200302

LVIII LEGISLATURA

SESION DEL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA,
DIA 20 DE MARZO DE 2002

ORDEN DEL DIA 20 DE MARZO DE 2002.
APERTURA
Lectura del Acta de la Sesión Anterior
COMUNICACIONES
Del Dip. Jesús Mario Garza Guevara.
De la Junta de Coordinación Política.
Del Dip. Jaime Martínez Veloz.
Del Congreso del estado de Tabasco.
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura.
Oficio de la H. Cámara de Senadores
Por el que comunica el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, que funcionará del 15 de marzo al 30 de abril de 2002.
Iniciativa del Congreso del estado de Jalisco
Que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. (Turno a Comisión).
Iniciativas de ciudadanos diputados
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento al Poder Legislativo, a cargo del Dip. Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Judicial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, a cargo del Dip. Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Que reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Ejecutivo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento a organismos constitucionales autónomos, a cargo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de federalismo y fortalecimiento municipal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.
Excitativas
A las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
A la Comisión de Desarrollo Social, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
A la Junta de Coordinación Política, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del Dip. Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Proposiciones
Con punto de acuerdo para que se establezca la veda del borrego cimarrón, en el estado de Baja California, a cargo del Dip. Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo relativo a los derechos humanos en México y la procuración e impartición de justicia, a cargo del Dip. José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en Baja California y el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo contra la intervención policiaca en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación a un pacto contra el crimen organizado y la delincuencia en el país, a cargo del Dip. Jaime Martínez Veloz. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Turismo informe de la petición hecha por la Comisión de Turismo en julio de 2001, en relación a diversos ayuntamientos del estado de Jalisco, y que consiste en la integración de una misma zona del pacífico mexicano, como destino Vallarta y que se determine como zona turística, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada de los bosques en el estado de México, a cargo del Dip. Felipe Velasco Monroy, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo en relación al problema de la alta fructuosa, a cargo del Dip. Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que se actúe conforme a derecho en la elección del municipio de Benito Juárez, en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar la comparencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que explique y en su caso corrija la inadecuada e ilegal aplicación contraria a los textos aprobados por el Poder Legislativo federal de diversos impuestos establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para que se solicite al Ejecutivo federal y al Senado de la República se resuelva la problemática que afecta al delta del Río Colorado, a cargo del Dip. Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar que el Congreso de la Unión interponga una controversia constitucional contra el Ejecutivo federal, por la disminución de subsidios en las tarifas eléctricas, a cargo del Dip. Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Urgente resolución).
Con punto de acuerdo sobre el problema agrario en el municipio de Santa María Ocotán, a cargo del Dip. José Manuel Díaz Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República, que ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del abogado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en el estado de Chihuahua, a cargo del Dip. David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal el establecimiento de tarifas eléctricas preferenciales para los Pueblos Indígenas del país, a cargo del Dip. Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para impulsar la comercialización de las artesanías mexicanas, a cargo de la Dip. Celia Martínez Bárcenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a Comisión).
Con punto de acuerdo para solicitar la intervención de las autoridades federales competentes para resolver el problema cañero en el estado de Veracruz, a cargo del Dip. Sergio Vaca Betancourt, de grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a Comisión).
Agenda política
Comentarios del Dip. Domingo Humberto Mayans Canabal, sobre su reciente incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios sobre la decisión del Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo, de anular la elección del municipio de Benito Juárez, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
Comentarios en torno a don Benito Juárez, a cargo del Dip. Melitón Morales Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la visita del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo del Dip. Augusto Gómez Villanueva del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Comentarios sobre la situación de los municipios en el estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Efemérides
Sobre el natalicio de Benito Juárez García, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados.
Sobre el Día de la Forestación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
CLAUSURA

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI. Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 262 diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

EL C. PRESIDENTE (A las 10:42 horas): Se abre la sesión.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se va a dar lectura al orden del día que está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

(Da lectura al orden del día)

Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias.— Segundo Año.— LVIII Legislatura.

Orden del día

Miércoles 20 de marzo de 2002.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicaciones

Del diputado Jesús Mario Garza Guevara.

De la Junta de Coordinación Política.

Del diputado Jaime Martínez Veloz.

Del Congreso del Estado de Tabasco.

De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura.

OFICIO DE LA CAMARA DE SENADORES

Por el que comunica el inicio del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, que funcionará del 15 de marzo al 30 de abril de 2002.

INICIATIVA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

Que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. (Turno a comisión.)

INICIATIVAS DE CIUDADANOS DIPUTADOS

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento al Poder Legislativo, a cargo del diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Que reforma .la Ley Orgánica del Congreso General de. los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Judicial, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Que deroga el artículo decimosexto transitorio, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Que reforma el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento del Poder Ejecutivo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de fortalecimiento a organismos constitucionales autónomos, a cargo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados. Unidos Mexicanos, en materia de participación ciudadana, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de federalismo y fortalecimiento municipal, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

De reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia electoral, a cargo del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

De la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

EXCITATIVAS

A las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, a cargo del grupo parlamentario del Partido del Revolucionario Institucional.

A la Comisión de Desarrollo Social, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

A la Junta de Coordinación Política, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

A la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a cargo del diputado Miguel Bortolini Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

PROPOSICIONES

Con punto de acuerdo para que se establezca la veda del borrego cimarrón, en el Estado de Baja California, a cargo del diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo relativo a los Derechos Humanos en México y la procuración e impartición de Justicia, a cargo del diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia Partido Político Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al Instituto Mexicano del Seguro Social, en Baja California y el municipio de playas de Rosarito, Baja California, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo contra la intervención Policiaca en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación a un pacto contra el crimen organizado y la delincuencia en el país, a cargo del diputado Jaime Martínez Veloz. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo. para solicitar a la Secretaría de Turismo informe de la petición hecha por la Comisión de Turismo en julio de 2001, en relación a diversos ayuntamientos del Estado de Jalisco y que consiste en la integración de una misma zona del pacífico mexicano, como destino Vallarta y que se determine como zona turistica, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada de los bosques en el Estado de México, a cargo del diputado Felipe Velasco Monroy, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo en relación al problema de la alta fructuosa, a cargo del diputado Arturo Herviz Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se actúe conforme a derecho en la elección del municipio de Benito Juárez, en el Estado Libre y .Soberano de Quintana Roo, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar la comparencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que explique y en su caso corrija la inadecuada e ilegal aplicación contraria a los textos aprobados por el Poder Legislativo Federal de diversos impuestos establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para que se solicite al Ejecutivo Federal y al Senado de la República se resuelva la problemática que afecta al Delta del Río Colorado, a cargo del diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar que el Congreso de la Unión interponga una controversia constitucional contra el Ejecutivo Federal, por la disminución de subsidios en las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (urgente resolución.)

Con punto de acuerdo sobre el problema Agrario en el municipio de Santa María Ocotán, a cargo del diputado José Manuel Díaz Medina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario. Institucional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República, que ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del abogado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en el Estado de Chihuahua, a cargo del diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal el establecimiento de tarifas eléctricas preferenciales para los pueblos indígenas del país, a cargo del diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. (Turno a comisión.)

Con punto de acuerdo para impulsar la comercialización de las artesanías mexicanas, a cargo de la diputada Celia Martínez Bárcenas del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. (Turno a comisión.)

Con. punto de acuerdo . para solicitar la intervención de las autoridades federales competentes para resolver el problema cañero en el Estado de Veracruz, a cargo del diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. (Turno a comisión.)

AGENDA POLÍTICA

Comentarios del diputado Domingo Humberto Mayans Canabal, sobre su reciente incorporación al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Comentarios sobre la decisión del Tribunal Estatal Electoral de Quintana Roo, de anular la elección del municipio de Benito Juárez, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

Comentarios en torno a don Benito Juárez, a cargo del diputado Melitón Morales Sánchez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la visita del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo del diputado Augusto Gómez Villanueva del grupo parlamentario. del Partido Revolucionario Institucional.

Comentarios sobre la situación de los municipios en el Estado de Yucatán, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EFEMERIDES

Sobre el natalicio de Benito Juárez García, a cargo de los grupos parlamentarios y partidos políticos representados en la Cámara de Diputados..

Sobre el Día de la Forestación, a cargo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Gracias, diputada Secretaria.

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En virtud de que el acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, proceda la Secretaría a ponerla a discusión y votación de inmediato.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Está a discusión el acta.

ACTA DE LA SESIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS CONGRESO DE LA UNIÓN, CELEBRADA EL MARTES DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DOS, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.

En el Palacio Legislativo de San Lázaro de la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del martes diecinueve de marzo de dos mil dos, con la asistencia de trescientos ocho diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día.

La Asamblea aprueba el acta de la sesión anterior en votación económica.

El Instituto de Cultura de la Ciudad de México invita a la ceremonia cívica conmemorativa con motivo del centésimo nonagésimo sexto aniversario del natalicio del licenciado Benito Juárez García. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de:

• Durango, con acuerdo por el que solicita modificaciones a la Ley que Crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Apoyo a sus Ahorradores. Se turna a las comisiones unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.

• Nayarit, con acuerdo por el que se pronuncia en contra del aumento a las tarifas de energía eléctrica. Se turna a las comisiones de Energía y de Comercio y Fomento Industrial.

• Oaxaca, con acuerdo por el que se adhiere al acuerdo del Congreso del Estado de Jalisco, en el sentido de solicitar a la Secretaría de Economía investigue los hechos relativos a la elusión del pago de la cuota compensatoria a la importación de cerdo vivo para abasto, proveniente de los Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

• Oaxaca, con acuerdo por el que solicita se realicen las acciones necesarias para apoyar a los cafeticultores mexicanos. Se turna a la Comisión de Agricultura y Ganadería y al grupo de trabajo sobre cafeticultura.

• Sonora, con la que informa de actividades propias de su legislatura. De enterado.

• Sonora, con acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión que, en uso de sus facultades y atribuciones constitucionales, requiera a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro a efecto de presentar un proyecto de reestructuración que incluya todos los aspectos estratégicos y operativos de ambas entidades, que permitan el establecimiento de tarifas eléctricas justas para los usuarios. Se turna a la Comisión de Energía.

Oficio de la Comisión Permanente con el que remite el informe de las actividades realizadas durante el Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura. De enterado y túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

Comunicación de la Comisión Permanente con la que remite el inventario de asuntos reservados para conocimiento de la Cámara de Diputados. De enterado y túrnense los asuntos respectivos a las comisiones correspondientes, de conformidad con el inventario anexo.

Oficios de la Secretaría de Gobernación:

• Con el que remite copias de los siguientes oficios: de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior Agrario en relación con el expediente noventa y cuatro trescientos cuarenta y tres/noventa y seis del poblado Potrero o Plan de los Amates, de Acapulco, Guerrero; y del secretario técnico de Planeación, Comunicación y Enlace de la Secretaría de Economía, relativo al tema de la fructosa, ambos en relación con puntos de acuerdo aprobados por la Comisión Permanente. De enterado y comuníquese.

• Seis, con los que solicita los permisos constitucionales necesarios para que igual número de ciudadanos mexicanos puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren gobiernos extranjeros.

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul.

Se turnan a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La Cámara de Senadores remite dos minutas con proyectos de decreto por los que:

• Se reforman los artículos ciento treinta y cuatro, ciento treinta y seis, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta, ciento cuarenta y uno, ciento cuarenta y dos y ciento cuarenta y tres y se intercambian en su orden la ubicación de los vigentes artículos ciento cuarenta y cinco y ciento cuarenta y seis, de la Ley Agraria. Se turna a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Reforma Agraria.

• Se concede permiso al ciudadano Rodolfo Waschsman Gombos, para desempeñar el cargo de cónsul honorario de Eslovenia en México, con circunscripción consular en toda la República. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Oficio del ciudadano Ricardo Franco Guzmán con el que solicita permiso para prestar servicios en la Embajada de Finlandia en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Presentan iniciativas los diputados:

• Lorena Beaurregard de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de Ley General para la Regulación y Control de la Publicidad Gubernamental en Materia de Prensa, Radio y Televisión.

Presidencia de la diputada Beatriz Elena Paredes Rangel.

Se turna a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Radio, Televisión y Cinematografía, con opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La Presidencia anuncia y saluda la presencia en el Recinto del excelentísimo señor Rodrigo Samayoa Rivas, presidente del Parlamento Centroamericano.

• Gumercindo Álvarez Sotelo, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que adiciona tres párrafos al artículo setenta y cuatro de la Ley Federal

del Trabajo. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

• José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista de México, con proyecto de decreto que reforma el artículo sesenta y ocho de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Por instrucciones de la Presidenta, a las once horas con cincuenta y ocho minutos la Secretaría informa del registro de cuatrocientos cuarenta y ocho diputados e instruye el cierre del sistema electrónico de asistencia y votación.

Desde su curul, el diputado Martí Batres Guadarrama solicita a la Presidencia guardar un minuto de silencio por el sensible fallecimiento del señor Luis Fernando García Izaguirre, padre del diputado Ricardo Francisco García Cervantes. La Presidenta comunica que atenderá la solicitud.

• Justino Eduardo Andrade Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto que reforma el artículo dos-A, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial para la Agroindustria Azucarera de México.

La Presidenta reitera la información del fallecimiento del licenciado Luis Fernando García lzaguirre, padre del diputado Ricardo Francisco García Cervantes, designa al diputado Rodolfo Dorador Pérez Gavilán para asistir en representación de la Mesa Directiva a los honores fúnebres y la Asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.

• Gabriela Cuevas Barrón, del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma las fracciones primera, segunda y octava del artículo ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Fortalecimiento del Federalismo.

• Tomás Torres Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto que reforma el artículo setenta y cuatro, fracción cuarta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo diecinueve, fracción segunda, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Se turna a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública.

Hablan sobre el aniversario de la expropiación petrolera los diputados: José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social; Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista; Rosalía Peredo Aguilar, del Partido del Trabajo; Sara Guadalupe Figueroa Canedo, del Partido Verde Ecologista de México;

Presidencia de la diputada María Elena Álvarez Bernal

J. Jesús Garibay García, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Julián Castañeda Pomposo, del Partido Acción Nacional y Carlos Humberto Aceves del Olmo, del Partido Revolucionario Institucional.

Se refieren al aniversario luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, los diputados: Rodolfo Echeverría Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional; Fernando Ortiz Arana, del mismo partido a título personal; Amador Rodríguez Lozano; Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado Eric Eber Villanueva Mukul;

Y acepta interpelación del diputado Fernando Ortiz Arana; y Félix Salgado Macedonio, del Partido de la Revolución Democrática.

Hablan sobre el Día del Artesano, los diputados: Jaime Cervantes Rivera, del Partido del Trabajo; Nicasia García Domínguez, del Partido Verde. Ecologista de México; María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción Nacional; Luis Gerardo Rubio Valdéz, del Partido Revolucionario Institucional y Rafael Servín Maldonado, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ramón León Morales, del Partido de la Revolución Democrática, solicita excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, en relación con una iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que adiciona un Libro Noveno al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, presentada por el diputado Gregorio Urías Germán el cuatro de octubre de dos mil uno. La Presidencia formula la excitativa correspondiente.

Presentan proposiciones con punto de acuerdo los diputados:

• Heidi Gertud Storsberg Montes, del Partido Acción Nacional, por el que solicita que en el marco de la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas, sobre la financiación para el desarrollo, se exhorte al Presidente Vicente Fox Quesada, abordar en la reunión trilateral prevista con el Presidente de los Estados Unidos de América y el primer ministro de Canadá la temática sobre financiación para el desarrollo propio de la zona de América del Norte, misma que demanda la ampliación del mandato del Banco de Desarrollo de América del Norte, y solicita trámite de urgente resolución.

La Asamblea considera de urgente resolución el asunto en votación económica, y sin nadie más que haga uso de la palabra, de la misma manera aprueba el punto de acuerdo. Comuníquese.

• José Gaudencio Víctor León Castañeda, del Partido Acción Nacional, para que el municipio de .San Martín Texmelucan, se integre al grupo carretero de gran visión del Estado de Puebla. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y de Transportes.

• Celita Trinidad Alamilla Padrón, del Partido Acción Nacional, para solicitar a la autoridad educativa federal, a que determine las acciones pertinentes que garanticen las habilidades y actitudes indispensables que permitan la comprensión efectiva de la lectura para generaciones que se inician en la escuela primaria. Se turna a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

En virtud de la visita programada para el día de hoy del excelentísimo doctor Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas, el Presidente levanta la sesión a las catorce horas con cincuenta y nueve minutos, citando para la de Congreso General el día de hoy a las diecisiete horas con treinta minutos y a la de Cámara de Diputados el día veinte de marzo de dos mil dos, a las diez horas.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Aprobada el acta.

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Entramos al rubro de comunicaciones.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):

(Da lectura a la solicitud de licencia del ciudadano diputado Jesús Mario Garza Guevara)

«Escudo.— Partido Acción Nacional.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted de manera respetuosa para manifestar lo siguiente:

Que por haber recibido la invitación a participar en el sector agrario del Gobierno Federal, me veo en la necesidad de solicitar a esta soberanía, los siguientes puntos, a saber:

Primero. Se me conceda licencia por tiempo indefinido, a partir del día 20 de marzo de 2002, para ausentarme de forma indefinida del cargo de diputado federal.

Segundo. Llamar a la CP Verónica Sada Pérez, quien es mi suplente, a fin de que tome posesión del cargo, durante el periodo de mi ausencia.

Tercero. Se sirva realizar los trámites necesarios para aprobar lo solicitado.

Sin otro particular por el momento, agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente.

Atentamente

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 19 de marzo de 2002.— Diputado Jesús Garza Guevara.

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): En consecuencia, ruego a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.

EL C. DIPUTADO, SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN): Están a discusión los siguientes

P u n t o s d e A c u e r d o :

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jesús Mario Garza Guevara para separarse de sus funciones como diputado federal por la segunda circunscripción plurinominal, a partir de esta fecha.

Segundo. Llámese al Suplente.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Aprobados.

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EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN):

(Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la Comisión Bicamaral del Sistema de Bibliotecas)

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, D. F., a 18 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que en términos del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Congreso de la Unión cuenta con una Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas integrada por tres diputados y tres senadores.

II. Que el 30 de abril del 2001, el pleno de la Cámara de Diputados acordó integrar dicha Comisión Bicameral con los diputados Gerardo Sosa Castelán, Juan Alcocer Flores y María de los Angeles Sánchez Lira.

III. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno que los trabajos relativos a la Cámara de Diputados en dicha Comisión Bicameral sean coordinados por uno de los diputados integrantes.

Expuestas las consideraciones anteriores, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero. En los trabajos relativos a la Cámara de Diputados en la Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas del honorable Congreso de la Unión, será presidente el diputado Juan Alcocer Flores.

Segundo. Los recursos, que en lo que respecta a la Cámara de Diputados requiere dicha Comisión Bicameral, serán determinados por la Junta de Apoyo Administrativo.

Tercero. Comuníquese a la Mesa Directiva y a la Cámara de Senadores para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2002.— Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

PRESIDENTE, DIP. ELOY CANTU SEGOVIA: Aprobada.

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SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política para que se integre un Comité Conmemorativo para celebrar el 250 Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente el "acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra un comité conmemorativo para que organice y promueva un programa de actividades con el fin de celebrar el CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria".

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, D. F., a 18 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra un comité conmemorativo para que organice y promueva un programa de actividades con el fin de celebrar el CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, Padre de la Patria

La Junta de Coordinación Política con fundamento en el numeral 1, inciso c, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primero. El día 28 de diciembre de 2000 se presentó una Iniciativa por el diputado Rubén García Farías, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para crear el comité del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.

Segundo. El día 25 de abril de 2001 se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados crear un Comité Conmemorativo del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla, con la participación de los grupos parlamentarios.

Tercero. La Junta de Coordinación Política es el órgano facultado para crear el comité conmemorativo del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.

Por lo antes expuesto se aprueba el siguiente:

ACUERDO

Primero. Se crea el comité conmemorativo del CCL aniversario del natalicio de don Miguel Hidalgo y Costilla.

Segundo. Dicho comité estará integrado por un diputado del grupo parlamentario del PRI, un diputado del grupo parlamentario del PAN, un diputado del grupo parlamentario del PRD, un diputado del grupo parlamentario del PVEM y un diputado del grupo parlamentario del PT.

Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 29 de enero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

PRESIDENTE: Aprobado.

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MISMO SECRETARIO:

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, para la integración del Comité Conmemorativo del 250 Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla)

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el comité conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla".

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México, DF, 18 de marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se integra el comité conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que el día 25 de abril de 2001 se aprobó en el pleno de la Cámara de Diputados crear un comité conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla, con la participación de los grupos parlamentarios.

II. Que la Junta de Coordinación Política acordó el pasado 29 de enero del 2002 crear e integrar con un diputado del PRI, un diputado del PAN, un diputado del PRD, un diputado del PVEM y un diputado del PT el referido comité.

Expuestas las consideraciones anteriores, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero. El comité conmemorativo del CCL Aniversario del Natalicio de Don Miguel Hidalgo y Costilla se integrará con los siguientes diputados:

1. Diputado Rubén García Farías (PRI).

2. Diputado Fernando Ugalde Cardona (PAN).

3. Diputado Miguel Bortolini Castillo (PRD).

4. Diputada María Teresa Campoy Ruy Sánchez (PVEM).

5. Diputado Juan Carlos Regis Adame (PT).

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de febrero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

PRESIDENTE: Aprobado.

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MISMO SECRETARIO:

(Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, por el que se crea un grupo de trabajo plural, encargado de analizar cuestionamientos relativos a la Reforma Fiscal)

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputad Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un Grupo de Trabajo plural, encargado de analizar cuestionamientos relativos a la Reforma Fiscal".

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente

Palacio Legislativo, México, D. F., a 18 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se crea un grupo de trabajo plural, encargado de analizar cuestionamientos relativos a la Reforma Fiscal.

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso a, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México representado en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, presentó en sesión celebrada el 9 de enero del año en curso, una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se convoque a un periodo extraordinario de sesiones, cuyo objeto fuera resolver los diversos cuestionamientos relacionados con la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión en el pasado periodo de sesiones extraordinarias, misma que fue turnada a la Junta de Coordinación Política.

II. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno abordar y analizar los diversos cuestionamientos vertidos sobre la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión el pasado periodo de sesiones extraordinarias.

Expuestas las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política adopta el siguiente

ACUERDO

Primero. Se crea un grupo de trabajo plural de la Cámara de Diputados, encargado de dar seguimiento a los diversos cuestionamientos relacionados con la Reforma Fiscal aprobada por el Congreso de la Unión el pasado periodo de sesiones extraordinarias. Dicho grupo de trabajo se integrará por cinco diputados:

• Por el grupo parlamentario del PRI; diputado, Enrique de la Madrid Cordero.

• Por el grupo parlamentario del PAN; diputado, José Manuel Minjares Meneses.

• Por el grupo parlamentario del PRD; diputada, María Miroslava García Suárez.

• Por el grupo parlamentario del PVEM; diputado, Francisco Agundis Arias.

• Por el grupo parlamentario del PT; diputado, José Narro Céspedes.

Segundo. El Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados propiciará una reunión de trabajo con el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, con la finalidad de tratar el tema referido.

Tercero. Los resultados derivados del análisis y estudio del grupo de trabajo se harán del conocimiento de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que resuelva lo conducente.

Cuarto. Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a, 29 de enero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL C. PRESIDENTE. APROBADA.

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EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.

(Lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, relativo a la designación de Representantes de la Cámara Diputados ante la Comisión de Enlace con la UNAM ) .

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los representantes de la Cámara de Diputados ante la Comisión de Enlace con la Universidad Nacional Autónoma de México".

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.
Palacio Legislativo, México, D. F., a 18 de marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se designa a los representantes de la Cámara de Diputados ante la Comisión de Enlace con la Universidad Nacional Autónoma de México.

CONSIDERACIONES

I. Que el 11 de octubre del 2001, se celebró un convenio general de colaboración entre la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

II. Que de conformidad con la "Cláusula cuarta: de la Comisión de Enlace", la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México deben designar a cinco representantes cada una para integrar dicha Comisión de Enlace.

III. Que con fecha 26 de noviembre del 2001 y 29 de enero del 2002, el licenciado Armando Labra Manjarrez, secretario técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), envió oficios mediante los cuales comunicó los nombres de los representantes de la UNAM ante la Comisión de Enlace y solicitó la designación respectiva de los representantes de la Cámara de Diputados.

Expuestas las consideraciones anteriores, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Primero. De conformidad con la cláusula cuarta del convenio general de colaboración celebrado entre la Cámara de Diputados y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el pasado 11 de octubre del 2001, se designa a los siguientes diputados como integrantes de la Comisión de Enlace:

1. Diputado Manuel Añorve Baños (PRI).

2. Diputada María Elena Alvarez Bernal (PAN).

3. Diputado Martí Batres Guadarrama (PRD).

4. Diputada María Cristina Moctezuma Lule (PVEM).

5. Diputado José Narro Céspedes (PT).

Segundo. Comuníquese a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para los efectos conducentes.

Tercero. Comuníquese a la Universidad Nacional Autónoma de México.

EL MISMO C. SECRETARIO. En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL C. PRESIDENTE. APROBADA.

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EL MISMO C. SECRETARIO.

(Lectura al Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que solicita al Grupo de Trabajo de Cafeticutura, presente un Informe de trabajos realizados, en la cuarta Sesión del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Segundo Año de Ejercicio de la LVIII Legislatura).

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, adjunto al presente el "Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al Grupo de Trabajo de Cafeticultura, para que presente en la cuarta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, un informe de los trabajos realizados".

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México D. F., a 18 de marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se solicita al grupo de trabajo de cafeticultura, para que presente en la cuarta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIIII Legislatura, un informe de los trabajos realizados

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que el 6 de junio del 2001, la Comisión Permanente aprobó un punto de acuerdo por el que se solicita a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados la conformación de un grupo de trabajo para analizar la problemática de la cafeticultura.

II. Que con fecha 27 de diciembre del 2001, el diputado Oscar Alvarado Cook, Coordinador del Grupo de Trabajo de Cafeticultura, presentó ante la Junta de Coordinación Política un oficio mediante el cual se solicita una prórroga a los trabajos del citado grupo.

III. Que la Junta de Coordinación Política ha considerado oportuno otorgar una prórroga al Grupo de Trabajo de Cafeticultura para que presente un informe de las labores realizadas, ante el pleno de la Cámara de Diputados.

Expuestas las consideraciones anteriores, se adopta el siguiente:

ACUERDO

Único. Se solicita al Grupo de Trabajo de Cafeticultura, por conducto de la mesa directiva de la Comisión de Agricultura y Ganadería de esta Cámara, para que en la cuarta sesión del segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, presente un informe de trabajo ante el pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Los recursos para su funcionamiento hasta la fecha referida, serán autorizados por la Junta de Apoyo Administrativo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de enero de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»

EL MISMO C. SECRETARIO. En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

EL C. PRESIDENTE. APROBADA.

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EL MISMO C. SECRETARIO.

(Lectura de comunicaciones de la Junta de Coordinación Política, del C. Diputado Francisco García de Vaca, para que pase a sustituir al C. Diputado Francisco Guadarrama López, en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios).

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que el diputado Francisco García Cabeza de Vaca, sustituya al diputado Francisco Guadarrama López, como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, D.F. 19 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sírvase el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración.

El diputado Francisco García Cabeza de Vaca, entra a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios como Integrante.

En sustitución del diputado Francisco Guadarrama López.

Lo anterior para que se notifique a la Comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo a 19 de marzo de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.— Presente.

• Que el diputado Francisco García Cabeza de Vaca, sustituya al diputado Francisco Guadarrama López, como integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Palacio Legislativo, México, D.F. 19 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados.— Presente.

Sírvase el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente integración.

El diputado Francisco García Cabeza de Vaca, entra a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios como Integrante.

En sustitución del diputado Francisco Guadarrama López.

Lo anterior para que se notifique a la Comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Palacio Legislativo a 19 de marzo de 2002.— Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides.»

EL C. PRESIDENTE: DE ENTERADO.

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EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

( De la Junta de Coordinación Política referente al cambio del diputado Salvador López Orduña sustituyendo al diputado José María Anaya Ochoa en la Comisión de Vivienda )

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numeral 1, inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, lo modificación en la integración de la siguiente comisión.

• Que el diputado Salvador López Orduña, sustituya al diputado José María Anaya Ochoa, como integrante de la Comisión de Vivienda.

Lo, anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México D. F., a 19 de marzo de 2002.— Diputado: Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Felipe Calderón Hinojosa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política.— Cámara de Diputados.— Presente.

Sirva presentar para enviarle saludo y para remitirle la siguiente integración.

El diputado Salvador López Orduña, entra en sustitución del diputado José María Anaya Ochoa, en la Comisión de Vivienda, como integrante.

Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar.

Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.

Atentamente.

Palacio Legislativo a 19 de marzo de 2002.— Diputado: Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de Relaciones Internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.»

EL C. PRESIDENTE: DE ENTERADO.

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EL MISMO C. SECRETARIO:

( Comunicación del diputado Jaime Martínez Veloz )

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel, Presidenta de la Mesa Directiva Cámara de Diputados.— Presente.

Le informo que en mi carácter de representante popular por la Primera Circunscripción Plurinominal del país, he decidido renunciar a la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y le solicito que a partir de esta fecha se me considere como diputado independiente para continuar realizando mis funciones parlamentarias durante la LVIII Legislatura.

Asimismo, con fundamento en el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito los apoyos que la misma me otorga para desempeñar las atribuciones de la representación popular a mi cargo.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva prestar a la presente, hago propicia esta ocasión para reiterarle la seguridad de mi más distinguida consideración.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de marzo de 2002.— Diputado Jaime Martínez Veloz.»

EL C. PRESIDENTE: DE ENTERADO.

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EL MISMO C. SECRETARIO:

( Del Congreso del Estado de Tabasco )

«Escudo.— Honorable Congreso del Estado.— LVII Legislatura.— Tabasco.

Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.

En cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 19, párrafo quinto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 21 del Reglamento Interior del honorable Congreso del Estado, nos permitimos hacer de su conocimiento que con esta fecha, la LVII Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, llevó a cabo la elección de Presidente y vicepresidente de la Mesa Directiva que dirigirá los trabajos legislativos del 15 de febrero al 15 de marzo, correspondiente al primer periodo de sesiones ordinarias, del segundo año de ejercicio constitucional, resultando electos los diputados: Pedro Palomeque Calzada, presidente y María Yolanda Cabal Gómez, vicepresidente.

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Villahermosa, Tabasco, a 14 de febrero de 2002.— Honorable Congreso del Estado.— Diputados: Ulises Coop Castro, presidente y Amalin Yabur Elías, secretaria.»

EL C. PRESIDENTE: DE ENTERADO.

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EL MISMO C. SECRETARIO:

( De la Asamblea del Distrito Federal, comunicando los trabajos durante el segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio)

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Asamblea Legislativa del Distrito Federal.— II Legislatura.

Diputada Beatriz Paredes Rangel.— Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Por este conducto, me permito comunicar a usted que la Mesa Directiva que coordinará los trabajos durante el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, correspondiente al periodo comprendido del 15 al 31 de marzo de 2002, quedó integrada por los siguientes diputados: Presidente: Santiago León Aveleyra; vicepresidentes: Iris Edith Santacruz Fabila, Alejandro Diez Barroso Repizo, Alicia Téllez Sánchez, Jaime Guerrero Vázquez; secretarios: Camilo Campos López, Carlos Ortiz Chávez y prosecretarios: Eugenia Flores Hernández y Miguel Medardo González Compean.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración atenta y distinguida.

Recinto legislativo, a 14 de marzo de 2002.— Por la Mesa Directiva, diputado Walter Alberto Widmer López, presidente.»

EL C. PRESIDENTE: DE ENTERADO.

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EL MISMO C. SECRETARIO:

( Oficio de la Cámara de Senadores por el que comunica el inicio del segundo período de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura )

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Senado de la República.— LVIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Para conocimiento de esa honorable colegisladora, me permito comunicarles que en sesión celebrada en esta fecha, dio inicio el segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura, que funcionará del 15 de marzo al 30 de abril del actual.

Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

México, DF, a 15 de marzo de 2002.—Senador Carlos Chaurand Arzate, vicepresidente en funciones.»

EL C. PRESIDENTE: DE ENTERADO.

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EL MISMO C. SECRETARIO:

( Del Congreso del Estado de Jalisco )

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, D.F.

La LVI Legislatura del honorable Congreso del Estado de Jalisco, en sesión de fecha 12 de marzo del presente año, aprobó el acuerdo económico número 497/02 del que le anexo copia para los efectos legales procedentes, mediante el cual se acordó girar a esa alta representación popular, atento oficio mediante el cual con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución General de la República, sea elevada formal iniciativa de decreto para reformar el artículo 70 de la Ley Agraria, de conformidad al texto que del mismo acuerdo se desprende.

Por instrucciones de la directiva de esta honorable soberanía jalisciense hago de su conocimiento lo anterior en vía de notificación personal y para los efectos legales subsecuentes, agradeciéndole que las acciones que se sirva tomar al respecto, las haga del conocimiento de esta representación, a la brevedad posible, a fin de darles el curso correspondiente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo de 2002.— LCTC Leonardo García Camarena, oficial mayor.»

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Gobierno de Jalisco.— Poder Legislativo.— Secretaría del Congreso.

Ciudadanos diputados:

José Guadalupe Madera Godoy, diputado de la LVI Legislatura del Estado de Jalisco, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como los artículos 85, 88 y 90 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, tengo a bien someter a la consideración de esta honorable representación popular iniciativa de acuerdo económico con carácter de dictamen mediante el cual se solicita al honorable Congreso de la Unión sea reformado el artículo 70 de la Ley Agraria, misma que formulo con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos de 1940 constituye en su artículo 145 la Parcela Escolar con la finalidad de que los miembros del núcleo de población tuvieran la oportunidad de un desarrollo equilibrado entre el campo y la educación. Fue publicado en 1944 el Reglamento de la Parcela Escolar que postula su concepción y fines; asimismo su artículo 4o. señala que la escuela asignada es titular de los derechos ejidales que la amparan. En la legislación agraria vigente se define a la parcela escolar como parcela con destino específico (la educación), por consiguiente es inalienable, imprescriptible e inembargable, según lo establecen sus artículos 63 y 64.

La parcela escolar es patrimonio de la escuela pública, por consiguiente del pueblo mexicano, a todos nos corresponde protegerla y especialmente a la Secretaría de Educación, que es la responsable de estructurar los mecanismos y programas para prestar y desarrollar el servicio educativo, debiendo considerarla en ellos. Actualmente la parcela escolar no está cumpliendo con los fines para los que fue constituida, tan es así que la propia dependencia no la contempla en sus planes y programas de Gobierno.

III

Resulta preocupante que a pesar de que las escuelas son titulares de los derechos ejidales que amparan la parcela escolar y ante la equívoca interpretación de los encargados del Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), sus derechos no se están titulando a favor de ellas, propiciando con ello que desaparezcan del complejo educativo y que en muchos casos concluyan siendo enajenadas o redestinadas por los actores que la circundan.

El quehacer legislativo debe de buscar el rediseñar la estructura administrativa encargada de operar la parcela escolar, reorientando los fines que debe alcanzar, con la finalidad de reactivarla como un verdadero espacio de capacitación agrícola, para iniciar a la juventud en procesos organizacionales de pequeñas industrias agropecuarias que luego refuercen los vínculos de cooperación y de trabajo entre los diferentes actores de la comunidad educativa que circundan la parcela escolar; maestros, alumnos, escuela, ejido y la propia comunidad o núcleo ejidal. En tanto que a la Secretaría de Educación le corresponde el reivindicarlas y activarlas en el proceso educativo.

Al aprobar este acuerdo económico esta LVI Legislatura pondrá a Jalisco como el pionero en aplicar una nueva política educativa que voltee sus ojos al campo mexicano, ya que en la parcela escolar, nuestros pueblos y especialmente las comunidades ejidales, encontrarán apoyo técnico y científico para el mejor aprovechamiento de los programas educativos y de sus cultivos. Es por ello que debemos congratularnos y sumamos para que se cristalicen los objetivos propuestos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 28, fracción I, de nuestra Constitución local, 85 y 88 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, someto a la elevada consideración de ustedes ciudadanos diputados, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO ECONOMICO

Único. Gírese atento oficio al honorable Congreso de la Unión mediante el cual, con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se le solicita sea reformado el artículo 70 de la Ley Agraria, que a la letra dice:

"En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. El reglamento interno del ejido normará el uso de la parcela escolar."

Reforma propuesta:

Artículo 70. En cada comunidad o ejido deberán deslindarse las superficies destinadas a parcelas escolares, las que tendrán una extensión igual a la unidad de dotación que se fije en cada caso. Se localizarán en las mejores tierras del ejido dentro de las más próximas a la escuela o caserío.

Las escuelas públicas que no dispongan de parcela escolar tendrán preferencia absoluta para que les adjudiquen las unidades de dotación que se declaren vacantes o se les incluya en las ampliaciones del ejido.

La parcela escolar se titulará en favor de la escuela asignada, deberá destinarse a la investigación, enseñanza y prácticas agrícolas de la escuela a que pertenezca. Deberá procurarse que en la misma se realice una explotación intensiva que responda a la enseñanza escolar así como a las prácticas agrícolas y científicas que se realicen en favor de los ejidatarios.

La explotación y distribución de los productos que se obtengan de las parcelas escolares deberán hacerse de acuerdo con el reglamento que dicte la Secretaría de Educación Pública coordinadamente con la Secretaría de la Reforma Agraria, pero en todo caso los productos se destinarán preferentemente a satisfacer las necesidades de la escuela y a impulsar los planes y programas de la propia parcela.

Sufragio Efectivo. No Reelección

Atentamente.

Guadalajara, Jalisco, a 12 de marzo del 2002.— El diputado local, José Guadalupe Madera Godoy.»

EL C. PRESIDENTE: TÚRNESE A LA COMISIÓN DE LA REFORMA AGRARIA.

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Entramos al rubro de iniciativas de ciudadanos diputados.

Se le concede la palabra al diputado Martí Batres Guadarrama, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento al Poder Legislativo.

De conformidad con el acuerdo establecido, se le concede la palabra hasta por 15 minutos.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señor Presidente.

En estos días hablamos de transición, de equilibrio de poderes, de renacimiento del Legislativo, pero este Congreso de la Unión sigue funcionando con los viejos esquemas, por eso se percibe y se siente que algo no se ajusta a la nueva realidad. La gente ve que las cosas todavía no funcionan plenamente en el nuevo orden democrático que se va extendiendo en el país.

La sociedad cambió la correlación de fuerzas y la composición de los órganos del Estado. El Presidente ya no es el líder del Congreso ni puede serlo, la sociedad devolvió libertad al Congreso de la Unión. La nueva gobernabilidad en México en este Siglo XXI no depende más de qué tan fuerte y autoritario pueda ser el Ejecutivo, sino de que tan compartidas son sus decisiones y medidas. No hay entonces gobernabilidad sin el Congreso de la Unión. El Ejecutivo es producto del voto de menos del 50 por ciento del electorado, el Congreso representa a casi el 100 por ciento de la diversidad del electorado.

El presidencialismo no puede ser restaurado y esto no tiene sólo que ver con las bases éticas o ideológicas de la democracia, sino también con el funcionamiento de la misma. Si el Ejecutivo ya no puede decidirlo todo, si el Congreso tiene ahora una responsabilidad mayor frente a la sociedad y ante sí mismo, entonces los tiempos y plazos de sus decisiones se tienen que ampliar. En la vieja época el Ejecutivo era el gran legislador, legal y metalegalmente. Legalmente el Ejecutivo enviaba las iniciativas legislativas en su gran mayoría y las elaboraba. Metalegalmente el Ejecutivo hacía el trabajo técnico dirigido hacia su dictaminación y políticamente par su aceptación social. Es decir, el Ejecutivo prácticamente estaba detrás de todo el proceso legislativo, desde la iniciativa hasta la promulgación.

Si México está cambiando y requiere reformas estructurales todos los días, si tenemos un Congreso que exige un nuevo papel en la sociedad, entonces el funcionamiento del Poder Legislativo debe cambiar. En la vieja época el Ejecutivo decidía y el Legislativo simplemente formalizaba esas decisiones, no tenía que discutir mucho y sus discusiones eran prácticamente desconocidas, incluso hasta clandestinas. Ahora el Legislativo recibe la mayoría de las iniciativas de sus propios integrantes y debe procesar y generar sus propias decisiones. Por eso nosotros proponemos un esquema de ejercicio permanente del Legislativo, sin periodos interrumpidos por largos recesos. Tenemos una gran cantidad de reformas que decidir y una gran cantidad de asuntos políticos que abordar.

Este Congreso de la Unión debe trabajar todo el año, no sólo como deber ético de sus integrantes sino también y sobre todo, como premisa indispensable para sacar adelante su abultada agenda, sus voluminosos expedientes, sus numerosos pendientes. Es necesario que tengamos un Congreso que se reúna en pleno de sus respectivas Cámaras cuantas veces sea necesario para cumplir con sus atribuciones, sin necesidad de citar a periodos extraordinarios en caso de estar en receso. Esto se vive en países donde el equilibrio de poderes es una realidad y pensamos que es posible y necesario en México.

Debemos recordar que con el fin de fortalecer al Ejecutivo, desde la Constitución de 1917 se estableció un solo periodo ordinario de sesiones del primero de septiembre al 31 de diciembre para el Congreso de la Unión, y no fue sino hasta 1986 cuando se estableció el sistema de dos periodos ordinarios de sesiones. En este esquema actual, mientras otros poderes toman decisiones y ejercen sus funciones todos los días de su mandato y vemos cómo reivindican sus atribuciones, como es el caso del Poder Judicial actualmente, el Legislativo sin embargo, tiene fechas determinadas para ejercer ciertas funciones fundamentales como son ni más ni menos que las de legislar y debe convocar a periodos extraordinarios de manera restrictiva para ciertos temas, cuando quiere tomar decisiones fuera de esos periodos ordinarios de sesiones establecidos.

Lo que buscamos es fortalecer con esta reforma el sentido de permanencia en el ejercicio y uso de sus atribuciones por el Congreso, es decir, el cumplimiento y la realización de sus atribuciones todo el tiempo a lo largo de todo el año, así como el trabajo continuo e ininterrumpido de sus legisladores. Incluso, de aprobarse esta reforma y obligarse a las Cámaras a sesionar cuando menos tres veces al mes a lo largo de todo el año, no estarían sesionando necesariamente más veces que con el actual sistema, pero sí lo harían todos los meses del año. No hay entonces exageración alguna en el número de sesiones que entonces se derivaría de esta reforma, pero sí continuidad y permanencia en el trabajo.

Probablemente se pueda argumentar por alguien que los periodos legislativos son para dictaminar en el pleno los trabajos aprobados en las comisiones y los recesos para el trabajo de dictaminación en las propias comisiones. Se dice doctrinariamente que los recesos sirven para el trabajo en comisiones y los periodos de sesiones para que el pleno apruebe el trabajo de las comisiones. Sin embargo esto no tiene nada que ver con la realidad, la inmensa mayoría de los dictámenes legislativos se discuten y aprueban en las comisiones durante los periodos de sesiones y no durante los recesos. Es más, la gran mayoría de los dictámenes legislativos de central importancia se aprueban en las comisiones durante los últimos días de los periodos de sesiones.

El nuevo esquema que proponemos es mejor, porque permite abrir espacios más amplios entre sesión y sesión plenaria, durante los cuales las comisiones se pueden reunir y tomar decisiones que inmediatamente pueden pasar al pleno para su aprobación, permite tomar decisiones todo el tiempo, amplía las oportunidades para agotar temas y agendas pendientes e impide llevar las cosas hasta el último momento de los periodos de sesiones. Es, en suma, una propuesta para un Congreso de la transición que asume su papel como poder del Estado, concreta numerosas reformas cotidianamente, ocupa el estado que va dejando el Ejecutivo más acotado y armónico con el resto del país.

Nos proponemos entonces modificar de manera fundamental los artículos 65, 66, 69 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar la mención de los periodos de sesiones ordinarias y establecer que las Cámaras del Congreso tienen que reunirse en pleno cuando menos tres veces al mes para resolver asuntos de su competencia. De manera colateral, se plantea reformar los artículos 84, 85, 87, 88, 89, 93 y 99 de la Constitución, para omitir las menciones a los recesos de las Cámaras del Congreso de la Unión. Resulta evidente que con esta reforma quedaría derogada la Comisión Permanente, pues no habría recesos y no sería necesaria.

Nadie debería oponerse a fortalecer el Congreso y menos aún cuando estamos en una coyuntura histórica en el que está formando parte de los protagonistas centrales del cambio. Obvia decir que aquellos que han sido electos representantes de la nación tienen la responsabilidad de transformar este Congreso de la Unión.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto para quedar como sigue:

Artículo 1. Se adicionan y reforman y derogan los artículos 65, 66, 69, 78, 84, 85, 87, 88, 93 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor del articulado que entregamos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Muchas gracias por su atención.

Artículo único. Se adicionan, reforman y derogan los artículos 65, 66, 69, 78, 84, 85, 87, 88, 93 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 65. Las cámaras del Congreso se reunirán en pleno cuando menos tres veces al mes para resolver los asuntos de su competencia.

En estas sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que, le correspondan conforme a esta Constitución.

En las sesiones, el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.

Artículo 66. Derogado.

Artículo 69. El 1o. de septiembre de cada año, asistirá el Presidente de la República al Congreso y presentará, un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país.

Artículo 78. Derogado.

Artículo 84. En caso de falta absoluta de Presidente de la República, ocurrida en los dos primeros años del periodo respectivo, el Congreso se constituirá inmediatamente en Colegio Electoral y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino; el mismo congreso expedirá, dentro de los 10 días siguientes al de la designación de Presidente interino, la convocatoria para la elección del Presidente que deba concluir el periodo respectivo; debiendo mediar entre la fecha de la convocatoria y la que se señale para la verificación de las elecciones, un plazo no menor de 14 meses, ni mayor de 18.

Cuando la falta de Presidente ocurriese en los cuatro últimos años del periodo respectivo, el Congreso de la Unión, designará al Presidente sustituto que deberá concluir el periodo.

Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el Presidente electo o la elección no estuviese hecha y declarada el 1o. de diciembre, cesará sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión.

Cuando la falta de Presidente fuese temporal, el Congreso de la Unión, designará un Presidente interino para que funcione durante el tiempo que dure dicha falta.

Cuando la falta de Presidente sea por más de 30 días el Congreso de la Unión resolverá sobre la licencia y nombramiento, en su caso, al Presidente interino. Si la falta, de temporal se convierte en absoluta, se procederá como dispone el artículo anterior.

Artículo 87. El Presidente, al tomar posesión de su cargo, prestará ante el Congreso de la Unión la siguiente protesta: "protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y si así no lo hiciere, que la Nación me lo demande."

Artículo 88. El Presidente de la República no podrá ausentarse del territorio nacional sin permiso del Congreso de la Unión.

Artículo 89. . .

I. a la X. . . .

XI. Derogada.

XII. a la XV. . .

XVI. Derogada.

XVII a la XX. . .

Artículo 93. Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos, durante el mes de septiembre de cada año, darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos.

Artículo 99. . .

I. a la IX. . .

Los magistrados electorales que integren la sala superior y las regionales serán electos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley señalará las reglas y el procedimiento correspondientes.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 19 días del mes de marzo de 2002.— Diputado Martí Batres Guadarrama.

EL PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, diputado Martí Batres.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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La iniciativa de reforma referente al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos que presentaría el día de hoy el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a solicitud de este grupo parlamentario se pospone para la próxima sesión.

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Por lo tanto, se concede la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que reforma la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): Una pregunta Presidente.

EL PRESIDENTE: Sí, adelante diputado Martí Batres.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): ¿Turno a qué Comisión esta iniciativa?

EL PRESIDENTE: Puntos Constitucionales, el lado sustantivo y la Mesa Directiva recomendaba que también fuera de Reglamento y Prácticas Parlamentarias por los contenidos inherentes al Congreso, con opinión no es Comisiones Unidas

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): Entonces...

EL PRESIDENTE: ¿Quiere usted que la dejemos en Puntos Constitucionales?

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): Sí

EL PRESIDENTE: A petición del diputado Martí Batres se queda exclusivamente turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRMA (Desde su curul): Gracias, Presidente.

EL PRESIDENTE: Adelante diputado

EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Gracias, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Quienes pensaron que la alternancia presidencial en el poder era bastante para cortar de tajo y para siempre nuestros males.... (Leyó, insértese)

Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Quienes pensaron que la alternancia presidencial en el poder era bastante, para cortar de tajo y para siempre nuestros males se equivocaron. En ningún país del mundo que alegue defender la democracia, es suficiente el simple cambio de partido en el poder para acceder plenamente a las transiciones políticas nacionales, complementadas por una gran y extraordinaria convergencia de las fuerzas políticas existentes, sean mayoritarias o las tradicionalmente excluidas.

El cambio no es simplemente votar por un partido diferente al que gobierna en turno, va más allá. El cambio debe inspirarse precisamente, en alejar de la vida nacional todo vestigio de autoritarismo y arrogancia presidencial que mantuvo al poder legislativo y al judicial en muchas ocasiones sojuzgado y en el mejor de los casos a su merced.

El 6 de julio del 2000 la sociedad votó diferente para darse nuevamente el legítimo derecho de exigirse se respete la Constitución Federal. La violación a la división de poderes inscrita en el artículo 49 constitucional y, la de protestar guardas y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontrada en el artículo 87 constitucional, fue en el fondo el motivo final de que el escenario político nacional diera un giro inédito en el país. Así se presentó un nuevo rostro del Ejecutivo Federal y construyose una nueva composición del Congreso de la Unión, que dio cabida a nuevas fuerzas políticas y sentó las bases de una insipiente pero fortalecida correlación de fuerzas nacionales.

La era monárquica del presidencialismo mexicano a ultranza, ha estado casi apunto de desaparecer.

Sin embargo, seguidores y esbirros ante la obsesión por el poder fatuo, desde diversos escenarios la alimentan para presentarla nuevamente como una forma de complementar política e impunidad.

Por otra parte, el persidencialismo seguirá vivo si no desterramos para siempre todo rito existente que ha hecho el Ejecutivo Federal y sus actos de Gobierno, una verdadera rendición al culto casi mítico que llego incluso a suponerlo un supremo Jefe de Estado.

En efecto, durante muchos años, el ejecutivo fue un gran dispensador de los cargos públicos y políticos lo que motivo que muchos de sus seguidores en forma discreta o por demás publica, adularan hasta el cansancio toda actividad proveniente del ejecutivo, incluso hasta sus propios errores ofensivos para el país en el pasado inmediato recordamos los actos masivos estratégicamente planeados para que el Ejecutivo Federal llegase a sentir de alguna u otra forma el apoyo o refrendo del pueblo mexicano a su Gobierno.

Llegó al grado la obcecación por la adulación, que un acto republicano del congreso como lo es la apertura de sesiones ordinarias del mismo, el Presidente de la República no solo presentara por escrito un informe si no que lo leyera, lo que en estricto sentido no a resultado tan malo para el país.

Pero a cambio de este acto durante muchos años, indistintamente se utilizó este acto para establecer cada primero de septiembre una especie de culto y pleitesía al Ejecutivo Federal, que fue acompañada de verbenas populares, miles de metros de vallas humanas, hasta el recibimiento a estas puertas del palacio legislativo como el mayor símbolo de autoritarismo Presidencial.

Es cierto que los tiempos han cambiado y que el Ejecutivo ya no desfila por las calles saludando a miles de acarreados y prácticamente asfixiado por la caída de confeti multicolor. Hoy esos actos han quedado prácticamente atrás.

Pero en el fondo siguen vivos por que no hemos sido capaces de acotar constitucional y jurídicamente todas las facultades extra legales del Presidente, así como los actos a los cuales asiste que se encuentra intactos, casi intocables como si quisiéramos mantenerlos vivos renegando de ellos.

Un ejemplo de esto es, que a la apertura de sesiones del congreso de la unión, cuando el Ejecutivo presenta por escrito un informe anual de su gestión, el acto en sí ratifica los esquemas del pasado que decimos hoy ya no existen.

¿Pero cómo entender que las cosas han cambiado si el formato de la apertura de sesiones del Congreso sigue siendo el mismo, absolutamente el mismo, con el cual el presiente culmina o inicia un año más de actividades, que hace de este acto del pueblo mexicano, un acto del Ejecutivo Federal, porque las fuerzas representadas en el Congreso exponen sus posicionamientos de partido sin la presencia del Ejecutivo Federal, ya que así lo ha dispuesto sin modificarlo la propia Ley Orgánica del Congreso del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos?

El artículo séptimo de la citada ley, establece en su numeral segundo, entre otras cosas que "antes del arribo del Presidente de la República hace uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso".

Esto significa que los legisladores oradores presentan los posicionamientos de sus partidos sin la presencia del Presidente de la Republica, que aunque no demerita en sentido estricto el acto de apertura de sesiones del Congreso, tampoco lo

hace realmente democrático y republicano.

No podemos entender que en un país que se dice plural y democrático donde el congreso dispone, el ejecutivo no escuche de viva voz, cara a cara como lo demanda la sociedad, los posicionamientos de los partidos políticos representados en el Congreso.

Como todos sabemos el Presidente llega minutos después de que los partidos fijan sus puntos de vista para adueñarse del escenario, como si fuera un acto que ratificara la Presidencia que tanto daño nos causó.

Por ello, es prudente cambiar el formato del primero de septiembre de cada año para que el Presidente además de asistir y dar un informe a la nación, esté presente en la sesión de apertura del Congreso y escuche los posicionamientos de los partidos políticos además de abrirse un debate plural y respetuoso que solo se da cuando los poderes de la Unión son simplemente republicanos.

Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 71 constitucional y demás relativos, así como los artículos 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso en los siguientes términos:

Dice:

Articulo 7o.

2. Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso.

Debe decir:

Artículo 7o.

2. Antes de la intervención del Presidente de la Republica hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Además deberá abrirse por una sola vez una ronda de preguntas y respuestas por parte de los oradores al Ejecutivo Federal en los términos que se fijen para este caso.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de marzo de 2002.— Diputado José Manuel Del Río Virgen, Convergencia por la Democracia.

Dip. José Manuel del Río Virgen Convergencia por la democracia

LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

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Con objeto de presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Fortalecimiento del Poder Judicial, tiene la palabra el diputado Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional..

Una precisión: las iniciativas son de reforma en materia del Poder Ejecutivo y son a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de establecer un mejor equilibrio en la función del Ejecutivo y fortalecer el principio de la División de Poderes; iniciativa que se inscribe dentro de nuestros planteamientos para la reforma del Estado.

EL C. DIP. JOSE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA. Un momento, diputado.

Diputado Ramírez Marín.

EL C. DIP. JOSE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).Si, señora Presidenta, con su permiso.

Solamente para aclarar esta parte del orden del día; estaba inscrito a nombre del Partido de Acción Nacional el tema reformas a diversas disposiciones de la Constitución en materia de Fortalecimiento del Poder Judicial.

LA C. PRESIDENTA. Efectivamente, ese es el turno que di, el señor Secretario me informó que había un relevo de orador; de la información del señor Secretario le dimos la palabra a Eduardo Rivera Pérez que está presentando una iniciativa diversa, por lo que el orden que tenía la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Rivera Pérez, que es inmediatamente después de la iniciativa que presentará el diputado Alejandro García Sainz Arena, se transmuta por la relativa a la iniciativa del Poder Judicial.

Le agradezco al señor Secretario su aviso de botepronto.

¿No tiene usted inconveniente con que continúe el señor diputado?

EL C. DIPUTADO JOSE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (DESDE SU CURUL).No, Presidenta, muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA. Por favor, diputado.

EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ. Gracias.

Esta iniciativa se inscribe dentro de nuestros planteamientos para la reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente exposición de motivos:

El presidencialismo es la deformación del régimen presidencial, nuestro país durante muchos sexenios se vio afectado por esta distorsión en la que el Presidente de la República centralizaba distintas funciones y facultades, ejerciendo una supremacía ilegítima sobre los demás Poderes Federales y Estatales, restándoles dignidad y eficacia logrando romper de esta forma con el fundamento de la organización democrática federal.

Sin pretender desconocer nuestra herencia y realidad respecto de nuestro régimen de gobierno, por medio de la presente iniciativa proponemos diversas reformas de carácter constitucional, las cuales no pretenden debilitar al Ejecutivo, sino lograr un efectivo equilibrio entre los Poderes del Estado.

Certidumbre en el ejercicio constitucional del veto presidencial. El veto presidencial, lejos de ser una facultad propia de un régimen donde existe un presidencialismo exacerbado, debe ser una forma de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a la vez que es un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave como las leyes y un instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos, que pare establecer equilibrio entre dos Poderes dispone la Constitución. En el caso del denominado por la Doctrina Veto Suspensivo, el Ejecutivo Federal tiene únicamente diez días para ejercer su derecho al veto; de lo contrario, automáticamente se actualiza su obligación de promulgar y publicar el proyecto de ley enviado por el Poder Legislativo.

Ahora bien, en el contenido y alcance del artículo 72 existe una laguna legal que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la Unión ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto, aprobado por esta Asamblea Nacional y enviada al Ejecutivo para su publicación se abstenga de hacerlo, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia, lo que algunos doctrinarios han calificado como una especie de veto de bolsillo a favor del Ejecutivo.

El Ejecutivo puede mantener por tiempo indefinido la publicación de la ley y con ello su eficacia ante su falta de vigencia, consecuentemente no puede soslayarse dicha circunstancia, por lo que con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo es que se considera necesario establecer una normativa constitucional que dé seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas.

Por lo anterior, se propone en la presente iniciativa, adicionar un último párrafo al artículo 72 constitucional, a fin de disponer que si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la ley o decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, se considerará promulgado y el Presidente del Congreso de la Unión ordenará su publicación.

Nombramiento del Presidente Interino, Sustituto y Provisional. La sustitución del Presidente ha sido una preocupación constante en las Constituciones de México pues siendo la titularidad del Poder Ejecutivo en una persona, al estar ausente habría una carencia de poder y una acefalia que desestabilizaría el orden constitucional del país.

Por ello, perfeccionar la legislación vigente para este caso, lejos de vaticinar desastres en la vida republicana, fortalece el actuar de las instituciones, toda vez que establece normas y procedimientos claros, los cuales debe de ser necesario aplicarlos. Así darán certidumbre a la Nación, así como gobernabilidad y transparencia, la posibilidad de que la decisión electoral no se vea disminuida o anulada en su representatividad.

Por las consideraciones expuestas es que en la presente iniciativa proponemos reformar el artículo 84 constitucional para que en los casos de falta absoluta del Presidente de la República y que con motivo de ello tenga que nombrarse un presidente interino, provisional o sustituto, según sea el caso, el nombramiento se sujete a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en todo caso la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del partido político que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese cargo.

Asimismo se plantea prever que en el caso de las coaliciones, la propuesta al cargo de Presidente provisional o sustituto, será presentada por el grupo parlamentario del partido político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente.

Adelantar la toma de posesión del Presidente de la República. El Presidente de la República asume el cargo en virtud de la protesta que rinde ante el Congreso de la Unión, misma que de conformidad con la norma constitucional. Sin embargo, nadie puede negar que la actual fecha de inicio del cargo y de toma de posesión, resulta inadecuada con relación a otros asuntos de suma relevancia para la vida nacional. Es decir, con lo concerniente a la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, ya que actualmente se dispone que la presentación de este paquete económico deberá hacerse a más tardar el 15 de diciembre y el Congreso cerrará sus sesiones a más tardar el 31 del mismo mes. Lo cual nos conduce a situaciones negativas tales como que el presidente constitucional entrante sólo cuente con 15 días para elaborar los proyectos respectivos y que como se tiene conocimiento, prácticamente éste es elaborado por el equipo del presidente saliente. Y por la otra el que el congreso de la Unión tenga para el cumplimiento de sus atribuciones de control presupuestal y de ingreso únicamente 15 días.

Por lo tanto resulta inadecuado que estas funciones se constriñen a plazos perentorios que dan lugar a que sea materialmente imposible para e Ejecutivo elaborar dichas iniciativas y que el análisis sea apresurado por parte del Congreso y se renuncie a un examen minucioso, sereno y responsable.

Al proponer estas reformas, se hace por diversas consideraciones favorables a nuestro sistema político constitucional: en primer lugar, para que el titular del Ejecutivo entrante tenga el tiempo adecuada y suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del próximo año. En segundo lugar, que el Congreso de la Unión con la adecuación de esta fecha de inicio de encargo y la relativa a la modificación de las fechas de presentación de estos ordenamientos jurídicos, cuente con el tiempo debido para que realice una discusión y aprobación más objetiva de los mismos.

Refrendar la no reelección presidencial. Es pertinente para el grupo parlamentario del PAN señalar lo siguiente: El exceso de facultades que se fueron otorgando al Presidente de la República en detrimento del Poder Legislativo, dio origen a la fortaleza del Poder Ejecutivo, siendo éste el centro del poder y de toda la política que gira en torno de él. A este fenómeno se le ha reconocido como la enfermedad del régimen presidencial, es decir, el presidencialismo.

Nuestra Constitución Política vigente en su artículo 82, establece las características del sistema presidencial, siendo éste unitario, electo directamente por un periodo de seis años y sin reelección.

Actualmente y por convicción, es que refrendamos la No Reelección presidencial, la cual debe conservarse como una de las facultades de la soberanía nacional para limitar al presidente en el tiempo, para permitir un verdadero equilibrio de poderes y la pluralidad que es característica de todo sistema democrático, ya que de no ser así, se perdería la sustentabilidad de nuestras bases constitucionales.

Por ello, establecemos de manera tajante e indubitable que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente, no podrá ser reelecto o quien hubiera tenido el carácter de presidente con el carácter de interino, provisional o sustituto y en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a desempeñar el puesto de Presidente de la República.

Por un servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal. A nadie escapa el hecho de que la Administración Pública Federal se ha visto sometida a cambios y reformas, las cuales han buscado en todo momento su modernización.

Resulta esencial generar nuevas aptitudes y actitudes, bajo también una novedosa concepción de cultura y servicio público. Por ello, es importante organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y autorizar estructuras orgánicas y ocupacionales que permitan contribuir al mejoramiento administrativo y fortalecer la función pública.

En consecuencia, se plantea establecer en el artículo 90 constitucional, que en la Administración Pública Federal se establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos a fin de cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialdiad y eficiencia. Dicho servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, evaluación. promoción y separación del servicio público.

El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva.

Compañeros y compañeras legisladores: México tiene hoy un Congreso plural y orgulloso de si mismo. Consciente de su responsabilidad histórica el Ejecutivo y el Legislativo, consideramos que son Poderes que no están opuestos entre si, sino son complementarios.

Los mexicanos pueden estar seguros de que los legisladores de Acción Nacional cumpliremos cabalmente nuestro compromiso.

Suplico a la presidencia instruya a la secretaría para que inserte en el Diario de los Debates, el texto íntegro de esta Exposición de Motivos y el decreto que adjunto a este mismo documento y que hago entrega en este momento.

Gracias.

Anteproyecto de iniciativa para perfeccionar el equilibrio en la función del Poder Ejecutivo y fortalecer la división de poderes, dentro de la reforma del estado.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presente.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de establecer un mejor equilibrio en la función del Ejecutivo y fortalecer el principio de la división de poderes, iniciativa que se inscribe dentro de nuestros planteamiento para la reforma del estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El presidencialismo es la deformación del régimen presidencial, nuestro país durante muchos sexenios se vio afectado por esta distorsión en la que el Presidente de la República centralizaba distintas funciones y facultades, ejerciendo una supremacía ilegítima sobre los demás poderes federales y estatales, restándoles dignidad y eficacia, logrando romper de esta forma con el fundamento de la organización democrática federal.

México pasó de época en la cual el Presidente de la República era el poseedor de la última palabra, a la largamente esperada transición democrática. Ahora es tiempo de apuntalar las instituciones, para que sean éstas y no los titulares, quienes rijan la vida democrática de México.

Certidumbre en el ejercicio constitucional del veto presidencial

El veto presidencial, lejos de ser una facultad propia de un régimen donde existe un presidencialismo exacerbado, debe ser una forma de colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a la vez que es un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave, como las leyes y un instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos que, para establecer equilibrio entre dos poderes dispone la constitución.

En el caso del denominado por la doctrina veto suspensivo, el Ejecutivo Federal tiene únicamente 10 días para ejercer su derecho al veto, de lo contrario, automáticamente se actualiza su obligación de promulgar y publicar el proyecto de ley enviado por el Poder Legislativo.

Ahora bien, en el contenido y alcance del artículo 72 existe una laguna legal, que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la Unión, ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto aprobado por esta Asamblea nacional y enviada al Ejecutivo para su publicación, se abstenga de hacerlo, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia; lo que algunos doctrinarios han calificado como una especie de veto de bolsillo a favor del Ejecutivo.

El Ejecutivo puede mantener por tiempo indefinido la publicación de la ley, y con ello su eficacia ante su falta de vigencia. Consecuentemente, no puede soslayarse dicha circunstancia, por lo que con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo, es que se considera necesario establecer una normatividad constitucional que de seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas.

Por lo anterior, se propone en la presente iniciativa adicionar un último párrafo al artículo 72 constitucional a fin de disponer que si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la ley o decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, se considerará promulgada y el Presidente del Congreso de la Unión, ordenará su publicación.

Nombramiento del Presidente interino, sustituto y provisional.

La sustitución del Presidente ha sido una preocupación constante en las constituciones de México, pues siendo la titularidad del Poder Ejecutivo en una persona, al estar ausente habría una carencia de poder y una acéfalia que desestabilizaría el orden constitucional del país. Por ello, perfeccionar la legislación vigente para este caso, lejos de vaticinar desastres en la vida republicana, fortalece el actuar de las instituciones, toda vez que establece normas y procedimientos claros, los cuales, de ser necesario aplicarlos, darán certidumbre a la nación, así como gobernabilidad y transparencia; la posibilidad de que la decisión electoral no se vea disminuida o anulada en su representatividad.

Por las consideraciones expuestas, es que en la presente iniciativa se propone reformar el artículo 84 Constitucional para que en los casos de falta absoluta del Presidente de la República, y que con motivo de ello tenga que nombrarse un presidente interino, provisional o sustituto, según sea el caso, el nombramiento se sujete a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero en todo caso, la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese cargo.

Asimismo se plantea prever que en el caso de las coaliciones, la propuesta al cargo de presidente provisional o sustituto, será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente.

Adelantar la toma de posesión del Presidente de la República

El Presidente de la República asume el cargo en virtud de la protesta que rinde ante el Congreso de la Unión, misma que de conformidad con la norma constitucional lo hace el 1o. de diciembre. Debe hacerlo en los términos de la fórmula ya conocida en la que existe la responsabilidad de guardar hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. La protesta marca el inicio legal del mandato presidencial, determina el momento en que comienza la responsabilidad del Presidente en los términos del Titulo IV Constitucional y fija, en forma indubitable, el inicio de las inmunidades y privilegios que constitucionalmente le asisten.

Asimismo este acto formal de protesta se lleva a cabo ante un órgano envestido de legitimidad democrática que le da la elección popular; es decir, el Congreso de la Unión. Es así que los legisladores actuamos como fedatarios y testigos de este acto republicano.

Sin embargo, nadie puede negar que la actual fecha de inicio del cargo y de toma de posesión, resulta inadecuada con relación a otros asuntos de suma relevancia para la vida nacional; es decir, con lo concerniente a la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingreso; ya que actualmente se dispone que la presentación de este "paquete económico", deberá hacerse a más tardar el 15 de diciembre y el Congreso cerrara su sesiones el 31 de diciembre cuando inicie su encargo el Presidente.

Lo cual nos conduce a situaciones negativas, tales como que el Presidente Constitucional entrante sólo cuente con 15 días para elaborar los proyectos respectivos y que como se tiene conocimiento prácticamente este es elaborado por el equipo del presidente saliente y por la otra el que el Congreso de la Unión tenga para el cumplimiento de sus atribuciones de control presupuestal y de ingreso, únicamente 15 días. Por lo que resulta, inadecuado ya que estas funciones se constriñen a plazos perentorios que dan lugar a que sea materialmente imposible para el Ejecutivo elaborar dichas iniciativas y que el análisis sea apresurado por parte del Congreso y se renuncie a un examen minucioso, sereno y responsable.

Aunado a lo anterior, habría que añadir, que resulta también inconveniente el que exista un periodo tan amplio de transición; es decir, un plazo de aproximadamente cinco meses en donde tenemos por una lado al Presidente Constitucional saliente y un presidente electo entrante, lo que en un marco de pluralidad y alternancia, puede llegar a resultar un riesgo de estabilidad política. Por lo que resulta oportuno establecer un marco legal adecuado que elimine estos aspectos negativos que hoy día se originan; en tal sentido, en la presente iniciativa se plantea reformar el artículo 84 Constitucional para adelantar el inicio de encargo y toma de posesión del Presidente de la República, para que esto se lleve a cabo el día 1o. de octubre en lugar del 1o. de diciembre.

Al proponer esta reforma se hace por diversas consideraciones favorables a nuestro sistema político constitucional a saber:

1. Que el titular del Ejecutivo Federal entrante tenga el tiempo adecuado y suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la ley de Ingresos del ejercicio fiscal del próximo año, que le permita planear en la medida de lo posible una mayor precisión de las políticas públicas a aplicar durante el siguiente año y desde su visión y compromiso de gobierno;

2. Que el Congreso de la Unión, con la adecuación de esta fecha de inicio de encargo y la relativa a la modificación de las fechas de presentación de estos ordenamientos jurídicos, cuente con el tiempo debido para que realice una discusión y aprobación más objetiva de los mismos.

Refrendar la no reelección presidencial

El exceso de facultades que se fueron otorgando al Presidente de la República en detrimento del Legislativo, dio origen a la fortaleza del Poder Ejecutivo, siendo éste el centro del poder y de toda la política que gira en torno de él.

A éste fenómeno se le ha reconocido como la enfermedad del régimen presidencial, es decir, el presidencialismo, ya que lo ha degenerado, fragmentando el equilibrio estatal acaparando el poder.

Actualmente y por convicción es que refrendamos la no reelección presidencial, la cual debe conservarse como una de la facultades de la soberanía nacional para limitar al presidente en el tiempo, para permitir un verdadero equilibrio de poderes y la pluralidad que es característica de todo sistema democrático, ya que de no ser así se perderían las sustentabilidad de nuestras bases constitucionales.

Se establece de manera tajante e indubitable que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, no podrá ser reelecto, o quien hubiere tenido el carácter de Presidente con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el puesto de Presidente.

Finalmente en este punto cabe mencionar que se debe distinguir la reelección presidencial de la legislativa, en virtud de que la primera, generaría acaparamiento de poder, en cambio la reelección legislativa debidamente acotada, permitiría el fortalecimiento del legislativo y de sus funciones de control sobre el Ejecutivo, permitiendo un desarrollo integral del estado.

Por un servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal.

A nadie escapa el hecho de que la Administración Pública Federal se ha visto sometida a cambios y reformas, las cuales han buscado en todo momento su modernización, con el propósito de poder dar mejores respuestas a las crecientes demandas de la sociedad y proporcionar servicios públicos, no sólo de calidad sino en un esquema regido esencialmente por el criterio de la equidad. Existe la convicción compartida por muchos sectores de la sociedad mexicana de que una administración eficiente e imparcial, sin duda, contribuye a fortalecer el Estado de Derecho.

Resulta esencial generar nuevas aptitudes y actitudes bajo una también novedosa concepción de cultura y servicio público, en la que el centro de atención lo constituyan los miles de ciudadanos que entablan una relación día con día con la administración pública.

Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y autorizar estructuras orgánicas y ocupacionales que permitan contribuir al mejoramiento administrativo y fortalecer la función pública, para que ésta efectivamente responda a lo que la sociedad espera y necesita de ella.

En consecuencia se plantea establecer en el artículo 90 constitucional que en la Administración Pública Federal se establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos, a fin de cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Dicho servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del servicio público. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva.

México tiene hoy un Congreso plural y orgulloso de sí mismo. Consiente de su responsabilidad histórica. Ejecutivo y Legislativo no son opuestos entre sí, son complementarios. Los mexicanos pueden estar seguros de que los legisladores de Acción Nacional cumplirán cabalmente su compromiso.

Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta representación nacional el siguiente:

Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo único. Se reforma el artículos 85 párrafo primero; se adicionan al artículo 72 un párrafo segundo al inciso b; 84 párrafos cuarto y quinto; 90 un párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 72. . .

a) y b. . .

Si hubiese transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para formular las observaciones a que se refiere el párrafo anterior y no las hubiere hecho, el decreto o ley de que se trate será considerado promulgado y el Presidente del Congreso de la Unión ordenará su publicación.

c). . .

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en el seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional y sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto.

Artículo 84. . .

El nombramiento de presidente provisional, interino o sustituto en los términos del presente artículo, se sujetará a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero en todo caso, la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese cargo.

En el caso de las coaliciones, la propuesta a que alude el párrafo anterior será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente.

Artículo 85. Si al comenzar un periodo Constitucional no se presentase el Presidente electo o la elección no estuviese hecha y declarada el 1o. de octubre, cesará sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

Artículo 90. . .

En la Administración Pública Federal se establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos, para garantizar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. El servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del servicio público. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva.

ARTICULO TRANSITORIO.

Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de marzo de 2002. — Diputados: Manuel Minjares, Armanda Salinas, Eduardo Rivera Pérez, Luis Fernando Sánchez Nava, Miguel Gutiérrez Hernández, Salvador Escobedo, Juan Carlos Pallares Bueno, Fernando P. N., Yadira Tamayo H., Patricia Martínez, Manuel Osorio, Guillermo Anaya Ll., Miguel A. M., Raúl García Guzmán, Cuauhtémoc Cardona, Germán A. Pellegrini , y Gabriela Cuevas B.»

PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y le ruego a la secretaría tome providencias para publicar el texto íntegro, tal como lo solicitó el ciudadano diputado.

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La iniciativa que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, será leída al final de iniciativas por el diputado proponente.

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En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro García Sáenz Arenas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

DIP. ALEJANDRO GARCIA SAENZ: Muchas gracias a la presidencia.

Compañeras y compañeros diputados: La infraestructura del país a lo largo de los años, ha sido edificada conjuntamente ...

(LEYO. INSERTESE)

«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— LVIII Legislatura.— Presente.

Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Epezia Maldonado; diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La infraestructura del país a lo largo de los años, ha sido edificada conjuntamente mediante los esfuerzos del Gobierno, de la iniciativa privada y de la misma ciudadanía. Sin estas obras y construcciones no podríamos haber alcanzado por mucho, el nivel de comunicaciones y servicios con los que la nación cuenta actualmente.

Estas transformaciones producen, en algunos casos, que el marco jurídico se vea rebasado por las nuevas realidades a las que nos enfrentamos los mexicanos, por lo cual, dichas transformaciones requieren un estudio más concienzudo y apegado a lo que el pueblo actualmente demanda.

Razón por demás necesaria, el establecer una adecuada planeación de las comunicaciones y transportes, la cual es base indispensable para el desenvolvimiento económico del país, sobre todo cuando es concebido a largo plazo. Por ello, la necesidad de que sea la misma ciudadanía, la cual deposita en el Congreso de la Unión las facultades escrutadoras del ejercicio del Poder Ejecutivo, la que revise que dichas inversiones están apegadas a derecho.

Si con estas reformas podemos dar certidumbre jurídica y moral a los actos de Gobierno; resulta imperativo implementar los cambios a la legislación correspondiente y contribuir con ello a la planeación democrática del desarrollo nacional.

Las concesiones deben ser otorgadas procurando el mayor beneficio de la sociedad, pero no con una visión mediática del asunto, sino de, proyectar los beneficios de una manera más integral.

Desafortunadamente, nuestro país, a través de la historia, ha vivido situaciones en las que los procedimientos para la asignación de una concesión no han sido del todo apegadas a la honestidad y transparencia requeridos.

Lo anterior ha traído como consecuencia que la ciudadanía no tenga plena confianza en este tipo de procedimientos, pues existe la posibilidad de que las. autoridades encargadas de analizar las opciones que los interesados presentan, tengan claro desde un principio quien va a ser el beneficiario, contribuyendo así a la falta de equidad que lesiona los intereses de la nación.

Por ello, para evitar lesionar los intereses de los particulares que con ánimo y confianza invierten en México; así como para: evitar postergar el expedito y sano desarrollo de dichos intereses, incluimos en nuestra propuesta la afirmativa ficta, la cual dotará de certidumbre y eficacia en estos procesos.

Asimismo, consideramos que la Comisión Permanente deberá resolver el dictamen de la comisión especial encargada de dictaminar si la concesión cumple satisfactoriamente a juicio de esta Cámara de Diputados la normatividad aplicable en la materia.

Para nosotros como legisladores, es de suma importancia recobrar la ya tan fracturada confianza de todos los mexicanos en sus instituciones, no basta decir que se generó un cambio si éste no es percibido por los ciudadanos.

Es necesario promover la expedición de leyes que promuevan la planeación nacional del :desarrollo económico y social, garantizando con esto el saludable manejo de los recursos públicos y su relación con los particulares para proveer un desarrollo eficaz y sustentable.

Es momento de demostrar que se terminaron los privilegios a cualquier nivel y que desde el lugar en que ahora nos encontramos, sumaremos esfuerzos para velar por los intereses generales del país y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos sus rincones.

La fiscalización del accionar en materia de concesiones otorgadas por las dependencias de la Administración Pública Federal, cuando así lo considere necesario la Cámara de Diputados, demuestra apertura y claridad en el manejo de los recursos y servicios públicos. Si con ello se aclaran manejos turbios o se dilucidan administraciones sanas y apegadas a derecho, podremos consolidar nuestro sistema democrático, vigente.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la plena seguridad de que con la presente iniciativa de reforma, :y dados los tiempos de cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor transparencia a ese procedimiento de concesiones que realiza el Ejecutivo Federal, evitando en la medida, de lo posible, que se puedan presentar, actos de corrupción o favorecimiento de intereses.

Por dicho motivo se propone que el Congreso de la Unión mediante cualquiera de las dos cámaras, sea quién ratifique el otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de la concesión que lleve a cabo la dependencia encargada del Ejecutivo.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Mediante el cual se adicionan los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se adicionan los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 42.

1. . .

2. En materia de concesiones, permisos y prórrogas que otorgue la Administración Pública Federal y en las que la Cámara tenga facultad para conocer y además así lo haya solicitado, se constituirá la comisión especial de concesiones coniforme al numeral anterior: : .

3. La comisión especial de concesiones, tiene a su cargo verificar que el procedimiento para otorgar concesiones, permisos y prórrogas por la Administración Pública Federal se realice conforme a las leyes aplicables en la materia.

4. Al concluir las actividades de la Comisión Especial de Concesiones, esta deberá presentar un informe detallado de todas las actividades realizadas por la-misma, y de resultar procedente, formulará las recomendaciones o denuncias que correspondan:

5. El informe a que se refiere el numeral anterior, deberá discutirse en el pleno de la Cámara, y si derivado de la discusión existiesen votos particulares, éstos se agregaran al informe. El informe deberá publicarse en el Diario de los Debates.

6. Si la Cámara solicita intervenir en este proceso, esta deberá dar respuesta antes de 40 días naturales después de que el Ejecutivo Federal haya resuelto la concesión, en caso contrario se entenderá como resuelta sin ninguna restricción para que se otorgue la concesión.

7: En caso de que la Cámara de Diputados haya terminado su periodo ordinario y el trámite de la concesión se encuentre en la comisión especial o no se encuentre sesionando en un periodo ordinario de sesiones, o no haya sido convocada a periodo extraordinario de sesiones para resolver sobre una concesión en particular, la Comisión Permanente resolverá lo conducente.

8. En todo lo no previsto en este artículo, se aplicarán las disposiciones previstas por esta ley en su Título Segundo, capítulo sexto y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 días de marzo de 2002.— Partido Verde Ecologista de México.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia Gar, cía Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arenas, lMaría Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.

PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. e insértese íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta.

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Esta presidencia se hace a si misma una fe de erratas y solicita que en lugar de poner transmuta, que no existe y que fue un apócope de transfiere y permuta, se ponga permuta.

Se concede el uso de la palabra a la diputada Yadira Tamayo Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fortalecimiento del Poder Judicial.

DIP. YADIRA TAMAYO HERRERA: Con permiso de la mesa directiva:

(LEYO. INSERTESE)

Ciudadana Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Judicial de la Federación, iniciativa que se inscribe dentro de la visión de la reforma del Estado en este rubro. misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Acción Nacional refrenda su compromiso con la renovación y perfeccionamiento de una vida social institucionalizada. De allí se desprende la necesidad de un diseño institucional que sea congruente con el cambio que se dio a partir del 2 de julio del año 2000 y que atienda las exigencias de una auténtica reforma del Estado.

Así, encontramos la necesidad de jurisdicción que se impone como un deber del Estado, en donde el contenido de la norma no sólo exige su precisión como garantía, sino fundamentalmente su plenitud, verdadero anhelo de la justicia de la nación mexicana.

Al Poder Judicial le corresponde la defensa del Derecho, interpretar la ley para establecer el orden jurídico, terminar con la incertidumbre, asegurar los derechos e intereses legalmente protegidos, reprimir las violaciones a la legalidad y resolver los conflictos de intereses. Este tiene la importante función de contribuir a mantener el orden, la seguridad, la legalidad, la justicia, asegurando la paz y la tranquilidad, concurriendo así a la realización del bienestar social y al buen funcionamiento de la sociedad.

En tal virtud, el Poder Judicial de la Federación, como responsable de la administración de justicia, requiere de condiciones de legitimación mucha más exigentes, como lo son la independencia, la eficiencia y la accesibilidad.

Con las reformas constitucionales de 1994, sin duda se dio un gran avance al fortalecimiento del Poder Judicial, mejorando su funcionamiento administrativo, pero insuficiente en cuanto a sus alcances.

Sin embargo, la tarea de perfeccionar y consolidar nuestras instituciones de justicia debe continuar, por lo que presentamos la iniciativa de Reforma al Poder Judicial que plantea las siguientes propuestas:

*Unicidad jurisdiccional: incorporación de los tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso administrativo al Poder Judicial.

El orden federal del sistema jurisdiccional mexicano, se compone a partir de diferentes tribunales no judiciales, que a pesar de que materialmente dirimen controversia, formalmente no pertenecen al Poder Judicial, tales como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales agrarios, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros.

Lo anterior sin duda es un detrimento al Poder Judicial como poder responsable de la potestad jurisdiccional y solución de las controversias. Por ello se plantea el establecimiento de la unidad judicial, en el entendido de que todo el orden jurídico se enlace en un solo poder, que no se distribuyan en diversas instituciones y se pierdan en una complejidad administrativa las competencias de legalidad, de anulación o incluso de jurisdicción.

Mediante la incorporación de los tribunales en materia agraria, contencioso administrativo y laboral, se evitarían duplicidades y disfuncionalidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendado al Poder Judicial. No se violentarían o cuestionarían los principios de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción.

Asimismo, con esta reforma el consejo de la Judicatura Federal, sería el único responsable de la vigilancia y disciplina de los juzgadores y del servicio de la carrera judicial.

Para evitar el rezago en el que se encuentra nuestro país en materia de unicidad judicial debemos destacar que países como España, Guatemala, Perú, Panamá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros, ya han incorporado a su fecha este mecanismo en sus sistemas jurídicos.

En virtud de lo anterior, proponemos reformar el artículo 27 a efecto de establecer que los tribunales responsables de la administración de justicia agraria pertenezcan al Poder Judicial de la Federación.

Se pretende establecer en el artículo 94 constitucional que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposite en la Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en los Tribunales en materia agraria, laboral y de los Contencioso Administrativo, en tribunales colegiados y unitarios de Circuito y en juzgados de Distrito.

Congruentemente con la incorporación de los tribunales en materia agraria, laboral y contencioso administrativo al Poder Judicial que se hace en el primer párrafo del artículo 94, es que se plantea reformar sus subsecuentes párrafos y planteamos las adecuaciones a los numerales 94, 100, 101, 105, 107 y 110 para la viabilidad de la propuesta de la unicidad judicial planteada en la presente iniciativa.

Fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal.

Como anteriormente se citó, en diciembre de 1994 se produjo una reforma judicial en dos vertientes principales: la reestructuración orgánica y funcional de la Suprema Corte y la creación del Consejo de la Judicatura Federal.

En la segunda vertiente se crea el autogobierno del Poder Judicial, dando paso al Consejo de la Judicatura Federal como un órgano cuya misión principal es garantizar la independencia del Poder Judicial en su conjunto y cuidar que se apliquen en todo tiempo los principios de la carrera judicial. Al mismo tiempo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral.

Cabe aclarar que en 1999 las normas constitucionales sobre el Consejo de la Judicatura sufrieron reformas y adiciones. Con ésta, la autonomía del Consejo de la Judicatura se vio vulnerada, ya que se confirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de revocar las resoluciones que dicho Consejo emitiera.

Asimismo se cambió el procedimiento para la designación de los miembros del consejo, de tal forma que ya no sería mediante insaculación, sino que fuera el pleno de la Corte el que los designe por mayoría de ocho votos.

En tal sentido se considera indispensable reflexionar nuevamente sobre la reestructura del Consejo de la Judicatura, a fin de que cumpla de manera eficaz su función como órgano auxiliar en la administración del Poder Judicial de la Federación.

Se propone reformar el artículo 100 constitucional, a efecto de establecer que el consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, pero estableciendo que las decisiones del consejo serán definitiva a inatacables.

Se mantiene el precepto en lo tocante a que la Suprema Corte puede solicitar al consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. Sin embargo, esta iniciativa propone eliminar o derogar la disposición que permitía al pleno de la Corte el poder revisar y, en su caso, recovar los que el consejo apruebe por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones.

Facultad de iniciativa de Ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La iniciativa de ley es un derecho establecido por la Constitución para poder promover en el ámbito del Poder Legislativo, conforme a los procedimientos determinados en el propio texto de la ley fundamental. Actualmente, conforme a nuestro artículo 71 constitucional, quienes tienen la facultad para iniciar leyes son: el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso y las legislaturas de los estados.

En tal sentido se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con esta facultad en lo concerniente a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con esta propuesta se permitiría dar mayor legitimidad al origen, formulación y vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por otra parte, cabe destacar que en otros países se establece como facultad de la Corte el derecho de iniciar leyes, como lo son en Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala.

Por último, en la mayoría de las constitucionales locales de los estados de la República Mexicana, se reconoce este derecho.

Por lo anterior se propone adicionar una fracción al artículo 71 de nuestra Ley Fundamental, para establecer que corresponderá también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de iniciativa de ley, pero únicamente en cuanto a su Ley Orgánica.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES.

Uno de los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial Federal, es el rezago de expedientes, cuya causa se fundamenta en el juicio de amparo y

en la manera en que éste es interpuesto. El Poder Judicial Federal, al resolver estos juicios, actúa como el revisor de la legalidad de las decisiones de los Tribunales del Fuero Común y además, tiene la función de proteger las garantías individuales. El juicio de amparo que en principio fue ideado para proteger los derechos individuales, ha derivado en ser un recurso de revisión de la legalidad de las resoluciones de las dependencias de los Poderes Ejecutivo Federal y locales e incluso de las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales de los Poderes Judiciales locales.

Por otra parte, para que la función revisora del Poder Federal disminuya, se requiere que haya mayor homogeneidad en los niveles de confianza, en la impartición de justicia entre el fuero federal y común. La autonomía de este poder en el ámbito local debe fortalecerse a través de la profesionalización de los funcionarios.

Es así que el Poder Judicial, en el ámbito estatal, aún conserva una estructura y organización arcaicos. En algunas entidades de la Federación, en la práctica subsiste la sujeción de los tribunales superiores de Justicia a la autoridad del gobernador, el sistema de permanencia en la carrera judicial en el fuero común no está suficientemente garantizado en todas las entidades, lo que da lugar al sometimiento de algunos funcionarios a fin de preservar sus cargos, esto hace aparecer a la impartición de justicia, poco confiable a la luz de los ojos de los ciudadanos.

No se puede mantener una organización judicial que conlleve dos niveles de justicia que no están articulados entre ellos: el local y el federal. Las deficiencias del primero traen como consecuencia el rezago del segundo y el único perjudicado con esta situación es el ciudadano. La articulación entre estos poderes sólo se logrará cuando el nivel de independencia y profesionalización del federal y de los locales sea en la medida de lo posible similar.

En consecuencia, proponemos reformar la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal, a fin de implementar un procedimiento para que la independencia del Poder Judicial local se haga de una manera clara en la selección de los magistrados que integren este poder, por lo que integramos una adición al texto constitucional, a efecto de lograr plasman en él la elección de los miembros que conformen el Poder Judicial local en cada una de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, realizando un equilibrio de poderes, ya que el Poder Ejecutivo será el que proponga al Congreso local una terna para que se apruebe al magistrado o magistrados que la representación popular decida.

Se propone establecer la creación de consejos de la Judicatura en las entidades federativas.

Por lo que se hace necesario una adición constitucional que permee en todo el país, indicando que se creen en todas las entidades federativas los consejos de la Judicatura y además dotarles de facultades como la vigilancia y disciplina del Poder Judicial local y la implantación de la carrera judicial local, para que se cumpla con los principios de honradez, imparcialidad, excelencia, legalidad, lealtad y eficiencia, así como la elaboración del presupuesto de egresos de cada uno de los tribunales locales.

Con estas propuestas se podría contribuir a promover, en pocos años, poderes judiciales locales fuertes e independientes del poder político, como lo exige la división de poderes, fortaleciendo las garantías individuales de los ciudadanos y la eficacia misma de las instituciones públicas.

Esto es todo por mi parte, suplico instruya a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto que en estos momentos entrego.

Esto es todo por mi parte. Suplico a la presidencia instruya a la secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto que en estos momentos entrego. Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y atiéndase la solicitud de la diputada

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Luis Fernando Sánchez Nava, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento a organismos constitucionales autónomos.

EL C. DIPUTADO LUIS FERNANDO SANCHEZ NAVA:

(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Constitución General, para el fortalecimiento del Poder Legislativo de la Federación, dentro de la Reforma del Estado.

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Legislativo de la Federación, iniciativa que se inscribe dentro de nuestra visión sobre la reforma del estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Partido Acción Nacional, en congruencia con sus 62 años de participación política, reitera su compromiso con México y asume la responsabilidad de responder ante las y los mexicanos, que en las urnas se pronunciaron por un cambio que fuera más allá de la alternancia, hacia una transformación profunda y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de la nación.

Al reconocer que este periodo de consolidación democrática, ha sido de evaluación y estudio, Acción Nacional se hizo a la tarea de recuperar las tesis que ha guiado la ciudadanía. Esto, a través de propuestas legislativas y de gobierno que contribuyan -con serenidad- a la edificación de una reforma que vaya a la esencia de las instituciones políticas que sostienen al Estado mexicano, a la luz de los retos que la realidad nos impone.

Entendemos que una reforma del estado no estará completa sin las reformas en materia económica y social. Sin embargo, a la luz del rezago actual que viven las instituciones políticas, creemos que el tiempo ha llegado para abordar directamente las estructuras que habían sostenido al viejo régimen, para determinar -de una vez por todas- las bases institucionales de lo que debe ser un país en el que la justicia y la legalidad sean el motor para un desarrollo incluyente y democrático.

La persona o grupos de personas que ejercen una parte de la potestad pública, jurídicamente vienen a ser los órganos del estado que adquieren la facultad a partir del contenido de la Constitución. En nuestro caso, emana de la soberanía como fuente de poder que reside en el pueblo, fundamentada en la libertad y en la igualdad mediante un gobierno representativo.

El Estado, cuenta con tres niveles de gobierno, que cuentan a su vez con un sistema de representación y la organización de procesos mediante los cuales se hace efectiva la delegación popular.

El ejercicio del poder, había venido generando un desequilibrio que con el tiempo se fue acentuando, convirtiendo una de las funciones en concentradora de las otras dos, en los tres niveles de gobierno, anulando, así al resto. Fue quizás ese desajuste el que afectó al sistema de pesos y contrapesos que debe equilibrar el ejercicio del poder y de la autoridad, hasta llegar al momento del reclamo y la definición en que hoy nos encontramos, ante la realidad impostergable de institucionalizar el ejercicio de los procesos políticos.

La consolidación de las instituciones democráticas, reclama la redefinición de normas constitucionales acordes con los preceptos previamente integrados, con el fin de hacer efectiva su función, delimitando y definiendo ámbitos y competencias, atribuciones y facultades. La definición de la estructura de cada uno de los tres poderes y de los tres niveles de gobierno debe marcar su función respectiva dentro del Estado y con base a los principios normativos que le dan forma en el ordenamiento supremo que es la Constitución. En ella se determinan la forma de gobierno, la organización y las funciones de los poderes públicos, así como la organización de los procesos democráticos y determinando los derechos y deberes de los ciudadanos.

Con la idee de fortalecer a las instituciones dentro de un sistema de equilibrios, Acción Nacional presenta una iniciativa de decreto que reforma varias disposiciones constitucionales. Entendemos que debe ser, a partir de la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se formule el proyecto de estado, mediante el cual las instituciones deja nación puedan contar con la garantía que las defina y les dé estructura, por lo que se pronuncia por un sistema presidencial de equilibrio de poderes, federalista, municipalista, democrático y constitucional.

La tesis que sustenta que el poder desmesurado corrompe a quien lo detenta es vigente y se mantiene. como fundamento del sistema dé división de poderes, el cual plantea la posibilidad de frenar al poder con el poder mismo.

No obstante él reconocimiento de la división y equilibrio de poderes en el propio marco constitucional, el Poder Legislativo se ha visto siempre limitado y condicionado debido al régimen que adoptamos, el cual desde 1824, con los significativos antecedentes del legislativo omnímodo de Apatzingan y del sumiso legislativo iturbidista, marcó la pauta para el surgimiento de un sistema que a través del tiempo se convertiría en una enfermedad del régimen presidencial, en detrimento del Poder Legislativo.

La serie de reformas y modificaciones constitucionales que permitieron el robustecimiento de la figura del Presidente de la República ante el Congreso fueron mermando aún más la función legislativa y su representación nacional.

En todos los ámbitos de la vida política nacional se aprecia la necesidad de contar con un Poder Legislativo Federal con mayores y mejores facultades legales para equilibrar y controlar al Poder Ejecutivo, para servirle de contrapesó. Estas coadyuvarán a lograr una Presidencia de la República democráticamente fuerte y un gabinete sustentado en la eficiencia, la eficacia y la honestidad en el cumplimiento de sus atribuciones, con oportuna y suficiente capacidad de respuesta a las demandas de los ciudadanos.

Hoy, más que nunca, debemos pugnar por fortalecer la división de poderes y por distinguir las facultades de los mismos, sin perder de vista su función de contrapeso mutuo, asegurando así la eficaz marcha del estado.

Reelección inmediata de legisladores.

Acción Nacional considera necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadana respecto a la actuación de sus representantes; en tal sentido sé considera conveniente establecer la reelección inmediata de legisladores. Con ello, se permitirá en primer lugar que la ciudadanía juzgará y valorara el desempeño de los legisladores, teniendo la oportunidad cada tres años, de señalar los errores y los aciertos: podrán valorar no sólo su actividad legislativa y el desempeño de las distintas comisiones de que formen parte, sino también la acción de gestión en beneficio de la sociedad.

Es el camino para que la ciudadanía tenga la posibilidad de refrendar a aquellos representantes que hayan cumplido con eficacia y espíritu de servicio, respecto a la representación que les fue otorgada. El juicio ciudadano acerca de quiénes han cumplido con su deber, puede manifestarse con plena claridad por medio de la reelección de sus representantes.

Se profesionalizaría a los legisladores, ya que el trabajo legislativo tiene que ver con materias cuyo conocimiento no se adquiere de manera inmediata sino a través de une carrera legislativa.

Esta iniciativa no representa la iniciación de una corriente de opinión contraria al principio de no reelección para los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, ya que dicho principio es esencia y razón de la Revolución Mexicana y del régimen constitucional emanado de ella, por lo que es y debe seguir siendo intocable.

Cabe recordar que en el año de 1964, en la XLVI Legislatura, el tema de reelección legislativa se retomó al presentar el Partido Popular Socialista, a través de su líder Vicente Toledano, una propuesta cuyo objeto fue que los diputados federales pudieran ser reelectos tantas veces como lo decidieran los partidos políticos a los que pertenecían, misma que fue dictaminada con modificaciones para que los diputados no pudieran ser reelectos para un tercer periodo consecutivo.

Este dictamen fue aprobado en la Cámara de Diputados, sin embargo encontró oposición para su aprobación en la Colegisladora, siendo devuelto el proyecto a la Cámara de origen y considerando el obstáculo insuperable que imponía la Cámara de Senadores, se decidió dejar constancia pormenorizada de lo acontecido en el Diario de los Debates y archivar el proyecto.

No es razonable pensar que todos y cada uno de los diputados pudieran reelegirse a su arbitrio personal, ya que de acuerdo con el sistema electoral imperante, para ser candidato a un cargo de representación popular se requiere la postulación de un Partido Político registrado; pero además, quien en última instancia habrá de decidir serán los ciudadanos, quienes indudablemente reelegirán a aquel legislador que no haya cumplido con su deber, que no haya defendido los intereses de sus representados.

Actualmente, existe una reelección limitada, condicionada con intermitencias para los diputados y los senadores en la Constitución de la República. En el texto original de la Constitución de 1917, no existía tal condición. Por lo tanto no hay razón, ni doctrinaria, ni teórica, ni histórica, ni actual, ni circunstancial, que obliguen a no volver al texto original de la Constitución de 17, donde se permitía la reelección inmediata de los legisladores.

En consecuencia, se propone reformar el artículo 59 para establecer una nueva modalidad, en el sentido de que los senadores al Congreso de la Unión, podrán ser reelectos para un periodo inmediato. Que los diputados al Congreso de la Unión, podrán ser reelectos hasta por tres periodos consecutivos. Que los senadores y diputados suplentes podrán ser reelectos para el periodo inmediato con el carácter de propietario; si hubieren estado en ejercicio se computará como reelección en los términos de los párrafos anteriores. La limitación que se propone, es con la finalidad de promover nuevos cuadros parlamentarios que renueven con sus aportaciones el ambiente y la acción legislativos, con lo que se guardaría un equilibrio entre la experiencia y las ideas nuevas.

Esta iniciativa prevé que los senadores y diputados que haya sido electos a los periodos consecutivos a que se refiere este artículo no podrán ser reelectos con el carácter de propietarios ni de suplentes.

Por último se plantea disponer en el artículo 116 constitucional, relativo al régimen de los estados, que los diputados propietarios a las legislaturas de los estados, o los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrán ser reelectos para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de los estados, para que sean éstas las que legislen los términos y formas en la materia, de acuerdo a sus respectivas realidades.

Ampliar el segundo periodo de sesiones ordinarias.

La realidad legislativa ha evidenciado que es insuficiente el tiempo de los periodos ordinarios de sesiones para cumplir con los objetivos del Congreso, ya que los periodos legislativos tan cortos no alcanzan para analizar con detalle las diversas iniciativas presentadas al Congreso y atender además sus otras obligaciones relacionadas con la fiscalización del gasto público, la aprobación del presupuesto y la atención de los incontables asuntos políticos que son motivo de las deliberaciones y debates parlamentarios.

En lo que respecta al derecho comparado, el número y extensión temporal de los periodos de sesiones ordinarias varían de país a país. En Alemania, por ejemplo, se da un sistema de asamblea permanente, es decir, ésta se reúne y cierra sus sesiones cuando lo estima pertinente. Por su parte, en Inglaterra el Parlamento sesiona casi durante todo el año, pero en algunos casos suspende su actividad por algunos meses. Otros países, como Francia, Italia y España, se inclinan por establecer dos periodos de sesiones, fijando, en algunos casos, la fecha de inicio y cierre de los mismos.

En tal virtud, se propone reformar los artículos 65 y 66 constitucionales para que el segundo periodo de sesiones se amplié de un mes y medio a cuatro meses; es decir del 1o. de marzo al 30, de junio y se sugiere que el primer periodo de sesiones ordinarias tenga el plazo que actualmente se dispones de tres y medio meses y de cuatro meses cuando toma posesión el Presidente constitucional.

Adelantar la fecha de presentación del proyecto de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.

El presupuesto junto con el ingreso constituyen el detonante para el desarrollo social y son el impulso de los programas de obras y servicios públicos en materia de nutrición, salud, educación, vivienda, seguridad pública, transporte, vialidad, entre muchos más.

Por ello, existe una responsabilidad fundamental del Poder Legislativo respecto estos instrumentos jurídicos, a fin de determinar si los mismos elevaran o deterioran el desarrollo humano y social de sus representados. Así, como para prever el cumplimiento de la función pública y social del Gobierno. Como es sabido dicha tarea se ve mermada cuando por disposición constitucional, el Congreso de la Unión queda constreñida a analizar y discutir el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos en breves plazos. En tal sentido, es indispensable que se adelante la presentación del "paquete económico" a fin de que se amplié el plazo del Poder Legislativo y con ello se fortalezca la fiscalización, mediante el examen responsable y minucioso que realiza el propio Congreso para verificar que el gasto se ajuste a las autorizaciones financieras decretadas y sean congruentes con los planes y programas, evaluando el adecuado ejercicio de la función pública.

En consecuencia se propone reformar el articulo 74 constitucional para que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de octubre o hasta el día 15 de noviembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. Luego entonces, se permite que el Congreso cuente generalmente con un plazo aproximado de dos meses y, excepcionalmente de mes y medio para el estudio y análisis del llamado "paquete económico." Cabe aclarar que estas fechas son posibles, en el entendido de que en esta misma iniciativa se propone adelantar la fecha de toma de posesión del Presidente constitucional.

Adelantar la presentación y revisión de la Cuenta Pública.

Este caso, al igual que en el anterior, los argumentos a favor de esta propuesta versan en el sentido de fortalecer la función de fiscalización del Poder Legislativo Federal, mediante un examen minucioso y detallado de la cuenta pública, actividad que permite conocer los resultados de la gestión financiera; comprobar si se ajustó a los criterios señalados en el presupuesto y al cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; es decir, es una función vinculada y complementaria del Poder Legislativo a la de la aprobación del Presupuesto y la Ley de Ingresos.

En tal sentido, se propone disponer en el artículo 74 constitucional que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de abril, en lugar de los 10 primeros días del mes de junio, con esto se permitirá que el Congreso pueda realizar su función de una manera más inmediatamente y por la otra el de disponer de más tiempo para ello.

Precisar el procedimiento en caso de ausencia absoluta o vacante de algún legislador.

Los congresos son órganos de formación de la voluntad del estado, en el seno de los cuales se forman consensos básicos en torno a las decisiones políticas que atañen a la colectividad; por esta razón, es de suma importancia que los miembros que integran las asambleas legislativas se encuentren efectivamente presentes en las reuniones en donde se toman las decisiones aludidas, para que a su vez puedan cumplir con su función legislativa, así como de vínculos de demandas y consensos entre gobernantes y gobernados.

Cabe acotar que las disposiciones relativas a las vacantes de los legisladores no las encontramos ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Congreso, sino en el Cofipe. Es así que nuestro actual marco jurídico, si bien a nivel constitucional y legal prevé determinadas disposiciones para garantizar la presencia de los legisladores a las sesiones, lo cierto es que incompleto, y en ocasiones incluso genera lagunas jurídicas, respecto las vacantes que puedan presentarse, por lo que resulta una exigencia dar seguridad desde la ley fundamental sobre las reglas a las que ha de sujetarse las vacantes de los legisladores y que dicho cuerpo colegiado no se vea mermada en su composición.

Por lo tanto se propone establecer que en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias, la cual se efectuará en los términos que disponga la ley. Se prevé que la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

Asimismo se plantea disponer que la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, deberá ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Finalmente se prevé que la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, deberá ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido, que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la lista.

Fortalecimiento de las comisiones de Investigación

Durante la reforma política de 1977-1979 se modificó el artículo 93 constitucional para darle la atribución a las cámaras del Congreso de integrar comisiones de investigación. Estas comisiones estarían limitadas a investigar a los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria, es decir, a la administración pública descentralizada.

Las condiciones en los últimos años se han modificado, y existe la necesidad de ampliar los supuestos sobre los que el Congreso pueda crear comisiones de investigación. Se tiene conocimiento que estas comisiones, hasta el momento, no han podido cumplir con los objetivos propuestos.

Algunos autores afirman que la finalidad de estas comisiones es la de buscar antecedentes respecto de determinado asunto, en el que ha participado la Administración Pública en su sentido más amplio, a efecto de llegar a una conclusión sobre la actuación seguida y buscar las posibles fórmulas de solución al problema planteado, si bien hay que poner claramente de relieve que una de las graves dificultades con que cuentan estos procedimientos parlamentarios es la de su deslinde con procesos y competencias atribuidas a los tribunales judiciales.

Insistimos en que el Poder Legislativo es la pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa. La representación social que ejerce el Poder Legislativo en las esferas de poder es uno de los postulados característicos de todo régimen democrático.

Más aún esto es importante, si se toma en cuenta que no se puede concebir un sistema constitucional; si al mismo tiempo no se le estructura sobre una base amplia de límites y controles al ejercicio del poder político y es en este contexto donde el Congreso de la Unión, como depositario del Poder Legislativo, tiene un papel relevante en la democracia. La esencia de esta competencia es la inspección, la fiscalización, la vigilancia, la revisión, el examen, la comprobación, la denuncia, el escrutinio y la discusión pública de los asuntos que atañen a la colectividad, es decir que tienen que ver con las políticas, los entes y los órganos: públicos, así como con sus titulares.

Un Poder Legislativo fortalecido en sus funciones trasmite confianza en la ciudadanía, lo que influye positivamente en el desarrollo democrático de un estado, generando estabilidad, política, social y por ende económica. Por ello es importante considerar que debe pasarse de un simple Congreso Legislativo a un Congreso fiscalizador, en el sentido de que el control legislativo no es la mera obstrucción de la función de los otros poderes, sino fiscalizar y controlar las áreas en las que estos intervienen, con el fin de evidenciar sus errores o excesos. Es precisamente en este terreno donde debe fortalecerse a estas comisiones de investigación como instrumentos indispensables de control o fiscalización que tiene el Congreso de la Unión en el cumplimiento de su atribución dentro del principio de la división de poderes.

Por ello se propone, que las cámaras tengan la facultad de integrar comisiones para investigar no sólo asuntos de organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria, sino para cualquier asunto de interés nacional, lo cual podrá hacerse a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad, si se trata de los senadores y mediante la aprobación, del pleno de la Cámara correspondiente. Se plantea en esta iniciativa que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones, que en su caso se emitan, se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo Federal y en su caso del Ministerio Público Federal, cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, para que se adopten las medidas y se ejecuten aquellas que se consideren procedentes.

Asimismo se propone que las autoridades de la Administración Pública Federal y en general cualquiera de sus servidores públicos, contribuirán al cumplimiento de las funciones encomendadas a las comisiones de investigación a que se refiere este artículo, por lo que tendrán la obligación de prestar a las mismas el apoyo que le requieran y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren necesarias, aún la clasificada por la ley como reservada, confidencial, secreta o restringida, bajo el entendido de que dichas comisiones de investigación revisten un carácter especial de fiscalización y por la otra porque se tata de un instrumento o medio de un poder público que no justifica obstaculizar su atribución como contrapeso dentro del principio de la división de poderes.

Asimismo se prevé que el funcionamiento, organización e integración de las comisiones de investigación a que alude este artículo, así como el manejo de la información a que se refiere este artículo se sujetará a lo dispuesto en la ley reglamentaria que al efecto expida el Congreso de la Unión.

Ampliar las facultades del Congreso

Con esta reforma así mismo se plantea ampliar las facultades de revisión respecto a los ingresos y egresos de los poderes de la Unión así como lo relativo a la imposición de contribuciones con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la facultad de fiscalización y control. De esta manera podemos, a través de acciones de fiscalización, evitar afectar la hacienda pública federal o el patrimonio público de los entes federales, situación que ha perjudicado a nuestro país en otras ocasiones y que con esta reforma el Congreso actúa en función del interés de sus representados. El grupo parlamentario de Acción Nacional ratifica la importancia de transparentar y eficientizar el ejercicio de los recursos públicos.

Servicio Legislativo de Carrera.

En un contexto de distribución plural del poder al interior el Congreso, existen incentivos y condiciones para formar equipos profesionales de apoyo a la tarea legislativa y de administración de las cámaras, lo cual permitirá cumplir con mayor eficiencia y eficacia las tareas que tienen encomendado este órgano de gobierno. El establecimiento de un servicio civil de carrera contribuirá a la profesionalización dé los empleados y al mismo tiempo fortalecerá las atribuciones del Congreso. En la actualidad la complejidad del trabajo parlamentario requiere de personal más especializado y profesionalizad, con servidores públicos capacitados, especializados y comprometidos.

El servicio civil de carrera permite conformar recursos humanos que están sujetos a proceso de profesionalización y capacitación permanente y que tienen una visión institucional de las tareas que tienen que cumplir, más allá de los vaivenes políticos o los deseos de legisladores o de los grupos parlamentarios. El servicio civil en el Congreso permitirá institucionalizar la tarea de memoria institucional que tienen a su cargo las cámaras, no sólo en el aspecto de los documentos y actividades que se realizan, sino por los recursos humanos que se harán cargo de estas tareas.

No pasa desapercibido que con la nueva Ley Orgánica del Congreso de 1999 se instituyó en la Cámara de Diputados y la de Senadores un servicio de carrera, en los artículos 56, 57, 114, 115, que es la base de la organización técnica y administrativa de las cámaras, y que tiene como principio básico la profesionalización permanente de su personal.

Por parte del Senado hasta el momento el servicio civil de carrera no se ha concretado ni se ha expedido el estatuto de organización interna de esta Cámara. Respecto a la Cámara de Diputados, ésta expidió en 2000 el estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera donde se establecen los fines, principios, criterios de ingreso y desarrollo al servicio de carrera, el cual buscará facilitar la continuidad de las funciones parlamentarias, administrativas y financieras de la Cámara más allá de los cambios de legislatura, la conservación de una memoria institucional, y el apoyo técnico y profesional a la labor de los legisladores que sea eficiente, eficaz e imparcial. No obstante lo anterior, el servicio de carrera no se ha concretado en el Poder legislativo, por ello se plantea la necesidad de establecerlo como una norma básica desde el orden constitucional por lo que se propone: disponer en el artículo 70 que la ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el funcionamiento del servicio de carrera legislativo, la cual se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, con el fin de que por mandato de la Ley Suprema se concretice auténticamente el servicio de carrera legislativo.

Con estas propuestas de reforma constitucional al Poder Legislativo, Acción Nacional refrenda su compromiso por construir desde la norma un Estado, donde las relaciones entre los poderes públicos sea más equilibrada, sin predominio de uno sobre del otro, y que realmente sea efectivo el principió democrático de la división de poderes, asimismo para que la relación de estos poderes públicos con los gobernantes sea más estrecha, responsable y vinculante.

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma, deroga y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforman los artículos 59; 63 párrafo primero; 65 párrafo primero; 66 párrafo primero; 70 párrafos primero y segundo; 74 párrafos segundo y sexto de la fracción cuarta; 77 fracción cuarta; 93 párrafo tercero; 116 párrafo segundo de la fracción segunda; se adiciona al artículo 63 los incisos a, b, c y d en el párrafo primero; 70 con un párrafo cuarto, y el actual párrafo cuarto se recorre al quinto; 73 dos fracciones; 93 con los párrafos cuarto y quinto y; se deroga el párrafo segundo del artículo 66, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 59. Los senadores propietarios o los suplentes que hubieren estado en ejercicio, podrán ser electos para un periodo consecutivo. Los diputados propietarios o los suplentes que hubieren estado en ejercicio, podrán ser reelectos hasta en tres periodos consecutivos.

Los senadores y diputados propietarios que hayan sido electos en los términos del párrafo anterior, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes.

Artículo 63. Las cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese sólo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones, de conformidad con lo siguiente:

a) En el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias, en los términos que disponga la ley;

b) La vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido;

c) La vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, deberá ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido

d) La vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la lista.

Artículo 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias y a partir del 1o. de marzo de cada año para celebrar un segundo periodo de sesiones.

Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 30 de mayo del mismo año.

. . .Derogado

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "el Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos; así como las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el funcionamiento del servicio de carrera legislativo, la cual se regirá por los principios de legalidad, honradez, lealtad; imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones.

De conformidad con la ley, cada Cámara contará con el número de comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones. Las comisiones son órganos que tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y control evaluatorio y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Las autoridades y los funcionarios de la Administración Pública Federal tendrán la obligación de proporcionar la documentación e información que les sea solicitada por las comisiones mencionadas en este párrafo, en los términos que disponga la ley.

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I a la XXIX. . .

XXX. Para realizar a través de sus comisiones ordinarias, con base en su competencia, actividades de control del estado que guarden las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en lo que respecta a los programas, planes y proyectos de trabajo;

XXXI. Para realizar actividades de fiscalización, a efecto de supervisar y verificar los ingresos y egresos de los poderes de la Unión y de los órganos autónomos federales, el manejo, custodia y aplicación de los recursos; determinar las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, en los términos del artículo 79 de esta Constitución;

XXXII. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta constitución a los poderes de la Unión.

Artículo 74 . . .

I a la IV. . .

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes che octubre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de abril.

V a la VIII. . .

Artículo 77. . .

I a la III. . .

IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros.

Artículo 93. . .

Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de los senadores y mediante la aprobación del pleno de la Cámara correspondiente, tienen la facultad de integrar comisiones para investigas cualquier asunto de interés nacional: dichas comisiones sólo podrán integrarse y funcionar dentro de la legislatura que las constituyó. Los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que en su caso se emitan, se harán del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva y del Ejecutivo Federal, así como del Ministerio Público Federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del Fuero Federal, para que se adopten las medidas procedentes.

Todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal prestarán a las comisiones de investigación el apoyo que les requieran y deberán proporcionarles la información y documentación que les soliciten, aún la clasificada por la ley como reservada, confidencial, secreta o restringida.

El funcionamiento, organización e integración de las comisiones de investigación a que alude este artículo, así como el manejo de la información a que, se refiere este artículo se sujetará a lo dispuesto en la ley reglamentaria que al efecto expida el Congreso de la Unión.

Artículo 116. . .

Los diputados propietarios a las legislaturas de los estados, o los suplentes que hubieran estado en ejercicio, podrán ser reelectos para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de los estados.

XVII. . .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su. publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de Marzo de 2002.— Felipe Calderón Hinojosa, Manuel Minjares, Eduardo Rivera Pérez, Salvador Escudero, Miguel Gutiérrez Hernández, Juan Carlos Pallares Bueno, Fernando Pérez Noriega, Yadira Tamayo, Martha Patricia Martínez, Manuel Orozco Garza, Cuauhtémoc Cardona, Germán Pellegrini, Moisés Alcalde Virgen, Guillermo Anaya, Adrián Rivera Pérez, María Isabel Velasco Ramos, Esteban Sotelo Salgado, Amado Olvera, Guillermo Anaya, Francisco E. Jurado, José Tomás Lozano y Pardinas, Juan de la Cruz Alberto Cano Cotezano, Manuel Castro y del Valle, Rafael Ramos Sánchez, David Rodríguez Torres, Rafael Orozco Martínez, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, Juan Carlos Pallares Bueno, Rodolfo Ocampo Velásquez, Nestor Villarreal Castro.»

Suplico a la presidencia instruya a la secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la exposición de motivos y el decreto que en este momento entrego.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado, muy amable. Se instruye a la secretaría obsequie el pedimento del ciudadano diputado y se turna la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Felipe Calderón Hinojosa, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de fortalecimiento del Poder Legislativo.

EL C. DIPUTADO FELIPE CALDERON HINOJOSA: Gracias. Con permiso de la presidencia. Señoras y señores legisladores: el día de hoy los diputados del Partido Acción Nacional que participan en los temas relacionados con la reforma del Estado estamos presentando una serie de iniciativas que forma parte del primer bloque de reformas que ponemos a la consideración del Congreso de la Unión.

Este es el fruto del trabajo paciente y constante, fuera de cámaras y de medios, digámoslo así, pero trabajo real al fin, no siempre registrado en las críticas al Legislativo, y que constituye la propuesta de Acción Nacional al Congreso de la Unión en la materia de reforma del Estado y particularmente en materia de fortalecimiento de poderes, en especial del Poder Legislativo.

En obvio de tiempo y de conformidad con el espíritu y el propósito de los grupos parlamentarios de reducir en lo posible el tiempo de presentación de iniciativas, voy a presentar por escrito a la secretaría el texto correspondiente a efecto de que se inserte textualmente en el Diario de los Debates, como si fuese leído en su literalidad y a comentar algunos de los puntos medulares de esta iniciativa.

En primer lugar, es una iniciativa que se refiere al fortalecimiento del Legislativo. Buscamos una reforma que vaya a la esencia de las instituciones políticas que sostienen al Estado, a la luz de los retos que la realidad nos impone.

Hemos afirmado que una reforma del Estado no está completa si no abarca un cambio, una transformación en las relaciones económicas y sociales entre los órganos del Estado y los ciudadanos.

Sin embargo, a la luz de los cambios impulsados por la sociedad en materia política, las instituciones políticas precisamente han quedado rezagadas y ha llegado el tiempo de estructurar sobre nuevas bases el ordenamiento constitucional del país y sustituir aquellas estructuras que formaron parte del antiguo régimen.

Por razones históricas, el Poder Legislativo ha venido sufriendo una merma en su capacidad real de la toma de decisiones ante la sociedad. Probablemente, paradójicamente diríamos nosotros, uno de los momentos de mayor debilitamiento del Poder Legislativo se presenta, coincidentemente, con el crecimiento del Poder hegemónico del presidente de la República y particularmente el poder del jefe máximo, a finales de la década de los 20 y principios de los 30.

Y decimos esto porque no es casualidad que el debilitamiento del Poder Legislativo entre en una fase crónica precisamente en el cenit de la jefatura máxima del poder en el presidente y en el año de 1933, que es precisamente el año en el que se suprime la reelección consecutiva de los legisladores.

Es decir, todas nuestras constituciones en el siglo pasado y aun la Constitución de 1917 preveía precisamente la reelección consecutiva. Y no pretendo circunscribir ni las reformas al Poder Legislativo a este solo tema ni mucho menos las propuestas de Acción Nacional en reforma del Estado al tema de la reelección. Pero sí quiero dejar una premisa asentada con claridad: estrictamente no estamos proponiendo introducir la reelección a la figura constitucional, la reelección de los legisladores, por una simple y sencilla razón: la reelección de los legisladores ya está considerada en la Constitución, es posible.

El punto que debilita al Poder Legislativo es que esta facultad, que no es de los legisladores sino del ciudadano de elegir a sus representantes, está mutilada, cercenada por la prohibición de la reelección consecutiva.

El debilitamiento del Legislativo, pues, inicia cuando los legisladores no pueden constituir un cuerpo orgánico con la experiencia, la profesionalización, la continuidad en el tratamiento de los asuntos, y sobre todo la vinculación con los electores que sólo un régimen de reelección consecutiva da y que por cierto opera en la abrumadora mayoría de los países democráticos en el mundo.

Con la idea de fortalecer a las instituciones dentro de un verdadero equilibrio de Poderes, Acción Nacional presenta esta Iniciativa de Decreto que reforma varias disposiciones constitucionales referidas al fortalecimiento del Poder Legislativo.

La serie de reformas que proponemos permiten que precisamente se valore y se deje en manos de los ciudadanos, las decisiones acerca de la integración del poder representativo se amplíen los períodos de sesiones, se precisen ausencias y suplencias de los propios legisladores, y sobre todo, se fortalezca, se robustezca el trabajo de las Comisiones.

En este orden de ideas los puntos centrales de la propuesta que ponemos a consideración del Congreso son los siguientes:

Primero. Reelección consecutiva de legisladores. Consideramos necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadana respecto de la actuación de los representantes populares. Se propone reformar el Artículo 59 para establecer una nueva modalidad para que los senadores al Congreso de la Unión puedan ser reelectos para un periodo inmediato y los diputados hasta por tres períodos consecutivos.

Esta Iniciativa prevé que los senadores y diputados que hayan sido electos a los períodos consecutivos a que se refiere este artículo, no podrán ser reelectos con el carácter de propietarios ni de suplentes.

Se planea disponer en el Artículo 116 constitucional, que los diputados a las legislaturas de los estados puedan ser reelectos para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de los estados precisamente, a fin de que sean estas las que legislen los términos y formas en la materia, de acuerdo a sus respectivas realidades.

Segundo. Es el tema de la ampliación del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, que es precisamente en el que estamos ahora. Así proponemos reformar los Artículos 65 y 66 constitucionales para que el Segundo Periodo de Sesiones se amplíe de un mes y medio en que está actualmente, a cuatro meses. Es decir, del primero de marzo al 30 de junio.

Se propone que el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias tenga el plazo que actualmente se dispone, es decir, de septiembre a diciembre y que es de tres y medio meses y que se extienda a cuatro meses cuando tome posesión el Presidente de la República.

Tercero. Proponemos adelantar la fecha de presentación del Proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se propone reformar el Artículo 74 constitucional para que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 15 del mes de octubre o bien, hasta el día 15 de noviembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83 constitucional, debiendo comparecer el Secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los citados proyectos.

Se permite así que el congreso cuente generalmente con un plazo aproximado de cuando menos dos meses, y excepcionalmente de mes y medio, para el estudio y análisis del paquete fiscal correspondiente al año siguiente.

Estas fechas son posibles en el entendido en que en la misma iniciativa que presentamos, proponemos adelantar la fecha de la toma de posesión del Presidente Constitucional.

Cuarto. Adelantar la presentación y revisión, consecuentemente, de la Cuenta Pública. Se propone disponer en el Artículo 74 constitucional, que la Cuenta Publica del año anterior sea presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de abril en lugar de la disposición actual que prevé que se presente dentro de los diez primeros días del mes de junio y con ello se permitirá que el Congreso pueda realizar su función revisora y fiscalizadora de una manera más inmediata al ejercicio del gasto y por otra parte disponer de mayor tiempo y mayores elementos para su revisión.

Quinto. Buscamos precisar el procedimiento a seguir en caso de ausencia absoluta o de vacante de algún legislador. Se propone establecer que en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convoque a elecciones extraordinarias en el distrito correspondiente, la cual se efectuará en los términos que disponga la ley.

Se prevé que la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, sea cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido.

Se plantea además disponer que la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, circunstancia que ya ha ocurrido por desgracia en la Legislatura pasada, deba ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido.

Finalmente se prevé que la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, deberá ser cubierto por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la misma elección.

Sexta propuesta: Fortalecimiento de las Comisiones de Investigación. Debe pasarse de un Congreso simplemente deliberante o medularmente deliberante a un Congreso verdaderamente fiscalizador. El control legislativo no puede entenderse como la mera obstrucción de la función de los otros poderes, sino que supone la fiscalización eficaz y la colaboración en la transparencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos. Para ello es medular establecer mecanismos de control de las áreas en que esta función legislativa interviene, con el fin de evidenciar errores y excesos.

Proponemos que las Cámaras tengan la facultad de integrar Comisiones para investigar no solo situaciones relativas a organismos descentralizados o a empresas de participación estatal mayoritaria, como es ahora la disposición constitucional, sino para cualquier asunto de interés nacional que podrá hacerse a pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados o de la mitad de la Cámara de Senadores. y mediante la aprobación del pleno de la Cámara correspondiente y que se establezca un mecanismo de integración de estas Comisiones más ágil y a la vez con menos requerimientos administrativos de lo que supone en la actualidad la formación de una Comisión ordinaria de dictamen o de una Comisión especial.

Se plantea en esta iniciativa que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que, en su caso, se emitan, se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo Federal y, en su caso, del Ministerio Público Federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, a fin de que se adopten las medidas y se ejecuten aquellas que sean consideradas procedentes.

Se propone que las autoridades de la administración pública tengan la obligación de prestar a las mismas el apoyo que le requieran y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren necesarias, aún la clasificada por ley como reservada, confidencial, secreta o restringida, bajo el entendimiento de que dichas comisiones de investigación revisten un carácter especial de fiscalización; y por la otra, porque se trata de un instrumento o medio de un poder público que no justifica obstaculizar sus atribuciones como contrapeso del principio de división de poderes.

Séptima propuesta: es Ampliar las Facultades del Congreso. Se pretende ampliar las facultades de revisión respecto a los ingresos y egresos de los Poderes de la Unión, así como lo relativo a la imposición de contribuciones con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la facultad de fiscalización y control.

El grupo parlamentario del PAN ratifica la importancia de transparentar y hacer eficiente el ejercicio de tales recursos y que se amplíen las atribuciones del Congreso en materias que han sido propuestas en otras iniciativas en esta propia Cámara de Diputadas.

Finalmente y como octava propuesta: reiteramos nuestra proposición de establecer un Servicio Legislativo de Carrera, a fin de que el servicio civil en este Congreso permita institucionalizar la tarea de memoria institucional que tienen a su cargo las Cámaras, fortalecer los cuerpos de asesoría profesional a los legisladores y que además cuente este Congreso de la Unión con las herramientas necesarias para ejercer su encargo.

Señoras y señores Legisladores:

Con estas propuestas de reforma constitucional al Poder Legislativo Acción Nacional busca su fortalecimiento y refrenda su compromiso para construir desde la norma, un Estado que responda a las nuevas relaciones que exigen los ciudadanos y que demanda el futuro del país.

Muchas gracias.

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un artículo de la constitución general, para establecer las bases fundamentales de los órganos autónomos constitucionales, dentro de la reforma del Estado.

Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de definir las bases fundamentales de los órganos constitucionales autónomos, iniciativa que se inscribe también dentro de nuestros planteamientos de reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El principio de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo de los reyes. Hoy, en pleno Siglo XXI, la teoría sigue manteniendo trascendencia, pero se extrae de ella sólo lo que importa: evita la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes.

La teoría de la división de poderes tiene antecedentes desde Aristóteles. Pero la forma clásica en la que se ha expuesto la doctrina de la separación de poderes, corresponde a Montesquieu, en la fórmula de pesos y contrapesos, en el sentido de un apasionado alegato en defensa de la libertad.

El poder esta en la sociedad y sus instituciones. Precisamente por eso, hoy la realidad ha impuesto nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia de alguno de los poderes clásico, pero también de restringir y sujetar al derecho a los otros "poderes" sociales, políticos y económicos: partidos, iglesias, medios de comunicación, grupos empresariales nacionales y transnacionales.

Aunque éstos órganos autónomos constitucionales tienen su origen en el SWiglo XX, se desarrollan en éste, principalmente en los países europeos, el más importante ha sido el Tribunal Constitucional, y tienen por finalidad controlar los poderes tradicionales.

Podemos decir, que el incremento de la intervención del Estado en la vida individual y social del hombre hace que se concentre el poder público en pocos órganos del mismo; lo anterior fomenta la necesidad de crear y establecer en la Constitución órganos con autonomía de actuación que no estén atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, a fin de distribuir ciertas funciones estatales, lo que permitirá evitar su concentración, contribuyendo al a la democrácia y el bienestar social, obteniendo con ello una mayor especialización, agilización, control y transparencia de las mismas. Tales entes públicos han recibido la denominación de órganos constitucionales autónomos.

Una vía para conciliar partidos, poderes tradicionales, grupos económicos, sociales y democracia, es a través de los órganos constitucionales autónomos que pueden ser capaces de fiscalizar transparentar y democratizar la vida política.

Aunque las funciones y materias que pueden atender los órganos constitucionales autónomos son diversas, en general éstos deben de regirse por principios como el de la inmediatez, esencialidad, dirección política, paridad de rango, autonomía, apoliticidad, inmunidad y transparencia.

De acuerdo a la experiencia que se ha venido dando a nivel nacional como internacional, podemos decir que los órganos autónomos constitucionales son o deben ser aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, es decir, son órganos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por lo intereses inmediatos del momento, sino preservan la organización y el funcionamiento constitucional

En México, nuestra Constitución reconoce como órganos autónomos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco Central y al Instituto federal Electoral. No obstante, cabe acotar que lo cierto es que hasta ahora no existe un solo artículo constitucional en el que se sistematice y compile los lineamientos generales y abstractos para la creación y funcionamiento de dichos órganos.

La propuesta aquí presentada, pretende suplir dicho vacío, por lo que se pretende establecer en el artículo 49 constitucional que disponga que el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos que reconoce esta Constitución.

Asimismo para disponer que los órganos autónomos del Estado gozarán de independencia en su funcionamiento y administración, por lo que contarán con autonomía presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Sus titulares serán elegidos por el Congreso de la Unión o una de sus cámaras y podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución o de acuerdo a lo que la ley disponga.

También se plantea prever que los titulares de los órganos autónomos no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del órgano y los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será la que se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de lo previsto en esta Constitución.

Conscientes de que la autonomía no debe ser entendida como una falta de controles, es que se propone establecer que dichos órganos autónomos estarán sujetos a la fiscalización superior de la federación, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Constitución y que los titulares de los órganos autónomos presentarán anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerán ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se reforma, deroga y adicionan dfiversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo único. Se reforma el artículo 49 párrafo primero, para quedar de la siguiente forma:

Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos que reconoce esta Constitución.

Los órganos autónomos del Estado gozarán de independencia en su funcionamiento y administración, por lo que contarán con autonomía presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios.

Sus titulares serán elegidos por el Congreso de la Unión o una de sus cámaras, y podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución o de acuerdo a lo que la ley disponga.

Los titulares de los órganos autónomos no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del órgano y los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será la que se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de lo previsto en esta Constitución.

Dichos órganos autónomos estarán sujetos a la fiscalización superior de la federación, en términos de lo previsto en el artículo 79 de esta Constitución.

Los titulares de los órganos autónomos presentarán anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerán ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de Marzo de 2002.— Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Armando Salinas Torre, Luis Fernando Sánchez Nava, Fernando Pérez Noriega, Miguel Gutiérrez Hernández, Salvador Escudero Zoletto, Juan Carlos Pallares Bueno, Eduardo Rivera Pérez, Martha Patricia Martínez, Manuel Orozco Garza, Guillermo Anaya, Miguel Mantilla, Raúl Gracia Guzmán, Cuahautémoc Cardona, Manuel Minjares, Germán Pellegrini, Mario Reyes Oviedo.»

(aplausos)

PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado Calderón.

Insértese de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

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Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.

SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 441 ciudadanos diputados.

Ciérrese el sistema electrónico.

PRESIDENTA: Gracias.

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Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Sánchez López, para presentar una iniciativa de ley que deroga el artículo Décimo Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002.

DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: Con su permiso, señora Presidenta.

"Con fundamento en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56, 60 y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen correspondiente, la siguiente iniciativa que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 colocó en el centro de la agenda política nacional, la situación de abandono, pobreza extrema y discriminación hacia nuestros pueblos indígenas.

"Si bien el artículo 4º constitucional reconoció en su momento la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, misma que estableció la condición de que la ley protegería y promovería el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, además de garantizar a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado; esta fue una obligación constitucional que jamás se cumplió por parte del Estado Mexicano.

"El conflicto armado así como el proceso del diálogo inconcluso, mantiene vigente el derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos en nuestra Constitución.

"El 7 de diciembre del 2000 el Presidente Vicente Fox Quesada, turnó al Senado de la República la iniciativa de la ley que reformaba los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116, elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación. El 25 de abril del 2001 el Senado de la República y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 28 del mismo mes, aprobaron las reformas a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115, todos de nuestra Carta Magna, mismas que después de concluido el proceso legislativo fueron publicados el 14 de agosto del 2001 en el Diario Oficial de la Federación.

"El artículo 2º constitucional, en sus apartados A y B, establecieron diversas disposiciones con relación a los pueblos indígenas de México, específicamente en el apartado B, fracciones I, V, VII y IX del artículo 2º, se establecieron un conjunto de obligaciones de la Federación, los estados y los municipios, en el que quedó expresado que:

"B) La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

"Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades.

Las autoridades municipales determinará equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos; propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia en sus ingresos económicos.

La aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

De igual manera en la Fracción IX se establece la obligación de la Cámara de Diputados, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas

competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los Presupuestos de Egresos que aprueben así como en las formas y procedimiento para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Como se desprende de esta Reforma Constitucional, con la independencia de que se esté de acuerdo o no, quedaron establecidas las obligaciones del Estado Mexicano, de la Federación para atender las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión social en la que se encuentran los pueblos indígenas.

Por otro lado, el Ejecutivo Federal está obligado por dichas reformas a establecer programas de atención a los pueblos indígenas que contribuyan a superar los rezagos en la que aún viven más de 10 millones de indígenas en nuestro país

Por otra parte, el Instituto Nacional Indigenista es un organismo con personalidad jurídica propia cuyas facultades y atribuciones se derivan de la ley que la crea en 1948.

En el Artículo 2 y 3 de la Ley de dicho Instituto se establece que le corresponde desempeñar las siguientes funciones, "El Instituto Nacional Indigenista desempeña las siguientes funciones: investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país; estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas; promover ante el Ejecutivo Federal la aprobación de estas medidas, intervendrá en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes; fungir como cuerpo Consultivo de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforme a la presente Ley, son de su competencia; difundir cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y promociones.

Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomienda el Ejecutivo en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas.

El artículo 3º establece que el Instituto está capacitado para adquirir y administrar bienes y formar su patrimonio con los que enseguida se enumeran:

--La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal a través de su Presupuesto de Egresos.

--Con los productos que adquiera por las obras que realicen y por la venta de sus publicaciones.

--Los que adquiera pro herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas o privadas.

El pasado 31 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero del presente año. De sobra son conocidas las condiciones en que se dio la aprobación de este Presupuesto, en el que sin tomar en consideración una opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas se incorporó un artículo transitorio 16 en el que se establece:

"El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil de marzo, convenios de reasignación con las entidades federativas en los términos del artículo 8º de este decreto con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de Zonas Áridas a que se refiere el artículo 64 del referido decreto.

En el caso del Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales así como las instancias de atención, se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas":

Por otra parte, el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República y que por este hecho es ley suprema, establece en su artículo 2º diversas obligaciones para el estado mexicano en materia de atención a los pueblos indígenas:

"1.Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada, sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad":

En tanto, el artículo 4º numeral uno señala que:

"Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados":

Por su parte el artículo 6º numeral 1, establece:

"Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

a).Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente":

Y el inciso c): "Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones a iniciativa de sus pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin".

Por otro lado, de llegar a aplicarse este transitorio estaríamos frente a la posibilidad de afectar de manera negativa las comunidades y pueblos indígenas que a lo largo de los años han sido beneficiados con programas y proyectos del Instituto Nacional Indigenista, estaríamos afectando sus procesos cotidianos y ciclos de vida, sus calendarios de producción, ritos, fiestas tradicionales y su entorno socio económico y cultural.

Frente a estos impactos negativos están las dificultades propias que acarrearía la reasignación presupuestal pues para el propio Instituto será prácticamente imposible concluir la adecuación presupuestal al 31 de marzo.

De no llegarse a reformar el 16º transitorio, estamos ante la posibilidad de que desaparezca la única institución que hasta el momento tenemos los mexicanos para atender a nuestros pueblos indígenas. De igual manera será imposible celebrar la firma de convenios con las entidades federativas a las que se refiere el propio transitorio.

Con base en lo anterior y en virtud de que al Instituto Nacional Indigenista se le otorgan facultades y atribuciones específicas por mandato de ley que el artículo 2º constitucional y el mismo convenio 169 de la OIT establecen las obligaciones de la Federación, los estados y los municipios hacia los pueblos indígenas, y que un artículo transitorio no puede estar por encima de lo que establece la ley que crea al Instituto Nacional Indigenista ni mucho menos de lo que establece nuestra Carta Magna y el mismo convenio 169 de la OIT; de igual manera, considerando que de aplicarse este transitorio pudieran derivarse conflictos sociales en las comunidades indígenas por falta de recursos para los diversos proyectos productivos y programas de capacitación que el Instituto Nacional Indigenista realiza en diversas entidades y comunidades indígenas del país. Estamos convencidos de que el Instituto Nacional Indigenista no es la mejor institución para dar atención a las demandas de nuestros pueblos, pero hasta en tanto esta Cámara no legisle para transformar al Instituto Nacional Indigenista en un organismo superior que permita sacar adelante una política de Estado que atienda de manera transversal, con todas las instituciones del Poder Ejecutivo a las demandas de los pueblos indígenas, ésta debe permanecer con patrimonio, con presupuestos, con sus programas para que pueda atender las demandas de nuestros pueblos indígenas, así como por las dificultades que implican las firmas de convenios de colaboración con las entidades del país.

Ya que es un proceso burocrático demasiado complejo, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que deroga el artículo 16º transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2002.

Artículo 1: Se deroga el artículo 16º transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar como sigue: 16º, se deroga.

Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional Indigenista será responsable de cumplir con las obligaciones que la ley le otorga.

Diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Muchas gracias.

Con proyecto de decreto que detoga el artículo transitorio decimosexto del decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, presentada por el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del PRD

Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II , 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne ala Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica y ala Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa que deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, de 1994 colocó en el centro de la agenda política nacional la situación de abandono, pobreza extrema, y discriminación hacia nuestros pueblos indígenas. Si bien, el artículo 4o. Constitucional reconoció en su momento la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, misma que estableció la condición de que la ley protegería y promovería el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, además de garantizar a sus integrantes el efectivo acceso ala jurisdicción del Estado; esta fue una obligación constitucional que jamás se cumplió por parte del Estado mexicano.

El conflicto armado así como el proceso del dialogo inconcluso mantiene vigente el derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos en nuestra Constitución.

El 7 de diciembre del 2000, el presidente Vicente Fox Quesada turnó al Senado de la República la iniciativa de la ley que reformaba los artículos 4o., 18, 26, 53, 73; 115 y 116 elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación; el 25 de Abril de 2001 el Senado de la República y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 28 del mismo mes aprobaron las reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, todos de nuestra Carta Magna, mismas que después de el artículo 2o. Constitucional en sus apartados A y B, establecieron diversas disposiciones con relación a los pueblos indígenas de México.

Específicamente en el apartado B, del artículo 2o. Constitucional, se establecieron un conjunto de obligaciones de la Federación, los estados y los municipios en el que quedó expresado que:

B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.

Para, abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:

I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.

II a la IV. . .

V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.

VI. . .

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.

VIII. . .

De igual manera, en la fracción IX se establece la obligación de la Cámara de Diputados

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas.

Como se desprende, de esta reforma constitucional, con la independencia de que se esté de acuerdo o no, quedaron establecidas las obligaciones del Estado mexicano, de la Federación para atender las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión social en la que se encuentran los pueblos indígenas. Por otro lado, el Ejecutivo Federal está obligado por dichas reformas a establecer programas de atención a los pueblos indígenas que contribuyan a superar los rezagos en la que aun viven más de 10 millones de indígenas en nuestro país.

Por otra parte, el Instituto Nacional Indigenista, es un organismo con personalidad jurídica propia, cuyas facultades y atribuciones se derivan de la ley que la crea en 1948.

El artículo 2o. y 3o. de la ley de dicho instituto, establece que le corresponde desempeñar las siguientes funciones:

Artículo 2o. El Instituto Nacional Indigenista desempeña las siguientes funciones:

I. Investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país;

II. Estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas;

III. Promover ante el Ejecutivo Federal, la aprobación de estas medidas;

IV. Intervendrá en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes;

V. Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforme a la presente ley, son de su competencia;

VI. Difundir, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigación, estudios y promociones;

VII. Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas

El artículo 3o. establece que el instituto está capacitado para adquirir y administrar bienes y formar su patrimonio con los que enseguida se enumeran:

I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través de su Presupuesto de Egresos;

II. Con los productos que adquiera por las obras que realicen y por la venta de sus publicaciones, y ;

III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas o privadas.

El pasado 31 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de Enero del presente año; de sobra es conocida las condiciones en que se dio la aprobación de este presupuesto, en el que sin tomar en consideración una opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas se incorporó un artículo transitorio decimosexto en el que se establece:

" El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil de marzo convenios de reasignación con las entidades federativas en los términos del artículo 8o. de este decreto con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas a que se refiere el artículo 64 del referido decreto. En el caso del Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales así como las instancias de atención se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas."

Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Senado de la República y que por este hecho es Ley Suprema, establece en. su .artículo 2o. diversas obligaciones para el Estado mexicano en materia de atención a los pueblos indígenas

1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados; Una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respete de su integridad.

En tanto que el artículo 4o. numeral 1, señala que:

1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Por su parte el artículo 6o. numeral 1, establece:

1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; y el inciso

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

Por otro lado, de llegar a aplicarse este transitorio estaríamos frente a la posibilidad de afectar de manera negativa a las comunidades y pueblos indígenas que a lo largo de los años han sido beneficiadas con los programas y proyectos del Instituto Nacional Indigenista, estaríamos afectando sus procesos cotidianos y ciclos de vida, sus calendarios de producción, ritos, fiestas tradicionales y su entorno socioeconómico y cultural.

Pero frente a estos impactos negativos, están las dificultades propias que acarrearía la reasignación presupuestal, pues para el propio Instituto será prácticamente imposible concluir la adecuación presupuestal de no llegarse a reformar el decimosexto transitorio, de igual manera sería imposible celebrar la firma de los convenios con las entidades federativas, a las que se refiere el propio transitorio.

Con base en lo anterior y en virtud de que al Instituto Nacional Indigenista se le otorgan facultades y atribuciones específicas por mandato de ley; que el articulo 2o. constitucional y el mismo Convenio 169 de la OIT, establecen las obligaciones de la Federación, los estados y municipios hacia los pueblos indígenas y que un artículo transitorio no puede estar por encima de lo que establece la ley que crea el Instituto Nacional Indigenista, ni mucho menos de lo que establece nuestra Carta Magna y el mismo Convenio 169 de la OIT; de igual manera, considerando que de aplicarse este transitorio pudieran derivarse conflictos sociales en las comunidades indígenas por la falta de recursos para los diversos proyectos productivos y programas de capacitación que el Instituto Nacional Indigenista en las diversas entidades y comunidades indígenas del país; así como por las dificultades que implican las firmas de convenios de colaboración con las entidades del país ya que es un proceso burocrático demasiado complejo, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la siguiente:

Iniciativa que deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002.

Artículo único. Se deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar como sigue.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero al decimoquinto.

Decimosexto. Se deroga.

Decimoséptimo al decimonoveno. .

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El Instituto Nacional Indigenista será el responsable de cumplir con las obligaciones que la ley le otorga.

México, D. F., a 20 de marzo de 2002.— Diputado Héctor Sánchez López.»

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Asuntos Indígenas.

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Esta Mesa Directiva ha recibido un comunicado de la Junta de Coordinación Política. Le ruego a la Secretaría dar lectura al mismo.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(el dip. Alfonso Elías Oliverio Cardona asuma la Presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, sustituyendo al ciudadano Silvano Aureoles Conejo y que el diputado Oliverio Cardona salga de la Secretaría de las Comisiones de Agricultura y Ganadería y Especial de Ganadería)

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Junta de Coordinación Política.

Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva.— Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 34, numera , inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a solicitud del diputado Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:

• Que el diputado Alfonso Elías Oliverio Cardona, asuma la presidencia de la Comisión de Desarrollo Rural, en sustitución del ciudadano Silvano Aureoles Conejo.

• Asimismo, el diputado Oliverio Cardona, salga de las secretarias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y la Especial de, Ganadería.

Lo anterior, para los efectos a que haya lugar.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo, México D. F., a 20 de marzo de 2002.— Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente.»

«Escudo Nacional de los Estados Mexicanos.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Coordinación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Diputado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.— Presente.

Con fundamento en el artículo 44, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito comunicar que el diputado Alfonso Elías Oliverio Cardona, asumirá el cargo de presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, en sustitución del ciudadano Silvano Aureoles Conejo, quien se separó de su cargo de diputado el 31 de diciembre de 2001.

Asimismo, le informo que el diputado Oliverio se retirará de las secretarías de las comisiones de Agricultura y Especial de Ganadería y que con la debida oportunidad informaré que diputados lo sustituirán.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2002.— Diputado Mertí Batres Guadarrama, coordinado del grupo parlamentario.»

EL MISMO SECRETARIO: En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Mayoría por la afirmativa.

LA PRESIDENTA: Aprobada.

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Continuando con los asuntos del orden del día pasamos al capítulo de excitativas.

Antes tenemos la distribución de primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas, publicado en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.

Honorable Asamblea: a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, relativas al Premio Nacional de Periodismo y de Información, enviada por el Ejecutivo Federal, señor Vicente Fox Quesada, el 23 de noviembre del 2001.

Los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

Antecedentes

1. El 27 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la iniciativa que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

2. El 13 de diciembre de 2001 y el 6 de marzo de 2002, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se reunió para abocarse al análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.

3. Se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa, entre otros argumentos, que "en la construcción y el desarrollo de nuestras instituciones, los medios de comunicación han desempeñado un papel decisivo que los convierte en factor irremplazable en el proceso de democratización nacional".

"Desde 1979, el Estado mexicano promueve el reconocimiento a la actividad periodística, otorgando anualmente el Premio Nacional de Periodismo y de Información, mediante el cual se valora el esfuerzo, el talento y la capacidad de los miembros más destacados del gremio periodístico. Reconocer y distinguir a los creadores de los mensajes más logrados en el periodismo nacional, constituye un proceso evolutivo que ha servido para establecer referencias de calidad en los medios informativos."

Sin embargo, señala el iniciador, el proceso de transición política y el cambio que vive el país hace pertinente proponer que se derogue las disposiciones jurídicas relativas a este premio.

Siguiendo a la exposición de motivos se desprende que La evolución de nuestras instituciones políticas, así como el mayor desenvolvimiento de los actores sociales, deben marcar una relación diferente del Gobierno con los medios de comunicación, caracterizada por el más amplio respeto a la libertad de expresión y el cuidado irrestricto por el respeto a su independencia. Es parte de la conciencia social que la libertad de expresión y de prensa son instrumentos para lograr la gobernabilidad auténticamente democrática.

Continúa señalando la exposición de motivos que "La experiencia que ha tenido nuestro país en el fomento de la participación de la sociedad en asuntos en que ésta es corresponsable ha tenido resultados favorables. Es el momento de vivir en plenitud el principio de subsidiariedad, entendiendo la madurez política de la sociedad para tomar a su cargo el reconocimiento a quien se ha distinguido por su esfuerzo a favor de la libertad de expresión y de la función social que conlleva la objetividad, la veracidad y la oportunidad de la labor informativa".

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Para los dictaminadores, las actividades de periodismo e información merecen todo el respeto y reconocimiento como las demás actividades que se desempeñan como forma de trabajo o función profesional, reconocen que dicha labor contribuye a consolidar nuestro sistema democrático al difundir e informar respecto a los diversos temas del acontecer nacional.

II. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles tiene por objeto, artículo 1o. "determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas" que la misma ley establece. A su vez el artículo 6o. enumera los diversos premios nacionales que se otorgan, correspondiendo la fracción V, al de periodismo y de información.

El artículo 60 establece que el premio nacional de periodismo es para los trabajos impresos y de información en los siguientes campos:

I. Noticias;

II. Fotografías o filmes;

III. Reportajes, crónicas o entrevistas;

IV. Artículos de fondo o comentarios;

V. Caricaturas, portadas o cartones; y

VI. Publicaciones o programas de divulgación cultural.

Los dictaminadores encuentran procedente eliminar estas disposiciones jurídicas que fundamentan que el Estado mexicano, a través del Ejecutivo Federal, otorgue el premio antes mencionado, en los diversos campos en que se ha venido entregando, por lo que se está de acuerdo en derogar la fracción V del artículo 6o., así como los artículos 60 al 68 de la citada ley, que se refieren a los campos en que se entrega el Premio Nacional de Periodismo y de Información, el procedimiento para la convocatoria al premio, de la integración y facultades del correspondiente consejo de premiación, así como el tipo de premios que habrán de otorgarse y la fecha de entrega del mismo.

III. Los diputados que suscribimos el presente dictamen consideramos que la derogación de los artículos antes mencionados tiene como finalidad única retirar la intervención del Estado, en el plano legislativo y ejecutivo, en un ámbito de la actividad profesional como es el periodismo a efecto de que la sociedad organice sus propios sistemas de reconocimiento en cuanto a procedimientos, los tiempos y criterios para llevar a cabo la decisión; siguiendo el principio general de derecho de que los particulares pueden hacer todo lo que no les esté prohibido por las leyes y la autoridad únicamente puede realizar aquello que expresamente le está permitido.

Esta dictaminadora coincide con el iniciador en que el Premio otorgado a periodistas e informadores debe tener como propósito principal reconocer y distinguir a los profesionales de ambas ramas de la comunicación, mediante una valoración honesta, responsable e imparcial de las cualidades de los trabajos creados por ellos.

El Premio deberá tener no sólo el propósito de reconocer el esfuerzo, el talento y la capacidad de los miembros más destacados del gremio periodístico. Una acertada premiación, no sólo en la designación del ganador, sino de todo el proceso en su conjunto, debe producir efectos positivos tanto en quienes resultan premiados como en sus compañeros de profesión; para los primeros, el premio se debe traducir en una mayor responsabilidad frente a la sociedad a la que sirven, frente a los demás periodistas e informadores y también frente a las fuentes y los medios de información; para los segundos, el quehacer periodístico reconocido y su autor, son ejemplos a seguir para participar con los demás miembros del gremio en la competencia por ser mejores.

Analizada la iniciativa en cuestión, esta comisión que dictamina considera procedente la misma, no obstante que no se coincide con algunas afirmaciones contenidas en la exposición de motivos, sí esta de acuerdo con el fondo de la propuesta, que es eliminar de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles al Premio Nacional de Periodismo y de Información.

Por las razones anteriores, la Comisión dictaminadora somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto de:

DECRETO

Por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Artículo único. Se deroga la fracción V del artículo 6o., así como los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, y 68, que integran el Capítulo IX, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6o. . .

I a la IV. . .

V. Se deroga.

VI a la XI. . .

Artículo 60. Se deroga.

Artículo 61. Se deroga.

Artículo 62. Se deroga.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. Se deroga.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 66. Se deroga.

Artículo 67. Se deroga.

Artículo 68. Se deroga.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— México, DF, a 19 de marzo de 2002.— Por la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla carrasco, J. Guillermo Anaya Llamas, Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Francisco García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, María Teresa Gómez Mont y Urueta, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.

Dado que este dictamen ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

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Ahora sí, en el capítulo de excitativas nos informan que la excitativa que se iba a presentar a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos, ha solicitado el grupo parlamentario del PRI se retire del orden del día. Por tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una excitativa a la Comisión de Desarrollo Social.

EL DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ : Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

El Programa de Educación, Salud y Alimentación, mejor conocido como PROGRESA, operó durante seis años a propuesta del financiamiento internacional en nuestro país.

El Banco Mundial perfiló una estrategia cuya aplicación en México se convirtió en un mínimo recurso mensual para cerca de 3 millones de madres de las familias más pobres del territorio nacional.

Sin embargo, de 40 millones de pobres PROGRESA sólo atendía alrededor de 15 millones de mexicanos en la extrema pobreza. Siempre y cuando cumplieran con la norma de garantizar el control de la salud, educación y alimentación de sus hijos.

Las principales aristas de este Programa social provenían de la insuficiencia económica.

Por incapacidad financiera PROGRESA excluyó de este beneficio al 70% de los más pobres del país, lo que provocó que sus padrones de beneficiarios fueron constantemente cuestionados por romper con la equidad a la que constitucionalmente estamos obligados así como su manejo discrecional a beneficio o en orientación con los intereses político-electorales de las regiones del país.

El 6 de marzo pasado el Ejecutivo Federal hizo pública la sustitución de este programa social de combate a la pobreza por otro que brindará oportunidades. Sería fundamental pensar que el cambio de nombre sustitución significaría algo más que el criticado por la prensa, segundo frente de las políticas públicas del Presidente Vicente Fox.

El señor Presidente se comprometió a diseñar programas sociales que rompieran con el clientelismo político y el asistencialismo. Al presentar el nuevo programa resaltó entre sus bondades que en México el clientelismo era cosa del pasado y que iban a asegurar que nadie recibiera el doble y nadie se quede sin nada.

Sin embargo, la buena intención de Vicente Fox quedará en el mundo de las aspiraciones si esta Legislatura no asume un compromiso histórico con el pueblo de México y dictamina y aprueba el marco jurídico para el desarrollo social.

El 14 de diciembre del 2001, el de la voz presentó una iniciativa de Ley General de Desarrollo Social cuya propuesta legislativa se une al esfuerzo de una iniciativa del Partido de la Revolución Democrática presentados en esta Cámara de Diputados en la Legislatura pasada y otras dos iniciativas presentadas en la Cámara de Senadores de esta Legislatura por Acción Nacional y el de la Revolución Democrática.

Y es que el problema de la pobreza como una dificultad, producto del sistema económico nos obliga a reconocer al desarrollo social como una prioridad de gobierno y por qué no de legislación.

No obstante lo anterior esta propuesta programática de Vicente Fox seguirá siendo clientelar y excluyente pues ningún programa focalizado será legítimo a nuestro país si no se desprende o surja de un cuerpo normativo aprobado por este Poder Legislativo.

Mientras no se establezcan principios, se precisen políticas y objetivos, el Estado Mexicano seguirá ejerciendo el gasto social de manera paternalista, discrecional, excluyente y por intereses electorales.

El Ejecutivo Federal como es el caso de oportunidades diseña políticas sociales enfocadas principalmente a la atención prioritaria de los más pobres. Sin embargo, al no existir ley reglamentaria los esfuerzos programáticos en materia de desarrollo social para el combate a la pobreza seguirán las dos inercias políticas gubernamentales del pasado, el uso clientelar del presupuesto en la materia y la implementación de los esfuerzos gubernamentales como asistencia, más que como reivindicación de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En un marco jurídico que norme los esfuerzos concurrentes en materia de combate a la pobreza permitirá un avance sustantivo en la tarea rectora del Estado Mexicano, el desarrollo económico.

Entonces, a efecto de aliviar los efectos de la política económica sobre el desarrollo desigual de los mexicanos mediante el establecimiento de un sistema de garantías de los derechos sociales, esta Legislatura deberá votar por un marco jurídico o cuerpo legal que evite el uso político del gasto social tanto de partidos como de políticos, caciques o presidentes.

Por todo lo anterior, con fundamento en lo que disponen las fracciones III, XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicito a esta presidencia se sirva excitar a la Comisión de Desarrollo Social para que dictamine sobre la iniciativa presentada en esta Cámara de Diputados como Ley General de Desarrollo Social.

Atentamente. Diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez.

Muchas gracias por su atención.

LA C. PRESIDENTA; Gracias ciudadano diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a la Comisión de Desarrollo Social, para que emita el dictamen correspondiente.

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Tiene la palabra el diputado Francisco Agundis Arias del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una excitativa a la Junta de Coordinación Política.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El pasado 9 de enero del 2002, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentamos ante el pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, un Punto de Acuerdo, a fin de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en combinación con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, convocaran a un período extraordinario de sesiones, para corregir aquellos errores y omisiones jurídicas de las reformas a diversas disposiciones fiscales aprobadas el 31 de diciembre del 2001.

La preocupación de nuestro grupo parlamentario en ese momento y ahora, es atender una de las demandas más contundentes, que sin duda ha manifestado el pueblo de México en fechas recientes: la revisión del paquete fiscal aprobado.

Esto es claro, en virtud de que el sistema tributario mexicano dio un súbito vuelco, que lejos de proporcionar impuestos y procedimientos más equitativos y simples, provocó un severo impacto en los ingresos de los individuos y en el sistema productivo.

Asimismo es necesario reconocer y responsabilizarnos, de que a pesar de haber convocado un período extraordinario de sesiones para el mejor análisis de las propuestas fiscales, la aprobación de algunas reformas se llevó a cabo en la última sesión correspondiente al 31 de diciembre del año 2001.

Evidentemente esto implica que por la premura del tiempo existieran algunas imprecisiones en las disposiciones aprobadas, esto trajo como consecuencia ampliar las críticas por parte de los principales actores productivos de nuestro país, llegando a calificar varias reformas de inconstitucionales.

A pesar de que el gobierno mexicano cuenta con ingresos de privilegio por el petróleo, los bajos ingresos tributarios representan un creciente obstáculo, para que el gobierno pueda cumplir con sus responsabilidades básicas.

Por ello, resulta fundamental la transformación del sistema tributario, de manera tal, que aumente su eficiencia y se modernice.

De igual forma si se quiere llegar a las metas de recaudación fijadas, es necesario modificar y enmendar las imprecisiones que han quedado en la ley, a fin de no permitir que existan vaguedades que estimulen la evasión y la elusión fiscal, así como la posible violación de los principios constitucionales.

Un período extraordinario pareciera ser una solución excesiva para algunos de nuestros compañeros legisladores, sin embargo, los mexicanos necesitamos medidas drásticas, medidas urgentes y contundentes, para resolver las grandes controversias que ha provocado la reforma fiscal.

A pesar de ello, se acordó formar un grupo de trabajo durante el receso legislativo, para discutir y elaborar las modificaciones a las reformas fiscales aprobadas el 31 de diciembre del 2001, a fin de realizar un trabajo legislativo previo que agilizara el estudio de este tema en el período ordinario.

Sin embargo esto no fue así, porque el grupo de trabajo señalado nunca se reunió; es más, no se observó interés alguno para solucionar esta etapa coyuntural de nuestro país.

Por la importancia que implican las reformas fiscales aprobadas y que reviste un acuerdo político, presentamos esta excitativa. No podemos dejar de insistir en que se dé cabal cumplimiento a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y a los dictámenes de cualquier otro punto de acuerdo.

Hoy sin embargo, hemos comenzado el Segundo Período Ordinario de Sesiones y los acuerdos tomados por la Comisión Permanente parecen no importar. El tiempo nos ha rebasado y con ello, evidentemente existe ahora un argumento bajo el cual se puede justificar el no cumplimiento de los acuerdos dictaminados en la Junta de Coordinación Política; pero aún así, nuestro grupo parlamentario ha querido presentar esta excitativa para manifestar nuestra inconformidad con lo que sucedió y para insistir en buscar una solución para resolver la situación planteada en el punto de acuerdo antes mencionado.

México requiere de leyes claras y concisas y sin duda, las leyes fiscales no cuentan con estas características. Estamos ante una situación en donde los acuerdos no se cumplen a pesar de ser disposiciones acordadas por consenso para llevar a cabo un objetivo en beneficio de la Nación, por lo que pedimos se haga una enérgica manifestación al no cumplimiento del acuerdo.

Por lo anterior y en virtud de que no se ha dado cabal cumplimiento al acuerdo ya mencionado y por lo tanto no se ha resuelto de fondo el asunto, con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta excitativa para que la Presidencia de la Mesa Directiva, se sirva emplazar a la Junta de Coordinación Política para que en fecha determinada, se lleve a cabo un nuevo acuerdo que resuelva de fondo la situación planteada en el punto de acuerdo presentado el 9 de enero del 2002.

Por lo antes expuesto, solicitamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, tenga por presentada esta excitativa y se sirva emplazar a la Junta de coordinación política para que en fecha determinada lleve a cabo un nuevo acuerdo.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de marzo del año 2002.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado Agundis.

Si usted me permite, más que una excitativa, esta Presidencia ejercerá sus buenos oficios exhortando a la Junta de Coordinación Política, que tome en cuenta la exposición completa que usted ha hecho y no sólo se refiera al anterior punto de acuerdo, porque entiendo que su búsqueda es encontrar alternativas que resuelvan sus inquietudes de fondo.

Gracias, diputado.

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Está inscrito el diputado Bortolini, que estaba hasta hace unos momentos en el recinto. Queda registrada la presentación del diputado Miguel Bortolini Castillo para próxima sesión, porque vamos a cambiar el capítulo del orden del día.

Pasamos al capítulo de proposiciones.

Me resulta pertinente recordar a los distinguidos señores legisladores el texto del acuerdo parlamentario relativo a la integración del orden del día y de las votaciones aprobado el 14 de diciembre del 2001, que en su artículo duodécimo señala: "quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos".

En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Juvenal Vidrio Rodríguez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se establezca la veda del borrego cimarrón en el Estado de Baja California.

EL C. DIPUTADO JUVENAL VIDRIO RODRÍGUEZ. Con el permiso de la presidencia. Compañeros diputados.

Proposición con punto de acuerdo para que se establezca la veda del borrego cimarrón en el estado de Baja California.

México es uno de los países más ricos en biodiversidad del mundo. Basta decir que el 40% de las especies vertebradas de Mesoamérica son endémicas de nuestro país, ya que en él existe una gran variedad de condiciones climáticas y geográficas que hacen posible su existencia.

En México se encuentran 194 especies animales consideradas como amenazadas o en peligro de extinción, en muchas ocasiones debido a causas que son producto de la acción humana. Tal es el caso del borrego cimarrón en su subespecie avis canadienses renovates, que es endémica del estado de Baja California.

Desde 1986 la Universidad Autónoma de Baja California UABC, realizó una exhaustiva evaluación en torno a la población existente del borrego cimarrón en Baja California. Resultado de ella el avistamiento de tan solo 180 ejemplares.

Por esta razón .la UABC recomendó, desde ese entonces, el establecimiento de una veda de forma inmediata y por tiempo indefinido.

De 1990 a 1996 la Universidad de Baja California realizó otros cuatro censos con pleno conocimiento de la Semarnap, encontrando solamente 140 ejemplares de borrego cimarrón en 1992, lo cual significa una densidad poblacional de tan solo 0.15 borregos por kilómetro cuadrado.

Un último censo realizado por la UABC arrojó el resultado de 0.06 borregos en un área de 10 mil kilómetros cuadrados, de tal manera que la población de borregos decreció de forma alarmante y en la actualidad existen menos de 70 ejemplares en esta misma zona del estado de Baja California.

Las causas de esta gravísima situación se encuentran sobre todo en la caza indiscriminada y clandestina, ya que al no haber una veda permanente y a pesar de que algunas zonas en las que vive el borrego cimarrón son áreas protegidas, se continúa su caza, incluso de hembras a punto de parir y de especímenes jóvenes.

En 1998 y 199 la Semarnap otorgó permisos para cazar borrego cimarrón en la Isla Tiburón. Estos permisos fueron subastados por la Fundación del Borrego en Norteamérica, una organización estadounidense, entre sus propios miembros. Y como resultado de esta subasta se obtuvieron 592 mil 500 dólares.

A la situación anterior, ya muy grave, se suma el hecho de que se han cometido violaciones a la Ley Federal de Caza, cuyo artículo 18 señala que los permisos para cazar en México se otorgarán a los miembros de las asociaciones o clubes de cazadores registrados y reconocidos por Semarnap, situación que no ha ocurrido puesto que todos los permisos subastados fueron para cazadores de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el que también vive el borrego cimarrón, el que se encuentra en veda desde hace 120 años.

Dadas estas circunstancias, hay cazadores de Estados Unidos que estarían dispuestos a pagar hasta 300 mil dólares por cada permiso legal que se otorgue, aun cuando en la Ley Federal de Derechos se asiente que el permiso debe ascender a un costo de 270 mil pesos mexicanos.

Otras violaciones a la Ley Federal de Caza han sido las de sus artículos 27 y 30, en los cuales se establece que las reservas nacionales son áreas naturales protegidas, por lo que se decreta una veda permanente, siendo un delito federal la caza de especies en veda.

El artículo 87 bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico establece que el dinero recaudado a través del otorgamiento de licencia o permiso de caza debe ser destinado a la restauración del hábitat en que viven los animales cazados. Sin embargo, hasta ahora se desconoce el destino de tales recursos económicos que ascendieron a 391 mil dólares, los que al parecer tampoco han sido destinados para el propósito enunciado.

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:

UNICO: Que el Poder Ejecutivo Federal instruya a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se establezca la veda del borrego cimarrón en su subespecie avis anadienses renovates en el estado de Baja California, de forma inmediata y por tiempo indefinido, a fin de que se restablezca la población de la mencionada subespecie y de que puedan llevarse a cabo las investigaciones y estudios necesarios para determinar la mejor forma de aprovechar este recurso natural en beneficio del país.

Atentamente, diputado Juvenal Vidrio Rodríguez y los diputados por Baja California Alfonso Sánchez, Gina Cruz, Cuauhtémoc Cardona, Francisco Blake, Hugo Cepeda, Javier Castañeda, Alejandro Monraz, Enriqueta Basilio, Amador Rodríguez Lozano, Jaime Martínez Veloz.

Le ruego a esta presidencia insertar el texto íntegro en el Diario de los Debates y que sea turnado a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano Diputado. Con todo gusto. Insértese el texto íntegro de la proposición en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Diputado Bernardo de la Garza, quiere hacer uso de la palabra desde su curul.

EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA: Solamente, diputada presidenta, para manifestar nuestro apoyo al acertado punto de acuerdo presentado por el diputado.

LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.

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Le ruego al diputado Miguel Bortolini, que llegó cuando ya se había dado el turno anterior, pase a presentar su documento.

EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: el que suscribe, diputado de la 58 legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la legislación interna, solicito respetuosamente de esta presidencia tenga a bien formular un cambio de turno a efecto de que se dictamine a la brevedad para su presentación al pleno de este órgano legislativo la proposición con punto de acuerdo referente a la contaminación por transgénicos del maíz criollo y nativo de Oaxaca y Puebla.

Antecedentes: La preocupación por la contaminación de maíz transgénico que invade tanto a los estados de Oaxaca y de Puebla, tiene que ver con la necesidad de reconocer el daño que puede causar en la salud de los seres vivos por su medio ambiente y en la sustentabilidad de la agricultura mexicana la difusión de este maíz en el territorio mexicano.

El día 15 de diciembre de 2001 se turnó a la Comisión la proposición con punto de acuerdo que su servidor hizo llegar a la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados.

El punto de acuerdo hace mención del artículo que es publicado en la revista Nature por dos científicos de calidad internacional, David Cuist e Ignacio H. Chapela, titulado: "La Integración de ADN Transgénico en Variedades Tradicionales de Maíz en Oaxaca, México", en el cual se demostró científicamente la presencia de genes provenientes de variedades comerciales de maíz transgénico en maíces criollos de esta región. Más aún, se señala explícitamente que el maíz distribuido por Diconsa en las comunidades del Municipio de Ixtlán, está contaminado por transgénicos. Además en su momento enfaticé que con esto del debate sobre la existencia de una contaminación masiva de transgénicos en Oaxaca y Puebla, quedó cerrada. Con esto se demostró que era totalmente correcto lo que denunciaron las autoridades indígenas de Guelatao por medio de su Presidente Municipal, el compañero Aldo González, hoy amenazado de muerte, y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez, de Oaxaca.

También se demostró la actitud negligente e irresponsable de las autoridades federales, en especial de la SAGARPA, las cuales hasta la fecha, se siguen negando a reconocer el problema del maíz transgénico en Oaxaca.

También se demostró que es indispensable una ley que regule y limite la importación de transgénicos a México.

También se señaló que es obligación de las instituciones federales realizar una investigación sobre este problema, pero aún más importante es fundamental llevar a cabo todo un programa para descontaminar toda la región de Puebla y Oaxaca, lo mismo que iniciar la investigación de otras zonas del país que pudieran estar contaminadas. Esto tiene que ver con un grave problema que fue señalado por un grupo de científicos.

En virtud de presentaren el pleno el Punto de Acuerdo en su momento, por darle prioridad a los temas presupuestales y en base a que la Presidenta decidió enviarlo a la Comisión de Salud, solicito de la manera más atenta que el Punto de Acuerdo se turne a la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Agricultura y Ganadería para que se dictamine este Punto de Acuerdo sobre maíz transgénico en Oaxaca, por estas Comisiones, en Comisiones Unidas. Muchísimas gracias, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado Bortolini. Esta Presidencia no tiene ningún inconveniente en modificar el turno del Punto de Acuerdo respectivo para que intervenga la Comisión de Medio Ambiente y la Comisión de Salud.

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Continuando con la presentación de Proposiciones, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado José Manuel del Río Virgen, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo relativo a los Derechos Humanos en México y a la Procuración e Impartición de Justicia.

EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Hemos sostenido siempre que los derechos humanos son inseparables al ser humano, un catálogo inacabado de elementos indispensables para que toda persona logre su máximo desarrollo en lo individual y lo social, donde la vida sea el derecho más preciado que se tenga y respete porque sin éste, los demás no existen.

La etapa de tortura, vejación y violación de los derechos humanos creíamos haberla desanimado. Ahora regresa el asesinato y vejación sistemático de los derechos humanos, en la actualidad, sobre sus principales defensores. Son una muestra de que el pasado revive sobre la cenizas de la impunidad.

El 19 de octubre del año pasado horrorizó a toda la nación entera y a los organismos defensores de los derechos ciudadanos nacionales e internacionales, la noticia de que la activista proderechos humanos Digna Ochoa, había sido asesinada en sus oficinas en forma por demás planeada y brutal; un tiro en la femoral de la pierna izquierda y uno más en la sien le quitó la vida.

En estos días manifestamos en esta tribuna que las características del asesinato no correspondían a las de un crimen común, casual. Los móviles del mismo respondían a los de un asesinato estratégicamente planeado, escalofriantemente asestado sobre una defensora de la justicia y los derechos humanos, sobre una advertencia sobre quien atente contra los intereses de las mafias criminales nacionales.

Dijimos que el crimen correspondía más bien a uno de Estado, porque no se podía concebir que a Digna Ochoa le arrebatara la vida una delincuencia común. No fue asesinada para robarle, el perfil profesional de Digna Ochoa correspondía a actividades pro derechos humanos muy delicadas, que ponían permanentemente su vida en peligro, ante la proximidad de sus investigaciones por descubrir actos incriminatorios y complicidad entre diversos cuerpos policiacos y autoridades y la delincuencia organizada.

Digna Ochoa defendía a campesinos, obreros, ecologistas, mujeres, indígenas, en sí toda persona que sintiera ver afectado su patrimonio o integridad por actos de autoridad violatorios de garantías individuales. Así se enfrentó contra quien oponía resistencia a respetar el Estado de derecho y la legalidad, es decir, contra cualquier autoridad que veía en la debilidad de los desposeídos una suculenta mina de oro, su platillo preferido.

Lo cierto es, lo cierto es que no se nos ha dicho cuales son los avances en la investigación de este crimen, lo que ha orillado a que la sociedad mexicana esté realmente desconcertada y confundida respecto a las investigaciones sobre el particular. Respetuosamente lo digo: Nadie cree que Digna Ochoa se haya suicidado, después de las tantas amenazas de muerte que tenía.

El gobierno de la capital del país y el gobierno de la República deben darnos una explicación al respecto para saber la verdad, únicamente la verdad, que exige la justicia, que reclama un pueblo entero sabedor de que sus derechos humanos siguen siendo violados por la autoridad, por la policía, por la delincuencia, hasta por anónimos que tratan de intimidar a otros defensores como el caso de los periodistas.

Debemos de tomar este criterio para demandar que el gobierno federal y el de la capital y los estados establezcan una agenda conjunta para la defensa de la vida y garantizar su trabajo de todos los promotores del respeto de los derechos humanos en el país, porque si hoy no detenemos la violación sistemática de los derechos humanos y los asesinatos de los mismos, mañana estaremos conviviendo abiertamente con la delincuencia organizada, las nomenclaturas y cofradías políticas que desean seguir actuando a la sombra de la impunidad.

Por ello, compañeras y compañeros, solicitamos al gobierno del Distrito Federal y en especial a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal se informe a esta soberanía los avances reales en las investigaciones sobre el asesinato de Digna Ochoa.

Segundo. Demandamos del gobierno de la República y del Distrito Federal y de los estados establezcan una agenda mínima de atención y protección de los promotores de los derechos humanos del país, así como a periodistas donde participen los propios afectados.

Gracias, compañeras y compañeros.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, ciudadano Diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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Tiene la palabra el ciudadano diputado Jaime Martínez Veloz para presentar un punto de acuerdo en relación al Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California y el municipio de Playas de Rosarito.

Dado que el ciudadano diputado Jaime Martínez Veloz se ha inscrito para presentar tres puntos de acuerdo, yo quisiera consultarle al diputado Martínez Veloz -ahorita que llegue a tribunas puede hacer la presentación de manera simultánea de los tres puntos de acuerdo y permitir a la Presidencia dé los turnos respectivos. Ampliaríamos el tiempo de manera razonable.

EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ (DI): Con su permiso, diputada Presidenta.

Compañeras Diputadas;

Compañeros Diputados:

Presentaré tres puntos de acuerdo, los cuales haré entrega a la Secretaría con el propósito de que puedan ser trasladados literalmente al Diario de los Debates. Los tres tienen que ver fundamentalmente con asuntos del estado de Baja California, pero el tercero tendrá su repercusión en el marco del desarrollo nacional.

Del primero de ellos, en relación con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Solamente leeré la parte correspondiente al contenido de los Puntos de Acuerdo, que a la letra dice lo siguiente:

"Que la Cámara de Diputados solicite a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social:

"PRIMERO. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social oriente sus esfuerzos a diagnosticar, evaluar y solventar el desabasto de medicinas, equipo y material curativo en las unidades que forman el complejo hospitalario de ese instituto en Baja California.

"SEGUNDO. Que se proceda a realizar los trámites necesarios, para apoyar con el personal médico, de enfermería y administrativo que reclama la situación del os trabajadores y sus familiares adscritos al Seguro Social en Baja California.

"TERCERO. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social diagnostique, analice y evalúe técnica y socialmente la factibilidad de responder a la sentida demanda de los bajacalifornianos, para que sea dedicada una unidad médica de segundo nivel de atención en el municipio de Playas de Rosarito, Baja California, y con ello lograr la cobertura completa a los derechohabientes de la localidad.

"CUARTO. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social comunique a esta Soberanía la información relativa al número de patrones y trabajadores suscritos en los respectivos patrones y el importe de las cuotas que recibe, tanto correspondientes al Estado de Baja California, como a cada uno de sus municipios. Asimismo, dé a conocer los montos de los adeudos que a la fecha se tengan por parte de los patrones con el Instituto, así como al quienes hayan incurrido en mora en lo referente al pago de las cuotas obrero-patronales, pendientes de ser ingresadas dentro de las finanzas de esa delegación en Baja California.

"QUINTO. Que el Instituto Mexicano del Seguro Social informe a esta Soberanía qué porcentaje de las cuotas recaudadas en Baja California se invierten en el propio estado y, en su caso, considere la viabilidad de invertir una mayor cantidad de recursos de lo recaudado en Baja California en la misma entidad.

"SEXTO. Que el Hospital Regional de Especialidades inicie a la brevedad la prestación de los 35 servicios integrales para los cuales fue construido durante la pasada administración federal, que por su magnitud beneficiaría a los casi 2 millones de derechohabientes que tiene el Estado de Baja California y que representa en su tipo el más grande e importante en todo el noreste del país".

Entrego el documento completo a la Secretaría.

PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano Martínez Veloz.

DIP. JAIME CLEOFÁS MARTINEZ VELOZ: El segundo Punto de Acuerdo es en relación con la posibilidad de que se firme un acuerdo entre autoridades de la Universidad Autónoma de Baja California y las autoridades municipales, para que la policía municipal esté presente en el campus universitario. Hemos solicitado la intervención de estudiantes, de sociedades de alumnos, con el propósito de que la Comisión de Educación pueda revisar este asunto y el Punto de Acuerdo que remitimos dice lo siguiente:

"Que esta Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Educación, haga un respetuoso exhorto a las autoridades del Poder Ejecutivo del Municipio de Tijuana, Baja California, a fin de que se respete la ley y se evite atentar contra la autonomía de nuestra máxima Casa de Estudios en la entidad.

"La UABC, cuya integridad se encuentra en riesgo ante la pretensión de instalar de manera permanente fuerzas y equipo policíaco en terrenos soberanos de esa Casa de Estudios, asimismo que se recuerde a la autoridad su obligación de respetar y hacer respetar la Ley Orgánica y los cuerpos colegiados de la UABC, mismos que se bastan para atender y resolver cualquier contingencia al interior de la comunidad universitaria".

Hago entrega de este Punto de Acuerdo en su totalidad a la Secretaría.

Por último, en relación con el crimen organizado, planteo un Punto de Acuerdo que a la letra dice lo siguiente y que intentaré sintetizar, con la solicitud de que se transcriba literalmente el documento que entrego y se inscriba en el Diario de los Debates.

"El 7 de octubre del año pasado, el Poder Ejecutivo tuvo a bien convocar a un gran Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional, que es el marco institucional en el cual se sustenta parte de la propuesta que pongo a su consideración.

"En los Considerándoos del Acuerdo Político se advierte textualmente, que la situación actual reclama la construcción de acuerdos básicos a fin de que México enfrente con éxito los retos planteados por el entorno internacional prevaleciente, un entorno caracterizado por nuevas normas, agresiones y amenazas a la seguridad nacional de los estados.

"En lo referente a las acciones inmediatas sugeridas por el Acuerdo Político. Quiero destacar el Numeral 12 referido a mejorar el intercambio de información y de los servicios de Inteligencia con países amigos para hacer frente a la amenaza del crimen organizado y del terrorismo.

"En lo que toca al procedimiento del Acuerdo Político entre las exhortaciones al Congreso de la Unión se destaca, que la Agenda Legislativa contendrá las prioridades que se derivan de este acuerdo y tomará en cuenta en lo conducente las propuestas del Ejecutivo Federal.

"No es nada exagerado llegar a afirmar que el crimen parece haber desbordado la capacidad de las instituciones para controlarlo. El crimen organizado ha sido capaz de infiltrarse y utilizar cualquier estructura partidaria, política y organizacional, el crimen organizado penetra y pervierte a las instituciones, la globalización de la economía, nuestra cercanía como país al mercado de consumo de drogas y de mano de obra más grande del mundo, traen aparejados efectos indeseados.

"Del inmenso mercado de drogas que caracteriza a los Estados Unidos, se ha derivado una serie de tragedias a otros países; uno de los ejemplos más crudos es la violencia endémica que envuelve a Colombia, en esta nación hermana se conjugan diversos elementos de descomposición de su tejido social pero la institucionalizada producción de enervantes para el consumo norteamericano ha contribuido jerárquicamente a la tragedia de este país.

"¿Cuál es la situación en cuanto al consumo de drogas en Estados Unidos? Según la Encuesta Nacional sobre uso de drogas en los hogares de ese país en el año 2000, 14 millones de norteamericanos eran consumidores regulares de enervantes. Un consumidor regular es quien consumió drogas el mes anterior al ser encuestado. Esta cifra significa que el 6.3% de la población norteamericana es consumidora regular de narcóticos; el 10% de los jóvenes norteamericanos entre los 12 y los 17 años consumen droga regularmente, para ese rango de edad se descubrió la misma tasa de uso de drogas entre hombres y mujeres, es decir, hombres y mujeres consumen sustancias ilegales en la misma proporción.

"Se estima, además, que entre los jóvenes norteamericanos alcohólicos el 65% de ellos también consume drogas ilícitas de manera regular, el 15.4% de los adultos desempleados es consumidor habitual de sustancias ilícitas, un poco más de 9 millones de consumidores son trabajadores de tiempo completo o parcial Siete millones de norteamericanos admitieron haber conducido un vehículo bajo los influjos de drogas el año anterior al levantamiento de la encuesta.

"El 55% de los norteamericanos consideran que es fácil o muy fácil conseguir mariguana, el 30% considera que es sencillo obtener cocaína, el 30% piensa que es fácil obtener crack y el 20% considera relativamente sencillo comprar heroína.

"De los 14 millones de consumidores norteamericanos el 59% dijo consumir sólo mariguana, el 17% aseguró usar mariguana junto con otra droga, el 24% de los consumidores afirmó usar drogas distintas a la mariguana. Un millón 200 mil norteamericanos son consumidores habituales de cocaína, un millón de consumidores usa alucinógenos, para el año 2000 unos 6 millones 400 mil norteamericanos habían usado el éxtasis, al menos una vez en su vida. Para el mismo año, 130 mil estadounidenses eran consumidores de curares de heroína.

"Como podemos darnos cuenta , el consumo de drogas en Estados Unidos es muy grave y es reflejo de un lamentable proceso de degradación y descomposición social; sufrimiento, dolor, muerte y pérdidas económicas y sociales y vidas arruinadas.

"Esa situación necesariamente genera impactos negativos en países como México utilizados como sitios de tránsito en el tráfico de estupefacientes, lo que

ha traído como consecuencia el despliegue de una enorme red de tráfico de estupefacientes y lo que es más, el consumo de drogas ya es una siniestra realidad en muchas regiones de México, pero ha sido la demanda norteamericana la que ha generado las condiciones para que en nuestro país el narcotráfico constituya una organización criminal que ha contaminado el desarrollo de la sociedad.

Las noticias de los últimos años en México nos informan acerca de la detención de algunos de los capos que dirigen los cárteles de la droga; sin embargo, el tráfico y las acciones criminales ligadas con este cáncer se repiten y se incrementan.

Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la demanda del consumo norteamericano no cesa. Millones de dólares de la economía más poderosa del mundo se utilizan para consumir estupefacientes, es aquí donde vemos cómo las acciones de México en materia delictiva están determinadas por la lógica del consumo de drogas en el vecino país del norte.

La exigencia norteamericana para atrapar los capos de la droga en México no va acompañada por un compromiso de Estados Unidos por disminuir el consumo de la droga en ése país y por perseguir a los distribuidores de drogas, cuando menos no han sido tan efectivos porque el consumo de drogas va en incremento en esa nación.

La enorme cantidad de millones de dólares que se manejan en este comercio ilícito, han creado una enorme red de complicidades en un país y en el otro, por lo tanto, este fenómeno delictivo tiene que enfrentarse con una visión integral estableciendo una relación bilateral México-Estados Unidos, donde cada país asuma la parte que le corresponde y las tareas que le competan; nunca más México puede ni debe aceptar una evaluación norteamericana en este tema ni en ningún otro que afecte su soberanía y su libre autodeterminación.

Las instituciones mexicanas con quien están obligadas es con la sociedad mexicana y con su gente, no queremos saber más que una policía defiende a un grupo de narcotraficantes y otra policía está coludida con otro de los cárteles. No queremos saber más, como nos lo informa don Jesús Blanco Ornelas, que la Policía Judicial Federal dificultaba las tareas del Ejército en el combate al narcotráfico y que la milicia había debido prescindir en algunos casos, de la colaboración de las Procuradurías para luchar contra este flagelo.

En este marco de complejidad, la responsabilidad de las instituciones es proporcional a su capacidad de convocatoria y de acción. Los tres órdenes de Gobierno deben participar en todos los ámbitos necesarios requeridos para entender, frenar, revertir y erradicar causas, manifestaciones y consecuencias de la criminalidad en el país.

Compañeros y compañeras:

Con distintas funciones y responsabilidades, debemos asumir que la seguridad pública es labor de todos los mexicanos y no sólo de las autoridades. Incorporar a la enorme fuerza de la sociedad como actor protagónico, es vital para garantizar el éxito de un frente común nacional por la seguridad pública.

Impidamos que la ausencia de propuestas ante las políticas norteamericanas sobre seguridad nos fuercen a negociar desde posiciones desventajosas en un tema tan delicado como es la lucha contra la criminalidad.

Con base en lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se propone a esta honorable Legislatura, el siguiente punto de acuerdo económico:

UNICO. Que esta soberanía considere la pertinencia de convocar a los tres poderes de la Unión, a las instituciones de los tres órdenes de Gobierno, a los gobiernos y congresos estatales, a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales, a constituir un frente común nacional por la seguridad pública dentro del marco del Acuerdo Político para el Desarrollo Nacional que permita el establecimiento de una negociación sólida y firme frente al Gobierno Norteamericano en condiciones de igualdad en donde cada país asuma la responsabilidad y las acciones que le competan.

Es cuanto, ciudadana Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Esta Presidencia da los siguientes turnos a las proposiciones con punto de acuerdo presentados por el diputado Martínez Veloz:

La primera, vinculada con las cuestiones del Instituto Mexicano del Seguro Social se turna a la Comisión de Seguridad Social y a la Comisión de Presupuesto;

La segunda, vinculada con la situación de la Universidad Autónoma de Baja California en su campus Tijuana, se turna a la Comisión de Educación y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Y la tercera, relativa a la problemática de seguridad y de crimen y delincuencia organizada se turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y a la Comisión Especial en materia de Seguridad Pública.

Deseamos informar a este pleno que la Mesa Directiva ha recibido la solicitud del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que se adelante en el desarrollo del orden del día la conmemoración de la efemérides en honor al Natalicio de Don Benito Juárez García.

Esta Mesa Directiva no tiene inconveniente en obsequiar esa solicitud, por lo que procederemos a dar cauce a los discursos en relación a la efemérides de referencia, recordando a los distinguidos ciudadanos legisladores que tienen hasta cinco minutos para presentar sus exposiciones.

Con estos antecedentes se le concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Lorenzo Juárez, del Partido Alianza Social, para su intervención.

LA DIP. BEATRIZ LORENZO JUÁREZ: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores:

A lo largo de la primera mitad del siglo antepasado, la vida política, económica y social en el país tuvo constantemente grandes cambios. Asimismo, durante este periodo de la historia de nuestra nación se dio un hecho que hoy como ayer recordamos por lo que posteriormente significó. Hoy hace 196 años nace en San Pablo Guelatao, Oaxaca, Benito Juárez García, acreedor con el paso del tiempo a ser conocido como el Benemérito de las Américas.

Las sociedades necesitan de ideales y principios para construir su presente y dar lugar a un futuro cierto, en donde la inmoralidad, la indiferencia y la corrupción sean actitudes desterradas del comportamiento social colectivo. Para Juárez, tanto la injusticia como la desigualdad eran motivos de ofensa a la dignidad humana y en mayor medida para aquel que la padecía. Por ello, ninguna nación que se diga libre puede aspirar a un futuro próspero cuando construye su presente sobre una humillante subordinación.

Asimismo, Juárez era consciente de la importancia que tiene el expresar las ideas por medio de la escritura, ya que es una forma ilimitada de denunciar las injusticias, quedando estas denuncias plasmadas por tiempo indeterminado para su continua exhortación. Juárez estaba convencido que los acontecimientos deben de examinarse a fondo a través de las ideas para así encontrar las raíces de su origen y dar con ello una explicación lógica de éstos, evitando argumentaciones superficiales y equívocas.

Cuando se traza el destino de una nación, éste no debe depender de un solo hombre o de un grupo en particular, sino debe surgir única y exclusivamente de la voluntad popular. En toda sociedad civilizada, el gobierno que la encabece debe poseer a los ojos de la primera, la característica más importante de todo gobierno que se diga democrático: la legalidad y con ello la legitimidad.

Uno de los aspectos de la democracia que era para Juárez pilar de la legitimidad, es hoy tan vigente como lo fue ayer: la importancia del respeto al voto como la máxima expresión de la voluntad popular. Así, la legitimidad de las autoridades elegidas por los ciudadanos y el respeto irrestricto a las leyes son dos condiciones indispensables para dar lugar a la prosperidad de una nación.

El contrariar la Constitución, ya sea en su espíritu o en su texto, sólo para satisfacer privilegios de pequeños grupos, únicamente puede dar como resultado el debilitamiento de una nación. La soberanía popular y los derechos del hombre no son concesiones otorgadas a unos cuantos; son beneficios que deben ser disfrutados por todos los individuos, independientemente de su raza, sexo, condición económica, ideología o credo.

Cuando los derechos inalienables a la raza humana son negados a unos y otorgados a otros, éstos dejan de ser comunes a todos los hombres y se da lugar a los privilegios siendo éstos el inicio de las diferencias, de los rencores, de las humillaciones, de la violencia.

Para Juárez una sociedad no podía aspirar a su desarrollo mientras el desorden el despotismo, la hipocresía y la inmoralidad se encontrara presentes en los distintos aspectos de la vida diaria y en ello no estaba equivocado, ya que esta idea es tan vigente hoy como lo fue ayer.

Juárez tuvo en varias ocasiones el poder en sus manos y en varias ocasiones lo perdió, pero cuando tuvo el poder éste no lo cegó, éste no lo embriagó, sino por el contrario utilizó esa oportunidad para hacer por su país, algo que fuera más allá de un período constitucional, algo que beneficiara no sólo a la generación a la que él pertenecía sino a las generaciones futuras, a las generaciones que aún no nacían.

La Ley Juárez 1855, la Constitución de 1857 y las leyes de reforma 1859 a 1863, tuvieron como espíritu el impulsar la igualdad de los ciudadanos ante la ley al instaurar la supresión de los privilegios y el reconocer la existencia de derechos y libertades inalienables del ser humano.

El Salón de Sesiones de este recinto legislativo nos recuerda en cada sesión las palabras pronunciadas por el Benemérito de las Américas: "Entre los individuos como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz". Estas palabras atemporales y colocadas sobre el muro, nos exhortan día con día a actuar en concordancia con ellas, es nuestra obligación hacerlo así. Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias diputada.

Tiene la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana del Partido de la Sociedad Nacionalista.

EL DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

La conmemoración del Natalicio de Benito Juárez es para la mayoría de los mexicanos el símbolo de la perseverancia, de la fuerza, del trabajo, del convencimiento propio de lo que un hombre puede llegar a hacer por su país, por su patria, por su gente.

Juárez representa lo que todo mexicano deberíamos de seguir. Desde la cuna más humilde se fue ejerciendo y erigiendo como uno de los hombres más importantes de toda Latinoamérica y reconocido mundialmente como el Benemérito de las Américas.

Juárez vivió épocas difíciles en las cuales fuerzas contrarias a los destinos, a los recursos, al historial de los mexicanos quería que se fraguara y querían que continuaran el colonialismo. Parece que se repite la historia, tenemos las fuerzas, algunas progresistas y otras conservadoras.

Ayer recordábamos el 18 de marzo y dijimos que para los nacionalistas era el día de la unidad nacional, el Día del Nacionalismo. Tuvimos aquí también al Secretario General de la ONU en donde la frase de Juárez tomó la mayor relevancia.

Juárez lo recuerda, el hombre de leyes, el hombre que supo comprender su momento histórico y el hombre visionario que pudo separar la Iglesia del Estado y que entendió claramente que es entre el respeto, entre los ciudadanos como se puede lograr la paz, el avance, el progreso entre un pueblo y entre los pueblos.

Juárez nos enseña decoro, dignidad, independencia. Muchos de estos elementos que desafortunadamente a veces parecemos dejar en lontananza. Nosotros los nacionalistas por supuesto que celebramos el Natalicio de Juárez pero nos gustaría hacer la celebración con actitudes, con hechos nacionalistas, como el de este gran mexicano.

Es por eso que para nosotros, días como el 18 de Marzo, como la celebración del Natalicio de Juárez, deben perdurar, deben ser permanente recordatorio para todos y cada uno de los mexicanos, y pro supuesto y sobre todo, para los legisladores de este país, el compromiso que tenemos para con nuestro pueblo, para con nuestra historia, para con nuestras raíces.

Y que deberemos, por sobre todas las cosas, defender a ultranza nuestra soberanía y nuestra autodeterminación, como pueblo y como nación.

Juárez nos señaló la gran capacidad, la gran inteligencia, la gran valentía que tenemos los mexicanos, esto tendremos que demostrarlo, día con día, si queremos seguir celebrando el Natalicio de Don Benito Juárez.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.

EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para recordar un aniversario más del Natalicio del Benemérito de las Américas, sagaz abogado y apasionado político. Benito Juárez encaminó su carrera política a desarrollar una profunda labor, Juárez es indiscutible representante del reformismo liberal de nuestro país, que se vio obligado a combatir los intentos anticonstitucionales de las fuerzas conservadores.

Su programa suponía una radicalización de la Constitución de 1857 al incluir la nacionalización de los bienes eclesiásticos, la eliminación de las órdenes monásticas, la creación de un registro civil y la separación de la Iglesia y del Estado.

Tras regresar del exilio al que Santa Ana lo condenó, respaldó el Plan de Ayutla, por el cual se exigía la creación de una Asamblea Constituyente en el marco de una Constitución Federal.

Con su participación activa en la revolución liberal derrocó a Santa Ana, demostrando su sentido patriótico. Una vez que ésta triunfa dan inicio las conocidas Leyes de Reforma, expidiéndose en noviembre de 1855 la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, la cual suprimió los fueros eclesiásticos y militares dentro de la presidencia de Álvarez.

Dadas las presiones ejercidas sobre el gobierno radical, el presidente Álvarez renuncia, y la presidencia de la república es asumida por Comonfort, en donde Juárez toma cargo como presidente de la Suprema Corte de Justicia, cargo que legalmente era considerado como la vicepresidencia de la república.

En 1858 en calidad de presidente provisional de la república, Benito Juárez se opuso al pronunciamiento conservador del general Félix María Zuloaga, iniciada la llamada Guerra de Reforma, en mayo de ese mismo año se vio obligado a establecer la sede de su gobierno en Veracruz, donde prosiguió con la serie de reformas radicales.

Sus seguidores, derrotaron a las fuerzas conservadoras a finales de 1860, por lo que en enero de 1861 volvió a establecer su gobierno en la Ciudad de México, en junio de ese año fue elegido presidente constitucional.

Para poder afrontar el caos financiero provocado por la Guerra de Reforma, Juárez tuvo que suspender los pagos a los acreedores extranjeros de Francia, España y Gran Bretaña, los cuales desembarcaron tropas en Veracruz. Su capacidad de negociación logró que Gran Bretaña y España, mediante los acuerdos de La Soledad, retiraran sus tropas de Con particular destreza militar Juárez contrarrestó la ofensiva francesa, que provocó la caída de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, restaurando así la república.

En 1867 asume nuevamente la presidencia constitucional, sin embargo, existían en el país numerosos sectores que se oponían a su gobierno, entre ellos, uno encabezado por el general Porfirio Díaz, el candidato político derrotado electoralmente por Juárez.

La presión de Díaz mediante el Plan de La Noria, acabó en una revuelta cuya propuesta principal era impedir la reelección de los Presidentes de la República. Tras este último levantamiento y con una vida llena de innumerables episodios, Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872.

Hoy como ayer, su legado es su propia fortaleza, su coraje y lealtad cívica que caracterizan su figura liberal; hoy como ayer, su lucha y quehacer revolucionario matizan nuestro sistema político; hoy como ayer, sigue vigente que "Entre las Naciones como entre los Individuos, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.

Tiene la palabra la diputada María Teresa Campoy Ruy del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista.

LA C. DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUY SÁNCHEZ. Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros legisladores.

Como ya es costumbre, cada período recordamos a quienes por sus hazañas y legados, trascendieron en los anales de la historia, ocupando así un lugar substancial en la memoria de todos los mexicanos.

Esto sin duda es de gran importancia en este recinto, ya que una nación sin historia es una nación que por sí misma está condenada al fracaso y es nuestra responsabilidad como legisladores, coadyuvar al fortalecimiento y conocimiento de la misma.

De esta forma, el día de hoy recordamos a un hombre de origen sencillo que con su pensamiento y acción, forjó una patria libre y cuyas iniciativas y reformas establecieron las bases del actual sistema de gobierno de nuestro país: don Benito Juárez.

El día de mañana se conmemora el 196 Aniversario del Natalicio de este gran personaje, por lo cual los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, tributamos un sentido homenaje honrando su memoria, pero también reflexionando sobre el modelo de Nación que nos heredó y el que nos corresponde seguir forjando.

Juárez se formó como un gran estadista, su iniciativa por construir un estado de derecho más fuerte se transforma en la Constitución de 1857 que puntualiza la forma federal del Estado Mexicano, luego de los intentos de centralismo vividos a partir de 1836; además de esta ley fundamental introduce numerosas figuras destinadas todas ellas a la defensa de la esfera de los derechos de los gobernadores y al mismo tiempo de los gobernantes.

No es casualidad el replanteamiento del principio de legalidad y la figura del amparo, como defensa de los ciudadanos ante la actuación de la autoridad. Juárez nos enseñó a defender la soberanía nacional, pues intuía y estaba consciente que el destino de México era el de una República Libre, Soberana y Democrática. Por lo anterior nunca cedió ante las presiones de las fuerzas oscurantistas o de las presiones del exterior, siendo ésta decisión motivo de ejemplo de nuestro actuar en el ejercicio de la gran responsabilidad que tenemos como legisladores.

Luchó por consolidar los beneficios de la paz, el mantenimiento de la legalidad y por el reconocimiento de que en nuestras instituciones y en la política nacional, el pueblo mexicano es el árbitro de su suerte.

El pensamiento visionario de Benito Juárez, nos debe guiar para enfrentar los retos del presente con visión de futuro, nos debe convocar a redescubrir las inmensas posibilidades de México y orientar en la búsqueda de nuevos senderos que nos lleven con paso seguro hacia la solución de los problemas nacionales.

No existe país sin dificultades, pero Juárez entendió que el factor central del desarrollo reside en la capacidad de una nación para aprovechar y potenciar sus fortalezas y disminuir sus vulnerabilidades, logrando así desplegar la capacidad de construir, desarrollar y acordar puntos básicos y de llegar a consensos, siempre siguiendo el ejemplo que nos dejara el gran "Benemérito de las Américas" al anteponer siempre la razón y los argumentos en su frase: "Todo por la razón, nada por la fuerza"

Pensemos que Juárez y nuestros próceres, cumplieron ya con su parte: nos heredaron un país libre y digno. Abramos espacios al diálogo, a la negociación, como medios para solucionar nuestras diferencias. Honremos la memoria de Juárez con dignidad y asumamos nuestra responsabilidad ante la historia, haciendo de este México nuestro orgullo. Muchas gracias.

PRESIDENTA: Muchas gracias diputada.

Tiene la palabra el diputado David Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del PRD.

DIP. DAVID SOTELO ROSAS: Muchas gracias ciudadana presidenta; compañeros diputados:

La vigencia de los postulados de Benito Juárez, no admiten discusión: las Leyes de Reforma, la separación de las iglesias y el Estado, la laicidad del Estado, el respeto al derecho ajeno, como fundamento de la soberanía nacional, la racionalidad en las percepciones de los servidores públicos y el combate a la impunidad, son activos entre otros, del Estado Nacional Mexicano, que no pueden ser inobservados, so pena de poner en riesgo nuestra cohesión social.

Honrar la figura del Benemérito de las Américas, debe ser un acto de cotidiana congruencia con las calles que llevan su nombre, las plazas, los monumentos que se llevan en su honor su nombre, los municipios que así se llaman, así como las delegaciones políticas, se busca mantener viva la memoria de aquél que forjó las instituciones nacionales.

Por eso resulta delicado e insultante, que se trivialice la figura del héroe nacional por alguna fobia de carácter monacal, de aquellos que hoy administran una delegación política llamada precisamente "Benito Juárez", quienes con criterio de mercadotecnia barata buscan hacer publicidad quién sabe con qué fin, con recursos de la delegación y se utiliza el nombre de Benito Juárez con el nombre de Benny, como el personaje de la delegación Benito Juárez.

El PRD no está de acuerdo y denunciamos desde esta tribuna este hecho indignante para nuestra historia y exigimos y pedimos que se rectifique. Benito Juárez está arraigado en el alma nacional, su figura y su ejemplo constituyen la piedra angular de la soberanía nacional.

Juárez rescata el Estado Mexicano. Nunca como en aquel tiempo México vivió aciagos días, Juárez única y exclusivamente se atuvo a la ley por encima de todos y por sobre todo; no hizo caso a ninguna concertación de ningún tipo, que vulnerara la soberanía nacional. No hubo tiempo tan más oscuro y aciago, como el que Juárez arrostró y enfrentó con dignidad, con decisión, con la Constitución en la mano.

El ejemplo de Juárez hoy día nos debe de llamar a la reflexión para todos los mexicanos, para todos los legisladores del partido político al que pertenezcamos porque representa luz, bandera en la cual todos nos reflejamos.

Juárez, al morir, después de haber desempeñado durante largos años altos puestos, el de Gobernador de Oaxaca, Ministro de Estado y Presidente de la Suprema Corte de Justicia y durante 14 años la presidencia de la República y de habérsele concedido seis veces facultades extraordinarias en guerra y en hacienda, dejó una fortuna modesta para él. Eso habla, eso habla del hombre probo, del hombre honesto, honrado a carta cabal, fiel a la República.

Ciudadana presidenta, le pido –y me atengo a la benevolencia de mis compañeros diputados—un minuto para finalizar.

LA C. PRESIDENTA: Un minuto, diputado.

EL C. DIPUTADO DAVID SOTELO ROSAS: Como ejemplo de su trayectoria política y pública en beneficio de la República. Así lo establece don Manuel Dublán en su testamento, aprobado por el juez tercero de lo civil de la capital y elevado a escritura pública por el notario don José Villela, el 19 de mayo del propio año.

Ignacio Manuel Altamirano refería cómo durante la revolución de Ayutla había aparecido en el estado mayor del viejo general Juan Álvarez un personaje insignificante, una especie de cura de indios –decía Altamirano—cabalgando sin un solo movimiento de impaciencia o cansancio, en una mula habituada a las asperezas de las montañas del sur, entre Chilpancingo, La Providencia y Cuernavaca.

Aquel señor que frecuentemente hablaba con el general y a quien éste guardaba muchas consideraciones y que denominaba el licenciado Juárez. Decía el viejo general, refiriéndose a Juárez, que era un excelente liberal, desterrado por Santa Ana a los Estados Unidos, y que ha sido el mejor gobernador que los oaxaqueños han tenido. Decía Álvarez: lo aprecio y lo respeto.

Yo quiero, finalmente, referirme y parafrasear la frase del general Álvarez diciendo que Benito Juárez fue, ha sido y sigue siendo un mexicano de excepción. Todavía no justipreciado por las actuales generaciones y que ha sido el mejor presidente que los mexicanos hemos tenido.

Y yo, al igual que Juan Álvarez, lo aprecio y lo respeto mucho. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Abelardo Escobar Prieto, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO ABELARDO ESCOBAR PRIETO: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: el 9 de octubre de 1909, con motivo de la entrevista Díaz-Taft en Ciudad Juárez, se llevó a cabo la ceremonia de colocación de la primera piedra del monumento a Don Benito Juárez, que desde entonces forma parte de la fisonomía de nuestra ciudad.

Al conmemorar hoy su natalicio, es un privilegio venir a esta alta tribuna, coronada por las palabras del patricio, para rendir un tributo de respeto a su memoria en nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

Quiero compartir con ustedes unos fragmentos del discurso que en aquella ocasión pronunció el ingeniero Rómulo Escobar. Dijo así: "Hay dos palabras que tienen la virtud de hacer latir todos los pechos: nuestra tierra. Poder decirlas es tener patria, pronunciarlas en voz muy alta

Indios que poblasteis este valle, frailes misioneros que vinisteis con las huestes hispanas predicando la religión al frente de los soldados, muertos de aquellas nuestras guerras necesarias ¿dónde está vuestro polvo, dónde están vuestras tumbas? Surgid, vendrá a nuestros recuerdos en el momento en que pronunciamos estas dos palabras: nuestra tierra, bendita tierra nuestra.

Yo quisiera ser viejo, muy viejo, para que mi voz se oyera como la voz de la historia, de esa historia cuya edad no basta para decirnos si los primeros hombres que poblaron este valle vinieron por el rumbo del gila o del collame, pero llegaron y fueron los primeros; girones de una humanidad salvaje, fueron traídos a impulso de un destino caprichoso cuando nuestros tornillares y alamedas mecidos por el viento comenzaron a cantar los himnos de una patria nueva, cuyas fronteras se extendían hasta la inmensidad del desierto.

Se animaron los bosques, el bisonte, recuerdo de nuestra fauna, llegaba incauto a los márgenes del río a dar su carne, y el maíz blasón de nuestra flora, quitó el salvajismo a aquellos hombres.

Más tarde aparecieron sobre esas mismas lomas que limitan el valle, destacándose en el azul del firmamento, las siluetas de hombres extraños que empuñaban armas más duras y cortantes que la roca, brillaban sus pechos como brillan los metales y producían el fuego con sus arcabuces, eran de los hombres que vencen, pues no habían podido detener su paso ni la extensión del océano ni las barrancas ni el desierto ni la furia de las multitudes.

La tímida raza aborigen sintió un calosfrío de muerte y al retroceder espantada pudo ver que delante de aquellos guerreros venían otros hombres que se distinguían por la humildad de su traje y de su alma; traían en sus manos objetos de madera con los cuales no golpeaban a sus enemigos. Por esto es que la cruz resplandece en la historia de la conquista para la gloria de España, mitigando las sombrías crueldades de sus aventureros.

Los siglos medidos por los hombres, son instantes en la historia, y así fue como poco tiempo después hubo tres guerras lamentables contra quienes podemos llamar hoy amigos y hermanos.

Tres guerras en el siglo de las luces, tres guerras en el siglo de nuestra infancia. Por fin otra guerra con una raza hermana y venció el derecho de la raza más débil, a fuerza de razón y de victorias tan gloriosas como las primeras derrotas.

En Temaxcalitos, el cura de ese pueblo arrojó el crucifijo que llevaba en los momentos de la refriega para tomar el fusil de uno de los heridos y defender a la patria, y de esta parte del país eran los soldados que en el fuerte de San Javier, ignorando la disciplina, desobedecieron las ordenes de sus jefes para atacar al enemigo no satisfecho de peligro.

De esta última guerra, cuando la medida del dolor estaba ya colmada, cuando los tímidos habían defeccionado, cuando las esperanzas últimas se desvanecían, el hombre que había bajado de la Sierra de Ixtlán, símbolo del derecho, alma de la patria, pudo todavía mantener el fuego del patriotismo. Entró al desierto con majestad sublime, como las naves que se alejan de la costa para capear la tormenta. Expuso su vida, fatigó su cuerpo, atormento a su alma con las desdichas de la patria, cruzó los médanos de Zamalayuca, que son la esencia del desierto y se vio aparecer su silueta destacándose en el azul del cielo sobre esas mismas colinas que delimitan el valle.

Señora Presidenta, pido su anuencia para tomarme unos segundos más para terminar.

LA C. PRESIDENTA: Por favor, diputado.

EL C. DIP. ABELARDO ESCOBAR PRIETO (En tribuna, continúa): Gracias. Paso del Norte era el límite, aquí terminaba la patria, una línea imaginaria era una barrera infranqueable, hasta que un 25 de marzo una espada fulgurante señalara el camino de regreso.

Yo quisiera ser joven, muy joven para que mi voz se oyera como la voz de los tiempos que vienen, que pasen unos siglos, escuchemos las voces de la historia futura, no son las voces lóbregas y graves de los siglos pasados, sino los gritos alegres de los siglos niños ¿qué dicen? Dirá que una patria agradecida con el óvulo de niños y de ancianos marcó el límite a donde llegó el ilustre peregrino que bajó de la Sierra de Ixtlán y que salvó en el desierto las Tablas de la Ley, con un brazo que será una divisa para un pueblo, una cumbre para una raza. Dirá que la patria depositó una flor sobre la tierra que consagró Juárez en épocas de angustia. Las flores de la patria son mármoles o bronces, hombres en la plenitud de la vida mirad de frente al sol, llenad vuestros pechos con este aire libre y alzad muy altos vuestros corazones. Y vosotros, los niños, los de almas tiernas que se sacuden con estas impresiones, temblad como las flores al abrirse y grabad en la memoria estos recuerdos.

Es la patria misma quien va a colocar esa piedra. Indios de senecú (?), frailes de las misiones, héroes de nuestras guerras necesarias, surgid, venid a ver lo que pasa en nuestra tierra. El desierto no es desierto, se ha poblado. Parece que en estos momentos han de verse sobre el torreón de Casas Grandes los príncipes indios, que han subido al gallego los muertos del sacramento para ver mejor y los del carrizal a la sierra de la candelaria.

Que en la Tarahumara está el espíritu del indio de ariciachi (?), mientras el vencedor de Victorio ha llegado a tres casquillos. Se ha poblado el desierto sobre todas esas cumbres que asombran los espíritus de nuestros muertos. Parece que se oyen campanas que marcan el paso de una época a otra época. Oídlo bien, es la patria misma quien va a colocar esa piedra.

Gracias por su atención.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias ciudadano Diputado.

Tiene la palabra el diputado Abel Trejo González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

EL C. DIPUTADO ABEL TREJO GONZALEZ (PRI): Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras Diputadas;

Compañeros Diputados:

No he encontrado mejor forma de recordar a Juárez que repetir aquí, en el recinto parlamentario, muchas de las palabras que pronunció ante los diputados en escritos y proclamas, mismas que denotan el enorme respeto que le profesaba a esta soberanía.

Juárez absoluto respeto a las disposiciones del Poder Legislativo. El Presidente Juárez pronunció un discurso en la apertura de sesiones del Congreso de la Unión el 9 de mayo de 1861,refiriéndose a los diputados expresa: "Así lo espera el pueblo del buen sentido de la ilustración y del patriotismo de sus representantes. Y el Congreso puede estar seguro de que el ciudadano que durante tres años ha sido, en medio de los mayores peligros y de los más terribles desastres, guardián constante de la Constitución, cumpliendo así con sus deberes, no faltará a ellos jamás y mientras ejerza provisionalmente el Ejecutivo por ministerio de ley no omitirá sacrificio por cumplir, acatar y hacer que sean respetadas cuantas disposiciones emanen del Congreso de la Unión, conforme a los preceptos del código fundamental de la República".

El 25 de diciembre de 1867 el Presidente Juárez, al tomar posesión como Presidente de la República, expresó: "En mi administración, ciudadanos diputados, me servirán de guía vuestras luces, cumpliendo el deber de ejecutar vuestras decisiones, de sostener la independencia y dignidad de la nación y de hacer efectivos los principios de libertad y de progreso que ha conquistado con su sangre el pueblo mexicano".

Y ratificó Juárez, el 29 de marzo de 1868 en la clausura del Congreso: "La primera prenda de paz es la armonía entre los poderes públicos. El gobierno está lleno de gratitud por la confianza que le ha dispensado el Congreso y procurará siempre merecerla, acatando las decisiones que con su patriotismo y sabiduría dicten los representantes del pueblo".

El Presidente Juárez absoluto respeto por el presupuesto aprobado por el Congreso. El 1º de abril de 1868 el Presidente Juárez pronunció las siguientes palabras en la apertura del Congreso de la Unión:

"Ciudadanos Diputados:

"Muy justo es el precepto de la Constitución por el cual se destina de preferencia el segundo periodo de sesiones del Congreso que comienza hoy, al examen y votación de los presupuestos. Toca al Ejecutivo formarlos y proponerlos por el mayor conocimiento que debe tener de los hechos y por sus datos sobre las necesidades de la administración. Pero corresponde al pueblo, por medio de sus representantes, examinarlos y aprobarlos; está en la esencia de los intereses y de los derechos más inalienables del pueblo resolver con lo que deba contribuir y como deba invertirse en los gastos públicos".

Por todo lo anterior y por la enorme aportación que ha hecho este ilustre oaxaqueño a la grandeza de nuestra patria, en 1934, cuando el General Lázaro Cárdenas llega a la Presidencia de la República y el país transitaba por momentos complicados, convierte a Los Pinos, una antigua instalación militar, en la residencia presidencial, para que desde entonces se colocara ahí, en el despacho del Presidente de la República, el retrato al óleo del ilustre oaxaqueño don Benito Juárez.

Yo pregunto a esta Soberanía: ¿Tiene Benito Juárez los méritos suficientes para ser inquilino permanente en la residencia presidencial? La respuesta de la gran mayoría de los mexicanos es afirmativa. Por esta razón, los diputados federales de Oaxaca, junto con nuestros coterráneos, protestamos enérgicamente la infamia histórica cometida el 23 de diciembre del 2000, en que se consumó la expulsión del óleo de Benito Juárez de Los Pinos. Sin duda este hecho conlleva el mensaje de hacer a un lado el ideario político del Benemérito de Las Américas en el ejercicio del poder. ¡Pero aquí está el Poder Legislativo, los representantes del pueblo, para que interpretando el pensamiento político de los mexicanos, no permita que se actúe en detrimento de nuestros mejores postulados!

¡El 21 de marzo es un buen día para recordar la obra de Juárez, es un buen día para no olvidar que la historia es de la nación entera y no patrimonio de unos pocos! ¡No hay duda, Juárez es un pilar fundamental para entender la grandeza de nuestro país! ¡Su ideario lo defenderemos siempre!

¡En nuestro país que nadie intente establecer jerarquías de primera o de segunda para nuestros héroes, cada uno de ellos tiene su justa dimensión en la historia de nuestro país! ¡Rechazamos sujetarnos a caprichos sexenales ni a fundamentalismos de ningún tipo! ¡El grito de: ¡Juárez, Juárez!, seguirá retumbando en todas las conciencias y en todos los recintos de este país!

Muchas gracias.

(aplausos)

PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

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Continuando con el capítulo de proposiciones, se ofrece el uso de la palabra al diputado Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar un Punto de Acuerdo solicitando a la Secretaría de Turismo informe de la petición hecha por la Comisión de Turismo en julio, en relación a diversos ayuntamientos de Jalisco y de la zona del Pacífico mexicano.

-DIP. SALVADOR COSÍO GAONA: Con la venia de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados: Aunque resulta evidente y sólo los ciegos o quienes quieran serlo podrán dejarlo de apreciar, Puerto Vallarta y la región conurbada que conforma la Bahía de Banderas en Jalisco y Nayarit, es un importante polo de desarrollo y es fundamental para el país, pues el esfuerzo que en esta zona se desarrolla contribuye fuertemente al desarrollo económico y social de la nación, y es fundamental para la creación de empleos y la captación de divisas.

De la estadística oficial queda claro la importancia de Vallarta y su región, consolidada en forma global como el segundo destino de playa en captación turística. Ante esto, es sorprendente la escasa atención que Vallarta recibe del gobierno federal, lo que queda muy claro al observarse que ni siquiera mereció ser mencionado en el informe presidencial ni en el sectorial que entregó la Secretaría de Turismo .

Por otro lado es también inaceptable el poco respaldo que recibe para continuar creciendo en infraestructura pues hace ya muchos años que el Poder Ejecutivo Federal no apoya a los Gobiernos Locales para concluir o realizar diversas obras que se requieren para consolidar su oferta de servicios al turismo y a la población.

Añejos son los reclamos de la población y de los gobiernos locales porque al no ser Vallarta y esta región, un destino privilegiado por FONATUR y quizá por su lejanía del centro del país, el crecimiento y la consolidación de esta zona se ha dado con el esfuerzo propio de la comunidad local y esto creo no puede seguir así.

La Secretaría de Turismo acudió por primera vez el Titular a Vallarta a finales de Agosto del año pasado, un día antes de cumplir un año de trabajos del actual Gobierno, es decir, al año de trabajo se le ocurrió a la Secretaría de Turismo ir a Vallarta.

Por su parte, el Secretario de Transportes no ha tenido tiempo aún de visitar esta región, es normal, poco le importa.

Al Secretario de Turismo cuando estuvo en Vallarta, se le hizo un recuento de los requerimientos y carencias de proyectos y programas de promoción y de inversión para consolidar al destino y constató el esfuerzo y el trabajo de la comunidad local.

Puedo enumerar lo más importante que está pendiente; en cuanto a la Secretaría de Turismo, la inclusión de Vallarta y su región en el Programa de Apoyo a Destinos de Playa que no está, curiosamente e inaceptablemente; la inclusión de esta zona en el proyecto Escalera Náutica y en el Programa de Pueblos Mágicos y lo más importante, incluir a Vallarta en la promoción que de México se hace en el extranjero pues aunque parezca absurdo no aparece para nada en documento promocional alguno en las campañas internacionales para atraer turismo a México.

Mención especial requiere la atención inmediata y aprobar la solicitud presentada por mi conducto a nombre de la Comisión de Turismo y en representación de los Presidentes Municipales de Puerto Vallarta y Cabo Corriente en Jalisco, ambos de Acción Nacional, así como el distrito Municipal de Bahía de Banderas que es del PRI, los que con el respaldo de sus gobernadores de Jalisco y Nayarit , ambos de Acción Nacional solicitaron desde Julio del año pasado la declaración formal como zona turística prioritaria para esta región.

Esto es muy importante porque al consolidarse esto se otorgan estímulos y respaldos especiales que requiere esta zona.

Finalmente se requiere que FONATUR ponga sus ojos en Vallarta y pase de las palabras a los hechos para promoverlo y apoyarlo.

De la Secretaría de Transporte y Comunicaciones se requiere se acelere lo más posible la conclusión del Puente sobre el Río Meca en la Autopista de Ingresos, mismo que después de muchos años de estarlo solicitando, ya se inició pero podría ser más fácil terminarlo. Es el acceso a este destino.

Igualmente, ya lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos insistiendo, es necesario la conclusión de la Carretera Federal que debe unir directamente y por territorio jalisciense a Guadalajara con Vallarta, no para que esta sea la famosa vía corta, sino como una obra necesaria para impulsar y consolidar la fuerza turística diversificando esta oferta al incluir el turismo de montaña en la sierra aledaña al Puerto e incorporar plenamente a esta oferta el tiempo religioso que se da en la región de Talpa.

Cabe señalar que esta carretera federal ha sido construída con mucho esfuerzo por los jaliscienses en sus primeros casi 200 kilómetros y los restantes 80 están pendientes desde hace diez años, solamente por falta de voluntad política.

También importante es conocer si en realidad como fue anunciado hace ya muchos meses, por el Presidente de la República, el gobierno Federal tiene contemplado un amplio programa de obras entre las que estaría la Autopista de Cuota entre las poblaciones de Jala, Nayarit a partir del entronque con la Autopista Guadalajara a Tepic y la población costera nayarita de Bucerías que está conurbada con Puerto Vallarta, esta sí sería la famosa vía corta entre Guadalajara y Vallarta, es decir, la ruta directa y breve entre el Bajío y el Occidente de México

LA C. PRESIDENTA: Diputado Cosio, le ruego terminar.

EL C. DIP. SALVADOR COSIO GAONA: Le solicito un minuto para concluir, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Adelante, diputado.

EL C. DIP. SALVADOR COSIO GAONA: También importante es conocer si se va a hacer realidad la amortización del aeropuerto "Gustavo Díaz Ordaz", que como ya se explicó es una vergüenza.

Compañeras y compañeros diputados, finalmente me sigo preguntando ¿por qué ese extraño desdén hacia Vallarta? ¿Por qué esa ausencia de apoyo al Gobierno Federal? ¿Por qué no se le toma en cuenta en los programas federales de promoción y desarrollo? ¿Cuándo entonces se va a hacer algo por parte de este Gobierno Federal para impulsar esta región turística? Me queda claro que el Ejecutivo Federal tiene la respuesta y por eso planteo la comparecencia de los secretarios correspondientes en este:

PUNTO DE ACUERDO: Único. Que con fundamento en lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica, se acuerde citar a los secretarios de Turismo y de Comunicaciones y Transportes para que informen y expliquen la falta de respaldo al esfuerzo de los gobiernos locales y de la comunidad de Puerto Vallarta y de los municipios de la Bahía de Banderas, de Jalisco y Nayarit, especialmente en cuanto a la creación oficial de la zona proletaria y al avance real en el proyecto de desarrollo y promoción de esta región.

Es cuanto. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado Cosio.

TÚRNESE A LA COMISIÓN DE TURISMO.

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Para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente proceda de inmediato en contra de la tala inmoderada de los bosques en el Estado de México, se concede el uso de la palabra al diputado Felipe Velasco Monroy, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

EL C. DIP. FELIPE VELASCO MONROY: Con su venia señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

Los abajo firmantes, diputados federales del Estado de México del grupo parlamentario de Acción Nacional de esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales para que a través de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente proceda de inmediato conforme a la normatividad vigente en contra de la tala inmoderada de bosques en el Estado de México, de acuerdo a las consideraciones que a continuación se narran.

Compañeras y compañeros diputados, si no cambiamos las tendencias actuales, se seguirá deteriorando la relación del hombre con la naturaleza por la explotación irracional de sus recursos y la contaminación ambiental con el aumento de graves daños al hombre y al equilibrio ecológico por lo que nuestro objetivo es preservar los recursos dados por la naturaleza para todos los hombres, a fin de trasmitirlos como herencia enriquecedora a las generaciones futuras.

No hay nadie que frene la deforestación. Se asfixia el Estado de México por la impune tala de árboles. El Estado de México es víctima de la impune tala de árboles, por lo que se ha perdido una cuarta parte de nuestros bosques, lo que significa haber perdido uno de los pulmones más importantes que oxigenaban a toda esta región que ahora es también una de las más contaminadas después del Distrito Federal.

Son dos los aspectos que preocupan en mayor medida a la población: la criminal deforestación y los poderosos grupos que alientan y protegen esta ilícita actividad denunciada por años pero sin ser castigada hasta el momento.

La tala inmoderada de árboles resulta un buen negocio para los depredadores y todos sus cómplices. Nada más un árbol adulto genera ganancias hasta por 1,400 pesos y diario, tan sólo de un sitio, suelen salir hasta diez camiones cargados de la ilegal madera. Esos diez camiones significan ganancias hasta por 150 mil pesos.

El saqueo de los bosques está a la orden del día y no hay autoridad alguna que ponga un alto con severidad y con la ley en la mano, porque no es aprehendiendo a uno que otro talador como se va a resolver este gravísimo problema que se vive en esta entidad y que ya está derivando en serios daños a la salud de muchos pobladores, mientras otros se embolsan carretadas de billetes al desvastar un patrimonio invaluable de la humanidad: las áreas forestales, las zonas ecológicas, que son o deben de ser intocables.

Están detectados los sitios donde se esconden los taladores clandestinos: Cahuacán en Nicolás Romero; Ocuilán en la frontera con el Estado de Morelos; Ixtapopo, que abarca de Ixtapaluca hasta Ecatitzingo; el Nevado de Toluca que va desde Temazcaltepec, pasando por Xinacantepec y llega hasta Toluca. También se ha visto afectada la región donde arriban las mariposas "Monarcas" procedentes de Canadá.

se trata de las áreas forestales de San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende. Otra de las áreas afectadas es la Sierra de las Coletas en el tramo de Zultepec a Amatepec.

De las 894 mil hectáreas que conforman la superficie total, 558 mil son bosques de pino, oyamel, encino y otras especies. De estas 558 mil hectáreas, 325 mil están consideradas como todo un potencial económico y comercial, pero más del 40 por ciento de estas áreas es detentado por los taladores a los que se llaman clandestinos, pero que la verdad hacen su lista labor a la vista de todos. Los mismos helicópteros de los que disponen televisoras y radiodifusoras han detectado los momentos en que se realiza la ilegal labor.

A pesar de las denuncias que se han hecho en relación a la tala de árboles, las autoridades no han dado una respuesta en concreto y mucho menos una solución, tal pareciera que son cómplices en este ilícito negocio y ya es tiempo de que el patrimonio ecológico al que se hace referencia se cuide, ya que cada día sufre mayores daños. ¿Por qué?, no hay otra respuesta, porque la misma autoridad, los mismos servidores públicos o funcionarios, están coludidos en esta terrible deforestación a la que sirven día con día y de una manera impune.

¿Quién o quiénes están atrás de los taladores...

Solicito se me conceda de favor un minuto para concluir.

LA PRESIDENTA: Un minuto, diputado.

EL DIP. FELIPE VELASCO MONROY: ...¿quién o quiénes se encargan de expedir los permisos para aprovechar los recursos naturales, quién o quiénes se encargan de expedir permisos para que funcionen de las industrias forestales o los aserraderos?

Muchas son las preguntas que están en el aire, todas ellas exigiendo una pronta respuesta, pero quizá la más inquietante y la más preocupante es: ¿por qué tenemos que esperar más tiempo y no detienen en el momento mismo en que se denuncia a los clandestinos taladores, por qué no se hace caso cuando esas denuncias se hacen con oportunidad a través de la televisión o la radio? ¿Quién o quiénes son los principales depredadores en esta entidad y que nos está conduciendo a una muerte lenta, vía asfixia? ¿Quién o quiénes están matando nuestros pulmones, por qué los taladores y quienes los protegen, tienen impunidad ante la justicia? ¿Qué respuesta les daremos a los ciudadanos mexiquenses cuando nos pregunten por la defensa de nuestros bosques y por aplicar la ley?

¡Basta ya a la tala inmoderada de nuestros bosques en el estado de México! En estos días que celebraremos el Día de la Forestación, qué mejor homenaje podremos hacer que sumarnos a este punto de acuerdo:

Uno. Artículo 1º. Solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que en uso de sus atribuciones legales le dé vista a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y a la Comisión Nacional Forestal y se emprendan las acciones necesarias a efecto de que se investiguen las denuncias de talas inmoderadas de bosques en el Estado de México.

Artículo 2º. En caso de ser procedente, que se finquen las responsabilidades a quienes corresponda.

Artículo 3º. Que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las autoridades locales se coordinen para darle una respuesta concreta y eficiente al problema, con el objetivo de ponerle fin.

Artículo 4º. Que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales informe a esta Honorable Cámara sobre los resultados que obtenga.

Palacio Legislativo a los 20 días del mes de marzo del 2002.

Por su atención gracias. Los diputados del estado de México de la fracción de Acción Nacional.

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Túrnese a la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.

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El diputado Herviz nos ha informado que se pospone la presentación del punto de acuerdo relativo a la alta fructuosa, por lo tanto se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con punto de acuerdo para que se actúe conforme a derecho en la elección del municipio de Benito Juárez, en el estado libre y soberano de Quintana Roo.

Esta Presidencia amplía el turno de la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Salvador Cosío en esta mismo sesión, que además de ser turnado a la Comisión de Turismo se turna a la Comisión de Comunicaciones.

EL DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias diputada.

Diputada, me apena solicitarlo, pero en virtud de la importancia del tema que voy a tocar, yo solicitaría de la manera más respetuosa se pudiera solicitar quórum porque es un asunto que atañe a las elecciones locales en Quinta Roo y el recinto se encuentra vacío.

LA PRESIDENTA: Me queda claro diputado Arturo Escobar y Vega que hay la comparencia del señor Secretario de Derbez y que cuando menos dos comisiones están involucradas y que aunque es un asunto de la mayor relevancia, no me atrevo a suspender una comparecencia de un Secretario y me comprometo a remitir el texto de su intervención a los diputados comparecientes en esa reunión, porque corro el riesgo de llamar a quórum y que no lo haya porque sabemos que hay compañeros trabajando en comisiones.

EL DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Entiendo Presidenta. Gracias.

El Punto de Acuerdo, solicitar se modifique, lo solicité a la gente de protocolo el Punto de Acuerdo es a efecto de que se constituye una Comisión Especial que pueda investigar las resoluciones que ha tomado el Tribuna Electoral de Quintana Roo en pasadas elecciones celebradas el 17 de febrero.

A efecto de justificar la constitución de esta Comisión Especial, me gustaría hacer una pequeña reseña de lo que se vivió en el estado de Quintana Roo el pasado 17 de febrero.

Durante la jornada electoral, esencialmente y especialmente en el municipio de Benito Juárez, hubo una competencia muy fuerte entre tres candidatos el del PRD, el del PRI y el del Partido Verde. Resulta que a efecto de mantener el poder y la Presidencia Municipal, el Municipio de Benito Juárez, la Presidenta Municipal actual Magali Achad de Ayuzo (?) resuelve que el PRI tiene que detentar el poder pase lo que pase en dicho municipio.

Yo quisiera señalar que esta crítica viene únicamente hacia ese priísmo local y algunos de ese priísmo local de Benito Juárez, por supuesto que no es una crítica o busco atentar en ningún caso contra el priísmo nacional quien en mi punto de ver las cosas sí está teniendo un cambio radical.

En dicho municipio resulta que los cuidadores de casilla por parte del PRI eran los mismos miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio, de la Dirección de Seguridad Pública.

Resulta que en la noche del 17 de febrero, en los resultados preliminares el PRI gana los 15 distritos por mayoría y gana 7 de los 8 municipios que estaban en competencia. El municipio que según los resultados preliminares pierde es el municipio de Benito Juárez, Cancún.

El 25 de febrero el Consejo Distrital 10, Consejo responsable de calificar las elecciones a ayuntamiento, el Municipio de Benito Juárez, resuelve darle la constancia de mayoría al candidato del Partido Verde Ecologista de México, Juan Ignacio García Salvidea.

Conforme a derecho, tanto el PRD como el PRI, presentan recursos de inconformidad buscando que se anule la elección. Es importante señalar que la diferencia de votación para que diera el triunfo al candidato del Partido Verde fue de 343 votos.

El Tribunal Electoral de manera increíble, dándose cuenta que no podía revertir la votación, resuelve anular la elección. Da la casualidad que la anula con el 20.89% de las casillas, es decir, buscó el número exacto para que se anulara la elección.

Es importante señalar que en todos los estudios jurídicos que se hicieron por parte de varios partidos políticos nos dimos cuenta que únicamente alrededor de 30 casillas podrían haber estado viciadas con nulidad.

Tenemos información que el gobernador del estado, no respetando la división de poderes, decide participar en esta resolución. Teníamos información que dos días antes que dicho tribunal resolviera el recurso de inconformidad, ya había un ambiente dentro de la vida política de ese ayuntamiento que se iba a anular la elección. Parece ser que es ilegal ganar un municipio en Quintana Roo y que pierda el PRI, vuelvo a decir, ese priísmo local.

El Partido Verde, una vez conociendo la resolución del Tribunal local, decide presentar conforme a derecho un juicio de revisión constitucional ante el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de que se regrese la constancia de mayoría a nuestro candidato Juan Ignacio García Salvidea.

Parece ser que la democracia no ha llegado a Quintana Roo, parece ser que tiene un gobernador que no reconoce que puedan existir fuerzas emergentes que le puedan competir al PRI, repito, al priísmo local por sus malos gobiernos.

Es hora que aprendamos que el 2 de julio no nada más a nivel federal, yo convoco a todos los diputados a que hagamos un exhorto a todos los Congresos Locales, para que de veras revisen su legislación electoral. No puede ser que por un grupo de un gobernador, una presidenta municipal y un cúmulo de exgobernadores del estado de Quintana Roo, que se sienten dueños del estado se viole la voluntad del pueblo, se viole la voluntad ciudadana, que busca un cambio.

El PRI ha mantenido en toda la historia de Cancún el gobierno, hoy la gente de Benito Juárez dijo; ¡hasta aquí!, llegamos a un límite, queremos ver a una nueva fuerza política gobernar. Lamentablemente esas gentes, esos pocos priistas, que no tienen voluntad política, no están de acuerdo con nosotros.

Pero que se oiga bien, estamos convencidos que el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, va a resolver conforme a derecho, y la única forma de resolver conforme a derecho, es que se le devuelva la constancia de mayoría al candidato del Partido verde Ecologista de México, Juan Ignacio García Salvidea, quien el próximo 10 de abril tomará posesión, como presidente municipal de Benito Juárez.

Yo convoco a todos los diputados que están aquí, a todos los partidos, inclusive a muchos priistas, a muchos diputados federales del PRI, que se nos han acercado a los miembros de mi partido, a demostrar lo asombrado que están, por la poca sensibilidad política del gobernador de Quintana Roo.

En virtud de esto, exhorto para que se pueda crear una comisión especial, que investigue las resoluciones del Tribunal Electoral del estado de Quintana Roo. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Tengo solicitudes para hechos de la diputada Alicia Ricalde Magaña del grupo parlamentario de Acción Nacional y del diputado Héctor Esquiliano del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

Se concede el uso de la palabra para hechos hasta por cinco minutos a la diputada Alicia Ricalde Magaña.

-LA C. DIPUTADA ALICIA RICALDE MAGAÑA: Con su venia señora presidenta. Compañeros diputados. Efectivamente apoyo lo que dice mi compañero diputado que me antecedió en la palabra, coincido plenamente con lo que él manifestó, realmente en Quintana Roo los órganos electores se vendieron al gobierno estatal, al gobierno de Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, y obviamente eso atenta contra la democracia de Quintana Roo.

En el caso de mi municipio, Isla Mujeres, en donde fui representante de mi partido ante el distrito electoral XIV, soy testigo de la manera como fueron presionados los jóvenes e inexpertos consejeros de ese distrito, a quienes amenazaron por la presidenta del Consejo estatal, la señora Rosa Covarrubias, quien desde hace bastante tiempo, dos elecciones seguidas, viene ocupando el cargo y obviamente obedeciendo al gobernador en turno.

Los amenazó con encarcelarlos si abrían los paquetes electorales, quiero decirles que en mi municipio, Isla Mujeres, la diferencia sólo fueron 41 votos, y que había más de 200 votos nulos, y por lo tanto les entró miedo, pavor, de que si abrían estos paquetes pudieran aparecer esos 41 votos que nos hacían falta.

Usaron de todo, usaron mapaches, fuerza mexiquense, compra de votos, todo lo habido y conocido por todos los que aquí estamos. Cabe mencionar que nuestro candidato a la alcaldía, el doctor Antonio Coronado, era director del Centro de Salud, hoy no sólo le arrebatan de manera asquerosa y cínica la elección del Municipio de Isla Mujeres, sino que también lo dejan sin trabajo negándole el regreso y la incorporación a su plaza, a pesar de que la plaza es federal.

Compañeros diputados, ya no podemos ni debemos permitir más arbitrariedades como las que ya escucharon. A estas alturas ¿quién le cree al PRI lo del carro completo?, ¿quién?

Es por eso que desde aquí les solicito a los Magistrados del Tribunal Federal Electoral, repare estos abusos cometidos por los órganos electorales de Quintana Roo y obviamente por su gobernador priísta y hagan justicia a esos ciudadanos de buena fe que ejercieron su derecho al voto creyendo en la democracia de este país.

El pueblo de México no puede seguir soportando estos atropellos, nosotros como sus representantes debemos impedir que se sigan dando cacicazgos en el sureste de nuestro país.

Señores Magistrados del Tribunal Federal Electoral: no permitan carro completo en Quintana Roo.

Gracias.

LA C. PRESIDENTA. Gracias, diputada.

Tiene la palabra para hechos hasta por cinco minutos, el diputado Héctor Esquiliano del grupo parlamentario del PRI.

EL C. DIPUTADO HECTOR NEMESIO ESQUILIANO SOLIS. Señora Presidenta.

Compañeros diputados.

No coincido con mis compañeros diputados que han hecho uso de la palabra en relación con las elecciones que se dieron en el estado de Quintana Roo. No coincido, porque haciendo una reflexión, dentro del marco jurídico que rige las elecciones tanto federales como estatales, los mexicanos hemos optado por la ciudadanización de los órganos electorales, quienes tienen la responsabilidad de valorar los elementos que aporten para determinar los resultados electorales. Dicen que el gobernador y el gobierno metieron las manos.

En la instancia del Consejo Electoral Estatal le dan la constancia de mayoría, pero llega al órgano siguiente, que es el que valora jurídicamente con las pruebas que cada uno de los partidos tiene a bien aportar y ahí determinan que es de nulificarse por las irregularidades que tanto el PRD como el Partido de Acción Nacional y el mismo Partido Verde Ecologista llegaron, aportaron entonces, pero no hay una tercera instancia que es federal, donde ya no tiene injerencia el gobierno del estado y que si nosotros como mexicanos hemos optado por someternos a estos órganos y nos hemos dado nosotros en busca de perfeccionar la democracia en México, no podemos permitirnos estar con anticipación dando muestras de una crítica malsana ante estos tribunales que en varias ocasiones le han dado la razón a los partidos que no son el PRI, como recientemente en Tabasco, y los priístas asumimos que teníamos que acatar esa disposición. Por eso señores, el Partido Revolucionario Institucional reconoce en la instancia de los tribunales electorales tanto estatal como federal, la facultad para dirimir cualquier controversia en los procesos electorales.

En las pasadas elecciones en el municipio de "Benito Juárez", deberán ser estos tribunales quienes resuelvan en definitiva a las impugnaciones que se hicieron durante este proceso. No es válido querer descalificar una instancia que en el marco electoral jurídico tiene las facultades legales y la solvencia moral para determinar los resultados por los hechos que en esto a veces favorecen a un partido y a veces a otro partido, según encuentren la razón.

Yo le pediría a los compañeros del Partido Verde Ecologista, que dentro de los tiempos que marca la Ley Electoral, aporten los elementos a fin de que en base a estos tribunales del Poder Judicial de la Federación, emitan su veredicto cuya resolución el PRI acatará y como lo dije anteriormente, ha acatado.

Si queremos avanzar en la democracia real a la que aspiramos todos los mexicanos, también debemos aprender a seguir y a respetar sus reglas y no enturbiar la instancia que todos los mexicanos tenemos para cuidar y validar la verdadera voluntad de la ciudadanía. Muchas gracias.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

Diputado Escobar y Vega, esta presidencia va a procede a dar turno a su proposición, no sé si desee usted de todos modos subir para hechos.

El diputado Escobar y Vega para hechos, hasta por 5 minutos.

Quisiera decir que vamos a admitir una ronda para hechos, porque estoy interpretando con flexibilidad el acuerdo de la coordinación.

-DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias presidenta.

Comentarle al compañero diputado que me antecedió en la palabra, que no venimos aquí o el Punto de Acuerdo no tiene nada que ver con juzgar al Tribuna Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Punto de Acuerdo es para crear una comisión especial que investigue al Tribunal Local de Quintana Roo.

Da la casualidad que él comenta que a veces se pierde y a veces se gana. En el municipio de "Solidaridad" todos los partidos políticos de oposición interpusieron recursos de inconformidad donde se encontraron elementos para anular la elección, pero da la casualidad que el Tribunal Electoral de Quintana Roo, nada más los encontró en cuatro casillas.

En las elecciones a diputado, de los cuatro distritos de "Benito Juárez", que son las mismas casillas que para presidente municipal en "Benito Juárez", el Tribunal Electoral no encontró tampoco irregularidades. De los ocho municipios, de los 15 distritos, únicamente se encontraron irregularidades en el municipio que perdió el PRI.

Entonces yo le pregunto al compañero diputado que si a veces se gana o a veces pierde. Lo que pasa compañero diputado, es que el PRI siempre había ganado en Quintana Roo; pero hoy por hoy hay que aprender a perder, hoy es la presidencia municipal, en el 2005 seguramente puede ser la gubernatura. Pero esa es la democracia, hay que aprender a competir. Pero más importante, hay que aprender a respetar el voto de los ciudadanos, la voluntad de los ciudadanos. Gracias.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

El diputado Pallares, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos, para hechos.

-DIP. JUAN CARLOS PALLARES: Con su venia señora presidenta.

Es importante resaltar y mencionar que el diputado federal Héctor Esquiliano Solís, del PRI, en estos momentos acaba de decir, explícitamente aceptó y reconoció que sí hubo injerencia del gobierno del Estado en las pasadas elecciones.

Ojalá que el Tribunal Federal Electoral, Electoral Federal pueda contribuir para que se esclarezca toda esta situación turbia que se dio en Quintana Roo y efectivamente aquellos partidos políticos que hayan ganado en esa contienda electoral, como fue el Partido Acción Nacional en Isla Mujeres y en Cozumel y en Solidaridad, se puedan dar esos resultados.

Porque es penoso ver que se crea que en Quintana Roo el PRI goza de democracia, y eso es una mentira, señor diputado, y usted bien lo sabe. Usted bien sabe que la compra del voto, que las presiones de las diferentes dependencias estatales a los trabajadores les exigían que si no votaban por su partido los iban a correr.

También se dio el caso, en Cozumel, de que se encontraron credenciales de elector falsificadas, eso usted también lo sabe. También se sabe que en muchas partes de Quintana Roo hubo grupos de ese partido político que estuvieron presionando afuera de las casillas para que promovieran el voto por su partido, y eso ya no se vale.

En el sureste estamos viviendo épocas de retroceso y es precisamente por eso que estamos aquí, en esta máxima tribuna, para expresar que en Quintana Roo las cosas no han cambiado, que sigue como en el viejo estilo y que precisamente por eso estamos aquí, para pedir al Tribunal Electoral Federal que, en dado caso de que se anulen las elecciones en los diferentes municipios, podamos nuevamente acudir a las urnas, el pueblo de Quintana Roo, y efectivamente, ante los ojos de este Congreso, se pueda ver que en Quintana Roo la gente puede salir a votar sin presiones y libremente.

Eso es lo que el Partido Acción Nacional quiere dejar aquí en esta tribuna. Muchísimas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias. ¿Diputado Esquiliano?

EL C. DIPUTADO HECTOR ESQUILIANO: Para alusiones personales, señora presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra, para alusiones, hasta por 5 minutos, el diputado Héctor Esquiliano. Y se ha inscrito, para hechos, el diputado Efrén Leyva Acevedo, del grupo parlamentario del PRI.

EL C. DIPUTADO HECTOR ESQUILIANO: Con su permiso, señora presidenta. Nada más quiero aclararle al señor diputado Pallares que en ningún momento reconocí que el señor gobernador Joaquín Hendrix haya metido las manos, o alguna autoridad, en el proceso. Si las metieron, aquí yo nunca lo expresé. Creo que estaba en otro lugar o en otra situación, pensando en lo que él cree que es lo que sucedió.

Yo quiero decirles precisamente el pueblo de México se ha dado las instituciones de los famosos tribunales, tanto locales como federales. En esa virtud, todas esas anomalías que dicen que sucedieron por qué no las reportaron en su momento.

Y lo que yo les pediría a los señores diputados que arguyen esa situación que tienen el recurso del Tribunal Superior de Justicia, digo, el recurso del Tribunal.

LA C. PRESIDENTA: Diputado ¿me permite un segundo? Diputado Bernardo de la Garza.

EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA: Para formular una pregunta al orador, si me lo permite.

LA C. PRESIDENTA: ¿Permite usted, diputado Esquiliano, una pregunta del diputado de la Garza?

EL C. DIPUTADO HECTOR ESQUILIANO: Adelante, sí.

LA C. PRESIDENTA: Lo autoriza el orador y lo autoriza la presidencia, diputado.

EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA: Muchas gracias al orador por su anuencia. El órgano ciudadano es el Consejo Distrital. Yo quisiera preguntarle al Consejo Distrital a quién entregó la constancia de mayoría. Muchas gracias.

EL C. DIPUTADO HECTOR ESQUILIANO: Lo dije en su momento. Le dieron la constancia, pero ante las evidencias y pruebas que aportaron los partidos, tanto del Verde Ecologista, el PAN, el PRI y el PRD, el Tribunal Estatal Electoral la revocó ese...¡No! ahí estuvieron y tuvieron 200 casillas impugnadas.

Seores, lo que yo quiero comentarles, y vuelvo a reafirmar aquí, yo creo que en la democracia se gana y se pierde y que nosotros tenemos, afortunadamente nos hemos dado, el Tribunal Electoral Federal, que es la última instancia y el PRI asume el compromiso de acatar la resolución que se dé, en momento y en tiempo. Gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Se consulta al diputado Efrén Leyva si mantiene su solicitud para hechos.

EL C. DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO (Desde su curul): Sí, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Adelante, diputado Leyva, por cinco minutos.

EL C. DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Con su permiso, señora Presidenta. Yo sólo quiero hacer algunas precisiones de carácter jurídico que nos permitan realmente dar la imagen que hemos construido, que nos permitan dar el escenario que hemos construido para que podamos someternos a los diferentes órganos de carácter electoral.

Si bien es cierto de que hoy con claridad y con todo su derecho que les asume al Partido Verde, hace el reclamo ante la revocación de que fueron objeto de la constancia de mayoría, también es cierto de que los órganos ciudadanizados no solamente son y terminan en los consejos municipales y distritales, sino que también hay instancias de revisión tanto local como fue en este caso el Tribunal Local Electoral, que ante la evidencia, como lo consideraron ellos, los magistrados, decidió anular la elección y revocar la constancia de mayoría.

Ero también ustedes nos vinieron a decir aquí, compañeros, de que esperan que en la instancia superior, que es la última instancia para poder interponer cualquier queja en relación a las cuestiones electorales, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, una manera de determinar cuál es la razón y a quién le asiste. Estamos justos precisamente en lo que el diputado Esquliano vino aquí a confirmar; no son las manos ya del gobierno las que manejan las elecciones, no son las acciones de los órganos electorales las que lo hacen, y lo hemos visto casi todos los partidos. Nosotros lo hemos sufrido hace algún tiempo cuando se entregó la constancia de mayoría en el estado de Tabasco y de igual manera fuimos objeto de la anulación y la revocación de la constancia de mayoría, y si bien es cierto que no estuvimos de acuerdo, nos ajustamos a ello y nos apegamos a cumplirla cabalmente como debemos de hacerlo, legalmente.

Pero no es posible que se venga tampoco aquí a señalar acciones que no le constan a nadie y que con una gran tranquilidad vienen y dicen: "los compraron", "se vendieron", "les dieron dinero", y que esas acciones que dijo la compañera diputada de Acción Nacional, creo que son temerarias porque quien acusa tiene la obligación de probar, quien acusa tiene la obligación de traer las pruebas para demostrar efectivamente ante la instancia, que efectivamente se dieron esos hechos.

Y claro, para la ilustración del compañero diputado de Acción Nacional, quiero decirle que no tan sólo si se anulan las elecciones está obligada la instancia a volver a convocar a elecciones, sino que de ninguna manera podría imponerse desde ningún órgano de gobierno, de ninguna instancia, a un presidente municipal o a un consejo por tiempo indeterminado para concluir el término de los tres años que le compete constitucionalmente de función a cada presidente municipal o a cada ayuntamiento. Tendrá que nombrarse, si así se decide y se ratifica en el Tribunal superior Electoral del Poder judicial de la Federación, tendrá, si se confirma la revocación de la constancia de mayoría, al presidente municipal y se anula la elección, tendrá que nombrarse seguramente un consejo por tiempo determinado para que se convoque de inmediato a elecciones extraordinarias y se vuelva otra vez a solicitar a la ciudadanía que ejerza su voluntad, que emita su voto y que pueda ahí volver a hablar la gente en su mayoría.

Si ustedes están seguros que tienen la mayoría de la gente que habrá de votar por ustedes. Bueno, señores, ajustémonos a las leyes de las que estamos nosotros sujetos a observarlas. Tendremos que discutirlo y tendremos que debatirlo, pero recordemos también de que el voto no se puede negociar, no es negociable.

Aquí no podemos venir a negociar la voluntad popular. Aquí podemos venir a denunciar las acciones que consideramos que nos afectan, acciones que nos constan que tenemos nosotros pruebas constantes de ello y que aquí podemos venir a hacer esa denuncia. Pero en una entidad soberana, en una entidad como el estado de Quintana Roo, que ejerció acciones completas, no puede venirse aquí a tratar de hacer acciones o negociaciones temerarias. Porque eso es hacerlo de la manera más fácil, es hablar, pero a la hora de probar entonces si había que complicarse la situación.

Yo creo, como sucedió también en el estado de Tabasco, recordemos, que se anuló la elección de gobernador, cuando el mismo día se había elegido al congreso local y se había elegido también a los presidentes municipales y no se tocó ninguna otra elección; solamente se tocó aquella de elección de gobernador. No estuvimos de acuerdo pero nos ajustamos a ese precepto legal, porque nosotros, nosotros somos los primeros que tenemos que observar la ley y reconocer las instancias que marca la ley para la calificación de los procesos electorales.

Por eso quise hacer las precisiones solamente. Habrá de respetarse la voluntad popular sin duda, habrá de respetarse. Pero si encuentran también anomalías, están ahí las causales, que hablan también de anular las elecciones cuando éstas marquen el porcentaje que marca la ley. Hubo anomalías en el porcentaje que marcaba la ley del estado de Quintana Roo...

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Se le ha agotado su tiempo, Diputado.

EL C. DIPUTADO EFRÉN LEYVA ACEVEDO (PRI): Termino, Presidenta.

...y por eso se hizo la anulación de esta elección.

Pero ajustémonos. Estamos dispuestos a observar la ley. Esperemos, antes del día 9 tiene como plazo el tribunal electoral del poder judicial de la federación para emitir su resolución. Y sin duda, la que sea, tendremos que observarla y tenemos que ajustarnos a lo que ellos nos digan.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Diputada, para alusiones personales. Por cinco minutos.

LA C. DIPUTADA ALICIA RICALDI MAGAÑA (PAN): Con su venia, señora Presidenta.

Discúlpeme compañero Diputado. Yo aquí vine a expresar las mañosidades que hicieron en mi estado. Yo no vine a acusarlos de tontos, ¿si? Por eso es que no les puedo comprobar lo que aquí dije, primero.

Segundo, ¿usted de qué estado es? Porque yo soy quintanarroense, lenia. Viví el proceso electoral, no me lo contaron, ¿si? Y obviamente que existen leyes, pero también tenemos que estar conscientes que los encargados de aplicarlas a veces no tienen ética ni moral. Y le voy a decir un ejemplo.

En mi isla, Isla Mujeres, de 15 mil habitantes, con un padrón electoral de 8 mil votantes perdimos, supuestamente, por 41 votos. Ahí ustedes tuvieron más de 2,850 votos. El 17 de febrero, domingo pasado, tuvieron 2,850 votos. Y estoy segura, compañero diputado, que ningún priísta se quedó sin ir a votar.

Dígame usted o explíqueme, por favor, ¿por qué el domingo siguiente, en donde el proceso interno de ustedes solamente tuvieron 1,000 votos, dónde quedaron los 1,850 priístas que votaron para la elección de la alcaldía de mi municipios (Aplausos)

Es cuanto.

(Aplausos)

EL C. DIPUTADO EFRÉN LEYVA ACEVEDO (PRI. Desde su curul): ¡Señora Presidenta: para alusiones!

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Para alusiones personales tiene la palabra el diputado Efrén Leyva y se ha registrado para hechos el diputado Arturo Escobar y Vega.

-DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Gracias señora Presidenta.

Primero quiero decirle, para no caer en alusiones personales, que si no ha leído la Constitución, soy diputado de México, soy diputado mexicano, no estoy limitado a hablar yo de una zona o de otra, tengo la libertad absoluta y estoy protegido por el fuero constitucional precisamente para poder hablar de las cuestiones que suceden en México. No puede limitarme; primer asunto.

Segundo asunto, tenga la seguridad que ya hemos dado por allí, hemos corrido por ahí alguna acción para que le hagan llegar un diccionario, en virtud de que la palabra "mañosidad" la buscamos ahorita y no encontramos realmente qué cosa era eso.

Y, por otro lado, quiero decirle que efectivamente, ojalá hubiera el nivel para dar el debate, porque si no tuvieran la capacidad de llevar ustedes a votar a la gente y después quieren ajustarse con una situación que es totalmente diferente, una elección interna con una elección constitucional, que no tiene la menor acción comparativa, que son cosas diferentes; no podemos ajustarnos allí, ajustémonos a la voluntad popular. La democracia es ganar o perder y se gana con un voto, no con 41 necesariamente, con uno sólo que hubiera sido la diferencia, está el triunfo marcado claramente.

Y ahí están las instancias. ¿No están de acuerdo? ¡Compruébenlas! Vienen a hablar aquí, a acusar sin elementos que reconoce aquí ...

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado Efrén Leyva.

-DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Sí, diputada Presidenta.

-PRESIDENTA: Dado que la diputada Alicia Ricaldi quiere formular una pregunta, ¿autoriza usted una pregunta?

-DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Con mucho gusto.

-PRESIDENTA: Sonido en la curul de la diputada Ricaldi.

-DIP. ALICIA RICALDI MAGAÑA (desde la curul): Acepto el diccionario que usted amablemente me va a enviar. Me pudiera contestar: ¿Qué es caballerosidad y mapachería? ¿Conoce usted esos términos?

-DIP. EFRÉN LEYVA ACEVEDO: Perdóneme, pero que yo sepa hasta este momento los mapaches estuvieron en una reunión cerrada, donde se eligió a un líder de algún partido. No los conozco que hayan entrado en otro lado, ni tampoco conozco cuál es el término. Entonces, discúlpeme, pero en ese sentido no entiendo yo a qué se refiere si no fuera a ese efecto en particular.

La caballerosidad, he sido un caballero y estoy a sus órdenes como caballero, he sido respetuoso, no he faltado el respeto a nadie. Pero creo que aquí a lo que debemos de ajustarnos es al respeto a la voluntad popular, que es lo que obliga. Si vamos a participar, participemos, pero respetando la voluntad popular.

Es cuanto, compañera Presidenta.

-PRESIDENTA: Muy bien diputado.

Tiene la palabra el diputado Escobar y Vega, para hechos, hasta por cinco minutos.

-DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias Presidenta.

Felicito al diputado Efrén Leyva, por sumarse al Punto de Acuerdo propuesto por el Partido Verde Ecologista de México y lo convoco para que de manera conjunta trabajemos también para entrevistarnos con los Magistrados del Tribunal de Guerrero, para en las próximas elecciones de este año, juntos podamos tener una relación cercana con los Magistrados, todos los partidos políticos, y que no pase lo que está pasando en Quintana Roo.

Por supuesto que no hay pruebas o las pruebas son limitadas, pero los indicios son enormes. En las elecciones, repito, que ganó el PRI el 17 de febrero, ninguno de los recursos de inconformidad procedieron, ninguno. En la única elección que en su historia pierde el PRI en Quintana Roo, anulan la elección. ¡Por supuesto que está el gobernador metido, no hay duda! Tenemos información que tres días antes de que resolviera el Tribunal ya había información de que se iba a anular la elección. Se anulan, repito, con 85 casillas, exactamente el 20.89 por ciento de lo que se necesitaba.

¿Qué pasó con su solidaridad? Enormes irregularidades, pero el Tribunal, este Tribunal autónomo resuelve que no son suficientes para anularla. En los 15 distritos electorales no hay suficiencia para anularla. Se quiere anular nada más lo que perdió el PRI. ¡Esto no puede ser! Y más aún porque hay muchos priístas que están buscando que el voto se respete como medida principal de la democracia.

Tenemos que aceptar que hubo poca sensibilidad política, que el gobernador metió las manos y que ustedes están conscientes que sí fue un golpe muy fuerte perder Cancún, ¡lo sabemos todos! El 85 por ciento de los recursos del estado de Quintana Roo provienen de la ciudad de Cancún.

Se quiera o no se quiera, el Partido Verde gobernará Benito Juárez a partir del 10 de Abril. Gracias. (aplausos).

-LA C. PRESIDENTA. Tiene la palabra el ciudadano Diputado Barbosa para hechos, hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA. Gracias Presidenta. Aclaro que no soy Diputado de Quintana Roo, soy Diputado de Puebla.

Hemos escuchado con atención los argumentos de todos los Legisladores que han comparecido a esta tribuna. Han sido argumentos muy ricos en información verdaderos análisis jurídicos de todo lo que pasó allá en Quintana Roo; de igual forma, hemos enriquecido nuestro vocabulario con algunas palabras y hemos visto como se mueven las bancadas con asesores como mi amigo Sergio Vaca ahí caminando por el escenario

Yo quiero decirles que decidimos estar en esta tribuna en este interesante, largo e intenso y a veces aburrido debate, para establecer que efectivamente podemos estar ante la presencia de un proceso electoral, local, en los cuales los gobernadores juegan un papel determinante, es cierto, en el que los órganos electorales en los estados aún no tienen esa independencia que requiere la democracia; la democracia no es ganar y perder como aquí se pretendió definir, esa es competencia electoral compañeros, la democracia es un sistema de vida, es más amplio el concepto.

Afortunadamente ya hay un Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación que revisa con estricto derecho las cosas, a veces ese estricto derecho vulnera la voluntad de los ciudadanos que votan, porque efectivamente analizar con tecnicismos jurídicos cómo se integra una casilla, cómo se desarrolla la jornada electoral podría provocar la nulidad de la votación cuando efectivamente los ciudadanos son ajenos a esa integración de ese órgano, y anular la votación.

Queremos más responsabilidad de quienes acuden a esta tribuna para poder plantear sus cosas. Esta Cámara de Diputados no podrá designar comisiones investigadoras para cada caso, tendrá que preocuparse por planteamientos generales, por presionar a los gobiernos en los Estados con el respeto a la soberanía y a su competencia para avanzar en esos Códigos Electorales aún de otra época.

Por tanto nosotros nos pronunciamos por la legalidad y por el respeto a las decisiones de los órganos electorales.

Muchas gracias, (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Túrnese la solicitud con Punto de Acuerdo presentada por el diputado Arturo Escobar y Vega, a la Junta de Coordinación Política.

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-LA C. PRESIDENTA. Las proposiciones con Punto de Acuerdo relativas a solicitar la comparecencia del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que había registrado el PRI y la relativa a la problemática del Delta del Río Colorado que había registrado el grupo parlamentario de Acción Nacional, se posponen para la próxima sesión y como último asunto de la Orden del Día del día de hoy, se concede el uso de la palabra al Diputado Alfredo Hernández Raigosa del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición en relación a una controversia institucional vinculada a la disminución de subsidios en las tarifas eléctricas, hasta por cinco minutos.

EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOZA: Con su permiso compañera Presidenta.

Presento ante esta soberanía un punto de acuerdo como de urgente y de obvia resolución, a fin de que la Cámara de Diputados interponga controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal por la promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 7 de febrero del año en curso, respecto del aumento de las tarifas eléctricas y la eliminación del subsidio a las mismas.

Dicho punto de acuerdo lo sustento en las siguientes consideraciones:

El acuerdo del 7 de febrero mediante el cual el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda, aumentó de manera unilateral y por demás arbitraria las tarifas eléctricas y que mediante este acto eliminó el subsidio que se venía dando a los consumidores de energía eléctrica violentando nuestra Constitución de manera flagrante en diversos preceptos constitucionales en perjuicio de facultades y atribuciones de esta honorable Cámara de Diputados.

En efecto, desde el artículo 1º de nuestra Constitución, el cual establece que las garantías otorgadas por la propia Constitución, no podrán suspenderse o restringirse sino en los casos y las condiciones que ella misma establece, quedando claro que el precisado acuerdo ha cancelado y suspendido, y restringido hasta cierto punto el subsidio al servicio público de energía eléctrica a millones de usuarios domésticos o residenciales.

Por consecuencia, nos encontramos que por igual se vulnera el artículo 14 constitucional el cual dispone acerca de la irretroactividad de la ley y de las garantías individuales y sociales de los ciudadanos que también son usuarios del servicio público de energía eléctrica.

Se viola también lo establecido en el artículo 25 y 26 constitucional respecto a la rectoría del Estado para el desarrollo nacional y su planeación democrática, así como el principio y mandato fundamental sobre la exclusividad de la nación para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público como lo establece el artículo 27 constitucional en su fracción VII.

El infundado y motivado acuerdo que se cuestiona, contraviene lo dispuesto por los artículos constitucionales 72 en su inciso h), teniendo este artículo relación con el artículo 73 en su fracción X como facultad del propio Congreso de la Unión para legislar en toda la república sobre energía eléctrica y nuclear.

Asimismo, se viola la exclusividad que otorga la Constitución en su artículo 74 fracción IV, a la Cámara de Diputados, para englobar en el Presupuesto de Egresos los gastos de la Federación.

Otro precepto violado en el acuerdo del 7 de febrero por el Ejecutivo Federal, es el artículo 92 constitucional respecto al refrendo que deben tener los acuerdos del Ejecutivo Federal cuando se trate de una materia donde intervengan dos o más secretarías, las violaciones no paran en la Constitución sino también se dan a leyes federales, tal es el caso de la violación a lo establecido por el artículo 11 del Presupuesto de Egresos de la Federación al no pedir la opinión, en tiempo y forma, de la Cámara de Diputados respecto al aumento de las tarifas, situación que se corrobora con la solicitud a destiempo que se hace a esta soberanía a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal.

Por lo anterior, solicitamos que esta Cámara de Diputados interponga controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal al tenor de las siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS: Dado que es necesario conservar en nuestro estado de derecho donde el gobernado como el gobernante respeten todas y cada una de las leyes a las que estamos sujetos, máxime si se trata de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dado que el Poder Ejecutivo Federal en opinión de los diputados abajo firmantes consideran que el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda violó nuestra Constitución en sus artículos 1º, 14, 25, 26, 27, 28, 92, 128 y 134.

Dado que el Poder Ejecutivo Federal asimismo, a través del Secretario de Hacienda, invadió funciones del Poder Legislativo expresadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 72, inciso h); 72 fracción X y fracción XXIX a), apartado V y 74 fracción IV.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por conducto del Presidente de la Mesa Directiva y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de conformidad con el inciso I párrafo 1º del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General, una demanda de controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal, en términos de lo previsto por el artículo 105 fracción I, inciso C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la inconstitucionalidad del acuerdo de fecha 7 de febrero del año 2002 publicado y promulgado en el Diario Oficial de la Federación, por la extralimitación de facultades y atribuciones del Ejecutivo Federal, por el cual autorizó el ajuste, modificación, reestructuración a las tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica y reduce el subsidio en las tarifas domésticas en perjuicio de las facultades y atribuciones del H Congreso de la Unión y de la Cámara de Diputados expresamente señaladas en la Constitución de la República, perjudicando asimismo a los usuarios domésticos en la República Mexicana.

Atentamente. Firman este punto de acuerdo los siguientes diputados:

José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; Arturo Herviz, María de las Nieves, del PRI y Ricardo Moreno, del PRD, Ivan Carlos Regis, del PT; Víctor García Dávila, del PT; Beatriz Lorenzo Juárez, del PAS; Pedro Miguel Rosaldo, del PRD; Norma Enriqueta Bacilio, del PRI; Ester López Cruz, del PRI; José Antonio Calderón, del PAS; Manuel Añorve y Especialmente el PRI que se suma a este punto de acuerdo.

Por su atención, muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado Raigosa.

Esta Presidencia tiene la obligación de someter el punto de acuerdo al trámite que nos ha solicitado el diputado Raigosa, sin embargo, en uso de las atribuciones que con la representación jurídica de la Cámara de Diputados tiene la Mesa Directiva, me considero con la responsabilidad de comentar a este honorable pleno que la presentación de una controversia constitucional debe estar debidamente fundada en derecho.

En ese sentido, el acuerdo que determine esta Cámara se procesará por esta Mesa Directiva en el sentido que lo determine esta Cámara, en consulta con el área jurídica correspondiente para que nuestra presentación tenga la sustentación jurídica necesaria.

Sonido en la curul del diputado Raigosa.

EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: (desde la curul) Si me permite, compañera Presidenta.

Al haber hecho una reducción del tiempo de la participación de los diputados no da oportunidad de expresar el contenido del documento. Lo entregué a la Secretaría para que se inserte además en el Diario de los Debates. Pero además le hago otra precisión.

La premura de presentarlo como un punto de urgente y obvia resolución tiene que ver con el vencimiento del término constitucional para presentar la controversia que fenece el próximo vienes. Por lo tanto, desde mi apreciación no ha lugar la apreciación que usted da y le pediría que lo ponga a consideración del pleno en virtud de la premura del término que establece la ley para fenecer esta posibilidad de la controversia.

LA PRESIDENTA: Desde luego diputado Raigosa, por eso inicié mi comentario señalando que lo primero que haré es someter el trámite que usted nos solicitó y al mismo tiempo, en cuidado de nuestra responsabilidad jurídica y del prestigio de esta Cámara, hice el comentario subsecuente.

Le ruego a la Secretaría, dé lectura al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Diputado Martí Batres. Un momento, secretario. Sonido en la curul en la que está el diputado Batres.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: (desde la curul) Señora Presidenta, solamente en relación con los comentarios que hacía usted hace algunos momentos, lo que quiero señalar es lo siguiente. Por supuesto que el área jurídica del órgano legislativo tiene que intervenir en el caso de que se interponga una controversia por parte de este órgano legislativo, pero es el órgano legislativo el que toma la decisión política de, en su caso, interponer dicha controversia y entonces instruya al área jurídica para auxiliar precisamente en este terreno, en la fundamentación de dicha controversia en su propia elaboración, incluso de manera minuciosa.

Por lo tanto, la decisión es del Pleno de la Cámara de Diputados y en su caso de aprobarse el propio Pleno instruye a su área jurídica para auxiliarse a lo largo de dicho proceso, como ha sido en casos anteriores en precedentes anteriores.

LA PRESIDENTA: Coincido con su criterio, diputado Batres, simplemente era una referencia jurídica que no se puede omitir para cuidar responsablemente que las controversias constitucionales que interponga esta Cámara, en su caso, tengan debido sustento en derecho.

Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior.

"En los casos de urgencia u obvia resolución, calificados por el voto de las dos terceras partes de los individuos de la Cámara que estén presentes, podrá ésta, a pedimento de alguno de sus miembros, dar curso a las proposiciones o proyectos en hora distinta de la señalada y ponerlos a discusión inmediatamente después de su lectura".

LA PRESIDENTA: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia de conformidad con lo que establece el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Los ciudadano diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

LA PRESIDENTA: Se consulta a la asamblea, dado que es evidente que la votación a simple vista deja lugar a duda, si desea la asamblea que se abra el tablero.

(Voces de los diputados: Sí, que se abra el tablero)

Le ruego a la Secretaría vuelva a consultar en votación económica.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa que se considere como urgente resolución el Punto de Acuerdo, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

LA PRESIDENTA: Dado que el artículo 59 señala que la urgente y obvia resolución se califica por las dos terceras partes de los individuos de la Cámara, no hay las dos terceras partes y si hubiese alguna objeción, se abre el tablero.

No se considera de urgente y obvia resolución, turno a la Junta de Coordinación...

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Diputado Tomás Torres. Sonido en la curul 038. Gracias ciudadana Presidenta.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Solamente con el respeto y atención debidos, porque celebraba anticipadamente el señor Secretario el resultado, le ruego ciudadana Presidenta que le dé la certificación la Secretaría del cómputo respectivo, por favor.

LA PRESIDENTA: Le ruego a la Secretaría informe a esta Presidencia su percepción sobre el cómputo.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Mayoría por la negativa.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señor Presidenta.

LA PRESIDENTA: Sonido para el diputado Tomás Torres

-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (desde su curul): Celebrar y reconocer, ciudadana presidenta, la atención a mi petición. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.

No se considera de urgente y obvia resolución y se turna a la Junta de Coordinación Política.

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Nos ha solicitado la diputada del Partido Verde Ecologista se incorpore su intervención Efemérides a la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y con todo gusto atendemos su solicitud.

Aunque no se han agotado los asuntos en cartera, habíamos comentado con los ciudadanos legisladores la conclusión de la sesión, y les informo a efecto de que puedan preverlo en su agenda que la próxima semana sesionaremos los días lunes y martes.

Se levanta la sesión (a las 15:45 hrs.) y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes, 25 de marzo, a las diez horas.