SESION DEL SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO
DE LA LVIII LEGISLATURA
25 DE ABRIL DE 2002
ORDEN DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2001. |
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Iniciativas de ciudadanos diputados |
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Dictámenes de primera lectura |
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Dictamen a discusión |
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Cinco dictámenes negativos sobre iniciativas de la 58 Legislatura |
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Excitativas |
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Proposiciones |
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Agenda política |
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Efemérides |
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CLAUSURA |
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (Toca
la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el
resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
- LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a
la Presidencia que existen registrados previamente 325 ciudadanos diputados.
Por lo tanto, hay quórum.
- LA C. PRESIDENTA (A las 11:48 horas): Se abre la sesión.
- LA C. SECRETARIA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se va a dar
lectura al orden del día.
(Da lectura al orden del día)
- LA C. PRESIDENTA: Está a consideración el orden del día.
Quisiera informarles a los compañeros diputados y a las
compañeras diputadas y a los presidentes de comisiones para que puedan organizarse, que
vamos a sesionar hasta las 6:00 de la tarde. Solo en el caso de que los dictámenes de
iniciati vas de ley que se van a votar no hayan concluido a esa hora, vamos a concluir la
sesión cuando terminen los dictámenes de votación de iniciativas de ley. Lo hago para
que puedan organizarse.
También quiero informarles desde el día de hoy, que vamos a
sesionar el día lunes. La sesión del día lunes la vamos a iniciar a las 12:00 del día.
No habiendo ninguna observación sobre el orden del día,
proceda la Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión
anterior.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Está a
discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación
económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
- LA C. PRESIDENTA: Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
- EL C. DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Da lectura al oficio de la Junta de Coordinación Política
relativo a la solicitud
del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides para que el diputado
Manuel
Arturo Narváez Narváez sustituya a la diputada Silvia América
López Escoffie
como integrante en la Comisión Especial que conozca y dé
seguimiento a las
investigaciones relacionadas con los homicidios de mujeres
perpetrados en
ciudad Juárez, Chihuahua, ocurridos desde 1993 hasta la fecha)
-LA C. PRESIDENTA: De enterado.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Da lectura a una comunicación de la Comisión Especial para
darle Seguimiento
a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros)
- LA C. PRESIDENTA: Turno a la Junta de Coordinación Política.
Quisiera pedirle al diputado Sergio Acosta Salazar dé lectura a
la síntesis del Informe respectivo.
- EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR: Gracias, diputada
Presidenta. Con su permiso.
Compañeras y compañeros Diputados:
Daremos lectura al Informe Preliminar de los Trabajos Realizados
por la Comisión Especial para darle Seguimiento a los Fondos Aportados por los
Trabajadores Mexicanos Braceros. Aclarando que esta es una síntesis de lo que presentamos
en el pleno, ya que en su totalidad ha sido presentado tanto a la mesa directiva como a la
Junta de Coordinación Política para su estudio.
"Como parte de la tradición de la cual México siempre ha
venido prestando mano de obra a la economía de los Estados Unidos, el 4 de agosto del
´42 se firma el Convenio Binacional para Trabajadores Braceros Agrícola y en 1943 el
Ferrocarrilero, en que se establece la creación del Fondo de Retención del 10 or ciento
de los salarios que percibían los trabajadores en los Estados Unidos, mismos que se
depositaron vía West Fargo al Banco de México, éste a su vez al Banco de Crédito
Agrícola, S.A., para los campesinos y al Banco de Ahorro Nacional para el Ferrocarrilero.
Quedando la modalidad que el trabajador bracero a su regreso a México le sería entregado
un cheque certificado a su nombre correspondiente a los fondos de ahorro que le hubieran
sido retenidos.
"El Convenio Binacional estipulaba que las sumas
depositadas en el Fondo de Ahorro por las autoridades norteamericanas, quien en los
convenios se denominó patrón, deberían haber sido transferidos a West Fargo Bank and
Union Trust Company, que tenía su oficina matriz en San Francisco, California, quien
debería de ser transferido al Banco de México y que a su vez debió haberlo enviado al
Banco de Crédito Agrícola de México para ser distribuido a los trabajadores braceros.
"El Convenio Binacional estipula que las sumas depositadas
en el Fondo de Ahorro deben ser transferidas al West Fargo Bank y a la Union Trust Company
en San Francisco, por cuenta del Banco de México, el cual, como nos referimos antes,
traspasa dichos fondos al Banco de Crédito Agrícola de México. Este último asume la
responsabilidad por el depósito que guarda su empleo en la adquisición de implementos
agrícolas o, en su defecto, la devolución de dichas cantidades.
"El Convenio Binacional, ya sin el descuento del 10 por
ciento, se da por concluido oficialmente el 30 de mayo de 1963, aunque siguieron entrando
trabajadores.
"Durante el año de 1964 otro hecho importante es que se
fusiona el Banco Nacional de Crédito Agrícola al Banco Nacional de Crédito Agrícola
Rural, con fecha del 12 de julio de 1975, publicado en el Diario Oficial de la
Federación.
"ANTECEDENTES
"Durante la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos
sufrieron una escasez de mano de obra, debido a que los jóvenes del país fueron enviados
a la lucha militar para compensar la falta de trabajadores. Los Estados Unidos negociaron
un acuerdo con el gobierno de México, para reclutamiento de mexicanos para las industrias
más intensas del país, las cuales fueron la agrícola y la del transporte ferroviario.
Aproximadamente 5 millones de braceros fueron contratados para trabajar en los Estados
Unidos en los años 42-64.
"Como parte de los acuerdos entre los dos gobiernos, se
instituyó un Fondo de Ahorro obligatorio. Se presume que en el periodo comprendido entre
1942 y 1946, por lo menos 174 mil braceros se les retuvo el 10 por ciento del salario que
percibían y que deberían haber sido depositados en el Banco Nacional de Crédito
Agrícola.
"Hasta la fecha muchos braceros nunca recibieron sus
ahorros al regresar a México, como era requerido del programa retenido obligatorio del
ahorro, diseñado para asegurar que los trabajadores tuvieran dinero después que
terminara su empleo temporal.
"La falta de pago de los ahorros tuvo una variedad de
consecuencias. Muchos trabajadores braceros no sabían que el dinero estaba siendo
deducido o no fueron informados. Otros, por testimonios de familiares, intentaron
recuperar sus ahorros, pero su intento fue en vano, nunca pudieron recuperar tales ahorros
en vida.
"Integración de la Comisión.
"Con fecha 16 de noviembre del 2000, fue turnado por la
Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política de esta H. Cámara de Diputados, una
proposición con Punto de Acuerdo presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados por
el ciudadano diputado Sergio Acosta Salazar, para solicitar la creación de una Comisión
Especial encargada de recabar información necesaria sobre el paradero de los fondos de
los trabajadores mexicanos braceros. Así, la Comisión Especial debe su existencia a una
disposición expresa del pleno de la Cámara de Diputados del día 17 de abril del 2001 y
donde se decide constituir la Comisión Especial para darle seguimiento a los fondos de
los trabajadores mexicanos braceros, compuesta por 18 diputados de los distintos grupos
parlamentarios y conferir la responsabilidad de recabar la información necesaria sobre el
paradero de los fondos de los mexicanos braceros.
"El 30 de abril la Junta de Coordinación Política acordó
como quedaría integrada la comisión que se conformó plural y proporcionalmente con
diputadas y diputados de los diferentes partidos políticos representados en la H. Cámara
de Diputados.
"RECOMENDACIONES
"Primero.- Los diferentes acuerdos binacionales
México-Estados Unidos, vigentes entre 1942 y 64, cuyo contenido tenía como
propósito reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas migratorios
mexicanos, constituyeron la expresión de la colaboración solidaria de México con los
Estados Unidos en condiciones de la Segunda Guerra Mundial, así como en los procesos de
recuperación económica de la vecina nación.
"Segundo.- Los acuerdos para la contratación de
trabajadores mexicanos, si bien terminaron su vigencia, comprometen tanto al gobierno como
al de los Estados Unidos, en la atención y solución de sus consecuencias actuales.
"Tercero.- En la parte relativa al Fondo Bracero
constituido del 42 al 46, donde se retuvo el 10 por ciento de los salarios de
cada trabajador contratado, deben reconocerse las limitaciones en las fuentes de
información, que permitan conocer con exactitud los montos, aplicación y disponibilidad
de este fondo después de más de 40 años de haberse concluido el programa.
"Cuarto.- Sin embargo, aparte de la recomendación oficial
en torno a la vigencia del reclamo de los braceros dueños de dicho fondo, la existencia o
no de la documentación que comprueba la entrega de dichos fondos retenidos, deberá ser
cuidadosa, escrupulosa y profundamente evaluada e investigada por esta comisión.
"Quinto.- Por ello es notorio que hasta el mismo Poder
Ejecutivo nos ha solicitado, a través del representante de la Secretaría de
Gobernación, que es menester y fundamentalmente necesario que se amplíe la vigencia de
las funciones de esta Comisión Especial, para que se cumpla cabalmente el mandato que
esta soberanía nos ha conferido.
"Sexta.- Por otra parte, es imprescindible que en el
encuentro de las soluciones apropiadas y justas al problema del fondo bracero, exista la
mayor coordinación y colaboración entre los Poderes Legislativos y Ejecutivos del
Gobierno Federal ya que se vislumbra la posibilidad real de que esta Legislatura
conjuntamente con el Ejecutivo den una solución definitiva y final al largo y complejo
problema de los fondos de los braceros.
"7ª. Esta Cámara seguirá siendo garante de que en caso
de que se signen nuevos convenios migratorios o braceros, no se repitan los mismos vicios
que se tuvieron en convenios pasados.
"PROPUESTAS DE LA COMISION.
"1º.- Que de acuerdo a la investigación y a la
información proporcionada por el Poder Ejecutivo, nos hacen ver que la información del
Fondo de Retención se debe de circunscribir al período de 1942 principios 1946.
"2º. Esta Comisión especial propone que de los períodos
de retención señalados en el Inciso 1) se busquen fórmulas de solución conveniendo con
el Ejecutivo Federal medidas que otorguen a los mexicanos que laboraron en esos años como
braceros afectados, fórmulas de solución conjuntas para puntualizar este problema
mayúsculo.
"3º. Y final. Prolongar la vigencia de la Comisión
especial de ciudadanos Diputados Federales hasta la conclusión total de su encomienda en
atención a la necesidad de allegarse mayor información y concretar al detalle los
diferentes mecanismos de solución para bien de los trabajadores migrantes"
.Gracias, muy amables.
-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado.
TURNESE A LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA,
TURNESE A LA COMISION DE POBLACIÓN FRONTERAS Y ASUNTOS
MIGRATORIOS y
TURNESE AL SENADO PARA SU CONOCIMIENTO.
Todos los turnos son para conocimiento y en el caso de la Junta
de Coordinación Política, para que analice la pertinencia de prolongar la vigencia de la
Comisión Especial.
Pasamos a las Minutas.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. Oficio del
Senado de la República dirigido a los Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.
Presente.
Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a
ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley
Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y se adiciona
el Código Federal de Procedimientos Penales.
Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida
consideración.
México, D. F., a 23 de Abril de 2002. Senador Diego Fernández
de Cevallos Ramos, Presidente Rúbrica
-LA C. PRESIDENTA. TURNESE A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS Y A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
Pasamos al capítulo de Iniciativas de Ciudadanos Diputados.
De la manera más atenta realizo una respetuosa exhortación a
nuestros compañeros Diputados para que puedan reducir el tiempo de su intervención, el
mínimo necesario para que planteen las ideas fundamentales de sus iniciativas.
El cronómetro planteará los 10 minutos que se tienen
convenidos, pero les hacemos una muy amable exhortación para que puedan reducir el tiempo
a su criterio en torno a esta prioridad.
Tiene la palabra el Diputado Efrén Leyva Acevedo, para
presentar una Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
El diputado Leyva es del grupo parlamentario del PRI.
- EL C. DIP. EFREN LEYVA ACEVEDO: Con su permiso, señora
Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy vengo a esta tribuna para presentar una
iniciativa que quiero someter a la consideración y, en su caso, aprobación de este
Pleno.
Iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos
artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el primero de enero de este año 2002.
Considerando que la reforma fiscal aprobada para 2002 incluyó
la abrogación de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 31 de diciembre del
2001, lo que dejó sin efectos el régimen de entradas y salidas aplicable al sector
agropecuario denominado Régimen Simplificado, que el referido esquema fiscal permitía
diferir el pago del Impuesto sobre la Renta en tanto las unidades generadas por la
actividad productiva se mantuvieran reinvertidas por la negociación, lo que estimuló la
expansión de la producción agropecuaria y la generación de empleo productivo en el
campo mexicano coadyuvando a mitigar parcialmente los efectos adversos de la apertura
económica auspiciada por el Tratado de Libre Comercio.
Considerando que el nuevo régimen simplificado que se incluye
en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir de este año sólo aplica a
personas morales y no resulta tan promotor de la inversión y del empleo, por lo que nos
parece conveniente introducir modificaciones que coadyuven a mitigar parcialmente los
efectos negativos introducidos con la nueva ley y restablezcan en alguna medida los
estímulos a la inversión de utilidades vigentes hasta el año pasado.
Considerando por otra parte la necesidad de reforzar la
seguridad jurídica de los productores agropecuarios y viabilizar el correcto cumplimiento
de las obligaciones fiscales de los contribuyentes del sector primario incluyendo la
actividad forestal y la engorda de ganado, se estima conveniente introducir certidumbre en
los esquemas de tributación aplicables al campo, por lo que resulta recomendable
incorporar al cuerpo de la ley las disposiciones administrativas que anualmente se emiten
para facilitar el cumplimiento de los imperativos de tributación de los contribuyentes
agropecuarios y reintroducir algunas de las facilidades anteriormente otorgadas y que para
el ejercicio fiscal 2002 no fueron renovadas y que plantean serios problemas para el
correcto cumplimiento fiscal.
Considerando también que en este mismo sentido resulta deseable
introducir cambios que eliminen imprecisiones y ambigüedades contenidas en la ley vigente
procurando introducir sencillez y claridad a las disposiciones fiscales en beneficio de
una mayor certeza jurídica para el contribuyente y en un decidido apoyo a la inversión
productiva y a la generación de empleo en el campo mexicano.
Se busca con esta propuesta, certidumbre a efecto de que los
contribuyentes tengan la seguridad jurídica que les permita en los tiempos y en las
formas, cumplir con las obligaciones fiscales y fomentar la generación de empleo, así
como enmendar las imprecisiones que han causado malestar y confusión entre los
contribuyentes, particularmente en el sector agropecuario.
En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, propongo a la
consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma, adiciona y
deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
A efecto de atender la recomendación de la mesa directiva dejo,
compañera Presidenta, íntegra la propuesta de decreto que reforma varios artículos,
adiciona y deroga algunos otros de la Ley del Impuesto sobre la Renta en la Secretaría,
rogando su publicación íntegra en la Gaceta Parlamentaria y rogando también que se
pueda remitir dicha propuesta a la Comisión de Hacienda para su atención y en todo caso
dictaminación a la brevedad posible.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias estimado amigo diputado.
----- TÚRNESE A LA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO e
intégrese de manera total en la Gaceta y en el Diario de los Debates el texto íntegro de
la iniciativa.
Tiene la palabra el diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos
para presentar una iniciativa de reformas a la fracción XVI del numeral II del artículo
39 de la Ley Orgánica del Congreso General y una adición a la fracción XXXVII. Él es
del grupo parlamentario del PAN.
- EL C. DIP. MANUEL DE JESUS ESPINO BARRIENTOS: Con el permiso
de la Presidencia.
La presente iniciativa pretende la creación de una comisión
ordinaria de seguridad pública traduciendo la que actualmente existe y que es especial, a
la Ley Orgánica de esta forma.
Abrevio la exposición de motivos, atendiendo la recomendación
de la diputada Presidenta de la Mesa Directiva y mencionaré solamente que con base en la
nueva concepción del sistema de seguridad pública, podemos señalar que una visión
integral del concepto de seguridad pública requiere, además de adecuaciones políticas,
legislativas y judiciales, de una auténtica y eficaz coordinación entre las áreas de
prevención, procuración e impartición de justicia y readaptación social.
Asimismo, se requiere una mayor participación social. Mientras
esto no se logre no se podrá resolver de manera integral el problema de fondo de la
seguridad pública en nuestro país, puesto que ninguna política o estrategia aislada se
podrá sustentar la solución de los problemas que atañen a nuestro país en esta
materia.
La conformación de un sistema integral de seguridad pública,
implicará la necesidad de establecer diversos cambios al sistema actual de seguridad
pública en nuestro país, en donde el estado se encuentra obligado a formular normas
políticas y campañas que tiendan a la estructuración de un eficiente sistema de
seguridad pública, a realizar todas las acciones que satisfagan las necesidades cruciales
de los ciudadanos en materia de seguridad pública a través de verdaderos mecanismos de
impartición de justicia, prevención del delito, entre otros.
Ante la necesaria adecuación y modificación del sistema
normativo y estructural en materia de seguridad pública, el Poder Legislativo no debe
quedar al margen de tales exigencias, por lo cual se hace necesaria la conformación de
una comisión ordinaria dentro de la Cámara de Diputados, órgano técnico encargado
exclusivamente de la elaboración de dictámenes legislativos, informes, opiniones,
estudio y análisis de viabilidad y procedencia de proyectos relacionados con la
creación, modificación o adecuación de normas jurídicas relacionadas con esta materia
en nuestro país, cuya competencia corresponda en lo general con las otorgadas a la actual
Secretaría de Seguridad Pública, creada por decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación de fecha 30 de noviembre del año 2000, a la cual se le confiere, entre otras
cosas, la competencia para desarrollar las políticas de seguridad pública, así como
diseñar y ejecutar la política criminal en el ámbito federal.
En el mismo orden de ideas, es importante señalar que el
numeral tercero del artículo 39 de nuestra Ley Orgánica, establece, entre otras cosas,
que la competencia de las comisiones ordinarias corresponde en lo general a las otorgadas
a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, por lo que resulta
óptimo que exista una comisión ordinaria encargada únicamente de atender de manera
específica todo lo relacionado con la seguridad pública y la problemática que implica
ésta nivel nacional, más aún cuando actualmente esto no sucede así, pues dicha tarea
es conferida a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, que como su nombre lo
indica, ejerce una dualidad de funciones, pues por una parte conoce asuntos relacionados
con la gobernabilidad , así como política interna del país y por otra parte conoce
asuntos relacionados con la seguridad pública y política criminal.
La creación de esta Comisión Especial de Seguridad Pública,
apenas en septiembre del año pasado, constituyó ciertamente el primer paso para la
existencia de una Comisión Especializada encargada de atender únicamente las situaciones
de seguridad pública en nuestro país, sin embargo, analizando la naturaleza jurídica de
las comisiones especiales, se desprende que éstas sólo constituyen comisiones de estudio
y análisis creadas para hacerse cargo de un asunto específico, en este caso para atender
las situaciones que afectan la seguridad pública en nuestro país, así como coadyuvar en
la elaboración de proyectos legislativos y parlamentarios que promuevan su solución, no
obstante esta comisión por ser especial, carece de facultades para realizar dictámenes
legislativos respecto de las iniciativas de ley, de reforma o adición de ordenamientos
relacionados con la materia correspondiente a la seguridad pública, pues esta tarea se
encuentra reservada a las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, mismas que
constituyen organismos técnicos encargados de dictamen legislativo entre otras funciones.
Por lo expuesto se hace necesario que la Cámara de Diputados se
organice de una manera tal que pueda atender en forma eficiente la materia de seguridad
pública desde una comisión ordinaria.
Por todo lo anteriormente expuesto, respetuosamente los
diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional nos permitimos
someter a esta Honorable Cámara de Diputados el presente proyecto de decreto por el que
se reforma la fracción XVI del numeral 2º perteneciente al artículo 39 de la Ley
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona una fracción
37ª al mismo ordenamiento, para crear una Comisión ordinaria de Seguridad Pública en
los términos contenidos en este documento, que para obviar y atendiendo la recomendación
de la Presidencia, entrego a la Secretaría el documento íntegro.
Por su atención, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Muchas gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas
Parlamentarias y publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de
los Debates.
Para presentar una iniciativa que reforma la Ley sobre el
Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, tiene la palabra el diputado Donaldo Ortiz
Colín, del grupo parlamentario del PRD.
EL DIP. DONALDO ORTIZ COLIN: Con su permiso, señoras
Presidenta. Señoras y señores diputados:
En ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del
artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
conformidad a lo previsto por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para
el Gobierno Interior del Congreso General, expongo ante el pleno de esta Honorable Cámara
de Diputados la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 18 inciso A de la
Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Escudo Nacional, para incorporar al calendario
cívico nacional la fecha histórica de la instalación de la Suprema Junta Nacional
Americana, en la heroica ciudad de Zitácuaro, Michoacán, ciudad de la Independencia, al
tenor de la siguiente exposición de motivos:
Zitácuaro figura en la historia de la nación mexicana como la
ciudad que participó con arrojo y patrimonio en la lucha por la independencia política
de nuestro país. En esta ciudad se sintetiza la lucha del pueblo de México por lograr su
independencia política y mayores libertades.
A la muerte de Hidalgo, en julio de 1811, y debido a la
traición de Elizondo en Acatita de Baján, el Ejército Insurgente reconoció a Ignacio
López Rayón como su jefe político y militar, quien tuvo la intención de darle
legitimidad al movimiento insurgente mediante la creación de un Congreso o Junta
Nacional.
A su regreso de Saltillo, Rayón pretendió establecer la junta
en Zacatecas, pero no logró su propósito decidiendo marchar hasta Zitácuaro, lugar que
por sus fortificaciones naturales era un sitio seguro, además se encontraba
insurreccionado por don Benedicto López Tejeda. Rayón llegó a la entonces Villa de
Zitácuaro procedente de La Piedad, Michoacán, y decidió el día 19 de agosto de 1811
constituir la Suprema Junta Nacional Americana en coordinación con el doctor José Sixto
Verduzco y el teniente general José María Liceaga.
El objetivo de este gobierno consistía en erigir un tribunal
que compuesto de cinco individuos, llenen el hueco de la soberanía, que arreglen el plan
de operaciones militares en toda nuestra América y dicte las providencias oportunas al
buen orden político y económico.
Rayón fue electo Presidente, Verduzco y Liceaga Vocales de la
misma, estableciéndose así en Zitácuaro el primer Palacio Nacional de México. Su
trascendencia es tal que no es exagerado señalar que sin Zitácuaro como génesis, no se
hubiera tenido los sentimientos de la nación emanados del Congreso de Chilpancingo ni la
Constitución de Apatzingán de 1814. A pesar de que se ha escrito sobre esta parte
fundamental de nuestra historia nacional, el pueblo mexicano en un gran porcentaje ignora
esta etapa del nacer de México.
Zitácuaro ha sido reconocido a nivel estatal como una gran
ciudad, cuna y origen de las instituciones contemporáneas, gesto insuficiente que para
justipreciar su trascendencia histórica y aportaciones en el logro de la independencia
política, y más todavía, para destacar el papel de la Suprema Junta Nacional Americana
en la construcción del marco jurídico-político, que actualmente nos rige la anterior
exposición de motivos se encuentra fundamentada en los siguientes:
CONSIDERANDOS
Primero.- Que iniciada la Revolución de Independencia, la
región y entonces Villa de Zitácuaro fue escenario de luchas insurgentes por la
consecución de las libertades y soberanía política del país.
Segundo.- Que Ignacio López Rayón convoca a los principales
jefes insurgentes de las distintas regiones del territorio nuevo hispano para instalar en
la Villa de Zitácuaro el 19 de agosto de 1811, la Suprema Junta Nacional Americana, con
el propósito de darle dirección política, ideológica, militar y administrativa a la
insurgencia.
Tercero.- Que la Suprema Junta Nacional Americana, por su
trascendencia fue reconocida y jurada por el propio Morelos y su ejército en diciembre de
1812 en Oaxaca.
Cuarto.- Que durante dos años la Suprema Junta Nacional
Americana se convirtió en el organismo rector del Movimiento Insurgente al emitir bandos
de guerra, extender títulos, nombramientos y ascensos a los diferentes jefes insurgentes,
recibir partes oficiales; construir fábricas de armamento, fusiles y cañones, formular y
proyecto de reformas fiscales para mejorar la estructura económica, social y política de
la nación; reglamentar la conservación y fomento de fincas rústicas y urbanas y
ejecutar programas para la explotación nacional de los recursos del país, acuñar moneda
propia y tratar de establecer relaciones diplomáticas con otras naciones, entre ellas
Estados Unidos y Haití.
Quinto.- Que la acción política, ideológica y militar de la
Junta de Zitácuaro fue reconocido en carta del 6 de septiembre de 1815 por el libertador
de América, Simón Bolívar, en el siguiente sentido:
Los independientes de México, por lo que sabemos dieron
principio a su insurrección en septiembre de 1810 y un año después ya tenía
centralizado su gobierno en Zitácuaro en cuyo nombre se ejercían las acciones
gubernativas.
Sexto.- Que la Junta de Zitácuaro fue la creadora del primer
proyecto legislativo que tuvo la nación mexicana denominado: "Elementos
Constitucionales" integrado por 38 puntos, antecedente de los Sentimientos de la
Nación y de la Carta Magna de Apatzingan.
Séptimo.- Que al erigirse la Suprema Junta Nacional Americana
en el primer gobierno insurgente e independiente del naciente país la Villa de Zitácuaro
se convierte en la capital de la nación donde también queda establecido el Palacio
Nacional.
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, se somete a la
consideración del Honorable Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente
iniciativa con Proyecto de Decreto.
Artículo único.- Se adiciona un párrafo al artículo 18,
inciso a) de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional para quedar como
sigue:
"Artículo 18.-
a)En los términos del artículo 15 de esta ley, la bandera
nacional deberá izarse:
a) A toda asta, en las siguientes fechas y conmemoraciones: 19
de agosto como fecha de la instalación de la Suprema Junta Nacional Americana de 1811.
Transitorio
UNICO.- El presente entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación:
Dado en el Salón de Sesiones a 25 de abril del 2002.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado. Túrnese a
la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
La siguiente iniciativa ha solicitado el grupo parlamentario del
PRI se posponga para próxima sesión, es la relativa a reformas a los párrafos tercero y
cuarto del artículo 26 y del artículo 74 de la Constitución.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado José Manuel Minjares
Jiménez del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de
reformas a los artículos 119, 134 y tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
-EL C. DIPUTADO JOSE MINJARES JIMENEZ. Con el permiso de la
presidencia. Señora presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Los
suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la
LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71 fracción II de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del
Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la
consideración de esta H. Cámara de Diputados, la iniciativa con Proyecto de Decreto por
el que se reforman los Artículos 119 y 134 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y
reforma el Artículo 3º. del Decreto que crea la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta,
al tenor de la siguiente
Exposición de Motivos
El pasado mes de diciembre el Congreso de la Unión emitió en
forma prácticamente unánime, la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, misma que
pretende ser un instrumento legislativo moderno, que en el mediano plazo permita al Estado
mexicano, tener recursos importantes para financiar el gasto público y combatir los
grandes rezagos sociales que persisten en nuestro país.
Sin embargo, a unos meses de haber entrado en vigor, la
aplicación práctica de la ley nos ha permitido darnos cuenta, de que existen algunas
disposiciones de la misma que deben ser objeto de corrección, con objeto de profundizar
en la simplificación del cálculo y entero de los impuestos por parte de los
contribuyentes.
Es así, que en esta iniciativa proponemos la reforma del citado
ordenamiento, como a continuación se explica.
Requisitos para acreditar el crédito al salario pagado a
trabajadores y empleados.- Durante los trabajos de la mesa de análisis de la propuesta de
nueva Ley de Impuesto sobre la Renta instalada por la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de esta Cámara, se recibieron comentarios de diferentes trabajadores relativos a
la incertidumbre de que los patrones estuviesen pagando en forma efectiva el crédito al
salario que tenían derecho, en los términos previstos por la ley que estuvo en vigor
hasta el 31 de diciembre pasado.
En ese sentido se manifestaron a favor de la propuesta del
presidente Fox de obligar a pagar este crédito en una nómina separada. Adicionalmente,
los integrantes de la Comisión Dictaminadora consideramos pertinente aceptar la
sugerencia de la Secretaría de Hacienda, misma que consiste en la obligación de
presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, la nómina mencionada
anteriormente con copia a la misma Secretaría, ambos requisitos quedaron plasmados en las
fracciones V y VI del Artículo 119 de la ley en comento.
Sin embargo, en la práctica estos requisitos se han convertido
en una carga administrativa innecesaria para los patrones, con lo que se desalientan las
sanas prácticas administrativas.
Además debemos considerar que la información de la nómina que
debe presentarse al IMSS, también se debe de consignar en una declaración anual
informativa en los términos de la fracción V del Artículo 118 de la misma ley, lo cual
hace innecesaria la presentación mensual de esta información.
Por lo anterior, se propone derogar la fracción V del Artículo
119 relativa al requisito de presentar ante el IMSS la nómina del crédito al salario y
reformar la fracción VI para establecer la obligación de los patrones de hacer constar,
en la nómina normal el crédito al salario al que tienen derecho los trabajadores y
empleados y no en una nómina por separado.
Acreditamiento del crédito al salario pagado contra impuestos
distintos del Impuesto sobre la Renta.- En los trabajos de la mesa de análisis de la
propuesta de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, se consideró aceptable de que el
crédito al salario pagado a los trabajadores se pudiera acreditar, únicamente contra el
impuesto a cargo del patrón o del que en los términos de la ley debe retener a terceros,
dado que en la práctica no era común que después de acreditar contra estos dos
conceptos, existiera un remanente por acreditar.
Sin embargo, diputados de diferentes partes el país, hemos
constatado que existen una gran cantidad de empresas, pequeñas y medianas, que si tienen
el problema de remanente del crédito al salario, aun después de pagar el impuesto
sustitutivo del mismo establecido en el Artículo Tercero Transitorio del Decreto que
expidió la ley en comento.
Por lo anterior, proponemos modificar el texto del primer
párrafo del Artículo 119 de la ley, para permitir a los empleadores acreditar el
crédito al salario contra otros impuestos a su cargo o en su carácter de retenedor,
personas físicas que prestan servicios profesionales independientes.
Entre las novedades de la Ley del Impuesto sobre la Renta
expedida por esta Legislatura, es que las personas físicas que prestan servicios
profesionales independientes, podrán acreditar la pérdida que llegasen a incurrir,
contra el resultado fiscal de los siguientes diez años aquel en que hubiesen generado la
pérdida, de conformidad con lo señalado en el Artículo 130 de la ley.
Como consecuencia de lo anterior, los Legisladores impusimos a
estas personas la obligación de llevar registros contables en términos del Código
Fiscal de la Federación y conservar la documentación relativa a la misma.
Aunado a lo anterior, también establecimos la obligación de
realizar a cuenta del impuesto anual, pagos provisionales mensuales en lugar de los pagos
trimestrales que estaban previstos en la ley anterior.
Todo lo anterior ha generado una carga administrativa
injustificada sobre quienes prestan servicios profesionales independientes, y sobre todo
de aquellos de menores ingresos que se han visto obligados a contratar los servicios de
otros profesionistas, para procesar su contabilidad y determinar el monto del pago
provisional a su cargo, por lo que es urgente resolver esta situación.
Por lo tanto, los que suscribimos esta iniciativa proponemos
que, congruente con el espíritu de la nueva ley, que asimila las actividades
empresariales y profesionales de las personas físicas, se establezca la facilidad a los
profesionistas independientes de tributar bajo el régimen intermedio previsto en los
artículos 134 a 136 de la Ley para las Personas Físicas con Actividad Empresarial y en
consecuencia, se propone reformar el primer párrafo del artículo 134 para posibilitar la
incorporación a éste régimen a quienes presten servicios profesionales independientes.
Adicionar una fracción IV al mismo artículo, para quienes
opten por el mismo, realicen pagos provisionales en forma trimestral y modificar el tercer
párrafo para que la obligación de contar con máquinas de comprobación fiscal prevista
en este régimen, sea obligatoria únicamente para quienes realicen actividades
empresariales.
Asimismo y congruentes con el espíritu de la ley de
universalizar los ingresos de las personas físicas, proponemos que quienes tributen bajo
el régimen intermedio, no necesariamente deben tener ingresos por esos conceptos en forma
exclusiva, por lo que se plantea la reforma del artículo 134 para eliminar toda
referencia al respecto.
Por último, respecto del Impuesto Sustitutivo del Crédito al
Salario, en el artículo 3º. del decreto que emitió la nueva Ley del Impuesto Sobre la
Renta, establecimos el Impuesto Sustitutivo del Impuesto al Salario con el objeto del
beneficio que hasta ese momento el Estado otorgaba a los asalariados fuera absorbido por
los patrones.
La mecánica establecida en dicho artículo ha sido objeto de
diversas interpretaciones por las autoridades fiscales, mismas que no contribuyen a
proporcionar seguridad jurídica a los contribuyentes, por lo que proponemos la
modificación de los párrafos tercero y sexto, incorporando también un nuevo párrafo
octavo para establecer que el monto del impuesto no puede exceder el del crédito al
salario pagado a los trabajadores y que quienes no paguen cantidad alguna por concepto de
crédito al salario derivado de la aplicación de la mecánica para determinarlo conforme
a la ley, puedan optar por no pagar el Impuesto Sustitutivo.
Por los motivos anteriormente expuestos, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se
reforman los artículos 119 y 134 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y se reforma el
artículo 3º. del decreto que crea la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Solicito a la Presidencia, se instruya para que el texto del
decreto y de las reformas propuestas, se inserten íntegramente en el Diario de los
Debates, a fin de obviar tiempo para todos nuestros compañeros que nos han prestado
atención.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Incorpórese de manera íntegra en la Gaceta y en el Diario de
los Debates.
Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez del grupo
parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 28 de la
Constitución.
LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ.- Con
el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Esta iniciativa de reformas al artículo 28 constitucional,
tiene como objetivo dotar de mayor autonomía al Banco de México.
Exposición de Motivos:
La autonomía del Banco Central propuesta por el Ejecutivo en
1993, modificó el carácter de organismo público descentralizado del Gobierno Federal
que se le había conferido a partir de 1985 por el Congreso de la Unión al aprobar su Ley
Orgánica, generada por el cambio de condiciones que se presentaron a raíz de la
Nacionalización de la Banca.
La vinculación con el gobierno se hizo estrechamente
dependiente, aunque se establecieron una serie de restricciones, tanto a la emisión
monetaria como al financiamiento gubernamental.
Otro cambio significativo, derivado de la modificación
anterior, se refirió al encaje legal, ya que al no proporcionar al Banco crédito
directo, dejaba de tener sentido el utilizarlo como mecanismo de captación y asignación
de recursos. Con estas reformas se preparaban las condiciones para que a pesar de la
vinculación administrativa, se manejara en términos legales.
Las funciones básicas que ha desarrollado el Banco de acuerdo a
la ley mencionada, son la regulación de la emisión monetaria y su circulación, el
volumen crediticio, las condiciones cambiarias y obviamente el tipo de cambio.
Otras funciones atribuidas al Banco Central, no menos
significativa, han sido la de operar como Banco de reserva con las instituciones de
crédito o Bancos y la de ser tesorero y agente financiero del gobierno federal en sus
operaciones de crédito, encargándose de la emisión, colocación, compra y venta de
valores tanto de la deuda interna como externa y de su servicio.
Se explicitó en el ordenamiento analizado, que el marco de
acción del Banco de México estaría determinado por el Plan Nacional de Desarrollo y las
directrices de la Secretaría de Hacienda. Se establece que la reserva de activos
internacionales está formada por las divisas, billetes, monedas, depósitos bancarios,
valores, títulos y documentos de crédito, obligaciones y todos los medios
internacionales de pago; oro y plata propiedad del Banco.
Se ha hecho un acto casi ritual el conocer periódicamente el
saldo de la reserva, ya que entre otros aspectos no revela el monto con que el país
cuenta para hacer frente a las operaciones internacionales y su importancia política
radica en el manejo de la cifra por el presidente en su Informe y en actos de relevancia
por el Secretario de Hacienda y el gobernador del Banco de México.
La actual Ley Orgánica señala que el Banco de México emitirá
las disposiciones a las cuales deberán ajustarse las tasas de interés, comisiones,
premios, descuentos, montos, plazos de las operaciones activas y pasivas que realicen las
instituciones de crédito; aun cuando en los últimos años se ha desregulado el control y
la fijación de la tasa de interés y se dice que actualmente rige una tasa de mercado.
Es evidente que la intervención de la política gubernamental
es predominante para mantener las tasas homogéneas a las internacionales a fin de atrae
el capital golondrino, evitar una nueva fuga de divisas y por lo tanto desacelerar la
economía.
Es importante conocer los cambios concretos que se plantearán
sobre el manejo de la tasa de interés y maxime, si la regulación crediticia se llevará
a cabo fundamentalmente a través de operaciones de mercado abierto a fin de ampliar o
contraer la liquidez y cómo se determinarán los volúmenes crediticios que se operan
permanentemente en el sistema económico.
Hasta la fecha aunque legalmente es el Banco de México el que
tiene la facultad de determinar los tipos de cambio, es decir la equivalencia de la moneda
nacional con la extranjera. Es evidente también que quien siempre ha tomado este tipo de
decisiones ha sido directamente el Ejecutivo, no obstante que formalmente existe la
Comisión de Crédito y Cambios dentro de la estructura administrativa del Banco Central,
cuyas funciones son las de establecer normas para la fijación de los tipos de cambio y
los criterios para regular las operaciones cambiarias y que está integrada en forma mixta
por el Banco y la Secretaría de Hacienda.
Dada la experiencia traumática para la mayor parte de la
población, del significado y efectos de una devaluación y de la fuga de capitales, la
ley autoriza al Ejecutivo a expedir decretos sobre control de cambios. Sin embargo, el
proceso de desregulación ha llevado a derogar estos decretos y a eliminar el tipo de
cambio controlado a fin de establecer sólo el dólar libre.
Al respecto León Bendesqui nos comenta en relación a países
que cuentan con Banco autónomo: "después de todo -entre comillas- en Estados Unidos
con un Banco Central independiente, los republicanos lograron en 12 años acumular un
enorme déficit fiscal cuyo financiamiento es sumamente costos"
"Otro aspecto crucial es el que se refiere al sistema
político en el que funcionan los bancos centrales que son independientes y concluye: en
México ningún órgano de gobierno actúa con independencia del presidente, ni aquéllos
a los que la Constitución no sólo faculta sino que supone y exige que sean
independientes. En este sentido tendríamos que empezar por reformar el presidencialismo y
tener un gobierno que cumpla con la utopía que anteponga los intereses de la mayoría de
los mexicanos a los del capital financiero. Esta podría ser realmente una iniciativa
alternativa"
Otros analistas también han expresado sus interpretaciones,
como Rosalba Carrasco y Francisco Hernández, quienes nos advierten que la experiencia
histórica no necesariamente demuestra que a mayor independencia del banco central mayor
es la posibilidad de estabilizar los precios; más aún, países como Gran Bretaña,
Italia y Francia, entre otros, siguen oponiéndose a la independencia que Alemania, con el
Bundestbank, y Estados Unidos, con el caso de la reserva federal, han llevado a su máxima
expresión.
Pensamos de acuerdo con aquéllos que existe una tendencia
mundial de restructuración de los sistemas financieros. Los aspectos esenciales de la
autonomía del Banco de México se basan en dos principios: la facultad exclusiva que debe
tener para determinar el monto y manejo de su propio y crédito y que ninguna autoridad
podrá ordenar al banco central conceder financiamiento, es decir, otorgar crédito por
cualquier medio o adquirir valores.
La globalización económica ha impuesto cambios en el sistema
financiero internacional, llevándose a cabo reformas estructurales en el caso de México.
Por eso consideramos que, de manera consecuente y pensando incluso en dar facilidades de
circulación al capital, la autonomía del Banco de México es imperante para desempeñar
las funciones de regulación tanto monetaria como de crédito.
La autonomía del banco central replantea su función política
y, en este sentido, en nuestro contexto político se convierte en una contradicción con
los hechos derivados del reforzamiento del presidencialismo, que ha intentado convertirse,
en el caso mexicano, en omnipotente, aun después del 2 de julio del 2000.
Con la internacionalización del capital y la eliminación de
barreras, el concepto de capital nacional se modifica o desaparece, replanteándose el
papel de la soberanía nacional ante el poder creciente del capital financiero.
Es por eso que necesitamos dotar de mayor autonomía al banco
central para despojarlo de todo viso de presidencialismo, ya que ante los intereses que
pudiera tener el Poder Ejecutivo con los centros financieros internacionales o las
presiones que estos mismos ejercen sobre el Ejecutivo, nuevamente se vería vulnerada
nuestra soberanía económica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración
de esta soberanía el presente proyecto de decreto.
Artículo 1. Se reforma el párrafo 7 del artículo 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 28. No constituyen monopolios las funciones que el
Estado ejerza de manera exclusiva a través del banco central. La conducción del banco
estará a cargo de la persona cuya designación será hecha por y aquí la
propuestael Congreso de la Unión, a partir de una terna presentada por el
presidente de la República.
Artículo transitorio. El presente decreto entrarás en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Es cuanto, diputada presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión
de Puntos Constitucionales.
La iniciativa planteada por el grupo parlamentario del Verde
Ecologista de reformas al 105 de la Constitución solicitan se posponga para próxima
sesión.
Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, para
presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. El es del
grupo parlamentario del PRI.
- EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA: Con su venia, señora
Presidenta.
"En ejercicio de las facultades conferidas por nuestra
Carta Magna y en el Reglamento Interior del Congreso, a nombre propio y de quienes
suscriben la iniciativa someto a su consideración la presente que es para que se reformen
los artículos 9. 10, 11, 12, 59, 61, 73, 90, 91, 92 de la Ley de Radio y Televisión, a
fin de establecer formalmente el impuesto equivalente al 12.5 por ciento del total del
tiempo diario de emisión autorizada a cargo de las estaciones de radio y televisión como
tiempo para uso oficial del Estado, a través de sus órganos autónomos y de los tres
poderes del gobierno de la federación: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así
como la creación del Consejo General de Radio y Televisión como órgano autónomo del
Estado, conforme a la siguiente
" E x p o s i c i ó n d e M o t i v o s :
"Es indudable que la radio y la televisión son el mejor
instrumento informativo por el gran potencial y su audiencia, y es indudable también que
el Estado para cumplir con sus fines debe aprovecharlo al máximo. Que resulta necesario,
dadas las condiciones actuales sociopolíticas que vive México, el revisar las políticas
públicas de comunicación social, ya que como principio fundamental de nuestra Carta
Magna la utilización del aspecto radioeléctrico en todas sus modalidades para emitir
señales de radio y televisión constituye una actividad de interés público por emanar
de un bien propiedad del Estado y de dominio directo a la nación, y por lo tanto es el
propio Estado que a través de sus órganos y sus poderes debe tutelarla, vigilarla y
proteger que se cumpla su fin social.
"En este tema un asunto fundamental lo es sin duda lo
relativo a la administración eficaz y eficiente del tiempo oficial que le corresponde en
pleno derecho al Estado del total de las transmisiones que realizan quienes tienen a su
cargo concesiones de radio y televisión en todo el país.
"Esta facultad del Estado para disponer libremente del
tiempo oficial de radio y televisión nace en la Ley de Ingresos del año de 1969, donde
estable un impuesto especial sobre servicios declarados de interés público por ley en
los que intervengan concesionarios que utilicen o exploten bienes propiedad del Estado y
de dominio directo a la nación. Como en el caso lo es la utilización del aspecto
radioeléctrico para transmitir radio y televisión.
"Queda pues claro que las frecuencias a través de las que
se transmiten emisiones de radio y televisión no son propiedad privada, sino que se trata
de bienes de dominio directo a la nación y por lo tanto deben ser tutelados por ésta y
puede ejercer los derechos correspondientes.
"Cabe señalar que el acuerdo presidencial del 1º de julio
del año de 1969 facultó a la Secretaría de Hacienda para cobrar este impuesto en
especie, es decir, quedó claro y legalmente su establecimiento.
"Adicionalmente el artículo 59 de la Ley de Radio y
Televisión le otorga al Estado la prerrogativa formal para utilizar libremente tiempo
para el cumplimiento de sus propios fines en todas las emisoras, hasta por 30 minutos
continuos o discontinuos diariamente. Esto con independencia del tiempo fiscal antes
señalado y con independencia también del tiempo de que disponen partidos políticos y el
IFE, según lo determina la propia Ley Electoral Federal.
"En síntesis, al Estado le corresponde los tiempos
oficiales y como se ha quedado establecido corresponde al Estado en su acepción más
general, no al gobierno y no como actualmente se viene utilizando a un solo poder del
gobierno como es el Ejecutivo.
"Es por ello que esta iniciativa pretende reformar la Ley
de Radio y Televisión, a efecto de que quede claramente establecido y formalilzado este
tiempo del Estado para que sea repartido en forma equitativa para su utilización, para
sus fines necesarios, a los tres poderes de la federación: al Ejecutivo, al Legislativo y
al Judicial y también a órganos autónomos como podrían ser la Comisión de Derechos
Humanos y el IFE, entre otros.
Es claro que la condiciones en que se viene utilizando el tiempo
del Estado, administrado hoy por el Ejecutivo y utilizado solamente por él, se viene
desperdiciando. Hay estudios publicados en medios de comunicación en que queda claro que
solamente se utiliza una parte muy baja del tiempo oficial del Estado por el Ejecutivo en
tanto ésta realiza pago de cantidades muy importantes de dinero para publicidad
gubernamental y para cumplir, dicen así, los fines propios del Ejecutivo.
Es claro que hace falta transparentar cuánto es este tiempo
oficial del Estado en medios de comunicación electrónicos y resulta imperativo que su
administración quede en manos de un órgano autónomo diverso del Ejecutivo, en el que
intervengan representantes de los tres poderes y de órganos autónomos del Estado en su
administración, en la determinación de horarios y en la vigilancia del material y en la
vigilancia de la emisión misma de las transmisiones.
Por ello, se propone en la iniciativa la creación de un órgano
autónomo denominado Consejo General de Radio y Televisión, que estaría
integrado por representantes ciudadanos electos en forma democrática, con la
intervención del Ejecutivo y del Legislativo, así como representantes de los Poderes de
la Federación y de órganos autónomos, con lo cual se garantizaría la equidad, la
transparencia y la justicia y, sobre todo, la utilización más apropiada de este recurso
tan valioso para el pueblo que es el tiempo oficial en radio y televisión, ocasionando un
ahorro en lo que actualmente se gasta desmesuradamente en propaganda gubernamental,
recursos que sería muy valioso utilizarlos a favor del pueblo, en su desarrollo
económico, político y social.
En obvio de tiempo y solicitando a la Presidencia que al
entregar este escrito que comprende la iniciativa en su conjunto, que contiene en la
exposición de motivos un cuadro comparativo del articulado vigente y de cómo se pretende
reformar con un esquema explicativo, así como el texto formal de cómo se pretende
quedara especificado, solicito quede para publicación íntegra en el Diario de los
Debates y en la Gaceta Parlamentaria, para lo cual hago entrega.
Y simplemente termino exhortando a mis compañeras y compañeros
legisladores, para que analicemos con reflexión, con amplitud de miras este
planteamiento, que permitirá en la época que vivimos, la transparencia en la
utilización de los tiempos del Estado, para que éstos sean totalmente en beneficio de
México.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias a usted,
señor diputado.
De acuerdo a su petición, publíquese el texto íntegro en el
Diario de los Debates y en la Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Radio,
Televisión y Cinematografía.
Tiene la palabra el diputado Tarcisio Navarrete Montes de Oca,
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que
reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado tenía inscritas en el orden del día dos
iniciativas y va a presentar no la que acabo de leer, sino una iniciativa que adiciona una
Sección Quinta del Capítulo Sexto del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos.
Adelante señor diputado.
-EL C. DIPUTADO TARSICIO NAVARRETE MONTES DE OCA. Con su permiso
señora Presidenta, Presento estimados amigos y amigas Diputados, una Iniciativa de
Decreto que adiciona una Sección V al Capítulo Sexto del Título III de la Ley Orgánica
del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
Se trata de una propuesta con la finalidad de crear un grupo
nacional de ex Legisladores, cuya finalidad sería aportar sus conocimientos, experiencia
para la continuidad y fortalecimiento de las actividades del Congreso de la Unión
De manera sucinta diré que actualmente por desgracia se ha
visto impedida la transmisión de esta experiencia como consecuencia de que en nuestra
Legislación no existe la Reelección de Legisladores y, por la otra, hay una
discontinuidad en el trabajo legislativo.
En Canadá, como en oros países, esta figura de asociación de
ex Parlamentarios ha dado grandes resultados, ya que ha permitido que las actividades que
realizan sus integrantes, sea de la Casa de los Comunes o del Senado, no se vean
interrumpidas por el término de sus funciones.
Además, estos ex Parlamentarios promueven la formación en
valores democráticos, hemos considerado integrarla a la Ley Orgánica para evitar darle
un nacimiento como Punto de Acuerdo y que pueda ser motivos de cambio en el futuro.
La Iniciativa, estimados amigos, tiene como objetivos los
siguientes: aportar los conocimientos y la experiencia de sus miembros al Congreso;
proveer la asistencia no partidista al Poder Legislativo; fomentar la integración de una
comunidad entre los ex Legisladores; fomentar el fortalecimiento de las relaciones entre
los Miembros del Senado y a Cámara de Diputados con los ex Legisladores; proteger y
promover los intereses de los ex Legisladores que puedan ser en el ámbito de prestaciones
laborales básicas.
El Grupo Nacional de Legisladores tendrá las siguientes
facultades:- Iniciar y financiar, administrar programas de actividades relevantes para sus
objetivos; publicar o difundir información de todo tipo relacionada con sus objetivos;
establecer y asignar becas para estudio relacionados con la vida parlamentaria; otorgar
reconocimientos cuando los consideren apropiados, por contribuciones sobresalientes en la
promoción y entendimiento del sistema de Gobierno; ejercer todos los recursos económicos
que le asigne el Congreso de la Unión en actividades propias del grupo.
Presentamos esta Iniciativa en el Palacio Legislativo, a nombre
del Gruo Parlamentario de Acción Nacional. Firma su servidor, Tarsicio Navarrete Montes
de Oca.
Solicito a la Presidencia pudiera integrar al Diario de Debates
el texto íntegro que en este momento entrego. Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado.
INTEGRESE EL TEXTO INTEGRO EN EL DIARIO DE LOS DEBATES Y EN LA
GACETA Y TURNESE LA INICIATIVA A LA COMISION DE REGLAMENTO Y PRACTICAS PARLAMENTARIAS.
LA INICIATIVA QUE REFORMA EL ARTICULO 89 DE LA CONSTITUCION DEL
MISMO DIPUTADO NAVARRETE SE POSPONE PARA LA SIGUIENTE SESION.
Tiene la palabra el Diputado Alfredo Hernández Raigosa del
grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una
Iniciativa de Reformas a diversos Ordenamientos Legales en materia de Robo de Infantes.
-EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA. Con su permiso ,
Diputada Presidenta. Esta Iniciativa de Ley que hoy presentamos, adiciona y reforma al
Código Civil Federal, la Ley General de Población, la Ley del Servicio Exterior
Mexicano, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y
el Código Penal Federal, a efecto de otorgar mayor seguridad jurídica a las niñas y
niños de México y de federalizar el secuestro y privación ilegal de la libertad de los
menores.
Compañeras y compañeros Diputados, en ejercicio de lo
dispuesto en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y con fundamento en el Artículo 55º Fracción II, 56º, 62º y 63º del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
los que suscribimos, diputados federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos la siguiente
iniciativa de ley:
El pasado 13 de noviembre del 2001 presentamos ante el Pleno una
proposición con punto de acuerdo mediante el cual pedimos se instaure la Procuraduría
Federal Infantil; el Centro Nacional de Apoyo para la Recuperación de Menores y el
Registro Nacional de Menores Robados. Punto de acuerdo que por cierto no ha sido
dictaminado por las comisiones correspondientes.
Desde ese momento, nos hemos abocado a realizar propuestas para
que se recuperen la mayor cantidad de menores robados, como lo es la difusión de las
fotografías de los niños robados en la papelería oficial del Gobierno Federal y local;
en papelería del Congreso y en envases y empaques de los productos de las empresas
privadas.
Hemos elaborado un tríptico que contiene las quince reglas
básicas para prevenir el robo de niñas y niños; hemos difundido las fotografías de
algunos de los niños robados en un cartel y estaremos inaugurando el día de mañana un
Foro sobre Robo de Menores, donde participarán instituciones como la PGR, la PGJDF,
UNICEF y DIF Nacional.
Las modificaciones que propondremos al marco jurídico mexicano
se derivan de las constantes preocupaciones que tiene la sociedad mexicana por otorgar
mejores condiciones sociales, económicas, jurídicas y de seguridad a las niñas y niños
de México, así como para evitar el creciente tráfico de menores los cuales una vez
robados son destinados hacia la prostitución, el comercio sexual, el tráfico de
órganos, la pornografía infantil, el trabajo forzado, la mendicidad, la venta de drogas,
los ritos satánicos, el robo y hasta el lavado de dinero de las mafias como el
narcotráfico.
Las omisiones en la ley y las condiciones económicas y
geográficas, los altos índices de marginalidad y de miseria en nuestro país han hecho
que México se haya convertido en un punto estratégico para que las mafias trafiquen
libremente con los órganos de las niñas y los niños para comerciar sexualmente con
ellos, con su cuerpo o para ser objetos de pornografía infantil.
Aunado a esto, la falta de confiabilidad en algunos documentos
públicos como las actas del Registro Civil y los vicios con que operan las autoridades
migratorias y aduanales, han contribuido a agudizar el tráfico de niñas y niños en todo
el país y al fácil quebrantamiento de la legalidad en esta materia.
Debido a esta situación y con una forma de dar respuesta a
varios años de lucha llevada a cabo por miles de padres de familia que les han sido
robados sus niños y sus niñas, proponemos se modifiquen las siguientes leyes: el Código
Civil Federal; la Ley General de Población; la Ley del Servicio Exterior Mexicano; la Ley
General de Salud; la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y el Código Penal Federal.
Las modificaciones propuestas al Código Civil Federal
obligarán a poner la huella plantar del recién nacido en las actas de nacimiento y no
sólo la huella digital como actualmente se lleva a cabo; esto con el fin de evitar la
falsificación de este importantísimo documento. Además se exigirá que el adoptante
tenga una residencia legal en el país de cuando menos un año a fin de combatir las
adopciones al vapor y permitir una evaluación intensa de las condiciones psíquicas,
económicas, morales y culturales de los presuntos adoptantes.
Esto será de suma importancia dado que en la actualidad no se
sabe de la procedencia de aquellos que adoptan.
Así mismo, se aumentarán las causales para poder revocar la
adopción específicamente para los adoptantes extranjeros o nacionales que residan fuera
del país si estos no informan anualmente del estado que guardan los menores.
Este informe deberá incluir un examen general de salud del
adoptado y tal obligación se mantendrá hasta la mayoría de edad del adoptado.
Por su parte, con las reformas a la Ley General de Salud se
pretende que únicamente puedan adoptar los extranjeros que hayan obtenido la calidad
migratoria de inmigrados o inmigrantes evitando que asilados políticos refugiados o
estudiantes adopten a un menor. Esto nos parece necesario ya que estos últimos no
podrían brindarles condiciones de bienestar y estabilidad emocional a los adoptados.
Así mismo, se propone que para el caso de extranjeros que
adopten y vayan a residir fuera del territorio nacional informen anualmente ante las
secciones consulares, correspondientes de México en el lugar donde se domicilien sobre el
estado general que guarden las niñas o los niños.
Se incrementa también en esta propuesta la pena mínima a 10
años y la máxima a 15 años de prisión a quienes trafiquen con órganos o tejidos
humanos de niñas y de niños. Estas sanciones se duplicarán en el caso de que el
tráfico de órganos se realice en contra de un menor de 17 años.
Por otro lado, con las reformas a la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal, se faculta al gobierno federal para perseguir y sancionar el tráfico,
robo y secuestro de niñas y niños.
Asimismo se delega a la federación para perseguir estos
ilícitos cuando de ello se deriven delitos tales como la prostitución infantil, el
tráfico de órganos, los actos lesivos o sexuales, el exhibicionismo, la mendicidad y el
narcotráfico.
Por último, en el Código Penal Federal se proponen penas más
severas a quienes cometan actos deleznables en contra de las niñas y l os niños.
En el caso de corrupción de menores, exhibicionismo corporal,
prostitución infantil, consumo de narcóticos, prácticas sexuales, ebriedad, se
impondrá una pena de 10 a 15 años de prisión y multa de 1,000 a 1,500 días de salario.
A quienes induzcan a los niños a la mendicidad se les impondrá
una prisión de 8 a 13 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa.
A quienes videograben, fotografíen o exhiban en anuncios
impresos o electrónicos a menores de edad en actos sexuales o lascivos o de
exhibicionismo, se les impondrá una pena de 10 a 15 años de prisión y de mil 500 a dos
mil 500 días multa.
A quienes practiquen o promuevan el turismo sexual con menores
de edad, se les impondrá prisión de 10 a 19 años de cárcel y 500 a 3 mil días de
multa.
A quienes ocupen a menores de edad en cantinas, tabernas y
centros de vicio, se les castigará con prisión de uno a tres años y de mil a 2 mil
días multa, así como con el cierre definitivo de las instalaciones.
Cuando los delitos sean cometidos por la delincuencia
organizada, de acuerdo con la ley respectiva, las penas se incrementarán hasta en una
tercera parte.
Al que entregue a un menor dentro o fuera del territorio
nacional, a fin de que ejerza la prostitución, se le impondrá de 10 a 17 años de
prisión y de 500 a mil días de multa.
A quienes trafiquen con un menor y de este delito se deriven
ilícitos como la prostitución, la pornografía, se les impondrá una pena de 15 a 20
años de prisión y de 2 mil 500 a 3 mil días de multa.
Las penas antes señaladas se incrementarán al doble cuando
participen en ello la delincuencia organizada.
Por lo anteriormente expuesto, hacemos la siguiente exposición
de motivos:
Dado que más de una tercera parte de la población mexicana es
menor de 15 años y es responsabilidad del estado mexicano a través de sus autoridades,
brindar protección, seguridad, facilitar su desarrollo físico y mental, así como de
mejorar las condiciones de las niñas y niños mexicanos. Dado que hay más de 130 mil
niñas y niños desaparecidos desde 1996 a la fecha, sin que hasta el momento existan
acciones contundentes para frenar este ilícito, tan sólo en 1999 LOCATEL reportó
durante el primer trimestre, 11 mil 059 personas extraviadas, de las cuales 3 mil 278
personas extraviadas eran menores de 15 años y 7 mil 781 eran menores de 19 años.
Dado que el robo de menores es uno de los delitos que más
perturba a la sociedad el cual desintegra a la familia y la escinde, pues no hay una
coordinación de esfuerzos para perseguir y sancionar el robo, secuestro, sustracción de
niñas y niños, así como tampoco hay una adecuada persecución y sanción de la
pornografía infantil y el turismo sexual...
Le pediría a la mesa si me permite un minuto.
-LA C. PRESIDENTA: Termine, por favor.
-EL C. DIPUTADO ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Dado que el tráfico
de menores, robo y secuestro de niñas y niños afecta a la esfera biosicosocial del menor
de manera tal que se convertirían en generaciones con problemas emocionales, propensos el
30% más al suicidio que cualquier otro y que sin duda engrosan las filas de la
drogadicción y la delincuencia.
Por lo anteriormente expuesto, fundamos esta iniciativa de ley,
con la cual intentamos darle un marco de seguridad jurídica a los niños y a las niñas.
Estamos a unos días de festejar el día del niño y sería de
gran ánimo para muchas personas que han perdido sus niños por haber sido robados,
aprobar una serie de reformas en beneficio de las niñas y de los niños mexicanos.
Entrego a la Presidencia el documento íntegro de la reforma
legal y le solicito pueda ser incorporada textualmente al Diario de los Debates.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Intégrese el texto completo en el Diario de los Debates y en la
Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Cruz Gutiérrez, del
grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una
iniciativa de Ley de Bioseguridad, Investigación y Desarrollo Biotecnológico.
EL DIP. ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ: Con su permiso, ciudadana
Presidenta.
Las investigaciones que en todo el mundo y también en México
se han hecho en los últimos años en materia de biotecnología, acarrean consecuencias
económicas y sociales donde se plantean contradicciones éticas, posibles daños
económicos y riesgos reales, tanto para la población humana como para el entorno
natural.
La iniciativa que hoy se presenta buscar regular en beneficio
social, la investigación y el desarrollo biotecnológico que se requiere invariablemente
a los recursos naturales susceptibles de apropiación, de manera tal que se protejan la
vida y la salud humanas, de los animales, de las plantas y del medio natural.
México aportó al mundo miles de años de avance y experiencia
en la selección y mejoramiento de plantas y animales. La riqueza genética y de recursos
renovables que hoy tiene el país, en gran medida se debe a la inteligencia y al cuidado
de muchas generaciones de campesinos que hoy ven amenazada su actividad y la propiedad de
sus recursos naturales por la apropiación indebida de tales recursos, en los que se ha
practicado la piratería intelectual para alcanzar altos beneficios con la venta de
técnicas y productos en los mercados de los países desarrollados.
La iniciativa contempla medidas para que los beneficios de una
producción agropecuaria aumentada y los resultados de una ingeniería genética tengan el
efecto de incrementar la potencialidad del país, protegiendo no sólo la laboriosidad y
cuidado milenario de los agricultores y campesinos de nuestro país, sino los derechos de
la humanidad toda que debe tener acceso irrestricto a los beneficios de la inteligencia.
La iniciativa concreta el dominio que sobre los recursos
naturales está mandado por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, recursos naturales que si bien son susceptibles de apropiación, están
destinados al beneficio social, por lo que declara que este patrimonio de la nación debe
ser de interés público, tanto en la conservación de la diversidad biológica como en el
uso sostenible de los recursos genéticos.
Es necesario enfrentar los riesgos de liberar en el medio
natural mexicano y en nuestro territorio nacional, organismos, tejidos vivos y
microorganismos genéticamente modificados cuyo uso no sea seguro y esté científicamente
comprobado que no producirá daños irreversibles en el proceso natural de reproducción
humana o de las demás especies vivas.
La piratería que por bioprospección de recursos naturales
tiene años realizándose sin control, acarrean pérdidas económicas, culturales y de
espíritu nacional que deben evitarse. Así lo propone la iniciativa.
Los mexicanos tenemos derecho a que los alimentos que hoy
consumimos no vayan a tener como resultados daños que aparecerán en las futuras
generaciones.
El Poder Legislativo tiene la obligación de velar por la salud
de los futuros mexicanos y por eso la iniciativa propone regular la producción,
comercialización y transporte de alimentos modificados por ingeniería genética que no
sean peligrosos para la estructura genética de los mexicanos y que todos tenemos derecho
a saber cuándo un alimento contiene componentes que pueden resultar peligrosos por
aquellas razones.
La crisis de las vacas locas, los problemas que ya acarreó en
nuestro estado la presencia de maíz genéticamente modificado, el daño a las mariposas
monarcas y otras que están en el acalorado debate de los medios y de los parlamentos nos
obligan a ser precavidos sin renunciar a los beneficios de la ciencia.
Los mexicanos tenemos capacidad para desarrollar, vigilar y
asegurar nuestro entorno.
Exhorto a esta Honorable Asamblea, en nombre de la diputación
campesina, a proteger nuestra salud, a proteger las miles de especies de nuestro entorno
natural y a proteger los resultados de la investigación de los mexicanos, investigación
que no ha comenzado a partir del descubrimiento del ADN, sino que se pierde en la inmensa
sombra de los tiempos, allá cuando nuestros ancestros domesticaron las primeras plantas y
los primeros animales dando origen a una de las culturas más antiguas y productivas de la
historia.
Ciudadana Presidenta, le ruego ordenar la publicación íntegra
de esta iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria y al mismo tiempo
turnar esta iniciativa a la Comisión de Desarrollo Rural.
Muchas gracias.
- LA PRESIDENTA: Gracias a usted, señor diputado. De
acuerdo con su petición, publíquese íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta
y túrnese a la Comisión de Agricultura.
Tiene la palabra el diputado Rigoberto Romero Aceves del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos.
- EL DIP. RIGOBERTO ROMERO ACEVES: Muchas gracias, señora
Presidenta.
- EL DIP. JESÚS CRUZ GUTIERREZ (Desde su curul): Señora
Presidenta.
- LA PRESIDENTA: A ver un momento. El diputado Cruz Gutiérrez.
¿Con qué objeto, señor?
- EL DIP. JESÚS CRUZ GUTIERREZ (Desde su curul): Ciudadana
Presidenta, para rogarle que la iniciativa que acabo de presentar, como lo solicité, sea
turnada a la Comisión de Desarrollo Rural.
- LA PRESIDENTA: Muy bien, que se turne a la Comisión de
Desarrollo Rural. Gracias.
Continúe, señor diputado.
- EL DIP. RIGOBERTO ROMERO ACEVES: Muchas gracias.
Buenas tardes.
El suscrito diputado federal de esta LVIII Legislatura en
ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente
iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se reforman y adicionan los artículo 19 H,
170, 198, 198 A y 238 B de la Ley Federal de Derechos, al tenor de la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Incluida en la reforma fiscal de diciembre pasado, se llevaron a
cabo varios cambios en la Ley Federal de Derechos.
Se adicionó el párrafo 170 relativo al despacho de
embarcaciones pesqueras, se agregó el artículo 198 A en el que se crea un derecho de
pernota en las áreas naturales protegidas y así también se adicionó el Artículo 238 B
para introducir un derecho para el avistamiento de ballenas.
Con relación al Artículo 170 se aprobó que las embarcaciones
pesqueras de 0 a 30 toneladas de arqueo bruto, quedaron exentas del pago de derechos por
los servicios que presta la Capitanía de Puerto por cada autorización de arribo,
despacho o maniobra de fondeo.
La intención en ese entonces fue que la exención incluyera a
la flota sardinera, escamera y camaronera, sin embargo, según el Anuario Estadístico de
Pesca, de las 839 embarcaciones escameras sólo caen en este rango cerca de 350, de las 69
sardineras sólo se benefician 7, y de los 1,971 barcos camaroneros, sólo tienen este
beneficio 40 de ellos.
Por lo que ahora se propone que el resto de la flota pesquera,
cuyo tonelaje de arqueo bruto llega a las 150 o 200 toneladas, si bien no queda exenta del
pago, sólo lo efectúe cada que se le otorga un despacho vía la pesca.
Cabe comentar que el tonelaje de arqueo bruto de una
embarcación, incluye el peso de la embarcación, el peso del diesel, el peso de los
motores, el hielo, el producto de la pesca incluso los propios pescadores.
Por ello, al hablar de barcos camaroneros de 150 a 200 toneladas
de arqueo bruto, implica hablar de barcos que pueden transportar alrededor de unas 20
toneladas de producto, según el tamaño y disposición de su bodega.
Pero habrá que comentar también que según el mismo Anuario
Pesquero, la producción total nacional de camarón de altamar en peso desembarcado, tiene
un promedio de 25,618 toneladas en los últimos diez años, esto es, una media de 13
toneladas por embarcación por toda una temporada anual.
De tal manera que un barco, aun de 150 a 200 toneladas de arqueo
bruto, tiene solamente la probabilidad de producir 13 toneladas de camarón en un año.
Valga agregar que antes del 2001 la flota pesquera no pagaba estos derechos.
Es por lo antes descrito que se propone en el Artículo 170 que
el pago se efectúe cada que la Capitanía de Puerto requiere elaborar el despacho de la
pesca. No cada vez que un barco sale, entra o fondea en un puerto, pues en muchas
ocasiones, sin descargar producción, se entra a puerto a abastecer combustible, reparar
equipos, máquinas e incluso a desembarcar enfermos.
Por lo que respecta al pago de derecho por pernocta, en las
áreas naturales protegidas, contemplado en el Artículo 198 A debe observarse que la
misma ley, ya en su Artículo 19 H contempla un pago de derechos por visita turística por
persona física y por isla, lo que implica una gran cantidad de pagos a un turista, que
visita una isla que se encuentra dentro de un área natural protegida, de hecho que sucede
en todas las islas del Golfo de California y en gran parte de las islas mexicanas.
En consecuencia, un turista debe pagar derecho por visitar una
isla, otro por pernoctar en ella, y otro más al estar esta isla en un área protegida. Lo
anterior, aunado al pago del servicio, hace de las islas mexicanas, un destino turístico
excesivamente caro.
Por lo anterior, se propone que el pago de visita insular,
contemplado en el Artículo 19 H no incluya a las islas ubicadas dentro de áreas
naturales protegidas.
Por otra parte, el Artículo 198 A de la ley vigente, establece
la cuota de 104 pesos por pernocta, por persona por día, cantidad que por lo pronto este
año no puede ser aplicada al turista y deberá absorberla el prestador de servicios,
desde el momento en que las promociones y eventos nacionales e internacionales, se
adquieren compromisos a través de contratos preestablecidos con agencias mayoristas, con
un año de anterioridad, por lo que ese pago este año se cargará a la fuerte carga
fiscal de los prestadores de servicios, que ya ahora pagan un permiso de turismo náutico,
pagan por cada embarcación el certificado de matrícula, pagan el certificado de
seguridad, pagan el permiso a SEMARNAT, pagan el seguro de pasajeros y capitanes aparte de
pagar el Seguro Social, el INFONAVIT, el 2% de las nóminas, en su caso la concesión de
Zona Federal Marítimo Terrestre y finalmente el mismo Impuesto Sobre la Renta.
Pero aún más, si en un futuro este pago se cargara al turista,
los viajes resultarían hasta 80 dólares más caros, lo que pondrá a México fuera de la
competencia internacional y en consecuencia el ecoturista preferirá otro destino.
Valga referir el pago por acampar en parques nacionales de otros
países; por ejemplo, en Yellowstone el pago por pernoctar es de 20 dólares por semana
por vehículo y se otorgan servicios sanitarios, sitios para acampar, mesa-bancos,
senderos, centros de información, guardabosques y recolección de basura, entre otros.
En Canadá, en las rocallosas se pagan 7 dólares diarios por
vehículo, prestando servicios similares a los ya descritos; en Costa Rica se pagan 3
dólares diarios por persona, prestando de igual manera los mismos servicios; en tanto que
aquí en México se pagan 11.56 dólares diarios por persona, es decir 80 dólares día
por persona y no se cuenta con ningún servicio.
Es importante recalcar que en términos fiscales todo cobro de
derechos debe presuponer un contraservicio, lo que no se da en este caso; además de que
en los otros países, la autoridad que efectúa el cobro es la entidad recaudadora y no el
prestador de servicios turísticos, como se exige aquí en México. En consecuencia,
cualquier usuario cubre directamente al estado los derechos de pernocta.
Por lo anterior, es que se propone que el artículo 198-A,
establezca un pago por visita de hasta una semana de 100 pesos por persona, además de que
ni los prestadores de servicio ni los pescadores que con frecuencia acampan en las islas
en ejercicio de su trabajo ni los residentes de las localidades de las áreas naturales
protegidas, tengan que pagar estos derechos.
Finalmente por lo que respecta al avistamiento de ballenas
previsto en el artículo 238-B, podríamos decir que es un impuesto dirigido
principalmente a una actividad ecoturística de reciente creación, prácticamente
dirigida a la Península de Baja California y a una industria que aún no se consolida
plenamente.
Lo anterior, en virtud de que en México, a pesar de encontrarse
8 de las 13 especies de ballenas que habitan en el mundo, solamente existe una población
de ballena rocual (¿) común que habita el Pacífico Mexicano.
LA C. PRESIDENTA.- Señor diputado, se ha agotado su tiempo, le
ruego terminar. Se publicará íntegro el texto.
EL C. DIPUTADO RIGOBERTO ROMERO ACEVES.- Sí, quisiera concluir
la exposición de motivos en un minuto más.
LA C. PRESIDENTA.- Sólo un minuto, señor diputado.
EL C. DIPUTADO RIGOBERTO ROMERO ACEVES.- Quiero concluir
que únicamente la ballena gris se reproduce en sistemas lagunarios de baja profundidad y
relativamente accesibles al hombre. Por ello, es en Baja California Sur donde hay toda una
actividad ecoturística al respecto. Por eso se puede afirmar que incluso el 90% del
avistamiento de ballenas, se lleva a cabo en esta entidad y se lleva a cabo por
pescadores, no por empresas; por pescadores que en la época de crianza de la ballena no
se les permite realizar la captura de la pesca y entonces como una alternativa da el
servicio de prestación de servicios turísticos.
Por ello se propone que el avistamiento de ballena gris,
solamente se pague el derecho de 10 pesos por persona pagada por el turista y no por el
prestador de servicios y que ese derecho no sea pagado en las áreas naturales protegidas,
toda vez que al pagar la entrada a un área natural protegida ya se está haciendo un
pago.
Por todo lo anterior es que presento a esta Asamblea esta
iniciativa de ley, la que dejo para su publicación completa en el Diario de los Debates
Muchas gracias.
-PRESIDENTA. Gracias a usted señor diputado.
Publíquese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en
la Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La iniciativa agendada por el Partido de la Revolución
Democrática, para presentar reformas a diversas disposiciones de la Ley de Planeación,
se pospone para una próxima reunión.
El señor diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, quien tiene
agendadas dos iniciativas de reformas a presentar, ha solicitado hacerlo en una única
intervención y ofrece ocupar el tiempo de diez minutos para las dos.
Esta presidencia autoriza a que presente las dos iniciativas en
una sola intervención.
Tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, para
presentar una iniciativa de reformas al artículo 69 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y otra de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
-DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN: Con su permiso honorable
presidenta; estimados compañeros diputados:
Alrededor de la figura presidencial hemos construido una gran
cantidad de mitos; el más importante de ellos quizá se simboliza en un evento
particular: la presentación del informe residencial.
El mito del absoluto autoritarismo está representado en el
concepto que se ha hecho popular, del Informe presidencial. Los hechos nos están
demostrando qué importante es que la figura presidencial cuente efectivamente con
autoridad. Los hechos, los más recientes, nos están demostrando qué importante es una
figura presidencial que se respete y que respete; una figura presidencial que cuente con
toda la autoridad, sobre todo la autoridad que le da la legitimidad de su poder por la
vía electoral. Pero también cuente con todos los elementos para hacer de esa legitimidad
y de esa autoridad, no solamente una expresión verbal.
Con respecto al informe, dos cosas nos parecen sumamente
plausibles de cambio y son exactamente las que proponemos en sendas iniciativas: La
primera tiene relación con la fecha de presentación del informe. El informe se presenta
el 1o. de septiembre, cuando faltan aún tres meses para la terminación del ejercicio
presupuestal que esta cámara le autoriza al Presidente de la República.
Viene pues el presidente, ha venido ha hacer un ejercicio
oratorio fundamentalmente de pretensiones y fundamentalmente en la consignación de unos
cuantos hechos, casi todos ceñidos a cuestiones políticas.
Si nosotros como Cámara pretendemos que el informe en esta
etapa de consolidación democrática en nuestro país sea efectivamente un ejercicio de
rendición de cuentas, el informe entonces debe ajustarse en fecha a cuando el presidente
pueda venir a darnos cuenta exacta del ejercicio del año presupuestal que esta Cámara le
ha autorizado.
Y al mismo tiempo venga el presidente a darnos cuenta no de
pretensiones supuestas, sino de las pretensiones reflejadas en el Presupuesto que a más
tardar, en caso de consolidarse la propuesta hecha aquí, a más tardar habrá presentado
el 15 de octubre, sino cambiara, el 15 de noviembre.
El 1o. de diciembre pues, es la fecha que proponemos para que el
informe presidencial sea efectivamente un ejercicio de rendición de cuentas sobre la base
del Presupuesto ejercido y del presupuesto enviado.
En la segunda iniciativa ciertamente no hacemos nada nuevo; de
hecho, es una iniciativa que consolidamos con dos propuestas ya presentadas por el grupo
parlamentario del PRI, una del diputado Juan Manuel Carreras y otra del diputado Augusto
Gómez Villanueva y el senador Fidel Herrera Beltrán, con respecto a qué es y cómo debe
ser la ceremonia presidencial de rendición de cuentas y cómo debe ser el ejercicio de
los señores integrantes del Congreso de la Unión con respecto a escuchar el informe
presidencial.
Hoy, todos lo sabemos, el informe se limita a que el presidente
haga un ejercicio oratorio y nosotros hagamos un ejercicio de escucha, un ejercicio de
respeto.
Durante muchos años ésta fue una figura que efectivamente
funcionó. Señores, no quitemos, en aras de cambiar todo, las partes que son convenientes
de nuestro informe. Hemos visto ya la pobre y vergonzosa experiencia de una figura
presidencial que no cuente con un revestimiento de autoridad, de un país que no pueda
darle al exterior la imagen de fortaleza, de unidad que efectivamente presenta el informe
presidencial.
No se trata ni de deslegitimar ni desprestigiar, ni desgastar,
ni hacer menos la figura del presidente de la República. Cuando vemos, en los antiguos
reportes, en las antiguas crónicas, en las antiguas notas periodísticas al presidente
Cárdenas rindiendo su informe, algunos solamente ven la anécdota de un presidente con
una gran autoridad, de un presidente en la cumbre de su poder, rindiendo el informe a una
Cámara atiborrada.
Hemos tratado de ver más allá. Pensemos en el presidente que
apenas 20 años atrás había sido testigo de la última invasión al territorio mexicano.
Veamos qué importante es la autoridad presidencial y no hagamos menos este acto, que es
una muestra solemne de la unidad nacional y es una muestra para el mundo de lo que puede
representar nuestro país.
No quitemos al informe solemnidad. No se trata de degradar la
figura presidencial. Se propone, en primer lugar, que el presidente escuche los
comentarios de los partidos políticos representados en el Congreso, con respecto al
ejercicio de su gobierno que, en caso de modificarse la fecha, será de un año exacto del
ejercicio de su gobierno.
La única fecha que cambiaría sería el año en el que un nuevo
presidente toma posesión. En ese año, la fecha para el informe presidencial sería el 15
de noviembre, es decir, 15 días antes de que el presidente deje el cargo presidencial.
Inmediatamente después de los posicionamientos de partidos, el
presidente haría la rendición de cuentas del año del ejercicio, pero inmediatamente
después, y en sustitución del mensaje a la Cámara de Diputados por un diputado, en
sustitución de esto vendría una sola ronda de preguntas de los partidos políticos
integrantes del Congreso al presidente de la República, que estaría obligado a contestar
a las preguntas que le hubieren hecho los señores diputados, un mensaje final por parte
del presidente y un mensaje concluyente por parte del Congreso.
Se trata de un acto republicano, un acto en el que ninguna de
las dos instituciones pierde ni legitimidad ni prestigio ni representa un
resquebrajamiento de la unidad nacional.
No se trata de un acto abusivo de poder; al contrario, se trata
de crear una responsabilidad en el ejercicio del poder.
Estas son nuestras propuestas, señores diputados. Si la
presidenta nos lo permite, dejamos aquí ambas iniciativas, suplicándole que turne la
iniciativa de reformas al artículo 69 a la Comisión para la Reforma del Estado, para su
visto, y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y la iniciativa de reformas a la Ley
Orgánica, a la Comisión respectiva de la Cámara que se refiere a las modificaciones de
nuestros órganos internos.
Es cuanto, señores diputados. Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor Diputado.
Publíquense íntegros los textos en el Diario de los Debates y
en la Gaceta y túrnese la primera iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y
Reforma del Estado, y la segunda a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Gustavo Buenrostro Díaz, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley General
para la Atención y Protección a las Víctimas y Ofendidas del Delito, con el fin de
implementar una política global en esta materia.
- EL C. DIPUTADO GUSTAVO BUENROSTRO DIAZ: Con su permiso,
señora Presidenta.
Sería injusto el no agradecer a mis compañeros de la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el
apoyo recibido para que esta iniciativa sea una realidad. Y es que en la actualidad
nuestro país, lo sabemos, atraviesa por una severa crisis en materia de seguridad
pública, lo que produce hondas consecuencias que irritan y ofenden a la sociedad en su
conjunto. La víctima y/o el ofendido del delito son quienes resienten con mayor severidad
la común impunidad de que goza el infractor y la carencia de estructuras jurídicas y
materiales que posibiliten el apoyo estatal que la calidad de víctima reclama.
"Para Acción Nacional es de vital importancia lograr el
establecimiento de un auténtico Estado de derecho, fundado en el reconocimiento de los
derechos esenciales de la persona y que también el Estado sea promotor del bien común.
"Es un hecho incontrovertible el que los mexicanos con
frecuencia padecemos ataques a nuestras libertades y derechos fundamentales, ofensas a la
dignidad humana, afectaciones en el nivel de vida e injusticias de toda índole. Todo esto
generado por la carencia de estructuras jurídicas eficientes o políticas eficaces que
puedan resolver dichas situaciones.
"Debemos atenuar el dolor de las víctimas, porque el dolor
es la única cosa objetiva, clara, evidente, constante, que resulta del daño que unos
hombres causamos a otros hombres. Daño que en ocasiones es voluntario y en otras es
involuntario.
"La plataforma política del Partido Acción Nacional
1997-2000 dentro de su programa de iniciativas incluyó y a su vez impulsó, a través de
los legisladores del Partido Acción Nacional de la pasada legislatura federal, que se
modificara el contenido del artículo 20 constitucional. Esta iniciativa logró que
quedaran establecidos los derechos mínimos de las víctimas del delito, creando para ello
un apartado "B" en donde se especifican tales prerrogativas dentro del marco
dogmático de la Carta Magna. Sin que ello implique en modo alguno en menoscabo de las
garantías del inculpado.
"Observamos así como el trabajo del Constituyente
Permanente ha avanzado hacia la creación de un marco que garantice la dignidad humana y
garantice los derechos mínimos de las víctimas del delito. Sabemos que los derechos
humanos prevalecen, independientemente de la gravedad del delito o de la identidad del
presunto responsable. También reconocemos que no hay casos particulares o circunstancias
especiales que ameriten o justifiquen la restricción de esos derechos. Pero lo anterior
en ningún caso nos debe conducir a perjudicar, aún más, a las víctimas del delito.
"Desde el punto de vista superficial es común que se
afirme que son frecuentes las violaciones de derechos humanos contra los procesados que
contra las víctimas. Esto es un error. Lo cierto es que prácticamente el 75 por ciento
de la quejas presentadas ante los órganos defensores de derechos humanos, tienen que ver
con la violación de derechos de las víctimas del delito.
"Considerando estas cifras, podemos afirmar que las
víctimas y los ofendidos del delito necesitan con urgencia un marco legal que reglamente
el artículo 20 de la Constitución, que las proteja a las víctimas, a los ofendidos del
delito, de la lentitud en la procuración y en la administración de justicia, de la falta
de asistencia médica y jurídica, no sólo dentro del proceso sino también dentro de la
fase de averiguación previa, de la no reparación del daño causado, entre otras
violaciones.
"El concepto de derechos humanos implica integralidad, tal
y como se plasmó en la declaración universal de los derechos humanos, es decir, el
respeto a estas esenciales prerrogativas debe abarcar todos los derechos del hombre, los
cuales el Estado ha de respetar y promover y de entre ellos los que destacan, los que hoy
nos debe interesar, son los derechos de las víctimas y los ofendidos del delito.
"Nuestro marco legal debe ampliar las garantías del
afectado por el drama penal, éste tiene que asegurar la complexión legal a no ser
victimizados o, en su caso, a ser tratados de manera justa cuando somos víctimas,
respetando así nuestra dignidad como personas.
"Afortunadamente en nuestro país, en nuestra nación, en
México, ya hemos dado los pasos consistentes en evitar que las víctimas queden en el
desamparo, pues ahora ya gozan de garantías constitucionales de manera más clara que con
anterioridad.
"La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional,
está consciente de que han quedado atrás las instituciones en que la víctima tenía el
derecho de vengar la ofensa por su propia mano. Por ello ahora corresponde al Estado
Mexicano democrático, la procuración e impartición de justicia, en la que deben
incluirse los derechos de las víctimas y de los ofendidos del delito.
"Para avanzar en la estructuración jurídico legislativa
de protección a la víctima y ofendido del delito, es necesario romper con la idea
exagerada que se ha venido adoptando, en el sentido de que el crimen atenta contra el
Estado, para retomar un principio elemental en el que el delito atenta directa y
primeramente contra las personas en lo individual y contra los grupos sociales, para que
en torno a este principio se continúe otorgando a la víctima y al ofendido del delito el
reconocimiento legal que merece.
"Sus derechos, los derechos de las víctimas y de los
ofendidos del delito, deben ser atendidos por el Estado, previniéndose la reparación por
parte del sujeto activo del delito o siendo el mismo Estado el responsable de evitar que
queden en desamparo quienes son víctimas de la conducta delictuosa.
"Actualmente podemos apreciar el fracaso por parte del
Estado en materia de protección y atención a las víctimas y ofendidos del delito, ya
que éstas han optado en muchas ocasiones por la autodefensa, convirtiéndose en muchas
ocasiones en vigilantes de su propia seguridad y en jueces de sus propias controversias.
"Por ello, la transformación legal, institucional y
política a favor de la víctima, que ya se comenzó recientemente con la creación del
Apartado B del artículo 20 constitucional, requiere de un auténtico derecho de víctimas
y ofendidos del delito, que con una gran precisión genere confianza cívica de que se
respetarán los derechos de quienes son víctimas del delito.
"Lo cierto es que la víctima es aquella gran olvidada del
sistema jurídico mexicano y hoy la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional,
propone la reglamentación del artículo 20 constitucional, inciso b), en el que se
establecen las garantías mínimas de todo mexicano que es víctima de un delito.
Este hecho debe generar un reconocimiento a este esfuerzo que
hace el Congreso de la Unión para que los mexicanos vean con mayor precisión, con mayor
interés el trabajo legislativo y ¿por qué no? tener como una realidad el que las
víctimas de hoy en adelante tendrán derechos en la realidad, no sólo enunciados sino
derechos.
México ha cambiado, México debe ser un verdadero estado de
derecho en donde se respeten los derechos mínimos de las víctimas del delito.
Solicito señora Presidenta se inserte el texto íntegro de la
Iniciativa en el Diario de los Debates.
Es cuanto
-LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto señor Diputado. Muchas
gracias.
PUBLIQUESE INTEGRO EL TEXTO DE LA INICIATIVA EN EL DIARIO DE LOS
DEBATES Y EN LA GACETA Y TURNESE LA INICIATIVA A LA COMISION DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS.
-Tiene la palabra la Diputada Petra Santos Ortíz del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa de
Reformas a la Ley de PROCAMPO.
Sonido en la curul del Diputado.
-EL C. DIPUTADO (desde su curul) Gracias ciudadana Presidenta.
Para solicitarle me sea incluido entre los firmantes de la Iniciativa de Ley de Atención
a Víctimas del Delito, leída por el diputado Buenrostro, por favor.
-LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto señor Diputado. Se le ruega
acuda a la Secretaría para que firme el texto que entregó el diputado y conste ahí su
firma.
Adelante, señora diputada.
-LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ.- Sí, gracias. Iniciativa de
Decreto que reforma los Artículos 5º., 10º., 11º y 21º de la Ley de Capitalización
del PROCAMPO para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación amplíe el apoyo a los productores y se comprometa en la elaboración y
evaluación de los proyectos susceptibles de ser apoyados por la Ley de Capitalización.
Exposición de Motivos.- El desmantelamiento que ha sufrido el
campo mexicano en los últimos 20 años, a partir de la desaparición de casi todo el
aparato estatal que promovía su desarrollo y aseguraba su autosuficiencia alimentaria en
los más importantes cultivos que son base de la alimentación de los mexicanos, tales
como el maíz, trigo, el arroz y e azúcar ha provocado un déficit productivo con
crecientes y la aparición de profundos problemas en la comercialización de artículos de
origen agropecuario.
Además, el impulso por parte del Gobierno de una apertura
comercial indiscriminada a este tipo de productos provenientes del extranjero, ha
provocado en el campo una profunda crisis que no sólo le ha impedido a nuestro país
producir sus alimentos sino también ha impedido que el Estado dote a los campesinos y
productores de perspectivas económicas reales, lo que ha ocasionado que profundice la
miseria y aumente de manera impresionante la migración a los Estados Unidos, ocasionando
que las comunidades campesinas se manifiesten más que antes, fenómenos perniciosos como
el del bandolerismo, el narcotráfico y la mas amplia gama de manifestaciones criminales.
Esto es así porque la política agrícola y agraria impulsada
por las últimas administraciones ha destruido no sólo el sujeto productivo en el campo
sino también el sujeto social.
La crisis en el campo hace inviable cualquier intento productivo
ya que no basta sólo con la fuerza de trabajo numerosos y eficiente como siempre, sino es
acompañada con organización, financiamiento y la comercialización que dicha fuerza de
trabajo produce.
El hecho de que la mayoría de los productores del país no
cuente con organización ni mucho menos con financiamiento, problematiza todo tipo de
proceso productivo que más allá de esos dos factores, encuentra en la comercialización
un verdadero hoyo negro que hace inconfiable la actividad productiva al convertirse este
componente del proceso económico en el espacio donde el productor pierde, ante la
complacencia del Gobierno, no decir complicidad, una parte significativa del valor de sus
productos. Como una estrategia de Estado entre otras, por cierto insuficientes, para
revertir esta situación, surgió en el 94 el PROCAMPO para ello se instrumentó una
política de pago directo a los productores de maíz, trigo, arroz, sorgo, soya y
algodón, posteriormente incluyéndose el cárcamo y la cebada.
Se buscaba que con estos apoyos se permitiría a los productores
agrícolas reconvertir sus actividades en que fueran más competitivos. Una vez inscritos
en dicho programa, el productor podría cambiar su actividad al cultivo de frutales,
hortalizas, a la ganadería, entre otros, y continuaría recibiendo el pago directo.
PROCAMPO inició con la cosecha del ciclo otoño-invierno 93-94,
el productor agrícola afiliado en el programa recibiría el mismo pago independientemente
del cultivo al que se abocara y de los rendimientos alcanzados.
En el PROCAMPO se incluyó a un conjunto amplio de agricultores,
más de dos millones de productores de maíz y frijol de autoconsumo que anteriormente no
estaban contemplados para recibir subsidio alguno.
El apoyo con el tiempo, se desligó de la idea original de
apoyar la productividad y más bien se constituyó en un subsidio al consumo; el programa
originalmente contemplaba que los apoyos directos deberían diferenciarse por región y
tipo de cultivo y que estos continuarían de manera constante en términos reales durante
los siguientes diez años y al último año desaparecerían los apoyos.
Los productores agrícolas han continuado recibiendo el mismo
pago debido básicamente a las restricciones presupuestales las cuales han registrado
caídas en términos reales.
Ante la incapacidad presupuestal por parte del Gobierno para
respetar la idea original que dio origen al PROCAMPO y convertirlo en un verdadero
subsidio compensatorio que le permitiría a los productores nacionales competir con los
productos elaborados en el extranjero una vez que se cumplieran los plazos establecidos
por el Tratado de Libre Comercio.
Ante este problema, el Congreso particularmente la Cámara
de Diputados- aprobó la Ley de Capitalización de PROCAMPO el año pasado, buscando dar
otro giro a los apoyos directos destinado a los productores. En el dictamen aprobado por
esta soberanía de la Ley de Capitalización de PROCAMPO, se reconoce la insuficiencia de
los apoyos directos destinado a los productores.
Esta ley, planteó la necesidad de hacer más accesibles los
recursos para beneficiar a los productores, sin embargo limita los apoyos que provee el
sistema de capitalización y excluyen de la preferencia a sectores que aunque no están
comprendidos en el límite de cinco hectáreas, también son productores que requieren
recursos para ampliar su producción frente a la competencia desventajosa que sufren en el
mercado, este es el caso numeroso de productores que en el norte del país cuya superficie
de promedio es de diez hectáreas.
Tampoco en la ley se hace explícita la participación de
SAGARPA en el proceso de apoyos directos al productor ya que se soslaya el compromiso
integral que la dependencia debe de tener para asumir verdaderamente su responsabilidad no
sólo en la distribución de recursos y en la evaluación y seguimiento del os proyectos
productivos, sino también en el compromiso integral que dicha dependencia debe de tener
con los proyectos en su gestación y elaboración, así como en el arropamiento de los
mismos por los programas de desarrollo de la Secretaría, cuestión que no quedó
establecida en la actual Ley de Capitalización de PROCAMPO.
Hoy, a cuatro meses en que la Ley de Capitalización de PROCAMPO
fue aprobada, no se ha presentado la normatividad del sistema, ni mucho menos se ha
promovido proyecto alguno dentro de dicho sistema de capitalización. Hasta el momento,
sólo sabemos que uno de los bancos pertenecientes a la banca social y que podría jugar
un papel en la concreción del sistema, está en quiebra técnica y en vías de
desaparecer y que la banca privada tiene resistencia para participar en el sistema, quizá
porque el sistema de capitalización no satisface los niveles de ganancia que dichos
bancos esperan.
La necesidad de capitalización del campo y el propósito de
alcanzar la eficiencia del sistema de capitalización de PROCAMPO, nos lleva a plantear
algunas modificaciones de la ley aprobada el año pasado y que aún no se ha implementado.
Dichas modificaciones son sin duda en beneficio de los productores y de los campesinos
mexicanos.
La siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 5,
10, 11 y 21 de la Ley de Capitalización de PROCAMPO.
Artículo Unico. Se reforman los artículos 5, 10, 11 y 21 para
quedar como sigue:
Artículo Quinto. "Para beneficiarse del sistema, todos los
productores inscritos en el padrón de PROCAMPO que cumplan con sus reglas de operación y
además que tengan 10 hectáreas o menos, así como las mujeres y los grupos
indígenas".
Artículo 10. Aquí dice que los sistemas y se apoyará y se
responsabilizará la SAGARPA. "La Secretaría debe de asumir el papel de entidad
responsable en todas las fases del proceso, cubriendo de manera integral, la
organización, capacitación, formulación y evaluación del proyecto de asistencia
técnica y en la comercialización de los productos, prestando el auxilio económico y
técnico necesario para darle seguimiento puntual y su compromiso en los proyectos que sea
integral y que se le dé...
-LA C. PRESIDENTA: Un minuto, diputada.
-LA C. DIPUTADA PETRA SANTOS ORTIZ: Le pido un minuto, por
favor, menos de un minuto para terminar, donde los productores que no estén contemplados
en los mismos y que demuestre con base en la normatividad, ser susceptibles de recibir
apoyo.
Transitorio. Artículo Segundo. Previo a la publicación de la
normatividad del sistema de capitalización del PROCAMPO por la secretaría, deberá ser
enviada antes a la Cámara de Diputados para su opinión.
Muchas gracias y aquí dejo el texto completo.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Publíquese el texto completo en el Diario de los Debates y en
la Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de
asistencia e instruya su cierre.
-LA C. SECRETARIA: Se informa a la Presidencia que hasta el
momento el sistema registra la asistencia de 454 ciudadanos diputados. Ciérrese el
sistema electrónico.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias, señora Secretaria.
Tiene la palabra el diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que
reforma la Ley Federal de Derechos, con objeto de incentivar el ingreso de visitantes
extranjeros a las zonas turísticas del país declaradas como prioritarias.
-EL C. DIPUTADO JUVENAL VIDRIO RODRÍGUEZ: Con el permiso de la
Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
El suscrito, diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, integrante del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LVIII Legislatura del Honorable
Congreso de la Unión, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la
iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos, con el objeto de incentivar
el ingreso de visitantes extranjeros a las zonas turísticas del país declaradas como
prioritarias, bajo la siguiente exposición de motivos.
La Ley General de Población en vigor establece una
clasificación de los no migrantes e inmigrantes que se internaron al país, comprendiendo
a los turistas y a los visitantes locales.
Asimismo, la Ley General de Población en su artículo 42,
Fracción I, disponen que se consideran turistas a los extranjeros o extranjeras con
autorización de permanecer en el país hasta por seis meses.
La zona fronteriza del norte de nuestro país se caracteriza por
recibir una gran cantidad de extranjeros provenientes de los Estados Unidos de
Norteamérica, quienes van a esta zona con el propósito de pasar unos pocos días de
descanso. Esta situación tiene lugar no sólo en temporadas vacacionales, sino también
durante todos los fines de semana y otras fechas a lo largo de todo el año. Estos
visitantes extranjeros han significado para los estados fronterizos una importante derrama
de recursos económicos, ya que los ingresos de numerosas familias mexicanas provienen de
diversas actividades vinculadas a los visitantes mencionados.
En el caso del estado de Baja California, por ejemplo, sus
destinos turísticos se distinguen por tener una afluencia mayor de visitantes locales que
de turistas. Asimismo, es una región que por su ubicación geográfica mantiene una
relación directa con el vecino país del norte y requiere apoyo no sólo en el ámbito
turístico, sino también para incentivar inversiones nacionales y extranjeras, lo que sin
duda contribuye al desarrollo de la región y por supuesto de México.
Pese a todo lo hasta aquí descrito, el Congreso de la Unión
aprobó el primero de julio de 1929 la aplicación del cobro del derecho por ingreso de
extranjeros al país, refiriendo en su exposición de motivos que este cobro se orienta
principalmente al control y supervisión de las actividades con las que se relacionan.
Posteriormente se aprobó una modificación al artículo 2º transitorio inciso D, donde
quedan exentos aquellos turistas que visitan al país por vía terrestre cuya estancia no
exceda de tres días, en las zonas en estados fronterizos que hayan sido declaradas de
desarrollo turístico prioritario en términos del artículo 13 de la Ley Federal de
Turismo. Sin embargo, la exención que se señala en el inciso D del artículo 2º
transitorio se sigue aplicando para el año 2002, lo que significa además un aumento en
la cuota para quedar en 185 pesos por persona. De este hecho se derivó una sensible
disminución en la afluencia de turistas visitas o visitantes provenientes del lado
estadounidense de la franja fronteriza.
Por otra parte, si la intención del Ejecutivo Federal es
alentar el turismo de las zonas prioritarias, se debe establecer un plazo mayor de
estancia para estos visitantes, ya que de esta forma se estimularía una mayor afluencia
de ellos a estas regiones, ya que como se ha indicado, en su mayoría son jubilados y
familias estadounidenses que realizan visitas a las zonas turísticas de Baja California
por unos pocos días. No obstante, bajo las circunstancias actuales ha dejado de ser
costeable para ellos continuar realizando visitas, de forma que esto representa pérdidas
considerables para el estado ya que no se está implementando en ninguna medida que
incentive la afluencia de visitantes, siendo ésta una oportunidad importante para llevar
la cabo.
En este orden de ideas es importante mencionar que la zona de
desarrollo turístico prioritario podría desarrollar infraestructura turística
plenamente en diez años, por lo cual se propone que la mencionada reforma sólo sea
aplicable por ese periodo de tiempo, ya que esto favorece una visión a mediano y
congruencia con las políticas públicas tendientes a desarrollar estas zonas en la
frontera norte del país.
Para concluir, cabe mencionar que es imperativo implementar
leyes que incentiven el desarrollo regional en nuestro país. En este momento estamos ante
la oportunidad de estimular de manera importante el turismo proveniente del vecino país
del norte, especialmente aquel que vive en las cercanías de la frontera mexicana.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos
citados, me permito someter a la consideración de esta H. Legislatura del Congreso de la
Unión la siguiente iniciativa de decreto que reforma la Ley Federal de Derechos, con el
objeto de incentivar el ingreso de visitantes extranjeros a las zonas turísticas del
país declaradas como prioritarias, para quedar como sigue:
Se reforma el artículo 2º, quedando los incisos A, B y C
iguales y el artículo D como sigue:
Para los efectos del artículo 8º fracción 1ª, de la Ley
Federal de Derechos, quedarán exentos aquellos turistas que visiten al país por vías
terrestre, cuya estancia no exceda de diez días en las zonas de los estados fronterizos
que hayan sido declaradas de desarrollo turístico prioritario, en términos del artículo
13 de la Ley Federal de Turismo, extendiéndose esta disposición por los siguientes diez
años.
Atentamente, diputado federal Juvenal Vidrio Rodríguez.
Solicitando, señora Presidenta, quede insertado esto tal y como
viene la iniciativa.
- LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. De acuerdo a su
petición, tome nota la Secretaría que se publique íntegro el texto de la iniciativa en
el diario de los debates y en la gaceta. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Hacienda
y Crédito Público.
- LA DIP. PETRA SANTOS ORTIZ (Desde su curul): Señora
Presidenta.
- LA PRESIDENTA: Diputada Santos. Sonido en su curul, por favor.
- LA DIP. PETRA SANTOS ORTIZ (Desde su curul): Sí, señora
Presidenta. Para solicitarle que también pase mi iniciativa a la Comisión de Desarrollo
Rural ya que fueron las dos comisiones unidas quienes sacaron lo de la Ley de
Capitalización de PROCAMPO.
A lo mejor no le entendí, que nada más quedaba en Agricultura.
- LA PRESIDENTA: Sí, la anterior, la que presentó la diputada
Petra Santos sí fue turnada solamente a la Comisión de Agricultura. Entonces pide que se
aumente el turno a la Comisión ....
- LA DIP. PETRA SANTOS ORTIZ (Desde su curul):...Desarrollo
Rural
- LA PRESIDENTA: Desarrollo Rural. Corríjase el turno, por
favor, a la Secretaría.
Tiene la palabra el diputado José Marcos Aguilar Moreno, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma
y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial.
- EL DIP. JOSE MARCOS AGUILAR MORENO: Gracias, señora
Presidenta.
En respuesta a la excitativa hecha para que reduzcamos el tiempo
de lectura en tribuna, me permito informar a esta representación popular que haré una
lectura simplificada y que entregaré a la Señora Secretaria la versión completa para su
publicación y turno a Comisión.
A nombre de los diputados de la fracción parlamentaria del
Partido Acción Nacional y en el mío propio, en uso de las facultades que nos otorga la
normatividad vigente, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente
iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley de la Propiedad Industrial bajo la
siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al existir un sistema de patentes, el inventor tiene incentivos
para desarrollar una innovación que le garantice la exclusividad en la explotación
comercial por el tiempo que marque la ley correspondiente, lo cual le permite recoger los
frutos de su actividad inventiva.
En nuestro país, el sistema de patentes se encuentra regulado
por la Ley de la Propiedad Industrial y la aplicación de ésta corresponde al Ejecutivo
Federal, por conducto del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Entre los objetivos sobresalientes de esta ley, se encuentra
promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial; las mejores
técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores
productivos: proteger la propiedad industrial mediante la regulación y otorgamiento de
patentes de invención, el registro de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas
y avisos comerciales, publicación de nombres comerciales, declaración de denominaciones
de origen y regulación de secretos industriales.
A lo largo de los años, han sido varios los factores que han
determinado la evolución de la Ley Mexicana en materia de propiedad industrial, las
reformas parciales respondieron en gran parte en deficiencias administrativas y otro tanto
a la influencia de políticas extranjeras sobre propiedad industrial.
En la ley, a partir de 1994 se establecen los órganos de
administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, específicamente en lo
que se refiere a la adición del artículo 7 Bis que estipula que la Junta de Gobierno del
Instituto, se integrará por 10 representantes. En este aspecto es de resaltar que entre
ellos, no se considera al gremio de los inventores, ya que en ninguna de las fracciones de
dicho artículo, se menciona a los representantes de las organizaciones de inventores
nacionales, que expresan en ocasiones un clamor generalizado, expresando que existe
piratería en materia de registro de patentes.
En ese sentido, considerando que la ley mencionada en su
Artículo 6, define las facultades del Instituto, y que entre éstas se encuentran el
tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, promover la creación de
invenciones de aplicación industrial, apoyar su desarrollo y explotación en la industria
y el comercio, e impulsar la transferencia de tecnología, mediante la elaboración,
actualización y difusión de directorios de personas físicas y morales, dedicadas a la
generación de invenciones, de investigación tecnológica, entre otros.
Estamos convencidos que la participación de los inventores en
la Junta de Gobierno, resultaría trascendental para sensibilizarla en la revisión y
simplificación del registro de patentes, ya que aportarían el punto de vista central, en
las decisiones del Instituto, lo que redundaría en incentivos para la investigación y
desarrollo tecnológico del país, y por ende en una mejor promoción para la creación de
invenciones mexicanas de aplicación industrial.
Lo anterior, vendría a contribuir al mejoramiento de la
desventajosa situación actual, que se refleja en el nivel de desarrollo tecnológico de
México, el cual está muy por debajo de lo que producen los países, con los cuales se
tienen relaciones comerciales.
Compañeras y compañeros legisladores. Es indudable que la
participación del gremio de los inventores en las decisiones y transparencia de la
operación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, es imprescindible, para
agilizar y simplificar los procedimientos de promoción y creación de invenciones de
aplicación industrial, de difusión entre personas, grupos, asociaciones o
investigadores, de acciones y actividades que generen innovaciones y desarrollo
industrial, lo cual sabemos vendría a contribuir al mejoramiento en la generación de
tecnología más acorde con las necesidades actuales y en una difusión tecnológica más
efectiva.
Por lo antes dicho apelamos a la sensibilidad de los
Legisladores presentes en este recinto, para que se sumen a la propuesta de permitir la
participación de los representantes de la Asociación Nacional de Inventores Industriales
A.C. y de la Federación Nacional de Inventores, en el proceso de otorgamiento y
promoción de patentes, porque éste sería un medio para que el inventor disfrute y
divulgue sus conocimientos en beneficio del país en su conjunto.
Con fundamento en lo antes expuesto, proponemos a consideración
de esta soberanía, la siguiente iniciativa de Decreto, que reforma y adiciona a la Ley de
la Propiedad Industrial en su Artículo 7 Bis.
Artículo 1º.- Se reforma el Artículo 7 Bis de la Ley de la
Propiedad Industrial para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis.- La Junta de Gobierno se integrará por 12
representantes.
Artículo 2º.- Se adiciona el Artículo 7 Bis de la Ley de la
Propiedad Industrial para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis.- La Junta de Gobierno se integrará por 12
representantes.
Continúan los numerales romanos del I al IV y se propone
adicionar el numera romano número V: un representante de la Asociación Nacional de
Inventores Industriales, Asociación Civil y uno de la Federación Nacional de Inventores.
Artículos transitorios:
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial,
realizará las gestiones necesarias para la inclusión de los representantes de la
Asociación Nacional de Inventores y de la Federación Nacional de Inventores en la Junta
de Gobierno del mismo, al día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto.
Agradezco su atención y entrego a la señora Secretaria el
texto completo de la iniciativa.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.
Publíquese el texto completo en el Diario de Debates y en la
Gaceta y túrnese la iniciativa a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Tiene la palabra la diputada Berta Alicia Simental García del
Partido de la Sociedad Nacionalista, para presentar una iniciativa que adiciona un último
párrafo a los artículos 8º. de la Ley de Vías Generales de Comunicación; 10 de la Ley
de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; fracción VIII del artículo 11 de la Ley de
Aeropuertos; 17 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y 29 de la Ley de
Puertos.
LA C. DIPUTADA BERTHA ALICIA SIMENTAL GARCIA.- Con el permiso de
la Presidencia.
Los suscritos diputados federales de la Quincuagésima Octava
Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrantes
del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por la
reglamentación vigente, ponemos a consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa
con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 de la Ley de Vías Generales de
Comunicación; 10 de la Ley de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal;
fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Aeropuertos; 17 de la Ley Reglamentaria del
Servicio Ferroviario; 29 de la Ley de Puertos, bajo el tenor de la siguiente exposición
de motivos:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
menciona en el artículo 28 en su primer párrafo, una prohibición estricta a la
existencia de monopolios y las prácticas monopólicas. Sin embargo, al implantarse en
México un modelo económico globalizador, se llevaron a cabo privatizaciones y
concesiones que ponen en grave riesgo no sólo la soberanía nacional, sino que fomentan
la creación de monopolios.
Esta política económica, adoptada bajo la justificación de
que el no hacerlo implicaba no entrar en la modernidad de los países en desarrollo, ha
sido criticada desde su inicio por los nacionalistas porque no ha cumplido con los
objetivos y no ha dado los resultados que se esperaban o que nos hicieron creer que
tendríamos como "nación-estado".
Se vendieron o concesionaron a la iniciativa privada nacional y
extranjera, todas las empresas que en su mayoría pertenecían a sectores estratégicos y
de vital importancia para la conservación de la soberanía, tales como teléfonos,
bancos, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y carreteras.
Las concesiones sobre todo, estuvieron plagadas de errores y
omisiones por otorgarlas sin contar con estudios de factibilidad reales, que en la
práctica nos costó muy caro a todos los mexicanos, como fue el caso de las carreteras.
No obstante lo anterior, los concesionarios de las carreteras,
volvieron a participar en las licitaciones para los ferrocarriles y puertos y ganaron
estas concesiones, pese a que ya habían demostrado su incapacidad técnica y económica.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el objeto de
evitar los monopolios, segmentó en empresas regionales los ferrocarriles y los
aeropuertos, no obstante no existen mecanismos para impedir que estas empresas regionales
puedan unirse y formar un monopolio, pues las diversas legislaciones encargadas de la
reglamentación y la explotación de dichos sectores, contempla las condiciones para el
otorgamiento de una concesión, sin embargo no se contempla la obligación de las
comisiones encargadas de dichos otorgamientos de verificar que los posibles beneficiarios
de las concesiones, sean detentadores de otras de la misma naturaleza y de este modo se
corre el riesgo de la formación de monopolios y con ello, la posibilidad de otorgar
concesiones a quienes pudieran ejercer un control en el mercado.
Es por ello, que como ya dijimos, es básico tener claramente
delimitado el ámbito de acción que pudieran tener los beneficiarios de concesiones del
sector transporte, a efecto de que no se continúe teniendo el riesgo de fomentar la
creación de monopolios que pudieran otorgar a algunos individuos el control o manejo del
mercado. Y más aún dotar de transparencia al procedimiento de concesión evitando con
ello que se puedan presentar actos de corrupción o favorecer intereses.
Un claro ejemplo de lo mencionado son las empresas FERROMEX y
FERROSUR, las cuales pretenden fusionarse y de lograrlo crearían un verdadero monopolio,
ya que tendrían en su poder la mayor parte del mercado nacional.
Cuando el Congreso de la Unión modificó el artículo 28
constitucional, buscaba una participación plural de particulares en el capital de las
empresas concesionarias, que impidiera las práctivas monopólicas y estimulara la
inversión.
Sin embargo, de llevarse a cabo esta fusión, se perdería el
espíritu del legislador que conllevó esta reforma constitucional para la
desconcentración del sector ferroviario. Dichas medidas fueron meticulosamente
estudiadas, evaluadas y aprobadas para mantener un equilibrio que permitiera una sana
competencia y no para pasar de un monopolio público a uno privado.
De llevarse a cabo las privatizaciones se hicieron muchas
promesas. Al vender o concesionar el gobierno sus empresas, acabaría con un lastre que le
impediría entrar a la modernidad y al desarrollo. No obstante, las expectativas no han
sido satisfechas.
De llevarse a cabo estas fusiones se perdería la poca
credibilidad que hoy se tiene en nuestras instituciones y no sólo eso, la competencia del
mercado que se generaría al dividir el sector que supuestamente redundaría en beneficios
para los usuarios, se perdería a pesar de lo que diga FERROMEX. Esto no lo pueden
proporcionar los monopolios.
Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista
nos preocupa la posible fusión de FERROMEX y FERROSUR que deja ver indicios del pasado,
que deja ver que aún no se han erradicado las política neoliberales que nos llevaron a
desastrosos rescates económicos de consorcios empresariales, a los cuales de nueva cuenta
se les entregó la concesión de FERROSUR y que hoy FERROMEX, bajo la modalidad de compra
venta de acciones, pretende adquirirla, lo cual de aprobarse convertiría este consorcio
en un ilegal monopolio privado. Aunque según informan, esta situación se previó muy
adecuadamente en las bases de licitación que en su momento emitiera la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.
Preguntamos: ¿por qué no se han tomado las medidas necesarias
para que no se vuelva a repetir el rotundo fracaso que se tuvo en el pasado, al
concesionar sin efectuar las investigaciones necesarias a los inversionistas para
asegurarse que tuvieran la capacidad técnica y financiera para llevar con éxito sus
proyectos?
De permitirse esta fusión, sería la segunda vez que FERROSUR
por problemas económicos traspasa su concesión, sólo que esta vez pasaría un
porcentaje a manos de Unión Pacific, quien ya es dueña del 26% de FERROMEX.
¿Quién nos puede asegurar a los mexicanos que dicha fusión no
es producto nuevamente de información privilegiada, esa que no está al alcance de todos
los mexicanos y no es sino el inicio de un proceso de total apertura a la inversión
extranjera en el ramo ferrocarrilero? ¿Quién nos puede asegurar que no se está actuando
en ningún sentido contra los inversionistas mexicanos?
Compañeros: hoy es la hora para que este Congreso legisle
dentro de sus facultades sólo aquello que beneficia a los mexicanos. Hoy es el momento
para que este Congreso sea el contrapeso a las decisiones que afectan a los mexicanos y
con responsabilidad legislemos para bien de la nación.
Ya es tiempo compañeros que legislemos recordando que la patria
es primero.
Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta
soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 8 de
la Ley de Vías Generales de Comunicación; 10 de la Ley de Caminos, Puentes y
Autotransporte Federal; fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Aeropuertos; 17 de la
Ley Reglamentaria de Servicio Ferroviario y 29 de la Ley de Puertos.
"Artículo 1o.- Se adiciona un último párrafo al
artículo 8 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, para quedar de la siguiente
manera:
"En ningún caso se otorgará la titularidad de una
concesión, ni autorizará la cesión o transferencia de la misma, permisos o derechos en
ella conferidos a persona física o moral alguna, que detente ya una concesión de igual
naturaleza"
"Artículo 2o.- se adiciona un último párrafo al
artículo 10 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte, para quedar de la siguiente
manera:
"En ningún caso se otorgará la titularidad de una
concesión, ni autorizará la cesión o transferencia de la misma, permisos o derechos en
ella conferidos, a persona física o moral alguna que detente ya una concesión de igual
naturaleza"
"Artículo 3o.- Se adiciona un último párrafo a la
fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Aeropuertos, para quedar de la siguiente
manera:
"En ningún caso se otorgará la titularidad de una
concesión, ni autorizará la cesión de transferencia de la misma, permisos o derechos en
ella conferidos, a persona física o moral alguna, que detente una concesión de igual
naturaleza"
"Artículo 4o.- Se adiciona un último párrafo al
artículo 17 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para quedar de la siguiente
manera: En ningún caso se otorgará la titularidad de una concesión ni autorizará la
cesión o transferencia de la misma, permisos o derechos en ella conferidos a persona
física o moral alguna que detente ya una concesión de igual naturaleza en la misma
región.
Artículo 4. Se adiciona un último párrafo al artículo 29 de
la Ley de Puertos para quedar de la siguiente manera: En ningún caso se otorgará la
titularidad de una concesión ni autorizará la cesión o transferencia de la misma,
permisos o derechos en ella conferidos a persona física o moral alguna que detente ya una
concesión de igual naturaleza.
Transitorios: Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan
al presente decreto.
Dado en la Honorable Cámara de Diputados el 25 de abril del
2002.
Suscriben la presente iniciativa los diputados del Partido de la
Sociedad Nacionalista, ingeniero Gustavo Santana, Norma Patricia Riojas Santana y la de la
voz.
Solicito a la presidencia se incorpore de manera íntegra en la
Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
Es cuanto.
LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. Se instruye a la secretaría
para que se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates y se turna a las
comisiones de Comunicaciones y Transportes.
Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de
Convergencia Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Constitución.
EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso,
señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Quiero llamar la atención de
todos ustedes con una expresión del doctor José Luis Soberanes Fernández, quien dijo:
"En materia de derechos humanos, somos candil de la calle y oscuridad de la
casa". Estoy de acuerdo. Eso dijo él.
La universalización de los derechos humanos, por su importancia
y trascendencia, se han convertido en una moda que no debemos permitir desaparezca y
debemos empezar por nuestra casa.
Los derechos humanos constituyen un hito en la historia de todo
país y su respeto representa la vigencia del estado de derecho en su más amplia
acepción.
En el país la Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha
convertido en el enemigo de la impunidad gubernamental que todavía campea en las
instituciones públicas. Su trabajo así lo demuestra al emitir indistintamente, con un
sentido social y justiciero, basado en el respeto a la legalidad, infinidad de
recomendaciones públicas que significan la reivindicación de un derecho humano violado.
Aunque a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la hemos
dejado sin un consistente presupuesto para que realice con mayor autonomía su
importantísimo trabajo fiscalizador, goza de un prestigio y reconocimiento internacional
que no deja dudas sobre su imparcial desempeño y autonomía.
En ese sentido estamos de acuerdo con este declaración porque
los derechos humanos en el país siguen violándose, principalmente en los sectores más
pobres del país, y también con diversos luchadores como fue el caso de Digna Ochoa, el
de los campesinos ecologistas, sin dejar de mencionar las amenazas a periodistas
democráticos como don Fausto Fernández Ponte últimamente.
Los derechos humanos en el país vuelven a violarse. No es
posible que digamos vivir en un régimen democrática cuando la principal base de dicho
régimen, el respeto a los derechos humanos, no existe o se simula respetar.
Por ello creemos que el respeto a los derechos humanos en el
país debe llegar hasta los lugares más apartados y recónditos del país, donde muchas
veces los abogados no existen, donde impera la ley del más fuerte, donde los derechos de
las chiquillas y los chiquillos son violados, donde el campesino y el obrero no tienen la
certeza y seguridad de que tengan derechos; a veces no saben ni siquiera qué significa la
expresión de derechos humanos.
Y aunque tenemos hoy en la Comisión Nacional de Derechos
Humanos un garante de legalidad que es secundado por las comisiones estatales y del
Distrito Federal, la figura de ombudsman, defensor del pueblo o el concepto de derechos
humanos todavía es desconocida como tal, principalmente en las rancherías y comunidades
rurales del país.
"Se hace indispensable por ende, concretar esa actuación
de los derechos humanos, de la cual por cierto formamos parte, ya que antes de la
aparición del ombudsman escandinavo de 1905 México contó con la figura de la
Procuraduría de los Pobres de Ponciano Arriaga, en 1847. En este sentido debemos
fortalecer el respeto, promoción y vigencia de los derechos humanos mediante la creación
de comisiones municipales de derechos humanos propuestas y aprobadas por los propios
cabildos municipales, garantizando que la vigencia de los mismos se hará efectiva en
todas partes.
"En la actualidad las comisiones estatales de los derechos
humanos tienen delegados regionales o distritales llamados subdelegados o responsables de
áreas regionales, pero hace falta la instauración del ombudsman municipal,
desburocratizando el trabajo de las instancias estatales y nacionales, a fin de que nada
más conozcan éstas de los casos que por ley las comisiones municipales de los derechos
humanos no puedan resolver. Estas figuras conocerán de actos de autoridad violatorios de
derechos humanos en su jurisdicción y serán organismos autónomos, con patrimonio
propio, cuyo responsable surgirá de una terna propuesta por la sociedad y aprobada por el
cabildo. Emitirá recomendaciones municipales y promoverá la cultura de respeto a los
derechos humanos.
" En este sentido los municipios tienen a su cargo: agua
potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales,
alumbrado público, limpia, recolección, etcétera, pero no dice nada la Constitución
respecto a la educación de los derechos humanos y su defensa en los municipios.
"Aunque el país ha tenido una historia de lucha por la
defensa de los derechos humanos en general, como fue la Independencia, la Reforma y la
Revolución. Se propone por tanto la creación de organismos independientes de los
ayuntamientos con las atribuciones necesarias, para que estos sean quienes conozcan no
solo de las solicitudes y requerimientos que las comisiones estatales de derechos humanos
les formulen, sino también para que en cada municipio tales derechos tengan amplia
difusión y protección a fin de garantizar su respeto, ampliando las atribuciones de los
ayuntamientos y del cabildo. Deberán crearse organismos protectores de los derechos
humanos en todos los municipios del país, garantizando la vigencia del Estado de derecho.
"Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta
soberanía las siguientes reformas constitucionales:
"Artículo único. Se reforma el artículo 3º, párrafo
segundo; se adicione un párrafo noveno al artículo 102 apartado "B" y se
adicione un párrafo a la fracción primera del artículo 115 de la Constitución
Política Mexicana para quedar en los siguientes términos:
"En el artículo 3º propongo que en el párrafo segundo
haya una adición que dirá de la siguiente manera: Además promoverá el respeto y
fortalecimiento de la cultura de los derechos humanos.
"En el artículo 102, apartado "B", del párrafo
uno al octavo quedan igual, pero se crea un nuevo párrafo, el noveno: Los municipios del
país deberán contar con organismos autónomos protectores de los derechos humanos, en
los términos que fije la ley.
"Artículo 115, fracción I, al final del mismo se propone
el siguiente párrafo: En cada municipio se creará una Comisión Protectora de los
Derechos Humanos con personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo
dispuesto por la ley.
" A r t í c u l o s T r a n s i t o r i o s :
"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y
"Segundo.- Las entidades federativas deberán adecuar sus
constituciones y legislación secundaria para lograr el pleno funcionamiento de los
organismos municipales de derechos humanos que se proponen en el presente decreto, en un
plazo no mayor de 90 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente
decreto".
Muchas gracias y le rogaría, señora Presidenta, que la
iniciativa completa se publique en el Diario de los Debates.
Gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas gracias
ciudadano diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales e intégrese
de manera completa la totalidad del texto en el Diario de los Debates.
Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que
adiciona los artículos 73, 89 y 119 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
-DIP. NARCISO ALBERTO AMADOR LEAL: Con su permiso, señora
Presidenta.
La iniciativa que hoy me permito someter a la consideración de
esta soberanía, se refiere a los artículos 73, 76 y 129 de nuestra Constitución
Política y tiene que ver con el tema de la seguridad nacional.
"Un importante reto que enfrentan nuestras instituciones
democráticas consiste en crear un Sistema de Seguridad Nacional, que además de
salvaguardar la independencia y soberanía nacionales, contribuya a fortalecer el estado
de derecho y a garantizar la estabilidad política y la armonía social.
"Los riesgos y las amenazas a la seguridad tienden a
aparecer y multiplicarse cuando las agencias gubernamentales encargadas de garantizarla
trabajan sin un marco legal apropiado o en ocasiones con referentes jurídicos
inapropiados, lo que también propicia la afectación a las garantías individuales.
"Desde el principio de esta administración el nuevo
gobierno planteó en el Plan Nacional de Desarrollo este tema como una prioridad, una
prioridad que como tantas otras estamos urgidos a abordar en la reflexión, en la
presentación de iniciativas y, desde luego, en las resoluciones legislativas.
"¿Cuál es el concepto de seguridad nacional? Dicho plan
dice, está destinada a prever y hacer frente a situaciones que amenacen la paz, la
vigencia del orden jurídico, el bienestar, la integridad física de la población y que
pongan en riesgo la permanencia de las instituciones o vulnera la integridad del
territorio.
"Apenas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública que aprobamos hace unos días, se encuentra otra definición
producto del consenso de las fracciones aquí representadas, que dice: "Las
acciones destinadas a proteger la integridad, estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de
la Federación, orientadas al bienestar general de la sociedad, que permitan el
cumplimiento de los fines del estado constitucional". Y así hay dos o tres
referentes adicionales.
"Lo cierto es que en la actualidad ningún Sistema de
Seguridad Nacional puede prescindir de un marco jurídico relativamente amplio y a la vez
con un sustento constitucional suficiente; así lo indica el análisis comparado de las
Constituciones y de la legislación secundaria en el ámbito internacional.
"Tampoco los estados modernos pueden prescindir de un
servicio de información de inteligencia para la seguridad nacional. Como todo estado
democrático, moderno, el nuestro necesita contar con sistemas de inteligencia para servir
a la seguridad nacional y enfrentar con más altas probabilidades de éxito las amenazas a
los derechos, a las libertades y a la paz social.
"Los legisladores han estado conscientes de esta realidad.
El diputado Luis Miguel Barbosa, de la fracción parlamentaria del PRD, ha presentado una
iniciativa de Ley de Seguridad Nacional, debidamente documentada y con una perspectiva
novedosa.
"Hace unos cuantos meses dos diputados de la fracción
parlamentaria de mi partido, presentaron un par de propuestas de reforma al texto
constitucional para adecuarla a los nuevos tiempos.
Propuso adicionar dos párrafos al Artículo 129 de la
Constitución.
La presente Iniciativa recoge la propuesta del diputado Fayad
para reformar el Artículo 73º, la del diputado César Augusto Santiago y considera
también el sistema propuesto en una Iniciativa de Ley Secundaria del Diputado Barbosa
Huerta.
Se trata esencialmente de una reforma a tres artículos de la
Constitución que tiene la siguiente base:
Primero. Los órganos de seguridad nacional estarán en
posibilidad de cumplir con los altos objetivos que les han sido encomendados sólo si
cuentan con un marco normativo a la altura de estos retos.
En segundo lugar las reformas constitucionales son
indispensables porque la legalidad y permanencia de un sistema de seguridad nacional no
deben ser puestas en duda en ningún momento, todo sistema debe contar con el respaldo de
la Constitución para que sea capaz de trascender una visión de corto plazo.
Tercer lugar. Cabe mencionar que para que el Estado Mexicano
actúe eficazmente y contra los riesgos a la seguridad nacional, es indispensable que el
Congreso, el Ejecutivo Federal y los Gobiernos de los Estados y del D.F, posean facultades
para trabajar a favor de una estrategia nacional concurrente.
Por último debemos mencionar que el trabajo legislativo que
tendrá que realizarse en los próximos años, en este ámbito, será tanto de
inteligencia militar como civil, será arduo y prolongado. Creemos que las Reformas
Constitucionales que hoy proponemos, podían constituir el basamento jurídico sobre el
cual podría edificarse un nuevo diseño de sistema de seguridad nacional que México
requiere.
Y un asunto muy importante, compañeras y compañeros diputados,
es que los Servicios y las Agencias de Inteligencia, deben atender los intereses del
Estado Mexicano, y que no terminen siendo instrumentos para alcanzar objetivos de grupo,
tentación siempre presente cuando no existe la Legislación pertinente del caso.
Creemos que con esta Reforma, el Estado Mexicano daría un
primer paso en la dirección de construir el régimen jurídico que estamos requiriendo;
en un régimen democrático las Agencias de Inteligencia requieren de legislación moderna
y especializada, que pueden representar un apoyo valioso para las autoridades ejecutivas
en la toma de decisiones a favor de os intereses del país, salvaguardando sobre todo las
garantías individuales.
Presento, en consecuencia señora Presidenta, esta Iniciativa
que solicito se inscriba en sus términos, en la cual se propone la Reforma al Artículo
73º para otorgar facultades al Congreso en materia de Seguridad Nacional. El Artículo
76º propone que el Senado de la República conozca y analice los Informes del Ejecutivo
Federal sobre las actividades de las dependencias públicas federales que participen en el
Sistema de Información e Inteligencia para la Seguridad Nacional, y el Artículo 29º,
tal y como lo propuso el Diputado César Augusto Santiago, que establecería la Seguridad
Nacional, es de interés supremo y responsabilidad exclusiva del Estado y tiene como
propósito rector proteger la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado
Mexicano, la gobernabilidad democrática, la defensa exterior y la seguridad interior de
la Federación orientadas al bienestar de la sociedad y al cumplimiento de los principios
de esta Constitución.
Se agrega también un segundo párrafo que dice: "La ley
establecerá un sistema de información e inteligencia para la seguridad nacional al que
concurrirán las diversas dependencias y organismos públicos así como las entidades
federativas y del Distrito Federal.
Los responsables de los organismos de información e
inteligencia serán nombrados por el Presidente de la República y ratificados por el
Senado del Congreso de la Unión.
Muchas gracias señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias compañero diputado.
----- TÚRNESE A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES y
publíquese íntegra en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
El siguiente punto del orden del día es el relativo a
dictámenes de primera lectura.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales me ha
solicitado que cambiemos de orden la enunciación del dictamen de primera lectura con
proyecto de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y esta
solicitud es obsequiada por esta mesa cambiándolo a otro orden del mismo capítulo.
Y pasamos al siguiente punto, que es el relativo a la primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas
disposiciones de la Ley de Sanidad Animal, publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura
y se pone a discusión y votación de inmediato.
- LA C. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Por
instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la
Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y
votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen, ha solicitado hacer uso de la
palabra el diputado Jaime Tomás Ríos Bernal, a nombre de la Comisión y se le ofrece
hasta por diez minutos.
- EL C. DIP. JAIME TOMAS RIOS BERNAL: Con su permiso señora
Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados.
Como miembro de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta
H. Cámara de Diputados, acudo a esta máxima tribuna a fundamentar el dictamen con
proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley
Federal de Sanidad Animal cuya iniciativa fue presentada el 15 de diciembre del 2001 por
el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del PAN, con
fundamento en los artículos 39, 45 numeral 6 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y
demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
La Ley Federal de Sanidad Animal que tiene por objeto fijar las
bases para el diagnóstico, la prevención, control y erradicación de las enfermedades y
plagas de los animales con excepción de los que tienen como hábitat el medio acuático,
debe ser acorde a la situación comercial que se vive entre los países hoy en día lo que
implica tomar las medidas necesarias que permitan el flujo comercial y al mismo tiempo la
aplicación debida de las medidas zoosanitarias que garanticen la salud de la población y
de los animales.
Es por esto que a fin de que se vigilen en instalaciones
adecuadas las condiciones sanitarias y de calidad de los cárnicos de importación
mediante un manejo eficiente en su revisión, la Comisión de Agricultura y Ganadería de
esta H. Cámara de Diputados ha respaldado en el dictamen que justifico, la iniciativa del
diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere enriqueciendo la propuesta por algunas reformas
y adiciones que sientan las bases para la funcionalidad de la ley.
La distinción que se hace entre un punto de verificación e
inspección zoosanitaria, ubicado en el territorio nacional y un punto de verificación de
inspección zoosanitaria para importación, tratándose de aquellos que se encuentran en
un punto de entrada al territorio nacional o bien en franja fronteriza, permite ejercer un
mayor control sanitario, tratándose de importaciones de productos cárnicos.
Con las adiciones al artículo Segundo de esta ley, se crean
comités estatales de fomento y protección pecuaria como organismos auxiliares de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
constituidos por las organizaciones de ganaderos, instituciones de investigación e
industriales para coadyuvar con esa Secretaría en actividades zoosanitarias y de fomento
pecuario.
Asimismo, se crean organismos auxiliares como organizaciones de
productores pecuarios, integrados en comités estatales de fomento y protección pecuaria
que fungen como auxiliares de la SAGARPA en el desarrollo de las medidas zoosanitarias y
actividades de fomento que ésta implemente en todo o en parte del territorio nacional.
Estos organismos contribuirán de manera significativa a impedir
que a nuestro país sean introducidas enfermedades exóticas, tales como la encefalopatía
esponjiforme bovina, la fiebre aftosa, entre otras, las cuales representan un alto factor
de riesgo para la salud de los mexicanos.
Consideramos que con esta reforma se evita un posible
incumplimiento de las disposiciones sobre la verificación de sanidad de productos
cárnicos provenientes del extranjero a nuestro país.
Asimismo se aclara la competencia de la SAGARPA en materia de
sanidad animal a través del artículo Cuarto de dicha ley, evitándose imprecisiones al
momento de la aplicación.
Se establece la colaboración de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público con la SAGARPA en sus respectivos ámbitos en materia de importación en
los puntos de entrada del país.
También se establece la facultad de la SAGARPA para expedir
normas oficiales mexicanas conforme a las cuales deberán operar los puntos de
verificación e inspección zoosanitaria, lo que permitirá concretar las medidas
sanitarias en materia agropecuaria.
Es muy importante la facultad que se otorga a la SAGARPA para
ordenar el acondicionamiento o tratamiento de los productos que con motivo de la
inspección no cumplan con alguna disposición de las que señala la ley y la Norma
Oficial Mexicana respectiva, pues de no ser posible, estos deberán ser reportados o
retornados de manera inmediata conforme a la ley aplicable, evitando expositias y riesgos
para el ato mexicano y para la salud de la población.
Mediante los artículos 32, 35 y 36, se establecen las medidas
que deberá tomar la SAGARPA para el caso de campañas zoosanitarias, debiendo elaborar
planes y programas de trabajo en las que se describan acciones concretas.
En el artículo 35 se establece en qué consiste el dispositivo
nacional de emergencia de sanidad animal para el caso de episotia. En este sentido, el
artículo 36 faculta a la SAGARPA para coordinar y convertir a las instancias y partes
involucradas en materia de sanidad animal, lo que permitirá dar un sentido integral a la
política sanitaria del país.
De la misma forma, se establece un mayor control por parte de la
SAGARPA para inspeccionar y verificar los puntos de verificación, lo que permite efectuar
visitas a efecto de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y por las normas
oficiales mexicanas de la materia.
Se establece una evaluación recurrente a quienes aprueben como
unidad de verificación mediante la presentación de exámenes periódicos en los plazos
que al efecto establezca la Secretaría, lo cual garantiza su capacidad de operación.
Asimismo, con las adiciones al artículo 47 se establecen las
condiciones mínimas con que deberán contar las instalaciones de los puntos de
verificación e inspección zoosanitaria para importación de productos y subproductos de
origen animal, con el propósito de elevar su calidad de desempeño.
En este mismo sentido se adiciona el artículo 47-Bis con el
propósito de señalar los requisitos a los que deberán sujetarse los interesados en
obtener autorización para establecer, equipar y operar puntos de verificación e
inspección zoosanitaria para importación.
En el capítulo Sexto precisa el procedimiento tratándose del
recurso de revisión y se incluye un capítulo de delitos sobre aquellas conductas que
representan un alto riesgo para la salud animal, tales como el ingreso ilegal de productos
y subproductos, como la emisión de certificados en materia zoosanitaria, sin constatar
que la mercancía respectiva cumpla con la normatividad aplicable.
Al que ingrese al país animales o mercancías agropecuarias,
poniendo en riesgo la situación sanitaria del país; al que utilice sustancias para uso o
consumo de animales que perjudique la salud de éstos o la humana.
Finalmente, en los artículos transitorios se otorga un plazo de
120 días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley, para que los puntos de
verificación e inspección zoosanitaria para importación que existe en el extranjero
dejen de operar como tales. El plazo máximo para que inicien operaciones los puntos de
verificación zoosanitaria para importación en territorio nacional no será mayor a 20
días naturales a partir de la entrada en vigor de la ley. Es nuestro deber como legisladores representantes de la nación,
ajustar el marco jurídico para que responda de manera eficaz a dar solución a los
problemas que se presentan en la sociedad mexicana. Estos son los motivos en que la
Comisión de Agricultura y Ganadería han fundamentado el dictamen que hoy se somete a
discusión y votación y por lo cuales solicitamos su voto favorable.
Por su atención, muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Muchas gracias compañero diputado.
Se abre la discusión en lo general.
Para fijar posiciones en lo general y en lo particular se han
registrado los siguientes colegas diputados:
El diputado Juan Carlos Regis Adame, del grupo parlamentario del
Partido del Trabajo; el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Mario Cruz Andrade, del grupo
parlamentario del PRD; el diputado Juan Mandujano Ramírez, del grupo parlamentario de
Acción Nacional y el diputado Arturo de la Garza Tijerina, del grupo parlamentario del
PRI.
En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado
Juan Carlos Regis Adame, del PT, hasta por diez minutos.
EL DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la
Presidencia. Compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia
por la Democracia por mi conducto, acudimos a esta tribuna para fijar postura respecto del
dictamen que presenta la Comisión de Agricultura y Ganadería, sobre diversas
modificaciones a la Ley Federal de Sanidad Animal. La propuesta central del dictamen es
fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir la introducción de
productos cárnicos que sean riesgosos para el consumo humano y de esta forma contar con
un esquema sólido de salud público y animal. Lo anterior como resultado de la apertura
comercial indiscriminada que ha traído como consecuencia que haya internado al país
productos cárnicos de muy mala calidad, e incluso podríamos decir, carne de desecho que
otros países no consumen.
Los criterios que nuestro país emplea para permitir la
importación de estos productos son equiparables a los que se le exigen a las empresas
mexicanas que se dedican a la exportación o que incluso tienen plantas en el extranjero,
por ello es indispensable tener una legislación más eficiente para el control
zoosanitario.
El dictamen de referencia hace aportaciones importantes en la
precisión de las instancias encargadas de la aplicación de la ley, que en este caso
será la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
Nos parece adecuado que se establezca de manera clara que debe
existir una coordinación entre los diferentes y distintos órganos e instancias de
gobierno para llevar a cabo acciones congruentes en materia de sanidad animal y que
permitan controlar, y de ser posible prevenir, en una escala cada vez mayor, cualquier
enfermedad o brote epidémico que ponga en peligro la vida de los mexicanos.
Las experiencias más recientes que hemos vivido sobre el
peligro que representa la importación de enfermedades epidémicas del resto del mundo, lo
constituyen la enfermedad de las vacas locas, la fiebre aftosa, la encefalopatía
espongiforme bovina, así como de otras enfermedades raras y exóticas que ponen en
peligro la producción bovina, caprina, porcina y avícola.
Por lo tanto, en la medida en que el Proyecto de Decreto que
discutamos refuerce el control y prevención para que este tipo de enfermedades no
ingresen al territorio nacional, representa un avance en materia de legislación sobre
control zoosanitario.
Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario
del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia votará a favor en lo general y
en lo particular del dictamen con Proyecto de Decreto que hace diversas modificaciones a
la Ley Federal de Sanidad Animal.
Es cuanto, por su atención, gracias.
- EL PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Juan Carlos Regis
Adame.
Para fijar la posición del Partido Verde Ecologista de México,
tiene la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera.
- EL DIP. JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con el permiso de la
Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Hoy tendremos la oportunidad de aprobar o rechazar la iniciativa
de Ley Federal de Sanidad Animal. La decisión está en sus manos o quizá podríamos
decir, también en sus dedos, así que esperamos el apoyo en esta iniciativa porque es de
suma importancia para el país y para los ciudadanos de aquí de México. En lo que
respecta a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, la
decisión será aprobarla, porque con la salud y el bienestar no se juega.
Esta iniciativa pretende dar certidumbre y eficiencia en la
operación de los puntos de verificación zoosanitaria en donde se certifica la calidad de
los productos, cárnicos o animales vivos de nuestro país y los de importación.
Actualmente, sin esta ley, los productos cárnicos de animales
vivos de importación, son inspeccionados por dependencias aprobadas en el extranjero, por
el país exportador y de tal forma suceden casos en lo que importamos no cumple con los
requisitos de sanidad que se exigen a las plantas mexicanas en el país.
Con esta iniciativa de ley estaremos protegiendo a nuestro país
y a nuestros ciudadanos, ya que prevé imponer la pena de dos a cuatro años de prisión y
multa de hasta mil veces el salario mínimo vigente al que ingrese al territorio nacional,
animales, sus productos y subproductos a sabiendas de que su estado sanitario es dudoso y
pone en peligro o en riesgo la situación sanitaria del país.
También se impondrá una pena de 2 a 6 años de prisión y
multa de hasta mil veces el salario mínimo vigente al que por cualquier medio utilice
sustancias para uso o consumo de animales que perjudique la salud de estos o la humana.
Para su control, la SAGARPA autorizará los sitios de punto de
verificación e inspección zoosanitaria cumpliendo con las normas oficiales mexicanas de
acuerdo a lo establecido por esta ley, sin contraponerse con la legislación de comercio
exterior o aduana aplicable, como también aprobará los médicos veterinarios organismos
nacionales de normalización, organismo de certificación, unidad de verificación y
laboratorios de prueba en materia zoosanitaria.
Otro punto de interés público y que jamás se había visto
aquí en México, es que si por motivo de la inspección se compruebe que los productos
referidos no cumplen con alguna disposición que señala esta ley y la norma oficial
mexicana respectiva, la Sagarpa ordenará su destrucción a costa del propietario o
importador, cuidando siempre la protección del medio ambiente o lo retornará de manera
inmediata en los términos de la legislación aplicable.
Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México,
está de acuerdo y aprobará esta ley, y por la certidumbre de la calidad de los productos
cárnicos y la seguridad del país, les pedimos su apoyo y aprobar esta iniciativa de Ley
Federal de Sanidad Animal por la importancia para el país y sus ciudadanos.
Muy amables y gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias a usted diputado José Rodolfo
Escudero Barrera.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, tiene la palabra el diputado Mario Cruz Andrade.
-EL C. DIPUTADO MARIO CRUZ ANDRADE: Con su permiso señor
presidente. Compañeros y compañeras, diputadas y diputados. Vengo a esta tribuna en
representación de mi grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el
cual considera que la sanidad es uno de los factores decisivos para elevar el nivel de
producción, eficiencia en actividad pecuaria, ya que es determinante para establecer los
niveles competitivos del Sector y consecuentemente recursos económicos para los
productores, y proporcionar en beneficio directo a la salud de la población.
Esta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Sanidad Animal
reconoce la necesidad de fortalecer la actividad sanitaria, al establecer un método de
revisión basada en las normas oficiales de esta ley.
El establecimiento de los puntos de verificación e inspección
zoosanitaria para productores de importación, tiene como objeto principal, evitar el
ingreso al país de enfermedades como la fiebre aftosa, esta reforma se adiciona a la Ley
Federal de Sanidad Animal, publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 1993, y sus
reformas el 12 de julio del 2000.
Hoy es necesario reformar normas legales, que garanticen la
movilidad de las especies y el control del flujo de las importaciones. Esta propuesta
pretende prevenir la introducción de enfermedades, por lo que es necesario establecer
puntos de verificación e inspección, que se encuentren ubicados en el territorio
nacional.
En el país se debe de adoptar procedimientos razonables, para
facilitar el acceso de sus productos, con fines de inspección, pruebas y otros recursos
pertinentes en beneficio de la población.
Dos de los artículos que se adicionan, es el de las sanciones,
Artículos 61 y 62, los cuales no existían en la ley vigente y expresan lo siguiente:
quien ingrese al territorio nacional animales, productos o subproductos, así como
productos biológicos químicos y alimenticios para el uso en animal o consumo de éstos,
a sabiendas de que su estado sanitario es dudoso, y pone en peligro o en riesgo la
situación sanitaria del país, y por cualquier medio evada punto de inspección en
materia zoosanitaria, incumpliendo el carácter normativo respectivo, se le impondrá la
pena de dos a cuatro años de prisión y multa hasta mil salarios mínimos vigentes en la
zona económica que se trate.
Al que emita certificados que no cumplan con los requerimientos
que exige la normatividad correspondiente, que permita el ingreso al país animales o
mercancías agropecuarias con un estado sanitario dudoso.
La utilización de sustancias para el uso o consumo de animales
que perjudiquen la salud de estos o a la humana.
El grupo parlamentario de la Revolución Democrática, votará a
favor de esas reformas y adiciones a la Ley Federal de Sanidad Animal.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Mario Cruz Andrade.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Juan Mandujano Ramírez.
EL C. DIPUTADO JUAN MANDUJANO RAMÍREZ.- Con el permiso de la
Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El pasado 12 de junio del año 2000, se reformó la Ley Federal
de Sanidad Animal, dicho ordenamiento posteriormente fue prorrogado, ya que se ordenaba
que los puntos de verificación deberían encontrarse dentro del territorio nacional, para
lo cual era imperativo dotar a éstos de una infraestructura en la cual era necesaria una
cuantiosa inversión y dadas las circunstancias antes mencionadas, nuevamente se vio la
necesidad de prorrogar una vez más este ordenamiento.
En consecuencia, los diputados del grupo parlamentario de
Acción Nacional, preocupados por esa situación en que las prórrogas han obstaculizado
la entrada en vigor de esta ley que es en beneficio de la salud alimentaría de los
mexicanos y es que el derecho que tiene el pueblo mexicano, a disfrutar de una
alimentación sana, se debe encontrar plasmado en nuestra legislación.
Dada la incertidumbre que en materia de sanidad animal se vive
en países con los que México tiene tratados comerciales, es imperativo que la Ley
Federal de Sanidad Animal entre en vigencia, ya que la entrada sin control de productos y
subproductos de origen animal no sólo pone en riesgo la salud humana, sino que compromete
peligrosamente la economía de los productores del hato nacional y en consecuencia la
economía del país.
Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido Acción
Nacional, pone de manifiesto su compromiso con la sociedad mexicana, al pronunciarse a
favor de la aprobación y consecuentemente entrada en vigencia con carácter de urgente de
esta nueva Ley Federal de Sanidad Animal.
Por su atención, muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado Juan Mandujano Ramírez.
Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, tiene la palabra el diputado Arturo De la Garza Tijerina.
EL C. DIPUTADO ARTURO BONIFACIO DE LA GARZA TIJERINA.- Con la
venia de la Presidencia.
Acudo hoy ante ustedes en representación del grupo
parlamentario del Revolucionario Institucional, a pedir su voto a favor del decreto en el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad
Animal.
Debo comentar a ustedes que estas reformas son producto de un
amplio intercambio de opiniones, en el que participaron legisladores de todas las
fracciones parlamentarias, tanto diputados federales como senadores; además nos
acompañaron todos los sectores involucrados en este tema.
Con estas reformas concluirá la incertidumbre que existía al
prorrogar, hasta en dos ocasiones y cuyo plazo concluía el próximo 12 de junio, la
construcción de los puntos de verificación para productos de importación en puntos o
puertos de entrada al país. Estamos dando un plazo de 120 días contados a partir de la
publicación de las reformas en el Diario Oficial de la Federación, para que inicien sus
operaciones en el territorio nacional.
Asimismo, se modifican las especificaciones para la
construcción de estos centros, para que de acuerdo con la SAGARPA, sean acordes al flujo
de las importaciones.
También consideramos que estamos avanzando en medidas de
beneficio de la población en general, al señalar como requisito para la movilización de
productos, el lugar de origen de la procedencia, el lugar del rastro tipo inspección
federal, municipal, regional o privado, así como el destino del producto.
En productos terminados se deberá indicar fecha de proceso, de
empaque, de caducidad y número de lote, entendiendo por éstos, todos aquellos que han
sido sometidos a un procesamiento que modifica sus características naturales.
Se faculta en esta ley a la autoridad competente para expedir
las normas oficiales, aprobar a profesionales oficiales y organismos nacionales, para que
lleven a cabo esta inspección de acuerdo a la ley.
Se resalta que el resultado negativo de los análisis realizados
de las muestras seleccionadas, deberán ser requisito indispensable para su internación
al territorio nacional.
También es de señalar que en esta ley se privilegiará la
inversión nacional en la construcción de los puntos de verificación.
Hacemos nuestra y agradecemos la invitación de CENACYCA, para
participar en la elaboración del reglamento de esta ley y así no perder el espíritu del
Legislativo y el sentir de los productores.
Vuelvo a resaltar el esfuerzo de los integrantes de la Comisión
Especial de Ganadería, de la Comisión de Agricultura, de las organizaciones de
productores, de las autoridades, en este caso muy en particular, de la CENACYCA, por el
trabajo hecho y obtener un consenso que con estas modificaciones beneficie al sector
ganadero ya los consumidores nacionales.
Dentro de lo deseable hicimos lo posible. Con la entrada en
vigor de estas reformas, habrá la certidumbre para invertir y construir estos centros,
así como la tranquilidad en el sector ganadero y en los consumidores, al conocer la
calidad sanitario de lo que se importa a México.
Por su atención gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado Arturo de la Garza Tijerina.
Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo
único del proyecto de decreto.
No habiéndose registrado oradores en contra y en pro para la
discusión de este proyecto decreto, consulte la secretaría a la asamblea si el artículo
único de dicho proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y
en lo particular.
-DIP. SRIA. MARTHA SILVIA SANCHEZ: En votación económica se
pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del
proyecto de decreto en lo general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTE: Suficientemente discutido.
Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico por 10
minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.
-MISMA SECRETARIA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere
el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para proceder a
la votación del proyecto de decreto.
(VOTACION)
Se emitieron 384 votos en pro; 0 en contra y una abstención.
.PRESIDENTE: Aprobado el proyecto de decreto por 384 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día, es la primera lectura del
dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulta la secretaría a la Asamblea, si se le dispensa la segunda lectura
y se pone a discusión y votación de inmediato.
-DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR: Por instrucciones de la
presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le
dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
EL C. PRESIDENTE: Se le dispensa la segunda lectura. Está a
discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto.
En virtud de que no se ha registrado ningún diputado en la
discusión en lo general y en lo particular del presente decreto, consulte la secretaría
a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente
discutido en lo general y en lo particular.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por
instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el
artículo único del proyecto de dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo
general y en lo particular.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Suficientemente discutido.
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL:
Efectivamente, está suficientemente discutido.
Se pide a la secretaría se abra el sistema electrónico hasta
por 10 minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10
minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.
(VOTACION)
Se emitieron 376 votos en pro, cero en contra y una abstención.
LA C. PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular el
proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
por 376 votos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Quiero consultar con la Comisión de Medio Ambiente y Recursos
Naturales si ya están listos.
Como habíamos informado a este honorable pleno, estaba agendado
para primera lectura el dictamen vinculado con la Ley General para la Prevención Integral
de los Residuos, publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Queda de primera lectura.
Esta mesa directiva recibió solicitud de la Comisión para que
se dispensara de los trámites y, dado que hemos recibido debidamente requisitada esa
solicitud, procederemos a consultar al pleno.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura
y se pone a discusión y votación de inmediato.
EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia, con
fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensa la
segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Se le
dispensa la segunda lectura.
Para fundamentar el dictamen ha solicitado hacer uso de la
palabra a nombre de la Comisión en los términos del artículo 108 del Reglamento
Interior, el diputado Jesús de la Rosa Godoy. La tiene hasta por 10 minutos.
- EL C. DIPUTADO JESÚS DE LA ROSA GODOY: Con su permiso,
señora Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados:
La ecología y el medio ambiente son temas que merecen toda
nuestra atención y por ende la solución más adecuada y oportuna a la problemática
especifica en el país. Estamos conscientes de que al iniciar el siglo XXI el Estado
mexicano enfrenta entre sus más grandes retos el garantizar el derecho a toda persona
para vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, de conformidad
con lo que estipula el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
La situación respecto a la generación de residuos es un
problema urgente que es preciso abordar en el ámbito legislativo para hacer vigente dicho
derecho al bienestar en el ambiente del país. Un problema adicional deriva de que la
composición de los residuos sólidos se ha modificado en los últimos años,
incorporándose a los desechos orgánicos un volumen creciente de residuos que contiene
materiales de lenta degradación y que demandan formas de manejo más complejos y
costosas.
Lo más preocupante es que los residuos sólidos municipales son
solamente la parte más pequeña del problema, ya que a ello se suman grandes volúmenes
de residuos de las industrias extractivas y manufactureras. Este tipo de desechos
industriales suelen mezclarse con los residuos municipales sin que las industrias que las
generan asuman los costos reales que implican su manejo y sin que tenga ningún incentivo
para minimizar su generación.
En cuanto a los residuos peligrosos la regulación de control de
los mismos en México data de 1988. Dicha legislación contiene problemas serios que
imposibilitan su cumplimiento. Por ello es necesario actualizar y mejorar la regulación
respectiva.
La nueva legislación que se propone fomentará, entre otras
cosas, políticas de transparencia informativa, privilegiando la sensibilidad del público
y la educación de la sociedad, fomentando mecanismos de participación correspondientes a
los distintos sectores de la sociedad en la prevención y generación y manejo de
residuos.
Las políticas que surgen de la nueva legislación cambiarán
instrumentos de regulación directa y autorregulación para lograr los fines que se
persiguen de la mejor manera en los términos de costos y efectividad, reduciendo y
simplificando trámites y minimizando la generación de residuos y su manejo con los
mínimos impactos al entorno natural y a la salud humana.
Varias son las razones por las que se necesita una Ley General e
Integral del Manejo de Residuos. Toda vez que el objeto de esta ley general es regular la
prevención de residuos y su gestión ambiental sustentable, así como adecuar el marco
legal a los compromisos internacionales asumidos por México.
También esta ley es un cuerpo normativo claro y de sencilla
aplicación, que permitirá hacer efectiva la garantía constitucional de toda persona a
disfrutar de un medio ambiente adecuado a su desarrollo y bienestar.
La ley general que hoy proponemos establece la concurrencia
entre los tres órdenes de gobierno, dando congruencia y uniformidad a las legislaciones
locales sin invadir las atribuciones constitucionales que cada uno de ellos tiene. Esta
Ley General de Residuos brinda a los sectores público y privado, así como social, los
instrumentos adecuados para que colaboren en la gestión de residuos en el manejo de
éstos y en la parte que le corresponde a cada uno de ellos.
Los diputados miembros de esta comisión consideramos que es
fundamental generar un instrumento normativo que aglutine los distintos esfuerzos que en
materia de residuos han desarrollado diversas entidades en la administración pública
federal.
Dado que este tema abarca distintos sectores productivos,
económicos y sociales, es de suma importancia coordinar las acciones que permitan obtener
mejores y más fuentes, acciones por parte del gobierno federal.
Este instrumento deberá establecer lineamientos, orientaciones,
criterios, mecanismos de coordinación entre los distintos actores sociales y el Ejecutivo
Federal, que promuevan la integración de políticas forestales, energéticas,
industriales, agropecuarias, ambientales, de salud y de educación, en torno a los
compromisos internacionales que en el marco de las naciones ha adquirido México. Y esto
en lo relativo al cambio climático y así generar un desarrollo orientado a la
sustentabilidad, sin detener el crecimiento económico de nuestra nación, buscando
siempre el fortalecimiento de los canales de cooperación internacional entre la sociedad
civil, el sector privado y las dependencias de la administración pública federal.
En razón de las anteriores consideraciones y tomando en cuenta
el interés supremo de la sociedad, hemos considerado los diputados miembros de la
Comisión, que este dictamen se encuentra perfectamente discutido y que de aprobarse la
Ley para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, estaremos sin lugar a dudas
contribuyendo para que los mexicanos de esta y otras generaciones, gocen de una mejor
calidad de vida.
Por todo lo anterior, esta Comisión de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, permite someter a la consideración del pleno de la Honorable Cámara
de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente proyecto para que sea
consensado y que sea avalado, para que busquemos por todos, señores diputados y señoras
diputadas, y respetuosamente solicitar de ustedes su voto favorable, porque un voto a
favor de este dictamen es un voto por México y por el futuro de la nación.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado, le
ruego haga referencia a la fe de erratas.
-DIP. JESÚS DE LA ROSA GODOY: Con todo gusto señora
Presidenta.
He de informarle que el día de ayer, este día, se envió un
oficio en donde manifiesta la Comisión de Medio Ambiente una fe de erratas con respecto
al artículo 5º fracción IV, artículo 5º fracción XIII, artículo 5º fracción XV,
artículo 10º fracción II, artículo 21, artículo 26, artículo 42, artículo 70,
artículo 99, artículo 104.
Esa se la fe de erratas que esta Comisión ha enviado
respetuosamente a la Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados, señora Presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias. Y esa fe de erratas ya fue distribuida por
la Secretaría de Asuntos Parlamentarios y ya está en poder de los ciudadanos diputados y
de las ciudadanas diputadas, así como en poder de esta Secretaría.
Se pregunta si hay registro de oradores para la discusión en lo
general.
Consulte la Secretaría a la asamblea, dado que no hay registro
de oradores, si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por
instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACIÓN)
-PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del
Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para
discutirlo en lo particular.
En virtud de que no hay ninguna solicitud de registro para la
discusión en lo particular, ni reservas, ¿Diputado Medellín?,
El número de curul Diputado. Adelante .
-EL C. DIPUTADO MANUEL MEDELLIN : Sí Presidenta, si me lo
autoriza quisiera reservar 66 y la Fracción IV del 64.
-LA C. PRESIDENTA. Se reserva el Artículo 66º y la Fracción
IV del 74º ¿algún otro artículo reservado?.
Bien, se pide ahora a la Secretaría se abra el sistema
electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo
particular de los artículos no impugnados del proyecto de Decreto.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se
pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase
el Sistema Electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en
lo particular de los artículos no impugnados.
Se emitieron 381 votos en pro, cero en contra y una abstención.
-LA C. PRESIDENTA : Aprobados en lo general y en lo particular
por 381 votos.
Aprobada en lo general y en lo particular incluyendo el texto de
la fe de erratas presentada por la Comisión, el proyecto de Decreto con Ley General para
la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Vamos a desahogar antes de concluir el trámite, la reserva del
Artículo 66 del Artículo 74 en su Fracción IV.
Se concede la palabra al Diputado Manuel Medellín.
-EL C. DIPUTADO MANUEL MEDELLIN . Muchas gracias señora
Presidenta. Compañeros y compañeras Diputados. Después de tener la oportunidad y la
generosidad por parte de los distintos integrantes de la Comisión correspondiente que
dictamina , hemos convenido por una parte en retirar la reserva del Artículo 66º y por
lo tanto pido disculpas a la Presidencia de la Asamblea porque no habrá una propuesta con
relación a esta reserva.
Y por lo que hace a la Fracción IV
-LA C. PRESIDENTA. Fracción IV del 74.
-EL C. DIPUTADO MANUE MEDELLIN. Por lo que hace a la Fracción
IV del 74º, artículo que señala los requisitos y la documentación que deberá
presentarse ante la Secretaría de Medio Ambiente para obtener autorizaciones de
transporte, acopio, almacenamiento, reciclaje, tratamiento y disposición de residuos.
La Fracción IV establece que entre otros documentos deberá
presentarse la autorización de uso del suelo en el sitio donde se va a instalar la
empresa.
Desde luego que la autorización de uso del suelo es
imprescindible, no está a discusión si esto debe presentarse o no, desde luego que debe
presentarse. Es un problema de momentos porque las leyes locales establecen que la
atribución de autorizar usos del suelo es en ocasiones del gobierno estatal y en
ocasiones del gobierno municipal y en ambos casos hay una consulta entre ellos antes de
emitir la autorización.
Pero también las leyes locales señalan que para este caso de
residuos, para otorgar el uso del suelo la autoridad local exige la autorización federal
del confinamiento y entonces resulta que estamos en un círculo vicioso y la autoridad
local exige la autorización federal y la autoridad federal exige la autorización local,
ambas como requisito previo y les puedo asegurar que hay muchos proyectos que están
entrampados entre estas dos leyes.
Y por lo tanto, comentado con la Comisión y sus integrantes,
queremos proponer
-ciudadana Presidenta, compañeros- una adición a esa fracción
IV, después de punto y seguido, que establezca lo siguiente: "Esta autorización
o sea la de cambio de uso del suelo- podrá presentarse condicionada a la
autorización federal", de tal suerte que le abrimos la posibilidad de que la
autoridad local emita para el presunto permisionario, una autorización precaria o sujeta
a la otra, condicionada, que surta efectos hasta que se produzca la autorización federal
y entonces destrampamos y de esa manera la autoridad local podrá emitir una autorización
de uso del suelo que quiere decir que no contraviene sus planes de desarrollo urbano pero
que tampoco prejuzga sobre la calidad del proyecto para obtener la autorización federal.
Por lo tanto, el solicitante podrá ir ante la autoridad federal
y presentar un permiso condicionado de uso del suelo, que quiere decir que no hay
inconveniente por parte de la autoridad local en tanto que la autoridad federal diga que
la tecnología, el proceso, las instalaciones, etc., cumplen los requisitos de carácter
ambiental.
De esta manera creo que mejoramos un excelente proyecto y una
excelente ley que se ha producido con un gran esfuerzo de la Comisión de Medio Ambiente.
Resumo Presidenta:
Se añadiría después de punto y seguido a la fracción IV del
74, esta autorización puede presentarse condicionada a la autorización federal, punto y
coma.
Muchas gracias ciudadana Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Consulte la
Secretaría, en los términos del artículo 124 y 125, si es de admitirse la propuesta de
adición
Sí, diputado Diego.
- EL C. DIP. DIEGO COBO TERRAZAS: Sí, nada más para informar
que a nombre de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales estamos de acuerdo con
la adición que hace el diputado Manuel Medellín.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Le ruego entonces a la
Secretaría consulte si es de admitirse la propuesta.
- EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones
de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si es de admitirse a
discusión la propuesta presentada por el diputado Manuel Medellín.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo:
( V O T A C I O N )
LA C. PRESIDENTA: Se acepta a discusión.
En términos del artículo 59 y del artículo 60, consulte la
Secretaría si se considera de urgente y obvia resolución.
- EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia,
se consulta a la Asamblea, en los términos del artículo 559 y 60 del Reglamento Interior
si se aprueba se considera de urgente y obvia resolución la propuesta presentada por el
diputado Manuel Medellín.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Es de obvia resolución.
Consulte la Secretaría si hay oradores en contra o en pro.
-EL MISMO SECRETARIO. Se consulta a los ciudadanos diputados y
diputadas si hay oradores en contra y en pro de esta propuesta.
-LA C. PRESIDENTA: No habiendo registro de oradores, consulte la
Secretaría, en votación económica, si se considera suficientemente discutida.
-EL MISMO SECRETARIO: En votación económica se consulta a la
asamblea si se considera suficientemente discutida la propuesta en mención.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido, Presidenta.
-LA C. PRESIDENTA: En tal virtud, ¿Tiene la Secretaría en sus
manos la propuesta ya? ¿Tomaron nota de ella?
Dé lectura.
-EL MISMO SECRETARIO: La propuesta es al artículo 74, una
adición a la Fracción IV que diría:
"Esta autorización puede presentarse condicionada a la
autorización federal";
-LA C. PRESIDENTA: ¿Esta adición, inmediatamente después de
qué párrafo va?
-EL MISMO SECRETARIO: Después del primer párrafo de la
Fracción IV.
-LA C. PRESIDENTA: Lea completo cómo queda el primer párrafo.
-EL MISMO SECRETARIO: "Fracción IV. Artículo 74. Usos del
suelo autorizados en la zona donde se pretende instalar la empresa, planta o instalación
involucrada en el manejo de los residuos y croquis, señalando ubicación. Está
autorización puede presentarse condicionada a la autorización federal.".
-LA C. PRESIDENTA: Simplemente le ruego al proponente, vamos a
proceder a la votación, pero que precisen el tiempo verbal, para que no haya confusión.
En tal virtud, ruego a la Secretaría abrir el sistema
electrónico de votación, hasta por cinco minutos, para votar el artículo 66 en los
términos presentados en el dictamen y la adición presentada por el diputado Manuel
Medellín, a la Fracción IV del artículo 74 que fue admitida por este pleno.
-EL MISMO SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder
a la votación nominal del artículo 66 en términos del dictamen y de la adición hecha
por el diputado Manuel Medellín, al artículo 74, Fracción IV.
(Votación)
-EL MISMO SECRETARIO: Sonido en la curul 397 para que la
diputada emita su voto de viva voz.
-LA C. DIPUTADA LILIA MENDOZA CRUZ (desde su curul): 397 a
favor, Lilia Mendoza.
-EL MISMO SECRETARIO: Sonido en la curul de la diputada
Genoveva.
-LA C. DIPUTADA GENOVEVA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ (desde su curul):
101, a favor.
-EL MISMO SECRETARIO: Se emitieron 365 votos en pro; 2 en
contra; una abstención.
-LA C. PRESIDENTA: Aprobado por 365 votos, el texto del
artículo 66 en sus términos del dictamen y la adición cuarta del artículo 74.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley
General para la Prevención y gestión integral de los residuos.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Estimados compañeros diputados y compañeras diputadas:
En el fragor de las sesiones de estos días, no hemos expresado
de manera clara y fehaciente nuestra solidaridad y respeto a nuestro compañero diputado
Gregorio Arturo Meza de la Rosa por la trágica pérdida de su madre, la señora Petra de
la Rosa viuda de de la Meza que acaeció en días pasados.
Al manifestarle nuestro aprecio y señalar el interés de esta
legislatura porque se esclarezcan esos violentos hechos, deseamos también expresar
condolencias a los compañeros diputados Neftalí Salvador Escobedo Zoletto poro la muerte
de su señora madre, la señora Gloria Zoletto Merlo, así como al diputado Ricardo Torres
Origel por el deceso de su madre, la señora Celia Origel de Torres, igualmente al
diputado Felipe Velasco Monroy por la pérdida de su madre, la señora Leonor Monroy de
Hernández.
Reciban nuestras condolencias y les ruego nos pongamos de pie
para guardar un minuto de silencio.
(minuto de silencio)
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del
dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Ciencia y Tecnología y la
Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado en la Gaceta
Parlamentaria. Es de primera lectura.
En virtud de que el dictamen se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura
y se pone a discusión y votación de inmediato.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la
Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le
dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Se le dispensa la segunda lectura.
Tiene la palabra la diputada Silvia Alvarez Bruneliere por la
comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
LA DIP. SILVIA ALVAREZ BRUNELIERE: Con su permiso, diputada
Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
La Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Honorable Cámara
de Diputados somete a la consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT.
Se expide este dictamen en un momento en que nuestro país se
desarrolla en un contexto globalizado donde se reconoce que vivimos en la época del
conocimiento y la información, y donde la autodeterminación e independencia de las
naciones se sustenta en la capacidad de una sociedad para crear conocimiento y para
innovar y avanzar en el desarrollo tecnológico.
En este sentido, la ciencia y la tecnología juegan un papel
imprescindible, pero a la vez ambas requieren del establecimiento de un sistema sólido
que acoja la investigación, la ciencia, la investigación y la tecnología en un solo
proyecto político, un proyecto de nación diferente, un proyecto en el que desarrollo
científico y la autodeterminación tecnológica sean en verdad, y no en discurso,
objetivos centrales del Estado. Sin embargo, hasta hoy nuestro país no ha logrado niveles
de desarrollo en la ciencia y en la tecnología, que construya las bases de esta nación a
la cual aspiramos. El lugar 31 por su ingreso per cápita; el lugar 42 por su bajo
esfuerzo por investigación y desarrollo; el lugar 31 por su bajo esfuerzo en el sector
productivo en investigación e innovación y desarrollo. En términos del gasto en
investigación e innovación y desarrollo. En términos del gasto en investigación y
desarrollo experimental Guide como proporción del PIB, México ocupa actualmente el lugar
No. 3, nuestro país invierte apenas el 0.4 de su producto interno bruto en ciencia y
tecnología, frente a otros países similares al nuestro, que invierten el 1.5.
A nivel mundial los científicos mexicanos producen apenas 0.64
de los artículos publicados, en contraste los científicos de otros países, entre ellos,
Estados Unidos, publican el 34.6% del total de éstos. De la población nacional sólo el
0.7% son investigadores por cada mil pobladores.
Entre 1999 y el año 2000 se otorgaron 708,676 patentes, cerca
de 800 mil, a personas, instituciones o empresas, residentes prioritariamente en Estados
Unidos. México recibió de éstas cerca de 800 mil únicamente 500.
En el mismo sentido se otorgaron 53 mil patentes en México, de
las cuales sólo 3 mil correspondieron a mexicanos, es decir, México aporta menos del 6%.
Esta situación obligó, tanto al Ejecutivo como a la Cámara de
Diputados y a la Comisión de Ciencia y Tecnología a trabajar unidos en estas
iniciativas.
El Poder Ejecutivo envió una iniciativa de Decreto en la
materia, la cual expedía la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
así como diversas reformas a la actual ley, para el fomento de la investigación
científica y tecnológica, con el propósito de incidir de una manera frontal en las
necesidades y oportunidades que se le presentan al país, y convertirse así en una
nación dinámica en estas actividades científicas y tecnológicas.
Me es grato hacer hincapié que la Comisión de Ciencia y
Tecnología que honrosamente presido, procedió al estudio y análisis de la iniciativa,
desde una perspectiva plural e incluyente, de todos los actores involucrados en la
materia, a través de reuniones además de una consulta abierta que fue publicada en tres
diarios de circulación nacional, y también con el enorme auxilio que brinda el correo
electrónico, a través del cual se recibieron más de 7 mil opiniones de numerosos
integrantes y participaciones de la comunidad científica, tecnológica y del sector
productivo y social.
El dictamen que hoy se pone a consideración del pleno de esta
Cámara, es producto y resultado de un amplio consenso entre Legisladores, integrantes de
la Comisión de Ciencia y Tecnología, y en este proceso participaron de forma activa a
través de propuestas, comentarios y observaciones a las normas, que estaban sujetas a
revisión, múltiples personas y actores de este medio: investigadores, científicos,
organismos del sector tecnológico, científico empresarial.
Entre los que deseo destacar por sus valiosas aportaciones: la
Academia Mexicana de Ciencias, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada al Desarrollo Tecnológico, la Asociación de Universidades e Instituciones de
Educación Superior, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la
Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad Autónoma Metropolitana entre otros.
Gracias también a ese entusiasta y activa participación de los
actores involucrados, los Legisladores tuvimos oportunidad de disponer, analizar, la
información suficiente, y conocer necesidades y obsolescencias, que en su caso nos
hicieron saber quienes participan en este sector.
Por todo lo anterior, la Comisión de Ciencia y Tecnología,
estima que el dictamen sujeto a aprobación de este pleno, contempla todas las tarifas y
vertientes que el tema suscita, y recoge la gran parte sustantiva de la iniciativa que el
Ejecutivo tuvo a bien enviarnos y a la vez modifica ésta, con el único fin de
enriquecerla y mejorarla para la óptima consecución de sus objetivos.
Resalto brevemente las bondades que estas reformas producirán a
nuestro país en materia de ciencia y tecnología:
Por un lado, se cuidó con esmero que las trabas burocráticas y
administrativas que obstruyen y aletargan la actividad de investigación y desarrollo
científico y tecnológico de los centro públicos de investigación y de las
instituciones de investigación superior, desaparecieran; esto, con el fin de permitirles
encauzar su ímpetu y actividad hacia lo que realmente están dedicados y preparados:
hacia la investigación y no en cumplir con un alud de trámites administrativos que los
desvían de su actividad primordial y entorpecen el camino hacia la innovación y
descubrimientos, de los cuales la sociedad será finalmente la beneficiada.
Contempla la iniciativa, las bases de una política de Estado,
para pasar de una política sexenal a una política que trascienda los sexenios.
Establece el Sistema Nacional de Investigación con los
elementos que lo constituyen. Del mismo modo, gracias al diagnóstico preciso que se
construyó del entramado institucional, se observó que actualmente existen varios
órganos consultivos en materia de ciencia y tecnología, de forma tal que la Comisión
buscó aglutinar a todos ellos en el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, el cual
reunirá las funciones de todos aquellos, pero simplificadas y orientadas a cuestiones
estratégicas y a un propósito primordial de mejorar la eficiencia de la función
consultiva.
Destaco también que la política de centralización pasa, de
una política de centralización de la administración, a una política de centralización
de las decisiones.
Se constituye la Conferencia donde se integran los Consejos
Estatales de Ciencia y Tecnología, en coordinación con el Consejo Nacional.
Lo que destacaría de forma individual y creo que es el elemento
sustancial de esta iniciativa, es que se crea un Consejo General de Ciencia y Tecnología
que preside el Presidente de la República y que está integrado también por los
secretarios de los sectores que desarrollan esta actividad. Participan, a propuesta de la
misma comunidad, destacados científicos que a través de un proceso de auscultación,
participarán en la toma de decisiones.
En razón de lo expuesto, los diputados integrantes de la
Comisión de Ciencia y Tecnología, nos congratulamos de los resultados obtenidos, seguros
de que hemos representado a la sociedad a la que nos debemos y de que redundarán en
beneficio de ésta y en el impulso a la actividad científica y tecnológica del país.
Por lo anterior, les pedimos que con su voto apoyen la
iniciativa que hoy presentamos ante ustedes.
Muchas gracias, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
LA C. DIPUTADA SILVIA ALVAREZ BRUNELIERE.- Señor Presidente,
quisiera hacer la aclaración y le entrego aquí a la Secretaría, que por omisión en una
fe de erratas, no fue incluido en el transitorio la fecha en que se publicó la Ley para
el Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica que es derogada y que entrego a
la Secretaría para que conste como fe de erratas.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputada.
Tome nota la Secretaría.
En consecuencia está a discusión en lo general y para la
discusión en lo general, para fijar posiciones se han inscrito la diputada Sara Guadalupe
Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Francisco Patiño
Cardona, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Luis Artemio Aldana
Burgos, del Partido de Acción Nacional y el diputado Heriberto Huicochea Vázquez, por el
Partido Revolucionario Institucional y por el Partido del Trabajo.
Tiene entonces la palabra la diputada Sara Guadalupe Figueroa
Canedo del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.
LA C. DIPUTADA SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO.- Con el permiso
de la Presidencia.
Compañeras y compañeros legisladores:
Una república como la nuestra requiere contar con instituciones
sólidas. Si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha desarrollado desde 1960
las tareas que le fueron encomendadas para promover la investigación y el desarrollo,
procurando el crecimiento y el avance de estas actividades en las universidades,
institutos tecnológicos. A esa tarea primordial concurren otras labores que son la
difusión de la ciencia para todos y en particular para los niños.
Asimismo el fortalecimiento del posgrado ha tenido un notable
crecimiento a través de los programas de becas para estudios de posgrado tanto en México
como en el extranjero.
En los últimos diez años el CONACYT ha transitado por una
modernización importante en el manejo de sus tareas. Entre las innovaciones que llevó a
cabo estuvo la creación del Sistema Nacional de Investigadores, fortalecimiento de redes
de investigadores jóvenes, la vinculación de academia a empresa. Asimismo, se preparó
una reforma para diferenciar y supervisar la partida presupuestal dirigida a los centros
SEP-CONACYT.
Lo anterior dará una mayor certeza a los contribuyentes que el
gasto destinado a la investigación, efectivamente llega a los cubículos y laboratorios y
no se desvíe a gasto corriente como sucedía en épocas pasadas en el Consejo.
La nueva reglamentación para la ciencia y tecnología y para el
CONACYT, es también el resultado de una mayor especialización entre los investigadores
nacionales, así como la ampliación de los montos presupuéstales asignados a dichas
actividades.
El sentido de la ley apunta al fortalecimiento del CONACYT, por
ello considera la conveniencia de avanzar en la autonomía de gestión del Consejo y
propone que sea de ahora en adelante, una entidad paraestatal no se sectorizada.
Dado que actualmente el CONACYT está sectorizado a la
Secretaría de Educación Pública, es necesario este cambio con el fin de que el Consejo
pueda tener la autonomía para que pueda realizar las funciones.
Por lo tanto, el grupo parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, apoya plenamente el dictamen a discusión.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputada.
Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Patiño
Cardona, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 10 minutos.
-DIP. FRANCISCO PATIÑO CARDONA: Con su permiso señora
presidenta; compañeras y compañeros diputados:
La comunidad científica, los empresarios y el sector académico
de nuestro país, ha esperado más de 30 años esta oportunidad que se me presenta este
día para legislar en materia científica y en materia de desarrollo tecnológico.
Han pasado más de 30 años en que la actividad científica en
nuestro país ha sido considerada una actividad marginal; ha sido considerada
principalmente por los últimos cinco gobiernos, como una actividad no importante para el
desarrollo del país.
Esto constituye la verdadera tragedia del país, de los últimos
30 años en materia científica y en materia tecnológica.
Yo quisiera tratar de demostrar estos hechos en que incluso el
Ejecutivo Federal actual a través del presupuesto que se destina a ciencia y tecnología,
en donde se aplica el 0.4% del PIB, demuestra que la ciencia y la tecnología no es una
prioridad nacional incluso del Ejecutivo Federal actual.
El problema de los gobiernos del pasado y el problema del
gobierno actual, es que los políticos no han terminado por entender que la ciencia y la
tecnología es fundamental para el desarrollo de las naciones y porque constituye el motor
principal para salir de la oscuridad y transitar hacia una sociedad moderna.
Esa ha sido la tragedia de la ciencia y la tecnología del país
porque los gobiernos que han dirigido esta nación no terminaron por comprender la gran
importancia que tiene esta asignatura para la sociedad.
Hace 30 años España, Portugal, Irlanda del Norte, Grecia,
Singapur, Corea del Sur eran naciones que presentaban un desarrollo tecnológico,
industrial, económico, parecido al que entonces tenía México. Y hoy miramos hacia esos
países y estamos encontrando que estas naciones se han convertido en potencias medias y
que incluso Corea del Sur, con escasos recursos, se ha convertido prácticamente en una
primera potencia que está discutiendo y está peleando ocupar un lugar entre el Grupo de
los 7.
Por esa razón este día es particularmente importante para los
científicos y académicos mexicanos. El país ya no puede seguir pensando en que el
modelo económico que tenemos actualmente sea un modelo en materia científica dependiente
respecto a las naciones de las cuales somos socios, por ejemplo, de Estados Unidos y de
Canadá.
No es posible que nuestra nación siga siendo dependiente en
materia económica y en materia científica, porque con ello continuaremos siendo una
nación dependiente que continuará perdiendo soberanía y seguramente más adelante
podríamos convertirnos, desafortunadamente, en lacayos del primer país, de los Estados
Unidos.
Por eso saludo las iniciativas de ley que nos ha enviado el
Ejecutivo federal a esta soberanía. Se trata de la Ley Orgánica del CONACYT y la Ley de
Ciencia y Tecnología.
Se trata de paquetes que nos ha enviado el Ejecutivo federal con
claros-oscuros, con virtudes y defectos. Yo quisiera resumir la propuesta del Ejecutivo
federal de manera muy sintética y en un par de minutos.
El Ejecutivo federal lo que nos ha propuesto es que ahora la
ciencia y la tecnología debe ser encabezada por el presidente de la República y por la
secretaría de Estado que tiene que ver con la materia científica, y la Junta de Gobierno
del CONACYT y la propia dirección del CONACYT entonces serán dependientes justamente de
ese Consejo General que definirá la política nacional en esta materia.
Al mismo tiempo, el CONACYT cuenta con un órgano asesor de
apoyo permanente que se le ha llamado Consejo Consultivo y el Consejo General cuenta con
un foro consultivo que hace exactamente la misma función que el Consejo Consultivo. Es
decir, con la propuesta del Ejecutivo federal lo que se está haciendo es burocratizar a
la ciencia y a la tecnología.
Esa es la razón por la cual esta Comisión de Ciencia y
Tecnología, como lo señalaba la diputada federal Silvia Alvarez, hemos trabajado
arduamente para que todas las peticiones y todos los planteamientos de la comunidad
científica sean atendidos en esta ley.
Efectivamente, tenemos el mismo vaso, tenemos la misma forma,
solamente que ahora el contenido de ese vaso, la sustancia de ese vaso, la composición
química que acompaña a esa sustancia en materia científica ha cambiado de manera
radical porque en esta Comisión de Ciencia y Tecnología así lo hemos considerado en
beneficio del país de todos los mexicanos.
Hemos logrado en esta nueva ley rescatar al Sistema Nacional de
Investigadores porque justamente consideramos que esta instancia constituye la parte más
avanzada de la ciencia de nuestro país, ahí residen los 8 mil científicos más
destacados de la nación y que seguramente serán la punta de lanza para promover con esta
nueva ley el desarrollo científico y tecnológico.
Hemos logrado en esta ley, a través de la Comisión de Ciencia
y Tecnología, rescatar a los sistemas Sep-Conacyt. Porque al igual que el Sistema
Nacional de Investigadores habían sido eliminados de la ley. Se encontraban
prácticamente en el vacío o en la nada. A partir de que ahora el Conacyt será una
entidad no sectorizable, es decir, algo parecido a cabeza de sector, esos sistemas
Sep-Conacyt, que son 29 institutos de esa naturaleza, serán parte del cuerpo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto gracias a esas modificaciones radicales que ha
planteado la Comisión de Ciencia y Tecnología y en la cual la comunidad científica,
tecnológica y empresarial ha participado en el diseño de esta ley.
Yo me congratulo y estoy contento porque finalmente tendremos
una nueva ley que podrá responder a los grandes retos que necesita el país.
Sin embargo, compañeras y compañeros, quisiera terminar mi
intervención comentando que esta no es una ley ideal. A lo mejor puede ser una especie de
gatopardismo, una especie de gato con botas, una especie como que es y no
es cabeza de sector.
El Partido de la Revolución Democrática dará su voto a favor
en lo general de estos dictámenes que ha presentado la Comisión de Ciencia y
Tecnología, pero no quitará el dedo hasta que la ciencia y la tecnología sea elevada a
nivel de rango constitucional, sea elevada como un interés nacional, como una política
de Estado. Cuando tengamos que la ciencia y la tecnología de este país tenga estructuras
parecidas a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o al Instituto Federal Electoral,
hasta entonces diremos: hemos cumplido como diputados del Partido de la Revolución
Democrática.
Muchas gracias.
(Aplausos)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Tiene el
uso de la palabra el diputado Luis Artemio Aldana Burgos, del Partido Acción Nacional,
hasta por diez minutos.
- EL C. DIPUTADO LUIS ARTEMIO ALDANA BURGOS: Con su permiso,
diputado Presidente.
Compañeros Diputados:
El grupo parlamentario del PAN, ante la situación de desarrollo
científico, tecnológico, económico y social que tiene nuestro país en este momento, le
apuesta a la ciencia y a la tecnología como una herramienta que nos permita aspirar a un
mejor crecimiento económico, político y social.
Actualmente la ciencia y tecnología de nuestro país atraviesa
por una situación que amerita un alto en el camino para decidir el rumbo, ya que en
algunas ocasiones quienes han tomado decisiones en este país han considerado a la ciencia
y a la tecnología como un gasto innecesario por falta de visión y han tomado medidas
más que nada para acallar los reclamos de la comunidad científica y académica, que por
tener un proyecto de Estado en esta materia.
Entre los problemas que se han detectado en materia de ciencia y
tecnología se ha visto que se adolece de una política científica y tecnológica, y que
además la comunidad científica se ha manifestado en contra de la verticalidad y el
burocratismo de la estructura del Conacyt.
También se manifiestan en contra de la centralización de las
tomas de decisiones, de la falta de equilibrio entre el fomento a la ciencia básica y al
desarrollo tecnológico. El no aprovechamiento de los recursos públicos asignados a la
ciencia y a la tecnología, los cuales se ejercen en mayor medida por Secretarías de
Estado ajenos al Conacyt y a la Secretaría de Educación Pública.
Ante esto, el grupo parlamentario del PAN reconoce estas
deficiencias, por lo que se dio a la tarea de participar de manera decidida en el estudio,
discusión y análisis de la iniciativa de decreto presentada por el Ejecutivo Federal en
diciembre pasado.
Como producto del trabajo conjunto que realizamos en la
Comisión de Ciencia y Tecnología, se logró primero que nada, establecer el carácter
del CONACYT como una entidad no sectorizada y asesora del Ejecutivo Federal y
especializada en la promoción y fomento de la investigación científica y tecnológica,
la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica del país.
También se logró precisar que el CONACYT ejerza funciones de
coordinación sectorial en general y en lo particular, respecto de las entidades
paraestatales que formen parte del subsector denominado actualmente Sistema
SEP-CONACYT.
También se logró prever un mecanismo de evaluación externa
del CONACYT y que estará a cargo de una Junta de Gobierno.
También se logró otorgar al órgano de gobierno del CONACYT la
facultad de emitir las reglas de operación de programas sustantivos, así como la
reglamentación interna que los mismos requieren.
Por último, se propone que la ley incluya como miembros del
órgano de gobierno del CONACYT, además de las diferentes Secretarías de Estado, como la
de Medio Ambiente, de Energía, Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación y de Salud,
a un representante del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, a dos investigadores
del Sistema Nacional de Investigadores y a dos representantes del sector productivo, con
el propósito de dar mayor participación a la comunidad científica, tecnológica y
empresarial en este órgano de decisión.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción
Nacional, después de un arduo trabajo en la Comisión de Ciencia y Tecnología,
manifiesta su apoyo decidido al dictamen aquí presentado y que le va a dar a nuestro
país una herramienta fundamental para el despegue definitivo hacia el desarrollo
científico y tecnológico y, por lo tanto, hacia un mejor desarrollo económico y social.
En resumen, ante todo esto, el Grupo Parlamentario del Partido
Acción Nacional votará a favor de estas reformas propuestas.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputado.
Tiene inmediatamente el uso de la palabra el diputado Heriberto
Huicochea Vázquez, por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido del
Trabajo.
-DIP. HERIBERTO HUICOCHEA VAZQUEZ: Con permiso de la
Presidencia.
Compañeras diputadas y compañeros diputados: A nombre de la
fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del
Trabajo, vengo a esta tribuna a fijar la posición conjunta en relación al Dictamen con
Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Quisiera destacar que en primer término esta iniciativa que
contiene ambas leyes, la Ley de Ciencia y Tecnología y la del CONACYT, fueron remitidas
por el Ejecutivo Federal el pasado mes de diciembre.
La Comisión de Ciencia y Tecnología, una vez que fue turnada
por este pleno, recogió los planteamientos más importantes y se sometió a una
importante consulta a la comunidad científica y a la ciudadanía en general. Ambas leyes,
la de Ciencia y Tecnología y del CONACYT, recibieron y fueron introducidas diferentes
propuestas provenientes del mundo académico, científico, de empresas y de quienes se
dedican al estudio serio y responsable de la Ciencia y la Tecnología.
Posteriormente esta Iniciativa fue sometida a una exhaustiva
revisión y de manera conjunta con el Senado de la República, se lograron integrar foros
importantes donde se cuidó mucho que la participación de la sociedad organizada en este
tema pudiera también estar incluido.
Creo que esa es una de las novedades importantes que hay que
destacar en esta Iniciativa de Ley tanto de la Ciencia y la Tecnología como del CONACYT,
es una Ley que emana del Ejecutivo pero que es alimentada, que es nutrida por la apertura
a la consulta popular por esta Legislatura y que desde luego tiene el respaldo importante
de la gran mayoría de la comunidad científica y tecnológica del país.
Si bien es cierto que con estos instrumentos vamos a lograr que
por vez primera nuestro país pueda integrarse de manera armónica e importante en el gran
concierto , en aquella gran Declaración del Milenio que ha promulgado la Organización de
Naciones Unidas para que estén verdaderamente la Ciencia y la Tecnología al servicio del
desarrollo humano.
Las leyes tienen un amplio y sentido social porque regulan,
establecen, coordinan e instrumentan diferentes mecanismos para que se asegure y se
configure el nuevo modelo de desarrollo científico y tecnológico que en estos momentos
toda la comunidad científica y el país entero está demandando.
Si bien es cierto que en el país existen instituciones que
estén haciendo ciencia y tecnología en diferentes centros, en instituciones, en
universidades, en institutos superiores, desafortunadamente pocas veces conocemos de
manera genuina y cierta cuáles son los alcances y los resultados para el ciudadano
común, para la política social de lo que se está haciendo en materia de Ciencia y
Tecnología.
Por eso hoy es muy importante que se cuente con un órgano
especializado, no sectorizado, no necesariamente la Secretaría de Educación, o Energía,
o a la Secretaría de Desarrollo Económico porque la Ciencia no tiene un solo sector, la
Ciencia es transversal; en la Ciencia concurren diferentes sectores y desde luego la idea
es que hoy, a través del nuevo órgano del CONACYT se pueda pronunciar para poder
intervenir, para poder inferir y poder coordinar las políticas públicas conjuntas en
materia de Ciencia y Tecnología, éso es lo que le va a dar al país hoy la certeza de
que tengamos una verdadera política de Estado en materia de Ciencia y Tecnología, ése
es uno de los logros importantes en estas iniciativas que hoy estamos sometiendo a su
consideración.
Se define hoy también en la Ciencia por vez primera la
confección del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, un sistema que establece las
bases, establece los principios, establece el proceso de la planeación y que eso habrá
de asegurar resultados importantes y alcanzar productos de este sistema que nos orienten y
nos acerquen a poder hacer realidad los dos grandes déficits que tenemos en la
vinculación de la Ciencia y la Tecnología primero con la educación y después con el
aparato producto y desde luego para generar productos sociales más importantes.
Hoy, hoy la Ciencia y la Tecnología a través de estos
instrumentos, va a tratar de convertir estas interfases del desarrollo científico y
tecnológico en bases importantes para que quienes terminen sus estudios de Posgrado, para
quienes terminen sus estudios de Licenciatura puedan tener asegurada una capacitación y
formación de excelencia y ser seleccionados para poder ser becados en el extranjero pero
que no se queden allá y también para que estos becarios puedan regresar y servir, y
retribuir socialmente con sus conocimientos, al pueblo de México que tanto lo necesita.
Hoy habremos de estar más de cerca de nuestros científicos,
hoy habremos de estar más de cerca de quienes hacen ciencia y tecnología pero no para
estarlos persiguiendo, sino para poder asegurar y vincular que hoy en México la ciencia y
la tecnología de una vez por todas complete su ciclo, complete el ciclo de la ciencia, la
educación, la tecnología y desde luego elevar esa capacidad productiva que tanto se
demanda en diferentes áreas y campos del conocimiento pero principalmente darle ese
enfoque social que necesitamos darle a la ciencia hoy en día.
Por eso hoy, hoy nos congratulamos también de que en este tema
de la ciencia y la tecnología no haya diferencias ideológicas por las fracciones
parlamentarias.
Hoy estamos coincidiendo felizmente, quienes integramos parte
plural de la Comisión de Ciencia y Tecnología, de que hemos podido llegar a resultados
importantes para poder sacar adelante los proyectos tanto de la ley de ciencia como del
CONACYT.
Realmente fueron horas importantes de trabajo, consultas con
muchos especialistas y hoy, hoy vemos los frutos, vemos el consenso que hemos logrado
alcanzar con las diferentes fracciones parlamentarias. Eso, eso realmente es para
felicitarnos y yo de manera muy especial quiero agradecer a la fracción parlamentaria de
mi partido, por la confianza que nos ha conferido para poder sacar como una de las
prioridades de este año legislativo, dentro de la agenda, el tema importante de la
ciencia y la tecnología y del CONACYT.
Creo que hoy el Ejecutivo Federal cuenta, porque estoy seguro
que habremos de contar con el apoyo de todos ustedes compañeros diputados y compañeras
diputadas, hoy estoy seguro que vamos a contar con verdaderos instrumentos, con verdaderas
herramientas para que el Ejecutivo Federal a través del CONACYT, pueda realmente alcanzar
esta importante política de Estado, la rectoría, la coordinación en estas importantes
materias.
Ojalá y sea para bien de la comunidad científica y
tecnológica pero fundamentalmente para el pueblo de México.
Es cuanto señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Se consulta con el honorable Pleno si hay registro de oradores
para la discusión en lo general.
No hay registro de oradores.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se
encuentra suficientemente discutido
Diputado Ramón León, ¿si?
¿Con qué
objeto, diputado?
- EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: (DESDE SU CURUL) Usted convocó
en este momento a ver si había discusión en lo general. Si
L A C. PRESIDENTA: Registro de oradores en pro o en contra
- EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: (DESDE SU CURUL) A favor.
- L A C. PRESIDENTA: A favor, ¿en lo general?
¿Algún
otro diputado quiere registrarse en lo general en pro o en contra?
Esta Presidencia
está cerrando el registro de oradores en lo general.
Tiene la palabra el diputado Ramón León, para hablar en pro.
-EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias, señora Presidenta.
He querido subir a esta tribuna para reconocer el trabajo que la
Comisión de Ciencia y Tecnología ha desarrollado en función de trabajar esta importante
Ley de Ciencia y Tecnología.
En el PRD, como lo dijo anteriormente mi compañero Francisco
Patiño, votaremos a favor, no sin antes plantear que tenemos algunas preocupaciones con
respecto a los subsecuentes reglamentos que darán operatividad a esta ley.
Es una preocupación, el encontrar en el Capítulo III, relativo
a los principios, en el Apartado 6 donde se habla de una manera muy general que se
procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y privados. Esta es una
ley que si bien obliga al gobierno federal a aportar recursos del presupuesto para el
desarrollo de la ciencia y tecnología, como es su obligación, deja muy abierta la
posibilidad de que puedan concurrir otras instancias, como es precisamente el sector
privado.
Nosotros creemos que este principio debería de subsanarse en un
reglamento subsecuente en el que no quedara tan abierto el aspecto de que se procurará,
sino que de alguna manera pudiera obligar a aquellos particulares que se van a ver
beneficiados con la ciencia y la tecnología que se producirá con los fondos del erario
público, se vean obligados a concurrir.
Asimismo manifestamos una preocupación con respecto al uso que
se dará a los fondos públicos, es decir, aquellos fondos que saldrán del erario del
presupuesto de la nación y que si no queda debidamente reglamentado, pudieran ir a
fortalecer instituciones lucrativas, incluso instituciones privadas de carácter
lucrativo, instituciones educativas lucrativas. Esa es otra preocupación que mostramos.
No nos gustaría que del esfuerzo que están haciendo todos los
mexicanos para el desarrollo de su ciencia y tecnología, se vieran fortalecidas
instituciones privadas, lucrativas sin que éstas se vieran de alguna manera conminadas,
incluso digo yo, forzadas a concurrir con recursos para el desarrollo de la ciencia y la
tecnología.
En fin, queremos decirles, nos parece un gran avance en cuanto a
ciencia y tecnología, consideramos que los recursos que se han destinado para este rubro
son recursos insuficientes, tal como se demostró aquí en el pasado diciembre con la
aprobación del presupuesto para este renglón y es por eso que creemos que debiera de
alguna manera, si no en esta ley, sí en los reglamentos subsecuentes, facilitar, incluso
digo yo, obligar a las instituciones privadas que se verán beneficiadas con la ciencia y
la tecnología, a concurrir con recursos propios para el desarrollo de este importante
renglón en nuestro país.
Asimismo, no queremos dejar abierta ninguna posibilidad de que
posteriormente se pueda con recursos públicos fortalecer instituciones privadas, ya sea
en el ámbito de la educación u otros, de ahí que esperamos, aquí confiamos mucho en
las autoridades del CONACYT- para que nos tome en cuenta en la reglamentación subsecuente
y podamos constatar de que se pongan los candados pertinentes para evitar que
instituciones privadas se beneficias, instituciones privadas lucrativas se beneficien de
los recursos públicos. LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se
encuentra suficientemente discutido en lo general.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del
Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para
discutirlo en lo particular, especificando desde luego la ley de que se trata.
El diputado Luis Aldana.
EL DIP. LUIS ALDANA BURGOS: (desde la curul) Reservar el
artículo 5º y el artículo 36 fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología.
LA PRESIDENTA: ¿A nombre de la comisión, diputado?
EL DIP. LUIS ALDANA BURGOS: (desde la curul) No, por acuerdo de
los grupos parlamentarios, pero a nombre de la comisión.
LA PRESIDENTA: Entonces 5º y 36 fracción V.
¿Alguna otra reserva?
Se va a cerrar el registro de reservas de artículos en lo
particular.
El artículo 5º y el artículo 36 en su fracción V.
Se cierra el registro de reserva de artículos en lo particular.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta
por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los
artículos no impugnados del proyecto de decreto.
EL MISMO SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se
refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez
minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no
impugnados.
(votación)
Se emitieron 371 votos en pro, cero en contra, una abstención.
LA PRESIDENTA: Aprobados en lo general y en lo particular los
artículos no impugnados, por 371 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión
en lo particular, los artículos 5º y 36 fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología.
Se solicita la presencia en esta tribuna del diputado Gerardo
Sosa Castelán, para hacer la presentación de las propuestas respectivas vinculadas con
las reservas de referencia.
-EL C. DIPUTADO GERARDO SOSA CASTELAN: Con su permiso
presidenta. Compañeras y compañeros. Para precisar las modificaciones que han tenido los
artículos que se reservaron, quisiera precisar el Artículo 5º. que queda de la
siguiente manera:
El Consejo General contará con la participación a título
personal de cuatro miembros que se renovarán cada tres años y que serán invitados por
el presidente de la república a propuesta del secretario ejecutivo. Estos miembros
tendrán derecho a voz y voto y pondrán ser integrantes del Foro Consultivo, Científico
y Tecnológico.
El Artículo 36 fracción V queda de la siguiente manera, debe
decir:
Contará con una mesa directiva formada por 17 integrantes, 14
de los cuales serán los titulares que representen a las siguientes organizaciones: la
Academia Mexicana de Ciencias A.C., la Academia Mexicana de Ingeniería A.C., la Academia
Nacional de Medicina A.C., la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación
Aplicada y Desarrollo Tecnológico A.C., la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales,
el Consejo Nacional Agropecuario y un representante de la Red Nacional de Consejos y
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología A.C., la Universidad Nacional Autónoma de
México, el Instituto Politécnico Nacional, el Centro de Investigación y Estudios
Avanzados, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de Historia y el
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, entre otras, que eventualmente puedan solicitar su
ingreso al mismo foro.
Estas son las modificaciones y aprovecho la oportunidad para a
nombre de la Comisión de Ciencia y Tecnología, agradecer a los compañeros de los
partidos que han participado en dicha Comisión, su entusiasmo, su apoyo, su comprensión
para llegar a este consenso, a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática,
a los compañeros del Partido Acción Nacional, a los compañeros del Partido del Trabajo,
de todos los partidos, y por supuesto a los compañeros del Partido Revolucionario
Institucional.
Es honroso para mí el estar aquí en un tema de tanta
importancia y que ha merecido la comprensión de todos ustedes. Esto es justamente lo que
la ciencia y la tecnología requiere para el país, de su comprensión y de su apoyo.
Muchísimas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Se consulta si hay oradores en contra y en pro de los temas
planteados, en relación al Artículo 5º. y al Artículo 36 fracción V.
Le ruego a la Secretaría consultar si son de admitirse las
propuestas presentadas por el diputado Gerardo Sosa, en los términos de los Artículos
124 y 125.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por
instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea en los términos de los
Artículos 124 y 125 del Reglamento Interior, si son de admitirse a discusión las
propuestas hechas por el diputado Sosa Castelán.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Admitida su discusión.
-LA C. PRESIDENTA: Son de admitirse a discusión.
Le ruego a la Secretaría consulte en votación económica si se
consideran de urgente y obvia resolución.
-EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia se
consulta a la Asamblea si las propuestas hechas por el diputado Gerardo Sosa Castelán, se
consideran de urgente y obvia resolución.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Son de urgente y obvia resolución.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si hay registro de
oradores para discutir las modificaciones propuestas en pro o en contra.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Se consulta a
los ciudadanos diputados y diputadas, si hay oradores para discutir las propuestas hechas
por el diputado Gerardo Castelán, en pro o en contra.
LA C. PRESIDENTA.- No habiendo registro de oradores, consulta la
Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 5º. con
la propuesta de adición y el 36, fracción V.
EL MISMO C. SECRETARIO.- En votación económica, se consulta a
la Asamblea si considera suficientemente discutidas las propuestas hechas al artículo
5º. y 36, fracción V, por el diputado Gerardo Castelán.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
LA C. PRESIDENTA.- Le solicito a la Secretaría abra el sistema
electrónico hasta por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 5º. y
del artículo 36, fracción V, con el texto planteado por el diputado Gerardo Sosa, como
adición.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Se pide se
hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder
a la votación nominal del artículo 5º. Y 36, fracción V, de las propuestas hechas por
el diputado Gerardo Sosa.
(Votación)
Se emitieron 342 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones.
LA C. PRESIDENTA.- Aprobadas las modificaciones propuestas al
artículo 5º. y al artículo 36, fracción V de la Ley de Ciencia y Tecnología, por 342
votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto
por el que se expide la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia acaba de recibir un oficio de la Cámara de
Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ.-
(Oficio de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de
Senadores)
LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Relaciones
Exteriores.
El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura del
dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de
la Ley de Instituciones de Crédito; de las Leyes Orgánicas de Nacional Financiera, Banco
de Comercio Exterior, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de
Sociedad Hipotecaria Federal.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la
lectura al dictamen.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Por
instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al
dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA.- Se le dispensa la lectura.
Tiene la palabra el diputado Enrique De la Madrid Cordero por la
Comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
-DIP. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO: Con su permiso señora
presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El día de hoy vengo a nombre de la Comisión de Hacienda, a
fundamentar el dictamen del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
relacionadas con la banca de desarrollo.
La banca de desarrollo jugó en el pasado un papel muy
importante en la construcción de grandes y complejos proyectos de infraestructura:
irrigación,
carreteras, ferrocarriles, puertos, así como la promoción del
desarrollo industrial agropecuario y turístico de nuestro país y en la canalización del
crédito a sectores y regiones prioritarios.
Asimismo contribuyó al fortalecimiento del sistema financiero
mexicano y en particular el del mercado de capitales. No obstante lo arriba señalado, hay
quienes han cuestionado la necesidad de una banca de desarrollo en nuestro país,
argumentando que representa una competencia desleal para la banca comercial que otorga
créditos a veces a tasas subsidiadas, distorsionando así los mercados financieros que
cuentan con insuficiente capacidad de análisis de crédito, así como inadecuados
procedimientos de recuperación de cartera,
mismos que no han culminado según señalan en procesos de
saneamiento financiero con un importante costo fiscal. Ante estas posturas señalamos que
no es legítimo criticar al instrumento por el mal uso que muchas veces las propias
autoridades han hecho del mismo.
Asimismo señalamos que el nivel de desarrollo económico y
social del país y la falta de acceso a la asesoría de crédito por importantes sectores
de la población mexicana, más que justifica la presencia activa de la banca de
desarrollo. En México un número muy importante de personas viven niveles de pobreza
extrema.
Por otra parte, el desarrollo de regiones y sectores ha sido
desequilibrado. En ese sentido, cabe resaltar que según cifras de 1995, el 90% de las
exportaciones directas del país, fueron realizadas por tan solo el 10% de las empresas,
mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 98% del empleo del
país no han logrado integrarse con el sector exportador.
Asimismo el crédito al sector productivo ha disminuido en
términos reales en los últimos años. Se estima además que en los próximo veinte, la
población mexicana crecerá alrededor de e130 millones de mexicanos, lo que implica
generar más de millón y medio de empleos cada año.
A fin de hacer frente a estos enormes retos, el Estado Mexicano
requiere instrumentar una serie de políticas de fomento que incrementen la productividad
y competitividad de nuestras empresas y trabajadores a fin de mejorar significativamente
los niveles de vida de nuestra población.
Es en este contexto y dada su posición estratégica,
consideramos que la banca de desarrollo en México debe constituirse en uno de los
principales instrumentos de nuestra política de fomento y desarrollo, que apoye a
regiones y sectores estratégicos no sólo por su rentabilidad económica, sino también
por su rentabilidad social y su importante generación de empleos.
Por ello, en los trabajos de conferencia que llevamos a cabo las
Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, realizamos una serie de
modificaciones a las iniciativas que nos enviara el Ejecutivo el pasado mes de abril del
año de 2001, con el propósito de fortalecer institucionalmente a los bancos de
desarrollo y estar entonces, en condiciones de utilizarlo como un instrumento efectivo de
financiamiento para el país.
¿En qué consisten las reformas a las diversas leyes de banca
de desarrollo?
La idea fundamental detrás de estas reformas es otorgarle una
mucho mayor autonomía de gestión a los bancos de desarrollo, en todo lo relativo a su
régimen interno, así como una administración más profesional de sus recursos humanos.
Los bancos de desarrollo actuarán con mucha mayor libertad,
pero siempre dentro de los límites de endeudamiento y financiamiento que exige la
Secretaría de Hacienda, así como administrarán sus riesgos de manera prudente para
conservar su capital y así también cuidar las finanzas públicas.
Esto es, una vez establecidos estos límites, la Secretaría de
Hacienda tendrá facultades para participar en las decisiones internas de los bancos de
desarrollo, salvo en su carácter de miembro del consejo directivo de los mismos. Con el propósito de fortalecer la práctica de planeación en
la banca de desarrollo, se incorporó la obligación de que cada banco deberá elaborar su
programa institucional, mismo que tiene como propósito establecer la misión, los
objetivos y las acciones que deberán de llevar a cabo.
De igual forma deberán establecer mecanismos de coordinación
entre los diferentes bancos de desarrollo, para evitar las consabidas duplicidades que
existen y propiciar así un mejor servicio para los clientes.
Cabe destacar también la incorporación dentro de los consejos,
de la figura del consejero independiente, conforme a las mejores prácticas corporativas.
Si bien en la mayoría de los consejos directivos no habrá más que un solo consejero
independiente, esta Comisión considera que la incorporación de los mismos será de mucha
utilidad, sobre todo para fortalecer los temas institucionales.
Dado el mayor nivel de facultades de los consejeros, se
incorporó también la obligación de que éstos firmen una carta responsiva en donde
acepten y reconozcan los derechos y las obligaciones que derivan de su cargo.
Una de las acciones más decididas para fortalecer a estos
bancos es la creación del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional. La
propuesta del Ejecutivo consistía básicamente en la creación de comités de sueldos que
tenían como objetivo analizar y aprobar los sueldos, pero solamente de los niveles
superiores, sin pasar por la autorización de la Unidad de Servicio Civil de Carrera de la
Secretaría de Hacienda.
Para esta Comisión resultaba esta propuesta excesivamente
limitada ya que se requiere algo mucho más para que se mejores las condiciones para
arraigar al mejor personal, al más calificado.
Es así que se propuso la creación de un Comité de Recursos
Humanos y de Desarrollo Institucional como un comité auxiliar del Consejo Directivo y que
tenga como propósito el analizar las propuestas del director general en materia de
políticas de selección del personal, promoción, compensación, retiro anticipado y
jubilación.
Los salarios por sí mismos no son incentivo suficiente para
arraigar al mejor personal; se requiere de una serie de instrumentos que trabajen de
manera coordinada para lograr dicho fin. El objetivo es tener instituciones de banca de
desarrollo más sólidas y eficaces para convertirse así en un instrumento más poderoso
de una política económica de fomento renovada.
En materia de recursos humanos y presupuesto se otorgan plenas
facultades al Consejo Directivo.
A fin de fortalecer el capital de los bancos y con ello
minimizar el riesgo de pérdidas fiscales, el Ejecutivo propuso la obligación a cada
banco de desarrollar un fideicomiso mediante aportaciones que estuvieran basadas en el
saldo de sus pasivos. Esta Comisión está de acuerdo con el espíritu de la propuesta,
pero considera que en lugar de que la Secretaría de Hacienda sea la que determine la
cuota al millar, ésta sea una función de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Esto se debe a que la CNBV es la entidad supervisora de los
bancos de desarrollo, cuenta también con mayor información, y también para dejar
establecido, con plena claridad, la responsabilidad en el caso de que estas reservas no
resultaren en un futuro suficientes.
A fin de que esta disposición no genere un costo excesivo sobre
los bancos y con ello afecte las tasas a las que prestan a los usuarios, se elimina la
participación de la SECODAM en la inspección y supervisión de las operaciones
estrictamente bancarias, evitando así duplicidades con la propia Comisión Bancaria y
disminuyendo con ello un importante costo de operación a cargo de los bancos.
Es importante reconocer que esta Comisión no consideró
procedente la solicitud del Ejecutivo de que no se aplicara a los bancos de desarrollo la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, sabemos
de los excesos burocráticos y poco efectivos a que ha llegado la SECODAM en la
aplicación de estas normas, por lo que estamos en la mejor disposición de hacer una
revisión integral sobre el tema con las autoridades competentes.
A propuesta de los legisladores se incorpora un nuevo capítulo
sobre las obligaciones de la banca de desarrollo para informar al Congreso de la Unión
sobre muy diversos temas, dentro de los que destacan los montos de las transferencias y de
los subsidios que reciben los bancos o los gastos que realizan y que pudieran o debieran
ser motivo de subsidio. De igual forma deberán informar de las contingencias que
enfrentan por el otorgamiento de garantías o en las contingencias laborales.
Compañeras y compañeros diputados: la banca de desarrollo en
México debe constituirse en uno de los principales instrumentos de política económica y
social de nuestro país,
Dentro de sus principales objetivos deben estar el complementar
las actividades de financiamiento de la banca comercial y de los intermediarios
financieros no bancarios. Debe también fortalecer la productividad y competitividad de
nuestra economía. Debe contribuir a disminuir el todavía excesivo endeudamiento de
algunos sectores y de empresas mexicanas y debe convertirse también en uno de los
principales promotores del cambio estructural.
Para lograr todo ello requeríamos antes de instituciones
fuertes y eficientes, con recursos humanos de calidad y plenamente comprometidos con su
misión y objetivos. Las reformas aquí propuestas nos dan el instrumento. Será ahora
nuestra responsabilidad definir una nueva política de financiamiento a fin de que todos
aquellos sujetos de crédito que lo deseen puedan acceder al mismo en los plazos y en las
condiciones adecuadas.
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL:
Gracias, ciudadano Diputado.
En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se han registrado para fijar posición de sus grupos
parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados:
Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado
Félix Castellanos Hernández.
Por el grupo parlamentario del PRD, la diputada Rosalinda López
Hernández.
Por el grupo parlamentario del PAN, el diputado Jaime Salazar
Silva y
Por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Jorge Chávez
Presa.
Tiene la palabra el diputado Félix Castellanos. Me informan en
este momento de cambio de orador a nombre del PT y será el diputado Víctor García
Dávila.
- EL C. DIPUTADO VICTOR GARCIA DAVILA: Con la venia de la
Presidencia.
Compañeras y compañeros Diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta
tribuna con el propósito de fijar su posición en torno al dictamen con proyecto de
decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones
de Crédito, de las Leyes Orgánicas de Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea
y Armada, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de la Sociedad Hipotecaria
Federal.
Desde el punto de vista de los diputados integrantes del grupo
parlamentario del Partido del Trabajo las reformas y adiciones propuestas en el dictamen
en comento para lograr que el funcionamiento de la banca de desarrollo se transforme en
beneficio de la economía del país, es excesivamente limitada, parcial, de tipo
burocrática y no resolverá en el mediano y largo plazo los largos problemas que
enfrentan en materia de financiamiento los productores de las diversas actividades
económicas.
En realidad el único ámbito en el que hacen énfasis las
reformas propuestas a las leyes orgánicas que regulan la existencia de la banca de
desarrollo se inscriben marcadamente en la administración de estas instituciones
crediticias, pero no alientan su integración con el desarrollo económico ni mucho menos,
ni mucho menos establecen exigencias para garantizar que los productores que
estructuralmente no tienen acceso al crédito puedan tener la garantía de que algún tipo
de banco pueda realizar esa función.
Fue más la expectación que causó la posibilidad de que los
cambios propuestos a tales leyes orgánicas iban a beneficiar a los productores de
vivienda de interés social, a los productores agropecuarios, a las medianas y pequeñas
empresas. Pero al final estas expectativas se diluyeron cuando nos enteramos a través del
dictamen que hoy discutimos, que la situación de la banca de desarrollo no va a cambiar,
que las cosas van a seguir igual o van a empeorar.
En estas circunstancias nosotros preguntamos: ¿Vamos a aprobar
reformas que son simples maquillajes de una situación que a todas luces resulta
insostenible? ¿Acaso quienes dictaminaron las adiciones y reformas a las leyes orgánicas
de estas instituciones financieras no han entendido que la falta de créditos a nuestros
productores agropecuarios, de la industria y los servicios no es resultado de la
imperfección de los mercados financieros como se asienta en los antecedentes del proyecto
de dictamen que hoy discutimos?
Por todos lados que veamos la gravedad de los problemas
financieros de este país, queda claro que la banca comercial prácticamente no presta
recursos al sector productivo. Los datos son contundentes y saltan a la vista.
En los últimos siete años el financiamiento de las
instituciones financieras al sector privado cayó en cerca del 80 por ciento. Por lo
tanto, el crédito entre proveedores de bienes y servicios se constituyó en la principal
forma de acceso al financiamiento de los grandes empresarios.
Para todo mundo es conocido que quienes tienen acceso preferente
al sistema de crédito son los grandes consorcios empresariales, porque solo ellos tienen
capacidad de garantizar el reflujo de los recursos prestados. Por lo tanto, la exclusión
de millones de pequeños y medianos productores no es resultado de imperfecciones de estos
mercados financieros, sino de problemas estructurales que se derivan de la tendencia de la
economía a crear grandes grupos económicos que concentran todo desde la producción, los
ingresos y el acceso al crédito.
En estas circunstancias nosotros volvemos a preguntar: ¿cómo
vamos a cubrir los vacíos que se producen para estos millones de productores que no
tienen acceso preferente a los recursos financieros que intermedian los bancos privados?
Compañeras y compañeros Diputados:
Nosotros pensamos que una verdadera reforma de la banca de
desarrollo tiene que partir por reconocer la situación en la que viven estos pequeños y
medianos productores. Esto nos llevaría a plantear la exigencia de convertir a estas
instituciones en banca de primer piso, que sea capaz de captar recursos del público
inversionista, pero también que los canalice preferentemente a apoyar las actividades
productivas de millones de mexicanos que se encuentran históricamente impedidos para
acceder al crédito de la banca comercial.
En esas circunstancias, creemos que la conversión de la banca
de desarrollo en un verdadero brazo financiero gubernamental, que apoye a los sectores y a
las actividades económicas que más lo requieren, debe ser el verdadero sentido de una
reforma de fondo de estas instituciones, para garantizar la sobrevivencia de éstas y
romper con el carácter parasitario que hay asumido, dado la enorme cantidad de recursos
fiscales que se tienen que destinar anualmente a cubrir el costo financiero de la abultada
deuda que mantienen desde hace años.
Por las consideraciones expuestas, el Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo votará en lo general y en lo particular contra el dictamen en
comento, por considerarlo insuficiente para encausar la actividad de las instituciones que
conforman la banca de desarrollo de nuestra nación.
Por su atención, muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputado.
Tiene el uso de la tribuna la diputada Rosalinda López
Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.
-DIP. ROSALINDA LOPEZ HERNÁNDEZ: Con el permiso de la
Presidencia.
Compañeras y compañeros: Las instituciones de banca de
desarrollo tienen por objeto atender aquellas personas que por imperfecciones de los
mercados no son atendidos por intermediarios financieros privados. En la mayoría de los
casos se trata de sectores e individuos que no son sujetos de crédito para la banca
privada.
El dictamen que el día de hoy ponemos a su consideración, es
el resultado del trabajo consensuado por un grupo de trabajo que incluyó al Senado y a
esta Cámara de Diputados.
Las modificaciones realizadas por el grupo de trabajo están
encaminadas a la modernización y eficiencia en el uso de los recursos, con lo que opera
la banca de desarrollo.
Los Consejos Directivos de cada institución contarán con
facultades adicionales que les permitirán operar de manera más ágil e independiente,
pero a la vez bajo la estricta supervisión de las autoridades financieras y de esta
Cámara de Diputados.
El dictamen otorga al órgano de administración de las
sociedades, la facultad para crear los Comités de Sueldos y Prestaciones y el de
Administración Integral de Riesgos. El primero de ellos como un órgano de apoyo que
opinará y propondrá al Consejo Directivo de cada institución, los términos y
condiciones bajo los cuales se desarrollarán las relaciones entre las instituciones de
banca de desarrollo y sus trabajadores, de acuerdo a las condiciones del mercado y a las
posibilidades de cada institución, acortes también con el sector, eliminando así
facultades discrecionales y brindando mayor seguridad jurídica.
En materia de administración de riesgos, el Consejo Directivo
podrá crear comités con el objeto de que se diversifiquen dichos riesgos y se acoten los
límites máximos de responsabilidades directas y contingentes en congruencia a lo que
diversas disposiciones de carácter prudencial señalan.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá
máximos globales de cada institución, para atender sus necesidades de gasto corriente,
inversión física, niveles de endeudamiento neto interno y externo, financiamiento neto e
intermediación financiera, con el objeto de controlar el impacto de la demanda agregada
de acuerdo con la política macroeconómica establecida.
Con el objeto de establecer con claridad la competencia de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para determinar las características de las
operaciones activa, pasiva y de servicios y la propia del Banco de México, en los casos
de operaciones pasivas que impliquen captación de recursos del público, fideicomisos,
mandatos, comisiones, operaciones en el mercado de dinero, así como operaciones
financieras conocidas como derivadas, se incorpore en cada Ley Orgánica de las Sociedades
Nacionales de Crédito una reforma en este sentido, que busca establecer con claridad el
ámbito de competencia de cada una de las instituciones.
Con la intención de que las instituciones de banca de
desarrollo solamente atiendan a los sectores que les corresponde conforme a sujeto y no
distraigan recursos a sectores o personas determinadas o que pertenezcan a grupos con
intereses comunes, distintos a los intermediarios financieros el propio Consejo Directivo
de cada institución establecerá los límites para operaciones crediticias en este caso.
Asimismo con el propósito de evitar el uso de recursos fiscales
por parte de las instituciones de Banca de Desarrollo para hacer frente a la garantía que
el Gobierno Federal les otorga por Ministerio de Ley, se incorpora una obligación por
parte de las sociedades nacionales de crédito de aportar recursos a un Fideicomiso que
tendrá entre sus fines apoyar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la
captación que realicen del público en general, así como para contribuir al
fortalecimiento del capital d e dichas sociedades a efecto de asegurarles permanencia en
el mediano y largo plazo.
A propuesta de Legisladores, en el caso específico de BANOBRAS
, se crean los Consejos Consultivos Estatales a fin de darle seguimiento a los programas
del Banco y realizar propuestas sobre programas y acciones futuras.
Se incorporan asimismo como Consejeros de a Serie "B"
representantes de las entidades federativas y los municipios, se incorpora al igual que en
las leyes financieras aprobadas el año pasado la figura del Consejero Independiente,
nombramiento que deberá recaer en personas que por sus conocimientos, experiencia y
prestigio profesional sean ampliamente reconocidos.
Estos Consejeros representarán a la Seria "B" de
Certificados de Aportación Patrimonial.
Es importante destacar asimismo, que los Consejeros
Independientes no deberán tener ningún vínculo con la sociedad que representen, un
conflicto de intereses, además de la confidencialidad que deberán guardar de los asuntos
que se ventilen en el seno del órgano colegiado respectivo.
Las reformas además buscan reafirmar la participación de las
instituciones de Banca de Desarrollo a través de instituciones financieras privadas que
asuman, total o parcialmente, el riesgo de recuperación de los apoyos, no obstante que
existen algunas excepciones en operaciones que dada su naturaleza o por circunstancias
especiales deben atenderse de manera directa.
Sin lugar a dudas, estas reformas implican una mayor libertad a
las instituciones de Banca de Desarrollo y por lo tanto estamos convencidos de que
ayudarán a restituir su papel central que deben jugar la Banca de Desarrollo en el
crecimiento de la economía.
Compañeras y compañeros, el grupo parlamentario del Partido de
la Revolución Democrática, votará a favor de este Dictamen en virtud de que para
nosotros el desarrollo de los sectores productivos del país apoyados por una comprometida
Banca de Desarrollo, es un elemento clave para el fortalecimiento del mercado interno y
con ello el empleo y el crecimiento económico.
Gracias. (aplausos).
-EL C. VICEPRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL:
Gracias Diputada. Inmediatamente tiene el uso de la tribuna el diputado Jaime Salazar
Silva del Partido de Acción Nacional hasta por diez minutos.
-EL C. DIPUTADO JAIME SALAZAR SILVA:- Con su venia Diputado
Presidente. Nos encontramos ante un evento de gran trascendencia, el Congreso de la Unión
concretamente, esta Cámara de Diputados, analizar, discute y muy probablemente apruebe
una serie de modificaciones a una parte del Sistema Bancario del país denominado Banca de
Desarrollo.
Es de todos conocido, cómo ha transcurrido ya un largo trecho
en que la Banca de Desarrollo dejó en el olvido su contribución con el desarrollo
económico y social del país.
Asimismo , también la conciencia colectiva ha olvidado aquellas
características intrínsecas que diferencian la razón de ser y la acción de estos
intermediarios con el resto de los intermediarios bancarios.
Hoy con el trabajo y las decisiones tomadas bajo consenso entre
los representantes de la sociedad en esta Legislatura, recogemos y retomamos claros y
convencidos que este instrumento de todos debe de existir para llevar a cabo las
necesidades fundamentales para el desarrollo que demandan los mexicanos.
Esta forma de ver el significado de la Banca de Desarrollo aún
prevalece, así lo reconocen estudiosos y los tomadores de decisiones, en la economía
mexicana prevalecen las características de fuertes distorsiones de carácter estructural,
donde el mercado es incapaz de llevar a cabo las labores y los proyectos que estas
instituciones realizan; la necesidad de un mecanismo efectivo que permita expandir
cabalmente el beneficio individual en beneficio social.
Por esto, los diputados de Acción Nacional estamos convencidos
que la banca de desarrollo debe especializarse en canalizar recursos financieros y
técnicos hacia aquellos programas y actividades de la economía nacional que demandan el
cumplimiento de tres requisitos esenciales que han sido olvidados por la banca de
desarrollo:
Primero, que sean proyectos sustentados en aquellas necesidades
que verdaderamente generen un impacto social importante y que bajo consensos entre
sociedad y gobierno, de manera responsable sean recogidos y llevados a cabo.
Segundo, deben ser proyectos cuyo impacto sea de larga
maduración que permitan fincar cimientos sólidos que contribuyan en el desarrollo
económico y social del país.
Tercero, por los compromisos tan importantes que demandan las
dos consideraciones previas, que se disponga sin contratiempo de los recursos económicos
y humanos necesarios y suficientes que logren emprender y aterrizar los proyectos de alto
valor estratégico para el porvenir de los que representamos.
La necesidad de esta reforma es tan apremiante como se desprende
de los indicadores que señalan cómo la función de la banca de desarrollo se ha perdido
en la economía del país.
Antes del inolvidable error de diciembre, donde el país
enfrentó la caída más severa de su economía, la banca de desarrollo contribuía con el
11.63.% de crédito otorgado por el sistema bancario como porcentaje del PIB; para 2001,
este peso se ha reducido hasta significar sólo el 6.8%.
La banca social o institución de banca de desarrollo pueden y
deben cumplir una función mucho más importante en el desarrollo estatal, regional y
nacional. Si bien las modificaciones normativas por sí solas no resolverán el problema
identificado por muchos como un proceso crónico de ineficiencia, sí creemos que vendrá
a dar renovados bríos al sistema ya que se prevén elementos que darán holgura y
agilidad en la toma de decisiones previéndose con ello una banca de desarrollo más
acorde a la realidad del presente y de esta manera cumplir la verdadera función que tiene
destinada.
Las modificaciones que se proponen y que se encuentran plasmadas
en el dictamen en cuestión, contemplan cambios de gran trascendencia que se sustentan en
tres objetivos centrales:
1º.- Fortalecer la banca de desarrollo y reafirmar el interés
del Estado para que se multipliquen sus apoyos a través del fortalecimiento de su
capital, autonomía de gestión y responsabilidad fiscal.
2º.- Asegurar que la actividad de la banca de desarrollo
realmente se enfoque en cumplir los intereses de financiamiento de aquellas actividades y
sectores claves para el desarrollo de mediano y largo plazo que requiere el país.
3º.- Ampliar la capacidad de respuesta de la banca de
desarrollo para que sus servicios sean eficientes, fomente y fortalezca a los
intermediarios financieros y amplíe la cobertura de estos.
El trabajo de las bancas de desarrollo bajo estas reformas, se
enfocará en facilitar el acceso al financiamiento a personas físicas y morales así como
proporcionarles asistencia técnica y capacitación. Lo anterior, siempre con el
compromiso de procurar la canalización eficiente, prudente y transparente de los recursos
preservando y manteniendo su capital y garantizando la sustentabilidad de su operación.
De igual manera, se otorga a cada una de las instituciones
capacidad propia para formular sus programas operativos y financieros, sus presupuestos
generales de gasto e inversión así como sus estimaciones de ingresos desvinculando todos
estos elementos a lo hasta ahora establecido, la necesidad de la aprobación y
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito.
Dada la vinculación que se pretende dar entre las instituciones
financieras de fomento con el desarrollo nacional, cada una deberá formular sus programas
institucionales, conforme a los lineamientos y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,
así como por el Programa Nacional de Financiamiento para el Desarrollo.
Mención preponderante merece lo que para Acción Nacional
significa recobrar la esencia de la Banca de Fomento y su aportación al desarrollo
sostenido y duradero de largo plazo al obligar a cada institución para que en el programa
institucional anual se establezca un apartado de coordinación con cada una de las
instituciones de banca de desarrollo para poder instrumentar programas estratégicos de
significada envergadura para el desarrollo del país.
Otra introducción de gran relevancia es la referente a la
obligación de mantener informadas a las autoridades y al público en general y
concretamente yo diría, y haría énfasis a este Congreso de la Unión.
Compañeros diputados:
Si algún calificativo habría que otorgar a las modificaciones
propuestas, estas se circunscribirían a su trascendencia impacto en el futuro sobre el
desarrollo social de México, todo. No nos queda la menor duda, la sociedad y los tres
niveles de gobierno necesitan una banca de desarrollo fuerte y sólida, que sea capaz de
dar respuesta a proyectos sociales que impacten al mayor número de mexicanos.
Esta Cámara de Diputados contribuye para ello, estableciendo
las modificaciones requeridas para su modernización y una mayor autonomía, como
responsabilidad de convertir las aspiraciones de legislativos falta la parte del Ejecutivo
convertir estas formas en realidad, así lo creemos, será.
Las modificaciones de hoy renuevan y dan viabilidad al marco
jurídico bancario, establece las condiciones justas e indispensables para revivir la
relación entre las instituciones de crédito y los demandantes del servicio bancario.
Esto abre la posibilidad de reactivar la actividad del crédito, de estos intermediarios
bancarios públicos que de manera circunstancial coincide con el momento que hoy
manifiesta la banca privada, lo que en conjunto para el sistema bancario nacional debe de
significar ya su reincorporación de manera sólida, decidida y definitiva al crecimiento
económico que tanto deseamos todos los mexicanos.
Por todo lo anterior, el grupo parlamentario de Acción Nacional
votará a favor del presente dictamen y solicitamos respetuosamente que todos y todas los
señores diputados lo hagan de igual manera.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Alejandro Chávez
Presa, por el Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
-EL C. DIPUTADO JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA: Con el permiso de
la Presidencia de la Mesa Directiva.
Compañeras y compañeros legisladores:
Es un honor exponer a ustedes el posicionamiento del grupo
parlamentario del PRI sobre las reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y a
diversas leyes orgánicas de la Banca de Desarrollo.
Para México crecer no es un lujo, crecer es una necesidad.
Nuestro país necesita que sus actividades productivas no sólo generen bienes y servicios
para el consumo interno y la exportación, sino también empleos.
La dinámica poblacional nos dicta generar más de un millón de
empleos anuales, meta ofrecida que aún no vemos cumplida.
Para crear empleo se requiere de inversión; en consecuencia,
debemos centrar los esfuerzos en fortalecer los instrumentos de los que dispone el país
para promover la inversión productiva y con ello impulsar el crecimiento económico. Uno
de estos instrumentos es la Banca de Desarrollo, de ahí la importancia de tener a gentes
eficaces en transformar el ahorro en crédito que se traduzca en inversión.
Las propuestas de reforma al marco jurídico de la Banca de
Desarrollo que hemos dictaminado y hoy discutimos, van encaminadas a este propósito. Con
estas modificaciones buscamos fortalecer a la Banca de Desarrollo para que canalice de
manera oportuna y al menor costo posible, recursos a las actividades productivas. Se
fortalece a la Banca de Desarrollo al introducir incentivos para agilizar la
administración y promover la rendición de cuentas de las instituciones. También se
consolida la disciplina financiera necesaria para evitar pérdidas que eventualmente
pagaría el contribuyente. Estamos modernizando a la Banca de Desarrollo para que cumpla
mejor con su función social.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional,
atendiendo a sus principios y programas de acción, impulsamos en la legislación
económica y financiera medidas orientadas a impulsar el crecimiento y el desarrollo
económico, la distribución equitativa del ingreso y a reducir las brechas de desigualdad
social y regional. La Banca de Desarrollo tiene la tarea de canalizar recursos a mejores
plazos, mayores plazos, a menores costos financieros para proyectos productivos de
particulares y del sector social y proyectos de infraestructura. La contribución de la
Banca de Desarrollo se aprecia en la medida que aumenta la capacidad productiva del país,
porque ha habido una expansión de la infraestructura la cual es básica para poder abrir
fuentes de empleo.
Estamos convencidos de que la Banca de Desarrollo debe
mantenerse y fortalecerse como un instrumento de Estado para el otorgamiento de créditos
a proyectos productivos viables, en sectores y regiones que no tienen acceso a los
créditos de la banca privada. Por ello consideramos que el Estado debe asegurarse de que
estas instituciones cuenten con los recursos necesarios para apoyar esta función
eminentemente social.
En el grupo de trabajo de la Comisión de Hacienda y Crédito
Público, los diputados del PRI llevamos a cabo una intensa labor de análisis y
discusión mostrando nuestra actitud constructiva, lo cual permitió enriquecer
sustancialmente la propuesta del Ejecutivo.
Quiero destacar nuestras diferencias con la propuesta del
Ejecutivo. El Ejecutivo Federal envió una propuesta, una iniciativa caracterizada por lo
siguiente: cómo pagar más a los funcionarios de la Banca de Desarrollo; cómo establecer
dentro de las leyes orgánicas de estas instituciones, marcos jurídicos ad hoc para las
adquisiciones y cómo introducir la figura de consejeros independientes.
Con nuestro trabajo contribuimos al diseño de una reforma de
fondo para modernizar la Banca de Desarrollo y hacerla más eficiente. Nos guiamos por los
siguientes principios:
Primero. Diseñemos los incentivos para generar conductas
responsables que preserven el capital de los bancos.
Segundo. Promovamos una mayor autonomía de gestión para
aumentar la eficiencia.
Tercero. Demos claridad y certidumbre a la relación entre la
Banca de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda.
Cuarto. Fortalezcamos los consejos directivos, y
Quinto. Promover el federalismo.
Con base en estos principios, los legisladores del PRI
propusimos e impulsamos diversas reformas que quiero compartir con ustedes. Establecimos
en ley como objeto fundamental de las instituciones de Banca de Desarrollo, facilitar el
acceso al financiamiento y brindar asesoría técnica y capacitación. Como una de las
principales aportaciones que hicimos, fue que introdujimos la medida de responsabilidad
financiera, ahora estas instituciones y así queda en ley- deben preservar y
mantener su capital, garantizando la sustentabilidad de su operación con la canalización
eficiente, prudente y transparente de sus recursos. que ya no requieran autorización de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público de sus programas operativos y financieros. El marco que da lugar a la
autonomía de gestión, es el establecimiento de los límites de endeudamiento y
financiamiento neto que definirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En general con las reformas puestas a consideración de esta
Cámara, hemos incluido mayores atribuciones a los Consejos Directivos de los bancos,
limitando la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Impulsamos una mayor participación de los gobiernos estatales
en el Consejo de Dirección de Banobras, a fin de que esta institución refleje el
auténtico federalismo.
Para mantener la coordinación e integración de las políticas
de financiamiento público, propusimos establecer la obligación de que los programas
mencionados sean acordes a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y al Programa
Nacional de Financiamiento al Desarrollo.
Incorporamos también la visión estratégica en estas
instituciones al establecer la obligación de que cada banco elabore su programa
institucional. También impulsamos un avance en la transparencia financiera de la banca de
desarrollo, al incorporar la obligación de presentar mayor información, tanto al
público en general, como a este Congreso de la Unión, con ello avanzamos en uno de los
principios que como Legislatura hemos estado impulsando: la rendición de cuentas.
Los diputados del PRI promovimos también la responsabilidad y
rendición de cuentas de los miembros del Consejo de Dirección, al establecer que
deberán firmar una responsiva en que acepten los derechos y las obligaciones que deriven
del cargo. De esta manera sabrán a lo que van a las reuniones.
Consideramos inadecuado que se establezca un régimen de
excepción a la banca de desarrollo en materia de adquisiciones, por lo que continuará
aplicando la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público así
como la de obra pública.
Esto no significa que la legislación en esta materia sea la
más idónea, reconocemos que debe reformarse el marco jurídico de éstas, para tomar en
cuenta diferencias entre dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales.
Para ello, los representantes que nos acompañaron en los grupos
de trabajo del Ejecutivo Federal, se comprometieron para que el Ejecutivo Federal envíe
una iniciativa de reforma en este sentido.
Con las reformas que hoy discutimos en esta Cámara contribuimos
para que el Ejecutivo Federal tenga mayores márgenes de maniobra, para apuntar a la banca
de desarrollo, como instrumento que contribuya al gran desafío de México, contribuir al
crecimiento económico, mediante el impulso del financiamiento sano y competitivo.
En el grupo parlamentario del PRI estamos satisfechos de nuestra
labor en la preparación de este dictamen, buscamos que las reformas se traduzcan en una
operación bancaria, moderna y eficiente, que resulte en un sistema más sólido que
beneficie a los mexicanos, en particular, a todos aquellos que tienen el deseo de
participar en los procesos productivos.
Hemos cumplido, ahora esperamos mejores resultados de nuestros
directores en la banca de desarrollo.
Por lo expuesto anteriormente, manifestamos nuestro voto a favor
del dictamen.
Es cuanto señora presidenta.
-LA C.- PRESIDENTA: Gracias diputado. Después de la fijación
de posiciones consultamos a la H. Asamblea si hay registro de oradores para la discusión
en lo general.
No habiendo registro de oradores, le ruego a la Secretaría
consulte a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo
general.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por
instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si el
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del
Congreso General se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para
discutirlo en lo particular y la ley de que se trata.
Tiene la palabra el diputado Enrique de la Madrid.
-EL C. DIPUTADO ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO (desde su curul):
La Comisión, estaría yo reservando o mas bien proponiendo también adiciones por parte
de la Comisión de Hacienda.
LA C. PRESIDENTA.- ¿Sobre qué artículos, diputado?
EL C. DIP. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, (desde su curul).-
Sería de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, se reformaría la
fracción IV del artículo 6º. También de la Ley de Instituciones de Crédito la
fracción III y el último párrafo al artículo 42.
De la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, se reforma el artículo 3º.; existe sobre la misma ley una adición al
artículo noveno transitorio.
De la Ley de Instituciones de Crédito, se reforma el artículo
47, primer párrafo y de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, la fracción II del artículo 17.
LA C. PRESIDENTA.- Se consulta si hay la reserva de algunos
otros artículos por parte de otro colega u otra colega legislador o legisladora.
No siendo así, voy a dar lectura para el caso de que haya
alguna omisión.
De la Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior el artículo
6º, fracción IV; de la Ley de Instituciones de Crédito el artículo 42, fracción III y
último párrafo y una adición al artículo 47; de la Ley Orgánica del Banco Nacional de
Obras y Servicios Públicos el artículo 3º., el artículo 17, fracción II y una
adición de artículo noveno transitorio. ¿Al proyecto de decreto en general o al
relativo a la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, diputado De
la Madrid?
EL C. DIP. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO, (desde su curul).- Al
decreto en general.
LA C. PRESIDENTA.- Correcto.
Adicionalmente, esta Presidencia informa que se ha distribuido
una fe de erratas con toda oportunidad y que en el momento de proceder a la votación en
lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, estaremos incorporando las
precisiones de la fe de erratas que ya está en poder de los señores diputados y en poder
de esta Secretaría de la Mesa Directiva.
Abrase el sistema electrónico hasta por diez minutos, para
proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Se pide se
hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a
la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(votación)
Se emitieron 336 votos en pro, 0 en contra, 2 abstenciones.
LA C. PRESIDENTA.- Aprobados en lo general y en lo particular,
con la fe de erratas de la que dimos cuenta oportunamente, los artículos no impugnados en
lo particular y en lo general, la minuta, por 336 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión
en lo particular los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito, el 42, fracción
III y último párrafo y una adición al artículo 47; de la Ley Orgánica del Banco de
Comercio Exterior el artículo 6º., fracción IV; de la Ley Orgánica del Banco Nacional
de Obras y Servicios Públicos el artículo 3º., el artículo 17, fracción II; y la
adición de un artículo noveno transitorio al proyecto de decreto.
Por la Comisión presentará estas modificaciones y adiciones,
el diputado Enrique de la Madrid Cordero.
.-DIP. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO: Con su permiso presidenta:
Las propuestas serían las siguientes:
De la Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior, se
reforma la fracción IV del artículo 6o. para decir "Cuando sea del interés el
promover las exportaciones mexicanas podrá participar en el capital social de empresas de
comercio exterior, consorcios de exportación y en empresas que otorguen seguro de
crédito al comercio exterior, en los términos del artículo 31 de esta ley.
"Asimismo podrá participar en el capital social de
sociedades de inversión y sociedades operadoras de ésta"
El artículo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, la
fracción III diría: "Aprobar el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas
en el extranjero. Se adiciona el párrafo que dice: "... asimismo le corresponde
aprobar el establecimiento de sucursales, agencias y oficinas del país, así como su
reubicación y clausura en el país o en el extranjero, debiendo informar a la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público"
De la misma Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 47,
se adiciona una última frase para decir: "... por lo que corresponde a los sistemas
de registro y contabilidad de las operaciones bancarias, no será aplicable lo dispuesto
en la fracción VIII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal"
De la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, se reforma el artículo 3o. para decir: "El Banco Nacional de Obras y
Servicios Públicos como institución de banca de desarrollo, tendrá por objeto financiar
o refinanciar proyectos de inversión pública o privada, en infraestructura y servicios
públicos, así como a coadyuvar el fortalecimiento institucional de los gobiernos
federales, estatales y municipales, con el propósito de contribuir al desarrollo
sustentable del país"
Igualmente se reforma la fracción II del artículo 17 que a la
letra diría: "Cinco consejeros de la seria B de certificados de aportación
patrimonial, representados por tres gobernadores y dos presidentes municipales, que serán
designados de entre los gobiernos de los estados, municipios y del Distrito Federal"
Por último, se adiciona un artículo noveno transitorio del
decreto que diría: " Los consejos consultivos estatales y nacional a que se refieren
los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, deberán integrarse y entrar en funciones dentro de los 180 días naturales
siguientes a la fecha en que entre en vigor el presente decreto"
Es cuanto señora presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
Ruego a la secretaría consultar si en términos del artículo
124 y 125, son de admitirse las propuestas presentadas a nombre de la comisión por el
diputado de la Madrid.
-DIP. SECRETARIO ADRIAN RIVERA: Por instrucciones de la
presidencia y en términos de los artículos 124 y 125, se consulta a la asamblea si son
de admitirse a discusión las propuestas presentadas a nombre de la comisión por el
diputado de la Madrid.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTA: Son de admitirse.
Ruego a la secretaría consulta al Pleno en los términos del
artículo 59 y 60, si se consideran de urgente y obvia resolución.
-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia se
consulta a la asamblea en los términos del artículo 59 y 60 del Reglamento Interior, si
se consideran de urgente y obvia resolución las propuestas hechas por el diputado de la
Madrid.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTA: De urgente y obvia resolución.
Se consulta con la asamblea si hay registro de oradores en
contra y en pro.
No habiendo registro de oradores en contra o en pro, le ruego a
la secretaría consulte en votación económica si se consideran suficientemente
discutidas.
-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia en
votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido
las propuestas hechas por el diputado de la Madrid.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
Suficientemente discutido, presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Solicito a la secretaría proceda a abrir el
sistema electrónico de votación, hasta por 5 minutos, para votar en los términos
propuestos por el diputado De la Madrid, a nombre de la Comisión, de modificaciones y
adiciones.
El artículo 42, fracción III y último párrafo y la adición
al artículo 47 de la Ley de Instituciones de Crédito, el artículo 6, fracción IV de la
Ley Orgánica del Banco de Comercio Exterior, el artículo 3, artículo 17, fracción II
de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y la adición de un
artículo 9 transitorio al proyecto de decreto.
El voto en sentido afirmativo es a favor de las propuestas de
modificaciones y adiciones planteadas por el licenciado De la Madrid. El voto en sentido
negativo es en contra de estas propuestas.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. Se pide se hagan
los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema
electrónico por 5 minutos para proceder a la votación nominal de los artículos
referidos por la presidencia.
(VOTACION)
Se emitieron 315 votos en pro, cero en contra y una abstención.
LA C. PRESIDENTA: Aprobadas las modificaciones y adiciones a los
artículos de referencia por 315 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto
que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de
Crédito, de las leyes orgánicas de Nacional Financiera, Banco de Comercio Exterior,
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea
y Armada, Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros y de Sociedad Hipotecaria
Federal.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Honorable asamblea: esta mesa directiva ha recibido solicitud
firmada por representantes de los grupos parlamentarios del PRI y del PRD y de Acción
Nacional para que, haciendo la modificación necesaria al orden del día, pudiese
presentarse en el curso de la sesión de hoy la proposición con punto de acuerdo, la
nombre de la comisión especial vinculada con el problema de los braceros y sus remesas y
pagos.
En ese sentido, le ruego a la secretaría consulte, en votación
económica, si se autoriza el cambio del orden del día para dar entrada inmediata a la
proposición con punto de acuerdo respectiva.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por
instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si
aprueba se modifique el orden del día para dar entrada a la propuesta mencionada por la
presidencia.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTA: Aprobado.
En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra al diputado Eddi
Varón Levy, al nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la
problemática que viven nuestros connacionales que trabajan en Estados Unidos.
EL C. DIPUTADO EDDI VARON LEVY: Señora presidenta de la mesa
directiva, señores secretarios de la H. Cámara de Diputados: los partidos políticos que
integran esta LVIII Legislatura de la H. Cámara de Diputados y que suscribimos el
presente punto de acuerdo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la
consideración de esta H. asamblea el siguiente punto de acuerdo para que se considere de
urgente y obvia resolución por las siguientes consideraciones.
Desde la revolución de 1910 el norte se había convertido en la
meta de muchos mexicanos para escapar de la miseria secular que era y es intrínseca en
buena parte de la población, ésta no era tan numerosa y por lo tanto no había una gran
cantidad de potenciales emigrantes.
Es precisamente durante la vigencia del Programa Bracero, entre
las décadas de 1940 y 1960, que la población de México se duplica por primera vez en un
plazo de 20 años. Todo ese tiempo es de constante crecimiento para la economía mexicana,
fueron los años del llamado Desarrollo Estabilizador, en el que las clases medias se
expandieron y la industria nacional se consolidó.
La agricultura norteamericana siempre ha dependido de la mano de
obra mexicana para su desarrollo y prosperidad, y esta zona fronteriza de El Paso, Ciudad
Juárez y otros estados fronterizos ha jugado un papel muy importante en este movimiento
histórico de trabajadores agrícolas migratorios.
Durante el Programa Bracero, de 1042 a 1964 casi 5 millones de
mexicanos entraron a laborar en los campos agrícolas de los Estados Unidos. Estos
braceros convirtieron a la agricultura americana en la más rentable y avanzada de todo el
planeta.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: El
ciudadano Diputado me solicita, con razón, que exhorte a la asamblea a poner atención a
su planteamiento.
Yo le ruego al ciudadano Diputado acerque un poquito más los
micrófonos.
- EL C. DIPUTADO EDDIE VARON LEVY: Esos braceros convirtieron a
la agricultura americana en la más rentable y avanzada de toda el planeta. Se trataba de
campesinos de las zonas agrícolas rurales más importantes de México como Coahuila,
Durango, Chihuahua, quienes además habían jugado un papel muy importante en la
Revolución Mexicana de 1910.
A pesar de que más de 2 millones de campesinos perdieron su
vida en la Revolución Mexicana de 1910, el gobierno nunca les proporcionó los medios
necesarios para sobrevivir trabajando sus tierras en sus comunidades rurales. Así que
para fines de los años 30´s, cuando los campos no rindieron lo suficiente hubo hambre y
escaseó el trabajo; el campesino tuvo que buscar otras formas de subsistencia. Esta grave
situación coincidió con la repentina demanda de mano de obra en los Estados Unidos
debido a la Segunda Guerra Mundial.
El 4 de agosto de 1942 los gobiernos de Franklin Roosvelt de los
Estados Unidos y Manuel Avila Camacho de México instituyeron el Programa Bracero. El
campesino mexicano tuvo entonces una alternativa a su pobreza al enrolarse de bracero y al
mismo tiempo se satisfacía la necesidad de brazos para trabajar los campos agrícolas
estadounidenses. Millares de mexicanos abandonaron sus comunidades y se trasladaron al
norte buscando enrolarse de braceros. La mayoría eran experimentados trabajadores del
campo que venían de lugares como La Comarca Lagunera, la más importante región
productora de algodón y de otras áreas agrícolas altamente productivas.
En unos cuantos años muchos campesinos mexicanos dejaron de
sembrar sus tierras y producir comida para sus familias con la ilusión de ganar muchos
dólares como braceros. Firmaron contratos de braceros que no entendían pero que se les
presentaba como la salida a sus problemas de angustias. Muchos candidatos a braceros
llegaron por tren al norte, donde se localizaban los principales centros de reclutamiento
de braceros.
Fue un movimiento humano único en la historia de los dos
países. Este movimiento y la presencia misma de los esperanzados campesinos mexicanos
alteró el ambiente social y la economía de la frontera. Casi una cuarta parte de los
braceros pasaron por El Paso, se les transportaba en camiones de Farens, Texas, al centro
de procesamiento de Río Vista, donde los desnudaban, los bañaban, los desinfectaban con
extraños polvos blancos y luego los entregaban a sus patrones.
De ahí partían a las distintas regiones agrícolas del
suroeste y el norte de los Estados Unidos. En Texas, Colorado, Nuevo México y
prácticamente por toda la nación fueron los que plantaron y pizcaron el algodón, el
betabel de azúcar y muchísimos otros cultivos y recibían de pago menos del 50 por
ciento de lo que ganaban los americanos.
El fin del Programa Bracero es el principio de la inmigración
ilegal en masa, al cerrarse los cursos legales de acceso a un mercado de trabajo en
persistente expansión en el que la mano de obra barata siempre ha sido indispensable,
tanto en la industria de los servicios como en el campo.
La migración hacia Estados Unidos es constante pero no se
dispara sino hasta a principios de los años ´80, cuando las crisis económicas comienzan
a ser recurrentes en México. El real aumento poblacional y las constantes crisis
económicopolíticas de fines del siglo XX, naciomexicana (?), serán determinantes en el
comportamiento del flujo migratorio hacia los Estados Unidos.
1986 es el año en el que el Congreso Americano aprueba la Ley
de control y reforma de la inmigración, la cual estaba abierta a la totalidad de los que
hasta el momento eran inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, pero dado que el grupo
más numeroso era el mexicano, la aplicación de esta ley fue determinante para el futuro
comportamiento de este segmento de la población.
Los programas de legalización se dividieron en dos grupos: el
denominado Legal Authorized Workers, el LAW, que estuvo abierto a la totalidad de los
inmigrantes ilegales, y el Special Agriculture Workers, SAW, concebido para brindar mano
de obra legalizada a la agricultura de frutos y hortalizas. En ambos programas los
mexicanos conformaron el mayor número de solicitantes, siendo de cerca del 70 por ciento
dentro de el LAW y de poco más del 90 por ciento del SAW.
En especial el segundo programa resultó ser un fracaso para las
provisiones del gobierno norteamericano y para los intereses de los rancheros que buscaban
asegurarse una población trabajadora legalizada. En primer lugar, porque buena parte de
los trabajadores agrícolas, al contar con permisos de residencia, prefirieron dedicarse a
las ocupaciones del sector terciario, que ofrecen labores menos agotadoras y proximidad a
las actividades sublúdicas.
El otro motivo de ineficacia de este programa, desde la
perspectiva de quienes lo impulsaron, fue que la mayor parte de los solicitantes jamás
habían participado en el trabajo agrícola y por medios irregulares obtuvieron la
documentación requerida para poder acceder al programa de legalización.
Pocos años después de la puesta en marcha de los programas de
legalización de los años 80s, México volvió a aparecer como uno de los
principales temas de la opinión pública norteamericana, en esta ocasión no como la
nación que invadía silenciosamente, según ellos, sino como un socio comercial en
potencia.
En Estados Unidos el discurso oficial propugna que un desarrollo
económico sostenido en México frenaría la inmigración ilegal, mientras que en México
se sueña con una mayor aceptación de emigrantes, al convertirse el conjunto de
Norteamérica en un mercado único y libre, lo cual sería en realidad el mercado global
que todos deseamos.
Como se puede observar, los temas más tratados a lo largo de la
década de los 90s, concerniente al flujo migratorio de México a Estados Unidos,
están relacionados con la evolución de la inmigración mexicana dentro de Estados
Unidos, destacando la aplicación de programas político-laborales, como el de los
braceros, y las leyes de fines de los 80s.
Para la Ley de Migración Estadounidense existen dos tipos de
visa general, la de inmigrante, que es la residencia o llamada "tarjeta verde" y
la de no inmigrante "temporal". El primero se divide en aproximadamente siete
categorías y el segundo es donde se enmarcan las visas humanitarias motivo de este punto
de acuerdo.
Las visas humanitarias sólo se otorgan de acuerdo a esta ley,
para casos de mucha emergencia. Se debe acreditar la vigencia con documentos oficiales, el
trámite es rápido pero delicado, debido a los ajustes a las leyes migratorias de Estados
Unidos y el sistema se ha vuelto riguroso, prevaleciendo el poder discriminatorio hacia
los migrantes que no mira a todos por igual.
Los braceros de todas aquellas personas que suscribieron ese
contrato con el gobierno estadounidense, aportando su trabajo a cambio de una
remuneración, son ahora adultos mayores, algunos ya no se encuentran con nosotros y
actualmente se localizan otros en sus lugares de origen e incluso algunos continúan
laborando en los Estados Unidos; varios de ellos están en nuestro país.
Por lo tanto, los diputados de todos los grupos parlamentarios
de esta Cámara de Diputados abajo firmantes, someten a esta honorable asamblea y
resuelven el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
"Primero.- Los diputados de todas las fracciones abajo
signantes de esta LVIII Legislatura que suscribimos el presente punto de acuerdo,
expresamos nuestra profunda preocupación por la problemática que viven nuestros
connacionales, específicamente en esta ocasión los que comprenden el periodo de 1942 a
1946.
"Segundo.- Que se busquen los mecanismos para que los
braceros que comprenden el mismo periodo, se integren al Programa de Visas Humanitarias
que actualmente existe bajo la normatividad de las leyes de migración
estadounidense".
Por su atención, muchas gracias.
Es cuanto señora Presidenta. Le agradecemos.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Sí diputado.
Diputado Acosta, teníamos registrado fijación de posiciones,
no un planteamiento de apertura de hechos diputado y lo tenemos registrado en ese sentido.
Quisiera ofrecer la palabra para fijar posición sobre este tema
como nos lo habían planteado, al diputado Sergio Acosta Salazar por parte del PRD y al
diputado Jorge Urdapilleta Núñez por parte del PAN y consultar si algún otro grupo
parlamentario desea inscribir orador para fijación de posiciones.
No siendo así, tiene la palabra el diputado Sergio Acosta
Salazar.
-EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR:-Gracias Diputada
Presidenta. Compañeros buenas tardes, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. A
nombre de nuestro partido de la Revolución Democrática, venimos a sumarnos a este Punto
de Acuerdo que presenta el compañero diputado Eddi Varón porque vemos que es un tema
noble, es un tema donde muchos compañeros nuestros de los años 42, 43, 44, 45 hasta el
46 estuvieron precisamente en un programa binacional que posteriormente se amplió hasta
los años 64 y que hemos visto con detalle a muchos compañeros de ellos que siguen
llorando la ausencia de no poder ver a sus familiares, que debido a una frontera, que
debido a una situación geográfica muchos compañeros únicamente han podido tener
relación a través de la comunicación del teléfono o del correo y que para ellos ha
sido muy imposible el poder acudir al vecino país del Norte dado que cada vez que quieren
ir a visitar a sus familiares son negadas sus visas ya sea porque no cumplen con los
requisitos, que se detalla por parte del Gobierno Americano o porque muchos de los casos
están registrados en las computadoras americanas y que por el hecho de no regresarles
esas pensiones, no se les da la oportunidad para que puedan ir en una visa, para que
puedan ir temporalmente a los Estados Unidos no con el ánimo de trabajar porque yo creo
que ya no les quedó este ánimo sino simplemente con el ánimo de la reunificación
familiar.
Nosotros, el Partido de la Revolución Democrática ha sido
siempre vanguardista de las luchas sociales tanto mexicanas, como en este caso también
fuera de México como es el caso de los compañeros connacionales y que hoy vemos con
tristeza que nuestro Gobierno, el Gobierno que se ha aclamado democrático y que además
llama a ellos los héroes, héroes de papel porque no les ha dado realmente lo que se
merece, porque ni en los libros de Historia aparece este fortalecimiento de la mano de
obra y que dieron de comer a los Estados Unidos después de los años de la Segunda Guerra
Mundial.
Esos hombres donde han dado una trayectoria de vida y una
trayectoria de Historia; ahora justamente piden justicia, justamente piden y claman que se
les dé la oportunidad de que muchos de sus hijos siguieron la huella de llegar a una
tierra extraña a producir en los campos agrícolas porque México no ha tenido los
programas para poder retener esta inmigración a los Estados Unidos.
Ahora ellos solicitan que se les dé por parte del Gobierno
Americano y con la gestión del Gobierno Mexicano, esas visas temporales, esas visas
humanitarias que solicitan y que obviamente lo único que desean es para poder ver a sus
familiares y poder llegar a ocupar una relación durante muchos años que no han tenido.
Durante este programa "bracero", que se ha denominado,
han ocurrido muchas anécdotas desde el hecho en que fueron engañados a través de los
centros de acopio en Irapuato y en el norte de la ciudad; desde donde la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social tasó, tasó en un convenio binacional un 10% de retención y
que hasta la fecha no se ha podido dar respuesta a ello; donde la Secretaría de
Relaciones Exteriores tenía que vigilar que se cumpliera cabalmente con los contratos; de
que la Secretaría de Gobernación tenía también la supervisión de esos grupos.
Ahora, ya cansados de peregrinar; ahora, ya cansados de andar,
la historia habla de la grandeza de los Estados Unidos como un país grande, como un país
que ha crecido no por la pureza de los americanos sino por la mescolanza de muchas
nacionalidades que ahí se han dado y han estado; es la mano de obra mexicana la que ha
sostenido y que además Estados Unidos tiene doblemente, con la edad que tiene México y
tiene garantizada esa mano de obra en los Estados Unidos.
No digan los americanos que la pureza de ellos es lo que ha
sostenido este imperio. Sabemos que ahí se reúnen de todas las etnias, de todos los
países y que no teniendo oportunidad en su país ven al país americano como el cuerno de
la abundancia, como el lugar donde puedan ellos inclusive desarrollar su inteligencia y
desarrollar su economía.
Que desagradable es que 90 mil millones de dólares ha dado
nuestra fuerza migratoria al Seguro Social de los Estados Unidos; que desagradable es que
sabiendo que la mayoría de habitantes de los mexicanos tienen 35 años y que Estados
Unidos tiene asegurada doblemente la mano de obra barata. Que triste sería que los
mexicanos no estuvieran en los Estados Unidos y a ver quién les iba a da las pensiones a
los americanos, aquellos que hacen a un lado a nuestra raza; aquellos que realmente por
bienestar y por la fuerza del trabajo laboral han podido crecer como una gran nación.
Desde aquí, desde esta tribuna nosotros nos sumamos a esta
solicitud que los connacionales hacen y que además aquellos que dieron su vida, su fuerza
laboral y que no recibieron nada a cambio, al contrario, se les retuvo un dinero que no se
les ha dado, es justo que el Gobierno en vez de hacer acuerdos a lo obscurito, haga
acuerdos visibles, acuerdos prácticos que garanticen sobre todo a estos hombres que
forman parte de nuestra nación y que no se fueron a rajar a los americanos porque el
mexicano es más inteligente todavía. No es perezoso para aprender un idioma como ese el
idioma inglés, el idioma americano, más sin en cambio los americanos hasta trabajo les
cuesta hablar nuestro propio idioma.
El mexicano tiene realmente esa inteligencia de poder
demostrarle al mundo entero que somos una importante de trabajo, que somos trabajadores
además y sobre todo, que no hay ningún impedimento para que los mexicanos podamos
realizar cualquier labor aunque inclusive no se entienda bien el idioma americano.
Nosotros queremos darle ese reconocimiento a estos braceros, a
estas personas de los años 40 y 50; a estos hombres que se les llama "la invasión
café"; nosotros simplemente diremos y alzaremos una bandera donde vamos a decir que
los mexicanos de ayer, los braceros de ayer, los braceros de ahora y los braceros de
siempre, jamás se han rajado en tierras extrañas y que por lo tanto lo único que
pedimos es la justicia, una justicia donde tienen derecho a morir en paz pero antes de
ello, a ver a sus familias y que el Gobierno mexicano haga gestiones ante el Gobierno
americano para que por lo menos les dé ese estímulo que ellos están pidiendo, que es
las visas para poder temporalmente visitar a sus hijos, a sus familias, a lo que dejaron
atrás en Estados Unidos.
Nos unimos a este punto de acuerdo, que es un punto noble y como
no, es bien válido que los mexicanos no lo demostremos únicamente montando a caballo, el
mexicano se dice, porque definitivamente es y sea una fuerza importante y formará parte
de la grandeza siempre, aunque tácitamente se diga, de los Estados Unidos de América.
Gracias, muy amables, compañeros.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del
grupo parlamentario de Acción Nacional.
-EL C. DIPUTADO JORGE URDAPILLETA NÚÑEZ: Con su permiso,
señora Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
A nombre del Partido Acción Nacional, venimos a sumarnos a este
punto de acuerdo como nos hemos venido sumando al trabajo de la Comisión Especial para la
investigación de los braceros, período 1946-1964.
Efectivamente, compañeros, nosotros en Acción Nacional
reconocemos el sacrificio que tuvieron nuestros connacionales, los conocidos como
braceros, cuando tu vieron que dejar sus casas para emigrar a un país, el cual los vio,
un país a donde tenían que ir a aventurarse, un país en el cual los recibieron con
discriminación, con tratos no adecuados.
Queremos dentro de esta suma al punto de acuerdo, manifestar que
efectivamente cuando hablamos de la visa humanitaria como un paso muy importante, también
existen otras propuestas que hemos venido manejando para ese reconocimiento de los
braceros. Pero vale la pena empezar a puntualizar que hemos hablado de fechas, hemos
hablado de situaciones distintas y lo que menos quisiéramos confundir son a esas gentes
de buena fe que afuera están esperando algo distinto.
Acción Nacional firmó este punto de acuerdo porque creemos en
él, pero también Acción Nacional quiere dejar muy claro que ya dentro de esta Comisión
nosotros empezamos a acotar el problema y no simplemente pensar en períodos de 46 al 64
con una gran expectativa, nosotros cuando hablamos, y aquí el compañero se refirió a
ese 10% que a los braseros se les retuvo, es únicamente para el período 42-46, agosto de
1942 a enero de 1946 y que esto nos representan cerca de 172 mil braceros, es ahí donde
tenemos que focalizarlo, cuando habláramos de esa retención del 10% del ahorro. Nosotros
quisiéramos, además de esta visa humanitaria, el tratar de ver un reconocimiento y a
partir de una definición clara de cuál es el problema que se tiene en estos momentos.
Hablar tan a la ligera, de que a la gente no se le regresó el
dinero, no creo que sea conveniente. Tenemos que hablar aquí de que efectivamente no se
tienen todos los registros, que efectivamente no se tiene la cuantificación de a quienes
se les regresó, pero que pudiéramos hablar de que a más del 80% sí les fue regresado
ese ahorro, pero se les haya regresado en el 90 ó en el 80 no quita la intención muy
loable que se acaba de presentar en este punto de acuerdo y al cual el Partido Acción
Nacional se suma.
Finalmente, sí quisiera mencionar que este gobierno no ha
venido manejando ninguna negociación a lo oscuro. En este gobierno se ha trabajado de
manera intersecretarial con todos los diputados federales de los diferentes grupos
parlamentarios en esta Comisión. Hemos estado platicando abiertamente y recabando la
información y discutiéndola conjuntamente. Eso no es trabajar en lo oscurito. Este
gobierno sí se preocupa por una solución y esa solución es la que esperemos conseguir
próximamente.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Consulte la secretaría a la asamblea si se considera de urgente
resolución.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación
económica, se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, si se
considera de urgente resolución la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Se considera de urgente resolución.
En consecuencia, está a discusión la proposición. Se abre el
registro de oradores en contra y en pro.
No habiendo ningún diputado que solicite el uso de la palabra,
le ruego a la secretaría consulte si se considera suficientemente discutido.
EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta a la
asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación) (votación)
LA PRESIDENTA: Suficientemente discutida.
En votación económica, le ruego a la secretaría consulte si
es de aprobarse la proposición.
EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta si se
aprueba la proposición.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Aprobada la proposición y le solicitamos a los
representantes del grupo de braceros de este periodo que se encuentran en este recinto,
nos hagan favor de comunicarle a sus compañeros la solidaridad de esta Cámara de
Diputados.
Se han recibido comunicaciones de la Junta de Coordinación
Política, de cambio de integrantes de comisiones y la petición de que se procesaran de
la manera más inmediata. Le ruego a la secretaría dar lectura de las mismas.
LA SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ:
(que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña entre como
integrante en la Comisión de Equidad y Género)
LA PRESIDENTA: De enterado.
LA MISMA SECRETARIA:
(que el diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco entre como
integrante en las Comisiones de Comunicaciones y Transportes; que el diputado Humberto
Mayans Canabal sustituya al diputado Aulárico Hernández Jerónimo en la Comisión de
Energía; que el diputado Humberto Mayans Canabal sustituya a la diputada María de los
Angeles Sánchez Lira en la Comisión de Ciencia y Tecnología; que el diputado Alejandro
Gómez Olvera salga de la Comisión de Seguridad Social)
LA PRESIDENTA: De enterado.
LA MISMA SECRETARIA:
(Que la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez sustituya a la
diputada Adela del Carmen Graniel Campos, en la Comisión de Equidad y Género)
-LA C. PRESIDENTA: De enterado.
Ruego a la Secretaría dar lectura a la Orden del Día de la
próxima sesión.
-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(LECTURA ORDEN DEL DIA)
-LA C. PRESIDENTA: (A las 20:05 hrs.) Se levanta la sesión y se
cita para el próximo lunes 29 de abril a las doce horas.
Por todo lo anterior, a fin de evitar el ingreso de cárnicos que no cumplan con las
normas de calidad y sanidad convenidas con el consecuente riesgo de sanidad pública y
animal, la Comisión de Agricultura y Ganadería considera conveniente la reforma,
adición y derogación de diversas disposiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal,
estableciendo así las condiciones sanitarias idóneas para constatar el cumplimiento de
las Normas Oficiales Mexicanas de acuerdo con lo dispuesto en la propia ley.
México, por población, territorio y Producto Interno Bruto, es la nación 11ª del mundo
y ocupa en el contexto global las siguientes posiciones:
Por su atención, muchas gracias y reitero, votaremos a favor, pero era necesario plantear
estas preocupaciones. Gracias.
En este sentido es que el nuevo artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito
señala que ellos, los bancos, formularán anualmente sus programas operativos y
financieros, sus presupuestos generales de gastos-inversión, así como sus estimaciones
de ingresos sin requerir la previa autorización de la Secretaría de Hacienda.
Para avanzar en la autonomía de gestión de estas organizaciones, propusimos
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.