180402

ORDEN DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2001.
APERTURA
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones
De los Congresos de los estados de: Baja California Sur, Morelos, Oaxaca y Sinaloa.
De la Secretaría de Servicios Parlamentarios, en relación a dictámenes negativos emitidos por las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados.
De la Mesa Directiva.
Del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez.
De la Junta de Coordinación Política.
Iniciativa del Congreso del estado de Guanajuato
Que adiciona un segundo párrafo al artículo 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. (Turno a Comisión).
Iniciativas de ciudadanos diputados
Que adiciona el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación, suscrita por los diputados Salvador Rocha Díaz, Oscar Levín Coppel y Enrique de la Madrid Cordero, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De Ley General de Archivos, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para regular la utilización de vías y espacios públicos, con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y/o plantones, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a diversos artículos de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Que reforma al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Enrique Martínez Orta Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Que reforma el párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
De reformas a los artículos 4º y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de medio ambiente, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Que adiciona la Ley Federal de Derechos, en materia de hidrocarburos, a cargo del diputado Manuel Medellín Milán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones para fortalecer la Marina Mercante Nacional y la Construcción Naval Mexicana, a cargo del diputado Roberto Preciado Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, a cargo del diputado Jorge A. Chávez Presa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Edgar Segura Ruiz, Alejandro Joaquín Lucas José Legorreta y Chauvet y Antonio Dueñas Pulido, para aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los Gobiernos de la República de Corea, de los Estados Unidos de América, del Reino de Bélgica y del Reino de Tailandia, respectivamente.
De las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Relaciones Exteriores, con punto de acuerdo en relación a la proposición del diputado Félix Castellanos Hernández, sobre la Representación Mexicana en la Quincuagésima Octava Sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra.
Excitativas
A las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, a cargo del diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Cultura, a cargo del diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presente a la brevedad posible, ante esta soberanía, la normatividad operativa de la Ley de Capitalización del Procampo, a fin de que los productores puedan acceder a dichos recursos, a cargo del diputado Carlos Pallares Bueno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la política y asignación del financiamiento para la educación superior, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre política ambiental, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la declaración del Presidente Vicente Fox Quesada, del 9 de abril de 2002, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la participación de los adultos mayores en actividades culturales, a cargo del diputado Jorge Luis García Vera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para dejar libre de invasiones las zonas reservadas de la delegación Iztapalapa, a cargo del diputado Raúl García Velázquez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la portación y tenencia de armas de fuego por parte de la población civil, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo, sobre deudores de Banrural, a cargo del diputado Francisco Esparza Hernández, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a los ingresos extraordinarios de Pemex, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal, para que regule el cobro de comisiones y gastos de envío de remesas de dinero, de mexicanos en el exterior, a cargo del diputado Francisco Guadarrama López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la situación de los conflictos indígenas en Coyutla, Sochiapa, Ixhuatlán de Madero y Zocohuite del estado de Veracruz, a cargo de la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para autorizar el descarte del material de desecho, de las Bibliotecas de la Cámara de Diputados, a cargo del diputado Juan Alcocer Flores, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar a los gobiernos de Puebla y Tlaxcala, firmen los convenios de conurbación y ratificación de sus límites territoriales, para conformar la cuarta zona metropolitana del país, a cargo del diputado Alberto Cano Cortezano, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que se consideren dentro de la franja fronteriza, a 5 municipios del norte del estado de Coahuila: Allende, Villa Unión, Morelos, Zaragoza y Nava, a cargo del diputado Claudio M. Bres Garza, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a hacer propios los objetivos del Plan de Educación para el Desarrollo y la Integración de América Latina, promovido por el Parlamento Latinoamericano y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) e implementar las acciones necesarias para su ejecución y seguimiento en nuestro país, a cargo del diputado Eduardo Rivera Pérez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a los vehículos de procedencia extranjera, a cargo del diputado Mario Cruz Andrade, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que la Semarnat entregue a esta soberanía los estudios y resultados realizados en el municipio de Mina, en el estado de Nuevo León, a la empresa RIMSA, así como las acciones emprendidas para revertir la contaminación generada en la zona, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la situación política de Venezuela, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la venta de acciones de Bancomer, anunciada por el gobierno mexicano, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo sobre la fiscalización a los partidos políticos en México anunciada por el IFE, a cargo del diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar la realización de una auditoría, por la Auditoría Superior de la Federación, a la tercera etapa del río Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a los incendios forestales en el estado de Oaxaca, a cargo del diputado Bulmaro Rito Salinas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).
Con punto de acuerdo para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, intervenga en el asunto relacionado con los actos violatorios de los derechos humanos cometidos contra los señores Víctor Javier García Uribe y Gustavo González Meza, a cargo del diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al pago anticipado de deuda que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a cargo de la diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar el cambio de las tarifas eléctricas de verano para los municipios de Acuña, Allende, Muzquíz y Villa Unión, del estado de Coahuila, a cargo del diputado Claudio M. Bres Garza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a la contaminación generada por Pemex en el estado de Tabasco, a cargo de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Marco Antonio Dávila Montesinos del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Urgente resolución).
Con punto de acuerdo en relación a la cultura laboral, a cargo del diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social. (Turno a Comisión).
Agenda política
Pronunciamiento acerca del Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por su entrada en vigor el 5 de abril, a cargo del diputado Enrique Villa Preciado, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Efemérides
Sobre el Día Mundial de la Salud, a cargo de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sobre el aniversario luctuoso del General Francisco J. Múgica, a cargo del diputado Jaime Rodríguez López, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Sobre el aniversario luctuoso de don Francisco González Bocanegra, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Sobre el aniversario luctuoso de Sor Juana Inés de la Cruz, a cargo de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados.
Sobre el Día Mundial de la Lucha Campesina, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
Sobre el Día del Indio Americano, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
	CLAUSURA

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.— Poder Legislativo.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D. F.

La Diputación Permanente de la LVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar el siguiente pronunciamiento:

"La Diputación Permanente de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, eleva su más enérgica protesta en contra de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica el 27 de marzo del año 2002, por discriminatoria y antijurídica y porque viola el convenio suscrito con la Organización Internacional del Trabajo sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, así como los derechos humanos y laborales de los trabajadores migrantes que se encuentran en dicho país, en un acto de ilegalidad y xenofobia, al no admitir el derecho de asociación para la defensa de sus derechos laborales. Comuníquese esta determinación al Presidente de la República y al Congreso de la Unión para su inmediata intervención diplomática. Asimismo hágaseles saber a los congresos de todas las entidades federativas del país y representantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, solicitando su adhesión al presente pronunciamiento.— Dado en el Salón de sesiones del honorable Congreso del Estado.— Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 11 de abril de 2002.— Diputados: Juan Ramón Díaz Pimentel, presidente y Raúl Antonio Corzo Llaguno, secretario."

Lo que nos permitimos transcribir a ustedes, para su conocimiento y efectos legales consiguientes.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 11 de abril de 2002.— Diputado Juan Ramón Díaz Pimentel, presidente y Raúl Antonio Corzo Llaguno, secretario.»

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(El Congreso del Estado de Sinaloa comunica la clausura del primer periodo ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional y la elección de la diputación permanente durante el receso)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Por medio de la presente, nos permitimos comunicar a ustedes, que la LVII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, clausuró el día de ayer martes 19 de marzo, su primer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de su ejercicio constitucional y asimismo, se eligió la Diputación Permanente que fungirá durante el receso de la misma, habiendo quedado integrada de la siguiente manera:

Propietarios: Jesús Alberto Aguilar Padilla, Alejandro Camacho Mendoza, José Antonio Ríos Rojo, Francisco Javier Luna Beltrán, María Serrano Serrano, Alger Uriarte Zazueta, E. Lorena Alvarez Gámez.

Amadeo Zazueta Lafarga, Gerardo Rosete Ramírez, Arturo Sánchez Sáinz, Justo Puerta Mariscal.

Lo que comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales correspondientes.

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 20 de marzo de 2002.— Secretario general, José Antonio García Becerra.»

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(Oficio dirigido a la Dip. Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la mesa directiva)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Secretaríaq de Servicios Parlamentarios.

Diputada Beatriz Paredes Rangel presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Para los efectos del procedimiento parlamentario correspondiente, hago de su conocimiento que en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara de Diputados, del día 15 de marzo del año en curso, se publicaron los dictámenes en sentido negativo, emitidos por las comisiones que a continuación se detallan:

1. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en sentido negativo, sobre la iniciativa de decreto que reforma el artículo octavo de la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, presentada por la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del PT.

2. De la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, en sentido negativo, sobre la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Educación, con la finalidad de establecer el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, presentada por el diputado José Ricardo Fernández Candia, del grupo parlamentario del PAN, de la LVII Legislatura.

3. De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, en sentido negativo, sobre la iniciativa de adición al artículo 4º de la Ley de la Policía Federal Preventiva, presentada por diputados del grupo parlamentario del PVEM.

4. De la Comisión de Marina, en sentido negativo, sobre la iniciativa de adición del inciso f, al artículo 21 de la Ley para la Comprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México, presentada por el diputado Raúl Monjarás Hernández, del grupo parlamentario del PAN, de la LVII Legislatura.

5. De la Comisión de Salud, en sentido negativo, sobre la iniciativa presentada por la XVI Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, que adiciona el artículo 20 de la Ley General de Salud.

6. De la Comisión de Salud, en sentido negativo, sobre la iniciativa de reforma de la Ley General de Salud presentada por los integrantes de la LVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

7. De la Comisión de Seguridad Social, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 164-a, d, c, d, e y f a la Ley del Seguro Social, presentada por la XVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California.

8. De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Gobernación y Seguridad Pública, en sentido negativo, sobre las iniciativas de decreto por los que se crea la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, presentadas por el diputado Juan Bueno Torio, a nombre de diputados de diferentes grupos parlamentarios, y por la diputada Gloria Lavara Mejía a nombre de integrantes del grupo parlamentario del PVEM, de la LVII Legislatura.

9. De las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública, y de Defensa Nacional, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de Ley de la Guardia Nacional, Reglamentaria del artículo 73, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Alberto López Rosas, del grupo parlamentario del PRD, de la LVII Legislatura.

10. De las Comisiones Unidas de Salud, y de Gobernación y Seguridad Pública, en sentido negativo, sobre la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona la fracción XXV al artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, sobre donación y transplante de órganos y tejidos humanos, presentada por diputados del grupo parlamentario del PRI, de la LVII Legislatura.

11. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 23, 57, 100, 140 y 163 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT, de la LVII Legislatura.

12. De las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Seguridad Social, en sentido negativo, sobre la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 68, 106, 141, 145, 157, 164, 168 y 170, y adiciona un cuarto párrafo al artículo 209, todos ellos de la Ley del Seguro Social, presentada por el diputado Ricardo Cantú Garza, del grupo parlamentario del PT, de la LVII Legislatura.

13. De las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública; de Energía, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en sentido negativo, sobre la iniciativa de ley federal que crea el órgano corporativo desconcentrado de Pemex, denominado Comisión Nacional de Atención por Afectaciones de la Actividad Petrolera (Conapet), presentada por la diputada Ana Lila Ceballos Trujeque, del grupo parlamentario del PRD, de la LVII Legislatura.

Palacio Legislativo a 16 de abril del 2002.— Licenciado Alfredo del Valle Espinosa secretario.»

LA C. PRESIDENTA: Le ruego a la secretaría dé lectura al punto de acuerdo sobre esta materia.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Acuerdo. Primero. La iniciativa de ley o decreto dictaminada por las comisiones ordinarias de la Honorable Cámara de Diputados en sentido negativo, es decir, que son rechazadas las referidas iniciativas, se sujetarán al siguiente procedimiento:

Una vez que la comisión respectiva realice el dictamen por el cual se rechaza una iniciativa de ley o decreto y éste se haya recibido en la mesa directiva, se procederá a su publicación en la Gaceta Parlamentaria.

Publicado el dictamen en sentido negativo en la Gaceta Parlamentaria, se dará cuenta de éste al pleno de la Honorable Cámara de Diputados, a efecto de que se proceda a votar de manera económica en sus puntos resolutivos el respectivo dictamen.

Segundo. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria de la Honorable Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 26 días del mes de febrero del 2002. Rúbrica, la mesa directiva.

LA C. PRESIDENTA: En tal virtud, y dado que estos dictámenes en sentido negativo fueron publicados el día 15 de marzo, le ruego a la secretaría programe su posible discusión y votación económica para la próxima sesión y le ruego a los señores diputados interesados en estos temas recopilen la información en la Gaceta del 15 de marzo.

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(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, (INSERTESE)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputada Beatriz Elena Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

En relación a la minuta con proyecto de decreto de diversas reformas a la Ley de Planeación, turnadas para su análisis y dictamen correspondiente a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y Medio Ambiente y Recursos Naturales, me permito solicitarle atentamente acepte la declinación del turno a esta Comisión de Medios Ambiente y Recursos Naturales.

Lo anterior a fin de agilizar el trámite legal correspondiente, dado que no existen objeciones significativas sobre dicha minuta.

Aprovecho la oportunidad para reiterarme a su atenta y distinguida consideración.

México D. F., a 17 de abril de 2002.— Diputado Diego Cobo Terrazas, presidente.»

Se atiende la petición, se rectifica el turno y se turna en forma exclusiva a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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(LECTURA COMUNICACIÓN DEL DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ, INSERTESE)

Con relación a la iniciativa de Ley de Amnistía, presentada al pleno por el suscrito, en la sesión del 26 de abril del 2001, dándosele turno para su dictamen a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, me permito solicitar el cambio de turno de la iniciativa en comento, toda vez que la comisión dictaminadora debe ser la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Palacio Legislativo, a 16 de abril del 2002.— Diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez.»

LA C. PRESIDENTA: Esta presidencia atiende la solicitud y turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos la iniciativa de referencia. Sin embargo, en el caso de que sea requerida por la Comisión de Gobernación y haya interés de esta Comisión en participar en la dictaminación correspondiente, el turno será a comisiones unidas.

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(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA RELATIVA A INFORMES DE ACTIVIDADES DE COMISIONES)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos.— Cámara de Diputados.— LVII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Esta Presidencia ha recibido informes de actividades de las siguientes comisiones:

Lo que comunico a ustedes, para que lo hagan del conocimiento de la honorable Asamblea.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2002.— Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta.»

LA C. PRESIDENTA: Túrnense los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.

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(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA AL DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES, INSERTESE)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Palacio Legislativo, México, D. F., a 17 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Me permito solicitarle con fundamento en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se considere con esta fecha la separación de la Comisión de Pesca y del diputado Rogaciano Morales Reyes.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 15 de abril de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador general.»

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(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA AL C. DIPUTADO SERGIO GARCIA SEPULVEDA, INSERTESE)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del Grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, las modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que el diputado Sergio García Sepúlveda, salga de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

México D. F., a 17 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.—

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente salida:

Que el diputado Sergio García Sepúlveda sale de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, de la que es integrante.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

México D. F., a 16 de abril de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benaviedes, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

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(COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA RELATIVA A LA DIPUTADA ALICIA CONCEPCION RICALDE MAGAÑA, INSERTESE)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

Que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, entre como integrante en la Comisión de Reforma Agraria, para ocupar un lugar vacante del grupo parlamentario del PAN.

Palacio Legislativo, a 17 de abril de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

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(Da lectura al oficio del congreso del estado de Guanajuato, con el que remite la iniciativa que adiciona un segundo párrafo al artículo 154 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Congreso del Estado de Guanajuato.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.— Presentes.

Para los efectos conducentes, anexo al presente las consideraciones del dictamen y la iniciativa de decreto aprobada por la LVIII Legislatura constitucional del Estado, en sesión extraordinaria, celebrada en esta fecha, mediante la cual se adiciona un segundo párrafo al artículo 154, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, asimismo, se adiciona un segundo párrafo al artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Aprovecho la ocasión, para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.

Guanajuato, Guanajuato, a 19 de marzo del 2002.— Diputado Juan Antonio de León Torres.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Honorable Congreso del Estado de Guanajuato.

La honorable LVIII Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, presenta la siguiente

Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 154, recorriéndose en su orden los demás párrafos, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue:

Los contribuyentes que enajenen inmuebles adquiridos antes del 1o. de enero del año 2002, considerarán como costo de la adquisición el valor mayor entre el valor de adquisición y el valor que arroje un avalúo practicado por perito valuador autorizado. El importe del avalúo será el valor referido a la fecha de adquisición. El pago provisional del Impuesto Sobre la Renta por enajenación de inmuebles que resulte, se considerará como pago definitivo de dicho impuesto por esta operación.

Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 12, recorriéndose en su orden los demás párrafos, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:

Tratándose de enajenaciones de bienes inmuebles la base gravable será el 40% del valor del precio pactado y consignado en la escritura pública o privada.

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Para los efectos de la fracción segunda del artículo 97 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, cuando el enajenante haya realizado inversiones en construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble y éstas consten en escritura pública autorizada, antes de la entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como costo el 80% del valor del avalúo que al efecto se practique por persona autorizada, referido a la fecha en que las mismas se hayan efectuado.

Cuando las inversiones no consten en escritura pública autorizada, antes de la entrada en vigor de la presente reforma, se considerará como costo de las mismas, el valor que se contenga en el aviso de terminación de obra. Las autoridades fiscales podrán ordenar, practicar o tomar en cuenta el avalúo de las inversiones por los conceptos mencionados, referidos a la fecha en que las construcciones, mejoras y ampliaciones del inmueble se hayan terminado. Cuando el valor del avalúo sea inferior en más de un 10% de la cantidad que contenga el aviso de terminación de obra, se considerará el monto del avalúo como costo de las inversiones.

Guanajuato, Guanajuato, a 19 de marzo del año 2002.— Diputados: Juan Antonio de León Torres, presidente; Karen Burstein Campos y Enrique Ortiz Rivas, secretarios.»

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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En el capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Rocha Díaz (PRI), que como no se encuentra en el salón pasa al final del capítulo de iniciativas.

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La iniciativa de Ley General de Archivos que iba a presentar el diputado Elías Martínez Rufino (PRD), nos han solicitado se posponga para una próxima sesión.

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Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Arévalo González (PVEM), que como no se encuentra en el salón pasa al fina de iniciativas la relativa a reformas al artículo 18 y otras adiciones.

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En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del PT, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME (PT): Con el permiso de la Presidencia.

"Ciudadanos Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión. P r e s e n t e .

"Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales bajo la siguiente exposición de motivos:

"Las elecciones de nuestro país representan un fenómeno político y jurídico continuo, por esta razón el perfeccionamiento del derecho electoral debe ser una actividad constante inevitable. Cada reforma ha respondido en su momento a un contexto político, social y económico específico. Sin embargo, sigue siendo un tema insoslayable contar con normas electorales que tengan una redacción clara y sencilla que permita el fácil cumplimiento por la sociedad. Existen ciertas referencias conceptuales, objetivas y subjetivas que dentro de la estructura lógica de la norma resultan imprecisas y dan lugares a errores en la interpretación.

"En primer término, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación dispone como un medio de notificación al correo certificado, siendo que la denominación correcta, según la Ley del Servicio Postal Mexicano es correspondencia registrada. De la misma forma planteamos la redefinición de la naturaleza del escrito de protesta, no como un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad ya que la interpretación realizada por el Tribunal Electoral Federal le ha quitado este carácter.

"Existe la necesidad de modificar el artículo 64 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para que los partidos políticos puedan ejercer su derecho de impugnación a la negativa de registro de un convenio de coalición por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

"Finalmente, el artículo 12 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en el inciso b) refiere como autoridades responsables a los partidos políticos. En el supuesto que dispone en el inciso e) del párrafo primero del artículo 81 planteamos la supresión de tal supuesto normativo, toda vez que al remitirnos al artículo 81 no contiene incisos y la referencia resulta incorrecta. Para mayor precisión nos permitimos exponer las siguientes consideraciones de los temas propuestos:

"a) Correo por pieza registrada. Los medios que establece la legislación electoral vigente para notificar los actos o resoluciones que se emitan, son los siguientes: en forma personal, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por estrado o incluso por fax. Sin embargo la expresión por correo certificado resulta desafortunada al no encontrar significado legal alguno y más bien han sido las prácticas consuetudinarias las que han determinado llamar así al correo por pieza registrada.

"De una revisión exhaustiva del Servicio Postal Mexicano se deriva que no existe una reforma de correspondencia que sea por correo certificado, siendo en su caso la denominación correcta servicio de acuse de recibo de envío o de correspondencia registrado.

"Lo anterior, según lo dispone el capítulo XIII del artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano que a la letra dice: El servicio de acuse de recibo de envío o de correspondencia registrado consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o representante legal y en entregar ese documento al remitente como constancia, buscando que nuestra legislación siente las bases para la utilización de una terminología correcta es que proponemos la modificación del término correo certificado por correspondencia registrada. Una norma jurídica imprecisa, inconsistente o incoherente en un en un sistema normativo, genera a su vez vicios en su aplicación, por lo que consideramos conveniente que la técnica legislativa se vea orientada a ganar en precisión conceptual.

"Inciso b) El escrito de protesta. Según lo disponen los artículos 41, 116 y muy particularmente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la prohibición de la autotutela y se determina la existencia de organismos jurisdiccionales que deben coadyuvar a la impartición de una justicia objetiva, eliminando los obstáculos que dificultan la función de los órganos jurisdiccionales o que entorpecen las relaciones entre éstos y los gobernados.

"Con la reforma electoral de 1996 se perfeccionó el Sistema de Medios de Impugnación, buscando que la legislación respondiera a los requerimientos de los actores políticos y que se cimentara en ellos una cultura de legalidad. Sin embargo, lo inédito de los acontecimientos electorales, las mismas necesidades de los partidos políticos, de la ciudadanía y el carácter especial de la materia electoral, demuestran que la reforma electoral está inconclusa, que siguen existiendo situaciones que deben corregidas y otras deben ser legisladas.

"Debemos decir que en la operación de los medios de impugnación se deben cubrir ciertos criterios de procedibilidad, de tal forma que el juicio de inconformidad determina su procedencia si se satisfacen los criterios cronológico, objetivo, subjetivo y formal.

"El cronológico se refiere a que este juicio sólo puede ser interpuesto en la etapa de resultados y declaración de validez dentro del proceso electoral, siendo el plazo de interposición de cuatro días.

"La procedibilidad objetiva se refiere a los actos que se impugnan, invocando las causales de nulidad.

"El criterio subjetivo tiene que ver con la legitimación activa de la causa y que en este particular corresponde a los partidos políticos.

"Finalmente el criterio formal alude a los requisitos adicionales y comunes que debe satisfacer el juicio de inconformidad y encontramos como un requisito excepcional la presentación del escrito de protesta.

"La disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, contiene un mandato no aplicable al considerar al escrito de protesta como un requisito sine qua non de procedibilidad del juicio de inconformidad.

"Cuando se condiciona la función de los órganos jurisdiccionales a la presentación de un escrito y se impide el acceso a la administración de justicia, se está violentando lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, desvirtuando con ello la finalidad que persigue el Sistema de Medios de Impugnación, de permitir el control de legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral.

"Debemos decir, sin embargo, que cuando el escrito de protesta aparece en la vida jurídica, se trataba de un recurso que podía en el acto mismo de su presentación modificar el acto que se impugnaba, pero por las razones que se han expuesto ha cambiado su naturaleza.

"Aunado a lo anterior debemos decir que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido la tesis de jurisprudencia, escrito de protesta; su exigibilidad como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Inciso c) Impugnación al convenio de coalición. Los medios de impugnación electoral evolucionaron y de tener un carácter administrativo y burocrático se convirtieron en auténticos procesos jurisdiccionales. El Sistema de Medios de Impugnación ofreció al promovente la garantía de resolver los conflictos a la luz de los principios de constitucionalidad y legalidad, determinando textualmente en el artículo 3º de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que el Sistema de Medios de Impugnación regulado por esta ley tiene por objeto garantizar:

"a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad.

"En el mismo tenor, el artículo 41, en la fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un Sistema de Medios de Impugnación en los términos que señala esta Constitución y la ley. De tal forma que los ordenamientos citados refieren que todos los actos de autoridad y órganos electorales son impugnables en estricta observancia a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Legislación Electoral Secundaria.

En consecuencia, de lo mencionado en el párrafo anterior resulta incongruente y desprovisto de contenido legal lo dispuesto en el Artículo 64 Numeral 3 del COFIPE , del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que en lo relativo al Convenio de Coalición determina.

El Consejo general resolverá antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos, según la elección de que se trate, su resolución será definitiva e inatacable, disposición que incluso el juzgador ha determinado inaplicable.

Con tal determinación se están vulnerando los derechos de los partidos políticos que conforman la Coalición Electoral al no permitir que una autoridad jurisdiccional revise la determinación del Consejo General para negar el registro a una coalición

La coalición se configura como una institución jurídica y como tal, la Legislación Electoral determina los lineamientos para su conformación y Participación dentro del proceso electoral.

En reiterados numerales del Código Electoral se precisa que la participación de las coaliciones dentro del proceso electoral es como si se tratara de un partido político, de tal forma que al momento de que se solicita el registro de un partido político la resolución que emita el Consejo General puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, si se trata de una coalición, tal potestad está restringida aún cuando s e le debe dar tratamiento como si se tratara de un partido político.

La reforma que se propone al Artículo 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es en el sentido de suprimir la determinación que califica la resolución del Consejo General del IFE como definitiva e inatacable pro ser violatoria de los principios del Derecho Electoral.

Inciso D) Partido Político como Autoridad Responsable. En el Artículo 12º Inciso B) de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación determina la posibilidad de que el partido político pueda adquirir el carácter de autoridad responsable, particularizando el caso del Artículo 81º Inciso E) párrafo primero del mismo ordenamiento.

Con la finalidad de precisar conceptualmente la categoría de autoridad responsable, debemos decir que se trata de quién realizó el acto o emitió la resolución que se impugna.

En tal sentido, los actos que emiten los partidos políticos no son objeto directo de impugnación y por tanto no tienen por ahora el carácter de autoridad responsable. Además el Artículo 12º del ordenamiento referido, no es coherente con el Sistema Jurídico Electoral ya que en los supuestos particulares de cada medio de impugnación no se contempla al partido político como autoridad responsable.

Debemos precisar que aún cuando los actos de los partidos políticos puedan someterse a la consideración de los órganos electorales, estos pueden recurrirse indirectamente a través de la impugnación de un acto de autoridad y aún cuando una revisión integral de la Legislación Electoral se llegara a la determinación de imponer el carácter de autoridad responsable a los partidos políticos por ahora y atendiendo a la técnica legislativa proponemos que en el Artículo 12º Inciso B) de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación precise únicamente que la autoridad responsable es quien haya realizado o emitido la resolución que se impugna porque el Artículo 81º Inciso E), párrafo 1º. Que se menciona en el texto aludido, no existe y por error se dejó consignada tal referencia en el Artículo 12º en comento.

Si nos remitimos al Artículo 81º de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral advertimos que tal numeral sólo cuenta con el párrafo 1 sin contener incisos.

La ausencia de coherencia de los Artículos 12º y 81º de la Legislación Electoral, se reprodujo en la publicación del Diario Oficial de la Federación con fecha 22 de Agosto de 1996 con los que se descarta la posibilidad de que se trate de un error involuntario la edición de esta Ley y por lo tanto amerita la supresión del texto por las consideraciones que se han expuesto.

Compañeras y compañeros Diputados, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71º Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la H. Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso b) del artículo 12; se adicione un párrafo sexto corriéndose en su orden al actual párrafo sexto y séptimo para pasar a ser párrafo séptimo y octavo, respectivamente, del artículo 14.

Se reforma el artículo 26 numeral 3; se reforma el artículo 29 numeral 1; se reforman los incisos b) y c) numeral 1 del artículo 39; se reforman los incisos a), b) y c) numeral 1 del artículo 48.

LA C. PRESIDENTA: Diputado, yo le rogaría… hemos tratado de que las iniciativas se presenten en diez minutos; en su caso le dimos los quince minutos pertinentes; está suficientemente expuesta la exposición de motivos y las razones, permítanos que se incluya el texto de su proposición en la Gaceta Parlamentaria de manera íntegra.

EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Esta iniciativa es presentada por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por nuestro coordinador Alberto Anaya Gutiérrez; vice coordinador José Narro y demás integrantes.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Publíquese de manera íntegra la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los debates.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presentes.

Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, por el digno conducto de ustedes la presente iniciativa con proyecto de decreto de Reformas y Adiciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente:

Las elecciones en nuestro país representan un fenómeno político y jurídico dinámico. Por esta razón el perfeccionamiento del derecho electoral debe ser una actividad constante e inevitable. Cada reforma ha respondido en su momento a un contexto político, social y económico específico. Sin embargo, sigue siendo un tema insoslayable contar con normas electorales que tengan una redacción clara y sencilla que permita el fácil cumplimiento por la sociedad.

Existen ciertas referencias conceptuales, objetivas y subjetivas que dentro de la estructura lógica de la norma, resultan imprecisas y dan lugar a errores en la interpretación. En primer término la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, dispone como un medio de notificación al "correo certificado", siendo que la denominación correcta según la Ley del Servicio Postal Mexicano es correspondencia registrada. De la misma forma planteamos la redefinición de la naturaleza del escrito de protesta, no como un requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, ya que la interpretación realizada por el Tribunal Electoral Federal le ha quitado ese carácter..

Existe la necesidad de modificar el artículo 64 numeral 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que los partidos políticos puedan ejercer su derecho de impugnación a la negativa de registro de un convenio de coalición por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Finalmente, el articulo 12 de la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en el inciso b refiere como autoridades responsables a los partidos políticos, en el supuesto que dispone en el inciso e del párrafo 1 del articulo 81, planteamos la supresión de tal supuesto normativo toda vez que al remitirnos al articulo 81, no contiene incisos y la referencia resulta incorrecta para mayor precisión nos permitimos exponer las siguientes consideraciones de los temas propuestos:

Los medios que establece la legislación electoral vigente para notificar los actos o resoluciones que se emitan son los siguientes: en forma personal, por oficio, por correo certificado, por telegrama, por estrados o incluso por fax.

Sin embargo, la expresión por correo "certificado" resulta desafortunada al no encontrar significado legal alguno y más bien, han sido las prácticas consuetudinarias las que han determinado llamar así al correo por pieza registrada

Si acudimos al significado gramatical de la palabra "certificado", encontraremos que el diccionario de la Lengua Española lo define como "el documento que da constancia de una cosa". De tal forma, que podríamos entender en un primer momento que "correo certificado" atiende a la constatación de que la correspondencia fue entregada; sin precisar a quién, porque incluso pudo haber sido recibida por una persona distinta a su destinatario.

Sin embargo, la acepción de certificación, no corresponde a una constatación de veracidad de los documentos que se remiten en este mismo tenor, la enciclopedia jurídica Omeba determina que certificado es "el documento público o privado en que se asegura, afirma o da por cierta alguna cosa, y que con la firma y con el sello se establece la presunción legal de la veracidad de su contenido". Aludiendo a este significado, la expresión correo certificado, no tiene sustento alguno, ya que de ninguna forma se efectúa la certificación de los documentos que se remiten. Además, no existe el parangón para constatar la veracidad de los mismos. Por estas razones y debido, a la multiplicidad de interpretaciones que se pueden desprender, lo más conveniente es precisar jurídicamente la referencias conceptuales que integran la norma jurídica.

Más aún, de una revisión exhaustiva de la Ley del Servicio Postal Mexicano, se deriva que no existe una forma de correspondencia que sea por "correo certificado", siendo en su caso la denominación correcta "servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados". Lo anterior según lo dispone el capítulo XIII artículo 42 de la Ley del Servicio Postal Mexicano, que a la letra dice: "El servicio de acuse de recibo de envíos o de correspondencia registrados, consiste en recabar en un documento especial la firma de recepción del destinatario o de representante legal y en entregar ese documento al remitente como constancia...".

Buscando que nuestra legislación siente las bases para la utilización de una terminología correcta, es que proponemos la modificación del término "correo certificado" por "correspondencia registrada". Una norma jurídica imprecisa, inconsistente o incoherente en un sistema normativo, genera a su vez, vicios en su aplicación, por lo que consideramos conveniente que la técnica legislativa se vea orientada a ganar en precisión conceptual.

Según lo disponen los artículos 41, 116 y muy particularmente el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagra la prohibición de la autotutela y se determina la existencia de organismos jurisdiccionales que deben coadyuvar a la impartición de una justicia objetiva, eliminando los obstáculos que dificultan la función de los órganos jurisdiccionales o que entorpecen las relaciones entre éstos y los gobernados.

Con la reforma electoral de 1996, se perfeccionó el Sistema de Medios de Impugnación, buscando que la legislación respondiera a los requerimientos de los actores políticos y que se cimentara en ellos una cultura de legalidad. Sin embargo, lo inédito de los acontecimientos electorales, las mismas necesidades de partidos políticos, de la ciudadanía y el carácter especial de la materia electoral, demuestran que la reforma electoral está inconclusa, que siguen existiendo situaciones que deben ser corregidas y otras deben ser legisladas.

Debemos decir que en la operación de los medios de impugnación se deben cubrir ciertos criterios de procedibilidad; de tal forma que el Juicio de Inconformidad determina su procedencia si se satisfacen los criterios cronológico, objetivo, subjetivo y formal. El cronológico se refiere a que este juicio sólo puede ser interpuesto en la etapa de resultados y declaración de validez dentro del proceso electoral, siendo el plazo de interposición de cuatro días la procedibilidad objetiva se refiere a los actos que se impugnan invocando las causales de nulidad; el criterio subjetivo tiene que ver con la legitimación activa en la causa y que en este particular, corresponde a los partidos políticos. Finalmente, el criterio formal alude a los requisitos adicionales y comunes que debe satisfacer el Juicio de Inconformidad y encontramos como un requisito excepcional la presentación del escrito de protesta.

La disposición contenida en el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, contiene un mandato no aplicable, al considerar al escrito de protesta como requisito sine qua non de procedibilidad del Juicio de Inconformidad. Cuando se condiciona la función de los órganos jurisdiccionales a la presentación de un escrito y se impide el acceso a la administración de justicia, se está violentando lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Desvirtuando con ello, la finalidad que persigue el sistema de medios de impugnación, de permitir el control de legalidad y constitucionalidad de los actos y resoluciones en materia electoral. Debemos decir sin embargo, que cuando el escrito de protesta aparece en la vida jurídica, se trataba de un recurso que podía en el acto mismo de su presentación modificar el acto que se impugnaba, pero por las razones que se han expuesto ha cambiado su naturaleza.

Aunado lo anterior debemos decir, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido la tesis de jurisprudencia "Escrito de protesta, su exigibilidad como requisito de procedibilidad de los medios de impugnación en materia electoral, es violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Mediante tres juicios de revisión constitucional consecutivos que se sometieron a la consideración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se instauraron como medios de control constitucional, se determinó mediante tesis jurisprudencial que el escrito de protesta es violatorio a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, por lo que, el segundo párrafo del artículo 51 de la Ley General del Sistema de medios de Impugnación, que determina el carácter de requisito de procedibilidad del escrito de protesta, resulta incoherente con el sistema jurídico vigente.

Con las reformas a la legislación electoral y en particular la de 1996, que consolidó el establecimiento de un Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, se abre la posibilidad de dirimir los conflictos electorales, de una forma institucional, pacífica y dentro de la legalidad, sin tener que recurrir a las antiguas prácticas violentas que obligaban a los militantes y simpatizantes de un partido político, a denunciar el fraude electoral por la fuerza.

Los medios de impugnación electorales evolucionaron y de tener un carácter administrativo y burocrático, se convirtieron en auténticos procesos jurisdiccionales.

El Sistema de Medios de Impugnación, ofreció al promovente la garantía de. resolver los conflictos a la luz de los principios de constitucionalidad y legalidad, determinando textualmente en el artículo tercero de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que "El sistema de medios de impugnación regulado por esa ley tiene por objeto garantizar: a) Que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales, se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y legalidad...". En el mismo tenor, el artículo 41 en la fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, determina que "Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación, en los términos que señalen esta Constitución y la ley...".

De tal forma que los ordenamientos citados refieren que, los actos de autoridad y órganos electorales son impugnables, en estricta observancia a las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Legislación Electoral Secundaria.

En consecuencia, de lo mencionado en el párrafo anterior, resulta incongruente y desprovisto de contenido legal lo dispuesto en el artículo 64 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en lo relativo al convenio de coalición determina "El consejo general resolverá antes de que inicie el plazo para el registro de candidatos, según la elección de que se trate. Su resolución será definitiva e inatacable". Disposición que, incluso el juzgador ha determinado inaplicable.

Con tal determinación, se están vulnerando los derechos de los partidos políticos que conforman la coalición electoral, al no permitir que una autoridad jurisdiccional revise la determinación del consejo general para negar el registro a una coalición. La coalición se configura como una institución jurídica y como tal, la legislación electoral determina los lineamientos para su conformación y participación dentro del proceso electoral.

En reiterados numerales del Código Electoral, se precisa que la participación de las coaliciones dentro del proceso electoral.. es como si se tratara de un partido político. De tal forma, que al momento en que se solicita el registro de un partido político, la resolución que emite el consejo general puede ser recurrida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, si se trata dé una coalición tal potestad está restringida, aun cuando se le debe dar tratamiento como si se tratara de un partido político. La reforma que se propone al artículo 64 del Código Federal de Instituciones y Procedimiento Electorales, es en el sentido de suprimir la determinación que califica la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral como definitiva e inatacable, por ser violatoria de los principios del Derecho Electoral. Con ello se pretende dar auténtico sentido a la certeza que debe regir en todos los actos electorales, a la objetividad que no deje lugar a dudas en las determinaciones de órganos y autoridades, e indiscutiblemente a la legalidad y constitucionalidad, que implica que leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto por la Constitución Federal y en su caso, a las disposiciones legales aplicables.

El artículo 12 inciso b de la Ley General del Sistema de Medios del Impugnación, determina la posibilidad de que el partido político pueda adquirir el carácter de autoridad responsable, particularizando el caso del artículo 81 inciso e párrafo primero del mismo ordenamiento.

Con la finalidad de precisar conceptualmente la categoría de autoridad responsable, debemos decir, que se trata de quien realizó el acto o emitió la resolución que se impugna. En tal sentido, los actos que emiten los partidos políticos no son objeto directo de impugnación y por tanto no tienen por ahora, el carácter de autoridad responsable. Además, el artículo 12 del ordenamiento referido no es coherente con el sistema jurídico electoral, ya que en los supuesto particulares de cada medio de impugnación no se contempla al partido político como autoridad responsable.

Debemos precisar que aun cuando los actos de los partidos políticos pueden someterse a la consideración de los órganos electorales, éstos pueden recurrirse indirectamente a través de la impugnación de un acto de autoridad. Y aun cuando de una revisión integral de la legislación electoral, se llegara a la determinación de imponer el carácter de autoridad responsable a los partidos políticos, por ahora y atendiendo a la técnica legislativa, proponemos que el artículo 12 inciso b de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, precise únicamente que la autoridad responsable es quien haya realizado o emitido la resolución que se impugna, porque el artículo 81 inciso e párrafo primero que. se menciona en el texto aludido, no existe y por error se dejó consignada tal referencia en el artículo 12 en comento. Si nos remitimos al artículo 81 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, advertiremos que tal numeral solo cuenta con el párrafo uno, sin contener incisos.

La ausencia de coherencia de los artículo 12 y 81 de la legislación electoral, se reprodujo en la publicación del Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, con lo que se descarta la posibilidad de que se trate de un error involuntario la edición de la ley, y por lo tanto amerita la supresión del texto, por las consideraciones que se han expuesto.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso b del artículo 12; se adiciona un párrafo sexto corriéndose en su orden el actual párrafo sexto y séptimo para pasar a ser párrafo séptimo y octavo respectivamente del artículo 14; se reforma el artículo 26 numeral 3; se reforma el artículo 29 numeral 1; se reforman los incisos b y c numeral 1 del artículo 39; se reforman los incisos a, b y c numeral 1 del artículo 48; se reforma el numeral 2 del artículo 51; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 84; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 93 y se reforma el numeral 2 del artículo 106 todos ellos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se reforman los artículos 64 numeral 3 y 151 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

Artículo primero. Se reforma el inciso b del artículo 12; se adiciona un párrafo sexto corriéndose en su orden el actual párrafo sexto y séptimo para pasar a ser párrafo séptimo y octavo respectivamente del artículo 14; se reforma el artículo 26 numeral 3; se reforma el artículo 29 numeral 1; se reforman los incisos b y c numeral 1 del artículo 39; se reforman los incisos a, b y c numeral 1 del artículo 48; se reforma el numeral 2 del artículo 51; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 84; se reforma el inciso a numeral 2 del artículo 93 y se reforma el numeral 2 del artículo 106 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como siguen:

b) La autoridad responsable que haya realizado el acto o emitido la resolución que se impugna y

6. El escrito de protesta, solo podrá ser ofrecido y admitido como prueba en el juicio de inconformidad, cuando se pretenda probar las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de la ley, con excepción del supuesto contenido en el inciso b del mismo artículo.

3. Las notificaciones se podrán hacer personalmente, por estrados, por oficio, por correspondencia registrada o por telegrama, según se requiera para la eficacia del acto, la resolución o sentencia a notificar, salvo disposición expresa de esta ley.

1. La notificación por correo se hará por correspondencia registrada agregándose al expediente el acuse del recibo postal. La notificación por telegrama se hará enviándola por duplicado para que la oficina que la transmita devuelva el ejemplar sellado que se agregará al expediente. Exclusivamente en casos urgentes o extraordinarios y a juicio de quienes presidan los órganos competentes, las notificaciones que se ordenen podrán hacerse a través de fax y surtirán sus efectos a partir de que se tenga constancia de su recepción o se acuse de recibido.

b) Al órgano del instituto cuyo acto o resolución fue impugnado, se le hará por correspondencia registrada o por oficio al cual se le anexará copia de la resolución y

b) Al órgano del instituto que hubiere realizado el acto o dictado la resolución impugnada, por correspondencia registrada, por telegrama, personalmente oficio acompañando copia de la resolución y

c) A los terceros interesados por correspondencia registrada o por telegrama o personalmente.

2. No se requerirá de la presentación del escrito de protesta, como requisito de procedibilidad del juicio de inconformidad, cuando se hagan valer las causales de nulidad previstas en el artículo 75 de esta ley.

a) Al actor que promovió el juicio y en su caso, a los terceros interesados a mas tardar dentro de los dos días siguiente en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado domicilio ubicado en el Distrito Federal o en la ciudad sede de la sala competente. En cualquier otro caso, la notificación se hará por correspondencia registrada, por telegrama o por estrados y

2. Las sentencias recaídas a los juicios de revisión constitucional electoral serán notificada:

a) Al actor que promovió el juicio y en su caso, a los terceros interesados, a mas tardar el día siguiente al en que se dictó la sentencia, personalmente siempre y cuando haya señalado domicilio ubicado en el Distrito Federal. En cualquier otro caso la notificación se hará por correspondencia registrada y

2. La sentencia se notificará a las partes personalmente o por correspondencia registrada si señalaron domicilio, en caso contrario se hará por estrados.

Artículo segundo. Se reforman los artículos 64 numeral 3 y 151 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como siguen:

3. El consejo general resolverá antes de que se inicie el plazo para el registro de candidatos, según la elección de que se trate.

7. La resolución recaída a la instancia administrativa para obtener la credencial o de rectificación, será notificada personalmente al ciudadano si éste comparece ante la oficina responsable de la inscripción o en su caso, por telegrama o correspondencia registrada.

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su Publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de abril de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila y Juan Carlos Regis Adamen.»

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Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Martínez Orta, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Él es del grupo parlamentario del PRI.

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II; 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 135 de nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente exposición de motivos:

Los antecedentes históricos del artículo 135 de nuestra Constitución Federal, tienen su origen en los artículos 5, 6 y 35 del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824. En los artículos 4, 5 y del 166 al 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, en donde se adoptó para el Gobierno de la Nación Mexicana la forma de república representativa, popular y federal, incorporándose como parte de la Federación a los Estados y territorios.

El contenido y espíritu del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene su origen en el artículo 127 de la Constitución Política de la República Mexicana que fue aprobado el 26 de noviembre de 1856 y sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857.

Cabe mencionar que el contenido del artículo 127 no apareció en el proyecto constitucional del primer jefe del Ejército Constitucionalista, don Venustiano Carranza; empero, este fue presentado el 16 de diciembre de 1916 por la Segunda Comisión del Congreso Constituyente como artículo 133.

Fue la noche del jueves 25 de enero de 1917 cuando el Congreso Constituyente, en la LXII sesión ordinaria, celebrada en el Teatro Iturbide designado recinto legislativo, sometió a discusión su contenido, el cual fue aprobado por unanimidad de 154 votos, tal y como obra en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente en la página 701.

Posteriormente, en el Diario Oficial, órgano de gobierno provisional de la República Mexicana de fecha 5 de febrero del mismo año, apareció publicado como Título Octavo de las reformas a la Constitución, artículo 135.

El 16 de diciembre de 1965, el texto del artículo 135 de nuestra Carta Magna fue materia de una reforma, cuando diputados integrantes de las Comisiones Unidas, primera y segunda de puntos constitucionales presentaron un dictamen para adicional el artículo en comento, a efecto de que en su caso la Comisión Permanente estuviera capacitada, desde el punto de vista legal y en forma expresa para realizar el cómputo de los votos de las legislaturas locales y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y reformas constitucionales de que se trate.

En consecuencia de lo antes vertido, resultó el texto actual, promulgado el día 11 de octubre de 1966 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966 y sobre el cual al día siguiente se publicaron aclaraciones, quedando de manera definitiva en los términos que actualmente tiene.

Ahora bien, en nuestro tiempo se han dado circunstancias que han creado suspicacias sobre si realmente la aprobación de las reformas a la Constitución encuentran su real dimensión en un federalismo y se ha cuestionado que en algunas legislaturas o congresos estatales son existen reglas específicas sobre la cantidad de votos necesarios para definir la aprobación o rechazo de las reformas a la constitución federal, como sucedió con la aprobación de la reforma a los artículos Segundo, Cuarto, 18 y 115 de nuestra Carta Magna en materia de derechos y culturas indígenas.

No olvidemos que los principios y los valores del federalismo son rectores de los cambios y de las transformaciones de la vida nacional, incluyendo desde luego las adiciones, reformas y evolución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En esta época de cambios en la que la tendencia es el fortalecimiento del federalismo para reformar la Constitución, no sólo es importante el voto aprobatorio de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso de la Unión, pues igualmente importante es el de las Legislaturas de los estados.

Recordemos que una de nuestras funciones como legisladores es la de ser los primeros intérpretes de la Constitución, por ende nuestra labor creadora es doblemente relevante, ya que no solamente actualizamos sus contenidos, sino que también de la claridad, certeza y calidad de nuestro trabajo legislativo depende la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales, los congresos de los estados, las autoridades administrativas y los profesionistas que sustentan su actividad en la aplicación de los preceptos constitucionales, de acuerdo a su ramo o profesión.

Por ende, en la reforma del estado debemos de subrayar la importancia de la participación activa de las legislaturas de los estados en el proceso legislativo constitucional federal, en torno a las adiciones y reformas de nuestra carta fundamental, pues por su pleno derecho forman parte del constituyente permanente.

Al respecto, en la actualidad para aprobar las reformas a la Constitución a saber, se dan los siguientes casos:

En cinco estados de la república se necesita la votación del 70% del total de los integrantes del Congreso; en 18, se necesita el voto de dos terceras partes del total de los..integrantes del Congreso, en dos el voto de dos terceras partes de los diputados asistentes a la sesión, en dos más la votación de la mitad mas uno del total de integrantes del Congreso y en cuatro, la votación de la mitad mas uno de los asistentes a la sesión. Como puede observarse, hay una diversidad de criterios para aprobar en los estados las adiciones o reformas a la Constitución.

Tomando en cuenta lo expuesto y fundado, y toda vez que las legislaturas de los estados son parte esencial de la vida constitucional de México, en términos del artículo 135, en el que está debidamente reconocida su participación en el proceso legislativo constitucional, a efecto de subrayar la importancia del voto aprobatorio de la mayoría calificada y de eliminar posibles cuestionamientos sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar las adiciones o reformas a nuestra Carta Magna, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 135: La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados, mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión correspondiente.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Artículos transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al entrar en vigor la presente adición, las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones a sus constituciones en un plazo que no podrá exceder de 180 días naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 18 días del mes de abril del 2002.

Solicito atentamente a la Presidencia, dada la naturaleza de la presente iniciativa, sea turnada ésta a las Comisiones de Puntos Constituciones y Reforma del Estado.

Firman la presente: el suscrito y los compañeros legisladores Hermilo Monroy Pérez, Rodolfo González Guzmán, Reyes Antonio Silva Beltrán, Juan Manuel Martínez Nava, José Gerardo de la Riva Pinal, Víctor Ochoa Camposeco, Elba Arrieta Pérez, Salvador Castañeda Saucedo.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 135 de nuestra Carta Magna, al tenor de la siguiente

Los antecedentes históricos del artículo 135 de nuestra Constitución Federal, tienen su origen en los artículos 5o., 6o., y 35 del acta constitutiva de la Federación mexicana, del 31 de enero de 1824; en los artículos 4o., 5o. y del 166 al 171 de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, en donde se adoptó para el Gobierno de la nación mexicana, la forma de república, representativa, popular y federal, incorporándose como parte de la federación a los estados y territorios.

El contenido y espíritu del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene su origen en el artículo 127 de la Constitución Política de la República Mexicana, que fue aprobado el 26 de noviembre de 1856 y sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857.

Cabe mencionar, que el contenido del artículo 127, no apareció en el, proyecto constitucional del primer jefe del Ejercito constitucionalista Don Venustiano Carranza, empero este fue presentado el 16 de diciembre de 1916, por la Segunda Comisión del Congreso Constituyente, como artículo 133. Fue la noche del jueves 25 de enero de 1917, cuando el Congreso Constituyente en la sexagésima segunda sesión ordinaria, celebrada en el Teatro Iturbide designado recinto legislativo, sometió a discusión su contenido, el cual fue aprobado por unanimidad de 154 votos, tal y como obra en el Diario de los Debates del Congreso Constituyente en la página 701. Posteriormente en el Diario Oficial, órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana de fecha 5 de febrero del mismo año, apareció publicado como "Titulo Octavo, de las reformas a la Constitución, artículo 135".

El 16 de diciembre de 1965, el texto del artículo 135 de nuestra Carta Magna, fue materia de una reforma; cuando diputados integrantes de las comisiones unidas Primera y Segunda de Puntos Constitucionales, presentaron un dictamen para adicionar el artículo en comento; a efecto de que en su caso, la Comisión Permanente estuviera capacitada desde el punto de vista legal y en forma expresa, para realizar el cómputo de los votos de las legislaturas locales y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones y reformas constitucionales de que se trate. En consecuencia de lo antes vertido, resultó el texto actual, promulgado el día 11 de octubre de 1966 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de octubre de 1966; y sobre el cual, al día siguiente, se publicaron aclaraciones, quedando de manera definitiva en los términos que actualmente tiene..

Ahora bien, en nuestros tiempos se han dado circunstancias que han, creado suspicacias sobre si realmente la aprobación de reformas a la Constitución, encuentran su real dimensión en un federalismo y se ha cuestionado que en algunas legislaturas o congresos estatales no existen reglas especificas sobre la cantidad de votos necesarios para definir la aprobación o rechazo de las reformas a la Constitución Federal, como sucedió con la aprobación de las reformas a los artículos 2o., 4o., 18, y 115 de nuestra Carta Magna, en materia de derechos y culturas indígenas.

No olvidemos que los principios y los valores del Federalismo, son rectores de los cambios y de las transformaciones de la vida nacional, incluyendo desde luego, las adiciones, reformas y evolución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta época de cambios, en la que la tendencia es el fortalecimiento del federalismo, para reformar la Constitución, no solo es importante el voto aprobatorio de la mayoría calificada de los integrantes del Congreso de la Unión, pues igualmente importante es el de las legislaturas de los estados.

Recordemos que una de nuestras funciones como legisladores es la de ser los primeros interpretes de la Constitución, por ende, nuestra labor creadora es doblemente relevante, ya que no solamente actualizamos sus contenidos, sino que también de la claridad, certeza y calidad de nuestro trabajo legislativo, depende la interpretación que hagan los órganos jurisdiccionales, los congresos de los estados, las autoridades administrativas y los profesionistas que sustentan su actividad en la aplicación de los preceptos constitucionales, de acuerdo a su ramo profesión..

Por ende, en la reforma del Estado debemos de subrayar la importancia de la participación activa de las legislaturas de los estados, en el proceso legislativo Constitucional Federal, en torno a las adiciones y reformas de nuestra Carta Fundamental, pues por su pleno derecho forman parte del Constituyente Permanente.

Al respecto, en la actualidad para aprobar las reformas a la Constitución a saber, se dan los siguientes casos: en cinco estados de la República, se necesita la votación del 70% del total de los integrantes del Congreso; en 18 se necesita el voto de dos terceras partes del total de los integrantes del Congreso; en dos el voto de dos terceras partes de los diputados locales asistentes a la sesión; en dos más, la votación de la mitad más uno del total de integrantes del Congreso; y en cuatro la votación de la mitad más uno de los asistentes a la sesión.

Como puede observarse, hay una diversidad de criterios para aprobar en los estados las adiciones o reformas a la Constitución.

Tomando en cuenta lo expuesto y fundado y toda vez que las legislaturas de los estados son parte esencial de la vida constitucional de México, en términos del artículo 135 en el que está debidamente reconocida su participación en el proceso legislativo constitucional, a efecto de subrayar la importancia del voto aprobatorio de la mayoría calificada y de eliminar posibles cuestionamientos sobre la cantidad de votos necesarios para aprobar las adiciones o reformas a nuestra Carta Magna, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto, de decreto, por el que se adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adiciona, el artículo 135 de la Constitución, Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:

Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados mediante el voto de las dos terceras partes de sus integrantes presentes en la sesión correspondiente.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Al entrar en vigor la presente adición, las legislaturas de los estados deberán realizar las adecuaciones a sus constituciones en un plazo que no podrá exceder de 180 días naturales.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 18 días del mes de abril del 2002.— Diputados: Hermilio Monroy Pérez, Rodolfo G. González Guzmán, Reyes Antonio Silva, Juan M. Martínez Nava, José Gerardo de la Riva Pinal, Víctor M. Ochoa Composeco, Elba Arrieta Pérez, Salvador Castañeda Salcedo.»

Túrnese la presente iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Especial para la Reforma del Estado.

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El diputado Diego Cobo Terrazas ha hecho llegar a esta Presidencia la iniciativa de reformas a los artículos 4º y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de medio ambiente. En tal virtud, se instruye a la Secretaría se publique en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y, dado el contenido de la iniciativa que contiene reformas al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al 102, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, Jose Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicásia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

Las autoridades encargadas de la administración pública no han abordado con la amplitud y profundidad debidas el tema de la Ecología, pareciendo ignorar por completo el desorden, la destrucción y las cuantiosas pérdidas materiales, y sobre todo las humanas, que han provocado la .presencia de diversos fenómenos ecológico-ambiéntales en nuestro país, y que de no anotarse en la agenda de asuntos importantes, ni atenderse como una de las principales prioridades, miles de mexicanos seguirán sufriendo esas o peores consecuencias.

Requieren de la misma atención de los asuntos políticos y económicos, la relativa a los asuntos ecológicos, en tanto que no sólo los recursos naturales se depredan a gran velocidad, sino que el grueso de la población mexicana se ve afectada en su salud y por otra parte no existe una respuesta oficial satisfactoria por parte del gobierno que colme esas necesidades que también son de primer orden.

Con la tala ilegal de nuestros bosques, la destrucción que han ocasionado los incendios forestales y los descuidos de nuestras selvas, se pierden anualmente 1 millón de hectáreas de patrimonio natural, reduciéndose a pasos agigantados el potencial de oxigenación que nos proporcionan, así como las posibilidades de vida de las generaciones futuras.

Por ello es indispensable que esta administración corrija su errónea apreciación de la política ambiental, donde contempla a los ecosistemas como asuntos secundarios en la estrategia del desarrollo económico y en su lugar, asuma con responsabilidad los compromisos adoptados en materia ecológica ante la comunidad internacional y respete los derechos humanos de tercera generación.

Así las cosas, proponemos la delineación de una nueva política en la que sea parte fundamental de la convivencia social, el medio ambiente, el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable; donde los derechos ambientales sean fundamentales en el respeto a la biodiversidad y al aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Los derechos humanos en relación con el medio ambiente, se han constituido en una de los principales herramientas de las naciones frente al deterioro ecológico que afecta al planeta en su conjunto. El, derecho a la paz, a un hábitat sano y equilibrado son otros ámbitos de los llamados derechos de tercera generación.

El derecho al desarrollo, que implica el mejoramiento del medio ambiente, el reconocimiento de la persona humana y el disponer de un hábitat sano y equilibrado, se reconoce como un derecho inalienable y que la igualdad de oportunidades para el desarrollo es una prerrogativa tanto de las naciones como de los individuos.

Con todo y la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al establecimiento de la garantía constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar hay una notable ausencia sobre la defensa, protección y atención de los derechos humanos relacionados con el mejoramiento del medio ambiente.

Por ello no se ha conseguido detener la diaria violación a los derechos humanos.

Ante esta compleja realidad ambiental el derecho; como instrumento normativo de la sociedad, juega un papel muy importante para la corrección y prevención de los fenómenos que han puesto a la humanidad en situación tan crítica.

Es necesario el reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado no sólo debe constituir la manifestación de que el elemento ambiental entre necesariamente en la definición del modelo de sociedad que deseamos, sino que también debe ampliar. la posibilidad de defensa del entorno mediante el acceso de las personas a los diversos mecanismos de defensa reconocidos por nuestro sistema jurídico. Por ello, las normas jurídicas internas, que tienen como finalidad la protección del entorno, no pueden basar su legitimación, únicamente, en y por la autoridad del sujeto que las promulgó, sino que también deben constituir instrumentos efectivos de defensa y desarrollo pleno de este derecho humano.

En este sentido, el reconocimiento constitucional actual no garantiza el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado adecuado para el desarrollo, salud y bienestar de la población y que reconozca, asimismo, el derecho de las personas para actuar en su defensa, constituye un aspecto prioritario para ser observado por los órganos del Estado mexicano y debe de tender al establecimiento claro, dentro de nuestro ordenamiento interno, de que el mismo constituye un interés jurídico que debe ser protegido, para traducirse en la incorporación de adecuados mecanismos de participación social en la toma de decisiones públicas, especialmente preventivas, que tiendan al mantenimiento del equilibrio ambiental que todos necesitamos y den las bases para la sustentabilidad ambiental del desarrollo nacional.

Asimismo, el establecimiento claro de este derecho en el cuerpo constitucional dará un sustento claro e incuestionable para su propia reglamentación, a través de la legislación secundaría, así como de las competencias de la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de protección al ambiente y la preservación del equilibrio ecológico, mismas que deberán ser ejercidas en beneficio de los titulares del derecho subjetivo público que se confiere.

Este Congreso tiene como función prioritaria, promulgar leyes que logren cumplir con los fines fundamentales de todos los estados que componen la República. El pueblo, soberano absoluto, a través del voto directo, deposita en ambas cámaras, toda su confianza para la promulgación de leyes en beneficio de todos los derechos de los mexicanos por igual.

Por ello; sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual sé reforman los artículos 4o. y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo primero. Se reforma el párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Toda persona tiene derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado que sea adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, expedirán leyes que, en el ámbito de las competencias que les reserva esta Constitución, garanticen este derecho y definan la forma y los términos en que las autoridades deberán asegurarlo, sin perjuicio de las acciones que las personas ejerciten para su defensa y protección.

Artículo segundo. Se adiciona un párrafo segundo al apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Además de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el párrafo anterior y las que las leyes le otorguen, tendrá la de conocer las quejas que se interpongan por violaciones a la garantía de un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de la persona.

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 18 de abril del 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arías, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esvedia Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Saiz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma, Lule Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

Tenga la Secretaría el documento de referencia. Y le agradezco al diputado Cobo la facilidad para continuar con esta sesión.

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En virtud de que el diputado Manuel Medellín ha llegado a este recinto, se le concede con mucho gusto el uso de la palabra para presentar una iniciativa a la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos.

El suscrito, miembro de la fracción del PRI a esta LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone la presente iniciativa de decreto que adiciona un capítulo XII y los artículos 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261 a la Ley Federal de Derecho en materia de Hidrocarburos al tenor de la siguiente:

El régimen fiscal al que están sujetos Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios debe ser modificado. Durante los últimos años y particularmente durante esta Legislatura muchas voces autorizadas han insistido en el tema de cambiar el esquema tributario de la industria petrolera estatal en virtud de que el diseño actual de sus impuestos presenta severos problemas y distorsiones y atenta contra la viabilidad de la industria más importante del país.

Así lo han afirmado en esta Cámara varios diputados de la Comisión de Energía, el Director de PEMEX, el Secretario de Energía y el de Hacienda en sus comparecencias; el Presidente de la República en discursos pronunciados en diversos foros, técnicos y funcionarios de los organismos productores, expertos nacionales y extranjeros, consultores de observadores de nuestro sector energético.

El 8 de agosto del año pasado el suscrito presentó una iniciativa de decreto para reformar diversas leyes federales, entre ellas las fiscales, buscando el fortalecimiento de PEMEX que fue turnada a las Comisiones de Hacienda y de Energía de esta Cámara sin que a la fecha haya sido dictaminada.

Sin embargo, aquella iniciativa y las declaraciones posteriores del Director de PEMEX, abrieron un debate público sobre el tema que ha sido recurrente durante los últimos ocho meses pero que no ha tenido resultados concretos en propuestas formales del Ejecutivo Federal ni en dictámenes de Legislativo.

En cambio, se ha dado lugar a que las dependencias y organismos de los sectores de energía y hacienda hayan intensificado sus estudios sobre el régimen tributario petrolero y se hayan producido innumerables papeles de trabajo y reuniones de análisis para ir afinando una propuesta viable.

La iniciativa que hoy presento ante este Honorable Congreso no es, de ninguna manera, producto de un trabajo individual ni de una creación del proponente.

Todo diseño impositivo supone el concurso de expertos. En este caso, el suscrito ha tenido acceso a diagnósticos y propuestas de asesores técnicos y funcionarios experimentados en la confección de normas tributarias y en particular en temas fiscales de la industria petrolera en varios países.

Es un sistema recaudatorio y confiscatorio que resultan impuestos que superan el total de los excedentes que genera la industria petrolera;

No deja margen para fondos de exploración y para la recomposición financiera de PEMEX;

No incentiva la productividad pues los ahorros que puede generar PEMEX no son para la empresa sino para el fisco;

Mantiene la petrolización de nuestros ingresos y no deja espacio para una tendencia ni siquiera marginal a reducir nuestra dependencia de los ingresos petroleros;

Es un diseño basado en la desconfianza al sistema contable y administrativo de PEMEX;

No permite justificar nuevos proyectos de inversión que se paguen con su propio flujo porque todos los remanentes se convierten en impuestos;

Varias operaciones de PEMEX y algunos campos del sector extractivo no son redituables con los impuestos vigentes y resultan subsidiados por los campos más productivos.

En esta iniciativa sólo se pretende rediseñar los derechos sobre hidrocarburos que representan casi la totalidad de los ingresos petroleros, pues los impuestos especiales gravan al consumidor y los impuestos sobre rendimientos prácticamente no existen.

Aunque los derechos sobre extracción son los más importantes, queda pendiente la revisión del impuesto a los rendimientos petroleros que debe ser similar al régimen de renta de las personas morales y en paralelo a lo que señala la Ley de Ingresos de la Federación vigente en la fracción IV de su artículo 7°.

Esta iniciativa complementa las presentadas por el suscrito el 8 de agosto y el 6 de diciembre de 2001. En parte sustituye algunos de los planteamientos previos en el ánimo de aproximarse a los criterios desarrollados por algunos expertos del Gobierno Federal, que poseen mayores elementos de trabajo que los legisladores y que en ciertos casos se desempeñan en áreas cercanas a la administración tributaria. La idea de impulsar esta modificación de mi propuesta anterior, es la de buscar acuerdos con las áreas responsables del gobierno y abrir mayores posibilidades de consenso con todos los diputados.

Primero, garantizar que el Estado Mexicano siga recibiendo ingresos altos por la actividad petrolera extractiva del orden de 170 mil millones por año; que no haya un costo fiscal inmediato y que nuestro subsuelo se mantenga como un pilar fundamental de la economía y las finanzas públicas, pero que gradualmente se despetrolice al fisco.

Dos. Que las entidades federativas del país compartan mejor los beneficios de la recaudación petrolera ordinaria y gocen de incrementos cuando sube el precio del petróleo en el mundo.

Tres. Darle viabilidad de largo plazo a PEMEX, haciendo más redituables los nuevos proyectos racionalizando la extracción al reducir cargas donde hay costos mayores, diferenciando tasas de crudo y gas y de producción actual, versus producción nueva.

Esta iniciativa que pongo a su consideración, dispone la aplicación de los derechos sobre hidrocarburos de la siguiente manera:

Establece un derecho ordinario sobre extracción de petróleo y gas natural, un derecho extraordinario sobre remanentes de operación en petróleo y gas y un derecho adicional que aplica cuando el petróleo tiene precios elevados.

El derecho ordinario para petróleo tiene una tasa de 55% sobre ingresos brutos para el primer millón de barriles diarios y otra de 40% también sobre ingresos brutos para los siguientes 1.9 millones de barriles diarios. Esto resulta en una tasa combinada del orden del 45%. Si la producción supera 2.9 millones de barriles por día, la tasa para el excedente será del 25%, esto es la tasa baja para lo que se denomina "petróleo nuevo" o petróleo adicional" por encima de la plataforma actual de producción.

Para liberar la carga en los pozos caros, que suelen ser los más pequeños, se exenta del derecho ordinario a los primeros 30 barriles diarios de cada pozo en producción. Esta medida produce un efecto similar al de mi propuesta del 6 de agosto pasado, de aplicar impuestos territorialmente diferenciados según los costos de cada campo, pero con la ventaja de que no se requiere de llevar contabilidades específicas para cada uno.

El derecho ordinario a la extracción de gas natural, funciona de manera similar con una tasa de 15% para los primeros 4 mil millones de pies cúbicos diarios, que baja al 10% para el gas nuevo que se produzca por encima de la plataforma actual. También se favorece a los pozos menores con una exención para los primeros 100 mil pies cúbicos diarios por pozo.

El derecho extraordinario sobre petróleo y gas que se propone, grava los ingresos netos después de costos, gastos e inversiones a una tasa del 70% que al igual que el derecho ordinario, guarda similitud con esquemas que se usan en casos comparables con el mexicano y por definición supone que parte de los remanentes se quedan en PEMEX. El efecto combinado de este derecho, más el derecho ordinario, se compara favorablemente con el esquema actual que grava con 61% los ingresos brutos y que sólo hace redituable a los pozos que producen a costos inferiores a 4 dólares por barril.

Por último, el denominado "derecho adicional" grava los ingresos por ventas de petróleo que se obtienen cuando el precio internacional supera los 18.5 dólares por barril, aplicando una tasa del 25% a estos ingresos adicionales. En el esquema vigente, la tasa es del 39% que se suma a la del 61% ya mencionada para dar un total de 100% de impuesto sobre lo que ingresa a PEMEX por encima de 15.5 dólares el barril. Este es el precio que se usó de referencia para el Presupuesto de la Federación de este año. No es raro que este precio se fije en términos muy conservadores, lo que siempre le da al fisco la gran ventaja de recibir ingresos no presupuestados y que además no comparte con estados y municipios.

Lo más trascendente de esta iniciativa, es que se incorpora a la recaudación participable el derecho extraordinario y el derecho adicional sobre hidrocarburos que habían sido sustraídos de ese fondo y escatimados a las entidades federativas.

En este año hemos visto cómo la caída de la recaudación de ingresos ordinarios de petróleo ha afectado a estados y municipios. Pero la recuperación del precio no les beneficia. Cuando el precio baja todos pagamos, cuando el precio sube sólo la Federación cobra. Hasta aquí lo sustantivo del régimen propuesto.

La iniciativa también precisa algunas cuestiones que deben advertirse: se establecen pagos provisionales mensuales a cuenta del derecho ordinario de petróleo, calculando su valor al precio promedio ponderado de las exportaciones en lo que haya transcurrido del ejercicio. También hay pagos provisionales a cuenta del derecho ordinario sobre extracción de gas calculando su valor al precio promedio de venta a terceros.

En el caso del petróleo se paga sobre el total de la extracción incluida la que se destina al autoconsumo y las mermas. En el gas se paga también sobre el total incluido el gas que se quema. Sólo se exenta el gas que se reinyecta para extraer crudo.

Para el derecho adicional también se fijan pagos trimestrales a cuenta y se prevé que los saldos a favor, que son probables por fluctuaciones del precio internacional se compensan contra otros derechos .

Las deducciones que se autorizan para el cálculo de ingresos netos, que son la base del derecho extraordinario son: todos los costos de explotación, los gastos de transporte y las inversiones en una parte anual de 20% para pozos de desarrollo y de 100% para pozos exploratorios. El derecho ordinario sobre ingresos brutos se considera como costo y también es deducible. No se podrán deducir los gastos financieros.

Como un candado de seguridad que pudiera eliminarse en el futuro si esta propuesta entra en vigor, se establece un tope a los deducibles en la extracción de petróleo hasta por un 26% de su valor total y en el caso del gas hasta por un 48% de su valor.

Se establecen fechas límites para las declaraciones anuales de PEMEX en cada derecho, un mes antes de lo que hoy señala la Ley de Ingresos. También se anticipan los pagos provisionales, pues obedecen a cálculos menos complicados.

Los pagos diarios y semanales que hoy están en la Ley de Ingresos, no se cuantifican en esta iniciativa pues es un dato que debe de seguir siendo materia de esa ley.

Los artículos transitorios se utilizan para fijar indicadores que ajustan anualmente los volúmenes de petróleo y gas que se tasan como producción vieja y arriba de los cuales se reduce el impuesto y las proporciones máximas respecto del valor total de los hidrocarburos que pueden considerarse como costos-gastos e inversiones deducibles.

En el último transitorio se dispone que en la segunda mitad de este ejercicio 2002, PEMEX ponga a prueba este nuevo régimen fiscal y lo compare con el régimen vigente. Este ejercicio comparativo se pondría a disposición de la Comisión de Hacienda de esta Cámara, para que lo revise, lo discuta con PEMEX, Hacienda y Energía y al final del año esté en condiciones de resolver si este diseño es el idóneo para los propósitos descritos, o debe ser adecuado antes de su entrada en vigor en enero de 2003.

En otras palabras compañeros diputados, éste es el momento indicado para que el Congreso de la Unión se decida a estudiar y decidir sobre un nuevo régimen fiscal para PEMEX, que se pueda poner a prueba seis meses. En este lapso PEMEX haría declaraciones virtuales en los términos de este decreto, en paralelo con la aplicación y pago de impuestos con el régimen vigente, para que en diciembre podamos comparar y proceder con certidumbre, a ratificar o modificar estos derechos petroleros que se proponen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Honorable Congreso de la Unión por conducto de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de Decreto que adiciona un capítulo décimo segundo y los artículos 254 a 261 en la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos .

Señora presidente, le ruego su turno a la Comisión de Hacienda y su anuncia para que esta iniciativa sea inscrita en sus términos en el Diario de los Debates y publicada el día de mañana en la Gaceta Parlamentaria.

Iniciativa de decreto que adiciona un Capítulo XII y los artículos 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261 a la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos, presentada por el diputado Manuel Medellín Milán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en la sesión del jueves 18 de abril de 2002.

El suscrito, diputado federal Manuel Medellín Milán, miembro de la fracción del PRI a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propone la presente iniciativa de decreto que adiciona un Capítulo XII y los artículos 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 26-1 a la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos, al tenor de la siguiente:

El régimen fiscal al que están sujetos Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios debe ser modificado. Durante los últimos años y particularmente durante esta legislatura, muchas voces autorizadas han insistido en el tema de cambiar el esquema tributario de la industria petrolera estatal en virtud de que el diseño actual de sus impuestos presenta severos problemas y distorsiones y atenta contra la viabilidad de la industria más importante del país. Así lo han afirmado en esta Cámara varios diputados de la Comisión de Energía; el director de Pemex, el secretario de Energía y el de Hacienda en sus comparecencias; el presidente de la República en discursos pronunciados en diversos foros; técnicos y funcionarios de los organismos productores; expertos nacionales y extranjeros; consultores y observadores de nuestro sector energético.

El 8 de agosto del año pasado, el suscrito presentó una iniciativa de decreto para reformar diversas leyes federales, entre ellas las fiscales, buscando el fortalecimiento de Pemex, que fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Energía de esta Cámara, sin que ala fecha haya sido dictaminada.

Sin embargo, aquella iniciativa y las declaraciones posteriores del director de Pemex abrieron un debate público sobre el tema, que ha sido recurrente durante los últimos ocho meses, pero que no ha tenido resultados concretos en propuestas formales del Ejecutivo Federal ni en dictámenes del legislativo. En cambio, sí ha dado lugar a que las dependencias y organismos de los sectores de energía y hacienda hayan intensificado sus estudios sobre el régimen tributario petrolero y se hayan producido innumerables papeles de trabajo y reuniones de análisis para ir afinando una propuesta viable.

La iniciativa que hoy presento ante este honorable Congreso no es, de ninguna manera, producto de un trabajo individual ni de una creación del proponente. Todo diseño impositivo supone el concurso de expertos. En este caso el suscrito ha tenido acceso a diagnósticos y propuestas de asesores, técnicos y funcionarios experimentados en la confección de normas tributarias y en particular, en temas fiscales de la industria petrolera de varios países.

1. Es un sistema recaudatorio y confiscatorio que resulta en impuestos que superan el total de los excedentes que genera la industria petrolera.

2. No deja margen para fondos de exploración ni para la recomposición financiera de Pemex.

3. No incentiva la productividad, pues los ahorros que puede generar Pemex no son para la empresa sino para el fisco.

4. Mantiene la petrolización de nuestros ingresos y no deja espacio para una tendencia, ni siguiera marginal, a reducir nuestra dependencia de los ingresos petroleros.

5. Es un diseño basado en la desconfianza al sistema contable y administrativo de Pemex.

6. No permite justificar nuevos proyectos de inversión que se paguen con su propio flujo, porque todos los remanentes se convierten en impuestos.

7. Varias operaciones de Pemex y algunos campos del sector extractivo no son redituables con los impuestos vigentes y resultan subsidiados por los campos más productivos.

En esta iniciativa sólo se pretende rediseñar los derechos sobre hidrocarburos, que representan casi la totalidad de los ingresos petroleros, pues los impuestos especiales gravan al consumidor y los impuestos sobre rendimientos prácticamente no existen. Aunque los derechos sobre extracción son los más importantes, queda pendiente la revisión del impuesto a los rendimientos petroleros, que debe ser similar al régimen de renta de las personas morales y en paralelo a lo que: señala la Ley de Ingresos de la Federación vigente en la fracción IV de su artículo 7o.

Esta iniciativa complementa las presentadas por el suscrito el 8 de agosto y el 6 de diciembre de 2001. En parte sustituye algunos de los planteamientos previos, en el ánimo de aproximarse a los criterios desarrollados por algunos expertos del Gobierno Federal que poseen mayores elementos de trabajo que los legisladores y que en ciertos casos se desempeñan en áreas cercanas a la administración tributaria. La idea de impulsar esta modificación de mi propuesta anterior es la de buscar acuerdos con las áreas responsables del gobierno y abrir mayores posibilidades de consenso con todos los diputados.

1) Garantizar que el Estado mexicano siga recibiendo ingresos altos por la actividad petrolera extractiva, del orden de 170 mil000 millones por año; que no haya un costo fiscal inmediato y que nuestro subsuelo se mantenga como un pilar fundamental de la economía y las finanzas públicas, pero que gradualmente se despetrolice el fisco.

2) Que las entidades federativas del país compartan mejor los beneficios de la recaudación petrolera ordinaria y gocen de incrementos cuando sube el precio del petróleo en el mundo.

3) Darle viabilidad de largo plazo a Pemex haciendo más redituables los nuevos proyectos, racionalizando la extracción al reducir cargas donde hay costos mayores; diferenciando tasas de crudo y gas y de producción actual vs producción nueva.

Esta iniciativa que pongo a su consideración dispone la aplicación de los derechos sobre hidrocarburos de la siguiente manera:

1. Establece un derecho ordinario sobre extracción de petróleo y gas natural, un derecho extraordinario sobre remanentes de operación en petróleo y gas y un derecho adicional que aplica cuando el petróleo tiene precios elevados.

2. El derecho ordinario para petróleo tiene una tasa de 55% sobre ingresos brutos para el primer millón de barriles diarios y otra tasa de 40%, también, sobre ingresos brutos para los siguientes 1.9 millones de barriles diarios. Esto resulta en una tasa combinada del orden del 45%. Si la producción supera 2.9 millones de barriles por día, la tasa para el excedente será del 25%. Esta es la

3. Para liberar la carga en los pozos caros, que suelen ser los más pequeños, se exenta del derecho ordinario a los primeros 30 barriles diarios de cada pozo en producción. Esta medida produce un efecto similar al de mi propuesta del 6 de agosto pasado, de aplicar impuestos territorialmente diferenciados, según los costos de cada campo, pero con la ventaja de que no se requiere de llevar contabilidades específicas para cada uno.

4. El derecho ordinario a la extracción de gas natural funciona de manera similar, con una tasa de 15% para los primeros 4 mil millones de pies cúbicos diarios, que baja al 10% para el "gas nuevo" que se produzca por encima de la plataforma actual. También se favorece a los pozos menores con una exención para los primeros 100 mil pies cúbicos diarios por pozo.

5. El derecho extraordinario sobre petróleo y gas que se propone, grava los ingresos netos después de costos, gastos e inversiones, a un tasa del 70%, que al igual que el derecho ordinario, guarda similitud con esquemas que se usan en casos comparables con el mexicano y por definición, supone que parte de los remanentes se quedan en Pemex. El efecto combinado de este derecho, más el derecho ordinario, se compara favorablemente con el esquema actual que grava con 61% los ingresos brutos y que sólo hace redituable a los pozos que producen a costos inferiores a 4 dólares por barril.

6. Por último, el denominado derecho adicional grava los ingresos por ventas de petróleo que se obtienen cuando el precio internacional supera los 18.5 dólares por barril, aplicando una tasa de 25% a estos ingresos adicionales. En el esquema vigente, esta tasa es del 39%, que se suma a la del 61% ya mencionada, para dar un total del 100% de impuesto sobre lo que ingresa a Pemex por encima de 15.5 dólares por barril, que es el precio que se usó de referencia para el Presupuesto de la Federación en este año. No es raro que este precio se fije en términos muy conservadores, lo que siempre le da al fisco la gran ventaja de recibir ingresos no presupuestados y que ademes no comparte con los estados y municipios.

7. Lo más trascendente de esta iniciativa es que se incorporan a la recaudación participable el derecho extraordinario y el derecho adicional sobre hidrocarburos, que habían sido sustraídos de ese fondo y escatimados a las entidades. Este año hemos visto cómo la reducción de ingresos ordinarios de petróleo ha afectado a estados y municipios, pero la recuperación del precio no les beneficia. Cuando el precio del petróleo baja, todos pagamos; cuando sube, sólo la Federación cobra.

Hasta aquí lo sustantivo del régimen propuesto. La iniciativa también precisa algunas cuestiones que deben advertirse:

1: Se establecen pagos provisionales mensuales a cuenta del derecho ordinario de petróleo, calculando su valor al precio promedio ponderado de las exportaciones en lo que haya transcurrido del ejercicio.

2. También hay pagos provisionales a cuenta del derecho ordinario sobre extracción de gas, calculando su valor al precio promedio de venta a terceros.

3. En el caso del petróleo se paga sobre el total de la extracción, incluida la que se destina al autoconsumo y las mermas. En el gas se paga también sobre el total, incluido el que se quema. Sólo se exenta el gas que se reinyecta para extraer crudo.

4. Para el derecho adicional también se fijan pagos trimestrales a cuenta y se prevé que los saldos a favor, que son probables por fluctuaciones del precio internacional, se compensan contra otros derechos.

5. Las deducciones que se autorizan para el cálculo de ingresos netos, que son la base del derecho extraordinario, son: todos los costos de explotación, los gastos de transporte y las inversiones en una parte anual de 20% para pozos de desarrollo y de 100% para pozos exploratorios. El derecho ordinario sobre ingresos brutos se considera como costo y también es deducible. No se podrán deducir los gastos financieros.

6. Como un candado de seguridad, que pudiera eliminarse en el futuro, si esta propuesta entra en vigor, se establece un tope a los deducibles en la extracción de petróleo hasta por el 26% de su valor total y en el caso del gas hasta por el 48% de su valor.

7. Se establecen fechas límites para las declaraciones anuales de Pemex en cada derecho, un mes antes de lo que señala hoy la Ley de Ingresos. También se anticipan los pagos provisionales pues obedecen a cálculos menos complicados.

8. Los pagos diarios y semanales que hoy están en la Ley de Ingresos no se cuantifican en esta iniciativa, pues es un dato que debe seguir siendo materia de esa ley.

9. Los artículos transitorios se utilizan para fijar indicadores que ajustan anualmente:

a) Los volúmenes de petróleo y gas que se tasan como producción vieja y arriba de los cuales se reduce el impuesto y

b) Las proporciones máximas respecto del valor total de los hidrocarburos que pueden considerarse como costos, gastos e inversiones deducibles.

10. En el último transitorio se dispone que, en la segunda mitad de este ejercicio 2002, Pemex ponga a prueba este nuevo régimen fiscal y lo compare con el régimen vigente. Este ejercicio comparativo se pondría a disposición de la Comisión de Hacienda de esta Cámara para que lo revise, lo discuta con Pemex, Hacienda y Energía y al final del año, esté en condiciones de resolver si este diseño es el idóneo para los propósitos descritos o debe ser adecuado antes de entrar en vigor, en enero de 2003.

En otras palabras, compañeros diputados, este es el momento indicado para que el Congreso de la Unión se decida a estudiar y decidir sobre un nuevo régimen fiscal para Pemex, que se pueda poner a prueba seis meses. En este lapso, Pemex haría declaraciones virtuales en los términos de este decreto, en paralelo con la aplicación y pago de impuestos con el régimen vigente, para que en diciembre podamos comparar y proceder con certidumbre a ratificar o modificar estos derechos petroleros que se proponen.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, por conducto de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto que adiciona un Capítulo XII y los artículos 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 y 261 a la Ley Federal de Derechos en Materia de Hidrocarburos.

Artículo único. Se adiciona un Capítulo XII y los artículos 254, 255, 256,257, 258, 259, 260 y 261 a la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue:

Artículo 254. La industria petrolera estatal pagará un derecho ordinario sobre hidrocarburos, conforme a lo siguiente:

I. El derecho se calculará aplicando las siguientes tasas al valor anual del petróleo crudo extraído:

a) La del 55% al valor de los primeros 365 millones de barriles de petróleo crudo extraído en el año.

b) La del 40% al valor del petróleo crudo extraído en volúmenes mayores a los primeros 365 millones de barriles y hasta la cantidad máxima de 1 mil 58.5 millones de barriles de petróleo crudo extraído.

c) La del 25% al valor del petróleo crudo extraído en el año que rebase la cantidad máxima señalada en el inciso anterior.

Para los efectos de esta fracción, estará exenta la extracción correspondiente a 30 barriles por día de explotación en cada pozo de petróleo crudo del cual se extraiga.

II. El derecho se calculará aplicando las siguientes tasas al valor anual de gas natural extraído:

a) La del 15% al valor del gas natural extraído que no rebase la cantidad máxima de 1'460,000 millones de pies cúbicos.

b) La del 10% al valor del gas natural extraído en el año que rebase la cantidad máxima señalada en el inciso anterior.

Para los efectos de esta fracción, estará exenta la extracción correspondiente a 100 mil pies cúbicos por día de explotación de cada pozo de gas natural no asociado del cual se extraiga, así como el gas extraído que se reinyecte para la producción de hidrocarburos.

El derecho ordinario a que se refiere este artículo será la suma de los resultados de las fracciones I y II del propio artículo.

El valor anual del petróleo se calculará al precio promedio ponderado del petróleo exportado y el valor anual del gas natural se calculará al precio promedio ponderado de las ventas a terceros.

Artículo 255. A cuenta del derecho a que se refiere la fracción I del artículo 254, se harán pagos provisionales mensuales dividiendo el total de barriles de petróleo crudo extraído desde el inicio del año y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, valuado al precio promedio ponderado por barril de petróleo crudo mexicano exportado en dicho período, entre el número de meses comprendido en dicho período y multiplicando el resultado por 12. Sobre la cantidad así obtenida se calculará el derecho considerando las tasas y límites previstos en la fracción I del propio artículo, debiendo dividir la cantidad así calculada entre 12 y multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos en el período al que corresponda el pago; la cantidad que resulte de estas operaciones será el. pago provisional del período. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho efectivamente realizados en los meses anteriores de dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar.

Artículo 256. A cuenta del derecho a que se refiere la fracción II del artículo 254, se harán pagos provisionales mensuales dividiendo el total del gas natural extraído desde el inicio del año y hasta el último día del mes al que corresponda el pago, valuado al precio promedio de venta a terceros que la unidad de gas natural haya tenido en el mismo período, entre el número de meses comprendido en dicho período y multiplicando el resultado por 12. Sobre la cantidad así obtenida se calculará el derecho considerando las tasas y límites previstos en la fracción II del propio artículo, debiendo dividir la cantidad así calculada entre 12 y multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos en el período al que corresponda el pago; la cantidad que resulte de estas operaciones será el pago provisional del período. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho efectivamente realizados en los meses anteriores de dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar.

Artículo 257. La industria petrolera pagará un derecho adicional sobre hidrocarburos, cuando en el año el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado exceda de 18.5 dólares de Estados Unidos de América, aplicando la tasa de 25% a los ingresos adicionales por dicho sobreprecio calculados sobre el total de las extracciones de petróleo crudo, incluidas las que se destinen al autoconsumo.

A cuenta del derecho se harán pagos provisionales trimestrales, aplicando al valor adicional del petróleo crudo extraído desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del trimestre al que corresponda el pago la tasa de 25%, considerando para ello el precio promedio ponderado del barril de petróleo crudo exportado en el mismo período, disminuido con el equivalente a 18.5 dólares. Al pago provisional así determinado, se le restarán los pagos provisionales de este derecho realizados en los trimestres anteriores de dicho ejercicio y la diferencia será el pago provisional a enterar.

Cuando el contribuyente tenga saldo a favor resultante del pago provisional trimestral, dicho saldo podrá compensarse contra el derecho ordinario sobre hidrocarburos que se deba pagar en los meses posteriores del mismo ejercicio.

Si resulta saldo a favor en el último trimestre del ejercicio, dicho saldo podrá compensarse contra el derecho ordinario sobré hidrocarburos a pagar determinado en la declaración anual del mismo ejercicio.

La recaudación anual que genere la aplicación del derecho a que se refiere este artículo, se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros o en su caso, a la reserva que lo sustituya.

Artículo 258. La industria petrolera estatal pagará un derecho extraordinaria sobre hidrocarburos, aplicando la tasa del 70% a la diferencia entre el valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año y las deducciones permitidas en este artículo.

Para la determinación de la base de este derecho, se podrán deducir las inversiones realizadas para la exploración, desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo o gas natural en cada ejercicio, en el 20% en pozos de desarrollo e infraestructura y en el 100% en pozos de exploración, referidos al monto original de la inversión. Dicho monto comprenderá además del precio de la misma; únicamente los impuestos al comercio exterior efectivamente pagados con motivo de tal inversión.

También será deducible el costo, considerándose como las erogaciones necesarias para la explotación de los yacimientos de petróleo crudo o gas natural de conformidad con los principios generales de contabilidad comúnmente aceptados. Los únicos gastos que se podrán disminuir serán los de transportación o entrega de los hidrocarburos, siempre que dichos gastos se encuentren incorporados en el precio de enajenación. Los costos y gastos se podrán disminuir cuando hayan sido efectivamente pagados en el período al que corresponda el pago.

No se considerarán costos, gastos o inversiones a que se refiere este artículo, los intereses de cualquier tipo a cargo del contribuyente.

Asimismo, será deducible para determinar la base de este derecho, el derecho ordinario sobre hidrocarburos efectivamente pagado en el período de que se trate.

En ningún caso, los costos, gastos e inversiones deducibles en el ejercicio relacionados con el petróleo crudo y gas natural extraídos, excederán del 26% del valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año.

Asimismo, en ningún caso, los costos, gastos e inversiones deducibles en el ejercicio relacionados con el gas natural no asociado extraído, excederán del 48% del valor anual del gas natural no asociado extraído en el año.

La parte deducible de los gastos, costos e inversiones que rebase los por cientos máximos de deducción en un año conforme a los párrafos anteriores, se podrá deducir en los tres ejercicios inmediatos posteriores, actualizada conforme al factor que se obtenga en los términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, sin que dicho monto junto con las deducciones del propio ejercicio exceda de los por cientos máximos deducibles para dichos años.

Artículo 259. A cuenta del derecho a que se refiere el artículo anterior, se harán pagos provisionales mensuales aplicando la tasa del 70% al valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el período comprendido desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes a que corresponda el pago, disminuyéndose de dicho valor los siguientes conceptos:

I. Los costos y gastos efectuados en el mismo período, sin que excedan de los por cientos máximos a que se refiere el artículo anterior.

II. La parte deducible del monto de la inversión, en la proporción que el número de meses comprendidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes del período al que corresponda el pago, representen en el total de meses comprendidos en el año.

III. El derecho ordinario sobre hidrocarburos efectivamente pagado en el mismo período.

Artículo 260. Para los efectos de este capítulo, se estará a lo siguiente:

Los derechos a que se refieren los artículos 254 y 257 se pagarán anualmente mediante declaración que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de febrero siguiente al ejercicio de que se trate. Tratándose del derecho extraordinario sobre hidrocarburos se pagará anualmente mediante declaración que se presentará a más tardar el último día hábil del mes de marzo siguiente al ejercicio de que se trate. Contra el monto que resulte a cargo de los contribuyentes, éstos podrán acreditar los pagos provisionales del mismo derecho efectuados en el ejercicio.

Los pagos provisionales de los derechos previstos en los artículos 254 y 259, se harán mediante declaración que se deberá presentar a más tardar el día 10 del segundo mes posterior a aquél al que corresponda el pago.

Los pagos provisionales trimestrales a que se refiere el artículo 257, se efectuarán mediante declaración que se deberá presentar a más tardar el último día hábil del segundo mes posterior al trimestre al que corresponda el pago.

Las declaraciones de los derechos a que se refiere el presente capítulo, se presentarán a través de medios electrónicos en la dirección de correo electrónico que señale el servicio de administración tributaria y el entero del derecho se realizará mediante transferencia ante la Tesorería de la Federación.

A cuenta de los pagos provisionales mensuales de los derechos a que se refieren los artículos 254 y 258 de esta ley, los contribuyentes efectuarán pagos diarios, incluyendo los días inhábiles, así como pagos semanales los cuales se efectuarán en el primer día hábil de cada semana. Los montos de los pagos diarios y semanales a que se refiere este párrafo, serán los que se determinen anualmente en la Ley de Ingresos de la Federación y se enterarán ante la Tesorería de la Federación.

Contra los pagos provisionales mensuales de los derechos que resulten a cargo de los contribuyentes, podrán acreditar los anticipos efectuados por el mes de que se trate en los términos del párrafo anterior.

Artículo 261. Para los efectos del artículo 20 de la Ley de Coordinación Fiscal, se considerará como recaudación federal participable el 80% de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos y por el derecho extraordinario sobre hidrocarburos, así como el 20% del derecho adicional sobre hidrocarburos, a que se refiere este capítulo.

Segundo. La cantidad máxima a que se refiere el inciso b del artículo 254 aplicará en el ejercicio 2003 y se modificará anualmente, multiplicando el factor de 0.88 por la cantidad máxima que se hubiere determinado en el año inmediato anterior.

Tercero. La cantidad máxima a que se refiere el inciso b de la fracción II del artículo 254, aplicará durante el ejercicio 2003 y se modificará anualmente, multiplicando el factor de 0.87 por la cantidad máxima que se hubiere determinado en el año inmediato anterior.

Cuarto. El por ciento señalado en el sexto párrafo del artículo 258 aplicará en el ejercicio 2003; para los años subsecuentes el por ciento será el monto resultante de multiplicar el por ciento máximo del año inmediato anterior por un factor de 1.06, sin que el por ciento resultante exceda del 36%.

Quinto. El por ciento señalado en el séptimo punto del artículo 258 aplicará en el ejercicio 2003; para los años subsecuentes el por ciento será el monto resultante de multiplicar el por ciento máximo del año inmediato anterior por un factor de 1.05, sin que el por ciento resultante exceda del 56%.

Sexto. A partir de la publicación de este decreto y en tanto entra en vigor, Petróleos Mexicanos desarrollará los sistemas y las acciones necesarias para calcular el monto de los derechos sobre hidrocarburos establecidos en el capítulo XII, durante dicho período y presentará ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados una comparación entre dichos cálculos y los impuestos similares a que está obligado según la Ley de Ingresos de la Federación vigente para el ejercicio 2002. Dicha Comisión, previo análisis comparativo de ambos regímenes, resolverá sobre la conveniencia de proponer una modificación a las disposiciones de ese capítulo o conservarlo en sus términos.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e insértese, en sus términos, en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

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Se concede el uso de la palabra al diputado Roberto Preciado Cuevas, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones para fortalecer la marina mercante nacional y la construcción naval mexicana.

Compañeros diputadas y diputados: una de las características del sistema marítimo nacional ha sido la desigualdad de trato respecto a las favorecidas navieras extranjeras, propiciando con ello que desde 1985 el sector marítimo mexicano iniciara su declinación pasando de esa época, en la que disponía de un millón 300 mil toneladas de peso muerto útiles para el transporte de carga, a casi 550 mil toneladas para el mismo uso en 2002, lo que representa una significativa reducción de nuestra capacidad de transporte marítimo.

Durante el período de casi 17 años y refiriéndonos únicamente al caso de cabotaje nacional de Petróleos Mexicanos, éste tuvo que arrendar permanentemente entre 8 y 12 embarcaciones mayores para transportar los hidrocarburos entre nuestros puertos, con renta variable, para cada uno de ellos, de aproximadamente 12 mil dólares diarios, sin considerar las embarcaciones dedicadas al transporte de gas licuado, lo que representó en términos de gasto por el servicio de arrendamiento aproximadamente 725 millones de dólares cantidad que, de haberse aplicado oportunamente a la construcción de nuestras embarcaciones, hubiésemos adquirido como inversión una flota de 15 buques de 30 mil toneladas de peso muerto, a precios de mercados actuales, o más de ellas por la variación de las ofertas que en el tiempo existieron.

Por otra parte, los efectos desfavorables de la ausencia de una política marítima en los últimos 14 años han originado la creación de diversos consejos consultivos para el fortalecimiento de la marina mercante, donde se han realizado estudios, análisis, propuestas e iniciativas que fueron presentadas en diversos foros nacionales, reuniones de consejo y las propias que se presentaron en esta Honorable Cámara de Diputados.

Además, se han revisado, se han adicionado y reformado leyes sin que hasta ahora se haya podido concretar para la marina mercante un plan que permita, en términos de economía, y no solamente un modo de transporte, fortalecer y reconocer su importancia en el comercio marítimo.

Por ello, manifiesto que es urgente y de obvia necesidad encontrar y aplicar los mecanismos técnicos, jurídicos y fiscales que permitan rehacer la capacidad de competitividad de la marina mercante, esa a la que debe aspirar una nación como la nuestra, que nos permita contar con una flota comercial propia, que pueda competir por el millonario flete marítimo en igualdad de condiciones con las navieras extranjeras y participar de la distribución y transporte equitativo de los volúmenes de carga, conforme los tratados existentes o que deberán de ser suscritos con los socios comerciales.

El valor del comercio exterior de México es una considerable oportunidad a disposición de los navieros y que en el año 2001 fue de casi 320 mil millones de dólares en este comercio, como se ha dicho en repetidas ocasiones. Más del 80% de mueve por vía marítima en tráfico de altura.

Dónde está México. Por qué, con nuestra capacidad de compra y generación de comercio internacional, dejamos la prosperidad que significa el flete marítimo, mayormente en embarcaciones de banderas ajenas a México, y excluimos de esta oportunidad a los mexicanos. No cabe duda que estamos en deuda con el sector marítimo mexicano.

Hemos atestiguado, en los diferentes puertos de la República, la ausencia de embarcaciones mexicanas al comercio nacional e internacional, pero igualmente la presencia de un sinnúmero de embarcaciones extranjeras de banderas panameñas, croatas, liberianas, coreanas, griegas y de otras que lo mismo se dedican al cabotaje de mineral en el Pacífico al transporte de hidrocarburos e importación de granos en ambos litorales.

El manejo de todo tipo de contenedores, así como también las numerosas embarcaciones menores que se dedican a las tareas de apoyo a la producción petrolera en el Golfo de México, esta presencia de embarcaciones mayores y menores multiplica y facilita la ocupación de mano de obra extranjera en su calidad de marinos, disminuyendo drásticamente la oportunidad que corresponde a los marinos mercantes mexicanos.

Este agravio laboral ha obligado a la permanente demanda de desarrollo de este sector, desarrollo que en repetidas ocasiones y de diferentes maneras han manifestado las organizaciones afectadas desafortunadamente la indiferencia de quienes debiendo fortalecer la Marina Mercante, lejos de hacerlo la debilitan en razón del número de embarcaciones extranjeras que permisiones para rentar, con lo cual perjudican grandemente la economía de nuestra nación.

"La ausencia de leyes de verdadero fomento de la Marina Mercante ha propiciado este caos y la renuencia en brindar el apoyo a los navieros nacionales para crear proyectos favorables de inversión en materia marítima, tanto como lo hemos sido para proteger generosamente aquellas otras naciones que se han fortalecido económicamente al poner a nuestro servicio las diferentes embarcaciones con sus banderas ajenas a México, navieras extranjeras las cuales por sus servicios de arrendamiento obtienen cantidades importantes de divisas, las cuales se han regateado a los nuestros de diferente manera, pero principalmente por la falta de una legislación adecuada al propósito de fortalecer este estratégico sector.

"¿Por qué les regateamos a los nuestros esta oportunidad que se da a los extranjeros?

"Esta honorable Legislatura es tanta la posibilidad de revertir los efectos perniciosos que han impedido el crecimiento de nuestra Marina Mercante, llegó el momento de consolidar las expectativas de desarrollo marítimo y sus muy conocidas potencialidades. Deberemos, en muy corto plazo compañeros, concretar estrategias que permitan a los navieros mexicanos tener certidumbre de los contratos de fletamento a mediano y largo plazo para participar en los fletes generados en México, particularmente aquellos que se refieran al cabotaje.

"En esta suerte de transporte marítimo e inversión de riesgo deberemos proponer dar prioridad de utilización a las embarcaciones propiedad de navieros que inviertan su capacidad en las adquisiciones de nuevas unidades y más aún a los armadores que inviertan y construyan sus embarcaciones en astilleros mexicanos, para los cuales el efecto multiplicador de fuentes de trabajo y desarrollo de empresas terminales de ensamble, como son los astilleros, deberán contar jurídicamente con prerrogativas que en condiciones de eficacia y razonable igualdad de condiciones prevalezcan sobre las embarcaciones de bandera extranjera.

"Existen paraestatales a las que deberemos de convocar para hacerles participar de nuestras intenciones, como son la Comisión Federal de Electricidad, el propio Pemex. En el caso del primero existe un flete marítimo cautivo de gran valor en dólares por el abasto de hidrocarburos a sus plantas termoeléctricas en distintas regiones de la nación, lo cual por igualdad nacional no es lo más recomendable y este es un flete en el que México casi no participa.

"En el caso de la segunda en materia de exportaciones todo lo tiene cedido a las embarcaciones extranjeras y parcialmente le corresponde al cabotaje en nuestros puertos nacionales. En lo que corresponde a las aproximadamente 160 embarcaciones menores que operan en la sonda de Campeche, 110 de ellas son extranjeras, arbolando banderas de distintas naciones y por las cuales, tomando en cuenta las variaciones frecuentes del valor de renta diaria, se fugan en divisas por el servicio de arrendamiento anualmente aproximadamente 250 millones de dólares o más, sin que demuestren las razones contundentes, además de las fiscales y jurídicas, por las cuales se continúe otorgando este flete que significa gasto.

"El comportamiento anterior en materia de arrendamiento justifica el propósito urgente de esta iniciativa para que impulsemos la reordenación de la política marítima de la nación y se pueda, así, interesar y hacer participar concretamente a los armadores mexicanos en el desarrollo de este sector, lo cual coadyuvaría a evitar la cuantiosa fuga de divisas y fortalecer nuestra economía.

"Equidad significa igualdad y para lo marítimo al menos deberá significar emparejar el campo de juego, donde mexicanos y extranjeros compiten pero al parecer nos hemos preocupado más por mantener nivelado el campo donde juegan los extranjeros, mientras la porción del campo donde compiten los mexicanos lo mantenemos áspero y desigual, y lo que es más: con las indefiniciones legales lo hacemos más abrupto aún con el fin al parecer de que siempre los extranjeros con las leyes actuales compitan con mayores ventajas sobre los nuestros.

"Este proceder no es entendible y deberemos, compañeros diputados y diputadas, para continuarla aplicando y que solamente dan ventajas competitivas a los navieros extranjeros, ventajas en las que sobresalen para los extranjeros las de carácter fiscal, pues el trato existente no es equitativo y más parece este trato estar encaminado a darle la puntilla a la Marina Mercante Mexicana, pues mientras en otras naciones existen incentivos que fortalecen a sus navieras, por el contrario, en el nuestro desde los años 80’s le fueron retirados los incentivos existentes para la construcción y reparaciones navales.

"Lo más desventajoso aún, es que mientras las embarcaciones que operan servicios de cabotaje en México, siendo de bandera mexicana con armador mexicano, pagan al fisco el 100 por ciento de impuestos; siendo de bandera extranjera con armador mexicano, pagan al fisco el 20 por ciento de impuestos; siendo de bandera extranjera con armador extranjero, pagan al fisco 0 por ciento de impuestos. Este afrentoso y desigual trato pareciese un plan premeditado para no alentar al armador mexicano y entregar así, en charola de plata, el rico flete marítimo a las banderas nacionales, acción perjuiciosa que solamente favorecerá directamente a los navieros extranjeros.

"Ha sido reclamo justificado de nuestra Marina, del sector marítimo de la nación y particularmente de las fuerzas de la Marina Mercante del país y sus familias, que se redireccione en el proyecto de nación lo correspondiente al fortalecimiento de la Marina Mercante.

"Los buques mexicanos pagan impuestos a México, mientras que los extranjeros no lo hacen. ¿Es justo contrastar la competitividad de unos contra los otros? A manera de ejemplo y sin ser un análisis puntual a la décima, pero con el propósito de sensibilizar la opinión de todos nosotros, expondré los siguientes números gruesos, mientras que seguramente nos pondrán a reflexionar respecto a las razones para las cuales se permitió y se continúa permitiendo el arrendamiento de embarcaciones, lo cual es una clara flagrancia a la economía de México, aclarando que de esto no son responsables los navieros extranjeros.

"Es posible que en su tiempo la hacienda pública estimó que el aplicar todo tipo de impuestos al negocio marítimo, recabaría grandes ingresos. Desafortunadamente esta política desmotivó la participación de algunos navieros, de los cuales unos se salieron del negocio marítimo y otros cambiaron de banderas.

"En el ejemplo asumiremos la existencia de una flota de 20 embarcaciones, con una nómina mensual por buque de 250 mil pesos, lo cual representa al año una erogación operativa de aproximadamente 60 millones de pesos, considerando 35 por ciento de impuestos al fisco, se enterarían aproximadamente 21 millones de pesos, lo que traducido en dólares sería anualmente una recaudación de aproximadamente 2.3 millones de dólares, pero esta cantidad no se entera porque no existe la cantidad de buques.

"Señores diputados y diputadas: Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que finalmente podamos concretar y hacer presente el comercio marítimo nacional e internacional a nuestra Marina Mercante Mexicana.

"En mi carácter de diputado de esta LVIII Legislatura, solicito atentamente a nuestra presidenta de la Mesa Directiva, turne para su análisis la presente iniciativa a las Comisiones correspondientes de Hacienda y Comunicaciones del Congreso de la Unión, igualmente que analice el Título Sexto de los Estímulos Fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para promover tanto la actividad del servicio de la Marina Mercante como las inversiones en equipos y unidades completas, entre otros. De igual forma, se analice lo conducente en la Ley de Ingresos de la Federación en sus apartados correspondientes.

"PROPUESTA
"Que en la Ley de Navegación y la Ley del Impuesto Sobre la Renta de la Federación, se hagan las adiciones a los artículos:

"Primero. Establecer y aplicar un esquema fiscal donde prevalezca la competitividad de la Marina Mercante Mexicana respecto a las embarcaciones de otras banderas que hacen comercio marítimo en México.

"Segundo. Establecer conforme a la ley la prioridad de uso que tendrán las embarcaciones de bandera nacional y armadores mexicanos sobre las de otras banderas y más aún las que se construyan en astilleros nacionales, producto de inversiones privadas, nacionales o mixtas.

"Tercero. Concretar, aplicar y respetar la ley correspondiente, para que el cabotaje en embarcaciones mayores y menores dedicadas al comercio marítimo mexicano en ambos litorales, dedicados al transporte de personas y otras cosas, se realice en embarcaciones de banderas mexicanas".

«Iniciativa de Fortalecimiento de la Marina Mercante Nacional y la Construcción Naval Mexicana

Con fundamento en la fracción II del articulo 71 y artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta Camara de Diputados la presente iniciativa de adición a la Ley de Navegación y Ley del Impuesto Sobre la Renta, de acuerdo a la siguiente

Una de las características del Sistema Marítimo Nacional, ha sido la desigualdad de trato, respecto a las favorecidas navieras extranjeras, propiciando con ello, que desde 1985, el sector marítimo mexicanos iniciará su declinación, pasando desde esa época, en la que disponía de 1 millón 300 mil toneladas de peso muerto útiles para el transporte de carga, a casi 550 mil toneladas para el mismo uso en 2002, lo que representa una significativa reducción de nuestra capacidad de transporte marítimo.

Durante el periodo de casi 17 años y refiriéndonos únicamente al caso del cabotaje nacional de Petróleos Mexicanos, éste tuvo que arrendar permanentemente entre ocho y 12 embarcaciones mayores, para transportar los hidrocarburos entre nuestros puertos, con renta variable para cada uno de ellos, de aproximadamente 12 mil dólares diarios, sin considerar, las embarcaciones dedicadas al transporte de gas licuado, lo que represento en términos de gasto, por el servicio de arrendamiento aproximadamente 725 millones de dólares. Cantidad que de haberse aplicado oportunamente a la construcción de nuestras embarcaciones, hubiésemos adquirido como inversión una flota de 15 buques de 30 mil TPM, a precios de mercado actuales, o más de ellas, por la variación de las ofertas que en el tiempo existieron.

Por otra parte, los efectos desfavorables de la ausencia de una política marítima en los últimos 14 años, han originado la creación de diversos consejos consultivos para el fortalecimiento de la Marina Mercante, donde se han realizado estudios, análisis, propuestas e iniciativas, que fueron presentadas en diversos foros nacionales, reuniones de consejo, y las propias que se presentaron en esta Cámara de Diputados. Además, se han revisado, adicionado y reformado leyes, sin que hasta. ahora, se haya podido concretar para la Marina Mercante, un plan que permita en términos de economía y no solamente como un modo de transporte, fortalecer y reconocer su importancia en el comercio marítimo.

Por, ello manifiesto, que es urgente y de obvia necesidad, encontrar y aplicar los mecanismos técnicos, jurídicos y fiscales, que permitan rehacer la capacidad de competitividad de la Marina Mercante, esa, a la que debe aspirar una nación como la nuestra. Que nos permita contar con una flota comercial propia, que pueda competir por el millonario flete marítimo en igualdad de condiciones con las navieras extranjeras y participar de la distribución y transporte equitativo de los volúmenes de carga, conforme los tratados existentes o que deberán ser suscritos con los socios comerciales.

El valor del comercio exterior de México: es una considerable oportunidad a disposición de los navieros y en el año 2001, fue de casi 320 mil millones de dólares, en este comercio como se ha dicho en repetidas ocasiones, más del 80% se mueve por vía marítima en trafico de altura -¿dónde esta México?, ¿porqué?-. Con nuestra capacidad de compra y generación de comercio internacional, dejamos la prosperidad que significa el flete marítimo, mayormente en embarcaciones de banderas ajenas a México y excluimos de esta oportunidad a los Mexicanos. No cabe duda, que estamos en deuda con este sector.

Hemos atestiguado en los diversos puertos de la República, la ausencia de embarcaciones mexicanas dedicadas al comercio nacional e internacional, pero igualmente, la presencia de un sin número de embarcaciones extranjeras de banderas panameñas, croatas, liberianas, coreanas, griegas y de otras, que lo mismo se dedican al cabotaje de mineral en el pacífico, al transporte de hidrocarburos e importación de granos en ambos litorales, al manejo de todo tipo de contenedores, así como también, las numerosas embarcaciones menores que se dedican a las tareas de apoyo a la producción petrolera en el Golfo de México. Esta presencia de embarcaciones mayores y menores, multiplica y facilita la ocupación de ¡a mano de obra extranjera en su calidad de marinos, disminuyendo drásticamente la oportunidad que corresponde a los marinos mexicanos.

Este agravio laboral, ha obligado la permanente demanda del desarrollo de este sector, desarrollo que en repetidas ocasiones y de diferentes maneras han manifestado las organizaciones afectadas, desafortunadamente la indiferencia de quienes debiendo fortalecer la marina mercante, lejos de hacerlo, la debilitan en razón del numero de embarcaciones extranjeras que permisiones para rentar. Con lo cual perjudican grandemente la economía de la nación.

La ausencia de leyes de verdadero fomento de la Marina Mercante, ha propiciado este caos y la renuencia en brindar el apoyo a los navieros nacionales, para crear proyectos favorables de inversión en materia marítima, tanto, como lo hemos sino para proteger generosamente, aquellas otras naciones que se han fortalecido económicamente, al poner a nuestro servicio, las diferentes embarcaciones con sus banderas ajenas a México, navieras extranjeras, las cuales por sus servicios de arrendamiento, obtienen cantidades importantes de divisas, las cuales se han regateado a los nuestros de diferente manera, pero principalmente por falta de una legislación adecuada al propósito de fortalecer este estratégico sector. ¿Porqué les regateamos a los nuestros esta oportunidad, que se da a los extranjeros?

Compañeras diputadas y diputados, ésta legislatura, esta ante la posibilidad de revertir los efectos perniciosos, que han impedido el crecimiento de nuestra Marina Mercante. Llego el momento de consolidar las expectativas de desarrollo marítimo y sus muy conocidas potencialidades.

Deberemos en muy corto plazo compañeros, concretar estrategias que permitan a los navieros mexicanos tener certidumbre de los contratos de fletamento a mediano y largo plazo, para participar en los fletes generados en México, particularmente aquellos que se refieren al cabotaje. En esta suerte de transporte marítimo e inversión de riesgo, deberemos proponer dar prioridad de utilización a las embarcaciones propiedad de navieros que invierten su capital en la adquisición de nuevas unidades y más aún, a los armadores que inviertan y construyan sus embarcaciones en astilleros mexicanos. Para los cuales, por el efecto multiplicador de fuentes de trabajo y desarrollo de empresas terminales de ensamble, como son los astilleros, deberán contar jurídicamente con prerrogativas que en condiciones de eficacia y razonable igualdad de condiciones, prevalezcan sobre las embarcaciones de bandera extranjera.

Existen paraestatales a las que deberemos de convocar, para hacerles participar de nuestras intenciones, como son la Comisión Federal de Electricidad y el propio. Pemex; en el caso del primero, existe un flete marítimo cautivo de gran valor en dólares, por el abasto de hidrocarburos a sus plantas termoeléctricas en distintas regiones de la nación, lo cual por seguridad nacional no es lo más recomendable y este es un flete en el que México casi no participa. En el caso de la segunda, en materia de exportación todo lo tiene cedido a las embarcaciones extranjeras y parcialmente lo correspondiente al cabotaje entre puertos nacionales.

En lo que corresponde a las aproximadamente 160 embarcaciones menores que operan en la sonda de Campeche, 110 de ellas son extranjeras, arbolando banderas de distintas naciones y por las cuales tomando en cuenta las variaciones frecuentes del valor de renta diaria, se fugan en divisas por el servicio de arrendamiento anualmente aproximadamente 250 millones de dólares o más. Sin que se demuestren las razones contundentes, además de las fiscales y jurídicas, por las cuales se continúo otorgando este flete que significa gasto. El comportamiento anterior en materia de arrendamiento, justifica el propósito urgente de esta iniciativa, para que impulsemos la reordenación de la política marítima de la nación y se pueda así, interesar y hacer participar concretamente a los armadores mexicanos en el desarrollo de este sector. Lo cual coadyuvaría ha evitar las cuantiosas fugas de divisas y fortalecer nuestra economía.

Equidad significa igualdad y para lo marítimo, al menos deberá significar emparejar el campo de juego, donde mexicanos y extranjeros compiten, pero al parecer, nos hemos preocupados más por mantener nivelado el campo donde juegan lo extranjeros, mientras la porción del campa donde compiten los mexicanos, lo mantenemos áspero y desigual, y lo que es más, con las indefiniciones legales lo hacemos más abrupto aún, con el fin al parecer, de que siempre los extranjeros con las leyes actuales compitan con mayores ventajas sobre lo nuestro. Este proceder no es entendible, y deberemos compañeros diputadas y diputados para esta importante industria, revertir esas políticas lesivas para la nación, que hasta hoy se continúan aplicando y que solamente dan ventajas competitivas a los navieros extranjeros.

Ventajas en las que sobresalen para los extranjeros las de carácter fiscal, pues el trato existente no es equitativo y más parece éste trato, estar encaminado a darle la puntilla a la Marina Mercante Mexicana, pues mientras que en otras naciones existen incentivos que fortalecen a sus navieras, por el contrario en el nuestro, desde los años ochenta le fueron retirados los incentivos existentes para la construcción y reparaciones navales.

Lo más desventajoso aun, es, que mientras las embarcaciones que operan servicio de cabotaje en México: -Siendo de bandera mexicana con armador mexicano pagan al fisco 100% de impuestos-.

-Siendo de bandera extranjera con armador extranjero pagan al fisco 0% de impuestos-.

Este afrentoso y desigual trato, pareciese un plan premeditado para no alentar al armador mexicano y entregar así, en charola de plata el rico flete marítimo a las banderas trasnacionales, acción perjuiciosa que solamente favorecerá directamente a los navieros extranjeros.

Ha sido reclamo justificado de sector marítimo de la nación y particularmente de las fuerzas de la Marina Mercante del país y sus familias, que se redireccione en el proyecto de nación, lo correspondiente al fortalecimiento de la Marina Mercante, para que, bajo un esquema fiscal y jurídicamente bien estructurado, se otorgue la oportunidad de invertir que merecen los navieros mexicanos, de manera que el arrendamiento con las fugas de divisas que son un gasto, se direccionen hacia la construcción de buques mexicanos que representa uní inversión. Bajo un esquema tal, que fortaleciere la economía nacional en lo general, y a las familias y clase marítima del país en lo particular.

Si bien se argumenta como justificación para no incrementar nuestra flota mercante, que los buques mexicanos son caros, no hemos. hecho absolutamente nada, para determinar con claridad si de verdad lo son, y de serlo, que deberemos hacer, para que dejen de serlo. Es por ello obligado y recomendable que las navieras del sector publico y privados determinen las causas que hacen al parecer caros sus buques, partiendo comparativamente del trato y apoyos diversos que las otras naciones que compiten dan a sus buques, para competir con éxito por el comercio marítimo internacional, e igualmente evitar al máximo, que buques con banderas de otras naciones, participen en su comercio marítimo de cabotaje.

Los buques mexicanos pagan impuestos a México, mientras que los extranjeros no lo hacen. ¿Es justo contrastar la competitividad de unos contra los otros?

A manera de ejemplo y sin ser un análisis puntual a la décima, pero con el propósito de sensibilizar la opinión de todos nosotros, expondré los siguientes números gruesos, mismos que seguramente nos pondrán a reflexionar, respecto a las razones por las cuales se permitió y se continua permitiendo el arrendamiento de embarcaciones, lo cual es una clara flagrancia a la economía de México, aclarando que de esto no son responsables los navieros extranjeros.

Es posible que en su tiempo, la hacienda publica estimo que al aplicar todo tipo de impuestos al negocio marítimo, recabaría grandes ingresos, desafortunadamente, esta política desmotivo la participación de algunos navieros, de los cuales. unos, se salieron del negocio marítimo y otras cambiaron de banderas.

En el ejemplo, asumiremos la existencia de una flota de 20 embarcaciones con una nomina mensual; por buque de 250 mil pesos lo cual representara al año una erogación operativa de aproximadamente 60 millones de pesos, considerando 35% de impuestos, al fisco se enterarían aproximadamente 21 millones de pesos, lo que traducido a USD, sería. anualmente una recaudación de aproximadamente 2.3 millones de dólares. Pero esta cantidad no se entera. por que no existe tal cantidad de buques, en cambio, se permite si, las fugas cuantiosas de divisas como se mencionaron anteriormente, asumiendo que la Hacienda Pública recibiera estos 2.3 millones de dólares, que no sucede, siempre sería una cantidad mucho menor, de lo que se eroga como gasto por el arrendamiento de embarcaciones. Desde el punto de vista fiscal y de fuerte fuga de divisas, señoras diputadas y diputados, considero que deberemos obligadamente estudiar, las razones e intereses por los cuales no se han logrado cancelar del todo las tendencias del arrendamiento, para que esta practica, venga a favor de los mexicanos dedicados a esta activada de comercio.

Señoras diputadas y diputados, hagamos nuestro mejor esfuerzo, para que finalmente podamos concretar y hacer presente en el comercio marítimo nacional e internacional a nuestra Marina Mercante Mexicana.

En mi carácter de diputado de esta LVIII Legislatura, solicito atentamente al Presidente de esta Mesa Directiva. Turne para su análisis la presente iniciativa a las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión, igualmente analicen el Título Sexto de los estímulos fiscales de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para promover tanto la actividad del servicio de la Marina Mercante como las inversiones en .equipos y unidades completas entre otros. De igual forma se analice lo conducente a la Ley de Ingresos de la Federación en su apartado correspondiente

Que en la Ley de Navegación y Ley del Impuesto Sobre la Renta de la Federación, se hagan las adiciones pertinentes para:

Primero. Establecer y aplicar un esquema fiscal, donde prevalezca la competitividad de la Marina Mercante Mexicana, respecto a las embarcaciones de otras banderas, que hacen comercio marítimo en México.

Segundo. Establecer conforme a la ley, la prioridad de uso que tendrán las embarcaciones de bandera nacional y armadores mexicanos, sobre las de otras banderas y más aún, las que se construyan en astilleros nacionales, producto de inversiones privadas nacional o mixtas.

Tercero. Concretar, aplicar y respetar la ley correspondiente, para que el cabotaje en embarcaciones mayores y menores dedicadas al comercio marítimo mexicano en ambos litorales, dedicados al transporte de personas y cosas, se realice en embarcaciones de bandera mexicana.

Cuarto. Instituir convenientemente un esquema fiscal que permita reactivar los astilleros de la industria naval, para alcanzar y ofrecer un marco de competencia en la Construcción Naval de México.

Túrnese la presente iniciativa a las Comisiones de Comunicaciones y Hacienda y Crédito Público.

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Tiene la palabra el diputado Jorge Chávez Presa, para presentar una iniciativa.

En virtud de que no se encuentra en el salón, pasa al término de la presentación de iniciativas.

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Se ha incorporado al Salón de Sesiones el diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, y se le ofrece el uso de la palabra para presentar iniciativa que reforma el artículo 18 y adiciona el artículo 140 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para regular la utilización de vías y espacios públicos en relación a movilizaciones, marchas, etcétera.

Nos ha informado el diputado Salvador Rocha Díaz, que solicita se posponga para próxima sesión, la iniciativa de adiciones al artículo 3º del Código Fiscal de la Federación.

Antes le ruego a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ.: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el Sistema registra la asistencia de 444 ciudadanos Diputados.

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-EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados: En el contexto contemporáneo, los grupos organizados han hecho de las movilizaciones, marchas y plantones su forma de manifestación y de hacer política utilizándolas como un medio que persigue y en muchos casos logra la satisfacción de sus demandas por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, lo que en esencia es el ejercicio de un derecho constitucional, se ha transformado de manera negativa en una práctica reiterada y como medio de presión y expresión en la mayoría de los casos se desarrolla en una forma anárquica, lo que pone en riesgo la integridad de los individuos pertenecientes al grupo manifestante y a terceros, a quienes además se les afecta de manera continua en su desplazamiento normal por la ciudad de México hacia sus actividades laborales, escolares u otras.

También afecta a los servicios de emergencia e impacta en forma directa al medio ambiente al constituirse percusora de la generación de mayor número de contaminantes como ozono, partículas suspendidas, monóxido de carbono y basura, entre otros

Por ello, no es grato que grupos de individuos con el pretexto del goce de las garantías individuales de manifestación de ideas, derecho a asociación y libre tránsito consagrados en los Artículos 6º, 9º y 11º Constitucionales respectivamente, sitúen a los habitantes de esta ciudad como rehenes de minorías que con derecho o sin él, atropellan y transgreden a terceros abusando de estos derechos individuales.

Consecuentemente surge el debate en la propia ciudad de México sobre la necesidad de regular las movilizaciones, marchas y plantones efectuándose para tal efecto un sinfín de encuestas tanto por los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación.

Los que suscribimos planteamos la necesidad imperiosa de regular tales movimientos sociales , toda vez que al recordar que uno de los principios referentes al Estado es la no concepción del mismo como un ente misterioso que existe en sí, por sí con una finalidad propia y dotada con el poder de dictar e imponer el derecho, si no es un fenómeno social consistente en la participación conjunta por medio de la representación política tanto de mayorías como de minorías, que dicte e impone el ordenamiento jurídico que regirá la conducta de todos los hombres que como grupo viven en una comunidad política sobre un territorio determinado.

En otras palabras, regirá en condiciones de justicia tanto a las mayorías como a las minorías.

Bajo esta premisa, es preciso contar con una ley que regule y dé equilibrio a los derechos de los manifestantes y de la sociedad, que como tercero se ubica aleatoriamente en situaciones determinadas por un grupo que los afecta sobre la independencia de su voluntad.

En este orden de ideas, consideramos que es legal y legítimo regular las movilizaciones, marchas y plantones, siempre y cuando se garantice el ejercicio de los derechos consagrados en el texto Constitucional y las restricciones en ningún momento y bajo ninguna circunstancia o razón, serán mayores a las limitaciones expresamente señaladas en la Constitución.

Por tanto, no existe necesidad alguna de reformar o adicionar los artículos 6 y 9 constitucionales o alguno otro de ellos para poder reglamentar el desarrollo de las movilizaciones, marchas y plantones. Del anterior planteamiento, surge la inquietud de saber qué órgano es competente para emitir la ley que norme las movilizaciones, marchas y plantones en la ciudad de México.

Con base en principios de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado Federal técnicamente le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes reglamentarias de artículos expresos de la propia Constitución; esto es así porque debemos atender la conformación y la naturaleza jurídica del Distrito Federal, misma que difiere con la de las entidades federativas en cuanto que no cuenta con una constitución propia y depende en ciertos casos del Gobierno Federal.

En el caso que nos ocupa, es del Congreso de la Unión, es necesario explicar los antecedentes de la conformación del Distrito Federal a efecto de estar en posibilidades de especificar plenamente la presentación de esta iniciativa, reforma y adiciones al estatuto de Gobierno del Distrito Federal y su importancia en la regulación del problema planteado de las movilizaciones, marchas y plantones de esta ciudad de México.

Constitucionalmente, la ciudad de México es el Distrito Federal; la capital de la República; el asiento de los poderes federales; con una naturaleza diferente a las entidades federativas; es decir, fue concebido por el constituyente como una demarcación territorial en la que existía una injerencia directa sobre su gobierno y soberanía de los poderes de la Unión. Esto fue así por la doctrina que prevaleció en esa época al referirse que tratándose de un Estado Federal existen en él dos ámbitos de competencia: el federal y el local.

Las funciones del Gobierno son ejercidas por los órganos creados para ese efecto. En el caso de los poderes locales no existe problema pues se sitúa en el territorio mismo de la entidad; sin embargo, los órganos federales que realizan las funciones gubernamentales no pueden tener su ubicación en el territorio de alguna entidad federativa pues de lo contrario existirían dos grupos de gobierno en un solo lugar.

A esta circunscripción se le denominó Distrito Federal y carecía de toda influencia o jerarquía por parte de las entidades federativas, precisamente para que no coexistiera en el ámbito federal y en el local en una sola circunscripción y que los poderes federales se vieran sometidos a ninguna jurisdicción local o interferidos a las tareas y responsabilidades que les confiere a los poderes federales.

En la confección de nuestras leyes fundamentales de 1824, 1857 y 1917, uno de los debates que tuvieron más controversia fue la de discutir el lugar de residencia de los poderes federales.

La existencia sobre los derechos políticos de los habitantes de la ciudad y el régimen de coexistencia entre los poderes federales y los poderes del Estado se estableció para el Gobierno del Distrito Federal un régimen municipal que contaba con un ayuntamiento de elección popular directo, pero en 1928 bajo la iniciativa de reforma presentada por el presidente de la república Álvaro Obregón, los legisladores integrantes del constituyente permanente llegaron a la conclusión de que el régimen municipal que se había adoptado para la ciudad de México no era funcional en virtud de que las principales acciones y programas para la ciudad eran decididas y ejecutadas por las autoridades federales y no por las municipales.

Además, de que debería asegurarse una tranquilidad para los poderes de la unión a fin de que no hubiera la posibilidad de que interfirieran las decisiones de las autoridades municipales con altas responsabilidades que tienen encomendadas tales poderes.

Por lo anterior, el constituyente permanente decidió que el gobierno para el Distrito Federal debería de funcionar de diferente manera, a los gobiernos de los estados de la república.

Es así, como el gobierno del Distrito Federal quedó integrado por autoridades a las que se les encomendó el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y judiciales, que son los actos inherentes a todo gobierno.

Destacamos que para el distrito Federal no se crearon poderes locales encargados de las funciones antes señaladas, sino que fue el propio gobierno federal quien se hizo cargo de manera directa o delegada de dichas funciones.

En el caso de la función legislativa quedó a cargo del H. Congreso de la Unión, por lo que éste adquirió una doble naturaleza, en la medida que estaba investido de facultades para expedir leyes para toda la república, al mismo tiempo, tenía la facultad para expedir leyes para el Distrito Federal, lo que significa que además en el Congreso de la Unión fue el congreso Local del Distrito Federal. Sin embargo, lo anterior, como bien lo sabemos, es en forma parcial, ya que el Distrito Federal sigue dependiendo del Congreso de la Unión, toda vez que éste tiene la facultad de legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea.

En este orden, podemos afirmar que la Asamblea Legislativo se rige bajo el principio de que las materias no estén expresamente concedidas por la Constitución Federal a la Asamblea Legislativa, se entienden reservadas a la federación.

En este caso, al Congreso de la Unión, jurídicamente el Congreso de la Unión pudo expedir el Estatuto de Gobierno por consecuencia puede reformar el mismo.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del Honorable congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, por el que se reforma el artículo 18 y se adiciona el artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo Único. Se reforma el artículo 18 y se adiciona un artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar en los siguientes términos.

Artículo 18. Son obligaciones de los habitantes, cumplir con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los de éste estatuto, así como de las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Contribuir a los gastos públicos de la federación y del Distrito Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos, ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes.

Conforme a las disposiciones legales que en materia expida la Asamblea Legislativa, las cuales deberán ceñirse estrictamente al respeto de las garantías individuales de reunión, asociación, manifestación y libre tránsito.

Artículo 140. La explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal serán regulados por los ordenamientos que expida la Asamblea Legislativa. En todos aquellos ordenamientos cuyo objeto sea regular la utilización de vías y espacios públicos, con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y plantones.

Las disposiciones legales quedarán restringidas a imponer sólo aquellas limitaciones establecidas en los propios preceptos constitucionales.

«Cámara de Diputados, LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión del Distrito Federal, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley

En el contexto contemporáneo los grupos organizados han hecho de las movilizaciones, marchas y plantones, su forma de manifestación y de hacer política, utilizándolas como un medio que persigue y en muchos casos, logra la satisfacción de sus demandas por las autoridades correspondientes

Sin embargo lo que en esencia es el ejercicio de un derecho constitucional, se ha transformado de manera negativa, en una práctica reiterada que como medio de presión y expresión, en la mayoría de los casos se desarrolla en una forma anárquica; lo que pone en riesgo la integridad de los individuos pertenecientes al grupo manifestante y a terceros, a quienes además se les afecta de manera continua en su desplazamiento normal por la Ciudad de México, hacía sus actividades laborales, escolares u otras; también afecta a los servicios de emergencia e impacta en forma directa la medio ambiente, al constituirse precursora de la generación de mayor número de contaminantes como: ozono, partículas suspendidas, monóxido de carbono y basura, entre otros.

Por ello, no es grato que grupos de individuos con el pretexto del goce de las garantías individuales de manifestación de ideas, derecho de asociación y libre tránsito, consagrados en los artículos 6o., 9o. y 11 constitucionales respectivamente, sitúen a los habitantes de esta ciudad como rehenes de minorías, que con derecho o sin él atropellan y transgreden a terceros, abusando de estos derechos individuales.

Consecuentemente surge el debate en la propia Ciudad de México sobre la necesidad de regular las movilizaciones, marchas y plantones, efectuándose para tal efecto un sin fin de encuestas, tanto por los partidos políticos, la sociedad civil y los medios de comunicación masiva.

Los que suscribimos, planteamos la necesidad imperiosa de regular tales movimientos sociales. Toda vez que al recordar que uno de los principios referentes al Estado es la no concepción del mismo como "un ente misterioso que existe en sí, por sí, con una finalidad propia y dotada con el poder de dictar e imponer el derecho". Sino es un fenómeno social consistente en la participación conjunta por medio de la representación política, tanto de mayorías como de las minorías (sistema democrático), que dicta e impone el ordenamiento jurídico que regirá la conducta de todos los hombres que como grupo viven en una comunidad política sobre un territorio determinado; en otras palabras, regirá en condiciones de justicia tanto a las mayorías y como a las minorías.

Bajo esta premisa es preciso contar con una ley que regule y dé equilibrio a los derechos de los manifestantes y de la sociedad que como tercero se ubica aleatoriamente en situaciones determinadas por un grupo que los afecta sobre la independencia de su voluntad.

En principio y como justificación a la afirmación del párrafo anterior, consistente en proponer una ley reguladora y no una reforma al texto constitucional, dado que si bien es cierto que nuestra ley fundamental prevé tal goce a ese derecho humano, como el derecho de manifestación de las ideas, el derecho de asociarse o reunirse previstos en los artículos 6o. y 9o. constitucionales; también lo es, que este disfrute no es liso y llano, sino que el propio poder constituyente limitó su ejercicio respecto al primero, a no atacar la moral; los derechos de tercero; provocar algún delito perturbar el orden público. Con referencia al segundo (artículo 9o. constitucional), acota esta garantía individual a que su goce debe ser pacíficamente con cualquier objeto lícito; en el caso que la Asamblea o reunión tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto de una autoridad la limita a que no se proliferen injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee y, desde luego, que no se trate de reunión armada.

En este orden de ideas consideramos que es legal y legítimo regular las movilizaciones, marchas y plantones, siempre y cuando se garantice el ejercicio de los derechos consagrados en el texto constitucional; y las restricciones en ningún momento y bajo ninguna circunstancia o razón, serán mayores a las limitaciones expresamente señaladas en la constitución. Por tanto, no existe necesidad alguna de reformar y/o adicionar los artículos 6o. y 9o. constitucionales, o algún otro de ellos, para poder reglamentar el desarrollo de las movilizaciones marchas y plantones.

Del anterior planteamiento surge la inquietud de saber qué órgano es competente para emitir la ley que norme las movilizaciones, marchas y plantones en la Ciudad de México; con base en principios de supremacía constitucional, la división de poderes y el Estado Federal, técnicamente le corresponde al Congreso de la Unión expedir las leyes reglamentarias de artículos expresos de la propia Constitución.

Esto es así, porque debemos atender a la conformación y naturaleza jurídica del Distrito Federal, misma que difiere con la de las entidades federativas, en cuanto que no cuenta con una Constitución propia y depende en ciertos casos del Gobierno Federal, en el caso que nos ocupa del Congreso de la Unión.

Es necesario explicar los antecedentes de la conformación del Distrito Federal a efecto de estar en posibilidad de justificar plenamente la presentación de esta iniciativa de reforma y adiciones al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y su importancia en la regulación del problema planteado de las movilizaciones, marchas y plantones de esta ciudad.

Constitucionalmente la Ciudad de México es el Distrito Federal, la capital de la República, el asiento de los poderes del Gobierno Federal, con una naturaleza diferente a las entidades federativas, es decir, fue concebido por el constituyente como una demarcación territorial en la que existía una injerencia directa sobre su Gobierno y soberanía de los poderes de la Unión.

Esto fue así por la doctrina que prevaleció en esa época al referirse que tratándose de un Estado Federal, existen en él dos ámbitos de competencia el Federal y el local, las funciones del Gobierno son ejercidas por órganos creados para ese efecto en el caso de los poderes locales, no existe problema, pues se sitúa en el territorio mismo de la entidad; sin embargo, los órganos federales que realizan las funciones gubernamentales no pueden tener su ubicación en el territorio de alguna entidad federativa, pues de lo contrario existiría dos núcleos de Gobierno en un sólo lugar.

Por esta razón y al existir en nuestro país un sistema federal desde 1824, se discutió que debería existir una demarcación territorial que sirva de asiento a los poderes federales, como se denomina más comúnmente a los órganos que realizan las funciones legislativas, Ejecutiva y Judicial. Esta circunscripción se le denominó Distrito Federal y carecía de toda influencia o jerarquía por parte de las entidades federativas, precisamente para que no coexistiera en el ámbito federal y en el local en una sola circunscripción y que los poderes federales se vieran sometidos a ninguna jurisdicción local, o interferidos en las altas tareas y responsabilidades que se les confiere a los poderes federales.

Todas estas razones dieron origen a la decisión a. que se creará el Distrito Federal, como espacio territorial en el cual tendrían su asiento los poderes de la Unión. Se decidió que el lugar de asiento de los poderes federales debía ser la propia Ciudad de México, por todas sus características e historia.

En la confección de nuestras leyes fundamentales de 1824, 1857 y 1917, uno de los debates que tuvieron más controversia fue la de discutir el lugar de residencia de los poderes federales; la existencia sobre los derechos políticos de los habitantes de la Ciudad y el régimen de coexistencia entre los poderes federales y los poderes del Estado.

En este estadio se estableció para el Gobierno del Distrito Federal, un régimen municipal que contaba con un ayuntamiento de elección popular directa. Pero en 1928 bajo la iniciativa de reforma presentada por el Presidente de la República, Álvaro Obregón, los legisladores integrantes del Constituyente Permanente, llegaron a la conclusión de que el régimen municipal que se había adoptado para la Ciudad de México no era funcional, en virtud de que las principales acciones y programas para la ciudad eran decididas y ejecutadas por las autoridades federales y no por las municipales, además de que debería asegurarse una tranquilidad para los poderes de la Unión, a fin de que no hubiera la posibilidad de que interfieran las decisiones de las autoridades municipales con las altas responsabilidades que tienen encomendadas tales poderes. Por lo anterior, el Constituyente Permanente decidió que el gobierno para el Distrito Federal debería funcionar de diferente manera a los gobiernos de los estados de la República.

Es así como el gobierno del Distrito Federal quedó integrado por autoridades a las que se les encomendó el cumplimiento de las funciones legislativas, administrativas y judiciales, que son los actos inherentes a todo gobierno.

Destacamos que para el Distrito Federal no se crearon poderes locales, encargados de las funciones antes señaladas, sino que fue el propio Gobierno Federal quien se hizo cargo de manera directa o delegada de dichas funciones. En el caso de la función legislativa, quedó a cargo del honorable. Congreso de la Unión, por lo que éste adquirió una doble naturaleza, en la medida de estaba investido de facultades para expedir leyes para toda la República; al mismo tiempo, tenía la facultad para expedir leyes para el Distrito Federal, lo qué significa que además de ser el Congreso de la Unión, fue el Congreso local del Distrito Federal.

Sin embargo, lo anterior como bien lo sabemos, es en forma parcial, ya que el Distrito Federal sigue dependiendo del Congreso de la Unión, toda vez que éste tiene la facultad de legislar en lo relativo al Distrito Federal con excepción de las materias expresamente conferidas a la Asamblea.

En ese orden, podemos afirmar que la Asamblea Legislativa se rige bajo el principio de que las materias no esté expresamente concedidas por la Constitución Federal a la Asamblea Legislativa, se entienden reservadas a la Federación, en este caso al Congreso de la Unión. Jurídicamente el Congreso de la Unión pudo expedir el Estatuto de Gobierno, por consecuencia, puede reformar el mismo.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente:

Por el que se reforma el articulo 18 y se adiciona un artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Artículo único. Se reforma el articulo 18 y se adiciona un artículo 140 al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar en los siguientes términos:

Artículo 18. Son obligaciones de los habitantes cumplir con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los de este estatuto así como los de las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables; contribuir a los gastos públicos de la Federación y del Distrito Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino; y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes, conforme a las disposiciones legales que en materia expida la Asamblea Legislativa, las cuales deben ceñirse estrictamente al respecto de las garantías individuales de reunión, asociación, manifestación y libre tránsito.

Artículo 140. La explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal serán regulados por los ordenamientos que expida la Asamblea Legislativa.

En todos aquellos ordenamientos cuyo objeto sea regular la utilización de vías y espacios públicos con relación a movilizaciones, marchas, concentraciones y/o plantones; las disposiciones legales quedarán restringidas a imponer sólo aquellas limitaciones establecidas en los propios preceptos constitucionales.

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 18 de abril de 2002.— Partido Verde Ecologista de México.— Diputados: Bernardo de Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sáinz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

-EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ: Sí.... (Habló fuera de micrófono)

-LA C. PRESIDENTA: Lo sé, diputado, pero ya es el texto completo. ¿No desea usted que se publique adicionalmente nada?

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y a la Comisión del Distrito Federal.

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Se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Chávez Presa, para presentar una iniciativa de reformas que deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002.

EL DIP. JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores:

México requiere de una auténtica reforma a las finanzas y la Hacienda Pública, una que esté orientada cuando menos por cuatro principios:

Primero. Reconocer que el sistema tributario es para cobrar impuestos y no para distribuir subsidios.

Segundo. Un sistema donde el gasto público dé suficiencia a las políticas públicas y los subsidios sean uno de sus instrumentos.

Tercero. Que exista eficiencia en el gasto público para darle simetría al sacrificio que hace el contribuyente y donde los contribuyentes veamos que el gobierno hace su parte.

Cuarto. Transparencia a las finanzas públicas, es decir que sepamos cuál va a ser el comportamiento en el manejo de los ingresos, el gasto, la deuda, los activos y los pasivos.

Quinto. Una mejor distribución de responsabilidades y otorgamiento de potestades tributarias entre los tres órdenes de gobierno para vincular al

ciudadano con la autoridad inmediata y de esta forma generar el incentivo a una mejor rendición de cuentas.

Tomando como referencia estos principios, por unanimidad el Congreso sentó las bases para la construcción de una auténtica reforma a las finanzas y la Hacienda Pública en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del 2002, pidió al Ejecutivo Federal la elaboración de tres piezas clave: Una, la cuantificación de la brecha entre los ingresos y gastos recurrentes, así como la dinámica de su evolución futura. Esto significa que dé a conocer los déficits o faltantes de ingreso o excesos de gasto presentes y futuros, con lo cual todos conozcamos cuál es el monto de las obligaciones adquiridas por el Estado.

La segunda que encargamos como Congreso fue que el Ejecutivo revele el monto de los impuestos que no se cobran por exenciones, tasas diferenciadas, regímenes especiales, deducciones, subsidios, créditos de estímulos fiscales, a lo cual se le denomina el Presupuesto de Gastos Fiscales.

Y la tercera pieza que solicitamos fue la determinación de la incidencia de los impuestos y el gasto público en los hogares de acuerdo a su nivel de ingreso, lo que nos permita determinar lo regresivo o progresivo de una política fiscal.

Con ello el Congreso mostró su seriedad y compromiso, estableciendo estas bases con las cuales puede iniciarse la reforma fiscal en la que predomine la objetividad sustentada en evidencias sobre los argumentos superficiales e intereses menores. Mas aún, con la aprobación por unanimidad de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, diferente a la enviada por el Ejecutivo Federal, el Congreso le dio rumbo y sentido a una auténtica reforma a las finanzas públicas en la cual el Impuesto Sobre la Renta a las personas físicas se volvió el eje y columna vertebral de nuestro sistema tributario. Sin embargo, para todos ha sido evidente que varios aspectos aprobados en diciembre pasado en materia tributaria han dejado mucho que desear, por ello es deseable que empecemos por reconocer donde hay que rectificar en materia tributaria, dada la experiencia que nuestro país ha tenido con este tipo de impuestos. Hago referencia específica al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios que se introdujo a las telecomunicaciones, el Impuesto a las Ventas de Bienes y Servicios Suntuarios y al Estímulo Fiscal a la Industria Tequilera.

Recordemos que el fin último de las finanzas públicas no es sólo recaudar, la recaudación como un fin en sí mismo mata a la fuente de ingresos que genera los impuestos, esto es, aniquila las actividades productivas. Sin producción de bienes y servicios no hay riqueza y sin un entorno donde la riqueza aumente, no hay manera de respaldar las funciones del Estado de manera sostenible.

En este contexto es fundamental rectificar, particularmente en el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios a las Telecomunicaciones tenemos que ver lo siguiente:

En el mundo actual las telecomunicaciones son un insumo fundamental para toda actividad productiva, al encarecer dicho servicio se están distorsionando los precios relativos, lo cual afecta, entre otras cosas, la posición de competencia internacional frente a países que apoyan, sin este impuesto, a este sector.

En el proceso actual de globalización económica es un contrasentido, afecta a las actividades productivas, al empleo, a los usuarios y a los consumidores. La introducción de un impuesto a las telecomunicaciones desincentiva la inversión y tiene un impacto negativo en el empleo.

La telefonía celular ya no es un lujo, incluso ha sustituido en muchos casos a la telefonía fija, al gravar la primera se discrimina a los consumidores y al gravar una forma de pago y no otra dentro de la misma, estamos discriminando dos veces.

En cuanto al internet, es un instrumento indispensable para la época actual y en nuestro país debemos incentivar su uso para que un mayor número de personas puedan tener acceso a ello.

Por otro lado, la recaudación esperada por este impuesto ha sido muy inferior a la pronosticada; de los 255 millones de pesos estimados en el primer trimestre, se espera sólo recaudar 67 millones de pesos, menos de la cuarta parte.

Es necesario que el Congreso evite este trato discriminatorio y desigual. En el caso del Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios suntuarios es necesario que un impuesto mal diseñado de origen que grava productos y servicios que arbitrariamente se están considerando de lujo, con aclaraciones y simplificaciones que nosotros no hicimos y que ha hecho el Ejecutivo Federal, sólo han complicado la operación del impuesto.

No está claramente establecido qué criterio se utiliza para determinar qué productos son de lujo y cuáles no. Y en esta confusión se ha incluido algunos que son básicos para sectores específicos de la población y que se han encarecido inmerecidamente cuando ya pagan impuestos.

Por otro lado, no se incluyeron todos los productos que claramente tienen características de ser artículos de lujo, lo cual provoca un tratamiento fiscal diferenciado en perjuicio de industrias y consumidores específicos.

Esto puede ocasionar un aumento en el contrabando de estos productos, y en otros, una reducción del consumo de los mismos por el aumento en su costo o debido que algunos productos pueden suplirse fácilmente. Y el otro aspecto que nos preocupa, es que el costo de recaudación lo hemos aumentado tremendamente.

La implantación de este impuesto dentro de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, el cual no estaba incluido en la iniciativa ni el dictamen de la Cámara de Origen, pero que la Cámara Revisora lo integró en un procedimiento que causó controversias, no sólo afecta el prestigio del Poder Legislativo sino que también está debilitando al fisco federal en la recaudación de dicho impuesto.

Este impuesto además, no está generando la recaudación estimada por el Ejecutivo Federal, ya que de conformidad con los datos que se nos han presentado, en el primer mes de este año la recaudación por este impuesto fue de cero en el primer mes; en el segundo mes se generaron apenas arriba de 100 millones de pesos, esto es 14% de la cifra estimada para el mes de febrero y apenas 1.2% de la recaudación estimada para el año.

Ya el Ejecutivo Federal dio una muestra de que pueden eliminarse diversas medidas tributarias sin presionar las finanzas públicas y ha hecho uso del artículo 39 del Código Fiscal para proceder en consecuencia.

No vamos a afectar las finanzas públicas con la reducción o eliminación de estos impuestos. En el Congreso tenemos la gran responsabilidad de evitar una discriminación fiscal, nosotros como Congreso debemos evitar que estemos creando mexicanos de primera y mexicanos de segunda. El impuesto al consumo suntuario hoy no se está pagando en la frontera y en el estado de Baja California. ¿Por qué en el resto de las entidades federativas los mexicanos debemos de pagar un impuesto que ni siquiera está generando recaudación?

Por las razones anteriores y en el ejercicio de las facultades que como diputado federal me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración del H. Congreso de la Unión a través de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002.

Artículo 1º. Se deroga la fracción B del inciso 2), del artículo 2º. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.

Artículo 2º. Se deroga la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002.

Artículo 3º. Se deroga el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002.

«Proyecto de iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

En la dinámica que entró el Congreso de la Unión para la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal de 2002, se sometieron a consideración de los legisladores, aparte de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, dictámenes referentes a modificar las leyes tributarias, entre las que se incluyó la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. En este contexto, se realizaron diversas modificaciones legales con un afán eminentemente recaudatorio y el Congreso tomó las decisiones que se consideraron adecuadas.

Sin embargo, a pesar de que se logró, derivado de dichos cambios legales, aumentar los ingresos en las estimaciones de la Ley de Ingresos y que estos recursos se incluyeran en el Presupuesto de Egresos con el objetivo de financiar diversos programas de desarrollo social y de apoyo a estados y municipios, se llevó a cabo un aumento de impuestos que la evidencia ha mostrado no es el adecuado en el contexto económico actual.

También es justo reconocer que, debido a los tiempos en que se analizaron, discutieron y aprobaron dichas medidas, así como a la falta de información en algunos casos, el Congreso no contó con el tiempo ni con las herramientas suficientes para aprobar las medidas que cumplieran con los requisitos mínimos que debe tener un sistema tributario.

Particularmente, el impuesto especial sobre producción y servicios a las telecomunicaciones y el impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, han mostrado ser impuestos inequitativos, discriminatorios e injustos.

En cuanto al primero, es un impuesto que grava lo que actualmente es un insumo fundamental para diversas industrias. Al encarecer dicho servicio vía impuestos, se distorsionan los precios relativos, por lo que se afecta nuestra posición en la competencia internacional. Esto, en las condiciones actuales de globalización económica, es un crimen. Este impuesto quedó establecido en el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, del siguiente modo:

Artículo 2o. Al valor de los actos o actividades que a continuación se señalan, se aplicarán las tasas siguientes:

No solo se perjudica a los sectores productivos, a los trabajadores y a los consumidores, sino que, de no corregirse a tiempo, esta medida puede ocasionar serios problemas en variables económicas importantes, como el empleo. La introducción de un impuesto a las telecomunicaciones desincentiva la inversión y puede tener un impacto negativo importante en el mercado laboral.

La telefonía celular ya no es un lujo, incluso ha sustituido en muchos casos a la telefonía fija. Al gravar la primera se discrimina a los consumidores y al gravar una forma de pago y no otra dentro de la misma, estamos discriminando dos veces. En cuanto al Internet, es un instrumento indispensable para la época actual, y en nuestro país debemos incentivar su uso por un mayor número de personas y no lo contrario.

Por otro lado, la recaudación esperada por este impuesto no es muy alta y es incluso innecesaria. De los 255.6 millones de pesos estimados en el primer trimestre, únicamente se recaudaron 67.6 millones de pesos.

Es necesario que el Congreso evite este trato discriminatorio y desigual, así como las consecuencias que puede tener en la economía.

En, el caso del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, es necesario mencionar que es un impuesto mal diseñado de origen, ya que grava productos y servicios que arbitrariamente se consideraron de lujo, con "aclaraciones" en los productos a gravar y "simplificaciones" en los trámites establecidas por el Ejecutivo Federal que solo han complicado la operación del impuesto. Este impuesto se implantó en el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, de la siguiente manera:

Octavo. Se establece un impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios a cargo de las personas físicas y las morales que en el territorio nacional realicen las actividades que a continuación se mencionan, cuando se lleven a cabo con el público en general:

d) la importación de los bienes a que se refiere la fracción I de este artículo, cuando se realice por el consumidor final.

El impuesto se calculará aplicando a los valores que señale este artículo la tasa que se establece en la fracción I. El Impuesto al Valor Agregado y el que se establece en este artículo en ningún caso se considerarán que forman parte de dichos valores.

El cobro que el contribuyente haga de una cantidad equivalente al impuesto que se establece, a quien adquiera el bien, reciba el servicio o use o goce temporalmente el bien mueble, no se entenderá violatorio de precios o tarifas, incluyendo los oficiales.

Se considera que la enajenación de bienes, la prestación de servicios y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles, se llevan a cabo con el público en general, cuando en los comprobantes que se expidan por las actividades de que se trate, no se traslade en forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado que se cause con motivo de dichas actividades o cuando los contribuyentes expidan por dichas operaciones los comprobantes simplificados, de conformidad con lo previsto en el Código Fiscal de la Federación.

I. El impuesto se calculará aplicando la tasa del 5%, cuando se realicen los actos o actividades siguientes:

2) Motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada, esquí acuático motorizado, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor, rines de magnesio y techos móviles para vehículos así como aeronaves, excepto aviones fumigadores.

3) Perfumes; armas de fuego; artículos para acampar; automóviles con capacidad hasta de 15 pasajeros con precio superior a $250,000.00; accesorios deportivos para automóviles; prendas de vestir de seda o piel, excepto zapatos; relojes con valor superior a $5,000.00; televisores con pantalla de más de 25 pulgadas; monitores o televisores de pantalla plana; equipos de sonido con precio superior a $5,000.00; equipo de cómputo con precio superior a $25,000.00 y equipos auxiliares; agendas electrónicas; videocámaras; reproductor de vídeos en formato de disco compacto; equipos reproductores de audio y vídeo con precio superior a $5,000.00

4) Oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales cuyo precio sea superior a $10,000.00 y lingotes, medallas conmemorativas y monedas mexicanas o extranjeras que no sean de curso legal en México o en su país de origen, cuyo contenido mínimo de oro sea del 80%, siempre que su enajenación se efectúe con el público en general.

2) Los que permitan la práctica del golf, la equitación, el polo, el automovilismo deportivo las actividades deportivas náuticas, incluyendo las cuotas de membresía y las demás contraprestaciones que se tengan que erogar por la práctica de esas actividades y el mantenimiento de las instalaciones, los animales y el equipo necesarios

3) Las cuotas de membresía para restaurantes, centros nocturnos o bares, de acceso restringido;

4) Los de bares, cantinas, cabarés, discotecas, así como de restaurantes en los que se vendan bebidas alcohólicas, excepto cerveza y vino de mesa, ya sea en el mismo local o en uno anexo que tenga conexión directa del lugar de consumo de bebidas alcohólicas al de alimentos aun cuando ambos pertenezcan a contribuyentes diferentes. Tratándose de establecimientos en donde se proporcionen servicios de hospedaje y de alimentos y bebidas por un precio integrado, se considerará que el valor de estos últimos corresponde al 40% de la contraprestación cobrada, sobre la que se aplicará la tasa del 5%.

2) Motocicletas de más de 350 centímetros cúbicos de cilindrada, esquí acuático motorizado, motocicletas acuáticas y tablas de oleaje con motor.

3) Los bienes a que se refiere el subinciso 3 del inciso a, de esta fracción, en su caso.

II. El impuesto se calculará por ejercicios fiscales y los contribuyentes efectuarán pagos provisionales por los mismos periodos y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta.

III. Para determinar el valor sobre el que se aplicará la tasa del impuesto prevista en este artículo, así como el momento de causación, se aplicará en adición a lo dispuesto por este artículo, lo establecido en la fracción IV del artículo Séptimo precedente.

IV. Los contribuyentes que reciban la devolución de bienes enajenados u otorguen descuentos o bonificaciones, o devuelvan los anticipos o los depósitos recibidos con motivo de la realización de las actividades gravadas con este impuesto, disminuirán el monto del impuesto correspondiente a la devolución, descuento o bonificación, anticipo o depósito que hubiesen pagado, del impuesto causado en el mes en que reciban la devolución u otorguen los descuentos o bonificaciones, o devuelvan los anticipos o los depósitos, siempre que expresamente se haga constar la restitución en un documento que contenga los datos de identificación del comprobante de la operación original.

Cuando la transferencia de propiedad, la prestación del servicio o el otorgamiento del uso o goce de bienes muebles no llegue a efectuarse, se tendrá derecho a la disminución del impuesto efectivamente pagado, en los términos del párrafo anterior.

V. Para los efectos de este artículo, se entiende por enajenación, además de lo señalado en el Código Fiscal de la Federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso la presunción admite prueba en contrario.

No se considerará enajenación, la transmisión de propiedad que se realice por causa de muerte. Tampoco se considera enajenación la donación y los obsequios que efectúen las empresas con fines de promoción, siempre que sean deducibles o no acumulables para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

En la enajenación de bienes el impuesto se causa en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.

Tratándose de enajenaciones, para calcular el impuesto, se considerará como valor el precio o la contraprestación pactados, así como las cantidades que además se carguen o cobren al adquirente por otros impuestos, derechos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.

a) La prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes.

b) Toda otra obligación de dar, de no hacer o de permitir, asumida por una persona en beneficio de otra, siempre que no esté considerada como enajenación o uso o goce temporal de bienes muebles.

En la prestación de servicios el impuesto se causa en el momento en el que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.

Para calcular el impuesto tratándose de prestación de servicios se considerará como valor el total de la contraprestación pactada, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien reciba el servicio por cualquier otro concepto.

Tratándose de personas morales que presten servicios preponderantemente a sus miembros, socios o asociados, los pagos que éstos efectúen se considerarán como valor para efectos del cálculo del impuesto.

VII. Para los efectos de este impuesto se entiende por uso o goce temporal de bienes muebles, el arrendamiento, el usufructo y cualquier otro acto, independientemente de la forma jurídica que al efecto se utilice, por el que una persona permita a otra usar o gozar temporalmente dichos bienes, a cambio de una contraprestación.

En el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes muebles a que se refiere este artículo, el impuesto se causa en el momento en que efectivamente se cobren las contraprestaciones y sobre el monto de cada una de ellas.

Para calcular el impuesto en el caso de uso o goce temporal de bienes muebles, se considerará el valor de la contraprestación pactada a favor de quien los otorga, así como las cantidades que además se carguen o cobren a quien se otorgue el uso o goce por otros impuestos, derechos, gastos de mantenimiento, construcciones, reembolsos, intereses normales o moratorios, penas convencionales o cualquier otro concepto.

VIII. Los contribuyentes de este impuesto, además de las otras obligaciones previstas en este artículo, deberán expedir comprobantes por las operaciones que realicen de conformidad con lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.

IX. El impuesto que se establece en este artículo, no formará parte de los valores para los efectos del impuesto al valor agregado.

En primer lugar, no está claramente establecido qué criterio se utiliza para determinar qué productos son "de lujo" y cuáles no y en esta confusión se han incluido algunos que son básicos para sectores específicos de la población y que se han encarecido. Por otro lado, no se incluyeron todos los productos que claramente tienen características de ser artículos de lujo, lo cual provoca un tratamiento fiscal diferenciado en perjuicio de industrias y consumidores específicos. Esto puede ocasionar un aumento en el contrabando de estos productos en algunos casos y en otros una reducción del consumo de los mismos, por el aumento en su costo o debido a que algunos productos pueden suplirse fácilmente por otros no gravados. Esto es, de nuevo, un trato discriminatorio, desigual e inequitativo que debemos evitar en el Congreso de la Unión.

En segundo lugar, la implantación de este impuesto dentro de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2002, el cual no estaba incluido en la iniciativa ni en el dictamen de la Cámara de origen y fue incluido por la Cámara revisora en un procedimiento que causó controversia respecto a su constitucionalidad. Esto afecta no solo el prestigio del Poder Legislativo, sino que debilita al fisco federal en la recaudación de dicho impuesto, ya que existe la oportunidad legal de que los particulares ganen en los tribunales el derecho a no pagarlo o a que les sea devuelto en su caso.

Este impuesto no está generando la recaudación estimada por el Ejecutivo Federal ya que, de conformidad con los datos presentados por el propio Ejecutivo Federal a este honorable Congreso de la Unión, en el primer mes de este año la recaudación por concepto de este impuesto fue de cero y en el segundo mes se generaron apenas arriba de 100 millones de pesos, 14% de la cifra estimada para el mes de febrero y apenas 1.2% de la recaudación estimada para el año por ese impuesto. Para el último mes del primer trimestre, se estima que se recaudaron por este impuesto cerca de 120 millones de pesos, 18% de la cifra estimada para y el mes.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal derogó la aplicación del impuesto suntuario de forma parcial en el país, lo que reconoce el fracaso del tributo. Sin embargo, por la forma tan equivocada de su derogación, ahora una parte de los mexicanos tienen el privilegio de no pagarlo, mientras que la mayoría tenemos que continuar contribuyendo.

A las razones presentadas, puede incluirse que los recientes recortes al gasto público programado, el aumento de tarifas eléctricas a partir de la eliminación del subsidio a este bien en diversos sectores de la población, así como el comportamiento favorable del precio del petróleo que se encuentra por arriba de las estimaciones para el año, disminuyen las presiones sobre las finanzas públicas, por lo que no se justifica afectar a consumidores y ramas productivas específicas en busca de una supuesta mayor recaudación.

En el Congreso se debe evitar una discriminación fiscal, que ha provocado que, para el fisco, haya mexicanos de primera y mexicanos de segunda, al diferenciarlos en el trato.

En este mismo sentido, en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002, se establece un estímulo fiscal a productores de agave que considero no es conveniente de la manera que está planteado. Los sistemas tributarios no son la vía óptima para otorgar un subsidio. Esto se hace a través del gasto público. Por tanto, reconociendo que es necesario apoyar a esta industria, es fundamental que pueda diseñarse un fondo de estabilización del precio del agave, con aportaciones del Estado y que por lo pronto se elimine de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002 la fracción XII del artículo 17, que dice:

Artículo 17. En materia de estímulos fiscales, durante el ejercicio fiscal de 2002, se estará a lo siguiente:

XIl. Se otorga un estímulo a los productores de agave tequilana weber azul y a los productores de las diversas variedades de agave que marca la Norma Oficial Mexicana que enajenen dicho producto para ser utilizado exclusivamente en la elaboración de tequila y mezcal, en un monto que no podrá exceder de 3 pesos por kilo de agave.

El monto del estímulo deberá ser entregado al productor del agave tequilana weber azul y a las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana por el adquirente del mismo en el momento en que se pague la contraprestación que corresponda a dicha enajenación, disminuyendo del precio el monto del estímulo a que se refiere esta fracción.

El adquirente considerará el pago del estímulo efectuado al productor de agave tequilana weber azul y a las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana como un crédito fiscal que podrá disminuir únicamente del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause en la enajenación de tequila y mezcal en los términos del párrafo siguiente, sin que en ningún caso la disminución exceda del 50% del impuesto causado en el mes de que se trate.

El crédito fiscal sólo se podrá disminuir durante los doce meses siguientes a la fecha en que se adquiera el agave, del impuesto que resulte de la enajenación del tequila y mezcal que se produzca a partir de la entrada en vigor de la presente ley y sobre la cual se pague el impuesto especial sobre producción y servicios a la tasa establecida en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios, sin que exceda de los límites establecidos en los párrafos anteriores.

Para determinar el monto definitivo del estímulo, los productores dividirán el 50% del impuesto especial sobre producción y servicios causado por la enajenación de tequila y mezcal en el periodo de enero a junio de 2002 entre el número de kilos de agave adquiridos en dicho periodo. La diferencia entre el monto que resulte y el límite máximo de 4 pesos por kilo de agave que no se hubiera pagado al productor del citado agave en el momento de la adquisición, se podrá pagar a partir del mes en que se haga el ajuste a que se refiere este párrafo y se podrá disminuir del impuesto especial de referencia que se cause en la enajenación de tequila y mezcal en los seis meses siguientes, hasta agotarlo, sin que en ningún caso el impuesto a pagar en los citados meses sea inferior al 50% del impuesto causado en el mes de que se trate. En el caso de que el monto pagado al productor de agave exceda del monto que se determine conforme a este párrafo como crédito definitivo, el excedente se disminuirá del crédito al que tengan derecho los productores de tequila y mezcal en el segundo semestre del ejercicio, en los términos de esta fracción. El mismo procedimiento se seguirá para determinar el estímulo definitivo correspondiente al periodo de julio a diciembre de 2002. En el caso de que el crédito correspondiente al segundo semestre exceda del monto máximo definitivo que corresponda a dicho periodo en los términos de este párrafo, el excedente se pagará conjuntamente con la declaración que presenten los productores de tequila y mezcal en el mes de febrero de 2003, actualizado y con los recargos correspondientes desde el mes en que se aplicó en exceso el crédito otorgado en este artículo y hasta la fecha en que el mismo se pague.

Los productores de agave tequilana weber azul y a las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana considerarán como ingreso acumulable para los efectos del impuesto sobre la renta .el monto del estímulo fiscal percibido en los términos de esta fracción.

Los adquirentes del agave tequilana weber azul y a las demás variedades que marque la Norma Oficial Mexicana deberán reportar mensualmente a las autoridades fiscales el volumen y valor del agave adquirido en el mes inmediato anterior, así como el monto pagado del estímulo a que se refiere esta fracción, por productor de agave.

Honorable Asamblea: por las razones anteriores, y en el ejercicio de las facultades que como diputado federal me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de esta Cámara de Diputados, la presente

Por el que se derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios y en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Artículo 1o. Se deroga la fracción B del inciso II del artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

Artículo 2o. Se deroga la fracción XII del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Artículo 3o. Se deroga el artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Queda sin efectos cualquier referencia que ordenamiento legal alguno haga a las disposiciones derogadas con este decreto.

México, D. F., a 18 de abril de 2002.— Diputado Jorge Chávez Presa, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público.»

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Tenemos el reporte de nuestras áreas de seguridad, de que ha pasado un muy leve temblor. Nos informan que ya ha concluido, pero estamos checando con las áreas de seguridad si es necesario abrir un receso y tomar otras medidas.

Hasta la información de la que disponemos ahorita, no hay mayor motivo de preocupación, aunque los dejamos en plena libertad, sin declarar un receso todavía.

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Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el relativo a dictámenes de primera lectura y por ello es la primera lectura del dictamen relativo a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Luis Ernesto Derbez Bautista, Edgar Segura Ruiz, Alejandro Joaquín Lucas, José Legorreta y Chaubett (¿) y Antonio Dueñas Pulido, para aceptar y usar condecoraciones de gobiernos extranjeros, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la solicitud de permiso constitucional para que los ciudadanos: Luis Ernesto Derbez Bautista, Edgar Segura Ruiz, Alejandro Joaquín Lucas José Legorreta y Chauvet, Antonio Dueñas Pulido, para que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Corea, de los Estados Unidos de América, del Reino de Bélgica y del Reino de Tailandia, respectivamente.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del artículo 37 Constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la honorable Asamblea, el siguiente:

Artículo primero. Se concede permiso al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Gwanghwa, en primer grado, que le confiere el gobierno de la República de Corea.

Artículo segundo. Se concede permiso al coronel de infantería DEM Edgar Segura Ruiz, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Encomio del Ejército, que le confiere el Ggbierno de Estados Unidos de América.

Artículo tercero. Se concede permiso al licenciado Alejandro Joaquín Lucas José Legorreta y Chauvet, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de oficial, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica.

Artículo cuarto. Se concede permiso al embajador Antonio Dueñas Pulido, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Elefante Blanco, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Tailandia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.

México, D.F., a 12 de abril de 2002.— Armando Salinas Torre, presidente; José Antonio Hernández Fraguas, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, José Guillermo Anaya Llamas y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Ricardo Francisco García Cervantes, Arturo Escobar y Vega, Ma. Teresa Gomez Mont y Urueta, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarria.»

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El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.

Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión les fue turnada, el día 15 de abril de 1999, para su estudio, análisis y elaboración de dictamen, una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y el día 14 de diciembre de 1999 una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, presentadas ambas por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Asimismo, el día 5 de abril del año 2001 les fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión otra iniciativa, ésta presentada por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en términos de la cual se pretende reformar y adicionar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

A las mismas comisiones les fue turnada el día 11 de octubre del 2001 una iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y otra iniciativa que reforma y adiciona a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el día 13 de noviembre del 2001, presentadas ambas por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

De igual forma, les fue turnada una iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el día 18 de octubre del 2001.

El día 26 de marzo de 2002 les fue turnada una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Por último les fue turnada el día 2 de abril de 2002 una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada también por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Al ser recibidas las iniciativas por la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ésta ordenó, conforme a lo dispuesto por los artículos 20, párrafo segundo, inciso c y 23, párrafo primero, inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente trámite: "Se turna a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente", con excepción de las iniciativas presentadas el 15 de abril y el 14 de diciembre de 1999, sobre las que recayó el siguiente acuerdo "Se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social para su estudio y dictamen correspondiente".

Estas comisiones unidas, con fundamento en los artículos 39 y 45, párrafo sexto, incisos e y f de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87, 88, 93 y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al estudio y análisis de las Iniciativas a que se ha hecho referencia, conforme a los acuerdos por los que les fueron turnadas. Así una vez revisado y discutido el contenido, así como vistos los antecedentes de dichas iniciativas, estas comisiones unidas resuelven al tenor de las siguientes

En el año de 1996 esta soberanía tuvo a bien aprobar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el propósito de regular, en forma congruente con la Ley del Seguro Social, el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro, así como a los participantes en los mismos y la administración y destino de los recursos correspondientes a la cuenta individual prevista por la mencionada Ley del Seguro Social y por la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Hoy, ante las diversas Iniciativas presentadas y analizadas, resulta necesario llevar a cabo adecuaciones que propicien el mejor y más eficiente funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y de la ley que los regula.

a) Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el diputado José de Jesús Montejo Blanco del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el día 15 de abril de 1999, turnada a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa propone establecer en ley el periodo de información que debe comprender el estado de cuenta que las administradoras de fondos para el retiro envíen a los trabajadores y su contenido mínimo, que los estados de cuenta que presenten saldo cero no tengan ningún valor jurídico, así como la obligación de que las administradoras de fondos para el retiro informen a los trabajadores cuando entren en estado de fusión, disolución, liquidación o quiebra.

Una vez consideradas las propuestas contenidas en esta iniciativa se encontró que gran parte de éstas ya forman parte del marco jurídico de los sistemas de ahorro para el retiro expedido por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en ejercicio de sus facultades legales. Por lo que se refiere a la propuesta de eliminar el valor jurídico de los estados de cuenta que presenten saldo cero, se considera que efectivamente pueden existir cuentas individuales de trabajadores que se hayan registrado en una administradora de fondos para el retiro pero que las mismas no hayan recibido ninguna aportación, por lo que se estaría actuando indebidamente al negarle validez jurídica a un documento que contenga información cierta.

Por lo expuesto, estas comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social consideran inviable esta iniciativa que fue presentada el día 15 de abril de 1999 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que determinan desecharla.

b) Iniciativa de reformas a los artículos 177 y 190 de la Ley del Seguro Social, 90-bis-O de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 83 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el diputado José Angel Frausto Ortiz del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el día 14 de diciembre de 1999, turnada a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa propone que se homologuen las semanas cotizadas bajo los regímenes previstos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de forma tal que para determinar el derecho a pensionarse de un trabajador se consideren los periodos de cotización bajo los dos regímenes mencionados independientemente de cual sea el instituto de seguridad social que otorgue la pensión.

Al respecto se considera que la homologación de los periodos de cotización entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es un tema que por su relevancia merece ser analizado dentro de una revisión integral a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dada la gran cantidad de trabajadores que cotizan a este último instituto que han estado sujetos también al régimen de la Ley del Seguro Social.

Por lo expuesto, estas comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social consideran inviable en los términos presentados esta iniciativa que fue presentada el día 14 de diciembre de 1999 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por lo que determinan desecharla.

c) Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el Ejecutivo Federal el día 3 de abril de 2001 turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

La iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada ante esta Cámara de Diputados por el Ejecutivo Federal, plantea el mejorar y robustecer de manera significativa el marco legal aplicable a tales sistemas, particularmente por lo que hace a la protección de los derechos de los trabajadores titulares de cuentas individuales, a la eficiente realización de las actividades que constituyen el objeto social de las administradoras de fondos para el retiro y de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, a la ampliación del régimen de inversión de estas últimas, a la profundización del principio de la autorregulación y del oportuno e íntegro cumplimiento de las obligaciones de las administradoras de fondos para el retiro frente a los trabajadores registrados en las mismas y al fortalecimiento de las facultades de regulación, supervisión y sanción de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, todo ello con base en la experiencia adquirida en los más de cuatro años de operación del sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley del Seguro Social que entró en vigor el 1° de julio de 1997.

Como consecuencia del reclamo formulado por diversos sectores laborales y grupos de trabajadores que, al no ser sujetos de aseguramiento ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, no han podido acceder a los beneficios derivados del mencionado sistema, la Iniciativa en cuestión propone que el derecho a tener una cuenta individual capitalizable abierta en una administradora de fondos para el retiro, así como a la inversión de los recursos correspondientes en una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro y a realizar aportaciones voluntarias a tal efecto, se haga extensivo a las siguientes personas:

• Los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;

• Los trabajadores de las dependencias y entidades públicas de carácter estatal y municipal, que no se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social ni en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y que inviertan recursos de fondos de previsión social, y

• Los trabajadores que no se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social y que aporten recursos destinados a la contratación de una renta vitalicia, de un seguro de sobrevivencia, de un retiro programado, o de cualquier otro mecanismo de pago que sea autorizado por el órgano de autoridad competente.

En este contexto, estas comisiones dictaminadoras consideran que la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro es congruente con la política que en materia de seguridad social, particularmente por lo que hace al sistema de ahorro para el retiro previsto en la Ley del Seguro Social actualmente en vigor, ha mantenido el Estado Mexicano en los últimos años, adecuando y actualizando la legislación aplicable a tal sistema, con total apego a los principios de universalidad y solidaridad característicos de todo esquema de seguridad social, toda vez que representa un importante avance en la ampliación del universo de personas que pueden acceder a los beneficios del mencionado sistema de ahorro para el retiro y constituye, asimismo, un notable esfuerzo en la realización de la nunca acabada tarea de mejoramiento del marco normativo aplicable a una determinada actividad o institución.

Sin embargo, a petición de algunos diputados miembros de la Comisión de Seguridad Social, por lo que se refiere a los trabajadores afiliados al ISSSTE, se consideró conveniente que en primera instancia se revise a profundidad la ley de ese instituto y posteriormente se determine la conveniencia de que dichos trabajadores tengan abierta la posibilidad de abrir una cuenta individual en una Afore.

d) Iniciativa de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por los diputados Eduardo Andrade Sánchez, Marco Antonio Dávila Montesinos y Roque Joaquín Gracia Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 11 de octubre de 2001 turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa tiene por fin reformar el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro a efecto de que la cartera de valores de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro se integre por los siguientes instrumentos:

a) Por lo menos el 60% en bonos emitidos por el Gobierno Federal para el financiamiento de proyectos rentables de producción energética nacional;

c) Hasta un 30% en el financiamiento de proyectos rentables de construcción de vivienda.

Si bien esta iniciativa prevé que los recursos invertidos en las Siefores coadyuven a satisfacer las crecientes demandas de inversión en el sector energético, el destinar forzosamente esos recursos a dicho sector no produciría los mayores rendimientos a los recursos de los trabajadores, ya que se requiere de una mayor diversificación de los valores en los que se invierte por estas sociedades.

Apoyar con los recursos previsionales a un sector económico particular, como el energético, pone en riesgo la posibilidad de ofrecer un retiro digno a la población trabajadora. Esto debido a que invertir un alto porcentaje de los fondos de pensiones en un sólo sector económico va en contra del más elemental criterio de seguridad de las inversiones, la diversificación. Es importante recordar que mediante la diversificación se reduce el riesgo al dispersar éste entre muchos instrumentos y de diversos sectores económicos que reaccionan de forma diferente ante eventos económicos y financieros. Además, se perjudicaría a los trabajadores al imponer una misma estrategia de inversión a trabajadores que tienen diferentes características de edad e ingreso y por tanto, diferente grado de tolerancia al riesgo.

La seguridad y la rentabilidad son dos objetivos que sólo se alcanzan conjuntamente si los fondos son administrados por expertos que identifican y eligen las mejores oportunidades de inversión en función del rendimiento y de la calidad crediticia de las emisoras. Si las Siefores son obligadas a través de la ley a invertir en el sector energético, constituido fundamentalmente por dos empresas paraestatales, éste pagará irremediablemente menores rendimientos debido a que no tendrá que competir por los recursos, al convertirse en el principal proveedor de instrumentos de inversión de las Siefores. Con ello, se perdería el valor agregado de los administradores profesionales y se eliminaría el incentivo a lograr un manejo rentable del ahorro.

Por su propia naturaleza, los recursos de las pensiones crecen de forma importante continuamente. Por lo tanto, la inversión obligatoria en un sector podría implicar la canalización de recursos a un ritmo diferente del que probablemente requiera la inversión en el sector energético. Con ello, se corre el riesgo de canalizar recursos excesivos en este sector, lo que equivaldría a destinar fondos a proyectos no rentables a costa del ahorro para el retiro de los trabajadores o de incurrir en un costo fiscal adicional.

De modificarse la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en los términos de la Iniciativa no sería factible que los recursos que hoy manejan las Siefores se canalicen a un sector (privado o paraestatal). Las carteras de las Siefores actualmente tienen un valor de casi 260 mil millones de pesos, que hoy están colocados en valores del gobierno y en más de 20 emisiones del sector privado. Si las Siefores tuvieran que sustituir las inversiones en títulos gubernamentales por títulos del sector energético o del sector privado, habría que encontrar en el mercado financiero, en un lapso muy corto, inversionistas dispuestos a adquirir los valores gubernamentales, lo que es improbable en las condiciones actuales. Esta situación generaría dos distorsiones en el mercado de deuda por el desequilibrio entre oferta y demanda. Por una parte, la tasa de interés de la deuda gubernamental subiría significativamente y, con ello, el déficit público. Por otra, las tasas de los nuevos valores del sector de energía y privado, se ubicaría por debajo de la tasa del mercado, afectando la rentabilidad del ahorro previsional.

Por lo expuesto estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social consideran inviable y limitativa, por el riesgo que conlleva, esta Iniciativa que fue presentada el día 11 de octubre de 2001 por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por lo que determinan desecharla.

e) Iniciativa de Reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional el día 18 de octubre de 2001 turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

De manera similar a la Iniciativa anterior, ésta propone establecer en el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que las Siefores puedan invertir en instrumentos emitidos por entidades paraestatales o por los gobiernos de los estados, del Distrito Federal o por municipios.

Si bien, el fin que se persigue es consecuente con la necesidad de propiciar el desarrollo regional del país, adolece del mismo problema que la iniciativa dictaminada con anterioridad poniendo finalmente en riesgo los recursos de los trabajadores, por lo que en consecuencia estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social resuelven desechar la Iniciativa presentada el día 18 de octubre de 2001 por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

f) Iniciativa de reforma y adición a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el diputado Samuel Aguilar Solís, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el día 13 de noviembre de 2001 turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Esta Iniciativa propone suprimir del artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro la enumeración de los valores que podrán formar parte del régimen de inversión de las Siefores, adicionándola en un artículo 43-bis, el cual contendría de manera general los siguientes límites:

a) La inversión en instrumentos del Gobierno Federal tendría un tope máximo del 50% del total de la cartera.

b) La inversión en instrumentos de deuda emitidos por empresas privadas tendría un tope mínimo de 50%.

Al respecto, se debe considerar que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro establece que el régimen de inversión de las Siefores debe procurar la mayor rentabilidad y seguridad para el ahorro del trabajador. El objetivo primordial del sistema de ahorro para el retiro es otorgar mejores pensiones.

Invertir un mínimo del 50% del activo de las Siefores en instrumentos de deuda del sector privado no es factible, dada la estructura de valores colocados en el mercado, en el cual el 92% corresponde a títulos gubernamentales y sólo el 8% a valores del sector privado y bancario. La razón por la cual en el mercado de deuda predominan los títulos gubernamentales se explica, entre otras razones, por las necesidades de financiamiento que ha tenido por años el Gobierno Federal.

Dado que la oferta de títulos de deuda privada y bancaria es limitada, y que dicho sector está constituido por una gran cantidad de empresas e instituciones, el que las Siefores deban invertir por ley un mínimo del 50% de su activo, generaría la necesidad de que las Siefores adquieran valores de baja calidad crediticia, lo que pondría en riesgo la seguridad del ahorro de los trabajadores.

Asimismo, no existen mecanismos que permitan asegurar que en el mercado financiero habrá suficientes emisiones de valores no gubernamentales para cumplir con lo establecido en la propuesta.

Por lo expuesto, modificar la ley estableciendo porcentajes obligatorios de inversión resultaría ineficiente y restaría flexibilidad para responder a los cambios del mercado financiero.

En virtud de lo anterior estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social consideran que debe ser desechada la iniciativa presentada el día 13 de noviembre de 2001 por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

g) Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el diputado Rafael Servín Maldonado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el día 26 de marzo de 2002, turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa propone derogar la facultad de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para regular el régimen de inversión de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro trasladando esta facultad al Comité Consultivo y de Vigilancia de la misma comisión.

Al respecto cabe mencionar que de conformidad con el texto vigente de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro previamente a que la Junta de Gobierno expida las reglas sobre el régimen de inversión debe contar con la opinión del Comité Consultivo y de Vigilancia.

Este comité se integra por seis representantes de los trabajadores, seis de los patrones, seis del Gobierno (entre los cuales tres son representantes de los institutos de Seguridad Social) y el presidente de la Consar.

La composición del Comité Consultivo y de Vigilancia garantiza que las modificaciones que se propongan al régimen de inversión sean conocidas por todos los sectores de la sociedad involucrados en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, y se tome la opinión mayoritariamente de aquellos que tienen a su cargo el velar por los intereses de los trabajadores, sus representantes sindicales y los funcionarios del Gobierno.

Por su parte, la Junta de Gobierno de la Consar se conforma por quince miembros de los cuales dos son representantes directos de los trabajadores, uno de los patrones y los once restantes son funcionarios del Gobierno Federal de alto nivel correspondientes a las dependencias y entidades del sector laboral y financiero.

Todo lo anterior avala que el régimen de inversión de las Siefores sea analizado por dos instancias diferentes en las que hay una mayoritaria representación de los intereses de los trabajadores, de las cuales una opina sobre el mismo y la otra lo aprueba.

De aprobarse la iniciativa en comento dicho régimen de inversión sería analizado sólo por una de las instancias que actualmente lo hacen.

Asimismo, de aprobarse la iniciativa se trastocaría la naturaleza del Comité Consultivo y de Vigilancia al convertirlo en un órgano ejecutivo en lugar de consultivo como su nombre lo indica.

Por lo expuesto, estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social consideran inviable esta Iniciativa presentada el día 26 de marzo de 2002 por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que determinan desecharla.

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro presentada por el diputado Pedro Miguel Rosaldo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática el día 2 de abril de 2002, turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

Esta iniciativa propone corregir la redacción de algunos artículos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, dotar de nuevas atribuciones al Comité Consultivo y de Vigilancia, revisar las estructuras y régimen de las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, el régimen de inversión de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro y modificar algunas de las facultades de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Al respecto, estas comisiones dictaminadoras se han percatado de que los artículos 3o. fracción IX, 5o. 5º fracciones II, VI y XVI, 8o. fracciones I, II, III y V y último párrafo, 10 fracción V, 12 fracciones XII, XV y XVI y último párrafo, 18 fracción III, 23, 29 fracción III, 31, 41 fracción III, 45 tercer párrafo, 49 primer párrafo, 50 fracción III y último párrafo, 56, 79 párrafo segundo, que se pretenden modificar son muy similares a las propuestas del Ejecutivo Federal, proponiendo a lo más cambios menores en la redacción.

Asimismo, se presentan propuestas en las que el texto de la iniciativa es idéntico al de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, como es el caso de los artículos 5o. fracción XII, 44, 48 fracción XI, 49 cuarto párrafo y 51 cuarto párrafo.

También se propone realizar diversas modificaciones menores a la redacción de diversos artículos de la ley vigente, como es el caso de las reformas a los artículos 2o., 3o. fracciones III y V, 52 párrafo primero y 83 párrafo segundo.

De igual forma se retoman las propuestas contenidas en la iniciativa a que se refiere el inciso anterior presentada el pasado 26 de marzo, por lo que se debe estar a lo expuesto en dicho inciso.

Por lo que se refiere a las propuestas de fondo tales como el artículo 37, relativo a las comisiones previas a la presentación de esta Iniciativa estas comisiones unidas habían venido trabajando en un nuevo texto, como se expone más adelante, el cual propone que las estructuras de comisiones deban ser presentadas por las Afores a la Junta de Gobierno de la Consar para su autorización facultando a este órgano de Gobierno para exigir aclaraciones y adecuaciones, así como para negar la autorización si las comisiones sometidas son excesivas conforme a los parámetros que determine la propia Junta de Gobierno o se encuentren fuera de los parámetros de mercado.

Asimismo, estas comisiones unidas han estudiado profundamente el tema del régimen de inversión de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, consultándose a diversos expertos en la materia, derivado de lo cual se elaboraron los textos que más adelante se proponen.

Por lo expuesto, estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social consideran inviable esta iniciativa presentada el día 2 de abril de 2002 por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por lo que determinan desecharla.

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados han determinado aprobar en lo general la Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, sometida a la consideración de esta soberanía por el titular del Ejecutivo Federal.

Sin perjuicio de lo anterior, después de haber llevado a cabo un minucioso y exhaustivo análisis y estudio de la mencionada iniciativa proveniente del Ejecutivo, estas comisiones dictaminadoras consideran pertinente realizar diversas adiciones, adecuaciones y modificaciones a algunos de los preceptos normativos contenidos en tal proyecto con el único fin de que la presente reforma legislativa se lleve a cabo de manera correcta, íntegra y congruente, incorporando ciertas disposiciones y previsiones que se consideran necesarias, acotando o eliminando las que se consideran excesivas o innecesarias y procurando, en fin, que el proyecto de decreto que sea sometido a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados sea acorde con los principios de la técnica legislativa y recoja las inquietudes, sugerencias, observaciones y comentarios aportados tanto por las Iniciativas como por parte de las deliberaciones efectuadas en el seno de estas comisiones unidas, por parte de los legisladores integrantes de las mismas.

Las adiciones, adecuaciones y modificaciones propuestas por estas comisiones dictaminadoras a la iniciativa de referencia son las que se mencionan y exponen a continuación:

En primer término estas comisiones se permiten modificar la fracción III-bis que se propone adicionar al artículo 3o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en términos de la iniciativa materia del presente dictamen, en el sentido de incluir, dentro de la definición del término "cuenta individual" y como otras de las aportaciones susceptibles de depositarse en la cuenta individual, las nuevas aportaciones denominadas "complementarias de retiro" y detallar el tipo de recursos que se depositarán en las cuentas individuales.

Por lo que se refiere a la definición de nexo patrimonial contenida en la fracción VIII del artículo 3o.º de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la cual se derogaba en términos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo proponiéndose incorporar como facultad de la Consar establecer criterios para determinar cuando hay nexo patrimonial, estas comisiones unidas consideran que no debe derogarse ni reformarse esta fracción considerando que en diferentes artículos se conserva la expresión de nexo patrimonial, que quedaría sin sustento si se derogara su definición y que la propuesta del Ejecutivo ampliaría la discrecionalidad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro al dejar a su arbitrio lo que se entendería por nexo patrimonial. Por lo que, se propone, que esta fracción conserve su texto vigente.

Asimismo, se propone modificar las fracciones XII y XIII y adicionar una fracción XIII bis al mismo artículo 3o., con la intención de que se aclaren los conceptos de trabajador, trabajador afiliado y trabajador no afiliado considerados dentro de la Iniciativa que se dictamina.

En consecuencia, se propone que las reformas y adiciones al precepto legal antes mencionado sean las que se indican a continuación:

III-bis. Cuenta Individual, aquélla de la que sea titular un trabajador afiliado, en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y estatales y sus rendimientos, se registrarán las aportaciones a los fondos de vivienda y se depositarán los demás recursos que en términos de esta ley puedan ser aportados a las mismas, así como aquellas otras que se abran a otros trabajadores no afiliados en términos de esta ley;

V. Fondos de Previsión Social, a los fondos de pensiones o jubilaciones de personal, de primas de antigüedad, así como fondos de ahorro establecidos por empresas privadas, dependencias o entidades públicas federales, estatales o municipales o por cualquier otra persona, como una prestación laboral a favor de los trabajadores;

IX. Participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, a las instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras previstas en el reglamento de esta ley;

XII. Trabajador, a los trabajadores afiliados, así como a cualquier otra persona que tenga derecho a la apertura de una cuenta individual en los términos de esta ley;

XIII. Trabajador Afiliado, a los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social;

XIII-bis. Trabajador no afiliado, a los trabajadores que no se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y

XIV. Vínculo laboral, la prestación de servicios subordinados de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o la prestación de servicios profesionales.

En segundo lugar, aun cuando la iniciativa del Ejecutivo Federal ya propone efectuar algunas reformas a diversas fracciones del artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones consideran necesario adicionar una nueva fracción VI-bis a tal precepto, en la cual se establezca la facultad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores y comisarios de las entidades participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de las instituciones de crédito, toda vez que la aprobación de los nombramientos de los funcionarios de estas últimas es competencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por considerar que resulta innecesario y sumamente engorroso el que la autoridad apruebe los nombramientos de los funcionarios indicados, bastando con que pueda tener conocimiento de los mismos, pudiendo requerir y allegarse la información que considere pertinente a fin de ilustrarse acerca de la identidad y los antecedentes de las personas designadas para ocupar los cargos de que se trate.

Asimismo, en congruencia con la derogación de la fracción XVII del artículo 16 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se propone reformar la fracción XIV del artículo 5o. de dicho ordenamiento legal, en el sentido de suprimir la facultad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para publicar información relacionada con las reclamaciones presentadas en contra de instituciones de crédito y de administradoras, toda vez que las reclamaciones en cuestión ya no son de la competencia del mencionado órgano desconcentrado.

Por otra parte, en la iniciativa del Ejecutivo se propone agregar como facultad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la de establecer criterios para determinar cuando hay nexo patrimonial entre un participante en los Sistemas de Ahorro para el Retiro o sus funcionarios y un tercero, mediante la adición de una fracción XIV bis al artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Al respecto, al no haber sido procedente eliminar la definición de nexo patrimonial prevista en el artículo 3o. fracción VIII como ya se expuso, estas comisiones unidas tampoco consideran procedente esta adición por los motivos expuestos en el numeral anterior del presente dictamen.

En tal virtud, se sugiere que las modificaciones y adiciones al artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro queden en los siguientes términos:

Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en los sistemas de ahorro para el retiro, tratándose de las instituciones de crédito esta facultad se aplicará en lo conducente;

VI. Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones a que se refiere esta ley, a las administradoras y sociedades de inversión;

VI-bis. Conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores y comisarios de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de las instituciones de crédito;

XIII. Rendir un informe semestral al Congreso de la Unión sobre la situación que guardan los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el que se deberá considerar un apartado específico en el que se mencionen las carteras de inversión de las sociedades de inversión;

XIV. Dar a conocer a la opinión pública reportes sobre comisiones, número de trabajadores registrados en las administradoras, estado de situación financiera, estado de resultados, composición de cartera y rentabilidad de las sociedades de inversión, cuando menos en forma trimestral;

3. En congruencia con la adición de la fracción VI-bis al artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en los términos señalados en el numeral 2 que antecede, estas comisiones proponen reformar la fracción III del artículo 8o. de dicho cuerpo legal en el sentido de eliminar la facultad de la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para aprobar el nombramiento de los consejeros no independientes, directores generales, funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores, comisarios y apoderados de las entidades participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, bastando, como ya se mencionó, que dicho órgano desconcentrado pueda tomar conocimiento de tales nombramientos.

Asimismo, se propone que la Junta de Gobierno previamente a emitir las reglas de carácter general en materia de régimen de inversión y de comisiones cuente con la opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia, reformándose las fracciones IV y V del artículo 8o., a efecto de garantizar que no se puedan modificar estos importantes asuntos sin la conformidad de este último órgano de gobierno, en el cual están representados los trabajadores, los patrones y el Gobierno.

Asimismo se propone que el Presidente de la Comisión sólo pueda delegar las facultades que le sean delegadas a éste por la Junta de Gobierno, relativas al personal de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las sanciones, únicamente a los vicepresidentes y directores generales y no a cualquier servidor público de la Consar como estaba contemplado en el penúltimo párrafo del artículo 8o. de la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal, por lo que el precepto en comento deberá quedar redactado en los siguientes términos:

I. Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones para la organización, operación, funcionamiento y fusión de las administradoras y sociedades de inversión, las autorizaciones para la adquisición de acciones de las administradoras y del capital fijo de las sociedades de inversión, en los términos de esta ley y las autorizaciones para que las administradoras realicen actividades análogas o conexas a su objeto social;

II. Ordenar la intervención administrativa o gerencial de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de las instituciones de crédito;

III. Amonestar, suspender, remover e inhabilitar al personal que preste sus servicios a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de las instituciones de crédito;

IV. Expedir las reglas de carácter general relativas al régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia;

V. Determinar mediante reglas de carácter general el régimen de las comisiones que las instituciones de crédito, administradoras o empresas operadoras, podrán cobrar por los servicios que presten en materia de los sistemas de ahorro para el retiro, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia;

La Junta de Gobierno podrá delegar en el Presidente de la Comisión, las facultades previstas en las fracciones II, III y VII de este artículo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Presidente podrá delegar, a su vez, las facultades previstas en las fracciones III y VII en los vicepresidentes y directores generales de la comisión, en los términos establecidos en esta ley, mientras que el ejercicio de las demás facultades señaladas en este artículo corresponderá exclusivamente a la Junta de Gobierno de la Comisión.

Los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno serán firmados por el Presidente de la comisión para su ejecución y, en su caso, publicación.

Estas comisiones dictaminadoras sugieren adicionar el artículo 12 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, relativo a las facultades y obligaciones del Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, particularmente en su fracción I, con un párrafo en el cual se detallen, de manera enunciativa, las principales facultades de dicho funcionario como representante legal del mencionado órgano desconcentrado, particularmente por lo que hace a los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que tal órgano de autoridad sea parte, previendo la posibilidad de que tales facultades sean ejercidas por el Presidente directamente o por medio de los vicepresidentes o directores generales que el mismo designe en los acuerdos delegatorios que expida a tal efecto, lo cual se hace necesario en virtud de que el Presidente de Consar, en cumplimiento de sus funciones, eventualmente puede llegar a ausentarse.

En el mismo sentido, se propone adicionar un segundo párrafo a la mencionada fracción I del artículo 12 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en el cual se prevea que en atención al carácter de altos funcionarios del Presidente y los vicepresidentes de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, éstos solamente estarán obligados a absolver posiciones o a rendir declaración en juicio por escrito, cuando sean requeridos a tal efecto mediante oficio expedido por la autoridad competente.

Por último, se propone mejorar la redacción del último párrafo del artículo 12, que se adiciona en términos de la iniciativa del Ejecutivo y se propone que las facultades propias del Presidente y las que le delegue la Junta de Gobierno para imponer sanciones, se puedan delegar a su vez, a los vicepresidentes y directores generales de la comisión.

Así pues, el precepto en cuestión deberá quedar redactado en los siguientes términos:

En los procedimientos judiciales, administrativos o laborales en los que la comisión sea parte o pueda resultar afectada, el Presidente directamente o por medio de los vicepresidentes o directores generales de la comisión que al efecto designe en los acuerdos delegatorios, ejercitará las acciones, excepciones y defensas, producirá alegatos, ofrecerá pruebas, interpondrá los recursos que procedan, podrá presentar desistimientos y en general realizará todos los actos procesales que correspondan a la comisión o a sus órganos, incluyendo en los juicios de amparo la presentación de los informes de ley.

El Presidente y los vicepresidentes sólo estarán obligados a absolver posiciones o rendir declaración en juicio, en representación de la comisión o en virtud de sus funciones cuando las posiciones y preguntas se formulen por medio de oficio expedido por autoridad competente, mismo que contestarán por escrito dentro del término establecido por dicha autoridad.

IV. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de las disposiciones que compete expedir a ese órgano de Gobierno;

XII. Ejecutar los acuerdos de intervención administrativa o gerencial de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con excepción de las instituciones de crédito, en los términos previstos por esta ley;

XV. Representar a la Junta de Gobierno en los juicios de amparo en los que aquélla sea parte;

Las facultades que otorga la presente ley al Presidente, así como aquellas que le delegue la Junta de Gobierno de las facultades previstas en el artículo 8o. fracciones III y VII, podrán, a su vez, delegarse en los vicepresidentes y directores generales de la comisión, mediante acuerdo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que les sean atribuidas a esos servidores públicos en términos del Reglamento Interior de la Comisión.

5. Estas comisiones unidas, considerando las diversas Iniciativas presentadas en las que se proponía fortalecer las facultades del Comité Consultivo y de Vigilancia, proponen que las facultades de que hoy goza este comité relativas a opinar sobre el Régimen de Inversión y de comisiones previstas en las fracciones VIII y IX del artículo 16 sean reforzadas de forma tal que sólo en caso de que la opinión del comité sea favorable las modificaciones sobre estos importantes asuntos sean sometidas a la aprobación de la Junta de Gobierno.

Asimismo, en relación con la fracción XVII del mismo artículo, se propone facultar al Comité Consultivo y de Vigilancia para conocer de las reclamaciones que se presenten contra las administradoras de fondos para el retiro en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, quedando en consecuencia la disposición en comento como sigue:

VIII. Emitir opinión respecto de las reglas generales relativas al régimen de inversión al que deberán sujetarse las sociedades de inversión, así como de su aplicación. En caso de que esta opinión sea favorable las reglas respectivas se deberán someter a la aprobación de la Junta de Gobierno;

IX. Emitir opinión a la Junta de Gobierno respecto de las reglas de carácter general sobre el régimen de comisiones y su estructura, así como de su aplicación. En caso de que esta opinión sea favorable las reglas respectivas se deberán someter a la aprobación de la Junta de Gobierno;

XIV. Emitir opinión sobre la aplicación de los mecanismos que adopte la Comisión para evitar que se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas como resultado de la conducta de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro o por una concentración de mercado, en términos del artículo 25 de esta ley, y sobre la conveniencia de autorizar límites mayores a la concentración de mercado prevista en el artículo 26 de la presente ley;

XVI. Tomar conocimiento del informe de las sanciones impuestas por la comisión;

XVII. Conocer de la información relativa a las reclamaciones presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en contra de las administradoras;

6. Estas comisiones se permiten modificar la iniciativa del Ejecutivo Federal en lo tocante a las fracciones I-bis, I ter y I quáter que se pretenden adicionar al artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, precepto legal que establece las actividades que constituyen el objeto de las administradoras de fondos para el retiro.

En efecto, estas dictaminadoras no consideran conveniente sino hasta que se haga una revisión de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que la posibilidad de que las aportaciones obligatorias del 2% correspondientes al Sistema de Ahorro Para el Retiro previsto en dicha ley se destinen a una cuenta individual abierta y operada por las administradoras de fondos para el retiro que sean elegidas por tales trabajadores, a efecto de que, en todo caso, se analice de manera integral dicha ley y los derechos de los trabajadores protegidos por la misma.

En tal virtud, se resuelve suprimir la fracción I-bis que se pretende adicionar al artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en términos de la iniciativa presidencial en estudio, pasando las fracciones I ter y I quáter que se adicionan al mencionado precepto conforme a dicha Iniciativa, a ser las nuevas fracciones I-bis y I ter, respectivamente, del multicitado artículo 18 del referido cuerpo legal, pero modificadas por estas comisiones en los términos que se exponen a continuación.

Por lo que respecta a la nueva fracción I-bis, tomando en consideración la modificación propuesta por estas dictaminadoras consistente en la supresión del artículo 74-bis previsto en la Iniciativa del Ejecutivo Federal y el consecuente cambio de numeración de los artículos 74 ter, 74 quáter y 74 quinquies, los cuales pasan a ser los nuevos artículos 74 bis, 74, ter y 74 quáter, respectivamente, es necesario modificar la referencia que la nueva fracción I-bis del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro hace al artículo 74 ter de dicho ordenamiento legal, para que en lo sucesivo tal referencia se haga al artículo 74 bis.

En el mismo sentido y por lo que toca a la referencia que la nueva fracción I ter del artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro hace al artículo 74 quinquies del mencionado ordenamiento legal, es necesario modificar tal referencia, toda vez que el artículo 74 quinquies, derivado de la supresión por parte de estas comisiones del artículo 74-bis previsto en la Iniciativa en estudio, se ha convertido en el nuevo artículo 74 quáter, en términos de lo expuesto y resuelto en el punto número 25 del presente dictamen.

Asimismo, con el fin de que las mencionadas fracciones guarden congruencia con las definiciones propuestas en el punto número 1 del presente dictamen se incorpora en su texto de manera expresa el tipo de trabajador a que está dirigida cada fracción.

Asimismo, se modifica la fracción II del artículo en comento, en el sentido de establecer, en forma congruente con otros preceptos legales que también se reforman y como uno de los objetos de las administradoras de fondos para el retiro, el de recibir, además de las cuotas y aportaciones obligatorias de seguridad social y de las aportaciones voluntarias, las nuevas aportaciones complementarias de retiro.

Por lo que se refiere a la fracción IV del artículo 18 se propone modificar la periodicidad mínima para el envío de los estados de cuenta a dos veces al año e incorporar obligatoriamente en el mismo información del importe de las aportaciones hechas en la cuenta, el número de días cotizados cada bimestre y el importe de las comisiones que se le cobren al trabajador.

En el último párrafo de este artículo se aclara que las administradoras podrán obtener ingresos por la administración de los recursos de los fondos de previsión social, por lo que el texto de la reforma al artículo 18 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro que se propone es el que se indica a continuación:

Artículo 18. Las administradoras son entidades financieras que se dedican de manera habitual y profesional a administrar las cuentas individuales y canalizar los recursos de las subcuentas que las integran en términos de la presente ley, así como a administrar sociedades de inversión.

Tratándose de trabajadores afiliados, sus cuentas individuales se sujetarán a las disposiciones de las leyes de seguridad social aplicables y sus reglamentos, así como a las de este ordenamiento. Para el caso de las subcuentas de vivienda, las administradoras deberán individualizar las aportaciones y rendimientos correspondientes con base en la información que les proporcionen los institutos de seguridad social. La canalización de los recursos de dichas subcuentas se hará en los términos previstos por sus propias leyes;

I-bis. Abrir, administrar y operar cuentas individuales, en las que se reciban recursos de los trabajadores no afiliados que así lo deseen, destinados a la contratación de rentas vitalicias, seguros de sobrevivencia o retiros programados en los términos previstos en el artículo 74-bis de esta ley y conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la comisión;

I ter. Abrir, administrar y operar cuentas individuales, en las que se reciban recursos de los trabajadores no afiliados de las dependencias o entidades públicas de carácter estatal o municipal cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 74 quáter de esta ley y conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la comisión;

II. Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales de conformidad con las leyes de seguridad social, así como las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro y los demás recursos que en términos de esta ley puedan ser recibidos en las cuentas individuales y administrar los recursos de los fondos de previsión social;

III. Individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas;

IV. Enviar, por lo menos dos veces al año, al domicilio que indiquen los trabajadores, sus estados de cuenta y demás información sobre sus cuentas individuales y el estado de sus inversiones, destacando en ellos las aportaciones patronales, del Estado y del trabajador y el número de días de cotización registrado durante cada bimestre que comprenda el periodo del estado de cuenta, así como las comisiones cobradas por la administradora y las sociedades de inversión que administre. Asimismo, se deberán establecer servicios de información y atención al público;

IX. Entregar los recursos a las instituciones de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia;

X. Los análogos o conexos a los anteriores que sean autorizados por la Junta de Gobierno.

Las administradoras, además de las comisiones que cobren a los trabajadores en términos del artículo 37 del presente ordenamiento, podrán percibir ingresos por la administración de los recursos de los fondos de previsión social.

7. Estas comisiones unidas consideran que es necesario que los trabajadores tengan conocimiento del salario y los días laborales con base en los cuales su patrón paga sus cuotas de seguridad social a efecto de que el trabajador pueda asegurarse de que éstos coinciden con sus percepciones y con los días que efectivamente laboró, por lo anterior se propone la adición de un artículo 18-bis a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en los siguientes términos:

"Artículo 18-bis. Las administradoras deberán incluir en los estados de cuenta que tienen obligación de emitir a los trabajadores afiliados, sin costo adicional, el salario base de cotización y el número de días laborados declarados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para efecto del pago de cuotas.

Para tal fin, la comisión expedirá las reglas de carácter general que correspondan.

En caso de discrepancia entre el salario recibido por el trabajador, su forma de integración o los días laborados por éste, con los declarados por el patrón, el trabajador podrá denunciarlo ante las autoridades competentes."

8. En congruencia con la adición de una nueva fracción VI-bis al artículo 5o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, propuesta por estas comisiones en el punto número 2 del presente dictamen y relativa a la facultad de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, funcionarios y comisarios de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, se adiciona la iniciativa en estudio con una reforma a la fracción IV del artículo 20 de dicha ley, imponiendo a las administradoras la obligación de informar a la mencionada autoridad administrativa acerca de los nombramientos de dichos funcionarios, así como la obligación de someter a la consideración del Comité Consultivo y de Vigilancia de Consar los nombramientos de los consejeros independientes y del contralor normativo, proponiéndose que dicho precepto quede redactado de la siguiente manera:

IV. Informar a la comisión los nombramientos de los miembros de su consejo de administración, del director general, de los funcionarios de los dos niveles inmediatos siguientes y de sus comisarios y someter a la aprobación del Comité Consultivo y de Vigilancia los nombramientos de los consejeros independientes y del contralor normativo."

8-bis. En relación con la derogación propuesta en la iniciativa del Ejecutivo respecto al tercer párrafo del artículo 22 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones unidas consideran que este párrafo no debe derogarse sino adecuarse conforme a las entidades creadas en términos de otras leyes financieras y preverse así, al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en lugar de las instituciones señaladas.

Para efectos de este artículo se considera que una entidad financiera no cumple con los niveles de capitalización cuando se encuentren pendientes de cubrir apoyos financieros del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario."

9. Por otra parte, estas comisiones se permiten precisar la propuesta de reforma al artículo 23 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente por lo que respecta al segundo párrafo de tal precepto, en el sentido de prever, en forma congruente con el primer párrafo de dicho artículo, que la adquisición del 5% o más del capital de una administradora está sujeta a previa autorización de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, no a la aprobación de tal órgano como incorrectamente se señala en el mencionado segundo párrafo, por lo que este precepto quedará redactado de la siguiente manera:

"Artículo 23. La adquisición de acciones de cualquier serie de una administradora o la incorporación de nuevos accionistas a ésta, que implique la participación del adquirente en 5% o más del capital social de dicha administradora, así como la fusión de administradoras, deberán ser autorizadas por la comisión, siempre y cuando estas operaciones no impliquen conflicto de interés.

La autorización para la adquisición de acciones que representen el 5% o más del capital social de una administradora, también se requerirá para el caso de personas físicas o morales que la comisión considere para estos efectos como una sola persona, de conformidad con lo que disponga el reglamento de esta ley.

Cuando la adquisición de acciones sea menor al 5% de su capital social, la administradora de que se trate deberá dar aviso a la comisión con 10 días hábiles de anticipación a que surta efectos el acto y proporcionarle la información que ésta determine. Asimismo, una vez efectuada la operación deberá hacerlo del conocimiento de la comisión."

10. En este orden de ideas, estas dictaminadoras consideran necesario modificar la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal al artículo 28 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, particularmente por lo que hace al segundo párrafo de dicho precepto, en el sentido de facultar a Consar para determinar, mediante disposiciones de carácter general y atendiendo a la naturaleza de cada sociedad de inversión, en cuales sociedades de inversión de las que sean operadas por cada administradora deberá constituirse la reserva especial a que alude esta disposición, así como el monto y composición de la misma.

Lo anterior se basa en el reconocimiento de los distintos tipos de sociedades de inversión que pueden ser constituidas y operadas por las administradoras, así como de la diferente naturaleza, objeto social, régimen de inversión, origen y finalidad de los recursos, de las diversas sociedades de inversión, todo lo cual incide poderosamente en el hecho de que una determinada sociedad de inversión deba contar con una reserva especial, mientras que otro u otros tipos de sociedades de inversión no la requieran, así como el monto y composición de la reserva especial, todo lo cual deberá ser determinado por Consar, conforme al mencionado artículo 28, mismo que se sugiere sea del siguiente tenor:

"Artículo 28. Las administradoras estarán obligadas a constituir y mantener una reserva especial invertida en las acciones de cada una de las sociedades de inversión que administren.

La Junta de Gobierno determinará mediante disposiciones de carácter general, con base en el capital suscrito y pagado por los trabajadores, el monto y composición de la reserva especial, tomando en cuenta la naturaleza de cada sociedad de inversión.

En los casos en que el monto y composición de la reserva especial en una sociedad de inversión se encuentre por debajo del mínimo requerido, la administradora que la opere estará obligada a reconstituirla dentro del plazo que determine la comisión, mismo que no podrá exceder de 45 días naturales.

La reserva especial a que se refiere este artículo, deberá constituirse sin perjuicio de integrar la reserva legal establecida por la Ley General de Sociedades Mercantiles."

11. Por lo que hace a la reforma propuesta en la iniciativa a la fracción III del artículo 29 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se considera conveniente, por razones de uniformidad y cuestiones de terminología, conservar la palabra "tipo" para caracterizar a los contratos de administración de fondos para el retiro que se celebren entre las administradoras y los trabajadores, así como establecer los elementos mínimos de este contrato, sugiriendo que tal precepto quede, en lo sucesivo, redactado de la siguiente manera:

III. Los contratos tipo de administración de fondos para el retiro que las administradoras celebren con los trabajadores, los prospectos de información y las modificaciones a éstos.

Los contratos de administración de fondos para el retiro deberán contener los siguientes elementos mínimos:

b) El tipo de trabajador con el que se celebra conforme a las definiciones contenidas en el artículo 3o. de la presente ley;

e) La estructura y cobro de comisiones por los servicios prestados por la administradora;

f) La responsabilidad de la administradora por sus actos y los de las sociedades de inversión que administren;

12. En lo tocante al artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones consideran imperativo modificar la propuesta de reforma a tal precepto presentada por el Ejecutivo Federal, en primer término, por lo que respecta al párrafo cuarto de este artículo con el fin de precisar que, aún cuando las administradoras pueden cobrar comisiones distintas por cada una de las sociedades de inversión que operen, en el supuesto de servicios similares prestados en sociedades de inversión del mismo tipo se deberán cobrar las mismas comisiones, en orden a preservar los principios de no discriminación y de cobro de las comisiones sobre bases uniformes, establecidos en este mismo dispositivo legal.

En segundo lugar, se modifica el párrafo quinto del artículo, a efecto de establecer que la Junta de Gobierno de la Consar tendrá la facultad de autorizar las estructuras de comisiones de las Afores, así como negar dicha autorización cuando las comisiones propuestas sean excesivas.

Asimismo, se modifica el párrafo séptimo del artículo 37 en el sentido de precisar que el derecho a traspasar los recursos de la cuenta individual a otra administradora en caso de una modificación a la estructura de comisiones se confiere a todos los trabajadores, señalando que tal derecho se actualizará siempre y cuando dicha modificación implique un incremento en las comisiones que se cobren al trabajador.

Asimismo, estas comisiones se permiten modificar el párrafo octavo del mencionado artículo 37, con el único y exclusivo fin de suprimir la remisión que hace tal párrafo a los artículos 74 ter y 74 quinquies, la cual ya no resulta correcta al haber cambiado la numeración de tales artículos, así como por considerar que el ejercicio del derecho al traspaso o retiro de recursos, en caso de una modificación a la estructura de comisiones, por parte de los diversos grupos de trabajadores a quienes se les otorga el derecho a abrir una cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro, deberá preverse en los contratos de administración de fondos para el retiro que se celebren con las administradoras, así como establecerse en los prospectos de información de las sociedades de inversión.

Estas comisiones unidas consideran también añadir un párrafo noveno al artículo en comento con el fin de prever que en el caso de la fusión de dos o más Afores se les aplicará a los trabajadores la estructura de comisiones más baja.

Asimismo, se modifica el párrafo octavo de este artículo, en el sentido de establecer que las administradoras no podrán cobrar comisión alguna a los trabajadores por el traspaso de las cuentas individuales ni por el traspaso de recursos entre sociedades de inversión, por considerar que no se deber hacer oneroso, en forma alguna, el ejercicio del derecho de traspaso por parte de los trabajadores.

Por último, se propone adicionar dos párrafos al artículo en los que se establezca de manera inequívoca el derecho de los trabajadores a conocer las comisiones que cobran las diversas administradoras de fondos para el retiro y la obligación de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de las mismas administradoras de proporcionar dicha información.

En consecuencia se propone que el artículo 37 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, una vez reformado, quede redactado de la siguiente forma:

"Artículo 37. Las administradoras sólo podrán cobrar a los trabajadores con cuenta individual las comisiones con cargo a esas cuentas que establezcan de conformidad con las reglas de carácter general que expida la comisión.

Las comisiones por administración de las cuentas individuales podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados, sobre el flujo de las cuotas y aportaciones recibidas o sobre ambos conceptos. Las administradoras sólo podrán cobrar comisiones de cuota fija por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley, y en ningún caso por la administración de las cuentas. A las cuentas individuales inactivas, únicamente les podrán cobrar comisiones sobre su saldo acumulado.

Las administradoras podrán cobrar comisiones distintas por cada una de las sociedades de inversión que operen.

Cada administradora deberá cobrar las comisiones sobre bases uniformes, cobrando las mismas comisiones por servicios similares prestados en sociedades de inversión del mismo tipo, sin discriminar contra trabajador alguno, sin perjuicio de los incentivos que se otorguen a los propios trabajadores por permanencia o por ahorro voluntario.

Las administradoras deberán presentar a la Junta de Gobierno de la comisión su estructura de comisiones para su autorización, la cual, una vez analizada la solicitud, podrá exigir aclaraciones, adecuaciones o en su caso denegar la autorización respectiva si las comisiones sometidas a su autorización son excesivas conforme a los criterios que determine la Junta de Gobierno para los intereses de los trabajadores o se encuentran fuera de los parámetros del mercado. La propia Junta de Gobierno de la comisión emitirá criterios o recomendaciones sobre el nivel y estructura de las comisiones. Asimismo, la Junta de Gobierno deberá resolver expresamente, fundando y motivando, sobre la autorización solicitada dentro del plazo previsto en el artículo 119 de esta ley.

Las nuevas comisiones comenzarán a cobrarse una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación cuando se trate de incrementos. En el caso de que se trate de una disminución de comisiones, éstas podrán aplicarse a partir de que se le notifique la autorización correspondiente a la administradora.

En el supuesto de que una administradora modifique su estructura de comisiones, los trabajadores registrados en la misma tendrán derecho a traspasar los recursos de su cuenta individual a otra administradora, siempre y cuando dicha modificación implique un incremento en las comisiones que se cobren al trabajador.

El derecho al traspaso o retiro de recursos, en caso de una modificación a la estructura de comisiones, deberá preverse en los contratos de administración de fondos para el retiro y en los prospectos de información, de conformidad con lo que establezca al efecto la comisión.

Siempre que se fusionen dos o más administradoras, deberá prevalecer la estructura de comisiones más baja conforme a los criterios que al efecto expida la Junta de Gobierno de la comisión.

En ningún caso, las administradoras podrán cobrar comisiones por el traspaso de las cuentas individuales o de recursos entre sociedades de inversión, ni por entregar los recursos a la institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia.

Con la finalidad de que los trabajadores puedan tener información oportuna sobre las comisiones que se cobren con cargo a sus cuentas individuales, la comisión deberá informar periódicamente a través de los medios a su disposición las comisiones que cobren las distintas administradoras, procurando que dicha información sea expresada en lenguaje accesible y permita a los trabajadores comparar las comisiones que cobran las distintas administradoras.

Asimismo, la comisión determinará la forma y términos en que las administradoras deberán dar a conocer a los trabajadores sus estructuras de comisiones."

13. Por lo que respecta al segundo párrafo que, en términos de la iniciativa materia de este dictamen, se adiciona al artículo 39 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones se permiten modificarlo en el sentido de establecer que las sociedades de inversión también están facultadas para invertir las aportaciones complementarias de retiro que reciban, lo cual es congruente con los cambios igualmente propuestos por estas dictaminadoras a los artículos 18 fracción II y 74 del mencionado ordenamiento legal, quedando, por lo tanto, el referido artículo 39 en los siguientes términos:

"Artículo 39. Las sociedades de inversión, administradas y operadas por las administradoras, tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de esta ley. Asimismo, las sociedades de inversión invertirán los recursos de las administradoras a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley.

Además, las sociedades de inversión podrán invertir las aportaciones destinadas a fondos de previsión social, las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que reciban de los trabajadores y patrones, así como los demás recursos que en términos de esta ley pueden ser depositados en las cuentas individuales."

14. Estas comisiones modifican la Iniciativa con la adición de un segundo párrafo al artículo 42 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y la reforma del actual segundo párrafo de dicha disposición convertido en nuevo tercer párrafo, con el fin de agilizar el funcionamiento del comité de inversión de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, señalando en forma precisa la integración del mencionado comité, así como la prohibición de que los miembros del comité de riesgos de tales sociedades sean, al mismo tiempo, miembros del comité de inversión, con excepción del director general de la administradora, el cual deberá participar en ambos comités.

En este sentido, se propone que el precepto legal en comento quede redactado en los siguientes términos:

Este comité deberá integrarse cuando menos con un consejero independiente, el director general de la administradora que opere a la sociedad de inversión y los demás miembros que designe el consejo de administración de la sociedad de inversión de que se trate. No podrán ser miembros de este comité aquellas personas que sean miembros del comité de riesgos de la sociedad con excepción del director general de la administradora, el cual deberá participar en ambos comités.

La designación de los operadores de las sociedades de inversión deberá contar con el voto favorable de los consejeros independientes que sean miembros del comité de inversión.

15. Asimismo, se adiciona la iniciativa con una propuesta de artículo 42-bis de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, el cual prevé la obligación a cargo de las Siefores de contar con un comité de riesgos el cual tiene por objeto administrar los riesgos a los que se encuentran expuestas las inversiones de tales sociedades, disposición con la cual se pretende dar una mayor y más efectiva protección a los recursos de los trabajadores invertidos en las Siefores, mediante el establecimiento y cumplimiento de límites, políticas y procedimientos para la administración de riesgos por parte del consejo de administración y del propio comité de riesgos de la sociedad de que se trate.

"Artículo 42-bis. Las sociedades de inversión deberán contar con un comité de riesgos, el cual tendrá por objeto administrar los riesgos a que se encuentren expuestas, así como vigilar que la realización de sus operaciones se ajuste a los límites, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por su consejo de administración.

La composición de este comité deberá ser determinada por la comisión mediante disposiciones de carácter general. En todo caso deberán ser integrantes del mismo un consejero independiente y uno no independiente de la sociedad de inversión de que se trate, los cuales no deberán ser miembros del comité de inversión de la misma sociedad de inversión y el director general de la administradora que opere a la sociedad de inversión."

16. Por lo que se refiere al artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, una vez analizadas las diversas Iniciativas de reforma a esta disposición presentadas por el Ejecutivo Federal y por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional descritas en las consideraciones del presente dictamen, estas comisiones dictaminadoras han determinado proponer una nueva versión de dicho precepto legal, la cual incorpore, en la medida de lo posible y en forma congruente, sistemática y armónica, las propuestas contenidas en las mencionadas iniciativas, así como las inquietudes, sugerencias, observaciones y comentarios aportados en el curso de las deliberaciones llevadas a cabo por los miembros integrantes de estas comisiones unidas.

En este sentido, entre otras modificaciones y adiciones al artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se propone eliminar la limitación existente para que las sociedades de inversión puedan invertir su activo en determinados valores, títulos e instrumentos que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores, estableciendo, por el contrario, que las sociedades de inversión deberán operar con valores, documentos y demás instrumentos que se prevean en el régimen de inversión que sea establecido por Consar mediante disposiciones de carácter general, evitando, de esta manera, el incurrir en enumeraciones innecesarias y limitativas, las cuales, además, no pueden prever el universo de títulos que pueden ser emitidos en el futuro en atención al dinamismo propio de los emisores, permitiendo así que los recursos de los trabajadores accedan a toda la oferta de valores existente o que puedan existir en el mercado, con el fin de tener todas las opciones disponibles para buscar la mejor combinación de títulos en beneficio de los trabajadores.

Asimismo, estas comisiones dictaminadoras consideran imperativo que el precepto legal en estudio disponga expresamente que los instrumentos de deuda emitidos por personas diferentes al Gobierno Federal deberán estar calificados y que las acciones deberán reunir los requisitos de bursatilidad que establezca Consar.

Por otra parte y con el fin de que el artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sea congruente con lo establecido en los artículo 44 y 45 de dicha ley, se propone modificar aquel precepto en el sentido de precisar que el Comité de Análisis de Riesgos es un órgano técnico de consulta y opinión previa, mientras que los actos de autoridad tales como el establecimiento de criterios para la adquisición de instrumentos de renta variable, la prohibición de adquirir ciertos valores, la emisión de reglas para la recomposición de carteras y la fijación del plazo para tal efecto, le corresponde realizarlos a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en su carácter de órgano de autoridad.

Finalmente, estas dictaminadoras consideran necesario que se conserve en esta precepto la facultad de Consar para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica o se constituyan riegos comunes para una sociedad de inversión, así como otorgar a dicho órgano desconcentrado la facultad para establecer, dentro del propio régimen de inversión de las Siefores, los requisitos que deberán reunir los trabajadores para invertir en una determinada sociedad de inversión.

En tal virtud se propone que el multicitado artículo 43 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sea reformado en su integridad para quedar redactado, en lo sucesivo, de la siguiente manera:

"Artículo 43. El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar:

Las sociedades de inversión deberán operar con valores, documentos, efectivo y los demás instrumentos que se establezcan en el régimen de inversión que mediante reglas de carácter general establezca la comisión, oyendo previamente la opinión del Banco de México, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del Comité Consultivo y de Vigilancia, debiendo ser favorable esta última.

Los instrumentos de deuda emitidos por personas jurídicas distintas al Gobierno Federal deberán estar calificados por empresas calificadoras de reconocido prestigio internacional. Las acciones deberán reunir los requisitos de bursatilidad y las demás características que establezca la comisión.

Sin perjuicio de lo anterior, la comisión, oyendo la opinión del Comité de Análisis de Riesgos, podrá prohibir la adquisición de valores cuando a su juicio representen riesgos excesivos para la cartera de las sociedades de inversión. Igualmente, la comisión, oyendo la opinión del Comité de Análisis de Riesgos, podrá emitir reglas para recomponer la cartera de las sociedades de inversión, cuando se incumpla el régimen de inversión y fijará el plazo en que las sociedades de inversión deben recomponer su cartera de valores.

La comisión queda facultada para establecer límites a las inversiones cuando se concentren en un mismo ramo de la actividad económica, o se constituyan riesgos comunes para una sociedad de inversión.

Asimismo, la comisión podrá establecer dentro del régimen de inversión los requisitos que deberán reunir los trabajadores para invertir en determinadas sociedades de inversión."

17. En este orden de ideas se considera conveniente adicionar un nuevo párrafo tercero al artículo 44 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, convirtiéndose el actual párrafo tercero en párrafo cuarto, con el fin de prever que en el caso de degradación posterior de la calificación de un valor adquirido por una sociedad de inversión especializada de fondos para el retiro, toda vez que tal circunstancia no es imputable a tal sociedad sino a terceros, se permita que la sociedad de inversión conserve el valor degradado hasta su amortización, proponiendo estas comisiones dictaminadoras que el párrafo que se adiciona esté redactado de la siguiente manera:

Asimismo, en caso de que una sociedad de inversión haya adquirido un valor que cumpla con los requisitos de calificación y posteriormente se degrade la calificación de éste, podrán conservar dicho valor hasta su amortización.

18. Por lo que respecta a la propuesta del Ejecutivo Federal de adicionar un tercer párrafo al artículo 45 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro a efecto de prever que los acuerdos del Comité de Análisis de Riesgos sean firmados por el presidente de la comisión para su ejecución, en virtud de lo expuesto en el punto 16 anterior, relativo a que dicho comité debe ser un órgano consultivo y no ejecutivo, se estima que dicha propuesta ya no es procedente, por lo que se propone que el artículo 45 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro se mantenga en los mismos términos en que se encuentra vigente hoy en día.

19. Estas comisiones han determinado modificar y ampliar la reforma propuesta al artículo 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro en términos de la iniciativa del Ejecutivo Federal, modificando, en primer lugar, el párrafo tercero de dicho precepto, en el sentido de facultar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para establecer, mediante reglas de carácter general, los requisitos que deberán cumplir los trabajadores para invertir sus recursos en una determinada sociedad de inversión, requisitos que además deberán establecerse en los prospectos de información de las sociedades de inversión de que se trate.

Asimismo, como consecuencia de la posibilidad legal de que existan diversos tipos de sociedades de inversión, las cuales estarán especializadas en la inversión de una determinada clase de aportaciones conforme a un régimen de inversión específico, estas comisiones se permiten adicionar el referido artículo 47 con un nuevo párrafo cuarto con arreglo al cual los trabajadores que dejen de cumplir con los requisitos exigidos para invertir en una sociedad de inversión deberán traspasar forzosamente los recursos invertidos en ésta, a otra sociedad de inversión en la cual sea admisible la inversión de sus recursos, de conformidad con las reglas generales que al efecto expida Consar.

En este mismo sentido, se adiciona el multicitado artículo 47 con un nuevo párrafo quinto, en términos del cual se faculta a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para determinar, mediante disposiciones de carácter general, el porcentaje máximo de recursos de cada subcuenta de los trabajadores que podrá invertirse en las sociedades de inversión que por su naturaleza así lo ameriten, con el fin de evitar que las inversiones de los trabajadores se concentren excesivamente en una determinada Siefore, disminuyendo, de esta manera, los riesgos a que se encuentran expuestas dichas inversiones, e incrementando considerablemente la seguridad de las mismas.

Como consecuencia de la adición, por parte de estas comisiones de los referidos párrafos cuarto y quinto, el párrafo que originalmente ocupaba el cuarto lugar en este precepto conforme a la Iniciativa propuesta por el Ejecutivo Federal, quedará convertido, en lo sucesivo, en el sexto párrafo de este artículo, pero modificado en su parte final en el sentido de establecer, como un requisito más que los trabajadores deberán cumplir para poder ejercer el derecho a invertir sus recursos en cualquiera de las Siefores que sean operadas por la administradora que les lleve su cuenta individual, el que no se excedan de los límites de inversión que, en su caso, determine Consar.

Finalmente, se suprimen los últimos tres párrafos del artículo 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, relativos a los prospectos de información que deben elaborar las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, toda vez que esta cuestión se regula con todo detalle en el artículo 47-bis que, en términos del presente dictamen, se adiciona al referido ordenamiento legal.

En tal virtud, estas comisiones proponen que la nueva redacción del artículo 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro sea la siguiente:

"Artículo 47. Las administradoras podrán operar varias sociedades de inversión, mismas que tendrán una distinta composición de su cartera, atendiendo a los diversos grados de riesgo y a los diferentes plazos, orígenes y destinos de los recursos invertidos en ellas.

Sin perjuicio de lo anterior, las administradoras estarán obligadas a operar, en todo caso, una sociedad de inversión cuya cartera estará integrada fundamentalmente por los valores cuyas características específicas preserven el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores, así como por aquellos otros que a juicio de la Junta de Gobierno se orienten al propósito mencionado.

A su vez, las sociedades de inversión podrán recibir e invertir recursos correspondientes a una subcuenta en forma exclusiva, o a diversas subcuentas conjuntamente y, asimismo, deberán establecer en los prospectos de información los requisitos que mediante reglas de carácter general determine la comisión que deberán cumplir los trabajadores para poder elegir que sus recursos se inviertan en la sociedad de inversión de que se trate de conformidad con su régimen de inversión.

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos exigidos para invertir en una sociedad de inversión deberán traspasar los recursos invertidos en ésta, a otra sociedad de inversión en la que sí sea admisible la inversión de sus recursos, conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la comisión.

Igualmente, la comisión podrá determinar, mediante disposiciones de carácter general, el porcentaje máximo de recursos de cada subcuenta de los trabajadores que podrá invertirse en las sociedades de inversión que por su naturaleza así lo ameriten.

Los trabajadores tendrán derecho a invertir sus recursos en cualquiera de las sociedades de inversión que sean operadas por la administradora que les lleve su cuenta individual, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el respectivo prospecto de información, los recursos que pretendan invertir correspondan a la subcuenta o subcuentas respecto de las cuales la sociedad de inversión que elijan esté autorizada para recibir e invertir recursos y no se excedan de los límites de inversión que, en su caso, determine la comisión."

20. En concordancia con lo expuesto en el numeral que antecede, estas comisiones adicionan la Iniciativa objeto de este dictamen con un artículo 47-bis en el cual se establece la obligación a cargo de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro de elaborar prospectos de información y folletos explicativos de los mismos, así como el contenido mínimo de dichos prospectos de información, los cuales deben ser sometidos a la previa autorización de Consar, proponiéndose que este artículo quede redactado en los siguientes términos:

"Artículo 47-bis. Las sociedades de inversión elaborarán prospectos de información al público inversionista, que revelen razonablemente la información relativa a su objeto y a las políticas de operación e inversión que seguirá dicha sociedad de inversión. Estos prospectos deberán remitirse a la comisión para su previa autorización y precisar, por lo menos, lo siguiente:

I. A qué trabajadores está dirigida la sociedad de inversión y los requisitos que deben cubrir éstos, o en su caso, la mención de que estará dirigida a la inversión de fondos de previsión social;

II. La subcuenta o subcuentas cuyos recursos puedan ser invertidos en la sociedad de inversión;

III. La advertencia sobre los riesgos que pueden derivarse de la clase de portafolios y carteras que compongan la sociedad de inversión, atendiendo a las políticas y límites que se sigan conforme a las disposiciones aplicables;

IV. El sistema de valuación de sus acciones de conformidad con los criterios expedidos por el Comité de Valuación;

V. El plazo para el retiro de las aportaciones voluntarias, en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de esta ley;

VI. La mención específica de que los trabajadores afiliados tendrán el derecho a que la propia sociedad de inversión, a través de la administradora de ésta, les recompre a precio de valuación hasta el 100% de su tenencia accionaría en los siguientes casos:

a) Cuando tengan derecho a gozar de una pensión o a alguna otra prestación que les otorgue el derecho a disponer de los recursos de su cuenta individual;

b) Cuando se presente una modificación a los parámetros de inversión previstos en el prospecto, o a la estructura de comisiones de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de esta ley.

Los trabajadores no podrán ejercer este derecho cuando por orden de la comisión la administradora haya modificado el régimen de inversión de alguna de las sociedades de inversión que opere, o bien, cuando la comisión haya modificado las disposiciones de carácter general a las cuales debe sujetarse el régimen de inversión, de conformidad con lo establecido por el artículo 43 de esta ley;

c) Cuando la comisión les designe administradora en los términos del artículo 76 de esta ley;

d) Cuando soliciten el traspaso de su cuenta individual, en los plazos que la comisión establezca, y

e) Cuando la administradora que opere a la sociedad de inversión de que se trate se fusione, si la administradora es la sociedad fusionada;

VII. Los supuestos en los que los recursos a que se refieren los artículos 74-bis y 74 quáter podrán retirarse o traspasarse, así como los derechos y obligaciones de los titulares de los mismos y

VIII. Señalar en forma detallada el concepto e importe de las comisiones que se cobrarán y explicar la forma de cálculo.

Sin perjuicio de lo anterior, las sociedades de inversión deberán elaborar folletos explicativos que traten cuando menos los puntos básicos de los prospectos de información, los que deberán estar redactados en forma clara, sencilla y en un lenguaje accesible a los trabajadores. Tanto los prospectos como los folletos explicativos deberán estar en todo tiempo a disposición de los trabajadores, en las administradoras y sociedades de inversión.

La elección de administradora por los trabajadores o por la persona que contrate la inversión de recursos de un fondo de previsión social, implica su aceptación expresa de los prospectos de información emitidos por las sociedades de inversión que administre aquella.

La comisión, al autorizar los prospectos de información a que se refiere este artículo, podrá ordenar, en atención al tipo de recursos de cada subcuenta que se pretendan invertir, que se incorporen a los prospectos las previsiones respecto a las políticas de inversión, liquidez, selección y diversificación de activos, revelación de información, calidad crediticia, riesgo de mercado y bursatilidad que considere prudente para la mayor protección de los trabajadores."

21. En lo que respecta a la adición de un segundo párrafo a la fracción XI del artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones proponen suprimirlo y destacar que estará prohibida la adquisición de valores extranjeros distintos a los que se autoricen en el régimen de inversión, con la finalidad de que sea el análisis del riesgo y rendimiento particular de cada valor el que señale la conveniencia de su adquisición o no. Sin perjuicio de lo anterior se impone un límite a la tenencia total de valores extranjeros en cada Siefore del 20% de su activo total.

Tomando en consideración lo anterior se propone que la fracción XI del artículo 48 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro quede en los siguientes términos:

XI. Adquirir valores extranjeros distintos a los autorizados por la comisión en el régimen de inversión. Estos valores no deberán exceder el 20% del activo total de la sociedad de inversión y

22. En congruencia con las modificaciones hechas por estas comisiones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en lo que respecta a la integración del comité de inversión de las Siefores, las cuales se contienen en el punto número 14 del presente dictamen, de la misma manera se propone modificar el párrafo segundo del artículo 49 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, eliminando la frase final de dicho párrafo en la cual se prevé que los miembros del consejo de administración de las Afores y de las Siefores también serán integrantes del referido comité de inversión, modificación que se sugiere con el fin de que las nuevas disposiciones de los artículos 42 y 49 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro guarden congruencia entre sí.

Por otra parte, se considera que la propuesta del titular del Ejecutivo Federal en el sentido de que los consejos de administración de las administradoras sesionen cada tres meses, mientras que los consejos de administración de las sociedades de inversión lo hagan una vez al mes es contraria al ágil y eficaz funcionamiento de los órganos de administración de las mencionadas entidades financieras, disociando el funcionamiento de los mismos habida cuenta de que ambos órganos colegiados de administración están integrados por las mismas personas y de que las administradoras, por ministerio de ley, tienen a su cargo la operación de las sociedades de inversión y son responsables directamente de los actos de éstas, resultando ocioso e ineficaz que los consejos de administración de las sociedades de inversión sesionen con mayor frecuencia que los de las administradoras, por lo cual estas Comisiones determinan modificar la propuesta de reforma al párrafo cuarto del artículo 49 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, proponiendo que tal precepto prevea que tanto los consejos de administración de las administradoras como los de las sociedades de inversión deberán sesionar cuando menos cada tres meses.

Como consecuencia de lo antes expuesto se propone que el texto del multicitado artículo 49 deberá quedar redactado en los siguientes términos:

"Artículo 49. Las administradoras y las sociedades de inversión serán administradas por un consejo de administración integrado con un mínimo de cinco consejeros que serán designados por los accionistas de la administradora, de los cuales cuando menos dos serán consejeros independientes.

Los integrantes del consejo de administración designado por los accionistas de una administradora, serán también los integrantes del consejo de administración de las sociedades de inversión que opere aquélla.

Los consejos de administración de las administradoras y de las sociedades de inversión deberán sesionar cuando menos cada tres meses. En ambos casos, sus sesiones no serán válidas sin la presencia de cuando menos un consejero independiente. De cada sesión de consejo de administración deberá levantarse acta pormenorizada, la cual deberá estar a disposición de la comisión."

23. En relación con los mecanismos que se establezcan para que las instituciones de seguros obtengan la información de los trabajadores con derecho a contratar una renta vitalicia o seguros de sobrevivencia previstos en el artículo 72, estas comisiones unidas consideran necesario añadir que dichos mecanismos se establecerán en disposiciones de carácter general, como a continuación se indica:

"Artículo 72. Las instituciones de seguros autorizadas para ofrecer rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia, tendrán derecho a conocer la información relativa a los trabajadores que conforme a las leyes de seguridad social estén en el supuesto de contratar dichas rentas vitalicias y seguros de sobrevivencia, mediante los mecanismos que al efecto se establezcan en disposiciones de carácter general."

Por lo que respecta a los aspectos generales, principales características e integración de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro aplicable a los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social estas comisiones se permiten adicionar el artículo 74 con el párrafo segundo en el cual se prevé expresamente cuales son las subcuentas integrantes de la cuenta individual, introduciendo una nueva subcuenta que se denominará de "aportaciones complementarias de retiro".

Igualmente, se adiciona un tercer párrafo en el cual se dispone que ordenamientos legales regirán a cada subcuenta.

En el cuarto párrafo de este artículo, mismo que también se adiciona por estas comisiones dictaminadoras, se establece expresamente el derecho de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social a solicitar el traspaso a las administradoras que lleven la administración de sus respectivas cuentas individuales, de las cuentas individuales de las que sean titulares y que se hayan abierto conforme a la Ley del Seguro Social de 1973, derecho que hasta ahora solamente se encontraba establecido en disposiciones transitorias, por lo que esta adición resulta necesaria en orden a garantizar el pleno y efectivo ejercicio de tal derecho.

De la misma manera, en el quinto párrafo que igualmente se adiciona a este artículo se precisa que las aportaciones complementarias de retiro sólo podrán retirarse cuando el trabajador afiliado tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias.

Por otra parte, estas comisiones consideran necesario precisar la redacción del original párrafo tercero del referido artículo 74, convertido en nuevo párrafo séptimo de este precepto, en el sentido de señalar que el derecho de los trabajadores afiliados a traspasar sus cuentas individuales podrá ejercitarse una vez transcurrido un año calendario contado a partir de la fecha de registro del trabajador o de la última ocasión en que se haya ejercitado el derecho al traspaso, así como en los casos en que se modifique el régimen de inversión o de comisiones de la administradora, o ésta entre en estado de disolución o se fusione como administradora fusionada.

Finalmente estas dictaminadoras consideran imperativo precisar el sentido de la disposición contenida en el original párrafo cuarto del artículo 74, convertido en nuevo párrafo octavo de este precepto, con el fin de que quede establecido en forma expresa, clara y categórica que el derecho de los trabajadores afiliados para invertir los recursos de su cuenta individual en otra sociedad de inversión que sea operada por la misma administradora que lleve su cuenta individual, podrá ser ejercitado en cualquier tiempo, siempre y cuando el trabajador de que se trate reúna los requisitos establecidos por Consar y previstos en los prospectos de información para invertir en la sociedad de inversión que haya elegido.

En tal virtud se propone que el artículo en comento rece de la siguiente manera:

"Artículo 74. Los trabajadores afiliados tienen derecho a la apertura de su cuenta individual de conformidad con la Ley del Seguro Social, en la administradora de su elección. Para abrir las cuentas individuales, se les asignará una clave de identificación por el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se integrarán por las siguientes subcuentas:

Estas subcuentas se regirán por la presente ley. Asimismo, la subcuenta referida en la fracción I se regirá por lo dispuesto en la Ley del Seguro Social y la prevista en la fracción II se regirá por lo dispuesto en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Asimismo, los trabajadores afiliados podrán solicitar a su administradora que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973.

Las aportaciones complementarias de retiro sólo podrán retirarse cuando el trabajador afiliado tenga derecho a disponer de las aportaciones obligatorias, ya sea para complementar, cuando así lo solicite el trabajador, los recursos destinados al pago de su pensión, o bien para recibirlas en una sola exhibición.

Las administradoras estarán obligadas a abrir la cuenta individual o a aceptar el traspaso de dicha cuenta, de aquellos trabajadores afiliados que cumpliendo con las disposiciones aplicables, soliciten su apertura de cuenta. En ningún caso podrán hacer discriminación de trabajadores.

El traspaso de la cuenta individual de un trabajador afiliado a una administradora diferente a la que opera dicha cuenta, podrá solicitarse una vez transcurrido un año calendario contado a partir de que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al traspaso. Asimismo, los trabajadores afiliados podrán traspasar su cuenta individual cuando se modifique el régimen de inversión o de comisiones, o la administradora entre en estado de disolución, o se fusione con otra administradora. En el caso de fusión entre administradoras, el derecho de traspaso sólo corresponderá a los trabajadores afiliados que se encuentren registrados en la administradora fusionada.

El derecho de los trabajadores afiliados para invertir los recursos de su cuenta individual en otra sociedad de inversión, que sea operada por la misma administradora que se encuentre operando dicha cuenta, podrá ser ejercitado en cualquier tiempo, siempre que reúnan los requisitos para invertir en dicha sociedad de inversión.

Los trabajadores afiliados podrán solicitar en cualquier tiempo a las administradoras, en las oficinas de éstas, estados de cuenta adicionales a los que conforme a esta ley y a las disposiciones de carácter general aquéllas deban enviarles periódicamente.

Las administradoras serán responsables de efectuar los trámites para el traspaso de cuentas individuales, una vez que el trabajador afiliado haya presentado las solicitudes correspondientes en los términos de las disposiciones de carácter general que emita la comisión.

25. Tal como se expuso en el punto número 6 del presente dictamen, al concluirse que las cuentas individuales de los trabajadores afiliados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no deben recibir todavía un tratamiento similar en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro a las cuentas de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social sino hasta que se realice una revisión integral de la Ley del ISSSTE, estas comisiones unidas resuelven suprimir el artículo 74-bis propuesto en la iniciativa del Ejecutivo Federal, como consecuencia de lo cual los artículos 74-ter, 74-quater y 74-quinquies de la Iniciativa pasan a ser en lo sucesivo los artículos 74-bis, 74-ter y 74-quater, respectivamente, modificados y adicionados por estas comisiones dictaminadoras, en los términos que se exponen en este punto y en los numerales 26 y 27 del presente dictamen.

En cuanto al nuevo artículo 74-bis que se pretende adicionar a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones se permiten modificar el primer párrafo del mismo, en el sentido de precisar que los trabajadores no afiliados, conforme a la definición contenida en el artículo 3o. antes dictaminado, tienen derecho a la apertura de una cuenta individual en la administradora de su elección con el fin de ahorrar para pensionarse mediante la contratación de algún mecanismo de pago autorizado por Consar.

En cuanto al segundo párrafo de este precepto, estas dictaminadoras consideran conveniente precisar que las cuentas individuales de estos trabajadores se integrarán, cuando menos, con una subcuenta en la que se depositen los recursos destinados a su pensión, con una subcuenta de aportaciones voluntarias y con las demás subcuentas que establezca Consar mediante disposiciones de carácter general, así como establecer expresamente el derecho de estos trabajadores a solicitar el traspaso a la administradora de su elección, de las cuentas individuales que les hayan sido abiertas conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973, situación de suma importancia que no se encontraba prevista en la iniciativa.

Asimismo, estas comisiones adicionan un párrafo cuarto y un párrafo quinto al artículo en comento, en términos de los cuales se prevé el derecho de estos trabajadores a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra, así como los supuestos en los cuales podrán ejercer tal derecho, estableciéndose, asimismo, la obligación de las administradoras en el sentido de establecer en los prospectos de información las condiciones bajo las cuales se podrán efectuar retiros parciales o totales de la subcuenta en la que se depositen los recursos destinados a la pensión, así como la obligación a cargo de tales entidades financieras de respetar el irrestricto derecho de los trabajadores a disponer libremente de sus fondos en una sola exhibición o para pensionarse mediante la contratación de algún mecanismo de pago autorizado por Consar, al cumplir los 60 años de edad.

Por último, el original párrafo cuarto de este artículo, convertido en párrafo sexto con motivo de la adición de los párrafos cuarto y quinto antes mencionados, se modifica en orden a precisar que el derecho de estos trabajadores para realizar retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias se regirá por lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Como consecuencia de lo antes expuesto, se propone que el multicitado artículo 74-bis quede redactado de la siguiente manera:

"Artículo 74-bis. Los trabajadores no afiliados podrán abrir una cuenta individual en la administradora de su elección con el fin de ahorrar para pensionarse.

Estas cuentas individuales se integrarán por una subcuenta en que se depositen los recursos destinados a su pensión, una subcuenta de aportaciones voluntarias, y las demás subcuentas que establezca la Comisión mediante disposiciones de carácter general. Asimismo, estos trabajadores podrán solicitar a su administradora que se traspasen sus cuentas individuales que se hayan abierto conforme al régimen previsto en la Ley del Seguro Social de 1973.

Las administradoras deberán realizar la apertura de las cuentas individuales de estos trabajadores, la recepción, depósito, administración, traspaso y retiro de sus recursos, así como la emisión de estados de cuenta y los demás aspectos correspondientes a las mismas, en los términos del reglamento de esta ley y de las disposiciones de carácter general que al efecto emita la comisión.

Estos trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta individual de una administradora a otra una vez transcurrido un año calendario contado a partir de su registro o de la última ocasión en que se haya ejercitado este derecho. Asimismo, tendrán derecho a traspasar su cuenta en el caso dispuesto en el artículo 37 de esta ley y cuando se modifique el régimen de inversión aplicable a sus recursos.

Las administradoras deberán señalar en los prospectos de información las condiciones bajo las cuales podrán hacerse retiros parciales o totales de la subcuenta en que se depositen los recursos destinados a su pensión y sus montos máximos. Por ningún motivo los contratos de administración negarán al trabajador el derecho a disponer de sus fondos libremente, ya sea para recibirlos en una sola exhibición o para utilizarlos con fines de pensionarse mediante la contratación de algún mecanismo de pago autorizado por la comisión, al alcanzar los 60 años de edad.

Estos trabajadores podrán realizar retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias en los términos previstos en el artículo 79 de esta ley."

26. Por lo que respecta al nuevo artículo 74-ter, estas comisiones se limitan a efectuar algunas modificaciones y precisiones, tanto de forma como de fondo, por lo que respecta a los primero, segundo y cuarto párrafos de este precepto.

Así pues, en el primer párrafo se sustituye la palabra "deberá" por el término "podrá", por considerar que la administración de los recursos de fondos de previsión social por parte de las administradoras y su inversión en las sociedades de inversión que se elijan, constituye un derecho de aquéllas, implícito en el ejercicio de su objeto social, más no una obligación a cargo de las mismas.

Por otra parte, en el segundo párrafo de este artículo se prevé que las administradoras pueden llevar a cabo el registro o la individualización, o la inversión de los recursos correspondientes a los fondos de previsión social, o bien prestar todos estos servicios en forma conjunta, así como entregar los recursos a quien proceda conforme a lo establecido en cada fondo, según convengan en cada caso con los interesados en obtener estos servicios.

De la misma manera se propone modificar el párrafo cuarto de este precepto con el fin de establecer que las comisiones que se cobren por la administración de los recursos de fondos de previsión social serán convenidas entre las partes, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro.

En tal virtud se propone que el artículo 74-ter sea adicionado a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, conforme al siguiente texto:

"Artículo 74-ter. La administración de los recursos de fondos de previsión social podrá llevarse por las administradoras e invertirse en las sociedades de inversión que se elijan, en los términos que se pacten al efecto.

Al efecto, las administradoras podrán llevar el registro, individualización o inversión de los recursos de dichos fondos de previsión social o bien prestar todos los servicios mencionados conjuntamente y entregar los recursos a quien proceda

La comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general, los términos en que se llevará la administración de los recursos a que se refiere el presente artículo.

Las comisiones que se cobren por la administración de los recursos a que se refiere este artículo deberán pactarse entre las partes de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida la comisión."

27. En relación con el nuevo artículo 74-quater, correspondiente al anterior artículo 74-quinquies previsto en la Iniciativa del Ejecutivo Federal, estas comisiones modifican el primer párrafo del mismo, aclarándolo en el sentido de establecer el derecho de los trabajadores no afiliados y que presten sus servicios a dependencias y entidades públicas estatales o municipales, las cuales inviertan recursos derivados de fondos de previsión social, basados en cuentas individuales, en sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro en los términos indicados en el artículo 74-ter de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a efectuar aportaciones complementarias de retiro y voluntarias en las cuentas individuales que hayan sido abiertas por su patrón.

En consecuencia, se modifica en su integridad el párrafo segundo del artículo 74-quater, con el fin de prever que estas cuentas individuales se integrarán con una subcuenta en la que se depositarán los fondos de previsión social, una subcuenta de aportaciones voluntarias y una subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, las cuales se podrán utilizar como complemento de la pensión o ser retiradas en una sola exhibición junto con los recursos destinados a financiar la pensión.

Por último, estas comisiones se permiten modificar el párrafo tercero de este precepto en el sentido de facultar a Consar para establecer, mediante disposiciones de carácter general, los términos conforme a los cuales se llevará a cabo la administración de estas cuentas individuales, previendo que, en todo caso, estos trabajadores podrán realizar retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias de conformidad con lo establecido en el artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pero que el traspaso de las cuentas individuales a otra administradora sólo podrá efectuarse en forma conjunta con los recursos del fondo de previsión social, en los términos que a tal efecto se contrate por las dependencias o entidades públicas, estatales o municipales, que sean los patrones de los trabajadores a quienes se refiere el artículo en estudio.

Así pues, se determina que el artículo 74-quater deberá quedar redactado conforme al siguiente tenor literal:

"Artículo 74-quater. Los trabajadores no afiliados que presten sus servicios a dependencias o entidades públicas estatales o municipales que inviertan recursos de fondos de previsión social basados en cuentas individuales en sociedades de inversión en términos del artículo 74-ter de esta ley, podrán hacer aportaciones complementarias de retiro y voluntarias a sus cuentas individuales abiertas por su patrón.

28. Estas cuentas individuales se integrarán por una subcuenta en la que se depositen sus fondos de previsión social, por una subcuenta de aportaciones voluntarias y una subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, destinadas a complementar su pensión o a retirarlas en una sola exhibición conjuntamente con los recursos destinados a financiar su pensión.

La comisión establecerá mediante disposiciones de carácter general, los términos en que se llevará la administración de las cuentas individuales a que se refiere el presente artículo. En todo caso, se podrán realizar retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias de conformidad con lo previsto en el artículo 79, y sólo se podrán traspasar a otra administradora conjuntamente con los recursos del fondo de previsión social en los términos que se contrate por los patrones dependencias o entidades públicas estatales o municipales a que se refiere este artículo."

Estas comisiones consideran necesario adicionar la iniciativa en estudio, mediante una reforma al primer párrafo del artículo 76 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el fin de establecer que los recursos de los trabajadores afiliados al IMSS que no elijan administradora serán enviados a las administradoras que cobren las comisiones más bajas, las cuales deberán invertir tales recursos en una sociedad de inversión que preserve el valor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores, por considerar que esta es la solución más conveniente, segura, rentable y menos onerosa, para tales trabajadores, incorporando en este precepto el nuevo concepto de "trabajador afiliado", tal como ha quedado definido en otros preceptos, por lo cual se propone que el primer párrafo del citado artículo 76 quede en los siguientes términos:

"Artículo 76. Los recursos de los trabajadores afiliados que no elijan administradora serán enviados a las administradoras que cobren las comisiones más bajas de conformidad con los criterios de la Junta de Gobierno para preservar el equilibrio en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales les deberán abrir una cuenta individual y colocar sus recursos en una sociedad de inversión cuya cartera esté integrada por valores que preserven el valor adquisitivo de los ahorros de los trabajadores, con la periodicidad que determine la comisión.

29. Derivado de lo expuesto en el numeral 25 que antecede y como consecuencia del cambio de número de los artículos 74-ter, 74-quater y 74 quinquies, que en lo sucesivo pasan a ser los artículos 74-bis, 74-ter y 74-quater, respectivamente, resulta necesario modificar la remisión que el segundo párrafo del artículo 78 de la Iniciativa hace a tales artículos, por lo que este último precepto quedará en los siguientes términos:

"Artículo 78. La recepción, depósito y retiros de los recursos de las cuentas individuales de los sistemas de ahorro para el retiro, así como los traspasos y flujos de información se realizarán en los términos y conforme a los procedimientos que se establezcan en disposiciones de carácter general.

Asimismo, tratándose de los recursos a que se refieren los artículos 74-bis a 74-quater, los procesos a que se refiere el párrafo anterior se deberán sujetar a las reglas que determine la comisión y a lo que se pacte en los contratos de administración de fondos para el retiro.

En el contrato de administración de fondos para el retiro que celebren las administradoras con los trabajadores, se podrá pactar el uso de equipos y sistemas automatizados o de telecomunicación, siempre que se establezca lo siguiente:

I. Las bases para determinar las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;

II. Los medios de identificación del trabajador y las responsabilidades correspondientes a su uso, y

III. Los medios por los que se haga constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios de que se trata.

El uso de los medios de identificación que se establezcan conforme a lo previsto en este artículo en sustitución de la firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondientes y en consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.

30. En lo tocante a la reforma propuesta al artículo 79 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas dictaminadoras consideran necesario reformar los párrafos primero y segundo del mismo con el fin de que, dentro del rubro genérico de las aportaciones no obligatorias, se comprenda lo relativo a las aportaciones complementarias de retiro, precisando asimismo, en el párrafo segundo de este precepto, que los depósitos de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro pueden ser efectuados por los trabajadores o por los patrones no sólo en forma adicional a las obligaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo, sino en cumplimiento a dichas obligaciones.

Por otra parte, se adiciona el referido artículo 79 con un nuevo párrafo tercero que establece la inembargabilidad de los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores inscritos en el IMSS sin límite alguno en cuanto al monto de los recursos que gozan de este beneficio. En este mismo sentido, se adiciona el multicitado artículo 79 con un nuevo párrafo cuarto que prevé que los recursos depositados en la subcuenta destinada a la pensión de los trabajadores a que se refiere el artículo 74-bis de la propia Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y en las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, serán inembargables hasta por un monto equivalente a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año, por cada subcuenta, señalándose en forma expresa que por el importe excedente de tal cantidad podrá trabarse embargo.

Asimismo, se hacen algunas modificaciones y precisiones a los párrafos quinto, sexto, séptimo, noveno y décimo de este artículo, particularmente por lo que hace a la denominación de la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en cuanto al plazo para que los trabajadores efectúen retiros de la subcuenta de aportaciones voluntarias, mismo que deberá estar previsto en los prospectos de información y no podrá ser mayor de seis meses, salvo por lo que hace a las aportaciones voluntarias depositadas en la sociedad de inversión cuya cartera se integre fundamentalmente por valores que preserven el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores a la cual hace referencia el segundo párrafo del artículo 47 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las cuales deberán permanecer seis meses o más depositadas en esta sociedad y por último, respecto de la designación de beneficiarios sustitutos y la determinación de beneficiarios legales, eliminándose, asimismo, la palabra "afiliado" del párrafo noveno de este precepto por considerar que la prevención contenida en el mismo resulta aplicable a todas las personas titulares de una cuenta individual abierta en una administradora de fondos para el retiro y no sólo a los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Por último se propone adicionar un párrafo octavo al citado artículo 79 a efecto de prever que, previo consentimiento del trabajador, sus aportaciones voluntarias podrán transferirse a su subcuenta de vivienda.

En tal virtud se propone que el artículo 79 de la iniciativa que nos ocupa sea reformado conforme al siguiente tenor:

Artículo 79. Con el propósito de incrementar el monto de la pensión, e incentivar el ahorro interno de largo plazo, se fomentarán las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro que puedan realizar los trabajadores o los patrones a las subcuentas correspondientes.

A tal efecto, los trabajadores o los patrones, adicionalmente a las obligaciones derivadas de contratos colectivos de trabajo o en cumplimiento de éstas podrán realizar depósitos a las subcuentas de aportaciones voluntarias o complementarias de retiro en cualquier tiempo. Estos recursos deberán ser invertidos en sociedades de inversión que opere la administradora elegida por el trabajador.

Los recursos depositados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de los trabajadores afiliados serán inembargables.

Los recursos depositados en la subcuenta destinada a la pensión de los trabajadores a que se refiere el artículo 74-bis de esta ley y en las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, serán inembargables hasta por un monto equivalente a 20 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal elevado al año por cada subcuenta, por el importe excedente a esta cantidad se podrá trabar embargo.

Asimismo, con la finalidad de promover el ahorro de los trabajadores a través de las subcuentas de aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, las administradoras podrán otorgar incentivos en las comisiones a estos trabajadores por la permanencia de sus aportaciones.

Los trabajadores podrán realizar retiros de su subcuenta de aportaciones voluntarias dentro del plazo que se establezca en el prospecto de información de cada sociedad de inversión el cual no podrá ser menor a dos meses. En todo caso, se deberá establecer que los trabajadores tendrán derecho a retirar sus aportaciones voluntarias por lo menos una vez cada seis meses, excepto en el caso de las aportaciones voluntarias depositadas en la sociedad de inversión cuya cartera se integre fundamentalmente por valores que preserven el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores a que se refiere el segundo párrafo del artículo 47 de esta ley, las cuales deberán permanecer seis meses o más en esta sociedad.

Para realizar retiros con cargo a la subcuenta de aportaciones voluntarias, los trabajadores deberán dar aviso a la administradora en los términos que se establezcan en el prospecto de información de la sociedad de inversión de que se trate.

Previo consentimiento del trabajador afiliado, el importe de las aportaciones voluntarias podrá transferirse a la subcuenta de vivienda para su aplicación en un crédito de vivienda otorgado a su favor por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Esta transferencia podrá realizarse en cualquier momento aun cuando no haya transcurrido el plazo mínimo para disponer de las aportaciones voluntarias.

En caso de fallecimiento del trabajador, tendrán derecho a disponer de las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro depositadas en su cuenta individual, las personas que el titular de la cuenta haya designado para tal efecto y, a falta de éstas, las personas que señale la legislación aplicable en cada caso.

El trabajador, o sus beneficiarios, que hayan obtenido una resolución de otorgamiento de pensión o bien, de negativa de pensión, o que por cualquier otra causa tenga el derecho a retirar la totalidad de los recursos de su cuenta individual, podrá optar por que las cantidades depositadas en su subcuenta de aportaciones voluntarias, permanezcan invertidas en las sociedades de inversión operadas por la administradora en la que se encuentre registrado, durante el plazo que considere conveniente. Las aportaciones voluntarias no se utilizarán para financiar las pensiones de los trabajadores, a menos que conste su consentimiento expreso para ello.

Respecto del artículo 90 de la iniciativa estas comisiones se limitan a modificar el texto de la reforma propuesta a la fracción XI de tal precepto, eliminando las expresiones "administradoras", "sociedades de inversión" y "empresas operadoras", que hacen referencia a algunos de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, pero no a todos, sustituyendo tales expresiones por el término genérico y por lo tanto, más amplio y adecuado, de "participantes en los sistemas de ahorro para el retiro", mismo que ha quedado definido en la reformada fracción IX del artículo 3o. de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, haciendo excepción expresa, para los efectos de aquel precepto, de las instituciones de crédito, por lo cual se sugiere que esta disposición legal quede redactada como se indica a continuación:

VIII. Verificar que los contratos de administración de fondos para el retiro que las administradoras celebren con los trabajadores, se apeguen a lo establecido en las disposiciones de carácter general que al efecto expida la comisión;

XI. Determinar los días en que los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, con excepción de las instituciones de crédito, deberán cerrar sus puertas y suspender sus operaciones;

En relación con el artículo 99 propuesto en la Iniciativa del Ejecutivo Federal estas comisiones unidas consideran que debe mantenerse lo dispuesto en la ley vigente en el sentido de que no podrá exceder la multa del 5% del capital pagado y reservas de capital de la institución de crédito, administradora, sociedad de inversión o empresa operadora de que se trate, por lo que se propone que este precepto quede como sigue:

Artículo 99. El incumplimiento o la contravención a las normas previstas en la presente ley, en las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, así como en los reglamentos y disposiciones que de ellas emanen, en lo relacionado con los sistemas de ahorro para el retiro, por parte de las instituciones de crédito, las administradoras, las sociedades de inversión, las empresas operadoras, las empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los sistemas de ahorro para el retiro y las entidades receptoras, serán sancionados con multa que impondrá administrativamente la comisión, tomando como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse la infracción, a excepción de que en la propia ley se disponga otra forma de sanción.

Para imponer la multa que corresponda, la comisión deberá oír previamente al interesado. Para tal efecto, la comisión deberá otorgar un plazo de 10 días hábiles, que podrá prorrogar por una sola vez, para que el interesado manifieste lo que a su derecho convenga ofreciendo o acompañando, en su caso, las pruebas que considere convenientes. Agotado el plazo o la prórroga señalados anteriormente, si el interesado no ejerció su derecho de audiencia se tendrá por precluído el derecho y con los elementos existentes en el expediente administrativo correspondiente, se procederá a emitir la resolución que corresponda, ajustándose a lo dispuesto en el presente artículo.

Una vez evaluados los argumentos hechos valer por el interesado y valoradas las pruebas aportadas por éste, o en su caso una vez valoradas las constancias que integran el expediente administrativo correspondiente, la comisión para imponer la multa que corresponda, en la resolución que al efecto se dicte, deberá:

Expresar con precisión el o los preceptos legales o disposiciones administrativas aplicables al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se toman en consideración para determinar la existencia de la conducta infractora;

Tomar en cuenta la gravedad del acto u omisión que dio origen a la imposición de la multa, así como las consecuencias ocasionadas en la operación de los sistemas de ahorro para el retiro y la capacidad económica del infractor.

Cuando la multa a imponer sea superior al mínimo establecido, en la resolución que al efecto se dicte, se deberán razonar las circunstancias y motivos por las que se considere aplicable al caso concreto un monto superior al mínimo previsto por la ley.

Las multas que se impongan en términos de la presente ley no excederán en ningún caso del cinco por ciento del capital pagado y reservas de capital de la institución de crédito, administradora, sociedad de inversión o empresa operadora de que se trate, las cuales serán notificadas al representante legal de la institución de crédito, administradora, sociedad o empresa operadora que haya cometido la infracción. La imposición de sanciones no relevará al infractor de cumplir con las obligaciones o regularizar las situaciones que motivaron la determinación de las multas.

Lo dispuesto en el presente artículo no excluye la imposición de las sanciones que conforme a ésta u otras leyes fueren aplicables por la comisión de otras infracciones o delitos, ni la revocación de las autorizaciones o concesiones otorgadas a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro a que alude la presente ley.

33. En relación con las sanciones previstas en el artículo 100 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro la Iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal proponía, además de diversas adecuaciones destinadas a hacer más claros los supuestos de sanción a efecto de fortalecer la defensa de las mismas en su imposición que se consideran procedentes, la reducción de los montos mínimos de sanción en las fracciones I, II, IV, V, X, XIV, XVI, XVII, XIX, XXIII y XXVII. Sin embargo estas comisiones unidas consideran que no es procedente reducir los montos mínimos de sanción, por lo que se propone conservar los montos establecidos en términos de la ley vigente, para quedar el artículo 100 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro de la siguiente manera:

"Artículo 100. Las infracciones a que se refiere este artículo se sancionarán como sigue:

I. Multa de 200 a 500 días de salario a la institución de crédito o administradora que no utilice para la apertura de cuentas individuales, la documentación que al efecto determinen las disposiciones aplicables, o en su caso, no se ajuste al procedimiento y a las características que regulan el procedimiento de registro de trabajadores previsto en esta ley y en las disposiciones que de ella emanen;

II. Multa de 10 a 100 días de salario a la institución de crédito o administradora que no proporcione información a los trabajadores sobre el estado que guardan sus cuentas individuales, en los términos, periodicidad y forma que al efecto establezcan las disposiciones aplicables;

III. Multa de 100 a 500 días de salario a la institución de crédito o administradora que al recibir recursos y que disponiendo de la información y documentación necesaria para ello, no realicen la individualización de dichos recursos en el plazo establecido al efecto o ésta se efectúe en forma errónea. Para tal efecto se entenderá como individualización el proceso mediante el cual el participante en los sistemas de ahorro para el retiro que corresponda, con base en las aportaciones de recursos que efectúen los patrones, el Estado y los trabajadores en su caso, así como en los rendimientos financieros que se generen, determina el monto de recursos que corresponde a cada trabajador, para su abono en las subcuentas que correspondan y que integran las cuentas individuales propiedad de los trabajadores;

IV, Multa de 1 mil a 4 mil días de salario a las instituciones de crédito, administradoras o sociedades de inversión, que no cumplan de la manera contratada con las operaciones y servicios que celebren;

V. Multa de 1 mil a 6 mil días de salario a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, que no entreguen a la comisión con la calidad y características requeridas, o en los plazos determinados, la información, documentación y demás datos que se les requiera en términos del Capítulo V, Sección Segunda de la presente ley, o la que se encuentren obligados a proporcionar a la comisión, de conformidad con las disposiciones que regulan los sistemas de ahorro para el retiro.

Igual sanción se impondrá a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, que realicen el manejo e intercambio de información entre dichos participantes o los institutos de seguridad social, sin cumplir con la calidad y características, previstas en las disposiciones de carácter general emitidas por la comisión o fuera del plazo previsto para ello, de conformidad con las disposiciones que regulan los sistemas de ahorro para el retiro;

VI. Multa de 1 mil a 6 mil días de salario a las administradoras, sociedades de inversión y empresas operadoras que no lleven su contabilidad y el registro de las operaciones en que intervengan, mediante sistemas automatizados o por cualquier otro medio que determine la comisión;

VII. Multa de 2 mil a 10 mil días de salario a la institución de crédito o administradora que sin causa justificada se niegue a abrir cuentas individuales relacionadas con los sistemas de ahorro para el retiro, así como a recibir los recursos destinados a cualesquiera de las subcuentas que integran dicha cuenta;

VIII. Multa de 200 a 15 mil días de salario a la institución de crédito o administradora que omita traspasar parte o la totalidad de los recursos que integren las cuentas individuales de los trabajadores a otra institución de crédito o administradora, en la forma y términos establecidos por las disposiciones que regulan los sistemas de ahorro para el retiro;

IX. Multa de 1 mil a 5 mil días de salario a la administradora que no entregue los recursos para la contratación del seguro de sobrevivencia a la institución de seguros elegida por el trabajador, en los términos, porcentajes y condiciones que determinen las disposiciones aplicables;

X. Multa de 2 mil a 15 mil días de salario a la institución de crédito o a la administradora que no entregue los recursos acumulados en la cuenta individual de los sistemas de ahorro para el retiro a los trabajadores o a sus beneficiarios, cuando tengan derecho a ello, en la forma y términos establecidos o para la adquisición de una pensión, de conformidad con lo previsto en esta ley y en las leyes de seguridad social o bien, cuando se les entreguen cantidades distintas a las que les correspondan.

Igual sanción se impondrá a la institución de crédito o administradora que no ejecute el procedimiento de disposición de recursos, de conformidad con esta ley y las disposiciones de carácter general en materia de los sistemas de ahorro para el retiro aplicables a dicho procedimiento;

XI. Multa de 2 mil a 20 mil días de salario a la administradora que retenga el pago de retiros programados;

XII. Multa de 5 mil a 20 mil días de salario a los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro que impidan o dificulten a los inspectores de la comisión, realizar las visitas de inspección correspondientes o se nieguen a proporcionar la información y documentación y en general, cualquier medio procesable de almacenamiento de datos que se les solicite en ejercicio de sus facultades de supervisión;

XIII. Multa de 2 mil 500 a 5 mil días de salario a las administradoras que operen a las sociedades de inversión, que den preferencia a sus intereses o a los de sus empresas frente a los de los trabajadores, que realicen operaciones que impliquen conflicto de interés, o intervengan en aquéllas que no se ajusten a los usos y sanas prácticas del mercado de valores;

XIV. Multa de 2 mil 500 a 5 mil días de salario a la sociedad de inversión que incumpla con el régimen de inversión señalado en los prospectos de información que dé a conocer al público inversionista previamente autorizados por esta comisión, o que establezca un régimen de inversión que no se sujete a lo previsto por esta ley.

Igual sanción se impondrá si invierte los recursos de las cuentas individuales relativas a las cuentas de ahorro para el retiro o a los fondos de previsión social, en contravención a lo dispuesto por esta ley y las reglas de carácter general que le sean aplicables;

XV. Multa de 2 mil 500 a 5 mil días de salario a la institución de crédito, administradora, sociedad de inversión o empresa operadora, que falseen, oculten, o disimulen sus registros contables y estados financieros, independientemente de las responsabilidades civiles o penales que resulten aplicables;

XVI. Multa de 1 mil a 6 mil días de salario a la administradora, sociedad de inversión o empresa operadora que omitan o no lleven su contabilidad de conformidad a lo previsto en la presente ley y en las disposiciones de carácter general que para tal efecto expida la comisión o bien, que lleven su contabilidad conforme a la normatividad aplicable, pero que registren cantidades distintas a las que correspondan;

XVII. Multa de 300 a 3 mil días de salario a la institución de crédito, administradora o empresa operadora, que cobre comisiones por los servicios que preste en materia de los sistemas de ahorro para el retiro por importes superiores a los ofrecidos conforme a las disposiciones aplicables.

Igual sanción se impondrá a la administradora que calcule erróneamente las comisiones por cobrar;

XVIII. Multa de 2 mil a 10 mil días de salario a los funcionarios de las instituciones de crédito, administradoras, sociedades de inversión y empresas operadoras que no observen el principio de confidencialidad y de reserva de información previsto por esta ley;

XIX. Multa de 2 mil 500 a 5 mil días de salario a las instituciones de crédito, administradoras y sociedades de inversión que no ajusten la información, la publicidad y demás documentación de divulgación dirigida a los trabajadores y al público en general a las características y términos previstos por esta ley y disposiciones que emanen de ella, así como por no suspenderla, modificarla o rectificarla, según lo haya ordenado la comisión;

XX. Pérdida de la participación de capital en beneficio de la nación y en perjuicio de las administradoras, sociedades de inversión o empresas operadoras cuando participen en su capital social personas distintas a las autorizadas en los términos de esta ley;

XXI. Multa de 250 a 2 mil 500 días de salario a las administradoras y sociedades de inversión que contravengan lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de esta ley;

XXII. Multa de 200 a 1 días de salario al consejero independiente de una administradora o de una sociedad de inversión que actúe en las sesiones del respectivo consejo de administración en contravención a la presente ley y a las disposiciones que emanen de ella;

XXIII. Multa de 200 a 1 mil días de salario al contralor normativo de una administradora que no lleve a cabo sus funciones de vigilancia conforme lo establece la presente ley.

Igual sanción se impondrá a la administradora que por cualquier medio impida que el contralor normativo realice sus funciones de conformidad a lo previsto en esta ley;

XXIV. Multa de 100 a 1 mil días de salario a la administradora que incurra en error en la valuación del precio de las acciones de cualquiera de las sociedades de inversión que administre o en el cálculo de intereses de los valores, títulos y documentos que integren la cartera de dichas sociedades de inversión;

XXV. Multa de 100 a 2 mil días de salario a la administradora que no verifique el correcto depósito de los valores de cada una de las sociedades de inversión que administre;

XXVI. Multa de 100 a 5 mil días de salario a la sociedad de inversión que no registre sus operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, en la forma y plazos establecidos al efecto en la legislación aplicable;

Las infracciones a cualesquiera de las normas de esta ley, de las leyes de seguridad social, así como las disposiciones que de ellas emanen en relación con los sistemas de ahorro para el retiro y que no tengan sanción especialmente señalada en este artículo serán sancionadas con multa de 1 mil a 20 mil días de salario.

Si las multas a que se refiere esta ley son impuestas a alguno de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, la comisión también podrá imponer una multa de cien a cinco mil días de salario a cada uno de los consejeros, directores, administradores, funcionarios, apoderados, agentes, empleados y demás personas que en razón de sus actos hayan ocasionado o intervenido para que la sociedad incurriera en la irregularidad motivo de la sanción impuesta."

33-bis. Se propone modificar el artículo 100-ter contenido en la iniciativa presentada por el Ejecutivo para eliminar la mención expresa de los requisitos que deberán cumplir los programas de corrección y establecer éstos en disposiciones de carácter general. Lo anterior obedece a que al estar los requisitos fijos en ley los participantes podrían aprovecharse de esto para presentar programas de corrección que cumplan estrictamente con estos requisitos y la Consar estaría obligada a aceptar la corrección sin poder requerirles información adicional para determinar si procede o no la corrección.

De aceptarse la propuesta, sería más rígida la corrección al dotar a la comisión de la facultad de establecer requisitos adicionales o modificar los existentes para adaptarse al verdadero espíritu de una corrección que es regresar las cosas a su estado original sin que exista perjuicio a los trabajadores, para quedar en los siguientes términos:

"Artículo 100-ter. Los programas de corrección a que se refiere el artículo anterior, deberán presentarse ante la comisión, por el contralor normativo o en caso de aquellos participantes en los sistemas de ahorro para el retiro que no estén obligados a contar con éste, por un funcionario autorizado por la comisión para estos efectos.

Los programas de corrección deberán reunir los requisitos que mediante disposiciones de carácter general establezca esta comisión.

En caso de que el programa de corrección presentado no cumpla con los requisitos señalados en dichas disposiciones o no se cumpla, la comisión impondrá la sanción correspondiente, aumentando el monto de ésta en un 20%."

34. De la misma manera estas comisiones estiman conveniente adicionar la Iniciativa sometida a la consideración de esta Soberanía por el Ejecutivo Federal, mediante la adición de un párrafo tercero al artículo 113 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro conforme al cual la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, como el órgano de autoridad encargado de la coordinación, regulación, supervisión y vigilancia de los sistemas de ahorro para el retiro, esté obligada a proporcionar información respecto de tales sistemas a las demás autoridades que se la soliciten, siempre y cuando estas últimas lo hagan en ejercicio de sus facultades legales, proponiéndose que tal adición sea del tenor literal siguiente:

La comisión deberá proporcionar información de los sistemas de ahorro para el retiro a las autoridades que lo soliciten en uso de sus facultades legales."

34-bis. Estas comisiones unidas consideran que por lo delicado de la materia de la autocorrección no le debe ser aplicada a ésta, la posibilidad de ampliación de plazos a solicitud de parte interesada prevista en el artículo 121, por lo que dicho artículo quedaría como sigue:

"Artículo 121. La comisión, a solicitud de parte interesada, podrá ampliar los plazos establecidos en la presente ley, sin que dicha ampliación exceda en ningún caso de la mitad del plazo previsto originalmente en las disposiciones aplicables, cuando así lo exija el asunto y no tenga conocimiento de que se perjudica a terceros en sus derechos. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará en el caso de los programas de corrección a que se refiere el artículo 100-ter de la presente ley."

35. Con el fin de fortalecer y ampliar los mecanismos destinados a la protección de los recursos de los trabajadores registrados en las administradoras, estas comisiones proponen adicionar la iniciativa objeto de este dictamen con un nuevo artículo 123, en el cual se prevé la constitución de un Consejo Nacional del Sistema de Pensiones integrado en forma tripartita por representantes de los trabajadores, de los patrones y de las propias administradoras, cuyas funciones serán conocer de la administración de las cuentas individuales, de la inversión de los recursos de los trabajadores y de las comisiones que se les cobren, y proponer a los consejos de administración de las Afores las medidas que considere necesarias para la protección del interés de los trabajadores, precepto que será del tenor literal siguiente:

"Artículo 123. Con el propósito de que exista mayor información y control de los sistemas de ahorro para el retiro y de la administración de las cuentas individuales por las administradoras, se crea el Consejo Nacional del Sistema de Pensiones integrado por dieciocho miembros: seis representantes de los trabajadores, seis de los patrones y seis de las administradoras.

Este consejo tendrá como función conocer las políticas de administración de las cuentas individuales por las administradoras, las políticas de inversión de los recursos de los trabajadores y sobre las comisiones que se apliquen a sus cuentas individuales, así como dirigir recomendaciones a los consejos de administración de las diversas administradoras.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para determinar la forma de designar a los representantes de los trabajadores y los patrones. Los representantes de las administradoras deberán ser nombrados por acuerdo de todas las administradoras autorizadas.

Un representante de los trabajadores o los patrones presidirá, alternativamente, por periodos anuales el Consejo Nacional del Sistema de Pensiones. Este consejo se deberá reunir, a convocatoria de quien presida, en sesiones ordinarias por lo menos cada seis meses."

36. Por lo que respecta al artículo primero transitorio propuesto en la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones se permiten modificar los párrafos primero y segundo de dicho precepto transitorio, con el fin de que en el primer párrafo se prevea, como regla general, que el decreto que, en su caso, sea aprobado por el Poder Legislativo, entrará en vigor el día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el segundo párrafo de este artículo, como excepción a la indicada regla general, dispondrá que lo previsto en los artículos 74-bis a 74-quater iniciará su vigencia el día siguiente a la fecha en que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publique en el mencionado órgano informativo un acuerdo relativo al desarrollo de los sistemas operativos necesarios para la aplicación concreta de tales preceptos, así como a la expedición de la normatividad aplicable a los mismos, proponiéndose que este artículo transitorio rece de la siguiente manera:

"Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.

Lo previsto en el artículo 74, exclusivamente por lo que se refiere a las aportaciones complementarias, así como lo previsto por los artículos 74-bis a 74-quater entrará en vigor el día siguiente a la fecha en que la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro publique en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual haga del conocimiento público que se han desarrollado los sistemas operativos necesarios para la aplicación concreta de tales preceptos y que se han expedido y publicado las disposiciones de carácter general relativas a los mismos.

A partir de la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al mismo."

37. En cuanto al artículo segundo transitorio propuesto en la iniciativa, estas comisiones se permiten modificarlo con el fin de incluir dentro de las prevenciones contenidas en el mismo, el supuesto relativo a los recursos del seguro de retiro de aquellos trabajadores que no hayan traspasado los mismos a las administradoras de fondos para el retiro.

Asimismo, se adiciona este artículo transitorio con un párrafo segundo en el cual se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar la tasa de interés que se pagará a estos recursos.

En tal virtud se propone que este artículo transitorio sea del siguiente tenor literal:

"Artículo segundo. Los recursos del seguro de retiro previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997, de aquellos trabajadores que no hayan traspasado los mismos a las administradoras de fondos para el retiro o de aquellas cuentas que no hayan sido identificadas, continuarán depositados y se abonarán a la cuenta concentradora y seguirán siendo manejados por instituciones de crédito en términos del artículo decimoquinto transitorio del decreto de Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y de reformas y adiciones a las leyes General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, para Regular las Agrupaciones Financieras, de Instituciones de Crédito, del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor.

La tasa de interés que se pagará a estos recursos será determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público."

38. El artículo tercero transitorio previsto en la iniciativa del Ejecutivo Federal se modifica proponiéndose facultar a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro para que establezca reglas para que la administración de las cuentas individuales correspondientes al seguro de retiro previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 cuyo titular no se encuentre plenamente identificado con respecto a la información contenida en la Base de Datos Nacional SAR se transfiera al Instituto Mexicano del Seguro Social, facultándose a este Instituto a cobrar una comisión por este servicio la cual deberá ser más baja que la que actualmente se cobra por las instituciones de crédito.

Al efecto, los recursos cuya administración se traspase al IMSS deberán depositarse en una cuenta a nombre de este Instituto abierta en el Banco de México e invertirse en créditos a cargo del Gobierno Federal otorgando el rendimiento que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En el artículo propuesto se conserva el derecho de los trabajadores propuesto en la Iniciativa del Ejecutivo para solicitar, ya sea el traspaso de su cuenta individual a una administradora o el retiro de sus recursos, en el supuesto de que el trabajador acredite la titularidad de la cuenta individual administrada por el IMSS.

De la misma manera se adiciona la obligación de las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR de realizar todos los trabajos técnicos necesarios para la identificación de las cuentas individuales, en orden a lograr el traspaso de tales cuentas a las administradoras, lo cual es acorde con el objeto, funciones y demás obligaciones de las empresas operadoras, en términos de lo establecido en los artículos 57, 58 y 59 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Es importante destacar que al asumir la administración de las cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro IMSS en los términos de este artículo, en lo relativo a la subcuenta de vivienda, el registro de dicha subcuenta lo llevará el IMSS, y en cuanto a su inversión se continuará en los términos de la Ley del Infonavit, de la misma forma en que actualmente se realiza por las instituciones de crédito.

En consecuencia, el artículo tercero transitorio queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo tercero. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro establecerá las disposiciones necesarias para que las instituciones de crédito que operan cuentas individuales del seguro de retiro previsto en la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 cuyo titular no se encuentre plenamente identificado en la Base de Datos Nacional SAR para su traspaso a una administradora, transfieran la administración de esas cuentas al Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los recursos que se traspasen conforme a la presente disposición deberán depositarse en una cuenta global abierta en el Banco de México a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social. Este instituto podrá cobrar una comisión por la administración de los mismos, la cual deberá ser menor a la que esté autorizada para las instituciones de crédito que operen cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro.

Los recursos depositados en la cuenta global abierta a nombre del Instituto Mexicano del Seguro Social se deberán invertir en valores o créditos a cargo del Gobierno Federal y otorgarán un rendimiento que determinará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cual no podrá ser inferior al 2% anual. El cálculo de estos intereses se hará sobre el saldo promedio diario mensual de la cuenta global, ajustado en una cantidad igual a la resultante de aplicar a dicho saldo, la variación porcentual del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México, correspondiente al mes inmediato anterior al del ajuste.

El trabajador que acredite ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o ante las personas que éste designe que dicho instituto administra su cuenta podrá solicitarle el traspaso de su cuenta a la administradora en que se encuentre registrado, o en caso de ser procedente solicitar el retiro de sus recursos.

Asimismo, las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR deberán realizar todos los trabajos técnicos necesarios que permitan la identificación de las cuentas individuales para su traspaso a las administradoras cuando así proceda.

Cuando un trabajador acredite ser titular de una de las cuentas individuales a que se refiere el párrafo anterior proporcionando documentación comprobatoria de la existencia de su cuenta conforme a la legislación aplicable, el Instituto Mexicano del Seguro Social deberá individualizar la misma.

Hasta en tanto la comisión no emita las disposiciones a que se refiere el párrafo primero de este artículo las instituciones de crédito continuarán administrando las cuentas individuales objeto del mismo y los recursos continuarán depositados en la cuenta concentradora en el Banco de México."

39. Dentro del rubro correspondiente a las disposiciones transitorias de la iniciativa de reformas y adiciones a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, estas comisiones consideran necesario adicionar un artículo cuarto transitorio en términos del cual se preserve expresamente la vigencia, validez y eficacia jurídicas de los acuerdos, circulares, reglas de carácter general y demás disposiciones y actos administrativos expedidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro con anterioridad a la presente reforma, en lo que no se opongan a la misma, con la finalidad de evitar posibles vacíos normativos y posibles impugnaciones de tales disposiciones y actos por parte de los destinatarios de las mismas.

En este sentido se adiciona la Iniciativa materia del presente dictamen con un artículo cuarto transitorio del siguiente tenor literal:

"Artículo cuarto. Los acuerdos, circulares, reglas de carácter general, acuerdos delegatorios y demás disposiciones y actos administrativos de carácter general, expedidos por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro antes de la entrada en vigor del presente decreto, continuarán en vigor y conservarán plena validez y eficacia jurídicas, en lo que no se opongan al presente decreto."

40. Asimismo, con la finalidad de que las infracciones y contravenciones a la legislación y normatividad aplicables en materia de los sistemas de ahorro para el retiro ocurridas antes de esta reforma, puedan ser sancionadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, sin menoscabo de los principios de legalidad, de seguridad y certeza jurídicas y de debida fundamentación y suficiente motivación de los actos de autoridad, se considera imperativo adicionar a la Iniciativa en estudio un artículo quinto transitorio que prevea las normas aplicables a tales supuestos, en los siguientes términos:

"Artículo quinto. Los incumplimientos, infracciones y contravenciones a lo dispuesto en las leyes del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como a lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, su reglamento y demás disposiciones normativas que emanen de los mencionados ordenamientos legales, ocurridos antes de la entrada en vigor del presente decreto serán sancionados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro conforme a las disposiciones normativas vigentes en la fecha en que tuvieron lugar."

40-bis. Con el propósito de que la inversión en valores extranjeros que podrán efectuar las Siefores, se lleve a cabo en forma prudente para proteger los intereses de los trabajadores, esta apertura deberá realizarse gradualmente, por lo que se propone la inclusión de un artículo sexto transitorio, con el siguiente texto:

"Artículo sexto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 48 fracción XI de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro deberán sujetarse a lo siguiente:

I. Durante el plazo de un año contado a partir de la entrada en vigor del presente decreto, podrán invertir hasta un 10% de su activo total en valores extranjeros;

II. Durante el plazo de un año contado a partir de que se agote el periodo establecido en la fracción anterior, podrán invertir hasta un 15% de su activo total en valores extranjeros.

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, tomando en consideración las condiciones del mercado, podrá establecer en el régimen de inversión, la posibilidad de adquirir estos valores así como los límites dentro de los parámetros antes señalados."

41. En concordancia con la propuesta de adición del artículo 123, se considera necesario adicionar a la Iniciativa en estudio un artículo Séptimo transitorio que prevea la constitución del Consejo Nacional del Sistema de Pensiones, en los siguientes términos:.

"Artículo séptimo. La instalación del Consejo Nacional del Sistema de Pensiones a que se refiere el artículo 123 deberá concretarse en los siguientes términos:

I. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá emitir las bases para determinar la forma de designar a los representantes de los trabajadores y los patrones dentro de un plazo no mayor de 60 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto;

II. Las administradoras de fondos para el retiro autorizadas deberán designar a sus representantes y darlos a conocer a la comisión dentro del mismo plazo a que se refiere la fracción anterior, y

III. La comisión deberá convocar a la primera sesión del Consejo Nacional del Sistema de Pensiones dentro de los 30 días hábiles siguientes a que se venza el plazo previsto en las fracciones anteriores."

42. Por último, a efecto de que este Poder Legislativo tenga más información sobre las comisiones que se cobren a los trabajadores y conocer el impacto de las comisiones y su relación con el rendimiento otorgado a los trabajadores, para así orientar sus esfuerzos en beneficio de los trabajadores promoviendo medidas que ayuden a obtener el mejor provecho de su cuenta individual, se propone incluir un artículo octavo transitorio obligándose a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro a entregar la información mencionada dentro de un plazo de 12 meses contados a partir de la entrada en vigor de las presentes reformas, como a continuación se transcribe:

"Artículo octavo. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro deberá presentar al Congreso de la Unión, dentro de un plazo máximo de 12 meses contados a partir de la fecha en que entre en vigor el presente decreto, un diagnóstico sobre la estructura actual de las comisiones, las ventajas y desventajas de cada tipo de comisión existente y el impacto que dichas comisiones tienen en el ahorro de los trabajadores. El diagnóstico deberá incluir el rendimiento neto de comisiones que han obtenido los recursos desde que inició el sistema y el rendimiento neto esperado a futuro."

Por lo anteriormente expuesto, estas comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social deciden someter a la consideración del pleno el siguiente

«Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

Artículo único. Se reforman los artículos 3o. fracciones V, IX, XII y XIII; 5o. fracciones II, VI, XIII y XIV; 8o. fracciones I, II, III, IV, V y segundo párrafo; 10, fracciones III y IV; 11; 12, fracciones IV, XII y XV; 16, fracciones VIII, IX, XIV, XVI y XVII; 18, primer párrafo y fracciones I, II, III, IV, IX y X; 20, fracción IV; 22, tercer párrafo; 23; 28; 29, fracción III; 30, fracción I; 37; 38, primer párrafo; 39; 41, fracción II en su segundo párrafo y las fracciones III y IV; 42, segundo párrafo; 43; 47; 48, fracción XI; 49, párrafos primero, segundo y cuarto; 50, fracción III en su segundo párrafo; 53; 56, párrafos primero y tercero, e incisos a y d; 69, fracción I en sus incisos a y b, fracción II en sus incisos a y b y el párrafo segundo del artículo; 70, primer párrafo; 72; 74; 76, primer párrafo; 78; 79; 84; 85, primer párrafo; 86; 90, fracciones VIII y XI; 91, párrafos primero y segundo; 99; 100; 102, cuarto párrafo; 111 y 115; se adicionan los artículos 3o., con las fracciones III-bis, XIII-bis y XIV; 5o, con la fracción VI-bis; 8o., con un tercer párrafo; 10, con la fracción V y un último párrafo; 12, fracción I con un segundo y tercer párrafos y un último párrafo; 18, con las fracciones I-bis y I-ter, así como con un último párrafo; 18-bis; 30, con un cuarto párrafo, pasando el actual cuarto párrafo a ser quinto y así sucesivamente; 31; el 41, fracción II con un tercer párrafo y la fracción IV con un segundo párrafo; el 42 con un segundo párrafo, pasando el actual segundo párrafo a ser tercero y así sucesivamente; 42-bis; 44 con un tercer párrafo, pasando el actual tercer párrafo a ser cuarto; 47-bis; 50, fracción III con un tercer párrafo y el mismo artículo con un último párrafo; 69, con un tercer párrafo; 74-bis; 74-ter; 74-quater; 100- bis; 100-ter; 100-quater; 113, con un tercer párrafo; 115-bis; 119; 120; 121; 122 y 123 y se derogan la fracción IV del artículo 38 y el artículo 114 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:

III-bis. Cuenta Individual, aquella de la que sea titular un trabajador afiliado, en la cual se depositarán las cuotas obrero patronales y estatales y sus rendimientos, se registrarán las aportaciones a los fondos de vivienda y se depositarán los demás recursos que en términos de esta ley puedan ser aportados a las mismas, así como aquellas otras que se abran a otros trabajadores no afiliados en términos de esta ley;

IX. Participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, a las instituciones de crédito, administradoras de fondos para el retiro, sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, empresas operadoras, empresas que presten servicios complementarios o auxiliares directamente relacionados con los Sistemas de Ahorro para el Retiro y las entidades receptoras previstas en el reglamento de esta ley;

XII. Trabajador, a los trabajadores afiliados, así como a cualquier otra persona que tenga derecho a la apertura de una cuenta individual en los términos de esta ley;

XIII. Trabajador Afiliado, a los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social;

XIII-bis. Trabajador no Afiliado, a los trabajadores que no se encuentren inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y

XIV. Vínculo Laboral, la prestación de servicios subordinados de conformidad con lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo o la prestación de servicios profesionales.

II. Expedir las disposiciones de carácter general a las que habrán de sujetarse los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, en cuanto a su constitución, organización, funcionamiento, operaciones y participación en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, tratándose de las instituciones de crédito esta facultad se aplicará en lo conducente;

VI. Otorgar, modificar o revocar las autorizaciones a que se refiere esta ley, a las administradoras y sociedades de inversión;

VI-bis. Conocer de los nombramientos de los consejeros, directores generales, funcionarios de los dos niveles inmediatos inferiores y comisarios de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con excepción de las instituciones de crédito;

II. Ordenar la intervención administrativa o gerencial de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con excepción de las instituciones de crédito;

III. Amonestar, suspender, remover e inhabilitar al personal que preste sus servicios a los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con excepción de las instituciones de crédito;

V. Determinar mediante reglas de carácter general el régimen de las comisiones que las instituciones de crédito, administradoras o empresas operadoras, podrán cobrar por los servicios que presten en materia de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, previa opinión favorable del Comité Consultivo y de Vigilancia;

La Junta de Gobierno podrá delegar en el Presidente de la comisión, las facultades previstas en las fracciones II, III y VII de este artículo, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. El Presidente podrá delegar, a su vez, las facultades previstas en las fracciones III y VII en los vicepresidentes y directores generales de la comisión, en los términos establecidos en esta ley, mientras que el ejercicio de las demás facultades señaladas en este artículo corresponderá exclusivamente a la Junta de Gobierno de la comisión.

Los acuerdos tomados por la Junta de Gobierno serán firmados por el Presidente de la comisión para su ejecución y en su caso, publicación.

III. No tener nexos patrimoniales con los accionistas que formen el grupo de control de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro sujetos a la supervisión de la comisión, ni con los funcionarios de primer y segundo nivel de los mismos, así como no ser cónyuge ni tener relación de parentesco consanguíneo dentro del segundo grado con dichas personas;

IV. No haber sido inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público o en el sistema financiero mexicano y gozar de reconocida solvencia moral, y

V. No desempeñar cargo de elección popular, ni ser accionista, consejero, funcionario, comisario, apoderado o agente de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro.

La limitación consistente en no ser accionista de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro no será aplicable tratándose de las acciones del capital variable emitidas por sociedades de inversión en las que participe como trabajador.

Artículo 11. El Presidente de la comisión es la máxima autoridad administrativa de ésta y ejercerá las facultades que le otorga la presente ley y las que le delegue la Junta de Gobierno, directamente, o a través de los servidores públicos de la comisión, en los términos del reglamento interior de ésta, o mediante acuerdos delegatorios que deberán ser publicados en el Diario Oficial de la Federación.

IV. Proponer a la Junta de Gobierno los proyectos de las disposiciones que compete expedir a ese órgano de Gobierno;

XV. Representar a la Junta de Gobierno en los juicios de amparo en los que aquella sea parte;

Las facultades que otorga la presente ley al Presidente, así como aquellas que le delegue la Junta de Gobierno de las facultades previstas en el artículo 8o.º fracciones III y VII, podrán, a su vez, delegarse en los vicepresidentes y directores generales de la comisión, mediante acuerdo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior, sin perjuicio de las facultades y obligaciones que les sean atribuidas a esos servidores públicos en términos del Reglamento Interior de la Comisión.

XIV. Emitir opinión sobre la aplicación de los mecanismos que adopte la comisión para evitar que se presenten prácticas monopólicas absolutas o relativas como resultado de la conducta de los participantes en los Sistemas de Ahorro para el Retiro o por una concentración de mercado, en términos del artículo 25 de esta ley y sobre la conveniencia de autorizar límites mayores a la concentración de mercado prevista en el artículo 26 de la presente ley;

XVI. Tomar conocimiento del informe de las sanciones impuestas por la comisión;

XVII. Conocer de la Información relativa a las reclamaciones presentadas ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en contra de las administradoras;

I-ter. Abrir, administrar y operar cuentas individuales, en las que se reciban recursos de los trabajadores no afiliados de las dependencias o entidades públicas de carácter estatal o municipal cuando proceda, en los términos previstos en el artículo 74-quater de esta ley y conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la comisión;

II. Recibir las cuotas y aportaciones de seguridad social correspondientes a las cuentas individuales de conformidad con las leyes de seguridad social, así como las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro, y los demás recursos que en términos de esta ley puedan ser recibidos en las cuentas individuales y administrar los recursos de los fondos de previsión social;

III. Individualizar las cuotas y aportaciones destinadas a las cuentas individuales, así como los rendimientos derivados de la inversión de las mismas;

IX. Entregar los recursos a las instituciones de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia;

X. Los análogos o conexos a los anteriores que sean autorizados por la Junta de Gobierno.

Artículo 18-bis. Las administradoras deberán incluir en los estados de cuenta que tienen obligación de emitir a los trabajadores afiliados, sin costo adicional, el salario base de cotización y el número de días laborados declarados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social para efecto del pago de cuotas.

Para tal fin, la comisión expedirá las reglas de carácter general que correspondan.

IV. Informar a la comisión los nombramientos de los miembros de su Consejo de Administración, del director general, de los funcionarios de los dos niveles inmediatos siguientes y de sus comisarios y someter a la aprobación del Comité Consultivo y de Vigilancia los nombramientos de los consejeros independientes y del contralor normativo.

Artículo 23. La adquisición de acciones de cualquier serie de una administradora o la incorporación de nuevos accionistas a ésta, que implique la participación del adquirente en 5% o más del capital social de dicha administradora, así como la fusión de administradoras, deberán ser autorizadas por la Comisión, siempre y cuando estas operaciones no impliquen conflicto de interés.

Artículo 28. Las administradoras estarán obligadas a constituir y mantener una reserva especial invertida en las acciones de cada una de las sociedades de inversión que administren.

La reserva especial a que se refiere este artículo, deberá constituirse sin perjuicio de integrar la reserva legal establecida por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

III. Los contratos tipo de administración de fondos para el retiro que las administradoras celebren con los trabajadores, los prospectos de información y las modificaciones a éstos.

Los contratos de administración de fondos para el retiro deberán contener los siguientes elementos mínimos:

b) El tipo de trabajador con el que se celebra conforme a las definiciones contenidas en el artículo 3o. de la presente ley;

e) La estructura y cobro de comisiones por los servicios prestados por la administradora;
f) La responsabilidad de la administradora por sus actos y los de las sociedades de inversión que administren;

I. Verificar que se cumpla el programa de autorregulación de la administradora, el cual contendrá las actividades de los principales funcionarios y las normas a las que éstos habrán de sujetarse, así como las acciones correctivas aplicables en caso de incumplimiento. Este programa estará orientado a garantizar el cumplimiento de la normatividad, la eficiente operación de la administradora y la protección de los intereses de los trabajadores, así como a evitar todo tipo de operaciones que impliquen conflictos de interés y uso indebido de información privilegiada;

El contralor normativo incluirá dentro del programa de autorregulación, su plan de funciones con las actividades de evaluación y las medidas para preservar su cumplimiento.

Artículo 31. Los auditores externos de las administradoras deberán entregar a la comisión la información que ésta les solicite sobre la situación de dichas entidades financieras. Asimismo, deberán informar a la comisión sobre las irregularidades graves que encuentren en el desempeño de su labor.

Artículo 37. Las administradoras sólo podrán cobrar a los trabajadores con cuenta individual las comisiones con cargo a esas cuentas que establezcan de conformidad con las reglas de carácter general que expida la comisión.

Las comisiones por administración de las cuentas individuales podrán cobrarse como un porcentaje sobre el valor de los activos administrados, sobre el flujo de las cuotas y aportaciones recibidas o sobre ambos conceptos. Las administradoras sólo podrán cobrar comisiones de cuota fija por los servicios que se señalen en el reglamento de esta ley y en ningún caso por la administración de las cuentas. A las cuentas individuales inactivas, únicamente les podrán cobrar comisiones sobre su saldo acumulado.

Las administradoras podrán cobrar comisiones distintas por cada una de las sociedades de inversión que operen.

Siempre que se fusionen dos o más administradoras, deberá prevalecer la estructura de comisiones más baja conforme a los criterios que al efecto expida la Junta de Gobierno de la comisión.

Asimismo, la comisión determinará la forma y términos en que las administradoras deberán dar a conocer a los trabajadores sus estructuras de comisiones.

Artículo 38. Las administradoras, salvo lo dispuesto por esta ley, tendrán prohibido:

Artículo 39. Las sociedades de inversión, administradas y operadas por las administradoras, tienen por objeto invertir los recursos provenientes de las cuentas individuales que reciban en los términos de las leyes de seguridad social y de esta ley. Asimismo, las sociedades de inversión invertirán los recursos de las administradoras a que se refieren los artículos 27 y 28 de esta ley.

Dicho capital estará representado por acciones de capital fijo que sólo podrán transmitirse previa autorización de la comisión, la cual no será necesaria en el caso de que se transmitan a la administradora que las opere.

Las sociedades de inversión no estarán obligadas a constituir el fondo de reserva a que se refiere el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;

III. Su administración estará a cargo de los mismos integrantes del Consejo de Administración de la administradora que las opere en los términos que establece esta ley;

IV. Únicamente podrán participar en el capital social fijo de las sociedades de inversión, la administradora que solicite su constitución y los socios de dicha administradora. En ningún caso la participación accionaria de las administradoras en el capital fijo de las sociedades de inversión que operen podrá ser inferior al 99% de la parte representativa del capital social fijo.

La fusión de sociedades de inversión deberá ser previamente autorizada por la comisión;

Este comité deberá integrarse cuando menos con un consejero independiente, el director general de la administradora que opere a la sociedad de inversión y los demás miembros que designe el Consejo de Administración de la sociedad de inversión de que se trate. No podrán ser miembros de este comité aquellas personas que sean miembros del comité de riesgos de la sociedad con excepción del director general de la administradora, el cual deberá participar en ambos comités.

La designación de los operadores de las sociedades de inversión deberá contar con el voto favorable de los consejeros independientes que sean miembros del comité de inversión.

Artículo 42-bis. Las sociedades de inversión deberán contar con un comité de riesgos, el cual tendrá por objeto administrar los riesgos a que se encuentren expuestas, así como vigilar que la realización de sus operaciones se ajuste a los límites, políticas y procedimientos para la administración de riesgos aprobados por su Consejo de Administración.

Artículo 43. El régimen de inversión deberá tener como principal objetivo otorgar la mayor seguridad y rentabilidad de los recursos de los trabajadores. Asimismo, el régimen de inversión tenderá a incrementar el ahorro interno y el desarrollo de un mercado de instrumentos de largo plazo acorde con el sistema de pensiones. A tal efecto, proveerá que las inversiones se canalicen preponderantemente, a través de su colocación en valores, a fomentar:

Asimismo, la comisión podrá establecer dentro del régimen de inversión los requisitos que deberán reunir los trabajadores para invertir en determinadas sociedades de inversión.

Artículo 47. Las administradoras podrán operar varias sociedades de inversión, mismas que tendrán una distinta composición de su cartera, atendiendo a los diversos grados de riesgo y a los diferentes plazos, orígenes y destinos de los recursos invertidos en ellas.

Los trabajadores que no cumplan con los requisitos exigidos para invertir en una sociedad de inversión deberán traspasar los recursos invertidos en ésta, a otra sociedad de inversión en la que si sea admisible la inversión de sus recursos, conforme a las reglas de carácter general que al efecto expida la comisión.

Artículo 47-bis. Las sociedades de inversión elaborarán prospectos de información al público inversionista, que revelen razonablemente la información relativa a su objeto y a las políticas de operación e inversión que seguirá dicha sociedad de inversión. Estos prospectos deberán remitirse a la comisión para su previa autorización y precisar, por lo menos, lo siguiente: