y concreta que las reformas o adiciones constitucionales o en su caso la abrogación y sustitución de nuestra Carta Magna, sean acordadas por el Congreso de la Unión, mediante el voto de las dos terceras partes del pleno de ambas cámaras; la tercera, establece una formalidad esencial del procedimiento constitucional, consistente en que, las adiciones, reformas o abrogación de que se trate, sean debidamente aprobadas también, por el voto de las dos terceras partes del mayor número de congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se supera cabalmente la utilización de la voz "mayoría" para no confundirla con la mayoría parlamentaria y se define de manera exacta con la expresión "del mayor número de congresos locales, el auténtico y prístino sentido de la disposición, que abatirá radicalmente la ambigüedad hermenéutica; la cuarta vertiente reformadora, llenará un vacío en el texto constitucional y colmará un reclamo impostergable de los signatarios del pacto federal, con la intervención activa de todos los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proceso legislativo constitucional federal, en la forma y términos que se deberán establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su incorporación a los trabajos de Comisión; por último, la quinta vertiente reformadora es determinante, en el sentido de que, corresponderá al Congreso de la Unión ó en sus recesos a la Comisión Permanente, en un primer tiempo, la acción de verificar debidamente el proceso de votación y después, efectuar de manera escrupulosa el cómputo de los votos de la totalidad de los congresos de los estados y los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todo esto, permitirá que, antes de efectuar la declaración de aprobación o de no aprobación que en su caso corresponda, el propio Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, tendrán verificada con absoluta certeza, la participación en los trabajos de Comisión por una parte y la votación por otra, de todos y cada uno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Por todo ello, las cinco vertientes de la reforma integral propuesta al artículo 135 de nuestra ley fundamental desembocan en la adición consecuencia y complementaria a los artículos 3º., párrafo primero; 43 párrafo primero y 45, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de la siguiente manera:
El artículo 3º., párrafo primero, estatuye que el Congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta Ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las cámaras expidan en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales; en este contexto, es lógico y jurídico que, si en la Constitución General de la República por la propuesta de reforma integral al artículo 135, se conceda a los congresos estatales "la intervención que les conceda la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los trabajos de Comisión", se adicione el precepto referido de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados unidos Mexicanos con el siguiente texto: "cuando la Cámara de Diputados actué en funciones de Constituyente Permanente, su Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, se integrará en la forma que prevé el artículo 43, párrafo primero, parte foral, de esta Ley."
Consecuentemente, el artículo 43, párrafo primero, parte final, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberá adicionarse en el sentido siguiente: segunda Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, además de los 30 miembros de la Cámara que la integren, cuando actúe en funciones de Constituyente Permanente, se integrará con un diputado de cada uno de los congresos estatales y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los diputados federales, integrantes de esta Comisión. Los congresos estatales y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal acreditarán a su representante dentro de los 30 días siguientes de instalada la Legislatura Federal".
Por último, el artículo 45, párrafo primero, de la citada Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deberá adicionarse con la siguiente disposición: "cuando la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal proceda al análisis, discusión y dictamen de una iniciativa de adiciones o reformas a nuestra Constitución General, lo comunicará inmediatamente a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal enviándoles un ejemplar de la iniciativa de que se trate y señalándoles la fecha exacta de la primera sesión de Comisión para que se incorporen sus representantes a los trabajos legislativos".
Para lograr lo anterior proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
El Congreso de la Unión declara adicionados los artículos 3º., párrafo primero; 43, párrafo primero, y 45, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se adicionan los artículos 3º., párrafo primero; 43, párrafo primero, y 45, párrafo primero, de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 3º.
1. El Congreso y las cámaras que lo componen tendrán la organización y funcionamiento que establecen la Constitución General de la República, esta ley, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los ordenamientos internos que cada una de las cámaras expidan en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Cuando la Cámara de Diputados actúe en funciones de Constituyente Permanente, su Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, se integrará en la forma que prevé el artículo 43, párrafo primero, parte final de esta ley.
Artículo 43.
1. Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura, tendrán hasta 30 miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Ningún diputado pertenecerá a más de dos de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y a las de investigación. La Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal, además de los 30 miembros de la Cámara que la integren, cuando actúe en funciones de Constituyente Permanente, se integrará con un diputado de cada uno de los congresos estatales y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los diputados federales integrantes de esta Comisión. Los congresos estatales y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal acreditarán a su representante dentro de los 30 días siguientes de instalada la Legislatura federal.
Artículo 45.
1. Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Cuando la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal proceda al análisis, discusión y dictamen de una iniciativa de adiciones o reformas a nuestra Constitución General, lo comunicará inmediatamente a los Congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, enviándoles un ejemplar de la iniciativa de que se trate y señalándoles la fecha exacta de la primera sesión de Comisión para que se incorporen sus representantes a los trabajos legislativos.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.- Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de septiembre del año 2001.- Diputados: Baruc Efraín Alavez Mendoza, presidente; Humberto Altamirano Cruz, secretario; Alfredo E. Ramos Villalobos, secretario. "
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Diputado Humberto Altamirano Cruz, Alfredo E. Ramos Villalobos, secretarios.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias
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EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA OFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE OAXACA RELATIVO A INICIATIVA DE REFORMA AL ARTICULO 135…, INSERTESE
Ciudadanos diputados secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— México, DF
La LVII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión ordinaria celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente
ACUERDO
Unico. Se aprueba remitir al honorable Congreso de la Unión en carácter de iniciativa con proyecto de decreto de la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la propuesta firmada por diputados integrantes de la misma, por la que proponen la reforma al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los términos siguientes:
Ciudadanos secretarios diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes
La LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado de Oaxaca, con las atribuciones que nos otorgan el artículo 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 68 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Oaxaca y 74 de su Reglamento Interior, sometemos a la consideración del pleno legislativo, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOSD
Los antecedentes constitucionales e históricos del artículo 135 de nuestra Constitución Federal, se localizan desde el año de 1811, en los elementos constitucionales elaborados por Ignacio López Rayón, hasta el año de 1906 en el Programa del Partido Liberal Mexicano.
Así, el criterio reformador de la Constitución, se ha expresado en los textos de la Constitución Política de la Monarquía Española promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, artículos del 375 al 384; en el decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, artículo 237; en el artículo 35 del acta constitutiva de la Federación Mexicana, de 31 de enero de 1824; en los artículos del 166 al 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824; en los artículos 12 fracción X de la segunda; 26 fracciones I y IlI, 28, 29 y 38 de la tercera; 17 fracción II, de la cuarta y 10 al 30 de la séptima, de las leyes constitucionales de la República Mexicana, suscritas en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1836; en la parte resolutiva del dictamen del supremo poder conservador emitido en la ciudad de México el 9 de noviembre de 1839; artículos del 161 al 163 del proyecto de reformas a las leyes constitucionales de 1836 fechado en la ciudad de México el 30 de junio de 1840; artículos de 179 al 182 del primer proyecto de la Constitución Política de la República Mexicana fechado en México el 25 de agosto de 1842; artículo 83 del voto Particular de la Minoría de la Comisión Constituyente, el 26 de agosto de 1842; artículos del 152 al 155 del segundo proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la ciudad de México el 2 de noviembre de 1842; artículo 202 de las bases orgánicas de la República Mexicana, acordados por la honorable Junta Legislativa establecida conforme a los decretos de 19 y 23 de diciembre de 1842, sancionados por el supremo Gobierno Provisional con arreglo a los mismos decretos el día 12 de Junio de 1843 y publicadas por Bando Nacional el día 14 del mismo mes y año; voto particular de Mariano Otero al acta constitutiva y de Reformas de 1847, fechado en la ciudad de México el 5 de abril del mismo año; artículos 27 y 28 del acta constitutiva y de reformas, sancionada por el Congreso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos el 18 de mayo de 1847; artículo 125 del proyecto de Constitución Política de la República Mexicana, fechado en la Ciudad de México el 16 de Junio de 1856; el artículo 127 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero de 1857; artículo 81 del estatuto provisional del imperio mexicano; dado en el palacio de Chapultepec el 10 de abril de 1865; convocatoria y circular para la elección de los supremos poderes expedidas por el Gobierno de la República en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1867; punto 51 del Programa del Partido Liberal Mexicano, fechado en la ciudad de San Luis Missouri, Estados Unidos de América el 10 de julio de 1906: y en el mensaje y proyecto de Constitución de Venustiano Carranza, fechado en la Ciudad de Querétaro el 10 de diciembre de 1916.
El artículo 135 de nuestra. Constitución Federal, encuentra su inspiración en el artículo 127 de la Ley Fundamental de 1857 y en el artículo 131 del proyecto de Constitución de Venustiano Carranza; el texto del citado artículo 127 fue el siguiente: "la presente Constitución puede ser adicionada ó reformada. Para que las adiciones ó reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que un Congreso por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que estas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. "
La historia constitucional registra que en la sesión del 18 de noviembre de 1856, se presentó el artículo en comento con el siguiente texto: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Más para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere: que un Congreso, por el voto nominal de dos terceras partes de sus miembros presentes, acuerde qué artículos deben reformarse; que este acuerdo se publique en los periódicos de toda la República tres meses antes de la elección del Congreso inmediato; que los electores, al verificarla, manifiesten si están conformes en que se haga la reforma, en cuyo caso lo harán constar en los respectivos poderes de los diputados, que el nuevo Congreso formule las reformas y éstas se someterán al voto del pueblo en la elección inmediata si la mayoría absoluta de los electores votare en favor de las reformas, el Ejecutivo las sancionará como parte de la Constitución" mismo que fue impugnado precisamente por que se argumentó que era muy lento en el medio que se proponía y que en él se confundían la democracia pura y el sistema representativo, por ello, la comisión, solicitó permiso para retirarlo y el Congreso se lo concedió; fue en la sesión del 25 de noviembre de 1856 cuando se presentó un nuevo texto en el cual se establece que la reforma necesita ser votada por dos tercios del Congreso y aceptada por la mayoría de los electores que nombran a los diputados del Congreso siguiente, al que toca decretar el resultado; como se aprecia, más sencillo que el anterior, pero también fue impugnado puesto que se consideró que si bien se hubo simplificado el sistema antes propuesto, no se había salvado la objeción de que se mezclaba el sistema representativo con el de la democracia pura.
Así, en la sesión del 26 de noviembre de 1856, el debate se perfiló en los siguientes términos:
Siguiendo el debate sobre el artículo 125 del proyecto que trata de la reforma de la Constitución, el señor Prieto lo combatió en todas sus partes. Que se exija el voto de los dos tercios del Congreso para iniciar una reforma es establecer el predominio de una minoría tiránica, haciéndola omnipresente para frustrar toda reforma, es consentir en que la minoría sirva de obstáculo a todo progreso. Extraña es esta concesión de parte de los defensores de la democracia que forman la comisión. ¿Por qué la minoría ha de dar la ley al pueblo? ¿Por qué en este punto se han falseado todos los principios democráticos? Porque la comisión se ha creído infalibles, porque es una comisión Pío IX que entiende la democracia a su manera.
Consultar el voto de los electores ofrece gravísimos inconvenientes. Los ciudadanos no sabrán si serán o no nombrados electores: cuando lo sean, ignorando de qué se trata, se encontrarán obligados sin discutir, sin razonar, sin instruirse, a contestar si o no el señor Ocampo, que ciertamente merece el nombre de sabio, ha creído que para dar esta respuesta bastará el sentimiento del bien, pero su señoría convendrá en que para resolver cuestiones constitucionales, se necesitan conocimientos que no han de reunir todos los electores. No es fácil resolver, por ejemplo, con un sí o un no la cuestión del Senado, que si ha parecido importuna en esta asamblea, dividió en Francia los pareceres de hombres eminentes, poniéndose de un lado Lamartine y del otro Odillon Barrot. Los electores, por más que diga el señor Ocampo, no tienen ciencia infusa, ni alguna inspiración extraña que les ilumine. El buen sentido y el talento por sí solos no harán que un hombre pueda preparar una lámina para el daguerrotipo; el buen sentido y el talento no bastarán para que otro, tomando un telescopio, pueda hacer cálculos astronómicos. Pero el señor Ocampo, refiriéndose al teorema del cuadrado de la hipotenusa y de los catetos, ha dicho que basta una sencilla explicación para comprender la verdades científicas. Esto es cierto, pero entonces en cada colegio electoral debe haber un catedrático que dé explicaciones, y este maestro será un rábula, un tinterillo, que, si se tratara del teorema geométrico, enseñaría que la hipotenusa es una figura cuadrada o redonda. " "¿A dónde vamos a parar con estos absurdos que se quieren derivar del sentido del bien?¿A la insurrección contra la razón y el sentido común?".
Iniciada una reforma, habrá electores que la quieran más o menos amplia, más o menos restringida, que la quieran con ciertas restricciones y ¿cómo cabe todo esto en el sí o no, es el único monosílabo que les permite articular la comisión? "Queremos seguir la voluntad del pueblo, se dice, queremos conocerla para que a ella se sujete el legislador; proclaman la libertad de la discusión para la reforma, pero a nuestras preguntas sólo se ha de responder sí o no. Esto es una burla, es una ironía, un plagio de la libertad de imprenta de Beaumarchais. Esta no es la libertad, es el ¡atrás! de un centinela, es el grito de un pedagogo y no hay soberanía con consigna, no hay libertad con mordaza, no hay discusión con gendarmes. Cuando la opinión pública quiera una reforma con ciertas modificaciones, no encontrará ni la fórmula para expresar su pensamiento, porque tiene un candado en la boca que sólo le deja decir sí o no. "
"Si es cierto que la comisión tiene tanta confianza en el buen sentido del pueblo, razón ha habido para reprocharle que no adoptara el sufragio universal. Habría que hacer concesiones a las circunstancias. De esto no hay que escandalizarse, como nadie se admira de que lleve arrugas la casaca de jorobado; pero el reproche es fundado, cuando la comisión que huyó de la elección directa recurre a la democracia pura, y en este punto no hay nada que contestar a las objeciones expedidas en el debate. Es tanto más notable esta inconsecuencia, cuando que la comisión consultaba que no pudiesen votar los que no saben leer y escribir. "
"Decía el señor Zarco que, si el Congreso no tiene autoridad bastante para la reforma y debe someterla al voto del pueblo, no hay motivo para que la Constitución se escape del voto ni para que de él se libren las leyes comunes como las de contribuciones. A esta observación contesta el señor Mata con sueños e ilusiones; quiere que los pueblos sean amantes platónicos, que vean con desdén los intereses materiales, que se dejen esquilmar porque el dinero es una cosa vil, y que piensen sólo en las reformas constitucionales, como si fuera más importante para la nación determinar el número de magistrados de la corte que poner coto a los gastos públicos y arreglar el presupuesto de ingreso. El señor Mata, en su soberano desdén hacia las leyes de impuestos, dice que éstas son cuestiones de más o de menos. Cuestión de más o de menos es la del té de la China; cuestión de más o menos es en las colonias inglesas el papel sellado y el impuesto sobre el algodón y, sin embargo, ella da lugar a la aparición de los Estados Unidos en el mundo, cuestión de más o de menos es que el pueblo coma pan y no obstante de aquí nace la Revolución Francesa del siglo pasado, cuestión de más o de menos es la muerte del jornalero, el malestar del obrero, y con todo esto se ocupa la revolución de 1848, cuestión de más o de menos es que los buques y las mercancías del mundo pasen por ciertos mares, y así la guerra de Oriente, el grande acontecimiento de nuestra época, ha sido una bagatela. Discurrir así es hacer poesía sobre los intereses más positivos del mundo, y no mirar que el siglo tiende al bienestar material, a consumar la emancipación del hombre por medio del trabajo y la libertad.
"Las dificultades creadas por la comisión cesarían, si la reforma votada por un congreso pudiera ser decretada, si la aceptaba el siguiente. Con este procedimiento sencillo no había el riesgo de los extravíos de los colegios electorales, que, o se compondrían todos de sabios o necesitarían bastoneros. Para desconfiar de la actitud de todos los electores, para votar sobre cuestiones constitucionales, basta ver la poca circulación de los periódicos, la escasez de libros que tratan de política, la circunstancia de que a veces no circulan ni las mismas leyes y luego las interpretaciones que en las aldeas le dan el notario, el cura y el juez de paz. En último resultado estos sabios de mala ralea, estos Sócrates cimarrones serían los que vendrían a decidir de las reformas. ¡Triste esperanza para un país que necesita avanzar en la senda del progreso!
"Si los electores quedan reducidos a máquinas de decir sí o no, no es menos triste la condición del segundo Congreso, que solo tiene facultad para contar los votos. Los representantes del pueblo, aunque en ellos se ha delegado la soberanía del pueblo, tienen que guardar silencio en muchas cuestiones porque sus credenciales están truncas, porque hay eclipse en sus poderes, porque tienen en la Cámara una manzana vedada: la cuestión resuelta por los electores. El Congreso no es ya legislador, es la máquina que da la última manipulación química a productos ajenos.
"Si no se quiere seguir el antiguo sistema, sométase la reforma al examen y al voto de las legislaturas, verdaderos representantes de los estados, y así se seguirá el principio federal, y sobre todo se rendirá un homenaje a la razón y al saber, al saber que hoy es blanco del epigrama y del sarcasmo, como si fuera posible renegar de la ciencia y de la sabiduría, como si la humanidad, anhelando sumergirse en las tinieblas de la barbarie, pudiera sublevarse contra el entendimiento, contra la más preciosa facultad que plugo conceder el ser supremo para entregarse ciega al yugo del instinto salvaje y brutal. "
El señor Ocampo juzga desventajoso para sí tener que hablar después de la brillante improvisación del señor Prieto, en que tanto ha mostrado la facilidad de su solución y el vuelo de su fantasía; pero tiene que defender a la comisión de infundadas inculpaciones, y a esto se limita toda su pretensión. Se ha dicho que la comisión se cree infalible, se le ha llamado la comisión Pío IX, cuando no hace más que someter respetuosamente sus ideas a la decisión del Congreso y cuando confiesa que se equivoca a menudo. El orador, que en lo que a su persona atañe lo confiesa francamente, está expuesto a grandes y frecuentes equivocaciones.
Creyó la comisión que era prudente evitar reformas precipitadas y poco calculadas, pensó que la Constitución debía ser más respetada que otras leyes, se figuró que, discutida una cuestión en el Congreso, dilucidada por la prensa, formulada en un proyecto claro y preciso, podía ser comprendida por todos los ciudadanos y en estos conceptos fundó su sistema para las reformas constitucionales. Puede haber errado, pero creyó que después de la discusión por todo el país de un punto dado, ya no tendría nada de abstracto.
El señor Prieto extraña que los electores tengan que decir sí o no y ve en esta concisión una especie de ultraje a la razón humana, sin embargo, no hay otro medio analítico para averiguar si una proposición cualquiera es aceptada por el entendimiento de los hombres, y a este medio recurre el mismo Congreso después del debate sin creer que degrada su razón. No hay otro arbitrio, no hay ni siquiera palabras para expresar una aclamación repentina que tenga algo de inspiración maravillosa.
No hay consigna para la inteligencia ni para la libertad y, si el artículo contiene prevenciones reglamenarias, es sólo para lograr orden y ahorrar tiempo.
Si el método propuesto no parece aceptable la comisión, aprovechándose del debate, está en la mejor disposición para modificar el artículo, hasta hacer que sea tan fácil reformar la Constitución como expedir una ley secundaria si esto es lo que quiere el Congreso.
Los puntos constitucionales son tan difíciles, si como todos científicos salen del tecnicismo para llegar a todas las instancias. Cuando en la geología se dice capas de tierra en lugar de estratificaciones los que no son geólogos entienden de qué se trata si la palabra estelionato y otras que se usan en el foro, asustan a los que no las comprenden una vez definidas no ofrecen dificultades ni a los mis ignorantes. Por fortuna el entendimiento es tan a propósito para percibir la verdad, como los ojos para ver como el estómago para digerir y dios ha hecho que la verdad esté al alcance del entendimiento de todos los hombres.
La comisión ha estado muy lejos de consultar el predominio de las minorías cuando profesa como dogma democrático y social que la mayoría es la fuente de la Verdad y de la ley.
Agradece el señor Prieto el inmerecido elogio que le ha dispensado; sabe muy poco, sólo tiene el sentimiento del deber, única cosa que lo hace permanecer en la Asamblea.
Jamás pudo consultar que los que no saben leer ni escribir fueran excluidos de las elecciones porque entiende que saber leer y escribir es muy poca cosa, que estás dos facultades que se adquieren no son más que medios de saber que de nada sirven si no se estudia, porque cree también que la tradición oral comunica grandes conocimientos, como lo prueba lo difundidos que estaban en la antigüedad, antes de la invención de la imprenta.
Los diputados no son máquinas cuando dicen sí o no para expresar de una manera terminante su sentir, y la comisión creyó que no degradaba a los electores valiéndose del mismo medio para conocer su voluntad.
El señor Prieto ha abogado por el desarrollo de la mano, de este instrumento prodigioso sin el que la humanidad no hubiera salido de la barbarie. Pero hay tres cosas que necesitan desarrollo: el corazón, la facultad de sentir, la moral; el entendimiento, la facultad de conocer la verdad, la razón y la mano, y la industria, la actividad, el medio de hacer efectivas las conquistas de la inteligencia. Pero no es la mano lo preeminente, no vale más que la inteligencia y el sentimiento. El señor Prieto se equivoca al ponderar lo que llama intereses positivos; la vida del hombre no se reduce a la materia; su misión no es comer y dormir, y nadie puede negar que es positivo amar y conocer.
Es deplorable y aflige en verdad que un poeta sea el que venga a pintar como preeminentes los intereses materiales y a igualar los intereses de la Inglaterra en el comercio de China con la libertad y con el amor. Exagérense en buena hora los intereses materiales, ellos valdrán mucho, pero por grande que sea el positivismo de la época, siempre valdrán más que ellos la libertad y el amor al género humano.
El señor Villalobos acusa de inconsecuente a la comisión porque desechado el senado y el veto para la formación de las leyes, los adopta para la reforma de la Constitución, haciéndola pasar por tres cámaras en vez de dos y procediendo abiertamente contra la práctica de todos los pueblos, que siempre encomiendan la
formación de la ley fundamental a una sola Asamblea y las leyes comunes a dos cámaras.
El artículo es declarado sin lugar a votar y la comisión presenta otro en estos términos:
"La presente Constitución puede ser adicionada o reformada: más para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere que el Congreso por el voto de las dos terceras partes de sus individuos, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. "
El señor Anaya Hermosillo contrarió el requisito de los dos tercios de votos como favorable a la opresión ejercida por una minoría.
El señor Guzmán replicó que este temor es ilusorio, pues en último análisis la minoría no hace, sino que impide que se haga desde luego. Explicó después el artículo diciendo que, adoptado el sistema federal, siendo soberanos los estados y la Constitución el pacto de su alianza, es natural que las reformas necesiten de su aprobación, y por esto se busca el voto de las legislaturas.
Sobre la votación al artículo 125, debemos apuntar que, en la historia del Congreso Constituyente de Francisco Zarco, se registran 64 votos contra 14 y en el acta oficial correspondiente, registra 67 votos a favor y 13 en contra.
En el derecho comparado encontramos en materia de criterios sobre las reformas a las constituciones, tres grandes vertientes: la que impide someter a revisión la integridad del territorio o la forma republicana de Gobierno, dentro de esta corriente rígida se encuentran países europeos como Francia e Italia.
Por lo que corresponde al criterio de la flexibilidad en Latinoamérica existe la corriente sobre la revisión de la Constitución que puede afectar a la totalidad de ésta, como es el caso de Argentina, Haití, Nicaragua y Uruguay.
También existe el criterio prohibitivo, como es el caso de Finlandia cuya Constitución prohíbe expresamente, que este ordenamiento sea modificado en forma alguna.
El derecho positivo mexicano sigue la corriente de flexibilidad que permite de manera expresa la reforma a la ley fundamental.
En el Congreso Constituyente 1916-1917, fue en la LIV sesión ordinaria, celebrada el día 21 de enero de 1917, en la cual se presentó el artículo 131 del proyecto de Constitución, como el artículo 133, así, el texto fue aprobado por unanimidad de 154 votos, sin discusión, en la sexagésima segunda sesión ordinaria celebrada el día 25 de enero de 1917; siendo el texto original el siguiente: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, o que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión hará el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas ".
El anterior texto original del artículo 135 de nuestra Carta Magna, solamente ha sido materia de una reforma; con fecha 15 de diciembre del año 1965, diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de las comisiones unidas Primera y Segunda de Puntos Constitucionales, promovieron una iniciativa para adicionar el artículo en comento; la tesis fundamental esgrimida en ese entonces, consistió sustancialmente en que, en tratándose de reformas o adiciones a la Constitución Federal, la facultad de realizar el cómputo de los votos de las legislaturas locales así como la declaratoria respectiva, que hasta entonces se reservaba de manera exclusiva al honorable Congreso de la Unión, pudiera ejercitarla, en los recesos de éste, la Comisión Permanente, para efectos de que, toda reforma constitucional, entre en vigor tan luego sea aprobada, sin que sea necesario suspender su vigencia hasta la iniciación del siguiente periodo de sesiones al Congreso.
Consecuencia de la anterior iniciativa, es precisamente el texto actual, promulgado el día 11 de octubre de 1966 y publicado en el Diario Oficial de la Federación
el día 21 de octubre de 1966; al día siguiente, se publicaron aclaraciones al decreto que adicionó el artículo 135, por lo cual, el texto vigente reza: "la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas ".
En este año, celebramos ya, 177 años del federalismo mexicano; dentro de este sistema hemos vivido los seis millones de mexicanos que conformaran la República en 1824, los quince millones de 1917 y en los albores del siglo XXI los casi 100 millones de mexicanos que somos ahora.
En esta tesitura, a partir del análisis critico de las necesidades reales, se destacan los valores del federalismo, que es, innegablemente, el instrumento republicano que permite el cambio racional y oportuno, sin quebrantar el orden jurídico del estado de derecho mexicano.
Los principios y valores que sustentan al México moderno, exigen y reclaman la mayor participación, siempre activa, siempre constante, de los elementos sinantes del Pacto Federal, al mismo tiempo, que también reiteran la vocación republicana, representativa y popular de la nación mexicana.
Así pues, los principios y los valores del federalismo, son rectores de los cambios y de las transformaciones de la vida nacional, incluyendo desde luego, a las adecuaciones, reformas y evolución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En efecto la Ley Fundamental de México, permite y hace posible formal y materialmente considerados, los cambios que el país necesita para perfilarse hacia el nuevo milenio, para asumir con todas las energías nacionales, la tarea insoslayable de fortalecer en toda su potencia y en toda su eficacia el federalismo y el estado de derecho mexicanos.
En este orden de ideas, resulta innegable, ingente e inaplazable la necesidad real de participación activa de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proceso legislativo constitucional federal, referido en forma concreta a las reformas, adiciones y en su caso la abrogación y sustitución de nuestra carta fundamental.
Efectivamente, nuestro derecho positivo constitucional, debe considerar necesaria la participación activa de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el proceso legislativo en tratándose de reformas, adiciones, derogación y sustitución de la propia Constitución, lo cual no puede ser de otra manera en virtud, precisamente, del pacto federal que sostiene la República Mexicana.
Ahora bien, en la praxis legislativa, es una realidad fenoménica que los congresos estatales o legislaturas de los estados, como les denomina nuestra Constitución Federal, cuando se trata de reformas o adiciones a la Constitución Federal, únicamente han sido convocadas para aprobar las reformas del constituyente permanente, pero sin que las legislaturas de los estados tengan la oportunidad de participar en los trabajos de comisiones y en ellos, hacer propuestas que modifiquen, supriman o en su caso enriquezcan las iniciativas que ingresen en cualquiera de las cámaras que integran el honorable Congreso de la Unión. Esta práctica, resulta a todas luces, contradictoria al sentido prístino del Pacto Federal, implícitamente contenido y reiterado en los textos constitucionales incluyendo al precitado artículo 135; se equipara esta participación a un referéndum que en nuestro sistema jurídico no tiene relevancia o no está reconocido.
La participación activa y oportuna de las legislaturas de los estados y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal cuando se trata de iniciativas que por su importancia y trascendencia incidan el pacto federal, no se puede dejar de convocar, con efectos plenos, precisamente, para expresar con toda libertad, lo que los congresos locales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal consideren procedente; sin perjuicio de que las opiniones que se viertan deban únicamente constreñirse en los casos de reformas o adiciones en sentido estricto; sino que también deben ser convocadas las legislaturas estatales y Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuando se trate de derogaciones o en su caso de abrogaciones en materia constitucional. Es oportuno y procedente apuntar aquí, que en los antecedentes histórico jurídicos del actual artículo 135 de nuestra Ley Fundamental, no está prevista ni incluida la participación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, lo cual es razonable atento a que, al promulgarse la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 se excluyó al Distrito Federal para dar lugar al Estado de México, aún cuando la elección de este último, solo tendría efecto, cuando los supremos poderes federales se trasladaren a otro lugar; en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el Distrito Federal se incluye en el original artículo 44; pero lo trascendente al respecto, resulta de la reforma constitucional al artículo 122 de nuestra Carta Magna, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 22 de agosto de 1996, en la cual, se establecen expresamente como órganos locales de gobierno para el Distrito Federal; la Asamblea Legislativa, el jefe del gobierno del Distrito Federal, así como el Tribunal Superior de Justicia; en este contexto, si hasta la reforma constitucional de 1966 al artículo 135, no existía jurídica y políticamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ahora, en esta reforma integral, debe incluírsele por razón natural de su existencia como órgano local de gobierno para el propio Distrito Federal.
Por ahora, a pesar de la vigencia formal del pacto federal en materia de cambios y transformaciones a la Constitución General de la República, no se da en la realidad política jurídica, en toda su amplitud; la intervención que corresponde a las legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues constituye un hecho notorio innegable que la participación de los congresos locales se ha constreñido únicamente para los efectos de aprobación o no aprobación de las reformas del Constituyente Permanente, con menoscabo de las facultades constitucionales explícitas e implícitas de las legislaturas Locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con perjuicio de la plena vigencia del Pacto Federal.
Siendo pues, los congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal parte importante en la vida constitucional de México, debe, necesariamente, dárseles y garantizárseles, la participación total, sin restricciones, en el proceso legislativo constitucional y con ello, fortalecer con plenitud el federalismo mexicano con el mandato constitucional que expreso abarque el irrestricto respeto a las facultades que tienen de: participar, expresar, opinar y en su caso rechazar las iniciativas que ingresen al Congreso de la Unión, que incidan en el pacto federal y que reporten cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta forma, las modificaciones que se adopten en el Congreso, llevarán ya de antemano el sentido de la votación de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, convirtiéndose la .aprobación en mero formulismo.
Por todo lo antes expuesto, necesario es pues, imprimir una modalidad a nuestra Carta Magna, mediante una reforma integral al citado artículo 135.
La reforma que se propone al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se da en cinco grandes vertientes trascendentales que fortalecen de una manera irrestricta el pacto federal y la vocación representativa y popular de la nación mexicana, en suma, abren el cauce de la República a los nuevos tiempos; así, la primera vertiente permitirá ya no solamente las adiciones o las reformas a nuestra Ley Fundamental, sino que también, acorde con la realidad actuante que vivimos en México, instituye la posibilidad fáctica de que, sea el Constituyente permanente ordinario, el órgano del Estado con la capacidad y la competencia necesarias y suficientes para abrogarla y sustituirla por una nueva Constitución; la segunda vertiente mandata de manera expresa y concreta que las reformas o adiciones constitucionales o en su caso la abrogación y sustitución de nuestra Carta Magna, sean acordadas por el Congreso de la Unión, mediante el voto de las dos terceras partes del pleno de ambas cámaras; la tercera, establece una formalidad esencial del procedimiento constitucional, consistente en que, las adiciones, reformas o abrogación de que se
trate, sean debidamente aprobadas también, por el voto de las dos terceras partes del mayor número de congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; se supera cabalmente la utilización de la voz "mayoría" para no confundirla con la mayoría parlamentaria y se define de manera exacta con la expresión "del mayor número de congresos locales" el auténtico y prístino sentido de la disposición, que abatirá radicalmente la ambigüedad hermenéutica; la cuarta vertiente reformadora, llenará un vacío en el texto constitucional y colmará un reclamo impostergable de los signatarios del pacto federal, con la intervención activa de todos los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el proceso legislativo constitucional federal, en la forma y términos que se deberán establecer en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su incorporación a los trabajos de Comisión; ahora bien, efectuado el análisis correspondiente al texto que se propone del artículo 135 de la Constitución General de la República, esta Comisión de Puntos Constitucionales ha considerado adicionarlo sin afectar su dogmática, en el sentido expreso de establecer un tiempo razonable para que, en mérito y beneficio de un proceso legislativo expedito se conceda un plazo de treinta días a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del distrito Federal, contado a partir de la fecha en que sean debidamente notificados con un ejemplar de la iniciativa de que se trate, para que se incorporen a los trabajos legislativos de Comisión, apercibidos de que, en caso de que, por cualquier razón o motivo no den contestación a la aludida notificación, se configurará en su perjuicio la afirmativa ficta, la cual, será tomada en cuenta en su oportunidad para efectos del cómputo de los votos que deberá realizar el Congreso de la Unión, o, en sus recesos, su Comisión Permanente; por último, la quinta vertiente reformadora es determinante, en el sentido de que, corresponderá al Congreso de la Unión o en sus recesos a la Comisión Permanente, en un primer tiempo, la acción de verificar debidamente el proceso de votación y después, efectuar de manera escrupulosa el cómputo de los votos de la totalidad de los congresos de los estados y los de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, todo esto, permitirá que, antes de efectuar la declaración de aprobación o de no aprobación que en su caso corresponda; el propio Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, tendrán verificada con absoluta certeza, la participación en los trabajos de Comisión por una parte y la votación por otra, de todos y cada uno de los congresos locales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Para lograr lo anterior, proponemos el siguiente:
PROYECTI DE DECRETO
El honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le confiere el articulo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos, así como de la mayoría de las legislaturas de los estados, declara reformado el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Articulo único. Se reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada, abrogada y sustituida por una nueva. Para ello, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes del pleno de ambas cámaras, acuerde las adiciones, las reformas y en su caso, la abrogación y sustitución; y que éstas sean aprobadas por el voto de las dos terceras partes del mayor número de los congresos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para cuyo efecto, tendrán la intervención que les conceda la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en los trabajos de Comisión y se les notificará inmediatamente enviándoles un ejemplar de la iniciativa de que se trate; apercibidas de que, por cualquier razón o motivo no den contestación a la notificación aludida en un plazo de 30 días de efectuada la misma, se configurará en su perjuicio la afirmativa ficta.
El Congreso de la Unión, o, en sus recesos, su Comisión Permanente, verificarán el proceso de votación, harán el cómputo de los votos de la totalidad de los congresos de los estados, así como de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y emitirán la declaración que corresponda.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado y hará que se publique y se cumpla.
Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso del Estado Oaxaca de Juárez, Oax., a 12 de septiembre del año 2001.—- Diputados: Baruc Efraín Alavez Mendoza, presidente; Humberto Altamirano Cruz, Alfredo E. Ramos Villalobos, secretarios."
Lo que nos permitimos comunicar a ustedes para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
Atentamente
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz.
Diputados: Humberto Altamirano Cruz, Alfredo E. Ramos Villalobos secretarios.»
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Proceda la Secretaría a dar lectura a los oficios de la Secretaría de Gobernación.
EL MISMO C. SECRETARIO:
LECTURA OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO AL C. PEDRO GONZALEZ OLVERA, INSERTESE.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Pedro González Olvera, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional "José Matías Delgado", en grado de Comendador que le confiere el Gobierno de la República de El Salvador.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su currículum vitae y de la notificación, en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.
Atentamente
México, DF, 18 de septiembre de 2001.— El director general de Gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN):
C. Jaime Ignacio Corredor Esnaola
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.
La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado C, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Jaime Ignacio Corredor Esnaola, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Estado de Baja Sajonia, República Federal de Alemania.
Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento; y copia simple de su currículum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.
Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles las seguridades de mi consideración.
Atentamente
México, D. F., a 20 de septiembre de 2001.— El director general de gobierno, licenciado M. Humberto Aguilar Coronado.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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Pasando al punto de iniciativas de los ciudadanos diputados, tiene la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano.
EL C. DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA (PRD): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados:
El suscrito diputado, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de nuestro país, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Ciencia y Tecnología para su dictamen, la siguiente iniciativa de Ley sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano.
La presente iniciativa es complementaria a lo dispuesto en la Ley General de Salud en lo que se refiere a la investigación científica y tecnológica o al tema de la biotecnología o ingeniería genética.
Antes, señora Presidenta, permítame comentar que este trabajo lo he dedicado a un científico mexicano, de mucho prestigio y que destacó principalmente por la formación de recursos humanos, de científicos, en diferentes áreas de conocimiento en nuestro país. Me refiero al Doctor Santiago Sendejas, quien por motivos de salud tuvo que dejar la asesoría que durante muchos años estuvo prestando en esta Cámara de Diputados.
Así que este trabajo está dedicado a Santiago Sendejas.
"Exposición de Motivos…
LA C. PRESIDENTA: Permítame un momento, señor Diputado.
Se ruega a los señores legisladores ocupar sus lugares y prestar atención al orador, ya que está presentando ante ustedes una iniciativa de gran importancia. Les agradezco la atención a este llamado.
EL C. DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA (PRD):
"Exposición de Motivos
"Desde los orígenes del hombre el avance de la ciencia y la tecnología ha estado en concordancia con el proceso evolutivo y el desarrollo de la sociedad. La ciencia y la tecnología han ayudado a romper las tinieblas del oscurantismo, al mismo tiempo el saber y el conocimiento nos han servido en la lucha contra las..."
(Leyó. Insértese)
Iniciativa de Ley Sobre la Investigación, el Fomento, el Desarrollo, Control y Regulación del Genoma Humano.
Francisco Patiño Cardona, diputado de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica de¡ Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Ciencia y Tecnología, para su dictamen, la siguiente iniciativa de Ley sobre la investigación, el fomento, el desarrollo, control y regulación del genoma humano.
La presente iniciativa es complementaria a lo dispuesto en la Ley General de Salud, en lo que se refiere a la investigación científica y tecnológica o al tema de la biotecnología o ingeniería genética.
EXPOSICION DE MOTIVOS:
Desde los orígenes de¡ hombre, el avance de la ciencia y la tecnología ha estado en concordancia con el proceso evolutivo y el desarrollo de la sociedad. La ciencia y la tecnología han ayudado a romper las tinieblas de¡ oscurantismo; al mismo tiempo, el saber y el conocimiento nos han servido en la lucha contra las enfermedades; nos han liberado de la oscuridad, dotándonos de electricidad, de medios de comunicación y de transporte, a través de los cuales hemos conquistado y controlado los distintos medios, el aire, la tierra y el agua, para el bienestar de todos los individuos.
De esa forma, el desarrollo de los conocimientos y de la ciencia y la tecnología, ha servido para elevar los niveles de vida, lo que a su vez ha impactado en el espectro socio-político, interno y externo de las naciones, e incluso, por qué no decirlo, también ha servido para la destrucción y la muerte.
En pocas palabras, el conocimiento es poder; quien controla la ciencia y la tecnología, controla su destino, manteniendo su libertad, autonomía y soberanía.
Señoras y señores diputados: el impacto que han tenido la ciencia y la tecnología sobre la conformación y el devenir de la sociedad, sobre todo en los últimos años, es inmensurable.
Los cambios y los diferentes descubrimientos han moldeado, cambiado y transformado nuestro entorno, en un mundo en el que los hombres y las mujeres se han convertido en hacedores de¡ ser humano. Podemos hablar de muchos descubrimientos, como la electricidad, el telégrafo, el teléfono, la fibra óptica, el átomo, la penicilina y los superconductores, por mencionar algunos.
Nosotros, señoras y señores diputados, como nación autónoma e "independiente", todavía, debemos ponernos a la vanguardia de¡ desarrollo y la investigación en ciencia y tecnología. Para lo cual debemos legislar con el propósito de impulsar y fomentar el desarrollo de dicho sector, por demás estratégico y prioritario.
Hasta ahora, todos los descubrimientos han sido fundamentales; sin embargo, hoy en día, a principios de un nuevo siglo y de un nuevo milenio, la humanidad se enfrenta posiblemente al descubrimiento más trascendental de todos: el descubrimiento del mapa de la vida, cuyas repercusiones en el corto, mediano y largo plazo cambiarán, para bien o para mal, el devenir del hombre Y la mujer y de sus instituciones.
Hasta ahora nos hemos quedado a la zaga, como simples observadores y receptores de dicho avance. Las investigaciones propias son muy pocas, a lo cual debemos hacer un reconocimiento a los centros de educación superior y de investigación de nuestro país que, con sus escasos recursos, están fomentando el estudio y el análisis de dicho descubrimiento.
Pero ante la magnitud del evento, es muy poco lo que se está haciendo, de ahí que debemos enfrentarlo con más seriedad. Para lograr avances significativos, debemos asignar mayores recursos a la investigación básica y aplicada, así como a la creación y formación de centros e institutos de investigación especializados en esto tema. La incursión de México en la medicina genómica estimulará el desarrollo de infraestructura de punta, que permitirá al país incorporarse al nuevo orden mundial en el campo de la salud.
El debate de las posibles implicaciones morales, palidece ante las posibilidades de salud, desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de todos los ciudadanos. Al respecto, lo más preocupante es que dichos conocimientos pueden ser manipulados, concentrados y monopolizados por unas cuantas empresas y/o gobiernos. Por lo que la investigación en esta área es una cuestión de seguridad nacional.
Se llama Genoma a la totalidad del material genético de un organismo. El genoma humano posee entre 30 mil y 40 mil genes, distribuidos entre los 23 pares de cromosomas de la célula somática humana. Cada cromosoma puede contener más de 250 millones de pares de bases de DNA y se estima que la totalidad de¡ genoma humano tiene 3 mil millones de pares de bases 2.
El proyecto genoma humano tiene como objetivo no sólo conocer la secuencia completa del ADN, sino también conocer la ubicación exacta de cada gen y la función que desempeña en la construcción de un nuevo ser humano.
Una de las consecuencias más inmediatas del P. G. H. es la de disponer de sondas y marcadores moleculares para el diagnóstico de enfermedades genéticas, de cáncer y de enfermedades infecciosas. A plazos mayores, se espera que la investigación genómica permita, además, nuevas generaciones de fármacos, que sean más específicos y que tiendan a tratar las causas y no sólo los síntomas. La terapia génica puede aportar, en un futuro, soluciones a enfermedades tanto hereditarias como infecciosas.
En años recientes, se ha identificado a los genes relacionados con enfermedades hereditarias como la fibrosis quística, la distrofia muscular o el mal de Alzheimer, el mal de Parkinson, la diabetes, etcétera.
Este es el primer paso en el desarrollo de mejores pruebas de selección genética, nuevos medicamentos y tratamientos genéticos para atacar estas enfermedades. La capacidad de corregir defectos mortales de la herencia genética humana, puede alterar espectacularmente la forma de enfocar la enfermedad.
El mayor conocimiento del genoma humano puede tener también consecuencias éticas, jurídicas y sociales muy controvertidas. Los primeros resultados ya han estimulado un debate internacional sobre la conveniencia o no de patentar, para uso comercial, secuencias de genes humanos, pero sin duda el P.G.H. traerá grandes conocimientos y abrirá nuevas puertas a la ciencia del mañana.
La defensa por la UNESCO del proyecto genoma humano como bien patrimonio de la humanidad, es coherente con el derecho del ser humano a la libertad y a la democracia; con el derecho a la salud y a la dignidad y por la justicia y el bienestar; se trata de proteger, con ello, nada menos que lo más íntimo que es la herencia genética, de la agresión exterior por parte de grupos racistas y personalidades delirantes, o de empresarios y multinacionales sin escrúpulos, dispuestos a la especulación salvaje de lo más sagrado de¡ ser humano: la herencia genética.
Por tanto, es importante legislar en nuestro país, para sumarnos al esfuerzo de la UNESCO y considerar la base completa o secuencia completa de bases de¡ genoma humano como patrimonio de la humanidad y no patentable su conocimiento y con ello pasar a ser parte de los países que garantizan el libre acceso a la secuencia de bases, con lo que se quiere impedir que el DNA humano se convierta en un coto cerrado de unos cuantos, lo que indudablemente causaría un daño de dimensiones absolutamente gigantescas en contra de la humanidad.
Consideramos que se deben respetar las garantías individuales, específicamente la de igualdad de los individuos, cualesquiera que sean sus características genéticas, negando así la discriminación.
Todas las personas deben tener alcance a los progresos biológicos y genéticos. A su vez estas investigaciones deben estar orientadas a aliviar los males de la humanidad.
Debe imponerse en los científicos responsabilidades especiales, tanto en sus investigaciones como en los resultados de éstas.
Es por todo lo anterior, que el suscrito diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Francisco Patiño Cardona, somete a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley.
ARTICULOS
1o. La presente ley es de observancia general en toda la República Mexicana.
2o. La secuencia completa de bases del genoma humano o mapa de la vida, constituye un patrimonio de la humanidad y, por tanto, no es patentable su conocimiento.
3o. La investigación y los descubrimientos del genoma humano, serán considerados como estratégicos y prioritarios por el Estado.
4o. Se deberá fomentar el desarrollo económico, promoviendo la participación de los sectores público y privado en la investigación y empleo del genoma humano.
5o. La investigación de¡ genoma humano y la aplicación que de ella se desprenda, será considerada de utilidad pública, bajo control y supervisión del Estado, con el propósito de garantizar una estricta justicia y equidad, con respeto absoluto a la integridad y sancionando toda discriminación de personas e individuos.
6o. Al Centro de Medicina Genómica y Molecular, surgido de una alianza entre la Universidad Nacional Autónoma de México,, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Fundación Mexicana para la Salud, se le deberá dotar de los recursos económicos necesarios y suficientes, en cada ejercicio presupuestal, con el propósito de que cuente con los recursos humanos y materiales y la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus investigaciones.
7o. Todas las personas, sin distinción de credo, raza, sexo y posición social, deberán tener acceso a los progresos biológicos y genéticos. A su vez estas investigaciones deberán estar orientadas a aliviar los males de la sociedad.
8o. Se prohíbe la utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o de exterminio de la raza humana.
9o. Los científicos encargados de investigar y desarrollar el programa del genoma humano en nuestro país, tendrán la responsabilidad legal y moral, de investigar y aplicar sus investigaciones y descubrimientos apegados a derecho y acorde con los cánones de discreción, ética y moral de los seres humanos.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 20 de septiembre de 2001.— Francisco Patiño Cardona, diputado federal.
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología.
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Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya a su cierre.
LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 419 diputados.
Ciérrese el sistema electrónico. (11:23 horas)
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LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Tiene la palabra el ciudadano diputado Rodolfo González Guzmán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones hacendarias.
EL C. DIP. RODOLFO GERARDO GONZALEZ GUZMÁN: Con su permiso, ciudadana Presidenta.
Ciudadanos Secretarios; Honorable asamblea:
"Proyecto de Ley que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
"El suscrito, diputado Rodolfo Gerardo González Guzmán, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción Ii, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 80-A del Impuesto Sobre la Renta.
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"El Congreso Constituyente de 1917 elevó a nivel constitucional, a través de nuestra Ley Suprema, la tutela ...
(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)
Proyecto de Ley que Reforma el Articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Señora Presidenta; ciudadanos secretarios; honorable Asamblea.
El suscrito diputado Rodolfo G. González Guzmán,
miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta:
EXPOSICION DE MOTIVOS
1. El Congreso Constituyente de 1917, elevó a nivel constitucional, a través de nuestra Ley Suprema la tu tela jurídica de los derechos sociales, como principio fundamental para garantizar las condiciones laborales más justas. gracias al esfuerzo del constituyente, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, sienta las bases para darle al trabajador los elementos mínimos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social.
El estado de derecho entre sus objetivos fundamentales, considera que los trabajadores en su aportación a los ingresos públicos, vía impuestos se le debe aplicar una tasa impositiva justa y equitativa, evitando el pago excesivo de la carga tributaria teniendo en cuenta que las prestaciones de seguridad social, se encuentran contempladas en el articulo123 de nuestra Carta Magna.
Expresa el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley".
Dispone la fracción XXIX. "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá: seguro de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares".
De ahí que el legislador debe proteger el estado de derecho a la seguridad social del trabajador.
2. La reducción real de los salarios a través de varias décadas, así como las crisis recurrentes han afectado el nivel de vida de los trabajadores mexicanos, induciéndolos a la falta de interés por parte de la clase trabajadora a integrarse a las fuentes de empleo formal, por esta razón, el subempleo y autoempleo son considerados por la población como una alternativa atractiva para obtener ingresos a efecto de cubrir el gasto familiar, a pesar de perder los beneficios de la previsión social que le permiten a la edad de retiro, gozar de prestaciones y beneficios que no se obtienen por el subempleo
Aquellos que pertenecen al sector formal laboral en su carácter de causantes cautivos, se ven lesionados por la recién publicada tesis jurisprudencial, 2a./J 19/2001 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa (anexo l), la cual esta causando serias controversias y a la vez afectando la estabilidad de los factores de la producción, ya que esta tesis jurisprudencial, considera que las aportaciones patronales al IMSS, infonavit y SAR, deben incluirse para integrar el calculo del. monto del subsidio que menciona el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a pesar de que el Código Fiscal de la Federación, .el cual es de aplicación estricta mas no interpretativa, en su artículo 2o. expresa claramente que las aportaciones de seguridad social son contribuciones, y por lo tanto, no deben considerarse como ingresos sujetos a gravamen.
3. A partir de enero de 1991 entró en vigor el nuevo procedimiento para calcular el Impuesto Sobre la Renta a cargo de los trabajadores, impuesto que el patrón esta obligado a retener y enterar en términos de ley. el procedimiento consiste en aplicar la tarifa del artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al ingreso gravado y al impuesto así determinado, deberá restarse el subsidio acreditable que determine el patrón conforme al procedimiento previsto en el articulo 80-A de la citada ley, a efecto de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores, cuestión que mitiga parcialmente la constante reducción de poder de compra de los salarios.
4. El artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no precisa el detalle de los conceptos que integran las erogaciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados, en especial por lo que se refiere a la previsión social, lo que provocó confusión entre los contribuyentes el inicio de vigencia de esta disposición, ya que no se expresa claramente los criterios para calcular la proporción del subsidio acreditable, pues esta insuficiencia no define claramente si deben de incluirse o no del denominador de la fórmula, las cuotas del IMSS y del infonavit.
Los estudiosos en la materia concluyeron de inmediato que esas aportaciones por parte de los patrones de ninguna manera representan un ingreso directo para los trabajadores, y por lo tanto, no pueden considerarse como ingresos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados ya que representan un ingreso exento de cualquier gravamen y por lo tanto no inciden en el calculo de la proporción del subsidio acreditable. derivado de lo anterior, se concluye al igual que la ley, que es una obligación directa a cargo del patrón, y por lo mismo, para efectos de la citada, no constituye un ingreso directo para los trabajadores las referidas cuotas de seguridad social, que el patrón debe pagar por ser contribuciones a su cargo.
5. En la regla 67-F de la resolución miscelánea, publicada el día 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y crédito público señala que para calcular la proporción del subsidio acreditable se deberían de excluir las cuotas del IMSS y del infonavit pagada por los patrones.
Se cita textualmente la regla:
"67-F para los efectos de lo dispuesto por el quinto párrafo del articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se consideraran erogaciones efectuadas por la prestación de servicios personales subordinados, los pagos de contribuciones que originalmente corresponda al propio empleador. se considerarán erogaciones efectuadas por la prestación de servicios personales subordinado, entre otras, las inversiones y gastos efectuados en relación con servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores".
La anterior regla fue refrendada íntegramente por laSsecretaria de Hacienda y Crédito Público, al publicar la nueva resolución miscelánea en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de 1991, con vigencia por un año mas, solo que al amparo de la regla 100, mediante la cual se reitera el mismo criterio de excluir las cuotas del IMSS y del infonavit para calcular la proporción del subsidio acreditable.
6. En 1992 se reformó parcialmente el articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la fórmula para determinar la proporción que sirve de base para calcular el subsidio acreditable no cambió.
7. El 24 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la vigesimasegunda resolución miscelánea, mediante la cual se deroga la regla 100 anterior y se adiciona la regla 100-B, cambiando drásticamente el criterio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había sostenido, al señalar ahora que para calcular la proporción que sirve de base para calcular el subsidio acreditable, se deberán adicionar las cuotas del IMSS e infonavit. la citada regla se transcribe a continuación en su parte conducente:
"'100-B........ también se considerará como erogaciones los pagos de contribuciones que originalmente corresponden al propio empleador como son: las cuotas del IMSS, infonavit, el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos locales sobre nóminas".
De la regla transcrita se desprende la inconsistencia de criterio de la autoridad hacendaria, provocando con ello, inseguridad jurídica a los contribuyentes, además de confusión e incertidumbre en los patrones que venían aplicando el criterio sostenido en regla 67- F y 100 anteriores y por parte de los trabajadores, tendrían que soportar una carga fiscal adicional, que no justifica lo que el legislador trató de expresar en el contenido del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
8. Para subsanar parcialmente el error cometido por la SHCP, con fecha 7 de febrero de 1992 se reforma la regla anterior para eliminar del cálculo del subsidio el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos locales sobre nóminas, explicándose esta razón únicamente porque estos conceptos no constituyen un ingreso exento que perciban de manera directa los trabajadores y como claramente lo expresa el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
En las subsecuentes reglas de la resolución miscelánea que estuvieron vigentes en años posteriores y hasta la fecha en la regla 3.17.4 y anexo 8, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha continuado con el criterio de incluir las cuotas del IMSS e infonavit para calcular la proporción del subsidio acreditable de los trabajadores, en detrimento de estos últimos.
Es importante señalar que solo el legislador puede imponer contribuciones, no así la autoridad administrativa, en este sentido es importante señalar que en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación se establece una facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar a conocer criterios administrativos en la aplicación de las disposiciones fiscales. de tal suerte que el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación solamente refiere criterios, por lo que no se generan nuevas obligaciones para los contribuyentes, salvo cuando dichas disposiciones beneficien al contribuyente. de tal manera que una interpretación jurídica en este sentido es aplicable cuando es un beneficio.
En la practica, la generalidad de los patrones contribuyentes han calculado el subsidio a los trabajadores sin considerar las referidas aportaciones de seguridad social al amparo del criterio que originalmente sostuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aunque posteriormente lo modificó, de dicha rectificación no nacen obligaciones para los contribuyentes. así mismo, por el análisis e interpretación que le han dado los estudiosos del derecho al concluir que las cuotas del IMSS, infonavit, y SAR constituyen un ingreso exento y directo para los trabajadores y son una obligación para la seguridad social a cargo del patrón, por lo que no tienen que formar parte del cálculo de la proporción para determinar el subsidio acreditable.
9. Por otra parte, los precedentes y jurisprudencia que sostuvo el entonces Tribunal Fiscal de la Federación y los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación, se llegó a la conclusión de no considerar en el cálculo de la proporción del subsidio acreditable, las cuotas del IMSS y del infonavit.
Desde el año de 1995 el Tribunal Fiscal de la Federación ha fallado diversos recursos de apelación y ha sentando precedentes en el sentido de que las cuotas del IMSS y del infonavit, no deben considerarse para de- terminar el subsidio acreditable de los trabajadores a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Por ultimo, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fijaron la jurisprudencia SJ-1-7, misma que se publicó en la revista de dicho tribunal en el mes de junio de 1998 tercer época, jurisprudencia aprobada en sesión del 24 de marzo de 1998, por la primera sección de la Sala Superior, interpretando el alcance y contenido del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al sostener que las cuotas al IMSS y al infonavit, no deben ser consideradas para tomar la proporción del subsidio acreditable.
10. Con diferentes resoluciones de tesis jurisprudenciales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando como ponente el ministro Mariano Azuela Güitrón, en sesión de fecha 18 de mayo del 2001, sienta la jurisprudencia 19/2001, expresando en la misma que prevalece la interpretación de incluir las cuotas al IMSS y al infonavit, para calcular la proporción de subsidio acreditable a favor de los trabajadores. (semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Epoca, junio 2001 páginas 253 y 25).
Lo anterior expresa un grave problema para la clase trabajadora y los empleadores, ya que la corte sienta un precedente en contra de una jurisprudencia que había sido sustentada con anterioridad por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, misma que incluso era comúnmente aplicada por la mayoría de los patrones en el país; por lo que el problema que se presentara es la posibilidad que la jurisprudencia sea aplicada de manera retroactiva (cinco años), en el caso de alguna controversia que se ventile en los tribunales, sin que por ello se considere que se violenta derechos adquiridos por aplicación retroactiva de alguna disposición legal.
11. La jurisprudencia es la interpretación de una ley o de una norma que realizan los tribunales judiciales y por atribución, en materia fiscal lo realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; aclarando que la jurisprudencia no es una norma jurídica de carácter general y abstracta que obliga a los particulares a cumplirla; en cambio, serán los tribunales al dirimir controversias quienes estarán obligados a respetar la jurisprudencia cuando ésta sea invocada por las partes en el juicio.
El problema es que la jurisprudencia no tomó en cuenta la intención del legislador y los ministros de la corte confunden la naturaleza de un gasto de previsión social a cargo de los patrones con un ingreso total p parcialmente exento que los trabajadores tendrán derecho a recibir a futuro, dependiendo de la situación que guarden las relaciones laborales y de las contingencias que se presenten, ya sea que reciban atención médica por enfermedades o maternidad, o bien los depósitos constituidos en el SAR; o de retiro de las aportaciones de infonavit.
Pretender aplicar la retención de esas diferencias impositivas a todos los trabajadores de México, podría provocar problemas laborales muy serios y los sindicatos en la legítima defensa de los mismos, pudieran en su defecto, llegar hasta emplazamientos a huelga si existe cobro mas allá de los que determina el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, que en su fracción I establece la prescripción a favor del trabajador de efectuar descuentos no realizados después de 30 días.
De igual manera la obligación del pago retroactivo a cinco años a las empresas, las pone ante la grave situación de que algunas que no tienen liquidez puedan hasta provocar su cierre, por las cantidades que no retuvo y que se incrementaran por las diferencias de actualización y recargos.
Por lo antes expuesto, a efecto de dar precisión y con el objeto de otorgar seguridad jurídica a los factores de la, producción, se somete a consideración de este honorable Congreso:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Artículo único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:
Artículo 80-A. ....
Tabla .......
Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomara el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. la proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capitulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, a excepción de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, al Sistema del Ahorro para el Retiro y a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador este sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación
Segundo. La aplicación de esta ley se deberá de aplicar con efectos retroactivos en los últimos cinco ejercicios en beneficio de la clase trabajadora del país.
Tercero. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2001.— Rúbricas de diputados.
LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Tiene la palabra la ciudadana diputada Celita Alamilla Padrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adiciones a los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar.
LA C. DIP. CELITA TRINIDAD ALAMILLA PADRÓN: Con su permiso, señora Presidenta.
"Señoras Diputadas, señores Diputados: De conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II de los artículos 55 del Reglamento para el Gobierno Interior ...
(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 3o y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar, presentada por la diputada Celita Alamilla Padrón a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
Ciudadano presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión
Señoras diputadas señores diputados: de conformidad a lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del grupo parlamentario Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y sus fracciones III y VI, así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El propósito de la iniciativa que hoy presentamos es para establecer en el texto constitucional la obligatoriedad de la educación preescolar. Con esta propuesta Acción Nacional hace un llamado a los demás grupos parlamentarios para iniciar los trabajos de discusión, y a partir del diálogo abierto y respetuoso, construir una propuesta consensada.
La educación preescolar es el primer nivel educativo de formación de la persona y entre sus objetivos hacia la niñez persigue lo siguiente:
a) Propiciar y encauzar científicamente, la evolución armónica en esta etapa de su vida;
b) Favorecer su maduración física, mental y emocional;
c) Brindarles la oportunidad de su socialización, su creatividad y su disposición al trabajo intelectual y cognoscitivo;
d) Vigilar, prevenir y atender oportunamente posibles detenciones o alteraciones en su proceso normal de desarrollo;
e) Lograr la incorporación natural al siguiente nivel educativo, para un mejor aprovechamiento de sus destrezas físicas e intelectuales para la educación posterior;
f) Fomentar su progresiva interacción con el medio circundante y proyectarlo a la comunidad de la que forma parte, como elemento activo;
g) Coadyuvar a la maduración progresiva del pensamiento, de la prelectura y la preescritura, el análisis, el razonamiento; así como de la abstracción y la construcción de conceptos que, integrados, le hará fácil el manejo cotidiano de su vida, favoreciendo su desempeño escolar futuro.
Asimismo, la educación preescolar es una oportunidad para que niñas y niños aprendan y razonen los fundamentos de los valores y los comportamientos sociales que los acompañarán a lo largo de su vida y comiencen a abrir sus mentes bajo la guía de educadores capacitados en el desarrollo infantil. Por medio de áreas recreativas, el arte, la música, la alfabetización y el comienzo de los estudios de matemáticas, los niños preescolares aprenden a cooperar, hacer amigos, hacer preguntas, usar la imaginación, construir el auto-respeto y usar sus cuerpos con confianza. La educación preescolar es el lugar crucial para enfatizar la equidad en un mundo diverso. Por medio de celebrar la existencia de todo tipo de gente, culturas y donde se aprende la aceptación y la inclusión.
La educación preescolar tiene una importancia de primer orden dentro del sistema educativo, por los efectos multiplicadores que genera en otros ámbitos de la sociedad. De acuerdo con el estudio "La educación preescolar en América Latina", realizado por Robert Myers, se han hecho descubrimientos donde se demuestra que los programas orientados a la niñez pueden acarrearles grandes beneficios, no sólo en términos individuales e inmediatos, sino también en términos sociales y económicos, a lo largo de toda su vida en cuanto a sus habilidades para contribuir a la familia, la comunidad y el futuro de la nación. También se muestra que las niñas y niños que reciben atención pronta y constante tienen, generalmente, un mejor nivel de nutrición, contraen menos enfermedades y aprenden mejor que quienes no reciben ese tipo de atención. Y a la inversa, los párvulos que no reciben cuidados adecuados tienen mayor tendencia a las enfermedades y la desnutrición, y están menos motivados y peor equipados para el aprendizaje.
En nuestro país la educación preescolar comenzó su expansión y a tener un gran reconocimiento social a partir de los compromisos pactados por el Gobierno Federal a finales de los años setenta, en el marco de acuerdos internacionales a favor de la niñez. Así, en un par de años la matrícula de preescolar para niños de 5 años pasó de alrededor de 30% a casi 70%; se mantuvo estable desde entonces y fue hasta mediados de los noventa cuando comenzó a crecer de nuevo y a expandirse hacia los niños de 3 y 4 años. Resulta interesante hacer notar que la inversión más grande en este rubro se dio precisamente en un momento en que la economía del país se estancó y los ingresos públicos tuvieron una fuerte contracción. Como característica particular, la educación preescolar en México es ofertada en alrededor de 90% por el estado y el resto por particulares, lo cual señala el gran compromiso y las obligaciones que se tienen para con este nivel educativo.
Para el ciclo escolar 1999-2000 la matrícula de la educación preescolar se situó en 3.39 millones de alumnos, lo que representa 14.5% del total de alumnos de educación básica y 11.6% del sistema educativo nacional.
En el presente la población del país está entrando a lo que se denomina la transición demográfica, fenómeno que básicamente consiste en una combinación de bajas tasas de mortalidad y de natalidad y un incremento en la esperanza de vida. Ello ha repercutido en la matrícula y la demanda de educación preescolar, la cual se encuentra en un proceso de crecimiento más ligero y de posible estabilización en el mediano plazo. La matrícula de educación preescolar de 1999-2000 creció en uno por ciento respecto de periodo anterior. Para el periodo 2000-2001 se inscribieron 29 mil 900 preescolares más que en el periodo previo, lo que representaría un incremento de 0.8%, para alcanzar a una matrícula de 3.42 millones de preescolares.
Los esfuerzos por incorporar a un mayor número de educandos a este nivel, nos muestran que ésta es una de las áreas con mayor crecimiento en los índices de atención en los años noventa. Aunque la cobertura resulta diferenciada: para los niños de 3 años es de 14.2%, para los de cuatro de 57.4%, y para los de 5 de 82.6%.
Cuando se observa la cobertura de preescolar para niños de entre 4 y 5 años en el ámbito estatal, tenemos situaciones contrastantes y preocupantes. Por un lado entidades con cobertura muy alta e incluso casi universal como Tabasco, Guerrero, Guanajuato, Baja California Sur y Colima, cuya cobertura va de 92.4% a 98.6%. Y por otro lado, entidades con cobertura baja y muy baja que oscila entre 70.5% y 55.8%, entre las que están Tlaxcala, Morelos, Veracruz, Durango, Jalisco, Michoacán y México. Estas disparidades muestran los rezagos existentes, pero también los retos que se tienen por delante, lo que exige una respuesta gubernamental focalizada hacia los estados con mayor rezago.
De acuerdo con los informes de labores de la Secretaría de Educación Pública, son varios los retos por los que atraviesa este nivel educativo: de cobertura, equidad y de calidad. La cobertura presenta un rezago significativo y requiere de un crecimiento sensible en los próximos años, especialmente en entidades con rezagos sociales como Chiapas o algunas que han invertido relativamente pocos recursos como el Estado de México, Jalisco, e incluso el Distrito Federal. En los rubros de accesibilidad, equidad, cobertura y calidad, existen diferencias importantes para el ingreso a este nivel de las niñas y niños provenientes de familias pobres e indígenas respecto a quienes viven en zonas urbanas y rurales. En tomo a la calidad, el nivel preescolar ha sido poco evaluado en nuestro país, pero varios estudios coinciden en que hay problemas de continuidad entre este nivel y la primaria, reflejándose en un alto coeficiente de repetición en el primer año, además de los problemas asociados con la capacitación de los profesores e instalaciones inadecuadas.
Invertir en educación es invertir en el futuro de la nación, a favor de una sociedad más justa, democrática e igualitaria. Un estudio de la Cepal señala que los educandos que han recibido atención preescolar muestran una tasa mayor de escolarización secundaria y postsecundaria, de acceso a mejores empleos y una menor propensión a la marginalidad social. Los programas de atención preescolar benefician a los infantes de todos los grupos socioeconómicos, pero tienen efectos más apreciables para los niños provenientes de hogares de menores recursos, pues reducen sus desventajas relativas y facilitan su posterior inserción en la educación formal, entre otras ventajas, por ello debemos trabajar para reducir la brecha entre los menos favorecidos y los más favorecidos.
En otro estudio sobre Latinoamérica, se apunta que existe evidencia de un posible aumento de productividad económica para la sociedad, generada por la inversión en programas de educación temprana, la cual va más allá de los beneficios que se observan directamente en el educando. Un ejemplo de ello es una mayor inserción de las mujeres en el mercado laboral, dado que les permite ocuparse productivamente mientras sus hijos reciben educación. Asimismo, muchos de estos programas dejan en libertad a los hermanos mayores -generalmente las hermanas- quienes se hacen cargo del cuidado de sus hermanos pequeños en ausencia de sus padres, para que se dediquen a estudiar y así poder obtener mayores remuneraciones.
Igualmente y con base en una investigación realizada en Estados Unidos, se sugiere que la tasa de retomo de la inversión preescolar puede multiplicarse por siete. Para realizar este cálculo, se estimó una serie de gastos que se ahorran gracias a la menor incidencia de criminalidad, menor necesidad de programas de recuperación escolar y reducción de la demanda de otros programas sociales.
Respecto a los beneficios para el sistema escolar en su conjunto, existen evidencias de que los programas de preescolar ayudan a reducir los costos del sistema educativo, puesto que a mayores tasas de cobertura preescolar le acompañan menores tasas de deserción en los años posteriores y al mismo tiempo un menor índice de reprobación, con lo cual no se truncan ni desperdician los recursos de niveles subsiguientes. Visto de esta manera, la educación preescolar no significa un gasto, sino una inversión de largo plazo.
No obstante todos estos beneficios y el esfuerzo realizado para ampliar la cobertura de este nivel educativo, la pregunta principal no es si queremos invertir en educación preescolar, debe ser cuánto queremos invertir, cómo debe realizarse esa inversión y al mismo tiempo asegurar su eficiencia y eficacia.
A partir de estudios realizados en México a mediados de los años noventa, se llegó a la conclusión de que el estado debe comprometerse a ampliar la cobertura, la calidad y la equidad, con base en una política de promoción en la creación de la demanda y en un marco de participación activa de los maestros y de los padres de familia. Si bien durante la administración anterior se destinaron recursos crecientes al subsistema de educación básica y la matrícula del preescolar creció significativamente, también es cierto que paralelamente provocó un proceso de deterioro de la infraestructura, de los ingresos de los docentes y de la situación social de las comunidades, lo cual repercutió negativamente en la calidad y la equidad del preescolar, al tiempo que remarcó desigualdades de antaño.
Por esto mismo, la iniciativa que presentamos tiene como objetivo generar un cambio constitucional y posteriormente, en las disposiciones reglamentarias, propiciar una discusión sobre la importancia de la educación preescolar, del conjunto de la educación básica y obligatoria, de las políticas públicas orientadas hacia este rubro, y de los compromisos de la sociedad y el Estado con la educación en general.
Esta reforma estipula además de la obligación del estado, la responsabilidad compartida de la familia y la sociedad en su conjunto para con este nivel educativo. La iniciativa propone la obligatoriedad de la educación preescolar, la cual se establece como prerrequisito para poder ingresar al nivel de educación primaria; asimismo se asienta la obligación de destinar los recursos necesarios con el fin de lograr la cobertura en la prestación de los servicios de educación preescolar, en un plazo acorde a la situación y capacidad de cada entidad federativa. Con el entronque obligatorio del preescolar, se espera un mejoramiento de este nivel y un impulso a los cambios que se están llevando a cabo en los subsiguientes ciclos educativos.
Finalmente, queremos invitar a nuestros compañeros legisladores a que podamos construir un espacio de reflexión, diálogo y análisis sobre las adiciones que proponemos a los artículos 3o. y 31 constitucionales, para hacer obligatoria la educación preescolar y avanzar en la construcción de un esquema de educación básica obligatoria de 10 años. Esperamos que este impulso a la educación preescolar se consolide en beneficio de los infantes para que adquieran desde temprana edad, los conocimientos y herramientas que generen la sinergia necesaria y adecuada en su vida escolar como en la laboral posteriormente. Todo ello coadyuvará a que nuestro país concentre en sus mujeres y hombres, el más alto y mayor activo que puede tener un país, una sociedad educada y capacitada para hacer frente a los retos del futuro.
Con base en lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el primer párrafo del artículo 3o. y sus fracciones III y VI, así como la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Artículo primero. Se adiciona el artículo 3o. constitucional para quedar como sigue:
Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado- Federación, estados y municipios-, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, la primaria y la secundaria son obligatorias.
I. . . . . . . . . . .
III. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación, en los términos que la ley señale.
IV. . . . . . . . . . .
VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal, los particulares deberán:
. . . . . . . . . .
Artículo segundo. Se adiciona el artículo 31 constitucional para quedar como sigue artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, y reciban la militar, en los términos que establezca la ley;
Il. al IV. . . . . . . . . .
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para poder ingresar al nivel de educación primaria será prerrequisito haber cursado un año de educación preescolar, la cual deberá iniciarse a los 5 años cumplidos del educando. Esta medida se aplicará cuando hayan transcurrido cuatro ciclos escolares, contados a partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto.
Tercero. Los gobiernos Federal y estatales celebrarán los convenios que consideren pertinentes, de acuerdo a la situación y capacidad de cada entidad federativa, para cumplir con la obligatoriedad de la educación preescolar, de ser posible, antes del plazo establecido en el artículo transitorio anterior.
Cuarto. Los gobiernos Federal y estatales implementarán programas de información y promoción dirigidos a los padres de familia para que inscriban a sus hijos a la educación preescolar.
Quinto. Los gobiernos Federal y estatales destinarán a partir de la entrada en vigor de este decreto los recursos necesarios con el fin de lograr la cobertura suficiente para la prestación de los servicios de educación preescolar.
Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 25 de septiembre de 2001.
Integrantes de la Comisión de Educación: los diputados:
Celita Alamilla Padrón, Alfonso Vicente Díaz, Eduardo Rivera Pérez, Oscar Ochoa
Patrón, José María Tejeda Vázquez, Maria Isabel Velasco Ramos, Luis Aldana Burgos,
Silvia Alvarez Bruneliere, José Carlos Luna Salas, Héctor Méndez Alarcón, Fernando
Ugalde Cardona y Rodolfo Ocampo Velásquez.
LA C. VICEPRESIDENTA DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL.
Gracias señora Diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de
Educación y Servicios Educativos.
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Para presentar una Iniciativa sobre Ley de Iniciativa
Popular, tiene la palabra el diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del
Partido Acción Nacional.
EL C. DPUTADO ENRIQUE VILLA PRECIADO. Con su permiso
Diputada Presidenta.
"Desde nuestra Carta Magna de 1824 hasta la
fecha….."
(Lectura completa de la Iniciativa. Insértese.)
Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara
de Diputados del honorable Congreso de la Unión.
Enrique Adolfo Villa Preciado, diputado federal por el IV
distrito federal del Estado Jalisco, con fundamento en lo dispuesto por el articulo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la
fracción II del articulo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, vengo ante esta honorable Asamblea, a presentar la
siguiente
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforma el artículo 41 y se adicionan el
artículo 71 con una fracción IV y el 99 con una fracción V-bis, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos se crea la ley reglamentaria de la fracción IV
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se
reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos, del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los anales de la historia constitucional de nuestro
país, encontramos que la constante lucha de nuestro pueblo por preservar sus
instituciones democráticas y por mejorarlas en aras del progreso y del bienestar de todos
y cada uno de los mexicanos, fundándose como causa común de los pueblos del mundo que se
precian de ser democráticos, nunca ha cesado ni lo hará, porque de ello depende la
búsqueda de progreso y bienestar social, encausado siempre por el camino del diálogo y
del consenso.
Desde nuestra Carta Magna de 1824 hasta la fecha, hemos
pasado del, centralismo al federalismo; de la república a la monarquía y de ésta al
estado liberal progresista; de la reelección indefinida del Poder Ejecutivo (que desató
en varias ocasiones al monstruo de la tiranía y la dictadura), al sistema de partido
hegemónico, terminando su periodo de desgaste y de cerrazón hasta las elecciones del 2
de julio del año 2000, cuando de manera responsable y democrática el pueblo mexicano
escogió un nuevo gobierno y una distinta perspectiva de crecimiento y desarrollo social.
Un aspecto importante de esa transición, es cuando la
ciudadanía interviene en el juego democrático. Al suceder esto, se fomenta la
participación política de los individuos, dando oxigeno al sistema político y certeza a
nuestro sistema jurídico, ya que cada persona (física o jurídica) diría cómo y en
qué sentido desea se regule su conducta social.
Coincidimos con otros sectores políticos del país, que
recientemente han expresado en esta alta tribuna su sentir, respecto de que no es nuestro
fin la implementación de la democracia directa en nuestro sistema constitucional.
Nuestro sistema representativo necesita que la sociedad
coadyuve con quienes cumplimos una función decisoria y eso no significa nuestro
debilitamiento, sino por el contrario, fortalece y dignifica la función representativa
del Congreso, ya que lo hace realmente un órgano del pueblo y para beneficio de éste.
Con la iniciativa popular se estimula el interés de la
sociedad en temas que le atañen, y para dar cumplimiento a ello, se propone se organicen
células de ciudadanos que, en coordinación con la autoridad electoral, eleven propuestas
al Congreso de la Unión con normas jurídicas concretas, instrumentos jurídicos
adecuados, con los cuales se regule la conducta de los individuos en relación con otros y
con intereses más altos, como lo son el bien común y el interés general.
La proposición de adición al artículo 71
constitucional otorga al pueblo la facultad de presentar iniciativas de ley y con ello
transformar la vida de nuestro país. Recientemente el diputado, Amador Rodríguez Lozano
presentó una interesante iniciativa de reforma del Estado y en ella insertó, entre otras
figuras, a la iniciativa popular bajo el argumento de que
"La iniciativa popular es un instrumento delicado
que conviene ordenar de manera puntual, a efecto de evitar su utilización de una manera
desordenada. No hacerlo así conllevaría el riesgo de que la institución llegase a ser
utilizada como un instrumento de ataque al propio régimen democrático. Por ello es que,
teniendo en mente los ejemplos proporcionados por el derecho comparado, en el presente
proyecto de reforma, se propone acotar la iniciativa popular con base en los siguientes
parámetros: a se establece un porcentaje de electores requeridos para subscribirla y b se
señala un criterio de distribución geográfica adecuada de los subscribientes..."
Es importante resaltar este argumento, ya que es donde
coinciden la iniciativa presentada al pleno de esta soberanía el 27 de marzo pasado y la
que hoy suscribimos. Coincidimos en que no se puede dejar abierto el derecho del ciudadano
para presentar iniciativas de ley o decreto. Necesario es acotarlo para no violentar no
sólo el principio democrático que nos distingue de otros países con regímenes
totalitarios y verticales, sino que se salvaguarda también el respeto a las instituciones
democráticamente elegidas y se conserva el orden y la seguridad pública.
La propuesta del diputado Rodríguez Lozano nos parece
muy valiosa. Sin embargo la nuestra consiste en tratar de un modo especial la iniciativa
popular, tanto que se le crea una ley reglamentaria especial que no incluye otras formas
de participación directa de la ciudadanía y además busca tener como requisito un
número de ciudadanos apropiado, facilitando su propio cumplimiento.
Nuestra propuesta está apegada al realismo político que
vivimos (actualmente de intensa participación ciudadana) y como elemento de salvedad para
impedir un mal uso de este derecho, proponemos el siguiente requisito: cada ciudadano que
suscriba una iniciativa popular deberá de estar inscrito tanto en el Registro Federal
Electoral como en el Registro Único de Población. Además, proponemos la integración de
un órgano promotor para que éste elabore y presente a la autoridad electoral federal, el
proyecto de ley o decreto.
El imponer, desde el texto constitucional, las limitantes
a la iniciativa ciudadana, es un punto importante de tratar: con ella que se sostendría
el principio de certeza jurídica y además, se cumpliría con las reglas que dicta la
seguridad jurídica dentro del proceso legislativo, en el entendido de que ciertos temas
de seguridad nacional no podrían ser tocados por la presión social ni los intereses de
unos cuantos.
Nos parece esencial aclarar que la iniciativa de ley es
un acto jurídico que tiene por objeto presentar a discusión un proyecto de ley o
decreto, que busca la aprobación del órgano creado con anterioridad para tal fin, por lo
que la iniciativa ciudadana debe de guardar formas determinadas para su presentación.
Ésta es labor de la ley que se propone y que reglamentaría esta prerrogativa ciudadana.
Efectivamente la presentación de una iniciativa popular
no tendrá efectos vinculativos para su aprobación, siendo que para tal efecto, se
deberá de seguir el procedimiento establecido en el numeral 72 de nuestra Carta Magna.
Por lo tanto, queda entendido que aquellos que suscriban una iniciativa popular no están
creando una ley que entre en vigor de manera inmediata, sino únicamente están celebrando
un acto jurídico que da inicio al procedimiento ordinario de creación de leyes, y por lo
tanto, el legislador podrá aprobarlo o rechazarlo.
Para la composición del presente proyecto se atendió a
la doctrina, a las propuestas y leyes relativas a la iniciativa popular adoptadas por
otros países del continente y a la legislación local en cada una de las entidades
federativas de la nación, como el caso del Estado de Jalisco, pionero en la creación y
aplicación de figuras que permiten la participación directa de la ciudadanía, tales
como la propia iniciativa ciudadana, el referéndum y el plebiscito.
Una de las grandes ventajas que la iniciativa ciudadana
tiene radica en que el destinatario de las normas jurídicas plasmadas en leyes o decretos
emitidas por los órganos legislativos de un país determinado tiene la posibilidad de
proponer proyectos adecuados a su realidad, buscando su desarrollo y el cumplimiento de
sus objetivos sociales, implicando, con ello, el arribo de la justicia, la equidad y el
bienestar social.
La iniciativa ciudadana estrecha la relación del
legislador con el pueblo de una manera más natural. Enriquece el procedimiento
parlamentario al proponer, en la arena de la discusión política, ideas emanadas
directamente de la sociedad. Con la iniciativa ciudadana se abren las puertas de la
participación a la población organizada, fomentando el desarrollo de una política más
activa, repercutiendo directamente en la cultura cívica de la nación.
Otra característica de la iniciativa ciudadana es la
neutralidad de su origen, ya que no contiene intereses particularmente partidistas. La
ciudadanía presenta a través de este medio, sus necesidades de ordenamiento y
regulación socio-jurídica, radicando ahí su importancia social. La iniciativa genera el
compromiso ciudadano de cumplir con la ley o decreto que él mismo propone. Esto se debe
de tomar en cuenta por el dictaminador.
Estamos convencidos de que el artículo 41 de nuestro
Código Fundamental, que establece el principio de representatividad no se corrompe, ya
que por su texto se interpreta que la soberanía es ejercida por tres órganos de poder:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El facultar al pueblo directamente para presentar
iniciativas de ley o decreto se entendería como una forma de auxilio con esos órganos
para que se implementen en el marco jurídico-constitucional de nuestro país, las normas
jurídicas que el pueblo necesita.
Lo anterior obliga al Constituyente Permanente a
establecer las bases o puntos fundamentales bajo los cuales el legislador le dé vida a la
forma estructurada y organizada de presentar proyectos de normas jurídicas concretas.
Dichas bases se encontrarían una nueva fracción IV al articulo 71 de la Constitución
General en vigor.
Pero, como todo derecho que se otorga a los ciudadanos o
a los individuos en general, es necesario poner limites para evitar su abuso. Y en este
caso, la manera de limitar esta libertad social sería la de delimitar su campo de
acción, por lo que la iniciativa popular no tendría incumbencia en las materias
siguientes:
• Reformas a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos
• Iniciativas de índole fiscal o económico
financiera y presupuestal
• Iniciativas referente a las fuerzas armadas o de
seguridad nacional
• Iniciativas que se refieran a tratados o convenios
internacionales
• Reformas en materia electoral
Estos candados tienen como fin proteger ciertas áreas
estratégicas del ámbito federal, así como de estricta jurisdicción estatal, además de
que, como en su caso señalará la ley reglamentaria, debe presentarse de tal modo que
cuide las relaciones de subordinación con la autoridad, siendo éstas el respeto a la
investidura del funcionario y la preservación del orden público.
La ley reglamentaria establecerá aquellos requisitos
mínimos que hagan viable la iniciativa, como serían el registro mínimo de suscriptores,
lo que deberá hacerse con apoyo de la autoridad electoral; el carácter de interés
general de la misma, lo que la hará prevalecer sobre otros ordenamientos jurídicos que
la complementen o se contrapongan con ella; el establecimiento de un órgano promotor
quien finja como representante para los efectos de la impugnación y las reglas de
procedimiento del recurso que ataque una resolución del órgano instructor que le dé
viabilidad y forma jurídica a la iniciativa.
Como el sistema de integración de la iniciativa se
asimila a los métodos de votación, es necesario reformar el Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para que le dé coherencia y unidad a
la reforma que se propone. Además, es necesario darle atribuciones al Instituto Federal
Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en lo que a su
competencia corresponda, por lo que se integran reformas a la normatividad electoral
federal como seria, además del Cofipe, la Ley General del Sistema de Medios de
Impugnación en Materia Electoral y, en su caso, a la Ley Orgánica del Poder Judicial
Federal.
Para la aplicación de las normas que encuentran la
exposición de sus motivos aquí, así como para su interpretación, se entenderá a las
mismas como un sistema integral y como parte de un todo, que es el ordenamiento jurídico
de nuestro Estado y se estará a lo dispuesto en la letra de la ley y a falta de ésta, a
los principios generales del derecho.
La posible ley reglamentaria de la fracción IV del
artículo 71 constitucional establece los mínimos requisitos de estructura y de discurso
para darle viabilidad a la reforma, pero, en caso de procedimiento ante el órgano
legislativo es necesario que tanto el articulo 38 de la Ley Orgánica del
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, como el
artículo 61 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos establezcan el o los procedimientos que se deben de seguir en el caso de
la presentación de una iniciativa popular.
Por lo anterior, honorable Asamblea, pongo a
consideración la siguiente iniciativa de Decreto por el que se reforma el artículo 41 y
se adicionan el artículo 71 con una fracción IV y el 99, con una fracción V-bis, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se crea la ley reglamentaria de
la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia
Electoral y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
Artículo primero. Se reforma el articulo 41 y se
adicionan una fracción IV al artículo 71 y una fracción V-bis al artículo 99 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 41. . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Fracciones I y II...
III. La organización de las elecciones federales, así
como de la integración de la iniciativa ciudadana a que se refiere la fracción IV del
articulo 71 de esta constitución, son funciones estatales que se realizan a través de un
organismo publico autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el poder legislativo de la
unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene
la ley en el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia,
imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
. . . . . . . . .
El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en
forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades
relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y
prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de
electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los
cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de
constancias en las elecciones de diputados y senadores, computo de la elección de
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales
uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o
sondeos de opinión con fines electorales, y la integración del órgano promotor de la
iniciativa ciudadana a que se refiere la fracción IV del articulo 71 de esta
constitución. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán publicas
en los términos que señale la ley.
IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad
y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios
de impugnación en los términos que señalen esta constitución y la ley. Dicho sistema
dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizara la
protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado, de
asociación, en los términos del artículo 99 de esta constitución y de presentar de
manera organizada y respetuosa la o las iniciativas ciudadanas que tengan un proyecto de
ley o decreto según la fracción IV del artículo 71 de esta carta fundamental.
. . . . . . . . . .
Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos
compete: fracciones I a la III...
IV. A los ciudadanos mexicanos, siempre y cuando reúnan
los requisitos
siguientes:
1. Quienes suscriban la iniciativa deben de estar
inscritos en el Registro Nacional de Población y en el Registro Federal deje Electores y
contar con su credencial de elector, además de organizarse en la forma y términos que
disponga la ley correspondiente.
2. Que el número de suscriptores represente el 5% del
total nacional, o el 1% total de al menos 10 de las entidades federativas de la unión de
los registros mencionados en el numeral 1 de esta fracción.
3. La materia de la iniciativa deberá referirse al
otorgamiento de derechos o a la imposición de obligaciones, mismas que deberán
considerarse obligatorias para la población en general. Queda prohibida la proposición
de toda ley privativa, o que establezca tribunales especiales, tal y como lo dispone el
artículo 13 de esta constitución.
4. Las materias que no pueden ser materia de iniciativa
popular son:
A. La reforma, adición, derogación, o en su caso
abrogación, de normas contenidas en esta constitución.
B. La reforma, adición, derogación, o en su caso
abrogación, que tengan como fin ordenamientos de índole fiscal, respecto de las finanzas
públicas de la Federación y respecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
C. La reforma, adición, derogación, o en su caso
abrogación, que tengan como objeto la regulación de las fuerzas armadas o que
correspondan a problemas de seguridad nacional.
D. La reforma, adición, derogación, o en su caso
abrogación, que se refieran a tratados o convenios internacionales que suscriba el
Ejecutivo Federal y que ratifique el Senado de la República.
E. La reforma, adición, derogación, o en su caso
abrogación, en normas de carácter electoral
. . . . . . . . . .
El procedimiento de la iniciativa ciudadana se regirá
conforme a lo que establece el artículo 72 de esta constitución, en la ley reglamentaria
de la fracción IV de este artículo así como en la reglamentación interna del Congreso
de la Unión, y demás ordenamientos aplicables.
Articulo 99...
. . . . . . . . . .
Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma
definitiva e inatacable, en los términos de esta constitución y según lo disponga la
ley, sobre:
Fracciones I a la IV...
V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen
los derechos político electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación
libre y pacifica para tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos
que señalen esta constitución y las leyes;
V-bis. Las impugnaciones de actos y resoluciones que
violen los dispuesto por la fracción IV del artículo 71 de esta. constitución;
Fracciones VI a la IX...
ARITUCLOS TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente articulo entrará en
vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El Instituto Federal Electoral,
así como el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Gobernación tendrán
un plazo no menor de 90 ni mayor de 270 días naturales para expedir los ordenamientos
correspondientes e implementar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo
establecido en el presente artículo.
Artículo tercero. Una vez aprobada la presente
reforma según lo dispuesto por el artículo 135 de esta Constitución, las Entidades
Federativas de la República que tengan en sus constituciones locales, estatutos de
Gobierno ó legislación ordinaria, disposiciones que la contravengan, tendrán un plazo
no menor de 90 ni mayor de 270 días naturales contados a partir de ese suceso para
adecuarlas a la misma. En caso que de no cumplimentarse, prevalecerá la presente
disposición sobre los ordenamientos locales no armonizados con ésta.
Artículo segundo. Se expide la ley reglamentaria de
la fracción IV del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Ley reglamentaria de la fracción IV del artículo 71 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
LA C. VICEPRESIDENTA. Túrnese a las Comisiones Unidas de
Gobernación y Seguridad Pública y de Participación Ciudadana, atendiendo el pedimento
verbal del ciudadano Diputado Enrique Villa.
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Tiene la palabra el ciudadano Diputado Martí Batres
Guadarrama del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para
presentar una Iniciativa de Reformas al Artículo 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA. Con su permiso
señora Presidenta.
"El suscrito, con fundamento en lo dispuesto por los
Artículos 71…"
( leyó completa su Iniciativa. Insértese)
INICIATIVA DE DECRETO
Por el que se reforma y adiciona el artículo 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Honorable Asamblea:
El suscrito coordinador del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción
II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción ll,
56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos someto a consideración, de esta Cámara de Diputados, la presente
iniciativa de reformas y adiciones al artículo 93 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Fortalecer al poder legislativo es una de las necesidades
de la transición democrática. Transición por cierto inconclusa, y sin embargo ya hay
quien pide echar marcha atrás.
Hacer del Congreso un verdadero contrapeso volviendo
eficaces sus atributos que ahora en gran medida se quedan en lo declarativo, resulta parte
sustancial de lo que esta, la LVIII, Legislatura debe legar al término de su ejercicio.
Sin un eficaz sistema de rendición de cuentas, no habrá
confianza de la ciudadanía en los procesos democráticos, mismos que no se agotan en el
ejercicio del sufragio, sino se actualizan en el cotidiano ejercicio de un verdadero
estado de derecho.
El equilibrio de poderes en México, sigue siendo una
aspiración. Tenemos un Poder Ejecutivo muy fortalecido en detrimento de los otros
poderes.
En ese sentido tenemos mucho por hacer.
Las estructuras de hoy, son las mismas para un tiempo que
ha sido superado.
En el grupo parlamentario del PRD, por eso planteamos una
nueva constitucionalidad.
La iniciativa que presento ante esta soberanía,
planteamos adicionar y modificar el articulo 93 constitucional, por que es en dicho
artículo, donde se establecen parte de las atribuciones de control político que le
corresponden ejercer al poder legislativo.
Se trata de una disposición angular relacionada con las
comparecencias, de la que deben derivar facultades reales de vigilancia del legislativo
hacia la administración pública federal y que sin embargo en gran medida se tornan
ineficaces y eso se refleja en el desencanto que han generado las recientes comparecencias
de servidores públicos.
Que los secretarios de despacho acudan a realizar la
glosa del informe que anualmente presenta el titular del Ejecutivo, es un acto republicano
necesario en un esquema de división de poderes.
Que aunado a ello las cámaras puedan citar a servidores
públicos a comparecer, para explicar asuntos de su competencia, es en sí mismo un acto
de vigilancia.
Sin embargo, eso no ha sido suficiente, pues dichas
atribuciones hasta ahora no han evitado que en los hechos muchas veces se vea entorpecida
la labor del legislativo, principalmente por funcionarios al servicio del poder ejecutivo.
Si quien acude a comparecer no informa o lo hace con
falsedad y eso no genera ninguna consecuencia, entonces nuestra normatividad no está
funcionando.
Las comparecencias de los servidores públicos no están
dando todo lo que se espera de ellas, porque los funcionarios acuden ya con la convicción
de que se trata sólo de un mal rato, durante el cual creen que su tarea es eludir
cuestionamientos, evadir respuestas precisas, ignorar críticas, esperar que termine y
retirarse a sus oficinas.
Por eso planteamos, con esta iniciativa, hacer de las
comparecencias de servidores públicos, un verdadero ejercicio de rendición de cuentas y
no la simple conjunción de monólogos, donde cada quien se va con lo que vino, situación
que en muchas ocasiones sucede con el actual esquema, así como dotar a esta soberanía
del carácter de autoridad competente para citar a cualquier persona que cuente con
información útil para los trabajos del Congreso.
Aquellos particulares relacionados en asuntos públicos
de la competencia del Congreso, no podrían, en caso de aprobarse esta reforma, negarse a
comparecer ante este poder, so pena de incurrir en desacato. Obviamente, lo mismo
operaría en el caso de los funcionarios.
Proponemos también, que quien acuda a una cita con el
Congreso a comparecer, lo haga bajo protesta de decir verdad, respecto a lo que va
informar y a las respuestas que formule a las preguntas que le sean presentadas por los
legisladores.
Aquel que mienta o no informe, por virtud de la reforma
propuesta, sería sujeto a proceso por las responsabilidades jurídicas derivadas de esa
conducta.
En esto días estamos llevando a cabo las comparecencias
de secretarios de despacho y de titulares de organismos públicos descentralizados, con
motivo de la glosa del I Informe de Gobierno del Ejecutivo Federal; se trata de un
ejercicio en donde en algunos casos hemos constatado la falta de respeto, por parte de
quienes deben informar y no lo hacen o lo hacen sólo parcialmente, somos testigos de
cómo, a cambio de respuestas a preguntas concretas se ofrecen citas en oficinas ajenas al
legislativo para desahogar los cuestionamientos de los diputados. Situación a todas luces
anómala, dado que las respuestas las estamos esperando en la máxima tribuna de la
nación.
El parlamentarismo y el constitucionalismo, son dos
conceptos de una misma acepción: Límites al ejercicio omnimodo del poder público.
Esa es la razón más trascendente de la división de
poderes, del parlamento y de la constitucionalidad.
Se trata de una reforma del Estado, que busca ampliar la
fuerza de este Poder Legislativo, para convertirlo en un auténtico poder el Estado.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración
de esta Asamblea la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO
Que reforma y adiciona el artículo 93 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue
Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo
93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 93.
. . . . . . . . . . . .
El Congreso de la Unión a través de cualquiera de las
cámaras podrá citar a cualquier persona, para que aporte información respecto a asuntos
de la competencia del Poder Legislativo.
Quienes comparezcan ante el Congreso, lo harán bajo
protesta de decir verdad.
Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus
miembros, tratándose de los diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tienen
facultad de integrara comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las
investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Unico. presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente
Palacio legislativo de San Lázaro a 25 de 2001.—
Diputado Martí Batres Guadarrama rubricas.
LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias señor Diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado del
grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una Iniciativa
de Reformas y Adiciones a los Artículos 418 y 419 del Código Penal Federal y al
Artículo 149 del Código Federal de Procedimientos Penales.
LA C. DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO. Con su permiso
señora Presidenta.
(LEYO LA INICIATIVA COMPLETA. INSERTESE)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Partido Verde Ecologista de México
Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del
honorable Congreso de la Unión.— Presente.
La suscrita, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputada
de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71
fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56,
60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su
dictamen y posterior discusión en el peno de la Cámara de Diputados de la LVIII
Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Durante las últimas décadas se ha incrementado la
llamada "crisis de la biodiversidad" por su acelerada pérdida en todo el mundo.
La deforestación y la fragmentación de ecosistemas se han reconocido en muchos países
como unas de las principales causas de pérdida de la biodiversidad y se ha alertado sobre
las consecuencias que estos fenómenos pueden tener sobre el bienestar de la humanidad y
la salud general del ambiente.
México es un país excepcionalmente favorecido por la
naturaleza. Cuenta con una gama impresionante de climas y suelos, que permiten que en su
territorio se desarrolle una gran variedad de ecosistemas forestales. Ellos contribuyen a
la base de recursos naturales con los que cuenta la nación.
Las múltiples combinaciones de climas, suelos, altitudes
y latitudes dan como resultado un numero de contrastes, productos, paisajes; los bosques y
las selvas producen una gran variedad de plantas y animales, bosques y las selvas producen
una gran variedad de plantas y animales comestibles que forman parte de la dieta de los
hogares mexicanos en el medio rural y son abastecedores primordiales de materiales para la
construcción de viviendas en estas zonas.
La actividad de aprovechamiento de los recursos
forestales son fuente permanente de empleos o ingresos para quienes aprovechan los
productos maderables y no maderables a nivel comercial, o bien aquellos que por su
extraordinaria belleza son usados como recreativos y de esparcimiento.
Los bosques, las selvas y la vegetación de las zonas
áridas proporcionan servicios ambientales básicos que incluyen la regulación del
régimen hidrológico, la recarga de los acuíferos, mantenimiento de la biodiversidad ,
la retención del suelo y la protección de este contra la erosión, generación de
alimentos, contribución a la agricultura y ganadería. Son el hábitat para la fauna
silvestre, regulan el clima, capturan y almacenan eficientemente el carbono de la
atmósfera, que en forma de bióxido de carbono constituye uno de los principales gases
que produce el efecto invernadero, y con ello contribuyen a mitigar el calentamiento de¡
planeta.
Los recursos forestales tienen un papel muy importante en
la protección de¡ ambiente a nivel local y regional. En las cuencas hidrográficas con
fuertes pendientes, las raíces de los árboles cumplen con una importante tarea de
sujeción de¡ suelo y defensa contra la erosión y el deslizamiento de tierras. El
desmonte sin control en las partes altas de las cuencas, además de sus efectos locales,
tiene grandes consecuencias aguas abajo, donde la infraestructura hidroagrícola e
hidroeléctrica se congestiona y reduce su capacidad por el deposito y la acumulación de
partículas de suelo.
Además de los productos maderables los bosques, las
selvas y la vegetación de zonas áridas cuentan con recursos forestales no maderables que
se traducen en bienes y servicios de la sociedad y que contribuyen a la economía de las
familias campesinas. Se tienen identificados mas de 250 productos en los que se incluyen
hojas, frutos, rizomas resinas, gomas, ceras, corteza y hongos de los cuales
aproximadamente 70 de ellos son de aprovechamiento comercial.
La fragmentación de la vegetación tiene como
consecuencia inmediata la reducción de¡ hábitat para las especies, lo que puede
ocasionar un proceso de defaunación o desaparición parcial o total de comunidades de
algunos grupos como insectos, aves y mamíferos. Las relaciones bióticas y abióticas de
las comunidades también se pueden alterar en función del tamaño y la forma de los
fragmentos, ya que al modificarse la distribución espacial de los recursos también se
modifica su disponibilidad. El grado de interrelación de los fragmentos determina
entonces la viabilidad de estas especies en el mediano y largo plazos, ya que si ésta no
existe pueden producirse procesos de aislamiento, favorecerse procesos endogámicos o bien
llegar hasta la extinción local de algunas especies.
La deforestación, por tanto, puede ocasionar la
extinción local o regional de las especies, la pérdida de recursos genéticos, el
aumento en la ocurrencia de plagas, la disminución en la polinización de cultivos
comerciales, la alteración de los procesos de formación y mantenimiento de los suelos
(erosión), evitar la recarga de los acuíferos, alterar los ciclos biogeoquímicos, entre
otros procesos de deterioro ambiental. En síntesis, la deforestación es una causa de
pérdida de la diversidad biológica a nivel genético, poblacional y ecosistémico.
Nuestro país conserva solamente el 10% de sus recursos
naturales originarios sin embargo, la riqueza forestal de México es todavía importante.
Durante 1994 el Inventario Nacional Forestal Periódico Determinó que el 72% del
territorio nacional, es decir 141.7 millones de hectáreas, esta cubierto por diferentes
tipos de vegetación forestal. Décimo lugar del mundo con respecto a su extensión
forestal. En total 28% de la superficie del territorio nacional es arbolada, ya que los
bosques y selvas en conjunto cubren 55.3 millones de hectáreas.
México también se distingue por sus altas tazas de
deforestación según datos oficiales se han obtenido cifras que varían entre 400 mil a
1.5 millones de hectáreas anuales con distintos niveles de afectación. Este rango tan
amplio en los valores se debe a la heterogeneidad de la información que se utiliza para
estimar las tasas de deforestación, como son diferentes definiciones y enfoques, diversas
metodologías, distintos tiempos y distintas escalas geográficas de análisis.
Independientemente de la variabilidad, los valores reportados son muy altos y denotan una
pérdida anual considerable de los ecosistemas naturales. Nuestro país ocupa el cuarto
lugar mundial con respecto al numero de hectáreas deforestadas anualmente.
Las cifras son bastante alarmantes. En un periodo de 20
años crecieron 6 millones 281 mil hectáreas, las tierras dedicadas a las actividades
agropecuarias. Las pérdidas de zonas maderables muestran que la deforestación no sólo
ha afectado a los ecosistemas naturales, sino también a los cuerpos de agua superficiales
y por tanto a los recursos hídricos del país. Las tasas de deforestación más altas se
registraron para comunidades riparias o de freatofitas, como la vegetación de galería
(3.6%), palmares (1.6%) y mezquitales (1.1%), registrándose también una disminución de
los cuerpos de agua dulce epicontinentales (0.83%).
Debemos considerar que existen muchos factores que causan
la deforestación en nuestro país entre las que destacan podemos mencionar:
• Los cambios de utilización de terrenos forestales
para fines agropecuarios; que van desde el 45% en zonas templadas al 60% en zonas
tropicales. En el ámbito local el crecimiento de la mancha urbana ha generado también un
impacto negativo, como ejemplo, el Valle de México ha perdido el 95% de sus zonas
boscosas originales.
• Los incendios; sus principales causas son las
actividades agropecuarias que representan un 54%, cambios intencionales de uso de suelo un
16% y actividades silvícolas un 2%
• La tala legal y clandestina; si consideramos que
la pérdida por tala legal es de¡ 10% en zonas tropicales , en cuanto a la tala
clandestina es razonable suponer que el efecto es igual o mayor. Tan solo en el rubro de
leña combustible se estima que en México se consumen anualmente 37 millones de metros
cúbicos de madera, lo que significa casi cinco veces la producción forestal maderable
autorizada.
• Los ataques de plagas y enfermedades; estas
afectan a las áreas forestales que no tienen ningún tipo de manejo, asimismo el clima y
la orografía restan vigor al arbolado.
El 80% de la superficie forestal nacional es propiedad de
ejidos y comunidades, el 15% es propiedad privada y únicamente 5% son terrenos de la
nación. La propiedad social integra una población estimada de 10 millones de habitantes,
de los cuales mas de¡ 27% habla alguna lengua indígena, que es el 28% de las comunidades
rurales del país, es decir 8 mil 417 son poseedores de recursos forestales.
Ahora, es necesario considerar los factores culturales,
económicos y legales:
• Agricultura itinerante; situándonos en un
contexto de presión demográfica y pobreza del sector rural, resulta literalmente
imposible al menos minimizar la practica de roza-tumba-quema. Por el contrario la
pulverización de la propiedad rural y la falta de créditos, maquinaria agrícola y
fertilizantes, trae como consecuencia la extensión de la frontera agrícola.
• Incentivos nocivos; los subsidios crediticios a la
ganadería extensiva y los subsidios de Procampo parecen tener un vínculo con la
destrucción de áreas boscosas. Además Procede programa para la parcelación y
titulación de terrenos ejidales en propiedad privada, no incluye las zonas forestales
incentivando aún mas el desmonte.
• Problemas de propiedad y usufructo; La Ley Agraria
determina que los bosques y selvas tropicales dentro de un ejido no son parcelables, es
decir, todos los ejidatarios son dueños de las zonas boscosas pero no pueden reclamar su
parte para aprovechamiento agregando que los bosques se consideran bien publico. Esto
desincentiva a los ejidatarios para ver al bosque como una posible alternativa de
generación de ingresos. El bosque se vuelve tierra de nadie, lo que propicia una tala
clandestina y la explotación legal excesiva de personas o empresas ajenas al ejido. Este
problema también se presenta en las áreas naturales protegidas.
• Pobreza presupuestal; debido al mal manejo de los
recursos asignados a este sector, resulta difícil el trabajo de protección y
rehabilitación de los recursos forestales por lo cual no es de extrañarse que la
autoridad se vea impedida de aplicar la normatividad vigente, que los expedientes se
acumulen y que la corrupción sea constante.
Para impulsar la producción silvícola garantizando un
manejo sustentable del recurso, es necesario redefinir los términos y condiciones de los
programas de aprovechamiento, protección, cuidado y conservación así como perfeccionar
los sistemas de protección y vigilancia.
México, siendo un país megadiverso, requiere conocer
estos procesos de deterioro del ambiente para tratar de revertir el problema de pérdida
de biodiversidad antes de que sea demasiado tarde.
Los ecosistemas más amenazados de¡ país por su grado
de fragmentación se encuentran distribuidos de manera diferencia¡. Los fragmentos de
vegetación tropical se encuentran distribuidos más o menos homogéneamente en las
regiones tropicales de México (costas del Pacífico desde Nayarit hasta Chiapas, costa
del Golfo de México desde Veracruz hasta Tabasco y la península de Yucatán); en tanto
que las regiones áridas más afectadas por fragmentación, en su mayoría, se encuentran
en el noreste de México (Tamaulipas y Nuevo León), en algunos estados de la altiplanicie
central del país (Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo) y en
algunos estados de la costa este (Colima y Jalisco). Los fragmentos de regiones templados
que presentan una mayor amenaza se ubican en su mayoría en la Sierra Madre del Sur, el
Eje Neovolcánico y la Sierra Madre de Chiapas.
Asimismo, el problema de la fragmentación de ecosistemas
es aún más severo. La mayoría de los fragmentos, incluidos dentro de las categorías
comprendidas entre 21 y 100 m/ha, se perdieron durante un periodo de 20 años. Esta
pérdida seguramente repercutirá negativamente en el manejo y conservación de hábitats,
así como en la calidad y salud del ambiente.
Es necesario adecuar la normatividad penal de nuestro
país para que el delito ambiental que contempla actividades como la tala ilegal sea un
efectivo desincentivizador de las actividades relacionadas con el saqueo de nuestros
bosques.
El delito ambiental del que estamos hablando no es
considerado como grave, por lo que todos los que cometen un delito ambiental, gozan del
beneficio de la libertad provisional, situación que debería de cambiar en virtud de la
importancia del bien jurídico tutelado, ya que las afectaciones a los ecosistemas
forestales, como se había mencionado anteriormente contribuyen a una gran cantidad de
resultados nocivos para el ambiente.
Por otro lado, en muchas ocasiones es habitual que la
madera talada ilegalmente sea transportada en distintos vehículos por personas asociadas,
dichos vehículos transportan menos de cuatro metros cúbicos de madera en rollo o su
equivalente, evadiendo de este modo la acción de la justicia, por lo que proponemos que
se disminuya la cantidad de madera de cuatro metros cúbicos a dos metros cúbicos.
En mérito de lo anteriormente expuesto pongo a
consideración del pleno de la Cámara de Diputados el presente:
DECRETO
Por el que se reforma y adicionan los artículos 418 y
419 del Código Penal Federal y el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos
Penales.
Artículo primero. Se reforman y adicionan los
artículos 418 y 419 del Código Penal Federal para quedar como sigue:
Artículo 418.
Al que sin contar con la autorización que se requiera
conforme a la Ley Forestal, desmonte o destruya la vegetación natural, corte, arranque,
derribe o tale árboles, realice aprovechamientos de recursos forestales o cambios de uso
del suelo, se le impondrá pena de tres a nueve años de prisión y por el equivalente de
trescientos a treinta mil días multa.
La misma pena se aplicará a quien dolosamente ocasione
incendios en bosques, selva, o vegetación natural o terrenos forestales que dañen
recursos naturales, la flora o la fauna o al ambiente o los ecosistemas.
Artículo 419.
A quien transporte, comercie, acopie o transforme
recursos forestales maderables en cantidades superiores a dos metros cúbicos rollo o su
equivalente, para los cuales no se haya autorizado su aprovechamiento conforme a la Ley
Forestal, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión y de trescientos a treinta
mil días multa, excepto en los casos de aprovechamientos de recursos forestales para uso
doméstico, conforme a lo dispuesto en la Ley Forestal.
Artículo segundo. Se reforma y adiciona el artículo
194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue:
Artículo 194.
Se califican como delitos graves, para todos los efectos
legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los
previstos en los ordenamientos legales siguientes:
1. Del Código Penal para el Distrito Federal en materia
de fuero común y para toda la república en materia de fuero federal, los delitos
siguientes:
Del numeral 1, al 33, ....
Numeral 34, Utilización de recursos forestales
maderables, previsto en el articulo 418 y 419 del Código Penal Federal.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados del honorable
Congreso de la Unión, a 10 días de septiembre de 2001.— Diputados: Erika Elizabeth
Spezia Maldonado, Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio
Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga
Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo
Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro
Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken,
Concepción Salazar González; de otras fracciones parlamentarias: Félix Salgado
Macedonio, Irma Piñeiro, Adela Cerezo Bautista, Juan Carlos Saiz A., César H. Duarte,
Angel Meixueiro, Alfonso Vicente Díaz y Víctor E. Díaz P.
LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. TÚRNESE A LA
COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día, es la primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto que modifica la fracción VII del artículo
115 de la Ley General de Salud.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados .— LVIII Legislatura.— Comisión de Salud
De la Comisión de Salud
Honorable Asamblea: a la Comisión de Salud, fue turnada
para su estudio y dictamen, iniciativa de ley que contiene una adición a la fracción VII
del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la fortificación nutritiva
de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la
tortilla.
Esta Comisión, de conformidad con las atribuciones que
le otorgan los artículos 39 numeral 3; 43, 44y 45 y demás relativos a la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 60, 87, 93 y 94 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
presenta a la consideración de los integrantes de esta honorable Asamblea, el siguiente
dictamen, de acuerdo con los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 9 de septiembre de 1998 se presentó al
pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa que adiciona la
fracción VII, del artículo 115 de la Ley General de Salud, en relación con la
fortificación nutritiva de las harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales
con los que se elabora la tortilla, por el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado,
integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y suscrita por diversos
diputados pertenecientes a diversos grupos parlamentarios.
2. Para su estudio y dictamen, el 9 de septiembre de 1999, la Presidencia
de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa a la Comisión de
Salud con opinión de la de Comercio.
3. Previo estudio y análisis de la iniciativa, se
procedió a la elaboración del presente dictamen, exponiendo las siguientes:
MOTIVACIONES
El objetivo fundamental que se propone en la iniciativa
es adicionar nutrientes a las harinas de trigo y de maíz, así como a los nixtamales para
que de esta manera se pueda prevenir la desnutrición y asimismo proteger a los infantes
de las zonas marginadas de nuestro país.
De la exposición de motivos se desprende que la
desnutrición es considerada como el desbalance entre los nutrimentos requeridos y los
ingeridos; es uno de los puntos álgidos que encontramos en nuestro país; además se
considera como una enfermedad de origen multifactorial y que puede ser diferenciada en dos
grandes ramas: la secundaria, que es la resultante de otro proceso patológico previo y la
primaria o social que es la que resulta de la pobreza y de la falta de acceso a los
alimentos necesarios, de amplios sectores de la población.
Los autores de la iniciativa, consideran que los
principales motivos para adicionar nutrientes a los alimentos son: restaurar pérdidas
debidas a procesamiento y manejo de los alimentos; corregir una deficiencia reconocida en
la dieta y mejorar la calidad nutricional global del suministro de alimentos.
Establecen que para llevar a cabo la fortificación de
los alimentos se requieren las siguientes condiciones:
Que el alimento debe ser consumido básicamente por todas
las personas de la población.
Que la ingesta diaria per cápita debe ser estable
y uniforme.
Que el alimento fortificado debe permanecer estable bajo
condiciones estándares de almacenamiento y uso.
Que los nutrientes adicionados deben estar
fisiológicamente disponibles en el alimento.
Que los nutrientes adicionados deben suministrarse en
cantidades óptimas sin implicar un riesgo de ingesta excesiva o de efectos tóxicos.
Que el enriquecimiento no debe producir cambios
indeseados en las características organolépticas del alimento.
Que el enriquecimiento no debe aumentar en forma
sustancial el precio del alimento y por último, que el enriquecimiento debe ser
económicamente factible a través de un proceso industrial.
Argumentos que en su conjunto sustentan la iniciativa con
el objeto de hacer obligatoria la fortificación de alimentos, con la siguiente propuesta:
Adición a la fracción VII del artículo 115 de la Ley General de Salud
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá
a su cargo:
. . . . . . . . . .
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban
satisfacer los cuadros básicos de alimentos y hacer obligatoria la fortificación de las
harinas de trigo y de maíz, así como de los nixtamales con los que se elabora la
tortilla y...
De conformidad con los antecedentes y motivaciones de
referencia, esta comisión expone las siguientes:
CONSIDERACIONES
Efectivamente la fortificación de alimentos es un
aspecto primordial que beneficia sin lugar a dudas a los habitantes de nuestra nación y
su aplicación no constituye mayor dificultad ya que la adición de pequeñas cantidades
de una o varias vitaminas, minerales o proteínas (aminoácidos) que normalmente no
contiene el producto, tecnológicamente es un aspecto resuelto.
La nutrición es un tema frecuente en la conversación
diaria; sin embargo, la mayoría de la gente relaciona su significado con las áreas más
comunes, como por ejemplo, el colesterol, la reducción de peso y el aporte de vitaminas,
sin apreciar totalmente la amplitud del tema, su importancia y sus propósitos.
Al respecto, los integrantes de esta Comisión de Salud
observan que este enfoque brinda importantes y nuevas oportunidades comerciales para la
industria alimenticia, porque el significado de nutrición ha pasado desde el campo
dietético con productos específicos para el tratamiento de diversas enfermedades hacia
el campo de la alimentación sana y equilibrada. También se ofrecen nuevas oportunidades,
por el hecho de que el consumidor actual está tomando cada vez más conciencia de la
nutrición y de la capacidad de los alimentos para mantener la salud y prevenir
enfermedades crónicas degenerativas. El contenido nutricional de un producto es, por lo
tanto, un factor significativo en la forma en que el consumidor elige el alimento.
Los nutrientes en términos generales, se dividen en dos
grupos:
Macronutrientes: proteínas (aminoácidos esenciales,
aminoácidos no esenciales); lípidos (ácidos grasos poliinsaturados, monosaturados y
saturados); e hidratos de carbono (azúcares, hidratos de carbono complejos, fibra).
Micronutrientes: son los cofactores esenciales para que
el metabolismo funcione correctamente.
Los micronutrientes son principalmente vitaminas (ej:
vitaminas A, del complejo B, C, D, E y K), minerales (ej. hierro y calcio) y
elementos traza (zinc, selenio, manganeso).
A pesar de que éstos se requieren en pequeñas
cantidades en la dieta, son factores claves en los componentes de la misma. Los procesos
de crecimiento, producción de energía y funciones normales no ocurrirían sin ellos.
Por esto a través de muy diversos estudios en diferentes
países, cada día son más los argumentos a favor de mejorar la nutrición de las
personas y en especial de los niños para poder alcanzar un desarrollo humano sostenible.
Nuevas evidencias científicas y tecnológicas sugieren que mediante el suministro de
nutrientes vitales a la población es posible no sólo prevenir el inmenso costo social y
económico de la desnutrición sino que coadyuva para alcanzar las metas de un país en
materia de educación, salud y productividad.
El trigo, en nuestro país se consume en forma de pan y
de pastas, sin embargo el maíz, mediante la tortilla, es el alimento que más se consume
y en muchos casos donde existe la pobreza extrema es de los escasos alimentos que nuestra
población ingiere. En algunos países de América Latina se han adicionados varios tipos
de alimentos, entre ellos podemos encontrar el azúcar y las galletas, mientras que en
nuestro país podríamos pensar en alimentos que tengan accesibilidad y que en las
poblaciones más distantes sean de fácil acceso como productos finales para el uso
inmediato del consumidor, por ejemplo las sopas de pasta y los atoles.
Existen numerosos estudios, tanto en México como en
Latinoamérica, donde se demuestra que la fortificación de alimentos con micronutrientes
ha beneficiado a la población. En donde se encuentran alimentos fortificados ha
disminuido la mortalidad infantil; de igual manera la mortalidad materna ha reducido su
número, así como también se ha observado un aumento del coeficiente intelectual de la
población. De la misma manera, específicamente en nuestro país la deficiencia de ácido
fólico se ha relacionado con defectos congénitos del tubo neural.
Relacionado con el espíritu de la iniciativa, se ha
considerado mediante investigaciones fundamentalmente realizadas por el Instituto Nacional
de Nutrición "Salvador Zubirán" y la misma Secretaría de Salud, la adición
en pequeñas cantidades de micronutrientes a las harinas industrializadas de trigo y de
maíz, ya que la deficiencia de estos nutrientes los encontramos en una proporción
importante de la población y que su suplementación en la dieta ha demostrado ser
benéfica en la salud y en la funcionalidad de la misma, debido a que es muy accesible
hacérselas llegar por este medio. Además se ha comprobado que mediante esta adición en
las harinas industrializadas se asegura la correcta absorción de estos nutrientes sin
ningún riesgo de toxicidad o reacción adversa. El olor, sabor, textura de la tortilla o
de la cualquiera de las harinas, de trigo o de maíz, no se vería afectada en lo más
mínimo y el costo de la suplementación sería muy económico. No así para las harinas
de los nixtamales de uso inmediato y de consumo directo en las pequeñas poblaciones. De
acuerdo con el censo de población del año 2000, existen en la República más de 100 mil
comunidades que tienen menos de 2 mil 500 habitantes y muchas de ellas de muy difícil
acceso, lo que haría prácticamente imposible la adición de estos productos.
Sin embargo, en nuestro país existen normas oficiales
que regulan la fortificación de alimentos como son:
Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSAI-1994.
Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSAI -1996.
En la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SSAI-1994, bienes y
servicios, alimentos y bebidas no alcohólicas con modificaciones en su composición.
Especificaciones nutrimentales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
26 de junio de 1996, a través de la cual como su nombre lo indica establece las
especificaciones nutrimentales a que deben sujetarse dichos productos y en su punto l
"Objetivo y campo de aplicación" establece:
I.I Esta Norma Oficial Mexicana establece las especificaciones
nutrimentales que deben observar:
I.I.I Los alimentos y bebidas no alcohólicas con
modificaciones en su composición.
. . . . . . . . . .
l.2 Esta Norma Oficial Mexicana es de observancia
obligatoria en el territorio nacional para las personas físicas o morales que se dediquen
a su proceso o importación.
. . . . . . . . . .
Y en el punto 6.3. se refiere a los interesados que
deseen adicionar o que adicionan nutrimentos a los productos de esta norma. Como ejemplo
de productos que los industriales adicionan nutrimentos se menciona: la fécula de maíz
de la marca Maizena (para elaborar atoles) así como también la miel Karo, se basan en
esta norma.
En la Norma Oficial Mexicana NOM-147-SSAI-1996, bienes y
servicios, cereales y sus productos. Harinas de cereales, sémolas o semolinas. Alimentos
a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus mezclas.
Productos de panificación. Disposiciones y especificaciones sanitarias y nutrimentales,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 1999, esta
norma en su punto I.I, establece las disposiciones y especificaciones sanitarias y
nutrimentales, que deben cumplir las harinas de cereales, sémolas o semolinas, los
alimentos a base de cereales, de semillas comestibles, harinas, sémolas o semolinas o sus
mezclas y los productos de panificación. Así también menciona que no son objeto de esta
norma, las harinas preparadas, botanas, pastas para sopa, tortillas y tostadas.
Y en su punto 5.3. "Especificaciones
nutrimentales", el 5.3.1. dice "la harina de trigo debe ser adicionada
con 2 mg de ácido fólicolkg de harina y 35 mg de hierro (como ion ferroso)/kg de
harina", observamos que en la harina de trigo se tiene la obligación de adicionar
estos micronutrientes.
Por estas razones, los integrantes de la Comisión de
Salud, establecen el siguiente
RESULTADO
Que se considera que los beneficios de la fortificación
son la prevención de muertes infantiles, reducción de morbilidad materna, aumento de
capacidad de trabajo y aumento del coeficiente intelectual y el combate a la
desnutrición.
Que las ventajas de la fortificación de las harinas de
trigo y de maíz industrializadas se consideran como un proceso eficaz y seguro ya que se
pueden fortificar alimentos de todos los grupos, sobre todo para la población de escasos
recursos.
Que el nivel nutricional del alimento mejore sin que se
tengan que modificar sus características culinarias además de que no se altere la
característica sensorial de los alimentos.
Que esta medida incorporaría un beneficio a la
población consumidora y establecería la obligación de las industrias de fortificar las
harinas de trigo y de maíz, medida cuyo cumplimiento, vigilancia y fijación de
lineamientos corresponderá a la Secretaría de Salud.
Por todo lo anterior, esta comisión concluye:
• Con base en el estudio y análisis realizado de
los argumentos, se considera que el espíritu de la iniciativa es operante y que en
algunos casos ya se está llevando a cabo la fortificación con micronutrientes en algunos
alimentos industrializados con un costo mínimo, si se realiza en grandes volúmenes. Sin
embargo, el hecho de procurar fortificar a los nixtamales consideramos que es inoperante
debido a que es muy difícil para quienes los producen y viven en comunidades aisladas
dado que tendrían que recorrer grandes distancias para poder obtener estos
micronutrientes, además de que los dueños o quienes se hacen cargo de la producción del
nixtamal tendrían que comprar y recibir capacitación para poder agregar de manera
adecuada dichos nutrientes.
• Con el objeto de continuar con el espíritu de la
iniciativa los integrantes de esta comisión la modifican en los términos del siguiente
proyecto.
Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Salud
somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
Proyecto de decreto que modifica la fracción VII del
artículo 115 de la Ley General de Salud.
Artículo único: Se modifica la fracción VII del
artículo 115 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 115. La Secretaría de Salud tendrá a su
cargo:
. . . . . . . . . .
VII. Establecer las necesidades nutritivas que deban
satisfacer los cuadros básicos de alimentos. Tratándose de las harinas industrializadas
de trigo y de maíz, se exigirá la fortificación obligatoria de éstas, indicándose los
nutrientes y las cantidades que deberán incluirse.
ARTICULO TRANSITORIO
Unico: El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Los diputados de la Comisión de Salud.— Mesa
Directiva los diputados: Ma. Eugenia Galván Antillón, Presidenta; Rafael Orozco
Martínez; Héctor Esquiliano Solís; Eduardo A. Leines Barrera y Adela del C. Graniel
Campos, secretarios; Samuel Aguilar Solis Juan Alcocer Flores; Francisco J. Cantú Torres;
Juan Ramón Díaz Pimentel, María L. A. Domínguez Ramírez; Neftalí S. Escobedo
Zoletto; María García Fernández; Federico Granja Ricalde; Policarpo Infante Fierro;
Arturo León Lerma; Francisco S. López Brito; Santiago López Hernández; Enrique
Meléndez Pérez, Magdalena Nuñez Monreal; Felipe Olvera Nieto; Manuel Wistano Orozco
Garza; Julieta Prieto Fuhrken; Jorge Alberto Rodríguez Pasos; Pedro Migues Rosaldo
Salazar; Luis Miguel Santibáñez García; Ernesto Saro Boardman; Olga M. Uriarte Rico;
Carlos A. Valenzuela Cabrales; José S. Velázquez Hernández y Juvenal Vidrio Rodríguez.
Palacio Legislativo de San Lázaro a 28 de febrero de
2001.— Comisión de Salud
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ:
Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la
Asamblea si se le dispensa la lectura del dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
LA C. PRESIDENTA: Es de primera lectura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
El siguiente punto del orden del día, es la primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 308
de la Ley General de Salud.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
De la comisión de Salud
Honorable Asamblea: a la Comisión de Salud le fue
turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto mediante la cual se adiciona
una fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, respecto a los requisitos a
los que se deberá sujetar la publicidad del tabaco y el alcohol.
Esta comisión, de conformidad con las atribuciones que
le otorgan los artículos 39 numerales 1 y 3; 44 y 45 y demás relativos de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89,
93 y 94 del Reglamento, para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, presenta a la consideración de los integrantes de esta honorable
Asamblea el siguiente dictamen de acuerdo con los siguientes:
Antecedentes
1. En sesión del 28 de febrero de 2001, celebrada por la
Comisión Permanente del honorable. Congreso de la Unión, se presentó la iniciativa que
adiciona una fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, por la diputada
María Cristina Moctezuma Lule, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de
México.
2. Para su estudio y dictamen en la misma fecha, la
Presidencia de la Mesa Directiva de la LUIII Legislatura turnó la iniciativa a la
Comisión de Salud.
3. Los integrantes de esta comisión procedieron a su
estudio y dictamen en los siguientes términos:
Motivaciones
La adición que proponen los autores de la iniciativa de
una fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, consiste en:
Artículo 308
Los requisitos a los que se deberá sujetar la publicidad
del tabaco y el alcohol son los siguientes:
I. a Ia VIII. ................
IX. Toda la publicidad exterior referente a tabaco y
bebidas alcohólicas deberá situarse a una altura no mayor de 15 metros y a una distancia
no menor a 1 mil metros de cualquier institución de enseñanza preescolar, primaria,
secundaria y las comprendidas dentro del nivel medio superior; tomando como base la
orientación de la fachada de la institución y como referencia específica la puerta
principal de la misma.
En la exposición de motivos los legisladores proponentes
de la iniciativa exponen, entre otros argumentos, los siguientes:
Que en la actualidad las personas que habitan los centros
urbanos están sujetos a las influencias de la publicidad como consecuencia de una
creciente industrialización y avances tecnológicos, los cuales han influido y marcando
[sic] el desenvolvimiento diario de la sociedad.
Que en este año, según estimaciones de la Asociación
Mexicana de Publicidad Exterior (AMPE) los anuncios espectaculares aumentarán más de un
10%. Este tipo de anuncios saturan a las grandes y pequeñas poblaciones y provocan un
desorden que genera contaminación visual.
Que en la actualidad, los niños y los jóvenes son el
blanco preferido de los anunciantes, ya que son los compradores del futuro y en caso de
los adolescentes, compradores "semiadultos", con ciertos recursos para adquirir
productos que les pueden causar daño.
Que este segmento de la población, es el principal
elemento del mercado cautivo y por lo tanto los consumidores más expuestos y afectados,
ya que reciben continuamente información publicitaria, que inconscientemente los puede
incitar a desarrollar actividades nocivas y peligrosas para su salud y/o la de terceros.
Que de los 13 millones de fumadores que existen en
nuestro país, aproximadamente el 10% tienen entre 12 y 17 años de edad. Sin duda, un
factor determinante de esta situación es la combinación de la creciente permisibilidad y
fuertes campañas publicitarias de las empresas tabacaleras y de bebidas alcohólicas que
crean en los niños y jóvenes la equivocada idea que el consumo del tabaco y el alcohol
son hábitos normales que no causan daños.
Que es necesario prevenir los posibles daños a la salud
y los efectos nocivos que puede generar la exposición a este tipo de publicidad, sobre
todo la relacionada con el tabaco y alcohol, toda vez que a diferencia de la radio y la
televisión es imposible poner horarios de exposición con el objeto de disminuir el
número de impactos en los niños y jóvenes.
Con base en lo anterior, los integrantes de esta
Comisión formulan las siguientes:
CONSIDERACIONES
Los integrantes de la Comisión de Salud, consideran que
el manejo y control de toda la publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco, es un
aspecto de gran importancia, y es por ello que toda la sociedad en el ámbito de
competencia debe coadyuvar a que las medidas que se emitan al respecto, estén dotadas de
mayor eficacia.
Así pues, en materia de salud, la regulación de la
publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco, otras disposiciones legales, se contiene
en:
Ley General de Salud. Título Decimotercero (artículos
300 al 312).
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de
Control Sanitario de la Publicidad, Capítulo IV, publicidad de Bebidas Alcohólicas y
Tabaco.
Reglamento Sobre Consumo de Tabaco.
Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA2-1993 para el fomento
de la salud del escolar.
Las cuales fueron revisadas cuidadosamente por los
integrantes de la Comisión de Salud.
Por otra parte, se conoce que de los 13 millones de
fumadores que existen en nuestro país aproximadamente el 10% tienen entre 12 y 17 años,
edad en la que inician una adicción, por lo que se estima necesario reparar en los daños
a la salud y los efectos nocivos que genera la publicidad, sobre todo la relacionada con
el tabaco y el alcohol.
De lo anterior, esta comisión está de acuerdo con los
argumentos de la iniciativa y además considera que las normas que disminuyan el consumo
de alcohol y de tabaco repercuten positivamente en la salud de nuestra población.
No puede subestimarse el gran daño que provocan estas
sustancias, que son factores de alto riesgo que aumentan la probabilidad de presentar un
sinnúmero de padecimientos. En el Boletín de Información Estadística 1999 de la
Secretaría de Salud se señalan las 11 principales causas de mortalidad en la República
Mexicana.
Es sorprendente que en estas once causas, la ingestión
de bebidas alcohólicas, el tabaquismo o ambos, sean factores de riesgo relevantes, según
se expone en la tabla siguiente:
Principales causas de mortalidad hospitalaria.
Sistema Nacional de Salud 1999.
Total de defunciones 108 mil 768
Tasa 2,737.9 (x 100,000 habitantes)
Afecciones originadas en el periodo perinatal
Diabetes mellitus
Enfermedades del corazón
Tumores malignos
Enfermedades del hígado
Enfermedades cerebro vasculares
Influenza y Neumonías
Accidentes
Malformaciones congénitas
Insuficiencia renal
Enfermedades pulmonares obstructivas crónicas
*(A)Alcoholismo factor de alto riesgo
*(T)Tabaquismo factor de alto riesgo.
Fuente: Sistema Nacional de Salud: Daños a la Salud.
Boletín de Información estadística 1999.
Revista Panamericana de Salud Pública 1:1997.
Preventive medicine 9:1980.
New Eng. J. Medicine 340:1999.
National Cancer Institute 98:1998.
Estas 11 primeras causas de muerte constituyen el 74% de
todos los fallecimientos en la República. Si se toma en cuenta el gasto que se deriva del
tratamiento ambulatorio y hospitalario de estos enfermos, se hace patente que el
tabaquismo y el alcoholismo tiene un enorme costo que afecta la vida, la salud y la
economía del pueblo de México.
Desde hace 20 años, autoridades federales de los Estados
Unidos y víctimas del tabaco iniciaron juicios contra la industria tabacalera por los
gastos millonarios que han provocado en los sistemas de salud. El 20 de junio de 1997, los
fabricantes de cigarrillos de ese país aceptaron pagar 368 mil 500 millones de dólares a
40 estados norteamericanos.
La Food and Drug Administration de ese país
reglamentará hasta el año 2009 los niveles de nicotina permitidos en los cigarrillos.
Después de esa fecha podrá prohibir totalmente el uso de nicotina, considerada como una
sustancia nociva y adictiva.
Se exponen a continuación algunos conceptos de la
literatura médica mundial de los últimos años, elegidos de 91 artículos sobre
tabaquismo y 106 sobre bebidas alcohólicas, con sus referencias correspondientes:
• Los adolescentes reconocen las frases de la
propaganda de cigarros. Suspender anuncios tiene implicaciones positivas. (Ethn Health
1999 4: 285-803 Johns Hopkins University, Baltimore)
• En 45 mil 117 derechohabientes del IMSS, 40% de
los hombres y 17.6% de las mujeres son fumadores. Más de la mitad empezaron a fumar entre
los 12 y los 18 años. (Salud Pública de México 1997 39: 125-32 Div. De
Epidemiología. IMSS)
• En forma global, los hombres fuman cuatro veces
más que las mujeres (47% y 12% respectivamente). Las campañas publicitarias se enfocan
en las mujeres jóvenes, de países en desarrollo, en grupos con bajos ingresos y con
carreras independientes. (Monaldi Arch Chest Dis 1997 52: 384-9 University of New
South Wales, Australia).
• Se calcula que para tratar a los adolescentes que
actualmente fuman en los Estados Unidos, se gastarán en el futuro 200 mil millones de
dólares. (Curr Opin Pediatr 1997 9: 470-7 Children's Hospital, Boston).
• En los años noventa, las mayores iniciativas
contra el tabaquismo se dieron contra la industria tabacalera, lo que representó una
lucha de poderes muy intensa. Es preferible que el esfuerzo se enfoque contra la
publicidad del tabaquismo. (Dent CI North Am 2000 44: 179-87 University of
Pittsburgh, Pennsylvania).
• El tabaquismo ha disminuido en los países
desarrollados y ha aumentado en los países en desarrollo, sobre todo entre los jóvenes. (Chest
Med 2000 21: 1-9 University of California School of Medicine).
• De acuerdo con una investigación en 300 mil
estudiantes de secundaria entre 1978 y 1995, la publicidad produce entre los adolescentes
una mayor aceptación del tabaco y una menor conciencia de los daños. (J. Behav Med 1999
22: 379-95 College of Business Admon, Ohio).
• En España, 80% de los niños después de una
campaña pudieron opinar sobre los trucos que se usan en la propaganda a favor del tabaco.
(Rev Esp Salud Pública 1998 72: 303-18 Facultad de Medicina, Oviedo).
• El tabaquismo en las mujeres ha crecido
considerablemente desde la segunda mitad del Siglo XX, como consecuencia de la propaganda
en la que se yuxtaponen imágenes de esbeltez, glamour, feminismo, independencia. Las
adolescentes en el estado de Nueva York fuman más que los adolescentes.(J Obst Gynecol
Neonatal Nurs 1998, 27: 241-9 Elmira College, NY).
• El tabaquismo es la causa de enfermedad más
importante entre los padecimientos prevenibles. Se ha calculado que 50% de los fumadores
fallecerán como consecuencia del tabaquismo. (Schweiz Rundsch Med Prax 1998 87:
76-92 Kantonsspital Basilea).
• La principal causa de muerte relacionada con el
tabaquismo es el infarto del miocardio. Si el paciente sobrevive y deja de fumar, las
probabilidades que repita el infarto son casi nulas. Si continúa fumando, 20% volverá a
presentar infarto (Arch Mal Coeur 1998 5: 53-B Hospital Henri-Monder, Cretell).
• El tabaco es la causa del 30% de todas las muertes
por cáncer. (Ann NYAcad Sci 1997 833: 91-111 University of Minnesota Cancer
Center).
• Se requiere mayor control en la venta de
cigarrillos. Se ha demostrado lo fácil que es para un adolescente conseguir tabaco. (Annu
Rev Public Health 1998 19: 203-35 University of Minnesota).
• Más del 80% de los cánceres del pulmón y el 14%
de todos los cánceres en los países nórdicos de Europa, se deben al tabaquismo (19% de
los hombres y 9% de las mujeres). (APMIS Suppl 1997: 9-47 Institute of Carecer,
Dinamarca).
• Recientemente, en Rusia ha habido una disminución
de las muertes relacionadas con el alcohol, resultado de una campaña estatal
antialcohólica. El Estado puede hacer mucho por estimular o disminuir la ingestión de
bebidas alcohólicas. (Alcohol. 1999. 34: 34: 824-9. London School of Hygiene and
Tropical Medicine).
• La prevención y la educación, para abatir la
ingestión de bebidas alcohólicas debe ser de tipo familiar: esposo, esposa e hijos. (JStudAlcohol.
1991 52: 215-23. División of Research. Oakland California).
• Se requieren investigaciones en las comunidades
sobre alcoholismo, antes de iniciar cualquier programa antialcohólico masivo. (Subst
Use Misuse 2000 35: 31-53 Addiction Research Foundation Division. Toronto Canadá).
• Los integrantes de las comunidades deben
participar en el manejo de la prevención del alcoholismo. (Annu Rev Public Health. 1996
17:337-58 Johnson Foundation. Princeton, New Jersey).
• La enseñanza en contra del alcohol debe iniciarse
en la escuela primaria. (Arztl Jugendrd 1991 82:215-23).
• La ingestión de bebidas alcohólicas es menor
entre las mujeres de habla española que entre los hombres. Un número escaso bebe
moderadamente. La publicidad se enfoca a las mujeres. (Int J Addict 1994
29:1083-100 Behavioral Sciences Research Institute University of Puerto Rico).
• En adolescentes y jóvenes que ingieren alcohol
son comunes los accidentes y suicidios. En la edad adulta media, el cáncer de seno, la
osteoporosis y la cirrosis hepática. En los ancianos, la depresión y problemas con
psicotrópicos. (Recient Dev Alcohol 1995 12:181-97. University of Pittsburgh,
Pennsylvania).
• La mortalidad derivada de la ingestión abundante
de alcohol, es alta. (Psychiatr Clin North Am. 1999 22:371-83 Michigan State
University).
• En una encuesta en 1929 estudiantes de secundaria
de Pachuca, Hidalgo, con un promedio de edad de 14 años, el 48% habían probado bebidas
alcohólicas y 12.6% habían tomado más de cinco raciones de bebidas alcohólicas el mes
anterior, sobre todo cerveza y coolers. (Salud Pública de México 1999.41: 297-308
Investigaciones Epidemiológica. Instituto Mexicano de Psiquiatría).
• Ingerir más de 80 grados de alcohol diariamente,
en los hombres, y 40 grados en las mujeres, aumenta la presión arterial. (Clin Nephrol
1999 49:205-13 University of Wurzburg, Alemania).
• El abuso de alcohol por la madre gestarte produce
deformaciones fetales. (Alcohol. 1998 33:411-6. Wayne State University. Detroit).
En la Primera Conferencia Interamericana de
Parlamentarios en Salud celebrada en La Habana, Cuba, en mayo de 1999, a la que
asistieron, representantes de todo el continente, y de la Organización Mundial de la
Salud se estableció la Declaración por un Mundo Libre de Tabaco, considerando que la
amenaza internacional del tabaquismo ha sido reconocida por importantes foros políticos,
como la Cumbre de las Américas, la Organización Mundial de la Salud, el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, y que todas las políticas tendientes a
reducir el consumo del tabaco constituyen instrumentos centrales para la reforma del
sector salud en la medida en que contribuyen a la reducción de los costos de la atención
médica. Por lo anterior, se resolvió en la Conferencia Interamericana de Parlamentarios
en Salud:
"Formular una política amplia y multisectorial para
combatir el tabaquismo a través de programas de asistencia a los fumadores y estrategias
o medidas para desalentar a los jóvenes que se inicien en el tabaco".
"Destinar los recursos necesarios para implementar
políticas y programas eficaces a través del presupuesto nacional.
Solicitar de manera firme a los países, la puesta en
marcha de políticas de salud con la debida participación y compromiso de otros sectores
que:
• Eliminen la publicidad, incluyendo vallas,
sobre el cigarrillo y las promociones de eventos culturales deportivos y otros
patrocinados por las compañías tabacaleras.
* Regulen estrictamente la venta de tabaco a menores de
edad, incluyendo sanciones severas a los que no cumplan con la ley.
• Pongan en marcha y brinden el apoyo técnico de
recursos humanos, de capacitación y de fondos para operar programas eficaces para
prevenir el inicio del fumado en la población de niños y adolescentes en el medio
comunitario y escolar.
Estimular en el caso de países productores el desarrollo
de planes intersectoriales que creen alternativas de trabajo y de inversión en el área
agrícola e industrial que permitan una sustitución progresiva sin efectos nocivos en el
plano económico y laboral.
Consolidar un movimiento legislativo y de apoyo político
a la iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Panamericana de
la Salud, para poner en marcha una Convención Marco para el Control del Tabaquismo, la
cual será refrendada en la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 1999, con el fin de
atenuar la amenaza de un mercado internacional de los productos del tabaco, que está en
incremento geométrico en el nivel mundial.
Por lo anterior acuerdan: solicitar a los presidentes de
las comisiones encargadas de Salud de los parlamentos regionales que a través de los
mecanismos correspondientes incluyan en sus respectivas agendas de trabajo el tema de
control de tabaquismo, a efecto de fortalecer políticamente el tratamiento del tema a
nivel nacional.
En un estudio reciente se comprobó que los empleados del
gobierno federal empezaron a fumar antes de los 16 años en un 34%, y antes de los 18 en
un 50.5%. La propaganda de las bebidas alcohólicas y de los cigarrillos ha sido
considerada por más de la mitad de los empleados gubernamentales como "moralmente
inaceptable".
De acuerdo con una investigación de campo realizada por
esta Comisión de Salud a 295 alumnos, se concluyó que la distancia que recorre un
estudiante desde la escuela a su casa, o al lugar en el que pasa su medio de transporte,
es en promedio entre cuatro y cinco cuadras (400 y 500 metros). En ese espacio está
expuesto a toda la propaganda estática que encuentre. De ahí que podría modificarse la
iniciativa, que propone retirar la publicidad a 1 mil metros de las escuelas y dejar esta
distancia en 400 metros a la redonda. Menos de esta distancia provocaría que muchos
niños y jóvenes estuviesen expuestos varias veces al día a la publicidad del tabaquismo
y de la ingestión de bebidas alcohólicas.
Por otra parte, esta comisión que dictamina establece
que es necesario adicionar un segundo transitorio, en el que se concede un plazo de 90
días naturales a los anunciantes, contados a partir de la entrada en vigor del presente
decreto, con el objeto de que se reubiquen todos aquellos anuncios ya. existentes, que
contravengan la presente disposición legal
El término de 90 días que se sugiere en el presente
dictamen, se considera un plazo prudente para lograr la reubicación de los anuncios
existentes relativos a la publicidad de bebidas alcohólicas y del tabaco.
Con base en la consideración anterior, la comisión
acordó hacer a la iniciativa que se dictamina la siguiente modificación:
ARTICULOS TRANISTORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se concede un plazo de 90 días naturales, a
partir de que entre en vigor el presente decreto, para que los anunciantes reubiquen la
publicidad que contravenga la fracción IX artículo 308 de la Ley General de Salud.
Tercero. En el supuesto que los anunciantes omitan la
observancia del segundo transitorio, se harán acreedores a la sanción administrativa
correspondiente.
Conforme a lo anterior, esta Comisión emite las
siguientes:
Conclusiones
1. Los integrantes de la Comisión de Salud, estiman que
mediante la adición de la fracción IX al artículo 308 de la Ley General de Salud, se
contribuye a prevenir en niños y adolescentes el consumo de alcohol y tabaco.
2. Existe evidencia contundente sobre el daño que en la
salud producen el alcohol y el tabaco, a corto y a largo plazo.
3. Es nuestra labor apoyar, prevenir y legislar en
beneficio de la salud de nuestra población. No debe subestimarse los riesgos en la salud
por la proliferación de la publicidad que incite al consumo de bebidas alcohólicas y del
tabaco.
4. México se ha comprometido en diversos foros a
participar en la cruzada mundial contra el tabaquismo y el alcoholismo.
Por todo lo expuesto, esta Comisión de Salud, somete a
la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:
Dictamen con proyecto de decreto que adiciona la
fracción IX al artículo 308 a la Ley General de Salud
Artículo Unico: Se adiciona la fracción IX al
artículo 308 a la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 308. La publicidad de bebidas alcohólicas
y del tabaco deberá ajustarse a los siguientes requisitos.
I a la VIII. ......
IX. Toda la publicidad exterior referente a tabaco y
bebidas alcohólicas deberá situarse a una distancia no menor de 400 metros a la redonda
de cualquier institución de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y las
comprendidas dentro del nivel medio superior; tomando como referencia específica la misma
institución académica.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Se concede un plazo de 90 días naturales, a
partir de que entre en vigor el presente decreto, para que los anunciantes reubiquen toda
aquella publicidad que contravenga la fracción IX del artículo 308 de la Ley General de
Salud.
Tercero. En el supuesto que los anunciantes omitan la
observancia del segundo transitorio, se harán acreedores a la sanción administrativa
correspondiente.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 30 de mayo de
2001.— Mesa Directiva: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A.
Leines Barrera, secretario; Rafael Orozco Martínez, secretario, Adela del C. Granel
Campos, secretaria, Héctor Esquiliano Solís, secretario; diputados miembros de la
comisión: Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flores, Francisco J. Cantú Torres, Juan
Ramón Díaz Pimente, María L. A. Domínguez Ramórez, Neftafí S. Escobedo Zoletto,
María García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León
Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez,
Magdalena Núñez Monreal, Felipe Olvera Nieto, manuel Wistano Orozco Garza, Julieta
Prieto Fuhrken, Jorge alberto Rodríguez Pasos, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel
Santibáñez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela
Cabrales, José S. Velásquez Hernández, y Juvenal Vidrio Rodríguez.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura.
LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
LA C. PRESIDENTA: Es de primera lectura.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Los siguientes puntos del orden del día, son los
dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos:
(Del embajador RAFAEL TOVAR Y DE TERESA para aceptar y
usar condecoraciones de gobiernos extranjeros )
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente
con la solicitud de permiso constitucional para que el embajador Rafael Tovar y de Teresa,
pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de
Gran Cruz, que le confiere el Reino de España y de la Orden Nacional al Mérito, en grado
de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales
necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que
establece la fracción III del artículo 37 constitucional, se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al embajador
Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar y usar las siguientes condecoraciones:
De la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran
Cruz, que le confiere el Reino de España.
De la Orden Nacional al Mérito, en grado de Gran
Oficial, que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., a 13 de septiembre de 2001.
Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor
M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios;
Manuel Añorvé Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Ornar Fayad
Meneses, Alejandro R. García Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo
Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna
García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo,
Néstor Villarreal Castro, Roberto Zavala Echavarría.
LA C. PRESIDENTA:
( Del contralmirante del cuerpo general diplomado de
Estado Mayor, ALBERTO GERARDO DEL BARRIO Y GUILLE para aceptar y usar condecoración de
gobierno extranjero)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública
Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública, que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente
con la solicitud de permiso constitucional necesario para que el contralmirante del cuerpo
general Diplomado de Estado Mayor Alberto Gerardo del Barrio y Guille, pueda aceptar y
usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional,
que le confiere el gobierno de la República de Corea.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales
necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que
establece la fracción III del artículo 37 constitucional, se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso al
contralmirante del cuerpo general Diplomado de Estado Mayor Alberto Gerardo del Barrio y
Guille, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito
de Seguridad Nacional, que le confiere el gobierno de la República de Corea.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.— México, D. F, a 18 de septiembre de 2001.—
Diputados: Armando Salinas Torre, Presidente; José A. Hernández Fraguas; Víctor
M. Gandarilla Carrasco; José G. Anaya Llamas; Luis Miguel G. Barbosa Huerta; secretarios;
Manuel Añorve Baños; José Francisco Blake Mora; Tomás Coronado Olmos; Ornar Fayad
Meneses; Alejandro R. García Sáinz Arena; Federico Granja Ricalde; Lorenzo Rafael
Hernández Estrada; Efrén Nicolás Leyva Acevedo; Miguel Angel Martínez Cruz; Rodrigo
David Míreles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo
Fernández; Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna
García, Eduardo Rivera Pérez; Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez; David Augusto Sotelo Rosas; Ricardo Torres Origel; Jaime Vázquez Castillo,
Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría;
LA C. PRESIDENTA:
(De los Cc. LA URA PATRICIA SANCHEZ ANAYA, HORTENCIA
BAUTISTA CANTU, MA. GUADALUPE SUAREZ BARRERA, JUAN MANUEL VELAZQUEZ SANCHEZ, JESSE
GUILLERMO MILES RAYON, BERNARDINO NICOLAS CUEVAS, MA. LUISA PEREZ TOVAR, MONICA SELENE
ORNELAS ALBARRAN, ANTONIO REYES SERRANO, MANUEL DOMINGUEZ HERNÁNDEZ, ALEJANDRA LIZBETH
RAMIREZ GONZALEZ, RITA GRAZIELA PALACIOS SOLTERO, ALEX IBARRA CASATAÑEDA Y JUAN PABLO
AGUILAR HERNANDEZ , para prestar servicios en gobiernos extranjeros)
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Honorable Asamblea: en oficio de fecha 6 de septiembre de
2001, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para
que los ciudadanos Laura Patricia Sánchez Anaya, Marcela Hortencia Bautista Cantú,
María Guadalupe Suárez Barrera, Juan Manuel Velázquez Sánchez, Jesse Guillermo Miles
Rayón, Bernardino Nicolás Cuevas, María Luisa Pérez Tovar, Mónica Selene Ornelas
Albarrán, Antonio Reyes Serrano, Manuel Domínguez Hernández, Alejandra Lizbeth Ramírez
González y Rita Graziela Palacios Soltero, puedan prestar servicios de carácter
administrativo, en la embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América,
en México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua,
respectivamente.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, el 11 de septiembre del año en curso, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad
mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados
prestarán en la embajada y consulados generales de los Estados Unidos de América, en
México; Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León, y Ciudad Juárez, Chihuahua, serán
de carácter administrativo, y
c) Qué las solicitudes se ajustan a lo establecido en la
fracción II del apartado C de los artículos 37 constitucional y 60, segundo párrafo,
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero: se concede permiso a la ciudadana
Laura Patricia Sánchez Anaya, para prestar servicios como asistente administrativa, en el
Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana
Marcela Hortencia Bautista Cantú, para prestar servicios como asistente de visas, en la
Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana
María Guadalupe Suárez Barrera, para prestar servicios como empleada de oficina del
departamento comercial, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey,
Nuevo León.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano
Juan Manuel Velázquez Sánchez, para prestar servicios como empleado de oficina del
departamento comercial, en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Monterrey,
Nuevo León.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano
Jesse Guillermo Miles Rayón, para prestar servicios como operador telefónico, en la
Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo sexto: Se concede permiso al ciudadano
Bernardino Nicolás Cuevas, para prestar servicios como jefe de grupo mantenimiento
(electricista), en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana
María Luisa Pérez Tovar, para prestar servicios como asistente de información; en la
Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo octavo. Se concede permiso a la ciudadana
Mónica Selene Ornelas Albarrán, para prestar servicios como asistente de visas, en el
Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Artículo noveno. Se concede permiso al ciudadano
Antonio Reyes Serrano, para prestar servicios como ayudante de laboratorio, en la Embajada
de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo décimo. Se concede permiso al ciudadano
Manuel Domínguez Hernández, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de los
Estados Unidos de América, en México.
Artículo decimoprimero. Se concede permiso a la
ciudadana Alejandra Lizbeth Ramírez González, para prestar servicios como asistente de
visas, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez,
Chihuahua.
Articulo decimosegundo. Se concede permiso a la
ciudadana Rita Graziela Palacios Soltero, para prestar servicios como asistente
administrativa, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Guadalajara,
Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
Honorable Congreso de la Unión.— México, D. F., a 12 de septiembre de 2001.—
Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M.
Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios;
Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad
Meneses, Alejandro R. García Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo
Fernández , Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrim Pérez, José Jesús Reyna
García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo,
Néstor Villarreal Castro , Roberto Zavala Echavarría.
SON DE PRIMERA LECTURA.
En virtud de que los dictámenes se encuentran publicados
en la Gaceta Parlamentaria del día 21 de septiembre, consulte la Secretaría a la
Asamblea si se les dispensa la segunda lectura y se ponen a discusión y votación de
inmediato.
EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por
instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la
Asamblea si se les dispensa la segunda lectura a los dictámenes y se ponen a discusión y
votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Mayoría por la afirmativa.
LA C. PRESIDENTA: Se les dispensa la segunda lectura.
En consecuencia, se pide a la Secretaría poner a
discusión los proyectos de decreto.
EL MISMO C. SECRETARIO: Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano embajador Rafael Tovar y de Teresa, para aceptar
y usar condecoraciones de la orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz que le
confiere el Reino de España y de la Orden Nacional al Mérito en grado de Gran Oficial
que le confiere el Gobierno de la República de Colombia.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para
su votación nominal el conjunto.
EL MISMO SECRETARIO: Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Contralmirante del Cuerpo General Diplomado de
Estado Mayor, Alberto Gerardo del Barrio y Guille, para aceptar y usar la condecoración
de la Medalla Cheonsu de la Orden al Mérito de Seguridad Nacional que le confiere el
Gobierno de la República de Corea.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para
su votación nominal en conjunto.
EL MISMO SECRETARIO: Está a discusión el Proyecto de
Decreto que concede permiso a los ciudadanos Laura Patricia Sánchez Anaya, Hortensia
Bautista Cantú, María Guadalupe Suárez Barrera, Juan Manuel Velásquez Sánchez, Jesé
Guillermo Miles Rayón, Bernardino Nicolás Cuevas, María Luisa Pérez Tovar, Mónica
Selene Ornelas Albarrán, Antonio Reyes Serrano, Manuel Domínguez Hernández, Alejandra
Lizbeth Ramírez González y Rita Graciela Palacios Soltero, para prestar servicios en la
Embajada de los Estados Unidos de América, en México; y en sus consulados Generales en
Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León y Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
LA C. PRESIDENTA: Está a discusión en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los
efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún
artículo para discutirlo en lo particular.
LA C. PRESIDENTA: En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en
conjunto.
EL C. SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ: Está A discusión
el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alex Ibarra Castañeda, para
prestar servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública
Honorable Asamblea: en oficio fechado el 3 de septiembre
del año en curso, la dirección general de Gobierno, solicita el permiso constitucional
necesario para que Alex Ibarra Castañeda, pueda prestar servicios como chofer, en la
Embajada de Suecia, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, el 6 de septiembre, se turnó a la suscrita comisión
para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana
con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará
en la Embajada de Suecia, en México, serán como chofer,
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la
fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo anterior, esta comisión se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso a Alex Ibarra
Castañeda, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Suecia, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.- México, D. F. , a 7 de septiembre de 2001.—
Comisión de Gobernación y Seguridad Pública los diputados: Armando Salinas Torre,
Presidente; José A. Hernández Fraguas; Víctor M. Gandarilla Carrasco; secretario; José
G. Anaya Llamas; y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños,
José Francisco Blake Mora; Tomás Coronado Olmos; Omar Fayad Meneses; Alejandro R.
García Sáinz Arena; Federico Granja Ricalde; Lorenzo Rafael Hernández Estrada; Efrén
Nicolás Leyva Acevedo; Miguel Angel Martínez Cruz; Rodrigo David Míreles Pérez; José
Narro Céspedes; César Nava Vázquez; Ricardo A. Ocampo Femández; Fernando Ortiz Arana;
Germán Arturo Pellegrini Pérez; José Jesús Reyna García; Eduardo Rivera Pérez; Jorge
Esteban Sandoval Ochoa; César Augusto Santiago Ramírez; David Augusto Sotelo Rosas;
Ricardo Torres Origel; Jaime Vázquez Castillo; Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala
Echavarría
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para
su votación nominal en conjunto.
EL MISMO SECRETARIO: Está a discusión el proyecto de
decreto que concede permiso al ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, para prestar
servicios en la Embajada del Reino de Suecia en México.
Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.—
Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública.
Honorable Asamblea: en oficio de fecha 6 de septiembre de 2001, la
Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el
ciudadano Juan Pablo Aguilar Hernández, pueda prestar servicios como jardinero, en la
Embajada del Reino de Suecia, en México.
En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión, el 11 de septiembre del año en curso, se turnó a la
suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana
con la copia certificada de su acta de nacimiento.
b) Que los servicios que el propio interesado prestará,
en la Embajada del Reino de Suecia, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la
fracción II del apartado C del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la
consideración de la honorable Asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano
Juan Pablo Aguilar Hernández, para prestar servicios como jardinero, en la Embajada del
Reino de Suecia, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del
honorable Congreso de la Unión.— México, D.F., 2 de septiembre de 2001.—
Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor
M. Gandarilla Carrasco, José G. Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios;
Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad
Meneses, Alejandro R. García Sáinz Arena, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael
Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo
David Míreles Pérez, José Narro Céspedes, César Nava Vázquez, Ricardo A. Ocampo
Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna
García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago
Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo,
Néstor Villarreal Castro, Roberto Zavala Echavarría.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a
proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados en un solo
acto.
LA C. PRESIDENTA. Se pide a la Secretaría se abra el
sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a la votación de los proyectos de
decreto.
EL MISMO SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para tomar
la votación nominal de los proyectos de decreto.
(Votación)
EL MISMO SECRETARIO: Se emitieron 355 votos en pro, 2 en
contra, seis abstenciones.
LA PRESIDENTA: Aprobados los proyectos de decreto por 355
votos.
EL MISMO SECRETARIO: Pasan al Senado para sus efectos
constitucionales.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LA PRESIDENTA: Pasamos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Eduardo Rivera
Pérez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, con punto de acuerdo en relación con
el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Tiene la palabra, señor
diputado.
EL DIP. EDUARDO RIVERA PEREZ: Gracias. Con su venia,
señora Presidente.
Compañeros y compañeras legisladores:
Sea enhorabuena el momento en que los trabajadores del
Estado y sus sindicatos rescaten sin temor sus derechos políticos y puedan tener tribuna
abierta para la defensa de sus intereses. Sea enhorabuena que los sindicatos tengan la
posibilidad real de decidir libremente, luchar por sus legítimas pretensiones, respetando
los derechos políticos de sus miembros en lo personal.
El caso particular el que me voy a referir se inscribe
dentro de la vieja lógica de las prácticas autoritarias y represivas que han afectado el
sentido real del sindicato. La libertad sindical se ha quebrantado de tal manera que los
principios básicos e irrenunciables para los trabajadores, como la libertad y la
democracia sindical no se han cumplido. Algunas prácticas que ayudan al quebranto de los
sindicatos prevalecen en algunas instancias sindicales y también en algunas instancias
gubernamentales, y tal es el caso que voy a mencionar brevemente.
Veamos los hechos. En las elecciones celebradas el 11 de
julio de 1999 fueron electos en congreso, los miembros para ocupar la directiva del
Comité Ejecutivo Seccional número 1 de Puebla, del Sindicato Nacional de Trabajadores
del Seguro Social. El 30 de julio de 1999 fueron registrados y reconocidos por la
Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría de Trabajo y Previsión
Social, por medio de la toma de nota. El 5 de mayo del 2000 fueron destituidos
arbitrariamente por el propio Sindicato, nueve de los integrantes del Comité Seccional.
Para ahondar en la represalia contra estos trabajadores,
en agosto del miso año se rescinde el contrato de trabajo del destituido Secretario del
Trabajo Seccional, Aurelio Gerardo Guzmán, sin importar el carácter de funcionario
sindical y teniendo una antigüedad efectiva de cerca de 30 años de servicios para el
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es decir, amigos y amigas, que el sindicato, quien debe
defender los derechos y la dignidad del trabajador, en esta ocasión humilla a sus
dirigentes y la institución noble, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, en
esta ocasión compensa a su trabajador que le ha servido durante tres décadas,
despidiéndolo injustificadamente.
Para fundamentar esta afirmación continúo informando a
esta Soberanía, que el registro y reconocimiento de los nueve miembros del Comité
Ejecutivo Seccional en Puebla es ratificado mediante resolución de recurso de revisión
de fecha 18 de enero del 2001.
Esta resolución fue emitida por la Subsecretaría del
Trabajo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Sin embargo, el Sindicato interpone un recurso de
revisión en contra de la resolución aludida en el párrafo anterior, por lo que la misma
Secretaría del Trabajo vuelve a emitir la resolución respectiva, ahora con fecha 26 de
febrero del presente año, en la que se sobresee y queda ratificada la resolución
anterior.
Los líderes afectados sindicales piden atentamente se
resuelva este problema y mediante oficio de fecha 9 de abril del 2001, mil trabajadores
del Seguro Social en Puebla solicitan al Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional
de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, para que se resuelva este
problema. Este escrito también es dirigido al Director Nacional del Instituto Mexicano
del Seguro Social para que sean respetadas las licencias a que ellos tenían derecho.
¡Nunca hubo respuesta!
El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
sigue insistiendo en su posición, y el 26 de marzo del presente año presenta una demanda
de amparo contra la emisión de resolución de este recurso de revisión que había
emitido ya la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, substanciándose ante el Segundo
Juez de Distrito en materia laboral en el Distrito Federal, quien resolvió en el sentido
y que a la letra dice:
"Primero.- Se sobresee en el juicio de garantías
promovido por el Sindicato Nacional del Trabajadores del Seguro Social en contra del acto
reclamado del Secretario del Trabajo y Previsión Social.
Segundo.- La justicia de la unión no ampara ni protege
al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
De acuerdo con lo anterior se deduce que la toma de nota
del 30 de julio de 1999 del Comité Ejecutivo de la sección una en Puebla, del Sindicato
del Instituto Mexicano del Seguro Social se encuentra vigente para todos los efectos
legales a que haya lugar".
Como podemos observar y los documentos precisamente que
anexo a este punto de acuerdo, prueban que las autoridades del Instituto Mexicano del
Seguro Social así como su Sindicato han hecho caso omiso de las resoluciones de la
autoridad, tanto administrativa como laboral, así como la judicial para restituir en sus
derechos a los trabajadores afectados.
Quiero decirles que la ley obliga tanto al Sindicato como
al propio Instituto a reinstalar tanto en sus derechos laborales como en sus derechos
sindicales a estos líderes precisamente destituidos.
Quiero decirles también y me pregunto ante esta
Asamblea: ¿Por qué no respetar y se deja de caer en absurdos antijurídicos que rompen
con el espíritu de la Ley Laboral? ¿Por qué provocar un ambiente de autoritarismo y
persecución donde no se toleran las prácticas democráticas en la vida sindical? ¿O es
que acaso seguimos con la práctica corrupta de desposeer a la directiva de un Sindicato,
democráticamente electa, en función de que otros sean impuestos para conveniencia e
intereses de otros líderes sindicales o hasta el propio Instituto Mexicano del Seguro
Social?
Este problema que sucede en el estado de Puebla, señoras
y señores legisladores, afecta la vida del sindicalismo en nuestro país. Es una
realidad, está presente y hay que combatirla en todos los frentes, respetando en todo
momento su autonomía y dentro del marco jurídico que nos rige.
En Acción Nacional somos sensibles a esta problemática.
Nos pronunciamos, y que quede claro, nos pronunciamos por no ganar capital político o
debilitar a la organización sindical; nuestra convicción es por el respeto a las
organizaciones de la sociedad civil y a su autonomía, y por el respeto a la dignidad de
la persona humana.
Estamos convencidos de que en México se necesita
consolidar el Estado de derecho y precisamente se necesitan proteger, pero efectivamente,
los derechos del trabajador.
Sea enhorabuena el momento en que esta Asamblea tome
cartas en el asunto. Por esto mismo y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se propone el
siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Que esa asamblea haga un atento llamado al
Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social para que acate las decisiones
judiciales y administrativas en el ámbito de su competencia y respete los derechos
laborales otorgando las licencias sindicales a los nueve representantes destituidos y
reinstale laboralmente conforme a derecho al señor Gerardo Aureliano Guzmán Sánchez.
Segundo.- Que esta asamblea exhorte al Secretario General
del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional del IMSS, así como al Secretaría
General de la Sección I en Puebla, del mismo sindicato, para que acaten las resoluciones
emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como las del segundo
juez de distrito en materia laboral del Distrito Federal, y permitan el ejercicio de los
cargos respectivos a las personas que fueron cesadas del Comité Ejecutivo Seccional
número I de Puebla.
México, D. F., 25 de septiembre del 2001, y firman este
Punto de Acuerdo, el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución
Democrática; diputada Erika Spezia Maldonado, del Partido Verde Ecologista de México y
su servidor por el Partido Acción Nacional.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Sobre este
tema tiene la palabra para hechos, cinco minutos, el diputado Francisco López González,
del PRI,
EL C. DIP. FRANCISCO JAVIER LOPEZ GONZALEZ: Con su
permiso, señora Presidenta. Quiero manifestar a mi compañero diputado por la Fracción
de Acción Nacional, que en primer lugar en esta tribuna su Presidente dijo que iba a ser
respetuoso de la autonomía de los sindicatos. Yo le quiero manifestar a mi compañero que
es más conveniente subir a esta tribuna, no para inmiscuirse en los problemas internos de
las organizaciones. Yo le pediría que mejor subiera aquí para pedir aumento para los
trabajadores de México, que sería más conveniente.
Y le voy a decir, que el caso concretamente que usted
está señalando, efectivamente fue un problema interno de los compañeros que integran el
Comité Ejecutivo de la Sección I de Puebla. Estos compañeros fueron requeridos por la
Comisión de Honor y Justicia de la Sección y esos compañeros en tiempo y forma fueron
ratificados de una sanción que les impuso la propia Comisión de Honor y Justicia de la
Sección I de Puebla. Asimismo estos compañeros fueron requeridos por el Instituto para
que, una vez que la licencia sindical se les retiró, se reintegraran a sus centros de
trabajo. Lo hicieron ocho de ellos, con excepción del compañero Aureliano Gerardo
Guzmán Sánchez. El invariablemente rehuyó y se negó a regresarse a laborar. No
obstante eso, recurrieron a la instancia de Honor y Justicia Nacional del propio Comité
Ejecutivo Nacional y en un Congreso Nacional que es el órgano máximo del Comité
Ejecutivo del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social le fue ratificada
su sanción.
El compañero acudió a la vía legal, y el compañero
sigue por la vía legal, entonces el Sindicato ha sido respetuoso de la instancia que el
compañero tuvo, y el Sindicato a través de sus órganos generales de gobierno, repito,
le fue ratificada esa sanción; y por otro, es el Instituto Mexicano del Seguro Social el
que rescinde a este compañero, no el Sindicato. Y los ocho compañeros que si aceptaron
la sanción que les fue impuesta por la Comisión de Honor y Justicia, en estos momentos
están laborando, si, en este momento están laborando.
Este compañero fue requerido no obstante a que pasó
más de cuatro meses disfrutando la licencia, en un citatorio de junio del año 2000, el 6
de junio, por una serie de faltas que había acumulado del 16, 17, 18, 19, 22 y 23 de
mayo. Nuevamente fue requerido y el Sindicato intervino para que no fuera rescindido. El
se negó a presentarse a laborar, y el Sindicato volvió a insistir, y volvió a
manifestar faltas injustificadas el día 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21,
22, 23, 28 y así sucesivamente del mes de julio. Y nuevamente al compañero se le aplicó
la cláusula 43 con fecha 25 de julio del año 2000.
Lo que quiere decir que este compañero con una actitud
muy particular, se hizo responsable y acreedor de la rescisión que le hizo el Instituto
Mexicano del Seguro Social. Y las sanciones que le impuso la Comisión de Honor y
Justicia, repito, fueron ratificadas por un Consejo Seccional y ratificadas por un
Congreso Nacional, que es el órgano máximo que rige a nuestra asociación sindical.
Yo reitero a todos los compañeros diputados a que
vengamos a legislar aquí, y respetemos la vida interna de las organizaciones. Muchas
gracias.
LA C. PRESIDENTE Diputado, ¿para hechos?. El diputado
Eduardo Rivera para hechos sobre el mismo tema hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ: Gracias. Primero,
antes que nada, reiterar y dejar claro que precisamente no es ni ha sido ni será la
intención de hacer este pronunciamiento de intervenir en la vida sindical, prueba de
ellos, si, y usted y el diputado precisamente que me antecedió, ha explicado y ha dicho
cuáles son los procedimientos internos que se tienen dentro del propio Sindicato, para
diferir y dirimir las propias diferencias y la problemática que se tiene al interior del
mismo.
Pero una cosa es que tengamos que respetar indudablemente
la vida interna sindical y otra cosa es que no respetemos la ley, a la cual todos estamos
obligados a cumplir, sea el sindicato, sea el partido político, sea el Instituto Mexicano
del Seguro Social, sea el Grupo Parlamentario.
Y en ese sentido yo quiero reiterar la resolución del
Juez de Distrito precisamente que tiene sede en el Distrito Federal. La resolución del
Juez de Distrito, y que precisamente tiene conocimiento de estos argumentos que se
expusieron en esta tribuna por el diputado que me antecedió, es clara en su último
Considerando, donde resuelve la justicia de la Unión no ampara ni protege al Sindicato
Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en contra del acto reclamado del Subsecretario
del Trabajo y Previsión Social.
Para mayor abundamiento, pongo precisamente a su
consideración, tanto al diputado que me antecedió como al propio sindicato, como al
propio Instituto, este oficio donde la propia Secretaría del Trabajo a través del
Subsecretario Fernando Franco González Salas, en un oficio dirigido al señor José
Arturo Varela López, quien es el Secretario Sindical precisamente en el estado de Puebla
y que va con copia al licenciado Santiago Levy Alzati, que va con copia precisamente al
señor Amador Fernando Rocha Larráinzar como Secretario General de este Instituto, dice
este oficio claramente:
"En atención al contenido de la sentencia de amparo
del 7 de septiembre del año en curso, con la que se resuelve el juicio de amparo 367/2001
promovido por el licenciado Miguel García Valero, apoderado legal del Sindicato Nacional
de Trabajadores del Seguro Social, en la que se sobresee y no ampara ni protege al quejoso
en contra del acto reclamado y de acuerdo con los términos plasmados en la sentencia de
amparo antes mencionada, se deduce que en primera instancia la toma de nota contenida en
el oficio número 211.2.2 2878 del 30 de julio de 1999, el Comité Ejecutivo de la
Sección Uno con residencia en Puebla, Puebla que usted encabeza –recuerdo que va
dirigido el oficio al líder sindical en puebla- dice que usted encabeza y cuyo período
social concluirá el 15 de junio del año 2003, se encuentra vigente para todos los
efectos legales a que haya lugar".
Es decir, la persona precisamente que fue despedida,
tanto del Instituto como los otros ocho líderes y seccionales que fueron destituidos
arbitrariamente no están sujetos a discusión ni a puntos de vista de grupos
parlamentarios. Es lo que establece la ley y esos nueve líderes seccionales son
actualmente en este momento líderes seccionales en el estado de Puebla y nosotros como
grupo parlamentario, estamos preocupados porque se haga valer la ley.
Muchas gracias. (aplausos)
LA C. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el diputado Miguel
Barbosa del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por
cinco minutos para hechos.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA.- Gracias,
Presidenta.
Queremos nosotros establecer algunas precisiones que
salen en relación a este punto de acuerdo:
Primero, el respeto irrestricto al derecho de asociación
de parte de todos los trabajadores de México. No podemos, a través de asuntos
particulares, dañar el sindicalismo mexicano; pero también no podemos guardar silencio
por el atropello que muchas organizaciones sindicales han hecho de los derechos laborales.
Hoy, un compañero diputado del Partido Revolucionario
Institucional hace uso de esta tribuna para hacer una explicación o una defensa del
actuar del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social. En la sesión pasada, otro
diputado del Partido Revolucionario Institucional, el diputado César Augusto Santiago,
venía y reclamaba también el respeto a derechos laborales no acatados por el propio
estado para restituir en sus trabajos que tenían en la Secretaría de Agricultura.
Nosotros nos pronunciamos porque la Cámara sí tenga voz
y no guarde silencio ante estos atropellos a los derechos laborales, respetando el derecho
de asociación, el libre derecho de asociación que no dejaremos como grupo parlamentario,
sea vulnerado por ninguna fuerza política y por ningún sesgo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
PRESIDENTA: El diputado Francisco López González.
¿Para alusiones o para hechos señor diputado?
DIP. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ: (desde la curul) Para
alusiones y para hechos señora presidenta
PRESIDENTA: Tiene la palabra hasta por 5 minutos.
DIP. FRANCISCO LOPEZ GONZALEZ: Con su permiso señora
presidenta:
Aquí yo quiero reiterar de que los compañeros que
fueron destituidos por un órgano interno del sindicato, y debo aclarar de que nuestro
sindicato, como lo señalaba aquí el compañero que me antecedió, es un sindicato que a
diferencia de muchos sindicatos en México, no tiene reelección. No hay reelección. Por
lo tanto, los conceptos que aquí se vierten no son tan válidos como los que se habían
manifestado.
Por su lado, si bien es cierto que los nueve compañeros
que fueron sancionados, ocho de ellos reitero, se regresaron a trabajar, se regresaron a
laborar y el único que no se quiso regresar a laborar fue este compañero Aurelio Gerardo
Guzmán. Por lo tanto la rescisión que hace, la hace el Instituto Mexicano del Seguro
Social, no el sindicato. El sindicato lo único que hace es cumplir lo que señalan los
estatutos internos de la organización. Y el sindicato tiene derechos y obligaciones para
los que son sus agremiados, así como los tiene cualquier otra organización sindical y
los propios partidos políticos.
Yo reitero en esta tribuna de que los asuntos internos de
las organizaciones sean respetadas y que si en última instancia al compañero no lo
quieren regresar a laborar, bueno, que le reclamen al propio director del Seguro Social.
Insisto a los compañeros parlamentarios, en que los
asuntos internos de la organización no se debatan en esta tribuna y que al final, que sea
la ley la que determine el qué hacer con los compañeros. Y que si la ley ya determinó
algo, pues nosotros también nos tendríamos que sujetar a esto.
Es todo lo que tendríamos que hacer y nosotros estamos
en la mejor disposición como sindicato, que a este compañero si regresa, se le
reinstala, pues que la ley cumpla con todos los derechos y obligaciones que tiene la
propia Institución hacia él.
Y por su atención gracias. Y gracias señora presidenta.
PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
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Tiene la palabra con el propósito de presentar una
iniciativa, la diputada Ma. del Rosario Tapia Medina, del grupo parlamentario de la
Revolución Democrática.
En el tema anterior solicito a la secretaría dé turno a
la Comisión de Trabajo y Previsión Social y anexe en el turno todas las intervenciones
del debate.
Por favor diputada, Adelante.
DIP. MA. DEL ROSARIO TAPIA MEDINA: Con el permiso de la
presidencia y aclarando que estoy honrosamente en el PRD.
Quiero presentar una excitativa sobre la iniciativa de
decreto que se hizo el año pasado, el 3 de octubre, para ser exactos, para inscribir en
el muro de honor de aquí, de nuestro Recinto Legislativo, la frase: "A los Mártires
del Movimiento Estudiantil del 68" En ese momento, el 3 de octubre se hizo esta
presentación de iniciativa de decreto, para que se hiciera esta inscripción. Y sin
embargo, a pesar de que en ese momento la presidencia lo turnó de inmediato a la
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su estudio y dictamen, es el
momento en que no hay ninguna propuesta, elaboración que sepamos, de dictamen al
respecto. En ese momento nosotros planteamos que hacíamos esta propuesta porque
considerábamos que era prácticamente una necesidad recuperar la historia de nuestro
país y específicamente recobrar nuestra historia en esta larga y tortuosa lucha a favor
de la democracia en nuestro país.
Reconocer que si hemos llegado a donde estamos en este
momento de vida democrática en nuestro país, aunque no totalmente acabada, es gracias a
muchos miles, millones de mexicanos que transitaron en diferentes momentos, con diferentes
movilizaciones, presiones, expresiones políticas, a favor de esta democracia.
Y en estos movimientos fundamentales que hubo en la
historia de nuestro país el movimiento estudiantil del 68 tiene un papel, desde nuestro
punto de vista, fundamental en la transformación de nuestra historia.
Es obvio que gracias a esta demanda estudiantil que se
presentó en gigantescas marchas en la Ciudad de México y en otros estados de la
República, se planteara, como único fin, la apertura democrática, la transformación de
ese régimen que no permitía la mínima expresión de disonancia.
Nosotros pensamos que recuperar estos elementos de
nuestra historia es prácticamente reconocer también que hoy podemos estar en un ambiente
democrático, de respeto, de tolerancia a la discrepancia política, a la discrepancia de
ideas precisamente respetando la pluralidad social y política que ahora nos caracteriza,
especialmente en esta Cámara de Diputados.
Consideramos que hoy más que nunca es necesario
recuperar esta parte de nuestra historia y que no podemos regatearle a los héroes, a los
mártires, a los miles de estudiantes que exigieron la apertura democrática en nuestro
país, hoy no podemos regatearles ese reconocimiento histórico en nuestra historia
moderna para inscribir en los muros de este recinto legislativo precisamente un
reconocimiento como mártires del movimiento estudiantil de 1968.
Yo creo que muchos que fuimos influidos por ese
movimiento en diferentes edades podemos estar seguros de la influencia tan fuerte que tuvo
para nuestra definición política a favor de la democracia en México.
Por estas consideraciones me permito presentar esta
excitativa porque ha transcurrido, con exceso, el plazo previsto por el artículo 87 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
y con fundamento en las atribuciones que le confiere la fracción XVI del artículo 21 del
citado ordenamiento, solicitamos se envíe excitativa a la Comisión de Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias de esta Cámara, con objeto de que a la brevedad, ojalá antes
de un nuevo aniversario del 2 de octubre, se pueda presentar el dictamen de la iniciativa
de decreto para inscribir en el muro de honor del recinto legislativo la frase "a los
mártires del movimiento estudiantil del 68", presentada por el grupo parlamentario
del PRD el 3 de octubre del año pasado, del 2000. Muchísimas gracias.
LA C. PRESIDENTA: De conformidad con lo que establece el
artículo XXI, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General
de los Estados Unidos Mexicanos, se transmite esta excitativa a la Comisión de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias para que emita el dictamen correspondiente.
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Continuando con el capítulo de proposiciones, se concede
el uso de la palabra al Diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, con punto de acuerdo para
crear un programa de pensión asistencial destinado a los adultos mayores de 65 años.
EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Con su
permiso, Señora Presidenta. Compañeros diputados, diputadas: nuestro sistema público de
seguridad social, integrado por el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM y los ISSSTE estatales no han
conseguido la cobertura universal de una pensión de vejez para los mexicanos.
De conformidad con nuestros cálculos, apoyados en cifras
oficiales, apenas entre el 18 y el 21 por ciento de la población mayor de 65 años goza
de una pensión de vejez o de jubilación. Es decir, solo entre 850 mil y 1 millón de
personas adultas mayores, de un total de 4 millones 750 mil registradas por el INEGI en el
Censo General de Población y Vivienda 2000 gozan de ese derecho. El resto de los
ciudadanos de ese grupo nunca fue acogido por algún sistema de seguridad social o fue
expulsado por el mercado formal de trabajo sin alcanzar o reunir los requisitos exigidos
por la ley para disfrutar de una pensión de vejez.
El propósito de alcanzar la cobertura universal del
régimen de seguridad social ha sido una demanda de la sociedad. La necesidad es mayor por
cuanto es en esta etapa de la vida cuando los ciudadanos están más expuestos a las
enfermedades crónico degenerativas, la atención de la salud se carece y sus capacidades
y habilidades disminuyen, así como sus oportunidades de empleo y son víctimas de
discriminación laboral e incluso abandono.
Dadas las condiciones de acceso al régimen de seguridad
social, que cubre apenas el 37.5 por ciento de la población económicamente activa de un
total de 43 millones de mexicanos en condiciones de trabajar, es muy difícil pensar en
universalizar la pensión en el corto plazo, a menos que se modifique la arquitectura
legal y el régimen financiero de nuestro sistema de pensiones.
Lo anterior presupondría adoptar un modelo de pensión
universal ciudadana, sostenido con recursos fiscales crecientes, debido a que el número
de ciudadanos adultos mayores en nuestro país va en aumento.
Las diversas reformas de corte privatizante a nuestro
sistema de pensiones emprendidas durante la última década e iniciadas con la
introducción del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992, no han resuelto este desafío
de política pública ni siquiera se lo han propuesto. La adopción de un modelo
sustitutivo en el régimen de pensiones del Imss, en 1997, cuya característica principal
es la capitalización individual y administración privada de los fondos, dejó sin
resolver este asunto relevante para un sector de la población altamente vulnerable y
empobrecido, contrariamente a lo que ocurrió en otros países de la misma América Latina
con reformas similares.
En México no contamos con este derecho social. Solo
algunos gobiernos estatales como el del Distrito Federal han puesto en marcha programas
asistenciales dirigidos a los adultos mayores de 70 años. No obstante la generosidad y
visión social de quien los aplica, este tipo de programas son focalizados, están sujetos
a las erogaciones presupuestales y a los ahorros generados durante el año. También
pueden ser suspendidos temporalmente por diversas causas.
En el orden federal, el Insen es la institución que
procura atención al sector de la población de 60 años y más, a través de diversos
programas asistenciales de cobertura limitada, a la que se le destinó un presupuesto para
el año 2001 de 143 millones 321 pesos; insuficiente para cubrir las necesidades de apoyo
a la senectud.
Otros programas federales atienden a jubilados, quienes
ya cuentan con una fuente de ingresos, aunque insuficiente, estable como el de maestro
jubilado de zonas marginadas, que reciben 850 pesos mensuales si participan en el
programa, cuya cobertura es de apenas 7,013 estímulos para este año. El Dif por su parte
incluye dentro de sus programas aquellos dirigidos a la tercera edad.
El Titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso
de la Unión una iniciativa para reformar la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro que,
entre otras cosas, busca inducir un sistema único de pensiones, en el que estén
incluidos los trabajadores que cotizan al Imss, Issste, los Issste estatales, los
empleados de los estados y municipios, los trabajadores que cuentan con planes
ocupacionales de seguridad social, así como trabajadores por cuenta propia con capacidad
de ahorro.
Sin embargo, quedan fuera de este esquema los adultos
mayores ubicados en la completa marginalidad, aquellos excluidos de los beneficios del
desarrollo y de las prestaciones y servicios de la seguridad social. Por tanto, ninguna
reforma al sistema de pensiones será completa si no considera la inclusión en este
universo de ciudadanos mexicanos.
El sistema único de pensiones al que aspira la
iniciativa presidencial será excluyente si no incorpora a los adultos mayores que no
cuenten con un ingreso propio para sobrevivir con dignidad y con independencia. Pensar
solo en los ciudadanos con capacidad de ahorro como lo propone la iniciativa presidencial,
refleja una perspectiva social, excluyente y elitista, y desconoce las recomendaciones en
materia de adultos mayores de los organismos internacionales de los que México forma
parte.
Una de las dificultades más importantes para
materializar esta iniciativa es su costo fiscal, que se sumaría a costo fiscal de la
reforma a la Ley del Seguro Social, al costo que significa sostener la nómina de
pensiones del ISSSTE y a la deuda implícita de los ISSSTE estatales, así como de los
planes ocupacionales de pensiones, que de entrar en insolvencia financiera buscarán la
garantía del Estado.
Por ello, la reforma al régimen de pensiones y la
creación de una pensión asistencial orientada a instaurar la pensión universal básica
en nuestro país, que tendría iguales condiciones de acceso para toda la población y
beneficios similares, debería estar asociada a la reforma fiscal integral, una parte de
cuyos ingresos adicionales se destinarían a este propósito.
Llevar la propuesta a discusión en el marco de la
reforma fiscal y del Presupuesto de Egresos 2002, tendría, además, la virtud de alentar
el debate sobre la situación actual de nuestros adultos mayores y de evaluar los
instrumentos con que cuenta el Estado para hacer de su última etapa de vida un tránsito
menos penoso.
Arribar a un esquema de pensión universal básica de
condiciones de acceso y beneficios similares para todos los mexicanos, financiada con
ingresos fiscales, no contributiva y no sujeta a una relación laboral, exigiría acabar
con la fragmentación en nuestro sistema de seguridad social, uniformar derechos y
beneficios, así como revisar la eficacia del modelo de pensiones, basado en la
capitalización individual para conseguir este objetivo.
Empero el Congreso de la Unión podría crear la pensión
asistencial para adultos mayores que nunca tuvieron acceso a los beneficios de la
seguridad social como un primer paso. Es decir, la propuesta más viable sería fortalecer
simultáneamente los derechos de los adultos mayores hasta hoy desprotegidos, con varias
medidas legislativas como la de elevar a rango constitucional el derecho de una pensión
de vejez para los mayores de 65 años que la requirieran y reforzar en la legislación
secundaria sus derechos; ambas propuestas presentadas ya por el PRD en tribuna. Al mismo
tiempo, que se impulsen las medidas compensatorias a cargo de las instituciones del Estado
y de la sociedad, que les permitan una vida con menos sobresaltos, es una medida de
política social inaplazable.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, los legisladores suscritos solicitamos se turne a las Comisiones de Hacienda y
Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y Seguridad Social de esta Cámara de
Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"PRIMERO.- Como parte de los trabajos de la reforma
fiscal integral en estudio y en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de
la Federación 2002, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda crear un
Programa de Pensión Asistencial para los Adultos Mayores de 65 años que no gozan de
ninguna pensión y que sus condiciones socioeconómicas la requirieran. El programa sería
sujeto de reglas de operaciones transparentes, claras, objetivas, verificables, que no
dieran margen a la discrecionalidad y al clientelismo, cuyos recursos serían
escrupulosamente fiscalizados por los beneficiarios y por esta soberanía.
"SEGUNDO.- Este programa social sería el punto de
partida para instaurar una pensión universal y consistiría en brindar un apoyo mensual
de medio salario mínimo mensual general equivalente en el Distrito Federal, a todos
aquellos ciudadanos mexicanos de 65 años y más que lo requirieran y comprobaran su
necesidad. Los recursos se ejercerían a través del Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de
la Federación, correspondiente a la función de desarrollo social.
"TERCERO.- El costo de introducir este programa
sería cubierto por los ingresos adicionales recaudados como resultado de la reforma
fiscal y su cuantía estaría determinada por el universo de beneficiarios".
Esta proposición con Punto de Acuerdo, lo firman
diputados de casi todas las fracciones, diputados del PRI, del PRD por supuesto, de
Convergencia por la Democracia, del Partido del Trabajo y del diputado independiente
Humberto Mayans Canabal.
Les dejo una copia. Muchas gracias.
Gracias señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL:
Gracias ciudadano diputado.
Sobre el mismo tema han solicitado hacer uso de la
palabra hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Grupo
Parlamentario del Partido del Trabajo, y el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO ANTONIO GARCIA DAVILA .-Con la venia de la
Presidenta.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y
Convergencia por la Democracia, acude a esta tribuna para referirse al Punto de Acuerdo
para crear una pensión asistencial universal para los adultos mayores de 65 años.
Para nadie resulta sorprendente que nuestro país se
encuentre hoy en el plano económico y social en condiciones sumamente desfavorables, los
casi 20 años de política neo liberal nos han llevado a límites peligrosos que puedan
dar lugar a un desequilibrio político de imprevisibles consecuencias.
El esquema del modelo al bienestar social ha quedado
totalmente desmantelado, la población que requiere mayores cuidados, los pequeños y los
ancianos particularmente los de escasos recursos que están en el total desamparo. Los
ancianos en México han sufrido de manera especial este traumático cambio estructural de
nuestra sociedad, de ellos los que tuvieron la fortuna de estar adscritos al Sistema de
Pensiones, reciben aunque sea de manera muy limitada recursos que les permiten sobrevivir.
Como a ustedes les consta, compañeras y compañeros
Diputados, la mayoría de los grupos parlamentarios hemos hecho esfuerzos para que esta
situación cambie radicalmente y hemos presentado las iniciativas de ley y en su caso
hemos aprobado los dictámenes que tienden a cambiar este aciago panorama para las
personas de edad avanzada.
Pero a diferencia de los que de alguna forma están
cobijados en el Sistema de Pensiones, existen otros muchos que se encuentran en total
desamparo y que para vivir requieren seguir trabajando o bien dependen de la buena
voluntad de sus familiares y amigos.
Lo cierto es que los ancianos en México están en
condiciones muy difíciles para afrontar la parte final de su vida que es justamente
cuando se requiere de mayores cuidados y atenciones.
Debemos tener claro, además, que la población mexicana
en su composición por edades tenderá a que el número de ancianos crezca de manera
importante en los próximos años. En la actualidad, con base en la información censal
del año 2000 tenemos 4 millones 750 mil ancianos en México pero las tendencias
poblacionales nos indican que en unos cuantos años estas cifras serán superadas con
creces.
Compañeras y compañeros Legisladores, atender a los
ancianos que dieron lo mejor de sí mismos para su familia y para nuestra patria es lo
menos , lo menos que podemos hacer. Tenemos que asumir de manera responsable y solidaria
que ante el desamparo y la miseria al que nos ha llevado esta fase del capitalismo
salvaje, debemos proteger a uno de los sectores más desvalidos de nuestro pueblo, los
ancianos.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido del
Trabajo y Convergencia por la Democracia apoyan el Punto de Acuerdo de referencia aunque
al mismo tiempo reconocen que el monto a aplicar es totalmente insuficiente; sin embargo
nos parece que en este momento es importante sentar este precedente que nos permita de
manera posterior mejorar este apoyo económico.
Muchas gracias a nombre de los ancianos. (aplausos)
LA C. PRESIDENTA. Tiene la palabra el diputado Librado
Treviño Gutiérrez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. LIBRADO TREVIÑO GUTIERREZ: Con su permiso,
señora Presidenta.
Escuchando con mucho interés la participación del
doctor Pedro Miguel Rosaldo y puesto que coincidimos en el interés y el deseo compartido
de que en estos tres años podamos hacer algo por la gente que nos dio todo y que es fecha
que no se le ha hecho justicia, y porque lo hemos vivido y experimentado en carne propia
con nuestros viejos, quiero compartir en hechos el deseo de todas las fracciones, incluso
de toda la Cámara y de la Cámara de Senadores también, ya que mañana tendrán ellos el
foro "Hacia una legislación para adultos mayores y el envejecimiento" y
nosotros, la Cámara de Diputados el próximo lunes primero de octubre, la Comisión de
Atención a Grupos Vulnerables, viendo la problemática en ese foro internacional del
envejecimiento demográfico, el Partido Revolucionario Institucional con el compromiso de
ser institucionales y velando por la seguridad del país; visualizando el origen de los
recursos y decididos los priístas a trabajar por una reforma fiscal única en el sexenio
que resuelva de raíz las debilidades del sistema fiscal y contribuya a fortalecer la
certidumbre que el proceso económico requiere, tiene una propuesta fiscal alternativa
donde la tercera parte de esa propuesta habla de la viabilidad del actual sistema de
pensiones que implica reconocer la necesidad de financiarlo sobre la base de una
contribución específica a fin de garantizar recursos para el sano desarrollo del sistema
pensionario.
Por otro lado, el planteamiento del PRI hecho durante los
últimos meses en el sentido de analizar con sumo cuidado la situación de las pensiones
en nuestro país, en atención a nuestros adultos mayores y específicamente a los más
desamparados, podemos decir que desde 1997 que se llevó a cabo la reforma del sistema de
pensiones del Seguro Social donde la expedición de la Ley del Sistema de Ahorro para el
Retiro, donde el nuevo sistema basado en las aportaciones y la creación de las AFORES
así como el pago de pensiones a quienes se jubilaron con anterioridad, ha sido punto
primordial para que se cumplan dichas obligaciones hasta el año 2020.
Pensando por otra parte que habrá que atender el Estado
el problema representado por el pasivo contingente que implican los sistemas pensionarios
estatales, municipales y de las universidades públicas y viendo que la propuesta priísta
contempla el establecimiento de una nueva figura tributaria que se denominaría
contribución social para las pensiones, analizando la situación y la necesidad de que
tenemos que ver también por los derechos y los intereses de los más necesitados y
preservar esos derechos especialmente para asegurar los recursos presupuestales de las
instituciones y programas destinados al desarrollo y bienestar de los adultos mayores,
justamente cuando los ahorros - porque así se le llama ahora por parte del Gobierno a los
sub ejercicios- se suman unas fuertes tendencias a adelgazar y retirar al Estado en sus
responsabilidades promocionales, gestoras y rectoras del desarrollo social.
Amigos de todos los partidos políticos representados en
esta Cámara:
Por ustedes, colegas en el quehacer político y
legislativo y que nos vemos con simpatía y afecto, respetados y respetables, no de
partido de primera, segunda y tercera sino como mandados por el pueblo para su defensa,
quiero pedir en nombre del Partido Revolucionario Institucional, que busquemos la
cobertura universal de pensión y apoyo a todos los mexicanos que ofrendaron su vida, el
trabajo y riqueza de México y que así como nos apoyaron a llegar aquí con su voto,
ahora piden nuestro apoyo. ¡No los podemos defraudar!
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las comisiones unidas de
Presupuesto, Cuenta Pública y Seguridad Social y que pueda emitir su opinión la
Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
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Con el objeto de presentar una proposición, tiene la
palabra el diputado Juan Ignacio García Zalvidea, del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo para que el Gobierno Federal tome
medidas emergentes para apoyar a la industria turística y a las aerolíneas por la
contingencia de los actos terroristas del 11 de septiembre en los Estados Unidos de
América.
EL C. DIP. JUAN IGNACIO GARCIA ZALVIDEA: Buenas tardes.
Con su permiso, señora Presidenta.
Ciudadana Presidenta de la mesa directiva de la H.
Cámara de Diputados.
Compañeras y compañeros diputados:
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos,
quisiera someter a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados lo siguiente:
PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO para que se comunique al
presidente Vicente Fox y a las secretarías pertinentes a tomar medidas emergentes de
apoyo a la industria turística y a las aerolíneas con reducción al precio de la
turbocina, debido a los problemas que enfrentan derivados de la situación internacional,
con base en las siguientes consideraciones:
A raíz de los atentados terroristas ocurridos el 11 de
septiembre pasado en las ciudades de Nueva York y Washington, se ha afectado la economía,
principalmente la aviación comercial que transporta pasajeros y carga y es un sector
estratégico del cual dependen otras actividades y el turismo no es la excepción,
reduciéndose considerablemente la afluencia de visitantes a nuestro país, afrontando el
riesgo de quiebra y pérdida de empleos, lo anterior origina que la gente tiene miedo a
volar y pospone sus planes de viaje, lo que ha originado pérdidas por cancelaciones en un
40% en algunos casos y el valor de las acciones de las aerolíneas norteamericanas ha
caído drásticamente.
El gobierno norteamericano ha hecho anuncios de respaldar
a la industria de aviación, con un monto de varía de los 5,000 a los 15 mil millones de
dólares, para afrontar las obligaciones que tendrán que enfrentar por los ataques. Más
preocupante es el hecho de que la industria despedirá aproximadamente a 100,000
trabajadores.
Las aerolíneas mexicanas también se han visto
afectadas, la agencia calificadora estadounidense Feech colocó en observación negativa a
Aeroméxico y Mexicana, estimando que ambas empresas perdieron cada una entre 5 y 15
millones de dólares sólo en la siguiente semana a los atentados, esto afecta por igual a
todas las aerolíneas mexicanas, como resultado directo de la cancelación de los vuelos.
La industria aérea nacional que sorteaba 15 meses de
debilidad, tuvo una caída en el volumen de pasajeros y por consiguiente una menor
ocupación, cuando se contemplaba también la posibilidad de vender las aerolíneas
mexicanas operadas por CINTRA, que aproximadamente tienen un valor del 10% del valor del
espacio aéreo mexicano estimado en14 mil millones de dólares, siendo obvio que dicha
venta debe posponerse hasta que haya mayor certidumbre.
En la aviación mexicana trabajan más de 26 mil
empleados directamente, beneficiando a cientos de miles de mexicanos e incidiendo en la
economía nacional, transportando anualmente a más de 60 millones de pasajeros y con una
oferta disponible de 30 mil 814 asientos en una flota de 286 aeronaves.
El volumen de pasajeros entre México y los Estados
Unidos es del orden de 11 millones 811 mil pasajeros transportados por aerolíneas
mexicanas y extranjeras, de forma regular y en la modalidad de fletamento, representando
el 82% de los vuelos internacionales hacia México, la carga movilizada anualmente
asciende a 407 mil 282 toneladas, con un precio de transporte de 615 millones de dólares.
El valor conjunto de los ingresos generados por el
transporte aéreo es del orden de 9 mil 935 millones de dólares al año.
El precio del combustible para los aviones, la turbosina,
también conocido como gas avión, es de 2 mil 267 pesos 98 centavos por metro cúbico, lo
que nos da un precio unitario de 2 pesos con 60 centavos por litro y las aeronaves más
comunes que utilizan este combustible son: el MD9 que tiene una capacidad de combustible
de 26 y medio metros cúbicos y consume 3.4 metros cúbicos por hora; el DC9 con un
consumo de capacidad similar; el Aerbost A320 que consume 3.4 metros cúbicos por hora y
con una capacidad de trasladar de 155 a 180 pasajeros; el Boeing 757 tiene 90 metros
cúbicos de capacidad en su tanque de combustible y consume aproximadamente 4 metros
cúbicos por hora, transportando de 195 a 231 pasajeros; el Aerbost A300 consume 4.63
metros cúbicos por hora y transporta a 225 a 240 pasajeros; el Boeing 727 consume 5.2
metros cúbicos por hora y tiene una capacidad de transporte de 170 a 190 pasajeros; los
aviones más grandes como el Oket 10, 11 y el Boeing 747 tienen una capacidad aproximada
de 100 metros cúbicos de combustible y consumen hasta 15.12 metros cúbicos por hora,
teniendo una capacidad desde 270 a 450 pasajeros.
Para ejemplificar un vuelo redondo de
México-Cancún-México o México-Chihuahua-México con cuatro horas totales de vuelo,
costaría de 35 mil 471 pesos a 157 mil 742 pesos, considerando el tamaño del avión más
pequeño al más grande, siendo el combustible uno de los principales insumos de las
aerolíneas que repercuten en los costos de operación.
Hacemos un estimado que el precio de un dólar por
galón, incluyendo impuestos a razón de 400 vuelos diarios con un promedio de tres horas
de vuelo a los principales destinos y un promedio de consumo de mil galones por hora,
tendríamos un consumo de combustible de 12 millones de galones diarios, y si se diera un
descuento en la porción de carga en México, tendría un impacto de 18 millones de
dólares al mes y se propondría un periodo de descuento de 3 meses, con un impacto
aproximado de 54 millones de dólares.
El volumen de venta interna de turbocina en México en el
2000 fue de 55 mil 500 barriles diarios, o sea, 20 millones 257 mil barriles al año, con
un valor total de 6 mil 681 millones de pesos, siendo en el último mes de julio del 2001
la producción equivalente a 54 mil 100 barriles diarios y con un valor de 449.4 millones
de pesos, lo que equivale a un perico unitario de un peso 64 centavos por litro, sin
incluir los impuestos especiales a la producción y servicio, el IVA ni las comisiones a
los distribuidores.
La turbocina nacional tiene excedentes hoy en día, y en
el año 2000 se exportaron 3 mil 600 barriles diarios, y en el último mes de julio de
2001 se exportaron 7 mil 200 barriles diarios.
A decir de Pedro Cerisola y Weber, Secretario de
Comunicaciones y Transportes, esta situación se corregirá con la política aeronáutica
todavía por publicarse, y que a pesar de las pérdidas que han tenido las aerolíneas
mexicanas por la situación en Estados Unidos, el Gobierno Federal no tiene previsto
ningún programa, confiando en que ésta sea una situación pasajera en tanto se recupera
la confianza.
La industria del turismo en México, fuente importante de
divisas y motor de desarrollo económico y empleo, en diversas regiones del país también
se ha visto fuertemente afectada. La propia SECTUR calcula que tanto el número de
turistas extranjeros como su gasto se reducirán este año de manera importante. Solamente
durante la semana del atentado se tuvo una contracción de entre 7 el 8 por ciento en la
ocupación hotelera respecto al mismo periodo del año 2000, por lo que se espera un mayor
impacto durante la segunda quincena de septiembre y los meses de octubre y noviembre.
Debemos cuidar el sano desarrollo de estos sectores y
sobre todo las fuentes de empleo, y debemos reaccionar racionalmente y con creatividad
ante las contingencias que se presentan.
Compañeras y compañeros diputados: Por las
consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo
58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, me permito presentar el siguiente punto de acuerdo:
Esta Cámara solicita que el Presidente Vicente Fox
Quesada, junto con su gabinete, formule un plan de acción emergente para ayudar, tanto a
la industria del turismo como a la aérea, a sortear la difícil situación en la que se
encuentra derivado de los ataques en los Estados Unidos de América, y que se reduzca el
precio de la turbocina con el mayor descuento posible, a las aeronaves que carguen en
nuestro país, de manera temporal, hasta que haya una estabilización.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Sobre el mismo tema, ha solicitado hacer uso de la
palabra el señor diputado Edilberto Buenfil Montalvo, hasta por cinco minutos.
EL DIP. EDILBERTO BUENFIL MONTALVO: Con su permiso
ciudadana Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
El día de hoy es importante este punto de acuerdo que ha
presentado el compañero García. Efectivamente, los actos del pasado 11 de septiembre
hicieron impacto en la cuestión económica del mundo entero en este mundo global que
vivimos. El Gobierno Americano salió de inmediato a apoyar a sus líneas aéreas con 20
mil millones de dólares. También la Comunidad Europea está en proceso de apoyar a las
líneas aéreas europeas. ¿Por qué nosotros no debemos de apoyar a las líneas aéreas
mexicanas, que es una industria básica del país? Si no apoyamos a las líneas aéreas
corremos el riesgo de un mayor desempleo en esa industria.
México debe de instrumentar un programa emergente para
apoyar a las aerolíneas, pero además, en las circunstancias que está viviendo, debemos
de pugnar porque verdaderamente el Secretario de Comunicaciones emita el programa, la
política del transporte aéreo en México que tanto requiere este país.
Pero no debemos de apoyar y pedir que el gobierno apoye
exclusivamente a las aerolíneas, debemos de pedir también que hoy en día el gobierno
apoye también al área turística. ¿Cuánto dinero le ha costado al país la
infraestructura turística en Los Cabos, en Huatulco, en Cancún, Cozumel, Acapulco,
Mazatlán, cuántos puertos más tenemos hoy, que con esta baja del turismo internacional
que tenemos que entender que la gran mayoría de los tusitas son americanos?
Por eso es que debemos de tener un programa emergente de
turismo, del turismo social, el turismo interno, es día de que el gobierno a través del
ISSSTE y de todas las organizaciones promueva el turismo nacional, turismo social para
apoyar a esos industriales, a esos que dan empleo y que hoy ese empleo necesitan los
mexicanos.
¿Cómo podemos apoyar al turismo social? Con acciones de
gobierno. ¿Cómo podemos apoyar a la industria turística de algunos puertos importantes
como Cancún, Los Cabos? Aprovechando las experiencias que hay en otros países.
Hay propuestas en la Comisión de Turismo en donde se
debe de devolver el IVA a los compradores extranjeros, al igual que se hace en otros
países del extranjero.
En un programa de reducción de peaje en autopistas para
que el turista nacional pueda salir. También tiene derecho a pasear. ¿Por qué no a esos
centros turísticos apoyarlos en el próximo tiempo, en los tiempos fiscales que se
avecinan, que tengan tasa cero para congresos y convenciones? Ahí es en donde nosotros
debemos de apoyar hoy en día al turismo así como apoyar también a las aerolíneas.
Es por eso amigos legisladores, la propuesta que ha hecho
hoy el compañero García, debe de ser apoyada así como también en su momento hay otras
iniciativas, otros puntos de acuerdo que se han solicitado para apoyar a otros grupos
económicos que están en problemas como son los productores de caña, los maíceros, los
arroceros; ahí es en donde nos queremos solidarizar con todos los partidos. Apoyemos a
los grupos económicos que verdaderamente lo necesiten. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas
de Turismo y de Comunicaciones.
EL DIP. ALONSO ULLOA VELEZ (Desde su curul): Señora
Presidenta.
LA PRESIDENTA: Disculpe diputado.... sonido en la curul
del diputado Ulloa.
EL DIP. ALONSO ULLOA VELEZ (Desde su curul): Para
solicitarle respetuosamente, diputada Presidenta, que sea de la misma manera turnada a la
Comisión de Transportes, que sería a mi juicio pertinente que evaluara esta solicitud, y
me hacen saber que los diputados de la Comisión de Energía estarían interesados en
conocer del punto de acuerdo.
LA PRESIDENTA: Diputado con todo gusto, si usted así lo
estima pertinente y la Comisión de Energía lo estima pertinente, dejaríamos el turno
para Comisiones Unidas de Turismo y Comunicaciones con opinión de la Comisión de
Transportes y de la Comisión de Energía, si no simplemente generar el quórum dentro de
120 diputados haría inoperable el procesamiento del punto de acuerdo.
¿No sé si con esto satisfaga?....
EL DIP. ALONSO ULLOA VELEZ (Desde su curul): Muchas
gracias.
LA PRESIDENTA: El turno sería entonces a las Comisiones
Unidas de Turismo y de Comunicaciones, con opinión de la Comisión de Transportes y de la
Comisión de Energía.
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Para presentar un punto de acuerdo en torno al tema de
Procuración de Justicia, se concede el uso de la palabra al diputado José de Jesús
Hurtado Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIP. JOSE DE JESÚS HURTADO TORRES: Con su permiso,
diputada Presidenta. En los últimos días han llamado poderosamente la atención de
muchos, de muchísimos mexicanos, las noticias que en diferentes medios de comunicación
se han emitido en relación al caso Cabal Peniche. Vaya impacto para los mexicanos. De
trece investigaciones federales, trece reveses para la Procuraduría General de la
República. La indignación de la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país es muy
justificada.
El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se une a esa
indignación social pues considera que este caso es una vergüenza nacional respecto de la
procuración de justicia de este país. Y es que no hay mayor tragedia para la confianza
de un pueblo en sus autoridades, que verse traicionado por la actitud irresponsable,
negligente o corrupta de quienes se encargan de que se investigue, consigne y aprehenda a
los presuntos delincuentes, como está sucediendo con la Procuraduría General en cuanto
al procesamiento del señor Carlos Cabal Peniche.
Debemos dejar muy claro que dichas investigaciones fueron
realizadas durante el sexenio del doctor Ernesto Zedillo, en el cual estuvo al frente de
la Procuraduría el doctor Jorge Madrazo Cuéllar, hombre de singular dicción y
particular ineptitud, pues es el responsable, sin duda, de este abultado marcador y quien
a pesar de su mal desempeño, hoy de acuerdo a su servidor, mal designado cónsul en el
extranjero.
Es claro que no fue el único, que hay muchas víboras
prietas aún en esa dependencia que deben responder al pueblo de México por esta afrenta
estruendosa en este caso en particular, tal es el caso del actual Subprocurador Jurídico
y de Asuntos Internacionales que hoy continúa desempeñándose en el mismo cargo que
ostentara la pasada administración y quien fuera, de alguna manera, el responsable
directo de que Cabal Peniche lograra acudir al país amparado por no haber actuado. Esto
es, por falta de actividad procesal de la propia Procuraduría bajo la dirección a su
mando, mismo que hoy se convierte ante los medios, según él, en fiscal de los que se
desempeñaron de manera irregular.
Por ello el Grupo parlamentario del Partido Acción
Nacional quiere dejar muy clara su indignación, su exigencia al actual Procurador General
de la República, para que profundice las investigaciones en relación a este caso, para
que una vez concluidas, se sancione y consigne a quienes resulten responsables, sea quien
fuere y trátese de quien se trate, porque si bien es cierto que las actuales
investigaciones por el caso Cabal, en el cual Carlos Cabal ha logrado evadir la justicia,
no son responsabilidad directa de esta administración ni de este procurador, sí será
responsabilidad del actual Procurador Macedo de la Concha no llegar hasta las últimas
consecuencias para dar con los responsables de la ineptitud, negligencia o corrupción de
este multicitado caso.
Esos trece asuntos se han decidido mediante autos de
libertad o sobreseimiento. Sin duda porque las averiguaciones previas se integraron mal,
porque las querellas de la Procuraduría Fiscal de la Federación se presentaron fuera de
tiempo, lo que arroja una evidente responsabilidad de los procuradores fiscales que en su
momento dejaron de actuar oportunamente, lo que derivó, sin duda, en que el ejercicio de
la acción penal, según los tribunales respectivos, se hallara prescrita. En otros, se
imputaron al inculpado dolosamente delitos distintos a los que en realidad cometió, con
la evidente intención de que no se surtiera el tipo penal para que resultara absuelto,
omitiendo con ello consignarlo por aquellos ilícitos por los cuales sí pudiera haber
sido responsable.
Todo lo anterior resulta trágico por el aumento en la
desconfianza hacia las autoridades del pueblo mexicano, pues parece un escenario bien
armado desde el inicio, una voluntad malsana de integrar averiguaciones deficientes, para
que a la postre fueran intrascendentes, lo anterior con el objetivo claro de en su
momento, dar satisfacción a las demandas, denuncias e inquietudes ciudadanas, teatro
perfectamente armado, por quien en el pasado en este país, podía hacer y deshacer a su
antojo,
Obviamente hubo gente involucrada, quienes posibilitaron
que su amigo no resultara perjudicado y sí en cambio gravemente burlado el pueblo de
México, pues no se nos olvide que somos los mexicanos, con nuestros impuestos, quienes
hemos tenido que pagar de nuestros bolsillos este caso, y para colmo inclusive su regreso
a nuestra patria en un vuelo privado y especial, para tan distinguido huésped nacional.
Independientemente de las razones por las cuales ninguna
de esas consignaciones haya prosperado, que insisto solamente pueden ser por ineptitud o
corrupción, es tan grave como la otra, pues provocan frustración e indignación de la
ciudadanía, y además alientan a que proliferen los delincuentes de cuello blanco, pues
pareciera poderse concluir, que en México basta tener suficientes recursos para impedir
que se haga justicia e inclusive para burlarse de ella, y además que algunos mexicanos
crean que quienes son y están al frente de la Procuraduría son los que perdieron las
causas penales de las que hablamos.
Nada mas alejado de la realidad, las querellas y
denuncias en cuestión, las investigaciones practicadas, las consignaciones y las órdenes
de aprehensión, que en su momento causaron tan expectación, y hasta esperanzas de que
ahora sí se iba a hacer justicia, se han desvanecido, y los únicos responsables de este
desastre jurídico, son aquellos que a propósito, con dolo, o en su caso por ignorancia o
negligencia, liquidaron a nombre del pueblo de México para perder, a sabiendas de que
iban a perder, no se puede explicar de otra manera.
Aquí también hay responsabilidad de muchas
dependencias, por ello el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quiere manifestar a la
ciudadanía su solidaridad con la pesadumbre que hoy le aqueja, pero además su voluntad
inquebrantable de luchar en el ámbito de nuestras facultades para que esto no se repita,
legislando en la materia, para evitar casos similares, e insistir que los responsables
deben ser sancionados.
Quiero dejar con claridad, que dentro de la Procuraduría
hay gente muy valiosa, gente mucho más valiosa que el actual Subprocurador de Asuntos
Jurídicos y el extitular de la propia Procuraduría, que la bancada del Revolucionario
tiene gente mucho más capaz, que en la que en su momento presidió estas instituciones.
Desafortunadamente para el pueblo de México, hoy nos estamos dando cuenta de esos
desastrosos resultados
Por lo anteriormente expuesto presentamos esta
proposición, con el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se exhorta al Procurador General de la
República, licenciado Macedo de la Concha, a efecto de que se le dé seguimiento puntual
a los procesos penales que se encuentran impugnados en este momento. A que se profundicen
las investigaciones actuales, con objeto de que se determine, quién o quiénes son los
responsables de tan evidente fracaso en la procuración de su justicia, y en su caso se
apliquen las sanciones correspondientes, tanto administrativas como penales. A que sé una
explicación, clara y precisa, a la opinión pública de las irregularidades en el curso
de esta investigación, con la finalidad de que se deslinden las responsabilidades en este
caso.
Firman varios compañeros del Grupo Parlamentario de
Acción Nacional.
LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Ha solicitado
el uso de la palabra sobre este tema hasta por cinco minutos, el diputado José Elías
Romero Apis del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS.- Con su venia,
señora Presidenta.
Distinguida Asamblea:
Dice el orador, diputado que me precedió, que debe
profundizarse en el cuidado de estos asuntos, en la investigación de lo que ha sucedido,
en el esclarecimiento de los fracasos con que a la opinión pública se ha dado cuenta en
torno al asunto que ha mencionado. Esto implica, y estamos de acuerdo, que es posible que
no se haya profundizado, que es necesario esclarecer, que es necesario ir a fondo en este
y en muchos otros asuntos en los que se encuentra hoy comprometida la justicia mexicana.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, desde hace un año 26 de septiembre, hizo ante el entonces Procurador
General de la República en esta misma tribuna, los planteamientos sobre el problema que
hoy nos ocupa. Posteriormente lo ha venido reiterando ante las nuevas autoridades de la
procuración.
Visto desde una óptica ligera, no estoy diciendo
superficial, el asunto Cabal Peniche resulta tan solo uno más de los miles de asuntos
similares o idénticos en los que se encuentra comprometida la justicia mexicana. Si por
algo ha resultado singularmente conspicuo, no es porque sea excepcional en su origen ni en
su resultado, sino porque uno o varios de sus protagonistas se encuentran instalados en
los centros de la fama, en los del dinero o en los del mando; pero observado con más
detenimiento y analizado con método más riguroso, advertimos que se trata de un ejemplo
perfecto del drama por el que atraviesa, y hemos señalado reiteradamente, la justicia
mexicana.
Si construimos una deducción lógica a través de
silogismos, vemos que sólo se puede partir de dos proposiciones: o Cabal es inocente o
Cabal es culpable; no hay opción intermedia ni tercera opción. Si Carlos Cabal es
inocente, entonces estamos en presencia de una justicia perversa que durante siete años y
muchos procuradores, indebidamente lo ha perseguido, lo ha prejuzgado, lo ha apresado, lo
ha extraditado, lo ha desprestigiado, lo ha angustiado y lo ha flagelado. Si por el
contrario, Carlos Cabal es culpable, entonces estamos ante una justicia torpe que no ha
podido castigar, que no ha podido restituir, que no ha podido satisfacer y que no ha
podido triunfar. Es decir, en conclusión, para efectos de la justicia mexicana, o esta es
torpe o es perversa. No hay tampoco tercera opción.
Pero lo más grave de todo, decíamos, es que Cabal no es
un caso aislado; si fuera el asunto de un fracaso excepcional o de una perversidad
aislada, lo que fuere, en medio de un mar de alteza y de victorias estaríamos salvados y
la excepción carecería de importancia y trascendencia, pero no es así. Se trata de un
lugar común en la justicia mexicana donde a diario se acusa injustamente y también a
diario se fracasa injustificadamente. Esto lo hemos reiteradamente señalado, denunciado y
exhortado a las autoridades competentes.
El asunto Cabal es realmente el hacer Cabal; una realidad
que sistemáticamente nos hemos negado a reconocer y mucho menos a aceptar. Ese es en el
fondo, el fondo del drama; ese es en el fondo lo que necesitamos revertir; ese es en el
fondo, en lo que estamos empeñados mi grupo parlamentario y veo con satisfacción que
otros grupos parlamentarios.
Muchas gracias, señora Presidenta.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA.- Tiene la palabra el diputado Gregorio
Urías hasta por cinco minutos, sobre el mismo tema. DIP. GREGORIO URIAS: Con su permiso diputada presidenta;
compañeras y compañeros legisladores:
En efecto el caso Carlos Cabal Peniche, no es un caso
aislado. Pero tampoco es sólo un caso de fracasos, de incapacidades de la justicia
mexicana; es un caso de complicidades políticas; es un caso que expresa como muchos otros
que no se han ventilado hasta ahora con la misma trascendencia y fuerza en la opinión
pública, en el debate nacional; demuestra la conducción, la administración política
del Estado Mexicano.
Nosotros pensamos que tenemos que discutirlo ahora y
tenemos que hacer una reflexión mucho más profunda, porque el problema de la corrupción
en este país es grave y viene de mucho tiempo atrás. Pero no se ven, no se expresan, no
se materializan actos, resultados decisivos y trascendentales en los diferentes ámbitos
en que se expresa: en el poder, en la procuración de justicia, en los diferentes poderes.
Yo me quería referir a que hace algunos meses el
Secretario Francisco Barrio, informaba a través de los medios de comunicación, nos
informaba a todos los mexicanos, que el monto de la corrupción en México, equivale
aproximadamente al 9.7 del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 500 mil millones de
pesos.
Hay un problema frente al cual no ha habido resultados;
es una cantidad inmensa de dinero si lo comparamos con lo que se pretende lograr con la
reforma fiscal. Cabal Peniche fue un empresario exitoso y profundamente corrupto desde
antes de 1993, desde antes de 1994, que se empezaron a crear, a instituir los fideicomisos
para campañas electorales del PRI en diversos estados y la campaña de 1993-1994. Fue
declarado así por el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, sobre quien apenas hace
sólo unas semanas, fue expresado por el actual Presidente de la República, que no había
absolutamente nada qué hacer, no había nada en contra de Carlos Salinas de Gortari, en
este país.
Con todo lo que se ha discutido, con todo lo que se ha
ventilado al interior del país, fuera del país, yo creo que la decisión, la forma como
se está conduciendo desde el Ejecutivo, desde el Jefe del Ejecutivo Nacional, el combate
a la corrupción, las profundas transformaciones que se tienen que operar en lo que hemos
denominado la Reforma del Estado, para poder ir a fondo en este tipo de males, en este
tipo de fenómenos de la corrupción, no son estimuladas en lo más mínimo. ¿Qué
estímulos pueden estar recibiendo los jueces o todos los que integran funcionarios del
Poder Judicial y de las propias instancias de justicia, con este tipo de declaraciones en
los Estados Unidos?
Nos parece que en efecto hay una gran cantidad de fallas,
de errores, que pueden ser por la falta de elementos para haber combinado los diferentes
procesos federales contra Carlos Cabal Peniche. Puede haber sido por errores en la
integración de las averiguaciones. Sin embargo, aquí hay responsables de los encargados
de la procuración de justicia, responsables de la Comisión Nacional de Valores;
responsables de la Secretaría de Hacienda, en sus diferentes momentos, en sus diferentes
etapas y que hay que investigarlos de una vez por todas y proceder en consecuencia. Pero
junto con ello es un proceso que debió de haberse iniciado por lo menos desde el inicio
del sexenio pasado y durante todo el sexenio pasado, incluyendo el primer Procurador
Lozano Gracia y el último Procurador Madrazo, debieron de haber tenido algo o tienen,
tuvieron y tienen algo de responsabilidad en todo este proceso.
En todo caso nuestra conclusión y nuestro llamado es a
todos ustedes compañeras y compañeros legisladores de las diferentes fracciones, que
asumamos de una vez por todas el compromiso de ir a fondo en el combate a la corrupción
en todos sus niveles y en todos sus grados de profundidad, de ir a fondo en la
instalación de la Comisión de la Verdad, para también esclarecerla impunidad.
No tenemos futuro si no hay autocrítica profunda, si no
se aclaran una serie de hechos de corrupción y de esta naturaleza. Y esto es un asunto
que nos compete a todas las fuerzas políticas.
Igual exigimos se aclare y exigimos justicia. Muchas
gracias.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias, Señor Diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
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Tiene la palabra el Ciudadano Diputado Enrique Herrera y
Bruquetas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el asunto del escudo, la bandera y
el himno nacionales.
EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS: Diputada
Presidente de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados:
Si se nos preguntase cuál es el primer requisito de un
gobierno moderno y democrático, nosotros no dudaríamos en contestar que el primero, sin
el cual los otros son inexistentes, es el de la seriedad.
De la seriedad viene la respetabilidad y lo demás, lo
demás se da por añadidura.
No hay teoría ni praxis política que pueda
florecer sin ella. Gobernar improvisando, negando hoy lo que afirmamos ayer y afirmando
mañana lo que negamos hoy es gobernar al azar. Esto es gobernar.
Vivimos horas difíciles. No hay mercadotecnia que salve
las comprobadas torpezas. No hay maquillaje publicitario que esconda lo evidente. La
ruptura del oficio y del saber político, como filosofía estructural de gobierno, está
hoy irreversiblemente olvidada.
La imagen de la realidad que tenemos a la vista es
demasiado basta y compleja, es demasiado multidimensional y polémica como para
convencernos de que vivimos una etapa real de tránsito democrático.
Hay miopía y hay sordera, ineficacia, deslealtad y
soberbia y tal es el caso del Secretario de Gobernación, a quien le compete acatar y
vigilar el cumplimiento de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales.
Funcionario aficionado a los logotipos que atentan contra
la suprema razón de la patria, logotipos al servicio de una política de
descanacionalización creciente.
Esta Cámara ha reiterado de diversas formas su protesta
contra el uso del águila mocha, como se le conoce ya en la voz popular. Pero el
Secretario de Gobernación padece insensibilidad crónica.
Dice la ley que seguramente nunca ha leído el titular
del ramo lo siguiente: "El escudo, la bandera y el himno nacionales son los símbolos
patrios de los Estados Unidos Mexicanos. La presente ley es de orden público y regula sus
características y difusión. Toda reproducción del escudo nacional deberá corresponder
fielmente al modelo descrito en el artículo 2 de esta ley".
Todas las secretarías de Estado, como hemos podido
comprobar en sus publicaciones encabezadas notoriamente por la Secretaría de
Gobernación, nos muestran un escudo nacional degradado, mutilado, castrado. A fuerza de
repetirlo en imágenes, los niños en las escuelas preguntan a sus maestros si esa es la
representación hecha símbolo de la patria.
Tiene razón el soldado que afirmó: ese dibujo sólo
habla de traición a la patria.
Vamos a enviarle un ejemplar de la ley respectiva al
incompetente Secretario para que lea el artículo 50 que a la letra dice: "El uso del
escudo y la bandera nacionales, así como la ejecución del himno patrio por las fuerzas
armadas del país, se regirá por las leyes, reglamentos y disposiciones
respectivas".
Y de paso memorice el artículo 2 que expresa con
meridiana claridad: "El escudo nacional está constituido por un águila mexicana,
con el perfil expuesto, la parte superior de las alas en un nivel más alto que el penacho
y ligeramente desplegadas en actitud de combate´. Este es, ciudadano Secretario de
Gobernación, el escudo nacional y no la imagen castrante que usted presenta en sus
publicaciones.
"Vale recordar la importancia de los símbolos. Como
dato de actualidad es aquel que nos dice que al siguiente fin de semana de la destrucción
de las Torres Gemelas, se vendieron solamente en la ciudad de Nueva York 250 mil banderas.
Los pueblos, los pueblos se cobijan en sus símbolos y aquí en nuestro país sus
autoridades los infaman.
"Solicitamos al Secretario de Gobernación muy
respetuosamente, muy respetuosamente, que deje su discurso logotípico y virtual y cumpla
con la ley. Y si no puede, que pida ayuda. Y si así todavía no lo logra, que camine
rumbo a la academia y deje su puesto a quien rescate la soberanía y majestad del escudo
nacional.
"Veamos este escudo magno que preside esta Cámara y
en el que vive y vibra la nación entera. ¡Lo vamos a defender, lo vamos a defender
contra toda ofensa! ¡Bandera, escudo e himno se enmarcan en el más representativo
concepto de la patria. Y es la patria continente y contenido, la que en el clima sin
fronteras del espíritu da perfil, fisonomía y sustento a los ideales y a los valores
más genuinos y universales de la civilización y la cultura!
"Por lo anteriormente expuesto, nos permitimos
someter a la consideración de esta honorable Cámara el siguiente Punto de Acuerdo de
urgente resolución:
"Que este Congreso dirija al Secretario de
Gobernación una enérgica excitativa para que de forma inmediata cumpla con lo que le
ordenan los artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 50, 51, 55 y 56 de la Ley sobre el Escudo, la
Bandera y el Himno Nacionales".
Firman esta propuesta: Diputado José Narro Céspedes,
Partido del Trabajo; Beatriz Lorenzo, Partido Alianza Social; José Antonio Calderón,
Partido Alianza Social; Víctor A. García Dávila, Partido del Trabajo; José Manuel del
Río, Convergencia por la Democracia. Y los siguientes compañeros diputados del PRD:
Manuel Duarte Ramírez, Miguel Bortolini, Rodrigo
Carrillo Pérez, Bonifacio Castillo y la diputada Raquel Cortés López.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL:
Gracias, señor Diputado.
Quisiera yo solicitar a la Secretaría dé lectura a los
artículos 58 y 59 del Reglamento.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN
(PAN): Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior. "Las proposiciones que
no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar
los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
"I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus
autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que
sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos
y razones de su proposición o proyecto.
"II. Hablarán una sola vez dos miembros de la
Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición,
y
"III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si
admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la Comisión o
Comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada".
Artículo 59. En los casos de urgencia u obvia
resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la
Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar
curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a
discusión inmediatamente después de su lectura".
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL:
Muchísimas gracias.
Sobre el mismo tema han solicitado hacer uso de la
palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila, del grupo parlamentario del Partido
del Trabajo y el diputado Armando Salinas, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Yo quisiera consultar con el diputado García Dávila, si
su intervención es en pro o en contra.
EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA (Desde la curul):
En pro.
LA C. PRESIDENTA: En pro.
¿Diputado Armando Salinas?
EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE (Desde la curul): En
contra.
LA C. PRESIDENTA: Entonces, se le concede el uso de la
palabra al diputado Armando Salina
EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia, diputada
Presidenta.
Acabamos de escuchar una intervención que iniciaba
diciendo y refiriéndose a la seriedad, conminaba y hacía historia respecto a la
seriedad, al oficio y al saber político; fácil recurso la calumnia, la injuria y el
insulto, cuando no se tienen argumentos que puedan hablar de seriedad, de oficio político
y de construcción de una nación como la que hacemos en este Parlamento.
Una disculpa a quienes han visto en esta tribuna
intervenciones y debates muy por encima de lo que acabamos de escuchar en términos de las
referencias, los adjetivos y las calificaciones que se toman como de quien vienen.
(aplausos)
Más aún, es parte de una fruta, fructífera,
permanente, congruente, histórica ignorancia. El tema de lo que aquí hay llamado
"el águila mocha!", no solamente se encuentra en discusión, en análisis, en
debate serio, en términos de ley, al seno del Congreso, al seno de esta Cámara, sino
más aún está por dictaminarse en este sentido lo que ha sido público a través de la
Junta de Coordinación Política y que lo hará en unas horas la Comisión de Gobernación
y Seguridad Pública.
Pero ese no es el tema, el tema es, insisto, el
oportunismo que obedece más no a las citas poéticas de una intervención estridente,
sino que es congruente con una posición de charlatanería, cuando lo que se busca es no
entrar al fondo del asunto, sino buscar y salir por peteneras ante el reclamo de una
sociedad, de una posición política que dignifique a la política en sí mismo y, sobre
todo, ante los ojos de los representados.
El logotipo al que aluden y se plantea, y por eso me
inscribí en contra, es simple y sencillamente de algo en lo que abono a la suma
ignorancia del proceso parlamentario del diputado que antecedió a mi participación; no
puedo hablar de argumentos.
Se encuentra un punto de acuerdo turnado a la Junta de
Coordinación Política de la Cámara, que emitió su opinión, la hizo pública y la
envió al Ejecutivo Federal con el mismo contenido; probablemente con menos gravedad en el
tono de la voz a la hora de plantearlo por el señor General Ochoa. Se encuentra para su
dictaminación agendado para el día de mañana, a propósito ...
(Voces en el salón dirigidos al orador)
Pase usted acá y hable señor.
LA C. PRESIDENTA: Yo le ruego a la asamblea guardar
respeto al orador y le solicito atentamente al señor orador no establezca diálogos.
Por favor descuéntenle estos segundos al señor orador.
Continúe.
EL C. DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Muchas gracias
ciudadana Presidenta.
Se encuentra para su dictamen, a propósito de una
fundada y razonable excitativa presentada hacia un par de sesiones y en un pleno debate,
creo que el debate se tiene que dar y las posiciones se han fijado aquí y se están dando
en el contenido. Pero insisto y abono en el argumento de la ignorancia, más allá del
proceso parlamentario , más allá de lo que ha quedado demostrado es una ignorancia del
proceso parlamentario y lo que hoy se trae a tribuna es un bola de humo a propósito de
buscar una frívola nota para decir que hubo un punto de acuerdo de urgente y obvia
resolución, es evadir el tema de fondo y el debate de fondo, el formato no lo permite
pero está usted invitado señor diputado, lo daremos en la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública y posteriormente en el pleno, esperemos que tenga el tiempo suficiente
para remontar la ignorancia vertida en el proceso parlamentario y manifestado por su
persona en el planteamiento hecho el día de hoy y más aún, dejar muy claro, lo que se
debate es la existencia de un logotipo o no pero hay que decir que hoy que es mes de
septiembre y mes que nos convoca a los símbolos patrios como es el Himno Nacional, como
es la Bandera y como es nuestro Escudo Nacional no encontrará usted ni en el Congreso de
la Unión ni en el Poder Judicial de la Federación ni el Poder Ejecutivo una
documentación oficial que tenga y que no contemple el Escudo, la Bandera o el Himno
Nacional cuando quiere Muchas gracias (aplausos).
LA C. PRESIDENTA : Tiene el uso de la palabra al diputado
Enrique Herrera y Bruqueta para alusiones.
EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS. No deja de
ser graciosa la intervención de quien me antecedió en el uso de la tribuna. El tema en
realidad es básico , fundamental, a mí me da vergüenza desde hace mucho tiempo ver
publicaciones como esta con el águila mocha, la Secretaría de Educación Pública con el
águila mocha y algo más, ustedes debieron ser los primeros en reclamarle la peregrina
idea la dueño del Poder Ejecutivo y obligarlo a respetar la Ley sobre el Escudo , el
Himno y la Bandera.
Pero vamos a lo simbólico, tenemos que respetar los
símbolos ¿Qué piensan ustedes que se pensaría de alguien que sugiriera que el símbolo
tan querido del Cristianismo fuera presentado a la mitad? Si la figura de Cristo un
publicista genial la partiera en dos, estamos viviendo en este momento a nivel mundial una
guerra de símbolos, entonces yo no veo ni siquiera la necesidad de probar la urgencia de
devolver a esa águila castrada que usted debe de llevar en el alma y en el corazón su
verdadero símbolo que a todos nos llena; la patria es una y no estemos jugando con ella.
Probablemente ustedes quedaron traumados desde el Cerro
de las Campanas, llegaron aquí con la amplitud del surco de la democracia y pretenden
castrarnos y acabarnos con los símbolos.
Recuerdo que hace algunos años a una orquesta muy
singular se le ocurrió interpretar el Himno Nacional a ritmo de mambo, la Secretaría de
Gobernación en aquella época sí dirigida por un mexicano cabal y patriota, expulsó del
país a quien lo hizo, ustedes no, ustedes lo nombrarían con un cargo público,
Yo creo que no está a discusión , queremos ver en todas
las publicaciones el águila nacional tal cual, no como lo hace la Secretaría de
Gobernación, por cierto, qué chistoso, foros para la revisión integral de la
Constitución, pues empecemos por cumplir con ella, y aquí tiene usted también si quiere
un ejemplar de la Ley, que no debe estar a discusión sino en su aplicación, está
clarísima la aplicación.
Es todo (aplausos).
LA C. PRESIDENTA. El Diputado Víctor Antonio García
Dávila había solicitado el uso de la palabra en pro, hasta por 5 minutos.
EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA. Con el
permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El grupo parlamentario del
Partido del Trabajo está en desacuerdo con la forma en que el Titular del Ejecutivo
Federal ha violentado las disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales.
Como es del conocimiento de todos nosotros, al inicio del
nuevo gobierno el cambio prometido se empezó a concretar antes que nada en la
modificacion del escudo oficial en las hojas de las dependencias públicas, así como en
la publicidad del nuevo gobierno, violentando el contenido del Artículo 2º. De la Ley
antes citada, el Presidente de la República o sus creativos cercenaron el águila de
nuestro Escudo Nacional.
Hace apenas unos días se celebró el aniversario de la
Fundación de la Gran Tenochtitlan y como cuenta la leyenda, los náhuatl debían fundar
su ciudad en el lugar donde encontraran el águila parada sobre el nopal y devorando una
serpiente para los que no sabían esto.
A unas cuadras de donde se encuentra este Palacio
Legislativo, hacia el Poniente, sobre la calle de Corregidora se encuentra el lugar de la
fundación de la cuna de la nacionalidad mexicana, precisamente porque nuestro Escudo
Nacional recoge la previsión histórica de nuestro país con toda la carga emocional que
ello implica, no aceptamos que se pretenda re inventar México a partir de las
genialidades de quienes hoy gobiernan este país.
El próximo jueves 27 de este mes, celebraremos un
aniversario más de la consumación de nuestra Independencia; días después, el 2 de
noviembre de 1821, Agustín de Iturbide decretó: "…que la bandera nacional
debería contener franjas verticales con los colores verde, blanco y rojo, agregándole en
el blanco en el centro una águila coronada, posada sobre el legendario nopal". Desde
entonces y hasta la fecha, los tres colores así como el águila, han sido constantes en
las diferentes banderas que hemos tenido.
La forma actual tanto de la bandera como del águila, son
las que se contienen en el artículo segundo de la Ley de la materia, por lo que el grupo
parlamentario del Partido del Trabajo no acepta que a discreción del Ejecutivo y
contrario a la Ley, se cercene el águila que constituye el escudo nacional.
De igual forma, mucho nos extraña la actitud sumisa
sobre este tema de la Secretaría de Gobernación, dependencia encargada según dispone el
artículo 55 de la Ley en comento, ya que hasta la fecha no ha dictado las medidas
correctivas que corresponden. En nada es diferente el actual régimen presidencialista de
aquél que según dicen murió el 2 de julio del 2000, siendo que antes, la voluntad
presidencial era ley y en la actualidad, en aspectos específicos como el que comentamos,
también lo es.
Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está
persuadido de que la nación no se crea ni se reinventa cada seis años, por ello exigimos
que se respeten las disposiciones legales vigentes y que en caso de que el titular del
Ejecutivo desee contar con otros símbolos, entonces que promueva las reformas que estime
pertinentes ante el Poder Legislativo y éste en su oportunidad determinará si son o no
de aprobarse.
El águila así como los colores de nuestra bandera, son
en sí mismas síntesis de nuestra identidad nacional, del país que aspiramos a ser desde
que en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla llamara a los
mexicanos a obtener su libertad. En consecuencia, no aceptamos que el titular del Poder
Ejecutivo que en este Recinto protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes que de ella emanan, sea el primero en violar estas disposiciones.
Por ello, al Presidente de la República, le exigimos que
deje de usar lo que los mexicanos comúnmente y en la calle han denominado "el
águila mocha". De igual forma, al Secretario de Gobernación no le pedimos, le
exigimos que dicte las medidas administrativas necesarias que derivan de la obligación
que le confiere la multicitada ley.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
El procedimiento que le habíamos solicitado a la
Secretaría ilustrara en torno a este asunto, es el que se establece en el artículo 58 al
que solicitamos se le diera lectura; sin embargo, varios legisladores nos han hecho llegar
su interés de participar en el debate, en ese sentido consulte la Secretaría a la
Asamblea si se abre el registro para oradores sobre este tema, por una sola ronda a efecto
de proceder posteriormente, como lo indica el artículo 58.
En votación económica, consulte si se abre el registro
por una sola ronda.
EL C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia se
consulta a la asamblea si se abre una ronda de oradores sobre el tema.
Los ciudadanos que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA: Para tocar el tema que está a
discusión, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Candiani del grupo
parlamentario de Acción Nacional; el diputado Augusto Gómez Villanueva, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Barbosa, del grupo
parlamentario del PRD; el diputado Ulloa, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
Habíamos convenido... declina el diputado Ulloa. Es el
diputado Candiani, el diputado Gómez Villanueva y el diputado Barbosa.
Tiene la palabra el diputado Candiani, hasta por cinco
minutos.
EL C. DIPUTADO MAURICIO CANDIANI GALAZ: Señora
Presidenta.
Compañeros y compañeras legisladores:
Venir a esta tribuna a defender una postura basada en
argumentos de tipo faccioso, en insultos y descalificaciones no es darle sustento adecuado
a las afirmaciones. Seré preciso en esta afirmación que acabo de hacer.
Se ha venido a decir aquí y se ha dividido en dos
claramente, un conjunto de adjetivos en contra, en primera instancia del funcionario
encargado de la Secretaría de Gobernación, en donde lo han adjetivizado de una serie de
palabras y de afirmaciones, y yo quisiera decir tajantemente para entrar al fondo del
tema, que si hay un miembro del gabinete, que si hay un funcionario de este gobierno que
se ha caracterizado por el respeto a las instituciones, por el respeto al diálogo
democrático y por el respeto a los individuos, ese, señores, se llama el Secretario de
Gobernación actual Santiago Creel. Y permítanme decirlo claro, porque no es más
valiente aquel que insulta más, ni es más claro en su argumentación el que viene aquí
a decir adjetivos de todo tipo. No se confundan diputados, entre dos términos que son
claramente distinguibles; el primero, el que se trata de un logotipo que presenta un
esfuerzo de comunicación de una estructura de gobierno, y el segundo del que se trata de
nuestro Escudo, ese Escudo que con la misma vehemencia, con la misma energía usted y yo
diputado, defenderemos aquí y defenderemos donde sea, y es en los actos de estado donde
está perfectamente clara esa diferencia y así como usted presentaba documentos que no
son más que documentos de comunicación en una estrategia de permear un mensaje a la
opinión pública, permítame mostrarle un documento que plantea una confirmación de un
acto de estado donde está claramente puesto el Escudo del cual usted quiere hacer un
falso debate, este simple logotipo y el Escudo de los mexicanos que establece la ley, como
usted lo ha dicho en forma clara, que es perfectamente impreso el escudo de todos los
mexicanos.
De manera tal que no distraigamos la atención de la
opinión pública, porque no es el que defiende mejor un escudo, un símbolo patrio, un
himno o una bandera, el que viene aquí a decir un conjunto de adjetivos de un
funcionario. No es el que mejor defiende el escudo, la bandera y nuestro himno, el que
viene aquí a simplemente presentar argumentos relacionados con la confusión de un acto
de comunicación y mercadotecnia, con un acto del Estado Mexicano.
En mi punto de vista, señor diputado y señores
diputados y diputadas, es más digno, es más claro, es más sólido el que viene aquí a
dignificar nuestro escudo, nuestra bandera y nuestro himno con actos que ennoblezcan la
institución de Estado a la que se pertenece, y sobre esa base que está perfectamente
claro en los documentos del Estado Mexicano, de los emitidos por el Ejecutivo Federal, que
está el escudo cumpliendo todos y cada uno de los aspectos que la ley que usted citó
establece, no hagamos de esto una reproducción de lo que se critica, porque no quiero
pensar, señores diputados, que así como se quejan de que un logo es parte de un esfuerzo
de mercadotecnia, se quiera utilizar la mercadotecnia que permiten los medios de
comunicación para transmitir un mensaje de comunicación, equivocado, a la población
cuando se le dice que no se respetan los escudos de nuestra patria.
Que quede perfectamente claro que la postura de Acción
Nacional, que la postura de muchos de los hombres y mujeres que integramos esta
institución del Estado Mexicano, es decirle a la opinión que el escudo es el Escudo
Nacional y que no los confundan con un argumento ligero de que se incumple la le cuando se
incluye un pequeño logotipo en sus argumentos.
A defender la ley, sí, pero a defenderla con argumentos
claros, señor diputados, porque es nuestro escudo y tenemos tanto interés como usted en
defenderlo ante quien sea.
LA PRESIDENTA: Tiene la palabra el diputado Augusto
Gómez Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta
por cinco minutos.
EL DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: Muchas gracias
Presidenta.
Compañeras diputadas, compañeros diputados: Nuestra propuesta y reflexión no fue simple y
sencillamente en un acto de patrioterismo para regresar a lo que identificó e identifica
al símbolo nacional representada por el águila devorando la serpiente.
Fuimos, sobre todo, más allá de nuestras reflexiones
para advertir a nuestros compañeros diputados de Acción Nacional, que evidentemente se
estaba incurriendo en una violación de la Ley de los Símbolos Patrios del Escudo, el
Himno Nacional y la Bandera.
Vamos a recordar el artículo que establece en qué
momento, cuándo y por qué se debe usar el Escudo Nacional. Dice esta misma ley:
"Capítulo III, artículo 5º: Del uso y difusión
del Escudo Nacional.
Toda reproducción del Escudo Nacional deberá
corresponder fielmente al modelo al que se refiere el artículo segundo de esta ley".
Y dice así: "Artículo 2º, el Escudo Nacional
está constituido por un águila mexicana con el perfil izquierdo expuesto la parte
superior, etcétera"
Y más adelante del propio artículo 5º dice:
"Artículo 6º, con motivo de su uso en monedas, medallas oficiales, sellos, papel
oficial y similares, en el Escudo Nacional sólo podrían figurar por disposición de la
ley o de la autoridad las palabras: "Estados Unidos Mexicanos" que formarían el
semicírculo superior.
El Escudo Nacional sólo podrá figurar en los vehículos
que usa el Presidente de la República, en el papel de las dependencias de los Poderes
Federales y Estatales, así como de la municipalidades, pero queda prohibido utilizarlo
para documentos particulares.
El Escudo Nacional sólo podrá imprimirse y usarse en la
papelería oficial por acuerdo de la autoridad correspondiente".
Creo que estamos ante una evidente violación a la ley.
Creo que no deberíamos de continuar un debate en el que hemos encontrado muchas
coincidencias en defensa de cuestiones fundamentales relacionadas no solamente con la
identidad de la nación, sino que estamos concentrando nuestro interés en este momento,
en el cual no solamente estamos enfrentando graves problemas de dimensiones
internacionales sino que además es esencial que no olvidemos que el origen de esta ley
tiene precisamente como propósito el mantener la cohesión, la unidad de los mexicanos en
el reconocimiento a su propia historia, a su origen, a sus luchas, que han sido posible
conformar nuestra existencia como nación y por lo mismo también identificar, como lo
dije la semana pasada, en las grandes contiendas de la Independencia, la Reforma y la
Revolución.
LA PRESIDENTA: Diputado...
EL DIP. AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: ... sí gracias
diputada, voy a terminar.
Yo creo que en este momento tenemos que evitar una
confusión.
Primero. ¿Por qué se sigue el trámite de urgente y
obvia resolución? Porque lo pide el compañero Herrera
Segundo.- ¿Por qué el PRI tiene que tomar una posición
en este momento congruente con sus propias iniciativas?
Bueno, nosotros no estamos de acuerdo en votar que en
este momento sea de urgente y obvia resolución, pero esto no quiere decir que estemos de
acuerdo en que se siga violando la ley y que no se cumpla con la excitativa para poder
dictaminar sobre este tema.
Yo reconozco en el diputado Armando Salinas, con quien
conversé y con nuestro compañero Hernández Fraguas, que el día de mañana se va a
reunir la Comisión de Gobernación para emitir el dictamen correspondiente.
Confío en que la sensatez, el sentido común y el
patriotismo de nuestros compañeros, represente el voto a favor de la iniciativa
presentada por el Partido Revolucionario Institucional. Y desde ahora quiero decirles a
mis compañeros del Partido de la Revolución Democrática que no votaremos a favor de que
se tome como urgente y obvia resolución. Gracias. (aplausos)
LA PRESIDENTA: El diputado Luis Barbosa del grupo
parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, Presidenta.
Desde luego que estamos queriendo desviar la atención y la orientación del debate. Aquí
el primer diputado panista que hizo uso de la tribuna se preguntaba y así situó su
intervención, de cuál era el centro del debate. El centro del debate no es defender al
titular de la Secretaría de Gobernación; el centro del debate es un asunto de legalidad,
es un asunto de cumplimiento de la ley, es el hecho de exigir a una secretaría de Estado
que cumpla con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley en comento. Ese artículo que la
obliga a dar cabal cumplimiento a los artículos de esa ley. Es el hecho de reconocer por
parte de todos, de que se ha hecho una reproducción parcial que deforma a un símbolo
patrio; se ha violado el artículo 2º. de la ley que regula los símbolos patrios. Se
exige, por tanto, que la secretaría de Estado, la Secretaría de Gobernación, dé cabal
cumplimiento a lo que le obliga esta disposición.
La otra vertiente con la que se pretende justificar, es
la relativa a la mercadotecnia. No se puede utilizar ese argumento para poder deformar los
símbolos patrios. No se puede conceder aquí en esta Cámara, en nuestra calidad de
representantes de la nación, el valor que a la mercadotecnia le ha dado el Presidente de
la República. No podemos estar sujetos a esas estrategias con las cuales se quiere
desviar la atención del pueblo de México.
Y respecto de haber sido utilizado, de haber sido
reproducida de manera irregular, al diputado panista que utilizó este argumento, le
presento este informe de la Presidencia de la República en donde no existe ningún escudo
nacional, sino el águila mocha que tanto está en discusión.
A todos los diputados de esta Cámara les pedimos
sensibilidad política, les pedimos el reconocimiento a su función ética y moral como
representantes de la nación. Les exigimos un poco de patriotismo. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias. Proceda la Secretaría a dar
lectura al Artículo 58.
EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Reglamento para el Gobierno Interior, Artículo 58: "Las proposiciones que no sean
iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que
la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
Uno.- Se presentarán por escrito y firmadas por sus
autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que
sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos
y razones de su proposición o proyecto.
Dos.- Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara,
uno en pro y otro en contra,, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición y
Tres.- Inmediatamente se preguntará a la Cámara si
admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisiones o
comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada".
LA C. PRESIDENTA: Proceda la Secretaría a dar lectura al
Artículo 59.
EL C. SECRETARIO DIP RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Reglamento para el Gobierno Interior, Artículo 59: "En los casos de urgente u obvia
resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la
Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar
curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a
discusión inmediatamente después de su lectura".
EL C . DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (Desde su
curul): Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Me ha solicitado el uso de la palabra
el diputado Ricardo García Cervantes.
LA C. PRESIDENTA: Me ha solicitado el uso de la palabra
el diputado Ricardo García Cervantes. Tiene usted el uso de la palabra.
Me la está solicitando para hacerme una moción sobre
procedimiento.
EL C. DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES: Con su permiso
señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. No pretendo generar un precedente
de desorden en los debates de la Cámara e invoco el artículo 102 del Reglamento, y
agradezco a la presidencia la oportunidad de hacer uso de la tribuna.
Reconozco la certeza en la afirmación de que de la
seriedad proviene la respetabilidad y de ella derivan todo lo demás. Es un hecho que en
este Parlamento todos nos empeñamos en hacer un trabajo serio, para ser un Congreso
respetable,
No se puede descalificar la adjetivación con adjetivos,
pretendo fundar en esta intervención la necesidad de acudir a la seriedad para ganar
respetabilidad y con ello todo lo demás.
Hechos puntuales y concretos, iniciativas y propuestas en
relación al logotipo utilizado por el Ejecutivo federal, turnadas a las Comisiones
institucionales de la Cámara, y en forma particular al órgano de representación
política, que la Ley Orgánica del Congreso le asigna la tarea de procesar y generar los
acuerdos, los consensos y las declaraciones, que esta soberanía haga en relación a los
otros Poderes de la Unión, me refiero a la Junta de Coordinación Política.
Fue excitada ella y responde a la excitativa,
dirigiéndose a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara, quien
programa para la sesión de mañana, la atención de ese asunto. Si es esa Comisión la
que en términos reglamentarios y legales, deberá atender esta propuesta el día de
mañana, con toda seriedad y en ánimo de ganar respetabilidad y con todo ello, vengo a
solicitar públicamente al ponente de esta propuesta, simplemente retire el carácter de
urgente y obvia resolución, y sea tramitada a través de la Comisión de Gobernación que
está convocada para mañana, esperaría por la seriedad que le reconozco públicamente al
diputado don Enrique Herrera, pueda conceder este pedimento. Muchas gracias.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA: Se está presentando luna nueva
propuesta, se consulta al diputado Enrique Herrera si retira la solicitud de que sea de
urgente y obvia resolución,
Diputado Enrique Herrera.
EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS (desde su
curul): Con el deseo de no dicotomizar a la Cámara, cuyo resultado iría mucho más
lejos, acepto y agradezco la mesura, la ponderación y la prudencia, de la cual nos dio
amplio argumento durante la gestión anterior y ahora lo reitera, acepto la proposición
del diputado Ricardo García Cervantes. (Aplausos)
LA C. PRESIDENTA: En tal virtud y dado que el diputado
Enrique Herrera Bruquetas ha retirado la solicitud que sea de urgente y obvia resolución
su propuesta...
EL C. DIP. MAURICIO ENRIQUE CANDIANI GALAZ, (desde su
curul).- Señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Perdón, diputado Candiani; diputado
Candiani, estoy en medio de un trámite.
EL C. DIP. MAURICIO ENRIQUE CANDIANI GALAZ, (desde su
curul).- Continúe con su trámite, señora Presidenta, perdón.
LA C. PRESIDENTA.- En tal virtud y dado que el diputado
Enrique Herrera y Bruquetas ha retirado su solicitud de que sea urgente y obvia
resolución la propuesta que presentó, esta Presidencia instruye a la Secretaría para
que en términos del artículo 58 inciso 3), consulte a la Asamblea si es de considerarse
la proposición del diputado Enrique Herrera y Bruquetas y en ese caso, se turne a la
Comisión de Gobernación, a efecto de que su argumentación sea considerada en el proceso
de dictamen, que estamos enterados, se llevará a cabo el día de mañana. Lea el 3) del
artículo 58.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.-
"..inciso 3), artículo 58 del Reglamento Interior de la Cámara. Inmediatamente se
preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso
se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda y en el segundo se tendrá por
desechada".
LA C. PRESIDENTA.- Consulte la Secretaría si se acepta
la proposición, a efecto de que esta Presidencia proceda a turnarla a la comisión
respectiva.
EL MISMO C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión
la propuesta presentada por el diputado Herrera Bruquetas, con la consideración que ha
retirado el punto de urgente y obvia resolución.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de
Gobernación y Seguridad Pública.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA, (desde su curul).-
Señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado. Sonido a la curul del
diputado Barbosa.
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA, (desde su curul).- Sí,
Presidenta, quisiera establecer una precisión respecto a lo que acaba de ocurrir:
El artículo 58 del viejo Reglamento del Gobierno
Interior del Congreso, prevé un procedimiento para desahogar las proposiciones con punto
de acuerdo. La práctica parlamentaria es no observar este procedimiento. ¿Vamos a
establecer una distinción en cuáles sí y en cuáles no?
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Barbosa, le agradezco mucho
me haya hecho usted esa observación, porque la Mesa Directiva ha estado durante dos horas
tratando de encontrar una explicación de por qué sorpresivamente cuando la Junta de
Coordinación Política había acordado que la proposición presentada por el diputado
Enrique Herrera y Bruquetas fuese turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública como acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el diputado Herrera y
Bruquetas nos planteó urgente y obvia resolución; entonces hicimos un esfuerzo por
ceñirnos y por respetar el derecho del ciudadano diputado.
(aplausos)
Por otra parte, quisiera para ilustrar a la Asamblea,
informar que la Junta de Coordinación Política en su momento, atendiendo el turno de la
anterior Mesa Directiva, acordó que el expediente relativo a la propuesta del diputado
Alfredo Ochoa Toledo en relación al tema del Escudo Nacional, fuese turnado a la
Secretaría de Gobernación por considerarlo un asunto de su competencia; lo que hicimos
de manera expedita y sólo quedaba pendiente el trámite de la Comisión de Gobernación y
Justicia.
Continuamos con el orden del día y con ese propósito
tiene el uso...
EL C. DIP. MAURICIO ENRIQUE CANDIANI GALAZ, (desde su
curul).- Señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Candiani; sonido en la curul
del diputado Candiani...
DIP. MAURICIO CANDIANI: (desde la curul) Señora
presidenta, estaba terminando que usted hiciera uso de la palabra para proponerle que
pudiéramos hacer alusión a lo que establece el artículo 107 del Reglamento, en el
sentido de que con la misma buena fe que hemos procesado este momento parlamentario, el
orador que fue el ponente de este Punto de Acuerdo, pudiera usted preguntarle si estuviera
dispuesto a retirar lo que en mi punto de vista corresponde a injurias y calumnias que son
parte del contenido de su discurso.
PRESIDENTA: Artículo 107 por favor dé lectura señor
secretario.
DIP. SRIO,. RODOLFO DORADOR: Por instrucciones de la
presidencia damos lectura al artículo 107 del Reglamento para el Gobierno Interior.:
"Artículo 107.- No podrá llamarse al orden al
orador que critique o censure a funcionarios públicos por faltas o errores cometidos en
el desempeño de sus atribuciones. Pero en caso de injurias o calumnias, el interesado
podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya terminado su discurso o en
otra que se celebre en día inmediato.
"El presidente instará al ofensor a que la retire o
satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el presidente mandará que las
expresiones que hayan causado la ofensa, se autoricen por la secretaría, insertando
éstas en acta especial para proceder a lo que hubiere lugar."
PRESIDENTA: Sobre el tema diputado Jorge Carlos Ramírez
Marín?
DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN : (desde la curul) Sí,
diputada presidenta.
PRESIDENTA: Por favor, sonido en la curul del diputado
Ramírez Marín.
DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: (desde la curul) El
Reglamento en ese capítulo es muy claro: "… de las discusiones…" Las
discusiones han terminado; no procedería en ningún caso que la mesa directiva
rectificara posterior y al orador y estaría en duda si pudiera hacerlo, en el momento de
su intervención.
PRESIDENTA: El diputado Enrique Herrera y Bruquetas,
sobre el tema.
DIP. ENRIQUE HERRERA Y BRUQUETAS (desde la curul) Que se
asiente con toda claridad en el acto, que sostengo todos los calificativos mantenidos en
mi proposición. Lo sostengo y lo reitero.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRESIDENTA: Bien, procedemos entonces dando continuidad
al Orden del Día. Y en ese sentido tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado,
del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar un punto de acuerdo
para solicitar el apoyo para los familiares de los mexicanos víctimas en los atentados
del 11 de septiembre en Estados Unidos de América.
DIP. ERIKA SPEZIA MADONADO: Muchas gracias diputada
presidenta.
Pido la atención de mis compañeros diputados y
diputadas, por considerar este Punto de Acuerdo, importante para la vida del país.
PRESIDENTA: Permítame señora diputada, por favor.
Le rogamos a los compañeros y a las compañeras
diputadas, presten atención a la presentación de la diputada Spezia Maldonado. Le
rogamos a todos ustedes hagan el favor de ocupar sus curules. Inicie su exposición
diputada por favor.
DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO: Muchas gracias.
Todos sabemos las razones principales que motivan a
millones de mexicanos a aventurarse a cruzar la frontera hacia Estados Unidos.
Principalmente las carencias de tipo económico empujan a nuestros connacionales a buscar
oportunidades en otro país, ya que en el nuestro no encuentran la forma de satisfacer sus
necesidades y la de sus familias.
En muchas casas de nuestro país, hoy, madres, esposas e
hijos, enfrentan además de las limitaciones del tipo económico, el dolor. En muchas
casas de nuestro país, hoy muchas madres, esposas e hijos, enfrentan ese dolor. El dolor
y la incertidumbre de desconocer el paradero de sus familiares en Estados Unidos., así
como la incertidumbre acerca del propio futuro, ya que en la mayor parte de los casos eran
precisamente aquellos familiares desaparecidos, los principales proveedores del sustento
para sus familias. Hoy muchas familias mexicanas se encuentran en la zozobra temiendo no
sólo que sus familias hayan perecido en los actos terroristas del 11 de septiembre
ocurridos en Nueva York y Washington, sino ante la incertidumbre de cómo darán de comer
a sus hijos y ancianos, ahora que quienes trabajaban y proveían están muertos, víctimas
del fanatismo y de la violencia.
Como es sabido, las condiciones de ilegalidad e
irregularidad de los trabajadores migratorios los hace quedar fuera de los beneficios de
ley que la seguridad social otorga tanto en México como en Estados Unidos.
Hoy, compañeros y compañeras legisladores, el
sentimiento de solidaridad que caracteriza a nuestro pueblo y que se ha hecho patente en
ocasión en desastres y emergencias, tanto en nuestro país como cuando estos hechos
desafortunados han ocurrido en otros países, debe manifestarse en actos decididos
encaminados a proteger las familias de aquellos trabajadores desaparecidos en los
atentados terroristas de Washington y Nueva York.
El mejor tributo que se les puede brindar a aquellos
desaparecidos es el de velar por sus familias, de brindar los apoyos necesarios para
cubrir las necesidades de aquellos por quienes emprendieron el camino hacia el norte por
aquellos por quienes se esforzaron por darles una vida mejor.
Compañeras y compañeros legisladores: es imperativo, es
urgente atender las necesidades y demandas de apoyo que reclaman las familias de mexicanos
víctimas de los atentados terroristas.
Nos encontramos ante la posibilidad de ofrecer a estas
familias la oportunidad de vivir dignamente, materializando la solidaridad del pueblo de
México en acciones concretas de apoyo.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el
artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos, ocurrimos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México a solicitar se considere de urgente y obvia resolución el siguiente
punto de acuerdo:
Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal para que continúe
con las acciones de ayudar a los mexicanos afectados en los lamentables acontecimientos
del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos.
2. Que el Poder Ejecutivo Federal instruya a las
diferentes dependencias a su cargo para que las familias mexicanas afectadas por estos
acontecimientos sean incluidas en los programas sociales de apoyo que así requieran,
ayudándoles a sustituir con esto el ingreso que recibían de sus familiares.
Firman diputados integrantes del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista, así como diputados del PRI, del PR, del PT y de Convergencia
por la Democracia. Muchas gracias. (aplausos)
LA C. PRESIDENTA: Gracias, Diputada.
Consulte la Secretaría si es de considerarse este punto
de acuerdo de urgente y obvia resolución.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ALDRIAN RIVERA PEREZ: En
votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el
punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Se considera de urgente resolución, Señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: En tal virtud, túrnese el punto de
acuerdo al Ejecutivo para su atención.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el
de las efemérides.
Diputado, para hacer comentarios sobre el punto anterior
estaba usted registrado, es verdad.
En el uso de la palabra el Ciudadano Diputado Roberto
Aguirre Solís, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos, y se
ruega al Diputado Víctor Manuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, se prepare pues sigue en el turno.
EL C. DIPUTADO ROBERTO LAGUIRRE SOLIS: Con el permiso de
la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: A nadie es ajena la tragedia del 11
de septiembre pasado suscitada en el vecino país del norte. El impacto inmediato y la
repetición de las imágenes causó una herida profunda a las conciencias y a los
espíritus de las personas.
Pero a medida que transcurrían los días fuimos
enterándonos, con mayor tristeza y preocupación, que muchos de nuestros compatriotas
perecieron en estos sucesos. Sería deseable pensar que no basta reconstruir los enormes
edificios o con realizar un homenaje póstumo a estas inocentes víctimas, pero la
realidad es mucho más dura. Hoy más de un centenar de familias mexicanas sufren
directamente los efectos más desgarradores del atentado.
Ellos son familiares, hombres y mujeres que con la
esperanza de sacar adelante sus seres más queridos migraron al vecino país. Ellos eran
cocineros, abogados, barrenderos, contadores, eran mexicanos trabajadores y honrados que
encontraron su fatal destino sin más culpa que la de encontrarse en el lugar de los
hechos. Para sus familias en México el drama apenas inicia, el dolor espiritual y junto
con él sobreviene la desgracia económica. Respecto del primero ya no es un dolor
evitable y no podamos hacer otra cosa que manifestar nuestra más profunda solidaridad
respecto también del segundo, que es un sufrimiento evitable. Debemos actuar de manera
subsidiaria y con apego a los más esenciales principios de humanidad.
En efecto, consideramos que el gobierno de México en un
acto de congruencia y solidaridad debe estudiar la posibilidad de implementar, a la
brevedad posible, programas sociales de asistencia, en beneficio de las familias de
víctimas de los atentados terroristas recientemente acaecidos en los Estados Unidos de
Norteamérica.
Acción Nacional ha sostenido un objetivo social
indispensable en toda acción social. Es de luchar por la suficiencia económica de la
familia y que las medidas políticas, económicas y sociales justas y necesarias para
satisfacer estas exigencias.
Y hoy sostenemos, sobre todo en situaciones trágicas,
deben garantizarse por razones de justicia y equidad mediante transferencias sociales a
favor de quienes se encuentran en condiciones objetivas de inferioridad para hacer valer
sus derechos y conseguir sus intereses. Hoy es el caso, actuaremos en congruencia.
Es por las consideraciones anteriores expuestas que el
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional se suma aquí al punto de urgente y obvia
resolución, a fin de que el Ejecutivo Federal analice la viabilidad de apoyar mediante
programas sociales y, en su caso, con recursos económicos a las familias de mexicanos que
fueron víctimas de los pasados sucesos el 11 de septiembre en los Estados Unidos.
Muchísimas gracias.
(Aplausos)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL:
Gracias, ciudadano Diputado.
En el uso de la palabra el diputado Víctor Emanuel Díaz
Palacios, hasta por cinco minutos.
EL C. DIP. VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Con la venia de
la Presidencia.
Compañeras y compañeros Legisladores: Los y las
diputadas priístas siempre seremos convergentes en los puntos de acuerdo que beneficien a
las mayorías, porque ese es uno de los pilares de la declaración de principios de
nuestro instituto político. Por ello, la propuesta de mi compañera diputada del Partido
Verde Ecologista, Erika Spezia, merece nuestra plena adhesión, toda vez que el hecho de
que se incluyan en los programas sociales del gobierno federal a las familias de los
mexicanos víctimas de los atentados terroristas del pasado 11 de septiembre, ocurridos en
los Estados Unidos de América, no es un acto de caridad si no es un acto de justicia.
Luego entonces, los y las diputadas priístas respaldamos
el exhorto dirigido al Ejecutivo Federal, a efecto de que estas familias reciban los
apoyos que corresponden a los programas sociales como PROGRESA, Empleo Temporal, PROCAMPO,
PROVECAP, FOVI, FONALES, etcétera, y los demás a que hace referencia el artículo 71 del
Presupuesto de Egresos de la Federación para este ejercicio fiscal.
Que sirva de ejemplo lo que ha hecho el Gobierno del
Estado de Puebla, el cual fue el primero en crear un fideicomiso de dos millones de pesos,
para atender las necesidades más urgentes de las familias de las víctimas de tan
lamentable acto terrorista. Es cuanto, señora Presidenta.
(aplausos)
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Yo quisiera rogarle a la Secretaría dé lectura a la
propuesta específica de Punto de Acuerdo presentada por el Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista y a la propuesta específica del Punto de Acuerdo presentada por
el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y les rogaría a los proponentes que pudieran
revisar una posibilidad de coincidencia.
EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: "Punto
de Acuerdo propuesto por el Partido Verde Ecologista.
"Uno.- Se exhorta al Poder Ejecutivo Federal, para
que continúe con las acciones de ayudar a los mexicanos afectados en los lamentables
acontecimientos del pasado 11 de septiembre en los Estados Unidos de Norteamérica.
"Dos.- Que el Poder Ejecutivo Federal instruya a las
diferentes dependencias a su cargo, para que las familias mexicanas afectadas por esos
acontecimientos sean incluidas en los programas sociales de apoyo que así se requieran,
ayudándoles a sustituir el ingreso que recibían de sus familiares".
"Punto de acuerdo propuesto por el Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional.
"A fin de que el Ejecutivo Federal analice la
viabilidad de apoyar mediante programas sociales y, en su caso, con recursos económicos a
los familiares del os mexicanos que fueron víctimas de los atentados del 11 de septiembre
en los Estados Unidos".
LA C. PRESIDENTA: Le pregunto al proponente, el diputado
Roberto Aguirre Solís.
EL C. DIP. ROBERTO AGUIRRE SOLIS (Desde la curul): Me
sumo a la otra parte presentada, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
En tal virtud, someta a votación el Punto de Acuerdo
presentado por la diputada Erika Spezia Maldonado
EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación
económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo presentado por el
Partido Verde Ecologista.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa,
sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa,
sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Mayoría por la afirmativa.
LA C. PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo de urgente
y obvia resolución y en el contenido expreso por la Secretaría, comuníquese.
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Para continuar con la orden del día, se concede el uso
de la palabra a la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, que presentará una
efemérides sobre el 76 Aniversario de la Fundación del Banco de México.
LA C. DIPUTADA MARIA TERESA GOMEZ MONT.- Con su venia
ciudadana Presidenta. El tránsito entre los períodos de receso y el inicio del ordinario
de sesiones que viene acompañado del Informe de Gobierno en su respectiva glosa,
infaliblemente parecen diferir la celebración de una fecha significativa que no debe
pasar desapercibida.
El pasado 25 de Agosto, el Banco de México, la
institución responsable de dar estabilidad monetaria a nuestro país cumplió 76 años de
vida.
Para el Partido Acción Nacional la autonomía del Banco
de México forma parte de su proyecto político y hoy que este Partido tiene la
posibilidad de ser Gobierno Federal no puede olvidar sus orígenes.
El Banco de México nació como parte de la
reestructuración económica que emprendió el Presidente Plutarco Elías Calles al asumir
la Presidencia de la República el 1º de Diciembre de 1924. Con ella pretende implementar
el Mandato Constitucional de 1917 que en su Artículo 28 establece fundar el Banco Único
de Emisión controlado por el Gobierno Federal como consecuencia del desorden generado por
varias casas emisoras y crear un Sistema Nacional de Crédito ya que hasta ese momento
México había estado supeditado al capital extranjero y debía estar apoyado en la tesis
de socializar la economía nacional.
Entre 1917 y 11925 se habían dado varios intentos que se
tradujeron en iniciativas que la Cámara de Diputados tenía archivadas, unas de Álvaro
Obregón, otra de Antonio Manero, otra de Adolfo de la Huerta y la cuarta de Manuel Gómez
Morín que se oponía a las anteriores y consideraban que el proyecto aún podía ser
diferido.
Plutarco Elías Calles a través de su Secretario de
Hacienda don Alberto J. Pani retoman lo que fue conocido como reforma fiscal integrado por
la Ley de Impuesto sobre Utilidades y Ganancias aprobada en 1924, la Ley de Ingresos y la
Ley del Impuesto sobre Herencias y Legados de 1925 para iniciar otra etapa abocada a la
reforma bancaria que se centró en 34 objetivos; uno, legislación integral y adecuada que
influya favorablemente en la economía, esto es integrar el crédito y diversificarlo;
dos, reanimar a la banca existente; tres, crear el Banco Único de Emisión; y cuatro,
fundar instituciones bancarias de interés social.
El punto número 1 comprendía la Ley Federal de
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios que reformaba la de 1897 de
Casasús, Creel, Macedo y Bulnes y el Decreto de Calles que crea la Comisión Nacional
Bancaria.
El punto número 2 trataba de la rehabilitación de los
antiguos bancos, la Comisión Nacional Bancaria se funda el 12 de enero de 1925 con la
misión de aplicar la nueva Ley de Instituciones de Crédito. El primer paso fue activar
el proceso de desincautación iniciado años antes y que en mayo de 1924 congrega a
gobierno y banqueros en la negociación. La banca estaba desarticulara y la primera
Convención Bancaria debía ser el elemento reactivador que permitía su reconstrucción.
La tercera etapa centra el eje fundamental, la fundación
del Banco Único de Emisión sólo que este no nace de manera inmediata sino como parte de
un proceso, del cual la Comisión Monetaria es el antecedente inmediato. Nace por decreto
el 24 de diciembre de 1924 y tiene la vigencia hasta el 1º de septiembre de 1925 cuando
nace el Banco de México.
Se aboca a organizar principalmente los fondos pero
también a crear las condiciones para que la institución bancaria naciera libre de los
vicios que afectaban a las instituciones bancarias y financieras anteriores.
La Comisión Monetaria es dotada de atribuciones de banca
comercial y hereda el control monetario y cambiario como sucesora de la Comisión de
Cambios y Moneda y poco después se reorganiza y toma el título de Comisión Monetaria
,S.A. bajo el modelo de sociedad anónima se convierte en depositaria de todos los fondos
del erario, en administradora de la Deuda Pública y prestamista del Estado.
Alberto J. Pani acepta que el tiempo ha llegado y deja el
proyecto del Banco Único de Emisión en manos de Fernando de la Fuente, Jefe del
Departamento de Crédito de la Secretaría de Hacienda, Elías S.A. de Lina, originario de
Curazao quedaría ya agregado a México contratado por la Casa España y el tercero era un
joven de 28 años que llegó pausadamente, casi sin notarse, y a las pocas semanas logró,
como dijera el mismo De la Fuente, ganar más corazones que dinero en un principio para
después mostrar el concurso de un talento excepcional con destellos a veces de genialidad
sustentado sobre patriotismo, capacidad de trabajo y desinterés ejemplares.
Manuel Gómez Morín era el redactor de la primera Ley
del Impuesto sobre Utilidades y Ganancias en 1924, autor de la nueva Ley General de
Instituciones de Crédito y Establecimientos Bancarios de 1925 y de la Ley de
Desincautación de Bancos de Emisión.
El, a fines del mes de abril de ese año, fue invitado
por Pan para hacerse cargo del departamento legal de la Comisión Monetaria; consejero de
la misma y redactor de la memoria de Hacienda que tenía como fin sentar las bases para la
organización de la Primera Convención Nacional Fiscal de la que fue nombrado organizador
junto con Fernando de la Fuente, para después fungir como vicepresidente de la misma y a
su vez presidente de la Comisión de Concurrencia y Reformas Constitucionales.
Esta reunión que congrega por primera vez a los
organismos responsables de la recaudación fiscal de toda la república, tiene un mandato
ordenador que pretende simplificar y eficientar los ingresos; delimitando las competencias
federal y estatal, diferenciando de manera simultánea los impuestos en cuatro rubros:
sobre la propiedad, los comercios y la industria, los especiales, los que se aplican sobre
el capital y sobre las operaciones jurídicas y adquisiciones profesionales.
Así, los tres personajes se dieron a la tarea de
redactar la Ley Constitutiva del Banco de México que comprende la ley, los estatutos y la
escritura del Banco, que es presentada el 25 de agosto de 1925, aprobada el 28 y publicada
el 31 para comenzar a operar el primero de septiembre.
Queda constituido como un banco central de redescuento y
como órgano oficial autónomo y exclusivo para el manejo del régimen monetario; con tal
motivo, el 29 de agosto de ese año se reforma la Ley General de Instituciones de Crédito
y Establecimientos Bancarios y ese mismo día Alberto Mascareño fue nombrado Director del
Banco de México y Manuel Gómez Morín, Presidente de su Consejo de Administración,
puesto que ocupa hasta el 31 de octubre de 1929, víspera de la elección presidencial en
la que contiende Pascual Ortiz Rubio y José Vasconcelos.
Otras experiencias previas influyen en la definición de
la naciente institución: Gómez Morín había redactado, en 1920 el primer proyecto de
Ley sobre Producción y Exportación de Petróleo que sienta las bases de la ley de 1921,
en el que propone una legislación nacionalizadora que permite a México ser un país
menos vulnerables a los intereses de otros países y en especial de los sectores de
influencia económica y pasa una larga temporada en Nueva York, donde funge como agente
financiero de México.
De las experiencias adquiridas concluye que a diferencia
de lo que en su momento pretendían los presidentes de la Huerta y Obregón, de negociar
con el Gobierno y los financieros del país del norte, él proponía que México debía
convertirse en un país respetable y que le permitiera acordar en términos de igualdad y
esto obligaba a consolidar una economía estable.
La posibilidad de contar con un banco único de emisión,
venía a sentar las bases de la institucionalidad que a su vez se convertirían en fuerte
pilar de la economía nacional, más cuando se junta exclusivamente con el capital
producto del ahorro interno del mismo Gobierno provenientes del pago del impuesto a la
extracción y exportación del petróleo. Esto causó el disgusto del Comité
Internacional de Banqueros, acreedor de la deuda externa mexicana que pretendía fungir
como banco o bancos refaccionarios del de México, situación que también reclamaban
algunos bancos mexicanos como el Nacional de México, de Capital Mayoritario, Egipcio,
Francés.
Los hechos evidenciaron la intención del Gobierno
Mexicano y de los fundadores del Banco de México de que esta institución debía nacer
libre de todo intento intervencionista, entendiéndose no solo del proveniente del
exterior, sino también de los intereses del gran capital.
En primer lugar, Gómez Morín se aboca a la
constitución de la cuarta etapa de la reconstrucción callista (¿), con la redacción de
las leyes del crédito agrícola, del Banco Nacional Urbano, Hipotecario y de Obras
Públicas; de los Almacenes Generales de Depósito y de la Ley del Seguro Social.
La crisis económica de 1928 impide que este banco pueda
desarrollarse adecuadamente y sin embargo, junto con la Ley Monetaria de 1931 que fue
terriblemente controvertida, en el momento que reformada y replanteada él hace dos
reformas más a la Ley del Banco de México. En el año de 1936, es cuando se da quizás
la reforma más importante que se había venido haciendo al Banco de México, esta ley es
la que le da la autonomía definitiva, sin embargo esta ley no entra en vigor debido a las
presiones del gobierno de ese momento a cuyo frente se encontraba el General Lázaro
Cárdenas...
LA C. PRESIDENTA: Diputada, si pudiera usted abreviar.
LA C. DIPUTADA MARIA TERESA GOMEZ MONT Y URUETA:
Concluyo, ciudadana Presidenta.
Este decreto que detuvo las reformas de 1936 distorsionó
el sentido del Banco de México, la oportunidad que tenía de ser autónomo quedó como un
pendiente más.
Eduardo Turrent, que es el historiador del Banco de
México, dice que por el contrario, lo que se ganó con esta contrarreforma fue el
convertir al Banco de México en instrumento del gobierno en turno y por supuesto
traicionaba con ello la intención fundacional de 1925.
Concluyo sólo mencionando que entre las propuestas que
lleva Manuel Gómez Morín a fundar el Partido Acción Nacional, está la autonomía del
Banco de México, una de las primeras iniciativas que presenta el primer grupo
parlamentario del PAN en 46 es la de dar autonomía al Banco de México.
Y sólo quisiera finalmente concluir diciendo que el
compromiso del PAN es con el fortalecimiento de las instituciones y lo seguiremos
haciendo, así como lo hicimos de la oposición y lo mantendremos en el gobierno.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Sobre el mismo tema, el diputado Juan
Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME (PT): Con el
permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El surgimiento del Banco de México vino a poner fin a
una larga cadena de fracasos debido a la grave inestabilidad económica y social provocada
por el proceso revolucionario, sobre todo en una época en que era menester que el
gobierno contara con una institución gubernamental que controlara la emisión de billetes
y monedas.
Sus principales funciones consistieron en regular la
circulación monetaria, las tasas de interés y el tipo de cambio. Asimismo se erigió en
asesor financiero y bancario del gobierno federal.
El Banco de México se creó el primero de septiembre de
1925 dando cumplimiento con esto a lo establecido en el articulo 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Con la institucionalización de la banca central se
buscaba propiciar el establecimiento de un nuevo sistema bancario, con la finalidad de
reactivar el crédito en el país y con ello la actividad económica y financiera de
México.
Adicionalmente a sus funciones propias de un banco
central, se le otorgaron facultades para funcionar como institución ordinaria de crédito
y descuento.
Desde su surgimiento ha tenido cambios importantes en sus
funciones a través de él en 1931. Con la promulgación de la Ley Monetaria, se
desmonetizó el oro en el país; ocho meses después, con la nueva Ley Orgánica del Banco
de México se hizo obligatoria la asociación de los bancos particulares con el banco
central y se flexibilizaron las reglas para la emisión de billetes.
Además de las funciones iniciales, la nueva Ley
Orgánica facultó al Banco para encargarse del servicio de la Tesorería del Gobierno
Federal, centralizar las reservas bancarias y convertirse en banco de los bancos y en
prestamista de última instancia.
Uno de los mecanismos utilizados por el Banco de México
para financiar proyectos gubernamentales lo constituyó el encaje legal, consistente en el
depósito que los bancos particulares tenían la obligación de hacer en el banco central
como proporción de los recursos que captaban, además el encaje legal permitía evitar
las transacciones de créditos con fines de especulación.
Ese mecanismo eliminado a partir de 1993 permitió a los
bancos disponer de los recursos captados de manera discrecional, permitiendo con ello la
especulación entre bancos y empresas coludidas a través de préstamos entre socios del
mismo grupo corporativo.
A partir de ese año se dio aparentemente un cambio de
gran trascendencia para la economía del país, al dársele al Banco de México la
autonomía respecto del Gobierno Federal con la finalidad de constituir una salvaguarda
contra futuros brotes de inflación, además de procurar la estabilidad del poder
adquisitivo de la moneda nacional.
Los fundamentos para dicha autonomía se basaban en su
independencia para determinar el volumen de crédito primario que pude ser concedido, la
independencia se ha otorgado a las personas que integran su junta de gobierno y la
dependencia administrativa de institución.
Como sabemos, los tres fundamentos de la autonomía
obedecieron a la necesidad de que el banco central dejara de ser el principal órgano de
financiamiento en primera instancia del Gobierno Federal y de no depender del titular del
Ejecutivo para determinar la política monetaria, sin embargo, los movimientos
especulativos que se hacen con el manejo del tipo de cambio, con la emisión de papel
gubernamental y con las tasas de interés, dejan mucho que desear en cuanto a la famosa
autonomía, que no responde a las condiciones económicas y financieras del país.
A pesar de lo estipulado en el artículo 2 de la Ley del
Banco de México, en el sentido de promover el sano desarrollo y funcionamiento del
Sistema Financiero, esta institución se convirtió en partícipe del desfalco financiero
más grande en la historia del país. Estamos hablando del FOBAPROA.
Para nuestro grupo parlamentario es prioritario que la
mencionada autonomía del Banco de México sea una realidad para el beneficio de la
economía del país, en la que tanto los integrantes de la Junta de Gobierno, la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el titular del Ejecutivo Federal, trabajen
cada quien en el campo de sus atribuciones de manera independiente, pero de manera
coordinada. Sin embargo, reconocemos que es necesario que la banca central vuelva a sus
orígenes y deba constituirse nuevamente en una institución que permita que el ahorro del
público pueda ser destinado para el bienestar del pueblo de México. A este propósito
dedicaremos nuestros próximos esfuerzos.
Asimismo, para que pueda mostrar su verdadero carácter
de autonomía, su política monetaria debe responder a las exigencias del comportamiento
de nuestra economía y no a los intereses de la camarilla de vividores que tienen la
propiedad del capital financiero dentro y fuera del país.
Es cuanto.
LA PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Los restantes asuntos en cartera se programarán para la
sesión subsecuente. Antes de rogarle a la Secretaría dé lectura al orden del día, me
permito informar a los ciudadanos legisladores y recordarles de la comparecencia del
Secretario de Seguridad Pública, doctor Alejandro Gertz Manero, el día de hoy martes 25
de septiembre a las 17 horas, antes las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad
Pública y Especial de Seguridad Pública. Esta comparecencia será en el Salón Verde, y
como representante de la Mesa Directiva se designa al diputado Adrián Rivera Pérez.
Informarles de la comparecencia del Secretario de
Relaciones Exteriores, doctor Jorge Castañeda Gutman, mañana miércoles 26 de septiembre
a las 10 horas, ante la Comisión de Relaciones Exteriores, en el Salón Verde. Como
representante de la Mesa Directiva se designa al diputado Rodolfo Dorador.
Recordarles de la comparecencia del Secretario de Trabajo
y Previsión Social, Carlos Abascal Carranza, mañana miércoles 26 de septiembre a las 17
horas, ante la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en el Salón Verde. Como
representante de la Mesa Directiva se designa al diputado Eric Villanueva Mukul.
Recordarles de la comparecencia de la Presidenta del
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Sari Bermúdez, el jueves 27 de septiembre a
las nueve de la mañana, ante la Comisión de Cultura. Como representante de la Mesa
Directiva se designa a la diputada María Elena Álvarez Bernal.
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Ruego a la Secretaría dé lectura al orden del día.
EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(orden del día)
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo
Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Jueves 27 de septiembre de 2001.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a
la ceremonia cívica que con motivo del CCXXXVI aniversario del generalísimo José María
Morelos y Pavón, tendrá lugar el 30 de septiembre a las 10:30 horas, en el monumento
erigido a su memoria, ubicado en la Plaza de la Ciudadela.
Del Congreso del Estado de Jalisco.
Iniciativa del Congreso del Estado de Jalisco
De reformas a los artículos 145 y 170 de la Ley del
Seguro Social. (Turno a comisión.)
Efeméride
Sobre el VII aniversario luctuoso del José Francisco
Ruiz Massieu, a cargo del diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del
Partido Revolucionario Institucional.
Con motivo de la instalación en México, de la primera
imprenta en el nuevo mundo, (1539) a cargo del Partido Alianza Social.
Y los demás asuntos con los que la mesa directiva dé
cuenta.
LA PRESIDENTA: (16:11 horas) Se levanta la sesión y se
cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 27 de septiembre a las 10 horas.
Hace sólo unos cuantos días subí a esta tribuna para hacer una excitativa a la
Comisión de Gobernación, con el propósito que dictaminara la iniciativa que fue
presentada por nuestros compañeros, el señor diputado Toledo y los compañeros del
Partido de la Revolución Democrática, el compañero Barbosa y el compañero Augusto,
para que escuchándose las distintas opiniones, reflexiones manifestadas fundamentalmente
en la preocupación que nuestros connacionales nos han hecho sentir, saber de que no
entendían por qué razones de pronto en la propaganda, en los anuncios de las distintas
dependencias oficiales, pero sobre todo de la Presidencia de la República, apareciera un
logotipo que no corresponde al Escudo Nacional.
Reciba, por tanto, esta proposición con punto de acuerdo el favor y el total apoyo de los
diputados priístas.