25 DE MARZO DE 2002

En el área metropolitana de la Ciudad de México, la información de precios se difunde a través de la publicación "Quién es Quién en los Precios"; y en todo el país, a través del teléfono del Consumidor y el sitio de Profeco en Internet (www.profeco.gob.mx).

Estos comparativos de precios de diferentes productos y servicios que la Profeco elabora, son una herramienta importante para orientar al consumidor sobre la mejor opción de compra y, de esta manera, prevenirlo en contra de alzas eventuales de precios por parte de los proveedores.

En el mes de enero y ante los posibles incrementos de precios derivados del establecimiento de las nuevas contribuciones, la Dirección General de Prácticas Comerciales de la Profeco elaboró un análisis del comportamiento de precios de diversos productos que muestra que, entre la primera semana de diciembre y la segunda semana de febrero, no ha habido aumentos significativos. Se observó que los incrementos de 2% o mayores sólo se dieron en productos como cajeta, bistec de res, requesón, pastel pimiento, polvo para preparar bebidas, margarina, pasta para sopa, crema sólida. Por lo que toca a frutas y legumbres, éstas tienen un comportamiento estacional, destacando en el periodo los casos del limón, la papa y la sandía. Se adjunta cuadro con las variaciones de precios de productos básicos observados entre la semana del 3 al 7 de diciembre y la del 11 al 15 de febrero de 2002.

Por lo que se refiere a medicamentos, de los 204 productos que muestrea regularmente la Profeco, entre la primera semana de diciembre del 2001 y la segunda de febrero del 2002, 27 tuvieron incrementos de 2% o mayores, 12 de más de 5% y 5 de más de 10%. El incremento máximo observado fue de 22.2%. (Se anexan listados ordenados por magnitud del incremento).

En adición a lo anterior, la Profeco ejerce otras atribuciones para evitar abusos de los proveedores. Tal es el caso de las acciones realizadas para proteger al consumidor contra la publicidad engañosa o el incumplimiento de las ofertas o promociones, donde se verifica que los proveedores especifiquen con toda claridad en su publicidad, el importe del precio y el monto del impuesto que se paga por los productos y servicios y respeten lo ofrecido, con el fin de que el consumidor tenga la información adecuada y veraz, además de la especificación correcta de cantidad, características, composición y calidad, así como sobre los riesgos que representen.

La información es un ingrediente fundamental en las relaciones de consumo. Sin embargo, sin la difusión adecuada, no desarrolla todo su potencial. Los invito a construir los mecanismos adecuados que permitan difundir el material que la Profeco genera semanalmente, para que tanto los consumidores como los representantes populares y las autoridades de diversos órdenes de Gobierno aprovechen la información. Nos ponemos a sus órdenes en caso de que necesiten más información para este propósito.

Sin otro particular, agradezco la atención que se sirvan brindar al presente documento.

Atentamente.

México, D.F., a 15 de marzo de 2002.— La procuradora federal del Consumidor, María Eugenia Bracho González.»

LA C. PRESIDENTA: De enterado. Comuníquese.

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Pasando al punto de iniciativas de ciudadanos diputados, tiene la palabra el diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley de Propiedad Industrial, hasta por 15 minutos.

EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE: Con su permiso, señora presidenta.

Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Propiedad Industrial bajo la siguiente exposición de motivos.

El constante crecimiento, tanto de las empresas como de las actividades comerciales, se debe sin duda al auge y desarrollo de diversas formas de comercialización y alianzas estratégicas dadas por el proceso de globalización económica que México experimenta.

Así entonces destaca la figura de la franquicia, esquema que permite a las empresas, por un lado, aumentar el volumen de sus operaciones y, por otro lado, crecer sin la necesidad de comprometer sus recursos propios y sin que tenga que reconocer a la inversión que se realice para este fin como capital dentro de la empresa.

Sin embargo, estas indudables ventajas se traducen en riesgos y desprotección por parte de aquellas empresas que se deciden a invertir sus recursos en estas operaciones en calidad de distribuidores, agentes o franquiciatarios, en donde si bien en muchas ocasiones intervienen productos o servicios de indudable calidad y reconocido prestigio que se traducen en una oferta atractiva y demandante, se pueden presentar otros en donde esas personas corren serios riesgos en los momentos invertidos.

A estos riesgos hay que sumarles la falta de regularización de estas figuras, donde si bien ha permitido que las mismas se adopten y se amolden a las características de cada país, también es cierto que se ha traducido en una falta de protección hacia la parte más débil en estos contratos, los cuales son precisamente el distribuidor, el agente y el franquiciatario.

Es por ello que se hace indispensable que el derecho regule en forma inmediata la figura de la franquicia con el propósito de dar certidumbre a quienes deciden utilizar esta forma contractual como los medios adecuados para canalizar sus inversiones, pero también para evitar el que se cometan constantes abusos hacia la parte menos favorecida de las mismas.

El presente trabajo tiene como propósito primordial el de dar una propuesta de cómo debería regularse esta figura con el fin de conservar su constante utilización por parte de los empresarios, pero suministrando certeza a los comerciantes mexicanos que llegan a utilizar estas figuras.

El objeto de este proyecto consiste en dar mayor certidumbre, reforzar su posición y proteger a aquellos empresarios y comerciantes que realizan sus actividades en el país al amparo de contratos de agencia, distribución o franquicia.

La regulación que se propone se hace en función de los siguientes principios: el reconocimiento de la libertad contractual. Si bien el derecho debe regular las principales actividades que realizan las personas, en este caso, los comerciantes, lo debe de hacer sin restringir o limitar el acceso a la libertad con que cuentan para adaptar estas figuras a sus necesidades.

De ahí que se ha considerado conveniente que la regulación de las mismas, el derecho se debe limitar a señalar los requisitos y elementos mínimos que estos contratos deben tener, pero sin forzar la regulación con otros requisitos que sólo las partes pueden prever en base a su situaciones concretas.

La experiencia histórica ha mostrado que si el sistema jurídico de un Estado entra a desarrollar todo el contenido de los contratos con normas de carácter público o no, renunciables o no, más que fortalecer la utilización de los mismos los evita y procura la utilización de otras formas jurídicas en detrimento de las partes débiles.

Dentro de esta regulación mínima, el derecho debe identificar y dar las características y requisitos esenciales de cada uno de estos contratos, pero sin llegar a dar sus distintas opciones y sin establecer un contenido mínimo de las obligaciones y derechos que implica ya que precisamente el auge que han tenido estos contratos ha sido precisamente por la actitud que ha tenido para amoldarse a todo tipo de circunstancias y requerimientos.

De hecho, es muy difícil, en la práctica, encontrar estos tipos de contrato en una forma pura en el sentido en que la doctrina los considera, sino que en los hechos estos contratos pueden adoptar toda clase de modalidades y clausulados.

Establecer límites a estos contratos. Si bien el derecho debe dejar a las partes, la delimitación y el contenido obligacional de estos contratos, también debe fijar restricciones a medidas o prácticas que se han llegado a establecer y que proporcionan injusticias e inseguridad en algunas de las partes o brindan un poder excesivo a alguna de ellas, muchas veces en materia o elementos que nada tiene que ver con los contratos celebrados o con la materia de los mismos.

También es preciso fijar límites que brinden un adecuado equilibrio entre las partes, ya que generalmente se llegan a imponer condiciones o términos desventajosos para algunas de ellas frente a la preeminencia de la otra.

Estas restricciones y límites deben de considerarse en principio como norma del derecho público y por lo mismo, no renunciables por voluntad de las partes, ya que sólo esta medida puede proporcionar un adecuado equilibrio entre las personas que intervienen en estas operaciones.

Establecer remedios a las terminaciones injustificadas o desplazamientos indebidos.

Uno de los constantes abusos que se llegan a cometer en estos contratos, consisten en el establecimiento de cláusulas o el aprovechamiento de la legislación actual que permite o propicia al empresario o franquiciatante, el dar por terminado en cualquier momento estos contratos, muchas veces antes de que la contraparte pueda recuperar su inversión y obtener ganancias.

Se han dado casos donde esta terminación obedece más a una intención de deslazar a una persona de una determinada actividad o segmento del mercado, que a razones que se deriven del propio contrato, pretendiendo con ello obtener los beneficios futuros que dejaron los contratos, sin la necesidad de compartirlos con la parte que arriesgo capital y trabajó para la consecución de los mismos.

También es frecuente que no exista forma de terminación de los contratos a voluntad de la gente distribuidora o franquiciatario; en aquellos casos en que confiado de la información y en las expectativas económicas que le ofreció el empresario, invierte sus recursos y tiempo en la comercialización de bienes o servicios de escasa oferta, orillándolo a seguir comprometiendo su patrimonio en negocios de escasa rentabilidad, y en el solo beneficio de la parte que suministró una información incorrecta o sin bases reales.

Por lo anterior, se hace recomendable la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de que se contemplen los requisitos mínimos que deberán contener tales contratos, así como también se contemplen formas de terminación anticipada o sanciones para el caso de que las mismas sean intempestivas en perjuicio de otras partes, o la información suministrada no sea la correcta al momento de celebrar el contrato.

Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 142 y se adicionan los Artículos 142 bis, 142 bis 1, 142 bis 2, 142 bis 3, 142 bis 4, 142 bis 5 y 142 bis 6 y el 7, así como las Fracciones XXVI, XXVII del Artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial para quedar como sigue, el 142: "Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para la persona a quien se le concede franquiciatario, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que se designe.

"El franquiciante deberá otorgar al franquiciatario bajo pena de nulidad y con por lo menos 30 días de anticipación a la firma de contrato de franquicia, la información técnica, económica y financiera a que se refiere el Artículo 65 del Reglamento, la que se denominará (Circular de Oferta de Franquicia).

"La falta de veracidad en la circular de oferta de franquicia, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato en los términos del párrafo anterior a exigir al franquiciante el pago de los daños y perjuicios ocasionados.

"Este podrá ejercerlo; el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a

demandar la nulidad del contrato.

"El 142 Bis. El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá inscribirse ante el Instituto para que pueda surtir efectos frente a terceros.

"El 142 Bis-1. Solo podrá ser materia de franquicias las marcas registradas.

"El 142 Bis-2. El franquiciante no podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, sino en la medida estrictamente necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración e imagen de la franquicia.

"No obstante lo anterior, el franquiciante no tendrá injerencia en los actos del franquiciatario que implique su función, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales, acciones, salvo que dichos actos impliquen la cesión de los derechos derivados del contrato de la franquicia.

"142 Bis-3. El contrato de franquicia se podrá pactar con el carácter de exclusivo o no.

144 Bis-4. Todo contrato de franquicia debe cumplir con por lo menos el siguiente contenido y características:

"1º El otorgamiento al franquiciatario del uso o explotación del sistema de franquiciante, así como los derechos de propiedad intelectual que determine el franquiciante para la correcta operación de la franquicia.

"2º Método o forma que utilizará el franquiciante para proporcionar asistencia técnica al franquiciatario.

"3º Derecho y obligaciones de cada una de las partes.

"4º Operación de la franquicia haciendo mención del derecho o no de subfranquiciar por parte del franquiciatario.

"5º Las condiciones en que se llevará a cabo la publicidad del negocio franquiciado.

"6º Vigencia del contrato de franquicia otorgado al franquiciatario.

"7º El territorio donde se ubicará la franquicia otorgada por el franquiciante al franquiciatario.

"8º Disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores.

"9º Obligación del franquiciatario de suministrar reportes, cuentas y datos del negocio otorgado en franquicia.

"10º Condiciones de supervisión e inspección y asesoría que realizará el franquiciante del negocio franquiciado.

"11 Para el caso de que se establezca la prohibición para el franquiciatario de no dedicarse al término del contrato a una igual o similar al objeto de la franquicia, dicha prohibición no podrá exceder del término de tres años a partir de la fecha de

terminación o restricción del contrato de la franquicia.

"12 No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario.

"13 No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento las acciones de su empresa o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario.

"Y el artículo 142 Bis-5. El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y una vez concluido éste, la confidencialidad sobre los secretos industriales y en general sobre la información de carácter confidencial de los que haya tenido conocimiento y que sea propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

"El artículo 142 Bis-6. El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo en los términos que haya pactado por tiempo indefinido o bien exista una causa justa para ello, para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberá ajustarse a las cláusulas o procedimientos convenidos en el contrato.

"La terminación anticipada que tanto franquiciatario como franquiciante dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato o en su lugar a la indemnización por daños y perjuicios causados.

"142 Bis-7. El franquiciatario tendrá derecho a que en igualdad de condiciones sea preferido con respecto a terceros en la celebración de un nuevo contrato de franquicia en el territorio otorgada en exclusividad.

"El artículo 213. Son infracciones administrativas:

"Punto 26. No proporcionar el franquiciatario la información a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de esta ley.

"Y el punto 27. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado".

Y artículo transitorio.

"Artículo Único.- El presente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".

Es todo.

(aplausos)

Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El constante crecimiento tanto de las empresas como de las actividades comerciales, se debe sin duda, al auge y desarrollo de diversas formas de comercialización y alianzas estratégicas dadas por el proceso de globalización económica que México experimenta, así entonces destaca la figura de la franquicia, esquema que permite a las empresas por un lado, aumentar el volumen de sus operaciones, y por otro lado, crecer sin la necesidad de comprometer sus recursos propios, y sin que se tenga que reconocer a la inversión que se realice para este fin, como capital dentro de la empresa.

Sin embargo, estas indudables ventajas se traducen en riesgos y desprotección por parte de aquellas empresas que se deciden invertir sus recursos en estas operaciones, en su calidad de distribuidores, agentes, o franquiciatarios, en donde si bien, en muchas ocasiones intervienen productos o servicios de indudable calidad y reconocido prestigio, que se traducen en una oferta atractiva y demandante, se pueden presentar otros, en donde esas personas corren serios riesgos en los montos invertidos.

A estos riesgos hay que sumarle la falta de regulación de estas figuras, donde si bien, ha permitido que las mismas adopten y se amolden a las características de cada país, también es cierto que se ha traducido en una falta de protección hacia la parte más débil en estos contratos, los cuales son precisamente el distribuidor, el agente y el franquiciatario.

Es por ello, que se hace indispensable el que el derecho regule en forma inmediata la figura de la franquicia, con el propósito de dar certidumbre a quienes deciden utilizar estas formas contractuales como los medios adecuados para canalizar sus inversiones, pero también, para evitar el que se cometan constantes abusos hacia la parte menos favorecida de las mismas.

El presente trabajo tiene como propósito primordial el de dar una propuesta de cómo deberían regularse á estas figuras, con el fin de conservar su constante utilización por parte de los empresarios, pero suministrando certeza a los comerciantes mexicanos que lleguen a utilizar estas figuras.

El objetivo de este proyecto consiste en dar mayor certidumbre, reforzar su posición y proteger a aquellos empresarios y comerciantes que realizan sus actividades en el país, al amparo de contratos de agencia, distribución o franquicia.

La regulación que se propone se hace en función de los siguientes principios:

1. El reconocimiento de la libertad contractual:

Si bien el derecho debe regular las principales actividades que realizan las personas, en este caso, los comerciantes, lo debe de hacer sin restringir o limitar en exceso la libertad con que cuentan para adaptar estas figuras a sus necesidades, de ahí que se ha considerado conveniente que en la regulación de las mismas, el derecho se debe limitar a señalar los requisitos y elementos mínimos que estos contratos deben tener, pero sin forzar la regulación, con otros requisitos que sólo las partes pueden prever en base a sus situaciones concretas.

La experiencia histórica ha mostrado que si el sistema jurídico de un Estado entra a desarrollar todo el contenido de los contratos, con normas de carácter público o no, renunciables o no, mas que fomentar la utilización de los mismos los evita y procura la utilización de otras formas jurídicas en detrimento de las partes débiles.

Dentro de esta regulación mínima, el derecho debe identificar y dar las características y requisitos esenciales de cada uno de estos contratos, pero sin entrar a dar sus distintas opciones y sin establecer un contenido mínimo de las obligaciones y derechos que implica ya que precisamente el auge que han tenido estos contratos, ha sido precisamente, por la aptitud que han tenido para amoldarse a todo tipo de circunstancias y requerimientos. De hecho, es muy difícil en la práctica encontrar estos tipos de contratos en una forma "pura", en el sentido en que la doctrina los considera, sino que en los hechos estos contratos pueden adoptar toda clase de modalidades y clausulados.

2. Establecer límites a estos contratos.

Si bien el derecho debe dejar a las partes la delimitación y el contenido obligacional de estos contratos, también debe fijar restricciones a medidas o prácticas que se han llegado a establecer, y que propician injusticias e inseguridad a alguna de las partes, o brindan un poder excesivo a alguna de ellas, muchas veces en materias o elementos que nada tienen que ver con los contratos celebrados o con la materia de los mismos.

También es preciso fijar límites para brindar un adecuado equilibrio entre las partes, ya que generalmente se llegan a imponer condiciones o términos desventajosos para algunas de ellas, frente a la preeminencia de la otra.

Estas restricciones y límites deben considerarse, en principio, como normas de Derecho Público, y por lo mismo, no renunciables por voluntad de las partes, ya que sólo esta medida, puede propiciar un adecuado equilibrio entre las personas que intervienen en estas operaciones.

3. Establecer remedios a las terminaciones injustificadas o desplazamientos indebidos.

Uno de los constantes abusos que se llegan a cometer en estos contratos, consiste en el establecimiento de cláusulas, o el aprovechamiento de la legislación actual, que permiten o propician, al empresario o franquiciante el dar por terminado en cualquier momento estos contratos, muchas veces, antes de que la contraparte pueda recuperar su inversión y obtener ganancias.

Se han dado casos, donde esta terminación obedece más a una intención de desplazar a una persona de una determinada actividad, o segmento del mercado, que a razones que se deriven del propio contrato; pretendiendo con ello, obtener los beneficios futuros que dejaron los contratos, sin la necesidad de compartirlos con la parte que arriesgó capital y trabajo para la consecución de los mismos.

También, es frecuente que no exista forma de terminación de los contratos a voluntad del agente, distribuidor, o franquiciatario, en aquellos casos en que confiando en la información y en las expectativas económicas que les ofreció el empresario, invierte sus recursos y tiempo en la comercialización de bienes o servicios de escasa oferta, orillándolo a seguir comprometiendo su patrimonio en negocios de escasa rentabilidad y en el solo beneficio de la parte que suministró una información incorrecta, o sin bases reales.

Por lo anterior, se hace recomendable la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de que se contemplen los requisitos mínimos que deberán contener tales contratos, así como también se contemplen formas de terminación anticipada o sanciones para el caso de que las mismas sean intempestivas en perjuicio de la otra parte, o la información suministrada no sea la correcta, al momento de celebrar el contrato.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Por el que se reforma el artículo 142, y se adicionan los artículos 142-bis, 142-bis-1, 142-bis-2, 142-bis-3, 142-bis-4, 142-bis-5, 142-bis-6 y 142-bis-7, así como las fracciones XXVI y XXVII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

Artículo 142. Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede, franquiciatario, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante (titular de la marca), tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta designe.

El franquiciante deberá otorgar al franquiciatario, bajo pena de nulidad, y con por lo menos treinta días de anticipación a la firma del contrato de franquicia, la información técnica, económica y financiera a que se refiere el artículo 65 del reglamento, la que se denominará Circular de Oferta de Franquicia.

La falta de veracidad en la Circular de Oferta de Franquicia dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato en los términos del párrafo anterior, a exigir del franquiciante el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Este podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato.

Artículo 142-bis. El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá inscribirse ante le instituto para que pueda surtir efectos frente a terceros.

Artículo 142-bis-1. Sólo podrán ser materia de franquicias las marcas registradas.

Artículo 142-bis-2. El franquiciante no podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, sino en la medida estrictamente necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia.

No obstante lo anterior, el franquiciante no tendrá injerencia en los actos del franquiciatario que implique su fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales, acciones, salvo que dichos actos impliquen la cesión de los derechos derivados del contrato de franquicia.

Artículo 142-bis-3. El contrato de franquicia se podrá pactar con el carácter de exclusivo o no.

Artículo 142-bis-4. Todo contrato de franquicia debe cumplir con por lo menos el siguiente contenido y características:

I. El otorgamiento al franquiciatario del uso o explotación del sistema del franquiciante, así como los derechos de propiedad intelectual que determine el franquiciante para la correcta operación de la franquicia.

II. Método o formas que utilizará el franquiciante para proporcionar asistencia técnica al franquiciatario;

III. Derechos y obligaciones de cada una de las partes.

IV. Operación de la franquicia, haciendo mención del derecho o no de subfranquiciar por parte del franquiciatario

V. Las condiciones en que se llevará a cabo la publicidad del negocio franquiciado.

VI. Vigencia del contrato de franquicia otorgado al franquiciatario.

VII. El territorio donde se ubicará la franquicia otorgada por el franquiciante al franquiciatario

VIII. Disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores.

IX. Obligaciones del franquiciatario de suministrar reportes, cuentas y datos del negocio otorgado en franquicia

X. Condiciones de supervisión e inspección y asesoría que realizará el franguiciante al negocio franquiciado.

XI. Para el caso de que se establezca la prohibición para el franquiciatario de no dedicarse al término del contrato a una igual o similar al objeto de la franquicia, dicha prohibición no podrá exceder, del término de tres años a partir de la fecha de terminación o rescisión del contrato de franquicia.

XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus, activos al franquiciante o a quien este designe al término del contrato salvo pacto en contrario.

XIII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento las acciones de su empresa, o hacerlo socio de la misma salvo pacto en contrario.

Artículo 142-bis-5. El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato, y una vez concluido éste la confidencial ¡dad sobre los secretos industriales y en general sobre la información de carácter confidencial de los que hayan tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato.

Artículo 142-bis-6. El franquiciante y el franquíciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión deberán ajustarse a las causas o procedimientos convenidas en el contrato.

La terminación anticipada que hagan franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieron pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños o perjuicios causados.

Artículo 142-bis-7. El franquiciatario tendrá derecho a que en igualdad de condiciones sea preferido con respecto a terceros en la celebración de un nuevo contrato de franquicia en el territorio otorgado en exclusividad.

Artículo 213. Son infracciones administrativas:

XXVI. No proporcionar el franquiciatario la información a que se refiere el artículo 65 del reglamento de esta ley.

XXVII. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto,

permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Artículo único. El presente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2002,— Diputado diego alonso Hinojosa Aguerrevere.

-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

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Tiene la palabra el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, hasta por quince minutos.

-DIP. RUFINO RODRÍGUEZ CABRERA: Con el permiso de la Presidencia.

Antes quiero pedirle una disculpa a nombre propio o a nombre de quien haya cometido el error, porque no son propuestas de reformas constitucionales sino al COFIPE. Seguramente el error fue de un servidor, por lo que pido una disculpa, señora Presidenta.

Honorable Asamblea: El suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma diferentes disposiciones del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El principio constitucional que establece la garantía de igualdad jurídica entre varones y mujeres, es un postulado propio de las instituciones republicanas insertas en un sistema democrático.

La igualdad como principio rector de nuestro sistema jurídico, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema normativo, pero que fundamentalmente han permitido sentar las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad.

La búsqueda de la asimetría de oportunidades para varones y mujeres, así como la aspiración en garantizar un ejercicio pleno de todos los derechos para unos y otros, hace necesaria, por un lado, la adopción de políticas públicas encaminada a tal efecto, así como la constante adecuación de nuestro marco legal.

Los contrastes en las asociaciones públicas entre varones y mujeres, visibles en nuestro entorno, acusan un preocupante desequilibrio respecto a la participación de éstas en la vida nacional, parte de ello motivado por disposiciones normativas propias de un contexto que ha ido modificándose gradual pero irreversiblemente.

Sin duda uno de los objetivos de la práctica política debe ser el diseño de instrumentos que hagan posible la existencia de igualdad para todos en términos de derechos humanos y en acceso a oportunidades laborales, culturales y profesionales.

Una de las vías para garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad entre los géneros en nuestro país, debe pasar necesariamente por nuestro sistema electoral. En atención a ello debe valorarse la conveniencia de impulsar diferentes modificaciones a la legislación en vigor en la materia o la creación de nuevas disposiciones que avalen, para hombres y mujeres, la existencia de un escenario de salvaguardas tanto en sus garantías constitucionales como del resto de sus prerrogativas jurídicas. De ahí la pertinencia de la presente iniciativa, en donde se proponen adecuaciones a la normatividad electoral, que permitan establecer para varones y mujeres condiciones de equidad plena en la postulación de candidaturas a cargos legislativos de elección popular.

Para tal efecto se hace necesaria la adecuación del mecanismo legal establecido en el capítulo correspondiente del procedimiento de registro de candidatos, visible en el Título Segundo del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En principio es pertinente tener en cuenta la disposición establecida en el artículo vigésimo segundo transitorio del artículo 1º del Decreto por el que se reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos legales.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de Noviembre de 1996. Disposición que a la letra establece que los partidos políticos nacionales considerarán en sus Estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres, así se estableció.

Dicha reforma electoral, si bien pugnaba por alcanzar un registro de candidaturas en condiciones de menor desigualdad entre varones y mujeres que la que se había alcanzado en elecciones federales previas. Innegablemente en los procesos electorales en los que ha sido aplicada, no ha logrado satisfacer a cabalidad las intenciones que animaron al Legislador en la señalada reforma electora.

Para empezar, ha sido indudable la falta de apego por parte de todos los partidos políticos a ceñirse al espíritu de la disposición invocada, pues si bien es cierto que estos no transgredieron la legislación electoral en lo relativo a candidaturas de género en las pasadas elecciones , también es cierto que el cumplimiento que dieron a dicho principio, distó mucho de satisfacer la esencia del numeral invocado.

Para el proceso electoral del 6 de julio del 97, es ilustrativo comentar que por la vía de representación proporcional resultaron electas sólo 47 diputadas de 200 y por el principio de mayoría relativa acceden a la Cámara de Diputados 31 de un total de 300; es decir, sólo cerca del 15% del total de integrantes de la Cámara de Diputados fue el resultado de la primera aplicación de la reforma legal de noviembre del 96 sobre este particular.

Para la pasada elección federal, los partidos y coaliciones cubrieron adecuadamente la cuota del 30% de candidaturas de género a que obliga el precepto legal citado, sin embargo tales candidatas fueron ubicadas mayoritariamente en posiciones de suplentes de fórmulas o en los últimos lugares de la lista plurinominal.

Según datos del IFE son 30 millones 427 mil 492 mujeres en el Padrón Electoral, 2 millones más que los hombres y representa el 51.76% de los electores en el país.

Pero en los registros de candidaturas femeninas presentadas para la pasada elección por las diferentes coaliciones y partidos no alcanzaron siquiera el 30% entre las aspirantes propietarias a senadoras y diputadas por las dos vías aunque dicho porcentaje se cubriera sobradamente con las mujeres registradas como suplentes.

Lo anterior se adiciona con el agravante de que para el caso de las listas de candidatos por la vía de representación proporcional muy pocas mujeres fueron inscritas entre las primeras disposiciones registradas por los partidos políticos.

La falta de precisión en los términos en los que está redactado el Artículo 22º. Referido, ha traído como resultado el aparente acatamiento de la disposición aludida, pero propiciando una inobservancia plena respecto al fondo de la reforma.

Es obvio que el fenómeno descrito obedece a una omisión en la Ley Electoral al no haberse especificado en esta las posiciones que las candidaturas de hombres y mujeres deben ocupar en las listas de candidatos de representación proporcional.

El COFIFE tampoco precisa que el 60% máximo de candidaturas para un mismo género debe cumplirse con candidatos propietarios y esto fue una omisión incomprensible en la Reforma Electoral de Noviembre del 96.

Este escenario ha propiciado incontables juicios para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, promovidos por candidatas de diferentes partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con diferentes resultados, pero que hablan de la necesidad de precisar detalladamente el sentido y los alcances de las disposiciones legales que tratan sobre el tema que ahora nos ocupa.

Es por ello la pertinencia de modificar la normatividad aludida a fin de cumplir cabalmente la intención del Legislador que en Noviembre del 96 persiguiera establecer condiciones de menor desigualdad para varones y mujeres en la postulación de candidaturas a cargos legislativos.

En atención a lo expresado, es que me permito reseñar brevemente el sentido de mi propuesta la cual consistiría en una modificación al Artículo 165 Numeral 3 del COFIFE, mismo que quedaría en los siguientes términos: "Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación al cargo de elección popular.

Para tal efecto, los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres, las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro, estarán siempre integradas por candidatos del mismo género. Al registrar los partidos políticos las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, en la conformación de las mismas deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos.

En principio, es necesario tener en cuenta qué se persigue con la presente iniciativa, la homologación del número de candidaturas para ambos géneros mismas que actualmente están determinadas por el artículo 22º transitorio, publicado el 22 de noviembre del ’96 –al que se hizo referencia anteriormente- el cual establece la obligación para los partidos políticos de que la postulación de sus candidaturas a cargo del Legislativo no excedan de un porcentaje del 70% para un mismo género.

Con lo anterior se pretende que las candidaturas registradas por los partidos políticos deban estar conformadas en igual número por hombres y por mujeres; esto, para garantizar la postulación equitativa para ambos géneros a cargos parlamentarios efectivos. Asimismo, se propone que las fórmulas de candidatos que sean presentadas por los diferentes partidos políticos ante la autoridad electora para su registro, estén invariablemente integradas por personas del mismo género.

Con tal medida, se garantizaría el acceso paritario de candidatos de ambos géneros a cargos electivos camarales, impidiendo –por tanto- la práctica de inscribir candidatas suplentes mujeres para aparentemente cumplir con la llamada "cuota de género" pero que ha sido aplicada incorrectamente en los términos anotados.

En lo que se refiere a la solicitud de inscripción de candidaturas por el principio de representación proporcional, los partidos deberán registrar en las listas regionales respectivas, relaciones de candidatos en donde se intercalen alternadamente fórmulas de varones y mujeres en porcentajes idénticos; esto, con el objeto de integrar al cuerpo de la ley una disposición más precisa que permita no sólo el cumplimiento literal del tema en referencia, sino que garantice una aplicación estricta del principio de equidad.

En este punto particular, es conveniente recordar a la Asamblea la iniciativa de reforma constitucional presentada por el suscrito en materia electoral en donde se planteaba la incorporación a nuestro cuerpo normativo de la figura de las candidaturas de prelación, modalidad electoral que se caracteriza por la incorporación a los cargos legislativos de representación proporcional de aquellos candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa que no habiendo triunfado en sus respectivas demarcaciones, hubiesen alcanzado los más altos porcentajes de votación.

Es lógico que de dictaminarse favorablemente la iniciativa en mención no habría, por tanto, listas regionales por circunscripción.

Por otro lado, no quisiera dejar de señalar ahora algunas particularidades de un fenómeno vinculado en esta materia que es el proceso legislativo de registro de candidaturas a cargos de elección popular que se efectúa en las distintas entidades federativas.

Es necesario tomar en cuenta que en lo que se refiere a las elecciones para la renovación de los ayuntamientos y congresos locales, debo subrayar como una situación preocupante que en la totalidad de las entidades que integran nuestra unión solamente los estados de Chihuahua, Oaxaca y Sonora establecen de manera obligatoria porcentajes mínimos de candidaturas de género para la integración de ayuntamientos o para la conformación de sus legislaturas.

En esta misma dirección, la normatividad electoral de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas hace algunas referencias al respecto pero el sentido de la ley está diseñado de manera potestativa y los partidos no están obligados más que a promover candidaturas de género pero sin que tal cosa sea obligatoria; es decir, en todas las entidades federativas, solamente en tres existe una disposición que hace imperativo el registro de candidaturas de género sin que en ningún caso de esos tres el porcentaje sea mayor al 70%.

En otros dos estados, la legislación electoral está redactada de tal manera que sólo es potestativa, señalándose sólo la conveniencia de promover e impulsar candidaturas de género sin que ello constituya una obligación.

En la normatividad electoral del resto de los estados, no existe disposición alguna que facilite ir construyendo un escenario de equidad en lo que se refiere a las candidaturas de género, lo cual es altamente preocupante. Ahora bien, hago esta referencia sobre la codificación electoral en los estados como una muestra de las graves disparidades que en la materia se presentan y para destacar la necesidad de diseñar un contexto que facilite la igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas para varones y mujeres de nuestro país.

Asimismo, es necesario tener en cuenta las diferentes propuestas de reforma legislativa que en la materia han presentado ante esta soberanía diferentes compañeros, como la presentada en noviembre del 2000 por mi compañera de bancada, la diputada Hortencia Aragón Castillo.

Es innegable que un grave fenómeno social, como la disparidad entre los géneros no puede ser resuelto a cabalidad si se piensa sólo en una solución en la naturaleza legislativa, el problema tiene desde luego muchas raíces y bastante más profundas que una reforma legal en materia electoral.

Por los razonamientos anteriormente esgrimidos y con fundamento en las disposiciones mencionadas al inicio de mi intervención, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante la reforma de su artículo 165 numeral III.

Artículo Único que reforma el artículo 165 numeral III del COFIPE y dice lo siguiente:

"Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular. Para tal efecto los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres, las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro estarán siempre integradas por candidatos del mismo género".

Al registrar los partidos políticos la lista de candidaturas por el principio de representación popular en la conformación de las mismas, deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos.

Transitorios.

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Segundo. Se deroga el artículo Vigésimo Segundo Transitorio del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del COFIPE entre los ordenamientos legales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, así como todas las disposiciones que contravengan las reformas establecidas en el presente decreto.

Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro. Rufino Rodríguez Cabrera.

Entrego, señora Presidenta a la Secretaría el documento.

Gracias, muy amable.

«Con el permiso de los integrantes de la directiva; honorable Asamblea: el suscrito, diputado federal a la LVIII Legislatura `del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma diferentes disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

El principio constitucional que establece la garantía de igualdad jurídica entre varones y mujeres, es un postulado propio de las instituciones republicanas insertas en un sistema democrático.

La igualdad como principio rector de nuestro sistema jurídico, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales, que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema normativo, pero que fundamentalmente han permitido sentar las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad.

La búsqueda de la simetría de oportunidades para varones y mujeres, así como la aspiración en garantizar un ejercicio pleno de todos los derechos para unos y otros, hace necesaria por un lado la adopción de políticas públicas encaminadas a tal efecto, así como la constante adecuación de nuestro marco legal.

Los contrastes en las funciones públicas entre mujeres y varones, visibles en nuestro entorno, acusan un preocupante desequilibrio respecto a la participación de estas en la vida nacional. Parte de ello, motivado por disposiciones normativas propias de un contexto que ha ido modificándose gradual, pero irreversiblemente.

Sin duda, uno de los objetivos de la práctica política debe ser el diseño de instrumentos que hagan posible la existencia de igualdad para todos en términos de derechos humanos y en acceso a oportunidades laborales, culturales y profesionales.

Una de las vías para garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad entre los géneros en nuestro país, debe pasar necesariamente por nuestro sistema electoral.

En atención a ello, debe valorarse la conveniencia de impulsar diferentes modificaciones a la legislación en vigor en la materia o la creación de nuevas disposiciones, que avalen para hombres y mujeres, la existencia de un escenario de salvaguardas tanto de sus garantías constitucionales, como del resto de sus prerrogativas jurídicas.

De ahí la pertinencia de la presente iniciativa, en donde se proponen adecuaciones a la normatividad electoral, que permitirán establecer para mujeres y varones, condiciones de equidad plena en la postulación de candidaturas a cargos legislativos de elección popular.

Para tal efecto, se hace necesaria la adecuación del mecanismo legal establecido en el capítulo correspondiente al procedimiento de registro de candidatos, visible en el Título Segundo del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En principio, es pertinente tener en cuenta la disposición establecida en el artículo vigesimosegundo transitorio del artículo 1o. del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, disposición que a la letra establece que "los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres".

Dicha reforma electoral, si bien pugnaba por alcanzar un registro de candidaturas en condiciones de menor desigualdad entre mujeres y varones, que la que se había alcanzado en elecciones federales previas, innegablemente en los procesos electorales en los que ha sido aplicada, no ha logrado satisfacer a cabalidad las intenciones que animaron al legislador en la señalada reforma electoral.

Para empezar, ha sido indudable la falta de apego por parte de todos los partidos políticos a ceñirse al espíritu de la disposición invocada, pues si bien es cierto, que estos no transgredieron la legislación electoral en lo relativo a candidaturas de genero en las pasadas elecciones, también es cierto que el cumplimiento que dieron a dicho principio, distó mucho de satisfacer la esencia del numeral invocado.

Para el proceso electoral del 6 de julio de 1997, es ilustrativo comentar que por la vía de representación proporcional, resultan electas sólo 47 diputadas de 200 y por el principio de mayoría relativa acceden a la Cámara de Diputados 31 de un total 300. Es decir solo cerca del 15% del total de integrantes de la Cámara de Diputados, fue el resultado de la primera aplicación de la reforma legal de noviembre de 1996 sobre el particular.

Para la pasada elección federal, los partidos y coaliciones cubrieron adecuadamente la cuota de 30% de candidaturas de genero a que obliga el precepto legal citado, sin embargo, tales candidatas fueron ubicadas mayoritariamente en posiciones de suplentes de formulas o en los últimos lugares de las listas plurinominales.

Según datos del Instituto Federal Electoral, son 30 millones 427 mil 492 las mujeres del padrón -2 millones más que los hombres- y representan el 51.76% de los electores del país, pero en los registros de candidaturas femeninas presentadas para la pasada elección por las diferentes coaliciones y partidos, no alcanzaron siquiera el 30% entre los aspirantes propietarias a senadoras y diputadas por las dos vías, aunque dicho porcentaje se cubriera sobradamente con las mujeres registradas como suplentes.

Lo anterior se adiciona con el agravante de que para el caso de las listas ,de candidatos por la vía de representación proporcional, muy pocas mujeres fueron inscritas entre las primeras posiciones registradas por los partidos políticos.

La falta de precisión de los términos en los que está redactado el artículo vigesimosegundo referido, ha traído como resultado el aparente acatamiento de la disposición aludida, pero propiciando una inobservancia plena respecto al fondo de la reforma.

Es obvio que el fenómeno descrito obedece a una omisión en la ley electoral, al no haberse especificado en esta, las posiciones que las candidaturas de hombres y mujeres deben ocupar en las listas de candidatos de representación proporcional.

El Cofipe, tampoco precisa que el 70% máximo de candidaturas para un mismo género, deba cumplirse con candidatos propietarios y eso fue una omisión incomprensible en la reforma electoral de noviembre de 1996.

Este escenario ha propiciado incontables juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por candidatas de diferentes partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con diferentes resultados, pero que hablan de la necesidad de precisar detalladamente el sentido y los alcances de las disposiciones legales que tratan sobre el tema que ahora nos ocupa.

Es por ello la pertinencia de modificar la normatividad aludida, a fin de cumplir cabalmente la intención del legislador que en noviembre de 1996, persiguiera establecer condiciones de menor desigualdad para mujeres y varones en la postulación de candidaturas a cargos legislativos.

En atención a lo expresado, es que me permito reseñar brevemente el sentido de mi propuesta, la cual consistiría en una modificación al artículo 175 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que quedaría en los siguientes términos.

"Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular, para tal efecto, los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres. Las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro, estarán siempre integradas por candidatos del mismo género."

"Al registrar los partidos políticos las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, en la conformación de las mismas, deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos."

En principio es necesario tener en cuenta, que se persigue con la presente iniciativa, la homologación del número de candidaturas para ambos géneros, mismas que actualmente están determinadas por el artículo vigesimosegundo transitorio publicado el 22 de noviembre de 1996, al que se hizo referencia anteriormente, y el cual establece la obligación para los partidos políticos, de que la postulación de sus candidaturas a cargos legislativos no excedan de un porcentaje de 70% para un mismo género.

Con lo anterior se pretende, que las candidaturas registradas por los partidos políticos, deban estar conformadas en igual número por mujeres y hombres por. Esto para garantizar la postulación equitativa para ambos géneros a cargos parlamentarios electivos.

Asimismo, se propone que las fórmulas de candidatos que sean presentadas por los diferentes partidos políticos ante la autoridad electoral para su registro, estén invariablemente integradas por personas del mismo género.

Con tal medida se garantizaría el acceso paritario de candidatos de ambos géneros a cargos electivos camarales, impidiendo por tanto la práctica de inscribir candidatas suplentes mujeres para aparentemente cumplir con la llamada cuota de género, pero que ha sido aplicada incorrectamente en los términos anotados.

En lo que se refiere a la solicitud de inscripción de candidaturas por el principio de representación proporcional, los partidos deberán registrar en las listas regionales respectivas, relaciones de candidatos en donde se intercalen alternadamente formulas de mujeres y varones en porcentajes idénticos. Esto con el objeto de integrar al cuerpo de la ley una disposición mas precisa que permita no solo el cumplimiento literal del tema en referencia, sino que garantice una aplicación estricta del principio de equidad.

En este punto particular, es conveniente recordar a la Asamblea, la iniciativa de reforma constitucional presentada por el suscrito, el pasado día 27 de noviembre ante esta Legislatura, en donde planteaba la incorporación a nuestro cuerpo normativo, de la figura de las candidaturas de prelación, modalidad electoral que se caracteriza por la incorporación a los cargos legislativos de representación proporcional de aquellos candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa, que no habiendo triunfado en sus respectivas demarcaciones hubieran alcanzado los más altos porcentajes de votación.

Y es lógico que de dictaminarse favorablemente la iniciativa en mención no habría, por tanto listas regionales por circunscripción.

Por otro lado, no quisiera dejar de señalar ahora, algunas particularidades de un fenómeno vinculado a esta materia, que es el proceso de registro de candidaturas a cargos de elección popular, que se efectúa en las distintas entidades federativas.

Creo necesario hacer una breve alusión sobre el particular, que nos permita contar con algunos elementos complementarios en el tema tratado.

En principio, y por lo que se refiere a las elecciones para la renovación de los ayuntamientos y de los congresos locales, debo subrayar como una situación preocupante, que en la totalidad de las entidades que integran nuestra Unión, solamente los estados de Chihuahua, Oaxaca y Sonora, establecen de manera obligatoria porcentajes mínimos de candidaturas de genero para la integración de ayuntamientos o para la conformación de sus legislaturas.

En esa misma dirección, la normatividad electoral de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, hace alguna referencia al respecto, pero el sentido de la ley, está diseñado de manera potestativa y los partidos no están obligados mas que a promover candidaturas de género, pero sin que tal cosa sea obligatoria.

Es decir, de todas las entidades federativas, solamente en tres existe una disposición, que hace imperativo el registro de candidaturas de género; sin que en ninguno de esos tres casos el porcentaje sea mayor al 70%. En otros dos estados, la legislación electoral esta redactada de manera potestativa, señalándose solo la conveniencia de promover e impulsar candidaturas de genero, sin que ello constituya una obligación.

En la normatividad electoral del resto de los estados, no existe disposición alguna que facilite ir construyendo un escenario de equidad en lo que se refiere a las candidaturas de género, lo cual es altamente preocupante.

Ahora bien, hago esta referencia sobre la codificación electoral de los estados, como una muestra de las graves disparidades que en la materia se presentan y para destacar la necesidad de diseñar un contexto que facilite la igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas para varones y mujeres en nuestro país.

Asimismo, es necesario tener en cuenta, las diferentes propuestas de reforma legislativa que en la materia, han presentado ante esta soberanía diferentes compañeros, como la presentada en noviembre de 2000 por mi compañera de bancada la diputada Hortensia Aragón Castillo.

Es innegable que un grave fenómeno social como la disparidad entre los géneros, no puede ser resuelto a cabalidad, si se piensa solo en una solución de naturaleza legislativa. El problema tiene desde luego, muchas mas raíces y bastante mas profundas que una reforma legal en materia electoral.

Aspectos de tipo cultural e histórico, así como concepciones educativas y familiares, deben ser paulatinamente objeto de transformación, si queremos contar con una sociedad que garantice efectivamente la equidad plena entre mujeres y varones

En ese proceso las reformas a nuestra legislación, pasarán por un accidentado camino, en donde deberán tenerse en cuenta las fuertes resistencias que deberá afrontar dicho proceso.

De manera que los hombres y las mujeres convencidos sobre la necesidad de contar con un sistema normativo mas justo en la materia, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para incidir con éxito en ese ,proceso y para lograr participar armónicamente en una sociedad en donde los géneros convivan en un ambiente libre de prejuicios y de discriminación.

Por los razonamientos anteriormente esgrimidos y con fundamento en las disposiciones mencionadas al inicio de mi intervención, es que someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA

Con proyecto de decreto por el que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante la reforma de su artículo 175 numeral 3.

Artículo único. Se reforma el artículo 175 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue

Artículo 175.3 Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular, para tal efecto, los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres. Las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro, estarán siempre integradas por candidatos del mismo género.

Al registrar los partidos políticos las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, en la conformación de las mismas, deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se deroga el artículo vigesimosegundo transitorio del artículo 1o. del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, así como todas las disposiciones que contravengan las reformas establecidas en el presente decreto.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2002.— Suscribe por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rufino Rodríguez Cabrera.»

-LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado.

Publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

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En relación a la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista nos ha solicitado se retire del orden del día.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación.

-LA C. DIPUTADA ROSALÍA PEREDO AGUILAR: Con su permiso, Presidenta.

Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión.

Los suscritos, diputados federales de LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, Fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, con base en la siguiente exposición de motivos.

La Constitución General de la República, en su artículo 73, Fracción VII otorga al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto. De esta fracción se desprende la facultad de las cámaras del Congreso de la Unión para que de manera separada y sucesiva imponer a los mexicanos cargas tributarias.

También al artículo 31 en su Fracción IV establece como obligación de los mexicanos la de contribuir a los gastos públicos de la Federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

De igual manera el artículo 72 en su Inciso H, establece que en la formación de leyes o decretos que tengan que ver con la materia de contribuciones o impuestos, la Cámara de Diputados será siempre Cámara de origen.

Por una cuestión de carácter histórico se ha conocido el derecho de la Cámara de Diputados, cuyos integrantes representan al pueblo determinar las cargas tributarias que los habitantes de un país deben pagar.

Las obligaciones tributarias son por esencia obligaciones (¿), lo que supone que para garantizar el principio de seguridad política de los gobernados, las modalidades de contribuciones deben estar determinadas en una ley, acto formal del Poder Legislativo.

En tal virtud, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta importante dejar en claro que la Constitución General de la República otorga al titular del Poder Ejecutivo Federal cinco facultades en las cuales éste puede legislar de manera extraordinaria. Por tanto, su actuación de emisión de normas de carácter general debe circunscribirse de manera estricta a esas cinco hipótesis.

Entendemos bien que los modernos sistemas constitucionales no plantean una división de poderes estricta y tajante, antes al contrario, señalan una colaboración entre los distintos poderes públicos y como bien sabemos, en México con independencia de que el Legislativo lo haga, el Presidente de la República participa en el proceso legislativo ejerciendo su facultad de iniciativa de formular observaciones a un proyecto de ley que le envía el Congreso o bien en la promulgación de una ley.

A lo que se opone nuestro grupo parlamentario es que el Presidente de la República, ejerciendo facultades que no derivan de la Constitución aunque le hayan sido otorgadas por el Legislativo, puede en la práctica derogar las determinaciones del Poder Legislativo a las que teniendo oportunidad el Ejecutivo de formular observaciones, no lo haya hecho y que al promulgarlas se hace, junto con el Poder Legislativo, corresponsable del contenido de dichas normas. Nos referimos específicamente al decreto por el que se exime de pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal que se menciona, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del presente.

Como todos recordamos, el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad de iniciativa envió a esta soberanía su autodeterminado reformón fiscal con el que pretendía obtener cuantiosos ingresos públicos fundamentalmente al gravar con el Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos y que con los ingresos obtenidos se le distribuiría en forma completita y copeteada a los mexicanos de menores recursos.

Dicha iniciativa no prosperó. En razón de lo anterior, en diciembre pasado esta soberanía aprobó modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la ley que lo regula, que en conjunto daría al Gobierno Federal un ingreso por 155 mil 75.1 millones de pesos. Una parte importante de dicha modificación es la que se refiere al Impuesto a las Bebidas Edulcorantes elaboradas a base de jarabe de fructuosa.

Como es de todos conocido, la industria azucarera mexicana ha sufrido durante décadas una severa crisis que afecta a productores de caña y dueños de ingenios. En este sentido, el presente gobierno como los anteriores, no han sabido o no han querido obligar al Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica a que cumpla con las cuotas de importación previstas en el Tratado de Libre Comercio y que ante la ineficiencia de las autoridades del Ejecutivo, las Cámaras del Congreso de la Unión determinaron en apoyo a los productores de azúcar mexicanos, gravar con una mayor tasa la importación de jarabe de fructuosa.

Resulta paradójico que en los considerandos del decreto del 3 de septiembre del año pasado el Ejecutivo haya señalado que la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social por su producción y por el empleo que crea en el campo mexicano, que el azúcar como producto generado por ella, es un artículo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético y que las actividades que comprende, como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, son de interés público. Esto es, el propio Ejecutivo Federal reconocer la importancia de la actividad económica de la caña de azúcar y no obstante de hacer este reconocimiento en el decreto del cinco de marzo mencionado, da un golpe mortal a esta actividad.

Por otro lado, en el artículo 5º del mismo decreto antes citado, el Ejecutivo Federal exime totalmente a los contribuyentes que vivan en el estado de Baja California y en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a las líneas divisorias internacionales de norte y sur del país, del pago del Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios.

Es de destacarse que el Partido del Trabajo considera que es pertinente gravar este tipo de productos, sin embargo, en diciembre, al llegarnos la minuta de la colegisladora con los cambios que decidió introducir en cuanto a los artículos 7º y 8º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, nuestro grupo parlamentario decidió abstenerse por no estar conformes con el procedimiento legislativo que se dio.

Compañeras y compañeros legisladores: como mecanismo de reivindicar los actos legislativos emanados de las Cámaras del Congreso, sometemos a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para que el Presidente de la República a través de un decreto no derogue disposiciones legislativas máxime que el propio Presidente de la República tuvo la oportunidad de formular observaciones totales o parciales a los proyectos que le envió a la Cámara Revisora y que al haberlos promulgado los sanciona como legales y apegados a la Constitución.

Y estas condonaciones o exenciones que se den únicamente en la tres hipótesis que se contienen en la fracción I y que sólo pueden ser por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

De todos es sabido que las exenciones decretadas por el Ejecutivo Federal son resultado de las presiones que realizaron los productores de jarabe de fructuosa de los Estados Unidos de Norteamérica y que con esta actitud acreditó que más le interesa estar en buenos términos con los productores norteamericanos y que éstos los sigan considerando paladín de libre mercado sin importar las lacerantes condiciones de miseria en que viven los productores de azúcar nacionales.

Compañeras y compañeros diputados:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 1°. Se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue:

"Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

Condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo diferido o en parcialidades sólo tratándose de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias".

Transitorios

UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 20 días del mes de marzo del año 2002.

Atentamente

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, diputado José Narro Céspedes, diputado Jaime Cervantes Rivera, diputada Rosa Delia Cota Montaño, diputado Félix Castellanos Hernández, diputado Víctor Antonio García Dávila, diputado Juan Carlos Regis Adame; diputado José Manuel del Río Virgen por el Partido Convergencia y la de la voz diputada Rosalía Peredo Aguilar.

«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Los suscritos, diputados federales a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, con base en la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Constitución General de la República en su articulo 73 fracción VII otorga al Congreso de la Unión la facultad de "establecer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto". De esta fracción se desprende la facultad de las cámaras del Congreso de la Unión, para de manera separada y sucesiva imponer a los mexicanos cargas tributarias. También el articulo 31 en su fracción IV establece como obligación de los mexicanos la de "contribuir a los gastos públicos de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes."

De igual forma el articulo 72 en su inciso h establece que en la formación de leyes o decretos que tengan que ver con la materia de contribuciones o impuestos la Cámara de Diputados será siempre Cámara de origen.

Por una cuestión de carácter histórico se ha reconocido el derecho de la Cámara de Diputados cuyos integrantes representan al pueblo, determinar las cargas tributarias que los habitantes de un país deben pagar.

Las obligaciones tributarias son por esencia obligaciones "ex lege"; lo que supone que para garantizar el principio de seguridad política de los gobernados las modalidades de contribuciones deben estar determinadas en una ley, acto formal del Poder Legislativo. En tal virtud para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta importante dejar en claro que la Constitución General de la República otorga al titular del Poder Ejecutivo Federal cinco facultades en las cuales éste puede legislar de manera extraordinaria, por tanto su actuación de emisión de normas de carácter general debe circunscribirse de manera estricta a esas cinco hipótesis.

Entendemos bien que los modernos sistemas constitucionales no plantean una división de poderes estricta y tajante, antes al contrario señalan una colaboración entre los distintos poderes públicos y como bien sabemos en México, con independencia de que el Legislativo lo haga, el Presidente de la República participa en el proceso legislativo ejerciendo su facultad de iniciativa, de formular observaciones a un proyecto de ley que le envíe el Congreso o bien en la promulgación de una ley.

A lo que se opone nuestro grupo parlamentario es a que el Presidente de la República, ejerciendo facultades que no derivan de la Constitución aunque le hayan sido otorgadas por el Legislativo, pueda en la práctica derogar las determinaciones del Poder Legislativo, a las que teniendo oportunidad el Ejecutivo de formular observaciones no lo haya hecho y que al promulgarlas se hace junto con el Poder Legislativo corresponsable del contenido de dichas normas.

Nos referimos específicamente al decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplia el estimulo fiscal que se menciona, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del presente.

Como todos recordamos el Presidente de la República en el ejercicio de su facultad de iniciativa envió a esta soberanía su autodenominado reformón fiscal, con el que pretendía obtener cuantiosos ingresos públicos fundamentalmente al gravar con el Impuesto al Valor Agregado a medicinas y alimentos, y que con los ingresos obtenidos se le redistribuiría en forma completita y copeteada a los mexicanos de menores recursos. Dicha iniciativa no prosperó.

En razón de lo anterior en diciembre pasado esta Soberanía aprobó modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y a la ley que lo regula, que en conjunto daría al Gobierno Federal un ingreso por 155 mil 75 punto 1 millones de pesos, una parte importante de dicha modificación es la que se refiere al impuesto a las bebidas edulcorantes elaboradas a base de jarabe de fructosa.

Como es de todos conocido la industria azucarera mexicana ha sufrido durante décadas una severa crisis que afecta a productores de caña y dueños de ingenios.

En este sentido, el presente gobierno como los anteriores no han sabido o no han querido obligar al gobierno de Estados Unidos de Norte América a que cumpla con las cuotas de importación previstas en el Tratado de Libre Comercio y ante la ineficiencia de las autoridades del Ejecutivo las cámaras del Congreso de la Unión determinaron, en apoyo a los productores de azúcar mexicanos, gravar con una mayor tasa la importación de jarabe de fructosa.

Resulta paradójico que en los considerandos del decreto del 3 de septiembre del año pasado, el Ejecutivo haya señalado "que la agroindustria azucarera es una actividad de alto impacto social por su producción y por el empleo que crea en el campo mexicano; que el azúcar como producto generado por ella es una articulo de consumo necesario y constituye un elemento básico para la alimentación de la población de bajos ingresos por su alto contenido energético y que las actividades que comprende, como es el caso de la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar son de interés público."

Esto es, el propio Ejecutivo Federal reconoce la importancia de la actividad económica de la caña de azúcar y no obstante de hacer ese reconocimiento en el decreto del 5 de marzo mencionado da un golpe mortal a esta actividad.

Por otro lado, en el articulo 5o. del mismo decreto antes citado el Ejecutivo Federal exime totalmente a los contribuyentes, que vivan en el Estado de Baja California y en la franja fronteriza de 20 kilómetros, paralela a las líneas divisoras internacionales de norte y sur del país, del pago del impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios. Es de destacarse que el Partido del Trabajo considera que es pertinente gravar este tipo de productos; sin embargo en diciembre al llegarnos la minuta de la colegisladora con los cambios que decidió introducir en cuanto a los artículos séptimo y octavo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, nuestro grupo parlamentario decidió abstenerse por no estar conformes con el procedimiento legislativo que se dio.

Compañeras y compañeros legisladores:

Como mecanismo de reivindicar los actos legislativos emanados de las cámaras del Congreso sometemos a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, para que el Presidente de la República a través de un decreto no derogue disposiciones legislativas, máxime que el propio Presidente de la República tuvo la oportunidad de formular observaciones totales o parciales a los proyectos que le envió la Cámara Revisora, y que al haberlos promulgados los sanciona como legales y apegados a la Constitución y estas condonaciones o exenciones se den únicamente en las tres hipótesis que se contienen en la fracción I y que sólo pueden ser por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

De todos es sabido que las exenciones decretadas por el Ejecutivo Federal son resultado de las presiones que realizaron los productores de jarabe de fructosa de los Estados Unidos de Norteamérica y que con esta actitud acreditó que más le interesa estar en buenos términos con los productores norteamericanos y que éstos lo sigan considerando paladín de libre mercado, sin importar las lacerantes condiciones de miseria en que viven los productores de azúcar nacionales.

Compañeras y compañeros diputados:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del articulo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo primero. Se reforma la fracción I del articulo 39 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:

Artículo 39.

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, solo en tratándose de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.

II. . .

III. . .

ARTICULO TRANSITORIO

Único. E1 presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regis Adame y José Manuel del Río Virgen.»

LA PRESIDENTA: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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Tiene la palabra la diputada Patricia Martínez Macías, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción V del Apartado A y el inciso C) fracción XI del Apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la paternidad y maternidad responsable.

LA DIP. PATRICIA MARTINEZ MACIAS: Iniciativa de decreto que adiciona a fracción V del Apartado A y el inciso C) fracción XI del Apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la paternidad y maternidad responsables.

Los diputados que suscriben integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa para fomentar la paternidad y maternidad responsables bajo la siguiente

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por ser la familia la cédula básica de la sociedad, es necesario que permanezca unida y si queremos que así sea, se requiere que exista colaboración y apoyo de cada uno de los miembros, que la pareja se encuentre unida en los momentos importantes, como lo es el nacimiento de un hijo.

Por esta razón, la presente iniciativa plantea que el trabajador que vaya a convertirse en padre, acompañe a su mujer en el momento del parto, aumentando así los lazos existentes con su pareja y creando desde el principio una relación más cercana con su hijo, y al mismo tiempo fortaleciendo la paternidad responsable, la cual es necesaria para que más adelante exista una mayor comunicación y confianza entre ambos, lo que redundaría en una mejor familia y a la vez en una mejor sociedad.

Al varón se le ha visto excluido de todo aquello que tenga que ver con el embarazo y el parto de su pareja, así bien es cierto que cada vez más los hombres están interesados en participar en la función paterna, muchas veces les es imposible, debido a que por razón del trabajo no se les permite y se pierde de algo, que ningún ser humano debería de dejar pasar, como lo es el nacimiento de sus seres queridos.

Esta iniciativa propone que existe por mandato constitucional, el que un trabajador que vaya a convertirse en padre, acompañe a su pareja y no tenga ningún problema en ausentarse de su trabajo, y que al otorgársele ese derecho esté seguro que nada le ocurrirá a su empleo al ausentarse por ese motivo.

Como se sabe, en un parto, pueden suceder cuestiones impredecibles, donde es necesario tomar decisiones trascendentales, y en muchas ocasiones no hay quien pueda tomarlas, e incluso cuestiones vitales sobre la pareja o el bebé.

Esta iniciativa pretende evitar que esto suceda y permitirá que en todo momento exista la posibilidad de que se encuentre en ese momento tan importante el padre pueda tomar decisiones y apoyar a la pareja en caso de que surja algún imprevisto.

Por otro lado, existen familias que se tienen más hijos y en el momento del nacimiento de uno más, no hay la posibilidad de que alguien se quede al cuidado de ellos, y por lo tanto al tener la posibilidad de licencia en su empleo, puede cuidarlos y estar con ellos.

En algunas empresas ya existe la práctica de que el trabajador se ausente el día del parto, sin embargo, nos se debe dejar este asunto tan importante al arbitrio del empleador.

Lo que se pretende lograr con esta iniciativa, es la igualdad para las mujeres y hombres respecto a su participación activa en la paternidad, y que propicia la colaboración, el cambio de cultura en la tarea de responsabilidad que al hombre le toca como padre.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional que suscribimos esta iniciativa, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 123 Apartado A fracción V y Apartado B fracción II inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

ARTICULO UNICO.- Se adiciona el artículo 123 Apartado A fracción V y Apartado B fracción II inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

ARTICULO 123. Apartado A fracción V.- El trabajador para acompañar a su cónyuge o concubina que se encuentre embarazada, podrá ausentarse de su empleo el día del parto y el día siguiente a éste.

Y se repite el mismo párrafo en el Apartado B.

Palacio Legislativo de San Lázaro. 25 de marzo del 2002. Y suscribimos diputados del Partido Acción Nacional. Gracias.

Iniciativa de decreto que se adiciona la fracción V del apartado A y el inciso c, fracción XI del apartado B, ambos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la paterinidad y maternidad responsables.

Los diputados que suscriben, integrantes del la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma el artículo 123, apartado A fracción V y apartado B fracción XI, inciso c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fomentar la paternidad y maternidad responsables, bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Por ser la familia la célula básica de la sociedad, es necesario que permanezca unida y si queremos que así sea se requiere que exista colaboración y apoyo de cada uno de los miembros, que la pareja se encuentre unida en los momentos importantes como lo es el nacimiento de un hijo lo es. Por esta razón la presente iniciativa plantea que el trabajador que vaya a convertirse en padre acompañe a su mujer en el momento del parto, aumentando así los lazos existentes con su pareja y creando desde el principio una relación más cercana con su hijo, y al mismo tiempo fortaleciendo la paternidad responsable, la cual es necesaria para que mas adelante exista una mayor comunicación y confianza entre ambos lo que redundaría en una mejor familia y a la vez en una mejor sociedad.

Al varón se ha visto excluido de todo aquello que tenga que ver con el embarazo y el parto de su pareja; si bien es cierto que cada vez más los hombres están interesados en participar en la función paterna, muchas veces les es imposible debido a que por razón del trabajo no se les permite y se pierden de algo que ningún ser humano debería de dejar pasar como lo es el nacimiento de los seres queridos.

Esta iniciativa propone que exista por mandato constitucional el que un trabajador que vaya a convertirse en padre acompañe a su pareja y no tenga ningún problema en ausentarse de su trabajo, y que al otorgársele ese derecho esté seguro que nada le ocurrirá a su empleo al ausentarse por ese motivo.

Como se sabe en un parto pueden suceder cuestiones impredecibles donde es necesario tomar decisiones trascendentales y en muchas ocasiones no hay quien pueda tomarlas, e incluso cuestiones vitales sobre la pareja o el producto de la concepción, esta iniciativa pretende evitar que esto suceda y permitirá que en todo momento exista la posibilidad de se encuentre en ese momento tan importante, el padre pueda tomar decisiones y apoyar a la pareja en caso de que surja algún imprevisto.

Por otro lado existen familias que se tienen más hijos y en el momento del nacimiento de uno más, no hay la posibilidad de que alguien se quede al cuidado de ellos y por lo tanto el padre al tener la posibilidad de licencia en su empleo puede cuidarlos y estar con ellos.

En algunas empresas ya existe la práctica de que el trabajador se ausente el día del parto, sin embargo no se debe dejar este asunto tan importante al arbitrio

patronal.

Lo que se pretende lograr con esta iniciativa es la igualdad para mujeres y hombres, respecto a su participación activa en la paternidad y que propicia la colaboración el cambio de cultura en la tarea de responsabilidad que al hombre le toca como padre.

En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta soberanía la siguiente:

Iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 123 apartado A fracción V y apartado B, fracción XI, inciso c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Único. Se adiciona el artículo 123 apartado A fracción V y apartado B fracción XI inciso c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 123. . .

A. . .

I a la IV. . .

V. . .

El trabajador para acompañar a su cónyuge o concubina que se encuentre embarazada, podrá ausentarse de su empleo el día del parto y el día siguiente a este.

VI. . .

B. . .

I a la X. . .

XI. . .

a). . .

b). . .

c). . .

El trabajador para acompañar a su cónyuge o concubina que se encuentre embarazada, podrá ausentarse de su empleo el día del parto y el día siguiente a este.

ARTICULOS TRANSITORIOS

Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias al presente decreto.

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 Marzo del 2002.— Diputados: Martha Patricia Martínez Macías, Carlos Raymundo Toledo, Beatriz Grande, Samuel Yoselevitz F., Manuel Orozco Garza, Francisco E. Jurado C., Enrique Villa P., Silvia Alvarez B., Rafael Ramírez A., Alba L. Méndez Macías, Julio César Lizárraga López, Silvia López Escoffie y Pedro Pablo Cepeda Sierra.»

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. Túrnese… ¿con qué objeto ciudadano diputado?

-EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC MONTERO ESQUIVEL (desde su curul): Sobre el turno de la iniciativa.

-LA C. PRESIDENTA: Nada mas déjeme hacer el turno. ¿El diputado quiere que se turne también a la Comisión de Seguridad Social supongo? ¿Le parece, diputado, para no volver muy compleja esta iniciativa que la turnemos a Puntos Constitucionales, por tratarse de una reforma constitucional, con opinión de dos Comisiones, que serían Seguridad Social y Trabajo, para no volver más complejo el proceso de votación? ¿Está usted de acuerdo diputado?

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y solicítese opinión sobre la misma a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la Comisión de Seguridad Social.

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El siguiente punto del Orden del Día es la presentación de una iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

LA C. DIPUTADA OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS.- Con el premiso de la Presidencia.

Compañeros legisladores.

El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es un organismo público autónomo de carácter permanente e independiente en sus decisiones y funcionamiento y al cual se le confirió la función estatal de organizar las elecciones.

Este organismo tiene entre sus principales finalidades la de contribuir al desarrollo de la vida democrática, preservar el funcionamiento del régimen de partidos políticos, velar por la autenticidad y efectividad del sufragio, así como de llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. En síntesis: vigilar, procurar, preservar y garantizar la transformación del orden y de las instituciones democráticas para que en la República, los representantes de la Nación, adopten decisiones de consenso para fijar el rumbo y destino de nuestro país. Esa es la finalidad del Instituto Federal Electoral.

Para lograrlo, además de una organización institucional de la que está provisto, el IFE debe contar con la participación de todos los ciudadanos de manera directa al momento de emitir su voto o indirecta cuando éstos se agrupan y organizan en partidos políticos que sostienen distintos principios y ofrecen diversos programas, pero todos ellos dentro de los límites que la Constitución establece.

En ese sentido, los partidos políticos complementan las funciones antes mencionadas asignadas al IFE, en tanto que también promueve la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional.

De lo anterior se desprende que en tanto que los partidos se ocupan de presentarse como una institución u organismo político con principios y programas distintos a los demás organizando a un grupo de ciudadanos convencidos de sus principios, el Instituto Federal Electoral como organismo autónomo y objetivo en su actuación, sólo se limita a organizar y verificar la legalidad de la jornada electoral, la constitución de los partidos y sus principios como principales actores del escenario político y fomentar la discusión de la cultura política y la participación de los mexicanos; por ello el IFE carece de bandera política partidista.

Para confirmar lo anterior, sólo basta analizar la integración del Instituto. El Consejo General como un Órgano Superior de Dirección del Instituto, se integra por un Consejero Presidente, ocho Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo, representantes políticos y el Secretario Ejecutivo.

Los ocho Consejeros Electorales son elegidos por la Cámara de Diputados dentro de las propuestas que formulan los grupos parlamentarios. Estos no son representantes de los partidos políticos ni de los grupos parlamentarios que están presentes en la Cámara de Diputados, pues con tal fin, cada partido político nacional designa un representante propietario que tendrá voz, pero no voto y el Poder Legislativo tiene también sus Consejeros, Consejeros que tienen afiliación política de partido y que al igual que los anteriores, tienen voz pero no voto.

De lo antes descrito, se desprende que los Consejeros, sobre los que pesa realmente el destino político electoral del país, es de los ocho Consejeros Electorales inicialmente mencionados que sin tener bandera ni afiliación política alguna, deciden, tienen voz y sobre todo voto al adoptar las resoluciones de política electoral conducentes. Estos, no deben tener afiliación política pues de lo contrario las resoluciones que adoptasen estarían viciadas de parcialidad, característica que atentaría contra los principios que el párrafo primero del artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Sin los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, el Consejo General del Instituto y las determinaciones que adopta, carecerían de legitimidad. Por ello, las resoluciones que emita el Instituto por medio de su Consejo General y en las que deciden los ocho consejeros apartidistas mencionados atendiendo a lo manifestado por los otros consejeros integrantes, deben ser imparciales y objetivas.

"Sólo aquel consejero de los ocho mencionados que se mantiene incólume, imparcial y objetivo en sus decisiones políticas, puede servir para esa función. De nada sirve a la función administrativa su encomienda de vigilar el cumplimiento de las disposiciones electorales, si ellos con los agentes principales que se encargan de su incumplimiento.

"El espíritu que motiva esos consejeros en su actividad como funcionarios, es el de definir el sendero político del país, ajustándolo a la legalidad de determinaciones justas en materia política. De ahí la necesidad de quedar excluido de accesos inmediato a cargo de elección popular, cuando han terminado sus funciones, incluso pudieran aprovecharse de esa circunstancia y capitalizarlo en su carrera política.

"Por tal razón y de manera análoga a la de aquellos encargados de salvaguardar el orden constitucional y que por su competencia no pueden conocer de asuntos políticos, según los criterios legales y jurisprudenciales mantenidos hasta ahora, los titulares del órgano decisorio en materia electoral, no podrán declinar sus funciones ante la posibilidad de ocupar cargos políticos de elección popular.

"Hasta ahora algunos de los que anteriormente fueron consejeros del Instituto, han aprovecha su imagen para consolidar una carrera política y enlistarse prontamente en las filas de un partido político para postularse como candidatosa diputados o gobernadores, algunos consiguiéndolo y otros aún en el camino.

"con la presente iniciativa se pretende evitar estas prácticas, procurando que aquellos que ocupen el cargo de consejeros, lo hagan realmente basados en criterios de imparcialidad, objetividad y ante todo con la cualidad de apartidistas que caracteriza a este grupo para tomar fríamente las resoluciones políticas de trascendencia para el país.

"Utilizar de trampolín político un cargo tan alto y digno que la nación les confiere a esos funcionarios para preparar el camino a elecciones postreras en las que ellos pretendan ser protagonistas y ocupar nuevos cargos que impliquen necesariamente bandera partidista, además de desacreditarlos como funcionarios, pone en riesgo la competencia honesta y la buena, que los comicios empiezan a tener. Sobre todo cuando en la vida democrática vigente se empieza a tener una auténtica democracia.

"Creemos y estamos firmemente convencidos, que de prosperar la presente iniciativa y que de hecho no hay obstáculo aparente que lo impida, ésta aseguraría en el Sistema Electoral Mexicano, una conformación con integrantes capacitados, honestos y que realmente dirijan su actividad profesional hacia el servicio de la nación y no al de intereses particulares.

"Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante la cual se reforma el artículo 55, el artículo 82, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reforman los artículos 7,40 y 77 y todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Firman al calce los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México"

Hago entrega a la secretaría de la presente iniciativa. Muchas gracias.

«Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de la LVIII Legislatura.— Presente.

Bernardo de La Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa

EXPOSICION DE MOTIVOS

El Instituto Federal Electoral, depositario de la autoridad electoral, es un organismo público autónomo, de carácter permanente e independiente en sus decisiones y funcionamiento, y al cual se le confirió la función estatal de organizar las elecciones.

Este organismo, tiene entre sus principales finalidades, las de contribuir al desarrollo de la vida democrática; preservar el funcionamiento del régimen de partidos políticos; velar por la autenticidad y efectividad de¡ sufragio, así como llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática. En síntesis, vigilar, procurar, preservar y garantizar la transformación del orden y de las instituciones democráticas, para que en la República los representantes de la nación adopten , decisiones de concenso para fijar el rumbo y destino de nuestro país, esa es la finalidad del Instituto Federal Electoral.

Para lograrlo, además de una organización institucional de la que está provisto, el IFE debe contar con la participación de todos los ciudadanos, de manera directa al momento de emitir su voto, o indirecta, cuando éstos se agrupan y organizan en partidos políticos que sostienen distintos principios y ofrecen diversos programas, pero todos ellos dentro de los límites que la Constitución establece.

En ese sentido, los partidos políticos complementan las funciones antes mencionadas asignadas al IFE, en tanto que también promueve la participación del pueblo en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional.

De lo anterior se desprende que en tanto que los partidos se ocupan de presentarse como una institución u organismo político con principios y programas distintos a los demás, organizando a un grupo de ciudadanos convencidos de esos principios, el Instituto Federal Electoral, como organismo autónomo y objetivo en su actuación, sólo se limita a organizar y verificar la legalidad de la jornada electoral, la constitución de los partidos y sus principios, como principales actores del escenario político, y fomentar la difusión de la cultura política y la participación de los mexicanos.

Por ello, el IFE, carece de bandera política partidista.

Para confirmar lo anterior, sólo basta analizar la integración del instituto. El consejo general, como órgano superior de dirección del instituto, se integra por un consejero presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo, representantes políticos y el secretario Ejecutivo.

Los ocho consejeros electorales, son elegidos por la Cámara de Diputados, de entre las propuestas que formulan los grupos parlamentarios. Estos, no son representantes de los partidos políticos ni de los grupos parlamentarios que están presentes en la Cámara de Diputados, pues con tal fin, cada partido político nacional, designa a un representante propietario que tendrá voz pero no voto, y el Poder Legislativo tiene también sus consejeros, consejeros que tienen afiliación política de partido y que al igual que los anteriores, tienen voz pero no voto.

De lo antes descrito, se desprende que los consejeros sobre los que pesa realmente el destino político electoral del país, es de los ocho consejeros electorales inicialmente mencionados, que sin tener bandera ni afiliación política alguna, deciden, tienen voz y sobre todo voto al adoptar las resoluciones de política electoral conducentes. Estos no deben tener afiliación política, pues de lo contrario, las resoluciones que adoptasen, estarían viciadas de parcialidad, característica que atentaría contra los principios, que el párrafo primero del artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, el consejo general del instituto y las determinaciones que adopta, carecerían de legitimidad.

Por ello, las resoluciones que emita el instituto por medio de su consejo general, y en el que deciden los ocho consejeros apartidistas mencionados atendiendo a lo manifestado por los otros consejeros integrantes, deben ser imparciales y objetivas.

Sólo aquel consejero, de los ocho mencionados, que se mantiene incólume, imparcial y objetivo en sus decisiones políticas, puede servir para esa función.

De nada sirve a la función administrativa su encomienda de vigilar .el cumplimiento de las disposiciones electorales si ellos son los agentes principales que se encargan de su incumplimiento.

El espíritu que motiva a esos consejeros en su actividad como funcionarios, es el de definir el sendero político del país, ajustándolo a la legalidad de determinaciones justas en materia política. De ahí la necesidad de quedar excluido del acceso inmediato a cargos de elección popular cuando ha terminado sus funciones; incluso, pudieran aprovecharse de esa circunstancia y capitalizarlo en su carrera política.

Por tal razón, y de manera análoga a la de aquellos encargados de salvaguardar el orden constitucional, y que por su competencia no pueden conocer de asuntos políticos, según los criterios legales y jurisprudenciales mantenidos hasta ahora, los titulares del órgano decisorio en materia electoral, no podrán declinar, sus funciones ante la posibilidad de ocupar cargos de elección popular.

Hasta ahora, algunos de los que anteriormente fueron consejeros del Instituto, han aprovechado su imagen para consolidar una carrera política y enlistarse prontamente en las filas de un partido político para postularse como candidatos a diputados o gobernadores, algunos consiguiéndolo y otros están aún en el camino.

Con la presente iniciativa se pretende evitar estas prácticas, procurando que aquellos que ocupen el cargo de consejeros lo hagan realmente basados en criterios de imparcialidad, objetividad y ante todo, con la cualidad de apartidista, que caracteriza a este grupo para tomar fríamente las resoluciones políticas de trascendencia para el país.

Utilizar. de trampolín político un cargo tan alto y digno que la nación les confiere a esos funcionarios, para preparar el camino a elecciones postreras en las que ellos pretendan ser protagonistas y ocupar nuevos cargos que impliquen necesariamente bandera partidista, además de desacreditarlos como funcionarios, pone en riesgo la competencia honesta y a buena lid que los comicios empiezan a tener, sobre todo cuándo en la vida democrática vigente se empieza: ;a tener una auténtica democracia.

Creemos y estamos firmemente convencidos que de prosperar la presente iniciativa, y que de hecho no hay obstáculo aparente que lo impida, ésta aseguraría en el sistema electoral mexicano una conformación con integrantes capacitados, honestos y que realmente dirijan su actividad profesional hacia el servicio de la nación, y no al de intereses particulares.

Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente

INICIATIVA DE DECRETO

Mediante el cual se reforman el. primer párrafo de la fracción V del artículo 55 y la fracción VI del artículo 82, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se reforman los incisos b, c y d del párrafo primero del artículo 7o., el párrafo primero del artículo 40 y el párrafo primero del artículo 77, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Articulo primero. Se reforman el primer párrafo de la fracción V del artículo 55, y la fracción VI del artículo 82, ambos de la Constitución General de la República, para quedar como sigue:

Artículo 55. . . .

I.a la III. . . .

V. No ser secretario o subsecretario de Estado ni ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejero o secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años en el caso de los :ministros, de los consejeros o del secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Artículo 82. . . .

I a la IIIII. . .

VI. No ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general del departamento administrativo, Procurador General de la República, gobernador de algún Estado ni consejero presidente del Instituto Federal Electoral, a menos de .que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección, en el caso de los primeros y dos años en el caso de los consejeros o del Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y

Artículo segundo. Se reforman los incisos b, c y d del párrafo primero del artículo 7o., el párrafo primero del artículo 40 y el párrafo primero del artículo 77, todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:

Artículo 7o.

1. . . .

a) . . .

b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, salvo que se separe del cargo dos años antes. de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

c) No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

d) No ser consejero presidente o consejero electoral en los consejos general, locales o distritales del instituto, salvo que se separe del cargo dos años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;

e) al f) . . . .

Artículo 40.

1. Un partido político, aportando elementos de prueba, podrá pedir al consejero general del instituto se investiguen las actividades de otros partidos políticos, de una agrupación política o de algún funcionario electoral cuando incumplan sus obligaciones de manera grave o sistemática causándoles o no agravios, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 77 de esta ley.

Artículo 77.

1. El consejero presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del consejo general, durante el período de su encargo, no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de aquellos en que actúen en representación del consejo general y de los que desempeñe en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia, no remunerados, ni tampoco podrán ser registrados como candidatos a cargos de elección popular por partido político alguno, según las disposiciones legales aplicables en la materia.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. Este decreto entrará en al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos; a 25 de marzo del 2002.— Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador, Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado.»

LA C. PRESIDENTA: Esta iniciativa tiene reforma constitucional ¿verdad, diputada? Gracias.

Túrnese a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

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Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 y deroga la fracción VIII del artículo 121, las fracciones XI y XVII del artículo 167 y los párrafos 8 y 10 del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados: los suscritos, diputados de la 58 Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 109 y se deroga la fracción VIII del 121, las fracción XI y XVII del artículo 167 y los párrafos ocho y once del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente exposición de motivos.

Hasta el 31 de diciembre de 2001 la Ley del Impuesto sobre la Renta, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXX del artículo 77, exentaba del pago del impuesto a los ingresos que obtengan por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos y revistas o bien la reproducción en serie de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda: Ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Asimismo, este ordenamiento establecía, con relación a las personas físicas que se dedican a la creación de obras literarias y artísticas, en su artículo 87, que los contribuyentes que obtengan ingresos por concepto de derechos de autor a que se refiere el artículo 141 C de esta Ley, también podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo, en los términos del artículo 86 de la misma un monto equivalente al impuesto que corresponda a ocho salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal, elevado al trimestre, calculando éste como si se tratara del único ingreso del contribuyente en el ejercicio.

Mediante este tipo de mecanismos el gobierno mexicano había venido cubriendo parte de la deuda que tiene con el sector que, pese a las carencias estructurales y falta de apoyo, ha venido contribuyendo a la preservación, difusión, creación y recreación de diversas manifestaciones culturales.

La cultura es la manifestación por excelencia del ser y la conciencia de los pueblos. Todo aquello que trascienda en el tiempo y en el espacio, todo lo perdurable, es cultura. El pensamiento y la acción del hombre adquieren su más alta expresión cuando se da a través del arte.

Ya los aztecas consideraban libres de pago y tributo a los tlacuilos, quienes eran los escritores y cronistas de su tiempo. Como decían, son escribanos de todo lo que ha pasado y lo que pasa porque componen y cantan lo que pasa y lo que creen y saben historias y son sabios en esto y muy tenidos.

Por ello, este grupo de diputados que presentan esta iniciativa reconocen la importancia fundamental que representan las acciones de grupos de artistas y creadores en todas las ramas de la cultura y por eso mismo resalta el compromiso que tenemos todos los mexicanos para fortalecer este aspecto trascendental de nuestra vida pública de mantener vivo todo aquello que nos identifica como nación y que nos individualiza en el mundo: nuestra cultura.

Indudablemente, la creación y preservación y difusión de la cultura en México requiere de apoyos tanto públicos como privados, ya que se trata de mantener vivo todo aquello que nos identifica como nación y que nos individualiza en el mundo. En lugar de ello hemos tenido el infortunio de haber aprobado con demasiada premura una ley que el gobierno concibió con un enfoque meramente recaudatorio antes que con efectos redistributivos de la riqueza, pero sobre todo, con el objetivo primordial de fortalecer la cultura en nuestro país.

Hoy hemos tenido tiempo de corregir dicho error. Debemos de considerar que siendo México un país donde menos del 5 % del producto interno bruto (PIB) se destina a gasto educativo, las carencias se deben suplir con ingenio y creación. Por ello debemos de exentar del ago del Impuesto Sobre la Renta las regalías que reciben los creadores por la explotación de su obra.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el Artículo 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Fracción XXVIII del artículo 109 y se derogue la Fracción VIII del 121, la Fracción XI y la Fracción XVI del artículo 167 y el párrafo ocho y once del Artículo 170 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue:

Artículo 1º.- Se reforma la Fracción XXVIII del Artículo 109 para quedar como sigue: Artículo 109: "Los que se perciben por concepto de derechos de autor, por permitir a terceros el uso o la explotación de obras de las siguientes ramas:

Literatura.

Musical con o sin letra.

Dramática.

Danza.

Pictórica o de dibujo.

Escultórica y de carácter plástico.

Caricatura e historieta.

Cinematografía y demás obras audiovisuales.

Programas de radio y de televisión.

Fotográfica.

Obras de Arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil.

De Compilación, Integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materias constituyan una recreación intelectual y

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas.

Artículo 2º.- Se derogan las siguientes disposiciones: Fracción VIII del Artículo 121, Fracción XI y XVI del Artículo 167 y los párrafos octavo y onceavo, primero, del Artículo 170 para quedar como sigue. Artículo 121de la Fracción I a la Fracción VII y la Fracción VIII, quedan derogadas. Artículo 167, de la I a la X, derogadas, quedan como están; la Xi queda derogada; de la Fracción XII a la XVI, permanecen y la Fracción XVII, queda derogada.

Artículo 170: De la Fracción I a la fracción VII, queda como está, la Fracción VIII queda derogada; de la IX a la X, permanecen; la Fracción XI queda derogada.

Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Firman la presente iniciativa, el diputado José Narro Céspedes, la diputada Rosalía Peredo Aguilar, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, el diputado Juan Carlos Regis Adame, y el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia. Muchas gracias.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.— Presentes.

Los suscritos diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se reforma la fracción VIII del artículo 109; y se derogan la fracción VIII del 121, las fracciones XI y XVII del 167, y los párrafos ocho y once del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Hasta el 31 de diciembre de 2001, la Ley del Impuesto Sobre la Renta, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXX del artículo 77 exentaba del pago del impuesto a los ingresos que "obtengan por permitir a terceros la publicación de obras escritas de su creación en libros, periódicos y revistas, o bien, la reproducción en series de grabaciones de obras musicales de su creación, siempre que los libros, periódicos o revistas, así como los bienes en los que se contengan las grabaciones, se destinen para su enajenación al público por la persona que efectúa los pagos por estos conceptos y siempre que el creador de la obra expida por dichos ingresos el comprobante respectivo que contenga la leyenda ingreso percibido en los términos de la fracción XXX del Artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta".

Asimismo, este ordenamiento establecía, con relación a las personas físicas que se dedican a la creación de obras literarias y artísticas, en su Artículo 87 que "los contribuyentes que obtengan ingresos por concepto de derechos de autor a que se refiere el artículo 141-C de esta ley también podrán acreditar contra el impuesto que resulte a su cargo en los términos del artículo 86 de la misma, un monto equivalente al impuesto que corresponda a 8 salarios mínimos del área geográfica del Distrito Federal elevado al trimestre calculando éste como si se tratara del único ingreso del contribuyente en el ejercicio".

Mediante este tipo de mecanismos, el gobierno mexicano había venido cubriendo parte de la deuda que tiene con el sector que pese a las carencias estructurales y falta de apoyo, ha venido contribuyendo a la preservación, difusión y creación y recreación de diversas manifestaciones culturales.

La cultura es la manifestación por excelencia del ser y la conciencia de los pueblos. Todo aquello que trasciende en el tiempo y en el espacio, todo lo perdurable es cultura. El pensamiento y la acción del hombre adquieren su más alta expresión cuando se da a través del arte. Ya los aztecas consideraban libres de pago y tributo a los tlacuilos, quienes eran los escritores y cronistas de su tiempo porque codicio mendocin "son escribanos de todo lo que ha pasado, y lo que pasa... porque componen y cantan... lo que pasa y lo que creen, y saben historias... y son sabios en esto y muy tenidos".

Por ello el Partido del Trabajo reconoce la importancia fundamental que representan las acciones de grupos de artistas y creadores en todas las ramas de la cultura y por eso mismo, resalta el compromiso que tenemos todos los mexicanos para fortalecer este aspecto trascendental de nuestra vida pública, de mantener vivo todo aquello que nos identifica como nación, y que nos individualiza en el mundo. Nuestra cultura.

Indudablemente, la creación, preservación y difusión de la cultura en México requiere de apoyos tanto públicos como privados, ya que se trata de mantener vivo todo aquello que nos identifica como nación, y que ,nos individualiza en el mundo. En lugar de ello, hemos tenido el infortunio de haber aprobado, con demasiada premura, una ley que el gobierno concibió con un enfoque meramente recaudatorio, ante que con efectos redistributivos de la riqueza.

Hoy estamos en tiempo de corregir dicho error, debemos considerar que siendo México un país en donde menos del 5% del Producto Interno Bruto se destina a gasto educativo, las carencias se deben suplir con ingenio y creación, por ello debemos exentar del pago del Impuesto Sobre la Renta, las regalías que reciben los creadores por la explotación de sus obras.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos poner a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la fracción XXVIII del artículo 109; y se derogan la fracción VIII del 121, las fracciones XI y XVII del 167, y el párrafo ocho y once del artículo 170 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar como sigue:

Articulo primero. Se reforma la fracción XXVIII del Artículo 109, para quedar como sigue:

Artículo 109. . .

XXVIII. Los que se perciban por concepto de derechos de autor, por permitir a terceros el uso o la explotación de obras de las siguientes ramas:

a) Literatura;

b) Musical, con o sin letra;

c) Dramática;

d) Danza;

e) Pictórica o de dibujo;

f) Escultórica y de carácter plástico;

g)Caricatura e historieta;

h) Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

i) Programas de radio y televisión;

j) Fotográfica;

k) Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil;

I) De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una recreación intelectual, y;

m) Las demás obras que por analogía puedan considerase obras literarias o artísticas.

Artículo segundo. Se derogan las siguientes disposiciones, fracción VIII del artículo 121; fracciones XI y XVII del artículo 167 y los párrafos octavo y onceavo primero del artículo 170 para quedar como sigue:

Artículo 121.

I a la VII. . .

VIII derogada.

Artículo 167.

I a la X. . .

XI. Derogada.

XII a la XVI. . .

XVII. Derogada.

Artículo 170.

I a la VII. . .

VIII. Derogado.

IX a la X. . .

XI. Derogado.

ARTICULO TRANSITORIO

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Atentamente.

México, D.F., a 25 de marzo de 2002.— Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo.— Diputados: Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador; José Narro Céspedes, vicecoordinador; Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes Rivera, Rosa Delia Cota Montaño, Félix Castellanos Hernández, Víctor Antonio García Dávila, Juan Carlos Regisl Adame y José Manuel Del Río Virgen.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado Narro. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

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Se pide a la Secretaría dar cuenta del Registro Electrónico de Asistencia e instruir su cierre.

- LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ (PRI): Se informa que hay un registro de 410 diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias.

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Esta Presidencia informa a este honorable pleno que se encuentra entre nosotros el Profesor Doctor Juan Roque Galeano, Presidente del honorable Congreso de la nación de Paraguay.

Al expresarle un saludo fraternal al pueblo de Paraguay, le manifestamos nuestra solidaridad latinoamericana con ese país hermano.

Gracias, ciudadano Legislador.

(Aplausos fuertes)

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Continuando con el desahogo del orden del día, se ofrece el uso de la palabra al diputado Moisés Alcalde Virgen, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus confederaciones y el artículo 16 del Código de Comercio.

- EL C. DIPUTADO MOISÉS ALCALDE VIRGEN (PAN): Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia.

"El suscrito diputado, Moisés Alcalde Virgen, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, y se adiciona una fracción V al artículo 16 del Código de Comercio, bajo la siguiente

" E x p o s i c i ó n d e M o t i v o s

"Uno de los principales fines que el derecho persigue es el de otorgar seguridad y certeza jurídica a la sociedad. Asimismo no por el hecho de establecer los derechos y obligaciones a cargo de cada uno de sus miembros se agota ese fin. Al parejo hay que observar si las cargas impuestas tanto a particulares como a la administración pública no resultan demasiado gravosas, pues lo mismo deviene en la parálisis de los integrantes de esta sociedad.

"En el caso de los particulares se encuentran obligados a cumplir con gran cantidad de trámites para iniciar alguna actividad productiva, tanto a nivel federal, estatal o municipal. Las consecuencias para el Estado y la economía nacional por tal motivo son graves, pues las contribuciones que deja de percibir por los conceptos antes mencionados merman el erario público y acarrean problemas que van desde el crecimiento de la economía informal, la comisión de delitos de orden fiscal, lo cual representa un gasto enorme para el Estado al tener que combatir este tipo de conductas.

"Es necesario entonces que desde todos los ámbitos del gobierno encaucemos las acciones para lograr que tantos números de trámites como los lugares donde se tienen que cumplimentar sean reducidos, a fin de que no constituya un motivo de desaliento para los emprendedores y forjadores de la riqueza en nuestro país.

"Para el grupo parlamentario de Acción Nacional el impulso de políticas integrales, relativas al crecimiento y consolidación del sector empresarial en México ha sido una lucha histórica. Sobre el tema existen grandes retos que afrontar. Uno de ellos es la eliminación de la falta de apoyo al sector empresarial, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes, con énfasis en la empresa media y en la micro y pequeña.

"La importancia del sector sabemos que es vital, ya que representa entre otros fenómenos el incremento de la inversión, la productividad, el empleo y la generación de la riqueza.

"Para tal efecto el apoyo financiero, la formación de capital humano y el marco regulatorio sólido flexible, son herramientas vertebrales sobre las cuales debemos apostar. Y es precisamente sobre este último donde el presente punto, la presente iniciativa busca incidir en forma positiva.

"La situación actual no es mejor que la de hace ya algunos años, más si consideramos un entorno de economía globalizada y en constante competencia. Según datos recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México se encuentra por encima del promedio de países miembros de dicha organización en la llamada clasificación global de la regulación.

"El número promedio de trámites al iniciar un negocio en México es por mucho, por mucho, superior al de nuestros principales socios comerciales. Mientras que en México se requieren en promedio poco más de 100 días para la apertura de un negocio, en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o China, se requieren menos de 10 días. El costo de estos trámites es de los más altos del mundo en México, sin contar el costo derivado del mercado negro, el cual deviene en corrupción.

"Con tal estado de cosas es cada vez más difícil el desarrollo económico del país. Por esta razón comparecemos ante esta Soberanía, para someter a su consideración la presente iniciativa, la cual tiene por objeto transformar el Sistema de Información Empresarial Mexicano, mejor conocido como SIEM, en una ventanilla única de trámites, donde el particular pueda concurrir y que la información proporcionada satisfaga la mayoría de los trámites tanto a nivel federal, estatal y municipal.

"Asimismo, los Programas de Desregulación que en la actualidad se tienen implementados serían más eficaces, ya que al tener identificados en un solo lugar la información de los particulares, se podrían evitar duplicidades e incongruencias.

"Otro de los objetivos colaterales que de aprobarse la presente iniciativa se podrían alcanzar, sería que los programas del Ejecutivo Federal para apoyar a las empresas, tuvieran mejores resultados al ratificar una sola fuente para la obtención de datos segura y confiable.

"Contar con mecanismos que impulsen la modernización del aparato productivo, es prioritario para el desarrollo de nuestro país. Los avances tecnológicos deben convertirse en herramientas útiles que coadyuven a un efectivo fomento y promoción del comercio, de los servicios y de la industria.

"Responsabilidad que los legisladores tenemos, consiste precisamente en hacer en forma periódica, constante, revisiones al marco jurídico donde se desenvuelva esta actividad productiva.

"En este orden de ideas, el SIEM establecido en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, puede resumirse en lo siguiente: ser un instrumento de planeación del Estado, ser un instrumento de información, orientación y consulta para el diseño y aplicación de programas enfocados al establecimiento y operación de las empresas, ser un instrumento de referencia para la eliminación de obstáculos al crecimiento del sector productivo y, finalmente, ser un instrumento para el mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales e industriales.

"Sin embargo, la desregulación y la simplificación administrativa es un proceso dinámico, sujeto al cambio y a las necesidades que continuamente experimenta la empresa nacional, la cual exige sean solucionados aquellos problemas que más le aquejan: la competencia desleal de la economía informal, lo gravoso de los trámites empresariales, la pérdida de tiempo, ingresos y competitividad con el consecuente detrimento de la economía nacional.

"Sabemos que el camino es largo y difícil por recorrer, pero esto no representa más que un reto para superar.

"En este orden de ideas y de manera respetuosa, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal, así como a las entidades federativas y municipios de toda la República, a fin de que sean celebrados convenios de colaboración, a efecto de que las reformas y adiciones de la presente iniciativa que nos ocupa, sean instrumentadas.

"Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente decreto por el que ser reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y se adicione una fracción V al artículo 16 del Código de Comercio".

Dicho decreto solicito a la Secretaría sea inscrito en forma íntegra en el Diario de los Debates.

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

Moisés Alcalde Virgen, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a ésta Soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones y se adiciona una fracción V al artículo 16 del Código de Comercio bajo la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los principales fines que el derecho persigue, es el de otorgar seguridad y certeza jurídica a la sociedad. Asimismo, no por el hecho de establecer los derechos y obligaciones a cargo de cada uno de sus miembros se agota su fin. Al parejo de esto, hay que observar si las cargas que se imponen tanto a los particulares como a la Administración Pública, no resultan demasiado gravosas, pues lo mismo deviene en la parálisis de los integrantes de la sociedad.

En el caso de los particulares, se encuentran obligados a cumplir con una gran cantidad de trámites para iniciar alguna actividad productiva, tanto a nivel federal como estatal y municipal. Las consecuencias para el estado y la economía nacional son graves, pues las contribuciones que deja de percibir por los conceptos antes mencionados, merman el erario público y acarrean problemas que van desde el crecimiento de la economía informal hasta la comisión de delitos del orden fiscal, lo cual representa un gasto para el estado al tener que combatir éste tipo de conductas.

Es necesario que desde todos los ámbitos de gobierno, encaucemos acciones para lograr que tanto el número de trámites, como los lugares en donde tienen que cumplimentarse se reduzcan, a fin de que no constituyan un motivo de desaliento para los emprendedores y forjadores de la riqueza de nuestro país.

Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el impulso de políticas integrales relativas al crecimiento y consolidación del sector empresarial en México ha sido una lucha histórica. Sobre el tema existen grandes retos que enfrentar, uno de ellos es la eliminación de la falta de apoyo al sector empresarial, la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las ya existentes, con énfasis en la empresa media y apoyo a las micro y pequeñas. La importancia del sector es vital; ya que representa entre otros fenómenos, el incremento en la inversión, la productividad, el empleo y la generación de riqueza. Para tal efecto, el apoyo financiero, la formación de capital humano y el marco regulatorio sólido y flexible son las herramientas vertebrales sobre las cuales debemos apostar. Es precisamente, sobre este último punto donde la presente iniciativa busca incidir en forma positiva.

La situación actual no es mejor que la de hace algunos años, más si consideramos el entorno de una economía globalizada y en constante competencia. Según datos recientes de la organización para la cooperación y el desarrollo económicos, México se encuentra por encima del promedio de países miembros de dicha organización en la llamada "Clasificación Global de Regulación". El número promedio de trámites para iniciar un negocio en México, es por mucho superior al de nuestros principales socios comerciales. Mientras que en México se requiere en promedio poco más de cien días para la apertura de un negocio, en países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido o China se requieren menos de 10 días. El costo de estos trámites es en México de los más altos en el mundo, sin contar el costo derivado del "mercado negro de trámites" que genera corrupción. Con tal estado de cosas, es cada vez más difícil el desarrollo económico y empresarial del país, situándonos en una clara posición de desventaja con respecto a otras economías del mundo.

Por esta razón, comparecemos ante ésta Soberanía para someter a su consideración la presente iniciativa, la cual tiene por objeto transformar al Sistema de Información Empresarial Mexicano, mejor conocido como SIEM, en una ventanilla única de trámites donde el particular pueda concurrir y que la información que proporcione satisfaga la mayoría de los trámites que tanto la Federación como las entidades federativas y municipios exigen para iniciar un negocio. Asimismo, los programas de desregulación que en la actualidad se tienen implementados serían eficaces en mayor medida, ya que al tener identificados en un sólo lugar la información de los particulares, se podrán evitar duplicidades e incongruencias. Otro de los objetivos colaterales que de aprobarse la presente iniciativa se podrían alcanzar, sería que los programas del Ejecutivo Federal para apoyar a las empresas tuvieran mejores resultados, al ratificar una sola fuente para la obtención de datos segura y confiable.

Contar con mecanismos que impulsen la modernización del aparato productivo nacional es prioritario para el desarrollo de nuestro país. Los avances tecnológicos deben convertirse en herramientas útiles que coadyuven a un efectivo fomento y promoción del comercio, de los servicios y de la industria. La responsabilidad que el legislador tiene a su cargo, consiste precisamente en hacer de manera periódica y constante, revisiones al marco jurídico donde se desenvuelve la actividad productiva, a fin de adecuarlo a la realidad.

En éste orden de ideas, el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM), establecido en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones puede resumirse en lo siguiente:

• Instrumento de planeación del estado;

• Instrumento de información, orientación y consulta para el diseño y aplicación de programas enfocados principalmente al establecimiento y operación de las empresas;

• Instrumento de referencia para la eliminación de obstáculos al crecimiento del sector productivo y finalmente;

• Instrumento para el mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales e industrial.

Sin embargo, la desregulación y simplificación administrativa es un proceso dinámico, sujeto al cambio y alas necesidades que continuamente experimenta la empresa nacional, la cual exige se solucionen aquellos problemas que más le aquejan, a saber, la competencia desleal de la economía informal y lo gravoso de los trámites empresariales que suponen para ellas, la pérdida de tiempo, ingresos y competitividad, con el consecuente detrimento de la economía nacional.

El camino es largo y difícil por recorrer, pero esto no representa más que un reto que habrá de superarse. En este orcen de ideas y de manera respetuosa, hacemos un llamado al Ejecutivo Federal así como a las entidades federativas y municipios de toda la República, a fin de que se celebren los convenios de colaboración a efecto de que las reformas y adiciones propuestas en la iniciativa que nos ocupa sean instrumentadas.

Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente:

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones y se adiciona una fracción V al artículo 16 del Código de Comercio.

Primero. Se reforma la fracción II del artículo 2o., se adiciona la fracción VI del artículo 6o., se reforman los artículos 27, 28 y 29 y se adicionan los artículos 31.bis, 31 ter, 31 quater, 31 quinques, 35-bis y 35 ter de la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por.

1. Secretaría: la Secretaría de Economía;

Artículo 6o. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones y facultades:

VI. Determinar el monto máximo de las tarifas que las cámaras podrán cobrar por concepto de alta y actualización en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, escuchando la opinión de las cámaras y confederaciones. El monto de las tarifas que cubran las empresas por dicho concepto, será deducible de impuestos federales conforme a la legislación aplicable.

Artículo 27. Se establece el Sistema de Información Empresarial Mexicano a cargo de la Secretaría, como un instrumento de planeación del Estado; de información, orientación y consulta para el diseño y aplicación de programas enfocados principalmente al establecimiento y operación de las empresas; de referencia para la eliminación de obstáculos al crecimiento del sector productivo; de simplificación y cumplimiento de trámites empresariales, exigibles por las entidades y dependencias del Ejecutivo Federal e inscritos en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y por las dependencias estatales y municipales en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebre la Secretaría con éstas y en general, para el mejor desempeño y promoción de las actividades comerciales e industriales.

La captación de la información y operación de dicho sistema son de interés público.

Artículo 28. Las empresas deberán proporcionar al Sistema de Información Empresarial Mexicano dentro de los primeros treinta días de cada año, la información actualizada a que se refiere el articulo siguiente, en atención a la ubicación de cada establecimiento, a la actividad, giro y región correspondientes. Las empresas de nueva creación deberán proporcionar dicha información dentro de los dos siguientes meses a la fecha de su constitución.

Cuando una empresa cese parcial o totalmente en sus actividades o cambie su giro o su domicilio, deberá manifestarlo así al sistema, en un plazo de 30 días contados a partir de la fecha en que estos hechos se produzcan. Igual obligación existirá en los casos de fusión, transformación o escisión de sociedades.

El alta y la actualización en el sistema tendrán una vigencia que abarcará desde la fecha en que la empresa hubiere sido dada de alta o sus datos actualizados, hasta el 31 de diciembre de cada año.

La Secretaría cuidará, que los pagos por concepto del alta y actualización de los datos en el sistema, sean proporcionales de acuerdo a la fecha en que se lleve a cabo el trámite.

Artículo 29. La información que determine la Secretaría y que deberá proporcionarse al Sistema de Información Empresarial Mexicano, será aquella necesaria para estar en aptitud de corroborar el cumplimiento de la legislación y normatividad federal y en su caso la estatal y municipal, en caso de que así se prevea en los convenios de colaboración correspondientes, así como aquella necesaria para identificar las características de las empresas que participen en la actividad económica del país, a fin de conocer su oferta, demanda de bienes y servicios y procesos productivos en que intervienen.

Dicha información se proporcionará bajo protesta de decir verdad y hará prueba ante la autoridad administrativa o fiscal, en juicio o fuera de el y se presentará en los formatos que establezca la Secretaría, los cuales serán publicados en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo 31-bis. Al sistema deberán inscribirse todas las unidades económicas, empresas y establecimientos industriales, comerciales, de servicios, organizaciones, sociedades y asociaciones civiles que estén afiliadas a su respectiva cámara.

Artículo 31 ter. En la integración del Sistema de Información Empresarial Mexicano, podrán participar en forma conjunta con la Secretaría, representantes de las dependencias y entidades de la Administración Pública tanto Federal como local y municipal, en términos de los respectivos convenios de colaboración que se celebren al efecto, que operen registros de unidades económicas, empresas o establecimientos, así como representantes de las cámaras nacionales de industria y de comercio. La organización de este sistema se establecerá en las normas que para tal efecto expida la Secretaría.

Artículo 31 quater. La Secretaría asignará un número de identificación a cada unidad, empresa, establecimiento, sociedad o institución inscritas, dentro de un plazo que no excederá de treinta días, contados a partir de la lecha del ingreso de la información en el sistema, para lo cual les entregará, por cualquier medio que deje constancia de su recepción, una cédula en donde aparezca el número que les corresponda, nombre, razón social, denominación, domicilio y actividad principal, entre otros datos de identificación.

La rectificación, en su caso, de los datos asentados en la cédula de inscripción, se efectuará en la forma y términos que establezca el Reglamento del sistema.

Artículo 31 quinqués. Las dependencias y entidades requerirán a las unidades, empresas, establecimientos, sociedades o instituciones, la presentación de la correspondiente cédula de inscripción en el sistema, con motivo de la realización de cual de cualquier trámite.

Artículo 35 bis. Cometen infracciones a lo dispuesto por ésta ley, quienes en calidad de informantes:

I. No proporcionen datos, informes o presenten documentos cuando deban hacerlo, dentro del plazo que se les hubiere señalado;

II. Suministren datos falsos, incompletos o incongruentes;

III. Se opongan a las visitas de los censores durante el levantamiento censal o de cualquier otra entidad o dependencia facultada para corroborar la información que tenga relación con el ámbito de su competencia;

IV. Participen deliberadamente en actos y omisiones que entorpezcan el desarrollo del levantamiento censal o de los procesos de generación de información estadística y geográfica; y

V. Omitan inscribirse en los registros establecidos por esta ley o no proporcionen la información que por estos les sea requerida.

Artículo 35 ter. La comisión de cualesquiera de las infracciones a que se refiere el artículo anterior, dará lugar a que la Secretaría aplique sanciones administrativas, que consistirán en multa desde una hasta setecientas 50 veces el salario mínimo.

En la imposición de éstas sanciones, previa audiencia del interesado, la Secretaría tomará en cuenta la importancia de la infracción, las condiciones del infractor y la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las disposiciones de ésta ley.

Segundo. Se adiciona una fracción V al artículo 16 del Código de Comercio, para quedar como sigue:

Artículo 16. Todos los comerciantes, por el hecho de serlo, están obligados:

V. A inscribirse en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, debiendo renovar anualmente la información que hayan proporcionado a dicho sistema, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones.

El ingreso de datos en el sistema produce la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, 1la inscripción en el Registro Público de Comercio, 2así como la solventación de todos los avisos exigibles por la legislación federal y por la legislación local aplicable, en los términos de los convenios de colaboración que al efecto celebre la Secretaría de Economía con las autoridades estatales o municipales competentes.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 25 de marzo de 2002.— Rúbrica.»

1 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá expedir la cédula de identificación fiscal a partir de la información proporcionada al sistema.

2 El Registro Público de Comercio deberá expedir el folio a partir de la información proporcionada al sistema por las empresas.

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

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Tiene la palabra la diputada María Cristina Moctezuma Lule, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Ley Federal de Derechos para el Control en el Uso y Aprovechamiento del Agua.

-LA C. DIPUTADA MARIA MOCTEZUMA LULE.- Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras Legisladores. A nivel internacional se clasifica a los países en cuanto a disponibilidad de agua en alta, mediana, baja y muy baja. Aquellos países con más de 10 mil m3 de agua por habitante por año, son considerados como países con alta disponibilidad.

Entre las naciones en estas circunstancias se encuentran Canadá, Brasil y Argentina. Aquellos países que cuentan con una disponibilidad de 1000 m3 por habitante al año o menos, son considerados como países con muy baja disponibilidad , entre estos se encuentran Egipto e Israel, entre otros

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en México hace 50 años la disponibilidad promedio de agua por habitante por año era de 11 mil 500 m3 lo que nos ubica a nivel internacional entre loa países con alta disponibilidad.

Actualmente la disponibilidad nacional promedio es baja de alrededor de 4 mil 900 m3 por habitante por año aunque en algunas regiones del país dicha disponibilidad es muy baja, de alrededor de 1000 m3 por habitante al año, lo que hace que dichas zonas en nuestro país tengan una disponibilidad de agua similar a la de Egipto.

Asimismo se debe considerar que la mayor parte de la población y de la actividad económica del país se concentra en zonas con baja disponibilidad de agua, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua el 70% de la población misma que genera el 84% del Producto Interno Bruto se ubica en las regiones del país en donde se presentan sólo el 28% de la precipitación..

En estas regiones se ubican las 35 ciudades más importantes del país, en los últimos años además se han presentado en el país como en todo el mundo, graves sequías y falta de agua así como altos grados de contaminación , tanto en las aguas superficiales como de los mantos acuíferos.

Con relación al agua, nos enfrentamos ahora a un problema que amenaza a la propia seguridad nacional, ¿a qué se debe la dramática caída en la disponibilidad en agua en nuestro país?.

Una de las principales causas se encuentra en la brutal deforestación del territorio nacional. De acuerdo con las propias autoridades de la SEMARNAP la mayor parte del territorio mexicano tiene vocación forestal; sin embargo desde el propio gobierno durante décadas se ha venido impulsando un modelo agropecuario que no corresponde a la realidad biológica y geográfica del país y que afecta gravemente los eco sistemas y el hábitat de numerosas especies.

Existe con respecto al campo, un verdadero círculo vicioso que es imperativo revertir; por una parte, la producción agrícola y pecuaria constituye el factor que mayor presión ha ejercido sobre los eco sistemas locales, el crecimiento de la frontera agropecuaria en nuestro país además de deforestar y de afectar preciosos ecosistemas, muchos de ellos únicos en el mundo, ha significado una menor captación de agua superficial y de infiltración y recarga de los mantos acuíferos subterráneos, así como una pérdida por evaporación de agua ya que no existe una capa vegetal que retenga el vital líquido, así como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el creciente uso de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes.

Por otra parte, el modelo de producción agrícola impulsado en nuestro país es altamente ineficiente en cuanto a la forma en que se usa el agua, De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el sector agrícola es el principal usuario del país, alrededor del 80% del agua, en el país es consumido por el sector agropecuario, de acuerdo también con la Comisión Nacional del Agua, más del 55% del agua se desperdicia en el campo debido a técnicas ineficientes de riego combinado con el hecho de contar con una exención de pago de derechos de agua, por lo que no por lo que no existe incentivo alguno por parte de los productores agrícolas para el ahorro del agua.

Lo anterior ha sido reconocido por el legislador al declarar como causa de utilidad pública en la Ley de Aguas Nacionales, en el artículo 7º fracción IV y V, el restablecimiento del equilibrio hidrológico para el destino de uso doméstico y la construcción de plantas de tratamiento de agua residual para el uso de las mismas.

Sin embargo, en la realidad e independientemente de que la Comisión Nacional del Agua ha promovido inexistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento de aguas residuales para uso industrial y agrícola y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existe en la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas.

Por su parte, los estados y municipios del país así como los particulares, se oponen al uso de agua residual tratada ya sea porque alegan que dejan de percibir ingresos por el uso de agua potable que ellos distribuyen o porque tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de las aguas residuales tratadas.

A pesar de que el uso de aguas residuales tratadas es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra ya que como estos sectores cuentan con gran disponibilidad de líquido y en el caso del sector agrícola se obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e inclusive desperdiciar el agua potable en lugar de utilizar aguas tratadas. Las aguas grises y aún las aguas negras tratadas, pueden utilizarse tanto en la industria como en la agricultura para sus procesos productivos sin causar problema alguno.

La escasez del agua en nuestro país demanda que se discriminen en los usos que se le dan al líquido a efecto de que logre una mayor eficiencia social en su utilización. Además, al estar exento el sector agrícola del pago de derechos por agua, además de fomentarse el desperdicio de cada vez más el escaso líquido, se inhibe la innovación tecnológica para mejorar los sistemas de riego.

¡Para qué esforzarse si el agua es gratis! Sin embargo, la infraestructura hidráulica no es gratuita, la nación destina cada vez más recursos en este rubro; el supuesto beneficio que reciben los campesinos al estar exentos al pago de derechos por agua resulta en una carga fiscal para todos los mexicanos, incluidos los propios campesinos.

Este supuesto apoyo para el sector agropecuario, únicamente fomenta el desperdicio de agua por lo que la política de derechos en este sentido así como el resto de la política agropecuaria debe revisarse.

Con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas que atentan en contra de los recursos de todos los mexicanos, se somete a consideración las siguientes propuestas de reforma y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales y a la Ley Federal de Derechos.

Por lo anterior expuesto, sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se adicionan los artículos 7-A y 41-A a la Ley de Aguas Nacionales y se adiciona un último párrafo al artículo 224 de la Ley Federal de Derechos.

Firman al calce los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y hago entrega a la Secretaría, de la presente iniciativa.

Muchas gracias.

Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.— Presente.

Bernardo De la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo- González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken; Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Vverde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Recursos Hidráulicos, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa:

EXPOSICION DE MOTIVOS

A nivel internacional se clasifica a los países en cuanto a disponibilidad de agua, en alta, mediana, baja y muy baja. Aquellos países con más de 10 mil metros cúbicos de agua por habitante por año, son considerados como países con alta disponibilidad. Entre las naciones en estas circunstancias se encuentran Canadá, Brasil y Argentina.

Aquellos países que cuentan con una disponibilidad de 1 mil metros cúbicos por habitante al año, o menos, son considerados como países con muy baja disponibilidad, entre estos se encuentran Egipto, Israel entre otros.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, en México hace 50 años, la disponibilidad promedio de agua por habitante por .año era de 11,500 metros cúbicos, lo que nos ubicaba a nivel Internacional entre los países con alta disponibilidad.

Actualmente, la disponibilidad nacional promedio es baja, de alrededor de 4 mil 900 metros cúbicos por habitante por año, aunque en algunas regiones del país dicha disponibilidad es muy baja, de alrededor de 1,000 metros cúbicos por habitante al año, lo que hace que dichas zonas en nuestro país tengan una disponibilidad de agua similar a la de Egipto.

Asimismo, se debe considerar que la mayor parte de la población y de la actividad económica del país; se concentra en zonas con baja disponibilidad de agua. De acuerdo con la CNA; el 77% de la población, misma que genera el 84% del Producto Interno Bruto, se ubica en las regiones del país en donde se presenta sólo el 28% de la precipitación. En estas regiones se ubican las 35 ciudades más importantes del país.

En los últimos años además, se han presentado en el país, como en todo el mundo, graves sequías y falta de agua, así como altos grados de contaminación, tanto en las aguas superficiales como de los mantos acuíferos. Con relación al agua, nos enfrentamos ahora a un problema que amenaza la propia seguridad nacional.

¿A que se debe la dramática caída en la disponibilidad de agua en nuestro país?

Una de las principales causas se encuentra en la brutal deforestación del territorio nacional. De acuerdo con las propias autoridades de la Semarnat, la mayor parte del territorio Mexicano tiene vocación forestal. Sin embargo, desde el propio gobierno, durante décadas se ha venido impulsando un modeló agropecuario que no corresponde a la realidad biológica y geográfica del país, y que afecta gravemente los ecosistemas y el hábitat de numerosas especies.

Existe, con respecto al campo, un verdadero círculo vicioso que es imperativo .revertir. Por una parte, la producción agrícola y pecuaria constituye el factor que mayor presión ha ejercido sobre los ecosistemas locales.

El crecimiento de la frontera agropecuaria en nuestro país, además de deforestar y de afectar preciosos ecosistemas, muchos de ellos únicos en el mundo, ha significado una menor captación de agua superficial y de infiltración y recarga de los mantos acuíferos subterráneos, así como una pérdida por evaporación de agua, ya que no existe una capa vegetal que retenga el vital líquido, así como la contaminación de aguas superficiales y subterráneas por el creciente uso de agroquímicos, pesticidas y fertilizantes.

Por otra parte, el modelo de producción agrícola impulsado en nuestro país es altamente ineficiente en cuanto a la forma en que usa el agua. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, el sector agrícola es e1 principal usuario del país. Alrededor del 80°/o del agua en el país es consumida por el sector agropecuario. De acuerdo también con la Comisión Nacional del Agua, más del 55% del agua se desperdicia en el campo debido a técnicas ineficientes de riego, combinado con el hecho de contar con una exención al pago de derechos por agua, por lo que no existe incentivo alguno por parte de los productores agrícolas para el ahorro de agua.

Lo anterior ha sido reconocido por el legislador, al declarar como causa de utilidad pública en la Ley de Aguas Nacionales (LAN) en el artículo 7o., fracciones IV y V, el restablecimiento del equilibrio hidrológico para el destino de uso doméstico y la construcción de plantas de tratamiento de agua residual, para el rehuso de las mismas.

Sin embargo, en la realidad; e independientemente de que la Comisión Nacional del Agua (CNA) ha promovido insistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento dé agua residual para uso industrial y agrícola, y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existen en -la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas.

Por su parte, los estados y municipios del país, así como los particulares se oponen u obstaculizan el uso de agua residual tratada, ya sea porque alegan que dejan de percibir ingresos por el uso del agua potable que ellos distribuyen, o por que tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de ART.

A pesar de qué el uso de aguas residuales tratadas (ART) es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra, ya que como esos sectores cuentan con gran disponibilidad del líquido, y en el caso del sector agrícola se le obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e inclusive, desperdiciar el agua potable, en lugar de utilizar aguas tratadas.

Las aguas grises, y aún las aguas negras tratadas pueden utilizarse tanto en la industria como en la agricultura para sus procesos productivos sin causar problema alguno.

La escasez del agua en nuestro país, demanda que se discrimine en los usos que se le dan al líquido, a efecto de lograr una mayor eficiencia social en su utilización.

Además, al estar exento el sector agrícola del pago de derechos por agua, además de fomentarse el desperdicio del cada vez más escaso líquido, se inhibe la innovación tecnológica para mejorar los sistemas de riego. ¿Para qué esforzarse si el agua es gratis?

Sin embargo, la infraestructura hidráulica no es gratuita. La nación destina cada vez más recursos en este rubro., El supuesto beneficio que reciben los campesinos al estar exentos al pago de derechos por agua, resulta en una carga fiscal para todos los mexicanos, incluidos los propios campesinos. Este supuesto apoyo para el sector agropecuario únicamente fomenta el desperdicio de agua, por lo que la política de derechos en este sentido, así como el resto de la política agropecuaria debe revisarse.

Con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas que atentan en contra de los recursos de todos los mexicanos, se someten a consideración las siguientes propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales LAN y a la Ley Federal de Derechos.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de

DECRETO

Mediante el cual se adicionan los artículos 7-A y 41-A a la Ley de Aguas Nacionales, y se adiciona un último párrafo al artículo 224 de la Ley Federal de Derechos.

Artículo primero. Se adicionan los artículos 7o.-A y 41-A a la Ley de Aguas Nacionales

Artículo 7o.-A. La Federación, estados y municipios, establecerán en su normatividad como obligatorio el uso de agua residual tratada para aquellos consumidores que,,en la región en que se encuentran ubicados, cuenten con una fuente alterna de suministro a través de plantas de tratamiento de aguas residuales que tengan la capacidad de suministrar agua tratada.

La presente Ley considera como prioridad nacional y utilidad pública el usó del agua potable para consumo humano, por lo cual la Federación, Estados y Municipios se obligan a coordinarse y realizar todas las, acciones necesarias para lograr dicho fin, a través de la promoción entre industriales y agricultores del uso de agua residual tratada, por lo que concederán todas las facilidades necesarias para la construcción, mantenimiento y operación de plantas de tratamiento de, aguas residuales y para la comercialización de agua residual tratada, así como para la construcción, operación y mantenimiento de las redes de distribución que sean necesarias.

En caso de incumplimiento, la Federación podrá disminuir proporcionalmente la asignación de agua del Estado o Municipio que no cumpla con lo mencionado en el párrafo que antecede.

Artículo 41-A. En el caso de que los estados o municipios pretendan la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales en las zonas en donde el Ejecutivo Federal reglamente o decrete su veda, requerirán autorización previa de La Comisión, la cual para otorgarla deberá realizar un estudio en el que se demuestre que dicho estado o municipio no pueda sustituir el volumen que se pretende extraer de la zona de veda mediante la reutilización del agua residual tratada.

Artículo segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 224 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue:

Artículo 224. . .

Las personas físicas o morales que estén exentas en los términos del presente-. artículo, o que tengan derecho a un descuento o beneficio concedido por la presente ley, o algún decreto u acto de autoridad, tendrán derecho a dicha exención, beneficio o descuento, siempre, y cuando el aprovechamiento de aguas nacionales con que cuentan no se encuentre en una zona de veda declarada por la comisión, o que no tengan una fuente alterna de suministro a través de plantas de tratamiento de aguas residuales que cuenten con la capacidad de suministrar agua tratada para su uso.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. Este decreto entrará en al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Palacio Legislativo de San Lázaro, del honorable Congreso de la Unión a 25 de marzo del 2002.— Bermardo De la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Tersa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabet Spezia Maldonado.

LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada.

----- TÚRNESE A LAS COMISIONES DE RECURSOS HIDRAÚLICOS Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y SOLICÍTESE OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE.

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El siguiente punto del orden del día, es el dictamen a discusión con proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, publicado en su oportunidad en la Gaceta Parlamentaria.

«Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.— Poder Legislativo Federal.— Cámara de Diputados.— LVIII Legislatura.— Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, relativas al Premio Nacional de Periodismo y de Información, enviada por el Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, el 23 de noviembre del 2001.

Los integrantes de esta Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, con fundamento en las facultades que nos confieren los artículos 39, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 60, 65, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el presente dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1. El 27 de noviembre de 2001, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la iniciativa que nos ocupa a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente.

2. El 13 de diciembre de 2001 y el 6 de marzo de 2002, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se reunió para abocarse al análisis y discusión de la iniciativa en cuestión.

3. Se menciona en la exposición de motivos de la iniciativa, entre otros argumentos, que "En la construcción y el desarrollo de nuestras instituciones, los medios de comunicación han desempeñado un papel decisivo que los convierte en factor irremplazable en el proceso de democratización nacional."

"Desde 1979, el Estado mexicano promueve el reconocimiento a la actividad periodística, otorgando anualmente el Premio Nacional de Periodismo y de Información, mediante el cual se valora el esfuerzo, el talento y la capacidad de los miembros más destacados del gremio periodístico. Reconocer y distinguir a los creadores de los mensajes más logrados en el periodismo nacional, constituye un proceso evolutivo que ha servido para establecer referencias de calidad en los medios informativos."

Sin embargo, señala el iniciador, el proceso de transición política y el cambio que vive el país hace pertinente proponer que se derogue las disposiciones jurídicas relativas a este premio.

Siguiendo a la exposición de motivos se desprende que la evolución de nuestras instituciones políticas, así como el mayor desenvolvimiento de los actores sociales, deben marcar una relación diferente del gobierno con los medios de comunicación, caracterizada por el más amplio respeto a la libertad de expresión y el cuidado irrestricto por el respeto a su independencia. Es parte de la conciencia social que la libertad de expresión y de prensa son instrumentos para lograr la gobernabilidad auténticamente democrática.

Continúa señalando la exposición de motivos que "La experiencia que ha tenido nuestro país en el fomento de la participación de la sociedad en asuntos en que ésta es corresponsable ha tenido resultados favorables. Es el momento de vivir en plenitud el principio de subsidiariedad, entendiendo la madurez política de la sociedad para tomar a su cargo el reconocimiento a quien se ha distinguido por su esfuerzo a favor de la libertad de expresión y de la función social que conlleva la objetividad, la veracidad y la oportunidad de la labor informativa".

A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública que suscriben el presente dictamen, exponemos las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primero. Para los dictaminadores, las actividades de periodismo e información merecen todo el respeto y reconocimiento como las demás actividades que se desempeñan como forma de trabajo o función profesional, reconocen que dicha labor contribuye a consolidar nuestro sistema democrático al difundir e informar respecto a los diversos temas del acontecer nacional.

Segundo. La Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles tiene por objeto, artículo 1o. "determinar las normas que regulan el reconocimiento público que haga el Estado, de aquellas personas que por su conducta, actos u obras, merezcan los premios, estímulos o recompensas" que la misma ley establece. A su vez el artículo 6o. enumera los diversos premios nacionales que se otorgan, correspondiendo la fracción V, al de periodismo y de información.

El artículo 60 establece que el premio nacional de periodismo es para los trabajos impresos y de información en los siguientes campos:

I. Noticias;

II. Fotografías o filmes;

III. Reportajes, crónicas o entrevistas;

IV. Artículos de fondo o comentarios;

V. Caricaturas, portadas o cartones y

VI. Publicaciones o programas de divulgación cultural.

Los dictaminadores encuentran procedente eliminar estas disposiciones jurídicas que fundamentan que el Estado mexicano, a través del Ejecutivo Federal, otorgue el premio antes mencionado, en los diversos campos en que se ha venido entregando, por lo que se está de acuerdo en derogar la fracción V del artículo 6o., así como los artículos 60 al 68 de la citada ley, que se refieren a los campos en que se entrega el Premio Nacional de Periodismo y de Información, el procedimiento para la convocatoria al premio, de la integración y facultades del correspondiente consejo de premiación, así como el tipo de premios que habrán de otorgarse y la fecha de entrega del mismo.

Tercero. Los diputados que suscribimos el presente dictamen consideramos que la derogación de los artículos antes mencionados tiene como finalidad única retirar la intervención del Estado, en el plano legislativo y ejecutivo, en un ámbito de la actividad profesional como es el periodismo a efecto de que la sociedad organice sus propios sistemas de reconocimiento en cuanto a procedimientos, los tiempos y criterios para llevar a cabo la decisión; siguiendo el principio general de derecho de que los particulares pueden hacer todo lo que no les esté prohibido por las leyes y la autoridad únicamente puede realizar aquello que expresamente le está permitido.

Esta dictaminadora coincide con el iniciador en que el premio otorgado a periodistas e informadores debe tener como propósito principal reconocer y distinguir a los profesionales de ambas ramas de la comunicación, mediante una valoración honesta, responsable e imparcial de las cualidades de los trabajos creados por ellos.

El premio deberá tener no sólo el propósito de reconocer el esfuerzo, el talento y la capacidad de los miembros más destacados del gremio periodístico. Una acertada premiación, no sólo en la designación del ganador, sino de todo el proceso en su conjunto, debe producir efectos positivos tanto en quienes resultan premiados como en sus compañeros de profesión; para los primeros, el premio se debe traducir en una mayor responsabilidad frente a la sociedad a la que sirven, frente a los demás periodistas e informadores y también frente a las fuentes y los medios de información; para los segundos, el quehacer periodístico reconocido y su autor, son ejemplos a seguir para participar con los demás miembros del gremio en la competencia por ser mejores.

Analizada la Iniciativa en cuestión, esta comisión que dictamina considera procedente la misma, no obstante que no se coincide con algunas afirmaciones contenidas en la exposición de motivos, sí esta de acuerdo con el fondo de la propuesta, que es eliminar de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles al Premio Nacional de Periodismo y de Información.

Por las razones anteriores, la comisión dictaminadora somete a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Único. Se deroga la fracción V del artículo 6o., así como los artículos 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68, que integran el Capítulo IX, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, para quedar como sigue:

Artículo 6. . .

I a la IV. . .

V. Se deroga.

VI a la XI. . .

Artículo 60. Se deroga.

Artículo 61. Se deroga.

Artículo 62. Se deroga.

Artículo 63. Se deroga.

Artículo 64. Se deroga.

Artículo 65. Se deroga.

Artículo 66. Se deroga.

Artículo 67. Se deroga.

Artículo 68. Se deroga.

ARTICULO TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados. — Congreso de la Unión.— México, D.F., a 19 de marzo de 2002.— Diputados: Armando Salinas Torre, presidente; José A. Hernández Fraguas, Víctor M. Gandarilla Carrasco, J. Guillermo Llamas y Luis Miguel G. Barbosa Huerta, secretarios; Manuel Añorve Baños, José Francisco Blake Mora, Tomás Coronado Olmos, Omar Fayad Meneses, Arturo Escobar y Vega, Federico Granja Ricalde, Lorenzo Rafael Hernández Estrada, Efrén Nicolás Leyva Acevedo, Miguel Angel Martínez Cruz, Rodrigo David Mireles Pérez, José Narro Céspedes, Ricardo Francisco García Cervantes, Ricardo A. Ocampo Fernández, Fernando Ortiz Arana, Germán Arturo Pellegrini Pérez, José Jesús Reyna García, María Teresa Gómez Mont y Uueta, Eduardo Rivera Pérez, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, César Augusto Santiago Ramírez, David Augusto Sotelo Rosas, Ricardo Torres Origel, Jaime Vázquez Castillo, Néstor Villarreal Castro y Roberto Zavala Echavarría.»

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

-LA C. PRESIDENTA: Se dispensa la lectura.

Con objeto de fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra al diputado Armando Salinas, por la Comisión.

-EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia, diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados.

En nombre de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito sustentar ante ustedes las consideraciones para la formulación del dictamen que en este momento se somete a esta honorable asamblea.

En fecha 27 de noviembre del 2001 la mesa directiva de esta Cámara de Diputados turnó a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, la iniciativa de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de ley de premios, estímulos y recompensas civiles relativas al Premio Nacional de Periodismo y de Información, enviada por el señor Presidente de la República el 23 de noviembre del mismo año.

El 13 de diciembre del 2001 y 19 de marzo del 2002 se reunieron los integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para abocarse al análisis y discusión de la citada iniciativa.

En el proyecto de dictamen que hoy se presenta se reunieron las opiniones y observaciones que al respecto tuvieron a bien realizar los grupos parlamentarios a fin de conseguir el consenso necesario para su elaboración.

Se analizó y discutió el contenido de la iniciativa referida, así como la viabilidad de la derogación de los artículos relativos al Premio Nacional de Periodismo y de Información.

Quiero ser enfático en que no fue un asunto menor al seno de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Hubo momentos deliberativos, argumentativos en el sentido de que no compartían algunos legisladores el contenido de la exposición de motivos de la referida iniciativa; es decir, nos convencieron a la gran mayoría de no entrar, ni con tomar en cuenta los calificativos que para el ponente de la iniciativa podía haber tenido la elaboración y la entrega, como si e tratara de algún modo de quitar mérito a quienes en el pasado habían sido objeto de tal reconocimiento en cualquiera de sus facetas. Este reconocimiento lo hago a los diputados integrantes de partidos distintos al mío a la hora de decir que si bien es cierto compartíamos el contenido del proyecto de decreto, que era la derogación en lo conducente de esta ley, del Premio Nacional de Periodismo y de Información, no teníamos porqué compartir necesariamente la exposición de motivos.

Es así que quedó claramente establecido que para los dictaminadores, las actividades de periodismo e información merecen todo el respeto y reconocimiento, al igual que las demás actividades que se desempeñan como forma de trabajo o función profesional.

Consideramos que dicha labor contribuye a consolidar nuestro sistema democrático al difundir e informar respecto a los diversos temas del acontecer nacional.

La evolución de nuestras instituciones políticas, así como el mayor desenvolvimiento de los actores sociales deben marcar una relación del gobierno con los medios de comunicación, caracterizada por el más amplio respeto a la libertad de expresión y el cuidado irrestricto por el respeto a su independencia, labor y argumentos de todos y cada uno quienes suscribimos este dictamen.

Es parte de la conciencia nacional que la libertad de expresión y de prensa son instrumentos para lograr la gobernabilidad auténticamente democrática y los momentos que el país vive dan muestra de ello.

Quienes suscribimos el presente dictamen consideramos que la derogación de los artículos en cuestión tienen como finalidad única retirar la intervención del estado en la ley y el Ejecutivo en un ámbito de la actividad profesional, como es el periodismo, a efecto de que la sociedad organice sus propios sistemas de reconocimiento en cuanto a procedimientos, tiempos y criterios para llevar a cabo la decisión.

Muchos otros gremios, muchos otros sectores de la sociedad se organizan sin más límite que lo que como profesionales les da darse un reconocimiento entre quienes en verdad conocen de ello. La virtud de esto es quitar la intervención del Gobierno para designar un jurado y para otorgar dicho premio en cualquiera de las múltiples facetas en las que se entrega.

Los dictaminadores encuentran, encontramos procedentes eliminar el fundamento legal del citado premio, por lo que se está de acuerdo con derogar la fracción V del artículo 6º, así como los artículos 60 al 68 de la citada ley, que se refieren a los campos en que se entrega el Premio Nacional de Periodismo y de Información, el procedimiento para la convocatoria del premio, de la integración y facultades del correspondiente consejo de premiación, así como el tipo de premios que habrán de otorgarse y la fecha de entrega del mismo.

Por estas razones y con el consenso de sus miembros, votado el dictamen en la comisión por unanimidad, características con que hemos venido trabajando en la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se somete a su consideración el dictamen que nos ocupa.

Por su atención, muchas gracias compañeras diputadas, compañeros diputados.

Es cuanto, diputada Presidenta.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

Se pregunta a los ciudadanos diputados si algún compañero diputado quiere intervenir en la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

En virtud de que no hay el registro, consulte la Secretaría a la asamblea si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA PRESIDENTA: Suficientemente discutido.

Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico hasta por diez minutos, para proceder a la votación del proyecto de decreto.

EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(votación)

EL MISMO SECRETARIO: 383 votos en pro, 5 en contra y una abstención.

LA PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 383 votos.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

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Pasamos al capítulo de excitativas.

Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública.

- EL DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Con su permiso diputada Presidenta.

Compañeros diputados, compañeras diputadas:

Antes de iniciar mi lectura quisiera brevemente dar unas palabras a donde, precisamente, nuestro grupo parlamentario del PRD condena el servilismo del Canciller Castañeda hacia el gobierno de Estados Unidos y demanda su remoción inmediata. (aplausos)

A continuación daré lectura de la excitativa para que se dictamine la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al Código Federal de Instituciones y procedimientos electorales.

En la última sesión de la semana pasada compañeros legisladores de las diferentes fracciones parlamentaria presentaron una serie de iniciativas encaminadas a reformar al Estado y que tienen que ver con modificaciones a la Constitución.

Durante la presentación de las iniciativas se escucharon diferentes exposición de motivos como éstas:

1.- En estos días se habla mucho de transición, de equilibrio de poderes, de renacimiento del Legislativo, pero este Congreso de la Unión sigue funcionando con los viejos esquemas. Por eso, se percibe y se siente que algo no se ajusta a la nueva realidad, la gente ve que las cosas todavía no funcionan plenamente en el nuevo orden democrático que se va extendiendo en el país.

2. – El presidencialismo no puede ser restaurado y esto no tiene que ver con las bases éticas o ideológicas, sino también con el funcionamiento de la misma. El Ejecutivo ya no puede decidirlo todo, el Congreso tiene ahora una responsabilidad mayor frente a la sociedad y frente a sí mismo.

3.- Que la Reforma del Estado no estará completa sin las reformas en materia económica y social.

4.- Con el rezago actual que viven las instituciones políticas creemos que el tiempo ha llegado para abordar directamente las estructuras que habían sostenido el viejo régimen para determinar de una vez por todas las bases institucionales de lo que debe ser un país en el que la justicia y la legalidad sean el motor para un desarrollo incluyente y democrático.

5.- La soberanía es la fuente del poder que reside en el pueblo fundamentado en la libertad y en la igualdad mediante un gobierno representativo.

6. El Estado cuenta con tres niveles de gobierno que cuentan a su vez con un sistema de representación y la organización de procesos mediante los cuales se hace efectivo la delegación popular.

7.- La consolidación de las instituciones democráticas reclaman la redefinición de normas constitucionales acorde con los preceptos previamente integrados con el fin de hacer efectiva su función delimitando y defendiendo ámbitos y competencias, atribuciones y facultades.

Como escucharon las exposiciones de motivos traen consigo una gran carga del pensamiento republicano y liberal y refleja una gran voluntad por parte del Legislativo de sacar adelante todas aquellas iniciativas que vayan encaminadas a la Reforma del Estado y que ésta a su vez contribuya al desarrollo social, económico, político de las y los mexicanos.

Por eso y con el mismo ánimo que mis compañeros legisladores presentan sus iniciativas, quiero recordarles que el día 6 de septiembre del año pasado presenté ante esta soberanía popular una iniciativa de ley que tiene que ver con los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero y en particular con el voto de los connacionales residentes en el exterior del país cuya resolución se hace necesaria para desembocar en la consolidación del cambio democrático en el sistema de gobierno de México al cual está unido un sistema representativo.

La iniciativa que expuse se encamina a defender y garantizar el pleno ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos, donde quiera que se encuentren, la finalidad de la ley es que se reconozca su estado y sus derechos, a ser parte activa en la vida pública del país para que sean actores verdaderos de las transformaciones del país y no sean meros espectadores de lo que aquí acontece.

Desde donde se encuentran ellos han contribuido con la nación significativamente, en proveerle al país de una gran gama de recursos, sobre todo económicos. Los derechos políticos forman parte de esa gama de necesidades que requieren los connacionales.

Ellos, allá se encuentran indefensos, desprotegidos, sin oídos que los escuche, sin ojos que los vea, sin gobierno que los salvaguarde.

Si queremos avanzar en un sistema de representación, en donde sea éste el que realmente represente los intereses de todos los mexicanos, no podemos dejar fuera a ninguno de ellos, el dejar sin el derecho de votar en el extranjero a los compatriotas, significaría que el sistema representativo no quiere asumir ningún compromiso ni responsabilidad alguna ante la sociedad, tanto los que se encuentran al interior como al exterior de nuestras fronteras.

También expresé en aquella ocasión, que con la iniciativa se propone hacer una reforma al texto constitucional, con la intención de que el máximo ordenamiento legal de nuestro sistema y que rige todos los actos del acontecer nacional, se reconozca de una vez por todas, el derecho a votar de los ciudadanos mexicanos, que se encuentran por circunstancias ajenas a su voluntad en otros países.

Para esto se tendrá que adicionar un segundo párrafo en la fracción I del artículo 35 de nuestra Carta Magna.

2.- Propone una adición en el artículo 41 Constitucional, el objetivo principal consiste en establecer dentro del párrafo décimo del citado precepto la facultad que asumiría el Instituto Federal Electoral IFE, para que en coordinación con la autoridad correspondiente, garanticen el derecho al voto de los ciudadanos mexicanos, que se encuentran en el extranjero.

Esta reforma promoverá la colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la autoridad administrativa, en este caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la finalidad de que se establezcan los mecanismos que faciliten el ejercicio de voto de los mexicanos en el extranjero.

3.- Como nuestra Constitución Política es un ordenamiento jurídico heteroaplicativo, depende de la existencia de una ley secundaria, que establezca la regulación e implementación de los principios y derechos estipulados en nuestra máxima ley.

Es por eso que se propone al mismo tiempo una serie de reformas al texto del Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales.

Sabemos muy bien que en todas las esferas de la política nacional, este tema causa mucha polémica, en cuanto a quién o quiénes, serán los impulsores de tal iniciativa.

Quisiera con esto invitar a todos los legisladores de las diferentes fracciones a que avancemos con este tema, anteponiendo los intereses de los ciudadanos mexicanos, toda vez que ha transcurrido el período a que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que haya emitido hasta la fecha ningún dictamen ni pronunciamiento alguno por parte de las Comisiones encargadas.

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 fracción 15 y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta presidencia, tenga a bien formular excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constituciones y de Gobernación y de Seguridad Pública, para que se de el siguiente dictamen. Agradezco de antemano a todos los compañeros y compañeras. Gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, se formule excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y Seguridad Pública, para que emitan el dictamen correspondiente en referencia a la intervención del ciudadano diputado.

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Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos.

EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO.- Con el permiso de la Presidencia.

Efectivamente, quizá como lo ha expuesto el diputado Acosta Salazar, el tema central del debate en esta tribuna el día de hoy, no sería recordarle invitar a algunas comisiones que cumplan con su cometido de dictaminar iniciativas que los diputados o diputadas formulan, seguramente habría que tocar desde esta tribuna algo que tiene que ver con los principios fundamentales que han regido y deben regir la política exterior de México.

Dejo a manera de prólogo de la excitativa que formulo, esta reflexión con el interés seguramente de escuchar con mayor profundidad el tema relativo.

Señora Presidenta, hago uso de la palabra para solicitarle excite, invite, motive a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad de que emitan el dictamen que se estime procedente con relación a una iniciativa que un servidor ha formulado ante el pleno de la Comisión Permanente en el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional.

Me limito a recordar de que el tema que aborda esta iniciativa de reformas y adiciones, tiene que ver con un asunto que el día de hoy se está tocando en el marco de la propuesta de la reforma del Estado; tiene que ver con la redistribución, con la forma de cómo se reparte la competencia en materia de administración de justicia.

En este país, desde 1824, en los estados de la República existían tribunales autónomos distintos del Poder Judicial de la Federación, con definitividad de sus resoluciones.

No puede pensarse que el Estado Nacional, que las entidades federativas o que los municipios puedan avanzar a niveles de convivencia, de mayor desarrollo y de mayor armonía, si no se invierte en la justicia. El derecho, las normas jurídicas deben ser conducto para aspirar a una justicia en este país.

Reitero, el propósito de la iniciativa por una parte contempla que a nivel de la Constitución Federal, se contemple la obligación del Estado para otorgar presupuesto a los Poderes Judiciales de los estados; no puede haber un Poder Judicial autónomo, sino en la medida en que disponga también de una autonomía presupuestaria y de un presupuesto suficiente. Esa es la primera propuesta: adicionar el tercer párrafo en su última parte del artículo 17 de la Constitución Federal.

Por otra parte sabemos, promovemos e impulsamos, cuando menos ha sido una postura del Partido de la Revolución Democrática, que el Poder Judicial de la Federación debe contar con un presupuesto mínimo que garantice no sólo la operación, sino que influya en su autonomía. En repetidas ocasiones este tema ha sido abordado.

En días recientes, en la propia tribuna se proponía que debe integrarse al Poder Judicial de la Federación, tribunales de otra índole distinta a la función jurisdiccional o de control que realiza el Poder Judicial Federal; hablo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, de la Junta Federal de Conciliación Arbitraje, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, del Tribunal Agrario. Para tocar estos temas, tenemos con toda honestidad que decirlo, hay que abordar el tema presupuestario.

La reforma constitucional que planteó, tiene que ver con el instituir en este país tribunales de casación o tribunales de última instancia o de legalidad en los estados. No para todos el tema resulta conocido y a lo mejor atractivo, pero las resoluciones, con independencia de su cuantía, todas de los tribunales judiciales de este país pueden de manera definitiva concluir hasta con el juicio de amparo, es decir, son impugnables.

En procedimientos solemnes, cargados de escritura, tardíos, contrarios a los principios que consagra el 17 de la Constitución Federal ¿por qué no? para descargar al Poder Judicial Federal, para que se ocupe de la función de controlar la Constitución, que bien lo hace hay que decirlo, crear tribunales locales que conozcan de aquellos asuntos que por su cuantía no sean quizás relevantes o trascendentes. Pero lo que sí es trascendente, que tenemos una justicia lenta, retardada, que no crea para nadie certidumbre o seguridad.

¿Por qué no en aquel asunto de naturaleza penal en donde se impone la pena de prisión por 6 meses y se conmuta por 10 pesos, que la conozca de modo definitivo, un tribunal local?

A eso se refiere la iniciativa en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, de que no tenga la parte litigante necesariamente que ir al Poder Judicial de la Federación, por la vía del amparo directo para modificar un asunto cuya determinación pueda ser precisada. Obviamente para ello sería preciso no solamente la reforma constitucional, la reforma a la Ley de Amparo y las disposiciones que se concatenen con la propuesta.

Finalmente dejar la reflexión de que no será posible un Poder Judicial Federal Autónomo, si en las otras capas donde se administra justicia no son autónomas.

De cada cien conductas delictivas en este país que se registran, seguramente no más de dos o tres, son del orden federal, 97 son de orden común, de la competencia de los tribunales estatales; y de esa diferencia de 97 seguramente 40, sino el 50% se inscriben en la competencia de los tribunales municipales ¿cuál es la propuesta para cambiar en este país el concepto de la administración de justicia?

Le pido ciudadana presidenta, externe a las Comisiones de Puntos Constitucionales, de Justicia y Derechos Humanos, para que como ocurre en este país con el tema de la justicia, si no se dictamina a favor, que cuando menos se dictamine. Muchas gracias.

-PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, para que emitan el dictamen correspondiente.

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Esta presidencia informa al Honorable Pleno, que hemos recibido solicitud para tratar un tema adicional que en su momento procesaremos en la mesa directiva. Entre tanto, en virtud de que el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se posponga la presentación sobre por el problema agrario en el Municipio de Santa María Ocotán, en el capítulo de proposiciones, se pospone para una próxima sesión y se le ofrece el uso de la palabra al diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Procuraduría General de la República que ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del abogado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en el estado de Chihuahua.

EL C. DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ TORRES: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: hace aproximadamente tres meses estuvo en este recinto un joven abogado de 29 años, el licenciado Mario César Escobedo Anaya, con el propósito de solicitar la intervención de algunos diputados para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera en un asunto relacionado con la violación a garantías individuales y a los derechos de dos presuntos responsables acusados del homicidio en contra de 8 mujeres en Ciudad Juárez.

El licenciado Mario Escobedo representaba a uno de los dos presuntos responsables y, a partir de que se hizo cargo de ese asunto, empezó a recibir amenazas para que dejara de participar en la defensa de uno de ellos. Estas amenazas las hizo públicas el 1º. de febrero del año curso. Públicamente, en el periódico Norte de Ciudad Juárez; para ser precisos ahí salieron públicamente señaladas las amenazas de que fue objeto el licenciado.

Cuatro días después, el 5 de febrero, día en que conmemoramos la Independencia, a las nueve y media de la noche, fue objeto de una persecución por parte de 6 elementos efectivos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua y un comandante. Empezaron a dispararle; solicitó, por medio del celular, el apoyo a su padre. Al ir conduciendo con una sola mano el vehículo a más de 100 kilómetros de velocidad por calles y avenidas, fue obligado a impactarse contra un muro de concreto. Ahí, en ese lugar, con fracturas en ambas piernas, en el pecho, etcétera, conmocionado, ahí recibió un tiro en la parte posterior del cráneo a manos de uno de los mismos agentes de la policía judicial del estado de Chihuahua.

Por esta razón los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos B y D del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitarle a la Procuraduría General de la República que ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del licenciado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, al tenor de los siguientes antecedentes:

La noche del pasado 5 de febrero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el licenciado Mario César Escobedo Anaya fue privado de la vida por una herida de bala que sufrió en la parte posterior del cráneo, resultado de diversos disparos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado que lo perseguían al ser, según los agentes, presuntamente confundido con Federico Estrada Estrada, fugitivo desde el día 7 de noviembre del año pasado, acusado de haber asesinado a un agente de la Judicial y a un elemento de la Policía Federal Preventiva.

Desde el día en que acontecieron estos lamentables hechos hasta la fecha no se ha logrado establecer a ciencia cierta, dentro de la averiguación previa instaurada para tal efecto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la actuación de los agentes judiciales involucrados en dicho suceso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar ocurridas el día en donde, por presunto error, fue asesinado el licenciado Escobedo.

Así también no se han precisado de manera concreta las principales líneas de investigación y el motivo de la portación y utilización de armas de fuego reservadas para el Ejército por parte de los policías judiciales que participaron en dicha persecución.

Cabe señalar que las armas fueron exhibidas en la misma averiguación y son las mismas con las que se le quitó la vida al citado extinto.

En tal sentido no podemos dejar pasar desapercibidos hechos como los ocurridos, dado que además no se trata de hechos aislados, sino de una situación que cada día es más frecuente en Ciudad Juárez, misma que contribuye a un estado generalizado de inseguridad en la población y desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado.

Por tal motivo dadas las características que presenta este asesinato, en donde se encuentran involucrados policías judiciales estatales, así como por tornarse procedente la facultad de atracción por el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, se considera pertinente la intervención de autoridades federales en la investigación de los hechos que causaron la muerte del licenciado Escobedo.

En el mismo orden de ideas es importante mencionar que no existe impedimento alguno para que la PGR atraiga el caso, dado que se actualizan todos los supuestos del Artículo 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales

Por lo anteriormente expuesto los abajo firmantes presentamos el siguiente Punto de Acuerdo:

UNICO.- Se sirva solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de la República que de conformidad con el párrafo segundo de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ejercite la atracción de la averiguación previa en número 3405-02-0503.

Atentamente, diputado federal Carlos Borunda Zaragoza, diputada María Eugenia Galván Antillón, diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, diputado Manuel Narváez Narváez, diputado Abelardo Escobar Prieto, diputado Francisco Jurado Contreras, diputado César Reyes Roel, diputado Luis Villegas Montes, y diputado David Rodríguez Torres.

Señora Presidenta: Solicito que se inserte en el Diario de los Debates íntegro el documento y que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

-LA C. PRESIDENTA: Así se hará, señor diputado. Insértese íntegro y túrnese a la Comisión de Justicia y derechos Humanos.

- EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): A la Mesa, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: ¿Con qué objeto, señor diputado?

EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Para suplicarle con los siguientes oradores se otorgue exactamente el mismo tiempo que el diputado, que se excedió en más de cinco minutos.

LA C. PRESIDENTA: Bien, señor diputado.

LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA: ¿Con qué objeto, diputada Aragón?

LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON (Desde su curul): Para hechos.

LA C. PRESIDENTA: Por cinco minutos, la diputada Hortensia Aragón.

LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Gracias, señora Presidenta.

Compañeras diputadas; compañeros diputados: En 1993 se inició la desaparición sistemática de mujeres en Ciudad Juárez, pareciendo en su lugar cadáveres con claras muestras de tortura y violencia sexual.

Hasta hoy se contabilizan más de 270 homicidios y se encuentran desaparecidas más de 400 mujeres y niñas.

Una alta comisionada, una relatora especial, ambas de la ONU, un presunto autor intelectual, el egipcio Sharif Sharif, once presuntos cómplices pertenecientes a dos bandas: "Los Rebeldes" y "Los Ruteros", dos gobiernos estatales de diferencias procedencias partidistas, cinco fiscales especiales en el estado, miles de expresiones de la sociedad civil, cientos de declaraciones y pronunciamientos de autoridades, políticos y gobernantes, la orden directa del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Vicente Fox Quesada, para investigar a fondo los hechos y hacer uso de todos los medios necesarios y posibles, varias recomendaciones de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, diversas comisiones especiales públicas y privadas abocadas a investigaciones paralelas que coaduyuven a los trabajos de esclarecimiento de estos crímenes y ningún responsable, ningún resultado definitivo que termine con esta cadena infame de abuso y discriminación.

La actuación de la Procuraduría de Justicia del estado y de la federación, así como la Secretaría de Seguridad Pública del estado se encuentran plagadas de indolencia, ineptitud, discriminación y hechos como los que acaba de denunciar el diputado David Rodríguez. ¡Así nos lo dijeron a los integrantes de la Comisión Especial en Ciudad Juárez y así lo informamos aquí en diciembre pasado!

Cuestionable por demás es el hecho de que la Comisión Especial creada al seno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para dar seguimiento exhaustivo a las investigaciones de las autoridades, tendientes a este esclarecimiento de los crímenes, no cuente aún con una resolución que dicte sobre su mesa directiva, a pesar de que varios de sus integrantes lo han solicitado y yo misma he enviado a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación oficio apremiando se resuelva sobre la necesidad de este asunto.

Para detener estos crímenes se necesita voluntad y esta Cámara al no formalizar esta comisión que fue creada, expresa la misma indolencia que hemos denunciado de las demás autoridades.

En el sentido de lo que acaba de expresar el diputado Rodríguez, quiero decir que nos sumamos al punto de acuerdo en el cual solicita la investigación, el esclarecimiento de estos crímenes y la vinculación que tiene con los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez. Y al mismo tiempo planteamos que asuma -desde esta tribuna, la Junta de Coordinación su obligación para dictaminar un acuerdo que le dé a la Comisión Especial creada en diciembre- la mesa directiva que le permita continuar con sus trabajos, porque de manera contraria estaremos cayendo en lo que aquí en diferentes ocasiones y diferentes diputados hemos venido a denunciar: indolencia en este caso también por parte de esta Cámara de Diputados.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, Diputada.

Esta Presidencia retoma el planteamiento de la diputada Hortensia Aragón Castillo y le solicita atentamente a la diputada Hortensia Aragón y a las diputadas y diputados interesados en ese tema, que en la sesión de mañana presenten una excitativa, a efecto de que esta Presidencia pueda acordar una fecha determinada para la integración respectiva. Y le solicita atentamente al pleno, dado que la solicitud para hechos está vinculada con la temática de la intervención anterior, le pregunta al diputado César Duarte Jaquez si su intervención para hechos está ligada con la presentación del diputado David Rodríguez Torres. De no ser así, le ruega atentamente al diputado César Duarte valore la pertinencia de su intervención.

Consulto con el diputado Duarte.

- EL C. DIPUTADO CESAR DUARTE JAQUEZ (PRI Desde su curul): Exclusivamente vinculado con ese punto, Presidenta.

Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado César Duarte Jaquez.

-DIP. CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ: Gracias Presidenta.

Antes que nada yo quisiera recordarle al diputado Rodríguez, que el día 5 de febrero se conmemora la Constitución, no la Independencia.

Efectivamente, en Ciudad Juárez el 5 de febrero se llevó a cabo un asesinato, en el que falleció el abogado Mario César Escobedo Anaya. Este asunto levantó demasiada polémica ante la inseguridad, al ser un asesinato más de muchos que han ocurrido en Ciudad Juárez por mucho tiempo.

Ciudad Juárez, el Estado de Chihuahua, ante la circunstancia del 11 de septiembre, dejó de ser el flujo del narcotráfico y se ha convertido en un retén, en un retén que ha venido escandalizando y poniendo a la sociedad en general en un conflicto permanente.

Este asunto en particular del abogado Escobedo está turnado ante un juzgado, hay detenidos y está por darse en sí el juicio ante las autoridades pertinentes. Sin embargo, me sumo al Punto de Acuerdo y que añadiera el diputado Rodríguez el que la PGR auxiliara a las autoridades estatales en muchos otros asuntos en donde no hay detenidos, en muchos otros asuntos en los que el narcotráfico y la inseguridad han sido manifiestos en el Estado y que por muchos años de administraciones de Acción Nacional; debemos recordar que por más de 9 años ininterrumpidos Acción Nacional gobernó Ciudad Juárez; y esto no ha generado las mejores condiciones, sino todo lo contrario.

Yo creo que este punto debemos apoyarlo, pero este asunto en particular no puede ser manejado de esta forma, puesto que ya está ante un juzgado.

Por otra parte, la PGR no ha manifestado ningún interés de apoyo al Estado, pues solamente hay 80 elementos y ante la inseguridad de estos temas que he mencionado no ha habido acciones fundamentales para resolver la inseguridad en la frontera.

Muchas gracias.

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

Ya se había dado el turno de este asunto a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

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El Grupo Parlamentario del PRD, ha solicitado se posponga para una próxima sesión el Punto de Acuerdo relativo al establecimiento de tarifas eléctricas preferenciales para los pueblos indígenas del país.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Tiene la palabra la diputada Celia Martínez Bárcenas, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para impulsar la comercialización de las artesanías mexicanas.

-DIP. CELIA MARTINEZ BARCENAS: Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros Legisladores: La cada vez más creciente globalización del mundo ha obligado a rediseñar los proyectos de desarrollo de las naciones, a fin de instrumentar programas que permitan rescatar y mantener aquellos elementos que distinguen y significan a cada país dentro de la acción universalizadora de mercados y políticas.

En este sentido, en México es urgente voltear los ojos a aquellas muestras autóctonas que nos significan, una de ellas es sin duda alguna la actividad desarrollada por el amplio sector artesanal, que experimenta diversos retos que deben afrontarse bajo el esquema de un proyecto integral que les permita, por una parte, mejorar sus ancestrales sistemas de producción y, por la otra, mayores expectativas de desarrollo y consecuentemente un mejor estándar de vida.

En tal virtud, es urgente que los legisladores brindemos a esta actividad mayor atención, a fin de permitir su pleno desarrollo, tomando en cuenta que las atrasadas condiciones de trabajo en que se efectúa y las difíciles circunstancias en que se encuentran los artesanos de nuestro país, considero que es el momento adecuado para instrumentar mediante una acción protectora de esta actividad, herramientas que permitan apoyar la actividad artesanal y con ella mejorar las condiciones de bienestar de quienes hacen de ella su actividad cotidiana.

Actualmente, no obstante los múltiples programas implantados por un sinnúmero de instituciones que presumiblemente participan en este ámbito, el problema fundamental radica en que nuestros artesanos se ven en la penosa necesidad de vender lo que producen a su real saber y entender, regularmente a través de precios ínfimos, a intermediarios que con alevosía y ventaja realizan la compra de la gran variedad artesanal producida con gran esfuerzo y dedicación, a precios que en la mayoría de los casos apenas cubren el material utilizado y no reditúan ni tiempo ni creatividad para luego comercializarlos en centros turísticos nacionales o en mercados internacionales a precios elevados. Que si bien refleja la capacidad creadora de los artesanos mexicanos, son estos precisamente quienes no reciben beneficio alguno de estas pingues ganancias manteniéndolos en estado de auténtica postración ante el pulpo comercializador.

A lo anterior, debe agregarse el poco o nulo apoyo del sector crediticio privado u oficial que salvo honrosas excepciones, brinda apoyo a este sector. En este contexto es indiscutible señalar que uno de los factores que posibilita el desarrollo de cualquier empresa, gran o pequeña, es sin duda alguna el contar con recursos frescos que puedan obtenerse con facilidad y pagarse con comodidad, lo que ha sido prácticamente nugatorio para nuestros artesanos.

Finalmente debe señalarse que la artesanía es patrimonio cultural de los mexicanos y que en consecuencia debemos reservar sobre todo cuando estos productos se generan de manera original en comunidades de pueblos indígenas o urbanos, enclavados en diferentes regiones del país donde en muchas ocasiones este es el único medio de manutención de familias enteras.

Por ello se hace necesario la instrumentación de un programa especial que reglamente tanto la comercialización de artesanías como la preservación de las formas y medios con que estas se producen, a fin de permitir mayor márgenes de ganancia para nuestros artesanos cubriéndose costos de materias primas pero también el redituar su esfuerzo , tiempo y talento, a la vez que la originalidad de formas y expresiones autóctonas de tradición.

En este sentido y por las razones aludidas en el cuerpo de este documento, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento por el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición para que se implemente un programa especial urgente por parte del Gobierno Federal a través de los gobiernos estatales para la creación de una comercializadora de artesanías en cada entidad federativa, manejada por los propios artesanos contando con la asesoría técnica y el apoyo que se requiera, para obtener los permisos de exportación. Dicha comercializadora tendrá los siguientes servicios: definir el mercado ideal para los productos con la realización de los estudios pertinentes; tramitar los permisos necesarios para cubrir los requerimientos de los gobiernos mexicano y extranjero, como lo referente a cupos arancelarios, aduanas, agentes aduanales, almacenes, etc. ; definir los canales de distribución adecuados para el producto en el mercado elegido; realizar las negociaciones correspondientes para asegurar la introducción del producto en el mercado meta y asegurar el resurtido; apoyar en la selección de campañas publicitarias y monitorear la promoción elegidal

Le solicito Diputada Presidenta un minuto más para cumplir mi intervención. Muchas gracias.

Diseñar las mejores estrategias de penetración en cadenas de supermercados, tiendas departamentales, mercados institucionales y demás detallistas; desarrollar la logística exportación del producto, recepción de orden de pedido, selección de medios de transporte competitivo, empaque y embalaje del producto adecuado al mercado y etiquetado , seguro, desarrollo de cotización y selección del método de cobro.

Obtener los apoyos gubernamentales a los que se tiene derecho para la exportación, como la participación en Expos y Ferias internacionales , desarrollo de Seminarios, etc.; promover el desarrollo de alianzas estratégicas cuando el caso lo requiera.

En resumen, ayudar a; elegir el cliente, el mercado y el canal de distribución adecuado, de acuerdo a las necesidades de su producto lo que le ahorrará tiempo y dinero.

Por lo antes expuesto y fundado, solicito respetuosamente a esta honorable Presidencia, que el presente punto de acuerdo sea turnado a la Comisión de Cultura, así como a la Subcomisión (sic) de Artesanías para su estudio y aprobación, en su caso, el cual se encuentra firmado por los siguientes diputados integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD, PAN, PT, Verde Ecologista, PSN, Convergencia Democrática.

Muchas gracias por su atención. ( aplausos )

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. Túrnese a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

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Tiene la palabra el diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar la intervención de las autoridades federales competentes para resolver el problema cañero en el Estado de Veracruz.

- EL C. DIP. SERGIO VACA BETANCOURT: Gracias. Con su autorización, diputada Presidenta.

Frecuentemente se ha hablado en esta tribuna sobre las malas condiciones que prevalecen en la agro industria de la caña de azúcar, asunto de interés nacional especialmente importante en m tierra, el Estado de Veracruz. De esa situación añeja y lamentable, aprovechando la no aplicación del impuesto de la alta fructuosa –asunto que no vengo a defender- se pretende hacer responsable al presidente Vicente Fox, deformando la verdad.

El azúcar mexicana no se vende en el mercado internacional porque su costo de producción es muy elevado y esto no es culpa del presidente Fox sino del amafiamiento entre los dueños y administradores de los ingenios, inclusive los expropiados (sic) con los líderes de los productores de caña.

Aprovechándose de la necesidad y también de la ignorancia de los campesinos, dirigentes de estos en complicidad con los administradores y superintendentes de muchos ingenios, los obligan a firmar contratos en blanco –yo los he visto-; a utilizar fertilizantes caros que no sirven; les cargan a precios inflados gastos de cosecha, de administración, de reparación de caminos secundarios, alquiler de cosechadoras, etc., y peor aún, les prestan dinero al interés de usura del 5% mensual.

Los agricultores veracruzanos dedicados a esta rama, que son miles y que decidieron ya no tolerar ser estafados, se salieron de la CNC y de la CNPR; hoy, hoy, a exigencia de estas organizaciones, no se les permite entregar sus cosechas y cobrar lo que justamente con mucho sudor y trabajo se han ganado.

En este momento, en cuatro ingenios de Veracruz ubicados en Cardel, Córdoba, Jilotepec y Pánuco, a petición de dirigentes de la CNC y de la CNPR, a los campesinos independientes no se les recibe su caña, que ya se está secando en los sembradíos y disminuye su rendimiento.

Los diputados federales de todos los partidos, porque aquí no importan las siglas políticas, no podemos ignorar lo que está ocurriendo, no podemos permitir que haya agricultores de caña de azúcar de primera y de segunda clase, no podemos permanecer impasibles ante ese inequitativo trato, por eso presento un punto de acuerdo –que no voy a leer, el tiempo se ha ido- donde propongo que solicitemos su inmediata intervención al señor Javier Usabiaga, titular de SAGARPA, para que ordene a quien corresponda que de inmediato se cumplan los contratos firmados, aunque no estén en esas organizaciones obreras, les reciban sus cosechas y les paguen lo que corresponda.

Muchas gracias.

. LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.

Tiene la palabra para hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Herviz.

-EL C. DIPUTADO ARTURO HERVIZ REYES: Con su venia, señora Presidenta.

Parto del hecho que comparto el planteamiento del diputado Vaca. Efectivamente tenemos graves problemas en el sector azucarero, conocido por todos, aquí lo hemos debatido intensamente. Pero en lugar de andar proponiendo ver a Usabiaga que a veces no compone nada, lo que tenemos que hacer, aquí los diputados, es impulsar la Ley de la Agroindustria de la Caña de Azúcar que está en comisión; eso es lo que tenemos que sacar, una ley que hable de la libre asociación, que hable del crédito directo y suficiente al campo. De otra manera seguimos en el mismo vicio, sigue el mismo decreto, es corporativo el decreto, habla del reconocimiento, expresa solamente el reconocimiento a la CNC y a la CNPR, vetando el derecho de asociación signado en el artículo Octavo Constitucional, ese decreto es anticonstitucional ya.

Por eso hemos insistido que impulsemos todas las acciones en esta Cámara, la Ley de la Agroindustria de la caña de azúcar y con eso podemos destrabar todo lo que está en el campo, es cierto, los contratos se firman en blanco, ha sido toda la vida eso, yo lo conozco porque soy cañero, a lo mejor el diputado Vaca no lo conoce en ese sentido, es nuevo para él eso, pero es una tradición que no le sirve al productor y que es un contrato que sujeta al productor a lo que determina el dirigente cañero, tiene razón ahí el compañero Vaca y estoy de acuerdo en ese sentido.

Por eso empujemos el trabajo en las comisiones y saquemos la nueva ley y con eso acabamos con el corporativismo, le damos certeza al campo cañero con crédito suficiente, oportuno y barato y podremos sacar delante la situación, desde luego, con toda la crisis que tenemos y la diferida al impuesto del 20% que nos deja muy mal parados y con los excedentes de más de 600 mil toneladas de azúcar, el sector cañero no va a salir adelante tan fácilmente, no vamos viento en popa, como se dice por ahí, de algunos dirigentes de la CNC lamentablemente no, la situación es muy compleja.

Yo dejo ahí mi intervención y exhorto a los compañeros del PAN, del PRI; de todas las fracciones para que impulsemos esa Ley Cañera que está ahí en comisión y que está ahí agendada para este mes de abril. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

El diputado José Soto Martínez pidió la palabra para hechos, hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ: Con su permiso, diputada Presidenta.

Compañeras diputadas, diputados;

Amigos de los medios de comunicación:

Es a veces muy fácil venir, tomar esta tribuna y hablar de lo que no se sabe.

Con todo respeto, el diputado a lo mejor es muy buen abogado, pero lo malo es que ahora quiere ser líder, quiere ser dirigente y para eso se requieren otras cosas.

El habla de que los dirigentes se ponen de acuerdo con los administradores para así hablando como se dice, para robar a los productores. Lo que pasa es que a nuestro diputado en el Ingenio de Zapotita (¿), ahora Fomento Azucarero del Golfo, él quiso meter una caña que no está programada y ése es el resultado de no saber cómo se maneja el sector cañero. Y le quiero decir, lástima que cinco minutos es muy poco para ilustrar un poco de cómo se lleva a cabo una programación de una zafra.

Hay un comité de producción cañera que es también donde se firman los contratos y los contratos los firma el productor y los firma el ingenio y los dirigentes de las organizaciones y es un contrato ley que está impreso en el Decreto Cañero. La zafra se programa y se determina la cantidad de cortadores de caña, la cantidad de maquinaria y también se van muestreando las cañas y como van dando la madurez es como se cosechan y no como quisieron ellos cosechar su caña, nada más porque ellos quisieron quemaron la caña, la cortaron y quisieron meterla al ingenio.

También le quiero recordar al diputado –lástima que se salió- que en el Ingenio El Modelo y La Gloria lo corrieron los productores, y si fuera así que los productores están inconformes con sus dirigentes ya se hubieran ido a hacer otras organizaciones y no como ellos quieren, que con el 2 por ciento de los productores se haga una organización. Es probable que los junten, pero si es con el 20 por ciento de productores para hacer una local y una nación, no hay ningún problema; hay que aprobar la ley. Pero sí yo le rogaría al diputado que se documente bien sobre los asuntos cañeros.

Yo le quiero decir que sí sé cómo se siembra la caña, yo fui cortador de caña. Ahora soy licenciado en contabilidad, pero porque estudié, a los 38 años me recibí como contador. Conozco perfectamente cómo se cultiva la caña y conozco los problemas cañeros, los conocemos y los estamos resolviendo junto con los dirigentes nacionales. El diputado Francisco Castro González y nuestro amigo Blancayer (¿) hemos estado donde debemos de estar resolviendo los problemas. Ya se salió lo del incremento al precio de la caña y yo creo que en lugar de andar haciendo esos movimientos baratos debemos de resolver de fondo los problemas, porque sí hay problemas, y hay problemas graves en la industria azucarera, que afortunadamente poco a poco hemos visto que se han ido resolviendo. Eso es lo que debemos hacer.

Hace falta financiamiento al campo, es cierto. Hace falta que le den avío a nuestros compañeros productores, hace falta que realmente haya un ordenamiento en el mercado interno para que el azúcar se venda como debe de venderse y es falso que nosotros nos pongamos de acuerdo con los industriales, más bien los industriales han formado comercializadoras y se venden ellos mismos el azúcar barata, para así pagarnos a nosotros nuestra caña barata.

Les digo, si de veras queremos ayudar a los productores, no es viniendo a utilizar esta tribuna y decir tanta difamación en contra de los dirigentes que durante muchos años se ha luchado para resolver los problemas y para llevar a la rama de producción de los cañeros la mejor rama de producción que hay en el campo cañero. Y ahí están las pruebas y a eso me remito.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

El diputado Sergio Vaca para alusiones.

- EL DIP. SERGIO VACA BETANCOURT: Con su permiso diputada Presidenta.

Primero aclaro que no quiero ser líder, yo soy abogado y hoy orgullosamente diputado federal por el Partido Acción Nacional y solamente a mi partido y al voto popular les debo esta representación, no estoy por dedazo y hablo de lo que sé.

El lunes de la semana pasada estuve en el ingenio El Modelo, en Cardel, con el ingeniero Islas y delante de mí un superintendente de ese ingenio nos dijo a él, a mí y a otras personas que nos acompañaron que por petición de los representantes de la CNC y de la CNPR que forman parte, dos partes de las tres que integran el Comité de Producción Cañera, no se le iba a recibir su caña aunque, insisto, aunque tuviera sus contratos, tengo copias fotostáticas de los contratos foliados y firmados en blanco, solamente un abusador que no conoce la ley exige que se le firme un contrato en blando.

No es cierto que me corrieron del ingenio, por si a mí se refería, nos trataron muy bien y dijeron que ojalá hubieran más diputados que no serían del PRI, sino de los otros partidos que fueran a ayudarlos. Nunca he cosechado caña, pero estaría dispuesto a hacerlo para sentirme tan agraviado como a los que han robado esas organizaciones y entonces estaría más molesto. Hechos, no verborrea.

A los productores de caña libres se les pide el 10% sobre su producción por no estar en la CNC y en la CNPR, de entrada. Se les obliga y yo lo oí el lunes, hace una semana, en el ingenio El Modelo, que al ingeniero Islas que tiene un camión desvencijado no se le permitiera transportar su caña de sus hectáreas en su camión, tenían que alquilar un camión que proponían la CNC y la CNPR.

En Cardel, está en coreano conseguir que se diga cuál es la productividad para que vea que sí sé, compañero diputado. ¿Cuántas organizaciones hay reconocidas? Dos, la CNC y la CNPR, si ustedes de verdad se preocupan, en serio y no nada más de palabrería hueca, de apoyar a los productores de caña de azúcar, impulsemos que se revoque el decreto cañero, va usted a ver cómo las cosas cambian. Gracias. (aplausos)

- EL DIP. JOSE SOTO MARTINEZ (Desde su curul): Señora Presidenta.

- LA PRESIDENTA: Sí, diputado Soto ¿con qué objeto?

- EL DIP. JOSE SOTO MARTINEZ (Desde su curul): Para rectificación de hechos, señora Presidenta.

- LA PRESIDENTA: Hasta por cinco minutos, exclusivamente diputado.

- EL DIP. JOSE SOTO MARTINEZ: Con su permiso, diputada Presidenta.

Efectivamente el no saber y no entender, pues por eso se dicen a veces tantas mentiras aquí. Hay cañeros libres que no están contratados. Yo le quiero decir que precisamente por eso la rama de producción ha llegado hasta donde ha llegado, precisamente porque también se programan las siembras y únicamente las cañas contratadas tienen derecho a ser industrializadas porque si no de lo contrario caeríamos en lo que cae la producción de arroz, de maíz, que todo mundo va y vende su caña como quiera.

Eso es lo que deberíamos de hacer en todas las ramas de producción, sembrar únicamente lo que se va a cosechar para que después esos que tienen su caña libre, que no está contratada que siembra nada más porque ellos quisieron sembrar, sin estar dentro del programa de siembra, pues ahí es donde está el problema a veces. Eso para ilustrar a mis compañeras y compañeros.

Y no, no se trata de venir, de robar. Nosotros nos dedicamos a defender los intereses de los verdaderos cañeros, de los cañeros que está contratada su caña, y que tienen un contrato. Y eso de venir a decir aquí que se roba, pues hay que comprobarlo, porque si es así, ya muchos a lo mejor no estarían aquí utilizando esta tribuna, por ahí leí en algunos periódicos.

Y bueno pues si fuera así, yo creo que hubiera muchas organizaciones o por qué le tienen miedo a que sea con el 20%, nosotros no estamos diciendo que no haya, inclusive el decreto cañero lo permite con el 15%, y nunca han podido hacerlo, yo creo que porque los dirigentes cañeros no son lo que muchos quieren o muchos quisieran que fueran.

Compañeros, de veras, el querer terminar con las organizaciones, eso sería ayudar a que los industriales verdaderamente entonces si, pudieran perjudicar a los cañeros.

Yo no soy diputado de dedazo, pues ya somos varios, yo tampoco, entonces ya somos dos o tres o cuatro o no se cuántos, pero no creo que sea el objetivo de tomar esta tribuna.

Invitamos a los diputados, aquellos que se interesan por los compañeros, los que quieren resolver su problema, que de veras de aboquen a resolver los problemas, que de veras nos ayuden, que nos ayuden a que haya financiamiento en el campo, que nos ayuden a que no se suspendan los impuestos que se ponen para que haya más consumo nacional, y de esa forma nuestro producto tenga otro valor.

Eso, compañeros diputados, si lo hacemos entre todos, si logramos que haya un financiamiento, para que les den a nuestros compañeros, para que ya como se dijo si hay prestamistas, quiero decir que hay prestamistas que les cobran el 20% mensual, pero no son los líderes, es a lo que cae el productor, porque no tiene dinero para poder cultivar sus cañas.

Ayudémoslos a eso, aboquémonos a resolver su problema de fondo, para que no haya esos problemas. Y si queremos de veras ayudar a otras ramas de producción, hagamos lo mismo, que se siembra nada mas lo que se va a cosechar, que no se siembre de más para que luego anden rogando con su cosecha que no se la quieren ni siquiera comprar.

Yo fui productor de arroz, tuve que dejar de sembrar arroz, porque sembraba todo mundo, ¿eh?. Sembraba todo mundo…

-LA C. PRESIDENTA: Diputado, me permite un segundo.

-EL C. DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ: Si.

-LA C. PRESIDENTA: Sonido en la curul del diputado.

-EL C. DIPUTADO FRANCISCO ARANO MONTERO (desde su curul): Señora presidenta, si el orador permite que se le haga una sola pregunta.

-LA C. PRESIDENTA: Diputado Soto, ¿autoriza usted que le formulen una pregunta?

-EL C. DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ: Yo invito a mi compañero y amigo diputado de Tierra Blanca y de Cosamaloapan, que lo que tenga que decir lo haga aquí en la tribuna.

-LA C. PRESIDENTA: No autoriza diputado.

-EL C. DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ: Entonces hagamos lo que debemos hacer, si queremos ayudar a los cañeros, no sólo los cañeros tienen problemas, otras ramas de producción tienen problemas mucho más graves que nosotros.

Entonces los invito a buscar el financiamiento y verán que se acabaron los problemas, ya nada más un ratito, señora presidenta, unos segundos.

De veras si están interesados, compañeros, de veras si están interesados vamos a ayudarlos a resolver los problemas, a no buscar la forma de desaparecer las organizaciones, para que caiga la rama ésta en la que tanto trabajo ha dado, llevarla hasta donde ha llegado, que es la única rama de producción es rentable, lo demás no. Muchas gracias…

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

Diputado Arano, para hechos hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO ARANO MONTERO.- Gracias, señora Presidenta.

Me llama mucho la atención el interés demostrado por los productores de caña, principalmente los de la CNC.

Recuerdo que cuando esta Legislatura inicia sus labores, un líder precisamente de la CNC, sube a pedir la creación de la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera y ha sido tanto su interés, que es una de las comisiones que menos sesiones han tenido y que han sido convocadas en varias ocasiones con la ausencia del Presidente y con los diputados de su partido. Hemos tenido que sesionar los diputados del PAN, los del PRD, los del Verde Ecologista con la ausencia total de los representantes de los productores de caña en el seno de esa Comisión y creo que la pregunta que me fue negada, pues era hacerles saber a ustedes que nuestro compañero es el actual Tesorero de la Unión Nacional de la Industria de la CNC.

También es cierto que nuestro compañero que me antecede, se ha dedicado todo el tiempo al cultivo de la caña, pero también ha sido líder de esas organizaciones y que le ha permitido la compra de gasolineras, gasolinerías en la Cuenca del Papaloapan. Creo que es una actividad más redituable tal vez ser líder de estas organizaciones, mientras la ley o el decreto permita que estén solos en esta actividad.

Nosotros no queremos que desaparezcan las organizaciones, simple y sencillamente que se dejen constituir en una forma democrática y en un ambiente de libertad de cada uno de los productores. Creo que Veracruz merece, por su potencial productor de azúcar, esa libertad y más respeto hacia sus productores.

Es cuanto, señora Presidenta.

(Aplausos)

LA C. PRESIDENTA.- Gracias.

EL C. DIP. JOSE SOTO MARTINEZ, (DESDE SU CURUL).- Señora Presidenta, solicito la palabra.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Soto, ¿con qué objeto?

EL C. DIP. JOSE SOTO MARTINEZ, (desde su curul).- Para alusiones.

LA C. PRESIDENTA.- Para alusiones el diputado Soto, hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ.- Gracias, diputada Presidenta, seré breve.

Quiero decirle a mi amigo que me antecedió en esta tribuna, efectivamente yo fui dirigente del Ingenio López Mateos, actualmente soy Secretario de Finanzas y quiero decirle que cuando yo fui dirigente las gasolinerías ya las tenía y lo pueden investigar, compañeros; no hay nada oculto, las tenía ya todas y me precio de estar defendiendo a los cañeros por convicción y no por otra cosa.

Entonces los conmino nuevamente a que de veras si los queremos ayudar, si hay la forma de ayudarlos, y no nada más a ellos insisto, hay otras ramas de producción que podemos organizarlas para que tengan las utilidades que afortunadamente tenemos los cañeros.

Yo soy cañero del Ingenio López Mateos y del Ingenio de Tres Valles y me siento orgulloso de ser cañero, de ser productor, y no todo el tiempo he sido dirigente; ya le dije yo fui cortador de caña desde que estaba el ingenio de Huacalco y sé sembrar la caña de todas formas y sé los problemas reales y verdaderos que tienen tanto los cortadores de caña, que afortunadamente a estas alturas ya tienen Seguro Social, tienen su SAR, el Sistema de Ahorro para el Retiro y queremos más todavía, queremos ayudarlos más para que vivan mejor.

Entonces, dejémonos de esos dimes y diretes y vamos a los problemas reales; vamos a defenderlos. Nosotros todos los días estamos resolviéndoles los problemas aquí en México, todos los días estamos si no en Hacienda, en Economía, en SAGARPA y nosotros sí sabemos los problemas que tienen los cañeros. Y eso es a lo que nos dedicamos y verán que aunque digan que no hay decreto, los cañeros de todos modos ahí van a estar y pueden ir como han ido, a muchos ingenios tratando de engañarlos y todo, no los van a engañar, eso se los aseguro, porque están bien defendidos y porque están recibiendo los beneficios que su dirigencia nacional les ha logrado. Entonces van a perder su tiempo yendo a un ingenio, yendo a otro, queriendo engañarlos, queriendo hacer movimientos ficticios que hacen por ahí. No van a lograr nada, así es que los conmino mejor a ayudarles; vamos a ayudarles juntos. Muchas gracias.

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-PRESIDENTA: Continuando con el Orden del Día, informo a este Honorable Pleno, que el Punto de Acuerdo relativo a la comparecencia del Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, planteado por el grupo parlamentario.

Diputado Herviz, si insistiera usted verdaderamente, tiene usted un Punto de Acuerdo programado.

Nos ha solicitado el grupo parlamentario del PRI que el punto de acuerdo relativo a la comparecencia del Titular de la Secretaría de Hacienda, se posponga para próxima sesión.

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Se concede el uso de la palabra al diputado Juvenal Vidrio Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, en la que se solicita al Ejecutivo Federal y al Senado de la República, se resuelva la problemática del delta del Río Colorado.

-DIP. JUVENAL VIDRIO: Con el permiso de la presidencia; compañeros diputados; compañeras diputadas:

Desde tiempo inmemorables el río Colorado ha provisto de nutrientes y agua dulce a la zona de la cuenca baja del río colorado, el desierto de sonora y del alto golfo de California, fluyendo a través de siete estados de la Unión Americana y los límites dentro de los estados mexicanos de Baja California y Sonora, hasta desembocar finalmente en el Mar de Cortés. Por esta razón su sistema de humedales integra uno de los ecosistemas que poseen mayor biodiversidad en toda la región.

Asimismo, en sus márgenes se han asentado desde hace siglos numerosos pueblos y comunidades.

El delta del río colorado, se forma al unirse el río Colorado y el alto golfo de California al su de la frontera con los Estados Unidos y en los límites territoriales de los Estados de Baja California y Sonora. Esta región posee más de 60 mil hectáreas de humedales que conforman, junto con los más de 200 mil habitantes de la zona, un complejo ecosistema. En esta área se encuentra asimismo, una de las zonas protegidas más importantes de este vasto territorio: la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y del delta del Río Colorado, la cual es el hábitat de un número significativo de especies animales, siendo una gran parte de ellas endémicas de esta región, ya que este lugar reúne características que no posee ninguna otra zona del planeta, albergando a especies amenazadas o en peligro de extinción.

Dentro de ellas se encuentra el pez cachorrito del desierto, único pez nativo dulceacuícola de esta zona; la vaquita del mar, considerada como el cetáceo de menor tamaño y cuya área de distribución es la más restringida del mundo; la totoaba, el tamatetor de yuma, el halcón peregrino y el águila calva, así como el camaleón cola aplanada, la rata almizclera y la zona de kit.

Los ingresos de las comunidades humanas que se han asentado en este vasto territorio provienen fundamentalmente de actividades como la pesca, la agricultura, la ganadería, el ecoturismo, la guía de expediciones científicas y de caza deportiva, entre otras. Todas esas actividades se hayan estrechamente vinculadas al Río Colorado y a su zona de influencia.

Dada la importancia del Río Colorado como fuente primordial de agua y debido al gran crecimiento demográfico en ambos lados de la frontera, se han suscitado numerosas pugnas por el reparto del volumen del agua del Río entre México y los Estados Unidos.

Estas pugnas comenzaron 1922, cuando el caudal del Río fue obstruido por la primera presa construida por los Estados Unidos. Desde entonces se han erigido 10 grandes presas operadas por aquel país, además de que se han construido aproximadamente 80 desviaciones de agua, que se destinan a uso urbano y agrícola a lo largo del recorrido de 2 mil 300 kilómetros del Río.

Existen hasta ahora 16 tratados, leyes y acuerdos en torno a la asignación de las aguas del Río Colorado y la conservación del entorno natural. No obstante el deterioro de la zona no ha sido frenado.

Es imposible no darse cuenta de que el ecosistema del delta del Río Colorado se encuentra en condiciones cada vez más precarias, pero también la economía de cientos de familias mexicanas que se hayan al borde de la ruina y de la extinción cultural, como en el caso de los indígenas kiliguas y de los jucapás, uno de los grupos étnicos más antiguos de la región, del cual solamente quedan 180 personas.

La desecación del delta del Río Colorado ha sido considerada como una de las mayores catástrofes ecológicas de las últimas décadas. Los pantanos desérticos están desapareciendo porque la química, flujo, temperatura y densidad del Río han sido modificados dramáticamente a causa de la insuficiencia e inestabilidad en el abastecimiento de agua.

Por tanto, ahora ésta es más salina, contiene menos nutrientes y mayores concentraciones de contaminantes. Aunado a esto el delta ha empezado a disminuir en su extensión debido a un avanzado proceso de erosión, ya que el flujo de agua dulce ha descendido notablemente.

En la actualidad los humedales del delta solamente representan el 5% de la extensión que originalmente tenían.

Aún estamos a tiempo de evitar el colapso de la agricultura de los humedales del delta del Río Colorado y quizá un conflicto de carácter social derivado de la falta de agua, sin la cual no es posible la vida ni en esta región ni en ninguna otra parte del planeta.

Por todo lo anterior el suscrito, diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional pone a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo.

UNICO. En cumplimiento de aquellas facultades que confiere la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a esta Honorable Cámara de Diputados, se exhorta al Senado de la República y al Poder Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, emprendan las gestiones diplomáticas conducentes a detener el deterioro de la zona del delta del Río Colorado y que igualmente posibiliten la restauración de sus humedales.

Asimismo solicitamos respetuosamente que se nos mantenga informados acerca de los avances de las mencionadas gestiones a través de las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos de esta soberanía.

Nada más solicitando, señora presidenta, sea insertado todo este Punto de Acuerdo en el Diario de los Debates, tal como originalmente está.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Insértese el texto íntegro del Punto de Acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente.

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Tiene la palabra el diputado Arturo Herviz Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación al problema de la alta fructosa.

EL C. DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros: El suscrito diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD, y Secretario de la Comisión Especial de la Industria Azucarera, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer el siguiente Punto de Acuerdo.

CONSIDERACIONES

La actual crisis que vive la agroindustria azucarera de México, tiene su origen en las políticas públicas aplicadas en los últimos tres sexenios. Estas políticas económicas nunca se encaminaron a fortalecer al campo cañero; de manera contraria, los beneficiarios de las privatizaciones de los ingenios en la administración salinista, saquearon a este importante sector de la economía nacional.

A todo esto había de incluir los efectos devastadores del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, en donde las cartas paralelas cambiaron la versión original de dicho Tratado. Las cartas paralelas nunca fueron aprobadas por el Senado de la República y de manera dolosa se incluyó el jarabe de maíz de alta fructosa. Esto último afectó profundamente al campo cañero.

La competencia desleal que produce la fructosa, llevó a la Cámara de Diputados en el anterior periodo legislativo, a crear el Impuesto Especial del 20 %. Con esto se protegía a la agroindustria azucarera del país.

Estos elementos de nada sirvieron al Presidente de la República para limitarse y no expedir el decreto de eximir del pago de impuestos a los productos que utilicen alta fructosa.

La Cámara de Diputados entregó al Gobierno Federal un fuerte instrumento de negociación, con el Impuesto Especial del 20 %, para poder negociar con el gobierno de los Estados Unidos, las cuotas de exportación establecidas en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, cuyos excedentes tienen que comprar nuestros socios comerciales, que ascienden a más de 600 mil toneladas de excedentes en este momento en nuestro país.

El decreto que exime del pago de impuestos a la producción e importación de fructosa, subordinó los intereses del campo cañero, a las empresas transnacionales.

Existe fundamento jurídico para promover una controversia constitucional, ya que en el decreto se presenta una mala interpretación de las normas jurídicas.

En ningún momento el Artículo 89, Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exime o faculta, más bien faculta al Presidente para exima del pago de impuestos. Este Artículo a la letra dice:

"Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes. Fracción I: Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en esfera administrativa a su exacta observancia".

En el texto antes citado, no se faculta al Presidente para haber expedido el decreto del 5 de marzo.

El Ejecutivo se apoyó en el Artículo 39 Fracción I, II, y III del Código Fiscal; pero una ley reguladora, una ley orgánica, un reglamento, un código, una ley general, no está por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Presidente al fundar su decreto en el artículo 39 del Código Fiscal cometió un acto que no es ilegal, pero sí es un acto inconstitucional. Que se entienda: no estamos en contra del Presidente, no estamos generando la confrontación del Poder Legislativo con el Ejecutivo, solo estamos ejerciendo un derecho constitucional para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dirima esta controversia.

Por todo lo antes expuesto y fundado propongo, en nombre de muchos diputados y sobre todo quiero destacar de diputados de todos los partidos: del PRD, del PRI, del Verde, del PSN, del PT. De todos los partidos: del PAS, de todos, a excepción del PAN, propongo el siguiente

P u n t o d e A c u e r d o :

Que sea la Cámara de Diputados la que impulse la controversia constitucional en contra del decreto que exime del pago de impuestos a la producción e importación de los productos que utilizan edulcolorantes distintos del azúcar de caña, el cual fue publicado en el Diario Oficial del día 5 de marzo de 2002.

Pido, Presidenta, se turne a la Junta de Coordinación para que esperemos que los compañeros del PAN reflexionen y vean que es necesario que se lleve a cabo la controversia, para que no exista en nuestra norma jurídica una ley reglamentaria por encima de la Constitución y en ese sentido sea la Suprema Corte la que dirima esta controversia.

Esperamos que los compañeros del PAN reflexionen y fortalezcan, porque hoy tienen el poder, el gobierno federal; ¡acuérdense que estas leyes se hicieron cuando estaba el PRI, ahora está el PAN! Del 2006 en adelante no sabemos quién estará, pero al mejor no está el PAN. Entonces esperamos la reflexión de los compañeros del PAN

Muchas gracias, Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Túrnese a la Junta de Coordinación Política.

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El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista nos ha informado su solicitud de posposición del punto de acuerdo en relación con el proyecto de electrificación del Gran Nayar.

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En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Calderón Cardoso para presentar un punto de acuerdo sobre la importancia de la ratificación del Estatuto de Roma, por parte de México.

- EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (PAS): Gracias, ciudadana Presidenta.

"El suscrito, diputado federal integrante de la representación política del Partido Alianza Social, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y como miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano, me permito presentar ante esta honorable asamblea una proposición con punto de acuerdo sobre la importancia de la ratificación del Estatuto de Roma por parte de México al tenor de las siguientes

" C o n s i d e r a c i o n e s :

"El 17 de julio de 1998 en la ciudad de Roma, Italia, es aprobado el Estatuto de Roma, documento que da origen a la Corte Penal Internacional, la cual será de naturaleza única al tener un carácter complementario en relación con las distintas instancias legales de índole nacional.

"El Estatuto de Roma es fruto del consenso entre distintas naciones y cuyo espíritu dará lugar a la acción independiente e imparcial pero a la vez legal de la futura Corte Penal Internacional, en donde se buscará y exigirá el respeto a los derechos humanos tanto para víctimas como para acusados.

"En una democracia los conflictos se solucionan de manera pacífica y bajo un Estado de derecho, donde la impunidad no debe tener cabida. Contradictoriamente a lo anterior, son los Estados generalmente quienes abusan de los derechos humanos.

"Los actos sobre los cuales tendrá jurisdicción la Corte han sido a lo largo de la historia de la humanidad actos que han estremecido al espíritu humano. Por ello, el juicio de atrocidades contra la raza humana no debe corresponder a un solo Estado o a un solo individuo, sino a todos los pueblos de la tierra. Así los delitos contemplados para la intervención de la Corte Penal serán, entre otros, genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, los cuales tienen su origen en los segundos.

"Si bien la Corte Penal Internacional no podrá juzgar actos cometidos con anterioridad a su instalación oficial, recordemos que existe el convenio sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Protocolo por medio del cual México tiene un firme compromiso con la comunidad internacional en relación con la protección de los derechos humanos en el ámbito mundial, ya que estos delitos podrán ser perseguidos en todo momento al no existir tiempos límites que dieran origen a la prescripción de los mismos.

"Es de suma importancia destacar que la Corte tiene una complementariedad en las distintas jurisdicciones nacionales, por lo que sólo será admisible la competencia de la Corte cuando un particular presente ante ésta su caso específico por la violación de algunos de sus derechos y el Estado no tenga la capacidad de juzgar o no tenga la voluntad de cumplir con su responsabilidad en la impartición de justicia, será entonces o sólo entonces cuando la Corte podrá intervenir como instancia legal.

"Si bien existen leyes de amnistía necesarias, cuando la convivencia social depende de un perdón de índole estatal para concretar la paz social, si hay una Ley Nacional de Amnistía que promueve la impunidad o un Estado impide la impartición de justicia, la Corte adquiere la facultad de intervenir como instancia legal.

"Si se comprueba que un proceso no fue desarrollado de buena fe y se buscó la impunidad del delito, entonces la Corte podrá promover un nuevo juicio exento éste de vicios. Así, un proceso interno con irregularidades y violaciones legales en el proceso mismo, da la posibilidad a que las facultades de la Corte sean utilizadas. Más por el contrario, la actuación de un tribunal parcial independiente, libre de toda sospecha, de haber beneficiado al inculpado, da lugar a derecho de cosa juzgada.

"Por lo anterior, es importante dejar en claro que la legislación nacional debe estar de acuerdo con las legislaciones internacionales, para no entorpecer la acción de la justicia, sea cual sea ésta, y dar lugar a procesos de cooperación rápidos y eficientes. Si hablamos de globalización, la impartición de justicia en contra de la impunidad debe también internacionalizarse.

"Los derechos del hombre provienen del uso de la razón en los sistemas sociales y políticos existentes. Por ello toda relación jurídico-política entre naciones, debe realizarse protegiendo los derechos más elementales como son los de la dignidad humana y que se antepongan a otro cualquier fin.

"La cooperación internacional sustentada en la justicia, es el único camino para evitar la auto degradación de la raza humana por el abuso del poder. El poder absoluto ha dado lugar a decisiones irracionales, cuyo único efecto ha sido la injusticia y la impunidad.

"El 7 de septiembre del 2000 México firmó el Estatuto de Roma. La Corte Penal Internacional comenzará a funcionar una vez que sea ratificado el Estatuto por parte de 60 naciones. A diciembre pasado se habían ratificado 47 naciones, faltando únicamente 13 por hacerlo.

"Lo más importante de la ratificación por parte de México, es que ello le daría el derecho a participar en la conformación de los miembros de la Corte, con la posibilidad de proponer para la incorporación de la misma a jueces y juristas mexicanos.

"Quizá por el hecho de que no hay plazo que no se cumpla, México no puede ser parte de los primeros 60 países en ratificar el Estatuto de Roma, lo cual sería sin duda una lástima, ya que negaría la oportunidad a excelentes juristas y jueces mexicanos de poner el nombre de nuestro país muy en alto, más de cualquier manera México debe apresurar la ratificación en comento si es que deseamos realmente que los derechos humanos sean respetados en nuestro país, no por concesión o buena voluntad, sino por observación constitucional".

Unos segundos nada más por favor, Presidenta, para concluir.

"Por lo anteriormente expuesto, me permito proponer el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

"UNICO.- Se exhorta al Senado de la República para que acelere los trámites necesarios, a fin de que México ratifique lo antes posible el Estatuto de Roma, con lo cual se daría lugar a la instauración de la Corte Penal Internacional".

Por su atención, muchas gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

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Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo relativo a la alta fructuosa.

-DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta.

Hace rato que se dio la discusión aquí entre diferentes partidos sobre la industria cañera, quería hacer uso de la palabra para pedirle a los partidos que discutían con tanta pasión, que lo que hay que hacer es un gran frente mexicano para apoyar a los productores de azúcar y para apoyar que no se siga importando alta fructuosa.

En diciembre pasado, compañeras y compañeros, el Congreso decidió gravar con un 20 por ciento todas las bebidas que en su elaboración utilizan edulcorantes distintos a la caña de azúcar, en virtud de que 12 millones de personas en 15 estados subsisten con la explotación de este producto.

Los diputados asumimos una de las más importantes decisiones para apoyar a los mexicanos del campo, que pidieron formalmente al Ejecutivo la suspensión de la importación del total de la fructuosa y maíz estadounidense.

Estados Unidos ha exportado a México 1.3 millones de toneladas de alta fructuosa de 1994 a la fecha y a partir de ’98 se han producido en nuestro país 700 mil toneladas de fructuosa con maíz subsidiado libre de arancel proveniente de Estados Unidos, mientras que México sólo ha exportado 105 mil toneladas de azúcar al mercado estadounidense.

La importación de fructuosa nos ha obligado a exportar al mercado mundial de excedentes 2 millones de toneladas de azúcar con pérdidas para la industria y el sector cañero mexicano de 600 millones de dólares; el sector mexicano de la azúcar está integrado por 60 ingenios, da empleo a 2 millones 500 mil trabajadores y para este año produciremos más de 5 millones de toneladas de azúcar.

El colmo es que Estados Unidos importa 200 mil toneladas de fructuosa y 300 mil toneladas de maíz para su industrialización en México y lo utilizan en la industria refresquera nacional. La importación de fructuosa se paga de contado mientras que a los cañeros la zafra 99-2000 y la zafra 2001 se fueron cubriendo gracias a las manifestaciones de protesta frente a la Secretaría de Comercio antes y ahora de Economía.

No compartimos la decisión del Ejecutivo de suspender revocando el gravamen, resulta increíble pensar que bajo el argumento de la responsabilidad compartida internacional y las buenas relaciones comerciales se pretenda pasar por alto la decisión de esta soberanía de gravar la alta fructuosa bajo una serie de criterios legaloides. Unas disposiciones del Código Fiscal Federal que son para apoyar a los mexicanos, son usadas en contra de un plumazo que revoca una disposición del Legislativo que determinó beneficiar al sector azucarero del país.

Con las presiones del exterior y la falta de apoyo a la industria azucarera nacional, el panorama es el siguiente; la agroindustria azucarera de México tiene pocas posibilidades de subsistir en las condiciones en que ha operado en los últimos años y con un modelo de libre comercio como el que tenemos. Los costos de producción promedio de los ingenios, es cierto, están por encima de los internacionales implicando que su competitividad sólo podrá garantizar mediante mecanismos de protección que nos e tienen en México.

La posibilidad de colocar azúcar en el mercado de América del Norte dentro del Tratado de Libre Comercio, se ha reducido considerablemente por la redefinición del Tratado en materia de excedente exportable. Los jarabes de fructosados son una competencia real para la azúcar mexicana, la liberación del precio de la azúcar en 1996 no basta para alentar las inversiones que requiere la industria para modernizarse.

Debemos modernizar la infraestructura para potenciar la productividad que repercutirá en la vida de los cañeros, además de mejorar los modelos actuales de comercialización. Hay que invertir montos cuantiosos en la remodelación de las instalaciones y en la reposición de maquinaria y equipo obsoletos de baja eficiencia recuperando más azúcar por unidad procesada de caña.

Debemos capacitar y adiestrar a los campos cañeros, a los campesinos sobre todo y en los ingenios lograr respuestas favorables a la introducción de nuevas tecnologías, se requiere aplicar políticas gubernamentales que den certidumbre a las inversiones de largo plazo a ingenios y campos cañeros consolidando modelos de protección efectiva acordes con los referentes internacionales.

Los mexicanos requieren del apoyo del Congreso de esta soberanía para evitar la concreción de una desafortunada decisión del Ejecutivo Federal contra los productores de caña de azúcar.

Compañeras y compañeros, solicito que sea esta soberanía la que exhorte al Ejecutivo Federal a fin de que se reconsidere la medida unilateral de suspender el gravamen impuesto por esta soberanía a la alta fructuosa con lo que estaría en posibilidad de reconsiderar el pleno respeto al Acuerdo Político para e Desarrollo Nacional que signó el 7 de Octubre del año pasado con los partidos políticos nacionales cuyos representantes populares se encuentran en esta LVIII Legislatura.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

(aplausos).

-LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Junta de Coordinación Política el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Del Río Virgen.

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Tiene la palabra la Diputada Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario de Acción Nacional , para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para transferir el Cuidado, Preservación y Administración del Cerro de la Estrella del Gobierno del Distrito Federal al Gobierno Federal.

- LA C. DIP. MONICA LETICIA SERRANO PEÑA: Buenas tardes señoras diputadas y señores diputados.

Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario Acción Nacional, sometemos a la consideración de este Pleno, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente propuesta con:

PUNTO DE ACUERDO: A efecto de solicitar al Poder Ejecutivo Federal declare y amplíe los límites de la zona arqueológica ubicada en la parte alta del Cerro de la Estrella y deje dicha zona bajo el resguardo concurrente del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales con el propósito de preservar y conservar el Cerro de la Estrella, todo ello con base en las siguientes consideraciones:

El Cerro de la Estrella se encuentra ubicado en el sureste de la ciudad de México, en la delegación Iztapalapa; las acciones gubernamentales para preservarlo y conservarlo se remontan a 1938, cuando por un decreto presidencial se designó parque nacional por sus condiciones geológicas y prehispánicas que lo convertían en un lugar atractivo, turístico y de beneficio para los pueblos circunvecinos.

Posteriormente, en 1991, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración como zona sujeta a conservación ecológica y como área natural protegida al parque nacional Cerro de la Estrella, dejando al Departamento del Distrito Federal su cuidado.

Su importancia radica en varios aspectos: el arqueológico histórico, el ecológico y el social. Permítaseme hacer una breve descripción de estos:

Los estudios arqueológicos revelan que estuvo habitada desde el preclásico medio, es decir, mil años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles, en que los años 600’s a 900’s después de Cristo, ya existía una zona habitacional en la mitad del cerro, la cual corresponde al horizonte clásico tardío.

Varios fueron los pueblos que se establecieron en los alrededores del cerro, entre ellos estuvieron los chichimecas, donde fundaron el pueblo de Culhuacán y mucho después, los mexicas invadieron el área, quienes sometieron a sus habitantes y fundaron el pueblo de Iztapalapa para vigilar a sus sometidos.

Asimismo, el Cerro de la Estrella jugó una parte esencial en los ritos más importantes de la época: el del fuego nuevo, llevada a cabo cada 52 años, cuando coincidía el calendario religioso y el civil. Esta tenía por objeto evitar la muerte del sol, la cual pensaban ocasionaría la total obscuridad del universo; al atardecer se llevaba a cabo el sacrificio de un prisionero y mientras se prendía un madero para encender el fuego nuevo. La gran Tenochtitlán y los pueblos de los alrededores de la laguna permanecían en completa obscuridad. Después de la ceremonia había mensajeros que se encargaban de entregar el fuego nuevo en teas a los sacerdotes de los pueblos que habían acudido.

Esta gran ceremonia se llevó a cabo en cuatro ocasiones

Aunado a su tradición histórica, gracias a sus características morfológicas e hidrológicas, el Cerro de la Estrella constituye una reserva biótica del Valle de México convirtiéndola en una importante área verde de la parte oriente de la capital del país. La permeabilidad del suelo tiene un coeficiente de escurrimiento que oscila entre 5 y 10%, convirtiéndolo en una importante esponja de la ciudad de México, por lo que la función que tiene para la recarga de los mantos acuíferos depende de las condiciones ecológicas que prevalezcan en el lugar.

Otro importante aspecto que hace tan especial al Cerro de la Estrella, son las festividades que se llevan en la Semana Santa de cada año donde se representa la Crucifixión de Jesucristo. En los tres días que dura la escenificación se llegan a congregar cientos de miles de personas en Iztapalapa, lo cual nos indica lo trascendental que es este cerro para la sociedad.

Ahora bien, desde 1987 en el Programa Parcial de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa, se clasificó como una zona de protección especial forestal restringida en la parte más alta y forestal múltiple en la parte media y entre las medidas que se dispusieron desde 1991 para el programa del manejo de esta zona sujeta a conservación ecológica, están la de contener la erosión ocasionada por los elementos naturales, la generación ecológica del propio cerro, fortalecer la función como fuente de recarga de mantos acuíferos e incrementar el índice de áreas verdes por habitante, así como controlar la emisión de partículas suspendidas en la atmósfera.

Hoy en día quien es responsable de cuidar y llevar a cabo los programas de preservación y conservación del Cerro de la Estrella es el gobierno del Distrito Federal, desafortunadamente el cero exhibe un descuido evidente y singular por parte de las autoridades responsables, los asentamientos irregulares del Cerro de la Estrella llevan años sin que las autoridades hagan algo para remediarlo, obviamente estos asentamientos humanos han generado nuevas fuentes de contaminación por los desechos que obstruyen el cerro, con la consecuente pérdida de las características...

-LA C. PRESIDENTA: Diputada, su tiempo se ha agotado.

-LA C. DIPUTADA MONICA SERRANO PEÑA: Permítame un segundo.

Por lo antes expuesto, compañeros, otorgamos el siguiente punto de acuerdo.

Primero. Que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión de Cultura exhorte al Poder Ejecutivo Federal, a que con fundamento en la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas declare y amplíe los límites de la zona arqueológica ubicada en la parte alta del Cerro de la Estrella y deje dicha zona bajo el resguardo concurrente del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Cultura y a la Comisión de Medio Ambiente.

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El siguiente punto del orden del día, es la proposición con punto de acuerdo relativo a que el Ejecutivo Federal revise las tarifas eléctricas en el noroeste del país, planteado por la diputada Petra Santos, del grupo parlamentario del PRD, quien ha solicitado el que se posponga para la sesión del próximo martes 2 de abril.

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Compañeras y compañeros diputados:

En el curso de la sesión hemos estado recibiendo en esta mesa directiva diversos planteamientos en torno a la modificación del orden del día para incorporar un par de proposiciones vinculadas con los temas de la cumbre sobre el financiamiento y la República de Cuba.

Esta Mesa Directiva tiene que celebrar de manera urgente una reunión muy breve, a efecto, dada la insistencia obcecada de nuestros compañeros, de someter a consideración del pleno nuestro punto de acuerdo sobre ese tema.

En ese sentido, les rogamos la apertura de un receso de tres minutos para que sometamos a la Mesa Directiva el documento que nos permita someter a consideración del pleno el tema que nos están planteando nuestros colegas.

(A las 14.47 horas) Se abre un receso por tres minutos.

LA PRESIDENTA: (14:53 horas) Se reanuda la sesión.

Para ilustrar a la asamblea, le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 8º del Acuerdo aprobado el 14 de diciembre, relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las votaciones.

EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Artículo 8º:

"Sólo por resolución del pleno, a propuesta de la mesa directiva se podrá incluir extraordinariamente algún asunto no contenido en el orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria".

LA PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

Esto supone que inmediatamente después de presentar la propuesta de la Mesa Directiva, esta propuesta se someterá a votación, lo que informo para que los grupos parlamentarios tomen las previsiones pertinentes.

Le ruego a la Secretaría dar lectura al acuerdo de la Mesa Directiva.

EL MISMO SECRETARIO:

(acuerdo de la Mesa Directiva)

La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. Que en términos del artículo 21, numeral 2 de la Ley Orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados como órgano colegiado adopta sus decisiones por consenso y, en caso de no lograrse el mimo, por la mayoría absoluta de sus integrantes. En caso de empate, el presidente de la mesa tiene voto de calidad.

II. Que en términos del resolutivo octavo del "acuerdo parlamentario relativo a la integración del orden del día, las discusiones y votaciones" la Mesa Directiva es el órgano competente para proponer al pleno la inclusión extraordinaria de asuntos no contenidos en el orden del día publicado en la Gaceta Parlamentaria.

Expuestas las consideraciones anteriores, se propone el siguiente

ACUERDO

Único. Inclúyase en el orden del día de la sesión ordinaria del 25 de marzo de 2002 de la Cámara de Diputados la "proposición con punto de acuerdo en relación a los hechos suscitados con motivo de la cumbre sobre el financiamiento para el desarrollo, en el marco de las relaciones bilaterales México-Cuba".

Palacio Legislativo a 25 de Marzo de 2002

— Diputados: Beatriz Paredes Rangel, presidenta; María Elena Alvarez Bernal, Eloy Cantú Segovia, Eric Eber Villanueva Mukul, vicepresidentes; Martha Silvia Sánchez González, Adrián Rivera Pérez, Rodolfo Dorador Pérez Gavilán, secretarios.

LA PRESIDENTA: En consecuencia, consulte la Secretaría en votación económica, si es de aprobarse el punto de acuerdo propuesto por la Mesa Directiva.

LA SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea...

LA PRESIDENTA: Perdón. Diputado Martí Batres.

EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: (desde la curul) Pregunto si no se va a razonar el voto de parte de los grupos parlamentarios.

LA PRESIDENTA: Diputado Martí Batres. Teníamos previsto dar un trámite mucho más sencillo. Si alguien desea subir a la tribuna a razonar su voto, no existe precedente tratándose de votación económica, pero no tendríamos inconveniente.

Continúe con el trámite, diputada Martha Silvia.

LA MISMA SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si está de acuerdo con la propuesta de la Mesa Directiva.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Mayoría por la afirmativa.

LA PRESIDENTA: Diputado Calderón, ¿quisiera usted que fuera por tablero?

Diputado Tomás Torres.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO: (desde la curul) Ciudadana Presidenta. Solamente para, con todo respeto para usted y para quien ha solicitado el uso de la palabra. No podemos revocar la determinación del voto económico. Me parece improcedente y frívolo además en este momento pedir votación por otro medio, cuando ha sido aprobado por la asamblea.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Diputado Alejandro Zapata.

EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: (desde la curul) Señora Presidenta.

Primero. Existiendo duda en cuanto a una votación de carácter económico, en todo caso no se estaría repitiendo, sino simplemente ratificando el sentido de la propia asamblea.

Creo que no solamente es válido, sino en muchas ocasiones, como ha sido dado en este propio recinto, cuando ha existido esa cuestión se ha ratificado o reafirmado –si así quieren llamarle- el sentido del voto para evitar efectivamente cualquier duda.

LA PRESIDENTA: Le ruego a la Secretaría dar lectura al artículo 148 del Reglamento para el Gobierno Interior.

LA MISMA SECRETARIA: Artículo 148: "Las votaciones serán precisamente nominales....Primero, cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general.

Segundo. Cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo,

Tercero. Cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco, también serán nominales en el caso del artículo 152.

- LA PRESIDENTA: Le ruego a la Secretaría informe a este Pleno de que se ha recibido la solicitud suscrita por cinco diputados.

- LA SECRETARIA DIP. MARTHA S. SÁNCHEZ GONZALEZ : Hasta este momento aquí no ha habido ningún documento.

- LA PRESIDENTA: Aquí está diputada. Dele lectura diputado Dorador.

- EL SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

Por este conducto solicito votación nominal sobre el tema en cuestión.

Firman los diputados: Raúl Gracia, diputado Alejandro Zapata, el diputado Calderón, el diputado Dorador, servidor que al momento de llegar no la pude firmar y el diputado Rivera.

- EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señora Presidenta.

- LA PRESIDENTA: ¿Diputado Tomás Torres?

- EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Con independencia ciudadana Presidenta de que es a destiempo la firma que el diputado en este momento hace, ruego a usted ordene a la Secretaría de si hay certificación en el sentido de si la mayoría estaba por la afirmativa, para saber si vamos a revocar esa certificación, no sólo la determinación de procedimiento.

- LA PRESIDENTA: Diputado Tomás Torres, en el caso del espíritu del artículo 148, el enunciado tercero no pone en cuestión si hay certificación o no, señala claramente cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco.

El espíritu del artículo 148 no pone ninguna condicionante a ese respecto. En tal virtud me parece que puedo hacerle la pregunta a la Secretaría pero resulta improcedente circunscribir la interpretación del artículo 148 a la interpretación o no. Es muy claro el texto y el espíritu del artículo 148.

Quiero rogarle a la Secretaría consulte a la asamblea si procede o no la atención de la solicitud para que sea por votación nominal la votación de este trámite, siguiendo....

- EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señora Presidenta.

- LA PRESIDENTA: Diputado Tomás Torres.

- EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Ciudadana Presidenta, con independencia de que no tenemos duda que en la votación nominal se ratificará la afirmativa, a usted me dirijo con todo el respeto y la atención debidos si usted, en su carácter de Presidenta decretó virtud la duda del resultado de la votación, la verificación nominal.

- LA PRESIDENTA: Diputado Tomás Torres, quiero señalarle que esta Presidencia no ha decretado el sentido de la votación. Quien dio la información a la Presidencia sobre el sentido de la votación fue la Secretaria y el trámite sobre el sentido de la votación no ha sido concluido por esta Presidencia y podemos remitirnos a la versión estenográfica. Le agradezco diputado.

En virtud de que esta Presidencia ha recibido solicitud suscrita por cuatro diputados y la expresión de la voluntad del diputado Dorador de suscribirla y dado que es un trámite al que tienen derecho los diputados, según lo estipulado en el artículo 148, le ruego a la Secretaría consultar con el Pleno si es de procederse a aceptar a que se haga la votación de este trámite por la vía de votación nominal.

Quienes estén por la afirmativa estarán respaldando el que se haga por votación nominal.

Quienes estén por la negativa estarán respaldando el que se haga por votación económica.

-LA C. SECRETARIA MARTHA SILVA SANCHEZ GONZALEZ: De acuerdo a las instrucciones de la presidencia, se consulta a la Asamblea si está de acuerdo en que se haga la votación nominal, en base a la propuesta presentada por los diputados.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la negativa.

-LA C. PRESIDENTA: Diputado Raúl Gracia tiene la palabra.

-EL C. DIPUTADO RAUL GRACIA GUZMAN (desde su curul): El artículo 148 me da a mi un derecho de pedir la votación nominal, la cual es secundada por otros miembros de la Cámara, este trámite se dio, es un derecho mío, un derecho que no tiene por qué ser votado, puesto claramente el reglamento y la ley me lo otorga.

-LA C. PRESIDENTA: Diputado Raúl Gracia, usted tiene razón, lamentablemente el ejercicio de su derecho no fue respaldado por las cinco firmas...

-EL C. DIPUTADO RAUL GRACIA GUZMAN (desde su curul): Habla de que se secunde no de firmas, pediría en este momento, si faltase alguna, que no faltan, que se secundaran.

-LA C. PRESIDENTA: Diputado Gracia esta presidencia interpretó este artículo con el apoyo de cinco firmas y hubo un error de interpretación, lamento que no me haya hecho usted la afirmación antes de someterlo a votación económica. Es una observación pertinente, pero formulada lamentablemente a destiempo.

En tal virtud se incorpora a la Orden del Día la proposición con Punto de Acuerdo vinculado con el tema de la Conferencia Mundial sobre Financiamiento y las relaciones bilaterales México-Cuba.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco… Diputado Gracia.

-EL C. DIPUTADO RAUL GRACIA GUZMAN (desde su curul): Quiero dejar claro que la presidencia me otorga mi derecho, que la presidencia tuvo la oportunidad de subsanar un error, de primera parte de la Mesa Directiva, y en segundo reconociendo que no se hizo la corrección a tiempo, para ajustarnos a derecho y la presidencia de la Mesa Directiva no hizo esta subsanación del error. Que quede constancia claramente que no se está actuando conforme a derecho.

-LA C. PRESIDENTA: Diputado Gracia, esta presidencia tiene el propósito de ajustar todas sus actuaciones a derecho, no tiene ningún inconveniente en el que quede asentado en el Acta el planteamiento que usted señala. Deseamos subrayar nuestro interés de que las actuaciones de la Mesa Directiva correspondan en espíritu y en letra, a lo que señala nuestro Reglamento y nuestra Ley Orgánica.

Hicimos todo lo posible por encontrar un cauce por la vía negociada para que este punto se pospusiera. Yo quiero hacer una consulta con los grupos parlamentarios, para el caso de dejar satisfecha el espíritu y la letra de nuestra Ley Orgánica y nuestro Reglamento, y en ese caso quisiera señalar que es interés de esta presidencia el que pudiese darse una votación nominal sobre este tema; sin embargo, quiero señalar que ha habido dos votaciones económicas que han incorporado el tema al tratamiento y en ese sentido, como cualquier reconsideración, pudiese ser calificada nuevamente como una omisión, cuando el propósito de la Presidencia fue encontrar una alternativa con estricto apego a derecho, quisiera escuchar algún comentario de los grupos parlamentarios.

El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.

EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).- Señora Presidenta, únicamente para manifestar nuestra inconformidad de que se asentara lo solicitado, toda vez que el artículo 20, señalando las atribuciones de la Mesa Directiva en su fracción "B", parte segunda dice claramente: "realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos relativos a la actividad parlamentaria" Su asentáramos eso, la Mesa estaría incumpliendo un acuerdo que ya había tomado de acuerdo a sus atribuciones.

No estamos de acuerdo con la afirmación hecha por el diputado Gracia.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

¿Diputado Gracia, ¿solicitó usted la palabra?

EL C. DIP. RAUL GRACIA GUZMÁN, (desde su curul).- No, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- En tal virtud, continuando con el cumplimiento de la propuesta planteada y con el propósito... Diputado Calderón.

EL C. DIP. FELIPE DE JESÚS CALDERON HINOJOSA, (desde su curul).- Bueno, desahogando la petición y la consideración expresa de la Presidencia, la cual agradezco diputada Paredes, externo la opinión del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

Estamos interesados en que los asuntos de la Cámara se desahoguen con absoluta claridad y certidumbre, pulcritud para todos. Creemos que asiste al pleno de la Cámara de la mayoría de los diputados, el resolver en el sentido que la mayoría determine y hemos sido siempre respetuosos de esa mayoría en los momentos más difíciles.

La moción del diputado Gracia, considero con todo respeto, que estaba apegada a derecho; la petición de votación nominal es un derecho que asiste a los diputados. No habla la ley de que ésta tenga que hacerse por firmas, ni siquiera habla de que sea por escrito, sino que haga la petición un diputado y sea secundada.

Finalmente, el fondo del trámite, lo que buscaba era dar claridad y certidumbre a una votación que probablemente perderíamos, pero en un marco de claridad y de transparencia, usted y nosotros hemos vivido votaciones donde no ha habido claridad en sus resultados y simplemente no hay nada que ayude más a la Cámara que la claridad; pero entendemos que el trámite está resuelto, que es facultad de la Mesa resolverlo y vamos a debate.

LA C. PRESIDENTA.- Le aprecio mucho, diputado Calderón su comentario.

Verdaderamente esta Mesa Directiva, lamenta el curso que tomaron los hechos, sin embargo como bien señala usted, este pleno se pronunció en algún sentido.

Vamos a proceder a desahogar la incorporación de la proposición de un punto de acuerdo y tiene el uso de la palabra... Diputado Ramírez Marín.

EL C. DIP. JORGE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).- Señora Presidenta, la intención fundamental de nuestro grupo parlamentario, ha sido en todo momento privilegiar el debate; en todo momento respaldar las acciones legales de la Mesa Directiva cuando así lo han sido y sobre todo, subrayar el carácter incluyente de sus decisiones.

Por nuestra parte, no tenemos ningún inconveniente en que abra usted la votación nominal si así lo dispone.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Bernardo de la Garza.

EL C. DIP. BERNARDO DE LA GARZA HERRERA, (desde su curul).- De igual forma, diputada Presidenta, aunque nosotros en el sentido de la votación para que se incluya este tema en el orden del día estamos de acuerdo, creemos que es un buen precedente el que se ponga a la votación nominal y que cada diputado pueda exigirla cuando haya duda en la votación; así es que respaldaríamos lo que menciona el diputado Jorge Carlos, y si la presidencia decide abrir la votación nominal, creemos que sería lo más conveniente.

-PRESIDENTA: ¿Algún otro comentario?

-DIP. TOMAS TORRES: (desde la curul) Gracias ciudadana presidenta.

Previo a expresar el sentir de la fracción parlamentaria del PRD en el sentido de ir a la votación nominal, sólo para confirmar y avalar las determinaciones de la mesa directiva y de su presidencia.

Por cortesía política me parece que el señor diputado Gracia, si esto no le convence, pero de su propio análisis ve pertinente, retire su referencia de que es calificar de erróneo el procedimiento, para no entrar a una polémica inconveniente.

Vamos entonces a la votación nominal. Con respeto le pediría a mi compañero el diputado, que se retire del Diario de los Debates su reflexión porque deviene en unilateral. Muchas gracias.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

Diputado Gracia, ¿tiene usted algún comentario?

-DIP. RAUL GRACIA GUZMAN (desde la curul) No.

-PRESIDENTA: Correcto.

El diputado Gracia no retira. Y le ruego también al diputado Gracia ...

-DIP. RAUL GRACIA GUZMAN (desde la curul) Si se rectifica el trámite, obviamente quedará subsanada mi aseveración en función de que en los hechos no se daría el supuesto que yo contemplaba.

Agradezco mucho la atención de la mesa directiva.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

Esta mesa directiva quiere dejar constancia de su ...

Diputado Narro.

-DIP. JOSE NARRO CESPEDES (desde la curul) Queremos comentar como fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, nuestro respaldo a la mesa directiva, la decisión que tomó la presidenta nos parece correcta la determinación y que ésta se encuentra en el marco de la ley.

Es cuanto, presidenta.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

En base a ese respaldo y reconociendo las expresiones ...

Diputado Martí Batres.

-DIP. MARTI BATRES (desde la curul) Sólo para comentar señora presidenta que se actuó correctamente en función de las atribuciones que se tienen y que había una determinación en el sentido de la votación que se dio.

Sin embargo no tendríamos objeción en que se explore la ratificación de la decisión mayoritaria del Pleno de la Cámara.

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

Reconociendo las expresiones de respaldo al comportamiento de la mesa directiva y habida cuenta del espíritu de entendimiento que permea entre estos grupos parlamentarios, esta presidencia solicita se abra la votación nominal para desahogar la votación, en el sentido siguiente: Los que estén por la afirmativa estarán a favor de que se incluya en el Orden del Día el tema de la Cumbre sobre el Financiamiento y las Relaciones Bilaterales México-Cuba.

Los que estén en contra estarán negando el que se incluya.

Proceda la secretaría a dar los avisos correspondientes y ábrase la votación nominal hasta por 5 minutos.

-DIP. SRIA. MARTHA SILVIA SANCHEZ GONZALEZ: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por 5 minutos, para proceder a la votación nominal.

(VOTACION)

-MISMA SECRETARIA: Se emitieron 183 votos a favor, 167 en contra y 1 abstención.

LA C. PRESIDENTA: Aprobada la incorporación en el orden del día del punto multicitado por 183 votos.

En consecuencia, se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Herrera, hasta por 5 minutos.

EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA: Señora presidenta, compañeras y compañeros diputados: difícil en 5 minutos tocar un tema que rasga en este momento la conciencia nacional, pero lo vamos a hacer; no había por qué censurar el tema.

Decía José Martí que todavía tiene mucho oficio la palabra, y es cierto, todavía tiene mucho oficio la palabra y de esta Cámara de Diputados hoy debe salir la palabra que lanza puentes, que dicta rumbos, que acerca a los pueblos y que no los divide.

México tiene una norma inalterable en materia internacional. Quiere para todos los pueblos del mundo lo que quiere para sí mismo: a cooperación responde con cooperación, a solidaridad con solidaridad y a cortesías con cortesías, nunca, nunca, como ha sido en esta vez, con descortesías.

Desde los inicios de este gobierno hubo una especie de necesidad de mandar señales de claudicación, sumisión y servilismo hacia la principal potencia del mundo: los Estados Unidos de Norteamérica.

Desde el primer día se buscó agradar a la potencia con discursos, como el de la posibilidad de integrar fuerzas militares multinacionales como los cascos azules, hasta fustigar a Cuba por el respeto a los derechos humanos, sin ver la viga en el ojo propio.

A propósito también de este hecho se utilizó un lenguaje no diplomático para referirse a Cuba y a su gobierno con un desdén propio de quien se siente lejos de las causas que ese país y a nosotros hemos compartido durante 100 años.

En el marco de la visita realizada por Fox a Cuba los días 3 y 4 de febrero del año en curso se respondió al tradicional afecto y deferencias que guarda aquel pueblo y gobierno con nuestro país con una reunión a hurtadillas con un grupo de disidentes cubanos, buscando otra vez la aprobación del vecino del norte.

Quienes conducen las relaciones internacionales de México creen ingenuamente que mientras más alineados y poco autónomos seamos frente a los Estados Unidos más equidad vamos a tener en el trato, y para ello tenemos incluso que atacar a países donde nos unen historia y futuro.

La gota que ha derramado el vaso en esta suerte de tropiezos ha puesto a nuestro país en una posición muy vulnerable. Acceder a las presiones de un país para excluir a otro de un evento organizado por la ONU nos coloca en la posición de aquellos que abiertamente asumen, como fatalidad, que no hay países más importantes que otros y que entonces aquel anhelo para construir un entorno internacional inmerso en la equidad no sólo es inalcanzable sino para México es renunciable.

Estamos en una situación al extremo delicada en lo concerniente a nuestras relaciones con el país caribeño y en cuanto a nuestra posición en el concierto de naciones.

La salida abrupta del Presidente Fidel Castro, a petición, según se sabe, de altas autoridades de la cancillería mexicana, hace necesario que se haga un alto en esta consecución de hechos, antes de que sea demasiado tarde y se pierda toda la autoridad que nuestro país tiene en sus relaciones con el mundo, lo que es fruto de su comportamiento autónomo, soberano y solidario.

Ante lo sucedido, es necesario que nos preguntemos:¿A quién representan quienes actualmente conducen la política internacional de México?

Cuando Cuba defiende su soberanía, en realidad defiende la capacidad de regirse que debe tener cualquier país.

Su lucha, entendemos, también es nuestra lucha. Por eso cuando en el concierto internacional defendemos activamente la posición de Cuba, en realidad no queremos ni minutos menos, sino los minutos que le da a esta Cámara la historia; cuando la invasión de Bahía de Cochinos, esta Cámara en pleno, con menos democracia, pero con más autenticidad, se puso en pie para condenar el genocidio Cuando no se apoya a aquel país, peligrosamente se coloca en posición vulnerable nuestra capacidad de autodeterminación.

Esa es la importancia que tiene para el país la relación con esa nación que no puede estar sometida a las modas de un señor que un día piensa una cosa y al día siguiente cambia de opinión.

Presentamos un Punto de Acuerdo los dos primeros, los compartimos con el Partido Revolucionario Institucional, con el Partido Verde Ecologista, con el Partido del Trabajo y con Convergencia por la Democracia.

Primero.- La Cámara de Diputados, está Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, rechaza categóricamente cualquier trato contrario a los principios de la diplomacia y a la tradición de nuestro país con el pueblo y el gobierno cubano por parte del Ejecutivo Federal y del canciller Castañeda.

Segundo.- Esta Cámara de Diputados cita a comparecer al periodista, escritor, Secretario de Relaciones Exteriores y futuro candidato a la Presidencia, para que nos diga aquí cuáles son las circunstancias de la participación y el abrupto retiro de la Cumbre de Monterrey, del Presidente de la República de Cuba.

Y éste es nuestro Punto de Acuerdo: El Partido de la Revolución Democrática, expresa que en caso de confirmarse que el canciller Castañeda ¿canciller? O algún colaborador de él hizo gestiones para impedir la participación del Presidente de Cuba o su partida anticipada de la Cumbre en mención, se ordene su inmediata separación del cargo de Secretario de Relaciones Exteriores por la situación delicada para nuestro país que se ha generado por ello. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Le ruego en su momento nos hagan llegar el texto del Punto de Acuerdo.

Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Regis Adame, por cinco minutos, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

- EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Hacemos uso de esta tribuna también para respaldar en todos sus términos el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Bruquetas

Una vez más el gobierno foxista ha dado muestras de su implacable política lacayuna y de sumisión a los intereses estadounidenses; una vez más las acciones de las autoridades mexicanas se han puesto prácticamente de tapete político para dar cumplimiento a los caprichos del Presidente George Bush

El hecho más reciente que pone en evidencia la ausencia de una política exterior soberana y nacionalista del actual gobierno, fue la falta de cortesía y tacto político y diplomático del que fue víctima el Presidente de la hermana República de Cuba, Comandante Fidel Castro, durante su visita a la Conferencia Internacional de Financiamiento para el Desarrollo celebrada la semana pasada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Hasta hace algunos años la defensa de la soberanía mexicana y de los pueblos del mundo constituía uno de los principales aspectos de la política exterior de nuestro país, en la que el principio de la no intervención se defendía sin menoscabo de las medidas de represalia que pudieran tomar algunas naciones en contra de la nuestra.

Como sabemos, desde la tercera década del siglo pasado, México a través de la Doctrina Estrada reivindicó el derecho a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Al poco tiempo dicha política fue el escudo en la lucha de las naciones, particularmente las latinoamericanas. Baste recordar la actitud del gobierno mexicano para los casos de Cuba, Chile y Nicaragua, en los cuales nuestro país encabezó la defensa de su derecho a otorgarse el gobierno que sus ciudadanos consideraran adecuados.

Sin lugar a dudas, es menester informarle al ciudadano Presidente de la República y a su actual Secretario del Despacho de Relaciones Exteriores que en la primera parte del siglo XX el gobierno norteamericano tuvo actitudes injerencistas en nuestro país. Seguramente el Presidente no lo sabe, pero su paradigma en el gobierno fue asesinado merced a la traición que se fraguó en la Embajada de Estados Unidos en México, a cargo de Henry Lane Wilson.

Además los Estados Unidos supeditaron su relación con México al reconocimiento de que de los gobiernos mexicanos hiciera. Ante estas situaciones y como mecanismo de respeto a la libre autodeterminación del pueblo de México surge y se impulsa internacionalmente la Doctrina Estrada. Con estas acciones el gobierno del Presidente Fox hace gala de la política mostrada en otras épocas por sus similares Antonio López de Santa Anna y Porfirio Díaz, de entregar el país a los intereses extranjeros.

El pueblo de México, como sabemos, tiene una larga amistad con el pueblo cubano, siempre ha mostrado su solidaridad y apoyo ante sus necesidades más apremiantes. A partir de la revolución cubana nuestro país mantuvo una postura firme y decidida en torno a esa gesta que cambió de manera radical la injusticia y opresión en la que se encontraban los cubanos.

Reiteramos esta solidaridad con el pueblo y el gobierno cubano ante la afrenta sufrida en Monterrey, situación que violenta el contenido de la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 2, numeral 1, en cuanto al principio de igualdad soberana de todos sus Estados miembros, ya que condicionar o excluir la presencia de un Jefe de Estado en las reuniones convocadas por la ONU atenta contra dicho principio.

Que el gobierno mexicano se haya prestado a asumir el papel de corre, ve y dile deja muy mal parada la diplomacia mexicana. Por tal razón insistimos en la renuncia del señor Jorge Castañeda Gutman, porque no respeta los lineamientos constitucionales en materia de política exterior contenidos en la fracción X del artículo 89.Y como habíamos mencionado en un inicio, nosotros respaldamos los dos puntos de acuerdo presentados por el diputado que nos antecedió. Y bueno nosotros como fracción parlamentaria exigimos la destitución o la remoción inmediata del Canciller Jorge G. Castañeda, con fundamento en el artículo 89 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Tiene la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido de Alianza Social.

- EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (PAN): Gracias, ciudadana Presidenta.

Amigas y amigos Diputados:

Antes de empezar la disertación quisiera que ubicáramos el debate y hasta donde yo entiendo se desprende del incidente acaecido en el Foro sobre la Financiación del Desarrollo. De este incidente Alianza Social desprende tres cosas:

La primera, el motivo mismo de la Cumbre.

La segunda, la cuestión que priva en Cuba y que es parte precisamente de lo que está en el debate central.

Y por último, el papel que los mexicanos esperamos y los poderes exigimos de la diplomacia mexicana.

Respecto del primer punto, era claro que el motivo de la Cumbre buscaba encontrar formas y mecanismos que dieran fin o redujeran al máximo la diferencia entre los países ricos y los partidos pobres, mecanismos que permitieran que la soberbia y la opulencia de los muchos, de los pocos ricos, fuera disminuida, para que los pobres y expoliados países tuvieran mecanismos de prosperidad. Y en este sentido nadie duda que Cuba, la isla, nuestro hermano pueblo de Cuba es, como dijera Eduardo Galiano, un país que tiene las venas abiertas por la expoliación de los países ricos, particularmente del bloqueo de Estados Unidos. De tal manera que la presencia de Cuba era fundamental, porque era precisamente el motivo, uno de los motivos que buscaba esta Cumbre. El segundo, la cuestión que priva en Cuba.

Sin duda alguna hablar de lo que otro país debe o no debe hacer, es una situación tan delicada que quien se anime a hacerlo debe tener por lo menos la mano limpia, porque si no esto equivale a escupir para arriba.

Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y no son los Estados Unidos precisamente los que después de su elección gozan de la limpieza y la legitimidad que da un proceso legal y legítimo, porque en todo caso los países que se presentaron allí, los países pobres, pudieron haberle dicho a Estados Unidos que debería revisar sus procedimientos, porque si no había cooperación con ellos y recordar la elección del Presidente, que aunque fue legal, tiene la falta de legitimidad que da un proceso que no quedó aclarado. Estados Unidos no son con mucho los que tienen la palabra para exigir en otros países la democracia que se está fracturando en su propio país.

También es cierto que aunque en lo particular muchos lamentemos que en el hermano país de Cuba debiera haber nuevos espacios democráticos, también lo es que como lo dijera Vasconcelos, "lástima el día que los países esperan que otros les vengan a hacer las elecciones". De tal manera que Cuba debe resolver sus problemas, el pueblo cubano debe hacerlo y no porque otros se los impongan sino por voluntad, por convicción y por desarrollo de esa sociedad.

Y, por último, el papel que esperábamos los mexicanos de nuestra diplomacia. La diplomacia, entre otras cosas, es una habilidad para tratar con todas las personas, es la capacidad para resolver de manera aséptica, limpia, temas espinosos y delicados y eso, que es una cualidad del diplomático, desgraciadamente no la tiene nuestro jefe de la diplomacia nacional.

Este hecho desafortunadamente no es un hecho aislado, se acumula al sin número de actitudes y conductas que ya han dejado mal parada la que en otro tiempo fuera una de las más prestigiadas diplomacias, como es la mexicana. Lamentablemente y por la falta de ese cuidado, la diplomacia mexicana no solamente se está alejando de los principios constitucionales, sino que está demostrando esa capacidad para resolver pulcramente un asunto que por espinoso que sea, para eso está la diplomacia.

Queremos terminar solamente mencionando que el siglo XXI debe ser el inicio de un siglo que dé a la razón y a la concordia la importancia que merecen como ejes fundamentales de las relaciones internacionales. La prudencia y el respeto es algo que debe prevalecer en el trato con las demás naciones.

Hacemos un exhorto para que cambie la actitud, para que se ajusten a lo que marca la Constitución y también nos sumamos a los tres puntos del Punto de Acuerdo.

Gracias.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido Vede Ecologista.

-LA C. DIPUTADA ERIKA SPEZIA MALDONADO: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores. Los resultados de La Cumbre de Monterrey celebrada la semana pasada, son alentadores para el devenir financiero del desarrollo Es un notable ascendente poder de convocatoria de la ONU para conjugar los esfuerzos y proyectos y voluntades de tantas naciones.

La unión entre la diversidad de las naciones es ya un logro en si misma, un loro que aumenta cuando se promueve la cooperación y la ejecución de acciones que ayuden a cerrar la brecha entre quienes lo tienen todo y aquellos que carecen de lo elemental para vivir.

En el caso de los países en desarrollo, el estímulo del crecimiento económico y el desarrollo social junto con la erradicación de la pobreza, constituyen condiciones esenciales para el porvenir mundial sostenible.

En el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México exigimos que el financiamiento al desarrollo se haga con una visión sostenible, equitativa y transparente. Sin embargo, en La Cumbre de Monterrey, a pesar de los logros significativos y de las esperanzas para el futuro, hubo un incidente diplomático entre los organizadores de La Cumbre y Fidel Castro, Presidente de la República de Cuba, que no debió haber ocurrido porque la principal responsabilidad de atender con la cortesía debida al Representante de otro pueblo y mucho más en el caso de un pueblo como es el cubano , entrañable amigo del pueblo mexicano, es el del país anfitrión, en este caso México.

La reciprocidad es un principio básico de la diplomacia y es el que regula la conducta y el accionar entre los estados; más aún, en el Derecho Internacional la reciprocidad es la relación que se establece por acuerdo entre los estados basado en la igualdad de trato. Dicha igualdad parte de la aceptación del otro, pues entre dos estados recíprocos la exclusión no tiene cabida porque la diplomacia entre las Cumbres de alto nivel como la de Monterrey, precisamente buscan sentar a los países opuestos para que sea a través del diálogo y la negociación como puedan dirimir sus diferencias y acercar los beneficios y ventajas de estas reuniones multilaterales.

El extraño retiro anunciado desde la tribuna del Presidente Cubano contradice el ánimo conciliatorio y la política de puente entre Cuba y México que promueve la Administración del Presidente Vicente Fox. Después de Monterrey se percibe como una tercera cuesta arriba la de mediar entre la nación caribeña y la potencia hegemónica.

Mejor sería no asumir protagonismos estériles respecto al diferenciado entre La Habana y Washington y que la Cancillería Mexicana se apegara a los preceptos constitucionales en materia de política exterior. Con ello, buscamos que nuestro país acate los principios medulares de nuestra política exterior y no sea reducto para posiciones antagónicas que solo laceran la diplomacia y la sana convivencia con ambas naciones hermanas.

México necesita establecer claramente el rumbo que deben seguir sus relaciones hacia nuestra tercera frontera, El Caribe. La Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que definir junto con el Congreso de la Unión una política externa, racional y congruente con la Constitución donde no abandone la política histórica de No Intervencionismo que sea punto de referencia para evitar estas inconsistencias y desatinos en los que la Cancillería Mexicana incurre muy seguidamente en detrimento de los esfuerzos internacionales para construir un concierto de naciones armónico tal y como lo demandamos todos los pueblos de la orbe.

Dadas las condiciones actuales es imperante que nos preguntemos, que hagamos un alto y nos preguntemos, si la Cancillería está ocupada por el mexicano idóneo para esto, así pues, si nos sumamos entonces a los dos primeros puntos, los dos primeros incisos del Punto de Acuerdo propuesto.

Muchas gracias (aplausos).

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Del Río

Virgen de Convergencia Democrática, hasta por cinco minutos

- EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Compañeras y compañeros y con el permiso de la Presidencia.

El pasado glorioso de México en busca de su libertad y superación nacional se hace manifiesto en su política internacional defensora de los derechos humanos, la justicia social, la democracia, la independencia y la auto determinación de los pueblos. Esta es una muestra y esta ha sido nuestra actitud como país, siempre digna, respetuosa, con el espíritu latinoamericano que héroes nacionales y latinoamericanos nos han dado para llamarnos hermanos.

En un nuevo siglo lleno de contrastes, pobreza y marginación internacionales, donde los modelos económicos mundiales imperantes parecen imponerse ante las soberanías de los países en vías de desarrollo, nos urge a los latinoamericanos el ideal de hermandad y fraternidad que nos mantenga unidos ante las perversas ideas desintegradoras de naciones y del espíritu latinoamericano.

La política exterior de México es y debe ser una política de Estado para que ante el mundo su compromiso internacionalista sirva para defender todas, absolutamente todas las libertades que incluye por supuesto a la hermana república cubana con quien nos solidarizamos desde esta tribuna con sus anhelos históricos de ser un país libre, determinado por su futuro y presente por los propios cubanos.

La asistencia y determinación del presidente Fidel Castro de retirarse de los trabajos de La Cumbre sobre Financiación para el Desarrollo realizada en Monterrey en días pasados, es un acto de dignidad y de firmeza pero también debe verse en todo rigor como una facultad que tomó bajo su más estricta determinación.

No debe verse como la quieren ver algunos, como una determinación provocadora; las relaciones entre México y Cuba son fuertes y vigorosas porque precisamente estas descansan en una gran tradición de hermandad por el respeto a los pasados históricos de país y con plena vigencia de lo que quieren ser en el concierto de las naciones los dos países y aunque existen voces que quisieran ver estas relaciones lesionadas y aún destruidas, son más los millones y millones de mexicanos que desean todo lo contrario, desean ver una relación más fuerte entre los pueblos hermanos cubano y mexicano que les permita seguir buscando en el corto plazo la integración latinoamericanista para construir una región más fuerte en todos los sentidos, llena de un futuro promisorio y orgullosa de su pasado glorioso.

La simulación internacionalista y humanista es hoy responsabilidad que todos debemos combatir, sólo con las armas de la razón, el convencimiento, la tolerancia, la pluralidad y los buenos oficios diplomáticos, podremos garantizar la paz y civilidad mundiales.

Por ello es importante que nos manifestemos a favor del respeto de la soberanía de los pueblos del mundo, en especial de los pueblos latinoamericanos y particularmente del pueblo cubano porque de este modo garantizamos el respeto a nuestra soberanía, independencia y forma de gobernarnos. Nos queda claro que La Cumbre de Monterrey no alcanzó los objetivos que se buscaban, el apoyo económico son sólo migajas y la explotación y la hambruna seguirán presentes.

Los cubanos y los mexicanos estamos seguros y convencidos de seguir conviviendo, aprendiendo de nuestras diferencias; creemos que buscamos la construcción de sociedades que rescaten el diálogo por encima de fracturas y desencuentros en sí, de sociedades que amen la paz y estén dispuestas a preservarlas, reitero, sólo con las armas de la legalidad el respeto al estado de derecho y a la democracia podremos avanzar como países latinoamericanos.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo Riojas Santana hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias, ciudadana Presidenta.

Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista consideramos que acontecimientos como el que estamos tratando en estos momentos, como es el retiro y la forma en que se dio del Presidente Fidel Castro en la Cumbre de Monterrey.

Por un lado lo que recogen y expresan los diarios nacionales y el periódico independiente, miembro de la prensa libre, Juventud Rebelde. Y por otro lado lo expresado por el Presidente Vicente Fox, Presidente de todos los mexicanos.

En ese sentido nosotros queremos hacer un claro deslinde de nuestra posición en relación a todos estos acontecimientos. Creo que lo más importante sí, es el solicitar la comparecencia de Jorge Castañeda, Secretario de Relaciones Exteriores, para que nos pueda explicar y dar las razones, de porqué fue, cómo fue y creo que posteriormente podríamos entrar a un debate con otros argumentos, con otras armas y sobre todo con otros conceptos diferentes a los que la prensa escribe.

Para nosotros, los nacionalistas, por supuesto que estamos en contra de cualquier servilismo que pudiera existir en nuestro gobierno; por supuesto que estamos en contra de cualquier entreguismo, de cualquier falta a nuestra autodeterminación o a nuestra soberanía; por supuesto que todo mexicano bien nacido está en contra de eso.

En lo que no estamos de acuerdo es en los linchamientos públicos por lo que suponemos que pasó en esta cumbre.

Queremos recordar que el último de los que confirmaron su participación precisamente fue Fidel Castro y queremos también dar el beneficio de la duda al señor Presidente, hasta que el señor Secretario no nos aclare qué es lo que pasó.

Yo creo que es más importante para nosotros los legisladores reaccionar con hechos comprobados, no con supuestos encabezados de periódicos.

Estamos condenando un supuesto y por lo tanto la posición del Partido de la Sociedad Nacionalista no se dará hasta después de la comparecencia del señor ministro de relaciones exteriores.

Nosotros hemos sido amigos permanentes, hemos demostrado hasta la saciedad la hermandad que tenemos por el pueblo cubano, lo reiteramos día con día, aún en los tiempos más difíciles para nuestro país, seguimos apoyándolos en muchas situaciones.

No podemos, por un acto aislado de una sola persona, decir que todo el gobierno y que todos los mexicanos le hemos volteado la espalda al pueblo cubano; por el contrario, yo creo que debemos actuar responsablemente y en el sentido de que existan realmente pruebas entonces sí nos uniremos a esa petición de renuncia de nuestras autoridades que llevan las relaciones exteriores, pero no antes.

No es nuevo el protagonismo también del señor Presidente Fidel Castro, no es nuevo para nadie, ni para nosotros, ni para el mundo; no es nuevo el que se utilice a los partidos afines, a los países afines para de alguna u otra manera también llevar, como se dice coloquialmente, agua a su molino.

Yo creo que debemos de ser un poquito más congruentes y esta misma vehemencia de muchos de los diputados ojalá la pudiéramos también aplicar a la búsqueda de soluciones de nosotros y de muchos mexicanos.

Ojalá dejemos de ser un poquito portavoces, cuando no nos lo ha pedido y dejar de ser candiles de la calle y oscuridad de la casa.

Por lo tanto, el posicionamiento del Partido de la Sociedad Nacionalista es que hasta después de haber tenido la comparecencia del señor Jorge Castañeda, daremos el posicionamiento de nuestro partido.

Por lo anterior, muchísimas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.

Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, hasta por cinco minutos.

EL DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, ciudadana Presidenta.

Compañeras diputadas, compañeros diputados:

Creo que si alguien, algún político mexicano ha logrado un amplio consenso tan difícil en este tiempo, es el Secretario, el Ministro Jorge Castañeda.

Cubalifóbico por definición, ha generado una serie de desencuentros en donde ha permitido que las relaciones entre México y Cuba se hayan visto dañadas por posturas, por argumentos y por razones muy lejanas al sentir del pueblo mexicano.

Con desdén y con arrogancia ha acusado a los cubanos de ardidos, ha distanciado la Revolución de Cuba de la República, sin haber discutido su posición con el Congreso de la Unión y ha permitido que esta amistad largamente construida durante muchos años se vea dañada seriamente. No es un hecho aislado lo que pasó en la Cumbre de Monterrey, es el último acto que expresa la actitud y sobre todo tratar de quedar bien con el gobierno del país más poderoso.

Hay hechos indudables que demuestran la parcialidad del Gobierno Mexicano en esta Cumbre. ¿Por qué el Presidente Fox no le hizo el mismo señalamiento al Presidente Bush cuando cumplió sus ocho minutos de exposición y lo dejó que expusiera durante quince minutos, cuando el acuerdo para que todos los demás presidentes y esa misma aseveración se la hizo al Presidente Hugo Chávez, de Venezuela, cuando había cumplido sus ocho minutos? ¿Por qué no se lo hizo al Presidente Bush? ¿Hay discrecionalidad, o un presidente es distinto en una cumbre de esta naturaleza porque pertenezca a un país con más poder económico que otro?

Este tipo de acciones, de ejemplos didácticos que demuestran la parcialidad y la conducción con que se quiso impulsar las conclusiones de esta cumbre, expresan que se le quiere dar un sentido a la política bilateral con Estados Unidos, en donde este país pueda impulsar sus mecanismos y pueda generar el tipo de acuerdos que considere pertinentes para su país, pero no para los pueblos dependientes.

En el fondo lo que está en discusión es el intercambio desigual. Nuestro país durante los últimos diez años ha entregado, según los estudiosos, 300 mil millones de dólares ha pagado por concepto de intereses de los préstamos y de la deuda y a cambio ha recibido 100 mil millones de dólares por concepto de préstamos. Esta es la relación desigual, esto es lo que está en el fondo de la discusión. Nuestro país y los países dependientes y pobres del mundo no quieren limosnas, quieren una relación igualitaria, quieren un intercambio en donde a través de una relación de tú a tú puedan construir los acuerdos que nos permitan un mejor desarrollo.

México y es y será hermano de Cuba y de todos los pueblos de mundo.

Es cuanto, ciudadana Presidenta.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

Tiene la palabra el diputado José Alfredo Botello Montes, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por cinco minutos.

EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: (desde la curul) Quisiera conocer el orden con que se está llevando a cabo el orden de los oradores.

LA PRESIDENTA: Sí diputado Zapata, con gusto.

Teníamos el orden acostumbrado, eso quiere decir que inmediatamente después estará el diputado Gustavo Carvajal, del PRI y habíamos registrado a los diputados que habían notificado previamente a la Mesa Directiva su interés de intervenir, la petición del Riojas y del diputado Martínez Veloz se dieron en curso de la intervención del diputado José Manuel del Río Virgen.

- EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (Desde su curul): Después de él va el PRI

- LA PRESIDENTA: Después de él va el PRI y se cierra el registro de oradores.

- EL DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES: Con el permiso de la Presidencia.

Nuestro reconocimiento, consideración y solidaridad con el pueblo cubano que igual que nosotros vivió de una revolución pero que hoy sufren de las penurias económica y carencia de derechos políticos.

Hace unos días nuestro país fue sede de la importante reunión denominada Conferencia sobre el Financiamiento para el Desarrollo, convocada no por México sino por la Organización de la Naciones Unidas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León y que dio oportunidad de que se congregaran Jefes de Estado que previamente fueron convocados.

Entre estos Jefes de Estado el Presidente de la República Popular de Cuba, Fidel Castro Rus, acudió a la convocatoria emitida en al ONU y tuvo oportunidad, como los demás, de hablar en plena libertad ante el foro ahí reunido, bajo su estricta decisión personal como lo hizo el Presidente Peruano y el nicaragüense el Jefe de Estado cubano decidió retirarse del evento uno vez que hizo uso de la palabra, los primeros por motivos conocidos con oportunidad pero éste, sin mayor explicación y que sí nos desconcierta, ya que ha dado pie a una serie de especulaciones que van desde presiones del gobierno de los Estados Unidos y hasta que es un por supuesto deterioro de nuestra relaciones diplomática con ese país.

Sin embargo, no existe a la fecha ninguna nota diplomática que establezca ese supuesto deterioro de relaciones las cuales desde el punto de vista formal se mantienen de manera normal como las que se tienen con todos los demás países.

Debemos recordar compañeros y compañeras diputadas que no es la primera ocasión que el Presidente Castro Rus se retira de una reunión como ésta, como ésta celebrada en Monterrey, sino en el pasado inmediato y en la anterior Cumbre Iberoamericana y de Jefes de Estado realizada en Panamá, hizo lo propio, y si a la anécdota nos fuéramos existe en prensa la referencia de que el Canciller cubano calificó la actitud de su Presidente como era quien se había robado el show.

Sin embargo consideramos que no debemos irnos por lo anecdótico accidental de lo acontecido en la Cumbre de Monterrey sino por el fondo que se encuentra en el contenido del documento denominado consenso de Monterrey y que hoy deberíamos estar preocupados y ocupados para que se cumpla y para promover que aquellos que no lo firmaron lo adopten dejando a lado intereses regionalistas o supuestamente nacionalistas.

El Partido Acción Nacional rechaza las imputaciones que se hacen no al Secretario Castañeda sino al país y en todo caso exigimos que quien hace tan graves afirmaciones, que proporcionen elementos de prueba.

Asimismo exigimos que el debate también se centre donde se debe centrar, ya que como dice el señor Herrera y Bruquetas, la conciencia nacional: "La conciencia nacional se rasga en el hecho de que en Cuba no existen derechos políticos, que no hay prensa libre, señor Herrera, usted que tanto las defiende, que nos hay elecciones libres y que se dé en esta Cámara de Diputados un debate que no puede darse por desgracia en la Asamblea Nacional de Cuba.

Compañeros diputados: habemos muchos demócratas en México que sin compartir las posturas de Estados Unidos, sin ceder un mínimo en nuestro rechazo al bloqueo económico de Cuba, no aceptamos que se oculte la realidad política de Cuba, ya que es la única dictadura de América Latina que no acepta ser vista así.

Por lo tanto, y para el caso de apoyar el Punto de Acuerdo para que comparezca el Secretario de Relaciones Exteriores, consideramos que nos debieran informar cuáles son las tareas que se van a realizar, para promover y darle el seguimiento al Consenso de Monterrey.

Pero también, compañeros, que no aceptamos que mientras venimos a pregonar que México no intervenga en otros estados, situación que no compartimos, tampoco admitimos que algunos oficiosos vengan aquí a hacer que Cuba intervenga en los asuntos internos de México.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Diputado Herrera Bruquetas para alusiones hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO ENRIQUE HERRERA BRUQUETAS: También se ha dicho que las palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, cuando no atraen, cuando no añaden.

No tiene sentido hacer especulaciones sobre algo que está a la vista, un Canciller que ha hablado, y ha hablado, se ha permitido calificar a la revolución cubana como una revolución ya fenecida, con la cual el trato del gobierno no debe existir sino actualmente con la República de Cuba.

El hecho está a la vista, yo apelo al patriotismo de los miembros del Partido de Acción Nacional, a quienes he visto a veces terriblemente distantes de su presidente, un presidente que nos pide, nos convoca aquí a la reforma fiscal por un lado, y él mismo después deteriora el acuerdo.

Y apelo al patriotismo porque no está, no es poco lo que está en juego, que es el prestigio de nuestro país. Quiero recordarle al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que si algo defendemos, es la no intervención en los asuntos de otros estados. Y usted está dando la idea de que nuestro Canciller, debe seguir interviniendo en asuntos de otros estados.

Yo creo que un sentido importante, yo se lo voy a decir: la vergüenza de las palabras de Castañeda, ante los asuntos de Estados Unidos y ante los asuntos de Cuba, la asumimos desgraciadamente todo el marco político de este país, por eso nos hemos levantado aquí a hablar.

¿Por qué les preocupaba hoy a ustedes que esto se tratara en esta alta tribuna? ¿Por qué pretendieron censurar la libre emisión del pensamiento y de la palabra?

Señores, los tiempos de la Inquisición quedaron marcados en la historia, hoy no tenemos por qué asumirlos.

Yo creo que la voz del Congreso debe marcar hoy la voz de la prudencia y la discreción, en esta tribuna misma le pedimos al Secretario de Relaciones hace algunos meses, sindéresis, prudencia, inteligencia.

Esta forma bochornosa que obligaron a que abandonara la reunión de Monterrey Fidel Castro, la asumimos y en el mundo entero se está asumiendo, como una muestra de desafecto, como un deseo de servir a los Estados Unidos, para después ponernos de rodillas frente a ellos.

Yo creo que el punto de reflexión es, señores, busquemos con Cuba la mano, pongamos en su lugar a quien se ocurrió despedir a un presidente de un país. Fue muy claro Fidel Castro en sus palabras: Me voy porque no me permiten asistir como los demás a las siguientes reuniones.

Entonces hacemos votos porque se asuma la dignidad plena, no vaya a ser que en la historia, como ustedes dieron prueba muy fehaciente, a los Estados Unidos lo reciban a brazo abierto, a Maximiliano le lanzaron flores en Puebla, en Veracruz. Y hoy, hoy pretendan hacer que el presidente de Venezuela no se exceda un minuto, no vaya a ser que el gran organizador de los eventos de la ONU se moleste, no.

¡De rodillas no, señores, de pie, y con la voz en alto!

-LA C. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.

En uso de la palabra el diputado Gustavo Carvajal Moreno del grupo parlamentario del PRI hasta por cinco minutos.

EL C. DIPUTADO CARVAJAL MORENO.- Con su permiso, señora Presidenta.

El tema que nos trae en este momento, es realmente un tema de vital importancia. ¿Por qué? Porque nunca en México se había solicitado a un Jefe de Estado se retirara de una reunión internacional, hecho que no está en discusión porque está planteándose y hemos solicitado en la Comisión de Relaciones, que la Embajada y los funcionarios de Cuba, nos manden los nombres de los funcionarios mexicanos que le solicitaron al Comandante Castro en Cuba que no viniera y aquí que se retirara. Esperamos que en el curso del día de hoy, nos puedan ser estos nombres determinados.

Las relaciones de México y de Cuba siempre han sido positivas y muy buenas; este año se cumplieron los cien años de relaciones ininterrumpidas, que sólo México y Cuba han sostenido, no hay otro país, dos países que hayan tenido estas relaciones sin interrupción. Para iniciar el centenario, un grupo de legisladores fuimos invitados a Cuba y se nos plantearon los problemas, los avances y las necesidades.

Pero también ha habido un apoyo y un mejoramiento importante en las relaciones de México con Cuba. El Gobierno Mexicano ha apoyado y ha dado mayor financiamiento a proyectos de desarrollo con Cuba; Cuba apoyó abiertamente la candidatura de México en el Consejo de Seguridad, pero fue abierto, fue activo, o sea, habló con amigos de otros países para que se votara a favor de México.

Nosotros sentimos que está también en juego quizá un hecho importante que es el voto de México en Ginebra, en donde tradicionalmente México no ha votado en contra cuando se toca lo de los derechos humanos; ha votado absteniéndose o a favor de Cuba. Sería muy peligroso que en esta ocasión, con alguno de estos problemas, de estos conflictos, México votara en contra de Cuba en este tema.

Por eso yo creo que lo sucedido durante la realización de la Conferencia para el Financiamiento y Desarrollo que se llevó a cabo en Monterrey, representa un episodio que preocupa y que ensombrece la historia de las relaciones diplomáticas entre México y Cuba.

En efecto, es una situación inédita que un Jefe de Estado invitado por nuestro gobierno a participar en un evento internacional, como es el caso del Presidente Fidel Castro, manifieste públicamente que fue objeto de presiones para evitar su presencia en nuestro país o reducir su participación en la Conferencia citada. De comprobarse estas afirmaciones reiteradas por funcionarios cubanos de alto nivel y esperamos nos envíen los nombres de quienes ellos nos indican recibieron estas indicaciones, estamos frente a un hecho grave que no se había visto en la política exterior de México y que sería de extrema gravedad.

De ser reales estos hechos o de no lograrse una explicación clara que despeje las dudas, pensamos que es necesario se realicen acciones de desagravio correspondientes.

Estamos de acuerdo con los dos puntos que aquí se han señalado. No cambio a la política internacional de México, está claramente establecido en la Constitución cuáles son las bases de nuestra política internacional.

Hay un debate que no está terminado entre partidos políticos que piensan que por encima de la soberanía están los derechos humanos y otros que pensamos que por encima de la soberanía no hay nada y estamos apoyando en este aspecto la decisión soberana del país y en este caso de Cuba.

En segundo lugar creemos , como aquí se ha planteado, una mejor explicación de los hechos y poder llegar a terminar en una conciliación de intereses y no una lucha o rompimiento de ellos, se cite a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores ante esta Comisión de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.

- PRESIDENTA: Gracias diputado.

Túrnese el Punto de Acuerdo a la Junta de Coordinación Política.

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Se han agotado los asuntos en cartera. Ruego a la secretaría dar lectura a la Orden del Día de mañana.

Perdón, diputada Erika Spezia. Perdón, diputado Bernardo de la Garza.

-DIP. BERNARDO DE LA GARZA (desde la curul) Simplemente presidenta, si se pudiera leer el Punto de Acuerdo por favor, porque creo que en la lectura que se le dio, no es la que venía redactada.

-PRESIDENTA: Con todo gusto diputado.

Sin leer los antecedentes, pero además para conocimiento del Pleno se solicitará su inclusión íntegra en la Gaceta Parlamentaria.

El punto de acuerdo definitivo es el siguiente:(leo solamente los Resolutivos)

"PRIMERO: La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión rechaza categóricamente cualquier trato contrario a los principios de la diplomacia y a la tradición de nuestro país para con el pueblo y el gobierno cubano por parte del Ejecutivo Federal y el Canciller Castañeda.

"SEGUNDO: Esta Cámara de Diputados cite a comparecer al Secretario de Relaciones Exteriores para que informe ante comisiones, las circunstancias de la participación y el abrupto retiro del Presidente de la República de Cuba, de la Cumbre para la Financiación del Desarrollo, organizada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

"Desde el punto de vista del PRD, en caso de confirmarse que el Canciller Castañe o algún colaborador de él, hizo gestiones para impedir la participación del Presidente de Cuba o para garantizar su partida anticipada de la Cumbre en mención, se ordene su inmediata separación del cargo de Secretario de Relaciones Exteriores, por la situación delicada para nuestro país que se ha generado por ello."

Sí, diputado Bernardo de la Garza.

-DIP. BERNARDO DE LA GARZA: (desde la curul) Dada esta redacción presidenta, nosotros nos sumaríamos también al tercer inciso del punto de acuerdo. Gracias.

-PRESIDENTA:: Gracias diputado.

Regístrese en ese sentido y como dije ya, publíquese íntegramente en la Gaceta.

-DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se va a dar lectura al Orden del Día de la próxima sesión.

(LECTURA DEL ORDEN DEL DIA)

-PRESIDENTA: Gracias diputado.

(A las 16:28) Se levanta la sesión y se cita para la que se llevará a cabo mañana martes 26 de marzo a las 10:00 de la mañana.