SESION DEL SEGUNDO
PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 2 DE ABRIL DE 2002
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ORDEN DEL DIA 2 DE ABRIL DE 2001. |
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| CLAUSURA |
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL.- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 272 ciudadanos diputados; por lo tanto, hay quórum.
LA C. PRESIDENTA, (a las 10:27 horas).- Se abre la sesión.
EL MISMO C. SECRETARIO.- Se va a dar lectura al orden del día que está publicado en la Gaceta Parlamentaria.
(Da lectura al orden del día)
«Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.
Orden del día
Martes 2 de abril de 2002.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los congresos de los estados de: San Luis Potosí y Yucatán.
De la Junta de Coordinación Política.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que remite el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. (Turno a comisión.)
Con el que se remite copia del oficio del jefe de la unidad de política de ingresos de la subsecretaría de Ingresos, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente.
Con el que se remite copia del oficio del subsecretario de Planeación Educativa, de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, en relación al punto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados.
Oficios de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que reforma el último párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, que suscribe la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
Con el que remite iniciativa que reforma y adiciona los artículos 16, 31, 32 y 193 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucíonal. (Turno a comisión.)
Iniciativas de diputados
De reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del diputado Luis Priego Ortiz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, a cargo del diputado Jaime Salazar Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acotación del presidencialismo, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a los artículos 69 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de tos Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)
De reformas al artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel Correa Ceseña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del diputado Uuc-kib Espadas Ancones, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
De reformas a la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar al Poder Legislativo la facultad de legislar en lo relativo a la seguridad pública en materia federal, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
De reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 74 fracción IV párrafos segundo y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Raúl González Villalva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del informe presidencial, a cargo del diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Que reforma el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer jurídicamente los acuerdos de las cámaras, a cargo del diputado Jaime Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
EXCITATIVAS
A las comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, a cargo del diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Transportes, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
A la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, a cargo de la diputada Hortensia Aragón Castillo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A las comisiones de Energía y de Puntos de Constitucionales, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
PROPOSICIONES
Con punto de acuerdo en relación a los productores de papa del Centro de Veracruz, a cargo del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para homologar los precios de la gasolina en la zona fronteriza norte del país, con respecto a los precios de la zona fronteriza sur de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Marcos Pérez Esquer, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal, revise las tarifas eléctricas en el noroeste del país, a cargo de la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal, que por medio de nuestra representación permanente se exhorte a la ONU, para que se cumplan sus resolutivos para poner fin al conflicto Israel-Palestina, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo relativo a las pensiones vitalicias de los ex presidentes de la República, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al ecoturismo en zonas marginadas, a cargo del diputado Jaime Larrazabal Bretón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo para que se prohiba la utilización de beta-gonistas en la producción de carne para el consumo humano, a cargo del diputado Jesús Dueñas Llerenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación al pago anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
Con punto de acuerdo en relación a los derechos de los migrantes, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)
EFEMERIDE
Sobre el CDL aniversario de la Fundación de Tezíutlán, Puebla, a cargo la diputada Concepción Gonzalez Molina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
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LA C. PRESIDENTA.- En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a ponerla a discusión y votación de inmediato.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.- Está a discusión el acta.
«ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MARTES VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las diez horas con treinta y ocho minutos del martes veintiséis de marzo de dos mil dos, con la asistencia de doscientos sesenta y tres diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día.
La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.
Comunicaciones de los congresos de los estados de:
Jalisco, con acuerdo por el que manifiesta su apoyo al proyecto de norma oficial denominada "Jamón, Denominación, Especificaciones y Métodos de Prueba". Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Tabasco, con acuerdo por el que manifiesta su enérgico repudio por el asesinato del diputado Pánfilo Novelo Martínez, de su hijo Miguel Ángel Novelo Burgos y de su ayudante Pedro Yam Pech. De enterado y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Comunicación de la Junta de Coordinación Política con la que informa de cambios en la integración de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. De enterado.
Comunicación de la Comisión de Agricultura y Ganadería, con la que remite el informe de labores del Grupo de Trabajo de Cafeticultura y para complementarlo, se concede la palabra al diputado Óscar Alvarado Cook, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre tanto de la comisión como del grupo de trabajo de referencia. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Presentan iniciativas con proyecto de decreto los diputados:
Martha Patricia Martínez Macías, del Partido Acción Nacional, que adiciona los artículos ochenta y cuatro y ciento treinta de la Ley del Seguro Social y el artículo setenta y cinco de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
Rafael Servín Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática, que deroga la fracción cuarta del artículo octavo, y reforma la fracción octava del artículo dieciséis y el artículo cuarenta y tres de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México, que reforma el artículo sexto de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.
José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, que adiciona una fracción decimaséptima al artículo quince de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Jaime Cleofás Martínez Veloz, que reforma el artículo cuarenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Silvia América López Escoffie, del Partido Acción Nacional, que reforma los artículos catorce y veintidós de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.
A las doce horas con tres minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cuarenta diputados y ordena el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.
El diputado Francisco Javier Cantú Torres, del Partido Acción Nacional, presenta iniciativa con proyecto de Ley General de Desarrollo Social. Se turna a la Comisión de Desarrollo Social.
Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyectos de decreto por los que se conceden permisos:
A seis ciudadanos mexicanos, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.
Al ciudadano Guillermo Kurt Heimpel Pruneda, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República Federal de Alemania, en Mazatlán, con circunscripción consular en el Estado de Sinaloa.
A la ciudadana Laura Martín del Campo Steta, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Croacia en la Ciudad de México, con circunscripción consular en toda la República.
Son de primera lectura.
La Asamblea, en votación económica, les dispensa la segunda lectura y sin discusión se aprueban los proyectos de decreto por trescientos cuarenta y seis votos en pro, treinta en contra y veinticinco abstenciones.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Pasan al Senado para los efectos constitucionales.
Solicitan excitativas los diputados:
Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Equidad y Género, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada el nueve de noviembre de dos mil. La Presidencia exhorta a las comisiones de referencia para que presenten el dictamen correspondiente a más tardar el día dieciocho de abril de dos mil dos.
Esteban Daniel Martínez Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Puntos Constitucionales, en relación con la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos setenta y tres y ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el treinta de octubre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa respectiva.
Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, a la Junta de Coordinación Política, en relación con la integración de la Mesa Directiva de la comisión especial para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres perpetrados en Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde mil novecientos noventa y tres hasta la fecha. La Presidencia exhorta a los grupos parlamentarios a presentar sus propuestas correspondientes y solicita a la Junta de Coordinación Política para que a más tardar el once de abril de dos mil dos, presente la integración de la Mesa Directiva de la comisión especial de referencia.
Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:
Rosa Elena Baduy Isaac, del Partido Revolucionario Institucional, en relación con el Programa Pueblos Mágicos y el Programa de Vivienda VIVAH, en el municipio de Izamal, Yucatán. Se turna a las comisiones de Turismo y de Desarrollo Social.
José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional, relativo a los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados. Se turna a la conferencia para la dirección y programación de los Trabajos Legislativos.
José María Guillén Torres, del Partido Revolucionario Institucional, para crear una Comisión Especial de Cafeticultura. Se turna a la Junta de Coordinación Política.
Rectifican hechos los diputados: José Sergio Rodolfo Vaca Betancourt Bretón, del Partido Acción Nacional y Edgar Consejo Flores Galván, del Partido Revolucionario Institucional.
Bonifacio Castillo Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, para solicitar al Ejecutivo Federal que la Comisión Federal de Electricidad establezca tarifas eléctricas preferenciales en las comunidades de zonas indígenas y rurales del país. Se turna a las comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Alejandro Rafael García Sainz Arena, del Partido Verde Ecologista de México, en relación con el proyecto de electrificación de la región del Gran Nayar. Se turna a las comisiones de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática, sobre el posible desalojo de comunidades indígenas en la reserva natural de Montes Azules, en el Estado de Chiapas. Se turna a las comisiones de Concordia y Pacificación y de Reforma Agraria.
Hace comentarios en torno a don Benito Juárez García, el diputado Melitón Morales Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Eloy Cantú Segovia
Habla sobre la visita del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el diputado Augusto Gómez Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional.
Rectifica hechos el diputado Ricardo Moreno Bastida, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel
Se refieren al Día Mundial del Agua los diputados: Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; Miguel Bortolini Castillo, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor González Reza, del Partido Acción Nacional y Jesús Burgos Pinto, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede la palabra para hablar sobre el aniversario del Plan de Guadalupe, al diputado Antonio Dávila Montesinos, del Partido Revolucionario Institucional.
Dos oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite:
Minuta con proyecto de decreto que reforma la Ley del Sistema Horario en los Estados Unidos Mexicanos y el decreto que Establece el Horario Estacional que se Aplicará en los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Energía.
Minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al ciudadano Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días once y doce de abril de dos mil dos, a fin de que participe en la decimosexta reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, que se celebrará en San José, República de Costa Rica. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las catorce horas con cuarenta minutos, citando para la que tendrá lugar el martes dos de abril de dos mil dos, a las diez horas.»
EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA, (desde su curul).- Señora Presidenta, solicito el uso de la palabra.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Con qué objeto, señor diputado?
EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA, (desde su curul).- Diputada Presidenta, ¿puedo hacer uso de la palabra?
LA C. PRESIDENTA.- Si, ¿con qué objeto?
EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA, (desde su curul).- De consultarle, diputada Presidenta, si en el capítulo de comunicaciones o en los oficios de la Secretaría de Gobernación, estará incluido o quiero pedirle información al respecto, sobre un evento que ocurrió la semana pasada al parecer, que fue que el Ejecutivo Federal, por conducto del Secretario de Gobernación dio a conocer al parecer, a los integrantes de la Junta de Coordinación Política, los aspectos de la agenda legislativa que son de interés del titular del Ejecutivo Federal.
En la sesión del martes pasado, este tema no fue incluido en las comunicaciones y ahora al parecer tampoco lo será, por eso es el interés de preguntarle al respecto.
LA C. PRESIDENTA.- No está incluido en el orden del día de ahora, señor diputado.
Continúe la Secretaría.
EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA, (desde su curul).- Señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diga, señor diputado.
EL C. DIP. JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA, (desde su curul).- Consulto: ¿supongo que será incluido en algún próximo orden del día, para conocimiento del pleno?
LA C. PRESIDENTA.- En cuanto lo pasen a la Mesa Directiva se incluirá en el orden del día.
El diputado Zapata Perogordo tiene el uso de la palabra. Sonido en la curul del diputado Zapata.
EL C. DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO, (desde su curul) Sí, Presidenta.
Se leyó el orden del día y hay un asunto que no sabemos exactamente dónde se encuentra, que es el relativo a lo de la controversia constitucional, toda vez que se nos había informado primero que venía como comunicación de la Junta de Coordinación, sin embargo me informa la Secretaría que no es así, que estaba dentro de lo que eran las proposiciones con punto de acuerdo.
Dentro del capítulo que se lee por parte de la Secretaría de la agenda del día, establecen nueve proposiciones con punto de acuerdo que se encuentran impresas ya en lo que es la Gaceta Parlamentaria; entre ellas no se encuentra para nada, el asunto que estoy tratando.
En consecuencia, yo quisiera que aclararan si se va a o no a tratar y en qué parte del orden del día se encuentra.
Gracias.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL.- Sí, diputado Zapata, con todo gusto.
Como el punto relativo corresponde a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política derivado de un turno de la Mesa Directiva, está incorporado en el punto al que le dio la lectura la Secretaría como dictamen a discusión.
Fue leído así por la secretaría antes de las excitativas: dictamen a discusión de propuesta de la Junta de Coordinación Política. Evidentemente no está en la Gaceta Parlamentaria porque el dictamen lo estamos recibiendo en esta mañana.
Instruyo a la secretaría de servicios parlamentarios que entregue a los señores diputados la última versión de la Orden del Día.
-SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTA: Aprobada el acta.
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-SRIA DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ:
(Comunicación del Congreso del Estado de San Luis Potosí)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano.— San Luis Potosí.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, nos permitimos comunicar a ustedes que con esta fecha, la LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado, abrió y clausuró el séptimo periodo extraordinario de sesiones correspondiente al primer receso del segundo año de su ejercicio legal. Asimismo, se eligió la Mesa Directiva que fungió durante el mismo, la cual quedó conformada de la siguiente manera:
Diputados: Efraín Rodríguez Gallegos, presidente; Arturo Ramos Medellín, primer vicepresidente; Felisa Montañez Rivera, segunda vicepresidenta; Angel Salas Alfaro, premier secretario; Fernando Toranzo Fernández, segundo prosecretario; Gabriel López Maya primer prosecretario: Marco Lucano Vázquez Rodríguez segundo prosecretario.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos procedentes, haciendo propia la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 8 de marzo de 2002.— Diputados: Efraín Rodríguez Gallegos, presidente; Ángel Salas Alfaro, Fernando Toranzo Fernández, secretarios.»
Dip. Efraín Rodríguez Gallegos Presidente Dip. Ángel Salas Alfaro Secretario
Dip. Fernando Toranzo Fernández Secretario
-PRESIDENTA: De enterado.
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-MISMA SECRETARIA:
(Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Yucatán, en junta preparatoria celebrada en esta fecha por la LVI Legislatura del Estado, se eligió a la Mesa Directiva que fungirá durante el primer mes del tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional, quedando integrada de la forma siguiente:
Diputados: Miguel Ángel Pat Xuluc presidente; Ricardo Alberto Gutiérrez López, vicepresidente; María Teresa Rodríguez Gil, José Gerardo Bolio de Ocampo, secretarios; Freddy Hernán Monforte Braga, Luis Ariel Canto García, secretarios suplentes.
Protesto a vuestra honorable mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Mérida, Yucatán, 8 de marzo del año 2002.— El Secretario de la Diputación Permanente del honorable Congreso del Estado de Yucatán, diputado Robert Gutiérrez Crespo.»
-PRESIDENTA: De enterado.
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-MISMA SECRETARIA:
(Oficio dirigido a la diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados, para solicitar la modificación de la Comisión de Cultura para que la diputada Verónica Pérez, entre como integrante de dicha comisión en sustitución del diputado José Luis Hernández Luege)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamente en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinación de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada Verónica Sada Pérez, entre como integrante de la Comisión de Cultura.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 1o. de abril de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política.— Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración:
Diputada Verónica Sada Pérez, entra a la Comisión de Cultura como integrante.
Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo a 26 de marzo de 2002.— Diputado: Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»
-PRESIDENTA: De enterado.
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-MISMA SECRETARIA:
(Oficio de la Coordinación Política dirigido a la diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados para solicitar modificación de la Comisión de Seguridad Social para que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, entre como integrante de dicha comisión en sustitución del diputado Julio González Jiménez)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel— Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinación de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, entre como integrante de la Comisión de Seguridad Social.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 1o. de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa— Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración:
Diputada Alicia Concepción Ricalde magaña, entra a la Comisión de Seguridad Social como integrante.
Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 26 de marzo de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.».
-PRESIDENTA: De enterado.
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.MISMA SECRETARIA:
(Oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido a la Dip. Beatriz Paredes Rangel, presidente de la mesa directiva de la H. Cámara de Diputados, para que se modifique la integración de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en sustitución del diputado Mario Garza)
"Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel.— Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numera1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinación de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
Que la diputada Martha Patricia Martínez Macías, entró como integrante de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 1o. de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de diputados.— LVIII Legislatura.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa.— Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.
Sirve el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración: Diputada Martha Patricia Martínez Macías entra a la Comisión de Trabajo y Previsión Social como integrante.
Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.
Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
Atentamente.
Palacio Legislativo, a 26 de marzo de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides.»
-PRESIDENTA: De enterado
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-MISMA SECRETARIA:
(Oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido a la Dip. Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva de la Honorable Cámara de Diputados para modificar la integración de las comisiones de Recursos Hidráulicos, entra el Dip. Salvador Cosío Gaona y sale el Dip. Marcelo García Morales. De la Comisión Especial de Ganadería entra el Dip. Federico Granja Ricalde y sale el Dip. Neftalí Jiménez Olán. De la Comisión de Transportes sale el Dip. Salvador Cosío Gaona)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de las siguientes comisiones:
Comisión de Recursos Hidráulicos:
Entra el diputado Salvador Cosío Gaona.
Sale el diputado Marcelo García Morales.
Comisión Especial de Ganadería:
Entra el diputado Federico Granja Ricalde.
Sale El diputado Neftalí Jiménez Olán.
Comisión de Transportes:
Sale el diputado Salvador Cosío Gaona.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 1o. de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso c, y 44, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, la siguiente sustitución de integrantes de este grupo parlamentarios, así como cambos en mesas directivas, en las siguientes comisiones legislativas.
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias:
Deja la Secretaría el diputado Jesús Alí de la Torre.
Ocupa la Secretaría el diputado Manuel Medellín Milán.
Comisión de Transportes.
Sale el diputado Salvador Cosío Gaona.
Comisión de Recursos Hidráulicos.
Sale el diputado Marcelo García Morales.
Entra el diputado Salvador Cosío Gaona.
Comisión Especial de Ganadería.
Sale el diputado Neftalí Jiménez Olán,
Entra el diputado Federico Granja Ricalde.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2002.— Diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador.»
-PRESIDENTA: De enterado.
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- MISMA SECRETARIA
(Oficio de la Junta de Coordinación Política dirigido a la Dip. Beatriz Paredes Rangel, para que el Dip. Manuel Medellín Milán, sustituya al Dip. Alí de la Torres, en la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en el artículo 34 numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:
• Que el diputado Manuel Medellín Milán, sustituya al diputado Jesús Alí de la Torre en la Secretaría de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D.F., a 1o. de abril de 2002,— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.
Diputado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.
Con fundamento en los artículos 34, numeral 1, inciso c, y 44, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, hago de su conocimiento, para los efectos a que haya lugar, la siguiente sustitución de integrantes de este grupo parlamentarios, así como cambos en mesas directivas, en las siguientes comisiones legislativas.
Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Deja la Secretaría el diputado Jesús Alí de la Torre.
Ocupa la Secretaría el diputado Manuel Medellín Milán.
Comisión de Participación Ciudadana:
Entra el diputad Albino Mendieta Cuapio.
Comisión de Transportes.
Sale el diputado Salvador Cosío Gaona.
Comisión de Recursos Hidráulicos.
Sale el diputado Marcelo García Morales.
Entra el diputado Salvador Cosío Gaona.
Comisión Especial de Ganadería.
Sale el diputado Neftalí Jiménez Olán,
Entra el diputado Federico Granja Ricalde.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2002.— Diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador.»
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTA: Aprobado.
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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERAS PEREZ:
(LECTURA OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO AL PRIMER INFORME DE EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2001-2006, INSERTESE)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
Por instrucciones del Presidente de la República, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación, con el presente envío el:
Primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
Sin otro particular, reitero a usted la seguridad de mi consideración.
Atentamente
México, D.F., a 27 de marzo de 2002. — Por acuerdo del director general, José Luis Carmona Ruiz.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Presidencia de la República.
Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Planeación, por su digno conducto remito a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con el propósito de dar cuenta de los avances en el cumplimiento de los objetivos y estrategias establecidos para 2001, en las áreas de desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, y orden y respeto.
Reitero las seguridades de mi invariable respeto y alta consideración a la Cámara de Diputados.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de marzo de 2002.— El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada.»
LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA DE OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO AL OFICIO DEL JEFE DE LA UNIDAD DE POLITICA DE INGRESOS, INSERTESE)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L.58-II-1-661 de fecha 20 de febrero del año en curso, suscrito por los secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar 349-A-0314, fechado el día 15 del presente mes, signado por el ciudadano Valentín Villa Blanco, jefe de la unidad de política de ingresos de la subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por el que da contestación al punto de acuerdo relativo a suspender la decisión de retirar el subsidio a las tarifas del servicio eléctrico para uso doméstico, promovido por la diputada Miroslava García Suárez.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México D.F., a 15 de marzo de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Hacienda y Crédito Público.— Subsecretaría de ingresos unidad de política de ingresos.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, director general de gobierno Secretaría de Gobernación.— Presente.
Hago referencia a su oficio número DGG/211/0662/02 de fecha 21 de febrero de 2002, mediante el que envía el punto de acuerdo aprobado por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 20 de febrero de 2002, relativo "al exhorto al Ejecutivo Federal para que suspenda la decisión de retirar el subsidio a las tarifas del servicio eléctrico para uso doméstico, en tanto esa representación nacional y las áreas correspondientes al Ejecutivo, no hayan encontrado alternativas que eviten el impacto económico y social de tal medida".
Al respecto, me permito enviarle las siguientes consideraciones que se tomaron en cuenta para autorizar los ajustes, modificaciones y reestructuraciones a las tarifas eléctricas efectuadas el 7 de febrero de 2002, para de considerarlo conveniente las haga llegar a los secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.
• Las tarifas del servicio público de energía eléctrica de uso doméstico cubren en promedio apenas el 40% del costo de proveer el suministro.
• El esquema de tarifas que se aplica al sector doméstico es regresivo, toda vez que el otorgamiento de subsidios vía tarifas eléctricas es general, por lo que todos los usuarios reciben el subsidio que se otorga a los consumos bajos y medios de energía eléctrica.
• El sistema eléctrico nacional requiere de inversiones importantes en infraestructura eléctrica para continuar ofreciendo un servicio suficiente, oportuno y con la calidad necesaria que requiere el desarrollo del país.
• La aprobación del gasto en inversión para la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002 no fue suficiente para cubrir los requerimientos de los organismos suministradores.
• Los ajustes, modificaciones y reestructuraciones a las tarifas eléctricas efectuadas el 7 de febrero de 2002, tienen por objeto reducir el elevado subsidio en el sector residencial sin afectar a los usuarios de menores ingresos, para reducir la regresividad del esquema tarifario. Para esto se consideró lo siguiente:
• Que el 75% de los usuarios continuaran con el ajuste mensual vigente durante el año pasado, para reducir gradualmente el nivel de subsidio que se otorga actualmente.
• Que aproximadamente el 20% de los usuarios con incrementos en su facturación, continuaran recibiendo subsidios.
• Que la tarifa doméstica de alto consumo que se estableció a partir del 8 de febrero de 2002 elimine completamente el subsidio a los usuarios de mayor consumo (menos del 5% del total).
• Que se graduarán los ajustes en las localidades con mayor temperatura durante el verano.
• Que las dependencias del Gobierno Federal y a los organismos desconcentrados y descentralizados fueran partícipes del esfuerzo por obtener mayores recursos.
De esta manera, los ajustes, modificaciones y reestructuraciones a las tarifas eléctricas de uso doméstico, permitirán a los organismos suministradores generar ingresos propios para hacer frente parcialmente a los requerimientos de recursos para inversión en infraestructura eléctrica que demanda el desarrollo del país.
Suspender la medida tarifaria implicaría continuar apoyando la inversión en infraestructura eléctrica solamente con transferencias presupuestales, lo que implica desviar recursos de otras actividades productivas y sociales, generando presiones en las finanzas públicas que derivan finalmente en efectos inflacionarios.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
México D. F. a 15 de marzo de 2002.— El jefe de la unidad, Valentín Villa Blanco.»
LA C. PRESIDENTA: De enterado. Comuníquese.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA DE OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION RELATIVO AL OFICIO DEL SUBSECRETARIO DE PLANEACION EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL ESTADO DE GUERRERO, INSERTESE)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Congreso de la Unión.— Presentes.
En atención al oficio número D.G.P.L.58-II-4-567 de fecha 29 de noviembre de 2001, con el presente les acompaño, para los fines que estimen procedentes, copia del similar 130.01/2002/086, fechado el día 31 de enero del año en curso, signado por el licenciado Esteban Espinosa Peza, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación del Estado de Guerrero, por el que da contestación al punto de acuerdo relativo a exhortar a las autoridades educativas estatales y federales a no excluir del Programa Nacional de Becas y Financiamiento a ninguna licenciatura, promovido por el diputado Miguel Bortolini Castillo.
Reitero a ustedes la seguridad de mi consideración.
Atentamente.
México D. F., a 22 de marzo de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero.— Poder Ejecutivo.— Secretaría de Educación Guerrero, subsecretaría de planeación educativa.
Licenciado M. Humberto Aguilar Coronado, director general de gobierno.— Presente.
En atención a su oficio número DGG/210/2423/01, recibido el día 16 del presente a través del cual envía copia de dictamen aprobado por la Cámara del honorable Congreso del estado, en el cual, en el punto de acuerdo la Comisión de Educación Pública, exhorta a las autoridades educativas estatales y federales a no excluir del Programa Nacional de Becas a ninguna licenciatura, me permito comunicar a usted que en reunión extraordinaria del secretariado conjunto y los representantes del consejo consultivo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes), se seleccionaron las disciplinas y áreas del conocimiento prioritarias para el desarrollo económico y social del estado; asimismo me permito transcribir el punto 9 de la página 12 del Reglamento del Pronabes estatal: "9. Cada gobierno estatal, con el apoyo de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (Coepes) o su equivalente, podrá seleccionar las áreas y los programas educativos de mayor relevancia y para la formación de los profesionales que requiera el desarrollo económico y social del estado y con base en ello fijar prioridades para el otorgamiento de becas en el marco del Pronabes estatal".
Sin embargo, se tomará en cuenta su petición y se turnará copia al comité técnico para su análisis.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Chilpancingo, Gro., enero 31 de 2002.— Subsecretario de planeación educativa, Esteban Espinosa Peza.»
LA C. PRESIDENTA: De enterado. Comuníquese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA DE OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES RELATIVO A LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ULTIMO PARRAFO, FRACCION V DEL ARTICULO 15 DE LA LEY ADUANERA, INSERTESE)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Verónica Velasco Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ultimo párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 25 de marzo de 2002.— Senador: César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Gloria Lavara Mejía, Jorge Emilio González Martínez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y Verónica Velasco Rodríguez, senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XXIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones: de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:
EXPOSICION DE MOTIVOS
Con las reformas a la Ley Aduanera, vigentes a partir de este año, se establece que durante el plazo en el que se permita el almacenamiento gratuito se pagarán, además de los servicios de manejo de las mercancías, las maniobras para el reconocimiento previo, eliminándose el cobro de los servicios de custodia anteriormente previstos.
Los particulares que son titulares de una concesión para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior o bien los que busquen obtener una, son gravemente afectados por la disposición anterior.
En términos de la Ley Aduanera vigente los titulares de concesiones para la operación de recintos fiscalizados, pueden prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior así como el uso, goce y aprovechamiento de los inmuebles que para ello sean utilizados.
Por la prestación de dichos servicios los concesionarios cargan una tarifa a sus usuarios y posteriormente del total de sus ingresos se entrega al Estado un porcentaje de dichos ingresos como aprovechamiento por concepto de la concesión.
Por otra parte, la Ley Aduanera señala que existe un plazo para el almacenamiento gratuito de mercancías que los recintos fiscalizados deben otorgar, este iniciará a partir del día siguiente a aquél en que el depósito reciba las mercancías, independientemente de que hayan sido objeto de transferencia o transbordo.
De igual forma, se establece que durante el plazo en el que se permita el almacenamiento gratuito se pagarán, además de los servicios de manejo de las mercancías, las maniobras para el reconocimiento previo, eliminándose a partir de este año el cobro de los servicios que por la custodia de mercancías que anteriormente estaba previsto dentro del citado plazo.
Es aquí donde los concesionarios se han visto afectados con la reforma para el Ejercicio Fiscal de 2002, en virtud de que a pesar de seguir prestando a sus usuarios el indispensable servicio de custodia de mercancías, la propia Ley Aduanera los imposibilita a efectuar cobro alguno durante el plazo de almacenamiento gratuito, situación que de acuerdo con la Ley Aduanera vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 no era así.
Aquí es preciso remarcar la diferencia que existe entre la prestación del servicio de almacenaje y el servicio de custodia.
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se entiende por almacenar: "Guardar productos en un almacén; acción o resultado de almacenar mercancías para un fin determinado".
Respecto de la palabra custodiar se entiende: "Guardar una cosa o persona con cuidado y vigilancia", como podemos observar cuando se custodia algo se agrega un elemento diferente a cuando solamente se almacena, el cual es la vigilancia.
Efectivamente, al custodiar las mercancías los concesionarios de recintos fiscalizados dan un servicio extra de vigilancia y por ende son responsables de las citadas mercancías todo el tiempo en el que se encuentren bajo su custodia, situación que evidentemente les genera egresos que de alguna manera deben recuperar.
En estos términos podemos observar que si el legislador originalmente estableció en la Ley Aduanera un plazo gratuito para el almacenamiento de mercancías de comercio exterior, el mismo era únicamente para tales fines, es decir, guardar las mercancías.
Ahora bien el que se pretenda a partir de este año prohibir a los concesionarios de recintos fiscalizados a cobrar por un servicio "custodia" diferente al de almacenaje, limita y viola flagrantemente sus derechos, toda vez que como se demostró esa no fue la intención original del legislador.
Por lo tanto, es necesario reformar nuestra Ley Aduanera, con el objeto de proteger los intereses de los concesionarios de recintos fiscalizados y no esperar a que el Ejecutivo pretenda resolver la laguna mediante reglas de carácter general y aplicación anual, que posteriormente afecten nuevamente a los particulares.
Por todo lo anterior, sometemos a esta Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforma el último párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera.
Artículo único. Se reforma el último párrafo de la fracción V del artículo 15 de la Ley Aduanera, para quedar como sigue:
Artículo 15. . .
I. a la IV. . .
V. . .
a) y b. . .
Durante el plazo en el que se permita el almacenamiento gratuito de las mercancías, solamente se pagarán los servicios de manejo y custodia de las mismas y las maniobras para el reconocimiento previo.
VI. y VII. . .
ARTICULO TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de marzo de 2002.— Senadores: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y Gloria Lavara Mejía.»
Senadores: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Gloria Lavara Mejía
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES RELATIVO A LA INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTICULOS 16, 31, 32 Y 193 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, INSERTESE)
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura. Mesa Directiva.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.
Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador David Jiménez González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 16, 31, 32 y 193 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.
Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
México, D. F., a 26 de marzo de 2002.— Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.»
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Senadores.— México, D.F.,
Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.
David Jiménez González, senador de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Congreso de la Unión la presente iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 16, 31 fracción XV, 32 fracción XXV y 193 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con base en las siguientes consideraciones:
EXPOSICION DE MOTIVOS
El 1o. de enero de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, que contiene algunas disposiciones que, con otro número, con el mismo texto inconstitucional que tenía Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre de 2001 y que el Poder Judicial de la Federación, a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados así los declaró, a pesar de lo cual, se repitieron con la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Así, el artículo 16 de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta reproduce el texto del artículo 16 anterior, disponiendo que para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable se determinará conforme a un procedimiento que el propio precepto describe, lo que origina una base distinta a la utilidad fiscal del contribuyente prevista en el artículo 10 de la ley vigente, lo que ha sido declarado inconstitucional por el pleno de nuestro máximo tribunal, en las jurisprudencias P./J. 48/99(1), P./J. 76/99N(2) y P./J. 75/99(3), que dicen:
"Participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta contraría el artículo 123, apartado A, fracción IX, inciso e, de la Constitución, al establecer una renta gravable diversa a la prevista en éste. Establece la norma constitucional que para determinar el monto de las utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Esta norma, que rige desde el 21 de noviembre de 1962, en que se publicó la reforma correspondiente, se refiere a la utilidad gravable que en ese año establecía el artículo 26 de la ley citada y que ahora se contiene bajo el concepto de utilidad fiscal en el artículo 10 de la misma. Por tanto, el artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al establecer un procedimiento y conceptos diversos a los contemplados en el artículo 10, a fin de obtener la renta gravable para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, y que arroja un resultado diferente al que se obtiene aplicando el procedimiento previsto para la determinación de la utilidad fiscal, viola la norma constitucional, máxime que ello implica obligar al patrón a participar a sus trabajadores de una utilidad diferente a la gravada por el Impuesto Sobre la Renta y, por ende, distinta a su capacidad contributiva reflejada en la renta neta o utilidad obtenida de restar a los ingresos acumulables, las deducciones autorizadas".
"Amparo en revisión 971/97. Afianzadora Inverméxico, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 1921/97. Inverméxico, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2077/97. Casa de Bolsa Santander México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 2188/97. Banco Santander de Negocios México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. Amparo en revisión 3019/97. Societé Generale México, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número 48/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve.
"Renta. El artículo 14 de la Ley del Impuesto relativo viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal. El precepto legal mencionado viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Federal, toda vez que el legislador federal carece de facultades para establecer que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas pueda ser determinada sobre una base diversa a la señalada en el artículo 10 de la ley mencionada, es decir, distinta a la utilidad fiscal del contribuyente, contrariando así las garantías de fundamentación y motivación que se contienen en ese precepto constitucional, pues la materia de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, no requiere ser jurídicamente regulada, al existir desde el inicio de la vigencia del artículo 123 constitucional, el artículo 10, o sus equivalentes de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula la utilidad o renta gravable de las personas morales para tomarse como base para el cálculo de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas."
"Amparo en revisión 2077/97. Casa de Bolsa Santander México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 3019/97. Societé Generale México, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Angel Ramírez González. Amparo en revisión 3041/97. Procter & Gamble de México, S.A. de C.V.. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: José Manuel Villeda Ayala. Amparo en revisión 3281/97. Chase Manhattan Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Chase. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: José Manuel Villeda Ayala. Amparo en revisión 575/98. Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Alvaro Tovilla León. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 76/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve".
"Renta. El artículo 14 de la Ley del Impuesto relativo viola lo establecido por el artículo 123 de la Constitución Federal (en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos ochenta y nueve, conforme al artículo octavo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho). La renta gravable que debe tomarse como base para determinar el monto de las utilidades que cada empresa está obligada a repartir a sus trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción IX inciso e, de la Constitución Federal es la señalada en el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y no la que se indica en el numeral 14, en tanto que es aquel precepto legal el que fija las reglas para calcular la utilidad fiscal de los contribuyentes a la que se le aplicará la tasa del 34% correspondiente a dicho impuesto; mientras que el artículo 14 de la citada ley, a pesar de que disponga que regula la renta gravable a que se refiere el artículo 123 constitucional y 120 de la Ley Federal del Trabajo, lo cierto es que viola lo dispuesto por el mencionado artículo 123, ya que obliga a los contribuyentes a otorgar participación a los trabajadores sobre una riqueza no generada, sino artificial y distinta a la utilidad fiscal o renta del contribuyente, produciendo con ello una carga injusta que no toma en cuenta la capacidad económica del sujeto".
"Amparo en revisión 971/97. Afianzadora Inverméxico, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 1921/97. Inverméxico, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2077/97. Casa de Bolsa Santander México, S.A. de C.V., 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 2188/97. Banco Santander de Negocios México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. Amparo en revisión 3019/97. Societé Generale México, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó, con el número 75/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve."
De manera que tomando en cuenta lo resuelto en las jurisprudencias de nuestro alto tribunal, se propone la reforma al actual artículo 16 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para eliminar de su texto la inconstitucionalidad que contiene.
En la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta se elimina la posibilidad de deducir la participación de las utilidades para los trabajadores, lo cual se establecía en el artículo 25 fracción III segundo párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta abrogada, sin que en la exposición de motivos de la nueva ley se señale la razón que se tuvo para ello, de manera que se adiciona el artículo 32, con un segundo párrafo, a la fracción XXV.
De la misma forma, en el artículo 31 fracción XV de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, antes 24 fracción XVI subsiste la inconstitucionalidad al establecer como requisito que cuando se trate de la adquisición de bienes que se encuentren sujetos al régimen de importación temporal, los mismos se deducirán hasta el momento en que retornen al extranjero, en los términos de la Ley Aduanera, difiriéndose así la deducción, y no permitiendo que ésta se haga en el momento en que tiene lugar le erogación al adquirir los bienes, razón por la cual se propone la reforma del artículo 31 fracción XV de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta para eliminar ese diferimiento de la deducción.
De igual forma, el artículo 193 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta reprodujo la inconstitucionalidad que contenía el artículo 152 fracción I del ordenamiento anterior, ya que aun cuando el legislador establece qué se considera dividendo o utilidad por personas morales, insiste en disponer que para determinar el Impuesto Sobre la Renta que se debe pagar por los dividendos o utilidades distribuidos, se multiplicará de los mismos el factor 1.4706 y al resultado se le aplicará la tasa del artículo 10 de la ley. Lo anterior también es contrario a los tratados para evitar la doble tributación suscritos por México que establecen que el Impuesto Sobre la Renta que se causa respecto de los dividendos o utilidades distribuidas, pagados a personas físicas o morales residentes en el extranjero, será sobre la base del monto de los dividendos o utilidades distribuidos, sin aplicar ningún tipo de factor. Este criterio fue sustentado por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. LXIX/2001(4), que dice:
"Dividendos distribuidos a sociedades residentes en el extranjero. El artículo 152, fracción I último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece la obligación de retener el impuesto que se obtenga de aplicar la tasa del 5% sobre la cantidad que resulte de multiplicar aquellos por el factor previsto en el propio artículo, transgrede el principio de proporcionalidad tributaria. Si se toma en consideración que el principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consiste en que las personas tributen de conformidad con su auténtica capacidad contributiva, de manera tal que la base gravable atienda a la renta o ingreso efectivamente percibido por el sujeto pasivo de la contribución, pues de acuerdo con el criterio sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 109/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo X, noviembre de 1999, página 22, la capacidad contributiva debe entenderse como la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos, resulta inconcuso que el artículo 152 fracción I último párrafo, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que regula la distribución de dividendos a sociedades residentes en el extranjero, estableciendo que las sociedades residentes en México que distribuyan los dividendos o utilidades a que se refiere la propia fracción, deberán retener el impuesto que se obtenga de aplicar la tasa del 5% sobre la cantidad que resulte de multiplicar aquellos por el factor de 1.5385, transgrede el mencionado principio constitucional. Ello es así, porque, por un lado, del contenido de las exposiciones de motivos de los decretos que reformaron la mencionada ley en materia de dividendos, no se desprenden las razones jurídicas que tomó en cuenta el legislador para el establecimiento del aludido factor ni los lineamientos conforme a los cuales se fijó y, por otro, porque el sistema previsto en el referido artículo 152 fracción I último párrafo, no toma en consideración la modificación patrimonial real del contribuyente, sino que determina un aumento en la base gravable del tributo a través de la aplicación del citado factor, sin justificación jurídica para ello, es decir, altera el monto de la contribución que por vía de retención de la sociedad que los distribuye debe enterar a las oficinas recaudadoras, sin que haya operado en la realidad un cambio en el patrimonio de los causantes que los afecte en forma positiva, sino como resultado de una mera ficción, o lo que es lo mismo, sin atender a la capacidad contributiva real de los contribuyentes sujetos al régimen de dividendos, por lo que el socio o accionista tributa en una proporción mayor a la renta real efectivamente percibida. Atento lo anterior, la concesión del amparo cuando se reclame el mencionado precepto, tendrá por efecto la inaplicabilidad del aludido factor para el cálculo del impuesto correspondiente, de tal manera que para la determinación del monto de la contribución debe considerarse exclusivamente la tasa del 5% sobre los ingresos derivados de la distribución de dividendos."
"Amparo en revisión 1109/2000. Eli Lilly and Company. 30 de marzo de 2001. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez. Nota: La tesis citada aparece publicada con el rubro: "Capacidad contributiva. Consiste en la potencialidad real de contribuir a los gastos públicos".
En la iniciativa se proponen reformas a los artículos 16, 31 fracción XV y 193 fracción I de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente.
Iniciativa de reforma y adición a los artículos 16, 31 fracción XV, 32 fracción XXV y 193 fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente
"Artículo 16. Para los efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e. de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 10 de esta misma ley.
"Artículo 32. . .
I. a la XXIV. . .
XXV. . .
La participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas será deducible en el ejercicio en que se pague, en la parte que resulte de restar a la misma las deducciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados que hayan sido ingreso del trabajador por el que no se pagó impuesto en los términos de esta ley".
Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos:
I. a la XIV. . .
XV. Que en el caso de adquisición de bienes de importación se compruebe que se cumplieron los requisitos legales para su importación definitiva. Cuando se trate de tratándose de inversiones de activo fijo, en el momento en que se cumplan los requisitos para su importación temporal. También se podrán deducir los bienes que se encuentren sujetos al régimen de depósito fiscal de conformidad con la legislación aduanera, cuando el contribuyente los enajene, los retorne al extranjero o sean retirados del depósito fiscal para ser importados definitivamente. El importe de los bienes e inversiones a que se refiere este párrafo no podrá ser superior al valor en aduanas del bien de que se trate.
El contribuyente sólo podrá deducir las adquisiciones de los bienes que mantenga fuera del país, hasta el momento en que se enajenen o se importen, salvo que dichos bienes se encuentren afectos a un establecimiento permanente que tenga en el extranjero.
XVI. a la XX. . ."
Artículo 193. En los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por las personas morales, se considerarán que la fuente de riqueza se encuentra en territorio nacional, cuando la persona que los distribuya resida en el país.
Se considera dividendo o utilidad distribuida por personas morales:
I. Las utilidades en efectivo o en bienes que envíen los establecimientos permanentes de personas morales extranjeras a la oficina central de la sociedad, o a otro establecimiento permanente de ésta en el extranjero, que no provengan del saldo de la cuenta de utilidad fiscal neta o de la cuenta de remesas de capital del residente en el extranjero, respectivamente. En este caso, el establecimiento permanente deberá enterar como impuesto a su cargo, el que resulte de aplicar la tasa del primer párrafo del artículo 1 C de esta ley. Para estos efectos, los dividendos o utilidades distribuidos se adicionarán con el Impuesto Sobre la Renta que se deba pagar en los términos de este artículo. Para determinar el Impuesto Sobre la Renta que se debe adicionar a los dividendos o utilidades distribuidas, se aplicará al monto de dichas utilidades o remesas la tasa del artículo 10 de la citada ley.
II. . .
ARTICULOS TRANSITORIOS
Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de Xicoténcatl, sede de la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 25 de marzo de 2002.— Senador David Jiménez González »
Notas:
(1) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo IX, junio de 1999, p. 6.
(2) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo X, agosto de 1999, p. 21.
(3) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo X, agosto de 1999, p. 47.
(4) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, tomo XIII, mayo de 2001, p. 447.
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
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Continuamos con las iniciativas de ciudadanos diputados, para lo cual se ofrece el uso de la palabra al diputado Luis Priego Ortiz, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
- EL C. DIP. LUIS PRIEGO ORTIZ: Con su venia, señora Presidenta; señoras y señores diputados: Con fundamento en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a esta Honorable Asamblea una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Desde que los partidos políticos en México fueron elevados en 1977 a rango constitucional, han sido definidos por la propia Constitución como entidades de interés público. Es decir, los partidos no son asociaciones privadas ni órganos del Estado, sino que son asociaciones intermedias entre los ciudadanos y las instituciones públicas. Ello se debe a los fines que desempeñan en la sociedad contemporánea y a su papel esencial como correa de transmisión entre ésta y el Estado.
Si en un principio los partidos políticos fueron prohibidos y más tarde apenas tolerados, ello obedecía que el pensamiento liberal temía que la disciplina partidista diera lugar a que la voluntad mayoritaria de los miembros de un partido pudiera ser sustituida por la voluntad de una minoría dirigente.
Sin embargo, con el paso de los años el proceso de constitucionalización de los partidos políticos se vio alentado y vigorizado.
Los partidos políticos tienen un papel de primera importancia en el funcionamiento del sistema democrático, porque corresponde a ellos organizar a la ciudadanía, recoger sus aspiraciones, darles formas, canalizarlas, enriquecerlas y presentarlas a consideración del poder político.
Si bien la democracia supone posiciones divergentes, también requiere que estas se reduzcan a través de los partidos políticos y sobre la base del sufragio universal a proporciones y proposiciones administrables, a efecto de organizar la vida política, económica, social y cultural del país.
En este orden de ideas, la democracia requiere una didáctica. La democracia además de forma de gobierno, es organización social y debe ser conducta que sea enseñada. Esta tarea pedagógica en la que los partidos juegan un papel esencial, ha sido asumida en gran medida por las agrupaciones políticas nacionales.
Durante las sesiones en que se dieron los lineamientos que orientaron la reforma electoral de 1977, se afirmó que la reforma del Estado debía abrirse a la posibilidad de que agrupaciones políticas sin derecho de participación electoral, tuviesen reconocimiento para involucrarse en la discusión de los problemas del país. Incluso voces de buen número de legisladores de aquella época, pugnaron por el reconocimiento legal de un fenómeno de participación política.
Las agrupaciones que se inclinaba a completar el sistema de partidos incentivando la difusión de ideologías y contribuyendo al desarrollo de una opinión pública mejor informada.
Finalmente, las agrupaciones políticas nacionales con la reforma electoral de 1996, se plasman en el COFIPE como una respuesta aún insuficiente a las demandas ciudadanas de participación en estructuras y vías opcionales de desarrollo político.
"Estamos convencidos que el destino de la humanidad es la democracia. Por ello, todo lo que tienda a su perfeccionamiento y mejoramiento es plausible, como en el caso de la presente iniciativa que se propone fortalecer a las agrupaciones políticas nacionales en sus tres tareas esenciales: investigación, capacitación y difusión electoral.
"Esta iniciativa no parte de cero, contempla los planteamientos del diputado Moreno Garavilla, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que presentara durante el ejercicio de la LVII Legislatura. Por ello no es un trabajo de nuestra personal inspiración y exclusividad, también hace acopio de las opiniones valiosas de Jorge Moreno Collado, Mariney Lacabada Huerta, Bonifacio García Sánchez, Jorge Lavallen Vázquez y particularmente de los deseos de las 36 agrupaciones políticas nacionales registradas en el Instituto Federal Electoral.
"Por lo mismo, con la presentación de la iniciativa, personalmente cumplo con el compromiso contraído con antelación a la apertura de los trabajos de esta Legislatura con esas agrupaciones políticas nacionales.
"Las agrupaciones políticas nacionales disfrutan en la actualidad como prerrogativas del 2 por ciento del total entregado por el Instituto Federal Electoral a los partidos políticos nacionales. Cuando estaban registradas 12 las prerrogativas cumplían, más o menos, con sus requerimientos. Hoy que se encuentran registradas 36 y se espera próximamente el registro de un número mucho mayor, las prerrogativas que se perciben por su insuficiencia no permiten ni permitirán el cumplimiento a cabalidad del objetivo que el Cofipe les señala.
"Por ello proponemos que se aumente al 10 por ciento, calculado sobre el monto de las percepciones de los partidos políticos nacionales. Asimismo conviene que disfruten de las franquicias postales y telegráficas dentro del territorio nacional que son necesarias para el desarrollo de sus actividades.
"Por otra parte, es conveniente que las agrupaciones políticas nacionales dispongan de documentos básicos consistentes en declaración de principios, programa de acción y estatutos, señalando el contenido de cada uno de esos documentos.
"La iniciativa está suscrita por los diputados Benjamín Ayala Velásquez, Lorena Bearregard de los Santos, José Luis González Aguilera, Esther López Cruz y el de la voz (Luis Priego Ortiz), quienes tenemos como origen en esta Cámara nuestra participación en agrupaciones políticas nacionales.
"Finalmente, señoras y señores Diputados, apelamos a su comprensión y consideración para que la iniciativa que nos ocupa sea en su oportunidad aprobada por el pleno de esta Cámara".
Por su atención, muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
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Tiene la palabra el diputado Jaime Salazar Silva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
- EL C. DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA (PAN): Con su permiso, diputada Presidenta.
"Los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, de conformidad con la siguiente
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"Un aspecto que atrajo la mayor atención política de esta Cámara de Diputados en la LVII Legislatura, aconteció en el mes de marzo de 1998, cuando el Ejecutivo Federal sometió un paquete de iniciativas de reformas en materia económica, entre las que se destacaban tres: la referente a transformar el FOBAPROA en dos nuevas entidades públicas, el Fondo de Garantías de Depósito, FAGADE, y la Comisión para la Recuperación de Bienes, COREBI; dos, la incorporación de 552 mil 300 millones de pesos de los pasivos del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, y del Fondo de Apoyo al Mercado de Valores, FAMEVAL, a la deuda directa del Gobierno Federal y, tercero, el Proyecto de Reforma a la Ley General de Deuda Pública, para acotar la facultad del Ejecutivo en el otorgamiento de avales y otras garantías.
"Estos tres puntos fueron rechazados de inmediato por las distintas fracciones de oposición representadas en el cuerpo legislativo. Fue así como después de intensos debates parlamentarios en los que durante meses se recogieron las diversas propuestas y opiniones de partidos políticos, legisladores y autoridades, esta Honorable Asamblea aprobó el 12 de diciembre de 1998, la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999.
"Este ordenamiento vino a construir un sistema integral de protección al ahorro y una garantía de certidumbre en el sistema mexicano de pagos, ya que después de la devaluación de diciembre de 1994, que un ex presidente bautizó como "un error de diciembre", la población mexicana fue víctima de efectos adversos que causó un giro súbito y brusco en los términos de intercambio y en las tasas de interés.
"Para responder a este entorno adverso, el legislador se dio a la tarea de elaborar un nuevo marco jurídico, en cuyo diseño fueron tomados en consideración tres importantes aspectos:
"Primero.- Crear un Sistema Integral de Protección al Ahorro Bancario, que garantizara en forma subsidiaria y limitada las obligaciones a cargo de las instituciones de banca múltiple a que se refiere la Ley de Instituciones de Crédito.
"Segundo.- Generar un instrumento para regular los apoyos financieros que excepcionalmente se otorgan a las instituciones de crédito en beneficio de los intereses de los ahorradores; y
"Tercero.- Proporcionar las bases para la organización y funcionamiento de las entidades públicas encargadas de la administración de los recursos humanos, financieros y que estas actividades conllevan.
"Con esta nueva ley se estableció en sus artículos permanentes, las bases para la organización y funcionamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, como un organismo sólido y establece que garantice la protección de los ahorros del público y en general del Sistema Financiero Mexicano.
"A la vez, en sus artículos transitorios se fijó la normatividad de las operaciones y procedimientos que condujeron a la conclusión de los programas heredados del FOBAPROA y del FAMEVAL, con la finalidad de que los pasivos asumidos fuesen lo menos onerosos para las finanzas públicas nacionales.
"Cierto es que actualmente el Instituto enfrenta algunos problemas que han limitado su funcionamiento, pero sería injusto atribuirle sólo a su administración el origen de aquellos. Más bien no debemos olvidar la pesada carga que le fue endosada de la administración pasada, a la que se suma la tardanza en la entrega de la banca intervenida por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por ello, hoy es urgente que legislemos para contribuir a destrabar los obstáculos que han frenado su desempeño.
"Por lo anteriormente expuesto y considerando:
"Primero.- Que después de 37 meses de entrada en vigor de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con la experiencia acumulada por el Instituto durante su operación cotidiana, resulta inaplazable llevar a cabo diversas reformas a su marco normativo, que agilicen y haga más eficiente su operatividad.
"Segundo.- Que hemos integrado y analizado las propuestas de reformas planteadas por algunos legisladores, los Vocales independientes del IPAB, la administración del Instituto por medio de su Secretario Ejecutivo, asimismo de haber escuchado la opinión de juristas del ámbito financiero, que la presente propuesta tiene por objeto aumentar el grado de autonomía del IPAB, facilitar la coordinación y el intercambio de información entre las diversas autoridades que actúan en nuestro sistema financiero, dar claridad y agilidad a los procesos de venta de activos y conformar de manera total la Junta de Gobierno del Instituto.
3º.Que el Instituto se ha visto imitado ante la carencia de una disposición expresa que faculte a la autoridad para interpretar las leyes para efectos administrativos.
4º. Que no existe en la Ley de Protección al Ahorro Bancario la facultad para que el Instituto pueda refinanciar sus obligaciones de pago y otorgar liquidez a sus títulos, facultad que sí se encuentra expresa en el Artículo 2º. De la Ley de Ingresos que se aprueba anualmente en este Congreso de la Unión.
5º.- Que es necesario re ubicar y especificar el concepto de bienes que para su administración, enajenación y control dispone el Instituto ya que la Ley actual no especifica si la participación del Instituto en instituciones de banca múltiple y otras sociedades, debe de ser mayoritaria o que la Ley actual no especifica si las participaciones del Instituto en instituciones de banca múltiple y otras sociedades debe de ser mayoritaria o no para que los créditos, derechos, acciones y otros bienes de los cuales sean titulares o propietarios, dichas instituciones y sociedades puedan ser sujetos de enajenación por parte del Instituto.
6º.- Que la Ley de Protección al Ahorro Bancario en vigor, no especifica el Estatuto Jurídico de los Bienes y Derechos propiedad de Subsidiarias de las Instituciones y sociedades en cuyo capital social participe el Instituto en forma mayoritaria.
8º.- Que es necesario flexibilizarla normatividad para la enajenación de bienes ampliando las opciones con la finalidad de agilizarla y lograr así la más pronta recuperación de activos, Por ello se propone que mediante reglas de carácter general se establezca la Junta de Gobierno, el Instituto realice enajenaciones mediante invitaciones restringidas, adjudicación directa u otros procedimientos conforme a la naturaleza de los bienes de que se trate.
9º.- Que la Junta de Gobierno tenga la facultad y pueda autorizar la donación, cesión a título gratuito o el otorgamiento del uso a título gratuito de los bienes que pueden ser destinados a programas sociales de salud, educación, cultura y seguridad pública, cuando se determine que los mismos no tienen un valor de recuperación superior al costo que represente su proceso de venta o mantenimiento y conservación.
10º.- Que con el objeto de motivar el manejo eficiente de las instituciones financieras y que sean autoridad, se propone otorgar al Instituto la facultad de fijar cuotas diferenciadas en función de indicadores de riesgo financiero y operativos de las instituciones mediante el establecimiento de reglas de carácter general que previamente deberá admitir la Junta de Gobierno.
11º.- Que con el objeto de adecuar la normatividad a la Ley de Concursos Mercantiles publicada el 12 de Mayo del 2000 y con la finalidad de agilizar los procedimientos, se propone que el Instituto deberá tomar posesión del cargo de Liquidador o Síndico, según sea el caso, en la fecha en la que se determine la liquidación o se declare el Concurso Mercantil de las instituciones de que se trate.
12º.- Es importante para este Congreso dejar en claro que las auditorías ordenadas en el 5º. Transitorio no se consuman con la aplicada por el Auditor MacKey, es por demás lógico que la facultad no se encuentra limitada a una acción exclusiva, el derecho va más allá, no sujeto a la voluntad de las autoridades y mucho menos por terceros.
De la Auditoría MacKey se desprenden créditos reportables, que merecen ser analizados a fondo por las autoridades que tienen facultad para ello, dejamos en claro de una vez por todas que es necesario, justo y apegado a derecho que las autoridades auditen a los créditos reportables si se tienen que realizar el Congreso no dispuso ni dispondrá norma alguna que avale las irregularidades cometidas por funcionarios públicos, funcionarios de las instituciones o 3º, el Instituto deberá cumplir sus funciones.
Con fundamento en lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto.
ARTICULO UNICO.- Se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999, en los términos siguientes:
Diputada Presidenta, para no dar lectura a todos los elementos que constituyen la reforma, adición y derogación de diversos artículos a la Ley de Protección al Ahorro, solicitaría atentamente de manera íntegra se publicara en la Gaceta Parlamentaria la iniciativa, que en síntesis quisiera solamente agregar: tenemos que encontrar el marco jurídico suficiente para que una institución de vital importancia dentro del sistema financiero juegue el papel que el propio Congreso creó y estableció que debería realizar dentro del Sistema Financiero Mexicano.
Tenemos que hacer el gran esfuerzo por darle claridad y solidez a todo el sistema mexicano y con ello crear el derecho que todo elemento y todo gobierno y pueblo necesita para el desarrollo financiero en México.
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL : Gracias a usted señor diputado. De acuerdo a su petición, se ruega a la Secretaría inserte el texto completo en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, y
---- TÚRNESE LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
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El siguiente punto agendado por el Partido de la Revolución Democrática, a petición del mismo partido se pospone para otra sesión.
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Tiene la palabra la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 69 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
LA C. DIP. JULIETA PRIETO FUHRKEN: Con la venia de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
Actualmente, el primero de septiembre de cada año se celebra la apertura del primer período ordinario de sesiones del Congreso al que asiste el Presidente de la República para presentar un informe por escrito, en el que se manifiesta el estado general que guarda la Administración Pública Federal. En este acto protocolario, el Presidente únicamente escucha posicionamiento del Presidente del Congreso, haciendo caso omiso a las diversas fuerzas políticas con representación en la Cámara de Diputados.
Esta Legislatura se ha dado cuenta de que durante las comparecencias de los Secretarios y la presentación del Informe por parte del Ejecutivo Federal, las respuestas por ellos vertidas se basan primordialmente en el uso indiscriminado de cantidades que todo parece significar y en donde sólo los Secretarios de Estado y el Presidente de la República han encontrado significado.
Hasta ahora se puede ver que se busca cumplir con el requisito constitucional de que acudan a comparecer ante el Congreso de la Unión, pero sólo como mero requisito, no tratan de enriquecer a través del diálogo con las diferentes fuerzas políticas del país que como sus posturas representan al pueblo y ciudadanía, a ellas las ignoran totalmente y con ellas a las inquietudes y necesidades de las mismas, de las cuales el Poder Ejecutivo Federal se hace valer para satisfacer su propósito e intereses políticos, posiciones que utilizan como trampolín para alcanzar otros cargos políticos a costa de una mala administración que a todos perjudica.
El Congreso de la Unión ha sido colocado en condición de enemigo del actual Gobierno de la República y de la gobernabilidad se parte de un supuesto equívoco o falso, que consiste en suponer que por no cumplir sus desaciertos y falta de compromiso, tenemos la obligación incondicional de no buscar cambiar los mecanismos obsoletos de control y facultades del Poder de la Unión. La gobernabilidad es la capacidad de una comunidad política para desarrollar entre los sistemas económicos, políticos y culturales, que permitan a su vez conducir con relativa armonía los asuntos públicos.
Nuestro país se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del Poder y el Ejecutivo Federal es quizá el principal factor que explica nuestros problemas nacionales. El nivel de abuso de poder o de falta de rendición de cuentas que vivimos es directamente proporcional a la falta de controles democráticos en el país. El resultado ha sido que en México existe un gobierno todopoderoso y una sociedad débil e inmadura.
Entendemos por república la decisión de los poderes libres y soberanos de conjuntar sus esfuerzos para construir un país regido por reglas básicas de convivencia y colaboración. Entendemos por contrapesos el ejercicio de poder de cada entidad de conformar el estado de manera responsable, madura y autónoma y la práctica de corresponsabilidad para que se cumplan las atribuciones conferidas al Gobierno de la Federación.
Los avances logrados han sido producto de situaciones ajenas a la voluntad real del Presidente y del sistema que representa. Las últimas manifestaciones del Ejecutivo Federal son claras señales del desgano y del temor a abrir el juego democrático electoral y un verdadero equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 69, 73 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Por respeto al tiempo y a mis compañeros legisladores, omitiré la lectura del articulado pero solicitaré atentamente a la Presidencia de la Cámara publique de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Así también, solicito se turne a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Por su atención, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias señora diputada.
De acuerdo a su petición, insértese en su totalidad en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Práctica Parlamentarias.
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Tiene la palabra el ciudadano diputado José Manuel Correa Ceseña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL DIP. JOSE MANUEL CORREA CESEÑA: Señora Presidenta, señoras y señores diputados:
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción V del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Honorable Asamblea: En el ejercicio de las facultades conferidas
por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal, José Manuel Correa
Ceseña, propone ante la consideración de esta soberanía iniciativa que contiene
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3º fracción V de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustentándome para ello en la siguiente
exposición de motivos:
Una de las expresiones de la soberanía de un pueblo consiste en su libertad de afirmar y
fortalecer su identidad y su cultura. La soberanía a su vez está fundamentada, entre
otros valores y acciones, en la identidad y la cultura, es decir, en el nacionalismo como
suma de valores y sentimientos propios. Soberanía y cultura nacionales se condicionan
recíprocamente.
El nacionalismo se concibe como la base de la soberanía y a la vez como expresión de la vitalidad y diversidad de nuestra cultura, por ello fortalecer la cultura es afirmar nuestro nacionalismo y por ende mantener como pueblo las condiciones para preservar la soberanía, nacionalismo que se ha distinguido por ser inclusivo, respetuoso de las otras culturas y abierto a la comunicación con ellas, con el convencimiento de que en el diálogo con la cultura universal la de México se enriquece y cobra un sentido más pleno de su propia identidad.
La cultura representa uno de los principales medios de superación y de mejoramiento de la calidad de vida del individuo y las comunidades. Es vínculo entre el ámbito educativo, por un lado, y el social y productivo por el otro para el desarrollo de la creatividad y el talento de las familias y cada uno de sus miembros. Es medio y fin al mismo tiempo, su disfrute es componente de una mayor calidad de vida y por ende del fortalecimiento social.
Nuestro país tiene una composición pluricultural. La cultura nacional es el conjunto de rasgos, manifestaciones, expresiones y creaciones de la comunidad nacional que les da origen y que permite el desarrollo integral del ser humano otorgándole la capacidad de reflexionar, decidir e incidir en sus proyectos de vida.
La cultura es, en un sentido amplio una actividad viva y dinámica que refleja las distintas formas de concebir y vivir la vida que se concretan en valores, creencias, tradiciones y conocimientos. Así pues la cultura no es meramente una acumulación de obras y conocimientos producidos por una minoría, no se limita al acceso de obras de arte y a las humanidades, sino representa un sistema de valores colectivamente compartido, una conducta prendida, repetida y reproducida por la sociedad en cuanto a instrumento de comunicación intersujetiva y grupal que encierra un enorme potencial creativo.
Por ello creemos que al igual que el derecho a la educación, las políticas del Estado deben orientarse a fomentar y promover un derecho a la cultura. Como sabemos el fomento y la difusión de la cultura se enmarcan en una de las áreas básicas de la política social, la educación en consecuencia, la educación como una función esencial del Estado nos da las bases para la conservación, el fomento y difusión de la cultura. Sin embargo debemos considerar que la cultura tiene en realidad sus propios principios dentro del contexto social.
En otras palabras, el derecho a la cultura se encuentra intrínsecamente vinculado con el derecho a la educación pero con características propias.
El concepto derecho a la cultura es relativamente nuevo, la cultura en el pasado se entendía como aquello que se adecuaba a valores de determinadas élites. Sin embargo la cultura que en su origen etimológico alude a cultivo, es todo lo que los hombres y las mujeres que personalmente en cuanto forman parte de un pueblo hacen, modificando la naturaleza de acuerdo a ciertos valores y actitudes que los identifican, de tal suerte que hablar del derecho a la cultura podría ser una forma de aludir el conjunto de todos los derechos humanos porque tanto es cultura la libre expresión como el trabajo, la participación política, como la salud o la autodeterminación de cada pueblo.
De ahí que el derecho a la cultura se encuentre reconocido en las declaraciones internacionales de derechos humanos a través de cuatro vías distintas, de una manera implícita a través del reconocimiento del genérico derecho a la libertad de pensamiento tal y como lo establece el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Segunda, de una manera también implícita a través del reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos en cuanto que una de las dimensiones de esa autodeterminación es la cultura como lo previene el artículo 1.2 de la Carta de las Naciones Unidas aprobada en San Francisco el 25 de junio de 1945 al proclamar el respeto a la libre determinación de los pueblos.
Tercera, de una manera implícita a través del reconocimiento del derecho a la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, tal y como lo establece el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Cuarta, el derecho a la cultura también está reconocido de una manera explícita en los objetivos a seguir por la Organización de las Naciones Unidas tal y como recoge la declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2 mil 542 del 11 de diciembre de 1969, artículo 10 al mencionar la eliminación del analfabetismo y la garantía del derecho al acceso universal a la cultura.
Así también en el artículo 27 punto 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se afirma que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
En síntesis, podemos afirmar que el fundamento último del derecho a la cultura radica, como en todos los derechos humanos sin excepción, en la dignidad de la persona humana, el fundamento inmediato, directo de este derecho, radica en la proyección colectiva de esa dignidad, la dignidad y el valor intrínseco que toda cultura encierra.
En consecuencia, si el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. No podemos permanecer al margen de nuestra propia identidad, necesitamos que la cultura sea reconocida, como un derecho fundamental propio para todos los mexicanos y qué mejor forma, que elevarlo a rango constitucional en nuestra Carta Magna.
Así el Estado tendrá la obligación permanente, de tutelar y salvaguardar ese derecho, implementando las políticas públicas que sean necesarias para el fortalecimiento de nuestro nacionalismo.
Pensamos que con el reconocimiento del derecho a la cultura, se podrá implementar una nueva política cultural que, sin lugar a dudas será uno de los fundamentos del Estado mexicano.
La política cultural podrá entonces ser uno de los medios de alentar un genuino proceso de redistribución, de responsabilidades, competencias y facultades, entre los distintos órdenes de gobierno y los sectores de la sociedad, en todos los ámbitos de la vida nacional.
Si bien es cierto que en nuestro país existen organismos y ordenamientos jurídicos, encaminados al fomento de la cultura nacional, también lo es que hace falta que ese reconocimiento sea tratado a nivel constitucional, con la finalidad de garantizar el derecho que todos tenemos a la cultura.
Por lo antes expuesto, y con el propósito esencial de elevar a nivel constitucional el derecho a la cultura, considerando este derecho como el justo acceso a los bienes y servicios culturales, se propone ante esta soberanía la presente iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma la fracció9n V del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
D E C R E T O
UNICO: Se reforma la fracción V del artículo 3º. Constitucional, para quedar como sigue:
Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación.
fracción V) Además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria, señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluyendo la educación superior, necesarios para el desarrollo de la nación.
Apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura, entendiendo ésta como un derecho fundamental de todos los mexicanos, en vista de su papel como factor esencial de la identidad nacional.
T R A N S I T O R I O S
Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dos días del mes de abril del año dos mil dos.
Con esto, finalmente, queremos poner como un tema prioritario de la Cámara, a la cultura, y con ella consecuentemente a la política cultural y al quehacer cultura.
Es cuanto.
-LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
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El siguiente punto agendado por el Partido de la Revolución Democrática, a petición del mismo se pospone para otra sesión.
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Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción 23 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: Buenos días. Con la venia de la presidencia vengo a presentarles compañeras y compañeros diputados, una iniciativa que pretende reformar la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de nuestro país.
Es una iniciativa para dejar claramente establecidas las atribuciones que tiene este Congreso para legislar en materia de seguridad pública. Esta iniciativa, está fundada y motivada en algunas consideraciones que yo me permitiré hacer para todos ustedes.
El estado de derecho, representa el camino por el que ya desde hace muchos años los mexicanos hemos optado, asumiendo el reto de construir un orden jurídico que nos dé certidumbre y seguridad en el goce de nuestros derechos y en el ejercicio de nuestras libertades fundamentales. Un aspecto toral en la consolidación de este estado de derecho, lo constituye el lograr hacer de la seguridad pública una realidad tangible para toda la sociedad. Como obligación del Estado en su conjunto, la seguridad pública debe ser un tema realmente prioritario en la agenda nacional.
Lo obstante lo anterior, he de decirles que en el desarrollo histórico de este país fundamentalmente durante la primera mitad del siglo XX, realmente no encontramos de manera clara y específica ni en la legislación ni en la doctrina el concepto de seguridad pública. Para la segunda mitad de este mismo siglo, la seguridad pública se encontraba sumergida en un manto de ignorancia, descrédito, falsos legalismos que no hacían más que estigmatizarla con una apariencia policíaca y de prevención del delito y realmente es hasta 1994, cuando podría decirse que se dio el inicio de una construcción más sistemática respecto de este elemento básico de toda sociedad.
Perseguir al delito y sancionar al delincuente, tiene una enorme importancia jurídica y social; la investigación y tratamiento judicial de la conducta y de los hechos punibles, trae consigo cuando hay eficacia, garantizar el goce de las libertades fundamentales de todos los habitantes del país.
La responsabilidad del Estado de procurar el equilibrio entre el comportamiento humano y los bienes jurídicos es tan importante como la vida misma, ya que los hombres no pueden desarrollarse y desenvolverse positivamente dentro de la sociedad, si su vida o su patrimonio peligran debido a la inseguridad.
Dentro del complejo fenómeno social de la criminalidad, aparece frecuentemente con características graves la impunidad. Frente al drama constante y diario de la delincuencia, preocupa hondamente la falta de castigo a los delincuentes, ya que ello hace que nazca la desconfianza, crea entre la ciudadanía un sentimiento de inconformidad, establece un clima de inseguridad colectiva y da origen al afán vindicativo de los individuos afectados.
Actualmente observamos y sentimos cómo el delito sigue proliferando sin que tenga fronteras ni en el ámbito nacional e incluso internacional. Los delincuentes se mueven con enorme soltura, sin que tenga los límites en su acción.
Todos somos testigos de que el esfuerzo que realiza el Poder Público en todos los órdenes de gobierno, en los gobiernos de todos los partidos políticos sigue siendo limitado, ya que el sistema de coordinación que actualmente opera, no es lo suficientemente efectivo en lo que respecta a la prevención del delito y a la procuración e impartición de justicia y es que la amplitud de nuestro territorio nacional, la falta de una legislación eficaz, el desarrollo tecnológico incluso entre muchos otros factores, dificultan la acción persecutoria y aumentan la agilidad de movimiento de la delincuencia.
Esta lamentable situación que vivimos día a día, ya común para todos, obliga a replantear de manera urgente e integral el tema de la seguridad pública.
Nuestra Constitución Política en el artículo 21 define la competencia en materia de seguridad pública, al establecer que ésta es una función a cargo de la Federación del Distrito Federal, de los estados y los municipios en las respectivas competencias que la propia Constitución señala.
El mismo artículo establece que la actuación de las instituciones policiales se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, y que la Federación, el Distrito Federal y los estados y municipios, se coordinarán en los términos de la ley, para establecer un sistema nacional de seguridad pública.
El 122 constitucional le otorga facultades al Distrito Federal y a su Asamblea Legislativa, para permitirles legislar en materia penal y de participación ciudadana así como para normar la justicia cívica por faltas de policía y buen gobierno y los servicios de seguridad prestados por empresas privadas, así como la prevención y readaptación social.
Y ese mismo artículo refiere al Jefe de Gobierno capitalino para establecer entre sus facultades y obligaciones, la de ejercer las funciones y dirección de los servicios de seguridad pública.
En el caso de los municipios también la Constitución ha sido específica en el artículo 115, señala entre las funciones y los servicios públicos que éstos tendrán a su cargo el de la seguridad pública así como el de la policía preventiva municipal y tránsito.
Y no obstante la especificidad de las facultades contempladas en dichos artículos constitucionales, el problema de la seguridad pública en los hechos sigue siendo preocupante.
Si bien la reforma constitucional que aquí he mencionado realizada en diciembre de 1994 dio un paso muy importante en cuanto al tema de la seguridad pública en el país, los legisladores del momento al pretender ser lo suficientemente explícitos en los preceptos que plasmaron, al ser tan casuísticos en los preceptos que establecieron en el artículo 21, también fueron limitativos en cuanto a las facultades del Congreso para legislar en esta materia.
Esta limitante ha sido motivo de debate, de discusión e incluso de confusión. Aquí mismo en la Cámara, en los debates sostenidos en las reuniones de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y en la especial de Seguridad Pública, ha dado también como resultado posiciones diferentes y encontradas respecto a este problema.
Esta idea se sustenta en el análisis de la redacción de la fracción XXIII del artículo 73 constitucional, donde se le da al Congreso la facultad para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y municipios en materia de seguridad pública.
Y aquí compañeras y compañeros diputados, está el meollo del asunto que hoy vengo a plantearles en esta iniciativa de ley. Dice el artículo que el Congreso tiene facultades para legislar en materia de bases de coordinación. Y lo que nosotros sostenemos compañeras y compañeros diputados, es que el Congreso debe tener facultades para legislar en todo lo relacionado con la seguridad pública por eso es que venimos aquí ante ustedes a hacer este planteamiento para que juntos podamos lograr el consenso necesario y que todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, puedan aprobar la posibilidad de reformar este artículo 73 y con ello dar paso a una serie de cuestionamientos que tendremos que formularlos, y a la elaboración de leyes en materia de seguridad pública.
Yo vengo a apelar aquí a la tribuna a su comprensión, a que leamos con cuidado esta redacción del artículo 73; a que busquemos el consenso necesario para poder llevar a cabo una reforma que realmente es del interés de todos los mexicanos, sin distingo de partido político y sin distingo de posición alguna.
Yo creo que tenemos que darle al Congreso las facultades necesarias para legislar en todo lo relativo a la materia. Tenemos que impulsar y apoyar el que el Congreso pueda tener una mayor participación y tenemos que impulsar que el Congreso pueda tener la facultad incluso de establecer la ley federal en la materia.
Ha quedado muy claramente establecido en la Constitución esta facultad para que puedan realizarla los congresos locales, incluida la Asamblea del Distrito Federal, para que los municipios, a través de sus cabildos, también puedan hacer lo propio, y nos parece que es el momento de hacer este replanteamiento de fondo y de forma para que podamos tener una base y un marco constitucional al respecto.
Por eso, con fundamento en lo que establece la propia Constitución, las leyes y los reglamentos que rigen este Congreso, planteo como artículo único el reformar el texto del artículo 73, fracción XXIII, para quedar como sigue: que el Congreso tenga facultades para legislar en todo lo relativo a la seguridad pública en materia federal.
Yo quisiera, finalmente, pedirle a la Mesa Directiva que esta iniciativa pudiera pasar para su discusión a la Comisión de Puntos Constitucionales, por ser una reforma en materia constitucional, pero que también pudiera pasar a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su opinión.
Y quiero aprovechar este momento de la tribuna para pedir que ojalá esta, como muchas otras reformas tan importantes que se están planteando a la Constitución Política, como las reformas que hemos planteado en materia de seguridad nacional, no vayan a la Comisión de Puntos Constitucionales a dormir el sueño de los justos y que ojalá realmente estas iniciativas puedan ser dictaminadas en las comisiones correspondientes para que, en todo caso, sean los señores diputados en este pleno quienes tomen la última palabra al respecto.
Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias a usted, señor diputado.
Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de Gobernación y Seguridad Pública y de la Comisión Especial de Seguridad Pública.
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El siguiente punto agendado por el Partido de la Revolución Democrática pasa al final de este apartado, dado que la diputada Rosalinda López Hernández no está presente en este momento en el salón.
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Tiene la palabra el diputado Raúl González Villalba, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 74, fracción IV, párrafos 2 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
EL C. DIPUTADO RAUL GONZALEZ VILLALBA: Con su permiso, ciudadana presidenta. Ciudadanos y ciudadanas diputadas del Honorable Congreso de la Unión:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa por la cual se reforma el artículo 74, fracción IV, párrafos 2 y 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.
Con el restablecimiento del Senado en nuestro sistema federal en 1874, se volvió necesario seleccionar y determinar las facultades específicas que habría de ejercitar el Congreso de la Unión y aquellas que corresponden a cada una de las Cámaras.
Así, el texto vigente de la Ley Fundamental determina como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlos.
De acuerdo a la propia Constitución, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos a más tardar el día 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre, cuando el Presidente de la República inicie su encargo el primero de ese mes.
Para alcanzar dicho propósito, el Estado requiere de mecanismos de diseño, conducción y ejecución de la estrategia económica y social. Para ello se auxilia de dos instrumentos fundamentales:
El primero, es la Ley de Ingresos bajo la cual se perciben recursos provenientes de las fuentes normales del Estado, a través de impuestos, productos, derechos, aprovechamientos, entre otros.
Y el gasto público, que se refiere a la forma en que el gobierno distribuirá los recursos obtenidos.
Por ello dichos instrumentos son factores determinantes para diseñar y alcanzar los programas de gobierno, así como para evaluar su grado de cumplimiento.
En el año de 1982, durante el periodo de José López Portillo, se determinó dicho plazo para la presentación de la Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto.
Durante estos últimos 20 años, la realidad social, económica y política del país ha cambiado sustancialmente. Por un lado el rápido crecimiento del modelo neoliberal en el que se ha circunscrito a la economía mexicana, hace necesario que la planeación adecuada de las finanzas públicas exija proyecciones muy precisas de variables, como es el tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo, las tasas de interés, el crecimiento esperado de la economía, y la disponibilidad de ahorro del gobierno, toda vez que influyen de manera decisiva en la disponibilidad de ingresos públicos y la necesidad de un gasto que habrá de regirse para crear un ambiente de confianza que invite a la inversión como antecedente del crecimiento y el bienestar social.
Estos cambios requieren por su complejidad y dinamismo, de un análisis cada vez más exhaustivo y por ende, de una mayor especialización en la materia.
La economía mexicana no debe admitir improvisaciones ni ocurrencias porque su objetivo principal, no deben ser los grandes capitales, las variables o los indicadores mundiales. El objetivo central de la economía como ciencia aplicada, debe ser el bienestar de los mexicanos.
Además de lo anterior, debemos considerar la composición plural de la Cámara de Diputados y en general el nuevo contexto político por el que México atraviesa, en donde la toma de decisiones depende de diversas fuerzas políticas y sus diferentes actores.
Hoy el examen de discusión y aprobación del paquete económico, requiere de importantes consensos, producto del diálogo y la negociación parlamentaria.
Si comparamos el periodo de análisis para la aprobación del Proyecto de Presupuesto de nuestro país, vemos que éste es uno de los más cortos en comparación con Estados Unidos que es de 235 días y de países de América Latina como Brasil y Chile, que son de cien y sesenta días respectivamente.
En este nuevo siglo, el papel del Poder Legislativo y fundamentalmente el de la Cámara de Diputados, es y debe ser muy distinto al de antaño.
Fortalecer al Legislativo, es redefinir las reglas, tiempos y formas mediante las cuales habremos de relacionarnos con los otros dos poderes, particularmente con el Ejecutivo, logrando así no solo una auténtica división de poderes, sino una adecuada coordinación entre los mismos volviendo efectivo el sistema de pesos y contrapesos, tan necesario en la democracia moderna.
"En los últimos años y particularmente en los pasados periodos de sesiones, ordinario y extraordinario, fue evidente la necesidad de contar con mayor tiempo para discutir, analizar y acordar un paquete económico que respondiera no solo a las necesidades inmediatas del país y la población, sino también instrumentar medidas de mediano y largo plazo que nos permitiera un crecimiento sostenido, cuyos beneficios se pudieran reflejar en el desarrollo de los que menos tienen.
"En razón de lo anterior y considerando el alto compromiso que tenemos con la nación y las generaciones venideras, es que propongo ampliar el periodo para la presentación de la Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos a esta soberanía.
"Asimismo en este ejercicio de transparencia presupuestaria, con el fin de que los diputados y diputadas podamos revisar a fondo la forma en que se gastaron los recursos públicos, se propone adelantar a los últimos días del mes de mayo del año siguiente el Informe de la Cuenta Pública.
"Por tanto y por lo anteriormente expuesto someto a consideración de ustedes el siguiente proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 74 en su fracción IV párrafo segundo de nuestra Carta Magna, para quedar como sigue:
"Artículo 74. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de octubre o hasta el día 15 de diciembre, cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.
"Y en su párrafo sexto: La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de mayo".
Es cuanto, ciudadano Presidente.
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias al diputado Raúl González Villalva.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
- EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL MARTINEZ NAVA (PRI): Con permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea:
"Los suscritos, diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la legislación aplicable sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7º numerales 2 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la forma de presentación del Informe por parte del Presidente de la República, al tenor de la siguiente
" E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s :
"El artículo 69 constitucional establece, entre otros temas, la obligación del Presidente de la República de presentar ante el Congreso el día de la apertura del primer periodo ordinario de sesiones, un Informe en el que manifieste el estado general de la administración pública del país. Se trata del Informe Presidencial, de uno de los principales símbolos del bien conocido presidencialismo mexicano, que caracterizó a toda la etapa anterior a este momento del Estado mexicano y de manera muy especifica a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
"El esquema y formato que se ha seguido hasta el presente, así como las normas que lo establecen, requieren varios cambios.
"En primer lugar, tanto en la Constitución General como en la Ley Orgánica que nos rige, no se establece la obligación del Presidente para dar lectura al informe, pues sólo establece en su obligación de presentar un informe escrito; si bien es una costumbre de larga tradición que se sigue hasta el presente. Esta obligación se presupone en el artículo 189 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, en el que se señala: "Al discurso que el Presidente de la República pronuncie en ese acto –se refiere al informe-, el Presidente del Congreso contestará en términos generales".
"Sobre el particular, consideramos que es necesario establecer como una disposición constitucional la obligación del Presidente de la República, no sólo de presentar un informe por escrito sino de hacer uso de la palabra ante el Congreso. Con motivo del informe anual del estado que guarda la administración pública del país, debe haber un diálogo entre el Titular del Poder Ejecutivo y los integrantes del Poder Legislativo.
"En segundo lugar, actualmente está previsto que los legisladores federales, representantes de cada uno de los partidos políticos que concurran a la presentación del informe, hagan uso de la palabra. Sin embargo, sus intervenciones son antes del arribo del Presidente de la República, así lo señala el numeral 2 del artículo 7º de la Ley Orgánica del Congreso General, evitando con ello que el Titular del Ejecutivo esté presente, escuche y conozca las posiciones, opiniones, críticas e inquietudes de los legisladores y sus partidos, por lo que consideramos de gran importancia que se realicen las reformas correspondientes para que el Presidente, insisto, escuche de viva voz las opiniones de diputados y senadores.
"Y en tercer lugar, como sabemos, la norma prevé que las Cámaras destinen varias de sus sesiones subsecuentes a la presentación del Informe, a analizarlo de manera temática, para lo que se estipula que concurrirán a estas sesiones los correspondientes Secretarios del Despacho. Sin embargo, sólo se prevé que se envíen al Presidente de la República las versiones estenográficas de las sesiones mencionadas, únicamente para su conocimiento y nada más, de manera que el esquema del informe del Presidente de la República es evidentemente insuficiente, por lo que también se propone introducir modificaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica del Congreso, para que el contenido de las sesiones a las que comparezcan los servidores públicos del Ejecutivo a complementar el informe del Presidente, sean condensadas en una síntesis que hagan las Cámaras sobre la información presentada en dichas comparecencias, la cual será remitida al Titular del Ejecutivo con los comentarios y recomendaciones que éstas estimen pertinentes, quien deberá responderlas en un plazo no mayor a 20 días hábiles. Esto sustituiría al simple envío de las versiones estenográficas al Ejecutivo. Así, insisto, las sesiones correspondientes tendrán un mayor contenido y constituirán un foro de verdadero diálogo, se contribuirá así a generar con este motivo un nuevo esquema de relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
"Esperamos, dado el momento en que nos encontramos, que estas modificaciones que se propongan tengan el visto de las diversas fuerzas políticas integrantes de esta Honorable Asamblea y de las otras fuerzas políticas que concurren a las diversas etapas del proceso legislativo, para que deseablemente este nuevo esquema del informe tenga vigencia para el próximo informe presidencial que será el 1º de septiembre.
"Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en los artículos 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara la siguiente Iniciativa de Decreto por la que se reforman los Artículos 69 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 7º. Numerales 2 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los estados Unidos Mexicanos.
"ARTICULO PRMERO.- Se reforma el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:------------------------------ Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias del Primer Período del Congreso, asistirá el Presidente de la República quien hará uso de la palabra
-esta es la propuesta de modificación- y presentará un Informe por escrito en el que se manifieste el estado general que guarda la Administración Pública del país.
El resto del artículo quedaría en sus términos.
"ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma el Artículo 7º. En sus numerales 2 y 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: --------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 7º. Numeral 2. Al arribo del Presidente de la República -ese es el término, al arribo del Presidente de la República- hará uso de la palabra un Legislador Federal por cada uno de los partidos políticos que concurran representados en el Congreso y el resto del artículo quedará en los términos en que actualmente se encuentra.
Numeral 5.- Las Cámaras remitirán al Titular del Ejecutivo Federal una síntesis del análisis que realicen de la información presentada tanto por el Presidente de la República como por los Servidores Públicos del Ejecutivo a que se refiere el párrafo primero del Artículo 93 de la Constitución.
Dicha síntesis podrá contener los comentarios y recomendaciones que las Cámaras estimen pertinentes, a las que el Presidente de la República deberá responder en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
TRANSITORIOS.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación e insisto atentamente a esta honorable Asamblea, es deseable -ojalá que ustedes así lo piensen- que estas modificaciones entren en vigor para que ya rijan la presentación del próximo Informe del Presidente de la República el 1º. De Septiembre.
Atentamente. Firman: diputado Juan Manuel Martínez Nava, su servidor diputado Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, diputado Roberto Zavala, diputado Enrique Martínez Horta Flores, diputado Jaime Vázquez Castillo, diputado Claudio Bres Garza, diputado Gustavo Lugo Espinosa , diputada Esther López Cruz, diputado Ney González, diputado Jaime Alcántara Silva. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D.F., a los 2 días del mes de Abril del año 2002."
Muchas gracias. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias diputado Martínez Nava. ¿Sí diputado Del Río Virgen?
-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (desde su curul): Señor Presidente, solamente para rogarle que como se trata de un tema que es muy importante, muy interesante para la vida legislativa y para la nueva democracia de este país, se me permita también firmar esta Iniciativa que comparto con el diputado Juan Manuel Vázquez Nava.
Muchas gracias señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE. A usted, señor Diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
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Para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tiene por objeto fortalecer jurídicamente los acuerdos de las Cámaras, tiene la palabra el diputado Jaime Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
- EL C. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Señor Presidente.
Compañeras y compañeros diputados:
Los suscritos diputados de la nación mexicana a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El Congreso es la voz de todos los mexicanos, en su interior están representados todos los sectores de la sociedad, de las múltiples regiones y culturas, de los diferentes usos y costumbres, de las distintas necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano.
La división de poderes es condición fundamental para garantizar la estabilidad política del país; la separación, el equilibrio y la colaboración entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fortalece el desarrollo democrático de nuestra nación, por ello una forma de ejercer un diálogo permanente, respetuoso y constructivo entre los poderes es la atención y el respeto a los acuerdos que se celebren al interior del Congreso.
En la actualidad, los acuerdos son presentados al Pleno por uno o varios legisladores, son turnados a las comisiones ordinarias en donde se discuten y deliberan; una vez emitido el dictamen, éste es presentado al Pleno para su votación y, en su caso, envío a la autoridad administrativa a quien corresponda el asunto.
Sin embargo, los efectos de estos acuerdos han sido mínimos. En algunas ocasiones son atendidos pero en otras más son ignorados. Los acuerdos que se celebran en cada una de las Cámaras del Congreso, siguen prácticamente todas las etapas del proceso legislativo en su cámara de origen; los acuerdos parlamentarios resultan de interés para sectores específicos de la sociedad, ahora tienen como objeto hacer públicos pronunciamientos que entrañen posiciones políticas del máximo órgano de representación nacional.
Con la presente iniciativa se propone además que por la vía de los acuerdos ambas Cámaras o una de ellas puedan formular respetuosas excitativas, observaciones o recomendaciones al Poder Ejecutivo. La mayoría de los acuerdos que celebran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, inciden directamente sobre competencias que corresponden al Ejecutivo Federal.
Mediante el cumplimiento de estos acuerdos, el Ejecutivo puede modificar, rectificar o perfeccionar acciones de Gobierno mediante una excitativa, observación o recomendación que la soberanía popular emita.
Con esta iniciativa, se pretende otorgar validez jurídica y constitucional a los acuerdos que celebre el Congreso o cada una de sus Cámaras con el fin de que el Ejecutivo quede obligado a atenderlos y, de ser procedente, aceptar la excitativa, observación o recomendación que le sea formulada.
En todo caso, los acepte o no, quedará obligado a informar al Congreso o la Cámara que lo originó, las medidas que adoptó a partir del acuerdo o bien las razones por las que no lo admite, para ello se propone adicionar el primer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos a fin de incorporar a las resoluciones del Congreso junto a las leyes y los decretos, la figura del acuerdo.
Se propone que los acuerdos parlamentarios que apruebe alguna de las Cámaras o el Congreso General, sean atendidos por el Ejecutivo a la mayor brevedad. Por ello se plantea la determinación de un plazo de 30 días a partir de que le haya sido notificado, para que informe al Congreso o a la Cámara de su origen sobre las medidas que haya adoptado o las razones por las que no está en condiciones de aceptar el contenido del acuerdo. El término que se propone tiene su origen, entre otras razones, en la práctica corriente del ejercicio parlamentario mexicano.
Hoy, hoy en día los puntos de acuerdo dictaminados y votados por el pleno y notificados al Ejecutivo, carecen de fuerza jurídica y en consecuencia su atención y cumplimiento se vuelven caprichosos. Con esta modificación los acuerdos parlamentarios tendrán fuerza jurídica, se estimulará la cooperación entre los Poderes de la Unión en las tareas del ejercicio del gobierno. El Poder Legislativo será cada día más actuante como lo demanda la sociedad, en la orientación y evaluación de las políticas públicas. La reforma que se propone al artículo 70 de nuestra Constitución abrirá innumerables oportunidades de comunicación fluida, respetuosa, suficiente, entre el Legislativo y el Ejecutivo, será entonces una extraordinaria oportunidad para fortalecer la comunicación y la corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno de los poderes cuyo origen se encuentra en la voluntad popular expresada en las elecciones.
El Congreso Mexicano, en su composición y pluralidad, es resultado de la suma de voluntades individuales de los mexicanos, es la unión de lo diverso, es la concurrencia de las distintas visiones de país que coexisten en nuestra sociedad y la confluencia de mexicanas y mexicanos en nuestras aspiraciones.
Por eso, este Congreso tiene que ser sensible a la demanda que la sociedad mexicana expresa por diversas vías, de contar con un Poder Legislativo más fuerte, más participativo, pero también más corresponsable en el ejercicio del gobierno.
En la reforma del Estado, a la tarea de fortalecimiento del Poder Legislativo deben contribuir todos los actores políticos. Es responsabilidad de todos el perfeccionamiento de los instrumentos parlamentarios que, con base en nuestra Constitución, fueron diseñados para ejercer una supervisión legislativa de las actividades del Ejecutivo.
Un Estado constitucional democrático tiene como uno de sus fundamentos la división y el equilibrio de poderes, con mecanismos de controles recíprocos, de contrapesos y frenos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable del poder público. Mediante la reforma constitucional que proponemos el Congreso de la Unión fortalecerá la colaboración interinstitucional, el equilibrio de poderes públicos y el sistema constitucional democrático.
Ninguna reforma constitucional es menor. La Constitución expresa el ser y el deber ser de la Nación Mexicana. Ciertamente a lo largo de su vigencia, la Constitución de 1917 ha sido actualizada, puesta al día, el Congreso Constituyente Permanente instituido en el artículo 135 de nuestra Ley Suprema ha tenido y tiene la posibilidad de adecuarla para que el Sistema Jurídico que deviene de ella responda a las nuevas exigencias de la sociedad.
Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto:
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes o decretos que se comunicarán al Ejecutivo firmadas por los Presidentes de ambas Cámaras y por un Secretario de cada una de ellas y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: ... (texto de la ley o decreto)".
Segundo párrafo: "Ambas Cámaras o cada una por separado podrán aprobar acuerdos para expresar un pronunciamiento político o para formular una excitativa, observación o recomendación al Poder Ejecutivo en cuyo caso informará dentro de los 30 días siguientes de haber sido notificado a ambas Cámara a la autora del acuerdo o a la Comisión Permanente sobre las medidas que haya adoptado como consecuencia del mismo. La ley sancionará la omisión del informe por parte de la autoridad administrativa". Hasta aquí la reforma.
Transitorio:
UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de abril del año 2002.
Firman diputados: Jaime Vázquez Castillo, Juan Manuel Martínez Nava, Rodolfo Zavala Echavarría, Federico Granja Ricalde, José Elías Romero Apis, Lorena Beaurregard, César Augusto Santiago, Oscar Alvarado Cook, Alfredo Ochoa Toledo, Andrés Carballo Bustamante, Adolfo Zamora, Fernando Díaz de la Vega, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Claudio Bres, Gustavo Lugo Espinoza, Aarón Irizar, Luis Gerardo Rubio Valdés, Santiago Guerrero Gutiérrez, Roberto Preciado Aceves, Martha Silvia Sánchez González, Martha Ofelia Meza Escalante, Esther López Cruz, Víctor Díaz Palacios, Araceli Domínguez Ramírez, Melitón Morales, Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, Cutberto Cantoran, Juan Manuel Calleja Arroyo, Francisco Ríos Alarcón, Jorge Schettino Pérez, Marcos López Mora, Edgar Consejo Flores, Santiago López Hernández, Rosa Elena Baduy Isaac, Efrén Leyva Acevedo, Raúl Silva Salgado, Jorge Carlos Ramírez Marín, Salvador Cosío Gaona, José Manuel Correa Ceseña, Cecilia Martínez Bárcenas, Ney González, Ricardo Ocampo, Rubén García Farías, Eréndira Cobo Brindis, Jesús Burgos Pinto, Adela Cereza Bautista, Guillermo Hopkins, Miguel Castro, Silvia Romero Suárez, Felipe Solís Acero, Simón Villar, Enrique Martínez Orta, Manuel Galán Jiménez, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Jesús Taracena, Ismael Estrada, Jesús de la Rosa Godoy, Ranulfo Márquez, Celestino Bailón, Jaime Alcántara, Carlos Aceves del Olmo, José Ramírez Gamero, Rafael López Hernández, Abel Guerra, Rodolfo González Guzmán, Enrique Ramos Rodríguez, Olga Haydée Flores, Enrique Priego Oropeza, Jesús Alí de la Torre, Javier García González, Policarpo Infante Fierro, diputado Víctor García y diputada Laura Pavón Jaramillo.
Es cuanto, señor Presidente, le ruego darle el turno que corresponda y remitirlo a la Comisión de Puntos Constitucionales.
- LA PRESIDENTA: Gracias diputado Vázquez. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
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Para presentar una iniciativa de reformar a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se ofrece el uso de la palabra al diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del PRD.
EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: El suscrito Pedro Miguel Rosaldo Salazar, diputado federal en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, con fundamento en lo que disponen los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con base en lo siguiente
EXPOSICION DE MOTIVOS
La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro complementó a partir del año de 1997 la reforma a la seguridad social que transformó el sistema solidario de pensiones, aplicado desde 1943 en cumplimiento a las disposiciones de la Constitución del 17.
En un sistema de capitalización individual, en donde la posibilidad de mejoría de la cuantía de la pensión depende del ingreso y de las cotizaciones, es decir, el que más gana y más cotiza, accederá a una mayor pensión, y el que menos gana y menos cotiza, sólo podrá aspirar a recibir la pensión garantizada por el gobierno, es decir, el equivalente a un salario mínimo.
A la fecha los trabajadores que ganan dos y medio salarios mínimos mensuales o menos, que son casi el 80% del total de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, no pueden acceder más allá de esa pensión mínima garantizada por el Estado, con cargo a fondos fiscales, y mientras llega el momento de la jubilación que con la nueva ley significa haber aportado un mínimo de 1,250 semanas de cotización, o sea, 24 años.
Las aportaciones a seguridad social provenientes de él mismo, si gana más de un salario mínimo y la de sus patrones y del Estado, están depositadas en una cuenta individual en una Afore, por cuya administración esa Afore y sus correspondientes Siefores, todas ellas con una cantidad muy importante de capital extranjero, cobran comisiones extraordinarias, que merman los recursos a los trabajadores y les producen a los dueños de los Afores ganancias ilimitadas,
y paradójicamente representan costos adicionales por la atomización del número de trabajadores registrados.
Una reforma de esta naturaleza, contraria por donde se le vea a los intereses de los trabajadores, no puede merecer la aprobación y mucho menos la conformidad de quienes en verdad se preocupan por el bienestar de los millones de familias que cifran en el Seguro Social y en su ley la seguridad de su futuro ante las eventualidades de la vejez, el desempleo o la muerte.
La fuerza de la realidad habrá de colocar a cada quien en su lugar y demostrará en un plazo no muy lardo, que la reforma a la seguridad social, tendrá que ser revertida, como todas las reformas neoliberales que han recomendado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y todas las demás organizaciones globales similares, que están sumiendo en la miseria a los pueblos, a los que ellos han condenado al subdesarrollo.
Prueba de lo cual es que esas mismas organizaciones mundiales, están ya dando marcha atrás, y en sus propias palabras, están repensando el sistema de pensiones de capitalización individual.
Pero mientras esto sucede, no podemos permanecer con los brazos cruzados, dejando pasar los excesos de los que quieren conducir a los trabajadores, por una senda de hambre y privaciones al final de su vida laboral, aprovechando las circunstancias, para beneficiar a los dueños del capital, que han visto en el negocio de las Afores, la posibilidad de incrementar sus beneficios, utilizando para ello, un dinero que no les pertenece y por el que no tienen ni sienten ningún compromiso de protección.
La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, busca en todo momento proteger los intereses de los dueños del capital, y con el señuelo de que los trabajadores puedan acceder a instrumentos de inversión con buenos rendimientos, a los que no podrían llegar en lo individual, se llevan la tajada de león de esos rendimientos al cobrar comisión de un porcentaje del salario base de cotización, con lo que disminuyen en una cuarta parte, las aportaciones que debieran depositarse en su cuenta individual, comprobándose así que esa ley tiene como único sustento una lógica financiera, que no tiene nada que ver con el bienestar de los trabajadores.
Para los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta ley y las contrarreformas aprobadas para dar lugar a la nueva Ley del Seguro Social en vigor desde el 1 de julio de 1997, deberán ser modificadas a profundidad para cambiar el modelo de capitalización individual que en los países en los que se ha aplicado, ha demostrado su incapacidad para ofrecer pensiones dignas a los trabajadores por otro modelo en el que la solidaridad y el compromiso del gobierno, garanticen una vejez digna a los trabajadores de escasos recursos y al mismo tiempo, permita a los pocos que tienen salarios altos, mecanismos individuales en los que puedan participar buscando ganancias extras y permitiendo a cambio que sus ahorros se utilicen nuevamente con solidaridad en la consolidación del progreso nacional a través de la generación de empleos, la actividad productiva y el desarrollo regional.
Las cuentas individuales de los trabajadores que ganan mensualmente menos de dos y medio salarios mínimos y ya decíamos que son cerca del 80% del total de las cuentas individuales registradas en las AFORES, son cuentas que no tienen ninguna razón para estar en las administradoras de fondos para el retiro y mucho menos para tener sus recursos invertidos en las SIEFORES.
Al final de 40 años de cotizaciones, los recursos provenientes de las aportaciones patronales del Estado y en su caso del mismo trabajador, más los intereses que hayan devengado, menos las abultadas comisiones que le cobrarán las AFORES y SIEFORES, no bastarán para otorgarle una pensión que sobrepase el equivalente al salario mínimo de la fecha en que se jubile y en consecuencia, esos recursos tendrán que ser entregados al gobierno para que éste se haga cargo de pagar la pensión mínima garantizada.
¿Por qué entonces durante esos 40 años, en lugar de entregar esos recursos a administradoras privadas de fondos y en lugar de regalarles lo que cobran de comisión de las AFORES y las SIEFORES, en lugar de hacer ricos a un grupo pequeño de mexicanos y permitir que otro grupo, éste de extranjeros, quienes participan en el 50% del capital de las AFORES se lleven al exterior los recursos que son el producto del esfuerzo de los trabajadores?, ¿por qué entonces, decía, no entregar esos recursos precisamente al gobierno que habrá de utilizarlos sin cobrar comisiones en actividades para el desarrollo nacional y al final de los mismos 40 años, el gobierno paga la misma pensión que de cualquier manera tendría que pagar con el sistema vigente como está ideado?
Este tópico y muchos otros más, tendrán que ser la base para la revisión completa del Sistema Pensionario Mexicano, que con una legislación única proteja a todos los trabajadores y a toda la población; Sistema Pensionario Único y Universal que permita al gobierno cumplir con su responsabilidad de atender las necesidades de todo el sector de la edad madura con solidaridad, buscando la igualdad y la redistribución del ingreso nacional para tener acceso a una mejor calidad de vida de los mexicanos.
Pero mientras se dan las condiciones para obtener estos resultados, tenemos que estar conscientes de que lo vigente hay que irlo adaptando, de tal forma que resulta lo menos lesivo para los intereses, en este caso de los trabajadores, por lo que no se vale es dejar pasar el tiempo y oportunidades con el pretexto de que si en este momento no puedo llegar a mi ideal, mejor no hago nada y permitimos que se siga profundizando en una contrarreforma que sólo agrava las situaciones de por sí perjudiciales para el futuro de los trabajadores, quienes con su esfuerzo contribuyen al desarrollo nacional y al enriquecimiento de los dueños del capital.
Por ello, en esta circunstancia y momento, hemos decidido presentar a la consideración de la soberanía de la Honorable Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que tienen como propósito proteger los intereses de los trabajadores, disminuir la discrecionalidad con que esa ley está votada, restar autonomía a las AFORES y SIEFORES para evitar que en sus ansias de enriquecimiento, atropellen indiscriminadamente los intereses de los trabajadores y tratar de obtener para ellos y para el Estado, los mayores beneficios sociales.
A esta propuesta habremos de agregar más adelante la que corrija en la Ley del Seguro Social las disposiciones que permiten que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pase por encima del espíritu social que debería inspirarla, colocando a los trabajadores como ahorradores cautivos cuyos recursos se transfieren a compañías trasnacionales sin ninguna garantía, lo que contrasta con lo que ha costado la protección que se otorgó a los supuestos ahorradores por conducto del FOBAPROA.
La iniciativa que se presenta a su amable consideración propone corregir algunas imprecisiones y fallas de redacción, producto de la premura con lo que la misma fue aprobada en el año de 1996, para sustituir a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, fortalecer el papel del Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, único órgano en el que están representados los trabajadores en igualdad de condiciones que los representantes patronales y del gobierno.
Cubrir algunas lagunas en las que los recursos de las cuentas individuales no tienen destino final; revisar las estructuras y régimen de las comisiones; el régimen de inversiones y disminuir algunas de las discrecionalidades con las que fue dotada la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Compañera presidenta, solicito por lo extenso del articulado se inscriba íntegro en el Diario de los Debates.
Por lo anteriormente expuesto, muchas gracias.
-PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Atendiendo la solicitud del ciudadano diputado inscríbase de manera íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda, Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
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Se solicita a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
-SRIA DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra 458 ciudadanos diputados.
Ciérrese el sistema electrónico-
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-PRESIDENTA: Gracias ciudadana diputada secretaria.
Queremos expresar desde esta mesa directiva el más sentido pésame a la diputada Patricia Aguilar García, por el sensible fallecimiento de su cónyuge el licenciado Juan Jaime Domínguez Castillejos y le solicitamos atentamente a los integrantes de este Pleno, ponerse de pie para guardar un minuto de silencio
(Minuto de Silencio)
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-PRESIDENTA: El siguiente punto del Orden del Día es el relativo al dictamen de la Junta de Coordinación Política, con Punto de Acuerdo, en relación a una posible controversia constitucional.
Le ruego a la secretaría dar lectura al mismo.
-SRIO. DIP. RODOLFO DORADOR:
(Dictamen de la Junta de Coordinación Política )
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presentes.
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes:
CONSIDERANDOS
Primero. Que con fecha 6 de marzo del 2002, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo, presentada en la misma fecha por la diputada Miroslava García Suárez, para que el Congreso de la Unión interponga controversia constitucional por la invasión de atribuciones en que incurrió el Ejecutivo Federal, al emitir el decreto del 5 de marzo del 2002, por el que se exime del pago de impuestos y se amplían estímulos fiscales.
Segundo. Que la Junta de Coordinación Política en su reunión celebrada el 1o. de abril del 2002, con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que, considera que el Ejecutivo hizo uso de las facultades que le otorga el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, acordó, en términos del artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentar a la consideración del pleno un punto de acuerdo a efecto de que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional, previo análisis para sustento legal de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por la invasión de atribuciones en que incurrió el Ejecutivo Federal, en los términos de la proposición presentada por la diputada Miroslava García Suárez en la Comisión Permanente el pasado 6 de marzo del 2002.
Tercero. Que en términos del artículo 105, fracción 1 inciso c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados está facultada para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales que se susciten con el Ejecutivo Federal.
Cuarto. Que en términos del artículo 23 numeral 1 inciso 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, es quien tiene la representación legal de la Cámara.
«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.
Expuestas las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de:
ACUERDO
Único. La Cámara de Diputados acuerda interponer, previo análisis para sustento legal de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara, una controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal, por la invasión de atribuciones al emitirse el decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal que se menciona, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2002, en la parte relativa al artículo primero del mismo, por lo que se instruye a la Presidencia de la Mesa Directiva proceda confirmé a sus atribuciones de representante legal de éste órgano legislativo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Para fijar posiciones respecto del dictamen de este punto de acuerdo. Diputado Amador Rodríguez.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Presidenta, para preguntarle por el trámite, porque la Junta de Coordinación Política no tiene atribuciones para presentar ningún dictamen. El dictamen debió haber sido presentado, el punto de acuerdo que presentó la diputada Miroslava, debió haber sido enviado a la Comisión de Gobernación o a la Comisión de Puntos Constitucionales. Esta debió haber emitido un proyecto de dictamen para que se presentara a la consideración de esta asamblea.
El trámite que se está dando es un trámite equivocado, ya que la Junta de Coordinación Política no tiene esa atribución.
LA C. PRESIDENTA: Efectivamente, diputado Amador Rodríguez. En sentido estricto, la Junta de Coordinación Política tiene las siguientes atribuciones. Le ruego a la secretaría dar lectura al artículo respectivo.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Artículo 20 de la Ley Orgánica. 1. Atribuciones. La Mesa Directiva conduce las sesiones de la Cámara y asegura el debido desarrollo de los debates, discusiones y votaciones…
LA C. PRESIDENTA: Diputado secretario, le ruego le dé lectura al artículo 34 de la Ley Orgánica.
EL MISMO C. SECRETARIO: Artículo 34. A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes: a) impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno a fin de agilizar el trabajo legislativo.
b) Presentar a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de punto de acuerdo, pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política del órgano colegiado.
LA C. PRESIDENTA: Hasta allí, ciudadano secretario. Diputado Amador Rodríguez, entendemos la presentación de este dictamen a un punto de acuerdo, dentro de las atribuciones del artículo 34, inciso b). Sonido en la curul.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Con todo respeto, diputada, el trámite es equivocado. El punto de acuerdo presentado por la diputada Miroslava en la Permanente, en cuanto la recibió esta Cámara debió haberse turnado a una de las comisiones respectivas. Estas debieron de haber discutido la factibilidad o no política de este trámite y se hubiera puesto a consideración como un punto para un decreto en particular, ya que de acuerdo con el artículo 70, esta Cámara solamente puede realizar leyes o decretos.
El diputado Moreno Bastida.
EL C. DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA: Muchas gracias, diputada presidenta. Yo quisiera señalar al diputado que me antecedió que en todo caso el reclamo al trámite que correspondió debió de haberse hecho en la misma sesión, como indica el propio reglamento, y no esperarse hasta que se haya dictaminado el punto de acuerdo a efecto de presentar el reclamo del trámite respectivo hacia la comisión que lo dictaminó.
Por lo tanto, yo creo que procedería francamente declarar la improcedencia de la solicitud que hace el diputado que precede y que continuemos con el trámite correspondiente.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Diputado Amador Rodríguez.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Para decir que si queremos reclamar la ilegalidad de un acto del presidente, no lo debemos de hacer a través de la ilegalidad de un procedimiento nuestro.
El procedimiento se debe repetir porque no es el procedimiento adecuado.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. El diputado Barbosa.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, presidenta. Únicamente y con mucho respeto y consideración al diputado Amador Rodríguez Lozano, hay los artículo 18 y 19 del Reglamento mediante el cual puede reclamar el trámite dictado por la presidencia, pero no es el caso.
Estamos estableciendo que sí tiene facultades la Junta de Coordinación Política para elaborar un dictamen y ello está en el fundamento de los artículos 33, 34, de la Ley Orgánica, y 105 constitucional. Gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Yo le ruego a la Secretaría dar lectura al Artículo 20 de la Ley Orgánica, en el inciso b) del numeral dos.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ: Ley Orgánica, inciso b) numeral dos: "Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión".
- LA C. PRESIDENTA: Esas son atribuciones de la Mesa Directiva. El artículo 34 al que ya le dio lectura la Secretaría, señala las atribuciones de la Junta de Coordinación Política. Esta Mesa Directiva no recibió ningún comentario de la Junta de Coordinación Política relacionado con el trámite dictado a la presentación de la diputada Miroslava, y dado que el Artículo 33 y el Artículo 34 y el Artículo 105 constitucional, el Artículo 33 y 34 de la Ley Orgánica posibilitan que la Junta de Coordinación Política presente a la Mesa Directiva y al pleno proyectos de puntos de acuerdo, en virtud de ello, estimamos que el trámite ha sido pertinente.
Por tanto vamos a continuar con el desarrollo de la sesión. En ese sentido, se han inscrito para fijar posiciones: El diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia; el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; la diputada Miroslava García Suárez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Fernando Pérez Noriega, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; y el diputado José Elías Romero Apis, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen.
- EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: A nombre del Partido Alianza Social y de Convergencia por la Democracia, vamos a fijar nuestra posición en relación con esta controversia constitucional que hemos estado impulsando con varios legisladores y particularmente con varios partidos.
Recordarán ustedes, compañeras y compañeros, que en diciembre pasado el Congreso decidió gravar con un 20 % todas las bebidas que en su elaboración utilizan edulcorantes distintos a la caña de azúcar, en virtud de que 12 millones de personas en quince estados, subsisten con la explotación de ese producto.
Los diputados asumimos una de las más importantes decisiones para apoyar a los mexicanos del campo que pidieron formalmente al Presidente de la República, la suspensión de la importación total de la alta fructosa de maíz estadounidense.
Estados Unidos ha exportado a México 1.3 millones de toneladas de alta fructosa y nosotros tenemos problemas serios para colocar en este momento 600 mil toneladas de azúcar.
La importación de fructosa nos obliga a exportar al mercado mundial de excedentes dos millones de toneladas de azúcar con pérdidas para la industria y el sector cañero mexicano, de 600 millones de dólares.
El sector mexicano del azúcar, como ustedes bien saben, está integrado por 60 ingenios y da empleo a 2 millones 500 mil trabajadores y este año vamos a producir 5 millones de toneladas de azúcar.
No compartimos la decisión del Ejecutivo de suspender revocando el gravamen, pues resulta increíble pensar que bajo el argumento de la responsabilidad compartida internacional y las buenas relaciones comerciales, se pretenda pasar por alto la decisión de esta soberanía de gravar la alta fructosa bajo un criterio contrario a los intereses de todos los mexicanos.
Con las presiones del exterior y la falta de apoyo a la industria azucarera nacional, el panorama que tiene la caña de azúcar, la azúcar en sí, la agroindustria azucarera de México es de pocas posibilidades de subsistir en las condiciones en que ha operado en los últimos años y con un modelo de libre comercio como el que tenemos. Los costos de producción promedio en los ingenios, es cierto, están por encima de los costos internacionales implicando que su competitividad solo podrá garantizarse mediante mecanismos de protección que se tienen en Estados Unidos, pero no se tienen en México, por cierto.
La posibilidad de colocar azúcar en el mercado de América del Norte dentro del Tratado de Libre Comercio, se ha reducido considerablemente por la redefinición del Tratado en materia de excedentes exportables. Los jarabes fructuosados son una competencia real para el azúcar mexicana. La liberación del precio del azúcar desde 1996 no basta para alentar las inversiones que requiere la industria para modernizarse.
Por eso, compañeras y compañeros, nosotros creemos que todos los trabajadores del campo mexicano, pero particularmente los productores de azúcar, los obreros, los cortadores de caña, pero sobre todo el voto que ustedes dieron el 30 de diciembre pasado gravando la alta fructuosa debe ser congruente con esta posición de presentar una controversia constitucional ante el Poder Judicial Federal.
Que sean nuestros Ministros, la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación que ahora tenemos, los que determinen quién tiene la razón.
Por ese motivo el Partido de la Alianza Social y Convergencia por la Democracia viene a solicitarle a todos los partidos, a todos los legisladores, a todas las legisladoras, su voto para que podamos llevar una controversia constitucional que obligue y desde luego que le dé la razón a este Congreso mexicano y obligue al Ejecutivo a respetar esta soberanía.
Muchas gracias, compañeras y compañeros.
- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
- EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeros y compañeras Diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para apoyar la promoción de la controversia constitucional que presentará la Cámara de Diputados con relación al tratamiento que el Ejecutivo Federal dio a lo que aquí aprobamos en diciembre pasado en materia fiscal.
Como se recordará, el Ejecutivo Federal apoyándose en una ley secundaria, como es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, decretó el pasado 5 de marzo del año en curso la anulación del impuesto especial a todas aquellas bebidas que utilizaran en su elaboración edulcorantes distintos del azúcar de caña.
Con esa decisión acabó de un plumazo el esfuerzo colectivo que realizaron todas las fuerzas políticas aquí representadas, de apoyar e impulsar a la industria azucarera nacional. Como sabemos, esta industria atraviesa actualmente por una profunda crisis histórica que llevó al gobierno federal a expropiar, el pasado 2 de septiembre del 2001, casi la mitad de los ingenios del país.
En esas circunstancias queda claro que el Presidente Vicente Fox está actuando no solo contra las decisiones del Congreso de la Unión, sino también en contra de sus propias medidas, porque no se puede explicar cómo una decisión que iba encaminada a alentar la producción azucarera del país, termina siendo golpeada por quien propuso. Aun cuando fuera insuficiente su reactivación mediante el decreto expropiatorio.
La única explicación que podemos dar a este asunto es que el Presidente Fox no quiso fajarse los pantalones y exigir a los Estados Unidos a que cumpla con lo estipulado en el marco del Tratado de Libre Comercio, para que compre a México los excedentes de azúcar que produce.
Tampoco su gobierno tiene ningún plan que permita aplicar estrategias que eleven la competitividad de esta industria, para garantizar que más de dos millones de mexicanos que viven de ella puedan conservar sus empleos y sus ingresos. Pero en última instancia el responsable del Ejecutivo Federal ha mirado en primer término los intereses de las grandes transnacionales que están atrás de esta decisión, porque son ellas las beneficiarias de la medida adoptada por el gobierno de Fox en detrimento de la economía de dos millones de nuestros compatriotas.
En segundo lugar, las presiones del gobierno de los Estados Unidos pesaron más que la decisión que tomó el Congreso de la Unión para impulsar el crecimiento de la producción azucarera del país.
En este contexto nosotros nos preguntamos: ¿A quién sirve verdaderamente el régimen foxista? Y por cualquier lado que lo veamos la respuesta termina siendo la misma: A los grandes grupos económicos asentados en nuestro territorio, porque son ellos los beneficiarios directos del Tratado de Libre Comercio. Gracias entre otras razones, al impulso decidido que el gobierno federal viene brindando a estos grupos, sus exportaciones han crecido en el marco de la aplicación de las políticas neoliberales.
En contrapartida, se ha dejado fuera de toda protección a los productores mexicanos. Ahí está a la vista el atraso tecnológico en que se encuentran millones de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con ninguna clase de apoyo por parte del gobierno federal, para lograr su reconversión tecnológica y para adoptar las formas de organización que les permita elevar la productividad laboral y acceder al mercado mundial. Ahí están los productores del campo que han sido abandonados por el gobierno federal y aún cuando se nos hable de programas como el PROCAMPO o la Alianza para el Campo, los recursos de esos programas son totalmente insuficientes para alentar la producción campesina y sacarla de la postración en que se encuentra sumida.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se opone abiertamente a las medidas en contrario que el Ejecutivo Federal tomó para anular el impuesto establecido a favor del aliento de la producción azucarera y apoyar la promoción de la controversia constitucional en contra del Presidente de la República, que será presentada por esta Cámara de Diputados.
Es cuanto, muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.
En el uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
-DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias Presidenta.
Bueno, como mucho de las señoras y señores diputados, en mi grupo parlamentario nos encontramos divididos en el tema.
En lo particular considero que el Ejecutivo Federal no viola la Constitución con el decreto publicado el pasado 5 de marzo. Creo que el artículo 31 fracción IV de la Constitución, a su vez el artículo 39 del Código Fiscal, como Ley Reglamentaria de dicho artículo constitucional, faculta al Presidente para poder suspender de manera temporal el pago de dicho impuesto.
Sin embargo, yo no soy Magistrado, independientemente que aquí hay muchos, habrá unos 200 ministros, en mi grupo parlamentario celebramos mucho la oportunidad de que podamos acudir ante la Corte, a través de una controversia constitucional, para que resuelva este conflicto que, como lo he señalado, no es de un partido o de otro, creo que en cada uno de los partidos, en cada uno de los grupos parlamentarios existen posiciones encontradas en cuanto al tema.
Creo que el ir ante la Corte fortalece al Poder Legislativo, le demostramos a la gente, a los mexicanos, que no somos perfectos, que no conocemos de todo. En cambio, acudimos ante un grupo de abogados, especialistas en el tema constitucional, que estoy convencido le darán luz al Congreso Mexicano de cómo responder ante estas controversias.
Por otro lado y también en lo particular, considero que si en su momento la Corte resuelve a favor de la mayoría de este Congreso, señalando que el Ejecutivo sobrepasó sus facultades, será trabajo nuestro legislar a efecto de que esto no vuelva a ocurrir.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Tiene el uso de la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Grupo parlamentario del PRD.
-LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores Legisladores. En primer lugar, deseo expresar nuestro agradecimiento a todas las fracciones parlamentarias que están apoyando esta proposición de Punto de Acuerdo. Cabe destacar que todas las fracciones parlamentarias consideramos una necesidad el poder llevar este recurso de controversia a la Suprema Corte.
Por lo tanto inicio esta intervención solicitándole al Partido Acción Nacional consecuencias y congruencias en sus planteamientos, como férreos defensores de la legalidad en otras administraciones, en otras legislaturas. Corresponde amigos y amigas de Acción Nacional que en ese momento todo el Poder Legislativo representado en esta Cámara de Diputados, unamos fuerzas para defender la institucionalidad y la legalidad del Poder Legislativo.
Pero necesitamos hacer un poquito de Historia y rememorar por qué estamos hoy 2 de Abril en esta tribuna hablando de una propuesta de controversia.
Ustedes recordarán que en diciembre pasado todas las fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados teníamos un debate y un análisis muy intenso sobre las Leyes Fiscales, sobre la Reforma Fiscal y las disposiciones que tendríamos que hacer para el Ejercicio 2002.
Ustedes recordarán que fue precisamente esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quienes dieron el visto bueno a una serie de nuevos impuestos especiales entre ellos el Impuesto Especial a la Fructuosa.
Estoy segura que de la información que ha tenido la sociedad mexicana sobre estas Reforma Fiscal, uno de los puntos que más ha celebrado como decisión de este Congreso, ha sido precisamente el haber resuelto aplicar un Impuesto Especial a la Fructuosa, ¿para qué o por qué?
El objetivo principal y ustedes lo saben, fue en ese momento apoyar y reforzar la cadena productiva de la caña de azúcar, reforzar y apoyar la producción en este país que se ha ido a pique en los últimos años por las enormes importaciones de fructuosa que hacemos o que hace el gobierno de los Estados Unidos.
En ese sentido, quiero destacar compañeras y compañeros Legisladores, que este Congreso decidió , que este Congreso analizó y que el Presidente de la República en su carácter de Poder Ejecutivo tuvo el tiempo y las formas legales para señalar desacuerdos o incluso no publicar las resoluciones fiscales a las que llegamos aquí a través de una serie de recursos como es el veto en un caso extremo.
Pero hay que destacar que el Presidente Fox estuvo de acuerdo con la propuesta y con la reforma fiscal que aquí aprobamos, estuvo de acuerdo porque en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las leyes fiscales que nosotros aquí acordamos.
Eso no se debe olvidar, tampoco podemos olvidar que esgrimiendo una argumentación muy débil sobre el Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, se pretenda amparar una violentación a las leyes y en este caso quiero ser muy exacta en mi argumentación para decirles que la facultad reglamentaria con que cuenta el Ejecutivo no le permite, no le otorga, no lo dota de la posibilidad de interpretar, modificar, alterar, suspender, cancelar, derogar o abrogar ninguna ley aprobada por el Poder Legislativo.
Tuvo tiempo de vetar, no lo hizo. Tan estuvo de acuerdo con lo que aquí aprobamos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y antes del decreto presidencial del 5 de marzo, eran impuestos que estaban cobrándose en todo el país y en todo el territorio nacional.
Quisiera darles un dato: en el informe de finanzas que hace la Secretaría de Hacienda para el mes de febrero, se dice que en el renglón de impuestos especiales hay un aumento en la recaudación en enero y febrero con respecto al año anterior, un aumento de más del 80% y esto fue desde luego gracias a los acuerdos y a las modificaciones legales que hizo este Congreso.
Compañeras y compañeros legisladores, por lo menos en el caso del Impuesto Especial a la Fructuosa hay cuatro aspectos distintos que son dignos de analizar: el aspecto jurídico, el económico, el político y el social. Desafortunadamente el tiempo es insuficiente para poder abordar los cuatro aspectos pero por lo menos quiero centrarme en dos: en el jurídico y en el económico.
Como todos sabemos y como lo puede saber cualquier estudiante de primer semestre de derecho, ningún reglamento, ninguna ley secundaria es o está por encima de la Ley General y Suprema que en este caso es la Constitución Política de nuestro país.
En ese sentido, el artículo 39 que esgrime el Ejecutivo para haber publicado este decreto ilegal, no lo faculta de ninguna manera para suplantar, suplantar la facultad exclusiva del Poder Legislativo que es legislar.
Quiero decirles compañeras y compañeros legisladores, que ya pasó el tiempo en el que esta Cámara no era plural, en el que esta Cámara tenía una composición muy homogénea, cuando el Presidente de la República era además de Ejecutivo, también legislador y muchas veces se entrometía en las resoluciones de la Corte. Esos tiempos afortunadamente están pasando, se están quedando atrás.
Pero es nuestra responsabilidad velar por la institucionalidad de este Poder, por la soberanía de este Poder Legislativo porque sin equilibrio de poderes no hay democracia, sin equilibrio de poderes no podemos hablar de un estado de derecho en nuestro país.
Yo quisiera destacar que inmediatamente después de la publicación del decreto presidencial del 5 de marzo, destacados legisladores de Acción Nacional se pronunciaron a favor de que la Suprema Corte de Justicia sea quien determine si hay en esta controversia y en este cuestionamiento del Legislativo, autoridad y sobre todo razones jurídicas de peso.
Me parece que sería innecesario en este momento que nosotros entráramos a un debate diciendo si tiene o no razón el Presidente, desde nuestro punto de vista no la tiene pero sabemos que no es el Pode Legislativo la instancia para interpreta las leyes y es por eso que yo insisto en pedirle a mis amigos de Acción Nacional en que reflexionen el sentido de su voto porque me extraña enormemente que destacados militantes –insisto- hayan incluso expresado que sería saludable, que sería conveniente, que sería positivo que la Suprema Corte diera una opinión resolutiva sobre el caso.
Y creo que esto es fundamental porque no solamente estamos hablando del caso de la fructosa, aquí lo importante es establecer efectivamente cuáles son las tareas y cuáles son las facultades de cada uno de los Poderes, porque de otra forma podremos hablar de una Cámara más plural, podemos hablar de un sociedad más democrática, pero en los hechos, en los hechos estaremos todavía viviendo con el peso del presidencialismo en nuestro país.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias diputada.
Para fijar posición a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Pérez Noriega.
EL DIP. FERNANDO PEREZ NORIEGA: Con el permiso de la Presidencia.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional históricamente ha considerado indispensable el respeto a la división e integración legítima de los poderes y el cumplimiento eficaz de las funciones que a cada uno de ellos competen, para que de las justas relaciones entre los mismos resulte el necesario equilibrio en el ejercicio de la autoridad dentro de un régimen de derecho.
Lo anterior no significa que no sepamos distinguir entre una invasión de competencias por parte de otro Poder, llámese Ejecutivo o Judicial, al Poder Legislativo y entre el uso de sus facultades que la propia Constitución les otorga.
El Partido Acción Nacional desde su origen ha defendido la relación entre los poderes y el respeto al estricto apego de sus competencias que nuestra máxima ley establece, ya que precisamente es en nuestra Carta Magna donde se han establecido los principios supremos que tanto nos ha costado defender a lo largo de las generaciones, por lo que en múltiples ocasiones ha promovido controversias constitucionales que en su momento han sido resueltas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Acción Nacional en este tema tiene claro que el Ejecutivo no invade nuestras funciones como legisladores, razón por la que ratificamos que el Presidente de la República, Vicente Fox, ha actuado conforme a derecho y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales. Nuestra congruencia, compañeras y compañeros diputados, se deriva de la aplicación estricta de la ley. Esta afirmación la sustentamos con los siguientes argumentos jurídicos que son los que analizamos el día de hoy, toda vez que estamos en presencia de un asunto claramente de leyes, no de otras consideraciones como serían las políticas.
Es evidente que conforme al artículo 89 fracción I de la Constitución, el Presidente tiene facultades para emitir el decreto en cuestión, conforme a la amplia doctrina jurídica que hay al respecto y a las propias interpretaciones jurisprudenciales que ha esgrimido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, la facultad para emitir un decreto por parte del Ejecutivo es constitucionalmente válido.
Ahora bien. Algunos señalan que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 39 rebasa las facultades constitucionales que tiene el Ejecutivo y que por ende es inconstitucional el decreto en mención. Lo anterior no es así, ya que claramente el artículo 39 del Código Fiscal Federal en su parte conducente señala lo siguiente:
Artículo 39: "El Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter general, podrá...fracción 1ª: condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios". En la fracción 3ª se establece conceder subsidios o estímulos fiscales. Este artículo señala en forma adicional que las resoluciones que conforme al mismo dicte el Ejecutivo deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se conceden y los requisitos que deben cumplirse por los beneficiados, requisitos todos estos que cumplió nuestro Ejecutivo Federal.
En forma adicional debemos señalar que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional considera que el anterior numeral en todas sus fracciones es plenamente constitucional, ya que no debemos perder de vista el contenido y alcance que en una interpretación armónica tiene el artículo 28 de la Constitución que a la letra establece lo siguiente:
Artículo 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedarán prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicos, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes.
De conformidad con el artículo 28 de la Constitución Política se infiere como regla general la prohibición de secciones, pero no de manera absoluta en virtud de que solamente prohíbe las exenciones de impuestos que no estén fijadas en las leyes o por conducto de una ley.
Postulado reserva que se confirma por la íntima conexión que la parte transcrita tiene con la fracción IV del artículo 31 constitucional al establecer la obligación de contribuir al gasto público de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
Luego entonces la interpretación sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la exención refleja que serán las leyes y no la Constitución la que determine quiénes y en qué circunstancias pudieran gozar de este beneficio.
En el caso del decreto sujeto a debate habrá que determinar si esta facultad, en todo caso, deviene de una ley o bien si el Ejecutivo Federal usurpa una función formal y materialmente legislativa que debería corresponder solamente al Congreso.
En ese sentido se considera que dicho decreto se funda y motiva del propio texto de una ley del Código Fiscal de la Federación; es decir, el legislador, o sea nosotros en la ley, dispusimos trasladar o delegar al Ejecutivo Federal esta facultad de exención por lo que de ninguna manera se invaden esferas de competencia legislativa ni se contradice el espíritu constitucional.
No debería sorprendernos este decreto toda vez que esa facultad no sólo se ha otorgado al Ejecutivo Federal, que ha sido por cierto utilizado en varias ocasiones por el Presidente Salinas y el Presidente Zedillo, sino que también ha sido contenido y otorgado a los gobernadores de las entidades federativas y en el caso concreto el Distrito Federal al Jefe de Gobierno.
Como ejemplo, debemos señalar el artículo 52 fracción I del Código Financiero del Distrito Federal que es en esencia una copia del artículo 39 del Código Fiscal que fue utilizado por el Presidente Fox para fundamentar el decreto que ahora se debate.
Por cierto, compañeras y compañeros del PRD, el Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador ha hecho uso de esta facultad sin que al día de hoy ningún diputado de la Asamblea Legislativa haya considerado la necesidad de promover una controversia constitucional.
Por otro lado, recientemente se presentó una iniciativa de ley para hacer cambios al citado artículo 39 del Código Fiscal de la Federación y en ese sentido corresponderá al Poder Legislativo decidir si en lo futuro esta facultad continúa como actualmente se encuentra o se modifica.
Pero mientras se defina lo anterior, por el momento es evidente que la ley es clara y para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no queda duda de que el Presidente Vicente Fox actuó de acuerdo a sus facultades constitucionales y legales y en un estricto respeto al Poder Legislativo.
Por todo lo expuesto Acción Nacional no está de acuerdo en formular una controversia constitucional que no tiene fundamento jurídico alguno que respalde la supuesta invasión de facultades.
Compañeras y compañeros, para fortalecer a esta Cámara, debemos actuar con seriedad, les pido que seamos serios, no expongamos más a nuestro estado de derecho. (aplausos)
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
Tiene la palabra el diputado José Elías Romero Apis a nombre del grupo parlamentario del PRI.
-EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Muchas gracias señora presidenta. Muy honorable asamblea. Es el tema que nos ocupa, uno de aquellos en los que típicamente se nos facilita confundir el tema y confundirnos nosotros mismos, de confundirnos entre el continente y el contenido de lo que estamos discutiendo, entre el fondo y la forma, entre el método y el propósito del asunto en cuestión, entre el rito y el mérito, al final de cuentas entre lo recto y lo oblicuo.
Es por eso que hemos escuchado en el debate que hoy nos ocupa, durante los últimos días, de los mas recientes tiempos, que muy frecuentemente argumentamos: estoy de acuerdo en esto, pero no en esto; en el asunto de la fructuosa estoy de acuerdo en esto, pero no en esto en el asunto de la controversia.
En este asunto se advierte y se ha advertido por todos los integrantes de esta H. Cámara, un debate básicamente sobre dos inconstitucionalidades: la inconstitucionalidad posible de una ley, la inconstitucionalidad del artículo 39 del Código Fiscal, que permite contra el texto de la Constitución la asunción de facultades por parte del Ejecutivo Federal, en demérito de las que la Constitución confiere de manera exclusiva y sin excepciones al Congreso de la Unión. Y por otra parte la inconstitucionalidad de un acto de aplicación de ese propio dispositivo legal tributario.
El asunto desde luego nos plantea muchas interrogantes, pero quizás las dos fundamentales en el tema del equilibrio de poderes y del respeto de poderes, cuestiones desde luego inseparables e indisolubles. ¿Qué debe hacer cada poder para ajustar su actuación a la legalidad? Y por otra parte, ¿qué debe hacer cada poder para ajustar a los demás poderes al respeto y a la obediencia de la legalidad? ¿Qué debe hacer cada poder para someter al poder contumaz que se aparta de la legalidad, que atropella a otros poderes y que acopia, en su caso, facultades que no le confiere el orden legal?
Decíamos que estamos, parte del debate estos días ante la presencia de una ley, el 39 del Código Fiscal, que violenta la Constitución, y esto nos trae indiscutiblemente a reflexión, de que es este poder, de que es el Congreso de la Unión, que en materia tributaria principalmente esta Cámara de Diputados, la primera línea de defensa de la constitucionalidad de leyes.
Esa primera línea que durante décadas hemos pensado que corresponde en primera instancia al Poder Judicial de la Federación, es oportuno de aquí para adelante, que consideramos los congresistas de la Unión, que es una de nuestras principales y quizá la primera de nuestras responsabilidades, el ajustar nuestras resoluciones al texto de la ley. Y sólo el judicial, una segunda línea de defensa, para aquellos actos en donde involuntariamente hayamos conculcado el texto de la Constitución, pero después de una reflexión concienzuda de nuestra responsabilidad.
Se habla también del acto que motiva el punto de acuerdo que está a discusión. El 39, sea o inconstitucional, confiere una facultad al Presidente de la República para utilizarla en ciertos extremos, extremos que en la especie es evidente que no se han dado, extremos cuando se está afectando o con la finalidad de proteger la afectación posible a una rama de la economía, a una zona del país, a un determinado sector y así pareciere que el motivo determinante del acto del Ejecutivo, "la motivación", llaman los juristas, no se ajusta al texto de lo dispuesto por el 39 del Código Fiscal y por lo tanto, contraviene constitucionalmente lo dispuesto por la fracción I del 89 al hacer que el Ejecutivo se aparte de la exacta observancia de las leyes a la que está obligado, independientemente de cualquier atropello al 49 constitucional, en donde mediante este acto pareciera que se están reuniendo dos Poderes: el Legislativo en el Ejecutivo, al tratarse de un acto del Ejecutivo abiertamente derogatorio de una disposición congresional; de una disposición legislativa puesto que no lo sujeta a límites de temporalidad, puesto que no lo sujeta a límites de espacialidad y puesto que no lo sujeta a limitaciones personales, como es el espíritu y el texto del 39, constitucional o no, del Código Fiscal de la Federación.
Este acto, de suyo derogatorio, es ya en sí un viso de inconstitucionalidad no solamente de la ley, sino adicionalmente del acto que la aplica: "albarda sobre aparejo", diría el refraneo.
Qué bueno que se plantee, según lo propone el punto de acuerdo, la posibilidad de una controversia constitucional, una demanda en torno a la controversia constitucional por la invasión de atribuciones que un Poder ha hecho sobre otro; qué bueno también que el propio proyecto de punto de acuerdo prevé que esto sea analizado por los órganos que tienen la responsabilidad técnico-jurídica dentro de esta Honorable Cámara de Diputados.
Es importante no solamente que actuemos en consecuencia y en congruencia con nuestros propósitos y con nuestras finalidades; una sociedad, mientras más democrática sea y en buena hora que la nuestra cada día lo sea más, tiene necesariamente el imperativo de apegarse a los requerimientos y a las exigencias de la legalidad.
La democracia es la entronización de nuestro querer, la justicia es la entronización de nuestro deber. Con la democracia las sociedades logran lo que quieren, con la justicia las sociedades logran lo que deben.
Esforcémonos por hacer triunfar este reto, este doble desafío que tenemos los mexicanos de aquí para el porvenir, de hacer coincidir nuestros propósitos de democracia y nuestros propósitos de justicia, recordando siempre que el estado de derecho y el estado de justicia son una victoria del hombre sobre sí mismo, una victoria de su raciocinio y de su espíritu sobre sus puros deseos y sus puras ganas.
Muchas gracias.
(Aplausos)
EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA, (desde su curul).- Para hechos, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Diputado Barbosa, voy a abrir registro de oradores en pro y en contra.
Esta Presidencia abre el registro de oradores en pro y en contra.
En pro, el diputado Moreno Bastida y el diputado Barbosa; en contra, el diputado Amador Rodríguez Lozano y el diputado Sergio Vaca.
¿Falta algún diputado de registrar?
En pro, el diputado Ildefonso Guajardo; en pro, el diputado Tomás Torres...
-DIP. ARTURO HERVIZ: (desde la curul) Presidenta, me está excluyendo.
-PRESIDENTA: Perdón diputado, no lo había visto.
... el diputado Herviz. Tenemos registrados el diputado Barbosa, el diputado Moreno Bastida, el diputado Ildefonso Guajardo, el diputado Tomás Torres el diputado Herviz, en pro.
Y en contra, el diputado Amador Rodríguez y el diputado Sergio Vaca.
Se concede el uso de la palabra en pro al diputado Barbosa.
Primero concedemos el uso de la palabra en contra, de conformidad con lo que establece el Reglamento, al diputado Amador Rodríguez Lozano.
-DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias presidenta; amigas y amigos legisladores:
Quiero primeramente dejar claro que no vengo a esta tribuna a defender al Presidente Fox. Creo que el presidente tiene quien lo defienda...
-PRESIDENTA: Le ruego a la Asamblea escuchen al orador.
-DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: ... vengo, compañeras y compañeros a defender la Constitución y la legalidad, que es uno de los elementos fundamentales de todo estado de derecho. Qué bueno que se utiliza el procedimiento de controversia constitucional del artículo 105. Eso significa que la reforma de 94 está dando frutos; que los elementos de defensa constitucional ahí consagrados, están siendo eficaces; que no nos equivocamos quienes en 1994 impulsamos estas reformas.
Por supuesto también que creo en el fortalecimiento del Poder Legislativo; ha sido parte de mi pasión como académico y mi preocupación como legislador. Aquí hay una iniciativa mía de 22 artículos, que pretende fortalecer al Poder Legislativo. Estoy en contra por supuesto, del ejercicio de esta atribución desde el punto de vista político, porque aquí en esta Cámara, se discutió, se aprobó, se negoció para que el presidente tuviera una reforma fiscal de acuerdo a las necesidades económicas del país.
El presidente en lugar de reconocer el esfuerzo del Legislativo inmediatamente se deslindó de ella sin traer a la consideración de la gente que aquí estuvieron funcionarios de la Secretaría de Hacienda avalando todas las propuestas que se aprobaron en esta tribuna de la Cámara de Diputados.
Pero ese no es el tema que nos ocupa; es si el presidente puede o no puede, a través del ejercicio del artículo 39, realizar la acción que realizó.
Amigos y amigas, el artículo 39 constitucional ha sido utilizado en muchas ocasiones; yo mismo, en 1991, en esta tribuna, vine a defender el ejercicio de esa atribución del entonces presidente de la República, que bajó el IVA del 15 al 10.
Y debatí con el diputado Calderón y debatí con el diputado Fauzy Hamdam de Acción Nacional.
LA C. PRESIDENTA: Diputado Rodríguez Lozano ¿autoriza al diputado Bastida, que está solicitando hacer uso de la palabra?
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Me encantan las interpelaciones, presidenta.
EL C. DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA: El orador ha remitido al artículo 39 Constitucional. Para ilustrar el debate, yo quisiera que se le diera lectura.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Es el artículo 39 del Código Fiscal. Fue un lapsus.
EL C. DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA: Perdón. Para entender su discurso, desde luego.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Bien, fue un lapsus linguis, diputado Bastida.
Estamos hablando del artículo 39 del Código Fiscal. La primera pregunta es si es anticonstitucional o no el artículo 39. Y amigas y amigas, eso es irrelevante, es irrelevante porque el presidente de la República está obligado a ejecutar la ley en sus términos.
Ya hubo un debate, en los años 40, entre los entonces ministros de la Corte Fraga y Serra Rojas para ver si el presidente podía dejar aplicar una ley si ésta era anticonstitucional. Y el resultado de ese debate jurisprudencial fue que no. El único, el único que puede interpretar la Constitución en este país, y las leyes, es el Poder Judicial de la Federación.
Nosotros podemos reformar el artículo 39, podemos estar en contra, puede ser que el artículo 39 ya no responda a las características del México contemporáneo, pero la atribución ahí está, es una atribución que le otorga la posibilidad al presidente de realizar ese acto.
Pero tampoco nos debemos escandalizar. Dentro del sistema de colaboración de funciones, que no separación de poderes, que hay en México, existen otros casos donde el presidente de la República legisla. La fracción I del artículo 89, las facultades extraordinarias del artículo 29 de la Constitución, la fracción II del artículo 131 en materia económica, las atribuciones en materia de presidente del Consejo General de Salubridad y los tratados internacionales.
Son los casos donde la Constitución establece la posibilidad de que el presidente de la República pueda legislar.
De tal manera que podemos impugnar políticamente el acto del presidente Fox, podemos inconformarnos porque fue una descortesía política para esta cámara de Diputados que, con un gran esfuerzo y con un gran sacrificio político, le aprobó un presupuesto para cubrir las necesidades del ejercicio público, y aun así no estuvo él acorde con las circunstancias.
Pero eso no significa que el ejercicio de esa función sea ilegal. La facultad ahí está, perfectamente reflejada. Ha habido muchos casos más de ese ejercicio por distintos presidentes de la República.
Tenemos que ser congruentes. Si la apoyamos en otra ocasión, con otros presidentes, hoy tenemos que asumir esa actitud de congruencia. Si ya no funciona el artículo 39 del Código Fiscal, cambiémoslo. Esa es nuestra atribución: legislar, legislar para las necesidades del México de hoy y del México de mañana. Esa es precisamente nuestra atribución.
Por estas razones no puedo estar a favor de esta propuesta, porque no hay congruencia con el respeto a la división de funciones, porque no hay respeto al estado de derecho y a la legalidad y porque deja mucho que desear amigas y amigos, de la interpretación política que nosotros podamos dar a la ley y a la Constitución.
Por otro lado he impugnado el procedimiento. Respeto mucho a todos los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, pro no es posible, amigas y amigos, que lo que ellos digan, que lo que ellos dispongan se convierta en prácticamente ley y que los 500 aquí sentados, sólo vengamos a legitimar acciones que ellos en sus acuerdos, buenos, eso no lo discuto, ya tomaron. Entonces de qué sirve que estemos aquí.
Ya lo dijo en alguna ocasión Jaime Martínez Veloz, ésta no es una Cámara de Diputados, es una "Cámara de Coordinadores".
El procedimiento no fue el correcto. Nosotros, de acuerdo con el artículo 70 de la Constitución, sólo podemos emitir leyes o decretos. Los acuerdos, los puntos de acuerdo son compromisos políticos, son posiciones políticas sin ningún tipo de relevancia jurídica. Para que tenga relevancia jurídica, y este procedimiento lo tiene, tuvo que haber sido enviado a una comisión, la comisión lo debió de haber debatido, estudiado y votado. Y aquí se debió haber presentado un dictamen, y si era de urgente y obvia resolución, debimos de haber pedido la disculpa y hubiéramos aceptado que se discutiera de inmediato. Y estamos aquí discutiendo un supuesto dictamen de una Junta de Coordinación Política que no tiene atribuciones para realizar dictámenes.
Por eso digo que no podemos combatir la supuesta ilegalidad con otra ilegalidad. Por eso, amigas y amigos, no puedo estar a favor de este dictamen. Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del Grupo Parlamentario del PRD, en pro.
- EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Con atención hemos escuchado las intervenciones de los diputados y de la compañera diputada Miroslava, aquí en tribuna, sobre este tema.
Se ha hablado con fundamentos políticos, financieros, y algunos constitucionales. Ha habido aquí referencias personales académicas, pero desde luego, todos tenemos que aportar en este tema que independientemente de su naturaleza reviste la esencia de los tiempos que estamos viviendo en esta relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial.
Quiero recordar que cuando fue expedido el decreto hoy en discusión, el que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del martes 5 de marzo del año en curso, en días siguientes leímos en la prensa y escuchamos en los medios electrónicos, comentarios que revelaban una posición muy independiente de algunas distinguidas figuras políticas del Partido acción Nacional en relación a este acto de gobierno. Y así recuerdo la expresión del coordinador de los diputados del PAN, nuestro amigo Felipe Calderón, que calificó a esa disposición como una torpeza. También recuerdo las expresiones del anterior Presidente de la Mesa Directiva, Ricardo García Cervantes, quien dijo que juzgaba oportuno y hasta sano que la Cámara de Diputados promoviera una controversia constitucional sobre este tema. Qué lamentable que las posiciones y las opiniones varíen, dependiendo de la coyuntura política.
Yo no quiero apartarme de esta parte y acudir y querer ponerme al nivel de las importantes disertaciones jurídicas y constitucionales aquí vertidas. Se trata de un decreto del Ejecutivo Federal fundado en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.
Se ha dicho aquí que el Ejecutivo Federal de manera escrupulosa ha cumplido con todos los requisitos y características de la Constitución para poder emitir este decreto. Yo le diría a quien lo dijo en esta tribuna, que no es así. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación contradice la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 89 fracción I de la Constitución, aún cuando en el decreto utiliza como fundamento del mismo el artículo 89 fracción I y el comentado 39 del Código Fiscal de la Federación, ese artículo 39 está en contradicción con la facultad reglamentaria que establece el 89 fracción I.
Porque esa facultad reglamentaria no es una facultad reglamentaria sin límites, señores, solamente establece el hecho de que el Ejecutivo Federal puede promulgar y cumplir las leyes expedidas por el Congreso y para ello tendrá que disponer todo lo que en materia administrativa sea necesario para su exacto cumplimiento. No puede el Ejecutivo Federal fundarse en esa facultad para que de manera discrecional expida los reglamentos que contradigan y que más aún eximan del cumplimiento las leyes del Congreso. Es una absoluta discrecionalidad y arbitrariedad.
Repito, esa facultad reglamentaria del 89 fracción I es para hacer cumplir las leyes expedidas por el Congreso; no para eximir su cumplimiento.
¿Que si el decreto fue fundado en una ley vigente? Sí lo fue: el artículo 39. Pero la ley vigente es inconstitucional. Y todo acto de gobierno fundado en una ley inconstitucional, por necesaria consecuencia es inconstitucional.
Por tanto, la procedencia de esta controversia constitucional en contra de un decreto que está fundado en una ley inconstitucional, es totalmente improcedente y por eso nos pronunciamos.
Muchas gracias.
(aplausos en la fracción parlamentaria perredista)
- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Tiene la palabra el diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra.
- EL C. DIPUTADO SERGIO VACA BETANCOURT (PAN): Con su autorización, Diputada Presidenta.
No me voy a referir a las deficiencias legales del dictamen fast track, que seguramente se va a aprobar y que ya señaló de manera prolija el diputado Amador Rodríguez Lozano, a quien felicito por su verticalidad.
Y antes de comenzar a lo que les atañe, aclaro a mi amigo diputado perredista, que torpeza no es sinónimo de ilegalidad. Y decir que se plantee, que es conveniente se plantee una controversia constitucional, no significa presuponer que va a prosperar.
Ahora bien, la controversia constitucional inicia un procedimiento tramitado directamente ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que ésta, el más alto Tribunal de la Patria, resuelva conflictos de competencia surgidos entre diversos órganos de gobierno, como sería que el Poder Legislativo se dedicara a recaudar impuestos, que el Poder Ejecutivo se abocara a decidir litigios, o que el Poder Judicial redactara leyes, ya que en estos casos un poder invadiría la esfera de actividades de otro poder.
Los motivos aparentes, repito, aparentes, de la controversia constitucional que hoy se discute y seguramente se aprobará, son que el Presidente de la República no tiene atribuciones legales para suspender la aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios que se causa sobre la importación o enajenación de aguas gaseosas, refrescos, etcétera, que utilicen edulcorantes ...
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado Vaca, discúlpeme, el diputado Barbosa quiere intervenir.
Sonido en la curul del diputado Barbosa.
-DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA (desde su curul): Presidenta, si usted lo permite y desde luego el orador lo autoriza, para ilustrar el debate, pudiera darse lectura al artículo 73 fracción VII de la Constitución y al artículo 74 fracción IV.
-PRESIDENTA: Diputado Vaca ¿autoriza usted que se lean ambos artículos en este momento o prefiere usted continuar con su alocución y que se lean al término de su intervención?
-DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: Prefiero continuar y si mi amigo, el diputado Barbosa, después de que escuche los razonamientos, considera necesario que se lean esos preceptos, que seguramente no lo hará porque lo voy a convencer, entonces ya se leerán al final.
(risas y aplausos)
-PRESIDENTA: Correcto diputado. Continúe con su intervención.
-DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: ... que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, que el decreto emitido por el Presidente Fox carece de fundamento jurídico y además invade actividades del Poder Legislativo Federal, afirmaciones que no son ciertas.
Para comenzar, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en su fracción I autoriza al Titular del Poder Ejecutivo a condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios. El Presidente Fox no condonó ni eximió de manera definitiva y por cierto ahí le contesto al amigo Romero Apis, es temporal, menos de siete meses, hasta el último día de septiembre de este año y a partir del pasado 6 de marzo, no fue para siempre.
Esta disposición legal existe desde hace muchísimos años, no fue creada especialmente por legisladores panistas para el Presidente Fox y la han ejercido al menos tres ex presidentes de la República emanados del PRI.
En respuesta a los que arguyen que la Constitución Política de nuestro país no permite que el Presidente de la República suspenda temporalmente la aplicación de algún impuesto, bueno, pues les recomiendo respetuosamente que lean el artículo 131 de nuestra Carta Magna, que se ve que ni por la punta de la nariz les ha pasado, y en su segundo párrafo establece que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas, o sea los impuestos, de exportación e importación expedidas por el propio Congreso. ¿Y qué creen? Esta modificación al artículo 131 constitucional, que por supuesto no estaba así en la Constitución original de 1917, ese parrafito se lo agregaron a pesar de que constituye un clarísimo otorgamiento de atribuciones exageradas al Presidente de la República los Diputados Federales y Senadores priístas el 28 de Marzo de 1951, nada más hace más de medio siglo, cuando desafortunadamente en esta Cámara de Diputados igual que en la de Senadores se aprobaban sin quitar una coma ni variar una palabra, todas las iniciativas de los entonces casi únicos legisladores, los Presidentes de la República del PRI.
Respecto a que el Presidente Fox está llevando a cabo actos propios del Congreso de la Unión, tal afirmación no resiste el menor análisis, porque él lo único que hizo fue ejercer una atribución contenida en el Código Fiscal de la Federación, cuyo número ya se ha dicho varias veces, derivada de un precepto constitucional que en otra época, años atrás, esta misma Cámara en Legislatura anterior, integrada por otros diputados federales de mayoría del PRI, le concedió.
La única razón de esta controversia es política, por eso dije al principio aparentemente jurídica, es política, no legal, estoy convencido de que la controversia no prosperará y por añadidura probablemente cuando se resuelva, lo que es seguro cubrirá después del 30 de septiembre, cuando haya dejado de surtir efectos la suspensión temporal decretada, no habrá materia, será una resolución de poca o nula utilidad.
El nombre de esta controversia debiera ser incongruencia, simplemente porque presentarla a sabiendas de que no se va a ganar, además de pelear oficiosamente y de manera inútil, equivale a que esta Cámara de Diputados Federales se inconforme por considerarlo ilegal con el contenido del Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que esta misma Cámara de Diputados en su momento aprobó y en respaldo de lo que dijo el diputado Pérez Noriega, aquí están de febrero de este año y marzo del año pasado, dos actitudes idénticas a la del Presidente Fox pero planteadas por el Lic. Andrés Manuel López Obrador.
Muchas gracias (aplausos)
-LA C. PRESIDENTE. Gracias Diputado.
Diputado Moreno Bastida no sé si tenga usted inconveniente en que le otorgue la palabra al diputado Ildefonso Guajardo Villarreal para que sea de un grupo parlamentario y en seguida sería usted.
El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal en pro.
-EL C. DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. Desde el momento donde se suscita esta acción del Ejecutivo, la fracción parlamentaria de mi partido en la Comisión Permanente de este Congreso, dejó muy claro su cuestionamiento, una denuncia firme, y no manifestación en contra de la decisión presidencial de suspender temporalmente el Impuesto a las Bebidas que utilizan edulcorantes diferentes a la fructuosa.
A través de la utilización de un subterfugio legal ciertamente inconstitucional, el Ejecutivo realiza un veto de facto a una decisión que en forma soberana todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso aprobaron en diciembre del año pasado.
El sentido jurídico del artículo 39 no deja lugar a dudas, apela a la facultad del Ejecutivo que de ser ejercida será en beneficio de los mexicanos, ya sea para remediar efectos negativos sobre alguna región del país, sobre algún sector productivo ocasionados por una catástrofe natural. Ninguno de estos elementos se aplica en el caso del veto de facto aplicado a la fructuosa. Efectivamente en otras administraciones se ha utilizado el 39 ajustado a sus términos y a su letra.
En esta ocasión el Ejecutivo aboga por la defensa del empleo; la pregunta resulta natural cuando se aboga al suspender temporalmente el impuesto sobre bebidas que utilizan fructuosa, ¿a qué empleo nos referimos?… Nos estamos refiriendo al empleo producido por la industria fructuosera de Iowa o de Dakota en los Estados Unidos; nos estamos refiriendo a los productores de maíz amarillo que son los que fundamentalmente se quejaron ante los negociadores americanos porque evidentemente esto trastoca los intereses de los exportadores norteamericanos, o realmente nos estamos refiriendo a la necesidad de proteger un sector social tremendamente dañado que ha sido el sector cañero y el sector azucarero mexicanos.
Desafortunadamente, en esta argumentación parece que se nos olvida que existe una industria azucarera y cañera en la cual directamente participan 500 mil familias mexicanas y de la cual indirectamente dependen otros 2 millones y medio de las mismas, que más de 200 municipios están asociados en esta producción y que 15 Estados de la República sus economías están ligadas con la caña de azúcar y con la producción de azúcar mismo.
La aplicación que acertadamente tomó esta Legislatura tuvo sus principales efectos. Ya para el primer trimestre la industria refresquera había reorientado casi 100 mil toneladas de azúcar mexicana en la producción de refrescos; lamentablemente la discusión sobre este tema trasciende la discusión fiscal también y nos lleva a una discusión en la defensa de los intereses nacionales en la negociación del acuerdo de edulcorantes.
El día 14 de febrero los diputados nos enteramos, a través de los medios de comunicación, que un senador estadounidense de apellido Greatsley (¿), se había quejado álgidamente por la acción tomada por esta soberanía y por los efectos que esto iba a tener en su estado natal, el Estado de Iowa. Efectivamente el señor senador está en derecho de reclamarlo, pero no está en derecho de imponerlo.
Nos dimos cuenta que efectivamente el senador hacía referencia a un posible compromiso en la negociación de edulcorantes de poder definir una suspensión temporal de este impuesto para suavizar los problemas que habían surgido en la negociación.
Esta soberanía al imponer esta medida, este gravamen, le había dado un instrumento al Ejecutivo mexicano para que en sus negociaciones utilizara un poder independiente como estrategia de negociación; al concederlo anticipadamente en la mesa de negociación, automáticamente nos dimos un balazo en el pie. Le dijimos al negociador norteamericano que no sólo estábamos dispuestos como Ejecutivo, a enmendar una acción independiente del Legislativo y con ello dilapidar el capital político negociador que nuestra contraparte efectivamente utiliza todo el tiempo.
Cuando se incumple el Tratado en materia de transporte, automáticamente el Ejecutivo norteamericano nos dice "Es que mi Congreso lo impide, es que mi Congreso se opone", aún y cuando ha sido una violación flagrante. Cuando se incumple el embargo, la solución del embargo atunero es exactamente el mismo argumento.
Señoras y señores diputados, con una acción a favor de esta controversia constitucional, no solo defendemos nuestro derecho de establecer medidas tributarias como poder independiente sino también mandamos un mensaje muy claro a los países con los cuales nos enfrentamos en negociaciones internacionales que las decisiones de este Congreso no pueden estar supeditadas a decisiones fáciles del Ejecutivo.
Muchas gracias señores.
LA PRESIDENTA: Gracias diputado Guajardo.
En pro, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Moreno Bastida.
EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Muchas gracias, diputada Presidenta.
Diferimos sustancialmente de lo expresado aquí por quienes se han pronunciado en contra de que esta Cámara inicie un proceso y un procedimiento constitucional frente a otro Poder del Estado, para dirimir una controversia, la cual sostenemos existe por la invasión de la esfera competencial del Congreso de la Unión por el Presidente de la República. Y lo decimos así porque el artículo 73 y 74 de la propia Constitución establecen con claridad dos cosas: facultades exclusivas de la Cámara de Diputados en el caso del 74, para discutir las contribuciones anualmente antes de discutir el Presupuesto de Egresos, y por otro lado la facultad del Congreso de imponer contribuciones a los ciudadanos.
Nos ha traído el diputado Vaca con una extraordinaria retórica, pero no tan bello galito, del artículo 131 constitucional, del cual sostiene deriva el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Debo decir y recordarle al diputado Vaca que el citado artículo 131 constitucional establece básicamente la excepción a la regla para el caso de regular el mercado internacional en el que México puede participar a través de sus contribuciones para tratar de regular precisamente el mercado.
El artículo 1º del decreto que se combate, que se intenta combatir, no solamente se refiere a las aguas importadas, sino también a la enajenación que se hará en el mercado nacional. Por eso creo que se echa por tierra el argumento esgrimido por el diputado. Pero voy más allá.
El que intervenga un Poder distinto a los dos en contienda permite que el Estado funcione, permite que estas controversias se ventilen en el marco del estricto derecho. Quien no quiera recurrir a ello es porque niega precisamente la posibilidad de que en México se diriman las controversias por órganos terceros del Estado, y ésa es precisamente la discusión.
Aquí no podemos hacer juicios sumarios al Presidente de la República ni tampoco podemos sostener argumentos a veces innecesarios para decir si es constitucional o no, finalmente hay un órgano que dictará la constitucionalidad del artículo 39 del Código, así como dictaminará si hay una invasión a la esfera competencial del Poder Legislativo. Nosotros apelamos a ello, no estamos haciendo juicios sumarios y no se trata de eso. Creemos sí, que la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que se ha distinguido en los últimos años por ser un Poder independiente del Ejecutivo, que ha tenido la gracia de dictar resoluciones trascendentes por inéditas, tenga ahora otra oportunidad frente a sí de poner justamente a cada quien en el lugar que le corresponde.
Nosotros insistimos que un acto del Poder Ejecutivo fundado en una ley o artículo inconstitucional, necesariamente lleva consigo la inconstitucionalidad del acto mismo que en el caso concreto se refleja en el decreto de fecha 5 de marzo de 2002. Es falso de toda falsedad que el Ejecutivo tenga la facultades para suspender temporalmente la entrada en vigor de un impuesto....
EL DIP. SERGIO VACA BETANCOURT (Desde su curul): Señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Diputado, me permite un segundo....
- EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Con gusto, Presidenta.
- LA PRESIDENTA: Diputado Vaca. Sonido en la curul del diputado Vaca.
EL DIP. SERGIO VACA BETANCOURT (Desde su curul): Gracias diputada Presidenta. Solamente si inquiere al diputado que está en la tribuna para que diga si acepta que en este momento o al final de su intervención le haga yo dos preguntas.
- LA PRESIDENTA: Diputado Moreno Bastida ¿acepta usted interpelaciones del diputado Vaca en este momento o al término de su intervención?
- EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Me gustaría al final de mi intervención y todas las preguntas que estime convenientes.
- LA PRESIDENTA: Gracias diputado. Diputado Vaca al término de la intervención.
- EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: Decía yo, es necesario entonces recurrir a este tercero porque es falso de toda falsedad, que el artículo 39 del Código le brinde facultades extraordinarias para legislar al Ejecutivo como lo ha hecho.
El propio artículo 89 constitucional que le brinda la facultad reglamentaria al Ejecutivo, expresa con toda claridad el sentido que debe tener y que es disponer las medidas administrativas para la exacta aplicación de la ley. Y la exacta aplicación de la ley no es otra cosa que se aplique en sus términos y por esa causa está falsamente fundado el propio decreto del 5 de marzo de 2002, porque sabía de antemano la discusión que se iba a dar.
Ya lo han señalado aquí algunos diputados en tribuna respecto a algunos miembros de esta Cámara que en algunos días tuvieron una opinión y ahora sostienen otra.
Sin embargo la constitucionalidad de los actos de todos los órganos del Estado no está a discusión ni debe estar al capricho temporal de quienes tienen la obligación de ejecutar la ley.
No espero otra cosa sino que un órgano tercero dirima esta controversia, que la supremacía constitucional prevalezca no solamente en este caso sino en todos. ¿Qué puedo esperar yo como mexicano, qué puede esperar la ciudadanía sin un acto inconstitucional de alguien que juró vanamente la Constitución en esta tribuna? Es cuanto y estoy a sus órdenes.
- LA PRESIDENTA: Diputado Vaca, sonido en la curul del diputado Vaca
EL DIP. SERGIO VACA BETANCOURT (Desde su curul): Gracias diputada Presidenta. La primera pregunta para el diputado es: ¿Si conoce el texto del artículo 52 del Código Financiero del Distrito Federal?
La segunda: ¿Si sabe que con fundamento en ese precepto que es en un 90% igual al que invocó al Presidente Fox del Código Fiscal de la Federación para suspender temporalmente la aplicación del impuesto del que se habla, fue que en marzo del año pasado el licenciado López Obrado eximió, no suspendió, eximió un pago de derechos y en febrero de este año condonó al 100% el pago de otro impuesto? Gracias.
EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: En primer término y respondiendo a su primer pregunta debo decirle que conozco someramente el contenido el artículo 52 que usted refiere y que además de ello debo decirle que el porcentaje en que sea igual o no es intrascendental. En todo caso el Partido Acción Nacional, sus diputados en la Asamblea de Representantes, pueden interponer las acciones que estimen convenientes frente a la constitucionalidad de este artículo, si es que así lo estiman pertinentes.
Yo no vengo en esta tribuna y menos en este acto a defender la administración del licenciado López Obrador que entiendo se defiende por si mismo. Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Han hablado sobre este tema en contra el diputado Amador Rodríguez Lozano, en pro el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, en contra el diputado Sergio Vaca Betancourt, en pro el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal y en pro el diputado Ricardo Moreno Bastida.
En virtud de que no hay oradores inscritos en contra y solamente existen oradores inscritos en pro, le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido ciudadana presidenta.
-LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias. Se encuentra suficientemente discutido.
En tal virtud esta presidencia estima que este Punto de Acuerdo por su relevancia, debe ser votado en votación nominal, por lo que ruego a la Secretaría haga los avisos pertinente y se abra el sistema de votación hasta por diez minutos.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la presidencia, con fundamento en el Artículo 161 del Reglamento, háganse los avisos correspondientes, para proceder a la votación hasta por diez minutos.
Abrase el sistema electrónico de votación.
(V O T A C I O N )
Se emitieron 255 votos a favor…
-LA C. PRESIDENTA: Diputado secretario. Diputado Fayad, ¿registró problema?
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: No.
-LA C. PRESIDENTA: No lo registró, me informa la Secretaría diputado Fayad.
Sonido en la curul del diputado Fayad.
-EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES (desde su curul): Simplemente registré el dato de que el problema es que no registró el voto en el sentido que quería expresarlo sino que lo está registrando en un sentido, no importa porque no alterará mucho el sentido de la votación, pero era preciso dejar claro cuál fue el sentido de mi votación que era en un sentido distinto al que aparece. Gracias.
-LA C. PRESIDENTA: De lectura, secretario, tal y como había iniciado.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se emitieron 255 votos en pro, 198 en contra, 2 abstenciones.
-LA C. PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo por 255 votos.
Aprobado el Punto de Acuerdo en sus términos.
En razón de que conforme al artículo 18 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta presidencia está subordinada al voto de la H. Asamblea, sírvase la Secretaría ordenar a la Dirección Jurídica, proceda a formular el soporte jurídico necesario y el análisis pertinente, a efecto de en su caso presentar la controversia constitucional y ponerlo a consideración de esta presidencia para su firma y que se realice a través del órgano pertinente todos los trámites jurisdiccionales procedentes.
Pasamos al siguiente.. Diputado Tomás Torres.
-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (desde su curul): Ciudadana presidenta. Con todo respeto, expresarle a usted si también así lo considera, de que la voluntad de la Asamblea ha sido en el sentido de que la Dirección General Jurídica elabore la demanda, el escrito que sustantive la demanda de controversia constitucional, para que quien preside la Mesa Directiva proceda a la interposición física de la misma. Me preocuparía que el acuerdo fuera en el sentido de dejar a juicio de la Dirección General Jurídica, la pertinencia o no, de la presentación de la demanda.
No quiero abundar sobre otros aspectos relativos a la procedencia, pero sí que sea categórica la instrucción al área técnica jurídica para que elabore la demanda respectiva.
LA C. PRESIDENTA.- Es correcto, diputado Tomás Torres y en ese sentido es la instrucción al área jurídica: que sustente debidamente la promoción y se la entregue a la Mesa Directiva, para que procedamos jurídicamente con los soportes necesarios.
No hay motivo a duda.
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El siguiente punto del orden del día es el relativo a excitativas.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra el diputado Uuc-Kib Espadas Ancona del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar excitativa a las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público.
EL C. DIPUTADO UUC-KIB ESPADAS ANCONA.- Diputada Presidenta.
Ciudadanos diputados:
Hasta 2001, los autores mexicanos se encontraban exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta por aquellos ingresos que provinieran del cobro realizado a terceros por la reproducción de obras de su creación. Esa exención incluía por ejemplo los derechos que un escritor cobrara a una editorial por la publicación de un libro de su autoría o los que un compositor cobrara a una compañía discográfica por la edición de cintas reproduciendo su obra.
La exención bajo ninguna condición incluía los ingresos obtenidos por las editoriales o discográficas de la venta de dichos materiales, los honorarios cobrados por en su caso, los intérpretes de las obras ni tampoco los obtenidos por los autores por la venta de la obra por sí misma, por ejemplo los derivados directamente de la venta de una pintura.
De esta forma, la ley proporcionaba una mínima protección a aquel trabajo puramente intelectual que en México se realice en las más difíciles condiciones económicas y sociales y por su característica central; la explotación por parte de terceros, generalmente a empresas medianas o grandes, se desarrolle invariablemente en condiciones de dependencia.
El 30 de diciembre de 2001, este Congreso, al reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminó la citada norma concediendo a los autores un estrechísimo margen de exención de dos salarios mínimos mensuales, monto a todas luces insuficiente para proteger el trabajo de los intelectuales mexicanos.
El trabajo de creación intelectual en sus diversas expresiones, lejos de ser el resultado del esfuerzo e interés individual de unos cuantos, es parte sustancial del desarrollo cultural de una nación.
Tanto en sus expresiones artísticas como profesionales, en este trabajo intelectual se sintetizan en gran medida, tanto la historia como las aspiraciones y contradicciones de la sociedad. La creación intelectual es en más de una forma, la agricultura del espíritu y tan importante para el desarrollo cultural de la Nación, como aquella para su desarrollo económico. Sin embargo, en México la creación intelectual carece de condiciones de ejercicio que se correspondan con su función social.
A diferencia del comercio, la inversión, el trabajo profesional e incluso el trabajo asalariado, la creación intelectual no sólo no cuenta con normas y políticas de gobierno que proporcionen los mínimos elementos indispensables para garantizar su desarrollo y supervivencia, sino que día a día, como es el caso que discutimos, tiene que afrontar restricciones e impedimentos suficientes.
Asimilar los creadores, a los comerciantes o a los profesionales independientes para efectos de su régimen fiscal, no sólo falla al desestimular las prácticas creadoras en un país urgido de ellas, sino que ignora cruciales diferencias en su ejercicio importando una gran iniquidad.
Sin tomar en cuenta las extendidísimas prácticas de evasión fiscal tradicionales de aquellas y que son por definición imposibles para quienes obtienen usufructo de los derechos de autor, es necesario puntualizar el absurdo de encajonar en los esquemas de ingresos, egresos y beneficios el contablemente imposible de sintetizar, proceso de creación intelectual; si a esto se agrega que a diferencia de las profesiones de ejercicio independiente y del comercio los autores no se encuentran ante un extenso mercado de consumidores a los cuales ofrecer más o menos libremente su producto, sino que un muy extenso número de creadores compiten por hacerse paso a través de un estrechísimo número de consumidores casi siempre corporativos y generalmente empresariales que pueden imponer prácticamente cualquier condición para la contratación y pago de los derechos de autor, tendremos una idea del efecto demoledor que los nuevos gravámenes pueden significar tanto para los creadores como para el desarrollo cultural de la Nación.
Por lo antes expuesto, el día 9 de enero de 2002 presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Reta, la cual fue turnada a las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen.
Ha transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento y análisis, sin que hasta el momento las comisiones responsables lo hayan emitido.
Por tal motivo solicito a la presidencia de la mesa directiva se sirva excitar a las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, para que presenten a la brevedad el dictamen en comento.
Muchas gracias.
PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formula excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Cultura, para que emitan el dictamen correspondiente.
A petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se retira del Orden del Día una excitativa hacia la Comisión de Transportes.
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El siguiente punto es la excitativa que presentará la diputada Hortensia Aragón Castillo, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos
-DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Con el permiso de la presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados:
En mi calidad de diputada federal de la LVIII del H. Congreso de la Unión y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la presidencia de esta Cámara, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, a efecto de que dictaminen la iniciativa de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, para destinar un monto anual equivalente al 8% del Producto Interno Bruto del país, al gasto público federal en educación.
El día 14 de septiembre del año 2000, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, presenté ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la referida iniciativa de decreto, en la que puse de manifiesto la necesidad de hacer realidad la garantía constitucional de toda persona de recibir educación mediante una medida legislativa que estableciera mínimos precisos y obligatorios al gasto que en educación pública realiza el Estado Mexicano.
Concretamente la propuesta busca que el gasto en educación pública que anualmente realizan tanto la Federación como los gobiernos estatales se eleve de manera constante en un lapso de cuatro años al 8% del Producto Interno Bruto.
El 10 de octubre del 2000, el diputado Ramón León Morales solicitó a este Pleno que se pronunciara porque no sólo se dictaminara la iniciativa presentada por la de la voz, sino que también se dictaminaran las iniciativas presentadas durante la LVII Legislatura por diputados del Partido de la Revolución Democrática en materia de gasto educativo, las cuales como suele decirse coloquialmente, se encuentran congeladas.
La segunda excitativa fue presentada por el diputado Manuel Duarte ante este Pleno el 20 de septiembre del 2001, ante lo cual la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, emplazó a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la Presupuesto y Cuenta Pública, a presentar para el día 3 de octubre del 2001, su dictamen para el conocimiento del Pleno.
Ante esta excitativa que la presidencia de la mes directiva hizo en nombre del Pleno y en estricto apego al Reglamento de esta Cámara, sólo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió su dictamen.
La Mesa Directiva de la Comisión de Educación gestionó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la ampliación del plazo para el análisis y dictamen de la iniciativa referida. Tal como lo solicitó, el plazo fue ampliado, acompañándose la autorización de un exhorto a la Comisión de Educación a emitir el dictamen correspondiente –cito textualmente—"a la brevedad posible".
Como ha quedado de manifiesto, luego de 18 meses de presentada la iniciativa, de sendas excitativas y exhortos, ésta aún no se dictamina. Luego de un año y medio, no han sido atendidos los llamados hechos por el pleno a las comisiones de Ciencia y Tecnología, la de Cultura y la misma de Educación.
Nuevamente el tema educativo es motivo de discursos, desplegados, declaraciones, planes, proyectos y mesas, pero no es motivo de hechos y no es motivo de realidades.
El Ejecutivo federal dice tener en la educación su más alta prioridad y, con su propuesta de presupuesto de egresos, demuestra lo contrario. El PRI, en cuanto foro sea posible, afirma apoyar la medida, pero de manera sospechosa retrasa el dictamen. El PAN demanda planes y estudios que la propia SEP ya tiene e incluso afirma, en la prensa, contar en la Comisión de Ciencia y Tecnología, con un dictamen favorable, según ellos para apoyar la prioridad del Ejecutivo. Pero nadie conoce el dictamen ni hay visos para tomar las decisiones necesarias.
Si hay un aparente consenso, la pregunta es por qué no se resuelve sobre esta iniciativa.
El Partido de la Revolución Democrática invita a todas las fuerzas políticas aquí representadas a la discusión y acuerdo sobre los mecanismos y modalidades concretas para hacer realidad el financiamiento suficiente de la educación de nuestro país.
Por lo anteriormente expuesto, consideramos de suma importancia sea emitido un dictamen de la iniciativa mencionada, toda vez que ha transcurrido el período al que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que ha concluido también el breve plazo autorizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Educación, no teniendo tampoco de las comisiones correspondientes dictamen o pronunciamiento alguno, solicitamos a esta presidencia, con base en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento señalado, emplazar para un día determinado a las comisiones correspondientes para emitir el dictamen solicitado.
Por su atención muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada. Sonido en la curul de la diputada Silvia Álvarez Bruneliere.
LA C. DIPUTADA SILVIA ALVAREZ BRUNELIERE: Muchas gracias, señora presidenta.
Únicamente para hacer una aclaración respecto a la excitativa a la Comisión de Ciencia y Tecnología. La Comisión de Ciencia y Tecnología, a través de la Subcomisión correspondiente, ya emitió el dictamen sobre la iniciativa del 8% a la educación. Únicamente faltaría que las comisiones unidas de Educación y Ciencia y Tecnología dictaminaran al respecto.
Pero sí quiero aclarar que la Comisión de Ciencia y Tecnología ya dictaminó. Gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Se instruye a las comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública que, a más tardar el día 30 de abril, presenten el dictamen correspondiente.
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El siguiente punto es la excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a presentar por la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del PRD.
- LA C. DIP. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores:
La suscrita diputada de la LVIII Legislatura presentó a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, el 16 de enero del 200e, en sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una proposición con Punto de Acuerdo con el objeto de que este órgano hiciera un llamado para que en el cierre de la Compañía Hulera Euzkadi, S. A de C. V., ubicada en El Salto, Jalisco, se cumpliera lo establecido en la ley.
El cierre se produjo el 16 de diciembre de 2001. En esa virtud, nuestro grupo parlamentario solicitó que de no encontrarse causales que justificaran la terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo en la empresa, se procediera a reiniciar sus labores de manera inmediata. Asimismo propuso turnar el asunto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara. La Presidencia de la Comisión Permanente obsequió el trámite solicitado.
Como lo señalamos en su oportunidad, la legislación laboral mexicana tiene un carácter tutelar que protege a la parte más débil de la relación obrero-patronal frente a posibles injusticias, el trabajador.
Así la Ley Federal del Trabajo señala ciertas causales de la terminación de la relación de trabajo y un procedimiento específico para certificar el cierre, mismas que la Compañía Hulera Euzkadi no cumplió.
En respuesta el sindicato en ejercicio de su derecho constitucional, emplazó a huelga a la empresa por violaciones contractuales.
La huelga estalló el 22 de enero de 2002 a las 16 horas.
Frente al ejercicio de ese derecho, la empresa solicito que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarara la improcedencia del movimiento de huelga, figura inexistente en nuestra legislación laboral.
Dos meses después, el 22 de marzo del 2002, la Junta, aceptando las presiones de la empresa, resolvió archivar el asunto como total y definitivamente concluido por carecer de materia. S decir, aceptó la ilegal improcedencia solicitada por la compañía Hulera Euzkadi.
C O N SI D E R A C I O N E S
El cierre ilegal de Euzkadi se inscribe en un contexto general de ataque a la contratación colectiva en nuestro país en donde las autoridades de trabajo han permitido que se instale un modelo unilateral de relaciones laborales acorde a los requerimientos de los empleadores.
La agresión de que fueron víctimas trabajadores y asesores legales por golpeadores profesionales en el recuento de Aviacsa el día de ayer y hoy mismo en el propio recinto de la Junta Federal, sin que las autoridades ofrecieran garantías, es una prueba más de esa política.
La resolución de la Junta de Conciliación con respecto a la huelga, viola la garantía de legalidad del sindicato de Euzkadi establecido en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el derecho de huelga consagrado en el artículo 123 constitucional.
La Ley establece las figuras de existencia e inexistencia de la huelga, nunca la procedencia o improcedencia de la misma. Aplicar estas figuras, constituye una violación a la garantía de legalidad y al principio de estricto derecho que están obligados a observar los tribunales laborales.
La resolución de la Junta de Conciliación pone en evidencia la política antiobrera del actual gobierno y demuestra, una vez más, la inutilidad de estas juntas para garantizar los derechos de los trabajadores.
Por ello estos organismos controlados por el Ejecutivo, deben desaparecer y la justicia laboral ser impartida por el Poder Judicial.
La resolución de la Junta coloca a los trabajadores en estado de indefensión. Constancia de ello es la detención ilegal de que fueron objeto tres sindicalizados el domingo 31de marzo, como parte de una provocación montada por las autoridades estatales.
Una agresión mayor está latente, pues la empresa contrató los servicios de detectives internacionales, agencias de seguridad e investigaciones de origen extranjero de obscuros antecedentes, para resguardar las instalaciones.
Por lo antes expuesto y en virtud de que ha transcurrido en exceso el plazo previsto en el Artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el Artículo 21 Fracción XVI del mismo ordenamiento, solicito a la Presidencia
UNICO.- Envíe excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de esta Cámara, para que dictamine la proposición con Punto de Acuerdo presentada el 16 de enero de 2002 por la suscrita, con el objeto de que dicha Comisión en el ámbito de sus facultades legales, coadyuve a evitar que se vulneren los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de la compañía Hulera Euzkadi, establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal del Trabajo y el contrato ley vigente en la industria de la transformación del hule en productos manufacturados. Asimismo para que la Cámara de Diputados se pronuncie por la inmediata reapertura de la empresa.
Es cuanto.
- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para que emita el dictamen correspondiente.
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Tiene la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar excitativa a las Comisiones de Energía y de Puntos Constitucionales.
- EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA (PRD): Con su permiso, señora Presidenta.
Con fundamento en lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos solicito respetuosamente a esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía de la Cámara de Diputados, a efecto de emplazarlas a emitir el dictamen correspondiente en día determinado, a fin de que sea presentado ante el pleno de este órgano legislativo la iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos jurídicos, incluida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en crear una instancia única reguladora para la venta, distribución y comercialización del gas licuado de petróleo al tenor de los siguientes
A n t e c e d e n t e s :
Con fecha 25 de abril del año 2001, a nombre del grupo parlamentario del PRD, se presentó ante el pleno de esta Cámara la iniciativa de reformas y adiciones a diversos ordenamientos jurídicos, incluida la Constitución, consistente en crear una instancia única reguladora de la venta-distribución de gas LP.
Esta iniciativa reviste una gran importancia para sanear la cadena de producción y distribución de gas LP, en donde actualmente se atiende a más de 18.6 millones de familias mexicanas que consumen como única alternativa dicho energético. Las reformas planteadas pretenden dar estabilidad al mercado, erradicando más de 40 años de anarquía, de vicios, de corrupción y de falta de control en esta industria.
Asimismo las reformas prevén el mecanismo para eliminar el sobreprecio del kilogramo del gas LP que afecta a millones de familias. Para el mes de abril el kilo de gas LP está ya en 4.81 pesos, es decir, existe un sobreprecio de alrededor de 1.71 pesos por kilogramo. Este sobreprecio se debe a que Pemex producir un kilo de gas LP le cuesta 55 centavos, por lo cual hay condiciones sin que se afecte las finanzas de la paraestatal y teniendo en cuenta las ganancias de las gaseras para que se reduzca el precio del gas LP no a 4.81 pesos, sino a 3.10 por cada kilogramo.
Esta misma iniciativa tiene como objetivo coordinar en la Comisión Nacional de Vigilancia y Control de Gas LP todas las facultades que hoy se encuentran dispersas en diferentes Secretarías de Estado, organismos descentralizados y desconcentrados de la administración pública federal, a fin de establecer políticas públicas que permitan dar seguridad a los usuarios de ese energético.
En abril del año pasado se presentó ante el pleno de esta soberanía la iniciativa para crear esta Comisión y que el Congreso sea el que regule el precio de origen del gas LP. Esta situación puede ser corroborada fácilmente, basta con salir a realizar un operativo con la Profeco para darse cuenta que se venden kilos de 500 gramos, de 800 gramos o de 900 gramos o constatar el lamentable estado en que se encuentran cerca de 10 millones de cilindros de gas, que son verdaderas bombas de tiempo en los hogares mexicanos.
En tal suerte, es de suma importancia para millones de mexicanos pobres en este país que consumen como única alternativa el gas LP, que esta iniciativa que presentamos ya hace más de un año pueda ser dictaminada por las Comisiones correspondientes, en virtud de que tan solo el aumento del día de ayer representó el doble del aumento al salario mínimo, más del 11.5 por ciento aumentó el kilogramo de gas tan solo en el mes de febrero y marzo que ya terminó.
Por eso nos parece que el aumento citado el día de ayer, aplicado, representa una agresión para el pueblo de México que no tiene otra alternativa más que el gas LP para consumir en sus domicilios. Pareciera entonces que el gas LP no es un tema fundamental para millones de familias mexicanas y por eso el día de hoy presentamos esta excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Energía, para que resuelva y acuerde lo conducente en esta iniciativa que presentamos en abril del año 2001.
Por ello, presentamos a la Presidencia de esta Honorable Asamblea, se sirva excitar a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Energía, para que presenten el día que determine la Presidencia, el dictamen que corresponda a la iniciativa, reformas y adiciones a diversos ordenamientos jurídicos, incluida la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear una instancia única, reguladora de la venta, distribución y comercialización del gas licuado de petróleo.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formula una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía, para que emitan el dictamen correspondiente.
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Pasamos al capítulo de proposiciones y se concede el uso de la palabra al diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a los productores de papa del centro de Veracruz.
-DIP. JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con su permiso, diputada Presidenta.
Señoras diputadas; señores diputados: He tenido la oportunidad de hacer uso de la voz desde esta tribuna y presentar a la consideración de ustedes algunos temas de interés general.
Hoy me complace mucho traer hasta su consideración, tratar de motivar su interés en un tema de muchísima relevancia, de mucha importancia para la región a la que pertenezco. Estoy hablando de una región central del estado de Veracruz, que conforman cinco municipios asentados sobre las faldas y parte alta de la montaña denominada Cofre de Perote. Son municipios dedicados principalmente al cultivo de papa y en otras ocasiones a la ganadería ovino-caprina.
Durante décadas ésta ha sido la constante en su actividad económica, ha significado el sustento de su familia y hay que reconocerlo, también ah fomentado el desarrollo comunitario en las distintas regiones y en los distintos municipios. Sin embargo desde hace espacio de una década, se ha evidenciado una crisis recurrente, reiterada, crónica diría yo, que ha afectado el desempeño de los productores de esta región.
Hoy soy transmisor de su sentir y de su angustia. Hoy me piden que sea yo el portavoz para tratar de involucrar en la solución de este problema a la representación de la nación que se da cita en esta Cámara. Y quiero por ende comentarles de manera muy sucinta cuál es la cadena negativa que ha afectado su desempeño y que ha repercutido hasta el grado de dañar letalmente su patrimonio.
En primer lugar, la zona que estamos en comento, es una zona que se ve afectada de manera periódica o por las sequías o por las heladas, está severamente maltratada por condiciones climatológicas. Esta realidad ha hecho que las distintas instituciones crediticias la califiquen y la definan como una zona de alta siniestralidad. Por ende, no hay posibilidades de acceso a crédito ni en la banca comercial ni en la banca de desarrollo, por una parte, y evidentemente las posibilidades exitosas de poder accesar a la banca comercial, también son muy reducidas.
En este sentido ha habido la precaria y negativa necesidad de un impacto en obsolescencia en el equipo, esta situación financiera ha impedido que se logre acceder a nuevas tecnologías, que permitan a esa región con este cultivo, a tener mayores posibilidades de competencia.
Por tanto ha habido una descapitalización de los señores productores y ha habido un rendimiento decreciente de sus parcelas y de sus terrenos laborables.
Estas condiciones logran que en este preciso instante gran parte de la población de esta zona, que hay que reconocer como gente de temple, como gente positiva, como gente que no tan solo ha logrado generar un desarrollo tan sustancial para su familia sino que coloquialmente se ha echado a hombros el desarrollo de la región, estén enfrentando situaciones de gravedad, situaciones de mucha angustia. Este es el momento en el cual sin lugar a duda el apoyo que de parte de la representación nacional puedan obtener, será significativo para retomar el camino productivo y el crecimiento económico de esta región, una de las regiones más estables pero a la vez más marginadas de la situación veracruzana.
En consecuencia, por lo anteriormente expuesto, presentamos con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de Punto de Acuerdo.
UNICO.- Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, junto con el Banco de Desarrollo Rural conozcan la terrible situación que enfrentan los productores de papa de la región de Perote , la incorporen en sus políticas y se sumen al esfuerzo que en esta materia ha venido desarrollando el Gobierno del Estado y los distintos Gobiernos Municipales.
Por su atención y por el apoyo que pudiesen presentar a esta propuesta, como siempre les agradezco mucho su amabilidad.
(Aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias a usted Diputado José Francisco Yunes Zorrilla.
Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
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Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo que tiene por objeto el homologar los precios de la gasolina en la Zona Fronteriza Norte del país, con respecto a los precios de la gasolina en la Zona Fronteriza Sur de los Estados Unidos de América , tiene la palabra el diputado Marcos Pérez Esquer del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional
-EL C. DIPUTADO MARCOS PEREZ ESQUER.- Gracias. Quisiera solicitar a la Presidencia, en obvio de tiempo, se insertase el documento que acabo de entregar a la Secretaría de manera integral en el Diario de los Debates y me limitaría solamente a leer aquí los puntos torales de la proposición.
"Honorable Asamblea. Los Diputados firmantes queremos someter a la consideración de esta soberanía un Punto de Acuerdo que propone homologar los precios de la gasolina en la Franja Fronteriza Norte con respecto a los precios de la gasolina en la Zona Fronteriza Sur de los Estados Unidos de Norteamérica.
Las consideraciones que nos motivan son, entre otras, las siguientes: - - - - - - -
1ª.- Que la situación , que es de por sí ventajosa en a que se encuentra el sector comercial de la Frontera con respecto a los Estados Unidos, se ha visto agravada con los precios que el gobierno Federal ha establecido a las gasolinas.
Ello ha llevado a que en estos momentos resulte más barato con un 50% de promedio, acudir a los Estados unidos a adquirir el combustible. En algunos casos como Sonora la diferencia llega a significar más del 100%.
2ª.- Que las personas que acuden a los Estados Unidos de Norteamérica a llenar los depósitos de combustible de sus vehículos, aprovechan por lo general el viaje para realizar otras compras que de otra forma hubiesen hecho sin mayor problema en México. .
Un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey señala textualmente que los precios controlados de la gasolina afectan sectores como el comercial debido a que la gasolina se ha convertido en un producto gancho que desvía un fuerte potencial de demanda para el comercio al pro menor en las ciudades fronterizas mexicanas y agrega que, casi el 30% de los cruces tienen como principal motivo cargar gasolina y aproximadamente 35% de los viajes o cruces que tienen como motivo adquirir gasolina en los Estados Unidos, siempre o casi siempre conllevan la compra de otros artículos en las ciudades americanas.
TERCERA.- Que la forma de eliminar esta importación hormiga de combustible, la forma de eliminar esa fuga hormiga de divisas, la forma de apoyar al sector comercial de la zona fronteriza, es que el Gobierno Federal homologue los precios de la gasolina con respecto a Estados Unidos.
CUARTA.- Que la situación que en este sentido vive la frontera norte del país la vive también el municipio de Othón P. Blanco en el estado de Quintana Roo con respecto al vecino país de Belice.
QUINTA.- Que la homologación de precios de la gasolina en la franja fronteriza no es cosa novedosa, ya estuvo en vigor de 1992 a 1994.
SEXTA.- Que de aprobarse la medida, el Gobierno Federal incrementaría su recaudación por virtud de la mayor venta de gasolina en México, redituándole un ingreso importante por concepto de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, así como del Impuesto al Valor Agregado derivado de las compras que nuestros compatriotas realizarían de nueva cuenta en nuestro país.
El estudio realizado por el Tecnológico de Monterrey concluye que, de homologarse el precio de la gasolina, la actividad comercial en el lado mexicano podría estimularse en 5.5% que implica un incremento en las ventas del comercio al pormenor por el orden de 1,300 millones de pesos al año en las ciudades que pertenecen a la muestra del estudio así como la generación de 10,500 empleos nuevos en esta región.
El estudio agrega que el incremento en la recaudación anual total por impuestos directos e indirectos, de homologar el precio de la gasolina entre las fronteras de México y Estados Unidos, es del orden de los 278.4 millones de pesos.
Por estas razones los diputados firmantes proponemos a esta soberanía aprobar un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda que emita la disposición administrativa que dicte la homologación de precios de la gasolina en la zona y región fronteriza norte del país con respecto a los precios en California, Arizona, Nuevo México y Texas en los Estados Unidos y establezca, por otra parte, un régimen de homologación de precios del combustible en el municipio de Othón P. Blanco en Quintana Roo con respecto a los precios en Belice.
Suscriben la presente propuesta, por el grupo parlamentario de Acción Nacional: Juan Carlos Pallares, Francisco García Cabeza de Vaca, Diego Alonso Hinojosa, Arturo San Miguel, Raúl Martínez González, César Alejandro Monraz, Alfonso Sánchez, Juvenal Vidrio, Gina Cruz, Hugo Zepeda, José Francisco Blacke, Cuauhtémoc Cardona, Javier Castañeda Pomposo, Eduardo Escobar, José Carlos Borunda, David Rodríguez, Guillermo Padrés, Oscar Ochoa Patrón, Alfonso Bravo y Mier y el de la voz, Marcos Pérez Esquer, quienes agradecemos también su solidaridad y la suscripción de este documento a los compañeros del PRI: Claudio Obrez (¿) Garza y Librado Treviño Gutiérrez, así como a la compañera diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del PRD?
Es cuanto, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Gracias a usted diputado Marcos Pérez Esquer. Se instruye a la Secretaría se inserte de manera integral el punto de acuerdo en el Diario de los Debates, y
---- TÚRNESE A LAS COMISIONES DE ENERGIA Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal revise las tarifas eléctricas en el noroeste del país, tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
- LA C. DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Buenas tardes compañeras y compañeros. La proposición de este punto de acuerdo es para exigir al Ejecutivo Federal revise las tarifas eléctricas aplicadas por la Comisión Federal de Electricidad en el noroeste del país.
Las consideraciones: El reciente aumento en las tarifas eléctricas es un golpe más a los sectores de menores recursos, se nos dice que se espera recaudar alrededor de 6 mil millones de pesos por este concepto, los cuales se nos ha dicho se destinarán al mantenimiento del sector eléctrico, sin embargo dicho incremento afecta de manera notable el ingreso de los consumidores por el alto impacto que esto tiene en sus bolsillos.
En el caso de las regiones que por su ubicación geográfica
registran temperaturas extremas, el uso de energía eléctrica es mayor debido al uso
intensivo de energía por el empleo de aparatos que refrescan el ambiente. El consumo
familiar promedio es de alrededor de 1,700 kilowats, muy superior a lo establecido por el
Gobierno para respetar la aplicación de los subsidios a las tarifas domésticas, esta
situación se vuelve extrema durante el verano particularmente en aquellas regiones
sometidas a la influencia del Desierto de Altar.
La Secretaría de Hacienda estableció el pasado 7 de febrero que serían objeto de
subsidio aquellos consumidores de energía que consuman menos de 140 kilowats al mes. En
las regiones con mayor calor se supera con mucho este límite. El problema de las tarifas
eléctricas en el noroeste ha sido recurrente, ya que no se ha solucionado, se ha dejado
que esto crezca año con año y no se ve aún una solución inmediata.
En los estados del norte, el subsidio en el consumo eléctrico de ninguna manera significa un acto paternalista tal como lo considera Fox, por el contrario, es un derecho y un acto de justicia debido a la necesidad de subsistencia de su población ante las condiciones extremas de un clima poco benigno para la vida humana. Los gastos de los consumidores no son pocos en esta región del país debido a que dichas condiciones climáticas afectan no solamente al consumo doméstico de energía, sino también al desarrollo de las distintas actividades agrícolas, las cuales impactan negativamente al ingreso de las familias por la eliminación de los subsidios y el consecuente incremento de las tarifas eléctricas.
Ante esta grave situación que afecta profundamente las condiciones de existencia de amplios grupos sociales, adquiere carácter de urgencia el presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, habida cuenta que la respuesta recibida por Derechos Humanos Nacionales fue la declararse incompetente en la materia. Al respecto, hay que considerar seriamente que tal vez sea más conveniente manifestarse en la Ciudad de Washington, tomando en cuenta que el Presidente Fox le hace más caso a las opiniones de Bush, como lo vimos con la fructosa hace rato.
La llamada Cumbre Internacional Sobre Financiamiento del Combate a la Pobreza, llevada a cabo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, fue un gasto oneroso. No sabemos cuánto se ha gastado, pero sí sabemos que ese dinero podía haber servido a la población en los subsidios. Se ha dicho que 60 a 100 millones, lo cual tampoco fue autorizado por el Congreso.
El Congreso de la Unión autorizó 361 millones de pesos para gastos de viaje de Vicente Fox, casi un millón diario para tal efecto. Este dinero que se le autorizó a Fox nos podía también haber ayudado a los subsidios de nuestras tarifas y también con lo del IPAB; 28 mil millones de pesos, a sabiendas que dichos recursos sirven para tapar operaciones fraudulentas.
El punto de acuerdo: Proponemos que la Cámara de Diputados se pronuncie porque el Ejecutivo Federal revise, modifique y aplique una tarifa justa –esto es lo que estamos pidiendo desde hace muchos años- y que sea acorde a los salarios que recibe nuestra población.
Que el Congreso de la Unión se pronuncie para que se cancelen los cortes del suministro de energía eléctrica producto del retiro del subsidio a los usuarios del noroeste del país.
Que las tarifas eléctricas en esta zona del país: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Coahuila se nos dé el trato que queremos: tarifas justas.
Que los jubilados y pensionados mayores de 60 años, insolventes en la región noroeste del país, se les otorgue el beneficio de un descuento hasta el 50 por ciento del servicio, como se manifiesta en el estado de México.
Por este punto pedimos que no vengamos aquí a pedirle ahora cambios a Fox, cuando nosotros los diputados tuvimos en nuestras manos el hacer estas consideraciones y estar aquí nosotros determinando los costos.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, diputada Petra Santos Ortiz.
Túrnese a las Comisiones de Energía y de Hacienda y Crédito Público.
Sí, diputado.
EL DIP. ALFONSO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ: (desde la curul) Señor Presidente, para hechos.
EL PRESIDENTE: Compañero diputado, yo quisiera únicamente pedirle a la Secretaría lea el artículo 12º del acuerdo que se ha emitido en torno, por la Junta de Coordinación Política, en torno a las proposiciones y como se deben éstas de administrar. Artículo 12º.
- LA SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:
"Artículo XII.- Quienes intervengan para presentar proposiciones lo harán en un lapso no mayor de 5 minutos, toda propuesta presentada a la Cámara que no requiere ser votada de inmediato será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente sin que procede deliberación alguna, excepto si hubiere objeción de alguno de los diputados en cuyo caso se sujetará a discusión y votación su admisión para lo cual podrá intervenir un orador en contra y un orador en pro hasta por cinco minutos, sin que en este caso se puedan presentar intervenciones para hechos. Si la proposición no hubiere alcanzado mayoría, se considerará desechado".
- EL PRESIDENTE: Como queda claro, señor diputado, para hecho en este caso particular de proposiciones de conformidad con el presente acuerdo que se ha dado lectura, no procede.
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El siguiente diputado inscrito es el diputado Félix Castellano Hernández del Partido del Trabajo para presentar una propuesta de Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados solicite al Ejecutivo Federal que por medio de nuestra representación permanente se exhorte a la ONU para que se cumplan sus resolutivos para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. El PT solicita se posponga para una sesión próxima.
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El siguiente punto de acuerdo es del diputado José Manuel de Río Virgen relativa a las pensiones vitalicias de los expresidentes de la República.
- EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Gracias señor Presidente. Quisiera rogarle que esta proposición con punto de acuerdo íntegra se publique desde luego en la Gaceta Parlamentaria y también en el Diario de los Debates, seré muy breve y solamente comentaré sobre las pensiones de los expresidentes de la República, señalándoles compañeras y compañeros que la Reforma de Estado anunciada es imprescindible.
Los cambios vertiginosos del país rumbo a su democratización integral son la convocatoria ideal para concretar la transición a la democracia y la Reforma de Estado otorgando la justicia social a una sociedad ávida pero carente de ella.
La Reforma de Estado y la transición a la democracia no pueden llevarse a cabo a demás si no son incluidas todas las fuerzas nacionales representativas sin exclusión de ninguna especie.
En ese sentido informamos al pueblo por qué los expresidentes gozan de una pensión vitalicia y si es justificada o no, ya que resulta ofensivo para millones saber que alguien goce de un salario no devengado.
Fue precisamente un acuerdo presidencial de 1987 que les auto-otorgó a los expresidentes de la República mientras viva, una percepción económica y en especie con cargo al erario federal por sus servicios prestados a la patria.
Por tal motivo propongo que en efecto el artículo 41 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio del 2002 en su párrafo octavo dispone que del ramo administrativo 02 de la Presidencia de la República se incluya para destinarse los recursos para cubrir las percepciones de que han desempeñado el cargo de Presidente de la República, las que no podrán exceder del monto mensual que se cubre al primer nivel salarial del puesto de Secretario de Estado, así como aquellas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado. Por cierto un Secretario de Estado gana de acuerdo al Presupuesto de Egresos, 149 mil 327.27 centavos mensuales.
Antes de la salida del ExPresidente Zedillo, el gobierno dela República dispuso anualmente 6 millones 142 mil 288 pesos para otorgarlos como pensión vitalicia a los cuatro expresidentes mexicanos vivos, pero quiero tomar precisamente el caso del exPresidente Ernesto Zedillo como ejemplo.
Es verdaderamente ridículo que el exPresidente Ernesto Zedillo cobre una pensión vitalicia cuando tiene por lo menos cinco cargos que ha anunciado a la patria señalando que cobra en la Unión Pacific, que esas son de la ONU, y que tiene tres o cuatro chambas más.
No creemos que el ex presidente Ernesto Zedillo, deba de seguir cobrando esa pensión vitalicia, como tampoco creemos que los demás expresidentes de la república deban de seguir cobrando una pensión que no les corresponde, porque simplemente no la trabajan.
Por lo tanto, solicito que la Cámara de Diputados elimine la partida especial para expresidentes de la república, así como todos y cada uno de los servicios extraordinarios que se les presta con cargo al erario federal.
Firman esta proposición el diputado Alfredo Hernández Raigosa. El diputado Félix Castellanos Hernández, el diputado Jaime Cervantes Rivera y el diputado Juan Carlos Regis Adame así como el de la voz.
Gracias compañeras y compañeros.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputado José Manuel del Río Virgen, y tal como lo ha solicitado se instruye a la Secretaría para que el Punto de Acuerdo se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates, y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente diputado inscrito en el Orden del Día, es el diputado Jaime Larrazábal Bretón, para presentar un Punto de Acuerdo, que tiene por objeto el de que se atienda a las zonas relacionadas con el ecoturismo en zonas marginadas.
-EL C. DIPUTADO JAIME LARRAZABAL BRETON: Muchas gracias señor presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. Señoras y señores. Ya en el año del 2001 el turismo en el mundo venía sufriendo considerables bajas en su desarrollo, en el mayor de los casos por eventos económicos inflacionarios, que se traducen en sociales y provocan depresiones económicas, que no ayudan en absoluto al incremento de la actividad turística.
Adicionalmente, los sangrientos hechos ocurridos el 11 de Septiembre del año próximo pasado, en algunos estados de la Unión Americana, ahondaron la crisis en el sector a nivel internacional y obviamente a nuestro país. Esto provocó una sensible baja en las expectativas del año que terminaba y con perspectivas pobres para el proyecto de desarrollo turístico para este año del 2002.
Después de estos hechos, ciertamente el gobierno federal y de los estados, han venido realizando un esfuerzo nacional en cuanto a la promoción turística, y existe una tendencia que aunque lenta, crece, y deseamos que todos pronto alcance los estándares que en anteriores épocas ha venido logrando en nuestro país.
En la última década el llamado turismo tradicional o convencional, ha tenido un crecimiento aproximado del 3% anual, en contraposición una nueva modalidad turística denominada turismo alternativo, fundamentado principalmente en actividades que ofrecen un contacto estrecho con la naturaleza y con las expresiones culturales de las comunidades huéspedes, está tomando cada vez mayor fuerza.
Compuesto por tres segmentos, que son: el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural, el turismo alternativo incluye más de 40 actividades que inciden de manera paralela en el desarrollo de un amplio espectro de la economía en general, en rubros como agricultura, transportes, industria, microindustria, comercio y servicios varios.
Según cifras de la Organización Mundial de Turismo en el año 2002 la tasa de crecimiento de este segmento turístico, fue cercano al 15% y más de 15 millones de habitantes disfrutaron de actividades turísticas en entornos naturales.
México posee en este contexto de riqueza y potencial inmensos, dada no sólo a la abundancia y belleza de escenarios naturales que en su territorio existen, sino la enorme biodiversidad que posee. Nuestro país está considerado como uno de los diez primeros poseedores de megabiodiversidad, ya que cuenta con nueve de los once ecosistemas existentes en el planeta, distribuidos en desiertos, selvas, bosques y manglares.
En el territorio nacional existen 121 áreas naturales protegidas y 28 reservas de biósfera, los litorales mexicanos alcanzan una extensión de 10 mil kilómetros y los escenarios de áreas naturales propicios para el turismo alternativo se multiplican a lo largo y ancho del país, desde el espectáculo de las ballenas grises en el Golfo y Costas de Baja California, las Barrancas del Cobre en Chihuahua, el Desierto de Altar en Sonora, el Santuario de las Mariposas Monarca en Michoacán, los Parques Nacionales de El Chico y La Malinche en Tlaxcala, las Lagunas de Montebello en Chiapas y las Lagunas de Chacahua en Oaxaca, hasta el Acuario Natural de Xel-Há y la reserva de la biósfera de Slankan (¿) en Quintana Roo, son apenas algunos ejemplos exitosos del gran potencial que guarda el territorio nacional.
Actualmente en diversas partes del mundo, está llevándose a cabo un sinnúmero de intercambio de turistas de los tres segmentos mencionados, lo que finalmente está derivando en una derrama económica que beneficia directamente a los prestadores de servicios y a las comunidades poseedoras de los atractivos y de manera indirecta a todos los implicados en las cadenas de comercialización de esta actividad.
Sin embargo en México, a pesar de la existencia nominal de más de 330 empresas dedicadas a la prestación de algunos servicios de esta índole, no está generando los beneficios que se obtienen en otras latitudes, como por ejemplo en Costa Rica, cuya extensión territorial es mucho menor y puede incluso ser comparada con uno de nuestros estados en nuestra República Mexicana.
La riqueza natural y cultural de muchos países conjuntamente con las altas tasas de crecimiento que ha registrado el turismo alternativo, están originando diversos foros internacionales donde se aborda la problemática que se enfrenta en esta actividad, con la finalidad de generar algunas estrategias para orientar de mejor manera su desarrollo.
Un ejemplo es la llamada "Cumbre Mundial de Ecoturismo" a celebrarse en el mes de mayo en Québec, Canadá; en el marco de esta Cumbre, desconocemos si existe por parte del Gobierno Mexicano una propuesta nacional consensuada que permita aprovechar nuestros recursos naturales en el mayor plazo y con los consecuentes beneficios, sobre todo de empleo para las comunidades poseedoras de dichos recursos y que son las más pobres en estas experiencias.
Señor Presidente, quisiera solicitarle un minuto más del tiempo, para poder terminar mi exposición.
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, diputado.
EL C. DIPUTADO JAIME ARTURO LARRAZABAL BRETON.- El Programa Nacional de Turismo Alternativo y el Plan Nacional de Turismo 2001-2006, contemplan algunos estudios, acciones de infraestructura, equipamiento y operación de 40 destinos de turismo alternativo en el país. Sin duda, el hecho de incluir estas acciones como parte de dichos programas reviste importancia, pero es necesario que se definan mecanismos y acciones más precisas que sean discutidas y consensuadas con los beneficiarios para iniciar cuanto antes los proyectos correspondientes.
Desafortunadamente, la mayor parte de las áreas con mayor potencial para el turismo alternativo, se hayan en zonas y comunidades con un alto índice de marginación social; no obstante, ello no implica que tengamos que conformarnos y esperar que sea la dinámica de otros países, la que marque el rumbo y el ritmo a seguir.
Creo que es el momento de que sentemos las bases al interior de este mismo Congreso, para iniciar una planeación integral de esta actividad con la convocatoria de todas las instancias públicas, privadas y del sector social, de tal manera que en el corto plazo pueda iniciarse la instalación de diversos proyectos, tanto en las ciudades como en las propias comunidades, sobre todo para que éstas generen y distribuyan los beneficios derivados de sus propios recursos naturales tomando en cuenta que el turismo alternativo es sólo una acción más para generar recursos económicos y sociales, adicionales a las actividades económicas preponderantes de las comunidades.
Además, una de las riquezas que pueden integrarse a esta actividad, es la gran diversidad...
EL C. PRESIDENTE.- Le ruego terminar, señor diputado.
EL C. DIPUTADO JAIME ARTURO LARRAZABAL BRETON.- Termino.
En el inicio de este proceso de impulso y desarrollo, será de capital importancia que la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, asuma un papel activo de primera línea, la cual permita sentar las bases para que lo que se ha escrito, pueda llevarse efectivamente a la práctica.
Frente a todo lo anterior y con fundamento en los artículos 58 y 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, atentamente ofrezco a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo:
Único. Para que mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Turismo y quienes tengan interés sobre esta modalidad turística, promovamos ante los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal en su caso, un proyecto integral sobre este tema, aperturando foros y mesas de discusión para definir los alcances del Programa de Turismo Alternativo y del Plan Nacional de Turismo 2001-2006.
Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Jaime Larrazábal Bretón.
Túrnese a las Comisiones de Turismo y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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Para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se prohíba la utilización de beta-gonistas en la producción de carne para el consumo humano, tiene la palabra el diputado Jesús Dueñas Llerenas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
-DIP. JESUS DUEÑAS LLERENAS: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:
La situación por la que atraviesan los consumidores de carne contaminada :con anabólicos del tipo betagonistas, es potencialmente riesgoso para la salud del ser humano.
No sólo el clembuterol causa daños a la salud al ser ingerido en carnes de animales engordados artificialmente con este producto. Todos los anabólicos de la familia de los betagonistas causan los mismos síntomas como taquicardia, temblor de manos, cefáleas, vómitos, hipertensión arterial, mareos e inclusive en casos en los que el consumidor pudiera tener alguna afección cardiaca y sea ignorada por éste, puede causar la muerte.
Si bien es cierto, algunos de estos productos tienen registro en la SAGAR desde julio de 1966, esto no significa que su uso sea adecuado. Tal es el caso del clorhidrato de silpalterol, conocido comercialmente como Silgmax y que fue registrado por primera vez y haciéndose responsables los laboratorios Geish Rusell B, SA de C:V:, con registro número Q0697086, y posteriormente esta empresa cambió su denominación social a Interbet México, S: A. de C. V. y solicitó la modificación al número de registro de Silmax, con el registro Q0273-205 en el mes de agosto del año 2000.
El año pasado el Congreso de Colima, mi Estado, aprobó un punto de acuerdo que determinó la suspensión temporal de la utilización del Silmax, que es de la misma familia de los betagonistas., hasta contar con un ambiente de responsabilidad y garantice al consumidor adquirir carne libre de estos productos.
El laboratorio que introduce estos productos y su aplicación, es francés y en Francia estos productos están prohibidos. Pero además, la Organización Mundial de la Salud, ha lanzado una advertencia en contra de la utilización de estos fármacos betagonistas, lo cual ha sido tomado en cuenta en países como Estados Unidos, Chile y la Unión Europea, prohibiéndose el uso de éstos incluyendo Francia, país donde repito, es el origen de los multicitados productos.
Cabe cuestionar a la SAGARPA, con qué fundamento, con qué criterio lo aplicó la SAGAR para expedir la autorización del uso del Silmax, en 1996, si está prohibido en su país de origen.
Considerando que el uso de anabólicos betagonistas en la engorda de animales para el consumo humano, no brinda al consumidor ningún beneficio nutritivo y sí puede causar toxicidad en el ser humano y ante esta problemática los diputados de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, con apego en lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
UNICO: Se exhorta al Secretario de la SAGARPA a que gire instrucciones a fin de prohibir el uso por parte de los engordadores de ganado bovino, de los betagonistas, incluyendo el clorhidrato de Silpalterol, conocido comercialmente como Silmax, hasta que no se compruebe la inocuidad para el ser humano, a fin de salvaguardar la salud de los consumidores.
Por su atención, compañeros, muchas gracias. Su servidor Jesús Dueñas Llerenas.
EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Pidió la Comisión de Agricultura, que se turnara, diputado Dueñas?
EL C. DIPUTADO JESUS DUEÑAS LLERENAS: A la opinión de Agricultura y Ganadería.
EL C. PRESIDENTE: Con opinión de la Comisión de Salud, ¿le parece correcto?
En consecuencia, se instruye para que la presente proposición con punto de acuerdo se turne a la Comisión de Agricultura y Ganadería, con opinión de la Comisión de Salud.
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Habiéndose cumplido el término reglamentario para la presente sesión, le ruego a la secretaría dar lectura al orden del día de la próxima.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ:
(LECTURA ORDEN DEL DIA, INSERTESE)
ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 8
SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL SEGUNDO AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA.
ORDEN DEL DIA 04 DE ABRIL DE 2002.
Acta de la sesión anterior.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Claus Werner von Wobeser Hoepfner y Sara Santizo Barrientos, puedan aceptar y usar las Condecoraciones que les confieren Gobiernos Extranjeros. (Turno a Comisión)
INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acotación del presidencialismo. A cargo del Dip. Martí Batres Guadarrama, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del Dip. Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática. (Turno a comisión).
De Decreto para que se inscriba con Letras de Oro, en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario de la Cámara de Diputados, el nombre del Gral. Salvador Alvarado, a cargo del Dip. Fernando Díaz de la Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
PROPOCION
Con Punto de Acuerdo en relación a los derechos de los migrantes, a cargo de la Dip. Magdalena Núñez Monreal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión)
EFEMÉRIDE
Sobre el 450 Aniversario de la Fundación de Teziutlán, Puebla, a cargo de la Dip. Concepción González Molina, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva dé Cuenta.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada secretaria.
Sí quisiera de manera explícita señalar que en el orden del día de la siguiente sesión formará parte también, como punto de acuerdo, como proposición con punto de acuerdo en relación con los migrantes, un punto de acuerdo que ha estado anunciado para el día de hoy, que presentaría la diputada Magdalena Núñez Monreal y que por razones de tiempo no ha habido oportunidad de presentarlo en esta sesión.
Y que se incluirá también, en efemérides, para la siguiente reunión la referente al 450 aniversario de la fundación de Teziutlán, Puebla, a cargo de la diputada Concepción González Molina que, por razones de tiempo el día de hoy, no ha sido posible presentar
En consecuencia (15:34 horas) se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 4 de abril, a las 10:00 horas.