040402

SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 4 DE ABRIL DE 2002

ORDEN DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2001.
APERTURA
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de: Aguascalientes, Chihuahua y Sinaloa.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.
De la Junta de Coordinación Política.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Para dar cumplimiento al artículo 23, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, remite información relativa a la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del Erario Federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al periodo enero-febrero de 2002. (Turno a Comisión).
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Tres por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos: Claus Werner von Wobeser Hoepfner, Sara Santizo Barrientos y Gerardo Clemente Vega García, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros. (Turno a Comisión).
Oficio de la Cámara de Senadores
Con el que remite iniciativa que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, suscrita por el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Minuta
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Turno a Comisión).
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Víctor Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Que reforma el primer párrafo del artículo 72 y adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acotación del presidencialismo, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 84, 85, 94 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos, para que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustituya temporalmente al titular del Poder Ejecutivo, en caso de ausencia, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de democracia semidirecta, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de nuestra Carta Magna, para la incorporación de la figura del referéndum, a cargo de la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 7º, fracción VII, y 8º, párrafo primero, de la Ley General de Educación, a cargo de la diputada Silvia Romero Suárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, a cargo del diputado Oscar Ochoa Patrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, en materia de concesiones, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 66, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º, numeral 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para ampliar la duración del segundo periodo ordinario de sesiones del Congreso, a cargo del diputado Juan Manuel Martínez Nava, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para crear la figura de la pregunta parlamentaria, a cargo del diputado Jaime Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que adiciona una fracción VI al artículo 73, y reforma los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De Ley Federal de Protección a Informantes Confidenciales de Actos de Corrupción, a cargo del diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones fiscales, a cargo del diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con proyecto de decreto que concede autorización al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Vicente Fox Quesada, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, a fin de que participe en la XVI Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, que se celebrará en San José, República de Costa Rica. (Dispensa de segunda lectura, discusión y votación).
Excitativas
A la Comisión de Energía, a cargo del diputado César Duarte Jáquez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo, en relación al conflicto Israel-Palestina, a cargo de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al pago anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a los derechos de los migrantes, a cargo de la diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al cobro excesivo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el estado de Chiapas, a cargo del diputado Adolfo Zamora Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Economía la información referente al anteproyecto de norma oficial mexicana de la leche que en estos momentos se está trabajando (PRO-NOM-000SCFI-2001), a cargo del diputado César Alejandro Monraz Sustaita, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a las remesas de los trabajadores migrantes mexicanos, a cargo del diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal detenga el otorgamiento de subsidios y apoyos a la compra de semillas genéticamente modificadas, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para que explique las causas de la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex a nivel nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la problemática del campo mexicano, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la iniciativa en materia electoral que reforma el Cofipe y diversas leyes, presentada en el Senado de la República, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para reactivar el desarrollo económico y social del sureste de México, (sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche), a cargo del diputado Feliciano Calzada Padrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión de Transportes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre la forma y elementos que constituyen el programa de bursatilización carretero y sus implicaciones, a cargo del diputado Eugenio Pérez Cruz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la política exterior mexicana, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al aumento del precio del gas doméstico, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la alta incidencia de la delincuencia en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Esteban Sotelo Salgado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al conflicto de Aviacsa, a cargo del diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la Conferencia sobre la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y el voto de México sobre Cuba, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Agenda política
Pronunciamiento acerca del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para su entrada en vigor el próximo 5 de abril, a cargo del diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Comentarios sobre la participación del gobernador del estado de Quintana Roo, en las elecciones de ese estado, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Efemérides
Sobre el 450 aniversario de la fundación de Teziutlán, Puebla, a cargo de la diputada Concepción González Molina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario luctuoso del ingeniero Heberto Castillo Martínez, a cargo del diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
	CLAUSURA

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que la diputada Verónica Sada Pérez, sustituya al diputado Jesús Mario Garza Guevara, como integrante de la Comisión de Turismo.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente sustitución:

Que la diputada Verónica Sada Pérez entra a la Comisión de Turismo como integrante en sustitución del diputado Jesús Mario Garza Guevara.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo, a 2 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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(Da lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita que el diputado Francisco Arano salga de la Comisión de Reforma Agraria)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que el diputado Francisco Arano Montero, salga de la Comisión de Reforma Agraria.

Palacio Legislativo, México, D. F., a 3 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política.— Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente salida:

Que el diputado Francisco Arano Montero, sale de la Comisión de Reforma Agraria, de la que es integrante.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo, a 3 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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(Da lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita que el diputado Humberto Muñoz Vargas sustituya al diputado Enoch Araujo Sánchez como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que el diputado Humberto Muñoz Vargas, sustituya al diputado Enoch Araujo Sánchez, como integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para emitirle la siguiente sustitución:

Que el diputado Humberto Muñoz Vargas entra a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en sustitución del diputado Enoch Araujo Sánchez.

Lo anterior para que se notifique a la Comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo a 3 de abril de 2002.— Diputado federal Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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(Da lectura al oficio de la Junta de Coordinación por el que se solicita que el diputado Jaime Salazar Silva salga de la Comisión de Ciencia y Tecnología y sustituya al diputado Jesús Mario Garza Guevara como integrante de la Comisión de Comercio)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva, Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

•Que el diputado Jaime Salazar Silva, salga de la Comisión de Ciencia y Tecnología.

• Que el diputado Jaime Salazar Silva sustituya al diputado Jesús Mario Garza Guevara, como integrante de la Comisión de Comercio.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Letislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle los siguientes cambios:

El diputado Jaime Salazar Silva, sale de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la que es integrante y entra a la Comisión de Comercio, como integrante.

Lo anterior para que se notifique a las comisiones antes referidas, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo a 2 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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(Da lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política por el que solicita que la diputada Victoria Ruth Sonia López Macías sustituya a la diputada María del Rocío García Gaytán como Secretaria de la Comisión de Equidad y Género)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que la diputada Victoria Ruth Sonia López Macías, sustituya a la diputada María del Rocio García Gaytán, como Secretaría en la Comisión de Equidad y Génro.

Palacio Legislativo, México, D.F., a 3 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.—Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle el siguiente nombramiento:

La diputada Victoria Ruth Sonia López Macías, queda en la Comisión de Equidad y Género como secretaria.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mis consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo a 3 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN): En votación económica se pregunta si se aprueban.

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados— Presente.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, me permito enviar la información relativa a la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al periodo enero-febrero de 2002.

México, D.F., a 2 de abril de 2002.— El secretario José Francisco Gil Díaz.»

II.2 Evolución de los saldos de la deuda pública externa, enero-febrero de 2002.

II.3 Evolución de los saldos de la deuda interna del Gobierno Federal, febrero de 2002.

II.4 Evolución de los saldos de la deuda interna del Gobierno Federal, enero-febrero de 2002.

II.12 Deuda externa del sector público, financiamientos durante febrero y acumulado de 2002.

II.13 Deuda Interna del Gobierno Federal, financiamientos durante febrero y acumulado de 2002.

(Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se envía información sobre el Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al periodo enero-febrero de 2002)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.

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(Oficio de la Secretaría de Gobernación sobre el C. Claus Werner von Wobeser Hoepfner)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios.— Cámara de Diputados.— Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Claus Werner von Wobeser Hoepfner, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.

México, D. F., a 27 de marzo de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

-PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios.— Cámara de Diputados.— Congreso de la Unión.— Presentes.

La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Sara Santizo Barrientos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Oro por Méritos por la República de Austria, que le confiere el gobierno de dicho país.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata.

Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración.

México, D.F., 27 de marzo de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

-PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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(Oficio de la Secretaría de Gobernación sobre el C. Gral. Gerardo Clemente Ricardo Vega García)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Secretaría de Gobernación.— Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios.— Cámara de Diputados.— Congreso de la Unión.— Presentes.

El general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional se dirigió al titular de esta dependencia, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar "Antonio Nariño" en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Colombia.

Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su currículum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata, así como dos fotografías.

Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración.

México, D.F., 1o. de abril de 2002.— El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.»

-PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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(Oficio del Senado de la República con el que se turna a esta Cámara, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002)

«Escudo de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.

México, D.F., a 3 de abril de 2002.— Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Honorable Asamblea: los suscritos, senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: iniciativa de adición de un artículo transitorio para incorporarse a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, de conformidad con la siguiente

La delicada situación de la industria azucarera nacional reclama de la atención urgente de los legisladores para el efecto de dictar las medidas necesarias a fin de evitar una crisis de enormes proporciones en el sector.

Por otra parte, los compromisos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su cumplimiento cabal por parte de los países signatarios, así como los intereses de los productores de fructosa en México, hacen también necesario tomar medidas que permitan tutelar los intereses legítimos de las personas y grupos involucrados.

El Poder Ejecutivo de la Unión, emitió el pasado 5 de marzo de 2002 un decreto por el cual, mediante una utilización cuestionable del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, difiere el cobro del impuesto establecido en el artículo 2o., fracción I, inciso H, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios hasta el 30 de septiembre de este mismo año.

El Poder Legislativo federal considera que, en un marco de colaboración y respeto entre los poderes conviene incluir dicha disposición en un ordenamiento de rango legal, de manera que se cumpla de la forma más rigurosa posible con el sentido de la división de poderes que establece la Constitución mexicana.

En el mismo tenor, el Poder Legislativo considera que el plazo por el cual se debe suspender el cobro del impuesto por el uso de fructosa en los refrescos (entendidos en el sentido que los define el artículo 3o., fracción XV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), no debe extenderse más allá del último día del mes de junio.

Con la adición de un artículo transitorio que se propone realizar a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002, se logra una producción razonable y legítima de los intereses y necesidades de la industria azucarera nacional en un término breve y perentorio; a la vez que se logra una consideración importante con respecto a las negociaciones internacionales de México con los Estados Unidos de Norte América y con respecto a los intereses de los productores nacionales de fructosa.

La legislación de un país democrático debe responder no solamente a criterios de eficiencia económica, sino también a los de tutela de interés social, entendido como el interés de sectores importantes de la sociedad. Es por ello que, en atención a la situación difícil que atraviesan casi 3 millones de personas que dependen de la industria nacional del azúcar, el Poder Legislativo Federal ha decidido adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002 en los términos que siguen:

Artículo décimo transitorio...: "el impuesto previsto en el artículo 2o., fracción I, inciso H, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no será aplicable desde el 6 de marzo hasta el 30 de junio de ejercicio fiscal del año 2002."

Cámara de Senadores, 2 de abril del año 2002.— Senadores: Fidel Herrera Beltrán; Antonio García Torres; Miguel Angel Navarro Quintero; Carlos Chaurand Arzate; Noemí Guzmán Lagunes y César Camacho Quiroz.

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(Oficio del Senado de la República, con el que se remite Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Presidencia de la Mesa Directiva.

Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo Primero. Se reforman los artículos que integran los capítulos II y III del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como siguen:

Artículo 9o. El procedimiento de juicio político consta de dos etapas sucesivas denominadas periodo de instrucción y periodo de juicio.

Artículo 10. En el procedimiento de juicio político la Cámara de Diputados actuará como órgano instructor y de acusación. La Cámara de Senadores fungirá como Jurado de Sentencia. En su actuación, ambas cámaras deberán sujetarse a lo dispuesto por los artículos 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley.

En ningún caso podrá dispensarse alguna de las formalidades establecidas en los ordenamientos antes señalados. A falta de disposición expresa, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y en su caso, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa de las cámaras.

Artículo 11. El periodo de instrucción será substanciado por la Cámara de Diputados, a través de una subcomisión de Instrucción, que se mantendrá de legislatura a legislatura, y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Asimismo formarán parte de la subcomisión de instrucción los presidentes de las comisiones antes señaladas.

El Presidente de la Comisión Jurisdiccional lo será a su vez de la subcomisión de Instrucción y tendrá voto de calidad para el caso de empate.

El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fungirá como secretario.

Artículo 12. El periodo de juicio será substanciado por la Cámara de Senadores, a través de una subcomisión de Enjuiciamiento que se mantendrá de legislatura a legislatura, y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres miembros de la Comisión de Justicia y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Asimismo, formarán parte de la subcomisión de enjuiciamiento los presidentes de las comisiones ordinarias antes señaladas.

El Presidente de la Comisión Jurisdiccional lo será a su vez de la subcomisión de Enjuiciamiento y tendrá voto de calidad para el caso de empate. El Presidente de la Comisión de Justicia fungirá como secretario.

Artículo 13. En el procedimiento de juicio político las actuaciones deberán practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, excepto los sábados, domingos y aquellos que no sean laborables para los trabajadores del Poder Legislativo Federal. Se entienden horas hábiles las que medien desde las nueve hasta las 19:00 horas. Las sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, previstas en los artículos 34 y 40 de esta ley, no quedarán sujetas a dicho horario.

Sin perjuicio de lo anterior, las subcomisiones de Instrucción y Enjuiciamiento, podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija. En todo caso, deberán hacer constar cuál es la causa que motive la habilitación y las diligencias que hayan de practicarse.

Artículo 14. Las actuaciones que se practiquen en el procedimiento de juicio político deberán ser autorizadas por el secretario de la subcomisión que corresponda, o por alguno de los secretarios de las comisiones o cámaras cuando les competa actuar. Los ocursos y las actuaciones deberán escribirse en español. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción al español. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. No se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error cometido.

Artículo 15. Todas las declaraciones, resoluciones, autos y demás proveídos que se emitan dentro del procedimiento de juicio político o a consecuencia del mismo, deberán estar debidamente fundadas y motivadas.

Las excusas y recusaciones se substanciarán en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 16. Para hacer cumplir las determinaciones que se dicten en términos de la presente ley, las subcomisiones, comisiones y cámaras, podrán imponer como medida de apremio, previo el apercibimiento correspondiente, multa hasta por el equivalente a 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las multas que se impongan en términos del presente artículo, será aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 17. El procedimiento de juicio político podrá ser promovido por cualquier ciudadano mexicano, bajo su más estricta responsabilidad, mediante la presentación de una denuncia por escrito que contenga los siguientes requisitos:

I. Nombre completo y domicilio del denunciante. Las denuncias anónimas no producirán efecto alguno.

III. Los hechos en que se funde la denuncia, debiendo narrarse, bajo protesta de decir verdad, sucintamente, con claridad y precisión.

En todo caso, la denuncia deberá referirse a alguna de las conductas previstas en el artículo 7o. de esta ley, o bien a las que determina el segundo párrafo del artículo 5o. de este mismo ordenamiento, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de Justicia locales.

V. Asimismo, en el escrito de denuncia deberán ofrecerse todas las pruebas con las que se pretendan acreditar los hechos en que se funde. Al efecto, serán admisibles todo tipo de pruebas, siempre que estén reconocidas por la ley.

El denunciante deberá exhibir todos los documentos que ofrezca como prueba junto con la denuncia. Los que se presenten con posterioridad no serán admitidos, salvo aquellos supervinientes.

En el caso de que el denunciante careciere de algún documento, deberá acreditar, al presentar su denuncia, que solicitó su expedición con la copia simple y sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que a su costa, se le expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. En estos casos, a petición del denunciante, la subcomisión de Instrucción, luego de que tenga por presentada la denuncia, podrá solicitar la expedición del documento correspondiente, a costa del denunciante.

Si se ofreciere la testimonial, deberá proporcionarse el nombre y domicilio de los testigos y se exhibirán los interrogatorios al tenor de los cuales deberá desahogarse la prueba. En ningún caso se admitirán testimoniales de personas que no hayan sido mencionadas en el escrito de denuncia. Si el domicilio de los testigos resultare inexacto, se declarará desierta la prueba.

De ofrecerse la pericial, deberá indicarse el nombre y domicilio de los peritos, así como la clase de pericial de que se trate. Asimismo, deberá anexarse el cuestionario que deban resolver los peritos.

En ningún caso se tendrán por presentadas denuncias que no tengan sustento en prueba alguna.

Artículo 18. En el evento de que la denuncia sea presentada por dos o más ciudadanos de manera conjunta, tan pronto la ratifiquen en lo individual, deberán designar un representante común. Luego de que se acuerde favorablemente su nombramiento, el representante común tendrá las mismas facultades que si actuara por propio derecho, y en lo sucesivo, el conjunto de denunciantes actuará únicamente por su conducto.

Artículo 19. El escrito de denuncia deberá ser presentado ante la oficialía de partes de la subcomisión de Instrucción y en el mismo acto deberá ser ratificada por el denunciante, ante el personal de dicha oficialía, previa acreditación de su calidad de ciudadano mexicano. A tal efecto, bastará la exhibición de su credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral.

De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no presentada.

Artículo 20. Dentro de las 24:00 horas siguientes a la ratificación del escrito de denuncia, la subcomisión de Instrucción procederá a efectuar su revisión. Si encontrare alguna irregularidad, o advierte la omisión de alguno de los requisitos previstos en el artículo 17 de esta ley, prevendrá, mediante notificación personal, al denunciante para que dentro de un plazo improrrogable de tres días hábiles los subsane. Si transcurrido dicho plazo no se diera cumplimiento a la prevención, la subcomisión de Instrucción desechará de plano la denuncia, ordenando su archivo como asunto concluido.

Artículo 21. Presentada la denuncia con los requisitos correspondientes, o desahogada satisfactoriamente la prevención a que se refiere el artículo 20, la subcomisión de Instrucción procederá a dictar un proveído en el que se tenga por presentada la denuncia. En el mismo se mandará emplazar al denunciado, corriéndole traslado con copia autorizada de la denuncia y los documentos anexos, a efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles comparezca por escrito ante dicha subcomisión, a manifestar lo que a su derecho convenga.

Al hacer sus manifestaciones, el denunciado deberá referirse, en capítulos separados, tanto a la procedencia de la denuncia, como a las imputaciones que se le hagan, señalando los hechos que sean ciertos, los que sean falsos y los que ignore por no ser propios.

Asimismo, el denunciado deberá ofrecer todas las pruebas que considere pertinentes y que tengan relación con la procedencia de la denuncia y con las imputaciones de fondo, debiendo observar en lo conducente los requisitos previstos en la fracción V del artículo 17 de esta ley.

De igual forma, al hacer sus manifestaciones, el denunciado deberá adicionar los interrogatorios de testigos y peritos que, en su caso, haya exhibido el denunciante.

Si el denunciado no comparece en el plazo antes señalado, se entenderán negados los hechos que se le imputen y se tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y adicionar los interrogatorios de testigos y peritos.

Artículo 22. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que reciba las manifestaciones del denunciante, o a que haya vencido el plazo para hacerlas, la subcomisión de Instrucción procederá a resolver si ha lugar o no a iniciar el procedimiento. A tal efecto, la subcomisión de Instrucción deberá analizar en su integridad tanto las manifestaciones del denunciante, como las que en su caso hubiere hecho el denunciado, junto con la documentación exhibida.

Para resolver sobre la iniciación del procedimiento la subcomisión de Instrucción deberá verificar escrupulosamente que se cumpla lo siguiente:

I. Que el funcionario público denunciado continúe en su cargo, o bien que no haya transcurrido más de un año desde que cesó su ejercicio.

II. Que el denunciado se encuentre entre los servidores públicos que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son sujetos del juicio político.

III. Que en el escrito de denuncia se impute al funcionario público alguna conducta que claramente encuadre en las previstas en los artículos 5o. y 7o. de la presente ley.

IV. Que la denuncia esté apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer presuntivamente la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado.

Artículo 23. La resolución por la que se decida que no ha lugar a iniciar el procedimiento no es recurrible. Contra la que resuelva iniciarlo será procedente el recurso de revisión o el juicio de amparo indirecto, que podrá promover el denunciado a su elección.

Artículo 24. En la resolución por la que se decida iniciar el procedimiento procederá la subcomisión de Instrucción a proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por el denunciante y el denunciado y dictará las medidas que resulten necesarias para su preparación: fijando día y hora para la celebración de una audiencia, dentro de los treinta días hábiles siguientes, en la que tendrá lugar su desahogo. Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al denunciante y al denunciado dentro de los tres días hábiles siguientes a que se dicte.

De ser necesaria la práctica de diligencias fuera del lugar de residencia de las cámaras, se encomendará su realización al juez de distrito competente, por medio de despacho que al efecto se remita.

Artículo 25. Cuando sea estrictamente necesario para el conocimiento de los hechos denunciados, la subcomisión de Instrucción podrá decretar, de oficio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria. En este caso, la diligencia probatoria deberá quedar desahogada antes de que concluya la audiencia de pruebas.

La subcomisión de Instrucción ordenará la notificación personal al denunciado de todo proveído por el que se ordene la práctica de alguna diligencia probatoria, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que la misma deba tener lugar, con la finalidad de permitir su participación.

Artículo 26. De ofrecerse o considerarse necesaria la confesional del denunciado, dicha prueba deberá desahogarse por oficio, mientras el servidor público continúe en su encargo. La misma regla se observará para el reconocimiento de documentos.

Artículo 27. Si en la audiencia prevista en el artículo 24 de esta ley no pudiere tener lugar el desahogo de todas las pruebas admitidas, incluyendo las que se determinen para mejor proveer, la subcomisión de Instrucción la diferirá por única vez, fijando nueva fecha para su celebración dentro de los 15 días hábiles siguientes. Las pruebas que por falta de preparación no queden desahogadas en dicha fecha serán declaradas desiertas.

El denunciante podrá asistir al desahogo de las pruebas que hubiere ofrecido. Sin embargo, en ningún caso se le concederá el derecho de intervenir o alegar en dichas diligencias.

Artículo 28. Concluida la audiencia de pruebas, se pondrán los autos a la vista del denunciado a efecto de que dentro del plazo de 10 días hábiles presente sus alegatos por escrito ante la subcomisión de Instrucción.

Artículo 29. Presentados los alegatos del denunciado, o vencido el plazo para ello, la subcomisión de Instrucción contará con un plazo de 10 días hábiles para formular su proyecto de declaración.

Artículo 30. Si del análisis de lo alegado y probado en el procedimiento se acredita la responsabilidad del servidor público, la subcomisión de Instrucción propondrá en su proyecto de declaración la aprobación de lo siguiente:

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;

III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo octavo de esta ley, y

IV. Que en caso de ser aprobado el proyecto, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.

Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría.

Artículo 31. De no acreditarse la responsabilidad del servidor público, la subcomisión de Instrucción propondrá en su proyecto, previa votación de sus integrantes, que no se formule acusación ante la Cámara de Senadores y se declare concluido el procedimiento.

Artículo 32. Con el proyecto a que se refieren los artículos 29, 30 y 31 de esta ley, la Subcomisión de Instrucción remitirá las actuaciones al Presidente de la Cámara de Diputados, a efecto de que éste proceda a citar, por los conductos ordinarios, a una sesión del pleno, que deberá tener lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes, con el fin de resolver sobre la imputación.

Artículo 33. El Presidente de la Cámara de Diputados mandará hacer del conocimiento del denunciado el día y hora en que tendrá lugar la sesión prevista en el artículo 32, a fin de que, si lo desea, pueda comparecer a hacer las manifestaciones que estime convenientes. En todo caso, el denunciado podrá hacer sus manifestaciones por escrito, sin que al efecto se requiera su comparecencia personal.

Artículo 34. La sesión de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 32, será indivisible y una vez iniciada no concluirá hasta que se haya emitido la resolución respectiva. Comenzará con la declaración formal de su Presidente en el sentido de que dicha Cámara se erige, a partir de ese momento, en órgano de acusación. Acto continuo, el secretario de la Mesa Directiva dará lectura al proyecto de la subcomisión de Instrucción.

Asimismo, el secretario dará lectura íntegra a las manifestaciones del denunciado, en el evento de que éstas hubieran sido hechas por escrito.

Si el denunciado o su representante asistieran a la sesión, tendrán derecho a hacer uso de la voz, en concepto de alegatos, a efecto de lo cual se concederán un máximo de 20 minutos, antes del inicio de la discusión.

Artículo 35. Efectuada la lectura de las manifestaciones del denunciado o escuchados sus alegatos, se procederá a discutir y votar el proyecto de la subcomisión de Instrucción. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la subcomisión deberá elaborar otro, en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea discutido y votado dentro de los 15 días siguientes.

En ningún caso podrán votar los diputados que hayan tenido el carácter de denunciantes.

Si el denunciado o su representante desearen presenciar la discusión y votación, lo manifestarán así al secretario del Mesa Directiva, quien les asignará el sitio, dentro del salón de sesiones, en el que podrán permanecer, sin que puedan hacer uso de la voz.

Artículo 36. Si la Cámara de Diputados decidiera que no ha lugar a formular acusación ante la Cámara de Senadores, en la misma resolución declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo del asunto como concluido. Si la decisión fuera en el sentido de formular acusación, se remitirá el original de la declaración, junto con las actuaciones completas, a la Cámara de Senadores para la substanciación del periodo del juicio y resolución definitiva.

Artículo 37. Recibida en la Cámara de Senadores la acusación junto con las actuaciones, se turnarán a la subcomisión de Enjuiciamiento, la que acusará recibo a la Cámara de Diputados y ordenará notificar al denunciado de la llegada y radicación de los autos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para que formule sus alegatos por escrito.

Artículo 38. Formulados los alegatos del denunciado o vencido el plazo para ello, la subcomisión de Enjuiciamiento procederá al análisis íntegro de las constancias de autos, y en un plazo no mayor de 10 días hábiles, previa votación de sus integrantes, formulará su proyecto de sentencia y lo entregará al Presidente de la Cámara de Senadores a efecto de que éste proceda a citar, por los conductos ordinarios, a una sesión del pleno, que deberá tener lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes, con el fin de resolver sobre la acusación.

Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Enjuiciamiento disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Senadores, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría.

Artículo 39. El Presidente de la Cámara de Senadores mandará hacer del conocimiento del denunciado el día y hora que tendrá lugar la sesión, prevista en el artículo 38, a fin de que, si lo desea, pueda comparecer a hacer las manifestaciones que estime convenientes. En todo caso el denunciado podrá hacer sus manifestaciones por escrito, sin que al efecto se requiera su comparecencia personal.

Artículo 40. La sesión de la Cámara de Senadores, prevista en el artículo 38, será indivisible y una vez iniciada no concluirá hasta que se haya emitido la resolución respectiva. Comenzará con la declaración formal de su Presidente en el sentido de que dicha Cámara se erige, a partir de ese momento, en jurado de sentencia. Acto continuo, el secretario de la Mesa Directiva dará lectura al proyecto de sentencia. Asimismo, el secretario dará lectura íntegra a las manifestaciones del denunciado, en el evento de que estas hubieran sido hechas por escrito.

Si el denunciado o su representante asistieran a la sesión, tendrán derecho hacer uso de la voz, en concepto de alegatos, a efecto de lo cual se les concederá un máximo de 20 minutos, antes del inicio de la discusión.

Artículo 41. Efectuada la lectura de las manifestaciones del denunciado o escuchado sus alegatos, se procederá a discutir y a votar el proyecto de la subcomisión de Enjuiciamiento. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la subcomisión deberá elaborar otro en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Senadores, a fin de que sea discutido y aprobado dentro de los 15 días siguientes.

En ningún caso podrán votar los senadores que hayan tenido el carácter de denunciantes. Si el denunciado o su representante desearen presenciar la discusión y votación, lo manifestarán así al secretario de la Mesa Directiva, quien les asignará el sitio, dentro del salón de sesiones, en el que podrán permanecer, sin que puedan hacer uso de la voz.

Artículo 42. Efectuada la votación, se emitirá la resolución correspondiente, en la cual deberá quedar determinado con claridad si el denunciado es o no responsable y en su caso cuál es la sanción que le corresponde.

Artículo 43. Las declaraciones y resoluciones definitivas de las cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Contra los autos y demás proveídos de las subcomisiones de Instrucción y Enjuiciamiento, dictados durante la secuela del procedimiento de juicio político, que afecten gravemente las defensas del denunciado, procede el recurso de revisión.

Asimismo, será procedente dicho recurso en los casos expresamente señalados en la presente ley.

Artículo 44. La finalidad del recurso de revisión será modificar o revocar el auto o proveído impugnado y su agotamiento será opcional.

La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de los autos y proveídos impugnados.

Artículo 45. El recurso de revisión se promoverá mediante escrito en el que se expresen agravios, el cual deberá presentarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que haya surtido efectos la notificación de los autos o proveídos impugnados, ante la subcomisión que los haya emitido.

Artículo 46. Dentro de las 24:00 horas siguientes a que la subcomisión reciba el escrito mediante el que se promueva el recurso, proveerá sobre su admisión y lo turnará a su Presidente para su resolución, la que deberá ser dictada en un plazo máximo de 10 días.

Artículo 47. El procedimiento de declaración será substanciado ante la Cámara de Diputados, a través de una subcomisión de Declaración de Procedencia, que se mantendrá de legislatura a legislatura y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres de la de Justicia y Derechos Humanos, y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Dentro de ellos se designará un Presidente y un secretario. En su actuación la Cámara deberá sujetarse a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la presente ley. En ningún caso podrán dispensarse las formalidades establecidas en los ordenamientos antes señalados. A falta de disposición expresa, serán aplicables, supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, y en su caso, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normativa de las cámaras.

Artículo 48. La petición de declaración de procedencia sólo podrá ser formulada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cubiertos los requisitos para el ejercicio de la acción penal en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 49. La petición a que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada ante la oficialía de partes de la subcomisión de Declaración de Procedencia, la cual, dentro de las 48:00 horas siguientes deberá proveer sobre su admisión. Si fuere notoriamente improcedente la desechará de plano sin ulterior recurso.

Artículo 50. Dictado el auto admisorio, la subcomisión de Declaración de Procedencia emplazará al servidor público presunto responsable, corriéndole traslado de la petición de declaración de procedencia y de sus anexos, a efecto de que dentro de 10 días comparezca mediante escrito, por sí o por conducto de su defensor, ante dicha Subcomisión, a manifestar lo que a su derecho convenga y para ofrecer pruebas.

Si el servidor público no comparece en los plazos antes señalados, se entenderán negados los hechos que se le imputan y por perdido su derecho de ofrecer pruebas.

Artículo 51. Ofrecidas las pruebas del servidor público presunto responsable, la subcomisión de Declaración de Procedencia procederá a proveer sobre su admisión y dictará las medidas necesarias para su preparación, fijando día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos dentro de los 30 días siguientes. Dicha audiencia sólo podrá diferirse por una sola vez.

El auto que admita pruebas es irrecurrible, el que las deseche puede ser combatido mediante el recurso previsto en el artículo 43, que se promoverá ante la subcomisión de Declaración de Procedencia y será resuelto por su Presidente.

Artículo 52. Si del análisis de lo probado y alegado en el procedimiento de declaración de procedencia se acredita la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita, la subcomisión de Declaración de Procedencia dictaminará que ha lugar a proceder penalmente contra el inculpado y en ese sentido elaborará su proyecto de resolución dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se celebre la audiencia referida en el artículo precedente.

Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Declaración de Procedencia disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría.

Artículo 53. Notificado el proyecto de resolución correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia dentro de los cinco días siguientes a esa notificación, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público.

Artículo 54. En el día y hora señalados la Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia, previa declaración de su Presidente. En seguida, la Secretaría hará lectura del proyecto de resolución de la subcomisión de Declaración de Procedencia y de las alegaciones que por escrito hayan presentado el servidor público o su defensor. Acto seguido se procederá a discutir y votar el mencionado proyecto de resolución, en la misma sesión.

En caso de no aprobarse el proyecto presentado la subcomisión de Declaración de Procedencia deberá elaborar otro en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea discutido y votado dentro de los 15 días siguientes.

Artículo 55. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. En todo caso, el servidor público presunto responsable tendrá derecho a libertad caucional en el proceso que se le siga.

Artículo 56. Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 111 constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, el Presidente de la subcomisión de Procedencia notificará por oficio al juez o tribunal que conozca de la causa a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder.

Artículo 57. En lo conducente serán aplicables al trámite de declaración de procedencia las previsiones de los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente ley.

Artículo segundo. Se deroga el capítulo IV del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Artículo tercero. Se recorren los actuales artículos del 46 al 90 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como artículos 58 al 102.

Primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Los actos procesales que tengan lugar con motivo de procedimientos de juicio político o de declaración de procedencia, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de éste.

Salón de sesiones de la Cámara de Senadores.— México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Senadores: Diego Fernándeza de Cevallos ramos, presidente y Yolanda e. González Hernández, secretaria.

Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.— México, D.F., a 26 de marzo de 2002.— Arturo Garita, secretario de Servicios Parlamentarios.»

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Con ese propósito se ofrece el uso de la palabra al diputado Víctor Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS. Con la venia de la Presidencia, señoras y señores Legisladores. El suscrito, Diputado Federal Víctor Díaz Palacios, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el Artículo 70 y la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la Fracción II del Artículo 55 y el Artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente –

Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

Exposición de Motivos, rogando a la Presidencia dé las instrucciones para que sea insertado en su totalidad en el Diario de los Debates la Presente INICIATIVA.

Estamos proponiendo eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos; como se recordará, el 115 Constitucional permite exenciones en el pago de estos servicios a los bienes de dominio público de la Federación , de los Estados o los Municipios.

Esta disposición resulta enormemente onerosa tanto para las finanzas públicas locales como para los organismos federales encargados de la generación de algunos servicios públicos como el agua potable.

El argumento central que sirve de base a esa Iniciativa, es que tales exenciones contribuyen al dispendio y al uso no sustentable de recursos escasos como el agua potable, además de que promueve el empobrecimiento de las finanzas locales y de algunos organismos federales, además en términos normativos es inequitativo que a un grupo de ciudadanos se les obligue a pagar por tales servicios, en tanto que a otros se les ofrezcan gratuitamente.

Si como lo previene el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno que México necesita es uno que promueva el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficacia en el uso del agua, entonces las exenciones y subsidios que permite el 115 representan un obstáculo a esta aspiración.

Si el Gobierno que México requiere es un gobierno austero que trabaje mejor y cueste menos, entonces tales exenciones son una clara equivocación, si el Gobierno que México demanda es un gobierno que fomente el manejo responsable de las finanzas públicas, entonces las exenciones que dispone el Artículo 115 son un despropósito.

Si el Gobierno que México requiere es un gobierno que someterá sus regulaciones a una estricta validación para determinar aquellas regulaciones que ya no le dan un valor agregado a la sociedad, entonces las exenciones a las que nos hemos referido deben eliminarse.

Eso es lo que se propone en la presente Iniciativa, si el Gobierno que México requiere es un gobierno que someterá constantemente a una rigurosa rendición de cuentas, no sólo en lo que se refiere al uso honesto y transparente de los recursos sino también a la eficacia y calidad como se utilizan, las exenciones que permite el 115 son un desacierto.

¿Hacia dónde nos conducen estos razonamientos? La conclusión es que si el Congreso desea promover un marco regulatorio, equitativo y eficaz, entonces debe considerar seriamente la Enmienda al 115 en los términos que está formulada en la propuesta que se presenta

Nos parece que la mejor manera de defender la Enmienda que se propone, sea exponer claramente los efectos nocivos que tiene la exención del pago de un importantísimo servicio público como es el agua.

Naturalmente, la exención en el pago de este servicio a las oficinas públicas no ha provocado la difícil situación en la que se encuentran en las finanzas sobre todo, pero sí ha generado que tengan una descapitalización ya que esta facturación representa el 40% del total, no es posible que mientras la Secretaría de Hacienda esté exigiendo el pago de impuestos a los servicios de Operador de Agua Potable, no paga por el agua que consume, no entendemos como CNA que sí cobra por la explotación de este recurso, tampoco paga por lo que está recibiendo.

Actualmente los organismos responsables del abasto del agua en las ciudades del país enfrentan un sinnúmero de problemas, entre ellos destaca precisamente su situación precaria motivada por la bajísima recaudación que perciben de las tarifas.

En efecto, generalmente las tarifas del agua que se cobran en el país, no son suficientes para cubrir los gastos de inversión que deben realizarse periódicamente en materia de infraestructura hidráulica, así como los gastos necesarios para la operación y administración del organismo encargado de proveer de este recursos.

Asimismo existen irregularidades considerables en materia de medición y cobro de servicio por parte de los organismos operadores, los cuales trabajan frecuentemente con muy pocos recursos y están adscritos a los gobiernos municipales; si a ello le agregamos que muchos de estos muestran marcadas ineficiencias debido a ajustes políticos y decisiones de corto plazo, nos podemos dar una idea de lo delicado del problema.

En general los fuertes subsidios que han caracterizado la dotación del agua potable en México, incluidos los que se destinan a proveer de este servicio a las dependencias públicas en los tres niveles de Gobierno, han motivado la descapitalización de la industria del agua. Este fenómeno afecta por igual a las ciudades y al campo.

Las exenciones que contempla el 115 impiden trasmitir a los empleados de las oficinas públicas los costos que representa suministrar el líquido, los cuales tienen que ver con el mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica; esto provoca que en las dependencias públicas los usuarios no tengan incentivos para cuidar el agua, independientemente del creciente costo de obras para suministrarlas.

Las soluciones que se han propuesto para aliviar la escasez del agua tienen que ver casi exclusivamente con opciones de carácter técnico, es decir a través del aumento de la oferta de agua que se obtiene a partir de la construcción de mayores obra hidráulicas. Ante este panorama, es importante tomar en cuenta el lado de la demanda del agua estableciendo mecanismos que ayuden a consumir el líquido de manera más racional y eficiente.

Actualmente en las oficinas públicas, para los empleados, no hay diferencia entre gastar 40 litros diarios o 400. Un criterio que puede ayudar a racionalizar el consumo del agua en las dependencias públicas consiste en establecer una estructura de tarifas que persiga en la medida de lo posible, realizar cobros reales por la dotación del vital líquido.

Por otra parte, tal como lo dispone el 115, la exención en el pago del agua a las dependencias del Gobierno es significativa tanto por razones de principio como porque en un contexto de escasez la provisión gratuita de un recurso en extremo escaso a un grupo de la población implica la privación a otro segmento del consumo de este mismo recurso.

El Gobierno de México tiene que poner el ejemplo respecto al comportamiento que pide a la ciudadanía; si el Gobierno pide a la ciudadanía pagar por los servicios públicos, entonces el Gobierno debe empezar por conducirse de la misma manera, de lo contrario el Gobierno perderá el respeto de la ciudadanía y terminará por carecer de autoridad moral.

Resulta absurdo que al mismo tiempo que el Gobierno se pronuncia por racionalizar el consumo del agua, sus oficinas y sus empleados durante las jornadas laborales sean quienes son más proclives a desperdiciar el vital líquido dada la gratuidad.

Eliminar las exenciones en el pago del servicio del agua que dispone el 115, evitaría el desperdicio de recursos escasos como el agua además de contribuiría a fortalecer las finanzas tanto de los gobiernos municipales como indirectamente de los organismos federales encargados de generarlos y administrarlos.

En el caso del agua, la eliminación de las exenciones ampliaría los márgenes de acción de las autoridades locales y federales para ampliar la cobertura y calidad de los servicios en las áreas geográficas con más altos índices de pobreza. Debemos alcanzar el uso equilibrado de nuestros recursos de por sí escasos, exenciones como las que dispone el 115 inducen a su sobre explotación.

Aquí quiero mencionarles señoras y señores diputados que mientras nuestros principales socios en el extranjero, tanto Estados Unidos como Canadá, sus mantos acuíferos se encuentran en perfecto estado, en la mayoría de los nuestros estamos en sobre explotación.

Por lo antes expuesto, queremos decirles y pedir su apoyo para que el artículo 115 quede de la siguiente manera: Se reforma en el sexto párrafo de la fracción IV, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 115.… fracción IV. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán exenciones en relación con las mismas.

Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna, sean de dominio público o privado respecto de dichas contribuciones.

Transitorios: Único. El presente decreto entraría en vigor, de ser aprobado, el día primero de enero del 2003. Esto es para no afectar el presupuesto del año fiscal del 2002.

Por su atención, muchas gracia y pidiendo a la Presidencia sea turnada a la Comisión de Hacienda.

LA PRESIDENTA: Perdóneme diputado. Entiendo que es de reformas constitucionales.

EL DIP. VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Así es, pero se refiere al pago de...

LA PRESIDENTA: Pero son reformas constitucionales, corresponde el turno a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al primer párrafo del artículo 72 y adición de una fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL DIP. DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE: Muchas gracias señora Presidenta.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 72 y se adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente exposición de motivos:

Es un hecho que en muchas ocasiones, y dada la urgencia para solucionar los grandes problemas nacionales, los grupos parlamentarios representados al interior del H. Congreso de la Unión aprueben leyes que además de resultar inconstitucionales, con el transcurrir de su vigencia demuestran insuficiencia, dada la precipitación con que se elaboran las mismas. Así lo demuestran la infinidad de juicios de garantía tramitados día a día ante el Poder Judicial de la Federación por leyes que atentan en contra de los preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Con lo anterior no quiero decir que el Poder Legislativo Federal deba permanecer en estado de inactividad, sino que, al contrario censu (¿) lo que se propone es eficientar los mecanismos de defensa de la Constitución que se encuentran a su disposición y tratar de asegurar que los asuntos de su competencia sean analizados y discutidos con la debida responsabilidad y oportunidad.

La naturaleza del derecho debe ser dinámica y no estática. El derecho debe de adaptarse a la realidad sin que esto signifique caer en las demagogias que tanto daño han causado y siguen causando a nuestro país. Por lo tanto, el marco jurídico en el cual se desenvuelve nuestra sociedad debe ser revisado en forma continua, a fin de que cuando se detecten imprecisiones o insuficiencias, las mismas sean corregidas.

En este orden de ideas, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sostenemos que el derecho no sólo debe de servir como una herramienta correctora y sancionadora, sino que cuando se advierte la posibilidad de que ocurran conductas que podrían resultar jurídicamente aberrantes, dada la imprecisión y la vaguedad de un precepto jurídico aun constitucional, la función que el derecho debe de asumir es la de servir a los fines del Estado como una herramienta preventiva.

Todo ordenamiento jurídico es perfectible y llegada la hora no se debe de dudar en reformarlo o adicionarlo, máxime si con lo mismo se fortalecen instituciones que por su naturaleza son benéficas para la vigencia plena del estado de derecho.

Sin querer subrogarnos ni contraponernos a las facultades de que se halla investido el Poder Judicial de la Federación, hemos considerado necesario adicionar la fracción II del artículo 105 constitucional, dado que su actual redacción no es precisa en señalar acerca de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad respecto de las normas generales emitidas por el H. Congreso de la Unión, cuando las mismas se ataquen por adolecer de vicios en el proceso legislativo señalado en al artículo 72 de la suprema ley.

Asimismo existen distinguidos constitucionalistas como el licenciado Elizú Arteaga Nava quienes establecen que la acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto de vicios en el procedimiento legislativo.

La acción de inconstitucionalidad es una vía de impugnación limitada, se encamina a enmendar posibles contradicciones entre una ley en sí en cuanto a su contenido y la Constitución, eso es lo que se concluye del texto fundamental.

De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, no es factible que por medio de ésta se ventilen materias relacionadas con violaciones a los principios que regulan el proceso legislativo prevista en la Constitución y en las leyes.

Nosotros respetamos ese criterio pero asimismo observamos que el párrafo primero del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que: "todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones".

El citado párrafo del artículo constitucional no deja lugar a duda, existe una obligación de parte del Poder Legislativo Federal de observar en todo momento el reglamento de debate respecto del proceso legislativo, puesto que como cualquier otro ente de naturaleza pública o privada no debe ni se encuentra por encima de lo que las leyes establecen, máxime tratándose de una disposición de naturaleza constitucional.

Por lo anterior y en virtud de que en la materia que nos ocupa no existe una definición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que es necesario precisar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vicios en el proceso legislativo y elevarla a rango constitucional para así despejar cualquier duda al respecto.

No obstante lo anterior surge la duda de sí el Reglamento de Debates a que hace mención el párrafo primero del artículo 72 constitucional, es el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Nosotros estamos por la afirmativa, pero de no existir hasta el momento un pronunciamiento al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el máximo órgano de control constitucional en nuestro país, queda un dejo de incertidumbre al respecto.

Por lo anterior se propone reformar el citado párrafo constitucional a fin de establecer una plena correspondencia entre lo que éste preceptúa y el ordenamiento que en la actualidad es fuente supletoria de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Si bien, el Reglamento es aplicable en forma supletoria a la Ley Orgánica, en todo lo que se refiere al proceso legislativo, no podemos dejar de observar que ésta se refiere a todo lo que toca, como su nombre lo indica, a la conformación y estructura de los órganos que hacen posible el trabajo al interior de la Cámara del Congreso.

En este orden de ideas se ha considerado oportuno el incluir también en la reforma propuesta al artículo 72 constitucional, la mención de que las Cámaras deberán observar el Reglamento para el Gobierno Interior en la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones así como lo que la Ley Orgánica disponga en la materia que ésta regula.

Lo anterior, a efecto de dar congruencia y armonía a las reformas que se proponen así como otorgar certeza y seguridad para que el importante trabajo de las Cámaras del H. Congreso de la Unión se desarrolle bajo un marco institucional.

Cabe señalar que de aprobarse la adición y reforma propuesta a los artículos señalados, la misma beneficiaría por igual a todos los grupos parlamentarios representando al interior del H. Congreso de la Unión, puesto que tendría a su disposición una herramienta por medio de la cual podría hacerse valer el respeto irrestricto a lo preceptuado por la Ley Suprema de la Unión.

Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 72 y se adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

UNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 72 y se adiciona la fracción II al del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:

Artículo 72.Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la forma, intervalos y modos de proceder en las discusiones y votaciones.

Artículo 105.La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señala la Ley Reglamentaria de los asuntos siguientes:

fracción II) De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una ley o tratado internacional y esta Constitución, aun cuando dicha contradicción se origine por haber existido vicios dentro del proceso legislativo, señalado en el artículo 72 de esta Constitución.

UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Señora presidenta, le pido que se publique íntegramente el contenido de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Esta iniciativa y la anterior deben publicarse íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

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Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 84, 85, 94 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

-EL C. DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias presidenta: A pesar de los avances en la legislación federal y en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encaminados a proporcionar un estado de derecho funcional y acorde a las evoluciones políticas que ha tenido nuestro país en los últimos 25 años, las situaciones en el ámbito de la toma de decisiones que se pueden presentar en el México de hoy, es mucho más grave y preocupante, por las repercusiones y escollos que hay que solventar.

En Constituciones anteriores se tenía contemplada la vicepresidencia, que puede equipararse a lo que se pretende con la iniciativa, ya que únicamente era la persona en la cual debía depositarse de manera temporal o definitivamente, el ejercicio supremo del Poder Ejecutivo de la Unión, en caso de que el titular faltara por muerte, renuncia, licencia o destitución, no tiene existencia en la Constitución actualmente en vigor.

La vicepresidencia existió en las Constituciones que estuvieron en vigor durante el siglo pasado, en la de 1824 era vicepresidente, quien hubiera obtenido el segundo lugar en la votación para presidente de la república, fue un desatino, ya que los vicepresidentes conjuraban contra el presidente en ejercicio. En la Constitución de 1857 las faltas temporales las cubría el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente se fue sustituyendo el sistema, donde la función hizo recaer en el presidente del Senado o de la Comisión Permanente. Posteriormente se produjo un cambio en la materia, fueron señalados como sustitutos los Secretarios de Relaciones Exteriores o en su defecto el de Gobernación.

La experiencia que se vivió en 1913 con la presión, renuncia, asesinato de Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, y el posterior ascenso al poder de Victoriano Huerta vía Pedro Lascuráin, llevaron a Carranza a proponer al Constituyente de 1917 la supresión de la vicepresidencia e introducir la sustitución mediante la intervención del Congreso o de la Comisión permanente, y prever la figura de presidente sustituto e interino, el provisional fue obra del Constituyente de 1917.

En el marco jurídico actual, existe el caso concreto del artículo 84 y 85 Constitucionales, en donde se establece que en caso de falta absoluta del Presidente de la República, corresponde al Congreso de la Unión nombrar un Presidente Interino si esa falta sucede durante los dos primeros años del ejercicio o bien a un Presidente Sustituto que termine el período, en caso de que se suceda en los últimos cuatro años; pero los problemas pueden empezar a darse si en la Cámara o en las Cámaras, si no se reúne la mayoría que exige la Constitución para dichos nombramientos.

En particular el texto del artículo 84 exige que para el nombramiento del Presidente Interino, concurran a la sesión dos terceras partes del total de los miembros de ambas Cámaras y para que en dicha elección se alcance una mayoría absoluta de votos.

Obviamente por las trágicas y penosas circunstancias de los tiempos recientes, sabemos que nadie está exento, ni siquiera el Presidente de la República de que le acontezca algún percance que no le permita continuar en el puesto, se puede generar un escenario de gran tensión y de enorme incertidumbre.

Si no está previsto en la Constitución un mecanismo de sustitución directa, es decir que por mandato de la Constitución alguien entregue de inmediato a la hora siguiente de la falta del Presidente al tomar el cargo, situación que agravaría aún más la soberanía nacional si las Cámaras no se ponen de acuerdo, escenario en el que no se alcancen las mayorías requeridas. Definitivamente no podemos dejar uno o dos, tres ni siquiera días, semanas, mucho menos meses sin titular del Poder Ejecutivo Federal.

Debemos establecer un modelo constitucional que sea capaz de satisfacer adecuadamente las necesidades de la Nación de una manera eficaz y responsable, sin comprometer la conducción del país y futuro de los millones de mexicanos.

En este sentido, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sea el Presidente Provisional para evitar una crisis en la República y en el equilibrio de Poderes.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, la presente iniciativa de decreto con el siguiente artículo único, donde se reforman los artículos 84, 85, 95 y 98 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

"Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la República, inmediatamente asumirá el cargo de Presidente Provisional el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá renunciar a su cargo como tal, antes de ser ungido como Presidente Provisional, hasta que el Congreso realice lo establecido en este artículo.

Si esta falta ocurriere en los dos primeros años del período respectivo, si el Congreso estuviera en sesiones, se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta dentro de los diez días siguientes al de la designación del Presidente Interino, la convocatoria para que la elección de Presidente que deba concluir el período respectivo, debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses ni mayor de 18 meses.

Si el Congreso no estuviera en sesiones, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias al Congreso, para que éste a su vez, expida la convocatoria a elecciones presidenciales en los términos del párrafo anterior.

Cuando la falta del Presidente ocurriese en los últimos cuatro años del período respectivo y si el Congreso de la Unión se encontrase en sesiones, designará al Presidente Sustituto que deberá concluir el período. Si el Congreso no estuviera reunido, la Comisión Permanente convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del Presidente Sustituto.

Artículo 85. Si al comenzar un período constitucional no se presentase el Presidente Electo o la elección no estuviera hecha y declarada el 1 de diciembre, cesará sin embargo, el Presidente cuyo período haya concluido inmediatamente asumiendo el cargo como Presidente Provisional el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá renunciar a su cargo como tal, antes de ser ungido como Presidente provisional, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Cuando la falta del presidente fuese temporal, inmediatamente asumirá el cargo como presidente provisional, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá renunciar a su cargo como tal. por supuesto antes de ser ungido como presidente provisional para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.

Cuando la falta de presidente sea por más de 30 días y el Congreso de la Unión no estuviere reunido, inmediatamente asumirá el cargo de presidente provisional el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien deberá renunciar a su cargo como tal, antes de ser ungido como presidente provisional y la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias para que éste resuelva sobre la licencia y nombre en su caso al presidente interino. Si la falta de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.

Artículo 95.Para ser electo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita, fracción VI, no haber sido presidente de la república, secretario de estado, jefe de departamento administrativo, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, senador, diputado federal ni gobernador de algún Estado...

A nuestros queridos amigos diputados les ruego pongan atención al ciudadano orador.

Artículo 98.Para el caso de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia deba asumir la presidencia de la República de manera provisional, la renuncia podrá ser presentada ante el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente.

ARTICULO TRANSITORIO:.Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de abril del 2002"

Esta iniciativa la firman los miembros del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, además del diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia.

Solicito presidenta esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de acotación del presidencialismo.

Las recientes decisiones y conductas de diversos integrantes del gabinete presidencial, están demostrando la obsolescencia del vieja esquema presidencialista.

Difícilmente podríamos decir ahora que dichos funcionarios son plenamente secretarios de Estado. Muchas de sus declaraciones y acciones reflejan no la visión del Estado Mexicano, sino de la rama ejecutiva del Estado Mexicano; a veces sólo la opinión de una parte del gobierno. Pero peor aún, en algunos casos incluso el interés y la visión de poderes extranjeros.

Esto es particularmente grave en casos como los de la Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Relaciones Exteriores. Apenas hace un par de días se ha declarado un recorte al Presupuesto de manera absurda e inconstitucional, justo precisamente cuando hay más ingresos y precisamente afectando los recursos de las entidades federativas. Esas no son decisiones de Estado, no cuentan con el consenso del Estado Mexicano, son decisiones que afectan al Estado.

Más grave aún es la situación en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuya línea de conducción está alejada de las bases normativas del Estado mexicano.

Esa voz que se refleja desde la Secretaría de Relaciones Exteriores no es la del Estado y a veces no es siquiera la del gobierno. Desafortunadamente en muchas ocasiones es la voz de otros gobiernos y particularmente de otro gobierno.,

En el caso de relaciones con países de América Latina, como es Cuba, se sigue el interés del gobierno de los Estados Unidos. En relación con asuntos tan delicados en la vida internacional, como es el conflicto en Medio Oriente, no hay una posición de Estado de parte de México.

Se dice, por juristas connotados, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acaso sea la única que establezca hoy en día que el Poder Ejecutivo recae en un solo individuo. En el viejo esquema, el presidente era el líder del partido de Estado que tenía el control del Congreso. El presidente era el líder del gobierno y del Congreso.

Ese esquema, sin embargo, no puede funcionar ya. La composición que tiene el congreso hace imposible que regresen los viejos esquemas; la gobernabilidad no puede descansar hoy sobre bases de verticalismo. El Ejecutivo hoy en día representa el 40% de la voluntad popular, mientras que el Congreso refleja casi el 100% de la representación derivada de la voluntad de los electores.

México necesita entonces un gobierno colegiado y compartido entre sus diversos poderes. La clave de la estabilidad y la gobernabilidad se encuentra ahora en el Poder Legislativo, en el Congreso de la Unión. No podríamos hablar de secretarios de Estado en las nuevas condiciones si éstos no son ratificados por el Congreso de la Unión.

Lo que planteamos con esta iniciativa es que los secretarios de Estado sean ratificados por el Congreso de la Unión, sean responsables ante el Congreso de la Unión y formen parte del gobierno mexicano. Luego entonces, el gobierno no dependería exclusivamente de un solo individuo, sino que sería un gobierno colegiado y estaría sujeto, además, a la responsabilidad frente al Congreso de la Unión.

Artículo único. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 73, 76, 78, 80, 81, 87 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad --fracción XXX—para ratificar por mayoría absoluta los nombramientos que haga el Ejecutivo de los secretarios de despacho, del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, así como disponer su separación del cargo a propuesta del Ejecutivo o por sí mismo.

Fracción XXXI. Para expedir todas las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los poderes de la Unión.

Artículo 78, fracción V. Otorgar o negar su ratificación, por mayoría absoluta, a la designación de los secretarios de despacho, Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, así como disponer su separación del cargo a propuesta del Ejecutivo o por sí mismo.

Artículo 80: "Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo de la Unión en el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, electo por voto universal y directo, y en los secretarios de despacho y Procurador General de la República, designados por el Ejecutivo y ratificados por el Congreso de la Unión".

Artículo 81: "La elección del Presidente será en los términos que disponga la Ley Electoral".

Artículo 87: "El Presidente y los secretarios de despacho o Procurador General de la República, al tomar posesión de su cargo prestarán ante el Congreso de la Unión o ante la Comisión Permanente en los recesos de aquel, la siguiente protesta: (Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de –Presidente de la República, secretario de despacho o Procurador General de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande)".

Artículo 89 Fracción II: "Someter a consideración del Congreso a los secretarios del despacho, Procurador General de la República, los agentes diplomáticos y cónsules generales, empleados superiores de Hacienda y los coroneles y demás oficiales superiores del ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, así como solicitar, en su caso, al Congreso, la separación del cargo de estos".

Fracción XVI del artículo 89: "Cuando el Congreso no esté en sesiones, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos de que habla la fracción II con la aprobación de la Comisión Permanente".

Transitorio. Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, Martí. Se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el diputado Carlos Regis Adame, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de democracia semidirecta.

EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la Presidencia; ciudadanos Secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión: Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 8, 35, 36, 39, 71, 73, 74, 115 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la siguiente

La iniciativa de adiciones a diversos artículos de la Constitución Política de nuestro país, es producto del proyecto autogestionario del Partido del Trabajo en la construcción de una nueva sociedad en la que todos los individuos participen activamente en la toma de decisiones y en la ejecución de las mismas.

Desde la más remota antigüedad, en la polis ateniense se practico la democracia que en sus raíces significa demus, pueblo, kratos, poder. En la antigua ágora ateniense se ejerció la democracia directa en la que todos los ciudadanos acudían para participar en los asuntos públicos.

Los ciudadanos atenienses ejercían sus derechos políticos a través de dos instituciones políticas fundamentales: El denominado Derecho de Isegoria que consistía en la libertad de dirigirse a la polit y hacer propuestas para su mejor existencia; y el Grafet Paranomont consistente en un método de autocontrol jurídico empleado para proteger a la polit contra los abusos del Derecho de Isegoria, anulando inclusive decisiones tomadas por la mayoría de los ciudadanos en la polit.

"Si bien es cierto que esta forma de democracia directa resultaba benéfica en cuanto a la participación de la toma de decisiones, de suyo era injusta en virtud del régimen esclavista existente y por la exclusión de las mujeres en los asuntos públicos.

"Una de las características fundamentales del Estado moderno es el imputarle el ser soberano. Esta discusión planteada por los teóricos del Estado respecto de quien es el titular de la misma, fue resuelta por Jean Budino al otorgársela al monarca.

"Conforme se desarrolla la humanidad surgen nuevas concepciones acerca de quien debe ser el nuevo titular de la soberanía. Juan Jacobo Rosseau en su obra El Contrato Social otorga la titularidad de la soberanía al pueblo, estableciendo como características de la misma la de ser indivisible, inalienable e imprescriptible. La tesis de Rosseau se sustenta en el contrato social, que es un pacto político que excluye la subordinación a una persona u órgano. La idea del contrato es la idea de un principio de legitimación del ejercicio del poder político en la que el consenso es el instrumento fundamental para la toma de decisiones.

"Previo al inicio de la Revolución Francesa, bajo el influjo de las ideas de Manuel Serjev, se traslada la titularidad de la soberanía del pueblo -según Rosseaua la nación. Atentos a la influencia de Serjev en esta nueva concepción los diputados no representan a su distrito sino a la nación entera, con lo cual se elimina el tipo de representación de carácter estamental.

"Con el surgimiento de la democracia representativa, independientemente de quien sea el titular de la soberanía, se impide que el pueblo participe de manera directa en la toma de decisiones políticas fundamentales. En esta nueva democracia representativa el diputado deja de ser representante de los ciudadanos que lo eligen para convertirse en representante de la nación entera. Las facultades de la relación entre el diputado y sus electores se ve modificada. Esta nueva concepción de representación excluye el mandato puesto que una vez recibida la investidura de diputado permanece independiente de sus electores, ya que las opiniones de éstos no le vinculan en nada y no está obligado a hacerse eco de sus demandas.

"También la Constitución Política de la monarquía española, expedida en Cádiz el 19 de marzo de 1812, estableció en su artículo 30 que la soberanía reside esencialmente en la nación.

"El decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, estableció en su artículo 50 que la soberanía reside originalmente en el pueblo y su ejercicio en la representación nacional, compuesta por diputados elegidos por los ciudadanos bajo la forma que prescriba la Constitución.

"En nuestro país en el artículo 30 del acta constitutiva de la nación mexicana se establece que la soberanía reside radical y esencialmente en la nación y por lo mismo pertenece a ésta el derecho de adoptar y establecer, por medio de sus representantes, la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezcan más conveniente.

"También la Constitución de 1857 en su artículo 39 establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene todo el tiempo el inalienable derecho de alterar y modificar la forma de gobierno.

"El artículo 39 de la Constitución Política que actualmente nos rige establece un contenido similar al del mismo artículo de la Constitución de 1857. Sin embargo y pese a que nuestra Constitución otorga la titularidad de la soberanía al pueblo y el de reconocerle la facultad para alterar o modificar su forma de gobierno, se impide en virtud del sistema representativo, que el pueblo participe directamente en la toma y ejecución de las decisiones políticas, ya que atentos a lo que dispone el primer párrafo del artículo 41 constitucional, que dice: "El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, ...".

"De la transcripción anterior podemos establecer que si bien es cierto el pueblo es titular de la soberanía en términos del contenido del articulo 39, se le niega la participación directa en la toma de decisiones políticas, en virtud de que el primer párrafo del artículo 41 establece que el ejercicio de la soberanía será por medio de los poderes constituidos de carácter federal o de los estados, según el caso.

"Compañeras y compañeros diputados: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de la necesidad de realizar las adiciones constitucionales que se plantean y que en conjunto tienden a impulsar una amplia participación de la sociedad mexicana en los asuntos que a todos nos interesan.

"Se deben superar los acartonados marcos de participación política que la democracia representativa impone, para ampliar las formas de democracia semidirecta que complementen a la democracia representativa en la toma y ejecución de las decisiones políticas.

"La explicación de las propuestas planteadas se formulan en atención a las siguientes razones:

"Se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 80, para incluir la afirmativa ficta a favor de los particulares, cuando éstos ejerzan su derecho de petición y la autoridad en un término de cuatro meses no contesta, ya que si los órganos de poder público cuentan con el personal e infraestructura para atender y responder dichas peticiones, el que no lo hagan debe consistir en un beneficio al particular, entendiéndose la no respuesta de la autoridad a favor del peticionario.

"En el artículo 35, en lo que se refiere a las prerrogativas del ciudadano, se propone recorrer el orden de las actuales fracciones V y VI, para pasar a ser VI y VII, siendo el contenido de la fracción IV que se propone, que los ciudadanos puedan participar mediante las formas de democracia semidirecta que aquí se plantean, en la conformación de la voluntad nacional.

"En el contenido de la fracción V que aquí se plantea, se otorga el derecho a los ciudadanos para que ejerciendo el derecho de iniciativa popular, puedan presentar iniciativas de ley ante las Cámaras del Congreso de la Unión.

"En el artículo 36 se plantea la adición de una fracción VI, en la que se establezca la obligación de los ciudadanos de la República de participar en los referéndums y plebiscitos a que sean convocados.

"En lo que se refiere al artículo 39, se plantea adicionar un segundo párrafo, en el cual se establezca a favor del pueblo titular, originario de la soberanía, la facultad para revocar el mandato de los servidores públicos que accedan a sus cargos mediante un proceso de elección popular.

"En el artículo 71 se plantea establecer a favor de los ciudadanos la iniciativa popular para que estén en aptitud de ejercer la facultad de iniciativa de leyes ante el Congreso de la Unión, cumpliendo los requisitos que se establezcan en una ley que para el efecto expida el Congreso.

"En el artículo 73 se plantea que se adicione para otorgar al Congreso de la Unión la facultad expresa para regular lo referente a las reformas de democracia semidirecta, que son el contenido fundamental de la presente iniciativa de adiciones constitucionales.

"En el artículo 74 se plantea otorgar como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, la de convocar a referéndum o plebiscito, según corresponda, en atención a que esta Cámara se encuentra integrada por los representantes de la nación.

"En el artículo 115 se propone incluir en su fracción segunda el derecho de los habitantes de los municipios a tener voz ciudadana en los ayuntamientos, esto en virtud de que este nivel de gobierno es el más cercano a los habitantes y por excelencia constituye una escuela de práctica democrática.

"En el artículo 135 se propone la adición de un segundo párrafo, en el que se indique que las adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, serán objeto de referéndum, en tanto no se afecten decisiones políticas fundamentales o de plebiscito, si la materia de la adición o reforma inciden en decisiones políticas fundamentales ó de plebiscito si la materia de la adición o reforma inciden en decisiones políticas fundamentales.

De igual forma se propone la inclusión de un Artículo Transitorio en el cual se establezca, por una parte, la obligación del Congreso de la Unión de expedir en un plazo de 6 meses a partir de la aprobación de la presente Adición constitucional, la Ley Reglamentaria de las formas de democracia semi directa y, por último, que el Constituyente Permanente de las entidades federativas en un plazo de un año, a partir de la publicación de las presentes adiciones constitucionales, la de adecuar las Constituciones de los Estados a las adiciones que se realizan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras y compañeros, la presente Iniciativa de Adiciones a nuestra Norma Fundamental y ética de los Estados Unidos Mexicanos.

Compañeras y compañeros, la presente Iniciativa de Adiciones a nuestra Norma fundamental fue presentada por nuestros compañeros Diputados de la LVII Legislatura con fecha de Noviembre de 1997, misma que no fue objeto de dictamen por parte de la Comisión correspondiente de esa Legislatura. Hacer tema de esta soberanía lo referente a la reforma del Estado y a diferencia de II que otros partidos han hecho para, según ellos, fortalecer al Poder Legislativo, el Partido del Trabajo a través de esta propuesta pretende fortalecer no a los Poderes públicos sino el ámbito de participación y decisión de la ciudadanía a través de las figuras de democracia semidirecta, que sirvan como complemento a la democracia representativa prevista en nuestra Constitución y con las que el pueblo titular originario de la soberanía aprueben o rechacen.

Es cierto que desde la elección del 2 de Julio del 2000, se ha hablado de la Reforma del Estado, pero esos esfuerzos tan solo han quedado en una mera alternancia, los cambios prometidos no se han cumplido, sigue existiendo el divorcio entre quien gobierna y los gobernados, pero lo más grave es que no existen mecanismos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía, el pueblo elige, emite su voto y decide quien lo gobierna, pero no hay posibilidad alguna de la exigencia de los compromisos de campaña, por eso nuestra propuesta es en el sentido de que haya una redistribución del poder hasta la sociedad, que el pueblo no sea un mero observador de lo que otros deciden y hacen sino que sea un actor decidido de los cambios que le favorecen.

Sobre este particular nos parece muy limitada la propuesta que hizo el Ejecutivo Federal en el discurso del 5 de Febrero pasado porque como él dijo, -citamos textualmente afiancemos el sistema jurídico mexicano, la transparencia y la rendición de cuentas, facilitemos la participación ciudadana en las decisiones cruciales del país, abramos paso a la iniciativa popular y al referend. A diferencia del Ejecutivo Federal, el Partido del Trabajo considera que las reformas de participación del pueblo se deben abrir no nada más para las planteadas por el Presidente sino a las que nuestro partido propone; además y a diferencia del contenido de la propuesta presentada por nuestro compañero Diputado Felipe Calderón Hinojosa el miércoles 20 de Marzo, en lo que se refiere al tema de la Reelección en la parte explicativa de la Reelección inmediata de Legisladores, los Diputados del PAN señalan -citamos también Acción Nacional considera necesario establecer mecanismos..

-EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: En un minuto concluimos… considera necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadana respecto a la actuación de sus representantes.

Nosotros coincidimos con este planteamiento pero no para permitir la reelección sino para establecer en el contexto constitucional el mecanismo de revocación de mandato por medio del cual algún integrante del Poder Legislativo o el Titular del Ejecutivo Federal puedan ser separados de su cargo cuando estos gobiernen de manera contraria a los intereses del país o de la palabra empeñada de los compromisos establecidos en campaña.

La revocación de Mandato así concebida, sí constituye un mecanismo de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadana respecto a la actuación de sus representantes.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento por os Artículos 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto que adiciona los Artículos 8oº, 35º, 36º , 39º, 61º, 73º, 74º, 115º y 135º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo Primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 8; se adiciona una fracción IV y V al artículo 35, corriéndose en su orden las actuales fracciones IV y V para pasar a ser VI y VII, respectivamente. Se adiciona una fracción VI al artículo 36; se adiciona un segundo párrafo al artículo 39… (interrupción)…

EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Estoy por concluir. Se adiciona una fracción IV al artículo 71; se adiciona una fracción XXVIII actualmente derogada, al artículo 73; se adiciona una fracción VII actualmente derogada, al artículo 74; se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 115; se adiciona un párrafo segundo al artículo 135, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los cuatro días del mes de abril del año 2002. Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el coordinador Alberto Anaya Gutiérrez; José Narro Céspedes, vice coordinador; diputados Rosa Delia Cota Montaño, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y el de la voz, Juan Carlos Regis Adame.

Es cuanto. Le solicitaríamos se nos publicara completa en el Diario de los Debates.

----Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e insértese completa la versión en el Diario de los Debates. …

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES CON OPINIÓN A LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

EL C. DIP. MIGUEL GUTIERREZ HERNANDEZ: (desde su curul) Respetuosamente señor Presidente de la Mesa Directiva, solicito que el turno sea obsequiado a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana, en los términos del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General y del artículo 8º del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política respecto a la subdivisión y creación de comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, si es tan amable.

EL C. PRESIDENTE: Esta Presidencia no tiene inconveniente porque el turno sea de manera conjunta, le pido a la Secretaría rectifique el turno.

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Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre.

LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia, que hasta el momento (12.06 horas) el sistema registra la asistencia de 451 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

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EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de nuestra Carta Magna para la incorporación de la figura de referéndum.

Los suscritos diputados federales, licenciado José Antonio Calderón Cardoso y la de la voz, de la representación parlamentaria del Partido Alianza Social, con fundamento en los artículos 71 y fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable LVIII Legislatura Federal, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 35 fracción VI, 41 fracción III y IV, 60, 71, 89 fracción XVII, 99 fracciones I y IV, 116 fracción IV y artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos.

Antes del inicio de la exposición de motivos quisiera pedir a la Presidencia, por el respeto al tiempo de los compañeros diputados y por la extensión de la presente iniciativa en este momento me limitaré a exponer una síntesis de la misma, por lo que solicito a la Mesa Directiva con todo respeto incluya el texto completo en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Las propuestas presentadas por los distintos partidos políticos y las reformas a las constituciones locales de diversos estados de la República Mexicana...

EL DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: (desde la curul) Señor Presidente, no se oye.

LA DIP. BEATRIZ LORENZO JUÁREZ: ...las propuestas presentadas por los distintos partidos políticos y las reformas a las constituciones locales de diversos estados de la República Mexicana con el fin de incluir en ellas la figura del referéndum, son muestras del reclamo social existente hoy día para que se le faculte al ciudadano a participar en la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes.

En la última década, los mexicanos hemos visto evolucionar nuestro sistema de gobierno hacia uno cada vez más democrático, lo que ha dado lugar a que los ciudadanos se encuentren dispuestos a experimentar y/o fomentar modalidades de la democracia, que en otros países son ya arraigadas formas de manifestación popular.

Ejemplos sobran de una inercia que trascenderá al nuevo milenio y que apunta hacia una democracia en la que cada día participan más los mexicanos. El que se instaure la institución del referéndum en nuestro Sistema Legal Federal tiene como fin el de provocar la participación directa y debidamente regulada de los ciudadanos en los asuntos del Estado Federal, excepto en aquellas materias que, como en otras democracias, quedan excluidas del proceso de democracia directa. En la Constitución Política de nuestro país no se encuentra consagrada institución alguna de democracia directa y en consecuencia en ninguna ley se regula el procedimiento para su aplicación, eficacia y validez.

Aun así, las figuras de democracia directa, referéndum y plebiscito, no son ya desconocidas para los ciudadanos y esto indica de alguna forma que los mexicanos están interesados en los asuntos del gobierno, y lo más importante: están interesados en participar en ellos. Por lo tanto ponemos a consideración de esta soberanía la posibilidad de instaurar la institución del referéndum en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulando dicha figura en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a fin de darle existencia, asegurando su debida aplicación y evitando que esta institución democrática sea utilizada para fines e intereses particulares.

El referéndum constitucional. En consecuencia y toda vez que el pueblo sustenta la soberanía, consideramos que debe adicionarse una fracción al artículo 35 y reformarse el primer párrafo del artículo 41 constitucionales. En el primer caso porque es necesario otorgar a los ciudadanos la facultad de presentar al Congreso de la Unión proyectos de ley, así como solicitar la celebración del referéndum.

En cuanto a la modificación al artículo 41 constitucional, que señala la forma en que el pueblo ejerce su soberanía, es claro que, instituida la figura del referéndum, el pueblo ejerce su soberanía no sólo a través de sus representantes sino que lo hará a través del referéndum.

Para ser congruente con lo anterior, también es necesario modificar el artículo 135 constitucional para que las adiciones o reformas que lleguen a ser parte de la Constitución sean sometidas a referéndum bajo las condiciones que la norma señale.

Asimismo, y con base en la fórmula "quien puede lo más, puede lo menos", proponemos el referéndum legislativo excluyendo del mismo y de nueva cuenta ciertas materias.

Es necesario especificar como en las constituciones de otros países, qué materias deberán estar excluidas del procedimiento del referéndum. Las constituciones de los estados que contemplan esta figura excluyen las materias relativas a los impuestos y en consecuencia a los presupuestos de Ingresos y Egresos, ya que dependen del primero.

Tampoco es de someterse a referéndum la designación del Presidente de la República, ya sea con carácter de interino, sustituto o provisional, porque entonces estaríamos frente al plebiscito. Estas restricciones se consagrarán en el artículo 71 constitucional.

Por otra parte la Ley Suprema de la Nación ha de consagrar en un párrafo adicional al artículo 116 la facultad de los estados que componen a la República para acoger la figura del referéndum en sus propias constituciones, regulándolas para que no contradigan a la Constitución Federal porque para fines de gobierno lo que no es ser regulado no estará permitido. El fin de esta disposición es fortalecer aún más el principio del federalismo que rige en nuestra nación.

Por último es menester que la Constitución prevenga la existencia de una ley que regule el procedimiento del referéndum.

La Ley Electoral podrá acoger en un nuevo capítulo dichas disposiciones como ya lo había propuesto el Partido Acción Nacional porque de no ser así lo contemplado en la Constitución sería letra muerta sin aplicación alguna.

El procedimiento para la celebración del referéndum consideramos que no sólo se debe facultar al electorado para que comparta la decisión sobre un tema que el gobierno decide poner a su consideración, sino que además el electorado esté en posibilidades de solicitar que un tema sea sometido a referéndum siempre y cuando se reúnan un mínimo de firmas de electores inscritos en el padrón electoral, porque de esta forma se asegura que es voluntad de una parte significativa del electorado el que se celebre el referéndum y que además la solicitud sea legítima y no producto de una manipulación de una minoría.

Por otra parte y toda vez que el referéndum es un instrumento que complementa al sistema representativo por medio del cual los ciudadanos expresan su voluntad, es de facultarse a los representantes populares para que soliciten el referéndum, así un porcentaje de quienes componen las Cámaras del Congreso o bien un número de Legislaturas de los estados de la República también deberán estar facultados para promover éste.

Por último, el Presidente de la República habrá de estar facultado para dicho fin, toda vez que goza de la facultad de iniciar leyes como lo consagra el artículo 71 constitucional.

Ahora bien, la solicitud para la celebración del referéndum deberá presentarse respecto de un tema concreto a discutir y no podrá referirse a dos o más asuntos distintos porque de lo contrario se confunde al electorado.

Deberá además contener el artículo cuya reforma se propone y el sentido de la misma o el proyecto de reforma ya redactado y deberá acompañarse de una breve exposición de motivos ya sea para estos casos o si se refiere al referéndum de ratificación o abrogación de una reforma ya aprobada por el Congreso.

Una vez aprobada la solicitud de ésta deberá ser enviada a la Cámara Revisora para su estudio, observaciones y aprobación que será por una igual mayoría. Durante el estudio y aprobación de la celebración del referéndum las Cámaras podrán modificar la redacción pero no el espíritu del mismo con el fin de facilitar a los ciudadanos su comprensión en toda su extensión, como lo regula el artículo 378 de la Constitución Colombiana.

Como consecuencia del procedimiento antes descrito se faculta tres agentes, Ejecutivo, Ciudadano y Legislativo para proponer el referéndum respecto de una norma. Se evita que el Ejecutivo pueda vetar en beneficio propio la celebración del referéndum y además que un solo partido político que represente la mayoría relativa en el Congreso obligue o niegue al mismo a someter a referéndum cualquier reforma constitucional o legislativa para beneficiar sus intereses particulares.

Se intenta además evitar que influencias políticas e intereses propios influyan en la redacción de su texto al ser revisado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en consecuencia su celebración resulte negativa para la democracia y no sea más que una pregunta compleja, demagoga y distorsionada a favor de una minoría partidista o de grupos de interés.

En este sentido proponemos se modifique la fracción XVII del artículo 89 constitucional para incluir dentro de las facultades del Presidente de la República la de proponer la celebración del referéndum y además que se adicionen al artículo 71 constitucional los párrafos en los que se especifique el procedimiento a seguir para la celebración del mismo.

Durante el proceso de aprobación de la solicitud para la celebración del mismo referéndum en comento, el Ejecutivo no tendrá facultades para intervenir y tampoco las tendrá para vetar la convocatoria. Consideramos que en el caso de México debe facultad de la Suprema Corte de nuestra nación, conocer sobre cualquier controversia de inconstitucionalidad, que se derive del contenido del referéndum, para tener un control eficaz y preventivo de los temas que se sometan al mismo y evitar su inconstitucionalidad, esto es con el fin de guardar la congruencia con nuestro sistema legal.

Para evitar que el referéndum celebrado conforme a los lineamientos constitucionales carezca de validez, sus resoluciones no podrán ser modificadas ni revocadas sino por medio de otro referéndum o por acuerdo de dos terceras partes del Congreso de la Unión, en el período de sesiones del año siguiente a la celebración.

El órgano encargado para este efecto, sería el Instituto Federal Electoral, para que se celebre éste y de que se cumplan los requisitos del procedimiento y de publicar sus resultados.

La vigilancia del Instituto Federal Electoral servirá para evitar el mal manejo del dinero y la admisión de proporcionar recursos por parte de un sector, que pudiera provocar la manipulación de la opinión pública a través de campañas.

Consideramos que el Instituto Federal Electoral debe promover una información objetiva y precisa respecto del contenido del referéndum, y las consecuencias legales de las respuestas, con el uso de recursos gubernamentales por una parte, y por otra debe vigilar las campañas del referéndum que los distintos grupos promuevan, para buscar la mayor equidad en los tiempos televisivos y de radio y en la difusión de propaganda por escrito, para evitar prácticas corruptas y de manipuleo.

De conformidad con lo expuesto con antelación, proponemos la siguiente redacción de los artículos antes mencionados, por la que es de instituirse el referéndum, total o parcial, constitucional, obligatorio, y legislativo facultativo, tanto desde el momento de la creación de la norma, como una vez aprobada por el Poder Legislativo.

Esto implica que los órganos facultados para ello, puedan solicitar que se realice un referéndum, respecto de la creación, modificación, derogación o abrogación de una norma, y así no se restringe la celebración del mismo al momento en que ya fue aprobada la norma o su abrogación.

La consecuencia de lo anterior, es que un órgano distinto al Poder Legislativo, o bien, estará facultado para solicitar al Congreso que discuta respecto de un tema que consideran prioritario. En consecuencia, proponemos la siguiente redacción de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consideramos deben ser reformados para cumplir dicho objetivo.

Como es muy larga la lectura y amplia y en el tiempo que tenemos dispuesto, le pediría a la Mesa Directiva lo que solicite al inicio, que se publique en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates completa la iniciativa. Muchas gracias señora diputada.

Insértese íntegra la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, y túrnese a las Comisiones de Puntos Constituciones y de Participación Ciudadana.

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Tiene la palabra la diputada Silvia Romero Suárez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 7º. fracciones VII y VIII párrafo primero de la Ley General de Educación.

-LA C. DIPUTADA SILVIA ROMERO SUAREZ: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El recurso más importante con que cuenta una nación es su población, la cual no puede ser el factor que le permita alcanzar metas y objetivos, o bien, puede convertirse en un obstáculo que le impida alcanzar mejores niveles de desarrollo.

La razón de un Estado es la búsqueda de un mejor bienestar hacia su población, es decir, que todos sus integrantes cuenten con un nivel de vida digno, la cual debe ser su preocupación principal y la meta hacia donde ha de encaminar todos sus esfuerzos. Por consiguiente, no es posible entender el crecimiento económico y el desarrollo social, si no están orientados hacia el mejoramiento constante y la prosperidad de la población.

Ahora bien, las características de la población en general y de los distintos grupos que la conforman, son el parámetro más eficaz que le indican al Estado por un lado, los recursos humanos con que cuenta y por el otro las necesidades que debe satisfacer a todos y cada uno de sus ciudadanos.

Durante las últimas dos décadas, en nuestro país se han dado cambios importantes en materia de población, dentro de los cuales destacan la reducción de su crecimiento y de la mortalidad, así como el aumento en la esperanza de vida. Como resultado de estos cambios, la estructura de la población se ha modificado de una forma más radical. Por ello, conforme transcurre el tiempo, los distintos grupos de edades evolucionan con diferentes tendencias de crecimiento.

Hay que tomar en cuenta que al inicio del siglo XXI, México tendrá una estructura de población muy diferente a la de los años 70´s y sin lugar a dudas, el cambio más importante por el que atraviesa la población es el de la transición demográfica hacia su envejecimiento.

Para efectos estadísticos, la población de un país se divide en segmentos, los cuales generalmente son de 5 años empezando por el de 0 a 4 años y finalizando con el de 95 a 99 años. Estos segmentos al agruparse, forman lo que se conoce como "pirámide de edades de la población".

El proceso de envejecimiento de la población, modifica el tamaño de los distintos segmentos de la pirámide poblacional, principalmente en la base como resultado de una reducción en la tasa de natalidad, en donde el número de nacimientos se empieza a reducir en forma considerables y en la cúspide por el aumento en la esperanza de vida que es el resultado de una disminución en la tasa de mortalidad. En este caso las personas ya no mueren a edades tempranas, por el contrario, su esperanza de vida es mayor.

Como podemos apreciar, la población mexicana se encuentra ante el acelerado crecimiento de un sector importante de la sociedad representado por los adultos mayores o adultos en plenitud. El rápido crecimiento de la población de 60 años y más, habrá de obligar al Estado a hacer frente a toda una serie de demandas derivadas del proceso de envejecimiento; es decir, tendrá que garantizar a este sector el resguardo y apoyo de sus derechos individuales, políticos, civiles y sociales.

Está claro que el envejecimiento es un proceso inevitable en todos los seres humanos, en donde no hay marcha atrás en este proceso biológico, por tanto el papel del anciano en los distintos ámbitos de la sociedad debe replantearse con la finalidad de que sea reconocido y dignificado.

De acuerdo con los datos del Programa Nacional de Población desde 1990, el índice de crecimiento del grupo de población de 65 años en adelante, es uno de los más marcados con una tasa del 4%, inédito en la historia del país, ya que dicha tasa en el año de 1960 era del 1%. Esto refleja sin lugar a dudas, la rapidez del proceso de envejecimiento de la población mexicana. Actualmente el número de personas que pertenecen a la tercera edad, es de 6.8 millones, según datos del INEGI, lo cual representa el 5% de la población total.

Cada sociedad y cada cultura tiene su propio modelo de vejez y juzga a los adultos mayores de acuerdo con él, siempre ambivalente. Nuestra cultura tiene a difundir imágenes contrapuestas de la vejez y por consiguiente de los mismos viejos. Les rinde tributo, alienta a discursos piadosos, los compadece, se resigna a su asistencia o simplemente los desprecia con las evidentes secuelas individuales y sociales. Frente a ello se requiere que las políticas orientadas a la tercera edad propicien una profunda revolución cultural que modifique las actitudes de las personas para erradicar valores peyorativos hacia la vejez, propiciando así que la muerte social no anteceda a la muerte biológica y se fortalezca la solidaridad intergeneracional e impulse la revaloración social del adulto mayor o en plenitud, y estimulando su plena inserción en la vida familiar, social y comunitaria. La profundidad de este cambio cultural determinará si en el futuro seremos capaces de encarar los dilemas del envejecimiento.

"Actualmente los adultos mayores son considerados como grupos vulnerables. Esto significa que por las circunstancias específicas en que se encuentran, una situación de mayor indefensión para hacer frente a los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.

"La vulnerabilidad coloca a quien la padece, en una situación de desventaja en el ejercicio pleno de sus derechos y libertades. La vulnerabilidad fracciona y por tanto, anula el conjunto de garantías y libertades fundamentales de tal forma que los adultos mayores tienen derechos únicamente a escala formal, ya que en los hechos no se dan las condiciones necesarias para su ejercicio. "Esta circunstancia viola los derechos de los miembros más débiles de la sociedad y los margina.

"Razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de proteger a estas personas, quienes frecuentemente desconocen cuáles son sus derechos; ignoran los medios para hacerlos valer y carecen de los recursos necesarios para acudir ante los sistemas de justicia.

"Hay que considerar que el grupo de los adultos mayores no será minoría en poco tiempo, pero dadas las políticas y la cultura actual, seguirá siendo un grupo de desventaja social sobre todo por la cultura de discriminación que existe actualmente.

"Si bien es cierto que la sociedad tiene una dinámica lenta dentro de sus estructuras como de sus mismas prácticas, habremos de entender que este problema ha venido agudizándose en los últimos años con respecto a la cuestión de los adultos en plenitud.

"Es precisamente el de la discriminación y la intolerancia que existe hacia ellos, por considerar que tienen otras ideas y costumbres o que simplemente ya no son productivos a la sociedad.

"En sentido general discriminar significa separar, distinguir, diferenciar. Implica alguna forma de marginación social fundada en un juicio adverso, el prejuicio respecto a ciertos individuos o grupos. Es decir, la discriminación es una distinción injustificada que se ejerce sobre personas que se encuentran en una situación análoga y su efecto se refleja en el trato desigual, injusto y peyorativo.

"El envejecimiento demográfico tiene múltiples y complejas ramificaciones de carácter social, económico, político y cultural; al tiempo que implica desafíos y responsabilidades inéditas para la sociedad y el gobierno. Las respuestas sociales que desencadena este proceso, darán lugar a profundos cambios en nuestra manera de ser y de pensar: hombres y mujeres de todas las edades tendrán que adaptarse a los nuevos ritmos de la vida social, a las cambiantes percepciones del curso de la vida y a las normas y expectativas también sociales emergentes, relacionadas con la edad.

"También trastocará los arreglos residenciales y domésticos, las relaciones sociales y familiares, así como las relaciones de género e intergeneracionales. De hecho, al aumento previsto en la esperanza de vida a la población mexicana de 75 a 84 años, en el año 2050 y contribuirá a ampliar el tiempo de vida familiar; convertirá en un acontecimiento usual la interacción de personas emparentadas entre si, pertenecientes a 4 ó 5 generaciones sucesivas.

Ahora bien, a partir de las condiciones adversas que viven a diario las personas de la tercera edad, necesitamos establecer formas eficaces para reintegrar a los ancianos a la vida social y económica, de manera que puedan participar y disfrutar plenamente de todos sus derechos.

Sin embargo, para responder al resguardo de sus derechos, debemos destacar las particularidades que los diferencian como grupo, a partir de lo cual podemos atender sus necesidades específicas.

Envejecer es gramáticamente un verbo intransitivo, pero todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, debemos transformarlo en un verbo activo, para lo cual se requiere formar una nueva ética y una nueva moral del ciclo de vida y del envejecimiento.

En razón de lo anterior estamos ciertos de que una vía para garantizar el resguardo de los derechos de los adultos mayores es, sin lugar a dudas, el fortalecimiento de una cultura de respeto a los derechos humanos entre las instituciones y los integrantes de la sociedad, lo que es posible lograr mediante la educación tanto en el sistema educativo formal como en el informal.

El Estado, de acuerdo a sus atribuciones y naturaleza, debe garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos fundamentales de los adultos en plenitud y erradicar, de acuerdo a lo establecido en la ley fundamental, toda práctica discriminatoria.

Por ello la educación resulta ser una herramienta básica, por lo que es necesario un cambio profundo tanto en los contenidos como en las formas de impartir la enseñanza.

La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es proceso permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad y es factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga sentido de solidaridad social.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo que se dispone en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa por la cual se reforma y adiciona la Ley General de Educación para quedar de la siguiente manera:

Artículo 7, adicionando su fracción 7. Artículo 8, párrafo primero, y el artículo 48 en su párrafo cuarto, para quedar como sigue: primero: se adiciona la fracción VII del artículo 7, recorriéndose el resto de las fracciones.

Artículo 7, fracción VII. Fomentar una cultura de la no discriminación, tolerancia y respeto y solidaridad hacia los adultos mayores o en plenitud.

Segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 8 que dice: El criterio que orientará a la educación que el Estado y sus organismos descentralizados impartan, así como toda educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica que los particulares impartan, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la servidumbre, los fanatismos los prejuicios y cualquier forma de discriminación.

Tercero. Se adiciona un párrafo cuarto del artículo 48. Artículo 48. Los planes y programas de estudio a los que se refiere este capítulo tendrán, de manera amplia y suficiente, contenidos tendientes a contribuir una cultura de no discriminación, de respeto, tolerancia y solidaridad hacia todos los adultos mayores.

Solicito a la Mesa Directiva que esta iniciativa se incluya en el Diario de los Debates con todos los 50 proponentes que la apoyan. Es cuanto, señor presidente.

Insértese íntegro, tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los Debates.

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Tiene la palabra el diputado Oscar Ochoa Patrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que Reforma y Adiciona Diversas Disposiciones de la Ley general de Educación.

Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación.

Ciudadano Presidente y Secretarios de la Mesa Directiva compañeras y compañeros diputados: Con el propósito de agilizar la presentación de esta iniciativa, solicito a la Mesa se sirva insertar el texto íntegro de la misma en los medios de publicación oficiales de esta Cámara, toda vez que procuraré referirme únicamente a los aspectos más importantes.

"El suscrito diputado Oscar Ochoa Patrón, y diputados federales de diversos grupos parlamentarios pertenecientes a la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en las normas vigentes, sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación, bajo la siguiente

"La educación es un servicio público de la mayor relevancia y significación política y social en la agenda gubernamental de cualquier país, y en mayor medida en México, debido a los altos índices de deserción y rezago escolar.

"Esta aseveración es un hecho que definitivamente no da lugar a discusión. Así ha quedado demostrado a lo largo de los intereses y de las intensos y acalorados debates que sobre este tema se han vivido en el Poder Legislativo y que han quedado registrados en nuestra memoria histórica.

"Como consecuencia de esta indudable importancia, los legisladores tenemos que asumir que el esfuerzo que nos exigen nuestros representados para analizar este tema es aún mayor.

"El análisis, la actualización y la evaluación de un régimen jurídico, programático y operacional del sistema educativo nacional, tiene que ser tarea permanente.

"En este sentido resulta necesario reconocer, en primer término, las grandes asimetrías que existen en esta materia.

"Por un lado contamos con una amplia gama de elementos y materiales adecuados. Tenemos libros de texto con forma y contenidos cada vez más aceptables; grandes y pequeñas escuelas con infraestructura que van mejorando día a día. Hemos logrado el diseño de planes y programas de estudio que muchos países nos han solicitado para aplicarlos en sus sistemas educativos. Tenemos estudiantes ávidos del aprendizaje y profesores de una gran vocación. Además de un aparato administrativo educacional muy completo; pero por otro lado, hace falta incorporar a nuestro sistema educativo nacional, elementos de actualización del marco jurídico que provean de mecanismos que permitan una participación más intensa de la sociedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que contribuyan y fomenten con claridad la formación de valores indispensables para el buen desempeño activo y responsable, de los educandos y los educadores, contribuyendo de esta manera a desarrollar una calidad palpable en los procesos educativos y sobre todo, desarrollar un sistema educativo moderno y eficaz.

"Se informe también oportunamente de los resultados educativos más importantes; se les de impulso a las asociaciones de padres de familia y se eliminen las injustas excepciones en la aplicación de infracciones de quienes prestan servicios educativos, creando, con todo esto, una plataforma sólida para iniciar la erradicación de los vicios que en esta materia se han dado.

"Esta iniciativa pretende presentar componentes innovadores que respondan al reto de mayor eficacia, buscando nuevas y mejores formas que den como consecuencia una práctica pedagógica más exitosa en proporción a los enormes esfuerzos invertidos, porque estamos convencidos de que no se trata solo de destinar más recursos al gasto social, sino de aplicarlos con eficacia, racionalidad y transparencia.

"De forma paralela a la anterior argumentación, se pretende esquematizar la necesidad e importancia de los cambios, presentando también en esta misma propuesta el detalle de las reformas y adiciones de la Ley General de Educación. Iniciaremos por la adición que se refiere al artículo 7º, donde se habla de los valores en la educación.

"Consideramos que la ley que nos ocupa tiene que incluir, de acuerdo a los tiempos que nos ha tocado vivir, el valor de la tolerancia, la honestidad y la responsabilidad. Elementos indispensables en la formación cívica de nuestras niñas y de nuestros niños. Será solamente con la aplicación de estos valores que logremos una convivencia armónica, así como una disminución de los problemas de corrupción e ilegalidad que aún tenemos en México.

"Por otro lado, en el artículo 8º se propone adicionar la fracción IV, mediante la cual se busca que uno de los criterios en el proceso educativo por parte de las autoridades educativas, se oriente a alcanzar y generar una cultura de calidad permanente. Es decir, un sistema de educación orientado a mejorar el aprendizaje en el aula y en la escuela.

"Resulta necesario promover a las escuelas como unidades eficaces, en donde la gestión y sus sistemas de enseñanza contribuyan a que los conocimientos logrados por los alumnos sean satisfactorios.

"Por otro lado, en el artículo 21 se pretende dignificar la imagen de los profesores, para lo cual se adicionan dos requisitos que deberán satisfacer las personas que ejerzan la docencia, como son: el gozar de buena reputación y modo honesto de vivir, además de no haber estado sujetos a procesos que los priven de su libertad.

"Hay que recordar que con el ejemplo se educa más eficientemente. No podemos pretender formar mexicanos exitosos y presentarles patrones de conducta diferentes en la figura de los agentes directos del proceso educativo.

"En el artículo 31 estamos sugiriendo elementos más precisos para que la sociedad en su conjunto conozca la información oportuna y veraz de los resultados educativos más importantes, brindando con esto un referente de la realidad de los niveles de conocimiento, de capacidad, de aptitudes de nuestros educandos. Además de cuantificar el beneficio que para la sociedad significa que los recursos que por medio de la recaudación se generan sean destinados a determinados programas de educación.

"Es necesario asegurar que nuestro país tendrá la prioridad nacional de alcanzar el liderazgo a través de la calidad, comparando constantemente los procesos y los resultados educativos de nuestro país con los resultados de las principales naciones con las cuales mantenemos relaciones permanentes de intercambio, de comercio, de turismo, cultural, etcétera; con la meta final de descubrir las mejores prácticas educativas donde quiera que existan, recopilando constantemente la información necesaria.

El éxito radica en lograr finalmente un claro diagnóstico de los resultados actuales que en materia educativa tenemos, para establecer una proyección en los niveles educativos del futuro.

Buscamos también con esta propuesta, estimular los cambios y las mejoras en nuestras escuelas, midiendo nuestro propio desempeño y el de otros, mediante un proceso sistemático, formal y organizado, haciendo uso de las herramientas más útiles y modernas, tomando debidamente en cuenta que las decisiones que se adopten para producir un impacto significativo, identificando aquellos procedimientos que se mejoren y se adapten a las necesidades.

En aras de la información y transparencia en la acción gubernamental, otra encomienda que estamos presentando a la Ley General de Educación, es la que se propone en el artículo 56, la cual es de carácter informativo, donde se pide que se detalle el motivo por el cual se otorga, revoca o se retira la autorización o reconocimientos a las instituciones a las cuales se haya concedido autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. Esto contribuye a que la información con que se cuenta en el sistema educativo, sea manejada en forma pública, como un elemento más para el seguimiento de la rendición de cuentas.

En el artículo 67 se pretende dar mayor impulso a las asociaciones de padres de familia. Mucho se ha comentado sobre la importancia de la participación de la sociedad en la educación, pero si las normas limitan de manera tajante esa participación, no podremos apreciar óptimos resultados.

Es por este motivo que proponemos se les permitan, al finalizar los periodos escolares, realizar una evaluación que será del conocimiento de los titulares de la educación de los estados y del órgano legislativo correspondiente de las entidades federativas. En este sentido, creemos que para facilitar dicha evaluación es necesaria la información que puedan proporcionar las autoridades educativas, federales y estatales, por lo que proponemos la adición a este mencionado artículo.

Estamos convencidos de que los padres de familia son los más interesados de que sus hijos tengan mejores resultados, por lo que son los mejores supervisores de la calidad de la educación en el país, además viven cotidianamente los avances y los retrocesos de las diversas escuelas, saben perfectamente dónde están las fallas y pueden contribuir de manera importante a su detección y presentar opciones viables para su mejoramiento.

Por otro lado, en el artículo 75 solicitamos se elimine la excepción que menciona que las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones específicas para ello. Creemos que esta excepción no es válida, porque resulta inequitativo aplicar infracciones y sanciones a algunos trabajadores por medio de una ley y dejar a disposiciones que no están clarificadas en la misma, de carácter de norma aplicable de excepción.

Por otro lado y por todo lo anterior, y con fundamento en las disposiciones detalladas en el proemio, es que los diputados aquí firmantes sometemos a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley General de Educación, en dos artículos: Artículo 1º Se reforma el Artículo 75º de la Ley General de Educación con respecto a las Infracciones de quienes prestan servicios educativos; y Artículo 2º, Se adicionan los Artículos 7º, 8º., 21º, 31º, 56º y 67º de la Ley General de Educación.

Con el propósito de adicionar los valores de tolerancia, honestidad y responsabilidad, con el propósito de establecer un criterio de cultura, de calidad permanente, con el de dignificar la imagen de los maestros, con lograr la publicación de los motivos por los cuales se otorga , revoca o retira la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudio, con el impulso a los padres de familia así como eliminar las excepciones en la aplicación de infracciones de quienes prestan servicio educativo, presento ante ustedes los siguientes Artículos Transitorios.

El SEGUNDO: la Secretaría de Educación Pública deberá realizar las modificaciones necesarias a las disposiciones reglamentarias a más tardar, a los 60 días siguientes a la fecha que entra en vigor este Decreto y, en el

TERCERO: Los resultados de las evaluaciones más importantes que se efectúen, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación a los diez días hábiles después de realizado.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el Salón, hoy cuatro de Abril del 2002. "

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Compañeros Legisladores, compañeras Legisladoras. Me es muy grato destacar la presencia en este Recinto, del distinguido Excelentísimo Señor Milos Zeman, Primer Ministro de la República Checa, quien viene acompañado de una destacada Comitiva integrada por los ciudadanos Miroslav Gregr, Jiri Rusnok, Pavel Vosalik, Libor Roucek y la Embajadora Vera Zemanova. APLAUSOS.

Para quienes tenemos el privilegio de representar al pueblo de México en esta Cámara de Diputados, constituye un significado honor la presencia del señor Primer Ministro Milos Zeman, destacado Parlamentario además, en el seno de esta Cámara de Diputados que además es la Sede del Congreso de la Unión, quienes nos hemos maravillado con el genio checo plasmado en la belleza de su capital Praga; quienes reconocimos el talento, la genialidad del intelecto checo en destacados filósofos que marcaron el pensamiento contemporáneo de Europa como en su momento Kafka y grandes novelistas como Milán Kundera, quienes se profundizan en el espíritu humano de manera universal desde la visión del centro de Europa; quienes nos conmovimos e indignamos en 1968, con la presencia de los tanques en Praga, Checoslovaquia, apreciamos una nueva etapa en el desarrollo de su país y deseamos que, animados por las luminosidades del cristal checoslovaco que en todo mundo refleja de manera extraordinaria la luminosidad del alma de su pueblo, deseamos las relaciones de México y la República Checa sean fructíferas.

Encontrará en nuestro parlamento siempre una disposición y aprecio por su pueblo, por su sociedad y un profundo respeto a la soberanía de su país y al desarrollo de la Unión Europea.

Muchas gracias por estar aquí y deseamos que su visita sea fructífera. (aplausos)

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Continuando con el desarrollo de la sesión, ofrecemos el uso de la palabra al diputado Uuc-kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que presentará una iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara la presente iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tendientes a conferirle mayores facultades a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, atendiendo uno de los temas prioritarios de la reforma democrática del Estado que es el fortalecimiento del Poder Legislativo.

El arreglo republicano de nuestro país, más que ser una realidad no ha dejado de ser una aspiración popular. A pesar de estar expresado el régimen republicano y federal que desde luego invoca la división y el equilibrio de poderes de la Unión, en el texto de nuestras sucesivas Constituciones Generales de la República que van desde 1824 hasta la vigente de 1917, específicamente en sus artículos 40, 49 y 115, la realidad histórica de México le ha faltado al espíritu y a la letra de nuestro ordenamiento jurídico superior.

El reclamo ciudadano actual para la reelaboración y actualización de los equilibrios de los poderes republicanos es contundente y parte del análisis riguroso de nuestra historia.

Los mexicanos sabemos que los momentos de equilibrio y división cabal entre los poderes de la República han sido más bien excepcionales en nuestro pasado colectivo. Podemos invocar sobre todo la época de la reforma en el siglo XIX como quizás el ejemplo clásico en donde los legisladores liberales apoyaron y contrapesaron a los titulares del Poder Ejecutivo e incluso el Presidente de la Corte gozaba de peso y prestigio propios al grado de ser substituto legal del Presidente de la República en caso de falta definitiva de éste último.

Sin embargo, fuera de este breve período los poderes republicanos naufragaron en la inestabilidad política durante prácticamente todo el siglo XIX quedando a merced de los caudillos que encarnaban el poder ya fuera como presidentes de la República o como rebeldes al poder establecido.

Quizás con Porfirio Díaz la Presidencia de la República alcanza de manera más nítida, por su permanencia en el tiempo, su característica de poder omnímodo, de una suerte de monarquía absoluta, con ropajes republicanos que concentró el poder político y económico de un país que había cobrado conciencia de sí mismo en medio de la tempestad de sus luchas intestinas y en los embates de las potencias extranjeras.

El régimen político emanado de la revolución, también contribuyó de manera substancial a recrudecer el esquema centralista del poder evolucionado de una confederación de caciques y de caudillos regionales que en su momento confluyera en el Partido Nacional Revolucionario, desde donde se suscitó la organización de una sociedad corporativa donde el eje articulador del gran entramado social e institucional era justamente la Presidencia de la República.

Nuevamente la letra de la Constitución de 1917, en sus preceptos federalistas y republicanos habrían de ser, en los hechos, letra muerta.

El titular del Poder Ejecutivo no solo predominaba sobre los otros dos poderes, sino que en los hechos lo substituyó. El Presidente no solo fungía como el Titular del Poder Ejecutivo, sino que encarnaba de facto al Estado mismo. Las esferas del Estado y el gobierno eran francamente indistinguibles, el Presidente se convirtió en el gran elector, en el gran legislador, en el juez supremo de la nación, haciendo palidecer al poder de muchos de los monarcas que le fueron contemporáneos.

Esta presidencia exacerbaba, el presidencialismo que implica la deformación del régimen republicano y federal al no respetar el equilibrio jurídico, político y moral entre los Poderes de la Unión, que se desarrolló prácticamente a lo largo de todo el Siglo XX.

Como un somero ejemplo de lo anterior, pero contundente en su significado, recordamos cómo en la concepción autoritaria de la política exterior, durante generaciones se preparó y educó a los cuerpos diplomáticos mexicanos para representar al gobierno en turno y no al Estado Mexicano en el extranjero, reduciendo su discurso y actitud a la vanalidad de la propaganda política del viejo régimen.

Uno de los capítulos sustanciales de la agenda política acordada por el consenso de los grupos parlamentarios en la presente LVIII Legislatura en la Comisión Especial para la Reforma del Estado, es justamente el del equilibrio de los poderes públicos. En principio, lo que sugiere este enunciado es el fortalecimiento del Poder Legislativo, lo que invariablemente le conferiría rasgos parlamentarios a nuestro sistema político, ya que se trata, efectivamente, de dotar a este Poder Legislativo de mecanismos que aumenten su capacidad planificadora, fiscalizadora y ratificadora sobre acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, que efectivamente tendrá que rendir cuentas de sus actos a las Cámaras Legislativas de manera más cotidiana y realizar un intercambio de opiniones con los miembros del Congreso de la Unión en la presentación anual del informe sobre el estado que guarda la Administración Pública.

Más que reducir las atribuciones del Poder Ejecutivo se trata de diseñar un contrapeso fuerte en el Poder Legislativo que le obligue a observar estrictamente sus facultades, a rendir cuentas y a compartir una serie de atribuciones con el Congreso de la Unión, por el bien de la República.

Es por ello que vengo a proponer a esta Cámara, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la siguiente iniciativa tendiente a conferirle mayores facultades a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y en general a fortalecer sus estructuras y mecanismos de funcionamiento, para que puedan cumplir con los deberes derivados del redimensionamiento del Poder Legislativo.

Se trata de diseñar un Poder Legislativo que se desarrolle apegado a un bicamerialismo integral, en donde existan mecanismos más adecuados de coordinación entre ambas Cámaras. Las comisiones legislativas deben contar con toda la infraestructura necesaria para realizar sus tareas de dictaminación de iniciativas, seguimiento, investigación y fiscalización de las tareas que realiza el Poder Ejecutivo a través de sus secretarías de Estado.

Las iniciativas de ley tendrán que ser dictaminadas estrictamente dentro de los plazos que establezca la ley. Los funcionarios tendrán que acudir a comparecer ante comisiones de manera cotidiana, informando siempre bajo juramento de decir verdad y con toda oportunidad.

Serán sujetos de juicio político todos los funcionarios públicos de alto nivel y entre ellos, desde luego, el Presidente de la República, los secretarios de despacho, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, senadores, diputados y procuradores, entre otros.

También es imprescindible que el Congreso analice, discuta y arribe a los consensos necesarios para modificar y finalmente aprobar el Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el Ejecutivo, garantizando que su contenido tenga una visión de Estado y que la Cámara de Diputados tenga un mayor tiempo para analizar, discutir, modificar y aprobar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos propuesto inicialmente por el titular del Poder Ejecutivo.

El Poder Legislativo debe sesionar durante periodos ordinarios más largos y tener flexibilidad de llamar a sesiones extraordinarias de manera periódica para desahogar los puntos pendientes de las agendas legislativas.

El país exige un Poder Legislativo más eficaz y con una clara corresponsabilidad en la toma de decisiones fundamentales del país y en la conducción del destino de la patria, junto con el Poder Ejecutivo. Es por ello que dentro de las nuevas facultades propuestas para el Congreso de la Unión está la ratificación de los nombramientos y la moción de censura para los secretarios de despacho y de los titulares de los órganos autónomos del Estado.

Finalmente, la Ley Suprema establecerá un plazo adecuado para que el Presidente de la República promulgue las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Por lo antes expuesto, se propone la siguiente iniciativa de reforma de diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 1º. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 25, 26, 65, 66, 69, 70, 73. 74, 76, 78, 83, 89, 93, 102, 110, 111, 122, 127 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 25.Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable.

El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en artículo 28, párrafo 4° de la Constitución manteniendo siempre el Estado, la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso establezcan.

Artículo 26.El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.

En el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la facultad de analizar, discutir, modificar y en su caso aprobar la propuesta de Plan Nacional de Desarrollo que le envía el titular del Poder Ejecutivo antes de que se cumplan los primeros seis meses de su gestión.

Artículo 65.El Congreso se reunirá a partir del primero de septiembre de cada año para celebrar un primer período de sesiones ordinarias y a partir del 1° de febrero para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.

Artículo 66.Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior, el primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre del mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año.

Artículo 69.A la apertura de sesiones de ordinarias y del Primer Período del Congreso, asistirá el Presidente de la República y escuchará los planteamientos que hagan los legisladores a nombre de cada una de sus fracciones parlamentarias, presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país, mismo que habrá remitido al Congreso de la Unión ocho días antes para su conocimiento y análisis previo. Dará un mensaje a la nación y responderá a los cuestionamientos por cada fracción parlamentaria conforme a los ordenamientos establecidos en la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.

En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

Artículo 70.Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. El Congreso expedirá la ley que regulará sus estructuras y funcionamiento internos, incluido el número, las características y las funciones de las comisiones legislativas tanto como instancias de dictaminación, de iniciativas de ley, incluidos los plazos estrictos para desempeñar estas funciones como instancias de investigación, evaluación, fiscalización de cualquier institución considerada de interés público así como las bases para el funcionamiento del Servicio Civil de Carrera del Poder Legislativo y la modernización de los apoyos al trabajo legislativo.

Artículo 73.El Congreso tiene la facultad de: (primera a la cuarta permanecen como están, se agrega una fracción VII y se recorren todas las subsecuentes quedando como sigue):

Fracción VII. Para discutir, aprobar y en su caso modificar el Plan Nacional de Desarrolla que enviará el Ejecutivo Federal antes de que se cumplan los primeros seis meses de su gestión.

Fracción XXX K. Para analizar y decidir la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, además aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Congreso de la Unión.

Cuarto. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo así como revisar la Cuenta Pública del año anterior. El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el primero de octubre o hasta el 15 de noviembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 debiendo comparecer el Secretario de Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

No podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con este carácter en el mismo presupuesto las que emplearán los Secretarios por acuerdo escrito de la Presidencia de la República.

La Cuenta Pública del año de ejercicio deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de abril del mismo año.

Sólo se podrán ampliar los plazos de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente debiendo comparecer en todo caso el Secretario de Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

Rectificar por mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación, los nombramientos que haga el Presidente de la República de todos los Secretarios de Despacho, salvo aquellos que se mencionan en la fracción II del artículo 76.

Aprobar una moción de censura por mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación para cualquiera de los funcionarios que en su momento hayan sido rectificados, conforme a lo estipulado en la fracción anterior, en caso de la pérdida de confianza por el desempeño inadecuado en su responsabilidad pública, no antes de haberse desempeñado en la misma durante seis meses, por lo cual tendría que ser retirado del encargo que le fue conferido.

Ratificar por mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación, los nombramientos que el Presidente de la República haga del Secretario de Hacienda, del Secretario de Relaciones Exteriores, del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la ley disponga.

Aprobar una moción de censura por mayoría calificada de dos terceras partes de los legisladores presentes al momento de la votación, para cualquiera de los funcionarios que en su momento hayan sido ratificados, conforme a lo estipulado en la fracción anterior.

En caso de la pérdida de confianza por el desempeño inadecuado en su responsabilidad pública, no antes de haberse desempeñado en la misma durante seis meses, por lo cual tendría que ser retirado del encargo que le fue conferido.

Diputada presidenta, solicito que el resto de la iniciativa sea incluida en el Diario de los Debates.

Inclúyase de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Se ofrece el uso de la palabra al diputado Juan Martínez Nava, habida cuenta de que la iniciativa relativa a diversas reformas a disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, ha solicitado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista se posponga para una próxima sesión.

-EL C. DIPUTADO JUAN MARTINEZ NAVA: Con la venia de la presidencia. Honorable asamblea. Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la legislación aplicable, sometemos a la consideración de esta H. Cámara, la iniciativa de decreto que reforma los artículos 66 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cuarto en su numeral Dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para ampliar el tiempo de sesiones ordinarias del Congreso y asimismo de manera complementaria, para establecer un plazo perentorio a las Comisiones de esta Cámara, para que elaboren y presenten dictamen sobre las iniciativas que les turne la Mesa Directiva, y que en caso de no ser presentado la presidencia de la Cámara lo encargue a otra Comisión, para que ésta dictamine en un plazo no mayor de 15 días.

El artículo 66 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el cuarto en su Numeral Dos de la Ley Orgánica del Congreso, establecen el tiempo de duración de los períodos de sesiones ordinarias del Congreso, y señalan la fecha límite de duración de éstos, que en el primer período es hasta el 15 de diciembre excepto cuando el Presidente de la República inicia su encargo el primero de diciembre, caso en el cual las sesiones podrán extenderse, como ya lo sabemos, hasta el 31 de diciembre.

En cuanto al segundo período ordinario de sesiones, es el que iniciamos el 15 de marzo y tiene fecha límite para concluir el 30 de abril, es el actual período ordinario de sesiones, el denominado período corto de sesiones.

Ambos preceptos indican también que cada período de sesiones ordinarias, durará el tiempo necesario para que el Congreso trate todos los asuntos que menciona el artículo 65 constitucional, es decir el estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten, así como la resolución de los demás asuntos que le corresponden conforme a la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso.

La ampliación del tiempo disponible por el Congreso para realizar sesiones ordinarias, particularmente en el segundo período, es el objeto de esta iniciativa que nos permitimos someter a su consideración por estimar que en la actualidad el Congreso, de acuerdo con las normas mencionadas, no dispone del tiempo necesario para tratar y resolver en sesiones ordinarias los asuntos de su competencia.

Un recuento histórico de los señalamientos respecto de los períodos ordinarios de sesiones a lo largo de las diversas Constituciones y de los diversos momentos del país, indica variación en los períodos de sesiones y han establecido uno y dos períodos de sesiones a lo largo de la historia.

En la Constitución de 1917 sin embargo, se estableció un único período ordinario de sesiones a partir del 1 de septiembre para concluir, a más tardar, como lo sabemos, el 31 de diciembre. Es decir, tenía una duración máxima de cuatro meses. Así se mantuvo el funcionamiento del Congreso durante décadas y sólo podía sesionar en un período diferente al mencionado, mediante la convocatoria a período o períodos extraordinarios de sesiones.

Fue hasta la reforma de 1986 al artículo 66 de la Constitución, cuando se estableció el Segundo Período Ordinario de Sesiones que comenzaba el 15 de abril y terminaba a más tardar el 15 de julio.

En 1993, ocurrió la segunda y más reciente reforma a este precepto constitucional: se estableció que el Primer Período de Sesiones no podrá prolongarse más allá del 15 de diciembre con la salvedad que ya conocemos, asimismo se redujo con esa reforma a un mes y medio la duración del Segundo Período Ordinario, como está actualmente en vigor.

Si bien el año legislativo es la suma de las actividades de los legisladores y de las Cámaras en conjunto durante todos los meses del año y este es la suma de actividades de los legisladores en el pleno, en las comisiones y en lo individual, en los años recientes y en la realidad que vivimos actualmente es evidente que se requiere de mayor tiempo de actividad legislativa continua, para que las Cámaras dispongan del tiempo necesario para tratar apropiadamente la variedad de asuntos que les competen, como lo marca la propia Constitución.

Esta iniciativa que sometemos a su consideración, es el resultado del análisis que hemos realizado los legisladores el PRI, respecto del funcionamiento que han tenido las instituciones del Estado Mexicano, particularmente de las Cámaras del Congreso de la Unión, a efecto que respondan de manera más adecuada a la realidad y los requerimientos presentes y futuros del país.

El propósito de los diputados del PRI en este capítulo de la reforma del Estado, es aumentar el tiempo efectivo de trabajo continuo para que por una parte, las comisiones de las Cámaras y los legisladores que las integran, dispongan de más tiempo de actividad paralela a las sesiones del pleno de las Cámaras para realizar su trabajo de estudio y dictamen y por otra parte, para que se ensanche el horizonte temporal que actualmente ya es insuficiente para resolver la carga de trabajo parlamentario que debe someterse al pleno de las Cámaras.

Por lo tanto, proponemos que al actual período de sesiones que comienza el 15 de marzo y terminará en esta ocasión el 30 de abril, se le agregue un mes y medio más para que concluya el 15 de junio. De resultar aprobada la modificación propuesta, será necesario realizar también ajuste al artículo 4º. En su numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para actualizar su concordancia con la reforma que se propone al artículo 66 constitucional.

Por otra parte y de manera complementaria a la ampliación del tiempo disponible para realizar sesiones ordinarias, en el ámbito interno de la Cámara de Diputados, nos permitimos proponer que se establezca un plazo perentorio para que las comisiones de esta Cámara elaboren y presenten el dictamen sobre las iniciativas que les turne la mesa directiva de este Pleno y que en caso de que no sea elaborado tal dictamen en el plazo señalado, la presidencia de la Cámara puede encargarlo a otra comisión para que ésta dictamine en un plazo no mayor de 15 días.

"Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo dispuesto en los artículos 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente Iniciativa de Decreto, que reforma los artículos 66 en su primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4o. en su numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso y 21 en su fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 1o.se reforma el primer párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ( Es prácticamente todo el texto del artículo como está vigente) sólo que dice al final: "El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año.

"Artículo 2o.Se reforma el artículo 4o. en su numeral dos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 4o. numeral dos. (Es el mismo caso, todo el texto del artículo queda en sus términos del párrafo) salvo al final que dice: "El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 15 de junio del mismo año y

"Artículo 3o.Se reforma el artículo 21 en su fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 21 fracción XVI. Exhortar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido 30 días después de aquél en que se les turne un asunto. En caso de no ser presentado, deberá encargarlo a otra comisión para que ésta dictamine en un plazo no mayor de 15 días.

"UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México, Distrito Federal, a los 4 días de abril del año 2002.

Firman: Dip. Juan Manuel Martínez Nava, su servidor; Dip. Librado Treviño, Dip. Feliciano alzada, Dip. Jaime Vázquez Castillo, Dip. Alma Carolina Viggiano, Dip. Enrique Martínez Orta, Dip. Javier García González, Dip. Celestino Baylón, Dip. Jorge Esteban Sandoval, Dip. Rodolfo González Guzmán, Dip. Jesús de la Rosa, Dip. Fernando Díaz, Dip. Víctor Infante, Dip. Juan Manuel Sepúlveda, Dip. César Duarte, Dip. Gustavo Donis García, Dip. Antonio Silva Beltrán, Dip. Hermilo Monroy Pérez, Dip. Ma. de las Nieves García Fernández, Dip. Hortensia Enríquez, Dip. Raúl González Villalba, Dip. José Manuel Correa Ceceña, Dip. José Jaimes, Dip. Josefina Hinojosa, Dip. Mary Cruz Cruz, Dip. Salvador Cosío Gaona, Dip. Elba Arrieta Pérez, Dip. Esther López Cruz.

Túrnese la iniciativa presentada, a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La reforma judicial de 31 de diciembre de 1994, introduce al Derecho Procesal Constitucional Mexicano, uno de los principales instrumentos de tutela de las normas de nuestra Carta Magna: las acciones de inconstitucionalidad.

como acciones de control de la validez normativa, las de inconstitucionalidad fueron estructuradas para garantizar en abstracto, la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la certeza del orden jurídico fundamental. Motivo por el cual no se requiere la existencia de un agravio personal directo, ni de un interés jurídico específico, para iniciar el procedimiento y la legitimación para su ejercicio, que otorga a los integrantes de los Poderes Públicos.

En la exposición de motivos de esas reformas de 1994, al artículo 105 constitucional, se expresa que se trata de llevar hasta sus últimas consecuencias el principio de la supremacía constitucional.

Y, en efecto, ha implicado un avance significativo que al lado del amparo contra leyes solicitado por particulares hayan sido incorporados procedimientos instados por órganos públicos ante la Suprema Corte de Justicia, a través de los cuales se puede obtener la invalidez de leyes o disposiciones inconstitucionales con efectos generales.

También en los motivos que fundamentan ese decreto se expone que con la introducción de las acciones de inconstitucionalidad en el orden jurídico mexicano se busca fortalecer un estado de derecho que garantice la vigencia de las normas, el apego del gobierno a la ley, la seguridad de las personas, el disfrute de su patrimonio y el ejercicio de sus libertades.

Del mismo modo, consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal de constitucionalidad, al ampliar su competencia para emitir declaraciones con efectos generales sobre el apego de leyes a nuestra norma fundamental, quién podría negar que la figura de las acciones de inconstitucionalidad constituyen un valioso instrumento en la búsqueda de la consolidación del estado de derecho en nuestro país y del principio de la supremacía constitucional, como el rector de la vida nacional.

Con ellas por primera vez se crea una garantía constitucional cuya base de acción ya no descansa en la necesaria actualización de un agravio personal y directo. Con su instauración, por primera vez se aspira a lograr un total control de la Constitución a través de los efectos generales de sus resoluciones, que ya no se limitan a proteger exclusivamente a la persona del agraviado sino, por el contrario, conllevan efectos erga omnes.

Igualmente, es innegable que con su procedencia se han evitado en diversas ocasiones la posibilidad de pugna entre las instituciones nacionales y se ha contribuido a fortalecer la presencia del judicial en el equilibrio y en la relación con los demás poderes de la unión.

Sin embargo, a casi ocho años de su vigencia, la práctica ha demostrado también que al estructurarla en sus elementos formales el legislador adoptó para ellas un modelo de legitimación activa en extremo restringida que limita, en forma negativa, el vigor y dinamismo de la figura jurídica misma, sobre todo para un momento de transición democrática que exige amplitud de posibilidad de ejercicio de los instrumentos de tutela de las normas constitucionales, como forma más eficaz de dar vigencia y consolidar el estado de derecho.

Otorgar legitimación activa a cuando menos el equivalente al 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de la Cámara de Senadores, de alguno de los órganos legislativos estatales o de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, no sólo atenta contra la razón esencial que dio origen a las acciones de inconstitucionalidad, sino, que de acuerdo a la opinión de tratadistas como Elizur Artega, en muchas ocasiones hace irreal la posibilidad de ejercicio de este medio de control de constitucionalidad, toda vez que, a decir de este autor, en algunos casos el 33% que se fija es más de la mitad del quórum de uno de esos poderes legislativos, puesto que también puede darse el caso práctico de que ese porcentaje represente un número de legisladores mayor que aquél con el que se aprobó la ley impugnada.

Recuérdese que el quórum exigido para quedar válidamente constituidas las cámaras del Congreso de la Unión, por ejemplo, es de dos terceras partes en la de Senadores y la mitad más uno en ésta de Diputados, y la mayoría parlamentaria requerida para aprobar las leyes se fija en relación al número de los legisladores presentes.

Adoptadas en el sistema jurídico mexicano, las acciones de inconstitucionalidad surgen en el derecho constitucional europeo con objeto de otorgar a las minorías parlamentarias la posibilidad de cuestionar ante los órganos de justicia constitucional las disposiciones legislativas aprobadas por la mayoría, por la sola fuerza de los votos que la respaldan e incluso sobre la Constitución misma.

De esta forma se trata de establecer un procedimiento adecuado para otorgar garantías jurídicas a la oposición, a fin de que pueda participar más activamente en las decisiones políticas de gobierno, según el principio de la oposición política garantizada.

Entonces restringir la legitimación activa a cuando menos el 33 % de los integrantes de las Cámaras del Congreso de la Unión o de los órganos legislativos estatales, es evidente que atenta directamente contra el principio de protección de las minorías parlamentarias que inspira en esencia la creación de este mecanismo de control constitucional.

No es motivo político ni jurídico para que el constituyente permanente hubiese adoptado ese criterio.

La legislación española que fue una de las que orientaron la introducción de esta institución jurídica en el derecho mexicano, concede legitimación a un sétimo de los miembros del Congreso de los diputados y a un quinto de los senadores, cifra que en Portugal se reduce a un décimo de los diputados.

Pareciera más, como observa el doctor Jorge Carpizo, que el poder revisor de la Constitución la instituyó con una concepción muy restringida, como teniendo miedo a su propia creación y por eso la limitó en exceso.

Para la cada vez más dividida composición plural que en un futuro inmediato se dará en las Cámaras del Congreso de la Unión y en las legislaturas locales, la exigencia de un tercio de los representantes supondrá el necesario acuerdo de cuando menos dos de los grupos parlamentarios más numerosos para estar en condiciones de promover procedimientos de esa naturaleza, situación que por sí sola revela que la exigencia de esa cifra es excesiva para la realidad política mexicana actual.

En la iniciativa que ahora se somete a esta soberanía, por ello se propone reducir significativamente la representación de la minoría accionante en el correspondiente órgano legislativo y otorgar legitimación activa para ejercer acciones de inconstitucionalidad al equivalente del 10 % de los integrantes de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, de los componentes de la de Senadores, de los órganos legislativos estatales y de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Si existe la posibilidad real que en uno de esos cuerpos legislativos se forme una mayoría suficiente para aprobar una determinada ley que incluso contradiga la propia Constitución General de la República, es obvio y pertinente hacer más accesible el ejercicio del instrumento más adecuado para la protección jurisdiccional de la Constitución, proporcionando a las minorías parlamentarias la capacidad jurídica, real y efectiva para acudir ante la suprema Corte de Justicia de la Nación planteando de manera directa y abstracta, la constitucionalidad de esa ley y proteger así al unísono, su misma expresión política minoritaria y la propia supremacía constitucional que incuestionablemente resultará de esa manera reforzada.

Porque como lo advirtiera el insigne maestro alemán Hanss Kensel en su Obra de Garantía Jurisdiccional de la Constitución, la simple amenaza de la interposición del recurso ante el tribunal constitucional, puede ser en las manos de las minorías un instrumento propicio para impedir que la mayoría viole inconstitucionalmente sus intereses jurídicamente protegidos y para oponerse, en última instancia, a la dictadura de la mayoría que no es menos peligrosa para la paz social que la de la minoría.

Pero además en la iniciativa también se propone conceder a los grupos parlamentarios legitimación activa para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad, sin importar que se encuentren constituidos con el número mínimo de miembros que exige la ley para su formación.

En el derecho parlamentario mexicano, los grupos parlamentarios son las formas de organización que podrán adoptar los legisladores, según su afiliación de partido, a efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en los órganos legislativos.

Al ser instituidas como garantía constitucional en beneficio de un sector de los parlamentarios de la minoría política frente a la imposición de su criterio por la mayoría, por la sola fuerza del número de votos que la respalden e incluso por encima de la norma fundamental, es decir, estructuradas para confiarse a una sede de juicio externa que se encuentra su fundamento legitimador en la posición superpartes del tribunal de constitucionalidad y en el reconocimiento de la ley superior que tutela y somete a ambas partes, a la mayoría y a la minoría.

"Indudablemente que existe justificación política y razón jurídica fundadas para otorgar a los grupos parlamentarios legitimación activa para promover acciones de inconstitucionalidad, como expresión más acabada aquellos en nuestro derecho parlamentario de las distintas corrientes ideológicas representadas en los órganos legislativos.

"En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración la presente iniciativa de decreto que reforma y adiciona las fracciones II incisos a), b), d) y e) del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", la cual entrego a la Secretaría, suscrita por el dicente, para que con ella se inicie y resuelva el procedimiento legislativo, haciendo una súplica a los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para que, por lo menos, emitan un tercer dictamen en este segundo año legislativo.

No sé si hacer una excitativa por separado a los integrantes de la Comisión o al Presidente de la misma.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el diputado Jaime Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para crear la figura de la pregunta parlamentaria.

"Quienes suscribimos, diputados de la nación mexicana a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se adicionan los párrafos tres, cuatro y cinco al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente

"El sistema constitucional mexicano adopta la división de poderes como fórmula para equilibrar su ejercicio y garantizar las libertades individuales, evitando de esa manera posibles abusos en el ejercicio de los poderes públicos. Sin embargo, la división del poder público para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no es una separación rígida. Antes bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desarrolla diversas reglas para garantizar la colaboración y el equilibrio entre cada uno de ellos.

"Al Poder Ejecutivo corresponde el ejercicio de la administración pública, la conducción del gobierno interior y la representación del país en el exterior.

"Al Poder Judicial toca la relevante tarea de garantizar la constitucionalidad de las leyes y los actos emanados de los poderes públicos y dirimir las controversias que se susciten entre éstos, entre algunos de ellos y los particulares o entre estos últimos.

"Al Poder Legislativo le corresponden las funciones legislativas, financiera y presupuestaria, de dirección política, de representación jurisdiccional y de control. Su integración plural garantiza que en su interior estén representadas las mayorías y las minorías de la nación mexicana, en cuyo nombre y representación actúa, ejerciendo las atribuciones que le asigna nuestra ley fundamental.

"En un Estado democrático como es México resulta indispensable que el Congreso fortalezca y ejerza la función parlamentaria de control. Esta función tiene como objetivo esencial tutelar los valores fundamentales de la República, las libertades públicas, la soberanía, la independencia, la democracia, el estado de derecho, la división de poderes, el federalismo y el régimen republicano y, en su caso, sancionar o denunciar las conductas que se aparten del respeto de esos principios y, en consecuencia, de la legalidad. En esa ruta queremos que avance el Poder Legislativo en la reforma del Estado.

Este Congreso ha dado muestras reiteradas de su convicción, de que la colaboración entre los poderes públicos nos permite servir mejor a los mexicanos, de que la corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno nos compromete por igual frente a la sociedad. De ahí nuestro convencimiento de la viabilidad de avanzar en el fortalecimiento de la colaboración entre los poderes públicos. Una de esas vías de esta colaboración es el diálogo respetuoso y el intercambio de información sobre los asuntos que son de interés para la población.

La sociedad mexicana de nuestro tiempo reclama un Poder Legislativo más vigilante de los intereses de la nación, una representación política más dinámica en la orientación de las políticas públicas y para ello es necesario un Congreso más y mejor informado, una relación más fluida entre el Legislativo y el Ejecutivo, sus dependencias, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria. El Poder Legislativo debe responder a esa demanda de la sociedad.

La presente iniciativa pretende adicionar la figura de pregunta parlamentaria como instrumento del Poder Legislativo, para obtener información del gobierno sobre cuestiones puntuales y concretas.

La pregunta parlamentaria debe tener un objeto concreto y preciso, pues será el medio más rápido y eficaz de intercambio de información entre los Poderes de la Unión. De este modo se favorecerá una respuesta puntual de parte de los funcionarios del gobierno y las resoluciones del Congreso responderán de mejor manera a los intereses superiores de la nación mexicana.

A través de esta figura, el Poder Legislativo tendrá la ventaja de recibir información concreta sobre todo tipo de asuntos, incluso de cuestiones técnicas o complejas. La precisión que brinda el lenguaje escrito no otorga espacio para evadir cuestionamientos que son de interés de los mexicanos.

Se propone que los funcionarios y servidores públicos a quienes esté dirigida la pregunta parlamentaria, estén obligados a dar respuesta en un plazo no mayor a quince días.

Las bases generales que se proponen en la iniciativa para la formulación de la pregunta parlamentaria, son las siguientes:

Deberá presentarse por escrito ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o en los recesos de ésta, ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, quien resolverá a más tardar en siete días sobre la procedencia de la misma, una vez que haya comprobado su claridad, especificidad y concreción.

La pregunta parlamentaria deberá contener de manera clara y precisa el cuestionamiento sobre un solo tema, así como la dependencia y su titular, quien deberá dar respuesta a la pregunta.

En el caso de que los servidores públicos a quienes sea dirigida no respondieran en el plazo establecido, la Mesa Directiva informará al pleno de la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente , quienes podrán acordar la amonestación pública al omiso y dirigirse oficialmente en queja al Titular de la Dependencia Federal o al Titular del Poder Ejecutivo.

En el caso de que sea acordada la comparecencia de algún servidor público del Gobierno, podrán formularse por escrito hasta tres preguntas por grupo parlamentario, mismas que serán enviadas previamente por la Mesa Directiva para ser contestadas por escrito u oralmente durante su comparecencia con su independencia de las preguntas que le formulen durante la misma.

Los Legisladores firmantes estamos convencidos de que la política nos brinda la inigualable oportunidad de servir a la gente; por ello, debe fundarse la política en el diálogo, el respeto y la tolerancia entre los poderes públicos y entre todos los actores, consideramos que estimular el intercambio de ideas y garantizar una mayor fluidez en la información que le es proporcionada a los representantes populares, son significativos avances en el fortalecimiento de la división de poderes de nuestro sistema democrático y facilitará a todos una más oportuna comprensión y decisión de los temas de interés ciudadano

Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto.

ARTICULO UNICO.. Se adicionan los párrafos 3, 4 y 5 al Artículo 20º de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

ARTICULO 20º Párrafo 3.La Mesa Directiva recibirá y resolverá en un plazo no mayor de siete días la procedencia de las preguntas que los diputados formulen por escrito a algún funcionario del Gobierno Federal, para conocer sobre asuntos específicos de su responsabilidad pública; la resolución estará fundamentada bajo las premisas de claridad, especificidad y concreción.

Las preguntas se presentarán por escrito ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, o en los recesos de esta ante la Mesa Directiva de la Comisión Permanente.

Párrafo 4º.La Mesa Directiva vigilará que los servidores públicos a quienes se dirija la pregunta respondan por escrito en un plazo no mayor a 15 días, de lo contrario, se informará al pleno o a la Comisión Permanente quien podrá acordar la amonestación pública al omiso y dirigirse oficialmente en queja al Titular de la dependencia federal o al Titular del Poder Ejecutivo.

5º.En el caso de que sea acordada la comparecencia de algún servidor público del Gobierno, podrán formularse por escrito hasta tres preguntas por grupo parlamentario, mismas que les serán enviadas previamente por la Mesa Directiva serán contestadas por escrito u oralmente durante su comparecencia con independencia de las que le formulen en el desarrollo de la misma.

TRANSITORIO. UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, ciudad de México, D. F., a los 4 días del mes de Abril del año 2002. Firman: Diputados Jaime Vázquez Castillo, Carolina Viggiano Austria, Roberto Zavala Echavarría, Enrique Martínez Orta Flores, Juan Manuel Martínez Nava, Jesús de la Rosa, Fernando Díaz de la Vega, Ildefonso Zorrilla, Maricruz Montelongo, Alfredo Ochoa Toledo, Hermilo Monroy Pérez, Enrique Meléndez Pérez, Antonio Silva, Florentino Castro, Feliciano Calzada, César Augusto Santiago, Francisco Cárdenas Elizondo, Martha Ofelia Meza Escalante, Jorge Estaban Sandoval Ochoa, Miguel Castro Sánchez, Jesús Burgos Pinto, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Olga Margarita Uriarte Rico, Santiago López Hernández Álvaro Vallarta, Aarón Irizar López, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Andrés Carballo Bustamante, Ignacio Mendicuti Pavón, Silvia Romero Suárez, Celestino Bailón Guerrero, Rosa Elena Bautista Isaac, José Feliciano Moo y Can, José del Carmen Soberanis, Edilberto Buenfil Montalvo, Sergio Maldonado, Nabor Ojeda, Raúl González Villalva, Roberto Preciado Cuevas, Timoteo Martínez Pérez, Jesús Orozco Alfaro, Ángel Mexueiro González, Fernando Ortiz Arana, José Yunes Zorrilla, César Horacio Duarte, Raúl Sicilia, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Ángel Moreno Tello, Jorge Carlos Ramírez Marín, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Manuel Añorve Baños, Enrique Priego Oropeza, Jesús Taracena, Arturo León Lerma, Concepción González, Maricruz Cruz Morales, Víctor Díaz Palacios, Lorena Bearregard, José Manuel Quintanilla, Manuel Galán Jiménez, José Jaimes García, Salvador Cosio Gaona, Josefina Hinojosa, Elías Dip Rame, Silverio López Magallanes, Gustavo Lugo Espinosa, Esther López Cruz, Miguel Arizpe.

----TÚRNESE LA INICIATIVA A LA COMISIÓN DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.

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Diputado, tenemos agendado para ser desahogado por usted tres puntos en el orden del día y queríamos saber si se mantienen las tres o nada más las dos primeras. …Las dos primeras, bueno. Muy bien señor diputado.

Entonces, se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Barbosa Huerta para presentar una iniciativa de reformas al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una adición a la fracción VI del artículo 73 y reforma a los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 116 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la iniciativa que ahora se somete a consideración de esta soberanía, se propone modificar la actual estructura de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La nueva redacción de la fracción II estaría dividida en incisos que contendrán las bases generales para la integración de las legislaturas de los Estados, conforme al texto que se propone en los tres primeros incisos, se reproducen sin modificación alguna los párrafos que actualmente la integran para que en los restantes se introduzcan diversas bases que son esenciales para cumplir con el principio de proporcionalidad electoral y dar vigencia a una democracia verdaderamente representativa a saber:

PRIMERA. Condicionamiento del registro de la lista de candidatos de representación proporcional a que el partido político respectivo participe con candidatos a diputados por mayoría en cuando menos dos terceras partes de los Distritos uninominales.

SEGUNDA. Establecimiento de un mínimo de 2% de la votación estatal para la asignación de diputados de representación proporcional.

TERCERA. La asignación de diputados será independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido los candidatos del partido de acuerdo con su votación.

CUARTA. Precisión del orden de asignación de los candidatos que aparezcan en la lista correspondiente.

QUINTA. El tope máximo de diputados por ambos principios que pueda alcanzar un partido debe ser igual al número de Distritos electorales.

SEPTIMA. Establecimiento de las reglas para la asignación de los diputados conforme a resultados de la votación.

En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa que reforma la fracción II del artículo 116 de nuestra Carta Magna.

Aún cuando no es necesario mencionarlo y como lo hace la mayoría de legisladores que aquí acuden a tribuna, solicito que de manera íntegra dado que no expresé las consideraciones de esta iniciativa para obviar tiempo, se reproduzca en el Diario de los Debates como si así lo hubiera yo hecho.

LA PRESIDENTA: Señor diputado. Si me permite y darle turno y continúa usted con la siguiente.

De acuerdo con la petición del diputado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria y túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Iniciativa de decreto que agrega una fracción VI al artículo 73, reforma y adiciona los artículos 73 fracción I, artículo 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Exposición de motivos: México ha celebrado tratados internacionales desde el inicio de su vida como nación independiente y éstos han desempeñado siempre un papel importante en las relaciones del país con el exterior, sin embargo, su aplicación como derecho interno durante décadas fue muy limitada a pesar que conforme al texto del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre han sido ley suprema de la Unión.

La de nuestro país era una economía mucho más cerrada, su sistema legal también era cerrado y las relaciones jurídicas se establecían fundamentalmente entre los agentes internos, es decir, los intercambios con el exterior eran limitados y la necesidad de aplicar normas internacionales relativamente pequeñas. Nuevas condiciones, tanto internas como internacionales, han modificado radicalmente esta situación; los tratados, que en principio se concedían como cartas de buenas intenciones, han evolucionado de forma sorprendente. En algunas materias incluso con contenidos más amplios que las legislaciones nacionales, verbigracia la materia de los derechos humanos.

Los tratados internacionales regulan ya varias materias que tienen un impacto directo en el derecho nacional. Todos somos partícipes de la infinita red de relaciones que se teje en el ámbito internacional, de los inusitados problemas de aplicación que generan los tratados multilaterales, de la ingerencia de estos problemas tienen el derecho patrio, además ciertos agentes externos tienen interés directo en el cumplimiento de las obligaciones internacionales de nuestro país, generándose así un mayor escrutinio, incluso presión para lograr tal fin.

Ejemplo paradigmático de esta situación ha sido la discusión alrededor de la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y sus acuerdos complementarios en materia de medio ambiente y trabajo.

Como resultado natural de la proliferación de convenios internacionales, el derecho de los tratados es una de las disciplinas que más se han desarrollado en los últimos años en la ciencia del derecho. El internacional ha pasado de ser mero derecho consuetudinario a ser derecho codificado a partir de la celebración de las convenciones de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados y la de 1986 sobre tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y Estados.

Tanto la Convención de Viena como nuestra Ley sobre la Celebración de Tratados, establecen que éstos son un acuerdo celebrado por escrito, regido por el derecho internacional, cualquiera que sea su denominación particular, terminando de esta manera las viejas discusiones doctrinales referentes a si existe diferencia entre tratado, convenio, convención, pacto, etc. Empero, en este proceso de evolución subsisten tres cuestiones esenciales en la materia que es necesario definir para dar certidumbre a nuestro sistema jurídico:

Uno. Qué grado de armonía y congruencia deben guardar los tratados internacionales frente a las leyes expedidas por el Congreso y emanadas del Pacto Federal.

Dos. La amplitud de la facultad negociadora que la Constitución concede el titular del Poder Ejecutivo, y

Tres. Si el Presidente y el Senado tienen competencia ilimitada para celebrar tratados.

Indudablemente que como lo sostiene el distinguido jurista Ruberto Patiño Manfer, la duda para la solución de estas interrogantes surge a partir del momento en que se reforma la Constitución para modificar la redacción del artículo 133 y sustituir el término Congreso por el término Senado, encomendando a éste último órgano legislativo la facultad de aprobar los tratados internacionales celebrados por el Presidente de la República para convertirse en la ley suprema de toda la Unión.

El texto original del artículo 133 tiene su antecedente inmediato en el artículo 126 de la Constitución Política de 1857 y a su vez se inspiró en el artículo sexto, inciso 2) de la Constitución de los Estados Unidos de América.

El proyecto que Carranza envió al Constituyente de Querétaro omitió este precepto, pero la Segunda Comisión de Constitución lo presentó al Congreso Constituyente en la LIV Sesión Ordinaria celebra el 25 de enero de 1917, fue aprobado por unanimidad el texto del artículo 132 que en el cuerpo final de la Constitución Mexicana quedó incorporado como artículo 133.

En 1934 fue reformado el artículo 133 sin modificar en esencia su sentido ni su alcances originales, se hicieron en su texto tres precisiones con relación a los tratados internacionales; se cambió la terminología hechos y que se hicieren, por los vocablos celebrados y que se celebren; se adicionó el mandato que estén con acuerdo con la misma y por último se sustituyó al Congreso de la Unión por el Senado en la importante responsabilidad de aprobarlos.

Al sustituir Congreso de la Unión por el Senado, los iniciadores de la reforma consideraron corregir una errata, que según ellos, el Constituyente del 17 había arrastrado desde la Constitución de 1857, te mencionaba al Congreso y no al Senado sin que dicha mención se hubiera modificado al reestablecerse el Senado de la República en 1874.

La decisión del Constituyente del 17 no fue ni un error ni omisión, fue según lo observa con acuciosidad Ruperto Patiño Manfer, el conocimiento preciso de que la única forma de asegurar que los tratados internacionales resultaran congruentes y armónicos no sólo con el texto constitucional sino incluso con las leyes emanadas de la propia Constitución y quedarán elevados a la categoría de Ley Suprema de la Unión, sin que se violentara el principio de división de poderes consagrado en el artículo 49, consistía en encomendarle al Congreso la aprobación de dichos compromisos internacionales. Cumplido este requisito el Presidente de la República podría ejercer su facultad negociadora en el ámbito internacional con absoluta amplitud, inclusive en aquellas materias cuya regulación jurídica la propia Constitución encomienda al Congreso de la Unión o a cada una de las Cámaras que lo integran en lo particular.

Como consecuencia, al sustituir Congreso de la Unión por Senado en el texto del artículo 133, se introduce una incongruencia que formalmente se ha convertido en una importante limitación al Presidente de la República en su facultad de adquirir compromisos con otras potencias extranjeras ya que en todo caso para respetar el texto constitucional deberá evitar contraer compromisos internacionales en materias cuya regulación jurídica está encomendada por la Constitución al Congreso de la Unión. Es decir, el mandato que estén de acuerdo con la misma, aunado a la aprobación del Senado y no del Congreso obliga al titular del Ejecutivo Federal a no asumir ningún compromiso internacional que pudiera reñir con la legislación ordinaria expedida por el Congreso de la Unión en ejercicio de las facultades exclusivas previstas en el artículo 73 del Pacto Federal y en todas las otras materias que expresamente la Constitución encomienda a dicho cuerpo legislativo.

Los tratados no son únicamente pactos de carácter internacional, entre México y las demás naciones, sino que conforme al artículo 133 de la Constitución, son al mismo tiempo leyes federales; este precepto categóricamente dispone que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República con aprobación del Senado serán la Ley Suprema del país, ordenando además que los jueces de cada estado se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que puede haber en las constituciones o leyes de los estados. Por tanto, tratándose de una ley nacional es obvio que la aprobación de los tratados debe de emanar del Congreso de la Unión.

En estas condiciones reformar en este punto nuevamente la Constitución para otorgar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar los tratados internacionales, reservando para el Senado solo el análisis de la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, constituye la única solución viable para asegurar la congruencia y armonía de aquellos frente a las leyes ordinarias expedidas por el propio órgano legislativo, que es a quien nuestra Carta Magna encomienda la elaboración de los leyes, además de que ésta sería la única manera de que la aprobación de un tratado internacional, aun en el caso de que contuviera disposiciones inconsistentes con las leyes del Congreso expedidas con anterioridad, si tendría efectos derogatorios o modificatorios de la misma, por haber intervenido en su formación el mismo cuerpo legislativo que expidió la ley que resultara inconsistente.

En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa de decreto que agrega una fracción VI al artículo 73, reforma y adiciona los artículos 73 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer como UNICO, se agrega esa fracción VI y las modificaciones mencionadas para quedar como sigue:

fracción IV) (Nueva) Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.

1º.Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario de Despacho correspondiente rindan al Congreso.

fracción X) Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Congreso. En la conducción de tal política el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y las seguridades internacionales.

Artículo 133.Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con las mismas, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Congreso, será la ley suprema de toda la Unión, los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes.

Entrego copia suscrita por el de la voz a la Secretaría, para el trámite del proceso legislativo correspondiente. Muchas gracias a todos ustedes.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones fiscales.

-EL C. DIPUTADO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno del Congreso General, el que suscribe presenta a este honorable pleno y somete a consideración de la asamblea de esta H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el Código Fiscal de la Federación y disposiciones de la Ley del Seguro Social, con el objeto de crear el régimen fiscal del contribuyente social.

Quiero hacer constar que este es un proyecto desarrollado por la Alianza Nacional de Contribuyentes, Asociación Civil, organización que por más de una década ha estado presente en la defensa de los pequeños contribuyentes del país con la diaria gestión de sus asuntos y con una actitud propositiva. En esta ocasión soy portavoz de las decenas de miles de asociadas y asociados de esta organización.

Algunos de ustedes recordarán que en el anterior período de sesiones, un servidor presentó una iniciativa para crear el régimen de contribuyente social mediante la reforma de la vieja Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En diciembre pasado, asimismo presenté propuestas de enmiendas al dictamen sobre la Ley del Impuesto Sobre la Renta, particularmente en sus artículos 137, 138 y 139. Las propuestas en esa ocasión recibieron el apoyo de 72 diputadas y diputados del PRD, del Partido Revolucionario Institucional y de otros partidos como el PT. el PAS y Convergencia; 16 diputados se abstuvieron, sin embargo una mayoría integrada por 379 diputados del Partido Acción Nacional y del PRI rechazaron las propuestas de enmienda e impusieron un endurecimiento del régimen de pequeños contribuyentes. Se limitó a uno y medio millones anuales de ingresos brutos el régimen de pequeños contribuyentes, cifra que por definición al ser ingreso bruto, debe incluir la materia prima, la mercancía, el transporte de las mismas, la renta de locales y las magras utilidades del microempresario.

Se duplicó en es reforma la tasa del impuesto para la mayoría de los pequeños contribuyentes, al eliminar la tabla progresiva y al derogar toda exención hasta en los niveles más bajos de ingresos.

Se mantuvo la prohibición a los pequeños contribuyentes que no pueden expedir facturas, so pena de pasar automáticamente al régimen intermedio o al régimen general de contribución.

El régimen intermedio, que fue una de las novedades de esa miscelánea fiscal, no resuelve por otro lado la problemática del pequeño contribuyente, pues lo obliga a adquirir la máquina registradora fiscal y no creo necesario recordarles que en la mayoría de los casos, la máquina registradora fiscal tiene un costo superior a todos los activos de la microempresa; tampoco se simplificaron los trámites para los pequeños contribuyentes, por ejemplo la demanda de la actuación de un representante legal en caso de defunción y la comprobación de la sucesión cuando resulta que la mayoría de los pequeños contribuyentes, pocas cosas tiene que heredar a sus sobrevivientes.

Se endureció la carga fiscal para los pequeños contribuyentes, pero no se ofrecieron las contraprestaciones del Estado para con los micronegocios; se crearon por otro lado potestades tributarias para los estados que no son una real descentralización, sino que por el contrario, duplican los impuestos y de esta manera se incrementa la carga fiscal de este tipo de contribuyentes.

El actual régimen de los pequeños contribuyentes contenido en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, enfrenta a los microempresarios a la disyuntiva de quebrar para pagarle a Hacienda o lanzarse a la informalidad, a la economía informal.

Quiero recordarles a todos ustedes que la economía de nuestro país es una economía que cuenta con una alta presencia de microempresarios, según los censos económicos de 1999, en el área de las manufacturas son microempresas el 95% del área de las manufacturas de nuestro país.

En el sector comercio las microempresas representan el 94% de los establecimientos y dan empleo al 58% de la mano de obra que se ocupa en ese sector.

En el ramo de los servicios el 98% de los establecimientos son microempresas, empresas y dan empleo al 57% de a fuerza de trabajo de ese sector.

En estos tres sectores de la economía manufacturas, comercio y servicios, la microempresa representa el 96% del total de los establecimientos y da empleo al 46% de los trabajadores ocupados en esos sectores.

La microempresa es vital para nuestro país. El comercio minorista está también dominado por la microempresa que en esos establecimientos pequeños se venden el 45% de los productos básicos, el 77% de refrescos y aguas purificadas, el 38% de madera aserrada y materiales de construcción no metálicos entre otros.

La importancia de la microempresa para nuestro país es tan vital que podemos decir que la prosperidad de la micro empresa mexicana será la prosperidad de México.

Y es por ello que nuestro gobierno y el Estado Mexicano, debe aplicar una política de fomento y de crecimiento de la microempresa, de prosperidad de la microempresa, mediante el otorgamiento de créditos accesibles y baratos, mediante la creación de programas masivos de capacitación empresarial, la asesoría para el acceso a la tecnología moderna, la incorporación de la microempresa a las cadenas productivas estratégicas de la economía. Debe garantizar el acceso a la seguridad social de los pequeños contribuyentes.

Y también compañeras y compañeras y también deben reformarse las disposiciones fiscales para crear el régimen fiscal del contribuyente social. Y esta reforma que estamos demandando, que estamos presentando aquí en esta iniciativa para que se reformen los artículos 137, 138 y 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer como objeto del régimen del contribuyente social, las empresas que realicen actividades en forma familiar permanente hasta con 6 personas ocupadas y las de manufacturación con un máximo de 16 personas, siempre que los ingresos propios de la actividad desarrollada y los intereses obtenidos en el año-calendario anterior, no hubieran excedido los tres millones 210 mil 649 pesos.

Asimismo, proponemos que en el artículo 138 se establezca una tabla progresiva para que contribuyan los contribuyentes de esta figura y de este régimen fiscal. Una tabla que va del 0% al 1%, según el rango de los ingresos.

Estamos proponiendo también en el artículo 139 el que el que el pequeño contribuyente, el contribuyente social, pueda entregar facturas a sus clientes, tanto de comercio como de servicios, sin ninguna limitación.

También estamos proponiendo reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para reformar el artículo 2 c), artículo 15, fracción IV y las fracciones XVI, XVIII y XVIX de ese mismo artículo y la modificación del artículo 32, penúltimo párrafo, para que queden de la siguiente manera en el artículo 2 c):

Las personas físicas con actividades empresariales que se encuentren dentro de la sección tercera del régimen del contribuyente social, no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades siempre que en el año calendario anterior hayan obtenido ingresos que no excedan de 3 millones 210 mil 649 pesos por dichas actividades.

En el artículo 15 también se establecen exenciones por el consumo de energía eléctrica para los pequeños usuarios.

Se propone que en el Código Fiscal de la Federación se reformen los artículos 16, fracción VI y se reforme el artículo 67, primer párrafo, de manera que en el párrafo tercero del artículo 16, fracción sexta se establezca que se considera empresa del sector social de la economía y/o familiar aquélla que cumpla las condiciones del párrafo anterior y en la cual la apropiación de la utilidad o ganancia se hace equitativa y socialmente entre sus integrantes.

Asimismo, la reforma del artículo 13 de la Ley del Seguro Social, en su fracción VI, y del artículo 222, fracción II, inciso a), de manera que en el artículo tercero, fracción VI se establezca que las personas físicas que desarrollen actividades empresariales productivas de transformación, comerciales y de servicios en establecimientos permanentes, mercados públicos, tianguis, concentraciones, comerciantes en vía pública, puestos fijos y simifijos, recicladores, incluidas las desarrolladas en forma familiar permanente hasta con seis personas como máximo y las de manufacturación con un máximo de seis personas.

Y en el artículo 222, fracción II, inciso a), para los sujetos a los que se refiere la fracción que leí anteriormente las prestaciones en especie del seguro de enfermedades y maternidad y las correspondientes de los seguros de invalidez y vida, así como de retiro y vejez, en los términos de los capítulos respectivos.

Finalmente, estamos proponiendo la creación de un fondo nacional de seguridad social que se formará con un porcentaje de la recaudación nacional que el gobierno de la federación aporte para el establecimiento de un sistema de seguridad social para el contribuyente social de la economía.

Como ya lo he dicho, la prosperidad de la microempresa en México será la prosperidad de nuestro país en términos de la creación de la riqueza y en términos de su distribución mediante el empleo.

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Antes de pasar al siguiente punto del orden del día quisiera verificar si están en el recinto los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores.

(LECTURA DE DICTAMEN DE LA COMISION DE RELACIONES EXTERIORES RELATIVO A AUTORIZACION AL CIUDADANO PRESIDENTE MEXICO PARA AUSENTARSE DEL PAIS, INSERTESE)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Relaciones Exteriores.

Dictamen por el que se autoriza al presidente los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril del año en curso, para que participe en la XVI Reunión de jefes de Estado y de gobierno del mecanismo permanente de consulta y concertación política, Grupo de Río, con sede en San José República de Costa Rica.

A la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura le fue turnado para su estudio y dictaminación la minuta con proyecto de decreto por el que se concede autorización al presidente de los Estados Unidos Mexicanos Vicente Fox Quesada para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, con el objeto de participar en la XVI Reunión de jefes de Estado y de gobierno del mecanismo permanente de consulta y concertación política, Grupo de Río, con sede en San José, República de Costa Rica.

Los diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59, 60, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la Asamblea el siguiente dictamen por las siguientes

El día 26 de marzo de 2002, fue turnada a esta comisión, la minuta con proyecto de decreto que concede autorización a Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, con objeto de participar en la XVI Reunión de jefes de Estado y de gobierno del mecanismo permanente de consulta y concertación política, Grupo de Río, con sede en San José, República de Costa Rica.

La Comisión de Relaciones Exteriores desea expresar, que, en materia de política exterior el Gobierno de México ha mantenido como una de sus más altas prioridades las relaciones con América Latina y el Caribe, regiones con las que nos unen, no sólo la proximidad geográfica sino también una herencia histórica y cultural que vincula de manera singular nuestras identidades como latinoamericanos. Además, compartimos intereses y anhelos, que conllevan a la convergencia de posiciones.

Por ello, la participación activa de México en los principales foros de diálogo y concertación regional y subregional se considera fundamental y prioritaria. El Grupo de Río, es el mecanismo flexible de diálogo y concertación política más representativo en el ámbito latinoamericano y caribeño.

Desde la declaración de Río de Janeiro, el 18 de diciembre de 1986 por medio de la cual se creó este grupo y hasta la fecha, éste ha demostrado su utilidad como foro privilegiado de comunicación y contacto personal entre los jefes de Estado y los cancilleres de la región, así como de interlocución frente a otras regiones geográficas manteniendo presencia y capacidad de negociación en la comunidad internacional.

Los principios rectores del Grupo de Río: preservación de la paz, fortalecimiento de la democracia e impulso de acciones para el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe, son para esta comisión, plenamente vigentes para la región y coherentes con las políticas impulsadas por el Gobierno de México.

Los objetivos del grupo, que México comparte, se identifican con los postulados de otras agrupaciones regionales y cuentan con una amplia aceptación internacional. Sobresalen los siguientes: ampliar y sistematizar la cooperación entre los gobiernos integrantes del mecanismo; examinar las cuestiones internacionales que sean de especial interés para los países miembros y concertar posiciones comunes y soluciones propias en relación con las mismas; proponer el mejor funcionamiento y coordinación de los organismos latinoamericanos de cooperación e integración; impulsar los procesos de integración y cooperación en América Latina y el Caribe y explorar nuevos campos de colaboración que favorezcan el desarrollo económico, social, científico y tecnológico.

En la minuta, el presidente Vicente Fox solicita autorización para atender la convocatoria que el presidente de la República de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, hace para celebrar la XVI Reunión de jefes de Estado y de gobierno del Grupo de Río, en San José, Costa Rica, los días 11 y 12 de abril próximos y cuyo tema central será "El Fortalecimiento Familiar y la Lucha contra la Pobreza", el cual fue propuesto por el propio país anfitrión.

Independientemente de que este tema se analizará a la luz de diversas experiencias internacionales, los mandatarios que asistan harán una evaluación de otros temas de la agenda regional e internacional, tales como la promoción y protección de la democracia y los derechos humanos; el fortalecimiento de la sociedad civil; la seguridad internacional; el financiamiento para el desarrollo, así como la concertación regional con miras a la II Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea, a realizarse en mayo próximo en la ciudad de Madrid.

Resalta en la minuta la intención expresa del presidente Vicente Fox Quesada, de impulsar durante la reunión, las recomendaciones emanadas de la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo de las Naciones Unidas, recién celebrada en Monterrey, México y propiciar que se adopten posiciones comunes regionales para lograr mayores consensos en la Cumbre de Madrid y así favorecer la instrumentación de acciones concretas de cooperación de ambas regiones.

Es importante mencionar en abono a esta minuta, que el Grupo de Río, a lo largo de más de 15 años de funcionamiento, ha contribuido, a través del diálogo entre jefes de Estado y de gobierno, a consolidar la democracia en la región y ha demostrado ser, en los hechos, un auténtico mecanismo de concertación política que traduce sus recomendaciones en acciones concretas.

En dicho marco, una de las principales virtudes del grupo ha sido la adopción de consensos sobre temas de interés común. La Comisión de Relaciones Exteriores considera que la presencia del jefe del Ejecutivo Mexicano en esta reunión, previa a la Cumbre de Madrid, es más importante que nunca, porque permitirá que México tenga una voz decisiva en la posición que adopte la región frente a la Unión Europea, respecto de los temas centrales que se tratarán: promoción de la democracia e integración comercial.

La Comisión de Relaciones Exteriores conforme a la práctica ya establecida, solicita al Ejecutivo que, una vez que concluyan los viajes del presidente de la República, autorizados por el Congreso de la Unión, se informe a este órgano legislativo del resultado de los mismos. En tal virtud proponemos que a su regreso de San José, Costa Rica, se proporcione información y documentación de la XVI Reunión del Grupo de Río.

Por lo anteriormente expuesto y fundado la comisión de relaciones exteriores somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente:

Artículo único. Se concede autorización a Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional los días 11 y 12 de abril de 2002, a fin de que participe en la XVI Reunión de jefes de Estado y de gobierno del mecanismo permanente de consulta y concertación política, Grupo de Río, que se celebrará en San José, República de Costa Rica.

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo San Lázaro, a 4 de abril de 2002.— Diputados: Gustavo Carvajal Moreno, presidente; Francisco Javier Sánchez Capuzano, Tarciso Navarrete Montes de Oca, José Carlos Borunda Zaragoza y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, secretarios; Sergio Acosta Salazar, Samuel Aguilar Solís, Alberto Anaya Gutiérrez, Hilda Josefina Amalia Anderson Nevarez, Eduardo Arnal Palomera, Edilberto J. Buenfil Montalvo, Raúl Covarrubias Zavala, María Elena Chávez Presa, Víctor Emanuel Díaz Palacios, Lucio Fernández González, Adrián Salvador Galarza González, Augusto Gómez Villanueva, Raúl Gracia Guzmán, Efrén Leyva Acevedo, José Ramón Mantilla y González de la Llave, Miguel Angel Moreno Tello, José Luis Novales Arellano, Bernardo Pastrana Gómez, Gustavo Riojas Santana, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Heidi Gertud Storsberg Montes, Emilio Ulloa Pérez, Eddie Varon Levy, José Socorro Velázquez Hernández y Alma Carolina Viggiano Austria.»

En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.

LA C. SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.

LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la segunda lectura. En consecuencia está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.

LA C. PRESIDENTA: No habiendo quien haga uso de la palabra, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

LA C. SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

LA C. SECRETARIA DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se emitieron 357 votos en pro, 26 en contra y dos abstenciones.

LA C. PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 357 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

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En el siguiente capítulo de Excitativas, me permito ofrecer la palabra al diputado César Duarte Jaquez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar excitativa a la Comisión de Energía.

Vengo a presentar una excitativa a la Comisión de Energía de esta Cámara de Diputados, en virtud de que no se ha dictaminado la ley de energía para el campo, ley 20 de noviembre que fue presentada ante esta soberanía el año pasado.

Quiero destacar que los productores agropecuarios que ahora representamos no sólo saben exigir sino también proponen alternativas como esta iniciativa de ley de energía al campo que presenta soluciones viables para la reactivación del agro nacional y es una alternativa al financiamiento para el desarrollo del sector agropecuario del país.

Como corolario de esta petición y mostrarles la urgencia que tenemos en resolver esta iniciativa de ley de energía para el campo, informo a los miembros de esta soberanía que los productores agropecuarios están tan descapitalizados y empobrecidos que han declarado de nueva cuenta desde el mes de enero de este año, una suspensión de pagos a la Comisión Federal de Electricidad y como esta empresa ha empezado a realizar cortes del suministro de energía eléctrica desde el 2 de abril de este año, en estos momentos los productores realizan tomas de superintendencias de oficinas comerciales de la misma Comisión Federal de Electricidad en los estados de la República Mexicana, principalmente en mi estado, Chihuahua.

Se ha empezado a reconectar los servicios eléctricos por su propia cuenta, porque como ellos dicen "o pagan la energía eléctrica o les dan de comer a sus hijos".

No debemos permitir que se rompa el estado de derecho mientras se está en un tiempo de indefinición, como es en el que se ha dado y se ha agotado el modelo económico de aumento de tarifas constantes en los energéticos y la aprobación de tan anhelada ley de energía para el campo.

Qué recomendable sería que se emitiera un punto de acuerdo con carácter de urgente de esta soberanía para que se intervenga ante la Comisión Federal de Electricidad y mantengan conectados los pozos agrícolas de los estados de Durango, Coahuila y Chihuahua, que son los que se encuentran en suspensión de pagos en este momento.

Es por la falta de capacidad de pago y hasta en tanto se resuelva esta ley de energía para el campo, toda vez que la situación de tensión generada entre los usuarios de energía para el agro y los funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad por los cortes del suministro, pudieran generar un estallamiento y rompimiento de la tranquilidad social.

De no intervenir, asumimos la corresponsabilidad de las consecuencias que pueden ocasionar estos hechos.

Sin embargo los productores están dispuestos a contribuir con el esfuerzo de su trabajo, para que juntos logremos el despegue y la reactivación del campo o el campo morirá muy pronto.

Nos preocupa que con la próxima entrada de la liberación de algunos productos agropecuarios como lo establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, estamos en una gran desventaja en varias aspectos. Y esta iniciativa de Ley de Energía para el Campo representa para nosotros la esperanza para la reactivación, el progreso y la salvación de nuestras familias y de nuestro campo mexicano.

El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha sido generoso para muchos sectores del país, pero el campo es el que ha pagado los platos rotos.

Finalmente, solicito atentamente a la mesa directiva de esta honorable Cámara de Diputados excite e invite a la Comisión de Energía para que cumpla con sus atribuciones legales y que a la brevedad posible dictamine sobre la Ley de Energía para el Campo, Ley 20 de noviembre que hemos denominado, y que ahora nos ocupa mientras tanto se nombre una comisión de esta Cámara de Diputados del Congreso para que intervenga ante la dirección de la Comisión Federal de Electricidad y establezca acuerdos con la propia comisión y se suspendan los cortes de energía eléctrica a los usuarios de la tarifas 9 y 9 M del agro nacional.

No perdamos la oportunidad que esta LVIII Legislatura tiene para generar resultados de los productores agropecuarios del país. Aprovechemos esta ley y generemos las condiciones para que el año próximo estemos usando este sistema de precios preferenciales a los energéticos para el campo y hagamos un campo más competitivo.

Demos ese paso que los productores ya esperan y que nosotros cumpliendo con nuestra obligación podemos dar.

LA C. DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Energía para que emita el dictamen correspondiente.

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Quiero consultar con el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez si va a presentar la excitativa el día de hoy o si se pospone.

EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ (PRD. Desde su curul): Se pospone.

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Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

"Los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción XVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular excitativa a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Indígenas, a efecto de que se dictamine, a la brevedad posible, la iniciativa que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 2002 y se presente al pleno, con carácter de urgente, el dictamen correspondiente para su discusión en este órganos legislativo.

"El pasado 20 de marzo presenté ante el pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal. Lo hice no para defender la política de una institución como lo es el Instituto Nacional Indigenista, que independientemente de lo que cada uno de nosotros opine de su función y su papel a lo largo de los años de existencia, es la única institución federal con la que tienen relación directa los pueblos indígenas hasta este momento para poder ser atendidos. No como ellos se merecen, sino por lo menos para contar con algunos proyectos productivos y asesorías técnicas en diferentes materias.

"Presenté la iniciativa en virtud de que en el propio artículo transitorio establece una fecha límite, que venció el 31 de marzo pasado, para que la Secretaría de Desarrollo Social establezca convenios con las entidades federativas. Técnicamente ese transitorio no podrá cumplirse por el complejo entramado que representa establecer convenios con los gobiernos estatales. Pero además, estamos actuando de manera irresponsable, al dejar del lado el compromiso asumido por esta Cámara de Diputados, al aprobar una reforma en el que se establece claramente la responsabilidad de este órgano legislativo de establecer partidas específicas destinadas al cumplimiento de las obligaciones en los Presupuestos de Egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

"A pesar de no estar cumpliendo con la obligación y responsabilidad que establece el precepto antes señalado, lo que sí estamos haciendo es desaparecer de facto al Instituto Nacional Indigenista con aberraciones jurídicas que violentan nuestra Constitución Política, convenios internacionales suscritos por nuestro país, la propia ley que crea al Instituto Nacional Indigenista. Y en caso de que la SEDESOL aplicara dicho convenio, se violaría la Ley del INI, pues se otorga la facultad de administrar sus propios recursos, que son los que aprobamos en esta Cámara de Diputados.

"De igual manera, el gobierno federal estará dejando de cumplir plenamente con sus responsabilidades a nivel federal, de atender las diversas demandas de educación, salud, vivienda, desarrollo económico de los pueblos indígenas.

"En el Programa Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indios 2001-2006, recién presentado por el Presidente de la República, se reconoce la necesidad de abatir el rezago y la marginación en la que viven los indígenas.

"Por otra parte y después de la resolución de la Suprema Corte de los Estados Unidos, de no reconocer los derechos de los trabajadores migratorios, muchos de los cuales son de origen indígena, el país puede enfrentarse a los flujos migratorios de nuestros connacionales que pudieran retornar a sus estados, en el que no encontrarían las condiciones mínimas para reintegrarse a actividades productivas.

"No podemos continuar con esta política de discriminación y marginación hacia nuestros pueblos indígenas. No podemos seguirlos excluyendo de las posibilidades de desarrollo y negarles que sean parte en los cambios que está viviendo nuestro país.

"Los escasos recursos que se aprobaron para el INI no alcanzan siquiera para cumplir con las demandas y necesidades más urgentes de nuestros pueblos en materia de vivienda, salud, educación, etcétera. Por ello es que estamos convencidos que de cumplirse esta disposición y transferir los recursos a las entidades federativas, los recursos económicos transferidos no tendrían ningún impacto en las comunidades.

"Por otra parte, es casi seguro que al transferir los recursos a los estados, los gobiernos de las entidades federativas manejarán a discreción los recursos y seguramente nos estaremos enfrentando a su manejo político-electoral para la compra y coacción del voto, buscando controlar a los pueblos indígenas, al condicionarles apoyos y recursos en la presentación de los proyectos que las comunidades hacen al gobierno federal a través del INI.

"Por otro lado, este transitorio conculca los derechos laborales de los trabajadores del Instituto Nacional Indigenista, a quienes la aplicación en sus términos de dicho transitorio podría dejarlos sin un lugar para desarrollar sus actividades laborales, pero también pudiera llevarlos a cambiar de lugar de trabajo, al ser trasladados de una sede a otra.

"Por todo lo anterior, quienes suscribimos la presente, con fundamento en lo que disponen las fracciones III y XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos a esta Presidencia se sirva excitar a las comisiones señaladas, a fin de que emita el dictamen sobre la iniciativa presentada en esta Cámara de Diputados, que deroga el artículo Décimo sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos del año 2002, misma que fue turnada para su dictamen a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Asuntos Indígenas".

"Firman: Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Dip. Efrén Leyva, del PRI; Dip. Félix Castellanos, del PT; Dip. José María Guillén Torres, del PRI; Dip. Miguel Bortolini, del PRD; Dip. Rosalinda López, del PRD; Dip. Ricardo Moreno Bastida, del PRD; Dip. José Feliciano Moo y Can, del PRI; Dip. Pablo Arnaud, del PAN; Dip. Vitalicio Cándido Coheto, del PRI; Dip. Héctor Sánchez López".

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que emita el dictamen correspondiente.

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Esta Presidencia ha recibido solicitud de los grupos parlamentarios para que en el primer punto de las proposiciones se tocara la relativa al tema del Acuerdo sobre el Recorte Presupuestal.

En tal virtud y dado que hay la solicitud de diversos grupos parlamentarios, quiero consultar con los grupos parlamentarios, si hay algún texto específico sobre el tema De no ser así, se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Delia Cota Montaño, pero tengo entendido que en la Secretaría está el texto. Diputado Rivera hágame favor de verificar si ha llegado el texto de la proposición con Punto de Acuerdo.

Vamos a proceder al posicionamiento de los grupos y le ruego a los proponentes que nos hagan llegar el texto del Punto de Acuerdo.

Tiene la palabra la Diputada Rosa Delia Cota Montaño del grupo parlamentario del Partido del Trabajo hasta por cinco minutos.

-LA C. DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para someter al pleno de esta soberanía, con fundamento en lo que se dispone en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Punto de Acuerdo con relación a la Reducción al Gasto Público, dado a conocer por el señor Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, el pasado 2 de Abril, bajo las siguientes consideraciones.

El último recorte al gasto público anunciado por el Gobierno Federal es una acción más del Ejecutivo Federal de anteponer los intereses de los banqueros internacionales y los organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a las necesidades de los sectores mayoritarios del país.

Este recorte al gasto representa el quinto durante el Gobierno Foxista, por los cuatro anteriores realizados durante el año 2001 significaron un monto superior a 16 mil millones de pesos, esto sin considerar los disfrazados ahorros que se consiguieron mediante el mecanismo de los ejercicios fiscales que se practicaron en la Administración Pública Federal a lo largo de todo el año pasado .

Al igual que en los anteriores recortes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utiliza como justificación de esta decisión la caída de los ingresos tributarios del Gobierno Federal y la urgencia de cumplir con el nivel de déficit presupuestal aprobado por el Congreso de la Unión.

Sin embargo, en el fondo de estas acciones apresuradas del Ejecutivo Federal subyace la exigencia de los organismos financieros internacionales para que el país cumpla con sus recomendaciones en materia fiscal e inflacionaria.

No debemos olvidar que conforme a la concepción de los neoliberales , el comportamiento de los mercados responde a las señales que envían los gobiernos a los inversionistas y en este caso, para el Gobierno Mexicano cuidar los intereses de los inversionistas financieros constituye una de sus funciones fundamentales.

No es gratuita la tenaz oposición a gravar las ganancias derivadas de las transacciones que se realizan en el mercado de valores de este país, las cuales no pagan impuestos. ¿Cómo vamos a incrementar sustancialmente los ingresos tributarios del Gobierno Federal si no se cobran impuestos a los dueños de la riqueza de nuestra nación?.

Queda claro que el régimen Foxista sólo busca darle continuidad a la política neo liberal para lograr una mayor integración de México con la economía norteamericana.

Su único interés mostrado hasta ahora es que sigamos dependiendo el ciclo de la economía norteamericana porque el Gobierno le está apostando a la recuperación económica de esa nación sin que se nos planteemos un proyecto propio de crecimiento económico en el que el Estado Mexicano se convierta en un promotor del desarrollo nacional alentando a los productores del campo, impulsado los pequeños y medianos productores industriales y creando un sistema financiero que se integre al financiamiento de las actividades productivas y no que viva de los recursos públicos como hasta ahora sucede.

En esas circunstancias, el proyecto foxista en el campo de la economía se ha caracterizado por dar solo respuestas inmediatas a los vaivenes que se presentan de forma coyuntural en el aparato productivo nacional, les ha importado más pagar por adelantado los vencimientos de la deuda externa del sector público, antes que combatir el hambre de millones de mexicanos.

Al presidente Fox y sus colaboradores se les ha olvidado que la única manera en que esta nación puede acceder al primer mundo es mediante la inversión en la educación en todos sus niveles pero particularmente impulsando un sistema de investigación tecnológica y de educación superior que forme los cuadros profesionales que la nación requiere para competir con éxito en el mercado mundial.

También se le ha olvidado que la única manera de tener una población capacitada y bien alimentada es teniendo un estado que financieramente sea capaz de cobrar impuestos a quienes más tienen, con el propósito de redistribuirlos a proyectos sociales que den empleo e ingresos a los trabajadores y redunden en un combate real a la pobreza extrema.

Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones expuestas del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete al Pleno de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

ARTICULO UNICO. Que los diputados integrantes de esta honorable Cámara de Diputados se pronuncien a favor de exigir la comparecencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, ante este Pleno para que explique por qué razón se redujo el gasto público destinado a programas fundamentales de la Administración Pública Federal el pasado 2 de abril del año en curso.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los cuatro días del mes de abril del 2002, firmando los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: Nos hace favor de entregarnos una copia, diputada. Gracias.

Para el mismo tema se ha inscrito la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución…

LA C. DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: (desde su curul) Sigue el Partido Verde. ¿O qué no va a participar el Partido Verde?…

LA C. PRESIDENTA: ¿Los diputados del grupo parlamentario del Verde Ecologista no van a participar en este debate? ¿Sí?… Sí, diputada Miroslava.

¿Quién, diputado Bernardo de la Garza?… El diputado Bernardo de la Garza tiene el uso de la palabra.

Hago este posicionamiento en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y agradezco que haya querido suscribirlo el diputado Del Río Virgen y que me haya pedido que hablara también por él.

Nosotros consideramos que el desgaste que se ha generado por este recorte es innecesario. Consideramos que si hubiera habido la voluntad del Poder Ejecutivo, de la Subsecretaría de Egresos, pudiéramos haber llegado a una solución conjunta. Sólo trabajando entre las instituciones vemos nosotros un México que avance. Me parece totalmente ingenuo que no imaginara el Poder Ejecutivo que esta medida unilateral y sorpresiva no generara tensiones entre ambos Poderes.

Nos parece incorrecto que se hagan los recortes sobre partidas que integró el Poder Legislativo al Presupuesto, partidas que no existían cuando llegó la iniciativa de Presupuesto por parte del Ejecutivo, como es el PAFER (¿), violentando así el mandato popular, un mandato que se dio en forma unánime en esta Cámara de Diputados. ¿Por qué no, en vez de recortar aquellas partidas que integró el Poder Legislativo, buscó ser más eficiente en las propias actividades el Gobierno Ejecutivo?

De igual forma, parece que en vez de buscar una reestructuración de fondo entendiendo el problema global, se van por la vía fácil, la que les permite la ley para hacerlo en forma unilateral. De ahí que si la ley marca que a más del 1 por ciento tendrá que intervenir el Poder Legislativo, ellos lo hacen por el 0.99 por ciento para poder hacerlo unilateralmente.

Hay incluso quien piensa que existen cifras maquilladas, esto tendrá que esperar para saberse en el momento de las comparecencias que se darán el día lunes. Sin embargo, de haberlas tendríamos que todos juntos meter un castigo ejemplar a quienes han engañado no a los diputados para justificar este recorte, sino al pueblo de México, pero este tema –repito deberá esperar. El tema presupuestal, lo hemos dicho nosotros cuando ha venido a comparecer el Secretario, no es un consejo; es un decreto y debe ser cumplido.

Se habla también que no se trata de un recorte, que son ahorros. Yo me pregunto, ¿ya se le preguntó a las clases marginadas de nuestro país si estamos para ahorrar, ya se les preguntó a los mexicanos si hay suficientes escuelas, suficientes carreteras, suficientes inversiones por parte del Poder Ejecutivo? ¿Es el momento de ahorrar?, nosotros consideramos que no.

El Banco Mundial incluso también ha recriminado este recorte, ha dicho que afectará los programas sociales de nuestro país, ha dicho que afectará el crecimiento económico de nuestro país, pero eso parece que hay a quienes le importa poco.

El tema presupuestal requiere sin duda de actualizaciones y de modernización, donde se establezcan entre otras cosas presupuestos multianuales, donde se establezcan también responsabilidades de los servidores públicos que no cumplan a carta cabal el propio presupuesto; mandatos que fomenten la disciplina fiscal, por supuesto fechas distintas para su aprobación y su discusión. Después de esto, obviamente también nuevas reglas para ver cuáles decisiones pueden ser unilaterales y cuales no.

Ese tema, el de la reestructuración del marco jurídico presupuestal, sí es del Congreso y por cierto está pendiente, y es nuestra responsabilidad atenderlo. Por lo demás, rechazamos el recorte efectuado, las partidas seleccionadas para hacerlo y por su puesto las formas, que a mi juicio parecen provocaciones dirigidas al Poder Legislativo de forma innecesaria.

Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del grupo parlamentario del PRD.

De nueva cuenta el Secretario "manos de tijera" tiene apreciaciones erróneas del comportamiento de las variables económicas, intenta incumplir el decreto de Presupuesto aprobado por esta Cámara de Diputados.

El Ejecutivo actúa de manera unilateral y arbitraria ante el temor paranoico que siente por el supuesto crecimiento del déficit en las finanzas. Prefiere seguir las fórmulas que le impone el Fondo Monetario Internacional antes de apoyar el fortalecimiento de las entidades federativas.

En primer término, los legisladores nos enteramos de la medida a través de los medios de comunicación y no por conductos oficiales y de acuerdo con el análisis del PRD, el recorte al Presupuesto de Egresos no se justifica.

Por otra parte, de acuerdo con la estacionalidad de los ingresos proyectados para el primer trimestre del 2002, éstos reportaron un cumplimiento del 65% al mes de febrero y tradicionalmente observan un mayor crecimiento en el mes de marzo, por lo que estimamos conforme a la experiencia, que para el primer trimestre hayan cumplido con el 100%.

Es decir, la comparación que hace Hacienda para afirmar que los ingresos presupuestarios han caído, es manipulada, es errónea, es falsa, es con respecto al mismo período del 2001, sin tomar en cuenta las estimaciones que hizo la propia Secretaría para el primer trimestre del presente año.

Es de destacar el crecimiento en la recaudación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, que en enero, febrero, fue mayor al 61.5% , llegando a representar el 12.8% de los ingresos totales, una de las proporciones más altas en los últimos diez años.

El Impuesto Sobre la Renta también presenta un crecimiento de 7.4%, en tanto que el Impuesto al Valor Agregado, efectivamente, registra una caída de 7.1%. Es claro decir que es reflejo de la recesión y pérdida de empleos que se viene arrastrando por la recesión de los Estados Unidos desde 2001.

Estos indicadores ponen de manifiesto que el Congreso actuó adecuadamente al aprobar la reforma fiscal para 2002. El crecimiento de los ingresos tributarios nos está dando la razón y aún así el gobierno actúa en sentido contrario a la lógica formal.

Por otra parte, el recorte al Programa de Apoyo al Fortalecimiento de las Entidades Federativas por 2 mil 190 millones de pesos, dejará sin efecto programas importantes de infraestructura hidráulica en zonas rurales, carreteras, equipamiento básico en escuelas y hospitales, entre otros.

Conviene señalar que en el paquete económico presentado a esta Cámara, al Ejecutivo se le olvidó incluir el PAFET, fue precisamente esta Cámara quien lo incluyó.

Este recorte del 15% se dice fácil pero representa mucho para las comunidades y para la población de nuestro país.

La decisión del Ejecutivo habla del nulo compromiso que existe para aplicar un presupuesto de corte federalista en detrimento de las finazas públicas de los gobiernos locales, pero eso sí privilegia el pago por adelantado del servicio de la deuda externa por 153 millones de dólares para quedar bien, eso sí, con los organismos internacionales. Hay caída en los recursos, porque se adelanta el pago de la deuda.

Es por ello que los diputados necesitamos conocer el punto de vista de los gobernadores, de todos los partidos y Secretarios de Finanzas sobre el presunto recorte.

Por eso, desde esta tribuna, mi grupo parlamentario les hace una atenta invitación para que concurran a esta soberanía y nos informen sobre las implicaciones que tendrá en la población de sus entidades.

La Secretaría de Hacienda justifica el recorte señalando la caída de los precios internacionales del petróleo. Sin embargo, al día de hoy el precio del barril se encuentra por encima de los 27 dólares en forma internacional. ¿Será que al Secretario Gil le llega tarde la información respectiva?

Es evidente que a 18 meses de iniciada la presente administración el titular de la Secretaría de Hacienda ha ejercido de manera abusiva y deficiente su función.

Por lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática solicita al Jefe del Ejecutivo remueva inmediatamente al Secretario de Hacienda.

Por último, amigos legisladores, queremos expresar las siguientes propuestas como

PRIMERO. La Cámara de Diputados rechaza, tajante y categóricamente, la aplicación del recorte enunciado por el Ejecutivo.

SEGUNDO. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública haga una invitación formal a todos los gobernadores del país, para analizar este recorte que es un atentado al federalismo.

TERCERO—Dictaminar en este período ordinario las iniciativas que en el marco de la reforma del Estado le den mayores facultades al Legislativo para incidir en la política económica.

Y por último, acotar las facultades legales y metaconstitucionales del Ejecutivo, que le permiten modificar las disposiciones del Congreso en forma unilateral.

Quisiera, perdón, destacar que este Punto de Acuerdo lo firman el Partido del trabajo y Convergencia por la Democracia.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. Tiene la palabra el diputado Alejandro Monraz Sustaita del grupo parlamentario de Acción Nacional.

-EL C. DIPUTADO ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Con su venia señora presidente. Señoras y señores diputados. El gobierno federal con fundamento en los artículos 13 y 21 del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2002, realizará un ajuste al gasto público por 10,100 millones de pesos, este ajuste responde a la necesidad de compensar la disminución prevista en los ingresos públicos para el primer trimestre del año en curso y así cumplir con el tope del 0.65% del PIB de déficit público previsto por esta H. Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos de la federación.

Es necesario recordar que el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está facultado por esta Cámara de Diputados a través del artículo 21 fracción II inciso b) del presupuesto de egresos de la federación, para hacer las modificaciones que estime pertinentes en el presupuesto de dependencias y entidades sin contar con autorización del Poder Legislativo.

Este artículo en su inciso b) señala que en el caso de que la contingencia represente una reducción equivalente de hasta el 5% de los ingresos a los cuales hace referencia la fracción I del artículo 1º. De la Ley de Ingresos de la Federación, el Ejecutivo federal enviará a la Cámara de Diputados en los siguientes 15 días hábiles, un informe que contenga el monto de gasto programable a reducir y la composición de dicha reducción por dependencia y por entidad de la administración pública.

El ajuste, por lo tanto, no deberá ser mayor al 5% de 806,200 millones de pesos, lo que da un límite de 40,310 millones de pesos. El recorte que llevará a cabo el Ejecutivo será de 10,100 millones de pesos, lo que equivale al 1.25% de la fracción I del Artículo 1º. de la Ley de Ingresos de la Federación.

Con esto queda claro que se está dentro de los límites establecidos y aprobados en el presupuesto de egresos de la federación por consenso en diciembre pasado.

Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento con lo aprobado por esta H. Cámara, deberá llevar a cabo los ajustes en forma selectiva y procurando no afectar las metas sustantivas del gasto social y de los principales proyectos de inversión. Esto permite mantener sin cambio las metas de los programas que tienen un alto impacto social y que son importantes para el desarrollo de nuestra nación

Por otra parte, es importante señalar que durante el año pasado, se dieron reiteradas llamadas para que el Ejecutivo Federal gastara más en la primera mitad del año, lo que se está cumpliendo cabalmente, con objeto de ayudar a reactivar la economía se está cambiando el ciclo del gasto público, para erogar una mayor proporción de éste durante la primera mitad del año.

De esta forma para el primer semestre de este año, se ejercerá la mayor proporción de gasto desde 1990, ya se utilizará el 47% del total del gasto público, mientras que para el segundo semestre se ejercerá el restante 53%.

En este sentido el gobierno federal está ejerciendo un porcentaje de gasto, que es mayor al promedio del 45% que ejerció Salinas durante su sexenio y el 43% que ejerció Zedillo durante su gobierno. Esto está afectando el balance de las finanzas públicas, que durante los primeros meses del año tradicionalmente había tenido un balance positivo.

Este cambio en el ciclo del gasto, sin embargo, va de la mano con una estrategia por parte del gobierno que facilitará el cumplimiento del déficit público autorizado por el Congreso de la Unión.

En el Partido Acción Nacional, estamos conscientes de la disciplina en las finanzas públicas, es más que un término financiero, es condición necesaria para que nuestro país alcance un crecimiento económico sostenido que nos permita combatir de forma efectiva los grandes rezagos sociales que aquejan a nuestro país.

Asimismo, cabe destacar que la caída de los ingresos del gobierno, no obedece a las reformas fiscales realizadas por el Congreso, toda vez que tanto el Impuesto Sobre la Renta como los impuestos especiales, la recaudación fue mayor. La baja en los ingresos del gobierno se presentó en los ingresos no tributarios, fundamentalmente a menores ingresos de los precios por exportación de petróleo. Sin embargo, nuestra opinión es que la Secretaría de Hacienda debe dar y ampliar las explicaciones pertinentes. En efecto, se puede observar que en lo que va de este año los ingresos tributarios ha tenido un crecimiento del 8.3%, en comparación con el bimestre enero-febrero del año pasado.

Ahora bien, los recortes que llevará a cabo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas PAFEFS, si bien es cierto que se encuentran previstos en la normatividad del presupuesto, que por cierto fue aprobado por consenso de estas Honorable Cámara, los legisladores de Acción Nacional consideramos que el Ejecutivo Federal debió realizar un mayor esfuerzo para considerar las diferentes alternativas que permitan el menor impacto social y regional del ajuste.

Por último, estamos conscientes de que esta Honorable Cámara requiere de más información para realizar a cabalidad su labor; por ello hemos considerado que es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, amplíe la información relativa a la disminución en los ingresos del primer trimestre del 2002.

Asimismo requerimos conocer el detalle de los rubros que serán afectados por el ajuste, para comprobar que en efecto no se disminuirán los recursos asignados a partidas relativas al gasto social. También pedimos una explicación suficiente acerca del gasto adicional a lo previsto que fue generado en el primer bimestre de este año.

Tiene la palabra el diputado Simón Villar Martínez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Asisto a esta tribuna en nombre de la fracción priísta de esta Cámara de Diputados. Lo hago para manifestar nuestro rechazo frontal a la decisión del Ejecutivo Federal de realizar un recorte por 10 mil 100 millones de pesos al presupuesto autorizado por esta soberanía para este año. No es un rechazo mecánico o animado por una posición extrema de partido, sino fundamentalmente es un rechazo que convoca al consenso de esta soberanía para refrendar la División de Poderes y la autonomía del Poder Legislativo.

Todos los legisladores lo sabemos: la medida que hoy anuncia el Ejecutivo Federal confirma una tendencia, una política y una decisión unilateral de anular de facto los acuerdos políticos básicos entre Poderes.

No es un caso aislado, éste es el primer recorte de este ejercicio fiscal, pero estamos también ante el quinto recorte presupuestal en 18 meses de gobierno del Presidente Vicente Fox. Como recurso reiterado y sus efectos sociales, esta vieja política y práctica nos deja a todos una señal de alarma. Algo no está funcionando bien. Si nos atenemos a su racionalidad informal y técnica, tenemos señales que no justifican el recorte.

Según las propias cifras de la Secretaría de Hacienda, los ingresos fiscales al mes de febrero registraron un incremento en términos reales. Si valoramos el incremento del precio del petróleo, los ingresos rebasan toda previsión y nos anuncian una tendencia sostenida.

Finalmente, la medida cuestionable, pero real de disminución de los subsidios en tarifas eléctricas, se tiene una mayor disponibilidad de recursos.

Los argumentos del Ejecutivo no tienen sustento sólido cuando nos indica que hay una caída de los ingresos, a menos que se aluda a una ineficaz política recaudatoria.

Cada vez es más claro que el Ejecutivo Federal, apoyándose en el límite de la legalidad y en facultades de excepción que efectivamente se le confieren, ha optado por convertir esa ruta en norma y sustituir lo esencial del sistema republicano. Es mucho más lo que está en juego.

Al privilegiar el decreto, el veto, la decisión administrativa o el simple incumplimiento de los acuerdos legales y políticos entre poderes, pierde el Estado y pierde el país.

Con este recorte y con viacrucis de las políticas públicas de los 18 meses, se incumplen las obligaciones constitucionales del Estado Mexicano en materia social, desarrollo económico y la rectoría de la economía del país. Pero esa pérdida va con cargo al Poder Legislativo con las artes del presidente. Simultáneamente se debilita el Pacto Federal.

Todos sabemos que para el año 2002 la iniciativa del Ejecutivo traía en ceros el programa de apoyo para el fortalecimiento de las entidades federativas. La negociación intensa, abierta y complicada de este primer periodo, permitió incorporar una partida programada y convenida entre los dos poderes por unanimidad, en esta Soberanía. Ese compromiso se vio anulado, incumplido y distorsionado por un manejo errático, causístico y fuera de todo entendimiento real con el Ejecutivo .

Lo cierto es que entre ahorros, decretos y demás, se registró un subejercicio de 40 mil millones de pesos en un escenario de desempleo, cero crecimiento, atonía económica generalizada.

En la iniciativa para este año la ruta fue la misma: cero compromisos con los gobiernos de los estados, para luego ceder y negociar en coyuntura una partida que con el recorte anunciado se ve mermada por 2 mil 190 millones de pesos.

-PRESIDENTA: Aproveche sus 19 segundos y después trate de concluir lo más pronto.

-DIP. SIMON VILLAR MARTINEZ: (continúa) ...se trata de frenar toda intención de imponer políticas de estado que sean contrarias a la letra de la Constitución y a las expectativas despertadas por el propio cambio de gobierno y la alternancia política de los últimos años.

Por todo lo anterior los legisladores priístas proponemos el siguiente Punto de Acuerdo en dos pronunciamientos:

"Manifestamos nuestro rechazo absoluto al decreto anunciado por el Ejecutivo Federal el pasado 2 de abril, que establece un recorte de 10 mil 100 millones de pesos al Presupuesto aprobado por el Congreso Federal para el año 2002"

En tal virtud, nuestro grupo parlamentario se suma al Punto de Acuerdo presentado por el Partido del Trabajo, en el sentido de citar al Secretario de Hacienda y Crédito Público a las Comisiones de Hacienda y a las Comisiones de Presupuesto.

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El siguiente punto del Orden del Día es el relativo a la proposición de Punto de Acuerdo en relación al conflicto Israel-Palestina.

Han solicitado hacer uso de la palabra para este punto de acuerdo, los grupos parlamentarios a través de sus representantes.

En tal virtud se concede el uso de la palabra hasta por 5 minutos, al diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del PT.

EL C. DIPUTADO FELIX CASTELLANOS HERNANDEZ: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: acudimos a esta tribuna para referirnos a la difícil situación que atraviesa el pueblo de Palestina en virtud de la inicua agresión de la que es víctima por parte del Estado israelí.

Como es de todos conocido, esta región de Medio Oriente ha sido escenario de múltiples guerras, que tienen como propósito el mantener estos territorios.

Esta situación se ha agravado desde que en mayo de 1948 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas decidió crear el Estado de Israel como espacio territorial en donde se asentara ese pueblo y su gobierno, sobre parte de los territorios de Palestina. En esa sesión los países árabes votaron en contra de la creación de ese Estado.

Desde 1948 hasta la fecha no ha existido paz verdadera en el Medio Oriente. El Estado de Israel se apoderó, durante la guerra de los seis días, ocupó el Sinaí, Gaza, Cisjordania y las alturas del Golán, que desde entonces no ha devuelto a la nación palestina.

Esta situación, más lo que derivó de la guerra del Yom Kipur en 1973, trajo como consecuencia que se iniciara la Intifada.

La situación geopolítica del Medio Oriente ha sido históricamente complicada. Las grandes potencias, Estados Unidos o la ex Unión Soviética apoyaban a uno u otro bando. Con la disolución de la Unión Soviética, los Estados Unidos mantienen su apoyo al Estado de Israel y algunos países árabes pierden el apoyo de la otrora Unión Soviética.

La consecuencia es que Israel se apodera por la fuerza de nuevos territorios, confinando a la población palestina a campamentos de refugiados, los cuales no cuentan con las mínimas medidas de bienestar para que la población pueda vivir ahí.

La gran paradoja es que la población palestina es prisionera en su propio territorio. Las fuerzas de ocupación no les reconocen el menor derecho. Para ellos no existe libertad de tránsito ni los derechos humanos universalmente aceptados les son reconocidos.

El Estado de Israel, con el apoyo de los Estados Unidos, se ha negado sistemáticamente a reconocer, aceptar y dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Compañeras y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que el Estado de Israel, como parte integrante de la Organización de las Naciones Unidas, debe dar cumplimiento a lo que se dispone en el primer párrafo del artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas y que a la letra establece:

"Los miembros de las Naciones Unidas convienen en aceptar y cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad, de acuerdo con esta Carta".

El conflicto en Ramallah, en el que Yasser Arafat, dirigente de Palestina, se encuentra prácticamente incomunicado, es un acto de guerra, junto con muchos más en contra de la población palestina.

El Primer Ministro de Israel, Ariel Sharon, declaró que el Estado de Israel está en guerra, es una guerra contra el terrorismo. Sin duda Ariel Sharon soslaya que su papel en las matanzas de palestinos en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila constituyen por sí mismos no sólo actos de terrorismo sino de genocidio.

En virtud de que el Consejo de Seguridad emitió una nueva resolución el 30 de marzo pasado, nuestro grupo parlamentario somete, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo.

Artículo único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita que el Estado mexicano, a través de su representación en el Consejo de Seguridad, promueve todas las medidas que resulten indispensables para garantizar el cabal cumplimiento de las resoluciones 1397 y 1402 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.

Con el mismo tema, se le concede la palabra a la diputada Erika Especia Maldonado, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

LA C. DIPUTADA ERIKA ESPECIA MALDONADO: Con la venia de la presidencia. Muchas gracias, compañeros. La reciente guerra suscitada entre Israel y Palestina ha desatado una ola de muertes, de víctimas inocentes en esta región, dañando considerablemente la seguridad internacional y la paz mundial.

Estos hechos terroristas, que han estado acrecentando considerablemente, originando un vulnerabilidad económica a nivel mundial, además de que tal conflicto violenta los mínimos y elementales derechos humanos de los habitantes civiles de la región.

Los intentos por salvaguardar la paz por parte de ellos mismos, se han manifestado a lo largo de nuestra historia. Algunos de ellos son los Acuerdos de Oslo en donde se abrió una ventana de esperanza de la posibilidad de realizar una conciliación histórica, el fin de la ocupación, el reconocimiento del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y la creación de un estado soberano.

Asimismo en septiembre de 1998 el gobierno del estado de Israel y la delegación palestina en anteriores fechas acordaban que había llegado el momento de poner fin a las décadas de enfrentamientos y conflictos, reconocieron sus mutuos derechos legítimos y políticos y se manifestaron por esforzarse para vivir en coexistencia pacífica, mutua dignidad y seguridad, a fin de lograr un acuerdo de paz justo, duradero, global y una reconciliación histórica a través del proceso político pactado.

Este antecedente nos dan la pauta a seguir exitosamente un proceso de paz entre Israel y Palestina.

La proclamación a nivel mundial por el cese de estos acontecimientos, tienen la firme esperanza de cosechar resultados positivos, y estamos seguros de que la preservación de una concentración y un razonamiento equitativo, ofrecerá la tranquilidad tanto a los países en contienda, como a los que son victimas de esta guerra.

La Organización de Naciones Unidas se encuentra delineando las estrategias diplomáticas que regularán y controlarán tales hechos. Asimismo se suma al alto inmediato al fuego y se proclama por una solución no militar que garantice la seguridad internacional, que se vulnerabiliza minuto a minuto.

Como miembros de este Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, nosotros estamos comprometidos a cumplir con el objetivo de la diplomacia parlamentaria, que es el de servir a los intereses generales de la humanidad, dentro del marco de su origen democrático que lo sustenta.

Por su parte nosotros, el Partido Verde se pronuncia por un alto al uso de la fuerza en las relaciones internacionales con base en los principios del derecho internacional y al mismo tiempo hace un llamado al diálogo por parte de ambos países, a fin de encontrar la paz en la región.

Nos inclinamos por la creación de un escenario en donde se conjunten la armonía y el respeto internacional, por lo que reitero nuestro absoluto rechazo de la vehemencia con la que viven miles de personas originarias, paradójicamente, de Tierra Santa.

Esta guerra donde ya no radica la razón, son el odio mutuo y tajante, resulta un tanto difícil detenerla, ya que al remontarnos un poco a la historia, nos encontramos algunas similitudes con respecto a los orígenes de ambos pueblos.

Sin embargo tienen grandes diferencias con relación a sus principios y valores; no obstante, tienen el mismo derecho de preservar la vida y la de sus propios habitantes.

Finalmente el Partido Verde Ecologista de México, convoca a los protagonistas de este conflicto a la búsqueda urgente de una solución satisfactoria y dialogada por ambas partes, que consideren los principios del derecho internacional y que se concreticen en el establecimiento de la paz en la región.

Por lo tanto estamos integrando un punto de acuerdo junto con el PAN y el Partido Revolucionario Institucional, que seguramente se leerá en un momento. Muchas gracias.

Para el mismo tema tiene la palabra el diputado Ricardo Moreno Bastida, del PRD.

Los últimos sucesos de intromisión del estado de Israel en territorio palestino, constituyen una flagrante violación a los derechos de ese pueblo.

La ocupación llevada a cabo en Cisjordania, representa el punto más alto de la agresión que por décadas sufren los habitantes de esa región del Medio Oriente.

La actitud del primer ministro israelí Ariel Sharon, en franca pretensión por destruir a la autoridad palestina que encabeza Yasser Arafat, son un claro testimonio de odio desmedido hacia una nación que históricamente tendría los mismos derechos que el pueblo israelí de convivir en paz.

"Ninguna nación en el contexto internacional podrá justificar en el concierto de las naciones los sitios que ha ordenado Ariel Sharon a diversas ciudades palestinas. Sitios que entre otras cosas no permiten el acceso de ayuda médica, alimentaría y de socorro. Sitios que solo evidencian una actitud de genocidio y de odio. Sitios que emulan los ghettos de donde fueron liberados los propios judíos. Vuelcos ha dado la historia y los pogromos que en contra de los judíos se realizaban hoy recobran su vigencia contra el pueblo palestino, lo que envilece a la sociedad y a la comunidad internacional entera.

"No hay terrorismo bueno ni terrorismo malo. Todo acto contra la población civil de un país debe ser rechazado sin importar la procedencia o poder de quien lo ejecuta.

"En meses pasados, en esta misma tribuna reprobamos los lamentables hechos del 11 de septiembre del año pasado en Estados Unidos y hoy, de la misma forma, rechazamos categóricamente esta ola de violencia desatada por Israel.

"Los Acuerdos de Campo David en el pasado tuvieron significado en la medida en que propiciaron la instauración de la autoridad palestina. Sin embargo, la actitud de Estados Unidos es a todas luces recriminable pues no puede condenar a ultranza el terrorismo y avalar a su vez actos de genocidio como los que está cometiendo el ejército israelí en contra de ciudadanos palestinos.

"Exigimos la plena aplicación de la resolución 1,397 y 1,402 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para que las partes cesen inmediatamente todos los actos de violencia, incluidos los actos de terrorismo, provocación, incitación y destrucción.

"Demandamos del Ejecutivo Federal se pronuncie en forma clara y tajante condenando estos hechos. Asimismo que instruya a la Cancillería y las representaciones ante la Organización de las Naciones Unidas para que despliegue una amplia ofensiva diplomática de paz que permita el desarrollo de los seres humanos en todo el Medio Oriente.

"Respaldamos, por otro lado, el derecho del pueblo palestino para la conformación de su Estado y la conquista de su soberanía, el derecho de vivir en los territorios que habitan y a desarrollarse en las condiciones que estimen pertinente.

"Por todo esto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Congreso me permito, en nombre de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, de Convergencia por la Democracia y el diputado Jaime Martínez Veloz, poner a su consideración el siguiente

"Primero. La honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos rechaza y condena la ofensiva israelí sobre los territorios palestinos ocupados y se pronuncia por el levantamiento inmediato del estado de sitio al que están sujetas varias ciudades y por las acciones que aquel pueblo haya llevado a cabo. Asimismo rechaza y condena todo acto de violencia como instrumento para dirimir cualquier tipo de controversia.

"Segundo. Esta Cámara hace un llamado al Ejecutivo Federal para que se pronuncie condenando estos lamentables hechos e instruya a la Cancillería y a las misiones diplomáticas mexicanas para que desplieguen todos sus esfuerzos diplomáticos tendientes a lograr detener la espiral de violencia desatada en Medio Oriente.

"Tercero. Hágase del conocimiento público y remítase a toda las misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país".

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, Diputado.

Se concede el uso de la palabra al diputado Samuel Yoselevitz Fraustro, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO MANUEL YOSELEVITZ FRAUSTRO (PAN): Con su permiso, señora Presidenta.

Punto de acuerdo que es presentado por los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Partido Verde Ecologista Mexicano sobre la escalada de la violencia en el Medio Oriente.

"Los diputados integrantes de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Partido Verde Ecologista Mexicano sobre la base de las siguientes

"Que considerando que en los meses pasados y sobre todo en las últimas semanas, la violencia y el extremismo se han adueñado de la región del Medio Oriente.

"Que los actos suicidas y terroristas de los palestinos han costado vidas de centenares de civiles inocentes, por lo que estos actos son repudiados por la Comunidad Internacional.

"Las incursiones militares israelíes en la autoridad nacional palestina, fomentan un reconciliación, puesto que cuestan vidas.

"Que México, en voz del Poder Ejecutivo, se ha pronunciado a favor del diálogo y las negociaciones.

"Esta Cámara expresa su profunda preocupación por la explicable escalada de violencia en que es tradición de nuestro país fomentar la paz y la seguridad internacionales, por lo que exhorta a las partes involucradas a buscar el camino de la negociación y el diálogo y no el de las armas. Pide a los actores tomar el olivo y no el acero del escudo.

"Que ambos pueblos se encuentran encerrados en lógica de violencia, del odio, de la muerte, sin embargo este camino los llevará a callejones sin salida.

"Que nuestro país se solidariza con los huérfanos, viudas y demás afectados y víctimas en el conflicto.

"Que el pueblo palestino merece el reconocimiento de su estado, vivir en paz y con dignidad, así como el estado de Israel merece también vivir en paz, con fronteras seguras, reconocidas y de entendimiento.

"Que ambas sociedades merecen tener una vida digna, por lo que la única vía posible es el diálogo y la negociación.

"Que ni el terrorismo ni la humillación ni la destrucción ni la incitación ni la violencia, llevarán a posibles soluciones permanentes.

"Que nuestro país está convencido que para lograr un cese al fuego y regresar al camino de la racionalidad, es necesario que ambas partes respeten el Plan PENET (?) y seguir reconocimiento del informe de Michel (?), que ha sido recogida por las Naciones Unidas.

"Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscribimos sometemos a consideración de esta H. Cámara, la siguiente proposición de Punto de Acuerdo.

"PRIMERO. México hace un llamado de cese al fuego y a poner fin a los actos de violencia y construir así una visión de paz que permita regresar a una solución política.

"SEGUNDO. Nuestro país no justifica ninguna manifestación de violencia y repudia enérgicamente cualquier tipo de odio o de ira que conlleve a la muerte e personas inocentes y civiles.

"TERCERO. México hace un llamado a la Comunidad Internacional, para que sus estados, miembros y organizaciones multilaterales, persuadan a los palestinos e israelíes a crear las condiciones de una salida negociada al conflicto y prevalezca el camino del derecho internacional, en acatamiento a las recomendaciones hechas por el organismo internacional encargada de su vigilancia.

"CUARTO. Que nuestro país contribuya, por medio del Consejo de Seguridad de la ONU, a lograr la paz en esta región.

"Solicitamos que este Punto de Acuerdo sea transmitido al Secretario de Relaciones Exteriores, para que él a su vez lo envíe al Embajador de México ante las Naciones Unidas, para que éste a su vez lo dé a conocer a los países miembros y a la Organización de las Naciones Unidas".

Agradezco a los diputados miembros de los grupos parlamentarios firmantes este acuerdo, a los que adhiero el presente.

Le ruego a la Secretaría consulte con los firmantes algún verbo en uno de los párrafos que nos parece fue usado en sentido incorrecto.

-EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN (desde su curul):En la segunda hoja..

Ciudadana Presidenta, tomar en cuenta por favor que en la segunda hoja del Punto de Acuerdo que el Diputado Yoselevitz puntualmente entrega, dice "no fomentan una reconciliación", no fomentan.

-LA C. PRESIDENTA. No fomentan, faltaba la negación. ¿Tomó nota la Secretaría?. Le aprecio su comentario Diputado.

Para presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI al respecto, tiene la palabra el diputado Gustavo Carvajal Moreno.

-EL C. DIPUTADO GUSTAVO CAZRVAJAL MORENO. Con su permiso señora Presidenta. El tema que estamos abordando es un tema de vital importancia en el momento actual.

Si no se logra concertar la paz en los Estados Palestinos e Israelí, puede ser el inicio de una nueva guerra mundial. Por eso la fracción de mi partido apoya y lucha todos los esfuerzos para lograr la paz y para evitar el terrorismo.

El terrorismo, que es una forma de acabar con las personas y con los pueblos, terrorismo que se hace en muchos países, terrorismo que se hace en México y que lo hace la Secretaría de la Contraloría, filtrando falsedades, filtrando a los medios de comunicación hechos que no tienen fuerza y está probado. Después que los filtra, manda sus boletines diciendo: no hay nada, no se preocupen.

Yo ya llevo nueve meses de filtración, ya estoy cansado. Yo creo que no es posible que sigamos permitiendo que se sigan violando los derechos , los derechos humanos, la moral de quienes hemos servido durante 43 años a este país.

Hay muchos diputados que me conocen, hay muchos diputados que han colaborado conmigo en otras ocasiones. Está el caso del Coordinador de mi bancada, Diputado Rafael Rodríguez Barrera, o de Manuel Añorde, me conoce perfectamente bien la Presidenta y muchos compañeros de oposición hemos trabajado y colaborado.

Yo quisiera que uno de ellos me dijera cuándo ha habido un acto de corrupción o cuando he cometido un acto ilegal en mi vida. Ya no voy a permitir que las filtraciones de la Secretaría de la Contraloría sigan denigrando a mi persona, filtraciones sin ninguna base, que lo hacen porque no han tenido resultados o porque quieren lesionar a mi partido el Revolucionario Institucional.

Desde esta tribuna conmino a que se termine de una vez por todas ese tipo de campañas que se están llevando por gentes mayores o menores de la Secretaría de la Contraloría. Si hay pruebas, vamos a los Tribunales, ahí nos veremos; si no las hay,

-LA C. PRESIDENTA. Diputado Carvajal, el Diputado Barbosa Sí, sonido en la curul del Diputado Barbosa.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA. (DESDE SU CURUL) Señora Presidenta, estamos tratando el Punto de Acuerdo relativo con el asunto del conflicto internacional palestino israelí. Estoy sorprendido de que el Diputado en tribuna esté haciendo referencia a asuntos de otra índole, es una moción de orden pero la hago con mucho respeto.

.-EL C. DIPUTADO GUSTAVO CARVAJAL MORENO: Muchas gracias Diputado. Estamos hablando del problema Israelí y Palestino..

-LA C. PRESIDENTA. Diputado Carvajal, un segundo. Le ruego en lo posible circunscriba su intervención. Adelante Diputado.

EL C. DIP. GUSTAVO CARVAJAL MORENO: Señora Presidenta, simplemente quiero dejar aquí plasmado y si usted me lo permite, no será más de medio minuto, que soy totalmente inocente; nunca hemos cometido un acto de corrupción y no voy a permitir que la Secretaría de la Contraloría siga filtrando y siga diciendo cosas que no puede probar.

El diputado Sergio Acosta Romero ha solicitado la palabra para hechos. Diputado Acosta, quiero comentarle que nos pidieron trámite de urgente y obvia resolución, ¿me permite desahogar el trámite?… Yo quisiera proponer el trámite siguiente: tenemos la propuesta de un punto de acuerdo presentado por el diputado Yoselevitz Fraustro y están planteando que sea de urgente y obvia resolución y manifiesta el apoyo de la fracción parlamentaria del PRI, de Acción Nacional y del Verde Ecologista.

El punto de acuerdo presentado por el PT sería turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, entonces le ruego a la Secretaría consulte si es de considerar de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por el diputado Samuel Yoselevitz Fraustro.

EL C. DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: (desde su curul) Muchas gracias señora Presidenta.

Solamente para precisar que el punto de acuerdo que también presenté en tribuna no ha recibido el trámite respectivo.

LA C. PRESIDENTA: Será turnado a la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado.

Consulte la Secretaría si es de considerarse de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por el diputado Yoselevitz.

EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la Asamblea si se aprueba se considere de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por los grupos parlamentarios y se ponga a discusión y votación de inmediato.

LA C. PRESIDENTA: En consecuencia, esta Presidencia consulta si hay registro de oradores en pro o en contra del punto de acuerdo de referencia.

En virtud de que no hay registro de oradores en pro o en contra del punto de referencia, solicito a la Secretaría consulte si está suficientemente discutido.

EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo… (interrumpe la Presidenta)…

LA C. PRESIDENTA. Esta Presidencia ilustra a los diputados que no estaban en el Recinto, sobre los trámites que hemos venido dando: En primer lugar, los puntos de acuerdo presentados por el diputado Félix Castellanos Hernández, del grupo parlamentario del PT y por el diputado Ricardo Moreno Bastida del PRD, han sido turnados a la Comisión de Relaciones Exteriores.

En segundo lugar, el punto de acuerdo presentado por el diputado Yoselevitz Fraustro que tiene el respaldo del grupo parlamentario del PRI, del PAN y del Partido Verde Ecologista, este Pleno aprobó que sea de urgente y obvia resolución.

En tercer lugar, consulté a la Asamblea si había registro de oradores en pro y en contra y en ese momento ningún legislador solicitó el uso de la palabra, ni se registró en pro o en contra.

En cuarto lugar, estoy instruyendo nuevamente a la Secretaría para que señale que dado que no le queda claro a esta Presidencia si hay oradores en pro o en contra, pasemos a preguntar si está suficientemente discutido y en ese sentido se ponga inmediatamente a votación.

Yo le ruego al grupo parlamentario del PRD que si está discutiendo el sentido de su voto, no nos interrumpan el procedimiento.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: (desde la curul) Solamente dos observaciones.

La primera es que no se consultó con nosotros este punto para que pudiéramos en su caso considerarlo, como se hizo con otras fracciones parlamentarias que vemos que también firman. Y la otra cuestión es que precisamente estamos valorando la idea de apoyarlo y sin menoscabo de mencionar que nos parece que es un resolutivo insuficiente.

LA PRESIDENTA: Bien diputado. Yo le ruego a los proponentes que realicen los comentarios con el grupo parlamentario del PRD que estimen pertinente y voy a dar continuidad al procedimiento.

EL DIP. RICARDO MORENO BASTIDA: (desde la curul) Muchas gracias señora Presidenta.

Únicamente y a efecto de estar en condiciones, como lo ha señalado nuestro coordinador, de valorar nuestra posible votación a favor del mismo, sí señalar que en el punto resolutivo esta Cámara no puede arrogarse la titularidad de la acción mexicana, es decir no puede hablar en nombre de México, sino de la propia Cámara.

Yo les rogaría a quienes suscriben el punto de acuerdo, que si están en condiciones de hacer algunas acotaciones al mismo para superar estas observaciones y si desean hacerlo, lo hagan y mientras tanto vamos a darle continuidad al procedimiento.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto que presentan los grupos parlamentarios.

(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

LA PRESIDENTA: En consecuencia, consulte esta Secretaría si es de aprobarse el punto de acuerdo en los términos en los que fue presentado.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por los grupos parlamentarios.

LA PRESIDENTA: Diputado secretario, discúlpeme. Si es de aprobarse el punto de acuerdo presentado por los grupos parlamentarios del PRI, del PAN y del Verde Ecologista, en los términos en los que fue presentado.

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por los grupos parlamentarios PAN, PRI y Verde Ecologista, en los términos que se presentó en esta tribuna.

(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

EL DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: (desde la curul) Faltó preguntar por la abstención.

LA PRESIDENTA: Pregunte usted por la abstención, aunque en votación económica es difícil el registro.

EL MISMO SECRETARIO: Los ciudadanos diputados que se abstengan, sírvanse manifestarlo.

LA PRESIDENTA: Se consigna que hay mayoría por la afirmativa y que a la vista el Secretario me informa de seis abstenciones.

Aprobado el punto de acuerdo en los términos en que fue presentado y se ratifica el turno de los puntos de acuerdo presentados por el diputado Félix Castellanos Hernández y el diputado Ricardo Moreno Bastida a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Se concede el uso de la palabra para hecho sobre el mismo tema al diputado Sergio Acosta Salazar.

Realmente como dice nuestro coordinador, fue lamentable que las demás fracciones parlamentarias no cabildeáramos este aspecto donde pudiéramos ver enriquecido más este punto de acuerdo y donde desde luego la banca del PRD se pronuncia a favor de la paz, a favor de los derechos humanos, a favor de la libre autodeterminación de los pueblos.

¿Por qué un rico abusa de un pobre? ¿Por qué un fuerte agrede a un débil? ¿Por qué una nación grande invade a una nación pequeña? Compañeras y compañeros, la respuesta es una: por el poder, esta hambruna de poder es la que ha caracterizado en este mundo globalizado a los países prepotentes, rompiendo con todo equilibrio mundial y dando inicio a un mundo unipolar donde todo lo que diga, ordene, imponga o dictaminen estas grandes potencias debe de ser aceptado.

Desde nuestro punto de vista la solución al conflicto debe de ser partiendo de la premisa, del respeto al derecho ajeno, por lo que debe reconocerse el derecho del pueblo palestino a constituir un estado soberano para lo cual Israel debe desocupar la zona palestina invadida, inmediatamente.

Las violencias generan más violencias; las partes en conflicto deben encontrar vías para la solución pacífica del mismo. Israel pretende detener al interlocutor que tiene con los palestinos, Yassser Arafat, para negociar la claudicación de la lucha de este pueblo.

Sin embargo esta detención no se realizará y sí en cambio se está preparando el camino para el genocidio una vez más del pueblo palestino. México debe condenar los actos terroristas de una y otra parte y pugnar por la libre autodeterminación de los pueblos palestinos para formar su propio estado.

Así como se rechaza el terrorismo de grupos extremistas, debemos rechazar y hacer todo para evitar el terrorismo de estado que se está llevando a cabo estos días contra la población civil de Palestina.

Ante este panorama desolador donde siempre ha estado la presencia de los Estados Unidos, no como constructor sino como destructor, el grupo parlamentario del PRD se pronuncia a favor de la paz en el medio oriente y encomie al gobierno a de los Estados Unidos para que respete el derecho de soberanía de cada pueblo respetando la autonomía del pueblo palestino.

Por ello mismo, el Partido de la Revolución Democrática, como partido vanguardista apoyando las causas sociales, los derechos humanos y la defensa de la autodeterminación de los pueblos, del mundo entero, salvaguardando la soberanía de todos los países sin la necesidad de contar con un vigilante o soldado universal, sino por el contrario que cada país resuelva sus propios conflictos sin alterar el orden mundial. Como colofón pronunciaré algún texto de un mensaje enviado por el benemérito de las Américas, Don Benito Juárez al pueblo de México y a las naciones que a la letra dice: "Mexicanos, encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz, bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la república, que el pueblo y el gobierno respeten los derechos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz".

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-LA C. PRESIDENTA: El punto de Acuerdo relativo al pago anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha solicitado el grupo parlamentario del PRD se posponga para la próxima sesión.

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Tiene la palabra la diputada Magdalena Núñez Monreal para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación con los derechos de los migrantes.

-LA C. DIPUTADA MAGDALENA NUÑEZ MONREAL: Con su permiso señora presidenta. El pasado 27 de marzo la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos dictaminó que los trabajadores indocumentados carecen de los mismos derechos laborales que los demás trabajadores. Esta Resolución que deja en la total indefensión a más de 7 millones de trabajadores que se calcula trabajan en ese país sin documentos migratorios, redondea una serie de medidas legales y de gobierno, que criminalizan la presencia de trabajadores extranjeros y que ocultan el enorme aporte económico de esa fuerza laboral a la economía estadounidense, en particular en el sector agrícola de estados como Texas y California, hecho reconocido incluso por las autoridades laborales norteamericanas.

Esta criminalización deja el campo libre para que avance la xenofobia y la discriminación en contra de los mexicanos, a quienes primero se culpó de ser la causa de las crisis de desempleo en Estados Unidos, para luego llegar a la aprobación plebiscitaria en 1994 de la ley más racista y antimexicana de la historia de las relaciones bilaterales, la llamada Propuesta 187 del estado de California.

Cabe señalar que la producción agrícola es el principal renglón de exportación para esta entidad, que equivale a la tercera parte de la producción agrícola total de Estados Unidos, riqueza producida por una fuerza de trabajo que es 90% de origen mexicano, que ahora enfrentará condiciones de esclavitud.

Sin duda alguna el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tiene el derecho de decidir sobre sus asuntos internos, sin embargo, sus decisiones no pueden tomarse en contra de disposiciones contenidas en acuerdos y convenios internacionales, firmados y ratificados por ese país, sobre todo lo relativo a la protección y defensa de los derechos humanos.

Es decir, no se trata de que se desaparezcan sus derechos soberanos, sino que éstos no pueden ejercerse en violación de los derechos universales del hombre, sobre todo cuando ese país se presenta como adalid de los derechos humanos en todo el mundo y que además ha aceptado una normatividad internacional, que lo obliga a protegerlos sin distinción de nacionalidad, habiéndoles otorgado una preeminencia sobre sus propias leyes, como lo hace el artículo 1°. de la Carta de Los Derechos y Deberes del Hombre de la Organización de Estados Americanos.

Con medidas como la Resolución 187, la Operación Guardián y ahora la Resolución de la Suprema Corte, para eliminar todo derecho laboral a los indocumentados, las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes se vuelven aun más oprobiosas y significan una carta abierta para una explotación, todavía mayor de la que ya padecen los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

Como legisladores de la república, no podemos mantener una actitud pasiva frente a estos despropósitos. Recordemos que días antes de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Vicente Fox aseguraba que estaba próximo un acuerdo sobre emigración con el gobierno norteamericano que incluía, entre otros puntos, la protección de sus derechos humanos y su regularización migratoria.

Evidentemente el tema se borró de la agenda de nuestro vecino, y hoy nos encontramos con un verdadero atentado contra los derechos humanos de los trabajadores indocumentados, y nuestro gobierno no se ha manifestado con la energía que el asunto amerita.

De conformidad con lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo:

Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, rechaza y condena enérgicamente la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica en torno a los derechos laborales de los trabajadores indocumentados mexicanos, por considerarla violatoria de los derechos humanos y un atentado contra la dignidad de los millones de trabajadores que allá laboran.

Segundo. Se exhorte al Gobierno de México para que, con la colaboración de especialistas y de esta soberanía, analice la posibilidad de proceder ante los tribunales internacionales competentes la defensa jurídica de los trabajadores indocumentados mexicanos, de manera que se siente un precedente internacional para evitar la violación de los derechos universales del hombre en todo el mundo y en particular de los trabajadores indocumentados mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica. La Cámara de Diputados integrará un grupo de trabajo que dé seguimiento a el o los procesos iniciados.

Tercero. Se exhorte al Secretario de Relaciones Exteriores, para que nuestro país emita una enérgica condena de esa resolución, en el contexto de la próxima reunión de la ONU a celebrarse en Ginebra y en particular a la Organización Internacional del Trabajo, a efecto de que discuta y emita una resolución al respecto, así como que se instruya al Embajador de México en ese país para que tome las medidas necesarias para proteger y apoyar a los connacionales indocumentados que trabajan en ese país.

Cuarto. Se solicita al Secretario de Relaciones Exteriores presente a la brevedad a esta soberanía, un informe completo y detallado sobre los convenios firmados con el Gobierno Norteamericano en materia de migración y seguridad fronteriza, realizados durante el encuentro de Monterrey en marzo pasado.

Signan esta proposición con punto de acuerdo compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, del Partido del Trabajo, del Partido Convergencia por la Democracia, el Partido Verde Ecologista y del Partido de la Revolución Democrática.

Solicito a la Presidencia se turne esta proposición con punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social.

Atendiendo su solicitud, se turna el punto de acuerdo a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social.

Para hechos, ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz.

Hoy, en días pasados, Castro fue condenado por la Corte Norteamericana a vivir sin la satisfacción plena de sus derechos. Este Castro no fue Fidel, fue Juan Castro, un mexicano como todos nosotros que se fue a Estados Unidos; un patrón, sabiendo de su condición de indocumentado lo contrató, incurriendo también en una ilegalidad, -si así pudiéramos llamarle no le respetó sus derechos al trabajador y sin embargo la Corte Norteamericana, como lo ha dicho aquí la compañera Magdalena Núñez, sí avala la actitud del patrón y no la del trabajador y por lo tanto, nuestros compañeros mexicanos en Estados Unidos que trabajan en condición de indocumentados, están destinados a vivir en las condiciones que tenían los propios esclavos en esa etapa en Estados Unidos.

Este asunto no es menor para México; este asunto adquiere la mayor relevancia para la agenda bilateral con Estados Unidos. Aquí la pregunta es:

llevamos mas de un año de pláticas con el gobierno norteamericano, nos preciamos de ser sus amigos, incluso se jacta el Gobierno Federal, de tener una relación muy estrecha. La pregunta es: ¿cuándo esa amistad va a pasar al terreno de los hechos y a concretarse en acuerdos sólidos que garanticen los derechos de los mexicanos en Estados Unidos?

Es muy bueno el gobierno norteamericano para solicitar el respeto a los derechos humanos en otros países, es decir, que la ley se aplique en cualquier lado menos en el país que ostenta el poderío militar más grande del mundo.

Hoy, con la independencia que la historia de México caracteriza a sus hombres y a sus mujeres, con la soberanía que este pueblo ha venido ganando a través de muchos años, podemos construir un valladar para enfrentar esta política que atenta contra los derechos humanos de los mexicanos.

Por ello, he subido a esta tribuna a apoyar en todos sus términos el punto de acuerdo planteado por la compañera diputada Magdalena Núñez, y a exigirle al gobierno mexicano que de una vez por todas, deje de estar pasando spots publicitarios en la televisión, y se ponga a trabajar de lleno en una agenda donde en primer lugar estén el respeto a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en Estados Unidos.

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Como último punto de la agenda que trataremos el día de hoy, se ofrece el uso de la palabra al diputado Adolfo Zamora Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Proposición con punto de acuerdo en relación al cobro excesivo de las tarifas eléctricas de uso doméstico en el Estado de Chiapas.

-DIP. ADOLFO ZAMORA CRUZ: Con su venia señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Chiapas cuenta con 37 plantas hidroeléctricas que representan el 53% de producción de energía eléctrica a nivel nacional bajo este sistema, con un total de producción de 17 mil 342 kigawatts, lo que significa el9.6% con respecto a la generación de energía total nacional, ocupando el tercer lugar en producción en el país.

Esta aportación energética nos debería traer beneficios adicionales ampliando las redes eléctricas y mejores tarifas adecuadas a la realidad geográfica del Estado, a sus situación económica, a su entorno social y a su entorno político. Por el contrario, de 20 mil 100 localidades solamente 10 mil 300 de ellas están electrificadas, lo que representa apenas el 51%.

Además, los altos cobros en el consumo de energía han obligado a que miles de familias chiapanecas de por lo menos 70 municipios de los 118, hayan entablado una demanda judicial masiva en contra de la Comisión Federal de Electricidad, utilizando la instancia de la Procuraduría Federal del Consumidor, donde el organismo público descentralizado, ha ocupado el primer lugar en demandas en su contra en el ámbito estatal en los últimos años, por lo que no puede la Comisión Federal de Electricidad, vanagloriarse de ser una empresa de clase mundial.

La electricidad se mide y vende en kilowatts-hora,; todo aparato eléctrico requiere para su funcionamiento de determinada cantidad de energía que depende de la potencia o capacidad del aparato y tiempo de utilización. Un kilowatt-hora, equivale a la electricidad necesaria para encender 10 focos de 100 watts durante una hora . Lo que determina el importe del recibo depende de los kilowatts-hora o la cantidad de energía eléctrica que las familias chiapanecas utilizan en dos meses.

Los estados de Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla, comprendidos en la región sur, carecen de una condición climatológica que en promedio supere los 30° centígrados. Chiapas es el único, a nivel nacional, más cercano al Ecuador, por lo que supera a los demás, que tienen una costa y es también el único que su temperatura en promedio anual es la más alta del país, superando incluso los 40° centígrados, con una humedad de 73%. Chiapas representa, entonces, una situación climatológica diferente a todos los estados de la República mexicana.

Dado que el 92% de los usuarios de energía eléctrica en Chiapas se ubican dentro del sector doméstico, consumiendo el 51% del total de la energía eléctrica requerida, se solicita se adecuen los mecanismos de compensación, ya que la gran mayoría de ellos consume de 250 a 500 kilowatts-hora.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las secretarías de Economía y Energía y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad fijar las tarifas eléctricas, así como su ajuste.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

Dado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única facultada para fijar las tarifas, se solicita a la misma haga un análisis en Chiapas a fin de que se cobre a esta entidad, durante los 12 meses del año, la misma tarifa que se aplica dentro del período de verano para que las dependencias tales como la Secretaría de Energía, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad tengan conocimiento y apliquen las mismas tarifas de manera permanente.

Con base a la situación climatológica de Chiapas, única e individual en la República Mexicana, exhortamos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el estado se considere como una sola región independiente, tal y como se aplica en la de Baja California Sur, y se le dé conocimiento a la Comisión Federal de Electricidad.

Es necesario reconsiderar la postura de la Comisión Nacional del Agua para que se estandarice el estado como una región cálida durante todo el año, como ocurre en otras entidades, para que los beneficios y subsidios no estén limitados a 6 meses solamente.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 39, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece en su parte conducente, su competencia corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la administración pública federal y puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la única facultada exclusivamente para la fijación de tarifas eléctricas, por su naturaleza eminentemente fiscal.

Solicito pues que sea este documento entregado a las comisiones de Energía y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su veredicto final.

Por último, este documento deseo sea impreso en su totalidad, ya que por la obviedad de tiempo no fue leído completo. Gracias.

Intégrese todo el texto del documento de referencia en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a las comisiones de Energía, Hacienda y Crédito Público.

Sobre el mismo tema, hasta por 5 minutos, el diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, del grupo parlamentario Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeros legisladores: Podría hablar de muchas cosas, pero el tiempo es muy corto.

Mi intención obedece exclusivamente a la falta de respuesta que han tenido durante mucho tiempo y durante varios sexenios las autoridades autorizadas para establecer tarifas y velar porque las condiciones en las que se desarrollan las funciones de las dependencias estatales, sean claras, transparentes y apegadas a su único fin, el de velar por la gente de escasos recursos.

Es muy sabido que las condiciones que prevalecen en el Valle de Mexicali y en San Luis Río Colorado, son muy especiales y por tal motivo requerimos de un trato diferenciado.

Dado que se trata de localidades que a diferencia del resto de la República Mexicali se localiza bajo del nivel del mar.

Además nos oponemos totalmente a la inconstitucionalidad de los actos de corte de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad, realizadas arbitrariamente, poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes.

Y por tal motivo cabe mencionar que hay registro de personas que han perdido la vida por estas circunstancias, violando flagrantemente el artículo cuarto de nuestro Constitución que reza que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y por consiguiente el derecho a la vida.

También quiero enfatizar que en febrero del 2001 solicité a la Secretaría de la Contraloría la realización de una auditoria hacia esta paraestatal, en el sentido de que a nosotros nos molestaba que en Mexicali hubiera funcionarios del primer nivel, que tuvieran magnas residencias en los mejores fraccionamientos pagados por el erario público. Pero cuál sería nuestra sorpresa, compañeros diputados, que existen más de 2 mil casas en toda la República a cargo de los usuarios, además de gastos excesivos y sin ningún tipo de control.

Fue hasta marzo del año pasado cuando recibí acuse de recibo y se me informa que harán lo necesario para esclarecer las cosas, y hasta la fecha no he tenido respuesta alguna.

Por lo tanto quienes suscribimos el presente, solicitamos a las Comisiones de Energía y Hacienda, tomen cartas en este asunto y vean la posibilidad de una tarifa diferenciada en aquellas regiones de temperaturas extremas, pues ha sido causa muy buscada por varios diputados panistas en anteriores legislaturas pasadas, apoyadas estas en su totalidad por la Universidad Autónoma de Baja California, por el Ejecutivo del estado y por todas las organizaciones no gubernamentales. Es cuanto, muchas gracias.

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La sesión ha concluido, le ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión en la que desde luego se integrarán los puntos de acuerdo que quedaron pendientes.

El Instituto de cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia Cívica que con motivo del 183 Aniversario Luctuoso del general Emiliano Zapata, tendrá lugar el 10 de abril a las 10:00 horas, en la Alameda Sur, ubicada en canal de Miramontes y Calzada de las Bombas.

De los congresos de los Estados de Colima, Nuevo León, Quintana Roo y Yucatán.

De Decreto para que se inscriba con Letras de Oro, en el Muro de Honor del Recinto Parlamentario de la Cámara de Diputados, el nombre del Gral. Salvador Alvarado, a cargo del Dip. Fernando Díaz de la Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

-LA C. PRESIDENTA (A las 16:45 horas): Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el martes nueve de abril a las diez horas.