160402

ORDEN DEL DÍA 16 DE ABRIL 2002

Acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

De los Congresos de los estados de: Morelos y Oaxaca.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.

De la Junta de Coordinación Política.

De la Comisión de Energía.

Del Lic. Juan Ignacio García Zalvidea.

Del diputado Elías Martínez Rufino.

Oficio de la Cámara de Senadores

Con el que remite iniciativa que adiciona el artículo 31-Bis, a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que suscribe el senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Iniciativas de ciudadanos diputados

De Ley General de Desarrollo Social, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

De reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo de la diputada María Teresa Gómez Mont y Urueta, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

De reformas a diversos artículos del Cofipe, a cargo del diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

De reformas a diversas disposiciones de la Ley de Radio y Televisión, en materia de concesiones, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

De reformas a diversos artículos de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación, en materia electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la ratificación del nombramiento de los secretarios de despacho, por el Senado de la República, a cargo del diputado Enrique Garza Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Que reforma diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso de Apoyo a los Ahorradores, a cargo del diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Que reforma el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a Comisión).

Excitativas

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del diputado Ricardo Moreno Bastida, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a cargo del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Proposiciones

Con punto de acuerdo para que comparezca ante la Comisión de Transportes, el secretario de Hacienda y Crédito Público, a fin de que proporcione información sobre la forma y elementos que constituyen el Programa de Bursatilización Carretero y sus implicaciones, a cargo del diputado Eugenio Pérez Cruz, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Por acuerdo de los grupos parlamentarios, habrá una participación de 10 minutos de cada grupo).

Con punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del director general de Pemex, Raúl Muñoz Leos, para que explique las causas de la adulteración de las gasolinas que distribuye Pemex a nivel nacional, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la alta incidencia de la delincuencia en el estado de Guerrero, a cargo del diputado Esteban Sotelo Salgado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la política exterior mexicana, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al aumento del precio del gas doméstico, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para reactivar el desarrollo económico y social del sureste de México, (sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche), a cargo del diputado Feliciano Calzada Padrón, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, modifique la metodología utilizada para el cálculo de la temperatura media mínima mensual en verano, usada como referencia para la aplicación de las tarifas eléctricas, a cargo del diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al conflicto de Aviacsa, a cargo del diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que la Semarnat entregue a esta soberanía los estudios y resultados realizados en el municipio de Mina, en el estado de Nuevo León, a la empresa RIMSA, así como las acciones emprendidas para revertir la contaminación generada en la zona, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo con relación al precio del diesel marino en Baja California Sur, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que sea levantada la veda del río Papaloapan, que prohíbe el uso de aguas superficiales, afluyentes y subafluyentes, a cargo del diputado Francisco Arano Montero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación al pago anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la zona arqueológica de Comalcalco, Tabasco, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la contaminación generada por Pemex en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la política laboral del Gobierno Federal, a cargo del diputado Pedro Miguel Rosaldo Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se solicite a los organismos empresariales del estado de Chihuahua, se abstengan de descalificar a instituciones legalmente constituidas, organismos civiles, obreros y organizaciones sociales, a cargo del diputado Jorge Esteban Sandoval Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presente a la brevedad posible, ante esta soberanía, la normatividad operativa de la Ley de Capitalización del Procampo, a fin de que los productores puedan acceder a dichos recursos, a cargo del diputado Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la política y asignación del financiamiento para la educación superior, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para regular las marchas y plantones en la Ciudad de México, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la declaración del Presidente Vicente Fox Quesada, del 9 de abril de 2002, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la participación de los adultos mayores en actividades culturales, a cargo del diputado Jorge Luis García Vera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para dejar libre de invasiones las zonas reservadas de la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Raúl García Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la portación y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre el tema de Cuba y la Quincuagésima Octava Sesión de la Comisión de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, a cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a los ingresos extraordinarios de Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo, sobre las consecuencias del fallo de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, a cargo del diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la situación de los conflictos indígenas en Coyutla, Sochiapa, Ixhuatlán de Madero y Zocohuite del estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre deudores de Banrural, a cargo del diputado Francisco Esparza Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo Federal, para que regule el cobro de comisiones y gastos de envío de remesas de dinero, de mexicanos en el exterior, a cargo del diputado Francisco Guadarrama López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para que se consideren, dentro de la franja fronteriza, a 5 municipios del norte del estado de Coahuila: Allende, Villa Unión, Morelos, Zaragoza y Nava, a cargo del diputado Claudio M. Bres Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para autorizar el descarte del material de desecho, de las Bibliotecas de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a los vehículos de procedencia extranjera, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre política ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo en relación a la situación política de Venezuela, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, firmen los convenios de conurbación y ratificación de sus límites territoriales, para conformar la cuarta zona metropolitana del país, a cargo del diputado Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la venta de acciones de Bancomer, anunciada por el Gobierno mexicano, a cargo del diputado Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer propios los objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) e implementar las acciones necesarias para su ejecución y seguimiento en nuestro país, a cargo del diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo sobre la fiscalización a los partidos políticos en México anunciada por el IFE, a cargo del diputado Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).

Con punto de acuerdo para solicitar la realización de una auditoría, por la Auditoría Superior de la Federación, a la tercera etapa del río Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a Comisión).

Agenda política

Pronunciamiento acerca del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su entrada en vigor el 5 de abril, a cargo del diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Pronunciamiento político relativo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, respecto a los trabajadores indocumentados, del pasado 27 de marzo, a cargo de integrantes de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Efemérides

Sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.

Sobre el aniversario luctuoso del General Francisco J. Mújica, a cargo del diputado Jaime Rodríguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Sobre el aniversario luctuoso de don Francisco González Bocanegra, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Sobre el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Clausura

Proposición con punto de acuerdo relativo a la creación de una comisión especial que realice la propuesta conducente para los mexicanos en el extranjero ejerzan sus derechos políticos.

La coalición por los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, organización plural y multinacional reunida los 30 de noviembre y 1o. de diciembre del presente año en el Estado de Zacatecas, a través de los suscritos diputados federales, solicita a la Cámara de Diputados analizar y en su caso aprobar la siguiente proposición con punto se acuerdo.

En nuestro país el Constituyente Permanente reformo en 1996 la fracción tercera del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ejercicio del voto se desvinculara de la residencia en un distrito electoral determinado. El motivo de dicha reforma, suscrita por los coordinadores parlamentarios y el Presidente de la República, como bien lo dice en la exposición de motivos, "es a efecto de posibilitar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional, el ejercicio del sufragio..." Hecho que determinó constitucionalmente, la obligación y el derecho ciudadano de que el ejercicio del voto sea extensivo a los mexicanos que residen en el extranjero o al voto sin fronteras. Con ello, se adquieren nuevos retos para el sistema electoral mexicano y para la joven democracia de nuestro país.

A partir de ese momento, el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, ha generado una gran polémica en el Congreso de la Unión a lo largo de las tres últimas legislaturas. Al tiempo que dicha demanda, se ha socializado en los grupos de especialistas y académicos, así como en la sociedad en general y en las comunidades de mexicanos de varios países del mundo, principalmente de Estados Unidos de Norteamérica, país en el cual se encuentra, más del 90% de mexicanos fuera de su país de origen.

Esta discusión, por demás positiva, abre nuevas brechas de la democracia en nuestro país, particularmente de la democracia electoral y la calidad democrática de los procesos electorales, con los cuales, se fortalece la participación de la sociedad. Por ello, él perfeccionamiento de dichos procesos, es también, un constante reto para los poderes de la Unión, los partidos políticos y la sociedad mexicana.

No debemos olvidar que el modelo democrático que se ha desarrollado en nuestro país, se ha dado gracias a una lucha constante por la defensa de los valores democráticos, lucha que se ha visto en un sinnúmero de países del mundo que, incluso, ha sido adoptado, por los diferentes sistemas económicos, que han existido en la historia contemporánea.

En ese contexto, vale la pena señalar que más de cuarenta países han contribuido responsablemente a la aventura de perfeccionar dicho modelo y han otorgado el ejercicio del voto de sus ciudadanos fuera de sus países de origen. Por lo que en México tenemos el gran reto de lograr que el derecho al voto sea extensivo a nuestros connacionales que se residen en otros países y con ello, contribuir al cumplimiento de nuestra Constitución Política y al legado de legitimidad de representar a millones de mexicanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras.

En este debate, los partidos políticos han contribuido con diversas propuestas para enriquecer la demanda del voto sin fronteras y explorado sobre la aplicación de dicho derecho, tales son los casos de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo octavo Transitorio del Cofipe, presentada por el diputado Lázaro Cárdenas Batel; la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado Rafael Castilla Peniche; la adición del libro noveno del Cofipe, presentada por el diputado Javier Algara Cossío; la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política para establecer una circunscripción especial presentada por el diputado Felipe de Jesús Preciado Coronado; la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política presentada por el diputado Sergio Acosta Salazar y la iniciativa de decreto en virtud del cual se adicionan y reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política y se incorpora el libro noveno al Cofipe, para establecer una 61 circunscripción electoral, presentada por el diputado federal Gregorio Urías Germán.

Relativo a lo anterior, las iniciativas presentadas en la LVII legislatura del honorable Congreso de la Unión, fueron retomadas en la propuesta integral de reformas y adiciones al Cofipe, como parte de la agenda político electoral, la cual fue rechazada en un votación histórica, por el Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Al respecto, es necesario reconocer que el PAN, PRD, PVEM y PT hicieron el mejor esfuerzo, pero dicho paquete de reformas no resolvió el problema del voto, ni las preocupaciones centrales de las iniciativas de esa legislatura.

Respecto de las propuestas que se han presentado a partir de la presenté legislatura, se encuentran en el proceso legislativo respectivo en comisiones, por lo que es necesario la presentación de los dictámenes correspondientes, si no en este periodo ordinario, en el siguiente, para concluir los procesos legislativos conforme a derecho.

Por su parte, la Comisión de Especialistas del Instituto Federal Electoral, presentó el 12 de noviembre de 1998, el informe final que estudia las modalidades del voto de los mexicanos residentes en el extranjero en el cual concluyó que "es técnicamente viable llevar a cabo la elección presidencial del año 2000 con la participación de los votantes mexicanos en el exterior y para ello es posible acudir a diversas modalidades para la emisión del voto (...) que cumplen con la racionalidad jurídica del sistema electoral mexicano." En dicho documento, destacan las seis modalidades de voto, tres modalidades de registro, campañas y medios de fiscalización, autoridades electorales, arreglos internacionales, un nuevo libro del Cofipe y aspectos penales, entre otros.

Por otro lado, en México y Estados Unidos se han realizado más de una decena de eventos para discutir sobre este tema, en ellos los partidos políticos se han manifestado a favor del voto de los mexicanos en el extranjero. Vale la pena aclarar que en la realización de los últimos eventos el Partido Revolucionario Institucional se sumó a esta demanda.

Por lo que corresponde a la participación de los grupos sociales y de las comunidades de mexicanos en otros países, ha sido muy enriquecedora y se ha incrementado con el anhelo de tener representantes en el Congreso Federal, e incluso en los gobiernos y congresos estatales.

Por su parte, el Poder Ejecutivo Federal tiene también la obligación de coaduvar a la realización del voto sin fronteras, ya que durante la campaña presidencial de Vicente Fox, ahora titular de ese Poder, se comprometió a realizar lo conducente para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero. Por ello, es responsabilidad del presidente Fox cumplir con dicho compromiso.

En ese contexto, no existe ningún impedimento para que sea cristalizado dicho derecho y con ello, México pase a formar parte de los países que hacen extensivo a sus connacionales el derecho a votar desde el lugar de su residencia. En consecuencia, es necesario que nuestro Congreso Federal legisle en la materia.

En conclusión, los diputados y senadores cuentan con los elementos necesarios, para realizar las reformas y adiciones correspondientes, tanto a la, Constitución, como a las leyes, sólo falta la decisión del acertada, para echar andar, uno de los procesos electorales más importantes de la historia de nuestro país y con ello escalar un peldaño más de la democracia y ganar un reto más de la transición política de nuestro país.

El establecimiento de dicho derecho debe de estar lejos de los intereses electorales de los partidos políticos y muy cerca del respeto al Estado de Derecho y al cumplimiento de la Constitución Política Mexicana, tanto en el derecho a votar, como al derecho a ser votado; por ello, es necesario, a nuestro parecer, impulsar el acuerdo, al menos verbal, del Foro de Chicago realizado los días 25 y 26 de agosto de 2001, en el que participaron legisladores de los tres principales partidos políticos y donde se manifestó, la necesidad de crear una comisión especial plural, a través de la cual, el Poder Legislativo Federal convoque a los involucrados y proponga las reformas legales correspondientes para hacer realidad, que nuestros compatriotas ejerzan su voluntad a través del sufragio en las elecciones mexicanas.

Lo anterior con la finalidad de que más allá de los intereses políticos, nos pongamos de acuerdo y no nos desgastemos en la lucha por convertirnos en los padres del voto sin fronteras, ya que más allá de la autoría del derecho, está el cumplimiento de nuestra Constitución Política, la cual es de todos y donde los deberes de nuestra República se anteponen a los intereses políticos y particulares.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes nos permitimos someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo.

Primero. Que se autorice a la Junta de Coordinación Política integre una comisión especial plural que realice los estudios y consultas necesarias para proponer, en su caso, las reformas legales correspondientes que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero y actualizar la legislación en la materia.

proporcionalmente de la siguiente manera: por tres miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tres miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dos miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un miembro del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y un miembro del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,

Firmas de apoyo a la proposición con punto de acuerdo para que se autorice a la Junta de Coordinación Política integre una comisión especial plural que realice los estudios y consultas necesarias para proponer, en su caso, las reformas legales correspondientes que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero y actualizar la legislación en la materia

México D. F., a 13 de diciembre de 2001.— Diputados. Magdalena Núñez, Víctor R. Infante, Juan Carlos Regis, J. Carlos Luna, José Manuel del Río, Elías Martínez Rufino, Mario Cruz, Hortensia Aragón, Víctor Hugo Círigo, Emilio Ulloa Pérez, Daniel Martínez, Rafael Hernández, Alfredo Hernández, Miguel Botolini, Manuel Duarte, Alfonso Oliverio Elías, Miroslava García Suárez, Raquel Cortés López Josefina Hinojosa Herrera, Jaime Martpinez Veloz, Rosario Tapia, Ma. de los Angeles Sánchez Lira, Jesús Garibay, Tomás Torres, Rafael Saervin y Adela del Carmen Granel.»

Nada más hay una errata en el texto, la presentación fue el 15 de diciembre, no el 15 de marzo y atendiendo la solicitud del ciudadano diputado, se rectifica el turno y se turna nuevamente y de manera exclusiva a la Junta de Coordinación Política.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remite la iniciativa que adiciona el Artículo 31BIS a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que suscribe el senador Adalberto Madero Quiroga del PAN).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.— Mesa Directiva.

Me permito informarles que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Adalberto Madero Quiroga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 31-bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados.

México, D.F., a 11 de abril de 2002.— Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente.»

«El que suscribe, senador por el Estado de Nuevo León integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro formulando iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma por adición la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de crear el artículo 31-bis, con base en la siguiente:

Hemos sido testigos del crecimiento en nuestro país de personas con diversas disfunciones físicas, o psíquicas, así, según datos arrojados por el censo de población y vivienda practicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el año 2000, 1.8 millones de personas padecen alguna discapacidad. En efecto, según dichos datos, el 45.5% de las personas mencionadas padecen alguna forma de discapacidad motriz; 26.1% sufren discapacidad visual; 16.2% discapacidad mental; 15.8% sufren de incapacidad auditiva; 4.9% la sufren del lenguaje y por último sin precisarse qué clase o tipo de padecimiento sufren el 0.7% completa al 100% de los 1.8 millones de habitantes que sufren algún tipo de incapacidad.

Dichas personas, sin embargo, tienen la necesidad de consumir, en la gran mayoría tienen asimismo la sana intención de contribuir con su esfuerzo y trabajo a la obtención de los satisfactores necesarios para su existencia. Sin embargo, dada la discapacidad que sufren, los empleadores no los contratan.

Se debe por consiguiente crear, un mecanismo por medio del cual sea atractivo para el empleador, o creador de fuentes de trabajo, el contratar los servicios de personas, que si bien, no cuentan con el 100% de capacidad física, o mental, sí están en posibilidad de crear bienes o proporcionar servicios útiles para ellos mismos y para la sociedad en general.

A la fecha no existe incentivo alguno de carácter fiscal a favor de las personas que dan empleo a los discapacitados, llamados también personas con capacidades diferentes. Estos son capaces de contribuir en bien de la nación. Pueden llevar a cabo trabajos físicos de acuerdo a sus aptitudes, son capaces de efectuar reparaciones en equipos eléctricos, electrónicos, mecánicos, etc. Asimismo pueden laborar en diversas actividades académicas, de oficina y hasta deportivas, tal y como hemos sido testigos por medio de las transmisiones televisivas de las competencias paraolímpicas.

Entonces, debemos estar conscientes de la necesidad de incentivar a las personas que los emplean, a fin de que se efectúe una mayor contratación de quienes tienen una capacidad diferente o disminuida. El millón 800 mil mexicanos que sufren algún tipo de discapacidad no deben ser relegados por falta de oportunidades tal y como en la actualidad sucede. Si bien es cierto que tal relegación pudiera ser considerada como una especie de discriminación, también lo es que los dueños de empresas prefieran a quien no presenta algo de invalidez.

Para evitar ese tipo de exclusión, a fin de darles la oportunidad de que se allegue los recursos necesarios para sufragar sus necesidades vitales y al propio tiempo que contribuyan al crecimiento de la economía nacional, deviene necesario incentivar a los empleadores. El incentivo deberá ser de tal naturaleza que cumpla con su función, es decir, que se haga atractivo crear fuentes de trabajo para personas con capacidades insuficientes con relación al grueso de la población del país. El mejor de los incentivos será siempre de carácter fiscal, ya que, quien contribuye con la creación de riqueza lo hace de mejor manera cuando sus ingresos no son gravados de manera excesiva.

En tal caso, el incentivo deberá concederse sin mayores trámites y directo al Impuesto Sobre la Renta. Al causado por los ingresos de personas físicas o morales, independientemente de la actividad de las primeras, es decir, con independencia de que la persona física tenga una actividad empresarial, o bien que sea una persona física que se dedique a la práctica de cualquier oficio o profesión liberal. O sea, que puede ser un profesionista, o artista, o artesano quien emplee al discapacitado. Lo importante es que se integre este último a la planta productiva, sintiéndose a la vez persona útil para él mismo y para la sociedad.

Para ello se propone la creación del artículo 31-bis, de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, mismo que estaría inserto en la Sección 1 del Capítulo II del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se refiere a las deducciones en general. A fin de permitir que quien contrate a personas con capacidades diferentes pueda disminuir de su Impuesto Sobre la Renta, una cantidad igual al 150% la cantidad que por concepto de sueldo liquidó a su empleado con discapacidad, siempre y cuando dicho empleador esté cumpliendo con todas sus obligaciones como patrón, es decir, que no quedarán comprendidas las personas que contraten por honorarios a discapacitados, por ende, quien pretenda efectuar la deducción de Impuesto Sobre la Renta como en el caso que nos ocupa, deberá estar inscrito como patrón ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, demostrando que cumple con la obligación contenida en artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presento a consideración de esa honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que es creado el artículo 31-bis en la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo Único. Se crea el artículo 31-bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 31-bis. El patrón que contrate a personas que padezcan discapacidad motriz, visual, mental, auditiva, de lenguaje o de cualquiera índole que la haga con capacidad diferente al promedio de los habitantes del país, podrá deducir del impuesto a su cargo, una cantidad igual al 150% de la cantidad pagada por concepto de salario a su trabajador discapacitado. Siempre y cuando el contribuyente patrón, demuestre al Servicio de Administración Tributaria que está cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social.

Único. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones del Senado de la República, a 11 de abril de 2002.— Senador Adalberto Madero Quiroga.».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social.

Con fundamento en los artículos 71, Fracción II y 73, Fracción 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55, Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de Ley General de Desarrollo Social.

Mucho le agradeceré a la Presidencia, se inserte la presente de manea íntegra en el diario de los debates para limitarme a reseñar los rasgos más importantes de la misma.

El esfuerzo que los mexicanos hemos realizado es de enormes dimensiones, la gran transformación social y económica que realizaron varias generaciones fue positiva para millones de mexicanos, sin embargo quedan pendientes de resolver múltiples rezagos y surgieron nuevos desafíos que en este nuevo siglo exigen respuestas más comprometidas y eficaces para disminuir la desigualdad, no sólo en términos jurídicos, sino de acceso efectivo a mejores condiciones de vida. A ello responde esta ley general que proponemos, su objeto es impulsar una política para el desarrollo social cuyo marco legal principios rectores y nuevas medidas institucionales reafirmen la responsabilidad social del estado y propicien la participación democrática y plural de la sociedad en este desafío.

Las evidencias muestran que ninguna política social es viable a largo plazo, bajo condiciones de déficit público o inflación creciente, por e contrario, para garantizar un financiamiento sostenido de los programas sociales, resulta indispensable sustentarlos en la política fiscal sana, de ahí la pertinencia de las reformas económicas emprendidas.

No obstante, la experiencia de México ha demostrado en los hechos que los buenos resultados económicos, baja inflación, equilibrio financiero, competitividad, superávit comercial y crecimiento del Producto Interno Bruto por sí solos no se traducen en beneficios directos para toda la sociedad. Existen grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas, ahí las condiciones de pobreza y marginación son tan amplias y complejas que es indispensable concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos puedan alcanzar en el menor tiempo posible por lo menos los promedios nacionales de bienestar.

En esta asamblea se han presentado ya diversas iniciativas, unas de reforma a la Constitución General de la República, otras iniciativas de Ley de Desarrollo Social, por parte de las diversas fracciones parlamentarias. Pensamos que es imperativo encontrar ante la imposibilidad inmediata de un acuerdo sobre una reforma constitucional federalista en materia social, encontrar un punto medio que nos permita avanzar en las condiciones actuales. Esta ley propone esencialmente lo siguiente:

Las obligaciones del gobierno y el establecimiento de mecanismos e instituciones para el pleno disfrute de los derechos sociales; los lineamientos a los que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social para la superación de la pobreza y la exclusión social. Es decir, será obligatoria en la lucha contra la pobreza, en los términos de ley, la coordinación de los tres órdenes de gobierno para evitar duplicidad, ineficacia, desperdicio en el ejercicio de los recursos públicos.

El Ejecutivo Federal no podrá reducir el gasto social de los programas de interés público y prioritario dirigido a los grupos sociales vulnerables y a las regiones de atención prioritaria, si no es con la aprobación previa de la Cámara de Diputados.

Serán de interés público y prioritario los programas de alimentación, educación y salud, las becas de capacitación, la construcción de infraestructura social estatal y municipal para la superación de la pobreza y los subsidios a la vivienda de interés popular y rural, al consumo de energía eléctrica y gas doméstico, así como los dirigidos a generar oportunidades de ingreso a las familias de escasos recursos.

Serán igualmente de interés público y prioritario las zonas de atención prioritaria que son aquellas regiones que tienen indicadores de bienestar social por debajo de la media nacional, que serán declaradas como tales por la Cámara de Diputados al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación anual.

Se amplían los mecanismos de participación de la sociedad en el desarrollo social. Se establece que las Comisiones de Desarrollo Social –en un transitorio y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados realizarán una consulta con los gobiernos locales y las dependencias federales, de manera previa a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el 2002, a efecto de revisar las fórmulas de asignación de las aportaciones federales y los ramos generales asignados al gasto social y regional, de tal suerte que se corrijan las desviaciones y se asegure la equidad en la asignación de recursos para, en un tiempo prudente igualar el gasto social percápita en todas las entidades federativas.

Se establece que los programas sociales en su publicidad e información se identificarán con el Escudo Nacional, en los términos que establece la ley correspondiente.

Asimismo, se propone un Instituto de Evaluación de la Política Social, de carácter autónomo y federalista.

La presente iniciativa, compañeras, compañeros diputados, es producto de un esfuerzo colectivo en el que han tenido una intensa participación nuestros compañeros senadores Carlos Rojas Gutiérrez, Héctor Astudillo, Ismael Hernández Deras, Ernesto Gil Elorduy, Araceli Escalante Jaso, Manuel Bartlet Díaz, César Camacho Quiroz, Eduardo Bando Martínez, Eduardo García Torres, Mariano González Arur, Georgina Trujillo, Yolanda Eugenia González Hernández, Carlos Chabram Alzate, Ramón Mota Sánchez, Fernando Gómez Esparza y Joel Ayala.

Asimismo, los diputados: David Pechyna Grub, su servidor Aarón Irizar López, Celestino Baylón, José Jaime Barrón Fonseca, Salvador Castañeda, Salcedo Enemesio Domínguez, Hortensia Enríquez Ortega, Sergio Maldonado Aguilar, Juan Manuel Martínez Nava, José Ignacio Mendicuti Pavón, Maricruz Montelongo Gordillo, Irma Piñeyro Arias, Ney González Sánchez y Araceli Domínguez Ramírez que hoy suscribimos la iniciativa que se presenta.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Con fundamento en los artículos 71, fracción II y 73 fracción XXIX D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 55 facción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados federales integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ponemos a consideración de esta soberanía, la presente Iniciativa de Ley General de Desarrollo Social, con base en la siguiente:

Desde el nacimiento de México a la vida independiente, en nuestro país se consagraron derechos para los mexicanos con el propósito de garantizar la igualdad entre todos los individuos. La lucha contra la desigualdad ha sido un eje permanente en nuestra historia. Esta es una de las razones fundamentales que dieron origen y sentido a la Revolución. Por eso, el Constituyente de 1917 incluyó los ideales de justicia como mandato de ley y se incorporaron los derechos sociales.

El Estado adoptó así un carácter eminentemente social. El cumplimiento de esas obligaciones y la realización de las aspiraciones de la sociedad, implicó un gran esfuerzo para construir instituciones y poner en marcha programas que permitieran avanzar en el propósito superior de lograr que cada uno de los mexicanos tuviera la oportunidad de participar en condiciones de igualdad.

El desarrollo social se entendió como el cumplimiento de un compromiso y la necesidad de responder a una sociedad que se transformaba rápidamente, para lo cual era indispensable consolidar el proyecto nacional.

En este sentido, el esfuerzo que los mexicanos hemos realizado es de enormes dimensiones. La educación y el empleo han sido decisivos para configurar una sociedad diferente. La mayor parte de la gente aprendió a leer y escribir, el nivel de escolaridad aumentó sensiblemente; las expectativas de vida se incrementaron, al ritmo de que se eliminaban enfermedades de origen transmisible. En el acceso a la vivienda y a los servicios públicos hubo un avance incuestionable; los derechos laborales de los trabajadores fueron tutelados por el Estado y millones de campesinos reivindicaron sus derechos agrarios.

La gran transformación social y económica que realizaron varias generaciones fue positiva para millones de mexicanos. Sin embargo, quedaron pendientes de resolver otros rezagos y surgieron nuevos desafíos que en este nuevo siglo, exigen respuestas más comprometidas y eficaces para disminuir la desigualdad, no sólo en términos jurídicos sino de acceso efectivo a mejores condiciones de vida.

A ello responde esta ley general que proponemos: su objeto es impulsar una política para el desarrollo social, cuyo marco legal, principios rectores y nuevas medidas institucionales, reafirmen la responsabilidad social del Estado y propicien la participación democrática y plural de la sociedad.

Las evidencias muestran que ninguna política social es viable a largo plazo bajo condiciones de déficit público o inflación crecientes. Por el contrario, para garantizar un financiamiento sostenido de los programas sociales, resulta indispensable sustentarlos en una política fiscal sana. De ahí la pertinencia de las reformas económicas emprendidas durante las décadas pasadas.

No obstante, la experiencia en México ha demostrado, en los hechos, que los buenos resultados económicos -baja inflación, equilibrio financiero, competitividad, superávit comercial y crecimiento del producto interno bruto- por sí solos no se traducen en beneficios directos para toda la sociedad.

Existen grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas. Ahí, las condiciones de pobreza y marginación son tan amplias y complejas que es indispensable concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos puedan alcanzar, en el menor tiempo posible, por lo menos, los promedios nacionales de bienestar.

Por eso, el Estado tiene la función primordial de intervenir en el desarrollo social. Por ello, se requieren acciones integrales, incluyentes y con la participación de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad organizada. Las vías para reducir la desigualdad, es cierto, están vinculadas necesariamente al crecimiento y la estabilidad económica, a la recuperación de los salarios, pero sobre todo están relacionadas con el acceso a la educación de calidad, a la erradicación de las enfermedades prevenibles, a la posibilidad de contar con una vivienda digna con servicios básicos, a las comunicaciones y a la creación y apoyo a las actividades productivas que generen empleo e ingreso. Todo ello exige la participación de todos y demanda un marco jurídico que dé certidumbre, continuidad y garantice compromiso y transparencia en la gestión pública.

Una política de desarrollo social adecuada a los problemas y necesidades de la población parte de la flexibilidad en su diseño y operación. La atención a los problemas sociales es más eficaz cuando se conjugan los esfuerzos de las instituciones entre sí y con las organizaciones civiles. La intrincada red compuesta por las causas y los efectos de la pobreza requiere del diseño y aplicación de una medida particular a cada una de las necesidades sociales de una población que vive la progresiva disminución de su calidad de vida, de una sociedad cada día más empobrecida.

Debe reconocerse que el esfuerzo institucional para superar la pobreza y la marginación todavía resulta insuficiente para reducir las desigualdades.

También debe aceptarse que la modernización de las instituciones, dependencias y procedimientos del gobierno, ha generado una trama compleja de normas y regulaciones que, muchas veces, desalientan la iniciativa social, complican la toma de decisiones y el ejercicio de los recursos, además de que encarecen la gestión gubernamental y hacen ineficiente el servicio que debe prestarse a la sociedad.

La transformación social y democrática del país requiere de una política de desarrollo social puesta al servicio de la gente, cercana a las necesidades e intereses de la ciudadanía, que responda con flexibilidad y oportunidad los cambios que vive y demanda y que, además, promueva el uso eficiente de los recursos públicos.

Para construir una política de desarrollo social de Estado, con objetivos claros, estable, con indicadores precisos y públicos, hay que dar un paso hacia delante y definir con precisión los derechos para el desarrollo social. Por eso, es indispensable una ley que impulse la construcción y adecuación de una nueva red institucional y social en la que se establezcan derechos y responsabilidades; así como los principios y criterios que guíen la acción pública y que ésta pueda ser evaluada y supervisada por todos.

Para darle un nuevo impulso al desarrollo social se requiere fortalecer todas las instituciones y los programas sociales con una visión integral, federalista, solidaria, equitativa e incluyente. Esto significa una política de Estado que asuma el compromiso con la justicia social. Por eso es un asunto de Estado, porque rebasa a los partidos, trasciende el tiempo, exige la participación de todos y demanda un marco jurídico que de certidumbre, continuidad y transparencia a los programas sociales.

Así como cambiaron los paradigmas económicos y políticos para ajustarnos a las exigencias de un nuevo escenario internacional, también es necesario poner al día la política social para hacer frente a los antiguos y nuevos desafíos y sobre todo, para elevar la competitividad social del Estado y de sus instituciones.

Se trata de dotar al desarrollo social de nueva dirección y nuevas estrategias para abrir oportunidades vitales a toda la sociedad, pero especialmente a quienes dentro de ella se encuentran en una situación de desventaja. El fin último es contar con políticas públicas y soportes institucionales que permitan reconstruir el tejido comunitario, reforzar el sentido de solidaridad y alentar la más amplia participación popular.

En este sentido, el derecho debe participar en la reorganización social. Requerimos una ley que armonice y articule el esfuerzo institucional para el desarrollo social. Se requiere una Ley General de Desarrollo Social que consolide el marco institucional, basado en la división y equilibrio de poderes, la colaboración entre los tres órdenes de gobierno y la corresponsabilidad de la sociedad.

La ley que se propone es un paso indispensable en esa dirección y está diseñada para detonar un nuevo ciclo de reformas que garanticen, entre otras:

• Las obligaciones del gobierno y el establecimiento de mecanismos e instituciones para el pleno disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución.

• Los lineamientos a los que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social.

• Considerar prioritarios los programas, fondos y recursos públicos destinados al desarrollo social, los cuales no puedan sufrir disminución alguna en sus montos presupuestales sin previa aprobación de la Cámara de Diputados.

• Los programas destinados a educación básica y media superior de calidad; prevención de enfermedades transmisibles y atención médica a personas en condiciones de pobreza, grupos vulnerables y zonas de atención prioritaria; alimentación y nutrición materno infantil, abasto social de productos básicos; vivienda rural y popular; proyectos productivos y empresas sociales; servicios básicos; comunicación y equipamiento urbano y los subsidios para proteger la economía familiar como de interés público y prioritario.

• El incremento anual del presupuesto destinado a la política de desarrollo social será, al menos en la misma proporción que el crecimiento real del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los datos oficiales del Banco de México.

• Identificar con el Escudo Nacional la publicidad e información relativa a los programas de desarrollo social en los términos que establece la ley correspondiente.

• Reconocer derechos e imponer obligaciones a todos los mexicanos para el desarrollo social y definir las tareas coordinadas y concurrentes para el desarrollo social entre los tres órdenes de gobierno.

• Asumir como prioritarias las diferentes zonas en las que los rezagos son mayores, por lo que deben sumarse las acciones del gobierno y el Congreso de la Unión.

• Prestar en las zonas prioritarias una atención integral, asignando recursos y determinando metas precisas; previendo estímulos fiscales para la expansión de actividades productivas y el empleo; estableciendo apoyo y financiamiento a la actividad productiva local; programas de generación de oportunidades de ingreso y diversificación económica y ejecutar las obras públicas necesarias.

• El derecho de los beneficiarios y de la sociedad en las tareas del desarrollo social deben ampliarse y fortalecerse las instancias de participación a través de una efectiva representación social.

• Asumir como una acción fundamental la evaluación del impacto de los programas de desarrollo. Se requiere una institución que garantice objetividad, veracidad y precisión en el análisis de los resultados que se obtengan con las políticas públicas en la materia y sea capaz de emitir recomendaciones para su perfeccionamiento.

• Abrir espacios para que la sociedad intervenga directamente en la verificación del cumplimiento correcto de las acciones y metas del gobierno en materia de desarrollo social, así como vigilar la transparencia de su aplicación. Para ello, se requiere incluir la figura de la contraloría social y establecer las bases y mecanismos que faciliten su operación.

El reto es detonar un proceso de reforma social para el Siglo XXI, equivalente a la abolición de la esclavitud y la instauración del régimen de libertades en el Siglo XIX o a la consagración de los derechos sociales -educación, salud, vivienda, medio ambiente sano y trabajo- en la Constitución Política de 1917, sin los cuales el Estado mexicano y nuestra viabilidad como nación soberana serían impensables.

Es cierto, el problema de la desigualdad es enorme, pero no podemos resignarnos a que millones de hombres y mujeres del campo y de las ciudades, los niños y los jóvenes tengan como único destino a la pobreza, la marginación y la desesperanza. La obligación de todos, de las instituciones, de las organizaciones civiles, de las familias y de cada ciudadano es contribuir a la transformación de la sociedad mexicana, mediante leyes, políticas y acciones que nos permitan alcanzar la igualdad real entre todos.

Por lo anterior, los que suscribimos, diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ponemos a consideración de la LVIII Legislatura esta Iniciativa de:

Articulo 1o. La presente ley regula las políticas y los programas para el ejercicio de los derechos sociales y la promoción del desarrollo nacional con libertad y equidad. Sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia obligatoria en todo el país.

I. Señalar las obligaciones del Gobierno y establecer los mecanismos e instituciones, para garantizar el disfrute a todos los mexicanos de los derechos sociales consagrados en la Constitución.

II. Garantizar la igualdad de oportunidades a los mexicanos para asegurar el desarrollo pleno de sus capacidades intelectuales y materiales, así como promover la movilidad social y el mejoramiento integral de sus niveles de vida.

III. Definir los lineamientos generales a los que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social y a la superación de la pobreza.

IV. Instituir un Sistema Nacional para el Desarrollo Social en el que participen el Gobierno Federal, el de los estados, del Distrito Federal y el de los municipios que procure condiciones de equidad para todos los mexicanos sin distinción ni discriminación alguna.

V. Determinar la competencia de la Federación y la concurrencia de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y municipales en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de acciones con los sectores social y privado.

VI. Regular y garantizar la prestación de los bienes y servicios contenidos en los programas sociales, dando prioridad a las personas vulnerables y núcleos de población que mayores carencias presenten.

VIII. Establecer mecanismos de evaluación sobre el desempeño e impacto de los programas públicos relacionados con los derechos para el desarrollo social reconocidos en el artículo 8o. de esta ley.

Artículo 3o. Queda prohibida cualquier práctica discriminatoria en la prestación de los bienes y servicios contenido en los programas para el desarrollo social.

I) Derechos para el desarrollo social. Los relativos a la educación, salud, vivienda, alimentación, trabajo, la no discriminación y el disfrute de un medio ambiente sano, reconocidos como los que más inciden en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, de la familia y de las comunidades. Es deber del gobierno garantizar su pleno ejercicio y goce mediante políticas públicas integrales y sistemáticas.

II) Política social. El conjunto de decisiones, instrumentos y acciones institucionales para cumplir y hacer cumplir los derechos sociales consagrados en la Constitución e impulsar, con criterios de justicia y equidad, un desarrollo nacional que promueva la integración social, la igualdad de oportunidades, la superación de la pobreza y la supresión de la vulnerabilidad social.

III) Sistema Nacional de Desarrollo Social. La red de instituciones y el conjunto de programas, fondos, actividades públicas -federales, estatales y municipales- y privadas e instancias de participación social que articula el diseño, la ejecución y la evaluación del desarrollo social y la superación de la pobreza.

IV) Beneficiarios. Los mexicanos con derecho a recibir con oportunidad y calidad los servicios que les permitan el ejercicio y goce de los derechos para el desarrollo social.

V) Organizaciones civiles. Las agrupaciones, legalmente constituidas, en las que participan personas o grupos sociales con el propósito de realizar actividades relacionadas con el desarrollo social.

VI) Grupos sociales vulnerables. Aquellos núcleos de población y personas que por razones de edad, género, salud, situación física o de riesgo, estado de abandono, indigencia, desventaja social o condición económica, entre otras, no gozan dé los niveles mínimos de bienestar como el promedio de los mexicanos, por lo cual ven restringido su acceso a mejores niveles de vida y requieren de parte del Estado, medidas compensatorias o asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso.

VII) Políticas compensatorias. Las políticas públicas temporales orientadas a beneficiar a un grupo social determinado para lograr equipararlo e incluirlo en las mismas condiciones y oportunidades que el promedio de la población tiene.

VIII) Subsidios. Las asignaciones de recursos federales que se otorgan a través de programas sociales de interés prioritario y público.

IX) Financiamiento. El gasto público y la cooperación de origen social o privado, nacional y extranjera, que de acuerdo con la Ley se destinan y contribuyen de manera directa al desarrollo social.

X) Sistema Nacional de Evaluación del Desarrollo Social. El conjunto de instituciones, procedimientos y mecanismos, mediante los cuales el gobierno federal, el Congreso de la Unión, los beneficiarios y los ciudadanos en general, pueden medir el cumplimiento de las políticas y metas del desarrollo social y el uso correcto de los recursos que se destinan a ella; así como producir la información y el balance de resultados en la materia.

Artículo 5o. Son principios rectores de la política social los siguientes:

I) Universalidad. Todo individuo gozará de los derechos sociales establecidos en la Constitución.

II) Solidaridad. La colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno con propósito de unir esfuerzos en torno a las causas sociales.

III) Equidad. El acceso de todas las personas a los programas, acciones, bienes y servicios públicos que posibiliten el desarrollo social.

IV) Dignidad. El respeto irrestricto a las personas y a su derecho a la privacidad en la prestación de los servicios sociales a cargo del Gobierno.

V) Inclusión. Derecho de todos los mexicanos a participar y disfrutar, en condiciones de libertad y equidad, de las oportunidades y los beneficios del desarrollo social.

VI) Responsabilidad pública. Facultad y deber del Gobierno Federal de definir las prioridades, establecer las instituciones públicas y apoyar las acciones que en esta materia realicen organizaciones sociales y privadas.

VII) Corresponsabilidad. El deber de los tres órdenes de gobierno de coordinar y complementar sus esfuerzos entre sí y con la sociedad para cumplir y hacer cumplir los derechos para el desarrollo social; y de garantizar que las facultades y recursos que se descentralicen del Gobierno Federal a los gobiernos de las entidades federativas y de éstos a los municipios, contribuyan al desarrollo social.

VIII) Participación. El derecho de las personas y organizaciones de la sociedad a participar en la definición, operación, evaluación y supervisión de los programas y fondos públicos de la política social.

IX) Descentralización. La política social y la aplicación de sus programas y fondos, a través de instituciones y organizaciones públicas y civiles, distribuidas con criterios de equidad y proporcionalidad en todo el territorio nacional.

X) Información y transparencia. Obligación del Gobierno Federal de proporcionar a quien la solicite toda la información relativa a los programas, fondos, recursos públicos, beneficiarios, estudios y evaluaciones para el desarrollo social.

Artículo 6o. Todos los mexicanos tienen el derecho a recibir del Gobierno servicios públicos de calidad y a beneficiarse de programas y obras sociales de acuerdo con los principios rectores de la política social establecidos en el artículo 5o. de esta ley.

Artículo 7o. Los grupos sociales vulnerables tienen el derecho a recibir del Gobierno acciones y apoyos tendientes a disminuir su situación de desventaja.

El Gobierno tiene la obligación de elaborar y aplicar políticas públicas compensatorias o asistenciales, así como oportunidades de desarrollo productivo e ingreso en beneficio de los grupos sociales vulnerables, destinando los recursos económicos necesarios y estableciendo metas cuantificables.

Artículo 8o. Son derechos para el desarrollo social los relativos a la no discriminación, educación, salud, alimentación, vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, y al trabajo.

Artículo 9o. Los derechos para el desarrollo social son aquellos que el gobierno tiene la obligación de prestar, garantizando el acceso universal a los mismos.

Artículo 10. Las instituciones públicas deben elaborar y publicar los programas para el desarrollo social y destinar anualmente los recursos necesarios para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 8o. de esta ley.

Artículo 11. El Gobierno promoverá y facilitará la participación de la sociedad en la elaboración, seguimiento, operación y evaluación de las políticas, programas y metas que se establezcan para el ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Artículo 12. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y evaluación en los términos del Capítulo XI de esta ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales sin previa autorización de la Cámara de Diputados.

I. Los programas destinados a garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes en los ciclos de educación básica y media superior, y los instrumentos para mejorar constantemente su calidad.

II. Las campañas de prevención y control de enfermedades transmisibles y los programas de atención médica dirigidos a las personas en condiciones de pobreza, grupos vulnerables y zonas de atención prioritaria.

III. Las políticas, programas y acciones públicas para que mejoren la alimentación y nutrición materno infantil.

VI. Los fondos públicos destinados a la promoción y desarrollo de proyectos productivos y empresas sociales.

VII. Las obras de infraestructura social para la superación de la pobreza en materia de: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, saneamiento ambiental y equipamiento urbano.

VIII. Los subsidios a: educación, seguros de salud, vivienda, alimentación, y a; consumo de agua, energía eléctrica y gas doméstico.

Artículo 14. El presupuesto destinado a la política social, deberá incrementarse anualmente al menos en la misma proporción que el crecimiento real del PIB de acuerdo a los datos oficiales del Banco de México.

Artículo 15. Los fondos de aportaciones federales y los ramos generales, relativos a los programas Sociales de Educación, Salud, Alimentación, Infraestructura Social y Creación de Oportunidades de Ingreso serán distribuidos con base en los criterios de equidad que para el efecto establezca el Congreso de la Unión.

Artículo 16. Con el propósito de asegurar la equidad y eficacia de los programas de desarrollo social; el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social y los gobiernos de las entidades y los municipios en el ámbito de sus competencias, integrarán el padrón único de beneficiarios de los programas sociales.

Artículo 17. El Gobierno Federal deberá elaborar y publicar en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de los programas de desarrollo social incluidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Artículo 18. La publicidad y la información relativa a dichos programas deberán identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley correspondiente.

Artículo 19. La ley reconoce derechos e impone obligaciones a todos los mexicanos para el desarrollo social.

Artículo 20. En materia de desarrollo social, los mexicanos tienen derecho a:

III. Contar con la información necesaria sobre los programas sociales, su estructura, modalidades y recursos.

V. A un sistema expedito de resolución de quejas y controversias por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley.

VI. Los servicios y prestaciones sociales previstos por la ley no pueden ser suspendidos, sino por resolución administrativa debidamente fundada y motivada.

Artículo 21. En materia de desarrollo social, son obligaciones de los mexicanos:

II. Proporcionar la información socioeconómica que le sea requerida por las autoridades, en los términos que establezcan la ley y su reglamento.

Artículo 22. La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo Federal por conducto de sus dependencias y entidades, a los gobiernos de los estados, al del Distrito Federal, a través del Poder Ejecutivo respectivo y a los municipios en el ámbito de sus competencias.

Artículo 23. En el ámbito de sus atribuciones, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los ayuntamientos emitirán normas en materia de desarrollo social, tomando en cuenta sus particularidades.

Los órganos ejecutivos de los gobiernos estatales, del Distrito Federal y de los municipios elaborarán las políticas y programas en los términos de la Ley General de Planeación y de las disposiciones establecidas en esta ley; y, de manera coordinada con el Gobierno Federal, vigilarán que los recursos públicos aprobados se ejerzan con honradez, oportunidad, transparencia y equidad.

Artículo 24. Corresponden al Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social las siguientes atribuciones:

I. Proyectar y coordinar la planeación nacional del desarrollo social con la participación que, de acuerdo con la Constitución y demás leyes aplicables, corresponda a los gobiernos de las entidades federativas y los municipales.

II. Formular el Programa Nacional de Desarrollo Social, en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal relacionadas con la materia, de conformidad con lo

lll. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones sociales y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social.

IV. Diseñar los criterios de ejecución anual del programa en el ámbito de su competencia.

V. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de desarrollo social.

VI. Promover y apoyar instrumentos de financiamiento en materia de desarrollo social.

VII. Diseñar y coordinar los programas y apoyos federales en la zonas de atención prioritaria.

VIII. Sistematizar y mantener actualizada la información estadística en materia de bienestar y desarrollo humano.

IX. Establecer y dar a conocer los indicadores, resultados y avances en el cumplimiento de los derechos sociales de la población del país y de manera especial los de las zonas de atención prioritaria.

X. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y las previsiones de los asuntos relativos al desarrollo social, así como sus indicadores.

XI. Mantener informada a la sociedad sobre las acciones en torno al desarrollo social.

XII. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 25. Corresponden a los gobiernos de las entidades federativas en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

II. Convenir acciones y programas sociales con el Gobierno Federal y los municipios.

III. Concertar acciones con organizaciones civiles en materia de desarrollo social.

IV. Proponer a la legislatura del Estado la declaratoria de zonas de atención prioritaria.

V. Fomentar la organización y participación ciudadana en los programas de desarrollo social.

VI. Las demás que le señala la Ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 26. Corresponden a los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, las siguientes atribuciones:

II. Coordinar, con el gobierno de su entidad, la ejecución de los programas de desarrollo social.

III. Coordinar acciones con municipios de su propia entidad o de otras, en materia de desarrollo social.

IV. Ejercer los fondos y programas federales descentralizados o convenidos en materia social en los términos de las leyes respectivas; así como informar a la Secretaría de Desarrollo Social sobre el avance y resultados de esas acciones.

V. Concertar acciones con los sectores social y privado en materia de desarrollo social.

VI. Establecer mecanismos para incluir la participación social organizada en los programas y acciones de desarrollo social.

VII. Las demás que le señala la ley, su reglamento y demás disposiciones aplicables.

Artículo 27. Los convenios de coordinación que se celebren entre las autoridades federales, estatales y municipales se sujetarán a las siguientes bases:

II. Identificarán los recursos que deberán aportar las partes debidamente calendarizados.

III. Establecerán claramente las obligaciones de las partes y las sanciones por incumplimiento.

IV. Asegurarán que la parte correspondiente a los gastos administrativos no sea mayor del 10% del monto total del programa respectivo.

Artículo 28. Se considera zona de atención prioritaria el área o región cuya población registra índices de desarrollo inferiores al promedio nacional de los derechos para el desarrollo social establecidos en esta ley.

Artículo 29. La Cámara de Diputados, al aprobar el presupuesto anual de la Federación, hará la declaratoria de zona o zonas de atención prioritaria, a propuesta del titular del Ejecutivo.

I. Asignar recursos y establecer metas precisas para elevar los índices promedio de los niveles de bienestar de la población en los rubros deficitarios.

II. Recibir estímulos fiscales para el establecimiento, inicio o expansión de actividades productivas generadoras de empleo.

III. Generar programas de apoyo y financiamiento a la actividad productiva local.

IV. Implantar programas de generación de oportunidades de ingreso y diversificación productiva.

V. Ejecutar las obras públicas necesarias para asegurar el disfrute y ejercicio de los derechos para el desarrollo social.

Artículo 31. El Gobierno Federal, los de las entidades federativas y los ayuntamientos convendrán acciones y destinarán recursos para la ejecución de programas especiales en estas zonas.

Artículo 32. El Instituto de Evaluación del Desarrollo Social deberá medir los resultados de los programas y de los avances en el abatimiento de la marginación; emitir recomendaciones a las autoridades competentes; e informar al Congreso de la Unión de manera previa a la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año subsecuente.

Artículo 33. Los programas que en esta materia se formulen son parte del sistema nacional de desarrollo social y deben orientarse al cumplimiento del objeto de la ley.

Artículo 34. La planeación del desarrollo social se lleva a cabo a través de:

Artículo 35. La elaboración del Programa Nacional de Desarrollo Social estará a cargo del Ejecutivo Federal en los términos y condiciones de la Ley de Planeación.

Artículo 36. La ejecución de las acciones previstas en los planes y programas de desarrollo social queda a cargo de los respectivos poderes ejecutivos federal, estatales, del Distrito Federal y de las presidencias municipales, en el ámbito de sus atribuciones.

Artículo 37. Los objetivos y metas del Programa Nacional de Desarrollo Social y los correspondientes a entidades y municipios son de interés público y obligan a las instituciones a realizar las acciones y proveer los recursos necesarios para garantizar su cumplimiento.

Artículo 38. Los tres órdenes de Gobierno garantizarán el derecho de los beneficiarios y de la sociedad, a participar de manera activa y corresponsable en la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de la política social.

Artículo 39. Para los efectos del artículo anterior el consejo ciudadano para el Desarrollo Social es el órgano plural y colegiado que coadyuva a promover la participación de la sociedad en el desarrollo social.

I. Opinar y formular recomendaciones sobre las políticas y los programas de desarrollo social.

IV. Proponer a la Secretaría de Desarrollo Social los temas que por su importancia ameriten ser sometidos a consulta pública.

V. Proponer y propiciar la colaboración de organismos públicos y privados en el desarrollo social.

VII. Solicitar a las dependencias responsables de la política social información sobre los programas y acciones que estas realizan.

VIII. Recomendar la realización de auditorias a programas prioritarios cuando existan causas que lo ameriten.

IX. Promover y fomentar la participación de la sociedad, en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de Desarrollo Social.

X. Promover la celebración de convenios con dependencias del Ejecutivo Federal, entidades federativas, municipios y organizaciones sociales y privadas, para la instrumentación de los programas relacionados con el desarrollo social.

XI. Las demás que le señale esta ley, su reglamento y otras disposiciones aplicables.

Artículo 41. La organización y funcionamiento del consejo, estarán previstas en el reglamento de la ley.

Artículo 42. Las organizaciones civiles que tengan como objetivo impulsar el desarrollo social de los mexicanos podrán participar en las acciones relacionadas con el diseño, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones públicas en esta materia.

Artículo 43. El Gobierno Federal deberá invitar a las organizaciones civiles, mediante convocatorias públicas que incluyan los requisitos, objetivos y modalidades de participación.

Artículo 44. Las organizaciones civiles podrán recibir fondos públicos y operar programas sociales específicos, a excepción de aquéllas en las que formen parte de sus órganos directivos servidores públicos, sus cónyuges o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles, en los términos del reglamento que para la participación social expida la Secretaría con la aprobación del consejo.

Artículo 45. Las organizaciones civiles para recibir fondos públicos u operar programas deberán estar formalmente constituidas ante autoridad competente o fedatario público, además de cumplir con lo que establezca el reglamento respectivo.

Artículo 46. Las organizaciones mencionadas en el artículo anterior estarán sometidas al escrutinio del Instituto de Evaluación del Desarrollo Social, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos públicos.

Artículo 47. Se crea el Instituto de Evaluación del Desarrollo Social, como órgano técnico colegiado encargado de la evaluación de la política de desarrollo social y de los programas respectivos.

I. Aprobar y publicar los lineamientos y criterios generales para la evaluación y seguimiento de la política de desarrollo social, del Programa Nacional y las metas respectivas.

III. Proponer al Ejecutivo Federal la declaratoria de zonas de atención prioritaria.

IV. Proponer la realización de estudios para contar con información actualizada sobre problemas sociales y de marginación específicos.

VI. Formular recomendaciones para alentar la participación de organizaciones civiles en las políticas de desarrollo social.

VII. Recomendar fuentes alternativas de financiamiento de la política de desarrollo social.

VIII. Evaluar en forma sistemática la ejecución de los programas de las zonas de atención prioritaria y hacer las recomendaciones para lograr el cumplimiento de las metas establecidas.

X. Establecer convenios de colaboración con instituciones publicas, sociales y privadas para llevar a cabo tareas de evaluación.

XI. Mantener una estrecha coordinación con el consejo ciudadano para el desarrollo social y con sus equivalentes en las entidades federativas.

XII. Recomendar el establecimiento de mecanismos y procedimientos administrativos que garanticen la transparencia y rendición de cuentas en la ejecución de los programas de desarrollo social.

Artículo 49. El comité técnico será el órgano de gobierno del Instituto.

I. Representantes de las secretarías de Desarrollo Social, de Hacienda y Crédito Público y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

III. Los secretarios de desarrollo social o sus homólogos de las 32 entidades federativas del país.

IV. Diez presidentes municipales que reflejen la pluralidad y heterogeneidad del país.

V. Cinco especialistas de reconocido prestigio académico en materia de desarrollo social y superación de la pobreza, por invitación.

Artículo 50. El Instituto contará con un secretario ejecutivo designado por el comité técnico.

Artículo 51. La organización y el funcionamiento del Instituto estarán previstos en el reglamento respectivo.

Artículo 52. Se reconoce a la contraloría social como el mecanismo de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

Artículo 53. Es obligación del Gobierno Federal promover la organización de la contraloría social y facilitarle el acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones.

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la ley y a las reglas de operación.

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos.

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas.

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades, administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales.

Artículo 55. Serán sancionados los servidores de las instituciones públicas que nieguen o condicionen la prestación de los servicios y el disfrute de los derechos para el desarrollo social garantizados por esta ley.

Artículo 56. Incurren en responsabilidad los servidores públicos encargados de la ejecución y manejo de los programas, fondos y recursos materiales cuando:

I. Utilicen los programas, fondos presupuestales o recursos materiales de los programas de desarrollo social para fines electorales o con propósitos políticos.

II. Desvíen o malversen los fondos o recursos destinados a actividades de desarrollo social.

III. Condicionen la prestación de los servicios o programas al cumplimiento de requisitos ajenos a los establecidos en la normatividad que corresponda.

IV. Violen la normatividad de los programas con la finalidad de favorecer a personas sin derecho a recibir beneficios.

V. Retrasen sin causa justificada el cumplimiento o prestación de los servicios o programas a su cargo.

VI. Nieguen, sin causa legal justificada, los servicios o programas a quien tenga derecho a ello, sin causa legal justificada.

VII. Usen la información de los programas y beneficiarios para fines contrarios a los que establece la ley.

Artículo 57. En los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la Secretaría de Desarrollo Social deberá denunciar ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo las acciones que presumiblemente constituyan irregularidades o impliquen incumplimiento con lo dispuesto por la ley.

Primero. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. En un plazo de 90 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, deberán quedar constituidos e instalados el Instituto de Evaluación del Desarrollo Social y el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social.

Tercero. En un plazo de 60 días naturales contados a partir de la instalación del Instituto y el Consejo deberán publicarse los reglamentos respectivos sobre su organización y funcionamiento.

Cuarto. Las comisiones de Desarrollo Social y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados realizarán una consulta con los gobiernos locales y las dependencias federales para, en su caso, presentar de manera previa a la aprobación de la Ley de Ingresos y el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2003 las iniciativas de modificación o adición a la Ley de Coordinación Fiscal, que permitan establecer los criterios de equidad a que se refiere el artículo 15 de esta ley.

Quinto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.

México D.F., a 16 de abril de 2002.— Diputados: Alberto Amador Leal, David Penichina Crub, Aarón Irizar López, Juan Manuel Martínez Nava, Celestino Bailón Guerrero, José Ignacio Mendicuti Pavón, José Jaime Barrón Foseca, Maricruz Montelongo Gordillo, Salvador Castañeda Salcedo, Irma Piñeyro Arias, Nemesio Domínguez Domínguez, Ney González Sánchez, Hortensia Enríquez Ortega, Araceli Domínguez Ramírez, Sergio Maldonado Aguilar, Jaime Alcántara Silva, Augusto Gómez Villanueva, Víctor Díaz Palacios, Guillermo Hopkins Gamez, Laura Pavón Jaramillo y Enrique Garza Taméz.»

LA PRESIDENTA: Gracias diputado Amador. Publíquese de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Desarrollo Social.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiene la palabra el diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario de Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (aplausos)

Señora Presidenta; Secretarios de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados de esta Cámara:

Los suscritos legisladores de esta Legislatura con fundamento en el conjunto de facultades que la Constitución y la ley nos otorgan para presentar iniciativas de reforma constitucional, venimos a exponer a su consideración la siguiente reforma al artículo 73, que como ustedes saben, es el artículo en que se encuentran contenidos las facultades sustantivas del Congreso de la Unión.

Al tenor de la siguiente exposición de motivos, fundamentamos esta propuesta que consideramos tiene una importancia relevante dentro del marco de la reforma del Estado y dentro de esta discusión que se ha dado en la opinión pública respecto del cumplimiento de las facultades de los cuerpos legislativos.

Sabemos, que hoy en día, la sociedad se encuentra muy interesada en el grado de desempeño y en la calidad de éste respecto de nuestro trabajo como legisladores y en buena medida se emiten algunas opiniones que no encuentran un fundamento en lo que es realmente el trabajo parlamentario.

Creemos nosotros que esta propuesta puede contribuir a clarificar cuál es la misión de un Congreso, cuál ha sido la misión de la institución parlamentaria desde que ésta se inició, en el Siglo XIII, con las características que hoy tenemos en nuestras instituciones.

Primero. Dentro del esquema constitucional de división de poderes que ha regido a nuestra nación, se ha dispuesto de un conjunto de facultades, potestades y deberes para el ejercicio de la función pública en un entorno de vigilancia recíproca, pesos y contrapesos de acuerdo a la teoría clásica que se adoptó por el Constituyente Mexicano como decisión política fundamental.

Segundo. La razón de ser de la Federación, como entidad receptora de facultades delegadas por parte de los estados, guarda íntima relación con la distribución de potestades entre los tres Poderes constituidos, a saber, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Tercero. Como es sabido, el artículo 73 de nuestra Carta Magna, contiene un catálogo muy amplio de facultades propias de este Congreso que se ha venido haciendo cada vez más grande conforme la Federación ha venido a recoger facultades que inicialmente correspondían a los estados.

Sobre este particular, el Partido Acción Nacional, ante esta soberanía, ha indicado cómo es que el régimen de facultades residuales dispuesto por el artículo 124 ha orillado al Constituyente Permanente a ir adicionando diversas atribuciones expresas a favor del Poder Federal.

Una cantidad importante de estas adiciones, implican en realidad la creación de lo que los técnicos consideran reservas de ley a favor de la federación lo cual, como todos podemos entender, explica la exclusividad federal para legislar y administrar en las señaladas a lo largo de las más de 30 fracciones que contiene este prolijo artículo 73 Constitucional.

Lo anterior ha generado consecuencias de diversa índole, la intención de esta iniciativa, que complementa la propuesta realizada en sesiones anteriores por el Coordinador de nuestro grupo parlamentario, diputado Felipe Calderón Hinojosa, consiste en un primer momento en clarificar la nomenclatura y los distintos tipos de facultades concedidas a favor de este poder.

Consideramos que aprovechar el impulso que esta Legislatura quiere darle a la denominada reforma del Estado, reorganizando de una manera más específica el contenido formal y material del artículo 73, será de gran utilidad, ya que permitirá a cualquier ciudadana que esté interesado en acercarse con mayor seguridad al análisis de las tareas propias de la actividad congresional.

En tal sentido no debemos olvidar que en muchas ocasiones se presenta una imagen distorsionada de la función legislativa, ya que se hace creer que la única clase de obligaciones que tiene este Poder para con el pueblo de México, que es el que nos ha enviado, tiene que ver en exclusiva con la emisión de piezas y ordenanzas legislativas, dejando de lado en su análisis puntual otras funciones, tanto o más importante que la tramitación del procedimiento legislativo, como por supuesto lo han indicado grandes teóricos del parlamentarismo, destacándose entre ellos el maestro italiano Giovanni Sartori.

Por las razones anteriormente aducidas, es que proponemos al Constituyente permanente, clarificar el tipo de facultades que cotidianamente son ejercidas por el poder representativo. El contenido de esta iniciativa que solicito a esta presidencia, se haga transcribir íntegramente en el Diario de los Debates, a efecto de no darle lectura total, consiste en establecer los cajones de facultades de control y fiscalización, hacer la clarificación de cuáles son éstas, de cuáles son las facultades legislativas propiamente, de cuáles son las facultades de contenido jurisdiccional, como todos sabemos, fundamentalmente la tramitación de juicio político y declaración de procedencia, así como abrir un espacio para todas aquellas funciones que podríamos considerar no admiten una clasificación especial dentro de este orden sugerido.

Quiero concluir esta Exposición de Motivos, compañeras y compañeros, recalcando la importancia que tiene el hecho de clarificar ante la opinión pública, que este Congreso tiene facultades muy importantes, más allá del orden materialmente legislativo y que tienen que ver con el control y la fiscalización.

Desafortunadamente en los tiempos que corren, con las notas de democracia que nos han ser optimistas respecto del presente, del futuro político de nuestra nación, en muchas ocasiones, lejos de cumplimentarse y acreditarse estas funciones de control y fiscalización, se cae más bien en un escarnio público en contra de servidores públicos, lo cual también lo dicen los teóricos, le resta eficacia a esta función de control.

Esta es una aportación que la bancada del Partido Acción Nacional, respaldada por varios de sus integrantes quiere dejar a esta Legislatura, para ser sometida a la consideración del Constituyente y de todos ustedes.

«Iniciativa de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento al Poder Legislativo, dentro de la Reforma del Estado.

Señora Presidenta; secretarios de la Mesa Directiva; compañeras y compañeros diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los suscritos, legisladores a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Fortalecimiento al Poder Legislativo, dentro de la Reforma del Estado, acorde a la siguiente:

I. Dentro del esquema constitucional de división de poderes que ha regido en nuestra nación, se ha dispuesto de un conjunto de facultades, potestades y deberes para el ejercicio de la función pública en un entorno de vigilancia recíproca, pesos y contrapesos, de acuerdo a la teoría clásica que se adoptó por el constituyente como decisión política fundamental.

II. La razón de ser de la Federación, como entidad receptora de facultades delegadas por parte de los estados, guarda íntima relación con la distribución de potestades entre los tres poderes constituidos, a saber, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

III. Como es sabido, en este orden de ideas, el artículo 73 de nuestra Carta Magna contiene un catálogo muy amplio de facultades propias del Congreso de la Unión. Sobre este particular, el Partido Acción Nacional ante esta soberanía ha indicado cómo es que el régimen de facultades residuales dispuesto por el artículo 124 de la misma Constitución, ha orillado al Constituyente Permanente a ir adicionando diversas atribuciones expresas en favor del Poder Federal. Una cantidad importante de estas adiciones implican en realidad la creación de reservas del ley a favor de la Federación, lo cual, como es de entenderse, implica la exclusividad federal para legislar en las materias señaladas a lo largo de las más de treinta fracciones del artículo 73 constitucional.

IV. Lo anterior ha generado consecuencias de diversa índole. La intención de esta iniciativa, que complementa la propuesta realizada en sesiones anteriores por el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Felipe Calderón Hinojosa, consiste en clarificar la nomenclatura y los distintos tipos de facultades concedidas a favor del Poder Legislativo. Consideramos que aprovechar el impulso que esta legislatura quiere darle a la denominada reforma del Estado reorganizando de una manera más específica el contenido formal y material del artículo 73 será de gran utilidad, ya que permitirá a cualquier ciudadano interesado acercarse con mayor seguridad al análisis de las tareas propias de la actividad congresional. En tal sentido, no debemos olvidar que muchas ocasiones se presenta una imagen distorsionada de la función legislativa, ya que se hace creer que la única clase de obligaciones que tiene el poder al que el pueblo de México nos ha enviado tiene que ver en exclusiva con la emisión de piezas legislativas, dejando de lado otras funciones tan o más importantes que la tramitación del procedimiento legislativo.

V. Por las razones anteriormente aducidas, es que proponemos al Constituyente Permanente el clarificar el tipo de facultades que cotidianamente son ejercidas por el poder representativo del pueblo mexicano, dividiéndolas en: facultades de control y fiscalización y legislativas, además de abrir un espacio para todas aquellas funciones que acaso no puedan ser clasificadas dentro del orden sugerido.

Con fundamento en lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente:

Iniciativa de decreto que reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento al Poder Legislativo.

Único. Se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

I. Para realizar a través de sus comisiones ordinarias, con base en su competencia, actividades de control del estado que guarden las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en lo que respecta a los programas, planes y proyectos de trabajo;

II. Para realizar actividades de fiscalización, a efecto de supervisar y verificar los ingresos y egresos de los poderes de la Unión y de los órganos autónomos federales, así como el manejo, custodia y aplicación de los recursos; asimismo, determinar las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales,. en los términos del artículo 79 de esta Constitución;

III. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que esta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un sistema general de pesas y medidas y lo referente a husos horarios;

IV. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de la República en los términos del artículo 29 constitucional. Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El jefe del Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la Cuenta Pública;

B. En cuanto a su función legislativa, el Congreso tiene facultad para dictar leyes en las siguientes materias:

I. Comercio e impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones;

VIII. Laboral Para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123 constitucional;

IX. Delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales;

Xll. Agricultura y su programación, promoción, concertación y ejecución de acciones, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios;

XIII. Preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como del desarrollo sustentable;

b) Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27 constitucional;

d) Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación, y

e) Especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal, producción y consumo de cerveza.

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de las contribuciones especiales sobre energía eléctrica, en la proporción que la ley secundaria federal determine y las legislaturas de los estados fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios;

XIX. Según las cuales deban declararse buenas o malas las presas de mar y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;

XX. Sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración;

XXIV. Las que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así como para la organización y funcionamiento, ingreso, selección, promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el ámbito federal;

XXV. La que regule la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales;

XXVI. En materia de asentamientos humanos, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, en zonas que sean federales;

XXVIII. Tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

XXIX. Que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;

XXX. Que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia de protección civil;

XXXI. Que señale los lineamientos, de carácter general, a los que se sujetará la determinación de las percepciones para los servidores públicos, en los ámbitos Federal, estatal, municipal y del Distrito Federal.

XXXII. La ley reglamentaria en materia de referendum, plebiscito e iniciativa popular, y

XXXIII. Para aprobar los tratados internacionales que celebre el Ejecutivo de la Unión, mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes en cada una de las cámaras que lo integran. En el ejercicio de esta facultad, la Cámara de Senadores siempre actuará como Cámara de origen.

II. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:

a. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una población de 120 mil habitantes, por lo menos;

b. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política;

c. Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día que se les remita la comunicación respectiva;

d. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados desde la fecha en que le sea pedido;

e. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras;

f. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate y

g. Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de legislaturas de los demás estados;

III. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando esas diferencias tengan un carácter contencioso;

V. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional, en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;

VII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo Federal;

VIII. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales y para reglamentar su organización y servicio;

XIX. Para fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos;

X. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación;

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones;

XII. El Congreso tendrá la facultad de conocer y resolver sobre la declaración de procedencia y juicio político.

El Congreso podrá expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades enunciadas en éste artículo y para emitir y armonizar el resto de sus potestades y las demás concedidas por la Constitución á los Poderes de la Unión.

Único. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 16 de abril de 2002.— Diputados: Jorge A. Lara Rivera y María Teresa Gómez Mont.»

LA C. PRESIDENTA: Insértese de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiene la palabra el diputado Rogaciano Morales Reyes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Cofipe.

EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES. Antes que nada, compañera diputada Presidenta, con su permiso y le ruego dos cosas:

Una, que es de adiciones y se haga la precisión correspondiente en la publicación del caso.

Otra, que como no voy a leer esta iniciativa, voy a tratar más bien de explicarla brevemente en obvio de tiempo y para dar margen a que se desahogue la agenda, solicito muy respetuosamente se haga la publicación íntegra de esta iniciativa en la Gaceta, en el Diario y por supuesto, que se turne a la comisión que usted estime pertinente.

Uno de los compromisos de campaña de este su servidor, dado los reiterados planteamientos que en mi distrito se hicieron en el sentido de que sigamos contribuyendo en el esfuerzo de abatir el problema político electoral que caracteriza nuestras elecciones, dado que como todos sabemos, por ejemplo en las últimas presidenciales, de un padrón de aproximadamente 60 millones de electores votaron poco más de 37 millones y hubo una abstención de poco más de 21 millones de ciudadanos y ahí están los ciudadanos mexicanos que por diversas razones de han ido de nuestro país de braceros a otros países y respecto de los que ya esta Cámara aprobó una iniciativa en la Legislatura anterior y que por ahí está durmiendo la siesta en la Cámara de Senadores.

Pero es nuestro deber seguir insistiendo en que necesitamos aperturar la posibilidad de que los votos sean cada vez más, porque de alguna manera si analizamos los porcentajes de los votos que obtuvieron los diferentes candidatos a la Presidencia de la República y muy a pesar de que festinamos en su momento de que había sido copiosa la votación, en el fondo veríamos que hay una grave falta de sustento popular en nuestras elecciones y que esto, de alguna manera estamos obligados cada vez a hacerle la lucha para abatir ese asunto.

Hoy vengo a proponerles una iniciativa de adiciones al artículo 223 del COFIPE, para posibilitar que los enfermos internos en clínicas particulares y oficiales, el día de las elecciones, naturalmente, puedan votar. Se prevé un mecanismo sencillo que permita que casillas auxiliares se constituyan en las citadas clínicas y recaben el voto.

No le entro a la discusión de que habrá riesgos, naturalmente que los habrá, porque alguien podrá decir sanamente que a la mejor algún enfermo no está consciente, no está en condiciones de querer, de entender y que no está ubicado en el tiempo y en el espacio, etcétera y que por lo tanto no tiene la capacidad jurídica de emitir su voto en esas condiciones. Pero esta misma observación la podríamos hacer de quien de manera libre y espontánea va a una casilla. Creo que esto queda a buen juicio de los funcionarios de la misma, para ver si la persona reúne, de acuerdo con la legislación vigente, los requisitos indispensables para que se vote.

De eso se trata en resumen, compañeros, compañeras: dar facilidad para que los que están ahí internos voten.

Yo he observado personalmente que el día de las elecciones, a veces las clínicas están testas de ciudadanos que no votan porque no hay quien les lleve esa facilidad ahí; entonces esto tiende de buena fe a hacer este aporte y yo espero que la generosidad que nos ha caracterizado cuando se hacen aquí propuestas despojadas de colores, se saque ésta como muchas que hemos sacado, de consenso llegado el caso y bueno, apelo a la generosidad de los miembros de la comisión a donde se remita esta iniciativa, para que además consideren la posibilidad si así a bien lo tienen, y hago mía esa parte que en todo caso no se incluye aquí y la rubricamos los del Partido de la Revolución Democrática para que también se analice en su momento digo, reitero, qué otros sectores de la población carecen de estas facilidades que ya en ciertos respectos la legislación correspondiente la otorga.

Hay casos, los conocemos todos, cuando estamos fuera de sesión cómo podemos votar, cuando damos facilidad de acuerdo con la legislación a que voten los turistas, etc. etc. Pues ésta es una facilidad más a la que se apela y les reitero mi agradecimiento por su comprensión.

El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fraccion II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General; someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, que adiciona diversas disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de los siguientes

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su articulo 35, "son prerrogativas del ciudadano:

Que la prerrogativa de que trata la fracción anterior se establece en la fracción III del articulo 36 de nuestra Constitución como una obligación de los ciudadanos de la República.

Que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, entre otras causas, según lo determina el artículo 38 Constitucional en su fracción II, "por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión".

De acuerdo a lo asentado, en el artículo 4o. párrafo primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se estatuye también que el votar en las elecciones constituye un derecho y obligación del ciudadano.

Que el artículo 34 Constitucional prescribe que son ciudadanos de la República los que hayan cumplido 18 años y tengan un modo honesto de vivir.

Que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales regula la instalación de apertura de casillas, la votación, el escrutinio y computo en las casillas y que, específicamente el artículo 223 versa sobre la votación de los electores que transitoriamente se encuentren fuera de su sección electoral.

Que el día de las elecciones por causa de fuerza mayor los ciudadanos internos en clínicas particulares o publicas, no están en posibilidad de concurrir a emitir su voto a ningún tipo de casillas de su sección electoral correspondiente.

Que la convención americana sobre derechos humanos, también conocida como "pacto San José Costa Rica" señala como deberes de los estados y derechos protegidos en su artículo 1o., ... "los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que este sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición-social".

Luego, la misma convención, dispone en su artículo 2o. "deber de adoptar disposiciones de derecho interno. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1o. no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades."

Que siendo de fundamental importancia que nuestros representantes populares y servidores públicos en general, estén sustentados en una amplia base de legitimación popular, hasta donde sea posible, es imprescindible propiciar mediante este tipo de mecanismos (como por el ejemplo también el voto de los mexicanos en el extranjero, pendiente de dictaminarse en el Senado), que de manera resuelta contribuyamos a abrir la llave de la democracia, el voto, a la posibilidad de abatir el problema político-electoral del abstencionismo.

Que sobre el particular y como es de todos conocido, si se observa las cifras, en la ultima elección presidencial tenemos que de un padrón de 59 millones 584 mil 615 empadronados, sufragaron 37 millones 601 mil 618, habiéndose abstenido 21 millones 181 mil 119 ciudadanos, lo cual representa una participación de un 63.97% y un abstencionismo de 36.03%.

Como en el caso a que se refieren los considerandos anteriores no existe a la fecha disposición legal que prevea la captación de los votos correspondientes a internos en clínicas particulares y oficiales, según se asienta y sin que haya prohibición o disposición en contrario al respecto, es que procede se adicione al artículo 223 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales un numeral 5 para quedar como sigue:

Artículo único. Se adiciona al artículo 223 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un numeral 5 para quedar sigue:

5. Los directores o responsables de las clínicas particulares o publicas, están obligados a permitir el acceso a los funcionarios de casillas y a permitir que los internos sufraguen, en los términos dispuestos por este Código, para lo cual: ..

b) Los consejos locales proveerán lo necesario para que de las casillas que se instalen y en cuya sección se localicen las citadas clínicas, las más cercanas cuenten con una casilla auxiliar, que en el curso de la jornada electoral se constituya en dichos lugares y reciba la votación de los internos citados, debiéndose sujetarse para el caso al resto de las disposiciones de este Código.

Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México D. F., a 16 de abril de 2002.— Diputado: Rogaciano Morales Reyes, Martí Batres y Ricardo Moreno Bastida.»

Intégrense las precisiones al texto a las que hizo referencia al ciudadano diputado y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiene la palabra el ciudadano diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones.

DIP. ALEJANDRO GARCIA SAINZ ARENA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados:

La primera estación de radio surge en 1919, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, llegando a consolidarse en 1921 con la emisora CIO, posteriormente identificada como XEH.

El primer programa radiofónico se origina la noche del 27 de septiembre de 1921 en la ciudad de México.

Las concesiones existentes por número de estaciones ya funcionando en la década de los 30s. llegaban a poco más de 86. Pero en el último decenio superan las 740 concesiones, sin contar las 377 estaciones de frecuencia modulada que existen en nuestro país. Situación que demuestra el crecimiento de esta actividad para finales del siglo pasado.

Por otra parte los primeros pasos de la televisión en México en su etapa experimental, se remontan al año 1934, por uno de sus logros más significativos que fue la invención del sistema tricromático secuencial, de campos, del ingeniero Guillermo González Camarena.

La primera transmisión en blanco y negro en México se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946, para que el 7 de septiembre de ese año, a las 08:30 de la noche, se inaugura oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica la equis XEIGC, la cual se convierte en la punta de lanza para las 466 estaciones funcionando actualmente.

El primer canal comercial de televisión en México y América Latina, se inaugura el 31 de agosto de 1950 hasta llegar a las tecnologías más avanzadas en transmisión radiofónica y televisiva, principalmente con capacidad para ofrecer servicios de telecomunicaciones a todo el territorio nacional y a 23 países del continente americano

Actualmente existe confusión, complejidad en el refrendo y otorgamiento de concesiones de radio y televisión en México porque éstas se han otorgado en base a prebendas y negociaciones no del todo apegadas a la ley y su reglamento respectivos.

Con esta iniciativa el Partido Verde Ecologista de México en la Cámara de Diputados, pretende hacer más transparente el proceso de asignación para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, las cuales son de jurisdicción federal en todo lo relativo a la radio y la televisión, conforme al artículo 8 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de otorgar y revocar las concesiones para la operación de la transmisión de radio y televisión. En este proceso la sociedad mexicana no participa para que ellos, como los principales beneficiarios de la información y la comunicación puedan saber si las personas interesadas en explotar este negocio, que incide directamente en los hábitos y cultura de las familias mexicanas, tiene la capacidad de otorgar lo que la ciudadanía demanda.

Es por ello que la Cámara de Diputados, como garante y corresponsable del buen manejo de los recursos públicos, debe incidir, a petición de ella, en el proceso para otorgar las concesiones y lograr con ello una mejor relación entre el gobierno federal y los particulares.

Asimismo, y en concordancia a la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el pasado 20 de abril, en donde se establece el procedimiento para que la Cámara pueda actuar en esta materia, consideramos necesaria la aprobación de ambas iniciativas para su correcto desempeño y eficacia jurídica.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la 58 legislatura del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se adiciona un artículo 28 bis a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo 1. Se adiciona un artículo 28 bis a la Ley Federal de Radio y Televisión para quedar como sigue:

La Cámara de Diputados, y a petición de ella, podrá intervenir de manera definitoria en el proceso de asignación de las concesiones y permisos que se hace alusión en este capítulo.

La Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establecerá el procedimiento y la discrecionalidad en que se llevará a cabo el proceso de aprobación o rechazo a dichas concesiones y permisos.

La Cámara de Diputados tendrá 30 días naturales para resolver lo conducente a que hace alusión el párrafo anterior, contados a partir de la resolución de la Secretaría.

Hago entrega a la secretaría de la presente iniciativa y solicito a la presidencia de la Mesa Directiva turne la presente a la Comisión de Comunicaciones. Muchas gracias.

Cámara de Diputados, LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo De la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas Y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar Y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Comunicaciones, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

La primera estación de radio surge en 1919 en la ciudad de Monterrey, llegando a consolidarse en 1921 con la emisora CYO, posteriormente identificada como XEH. El primer programa radiofónico se origina la noche del 27 de septiembre de 1921 en la Ciudad de México.

Las concesiones existentes por número de estaciones ya funcionando en, la década de los años treinta llegaban a poco más de 86, pero en el último decenio superan los setecientos cuarenta concesionarios, sin contar las 377 estaciones de frecuencia modulada que existen en nuestro país, situación que demuestra el crecimiento de esta actividad para finales del siglo pasado.

Por otra parte, los primeros pasos de la televisión en México, en su etapa experimental, se remontan al año 1934, pero uno de sus logros más significativos fue la invención del sistema tricromático secuencial de campos del ingeniero Guillermo González Camarena.

La primera transmisión en blanco y negro en México, se lleva a cabo el 19 de agosto de 1946, para que el 7 de septiembre de ese año, a las 20:30 horas, se inaugura oficialmente la primera estación experimental de televisión en Latinoamérica; la XEIGC, la cual se convierte en punta de lanza para las 466 estaciones funcionando actualmente.

El primer canal comercial de televisión en México y América Latina se inaugura el 31 de agosto de 1950, hasta llegar a las tecnologías más avanzadas en transmisiones radiofónicas y televisivas, principalmente, con capacidad para ofrecer servicios de telecomunicaciones a todo el territorio nacional y a 23 países del continente americano.

Actualmente existe confusión complejidad en el refrendo y otorgamiento de concesiones de radio y televisión en México, porque estas se han otorgado en base a prebendas y negociaciones no del todo apegadas a la ley y sus reglamentos respectivos.

Con esta iniciativa el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pretende hacer más transparente el proceso de asignación para el aprovechamiento de las ondas electromagnéticas, las cuales son de jurisdicción federal en todo lo relativo a la radio y televisión, conforme al artículo octavo de la Ley Federal de Radio Televisión.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la encargada de, otorgar y revocar las concesiones para la operación de la transmisiones de radio y televisión. En este proceso la sociedad mexicana no participa, para que ellos, como los principales beneficiarios de la información y la comunicación, puedan saber si las personas interesadas en explotar este negocio que incide directamente en los hábitos y cultura de las familias mexicanas, tienen la capacidad de otorgar lo que la ciudadanía demanda.

Es por ello que la Cámara de Diputados como garante y corresponsable del buen manejo de los recursos públicos, debe incidir a petición de ella en el proceso para otorgar las concesiones, y lograr con ello una mejor relación entre el Gobierno Federal y los particulares.

Asimismo y en concordancia a la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México el pasado 20 de abril, en donde se establece el procedimiento para que la Cámara pueda actuar en esta materia. Consideramos necesaria la aprobación de ambas, iniciativas para su correcto desempeño y eficacia jurídica.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

Mediante el cual se adiciona un artículo 28-bis a la Ley Federal de Radio y Televisión.

Artículo primero. Se adiciona un artículo 28-bis a la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:

Artículo 28-bis. La Cámara de Diputados y a petición de ella, podrá intervenir de, manera definitoria en el proceso de asignación de las concesiones y permisos que se hacen alusión en este capítulo.

La Cámara de Diputados tendrá 30 días naturales para resolver lo conducente que hace alusión el párrafo anterior, contados a partir de la resolución de la secretaría.

Ünico. Este decreto entrará en vigor hasta en tanto se realicen lasa reformas conducentes en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, del Honorable Congreso de la Unión a 16 de abril del 2002.— Diputados: Bernardo De la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejadro Rafael García Sainz Arena, María Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. La Mesa Directiva había previsto, a demás de la Comisión de Comunicaciones, incluir a la de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Desea usted que se quede exclusivamente en la de Comunicaciones?

EL C. PRESIDENTE: De acuerdo. De conformidad con la solicitud del diputado Alejandro Sáenz Arena, túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Comunicaciones.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

La siguiente iniciativa referente a las reformas a diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que presentaría el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a petición del mismo se pospone para la próxima sesión.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

En consecuencia, tiene la palabra, para presentar una iniciativa, el diputado Enrique Garza Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, iniciativa referente a la reforma a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer la ratificación del nombramiento de los secretarios de despacho por el Senado de la República.

EL C. DIPUTADO ENRIQUE GARZA TAMEZ. Con el permiso de la presidencia. Honorable Cámara de Diputados: los suscritos, diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a la consideración de esta honorable representación popular iniciativa de decreto por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente exposición de motivos.

Una de las facultades más importantes de carácter político del Ejecutivo federal en cualquier sistema es la del nombramiento de servidores públicos responsables de la ejecución de políticas, planes y programas de la administración pública federal.

Si bien este poder de nombrar y remover a los servidores públicos por parte del presidente de la República está dentro del ámbito de sus facultades.

"En la evolución histórica de regímenes presidencialistas hacia otros de mayor equilibrio de poderes, se han introducido matices a esta facultad, al grado que los doctrinarios, lejos de justificarlo, se han pronunciado por establecer ciertos límites a este inmenso poder.

"Esto lleva a los sistemas políticos a transitar en esta materia, de la absoluta discrecionalidad del titular de la rama ejecutiva del gobierno, al requerimiento de la ratificación del congreso.

"En México se han concretado dos pasos en ese sentido: La ratificación por parte del Senado, de la designación del Procurador General de Justicia de la República; y la de los titulares de otros cargos públicos, particularmente del servicio exterior y de las Fuerzas Armadas, aunque también debe preverse la posibilidad de que el Presidente se auto límite en su facultad y sólo decida los nombramientos de algunos servidores públicos, cuyo desempeño implica la ejecución directa y discrecional de las políticas establecidas por su administración.

"El Ejecutivo Federal ha establecido que a través del acuerdo político para el desarrollo nacional conjuntamente con las fuerzas políticas, cito:

"Coincidimos en la necesidad de avanzar en la reforma del Estado, en la exigencia de adaptar el diseño constitucional a la nueva pluralidad política del país; la agenda que conduce a transformaciones de fondo, plantea la revisión de las instituciones políticas y de las formas para ejercitar el poder, tarea en la que participan los tres Poderes del Gobierno Federal, partidos políticos, Ejecutivos Locales y sectores productivos, quienes se han comprometido a revisar las esferas de autoridad y competencia de los Poderes de la Unión con el fin de mejorar los equilibrios y la gobernabilidad."

"A través de distintos voceros ha sostenido en diferentes foros que la voluntad ciudadana expresada en las urnas ha originado un gobierno de responsabilidad compartida y que por lo tanto cualquier decisión sobre el rumbo del país, debe ser producto del consenso de los actores políticos y sociales de la nación.

"Es necesario entonces avanzar en la Reforma del Estado, establecer congruencia entre el discurso y la acción, y en el particular caso que nos ocupa, que los poderes compartan responsabilidades, en un marco de estabilidad, gobernabilidad y colaboración en la designación y remoción en su caso, de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, para que así sean también responsables ante el Poder Legislativo y de esta manera auténticos Secretarios de Estado.

"En el sistema político mexicano, por mandato constitucional, al Poder Legislativo le corresponde expedir las leyes que normen la vida jurídica de la sociedad.

"En la actualidad, en la integración del Congreso de la Unión ningún partido político constituye por sí mismo mayoría absoluta, por lo que son precisos el diálogo y el debate para generar como último producto, leyes surgidas del consenso y acuerdos políticos.

"Así en el ejercicio constitucional del derecho de iniciativa, los promoventes, por la reforma propuesta a la fracción II del artículo 76, consideramos pertinente establecer como requisito para el nombramiento y remoción, además del Procurador General de la República, las de los Secretarios del Despacho mediante la ratificación de la Cámara de Senadores por votación de dos tercios de los integrantes de ese órgano legislativo, al momento del nombramiento o remoción.

"De igual manera se propone adicionar dos párrafos al artículo 76 a efecto de conceder a la Cámara de Senadores la facultad de delegar o cancelar la delegación de la atribución contenida en la redacción propuesta para la fracción II del citado numeral, con la cual se fortalece el trabajo de las comisiones.

"Asimismo se plantea derogar las fracciones V y VII del artículo 78 en atención a que en el caso del texto de la fracción V se considera que dada la importancia del asunto, es de considerarse que debe de ser el Senado el órgano que otorgue o niegue la ratificación de los nombramientos o remociones, y por lo que se refiere a la fracción VII, ya que la disposición actual se sintetiza en el texto de la fracción propuesta.

"Por otra parte consideramos la adición de un segundo párrafo al artículo 87 en el cual se dispone que los Secretarios del Despacho y del Procurador General de la Republica, cuyos nombramientos ratifique la Cámara de Senadores, rindan la protesta de ley ante este órgano colegiado.

"La presenta iniciativa conlleva una invitación para que dentro del desarrollo de los trabajos de comisiones los legisladores de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, tras el análisis y discusión correspondientes, logren consensos y en el momento oportuno, se expida el dictamen necesario para su inserción en la Carta Magna, una vez efectuado el procedimiento legislativo previsto para las reformas constitucionales.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado presentamos ante esta honorable asamblea iniciativa de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General de la República.

"Artículo Primero. Se reforman los artículos 76, 78, 87 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

"Artículo 76, fracción II. Ratificar por mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios del Despacho, del Procurador General de la República y de los Ministros, Agentes Diplomáticos, Cónsules Generales, Empleados Superiores de Hacienda, Coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales en los términos que la ley disponga, así como disponer su separación del cargo a propuesta del Ejecutivo o por decisión de ese órgano legislativo con los mismos requisitos de votación.

"Segundo párrafo a la fracción X. La Cámara de Senadores podrá delegar mediante acuerdo votado de la mitad más uno de sus integrantes presentes a las Comisiones respectivas la facultad contenida en la fracción II de este artículo y podrá dejar sin efecto la delegación hasta antes que la Comisión respectiva resuelva el asunto. La ratificación o negativa del nombramiento o remoción que, en su caso, acuerde la Comisión respectiva deberá hacerse con el voto favorable de cuando menos dos tercios de sus integrantes presentes. Una vez aprobada o negada la ratificación del nombramiento o remoción, en la Comisión respectiva la mesa directiva acordará el trámite correspondiente.

"Artículo 87. Los Secretarios del Despacho y el Procurador General de la República al tomar posesión de su cargo prestarán ante el Senado o ante la Comisión Permanente, en su caso, la protesta a que se refiere el párrafo anterior en los términos aplicables.

"Artículo 89, fracción II. Nombrar y remover con aprobación del Senado a los Secretarios del Despacho, al Procurador General de Justicia, a Ministros, Agentes Diplomáticos, Cónsules Generales, Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y Empleados Superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes.

"Segundo párrafo a la fracción II. Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones y el Presidente de la República expida nombramientos o efectúe remociones de servidores públicos a los que se refiere la fracción II de este artículo y cuya ratificación sea necesaria por los Senadores, lo comunicará a la Comisión Permanente, la que convocara al Senado al periodo extraordinario de sesiones para su discusión y resolución.

"Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Diputados Juan Manuel Martínez Nava, José Yunes Zorrilla, Celestino Bailón, Gustavo González Balderas, Luis Priego Ortiz, Felipe Solís Acero, Jaime Vázquez Castillo y el de la voz".

Solicito, señor Presidente, el turno de esta iniciativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y a la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

Los suscritos, diputados integrantes del grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presentamos a la consideración de esta honorable representación popular, iniciativa de decreto por medio del cual se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en atención a la siguiente

Una de las facultades mas importantes de carácter político, del Ejecutivo Federal en cualquier sistema, es la de nombramiento de servidores públicos responsables de la ejecución de políticas, planes y programas de la Administración Pública Federal.

Si bien, este poder de nombrar y remover, a los servidores públicos por parte del Presidente de la República, está dentro del ámbito de sus facultades, en la evolución histórica de regímenes presidencialistas hacia otros de mayor equilibrio de poderes, se han introducido matices a esa facultad, al grado que los doctrinarios, lejos de justificarlo, se han pronunciado por establecer ciertos límites a este inmenso poder.

Esto lleva a los sistemas políticos a transitar en esta materia, de la absoluta discrecionalidad del titular de la rama ejecutiva del gobierno, al requerimiento de la ratificación del Congreso.

En México, se han concretado dos pasos en ese sentido: la ratificación por parte del Senado, de la designación de Procurador General de Justicia de la República y la de los titulares de otros cargos públicos, particularmente del servicio exterior y fuerzas armadas; aunque también debe preverse la posibilidad de que el Presidente se autolimite en su facultad y solo decida los nombramientos de algunos servidores públicos, cuyo desempeño implica la ejecución directa y discrecional de las políticas establecidas por su administración.

El Ejecutivo Federal, ha establecido que a través del acuerdo político para el desarrollo nacional, conjuntamente con las fuerzas políticas, cito: "coincidimos en la necesidad de avanzar en la Reforma del Estado, en la exigencia de adaptar el diseño constitucional a la nueva pluralidad política del país. La agenda que conduce a transformaciones de fondo; plantea la revisión de las instituciones políticas y de las formas para ejercitar el poder; tarea en la que participan los tres poderes del Gobierno Federal, partidos políticos, ejecutivos locales y sectores productivos, quienes se han comprometido a revisar las esferas de autoridad y competencia de los poderes de la Unión con el fin de mejorar los equilibrios y la gobernabilidad". Fin de la cita. A través de distintos voceros, ha sostenido en diferentes foros, que la voluntad ciudadana expresada en las urnas, ha originado un gobierno de responsabilidad compartida, y que por lo tanto, cualquier decisión sobre el rumbo del país debe ser producto del consenso de los actores políticos y sociales de la nación.

Es necesario entonces, avanzar en la Reforma del Estado, establecer congruencia entre el discurso y la acción, y en el particular caso que nos ocupa, que los poderes compartan responsabilidades, en un marco de estabilidad, gobernabilidad y colaboración, en la designación y remoción, en su caso, de los titulares de las dependencias del Ejecutivo, para que así, sean también responsables ante el Poder Legislativo y de esta manera, auténticos secretarios de Estado.

En el sistema político mexicano, por mandato constitucional, al Poder Legislativo le corresponde expedir las leyes que normen la vida jurídica de la sociedad.

En la actualidad, en la integración del Congreso de la Unión, ningún partido político constituye por sí mismo mayoría absoluta, por lo que son precisos el diálogo y el debate para generar como último producto, leyes surgidas del consenso y acuerdos políticos.

Así, en el ejercicio constitucional del derecho de iniciativa, los promoventes, por la reforma propuesta a la fracción II del artículo 76 consideramos pertinente establecer como requisito para el nombramiento y remoción, además del Procurador General de la República, las de los secretarios del Despacho, mediante la ratificación de la Cámara de Senadores, por votación de dos tercios de los integrantes de este órgano legislativo, al momento del nombramiento o remoción.

De igual manera, se propone adicionar dos párrafos al artículo 76 a efecto de conceder a la Cámara de Senadores, la facultad de delegar o cancelar la delegación de la atribución contenida en la redacción propuesta para la fracción II del citado numeral, con lo cual se fortalece el trabajo de las comisiones.

Así mismo, se plantea derogar las fracciones V y VII del artículo 78 en atención a que en el caso del texto de la fracción V, se considera que dada la importancia del asunto, consideramos que debe ser el Senado, el órgano que otorgue o niegue la ratificación de los nombramientos o remociones y por lo que se refiere a la fracción VII, ya que la disposición actual, se sintetiza en el texto de la fracción propuesto.

Por otra parte, se propone la adición de un segundo párrafo al artículo 87 en el cual se dispone que los secretarios del despacho y el Procurador General de la República cuyos nombramientos ratifique la Cámara de Senadores, rindan la protesta de ley ante este órgano colegiado.

En el mismo orden de ideas, por congruencia de redacción, y en tanto su correlación, se propone modificar la fracción II del artículo 89 para definir el procedimiento a seguir por el Ejecutivo, relativo a los nombramientos de los servidores públicos multicitados y en atención a la redacción de ésta fracción, se propone derogar las fracciones III, IV y XVI, y la adición de un segundo párrafo a la fracción X del mismo artículo.

La presente iniciativa conlleva una invitación para que dentro del desarrollo de los trabajos de comisiones, los legisladores de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, tras el análisis y discusión correspondientes, logren consensos y en el momento oportuno, se expida el dictamen necesario para su inserción en la Carta Magna, una vez efectuado el procedimiento legislativo previsto para las reformas constitucionales.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos ante esta honorable Asamblea, iniciativa de decreto por el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución General de la República.

Artículo 1o. Se reforman los artículos 76, 78, 87 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

II. Ratificar por mayoría calificada de dos tercios de los legisladores presentes al momento de la votación, los nombramientos que el mismo funcionario haga de los secretarios del despacho, del Procurador General de la República, y los de los ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga; así como disponer su separación del cargo a propuesta del Ejecutivo, o por decisión de este órgano legislativo, con los mismos requisitos de votación;

La Cámara de Senadores podrá delegar mediante acuerdo votado de la mitad más uno de sus integrantes presentes, a las comisiones respectivas, la facultad contenida en la fracción II de este artículo, y podrá dejar sin efectos la delegación, hasta antes de que la Comisión respectiva resuelva el asunto.

La ratificación o negativa del nombramiento o remoción que en su caso acuerde la Comisión respectiva, deberá hacerse con el voto favorable de cuando menos dos tercios de sus integrantes presentes. Una vez aprobada o negada la ratificación del nombramiento o remoción en la comisión respectiva, la Mesa Directiva acordará el trámite correspondiente.

Los secretarios del despacho y el Procurador General de la República, al tomar posesión de su cargo prestarán ante el Senado o ante la Comisión Permanente, en su caso, la protesta a que se refiere el párrafo anterior, en los términos aplicables.

II. Nombrar y remover con aprobación del Senado, a los secretarios del Despacho, al Procurador General de Justicia, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y empleados superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados dé la Unión, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;

Cuando la Cámara de Senadores no esté en sesiones y el Presidente de la República expida nombramientos o efectúe remociones de servidores públicos a los que se refiere la fracción II de este artículo y cuya ratificación sea necesaria por los Senadores, lo comunicará a la Comisión Permanente, la que convocará al Senado al período extraordinario de sesiones, para su discusión y resolución;

Artículo único. El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 16 de Abril de 2002.— Diputados: Enrique Garza Taméz, Juan Manuel Martínez Nava, José Yunes Zorrilla, Celestino Bailón G., Gustavo González Balderas, Alma Carolina Viggiano Austria, Luis Priego Ortiz, Felipe Solis Acero, Jaime Vazquez Castillo.»

Siendo una iniciativa que presenta reformas a la Constitución, ha sido práctica de esta mesa directiva el turnarla exclusivamente a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ciertamente se le pueda dar opinión a la de Reforma del Estado, pero para efectos del dictamen la comisión correspondiente es la de Puntos Constitucionales.

EL C. DIPUTADO ENRIQUE GARZA TAMEZ (PRI): Modifico entonces mi propuesta en el sentido de que se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales y se dé vista para opinión a la Comisión Especial para la Reforma del Estado.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Muy bien diputado, diputado Enrique Garza Taméz.

Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y con opinión de la Comisión para la Reforma del Estado.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para presentar una iniciativa, mediante la cual se reforman diversas disposiciones a la Ley que crea el Fideicomiso de Apoyo a los Ahorradores, se le concede la palabra al diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

DIP. OMAR FAYAD MENESES (PRI): Muy buenos días compañeras y compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia.

En el Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de gestión de esta LVIII Legislatura, motivados por la problemática que había suscitado la mala operación de las llamadas "cajas de ahorro", fue aprobada la ley que crea el fideicomiso que administrara el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a los Ahorradores. Esta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención de dar una pronta solución a este conflicto social que fue calificado de interés público.

En el mes de noviembre del año 2001, durante el pasado Periodo Ordinario de Sesiones, presenté ante el pleno de esta Soberanía, una iniciativa que reformaba la Ley que crea que el Fideicomiso de este Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y de Ahorro, fundamentada en que la solución planteada por ella no era suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la ley que lo regula, sólo apoyó a un número determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así a muchas otras organizaciones que si bien se crearon y operaron de manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido cumplían con la misma finalidad.

Lamento referir a este pleno que por múltiples razones, todas ellas ajenas a la naturaleza de la función a la que nos obliga el mandato social que nuestros representados nos otorgan como legisladores, esta iniciativa de carácter eminentemente social ha sido vista con muy poco interés por la comisión a la que fue enviada, sin que hasta la fecha recaiga sobre ella cualquier opinión en cualquier sentido.

Gracias a esta incapacidad y a no haber aprobado la posibilidad de continuar con una segunda etapa que permitiera seguir apoyando en la restitución del patrimonio de cientos de ahorradores defraudados y avanzar así de manera firme hacia la solución total del problema, hoy podemos aseverar que a 15 meses de haber sido aprobada la creación del fideicomiso, los resultados obtenidos al respecto siguen siendo insuficientes.

Nuevamente con profunda pena y preocupación, les refiero que la desesperante e impotente situación que desde hace años vienen arrastrando muchos de esos ahorradores defraudados del país, continúa aquejándolos. Siguen siendo reiteradas las peticiones de auxilio de las diversas comisiones de ahorradores defraudados de Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, Baja California Sur, el Estado de México y Zacatecas, lo que demuestra que la solución que ofreció el fideicomiso a este problema sólo fue parcial.

Como lo expuse en la anterior iniciativa, la ley que crea el fideicomiso en su artículo 7, prevé que sólo serán beneficiarias del mismo las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, lo que impide que también sea beneficiados muchos ahorradores en el país, cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron, se constituyeron bajo otras figuras jurídicas, como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles o sociedades cooperativas de responsabilidad limitada.

Debido a las restricciones establecidas en el texto de dicha ley, que impiden continuar hacia la solución definitiva, los diputados de diversos estados de la República que recibimos de viva voz el reclamo de nuestros representados, consideramos que el problema que dio origen a este fideicomiso aún existe, habiendo aún un gran número de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos jurídicos siguen reclamando apoyo para la restitución en alguna medida de su patrimonio.

Para poder razonar con sentido social una iniciativa de esta envergadura, debemos comprender que en esta situación que se nos presenta, nada tuvo que ver la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas sin escrúpulos que no sólo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar esta clase de negocio.

Con la presentación de esta nueva Iniciativa sobre el tema de los Ahorradores defraudados, se abre una segunda posibilidad para que los diputados respondamos con hechos a esta confianza que la gente nos dio por lo que debemos entrarle seriamente a este asunto y encontrar una solución para este penoso problema.

Esta nueva Iniciativa plantea de manera distinta una solución al problema, con el propósito de encontrar consensos que nos permitan avanzar de manera fluida en la aprobación de la misma y así atender expeditamente este asunto que ya no debe de esperar más tiempo.

Es por ello que consideramos necesario y urgente reformar la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se constituyeron u operaron bajo otras figuras jurídicas o formas diversas a las que ahora se exige como requisito.

Para utilizar en pago a ahorradores los 500 millones de pesos que actualmente destina la ley a salvar a las sociedades que registran problemas graves de liquidez y/o solvencia y para prever la obtención de más recursos con los que se hará frente a este problema.

Es así como se propone reformar el Artículo 7º para incluir en su texto a otras organizaciones o entidades constituidas como entidades civiles , sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era similar a la de ahorro y préstamo autorizadas.

Como consecuencia de la reforma a este artículo, se plantea también la reforma a la Fracción II del Artículo 8º para adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre del año 2000, para que sean cumplidos por las cajas de ahorro que estén siendo incluidas por esta reforma, lo que permitiría que realmente sean apoyados quienes demuestren realmente y fehacientemente tener derecho a ser incluidos por este Fideicomiso.

Para continuar de manera inmediata con el pago a ahorradores, se hace necesaria la reforma y adición del Artículo 12º de este ordenamiento, dicho artículo actualmente establece la cantidad de 500 millones de pesos para destinarse exclusivamente a las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia y que ya están ahí , estos recursos se encuentran ahí en este Fondo y no han sido aún tocados.

Consideramos que es necesario darle una mayor rentabilidad social al dinero que contempla este Artículo 12º ya que su texto dispone beneficiar a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios de los negocios de las cajas de ahorro. Además, esto abre la posibilidad de que los titulares de dichos negocios tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus obligaciones visualizando la posibilidad de ser salvados con recursos del Fideicomiso una vez que hagan malos manejos de las cajas de ahorro.

Compañeras y compañeros Diputados, no permitamos hacer un nuevo FOBAPROA para empresarios de estas cajas populares, con estos 500 millones de pesos es imperativo no rescatar a empresarios corruptos o negligentes, está en manos de esta Legislatura decidir que se destinen en su totalidad al resarcimiento de un número mayor de ahorradores que hasta ahora no tienen ninguna esperanza de ver recuperado su dinero.

Este párrafo se reformaría quitando la palabra "exclusivamente" y adicionando al final de su texto la frase "y/o para apoyo al pago de ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero se reoriente con un mayor sentido social y conforme la primera aportación inicial para esta segunda etapa de la solución.

Para prever la obtención de más recursos con los que se hará frente al problema, se propone adicionar ,,,

EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES. Gracias señor Presidente, le pido un minuto para concluir.

EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: … con lo que abre la posibilidad del uso de estos recursos.

Finalmente compañeras Diputadas y compañeros Diputados, estamos solicitando se incluya en el presupuesto para el 2003 una nueva disposición presupuestal que puedan ya desde hoy comprometerse recursos por mil millones de pesos para el presupuesto del 2003 una nueva disposición presupuestal, que puedan ya desde hoy comprometerse recursos por mil millones de pesos para el Presupuesto del 2003 y esto permitiría que, como se dio inicio a este problema y la solución al mismo, se destinaron 1,700 millones de pesos iniciales; 500 que estamos proponiendo y que existen actualmente se sumen a esos recursos y el año que entra se puedan destinar mil millones de pesos más. Estos 500 que les refiero, hoy están para resarcir a los empresarios y estamos proponiendo se cambie para pagar a los ahorradores.

Ojalá que cuente con la simpatía de muchos de ustedes y que podamos darle una solución definitiva a un problema al que ya iniciamos a darle solución en esta misma Legislatura.

«Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, presentada por el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LVIII legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de este honorable pleno la presente:

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, de conformidad con la siguiente

En el primer periodo ordinario de sesiones del primer año de gestión de esta LVIII Legislatura, motivados por la problemática que habían suscitado la mala operación de las llamadas cajas de ahorro, fue aprobada la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores y publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre del año 2000, con la noble intención de dar una pronta solución a este conflicto social, que fue calificado, como de interés público.

En el mes de noviembre del 2001, durante el pasado periodo ordinario de sesiones, presente ante el pleno de esta soberanía una iniciativa que reformaba la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, fundamentada en que la solución planteada por ella, no era suficiente, en virtud de que los lineamientos marcados por la ley que lo regula, solo apoyó a un número determinado de sociedades de ahorro y crédito, pero no así, a muchas otras organizaciones que si bien se, crearon y operaron de manera distinta a lo previsto por la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito o a la Ley General de Sociedades Cooperativas, sí realizaban actividades de ahorro y crédito, por lo que en estricto sentido, cumplían con la misma finalidad.

Lamento referir a este pleno, que por múltiples razones, todas ellas ajenas a la naturaleza de la función a la que nos obliga el mandato social que nuestros representados nos otorgan como legisladores, esta iniciativa de carácter eminentemente social, ha sido vista con muy poco interés por la comisión a la que fue enviada, sin que hasta la fecha recaiga sobre ella cualquier opinión.

Gracias a esta incapacidad y a no haber aprobado la posibilidad de continuar con una segunda etapa que permitiera seguir apoyando en la restitución del patrimonio de cientos de ahorradores defraudados, y avanzar así de manera firme hacia la solución total del problema, hoy podemos aseverar que a quince meses de haber sido aprobada la creación del Fideicomiso, los resultados obtenidos al respecto, siguen siendo insuficientes.

Nuevamente, con profunda pena y preocupación, les refiero que la desesperante e impotente situación que desde hace años vienen arrastrando muchos de estos ahorradores defraudados del país, continua aquejándolos.

Siguen siendo reiteradas las peticiones de auxilio de las diversas comisiones de ahorradores defraudados de Hidalgo, Coahuila, San Luis Potosí, Sinaloa, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Oaxaca, Tabasco, Aguascalientes, Chihuahua, Nayarit, Durango, Baja California, Baja California Sur, Estado de México y Zacatecas, lo que demuestra que la solución que ofreció el fideicomiso a este problema social fue parcial.

Como lo expuse en la anterior iniciativa, la Ley que Crea el Fideicomiso, en su artículo 7o., prevé que solo serán beneficiarias del mismo, las sociedades y cooperativas que se hayan constituido bajo la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, lo que impide que también sean beneficiados muchos ahorradores en el país, cuyas agrupaciones de ahorro y préstamo que los defraudaron se constituyeron bajo otras figuras jurídicas como Sociedades Civiles, Sociedades Anónimas de Capital Variable, Asociaciones Civiles o Sociedades Cooperativas de Responsabilidad Limitada.

Debido a las restricciones establecidas en el texto de dicha ley, que impiden continuar hacia la solución definitiva, los diputados de diversos estados de la República que recibimos de viva, voz el reclamo de nuestros representados, consideramos que el problema que dio origen a este fideicomiso aún existe, habiendo aún un gran número de ahorradores de bajos recursos que por simples tecnicismos jurídicos, siguen reclamando apoyo para la restitución, en alguna medida, de su patrimonio.

Para poder razonar con sentido social una iniciativa de esta envergadura, debemos comprender que en esta situación, que se nos presenta, nada tuvo que ver la voluntad de los ahorradores defraudados, ya que es entendible que por desconocimiento del complicado marco jurídico en esta materia, no supieron advertir el riesgo que implicaba confiar y dejar sus ahorros en manos de personas sin escrúpulos que no sólo los despojaron de su patrimonio, sino que hicieron caso omiso de las disposiciones y previsiones financieras y legales para operar esta clase de negocios.

Con la presentación de esta nueva iniciativa sobre el tema de los ahorradores defraudados, se abre una segunda posibilidad para que los diputados respondamos con hechos, a esa confianza que la gente nos dio, por lo que debemos entrarle seriamente a este asunto y encontrar una solución para este penoso problema.

Esta nueva iniciativa, plantea de manera distinta una solución al problema, con el propósito de encontrar consensos que nos permitan avanzar de manera fluida en la aprobación de la misma, y así atender expeditamente este asunto que ya no debe esperar mas tiempo.

Es por ello que consideramos necesario y urgente, reformar la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para que también sean beneficiados los ahorradores cuyas cajas de ahorro se constituyeron u operaron bajo otras figuras jurídicas o formas diversas a las que ahora se exigen como requisito; para utilizar en pago a ahorradores los 500 millones de pesos que actualmente destina la ley a salvar a las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia; y para prever la obtención de mas recursos con los que se hará frente al problema.

Es así como se propone reformar el artículo 7o., para incluir en su texto a otras organizaciones o entidades constituidas como sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y cooperativas de responsabilidad limitada, cuya actividad era similar a la de ahorro y préstamo autorizadas.

Como consecuencia de la reforma a éste artículo, se plantea también la reforma a la fracción II del artículo 8o., para adicionar los requisitos de haber presentado las denuncias penales correspondientes y el haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre del 2000, para que sean cumplidos por las cajas de ahorro que están siendo incluidas por esta reforma, lo que permitiría que realmente sean apoyados quienes demuestren fehacientemente tener derecho a ser incluidos por el fideicomiso.

Para continuar de manera inmediata con el pago a ahorradores, se hace necesaria la reforma y adición del artículo 12 de este ordenamiento. Dicho artículo, actualmente establece la cantidad de 500 millones de pesos para destinarse exclusivamente a las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia y que ya están ahí intocados.

Consideramos que es necesario darle una mayor rentabilidad social al dinero que contempla este artículo 12, ya que su texto dispone beneficiar a un reducido número de personas que dirigen y reciben los beneficios de los negocios de las cajas de ahorro. Además, esto abre la posibilidad de que los titulares de dichos negocios, tomen a la ligera la responsabilidad de responder a sus obligaciones, visualizando la posibilidad de ser salvados, con recursos del fideicomiso una vez que hagan malos manejos en sus cajas de ahorro.

Compañeros, no permitamos el nuevo Fobaproa para empresarios de estas cajas de ahorro popular.

Con estos 500 millones de pesos, es imperativo no rescatar a empresarios corruptos o negligentes; esta en manos de esta legislatura, decidir que se destinen en su totalidad al resarcimiento de un número mayor de ahorradores, que hasta ahora, no tienen ninguna esperanza de ver recuperado su dinero.

Este párrafo, se reformaría quitando la palabra exclusivamente y adicionando al final de su texto la frase "y/o para apoyo al pago de los ahorradores", con lo que abre la posibilidad de que el uso de este dinero se reoriente con un mayor sentido social y conforme la primera aportación inicial para esta segunda etapa de solución.

Para prever la obtención de mas recursos con los que se hará frente al problema, se propone adicionar un nuevo párrafo al artículo 12, para prever una partida adicional por 1 mil millones de pesos que serían asignados del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003.

Como lo prevé la ley en cuestión, los ahorradores al momento de ser beneficiados al 70% por el fideicomiso, ceden sus derechos de crédito al 100% a favor del mismo, por lo que la Federación, repondrá las cantidades señaladas, que ahora se solicita se aporte para el pago a los ahorradores, a través de las sumas de dinero y bienes que con toda seguridad obtendrá a la conclusión de los juicios respectivos.

Esta cantidad que se solicita del presupuesto 2003, adicional a los ya existentes 500 millones de pesos que prevé el propio artículo 12, permitiría contar en los próximos meses con un fondo total de 1 mil 500 millones de pesos más, que estarían destinados a avanzar en una solución ampliamente incluyente, a este grave problema social.

Por último, se hace necesario reformar la fracción I del artículo 5o. con el propósito de adecuarlo a las cantidades que se están solicitando del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003, así como modificar su vigencia de dos a cuatro años, contados a partir del inicio de actividades del fideicomiso o cuando se extinga su patrimonio, lo que ocurra primero.

En virtud de que la propia ley que aquí se propone reformar, en su artículo 14 prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de emitir reglas de carácter general para la mejor observancia de los preceptos que en ella se establecen, ruego a la Presidencia de este pleno se sirva remitir la presente iniciativa a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Presupuesto y Cuenta Pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno el presente proyecto de:

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Artículo primero. Se reforma la fracción I del artículo 5o. para quedar como sigue:

I. Las aportaciones del Gobierno Federal por un 1 mil 785 millones de pesos a que se refiere el artículo 9o. de esta ley y de los recursos a que se refiere el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre si y distintas a aquella en que se administre el resto de las aportaciones;

Artículo segundo. Se reforma el párrafo primero del artículo 7o. para quedar como sigue:

Artículo 7o. Se entenderá por sociedades a las sociedades de ahorro y préstamo y a las cooperativas de ahorro y préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente; así como aquellas organizaciones, sociedades civiles, sociedades anónimas de capital variable, asociaciones civiles y sociedades cooperativas de responsabilidad limitada, que hayan ofrecido y prestado servicios al público, similares o equivalentes, a las actividades de ahorro y préstamo autorizadas.

Artículo tercero. Se reforma la fracción II del artículo 8o. para quedar como sigue:

II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoria con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean, en su caso, aprobados por el comité técnico a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, y/o haber presentado las denuncias penales correspondientes y haber dejado de realizar actividades de ahorro y préstamo con antelación al 30 de noviembre de 2000 y

Artículo cuarto. Se reforma y adiciona el artículo 12 para quedar como sigue:

Artículo 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará para las acciones que el fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez ylo para apoyo al pago de los ahorradores.

De igual forma, en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2003, se deberá disponer de una partida de 1 mil millones de pesos, que se destinarán para los pagos a ahorradores previstos en esta ley.

Artículo Quinto. Se reforma el artículo tercero y cuarto transitorios, para quedar como sigue:

Tercero. El período durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores será de cuatro años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta ley, lo que ocurra primero.

Cuarto. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta ley, y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del fideicomiso conforme a lo previsto al artículo 5o. de esta ley.

El fideicomiso revisará los casos de organizaciones de ahorradores que a pesar de no cumplir con los supuestos o requisitos establecidos en los artículos 7o. y 8o., pudieran, de acuerdo a sus características, ser susceptibles de que se beneficie a sus integrantes, conforme a lo dispuesto por esta ley, y de acuerdo a los requisitos y lineamientos que para cada supuesto en particular emita el propio fideicomiso.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo previsto por este decreto.

Tercero. El Comité Técnico del Fideicomiso deberá publicar nuevamente dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente a que alude el artículo 11 de la ley, respetando las formalidades y plazos consignados en este numeral para que el fideicomiso efectúe los pagos derivados de sus fines.