DE LA LVIII LEGISLATURA
20 DE FEBRERO DE 2002
SESION DE
LA COMISIÓN PERMANENTE DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO 20 DE FEBRERO DE 2002
DE LA LVIII LEGISLATURA
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI. Toca la campanilla y dice): Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia.
- LA C. SECRETARIA, SENADORA NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES (PRI): Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los integrantes de la Comisión Permanente.
(Lista de asistencia de los ciudadanos Legisladores)
Hay una asistencia de 30 Legisladores.
Hay quórum, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE (A las 11:10 horas): Se abre la sesión.
- LA C. SECRETARIA, SENADORA NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES (PRI): Se va a dar lectura al orden del día.
(Lectura al orden del día)
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): El siguiente punto del orden del día...
LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (PRD. Desde su curul): ¡Señor Presidente!
- EL C. PRESIDENTE: Dígame, Diputada.
- LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (PRD. Desde su curul): Quiero solicitar a la Presidencia si se puede incorporar en la agenda política un punto referido, en este caso, al combate a la corrupción.
Solicito amablemente a la mesa directiva que pueda someter a consideración de esta honorable asamblea la petición que hago.
- EL C. PRESIDENTE: Hemos recibido esa solicitud. La resolverá en el curso de la sesión la mesa directiva, en atención al desahogo de los puntos que están ya consignados.
- LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (PRD. Desde su curul): Agradezco su atención, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Como verán tenemos un orden del día muy amplio y por lo tanto esta Presidencia anticipa que al cumplirse las cuatro horas de la sesión pondrá a consideración del pleno la posibilidad de terminar la sesión y dejar algunos asuntos para la próxima.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del acta de la sesión anterior.
Ruego a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su votación.
- LA C. SECRETARIA, SENADORA NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES (PRI): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria y se proceda a su votación.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Se dispensa la lectura. Proceda la Secretaría a someter a consideración el acta.
- LA C. SECRETARIA, SENADORA NOEMÍ GUZMÁN LAGUNES (PRI): Esta a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Aprobada el acta.
El siguiente punto del orden del día es la presentación por el Doctor José Luis Soberanes Fernández, del Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Se designa en Comisión para que lo introduzcan a este recinto a los siguientes ciudadanos Legisladores:
Senador Sadot Sánchez Carreño (PRI)
Senadora Micaela Aguilar González (PAN)
Senador Ricardo Gerardo Higuera (PRD)
Diputado Rodolfo Escudero Barrera (PVEM) y
Diputado Juan Carlos Regis Adame (PT)
(La Comisión cumple su cometido)
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Se encuentra entre nosotros el señor Doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para presentar el Informe de Actividades de dicha Comisión, correspondiente al periodo del 16 de noviembre de 2000 al 31 de diciembre de 2001.
Están también entre nosotros los Presidentes de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos del Senado de la República.
Tiene la palabra el señor Doctor José Luis Soberanes Fernández.
-DR. JOSE LUIS SOBERANES FERNÁNDEZ, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.-
Señor Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión;
Señoras y señores Legisladores de la República;
Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos;
Señoras y señores Presidentes de Comisiones Estatales de Derechos Humanos:
Aprovecho la oportunidad también para agradecer la asistencia de mis compañeros de trabajo y miembros de Organizaciones no Gubernamentales de Derechos Humanos que me honran con su presencia esta mañana.
En acatamiento de lo dispuesto en el artículo 102 constitucional, Apartado B, comparezco ante esta Soberanía para presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al periodo que va del 16 de noviembre del 2000 al 31 de diciembre del 2001. Dicho informe ha sido entregado inextenso a todos los legisladores federales y ahora sólo comparezco para hacer una breve exposición y diagnóstico del mismo.
No quiero iniciar este informe sin señalar que la compleja realidad social de nuestro país y la marginación de muchos millones de compatriotas, imponen fuertes condicionamientos al avance de la justicia y a la plena vigencia de los derechos humanos.
Nuestra experiencia en la CND nos dice que la impunidad, la prepotencia, el abuso del poder y los ataques a la dignidad de las personas ocurre con mayor frecuencia cuando los agraviados padecen ignorancia y pobreza, expresiones de una extrema injusticia que es caldo de cultivo de otras violencia y otras violaciones a los derechos elementales de las personas. Por ello, sabemos que si como país no avanzamos en la mejora de las condiciones de vida de nuestros compatriotas, los derechos humanos seguirán siendo lastimados, por así decirlo, en su cuna; el derecho a comer, a crecer, a madurar sanos, libres y con educación.
La cultura mexicana de respeto a los derechos humanos es incipiente y todavía frágil. Que gobernantes y gobernados se sienten y actúen como sujetos reales del orden jurídico sigue siendo uno de los grandes reclamos en un país necesitado de reafirmar la legalidad como el principal factor de convivencia y de solución legítima de conflictos.
La autoridad debe tomar conciencia de que cumplir sus tareas con estricto apego a la ley y con respeto a los derechos humanos de los gobernados, es su tarea principal. Todavía hoy vemos con demasiada frecuencia, autoridades que consideran la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de las Comisiones Estatales, como una afrenta a su gestión y no como un ejercicio cívico y legal de colaboración que ayuda a corregir errores, a perfeccionar normas, conductas y actitudes y a combatir la impunidad.
No olvidemos que si la sociedad exige que se persigan y sancionen los ilícitos que cometen los particulares, esta exigencia se convierte en clamor general y en fuerte reclamo cuando los autores de un delito o falta administrativa son servidores públicos.
Un hecho que por desgracia no ha sido excepcional en nuestra experiencia reciente, es la conducta omisa y evasiva de algunas autoridades que aceptan formalmente las recomendaciones de la Comisión, pero no cumplen con el compromiso de iniciar los procedimientos administrativos de sanción o las denuncias que les correspondería hacer ante el Ministerio Público.
Este problema se manifiesta igualmente en el recelo de algunas autoridades para rendir informes, aceptar medidas precautorias, aportar pruebas, acudir a reuniones conciliatorias y, en general, en obstaculizar en ocasiones de manera clara y en otras solapada, el trámite de las quejas por parte de la CNDH. Todavía hoy día hay autoridades que ante los señalamientos del ombudsman reaccionan promoviendo descalificaciones y denostando a esta institución nacional.
Ante el rechazo o escasa disposición de algunos funcionarios para escuchar los argumentos de la Comisión, seguiremos recurriendo a la comunicación directa con la sociedad y sus organizaciones, ejerciendo incluso la denuncia pública e informando a los medios sobre las resoluciones a las que hemos llegado tras analizar e investigar las quejas presentadas.
Sin cuestionar en este momento el carácter no vinculatorio de nuestras recomendaciones, sostenemos y reiteramos nuevamente que la fuerza de las mismas deriva de la vigencia del estado de derecho y de lo que establece nuestra propia Carta Magna, así como del respaldo social que concite.
Por lo mismo, las autoridades únicamente podrán eximir de acatarlas cuando demuestren, de manera fundada y motivada, que las recomendaciones carecen de sustento, son incongruentes o inatendibles.
La seguridad pública sigue siendo una de las mayores demandas de la sociedad, todas las personas tenemos derecho a vivir sin miedo , con tranquilidad y seguridad; insistimos en que para combatir la inseguridad se requiere profesionalismo en las corporaciones de policías, eficacia , honestidad y un compromiso respecto a los derechos fundamentales.
El apego a la ley y a los reglamentos permite que pueda distinguir con claridad entre lo que es el uso legítimo de la fuerza y cualquier aplicación discrecional y arbitraria de la misma. Por ello insistimos en que debe actualizar la legislación en materia de seguridad pública pues presentan muchos y graves rezagos que propician prácticas al margen de la ley.
Las actividades que en los últimos meses se han encomendado a elementos de la Policía Federal Preventiva, ponen en riesgo el respeto a los derechos humanos al no existir normas claras sobre la actuación de esta corporación en materia de prevención del delito.
Por ello resulta necesario normar el ámbito de su actuación, el cual debe quedar expresamente fijado en la ley.
Lo mismo sucede en el caso de la participación de efectivos militares en tareas de seguridad pública; debe de tenerse presente que esta no es una función propia del Ejército Mexicano, el cual sólo, por vía de cesión y nunca como regla, debe contribuir a estas labores.
La ubicación de retenes o puntos de revisión carreteros y operativos oficiales no respaldados por un marco jurídico bien definido, es motivo de preocupación para la Comisión Nacional por las frecuentes violaciones de garantías que de ahí se cometen; los retenes, de acuerdo con la apreciación social y lo observado por nuestros visitadores, no parecen ser obstáculos importante para quienes llevan a cabo las actividades de crimen organizado, demasiado, a menudo se convierten en focos de abuso y exacción contra personas cuya única falta es querer circular con libertad por nuestro país.
No está de más reiterarlo, cualquier actividad que en esta materia lleve a cabo la autoridad, debe enmarcarse también en la legalidad y en el respeto irrestricto a las garantías individuales consignadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En los instrumentos internacionales que hemos signado y en las demás leyes que nos rigen.
Por otro lado, la seguridad nacional es una de las áreas fundamentales para salvaguardar el territorio, regular la actividad de las fronteras y anticipar riesgos y amenazas potenciales contra la vida y la economía del país.
Por lo mismo, es indispensable que sus términos estén claramente establecidos y expuestos en una ley; en diversas ocasiones la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado a favor de la promulgación de una Ley de Seguridad Nacional que especifique los alcances de las funciones de los órganos de inteligencia para salvaguardar los intereses de la nación y los derechos de los gobernados.
Las instancias de investigación y seguridad nacional no deben convertirse en instrumentos de luchas facciosa o partidista, ni en centros de espionaje discrecional al servicio de personas o de grupos.
Es significativo el número de violaciones a los derechos humanos que se cometen en el ámbito de la procuración de justicia, lo que se traduce en una transgresión al derecho de toda persona a un efectivo acceso a la misma y en desconfianza y temor de las víctimas del delito que muchas veces prefieren no denunciar los hechos.
El Ministerio Público debe convertirse en una auténtica representación social y trabajar con estricto apego a derecho, a fin de que disminuyan las detenciones ilegales, los abusos de autoridad, la incomunicación y la tortura así como la indebida y/o deficiente integración de las averiguaciones previas.
El esfuerzo realizado por el Estado Mexicano para revertir la inseguridad debe también comprender un mayor apoyo y atención a las víctimas del delito, generalmente desprotegidas ante las afectaciones de su vida, su salud o sus bienes.
La CNDH tiene claro que sólo un mayor y más tangible compromiso con la víctima y con la reparación del daño, podrá revertir la percepción social de que los derechos humanos son sólo para los delincuentes.
En México, todo individuo tiene el derecho de ser tratado de una manera digna, lo que demanda como presupuesto básico el reconocimiento de sus derechos esenciales. Aun cuando este principio está formalmente reconocido por nuestro sistema jurídico, en ocasiones algunos servidores públicos violentan el derecho a que el honor y el buen nombre de las personas sea resguardado al hacer públicas las imputaciones de hechos aun antes de que haya sido demostrada su culpabilidad mediante juicios seguidos ante los tribunales.
Esta situación además de constituir un agravio para el inculpado, vulnera de modo flagrante el derecho a la presunción de inocencia.
Señoras y señores legisladores:
La experiencia acumulada en once años por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demuestra que cualquier señal o indicio de conductas que violen garantías debe atenderse de inmediato y supone, desde luego, la realización de actividades tendientes a evitar la consumación del hecho violatorio pero hay que ir más allá, consolidar al mismo tiempo la cultura de respeto a los derechos esenciales, la observancia de la ley y por supuesto el estado democrático de derecho.
1.- Defensa de los derechos humanos:
A).- Quejas: Durante el año 2001 se registró un total de 8,047 expedientes de los cuales 3,626 fueron de queja; 352 de inconformidad; 2,526 orientación y 1,543 de revisión.
Ejercicio indebido del cargo: Negativa al derecho de petición; trato cruel y/o degradante; detención arbitraria y negativa o inadecuada prestación del servicio público de salud, son los principales hechos violatorios denunciados.
De acuerdo con una encuesta directa entre personas que acudieron a la CNDH, se logró brindar una atención de calidad calificada por ellos mismos como excelente o buena, al 98.4 de las personas atendidas. El mismo porcentaje de personas atendidas señaló que, en caso necesario, volvería a recurrir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
B).- Recomendaciones: En el período que abarca este informe, la CNDH emitió 38 documentos recomendatorios que contiene 42 recomendaciones e involucran a 33 autoridades e instituciones: 5 fueron dirigidas a la Procuraduría General de la República; 3 a la Secretaría de Educación Pública; 2 al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 2 al Gobierno del Estado de Jalisco; 2 a la Secretaría de Seguridad Pública; una al Ejecutivo Federal; una a Ferrocarriles Nacionales de México; otra al Banco Nacional de Crédito Rural; otra a la Secretaría de Gobernación; otra a la Secretaría de Salud; otra a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo; otra más a la Procuraduría General de Justicia Militar; una a la Comisión Nacional de Arbitraje México; una al Instituto Mexicano del Seguro Social; y, también una a los gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Coahuila, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Yucatán; a los Congresos de los estados de Jalisco y Morelos, a la Comisión de Gobierno del Congreso del estado de Guerrero, a los ayuntamientos de Axochiapan, Morelos; Catemaco, Veracruz; y Pachuca, Hidalgo y una más a los presidentes municipales de Acayuca, Veracruz; Apodaca, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Iguala, Guerrero; San Miguel Totolapan, Guerrero; y, Tampico, Tamaulipas.
Fueron siete las autoridades que no aceptaron nuestras recomendaciones, tal es el caso del ayuntamiento de Catemaco; los presidentes municipales de Acayuca, Apodaca e Iguala en Guerrero; el Director General de BANRURAL; el Gobernador del Estado de Jalisco y en la mesa directiva del honorable Congreso del Estado de Morelos.
Sin lugar a dudas, la recomendación más significativa fue la 26/2001, relacionada con las 532 quejas sobre la desaparición forzada de personas durante la década de los 70 y principios de los 80 del siglo pasado pues por primera ocasión este organismo nacional dirigió una recomendación al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, quien la aceptó en todos sus términos e inició obligatoriedad en su cumplimiento.
Destacan igualmente las siguientes recomendaciones: la relativa al trato discriminatorio cometido por el Banco Nacional de Crédito Rural contra una mujer a cuyo concubinario no se le permitió no se le permitió el acceso al servicio médico al que tiene derecho.
La recomendación por violación a los derechos humanos cometidos contra 194 personas, servidores públicos, durante el proceso de investigación en relación con la fuga de Joaquín Guzmán Loera, del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos en Puente Grande, Jalisco.
La recomendación por haberse acreditado que en los centros federales de readaptación social se realicen revisiones corporales indignas a los visitantes, familiares y abogados así como violaciones a la correspondencia y a la dignidad de los reclusos y sus parejas al videograbar sus relaciones íntimas.
La emitida por actos de tortura cometidos en contra del señor Norberto Jesús Suárez Gómez y por incumplimiento de las medidas cautelares solicitadas durante el arraigo al que fue objeto.
La recomendación por un hecho de contracepción forzada en agravio de habitantes de las comunidades indígenas de La Fátima, Ojo de Agua y Ocotlán del municipio de Ayutla, Guerrero.
Otra por violación a los derechos humanos cometida por funcionarios públicos de Jalisco, al haber incurrido en irregularidades en tramitar la adopción internacional de nueve menores.
Y la recomendación por la posible responsabilidad de los médicos que intervinieron en el caso de la señora Luz Divina Castillo López, quien careció de atención médica de calidad durante su parto, lo que tuvo como resultado la extracción de su matriz y un ovario y la muerte del producto.
Como organismo defensor y protestor de la vigencia de los derechos humanos, el "ombudsman" no debe limitar su actuación a conocer e investigar las violaciones a esos derechos y a orientar a las víctimas de los mismos, sino que por su naturaleza debe buscar la prevención de las violaciones y la identificación y modificación de las prácticas administrativas y de gobierno que constituyan un peligro para la vigencia de los derechos humanos.
Por ello se emitieron por vez primera en la historia de la CNDH dos recomendaciones generales.
La recomendación general 1 es por la revisión indigna de que son objeto familiares, amistades y abogados de los internos en centros de reclusión, tanto estatales como federales, en virtud de que tales hechos se han presentado de manera reiterada, se solicitó que se instruyera a los titulares de las dependencias encargadas de la prevención y readaptación social para que se elimine esta práctica.
Asimismo, se recomendó que en los centros penitenciarios se coloquen anuncios sobre los derechos y obligaciones de los visitantes, así como un buzón de quejas, se adquiera equipo y tecnología para detectar objetos y sustancias prohibidas y se proporcione capacitación al personal de seguridad y custodia sobre el trato que deben dar a las personas que visitan a los internos, expidiéndose para tal efecto los correspondientes manuales de procedimientos.
Por su parte, la recomendación general se originó por las frecuentes detenciones arbitrarias que los agentes de policía realicen en su actuar.
En este caso se solicitó a las autoridades instruyan a los agentes de la Policía Judicial y elementos de las corporaciones policíacas en general, para que en forma inmediata cesen las detenciones arbitrarias. A los agentes del ministerio público para que den vista a los órganos de control interna respecto a las detenciones arbitrarias que sean de su conocimiento y de proceder se inicie la averiguación previa respectiva.
Igualmente, se recomendó que en los cursos de capacitación, actualización y derechos humanos dirigidos a los servidores públicos de las áreas de procuración de justicia y seguridad pública se fortalezcan los temas relacionados con esta problemática para suprimir totalmente esta práctica.
Dos. Programas especiales.
Presuntos desaparecidos.
Además del caso de los desaparecidos de la llamada guerra sucia, en el período que abarca este informe, el programa especial sobre presuntos desaparecidos concluyó 67 casos, encontrándose a 15 personas con vida y una fallecida.
Asimismo se concluyeron las investigaciones sobre 532 casos de desaparición de personas de la década de los setenta y principios de los ochenta del Siglo XX, cuyo resultado fue presentado en la opinión publica el 27 de noviembre de 2001 y dieron origen a la recomendación 26/2001 dirigida al Presidente de la República a la cual ya se hizo referencia.
El programa de presuntos desaparecidos continúa abierto a la atención de personas que desean plantear otros casos o aportar testimonios adicionales sobre casos ya investigados o en proceso de investigación.
Agravio a periodistas y defensores civiles de derechos humanos.
Programa de agravio a periodistas y defensores civiles de la CNDH se avocó a conocer no sólo de las quejas presentadas directamente por periodistas y defensores civiles, sino también a la investigación de oficio de cualquier asunto en el que se pudiera haber vulnerado sus derechos.
En el año 2001 se recibieron 21 quejas de trabajadores de los medios de comunicación, las principales violaciones a los derechos humanos de los comunicadores fueron: intimidación, amenazas, violación al derecho a la libertad de expresión, lesiones, ejercicio indebido de la función pública.
Asimismo, se recibieron 12 quejas de defensores civiles. Las violaciones reportadas fueron: amenazas, intimidación y ejercicio indebido de la función pública.
En el caso del homicidio de la licenciada Digna Ochoa, cabe señalar que la Comisión Nacional radicó desde el 3 de septiembre de 1999 el expediente de queja por amenazas denunciadas por integrantes del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. En ese momento se solicitó a las autoridades instrumentar medidas cautelares a fin de preservar la integridad de estas personas.
El 19 de octubre, día del asesinato de Digna Ochoa, personal de esta institución estuvo presente en las actuaciones minístrales que se realizaron, se ofreció asistencia a los familiares de la abogada y a los miembros del Centro Pro.
En el caso de los cinco defensores civiles de Derechos Humanos que fueron amenazados, la Comisión Nacional se mantiene en contacto con ellos todavía y ha solicitado a las autoridades investigar los hechos y tomar las medidas necesarias para garantizar su integridad física.
Gracias a un trabajo de compilación hemerográfica este organismo nacional pudo documentar 116 casos de violaciones a derechos humanos de 87 periodistas y 29 defensores civiles, quienes denunciaron públicamente algún tipo de acción para tratar de obstaculizar su labor.
La intimidación, las amenazas, el hostigamiento, la persecución y el espionaje telefónico son algunas de las violaciones a los derechos humanos que sufren cada día los periodistas y los defensores civiles en el desempeño de su profesión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha pronunciado por la instrumentación de mecanismos efectivos que garanticen y protejan este grupo vulnerable, asimismo, se ha manifestado a favor de una legislación moderna en materia de derecho de y a la información que garantice un amplio marco de ejercicio a la libertad de expresión y respeto a la privacidad. El derecho a la información implica necesariamente una responsabilidad frente a la sociedad.
C) Sistema Penitenciario y Centros de Internamiento. Las condiciones en que se encuentra el Sistema Penitenciario Nacional son deplorables. Las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión son una constante, sin que desafortunadamente se vislumbre alguna solución para un futuro inmediato, pues al cuadro de problemas crónicos que caracteriza su funcionamiento debe agregarse la insuficiencia de los presupuestos públicos en esta materia.
En el periodo que abarca este informe, la Comisión Nacional realizó 155 visitas a centros de reclusión de 19 entidades federativas. En estos recorridos se constataron, entre otras irregularidades, la permanencia del autogobierno por parte de los internos con la complacencia de las autoridades; insuficiencia de elementos de seguridad y custodia; instalaciones deterioradas; sobrepoblación y hacinamiento; corrupción de servidores públicos; poca o nula promoción de actividades laborales remuneradas; deficiencias y carencias en materia de servicios médicos e indebida atención de enfermos mentales e infecto contagiosos; tráfico de drogas; imposición arbitraria de sanciones disciplinarias; inadecuada separación entre procesados y sentenciados; escasez de centros especialmente diseñados para mujeres y la casi nula atención para las niñas y niños que permanecen con sus madres dentro de las cárceles, condiciones todas éstas que degradan y vulneran la dignidad de las personas que permanecen en reclusión.
Por lo que hace a los menores infractores, se practicaron 13 supervisiones, observándose que en muchos casos la situación en que se encuentra es igual o incluso peor que la de los adultos en reclusión, con el agravante de que su ingreso y permanencia en los centros de tratamiento puede generar consecuencias negativas en su formación y ser el inicio de toda una vida delictiva.
D) Migrantes. Otro aspecto que requirió especial atención por parte de la CNDH y lo sigue requiriendo es el relativo al respeto de los derechos humanos de los migrantes, tanto nacionales como extranjeros.
En el período que se informa, este organismo nacional realizó visitas a 98 estaciones y sitios migratorios en los estados de Baja California, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora y Tamaulipas.
De igual manera se colaboró para que los paisanos que regresen al territorio nacional durante las fiestas de fin de año lo hicieran sin sufrir violaciones a sus derechos humanos por parte de las autoridades aduaneras, migratorias y policíacas, para lo cual se realizaron recorridos y supervisiones a los lugares de paso en esas fechas. Dentro de este contexto, 44 visitas correspondieron a puentes internacionales, garitas, terminales aéreas y centros de autobuses de la frontera norte.
Asimismo, con el propósito de brindar una mejor y más oportuna atención a la zona, esta Comisión Nacional abrió en el mes de agosto pasado, su oficina de la frontera sur con cede en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
E) Cultura y Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Con el propósito de avanzar en la concreción de la reforma constitucional para los derechos indígenas, la CNDH ha planteado la pertinencia de analizar distintos ordenamientos legislativos de carácter secundario que se considera necesario modificar. Tal es el caso de la Ley General de la Educación, para que se establezca la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización y la capacitación productiva; la Ley General de Salud para que se reconozca la práctica de la medicina tradicional para fines curativos y rituales; la Ley de Planeación para que los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, incluyan esquemas que definan la participación de los indígenas en la planeación del desarrollo y la Ley Coordinación Fiscal para que se incluya un rubro especial que fortalezca a los pueblos y comunidades indígenas.
De la misma manera se propone revisar la Ley de Caza y Pesca, para que se reconozca el derecho de los pueblos indígenas a proveerse de sustento por medio de esas actividades; la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos para que se agregue también como materia de tutela, los sitios sagrados de los indígenas; la Ley Federal de Defensoría Pública para que se contemple la creación de una unidad de defensores públicos bilingües en los juicios del orden federal y otras similares a nivel estatal.
Formulamos 3 mil 536 propuestas para la liberación anticipada de indígenas internos en centros penitenciarios. Por libertad anticipada con purgamiento de pena, remisión de la pena, tratamiento de preliberación o libertad preparatoria, se logró que salieran 922 indígenas de los penales. Al respecto cabe mencionar que de acuerdo con los datos con que cuenta este organismo nacional hay hoy día 7 mil 324 indígenas internos en todo el país, de los cuales mil 936 pertenecen al fuero federal y 5 mil 388 al común.
Otra actividad prioritaria para la CNDH es el respeto a los derechos de los indígenas que por motivos laborales se ven forzados a abandonar su lugar de origen para emigrar a otros estados o regiones del país.
En este rubro se ha iniciado un Programa de Visitas a las Regiones Receptoras de Mano de Obra Indígena para observar las condiciones de los derechos humanos, de los migrantes en territorio nacional a efecto de promover que las autoridades establezcan las acciones conducentes para garantizar su acceso a los servicios de salud, educación, etcétera.
F) Altos y Selvas de Chiapas.
El Programa para los Altos y Selvas de Chiapas, con cede en la Ciudad de San Cristóbal de las Casas, realizó diversas acciones de particular trascendencia, del 25 de febrero al 11 de marzo, con el fin de garantizar el pleno respeto de los derechos humanos se participó en la marcha y recorrido que los integrantes del EZLN realizaron por diferentes entidades federativas y que culminó en la Ciudad de México; en tanto que los días 28 de agosto, 30 de septiembre y 22 de octubre, se acompañó el retorno que miembros de la organización Las Abejas, desplazados desde el año de 1997, realizaron a sus comunidades de origen.
G) Grupos vulnerables.
La problemática que en materia de derechos humanos afecta a la sociedad resulta ser más devastadora con aquellos grupos de personas que, por su edad, estado de salud, condición física, sicológica, económico-social, son considerados como vulnerables.
Tal es el caso de los niños y las niñas, las mujeres, las personas de la tercera edad, los discapacitados y quienes viven con el VIH Sida.
La protección de los menores de edad como grupo altamente vulnerable, demanda políticas de Estado y estrategias y de actuación, encaminadas a abatir la explotación sexual y laboral, las adopciones ilegales, la marginación como resultado del abandono por parte de sus padres, la violencia familiar y la drogadicción.
En el caso de las mujeres, siguen existiendo formas abiertas y sutiles de discriminación y de violencia. La garantía de que las mujeres deben gozar de los derechos que ampara el orden jurídico mexicano en igualdad de condiciones al resto de la población, no es una realidad en los hechos, choca a diario con numerosos patrones de consulta machista y excluyen que impide el pleno ejercicio de tales prerrogativas.
A muchas personas de la tercera edad se les niega, tanto en el ámbito laboral público como en el privado, la posibilidad de participar activamente en actividades remuneradas, generalmente estas personas no exigen asistencia sino que la sociedad les den espacios para seguir desarrollándose, lo cual hasta el momento no se ha logrado.
También los discapacitados ven transgredidos sus derechos fundamentales, debido a la insuficiencia de servicios de educación especializada, salud y rehabilitación de empleo y de medidas urbanísticas acordes a sus requerimientos.
Otro de los grupos que requieren de una atención especial, por las constantes violaciones a sus derechos humanos, son los que padecen el VIH Sida. Una de las consecuencias más negativas a este respecto, ha sido la generación del trato discriminatorio e intolerante hacia ellos, tal situación se vuelve particularmente grave en los centros de reclusión, donde las personas infectadas con el virus son segregadas, y el tratamiento que reciben es totalmente inadecuado.
Como parte del Programa de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, se promovieron las Jornadas Nacionales de Salud para Mujeres Reclusas y sus Hijos, y se celebraron diversas reuniones de trabajo, para poner en marcha un Programa de Niños Promotores, a fin de que un menor de cada grupo de educación primaria, efectúe charlas entre sus compañeros, apoyándose en el material elaborado por este organismo nacional.
Igualmente se actualizó el Directorio de Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales de la red de apoyo a las mujeres, niñas y niños, a efecto s de que las ciudadanías conozcan los datos de las instituciones que la integran y puedan acudir a ellas, con el propósito de recibir asesoría y otros servicios.
Con el ánimo de ampliar los mecanismos de protección para la mujer y la niñez, en contra del abandono y el incumplimiento de las obligaciones alimenticias, se celebró un convenio de colaboración con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, para promover que prestadores del servicio social de la licenciatura en derecho en todo el país, brinden asesoría jurídica gratuita en la materia a quienes requieran de este auxilio
Paralelamente se revisaron los Códigos Civiles y de Procedimientos Civiles de las 32 entidades federativas, en relación a los procedimientos de adopción, con miras a iniciar una campaña prevención y erradicación de las adopciones que ponen en riesgo a la niñez.
Además como parte de nuestras actividades en materia penitenciaria y de atención a grupos vulnerables, se organizaron varias mesas redondas, con las cuales se conoció que la primera causa de muerte entre los internos en reclusión del Distrito Federal, las enfermedades asociadas al contagio del virus VIH Sida, destacándose la urgencia de iniciar campañas de alerta y prevención dirigidas a los internos y sus familiares,. y al mismo tiempo sensibilizar a la sociedad en general sobre este problema, tal y como lo ha hecho este organismo durante este período.
Debe quedar claro que la falta de una atención integral a los grupos vulnerables, constituye un problema de relevancia nacional, por lo que es menester fomentar una mayor conciencia tanto en las autoridades como entre la sociedad a este respecto.
H). Víctimas del delito. Durante el período que se informa, el Programa de Atención a Víctimas del Delito de la Comisión Nacional, recibió 985 solicitudes de apoyo, de las cuales 274 se plantearon en forma directa por los interesados, 681 por vía telefónica y 30 por escrito; alrededor del 70% de las consultas fueron relativas a cuestiones penales y 281 a situaciones de índole familiar, civil o administrativa.
I). Asuntos internacionales. En el ámbito internacional, la Comisión ha dado puntual seguimiento a la agenda de los derechos humanos en los Foros del Sistema a Naciones Unidas y del Sistema Americano, participando en la formulación de diversas resoluciones y declaraciones.
La CNDH desempeñó un papel activo en el intercambio de experiencias con instituciones de defensa y protección a los derechos humanos de otras naciones al promover la celebración de convenios y organizar el V Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsman en la Ciudad de México, donde desempeñó un papel determinante en la creación de la Red de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos del Continente Americano y fue elegida para ocupar la Vicepresidencia del Comité Coordinador Internacional de Instituciones Nacionales de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, organismo que sirve de enlace entre la ONU y los ombudsman de todo el mundo.
Promoción de los Derecho Humanos.
A). Capacitación y formación. La CNDH dirige sus actividades de capacitación en derechos humanos hacia tres segmentos principales:
Servidores públicos encargados de salvaguardar la seguridad de la población.
Servidores públicos del sistema educativo.
Grupos vulnerables, por tratarse de personas cuyas garantías presentan mayor riesgo de ser violentadas.
En relación con los servicios bibliotecarios de la Comisión Nacional, el acervo del Centro de Documentación y Bibliotecas se incrementó con mil 678 volúmenes, lo cual permitió atender la demanda de información de 4 mil 327 usuarios, quienes tuvieron acceso no sólo a textos impresos, sino también a material audiovisual.
Por lo que hace a las publicaciones, en el período que se informa se editaron 31 mil ejemplares de distintos libros especializados en derechos humanos, 39 mil ejemplares de la Gaceta de la Comisión, 38 mil 500 de la Carta de Novedades en su versión español e inglés, así como 3 mil 58 folletos; 118 mil carteles,. 274 mil trípticos y 90 mil cartillas de diversos temas en la materia; además la tarea de edición y publicación se complementó con la distribución de un millón de ejemplares de la producción editorial de esta Comisión Nacional.
Relaciones con instituciones públicas y organismos no gubernamentales.
A). Instituciones públicas. En este período se han emprendido diversas acciones encaminadas a estrechar los lazos entre la Comisión Nacional y otras instituciones públicas tanto del ámbito federal como local. Tal es el caso de la I Reunión Nacional del Poder Legislativo e Instituciones Públicas de Derechos Humanos, celebrada en la Ciudad de Puebla en abril del 2001 que tuvo como preparativo cuatro reuniones regionales realizadas en Oaxaca, Toluca, Chihuahua y Durango.
En dichos encuentros se organizaron conjuntamente la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; participaron más de 400 personas entre ellos senadores y diputados al Congreso de la Unión, legisladores locales, representantes de organismos públicos de derechos humanos, académicos, estudiantes, servidores públicos, profesionistas independientes y miembros de organismos no gubernamentales.
B). Organismos públicos de derechos humanos. El avance en la consolidación de la cultura de respeto a los derechos humanos, es una tarea colectiva que requiere de la participación solidaria de quienes han asumido particularmente el compromiso en tal lucha.
Los organismos públicos encargados de tutela, deben renovar cotidianamente sus empeños y unir sus esfuerzos para hacer de su actividad una labor eficaz, honesta y decidida que no se retraiga ante los signos de intolerancia de quienes pretenden desvirtuar su retroactuación.
C). Organismos no gubernamentales. En el nuevo contexto de la participación social, las relaciones de la CNDH con organizaciones no gubernamentales son de particular importancia. En el período que se informa se realizaron 111 reuniones de trabajo en las que participaron 4 mil 847 integrantes de organismos no gubernamentales, instituciones de asistencia privada, destacándose el primer encuentro regional entre la Comisión Nacional, las comisiones locales y las organizaciones no gubernamentales, en las que participaron los ombudsman de Guanajuato, México, Morelos, Querétaro y el Distrito Federal.
5.- Administración y formación automatizada.
a) Administración. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha visto en la necesidad de adecuar elementos programáticos presupuestarios para optimizar el aprovechamiento de los recursos que le fueron asignados. Hoy, la institución opera con un presupuesto plenamente vinculado a sus funciones, actividades, programas, indicadores y metas, de modo que la evaluación al desempeño de cada área y de la propia comisión en su conjunto, así como el correcto, racional y disciplinado uso de los recursos presupuestarios, será más transparente en el momento de la rendición de cuentas.
No obstante la carencia relativa de recursos para el presente ejercicio, este organismo nacional encaminará sus esfuerzos al desarrollo de programas y proyectos administrativos enfocados al logro de objetivos estratégicos, entre los que destaca el Programa de Servicio Civil de Carrera, que introduce importantes cambios en materia de recursos humanos y el Programa de Capacitación orientado a las actividades sustantivas de la comisión.
En enero de 2001 se liberó una nueva versión del sitio Internet de la CNDH ampliando la información sobre las actividades de la institución, de manera que los interesados puedan acceder a ella y conocer respecto a aspectos tales como el acervo bibliográfico, las recomendaciones emitidas desde 1998, los procedimientos para presentar una queja, los servicios que ofrecen los programas de atención a víctimas del delito y sobre asuntos de la mujer, la niñez y la familia. El número de consultas de la página electrónica de la CNDH, aumentó en más del mil por ciento durante el 2001.
CONTROL.- El hecho de que la sociedad haya confiado en la autonomía de la Comisión Nacional, no significa que esté ajena a la rendición de cuentas. La revisión del gasto y el análisis del desempeño de este organismo nacional han sido una actividad sistemática y prioritaria a lo largo del 2001. En 2001 la CNDH fue auditada por dos órganos de fiscalización: la Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados examinó el ejercicio de la Cuenta Pública de 99 y la Contraloría Interna de la propia comisión, que se centró en el ejercicio de 2000 y parcialmente en el 2001. Mediante ellas se pudo verificar la existencia de una planeación de actividades, recursos y programas acordes con la estructura organizacional, el Presupuesto y los objetivos institucionales. Además, por primera ocasión las actividades de revisión a cargo de la Contraloría Interna, incluyeron auditorias de desempeño de actividades sustantivas en las cuatro visitadurías, en la Dirección de Quejas y la Coordinación General de Administración.
7.- CONSEJO CONSULTIVO DE LA CNDH.
En el periodo que nos ocupa se fortaleció la vinculación entre esta presidencia y el Consejo Consultivo de la institución, en todas aquellas tareas que requirieron un esfuerzo extraordinario como fue el caso del informe sobre desapariciones forzadas y la recomendación de incisos 1001, en las que hubo fundamentales y decisivas aportaciones de los miembros del Consejo.
Me congratulo por otra parte, de que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, haya designado consejero a: la doctora Juliana González Valenzuela y al doctor Luis Villoro Torazo.
Señoras y señores legisladores: La historia reciente del país prueba que la sola existencia de la ley no basta para hacer efectivo el estado de derecho. Tampoco podemos afirmar que éste se consolida si las garantías fundamentales no son respetadas a cabalidad y si quienes a diario ejercen tareas que buscan el respeto a la dignidad de las personas, no encuentran seguridad para su delicado trabajo.
Nuestro trabajo ha sido marcado en nuestros días por acontecimientos reprobables que como en el asesinato de Digna Ochoa, han lastimado a la sociedad en su conjunto y lesionado la premisa de que antes y por encima de cualquier fin, se encuentra el ser humano, su dignidad y la salvaguarda de los derechos que permitan el desarrollo de sus oficialidades. Pese a ello, tenemos motivos para ser optimistas pues somos testigos que en la sociedad y en las instituciones, crece una sana intolerancia, la intolerancia a que continúe la impunidad, la opacidad del poder, el abuso del mismo, la negligencia en la autoridad, la falta de consideración hacia los derechos de las gentes, la inseguridad, el desamparo de los vulnerables, la violación a los derechos humanos más elementales.
Hoy la acción conjunta de la sociedad, los medios de comunicación, los partidos políticos e instituciones como la CNDH, al propiciar los grandes cambios de nuestros días ha contribuido a disminuir las formas más aberrantes de violación a los derechos que en pasado marcaron a este país.
Pero aún es menester estar alertas, avanzar en el diseño y la aplicación de políticas públicas de Estado, cuyo propósito sea el de preservar de manera más universal la dignidad de las personas y garantizarles el pleno gozo de sus derechos, lo que se traduce en el imperativo de que, para empezar, todas las instituciones públicas unan esfuerzos y realicen acciones coordinadas con tal fin.
Consolidar la cultura de respeto a los derechos esenciales y la observancia de la ley es consolidar, al mismo tiempo, el Estado democrático de derecho.
Se ha avanzado en estas tareas así como en aquellas que tienen que ver con la investigación de los crímenes y errores del pasado. El informe y recomendación de la CNDH sobre el caso de las desapariciones durante la llamada guerra sucia fue sin duda una prueba de fuego para esta Comisión, que se resolvió adecuadamente, creemos, a partir de asumir la importancia histórica, ética y estratégica de esta tarea.
El reciente nombramiento del fiscal especial debe ser tomado como otro indicador de que se están dando los pasos que conducirán, en este caso --como probablemente también en lo que se refiere a los acontecimientos del 68-- a que finalmente se haga justicia.
Señoras y señores legisladores
Sólo me resta reiterar que la promoción y defensa de los derechos esenciales de las personas es tarea de todos, es decir, de los poderes Legislativo, Federal y locales, las dependencias públicas, los organismos encargados de su defensa y la sociedad civil en general.
En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no descansaremos en nuestro afán por lograr que en México las violaciones sean la excepción y el respeto a los derechos humanos la regla. Muchas gracias. (aplausos).
EL C. PRESIDENTE: Señor doctor José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos:
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión reconoce, por mi conducto, su presencia en esta sesión y el puntual cumplimiento de la obligación que le señala, en sus artículos 15 y 52, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Al aprobar las reformas a esta Ley, en noviembre del año pasado, el legislador destacó la importancia de la protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos y también la de que el Presidente de la Comisión Nacional informe a los poderes de la unión sobre sus actividades en períodos anuales.
Una vez que hemos recibido este informe, la mesa directiva lo turna, junto con la versión estenográfica de su intervención, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y a la de Derechos Humanos del Senado de la República, para que ambas comisiones puedan analizarlo, comentarlo y resolver lo que proceda, en atención a su contenido.
Gracias, doctor Soberanes. Hacemos votos por la eficacia de las tareas de la Comisión a su cargo y por la creciente atención que todas las instancias de gobierno y la sociedad misma otorguen a sus trabajos.
Se solicita a la comisión designada acompañe al doctor José Luis Soberanes Fernández cuando desee retirarse.
(LA COMISION CUMPLE SU COMETIDO)
Continúe la secretaría.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES:
(LECTURA A SOLICITUD DE LICENCIA DE LA DIPUTADA
ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, INSERTESE)
- EL C. PRESIDENTE: De conformidad con lo que establece el artículo 78 Fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pide a la Secretaría poner a discusión el Punto de Acuerdo
- EL C. SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
PUNTO DE ACUERDO.
Único.- Se concede licencia a la C. Diputada Alejandra Barrales Magdaleno, para separarse de sus funciones como diputada federal electa en la Cuarta Circunscripción Plurinominal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública del Estado de Michoacán, a partir de esta fecha.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
Se pide a la Secretaría dar cuenta con las comunicaciones.
- EL C. SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
( Invitación del Instituto de Cultura
de la Ciudad
de México a la Ceremonia Cívica del 503
Aniversario del Natalicio de Cuauhtémoc, último
Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que tendrá lugar
El 23 de febrero a las diez horas)
-EL C. PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Comisión Permanente se designa a los siguientes ciudadanos legisladores:
Senadora Micaela Aguilar González, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
- EL C. SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
(Invitación del Instituto de Cultura
de la Ciudad de México
a la ceremonia del Día de la Bandera que tendrá lugar el
24 de febrero a las ocho horas)
- EL C. PRESIDENTE: Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores:
Diputado Mauricio Candiani Galaz, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, diputada Miroslava García Suárez.
- EL C. SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
(Del Estado de Baja California que
comunica la
Clausura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones
la Instalación del Segundo Periodo Ordinario y la
Designación de la esa Directiva. Que funcionará
del primero de febrero al 31 de mayo del año en curso)
- EL C. PRESIDENTE: De enterado.
- EL C. SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
(Del Estado de Chiapas que comunica la
instalación
del Primer Periodo Ordinario de sesiones correspondiente
al Primer año de Ejercicio Constitucional y Elección de la
Mesa Directiva que funcionará durante el tercer mes)
- EL C. PRESIDENTE: De enterado.
- EL C. SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
(Del Congreso del Estado de Chiapas
que transcribe
Punto de Acuerdo por el que rechaza enérgicamente
el retiro de los subsidios al consumo de energía
Eléctrica y elevar las tarifas por dicho concepto)
- El C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.
- EL C. SECRETARIO, ROBERTO RUIZ ANGELES (PRI):
(El Congreso del estado de Jalisco
remite punto de acuerdo por el que solicita
se asignen recursos crecientes en términos reales a la educación pública)
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES (PRI):
(El Congreso del estado de Jalisco
remite acuerdo con la recomendación
para que las contribuciones que se reciban por concepto de cuotas
compensatorias a los productos de importación sean canalizados a las
organizaciones que agrupan a productores y empresarios del ramo
económico de que se trate)
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES (PRI):
(El Congreso del estado de Jalisco
remite acuerdo para que se enriquezca
y se formule el proyecto de la norma oficial mexicana para la leche de vaca)
- EL C. PRESIDENTE, JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Diputados.
- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES (PRI):
(El Congreso del estado de San Luis
Potosí comunica la apertura y clausura
del sexto periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer
receso del segundo año de ejercicio legal y la elección de la mesa directiva)
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): De enterado.
Iniciando con el capítulo de iniciativas, tiene la palabra el señor Senador José Antonio Aguilar Bodegas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos del Código Fiscal de la Federación.
- EL C. SENADOR JOSE ANTONIO AGUILAR BODEGAS (PRI): Con su permiso, señor Presidente.
"Los legisladores miembros de la Fracción Parlamentaria de nuestro partido en esta Comisión Permanente, con base a las peticiones de diversas Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo y de diversos grupos de contribuyentes pertenecientes a las entidades federativas que representamos, acudimos a esta tribuna para someter a la consideración de esta Soberanía dos proyectos de iniciativas de reforma. Primeramente el artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y posteriormente otro Proyecto de Decreto para adicionar el Código Fiscal de la Federación con un artículo en el 114 Apartado "B".
"El artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el cual tiene como objetivo ampliar el catálogo de supuestos e hipótesis normativas ...
(Da lectura a las iniciativas de reformas al artículo 137 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y al Proyecto de Decreto para adicionar el
Código Fiscal de la Federación)
Sin más por el momento, agradecemos la atención y dejamos ante la Secretaría las iniciativas presentadas. Muchas gracias.
-PRESIDENTE, DIP. JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador Francisco Fraile García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2002.
-SEN. FRANCISCO FRAILE GARCIA: Con su permiso, señor Presidente.
"Compañeras y compañeros Legisladores: Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne ..
(LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE)
-PRESIDENTE: Gracias señor senador.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Felipe Calderón Hinojosa, para presentar una iniciativa de reformas a los artículo 73 fracción Undécima, 75, 115 fracción IV y 127, y una adición a la fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
-DIP. FELIPE DE JESUS CALDERON HINOJOSA: Gracias señor Presidente.
Señoras y señores Legisladores de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión; señoras y señores:
En los términos del artículo 71 constitucional, los suscritos, legisladores del Partido Acción Nacional, presentamos ante el Congreso de la Unión la presente iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos constitucionales, al tenor de lo siguiente. ...
INICIATIVA DE REFORMAS A LOS ARTICULOS 73, FRACCION UNDÉCIMA; 65; 114, FRACCIÓN IV Y 127, Y DE ADICION DE UNA FRACCION OCTAVA AL ARTICULO 116, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
En los términos del artículo 7l constitucional, los suscritos legisladores del Partido Acción Nacional presentamos ante el Congreso de la Unión la presente iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos constitucionales al tenor de lo siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Nuestro país está viviendo tiempos políticos nuevos; existe, por fortuna, una ciudadanía cada vez más atenta a los asuntos públicos y en particular más vigilante del desempeño de los gobernantes en todos los niveles de responsabilidad. La ciudadanía está atenta e interesada en conocer el destino y cerciorarse del correcto uso de los recursos que con el esfuerzo de todos los mexicanos se recaudan para sufragar los gastos públicos.
En esta nueva cultura política de escrutinio y exigencia de rendición de cuentas, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos, es el que se refiere a las remuneraciones que los servidores públicos percibimos en el ejercicio de nuestro cargo.
La democracia se sustenta en el principio de representación, cuya expresión más simple es la que define al servidor público como mandatario y a los ciudadanos como mandantes. En esa virtud, todo servidor público, sea por elección o designación, tiene la obligación de vincular sus decisiones al marco constitucional y legal que rige el ejercicio de la función que le ha sido confiada, amén de la responsabilidad de actuar con apego a la ley y con sensibilidad y prudencia para que se aprovechen de manera eficiente los recursos de un país con rezagos como el nuestro.
Acción Nacional reconoce la necesidad de contar con servidores públicos competentes, profesionales y honestos, que accedan a su cargo mediante el voto popular o mediante o un proceso de nombramiento basado en criterios de honestidad, capacidad, eficiencia y transparencia. Para ello es imposible prescindir de una adecuada remuneración de los funcionarios públicos dentro de las posibilidades presupuestales del gobierno y en orden a la realidad socioeconómica nacional.
En razón de ello, Acción Nacional considera pertinente revisar el marco constitucional que sustenta tales remuneraciones de los servidores públicos, incluidas las de los legisladores, en forma tal que permita crear un justo y verdadero equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados, y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes.
Consideramos que el servicio público debe ser remunerado de manera tal que el Estado se asegure de que en el desempeño de los cargos públicos se cuente con ciudadanos que por su preparación, capacidad y honestidad, puedan desempeñar con eficacia y profesionalismo las responsabilidades que les han sido confiadas, al tiempo que, quien presta el servicio público, pueda obtener también un ingreso digno.
Regular mediante ley las remuneraciones públicas, permitirá, por una parte, garantizar la permanencia, regularidad y eficiencia en la prestación del servicio público y por otra, evitar los abusos que con cargo al erario se presentan cotidianamente por parte de servidores públicos en todos los niveles de gobierno en lo que a sus percepciones respecta. Para ello, se precisa realizar diversas reformas constitucionales que permitan que el Congreso de la Unión establezca las bases para determinar, con justicia y equidad, las remuneraciones públicas.
Uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan. El problema se agrava dado el enorme sacrificio que implica para los ciudadanos el cumplir con sus responsabilidades fiscales, por una parte, y por la otra, por la terrible situación económica en la que viven millones de mexicanos. Es verdaderamente ofensivo observar cómo en estados y municipios donde se vive en condiciones de verdadera miseria y donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, existen presidentes municipales con sueldos y prestaciones económicas que resultan incluso superiores a las percepciones del propio Presidente de la República.
En este contexto, la remuneración de los servidores públicos debe responder, entre otros, a criterios tales como el grado de responsabilidad y nivel jerárquico, de manera que se eviten disparidades inadmisibles entre cargos de características similares, con fundamento en el principio jurídico que establece que a trabajo igual corresponde salario igual. Asimismo, bajo el presupuesto del estado de derecho, es imprescindible reducir los márgenes de discrecionalidad de que actualmente disponen no pocos servidores para determinar, por sí y ante sí, el monto de sus percepciones.
Acción Nacional ha defendido históricamente el principio de transparencia en el ejercicio de la función pública como una piedra angular de la democracia. Por consiguiente, sostenemos que el gobierno democrático se sustenta en la existencia de diversos controles sobre los gobernantes, de tal forma que se evite la arbitrariedad en el ejercicio del poder y que resulten efectivamente sancionados los servidores que se extralimiten en el ejercicio de tales funciones.
En razón de lo anterior, desde la perspectiva de Acción Nacional es necesario transparentar, no sólo el uso de los recursos públicos, sino de manera particular las percepciones a las que todo funcionario tiene derecho, con el objeto de reducir la arbitrariedad y el abuso en la determinación de los ingresos de dichos servidores. Si semejante medida además se eleva al ámbito constitucional, puede adicionalmente contribuir a delinear un programa legislativo de largo alcance, que reduzca aquellos espacios normativos que puedan dar origen a prácticas corruptas en el ejercicio de la función pública.
Este asunto no puede ser soslayado por los legisladores federales. El Congreso de la Unión es el Poder responsable de la determinación de los impuestos y de la asignación del gasto público, pero poco o nada puede hacer en materia de regulación de las remuneraciones, pues carece de facultades explícitas para ello. Hoy proponemos una vía de solución: Otorgar facultades al Congreso para establecer las bases que determinen el sueldo de los servidores públicos en todos los niveles de gobierno.
Esta atribución permitiría, por ejemplo, contar con tabulaciones generales, profesionalmente diseñadas, que permitan homologar las bases de ingreso de quien presta un servicio público determinado.
El establecimiento de los criterios que definan los rangos sobre los cuales debe determinarse la remuneración es un paso de innegable importancia en el proceso de transparencia en el ejercicio del poder. Dichas regulaciones permitirán a los órganos encargados de fiscalizar el gasto y a los ciudadanos en general, tener conocimiento de los parámetros dentro de los cuales oscilan los ingresos de sus servidores.
Por las razones anteriormente expuestas, resulta oportuna la propuesta de una reforma constitucional que permita establecer dichos lineamientos dentro del marco legal vigente. La Constitución integra el marco jurídico nacional al cual deben subordinarse los ámbitos normativos federal y locales, de modo tal que una reforma como la que aquí se plantea busque establecer bases uniformes que, sin violentar la autonomía de las entidades federativas y los municipios, aseguren las referidas justicia y transparencia en la determinación de las remuneraciones públicas.
Los proponentes estamos conscientes de que una reforma de este tipo debe realizarse con apego a los principios federales que rigen nuestra Constitución y al propio tiempo debe ser respetuosa de la autonomía de los estados. Para ello proponemos que sean las legislaturas de los estados y los cabildos, los que al momento de aprobar sus respectivos presupuestos, vigilen el debido cumplimiento de los principios de legalidad, justicia y proporcionalidad en la remuneración de sus funcionarios. Sin menoscabo de lo anterior, es pertinente que la Constitución faculte al Congreso para establecer, por medio de ley, los lineamientos generales a los cuales debe sujetarse toda percepción pública.
No puede ignorarse, además, el hecho de que la abrumadora mayoría de estos sueldos públicos, aún en los ámbitos locales y municipales, son sufragados cada día en mayor medida, con cargo a partidas que tienen su origen en fondos de la Federación, recaudadas por mandato de este Congreso de la Unión. Se trata, en efecto, de un gasto que es aplicado localmente, pero que su origen está determinado por esta Soberanía, la cual es responsable de vigilar la adecuada aplicación de dichos recursos públicos y que no puede renunciar, de manera alguna, a propiciar su debida aplicación en todos los ámbitos. Se trata de consagrar, en una norma eficaz y claramente vinculatoria, el compromiso de que la sobriedad republicana será garantizada en la erogación de las percepciones de todo servidor público.
Por otra parte, el Constituyente Permanente prevé la participación de los estados en el proceso de reforma constitucional, amén de la representación nacional que tanto diputados como senadores ostentamos por mandato popular. En efecto, el artículo 135 constitucional regula el procedimiento por virtud del cual se puede llevar a cabo esta reforma, estableciendo que las revisiones del Pacto Federal se perfeccionan por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en ambas Cámaras del Congreso y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados.
Para llevar adelante esta reforma, en primer lugar es necesario conferir al Congreso de la Unión, en términos del artículo 73 constitucional, la facultad para expedir la legislación reglamentaria en la materia. Dicha legislación, en la medida en que definiría directamente el sentido y alcance de una disposición constitucional, vincularía por igual a la Federación, a los estados y a los municipios.
Por otra parte, es preciso fijar en el artículo 75 constitucional, la obligación de la Cámara de Diputados de ceñirse, para efectos de la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos federales, en el Presupuesto de Egresos a los lineamientos constitucionales que por ley se establezcan.
En el mismo sentido, se debe modificar el artículo 127 de la Constitución, en virtud de que en éste únicamente se establecen hoy en día las características de las remuneraciones que deberán recibir el Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión y en forma genérica los demás servidores públicos. En consecuencia, es menester precisar los lineamientos constitucionales y legales para el establecimiento de controles y criterios sobre la remuneración de todos los servidores.
Con el fin de dotar de congruencia a la reforma planteada, se impone modificar también los artículos 115 y 116 constitucionales, de modo que se establezca el deber constitucional para las legislaturas locales y para los municipios, de sujetarse a los aludidos lineamientos en la expedición de los respectivos decretos presupuestales.
Por todo lo anteriormente expuesto, los suscritos, diputados y senadores a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General y los relativos de la Ley Orgánica, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente la presente Iniciativa de Reformas Constitucionales en Materia de Remuneraciones de los Servidores Públicos, al tenor del siguiente
PROYECTO DE DECRETO.
Decreto que reforma los artículos 73 fracción XI, 75, 115 fracción IV y 127 y que adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de remuneraciones de los servidores públicos.
Artículo Primero.- Se adiciona la fracción XI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I. a X. ...
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones, así como para expedir la ley que establezca los lineamientos a los cuáles deberán sujetarse las remuneraciones de los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal, municipal y del Distrito Federal;
XII. a XXX. ...
Artículo Segundo.- Se modifica el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:
Artículo 75.- La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la ley y, en caso de que por cualquier circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiera tenido fijada en el presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. Dicho señalamiento deberá respetar los lineamientos previstos en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Artículo Tercero.- Se modifica el penúltimo párrafo de la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 115. ...
I. a III …
IV. ...
....
....
....
....
....
....
Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los ayuntamientos aprobarán sus presupuestos de egresos con base en los ingresos disponibles. En la determinación de las remuneraciones de los servidores públicos municipales, los ayuntamientos deberán atender en el correspondiente decreto presupuestal, los lineamientos previstos en el artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
....
V a X . ...
Artículo Cuarto.- Se adiciona una fracción VIII al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos:
Artículo 116. ...
I. a VII. ...
VIII. Las remuneraciones de los servidores públicos de los estados, se establecerán anualmente en el Presupuesto de Egresos que aprueben las legislaturas locales y se sujetarán a lo dispuesto en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que en la materia expida el Congreso General.
Artículo Quinto.- Se modifica el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 127. Los servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos que correspondan.
Las remuneraciones del Presidente de la República, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los diputados y senadores al Congreso de la Unión y de los demás servidores públicos de elección popular, en los ámbitos federal, estatal, municipal, del Distrito Federal y sus delegaciones, serán determinadas anualmente en los presupuestos de egresos correspondientes y se sujetarán a los lineamientos que establecen esta Constitución y las leyes que expida el Congreso General.
Ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República. Ningún servidor público podrá percibir una remuneración mayor a la establecida para su superior jerárquico.
Artículo Transitorio Único.- La presente reforma y adición iniciarán su vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de febrero del año 2002.
Firman: senador Jorge Zermeño Infante, senador Jesús Galván Muñoz, senador Francisco Fraile, senadora Micaela Aguilar, diputado José Alfredo Botello, diputado Herber Taylor, diputado Ma. Guadalupe López Martes, diputado Abelardo Escobar, diputado Mauricio Candiani, diputado Jaime Salazar, senadora Cecilia Romero, el que suscribe y los diputados José Luis Novales Arellano y Raúl Gracia Guzmán.
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se recibió una iniciativa de decreto que propone reformas al os artículos 2º, 4º, 26º, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por un grupo plural de ciudadanos diputados.
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese esta Iniciativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e inscríbase íntegramente en el Diario de los Debates.
Continúe la Secretaría con los oficios.
-LA C. SECRETARIA SENADORA NOEMI GUZMAN LAGUNES:
(Oficio de la Secretaría de
Gobernación remitiendo
copia de la comunicación del Director General de
Gas y Petroquímica Básica de PEMEX relativo al
Punto de Acuerdo aprobado por la H Cámara de
Senadores)
-EL C. PRESIDENTE. Remítase a la Cámara de Senadores.
-LA MISMA C. SECRETARIA.
(Oficio de la Secretaría de
Gobernación remitiendo
copia de comunicación del Director General de Radio,
T. V y Cinematografía, relativo al Punto de Acuerdo –
Aprobado por la H. Cámara de Senadores).
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la Cámara de Diputados, para su conocimiento.
-LA MISMA C. SECRETARIA.
(Oficio de la Secretaría de
Gobernación, solicitando el
permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Michel Yvan Stinglhamber de Brouwer, pueda aceptar y
usar la condecoración que le fue conferida por gobiernos
extranjeros)
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Primera Comisión.
-LA MISMA C. SECRETARIA.
(Oficio de la Secretaría de
Gobernación, solicitando el
permiso constitucional necesario para que el ciudadano
Artemio Santos Santos, pueda aceptar y usar las con-
decoraciones que le fueron conferidas por gobiernos
Extranjeros)
- EL C. PRESIDENTE: TÚRNESE A LA PRIMERA COMISIÓN.
- LA C. SECRETARIA, DIP. NOEMI ZOILA GUZMÁN LAGUNES: Dos oficios.
( De la Secretaría de Gobernación solicitando permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Ennio López Mora, Andrés de González-Argüelles Guasque, Carlos Olvera Moreno, Soraya Reené Garduño Estrada, Brenda Cruz Hernández, Paola Dominic Arozamena Aguilar, José Joel López Moreno, Manuel Mora González, María Esther Rojas Castañeda y Héctor Aguirre Osuna puedan prestar servicios a gobiernos extranjeros y comunica que ha dejado de prestar servicios el ciudadano Marco Antonio García Cárdenas en la embajada de Estados Unidos de América en México )
- EL C. PRESIDENTE: Por lo que se refiere a la solicitud de permisos:
---------- RECIBO Y TÚRNESE A LA PRIMERA COMISION.
Y por lo que se refiere al ciudadano que ha dejado de prestar servicios:
--------- TÚRNESE A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y A LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES, para su conocimiento.
Los siguientes puntos del orden del día son dictámenes a discusión.
En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, consulte señora secretaria a la Asamblea, si autoriza que sólo se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos en su parte resolutiva.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo y a los decretos.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
- EL C. PRESIDENTE: Se autoriza.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Acuerdo: UNICO.- En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor de la ciudadana MARGARITA DIEGUES Y ARMAS como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en la república de Kenia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente.
México, Distrito Federal, a 19 de febrero de 2002.
Firma la Comisión.
EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo.
- LA MISMA C. SECRETARIA: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:
( V O T A C I O N )
- EL C. PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo.
-------- COMUNÍQUESE AL EJECUTIVO.
Se encuentra a las puertas de este Recinto la ciudadana Margarita Diegues y Armas, cuyo nombramiento como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México en Kenia, acaba de ser aprobado por esta Asamblea.
Para que la introduzcan a este salón y la acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes ciudadanos legisladores: Senador José Natividad González Parás; senador Jorge Northausen González; diputado Jaime Salazar Silva; diputada Miroslava García Suárez; diputado José Rodolfo Escudero Barrera.
...-LA C. SECRETARIA: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
-EL C. PRESIDENTE: Ciudadana Margarita Diegues y Armas.
"¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de México, en Kenia, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?".
-LA C. MARGARITA DIEGUES Y ARMAS: "Sí, protesto".
-EL C. PRESIDENTE: "Si así no lo hiciera, la nación se lo demande".
Felicidades, señora embajadora.
Se solicita a la Comisión designada, acompañar a la señora embajadora cuando desee retirarse.
(La comisión cumple con su cometido)
-EL C. PRESIDENTE: Continúe, señor secretario.
-EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES: Punto de acuerdo.
UNICO. En uso de las facultades que el confiere la Fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Eliezer Morales Aragón, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Bolivia.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente. México, Distrito Federal a 19 de febrero del 2002. Segunda Comisión de Trabajo. Firma la Comisión.
-EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el punto de acuerdo.
-EL MISMO SECRETARIO: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-EL C. PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo, comuníquese al Ejecutivo.
Se encuentra en el anexo de este recinto, el ciudadano Eliezer Morales Aragón, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la república de Bolivia acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en Comisión a los ciudadanos legisladores: José Natividad González Parás, Francisco Fraile García, Guadalupe López Mares, Miroslava García Suárez y José Rodolfo Escudero Barrera.
(La Comisión cumple con su cometido)
-EL MISMO SECRETARIO: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
-EL C. PRESIDENTE: Ciudadano Eliezer Morales Aragón.
"¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República de Bolivia que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?".
-EL C. ELIEZER MORALES ARAGON: "Sí, protesto".
-EL C. PRESIDENTE: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Felicidades, señor embajador.
Se solicita a la Comisión designada, que acompañe al señor embajador cuando desee retirarse.
(La Comisión cumple con su cometido)
-EL C. PRESIDENTE: Continúe la Secretaría.
-EL MISMO SECRETARIO: Punto de acuerdo.
UNICO: En uso de las facultades que le confiere la Fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, como Cónsul General de México en Vancouver, Canadá.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente. México, Distrito Federal a 19 de febrero de 2002. Segunda Comisión de Trabajo. Firma la Comisión.
EL PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo.
EL SECRETARIO: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
EL PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Junto a este salón se encuentra presente el ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza, cuyo nombramiento como Cónsul General de México en Vancouver, Canadá, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan al salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley se nombra en comisión a los siguientes legisladores:
José Natividad González Parás, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Jorge Zermeño Infante, Herbert Taylor Arthur, Armando Chavarría Barrera y José Rodolfo Escudero Barrera.
EL MISMO SECRETARIO: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
EL PRESIDENTE: Ciudadano Héctor Antonio Romero Barraza: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en Vancouver, Canadá, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
EL C. HECTOR ANTONIO ROMERO BARRAZA: Sí, protesto.
EL PRESIDENTE: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Felicidades señor Cónsul.
Solicito a la comisión que acompañe al señor cónsul en cuanto desee retirarse del salón.
Continúe la Secretaría.
EL MISMO SECRETARIO:
(del C. Juan Carlos Cué Vega)
EL PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen con punto de acuerdo.
EL MISMO SECRETARIO: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
EL PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo. Túrnese al Ejecutivo.
A las puertas de este recinto se encuentra el ciudadano Juan Carlos Cué Vega, cuyo nombramiento como Cónsul General e México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Se nombra en comisión a los legisladores: José Natividad González Parás, Alfredo Ochoa Toledo, Micaela Aguilar González, Abelardo Escobar Prieto, Armando Chavarría Barrera y José Rodolfo Escudero Barrera, para que lo acompañen a rendir la protesta de ley.
EL MISMO SECRETARIO: Se invita a los presentes a ponerse de pie.
EL PRESIDENTE: Ciudadano Juan Carlos Cué Vega: ¿Protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Cónsul General de México en El Paso, Texas, Estados Unidos de América, que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
EL C. JUAN CARLOS CUE VEGA: Sí, protesto.
EL PRESIDENTE: Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande.
Felicidades señor Cónsul.
Se solicite a la comisión que acompañe al señor cónsul cuando desee retirarse del salón.
Continúe la Secretaría con los puntos de acuerdo.
- EL SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de General de Grupo Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Germán Noriega Mejía.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal a 29 de enero del año 2002.
Firma la Comisión.
- MISMO SECRETARIO: Esta a discusión el Punto de Acuerdo
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
- MISMO SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Otoniel Gómez Morales
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal a 29 de enero del año 2002.
Firma la Comisión.
- MISMO SECRETARIO: Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
- MISMO SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Benjamín Romero Fuentes.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal a 29 de enero del año 2002.
Firma la Comisión.
- MISMO SECRETARIO: Está a discusión el Punto de Acuerdo
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
- MISMO SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de Coronel de Fuerza Aérea Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Darwin Hernández Chable.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal a 29 de enero del año 2002.
Firma la Comisión.
- MISMO SECRETARIO: Está a discusión el Punto de Acuerdo
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
MISMO SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de General Brigadier Meteorólogo, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Carlos Minero Rodríguez.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal a 29 de enero del año 2002.
Firma la Comisión.
- MISMO SECRETARIO: Está a discusión el Punto de Acuerdo
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto.
MISMO SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de General Brigadier Médico Cirujano, que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Roberto Octavio Torres Romero.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.
México, Distrito Federal a 29 de enero del año 2002.
Firma la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación económica en conjunto..
-EL MISMO C. SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO.- Se ratifica el grado de Coronel del Arma Blindada Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Rogelio Castellanos Franco.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a 29 de enero del año 2002. Firma la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra se reserva para su votación económica en conjunto.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO,- Se ratifica el grado de Coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del C. Darío Avalos Pedraza.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. México, D.F., 29 de enero del año 2002. Firma la Comisión.
Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba este Punto de Acuerdo y los anteriormente reservados.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-EL C. PRESIDENTE: Aprobados los Puntos de Acuerdo.-
Comuníquense al Ejecutivo.
Continúa la Secretaría.
-EL MISMO C. SECRETARIO:
PUNTO DE ACUERDO
UNICO:- Exhortar a través de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal, para que se suspenda la decisión de retirar el subsidio a las tarifas del servicio eléctrico para uso doméstico, en tanto esta representación nacional y las áreas correspondientes al Ejecutivo, no hayan encontrado alternativas que eviten el impacto económico y social de tal medida.
Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión.
Tercera Comisión. Firma la Comisión.
-EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Mouriño Terrazas.
EL C. DIPUTADO JUAN CAMILO MOURIÑO TERRAZO.- Con su permiso, señor Presidente.
Compañeros y compañeras legisladoras:
En Primer lugar, el Partido Acción Nacional, reconoce en éste, un tema de alto contenido social que como tal tiene que ser tratado. Este obliga a actuar con responsabilidad a todas partes y a todos los actores que de una y otra manera estamos directamente participando en la discusión del mismo
Es por eso que Acción Nacional estuvo de acuerdo con el llamado que hiciera esta soberanía para que en un ejercicio de diálogo entre los Poderes de la Unión, comparecieran los Secretarios de Hacienda y de Energía, así como los Directores de las empresas paraestatales CFE y Luz y Fuerza del Centro. Este llamado respondió por un lado a la confusión e inconformidad que la medida causó, sobre todo por la forma en que fue dada a conocer, pero por el otro respondió a la facultad que como Poder Legislativo sí tenemos, que es la de llamar a cuentas y a dar explicaciones al Ejecutivo sobre las acciones o medidas que éste toma.
Hoy sin embargo no podemos estar de acuerdo con el dictamen presentado porque rebasa nuestras facultades.
Precisamente en la comparecencia de los funcionarios antes referidos, uno de los principales cuestionamientos de diversos partidos políticos fue el sustento legal de la medida, el cual nos parece quedó plenamente demostrado. Consideramos que independientemente del fondo de la discusión, el Ejecutivo Federal actuó dentro del ámbito de su competencia.
Quedando este punto claro, es importante aclarar otros que han sido manejados por diversos legisladores por desinformación o con dolo, respecto a la decisión de la disminución de los subsidios de las tarifas eléctricas.
En 1994 los subsidios a las tarifas alcanzaron la cifra de 10 mil millones de pesos, desde entonces esta cifra se fue incrementando de manera importante; en 1997 ésta ya superaba los 30 mil millones de pesos y el año pasado alcanzó los 55 mil millones de pesos. Del simple análisis de estas cifras queda claro que la política de subsidios a este Sector no ha funcionado y se fue convirtiendo en un verdadero problema económico para el Estado.
Si analizamos con mayor detalle, encontramos que el subsidio del año pasado, 40 mil millones de pesos, es decir el 73% del total se destinó a subsidiar las tarifas domésticas; con la medida adoptada, la reducción del subsidio doméstico es de 5 mil millones de pesos, un 12.5% No existe eliminación de los subsidios. El Estado seguirá subsidiando a los consumidores domésticos, aquellos que sí lo justifican socialmente con 35 mil millones. Si ponemos esta cifra en perspectiva resulta mayor que los recursos destinados al PROGRESA, al PROCAMPO, al Sector Salud, etcétera. Es decir, el programa social que mayor cantidad de recursos recibe de la Federación sigue siendo el de apoyo a las tarifas eléctricas de los usuarios domésticos.
No es de extrañarse que estas cifras hayan motivado la preocupación de las autoridades del Sector de Energía en nuestro país, así como de distintos actores de diversos partidos políticos. Esta preocupación no es nueva, puesto que ya en la administración pasada, la que encabezó el doctor Zedillo y cuyo responsable en materia energética fue el doctor Téllez, plasmo en su documento propuesta de cambio estructural de la industria eléctrica en México, la necesidad de revisar y de ir eliminando los subsidios de las tarifas eléctricas. Textualmente el documento refiere:
"La política actual de concederlos refiriéndose obviamente a los subsidios- de manera generalizada a través de las tarifas, está socavando la viabilidad financiera del Sector. Resulta preferible que los subsidios se concedan de forma transparente y se destinen a quienes realmente lo necesitan", termina la trascripción del texto.
De igual manera, durante el transcurso de diversas reuniones de trabajo de los miembros de la Comisión de Energía de esta Honorable Cámara de Diputados que sostuvimos con autoridades del Sector, el tema de los subsidios fue abordado de forma recurrente; en todos los casos diputados de todos los partidos políticos presentes, manifestaron no sólo su preocupación por la tendencia de los subsidios del Sector, sino incluso su disposición para revisar los mismos. Es una consecuencia lógica que esta grave preocupación compartida por autoridades actuales y pasadas del Sector, así como por diversos partidos políticos derivara en diversas propuestas concretas tendientes a corregir las distorsiones de la política de subsidios aplicada.
Podrá haber divergencias al interior de los grupos parlamentarios sobre éste y sobre muchos otros temas de impacto social, pero la realidad es que las fuerzas políticas más representativas de este Congreso manifestaron de diversas maneras su coincidencia en cuanto a dejar de subsidiar parcialmente las tarifas eléctricas.
Se ha ahondado de manera exhaustiva en la propuesta alternativa a la reforma fiscal que presentó el PRD, donde se plasmó la intención de este Instituto Político de recuperar vía el incremento a las tarifas eléctricas domésticas, la cantidad de 4 mil 300 millones de pesos.
En el caso del PRI, además de los funcionarios de la administración pasada a los que ya hicimos referencia, este tema se incluyó en su proyecto denominado "Visión de la Reforma Hacendaría", en el cual se establecen puntos necesarios tales como: revisión de los precios y tarifas de los organismos paraestatales, eliminación de los subsidios generalizados sustituyéndolos por subsidios a los sectores de la población más vulnerables y eliminar las distorsiones en los precios y tarifas. Estas propuestas fueron ampliadas durante la discusión de la reforma hacendaría por algunos legisladores del PRI, que además fueron voces calificadas durante las negociaciones de dicha reforma.
Me permito citar como ejemplo al diputado Chávez Presa, quien en declaraciones públicas del mes de octubre del año pasado dijo: "En el caso de la electricidad, el argumento es que no debe mantenerse el subsidio para las zonas residenciales y sí conservarlo para los más pobres". Este rubro es uno de los que más ha convencido a los priístas porque la tarifas no se han modificado los últimos años.
En otras declaraciones del mismo diputado, -éstas del mes de diciembre- se refiere a que es indispensable que el Ejecutivo Federal asuma su responsabilidad de reducir los subsidios generalizados y alinee los precios y tarifas de bienes y servicios públicos, especialmente el de la electricidad donde el subsidio estimado es de cerca de 60 mil millones de pesos.
La intención de estas referencias es la de demostrar que la preocupación legítima y coincidente de diversos actores respecto a este tema, supera las ideologías partidistas. La responsabilidad de esta medida es del Ejecutivo Federal, de esto, que no quede duda. Pero es precisamente esa responsabilidad la que lo lleva a tomar medidas que si bien no son populares, es indudable son necesarias.
La responsabilidad a su vez de este Poder Legislativo, es la de actuar con congruencia, sin desconocer las facultades del Ejecutivo Federal y no de desinformar a la opinión pública respecto a este tema.
Es por esta razón y sin menoscabo de algunas, de que compartimos algunas de las inquietudes sociales manifestadas en el dictamen, que nuestro Partido votará en contra del mismo. Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.
Está abierto el registro de oradores
Consulte la secretaría si está suficientemente discutido.
-DIP. SRIO. ROBERTO RUIZ ANGELES: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTE: Suficientemente discutido, sométalo a votación señor secretario.
-MISMO SECRETARIO: En votación económica se pregunta a los señores legisladores si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Mayoría por la negativa señor presidente.
-PRESIDENTE: Le ruego señor secretario, que haga favor de contar individualmente los votos.
-MISMO SECRETARIO: Los ciudadanos diputados y senadores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados y senadores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Señor presidente, es mayoría por la afirmativa.
-PRESIDENTE: Aprobado. comuníquese al Ejecutivo.
Continúe la secretaría con los puntos de acuerdo.
-MISMO SECRETARIO:
(LECTURA DEL PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL SEN, ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA )
EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el punto de acuerdo. No hay oradores. Haga favor la secretaría de someterlo a votación.
EL MISMO C. SECRETASRIO: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. Sométalo a votación, por favor, señor secretario.
EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
EL C. PRESIDENTE: Aprobado el punto de acuerdo. Comuníquese al Ejecutivo.
Continúe la secretaría.
EL MISMO C. SECRETARIO: Está a discusión el proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Miguel Pedro Angel Marín y Bosch, Francisco Javier Ortíz Ortíz, Horacio Ornelas García, José Guillermo Ordorica Robles, Ezequiel Osorio Chiñas, José Luis Vergara Ibarra y José Santiago Valdés Alvarez para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de la República de Corea, Federativa del Brasil, Santa Sede y la Junta Interamericana de Defensa en Washington, respectivamente.
EL C. PRESIDENTE: Está a discusión el dictamen en lo general.
No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Al no haber reservas de artículo alguno para discutir en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal del proyecto de decreto.
EL MISMO C. SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
(VOTACION)
Se emitieron 29 votos en pro y ninguno en contra.
EL C. PRESIDENTE: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto del decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Proceda la secretaría a dar cuenta con el presupuesto de la Cámara de Senadores.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(Lectura del presupuesto ejercido por la H. Cámara de Senadores en el mes de enero del 2002, insértese)
EL C. PRESIDENTE: Tratándose del presupuesto ejercido, esta Comisión se da por enterada y proceda la secretaría a dar cuenta del presupuesto para el mes de febrero.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(Lectura del presupuesto de la Cámara de Senadores
para el mes de febrero de 2002, insértese)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
EL C. PRESIDENTE: Aprobado. Gracias, señor secretario.
Pasamos al capítulo de proposiciones y tiene la palabra el Senador David Jiménez González, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo relativa al Gobierno del Distrito Federal.
- EL C. SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.
Los legisladores que suscribimos, integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que la misma se discuta y se someta a votación en la presente sesión de la Comisión Permanente, por considerarse de urgente y obvia resolución.
La Ciudad de México desde su fundación ha experimentado un permanente y constante cambio. Su transformación es resultado de varios factores, pero destaca, entre ellos, el esfuerzo e impulso de sus habitantes y del sentimiento federalista desde que nos constituimos como nación libre e independiente que hemos tenido los mexicanos.
Es importante no olvidar la génesis del Distrito Federal cuando nos constituimos como una nación republicana, democrática y federal, decididos que si la falta de una jurisdicción y le interpolación de facultades entre los Poderes Federales y los locales, fueron causa fundamental para pensar que el lugar en donde se asentaran los Poderes Federales, estos pudieran actuar con independencia de cualquier injerencia de índole local. Tan fuerte que el 18 de octubre de 1824 el residente Guadalupe Victoria lanza un manifiesto a la nación en donde cita inclusive a George Washington declarando que si los estados no dejan al Congreso General ejercer aquellas funciones que indudablemente le ha conferido la Constitución, todo caminará rápidamente a la anarquía y confusión. Necesario es para la felicidad de los estados que en alguna parte se haya depositado el supremo poder para dirigir y gobernar los intereses generales de la Federación .Sin esto no habría unión y seguiría muy pronto el desorden.
Así, desde el 18 de noviembre de 1824 se constituye mediante resolución del Congreso Nacional, por mediante el decreto que firman don Valentín Gómez Farías, don José María Izazaga y José Rafael Alarid, así como por el Presidente don Guadalupe Victoria, donde se señala a la Ciudad de México como la residencia de los supremos Poderes de la Federación.
Durante 173 años el gobierno del Distrito Federal fue ejercido por gobernantes designados por el Titular del Ejecutivo Federal hasta el año de 1997.
Es importante recordar que en el año de 1987 se dio inicio a una nueva y vigorosa reforma política del Distrito Federal, en el seno del Congreso de la Unión donde la participación ciudadana cobraría una gran importancia otorgándoles mayores derechos políticos y una nueva estratega de desconcentración y descentralización tanto administrativas como políticas Las que fueron vistas como forma para impulsar un sistema democrático y funcional de la ciudad de México, lo que permitiría enfrentar con mayor eficacia y eficiencia, la prestación de servicios públicos y resolver los graves y complejos problemas del Distrito Federal.
Desde ese año hasta la fecha, el marco jurídico y político del Distrito Federal ha evolucionado en general en forma muy importante y sustancial. Estos cambios y transformaciones, han traído como consecuencia una mayor autonomía en cuanto a sus funciones y responsabilidades de los órganos de gobierno de la ciudad y que no en pocas ocasiones ha dejado a veces mucho que desear.
Sin embargo hoy día los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal gozan de derechos y garantías políticas al igual que el resto de los habitantes de la República, así como eligen a sus gobernadores, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, aquí en el Distrito Federal también se eligen senadores, diputados federales, jefe de gobierno, diputados locales y hasta sus respectivos delegados.
Aquí tienen vigencia las leyes, decretos y disposiciones de carácter general emitidos por la Asamblea de Representantes y por el gobierno de la ciudad; tienen una vigorosa estructura vecinal real que permite tener un acercamiento con sus autoridades, fundamentalmente delegacionales para tratar y resolver los asuntos de sus demarcaciones.
Dentro de este escenario actual, tanto los Poderes Federales y los órganos de gobierno locales deben de cumplir con sus funciones de acuerdo con las competencias que la Constitución y las leyes les han señalado. Y no podría ser de otra manera, ya que la ciudad de México, es decir el Distrito Federal, sigue siendo la sede, el asiento de los poderes federales, y en este territorio ejercen todos sus actos soberanos.
Si en un principio se pensó, y se pensó bien, que los habitantes de la ciudad de México al tener autoridades propias electas directamente por la ciudadanía, estarían más cerca de ellos y le resolverían sus problemas y necesidades, evaluando y calificando la actuación de cada una de ellas, sería un paso trascendente en la democratización de la vida de la capital. Sin pensar por ello en un acotamiento o limitación de los poderes federales más allá de lo establecido por la Constitución.
Si la devolución del poder y el propósito de hacer más transparente y responsable el gobierno de la ciudad por conducto de sus órganos de gobierno ha sido, sin duda, con el más sano y limpio propósito de beneficiar a los pobladores de esta demarcación territorial para que desarrollen una auténtica convivencia en donde se impulse la educación, la cultura, el deporte, el fortalecimiento de la familia, la recreación y se dé oportunidades de empleo a miles y miles de ciudadanos que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo de esta ciudad para que puedan realizarse como personas en lo individual y como sociedad.
La sociedad exige un clima de orden, tranquilidad y seguridad pública. Para poder alcanzar estos fines es necesario que las autoridades locales deben de responder a ese compromiso de afrontar, sin demagogia, sin eludir sus responsabilidades, el compromiso de trabajar en la solución de los problemas y las necesidades de sus habitantes.
El Distrito Federal no puede ser rehén de grupos, partidos políticos, de individuo o individuos que por apetitos de poder antepongan sus intereses a los de la ciudad de México. El gobernar implica una seria y grave responsabilidad para todos. No debe entenderse el desempeño de un cargo público como patrimonio personal para hacer y deshacer lo que uno quiere, sino implica un compromiso en que fundamentalmente sus actos y el ejercicio del poder público deben ajustarse al más estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Solo así y nada más así gobernantes y gobernados podemos construir el futuro del país, del Distrito Federal y de nuestros estados.
Respetar el orden jurídico que nos hemos dado los mexicanos es vivir en un Estado de derecho. El no aceptar y no acatar las disposiciones legales que rigen los actos de cualquier autoridad nos conduciría al desacato, a la improvisación, a la irresponsabilidad y a la anarquía, quien nadie quiere y a nadie conviene.
Si el ser miembro de un partido político distinto a los que ejercen la representación política en los poderes públicos o tener una posición de poder público distinto al otro no nos hace o permite dejar de hacer o de cumplir y respetar las instancias de gobierno y mucho menos violentar el orden jurídico normativo que nos hemos dado.
La ley no es solamente instrumento de aplicación de las autoridades para con los gobernados, es dispositivo e imperativo que deben de cumplir en primerísimo lugar las autoridades -entiéndase: los gobernantes- Su incumplimiento e inobservancia los hace merecedores a sanciones y penas que la propia ley determina.
Si hemos sostenido en diferentes foros y reuniones que queremos vivir en un Estado de derecho los mexicanos, debemos ser los primeros en cumplirlo observando fielmente la Constitución y las leyes que de ella emanan. Su acatamiento no puede quedar sujeto a juegos políticos ni a medición de fuerzas políticas ni a someterlas a consultas públicas o privadas, sean telefónicas o no, sino simple y llanamente a cumplirlas.
La falta de cumplimiento de resoluciones judiciales, violaciones a las disposiciones legales como a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; violentar el Estado de derecho al permitir el tránsito de personas armadas, en clarísima violación a las disposiciones constitucionales; el no acatamiento a las disposiciones emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la violación en materia de nombramientos, facultades que le corresponden al Presidente de la República, como fue el caso del Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal recientemente, nos hace pensar que un gobernante que no acata la ley desconoce el Pacto Federal e incumple los mandatos judiciales, envía un peligroso mensaje a los gobernados, pues los alienta a la desobediencia civil y al desconocimiento del Estado de derecho.
El querer disfrazar u ocultar una realidad que se está dando en la capital del país, en donde los problemas, las necesidades y los conflictos crecen, hace que los habitantes de ella se pregunten: ¿Qué beneficios han recibido todas estas reformas y adecuaciones legales? No son pocos inclusive los que critican la situación actual y añoran el sistema de asignación del titular de Gobierno de la Ciudad.
Estamos convencidos que las reformas constitucionales y legales que ha experimentado el marco jurídico del Distrito Federal, han sido positivos, han significado avances importantes, pero también no debemos pasar por alto conductas y acciones reiteradas de reto franco, abierto, de desacato a las leyes y a las resoluciones judiciales.
Muchos se preguntan: ¿Cuándo se afecta el orden público? Pues cuando se quebranta, se altera o se desobedece el cumplimiento de la Constitución y de la Ley.
Si la autoridad no entiende lo que es respeto a la vigencia y cumplimiento del orden constitucional y jurídico, estamos en presencia de actos y acciones de ilegalidad, cuyos resultados serán sanciones y penas.
Los acontecimientos recientes en la ciudad de México y la situación que se está provocando, nos permite pensar, reflexionar, que es momento de actuar enérgicamente dentro de nuestra competencia constitucional para hacer, por lo pronto hoy día, un severo extrañamiento al ciudadano Jefe de Gobierno de la Ciudad, para que respete y ajuste sus actos a la Constitución y a las leyes. Y aprovechando también este momento, lo hacemos para todos los órdenes de gobierno, llámense para los tres poderes federales, como también para las instancias locales.
Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la Ley Orgánica del Honorable Congreso de la Unión y su reglamento correspondiente, y por considerarlo de urgente y obvia resolución, sometemos a su consideración el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
"UNICO.- Que se le haga un severo extrañamiento por esta vez, al ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que sus actos y acciones se ajusten a la Constitución y a los principios de legalidad que manda nuestro vigente orden jurídico.
"Dado en el Salón Verde del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de febrero del dos mil dos.
"Firman: David Jiménez González, senador; José Ernesto Gil Elorduy, senador; José Antonio Aguilar Bodegas, senador; César Camacho Quiroz, senador; José Natividad González Paras, senador; Noemí Zoila Guzmán Lagunes, senadora; Miguel Ángel Navarro Quintero, senador; Miguel Sadot Sánchez Carreño, senador; diputado Roberto Ruiz Angeles, senadora Sara Castellanos, senador Jorge Zermeño Infante, senador Jesús Galván Muñoz, diputado José Escudero Barrera, senador Eduardo Ovando, diputado José Alfredo Botello, diputado Alfredo Ochoa Toledo, senador Francisco Fraile García, diputado Herbert Taylor, diputado Raúl Cervantes, diputado Efrén Leyva, diputado Juan Sepúlveda, diputado Jaime Salazar, diputado Abelardo Escobar, diputado Felipe Calderón Hinojosa, diputado Juan Garrido Mouriño y diputado Rafael Rodríguez Barrera".
Muchas gracias señor Presidente y quisiéramos que se sometiera este asunto como lo hemos dejado aquí ya dicho, como un asunto de urgente y obvia resolución.
Dejo aquí la propuesta del Punto de Acuerdo.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN: Señores Legisladores, en este momento, a reserva de continuar con el trámite correspondiente, quiero comentar, dado que ya entramos al capítulo de puntos de acuerdo, que la Mesa Directiva resolvió, primero, retirar el punto de acuerdo sobre el Fondo de Desastres; segundo, incorporar los puntos de acuerdo que han sido solicitados, uno sobre la fructuosa y otro sobre el Sindicato de Salud, y finalmente incorporar en la agenda política el tema relativo a la corrupción. Son los cambios resueltos por la Directiva en el curso de la sesión, con relación al orden del día de esta sesión.
Señor senador, tiene usted el uso de la palabra.
Estamos en el trámite relativo, señor senador, compañeros legisladores, respecto de la solicitud de considerar de urgente resolución. Daremos la palabra al señor senador y posteriormente someteremos a votación de la asamblea si se considera de urgente resolución.
Tiene la palabra señor senador.
-EL C. SENADOR RICARDO GERARDO HIGUERA. Gracias, con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Yo creo que el desempeño del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador ha sido un desempeño muy decoroso, es una gente que está trabajando con su equipo intensamente, es una gente que de veras, les guste o no a algunos, está trabajando desde las seis de la mañana, reunido con su Gabinete, con gente de la sociedad civil, está participando también en los principales problemas de esta ciudad
Y, pues hay que reconocer, que a un año y fraccioncita de su Gobierno, de su encargo, tiene, está a la vista su trabajo, aquí luego lo dicen las encuestas de opinión realizadas por los diversos medios de comunicación, por diversas empresas serias en este país y así nos lo dicen, por supuesto, diversos sectores del Distrito Federal.
Sin embargo hay que reconocer que tenemos problemas estructurales, problemas estructurales producto del modelo económico neoliberal desarrollado, instrumentado en los últimos años que nos ha dejado saldos muy amplios, negativos, que nos ha dejado pues a una gran cantidad, millones de pobres en este país que tenemos en este momento falta de oportunidades para la gente y que tenemos pues problemas estructurales que no se pueden resolver de la noche a la mañana.
No es el caso aquí, porque no tenemos tiempo, de hacer referencia a estadísticas, a datos de cómo han evolucionado y por lo menos, en el peor de los casos, se ha definido el índice de crecimiento de factores diversos negativos que en los últimos años se habían incrementado tremendamente.
Si nos vamos al aspecto jurídico, y aquí se hizo referencia, el Artículo 44 Constitucional
Establece la naturaleza jurídica del Distrito Federal , sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados unidos Mexicanos y a su vez al Artículo 122 de nuestra Carta Magna establece que su Gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de dicho artículo.
En este precepto se indica, entre otras cosas, la distribución de competencia entre los Poderes de la Unión y el Distrito Federal, así diversas funciones del Gobierno son compartidas entre la Federación y los Poderes del Distrito Federal.
En materia de Seguridad Pública,, el Artículo 122 Constitucional, Apartado C) Base Segunda, Fracción II, Inciso e), señala que el Estatuto de Gobierno del D. F. establecerá las facultades y competencias de cada ámbito de gobierno. Esto con relación a la Fracción VII del Artículo 115 Constitucional que indica que el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente.
La propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública que hiciera el Jefe de Gobierno lo hizo apegado a derecho, hizo una primera propuesta y, bueno, como lo indican también las normas, lo acordó con el Ejecutivo Federal, se llegó a un acuerdo y que en verdad yo creo que si vemos los últimos acontecimientos y hemos analizado la última información, todo está perfectamente bien, está apegado a derecho y no veo yo por qué de una situación política, respetable, cada quien tiene derecho a tener su punto de vista, que esto no se quiera hacer un asunto de carácter jurídico, mucho menos creo yo que se justifica venir aquí al Poder Legislativo para hacer ese extrañamiento que se está planteando.
Por supuesto que nosotros, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, pensamos y estamos totalmente en desacuerdo, rechazamos esa propuesta y hacemos un llamado a que con toda la civilidad política, toda la objetividad, sigamos caminando en esta etapa de transición del país, en esta etapa muy importante para la vida nacional y para el Distrito Federal, para nuestra ciudad.
Muchas gracias compañeras y compañeros.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor senador. Para referirse también al trámite de urgente resolución, tiene la palabra el señor senador Jesús Galván Muñoz.
- EL C. SEN. JESUS GALVAN MUÑOZ: En realidad yo quisiera señor presidente, estimados legisladores, hacer una… referirme a lo que acaba de comentar el compañero más que referirme al asunto de la obvia resolución.
Quisiera señalar primero, que Acción Nacional ha solicitado que estos acuerdos, este tipo de acuerdos se lleven a las comisiones, al seno de las comisiones de manera que la discusión que se haga sea mucho más serena, mucho más sensata y no que se den las discusiones al calor de lo que aquí resulta de inmediato y por eso nosotros queremos decir que en este caso quisiéramos que sean las comisiones las que resuelvan, las que debatan, las que diriman esta proposición que nosotros mismos hemos apoyado.
Pero no quisiera dejar de lado algunas de las afirmaciones que aquí el compañero senador vino a verter. Ciertamente él habla de lo que a su juicio es un desempeño muy decoroso del Jefe de Gobierno.
Dice y hace hincapié en que el señor Jefe de Gobierno trabaja desde las 6 de la mañana, sin embargo el punto de acuerdo que se pone aquí a consideración nada tiene que ver con estos aspectos.
Fue muy claro el senador Jiménez, al hacer uso de la palabra, en señalar un conjunto de acciones que se considera que no están apegadas a derecho y justamente por eso, por esas razones es que se está solicitando que esta Comisión Permanente apruebe ese punto de acuerdo.
¿Cuáles son, en síntesis, las acciones que nosotros consideramos que no están apegadas a derecho? Primero, quiero señalar un desacato a los tribunales judiciales, que ha sido público y que el señor Jefe de Gobierno ha mantenido de manera incluso ostentosa este desacato.
También ha habido, desde luego, otro tipo de desapego a la ley, por ejemplo a la Ley de Obras Publicas que aquí se mencionó y que el Jefe de Gobierno ha ignorado de manera también ostentosa.
De igual manera, aunque como lo dijo el compañero, aparentemente el Jefe de Gobierno hizo su propuesta para que un servidor público ocupara, para que quien ocupa el mando de servidor público de las fuerzas en el Distrito Federal al Presidente de la República. Sin embargo, era muy claro y así quedó constatado, que el Jefe de Gobierno lo que hizo fue, nombró, hizo la designación y después quería que el Presidente de la República simplemente hiciera la ratificación, y eso no es lo que dice la Constitución.
En síntesis, lo que aquí se está juzgando o lo que aquí se quiere juzgar no es tanto el desempeño global del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Lo que se está y lo que se está poniendo a colación es justamente el que el Jefe de Gobierno en algunos de sus actos ha actuado en contravención a la ley.
Por lo que toca al fondo del asunto y por lo que toca al trámite, nosotros quisiéramos que este trámite se diera como establece el Reglamento, es decir que se turne a Comisión y que ahí se discuta y se dictamine.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Señores legisladores, permítanme aclarar el trámite.
Si ustedes lo autorizan procederíamos a votar si se considera de urgente resolución. En caso afirmativo, si tenemos dos tercios de legisladores a favor de que se considere de urgente resolución, entraríamos a discutir el fondo del tema. De no ser así, turnaríamos a la primera Comisión de la Permanente.
Por lo tanto, señor Secretario. ¿Me permite, señor orador? Lo registramos, señor senador, nada más le estaba pidiendo su autorización y a los demás miembros de la Comisión, que nos permitieran desahogar el tema. Si no es de urgente y obvia resolución ya no entramos en materia. Si fuese, entonces lo turnamos a Comisión, pero estamos sólo en el trámite de decidir si es o no de urgente y obvia resolución, no estamos entrando a discutir el fondo del tema.
-EL C. SENADOR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA (desde su curul): ... de la votación, como se ha hecho en casos anteriores en esta misma Comisión Permanente.
-EL C. PRESIDENTE: Si usted insiste tiene la palabra, hasta por cinco minutos, señor senador y yo le ruego que al finalizar su intervención procedamos a recoger la votación sobre el trámite.
EL C. SENADOR ARMANDO CHAVARRIA BARRERA (desde su curul): Con su permiso, señor Presidente.
Compañeras y compañeros legisladores:
Hace algunos momentos un colegislador, senador de la república planteó como punto de acuerdo, según palabras de él, un severo extrañamiento al Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Al respecto yo quiero hacer algunos comentarios.
Yo creo que durante la campaña política para elegir al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, estableció una serie de puntos programáticos, lo cual le ganó la simpatía de la inmensa mayoría de los ciudadanos del Distrito Federal.
Yo creo que una cosa hay que reconocer en Andrés Manuel López Obrador, un asunto de congruencia entre lo que se propuso en la campaña y lo que se está haciendo en este ejercicio de gobierno.
EL PRESIDENTE: Un momento, señor senador.
Dígame, señor diputado.
EL DIP. FELIPE CALDERON HINOJOSA: (desde la curul)...(habla fuera de micrófono, no se escucha el principio)... pudiera abordar el fondo del asunto en este momento, nosotros nos veríamos obligados a autorizar su discusión inmediata.
Yo le pediría al legislador que considere nuestra posición.
EL SEN. ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA: Está en su derecho, diputado.
EL DIP. FELIPE CALDERON HINOJOSA: (desde la curul) Le agradezco mucho.
EL PRESIDENTE: Efectivamente ha habido
un procedimiento tolerante por parte de la mesa. El Reglamento prevé una intervención a
favor y una en contra. El expositor lo hace obviamente a favor. Admitimos otras dos
intervenciones, ésta sería la tercera y efectivamente, yo le insistiría al señor
orador a que se refiriera sólo al trámite, porque efectivamente, si entra al fondo del
tema estaríamos violentando el procedimiento y nos obligaría a modificar lo que ya
habíamos consultado a la asamblea.
Le ruego entonces, señor senador, se refiera al trámite si se considera o no de urgente
resolución, para proceder a la votación y evitar que se desvíe el tema que está a
debate.
EL SEN. ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA: Yo con todo respeto le quiero plantear a usted, Presidente, que para efectos de resolver si procede o no lo que están planteando, eso se resuelve con una votación. No tendría ningún sentido venir a la tribuna solamente para manifestar si estoy de acuerdo o no. Entonces yo le sugiero con todo respeto que nos permita expresar con libertad nuestras ideas, como se hizo en el caso de los dos oradores anteriores.
EL PRESIDENTE: Yo le ruego que concluya de inmediato, pero le insisto en que su intervención no corresponde con el tema a debate y que esto se turnaría a comisiones, en las comisiones se discutiría el fondo, después de comisiones regresaría aquí al pleno y tendríamos la oportunidad de entrar nuevamente en el fondo del asunto.
Si me permite una muy comedida sugerencia de la mesa, permítanos entonces someter ya a votación el trámite y...
EL SEN. ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA: No se puede porque estoy en el uso de la palabra, Presidente, ya me la otorgó usted.
EL PRESIDENTE: Sí, por eso le pido su autorización, señor senador.
EL SEN. ARMANDO CHAVARRÍA BARRERA: No, yo quiero concluir el tiempo que me compete.
EL PRESIDENTE: Concluya usted, señor senador.
EL SEN. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Yo estaba señalando que es muy importante en esta evaluación que se está haciendo -porque así lo hicieron quienes me antecedieron en la palabra- una cosa fundamental: el asunto de la congruencia política entre lo que se ofrece y lo que se hace. A mí me parece que en ese sentido el desempeño de Andrés Manuel López Obrador, aunque no quieran escuchar los que hacen bola ahí, ha sido un desempeño positivo que ha ido generando simpatías entre los habitantes del Distrito Federal y que incluso, como se decía hace un rato, en las encuestas que se han establecido con los ciudadanos hay en lo general una satisfacción con el desempeño del Gobierno del Distrito Federal.
Yo no vengo aquí, claro está, a
hacer una apología del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo que sí me parece es que
necesitamos ser justos, prudentes y dar un espacio de reflexión para ver si efectivamente
lo que aquí se ha señalado de que el Jefe de Gobierno del Distrito Federal está al
margen de la legalidad, lo pudiéramos discutir en las comisiones como ya se ha planteado
por parte de algunos compañeros.
Nosotros, por la gravedad del señalamiento, no consideramos que sea conveniente y
adecuado que se le dé el turno de obvia y urgente resolución. Estamos planteando que se
turne a las comisiones y que incluso yo planteo, si fuera necesario proponer la
comparecencia del mismo Jefe del Gobierno del Distrito Federal, de manera tal que se
pudieran esclarecer algunas dudas que tengamos los diputados y los senadores de la
República.
Ahora, terminando con el planteamiento que hacía el senador David. Yo creo que si esta exhortación tiene como propósito hacer un llamado a los tres poderes y al conjunto de quienes gobiernan los estados de la República y al propio país, pues eso sería una cuestión que necesitaríamos discutir en las comisiones, pero sí planteo yo que dada la propuesta que se hizo, la conveniencia de que en estas reuniones de comisiones, pudiera incluso estar presente, insisto, señor Presidente, el Jefe del Gobierno del Distrito Federal para que pudiera dar respuesta a todas las inquietudes que emanen de este Congreso de la Unión.
Muchas gracias,
- EL PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador, eso pudiera ser objeto del dictamen de la propia Comisión.
Consulte la Secretaría a la asamblea si considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.
- EL SECRETARIO DIP. ROBERTO RUIZ ANGELES: En votación económica se pregunta a la asamblea, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, si se considera de urgente resolución la Proposición.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
- EL PRESIDENTE: Sí se considera de urgente resolución, se abre el registro de oradores.
Se abre el registro de oradores para someter a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo...
EL SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZALEZ (Desde su curul): Señor Presidente. De acuerdo con el Reglamento, voy a fundamentarla.
- EL PRESIDENTE: Si me permite, señor Senador. una vez que la asamblea lo ha considerado de urgente resolución, procede poner a discusión la proposición.
Por lo tanto es obligación de la Presidencia abrir un registro de oradores a favor y en contra.
Está abierto el registro de oradores, si no los hay, procederíamos a votar el Punto de Acuerdo. Si los hay, procederíamos a darle la palabra a dos oradores a favor y dos en contra como máximo.
Tiene la palabra el senador David Jiménez a favor.
- EL SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZALEZ: Con su permiso, señor Presidente.
Yo creo que es muy importante que aquí llegue a puntualizarse cuál es el sentido, el objeto y el motivo de este Punto de Acuerdo. Y este Punto de Acuerdo no está encaminado u orientado para saber si las autoridades del Distrito Federal y en especial el Jefe de Gobierno de la Ciudad, fue electo abrumadoramente o no, si ha desempeñado o no, de acuerdo con ciertos criterios en forma correcta o no su cargo como Jefe de Gobierno.
Aquí el punto de acuerdo y este es el asunto central, ha sido que todas las autoridades y en especial el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ajuste todos y cada uno de sus actos a lo que la Constitución y las leyes establecen.
Uno de los primeros principios que deben de regir la actividad de cualquier gobernante es aquel que establece la propia Constitución, cuando nos hace protestar, cumplir y hacer cumplir la misma Constitución y las leyes que de ella emanen.
Y en el concepto central de la exposición del Punto de Acuerdo, quedó perfectamente establecido, que lo que estamos nosotros requiriendo, es que tanto los órganos de gobierno del Distrito Federal, actúen dentro de las competencias que le han sido fijadas por la Constitución, por el Estatuto de Gobierno y por las leyes que han emanado de su órgano legislativo, en este caso de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, y de acatar las resoluciones que emitan, no solamente las autoridades jurisdiccional federales sino también las locales .
Y en ese sentido, nosotros que hemos observado, que hemos visto el desempeño en este sentido del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por eso es que…
-EL C. PRESIDENTE: Si me permite. Diputada Miroslava García Suárez.
-LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (desde su curul): Señor presidente, ¿puede preguntarle al orador si acepta una pregunta de esta legisladora?
-EL C. PRESIDENTE: Señor senador, ¿acepta usted una pregunta de la diputada?
-EL C. SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ; Las que quiera, todas.
-EL C. PRESIDENTE: Y esta presidencia le autoriza. Adelante diputada.
-LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (desde su curul): Gracias. Señor senador, yo quisiera que usted informara a esta soberanía, con base a qué artículo usted fundamenta que este Congreso tiene atribuciones, para formular un extrañamiento al Jefe de Gobierno o a cualquier otro gobernador de las diferentes entidades que tiene esta república.
-EL C. SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ: Con mucho gusto. Le voy a hacer dos aclaraciones muy puntuales: una, que ha sido ya práctica reiterada, y entre ellas desde luego las que su fracción ha hecho, no solamente una vez sino muchísimas veces, en establecer extrañamientos no solamente a autoridades locales o estatales sino al mismísimo presidente de la república.
Si, como no, tengo los antecedentes se los puede dar. Permítame tantito, esa es una.
La segunda, que usted me está preguntando, debe de conocer de las facultades que tiene el Congreso de la Unión, artículo 73, y entre ellas se establecen unas que son facultades explícitas y otras que son facultades implícitas.
Aquellas facultades explícitas, son las que se encuentran comprendidas textualmente dentro de la Constitución o de cualquier ordenamiento de carácter legal o de carácter jurídico. Y las implícitas son, por supuesto, las que derivan de las propias autorizaciones que las leyes le da, y en este caso el Congreso las tiene.
De tal manera que en uno y en otro sentido, esta exhortación que nosotros estamos haciendo, para que tengamos un Punto de Acuerdo para hacer, desde luego un extrañamiento al Jefe de Gobierno para que ajuste sus actos y sus conductas a la Constitución, nos permite desde luego someterla con fundamento constitucional y legal. Ha sido mi respuesta.
-EL C. PRESIDENTE: Continúen con el reloj.
-EL C. SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ: De tal manera que lo que a nosotros nos interesa, es que todas las autoridades, efectivamente deben de regirse por los principios de legalidad y ninguna de ellas deben de violentarlo o inclusive de rebasarlo.
No, aquí la autoridad para que pueda realmente actuar, tendrá forzosamente que ceñirse estrictamente a lo que establece la Constitución y a lo que establece su ordenamiento jurídico.
Y en el caso del Distrito Federal ha habido muestras palpables en que esto no ha sucedido sino que se han violentado preceptos constitucionales, como los que se dieron recientemente, para no ir muy lejos la semana pasada en la ciudad de México, en donde se creó una atmósfera de incertidumbre, de incredulidad de lo que estaba pasando respecto a la designación del Secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Pero también podrían desde luego señalarse algunos otros casos, que el público y que la opinión pública y que la sociedad del Distrito Federal y la sociedad nacional ha desde luego estado observando; el no acatamiento a las resoluciones que emiten los Poderes Judiciales, tanto federales como locales o las que puede haber emitido mediante leyes la propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
De tal forma que la que el propósito de nuestra propuesta ha sido y seguirá siendo que las autoridades del Distrito Federal ajusten, ciñan sus actos y sus conductas a los que establecen las leyes, porque si queremos vivir un estado de derecho, los primeros que debemos de observar todos estos dispositivos normativos, somos las autoridades y en este caso las del Gobierno del Distrito Federal.
Porque la Constitución está perfectamente delineando y marcando las competencias de las autoridades federales, en este caso los Poderes Federales: cuáles son las que tiene el Presidente de la República, el Congreso de la Unión y desde luego el Poder Judicial Federal; pero también la misma Constitución en su artículo 122 y en el propio Estatuto de Gobierno que ha sito emitido por esta soberanía, por el Congreso de la Unión, marca también las competencias y las facultades que tienen autoridades y funcionarios.
De tal manera que nosotros nos hemos ajustado estrictamente a los lineamientos que establece la Constitución, el Estatuto de Gobierno y las facultades que tiene la Comisión Permanente y el Congreso de la Unión para hacer esta exhortación. Muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE.- Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, para hablar en contra del punto de acuerdo.
LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCÍA SUAREZ.- Con el permiso de la Presidencia.
Señoras y señores legisladores:
El día de hoy nos venimos a enterar en voz del senador que me antecedió, de que el Congreso tiene facultades implícitas; realmente éstas no existen y para ello quisiera solicitarle a la Mesa Directiva de esta Comisión Permanente que pudieran dar lectura al artículo 124 constitucional.
EL C. PRESIDENTE.- Por favor, proceda la Secretaría a dar lectura al texto del artículo 124 constitucional. Lo hará la Presidencia.
Artículo 124. "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados".
Continúe, señora diputada.
LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ.- Le agradezco, señor Presidente.
Lo que realmente me parece paradójico, compañeras y compañeros legisladores, es que el Presidente de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República, mantenga congelada la iniciativa de reforma política del Distrito Federal.
Me parece incomprensible que hoy venga a hacer recriminaciones que no le corresponden al Gobierno de la Ciudad, cuando él en su carácter de Presidente de esta Comisión en el Senado de la República ha hecho caso omiso de lo votado aquí en esta Cámara de Diputados, en relación a una reforma consensada que le da a la Ciudad de México un gran paso, un gran avance para poder homologar los derechos y las facultades tanto de los ciudadanos como del gobierno, en relación al resto de las entidades.
Pero ¿qué es lo que hay en el fondo de todo esto? pareciera ser que el senador representa no a su partido político sino a una fracción o facción del mismo. Pareciera ser que la aparente disputa en los medios a raíz de la renuncia de Leonel Godoy, a la Secretaría de Seguridad Pública y la propuesta del Ejecutivo Local, fue tan solo un pretexto para desviar la atención pública de otros temas que tienen realmente trascendencia nacional.
Me parece muy curioso que el día de hoy los legisladores del PRI o en este caso el senador que me antecedió tercie en este debate o aparente debate a favor del Presidente Fox. ¿Será esto fruto de un acuerdo político de la añeja alianza PRI-PAN?
Se sabe también que este asunto se diseñó insisto, deliberadamente para desviar la atención de otros temas como el aumento de las tarifas eléctricas por parte del Ejecutivo.
Yo quisiera decirles compañeros legisladores del PRI, que en materia de seguridad pública, no tienen ninguna autoridad y menos porque ustedes gobernaron la Ciudad de México durante tantas décadas.
Del PRD no fueron los Durazo señor senador; ni los Sahágun Baca, ni tampoco los Garibay o los Salgado Cordero. El PRD en la Ciudad de México ha luchado contra la inseguridad heredada por la descomposición del tejido social que el PRI, su partido, provocó. La inseguridad pública puede ser combatida, pero no va a ser a través de discursos que vayan en contra o que vayan a debilitar al propio gobierno de la Ciudad de México, que fue legítimamente electo. El PRI tuvo su oportunidad por más de 70 años. Por cierto, para combatir la inseguridad y en ese sentido no hubo, porque aquí la historia nos da cuenta de ello soluciones o avances.
El PRD está tratando precisamente de componer lo que ustedes señores del PRI descompusieron. Por ello insisto, el Partido Revolucionario institucional no tiene ninguna autoridad en la materia y francamente lo que vienen a confirmar aquí en esta tribuna, es esa vieja alianza PRI-PAN.
De cualquier forma los habitantes, los ciudadanos de esta querida Ciudad de México, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir exigiendo que en el Senado de la República, se dictamine favorablemente para la reforma política del D:F: y que no sigan poniendo piedras en el camino para que esto esté congelado de manera permanente, cuando sabemos que ya hay un acuerdo político de las fuerzas de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, para darle a la Ciudad de México, el rango y la autonomía que merece. Es cuanto señor presidente.
-PRESIDENTE: Gracias diputada García Suárez.
Tiene la palabra para hablar en pro, el diputado Mauricio Candiani Galaz.
Muy bien. Para el mismo propósito se concede la palabra al senador Galván Muñoz.
-DIP. JESUS GALVAN MUÑOZ: Con su permiso señor presidente.
Creo que en el curso de esta discusión se ha intentado central del debate en lo que corresponde. Aquí no se trata, y lo digo muy respetuosamente, de venir a hablar sobre las bondades que sí tiene la reforma política del Distrito Federal. No se trata, de ninguna manera, de venir a presumir el enorme avance que ha tenido la Ciudad de México con el excelente desempeño del Jefe de Gobierno. No se trata de eso.
Aquí nadie vino a juzgar ni el desempeño ni la ley. Aquí no se vino tampoco a hacer una valoración de la reforma política, de esa reforma política que ya fue enviada al Senado mediante una minuta emitida por la Cámara de Diputados. De eso no se trata.
Entremos al tema.. La diputada Miroslava pregunta que con qué facultades se está solicitando este extrañamiento. Hace, en su intervención, lectura al artículo 124 y dice, después de esa lectura, resulta que aquí el Congreso tiene facultades implícitas.
Quiero decirles a ustedes que hace un ratito, en esta misma Comisión Permanente, se aprobó un dictamen con una proposición presentada justamente por la diputada Miroslava García Suárez, para que se congele el incremento anunciado en las tarifas eléctricas.
Vean ustedes. Resulta que para solicitar al Ejecutivo que se congele el incremento anunciado en las tarifas eléctricas el Congreso sí tiene facultad. Y sí tiene facultad porque al Partido de la Revolución Democrática le parece que es de enorme trascendencia para la vida del país. No importa si tiene o no facultades, no importa si está en el artículo 73 constitucional, en alguna de tantas fracciones de que consta el 73 constitucional. Basta con que sea de suma importancia para el país.
Y en cambio aquí le reclama al senador Jiménez que le diga cuál es el fundamento constitucional en donde el Congreso puede hacer un extrañamiento al Jefe de Gobierno.
Yo diría, señores, independientemente de que esté o no la facultad del Congreso –y desde luego de la Comisión Permanente—de manera explícita, el Congreso en México tiene eminentemente, además de su función legislativa, una función política que se desprende directamente de la lectura de la Constitución, del espíritu constitucional.
Y el Congreso sí tiene, aunque no esté enumerado explícitamente en ninguna de esas facultades, sí tiene facultad para, como aquí se señaló, solicitarle algo al presidente o hacer una censura. Sí la tiene y la tiene fundada justamente en esa función que el Congreso, que hoy nadie le niega al Congreso. El Congreso tiene una eminente función política que debe cumplir.
Entonces este Congreso, esta Comisión Permanente sí tiene facultades para hacer extrañamientos, sí tiene facultades para emitir opinión sobre la vida pública del país, para emitir opinión sobre lo que está sucediendo en el Distrito Federal. Claro que sí la tiene.
Y, por otro lado, insistiría simplemente: el extrañamiento se funda exclusivamente en su falta de apego a la legalidad por parte del Jefe de Gobierno. Es ostentoso, pero además él procura hacerlo público por todos los medios, que él está desafiando no solamente a la ley sino que, en la última ocasión, intentando desafiar al Presidente de la República.
En realidad lo que cometió fue un desacato a la Constitución. Porque, independientemente de lo que se pueda considerar, independientemente de que hay quienes consideran que el Distrito Federal debe ser una entidad federativa con poderes iguales que el resto de las entidades, independientemente de eso, la Constitución es muy clara. Y la Constitución les otorga la facultad al Presidente de la República, de designar al funcionario que tenga el mando de la fuerza pública a propuesta del Jefe de Gobierno. Y eso fue lo que no cumplió el Jefe de Gobierno, entre otras cosas, porque en el acuerdo, en esa petición que se está haciendo, que fue formulada, tiene un conjunto de desacatos a la ley y por eso se está solicitando. Gracias, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Para concluir el registro de oradores, se concede el uso de la palabra al senador Ricardo Gerardo Higuera, y posteriormente si alguien más desea intervenir, lo hará para hechos.
-EL C. SEN. RICARDO GERARDO HIGUERA: Muchas gracias, señor Presidente.
Miren, compañeras y compañeros, en verdad es lamentable que demos pasos hacia atrás y que en un asunto, en una, no quiero decir yo, componenda política, con no sé qué objetivos de última hora, las dos fracciones del PRI y del PAN estén adoptando esta actitud de veras intransigente.
Hasta este momento no se ha señalado una sola cosa, no ha habido ningún señalamiento preciso, objetivo de cuáles son, en qué se incurrió en ilegalidad con la propuesta que hizo el Jefe de Gobierno ante el Presidente de la República, de acuerdo al Artículo 122 constitucional. No han señalado una sola.
Entonces me parece a mí que no es de altura venir aquí con generalidades, con posiciones políticas y miren que aquí algunos de ustedes estuvieron haciendo el señalamiento de que en las anteriores intervenciones nuestras se había hecho alusión o se había hecho referencia al desempeño político y al desempeño cabal que ha tenido el Jefe de Gobierno en su encargo; fueron ustedes. Sin embargo hasta este momento de manera precisa, seria, concreta, no han hecho un solo señalamiento ninguno, ni ustedes los del PAN ni los del PRI, compañeras y compañeros.
Entonces a mi me parece que su fuéramos incluso a señalar quiénes han incurrido en ilegalidad, yo creo que en honor a la verdad el extrañamiento en todo caso sería para el Presidente de la República. Les voy a decir por qué: Porque hasta este momento él no ha publicado ni el Programa de Seguridad Pública ni la Ley de Seguridad Pública de la Federación; no las ha publicado, siendo que ya se la envió el Jefe de Gobierno con mucha anticipación. El no la ha publicado y eso sí es caer en ilegalidad, eso sí es estar actuando fuera de la legalidad.
Entonces a mí me parece, se me hace muy curioso también, que aquí los compañeros del PRI vengan con una posición de generalidades, denotando más que nada una posición política sobre esta situación que ya pasó, que independientemente del vuelo que se le haya dado en el sentido que ustedes quieran, está ya comprobado, está apegado a la legalidad y no hay ningún problema. Sin embargo cosas como estas que yo acabo de señalar, no se hace referencia por los compañeros que están abocados aparentemente a este análisis riguroso, jurídicamente hablando.
Yo les hago un llamado de veras a que con mucha madurez y con mucha seriedad sigamos caminando todos en este Congreso, que nos apeguemos a la responsabilidad que tenemos con la nación, con el país, con nuestra ciudad y que nos dejemos de este tipo de cosas, de este tipo de componendas, de este tipo de estrategias, que no sabemos qué es lo que traen atrás de ello.
Muchas gracias, compañeros y compañeras.
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Gracias, señor Senador.
- LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (PRD. Desde su curul): ¡Para hechos!
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Para hechos tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez.
- LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (PRD): Con el permiso de la Presidencia.
Me parece, compañeras y compañeros legisladores, que aquí hay una grave confusión por parte de los senadores que han tomado la palabra, porque no es lo mismo una exhortación, que viene siendo una propuesta -ustedes pueden consultar algún diccionario- y lo que significa un extrañamiento, que es más bien una censura. Son de naturaleza diferentes.
En ese sentido también le quiero aclarar al senador Galván que yo me referí, precisamente, a que las facultades implícitas no existen. Por eso le pedí a la mesa directiva de esta honorable asamblea que le diera lectura al artículo 124 constitucional. Las facultades implícitas no existen. Por eso yo pregunté cuáles son las facultades expresas que tiene este Congreso para hacer un extrañamiento a un gobierno local, al Jefe de Gobierno de la ciudad de México. Es claro que tienen una confusión o que no quieren hacer la diferencia de lo que es una exhortación o un extrañamiento.
Quisiera también decirles que no hubo desacato a la ley ni a la Constitución ni al estatuto de gobierno de la ciudad, cuando el Jefe de Gobierno hizo su propuesta. Yo quisiera preguntarles si en la ley existe algún artículo que señale la forma en que se deben hacer las propuestas para sustituir, en este caso, al Secretario de Seguridad Pública.
Por otro lado, en este caso el senador Galván me ha dado la razón. A confesión de partes, relevo de prueba. Y en este caso yo quisiera preguntarle también, porque tal vez no escuché bien o no entendí una definición que él llamó o que él cito en su intervención, no sé a qué se refiere cuando señala o comenta la palabra evaloración.
Por último yo quisiera decirles, compañeras y compañeros legisladores, que estamos ante un debate artificial e inútil porque es claro que este Congreso no tiene facultades expresas para hacer un extrañamiento y es claro que este Congreso sí tiene facultades para hacer una exhortación.
En ese sentido yo conmino nuevamente a mis compañeros senadores, particularmente a los de la Comisión del Distrito Federal y a su Presidente, para que sean propositivos. Para que en lugar de hacer extrañamientos activen en su comisión la dictaminación de la Reforma Política del Distrito Federal. Y también les pido que no pequen de amnesia, que recuerden el paso de su partido en el gobierno de la ciudad o en el antes llamado Departamento del Distrito Federal.
Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Para hechos tiene la palabra el señor senador Armando Cavaría Barrera.
-SEN. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Voy a ser breve. Con su permiso, Presidente.
A mí me parece que está haciendo un uso irracional de una fuerza parlamentaria pues evidentemente mayoritaria en este recinto y a veces da la impresión, aunque uno no lo quisiera ver así, de que hubiese una complicidad o peor aún, un complot, una vendetta para golpear al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, por lo que consideran una irreverencia al haber hecho una propuesta al Presidente de la República en materia de seguridad pública.
Aquí quienes han hablado han argumentado que el Jefe de Gobierno se ha colocado al margen de la legalidad y que eso amerita un severo extrañamiento, en términos coloquiales un jalón de orejas, porque está al margen de la legalidad. Pero, compañeras y compañeros legisladores, queremos resolver un asunto de supuesta ilegalidad con otro acto de ilegalidad, porque hasta este momento Constitución, Estatuto y Reglamento en mano no nos han demostrado fehacientemente las atribuciones que tiene el Congreso de la Unión para sancionar a quienes representan a las distintas entidades federativas.
El extrañamiento no solamente es una censura, el extrañamiento entra en el rango de sanción y nosotros no tenemos capacidad para eso.
La compañera Miroslava decía que se está confundiendo lo que han sido los llamados, las exhortaciones y las propuestas que han emanado del Congreso de la Unión, con una figura distinta como es la sanción.
Hace unos momentos, comentando con el senador David, hacía alusión a que en sesiones anteriores de igual manera se han solicitado extrañamientos para algunos funcionarios, extrañamientos que afortunadamente no han pasado, porque los hubiéramos colocado, efectivamente, en un acto de ilegalidad.
Ahora, pues está mezclada una cosa con la otra. Yo sé que algunos colegisladores no les gusta mucho escuchar este tipo de opiniones, pero yo sí las quiero señalar. Sin duda alguna el desempeño del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en nuestra opinión en general ha sido un buen desempeño y si lo ponemos en la balanza, con el desempeño que ha tenido el titular del Ejecutivo Nacional, pues deja mucho qué desear, primero porque él sí ha cometido un gran fraude político a la nación, porque prometió caminar hacia delante y está caminando como los cangrejos, para atrás, en materia económica, en materia educativa, en materia de salud y en muchos aspectos más, es decir, se le ofrecen expectativas y promesas a la gente para conseguir el voto y después se camina en dirección contrario a lo que se le ofreció a la nación.
Si tomamos en consideración las actitudes que ha tenido el Presidente de la República, agresivas en contra de la economía popular y si tomamos en cuenta, eso sí, un distanciamiento, un apartamiento de lo que ha sido la política exterior de los gobiernos en México, eso sí valdría la pena hacer un exhorto para una enmienda en ese tipo de política.
Pero pareciera que aquí algunos Legisladores, por conveniencia, por amnesia o por miopía política, pues solamente ven La paja en el ojo ajeno y no ven el tamaño tronco que tienen delante de los ojos el Titular del Ejecutivo Federal.
Pues yo lo señalo así porque me parece que hay una confusión que no debiéramos caer en una ilegalidad cuando supuestamente estamos cuestionando ese tipo de actos ilegales en el Jefe del Gobierno del Distrito Federal.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor. Consulte la Secretaría a la Asamblea si está suficientemente discutido el Punto de Acuerdo
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutida la proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos Legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
-EL C. PRESIDENTE. Suficientemente discutido.
Someta la Secretaría a votación el Punto de Acuerdo.
-EL MISMO C. SECRETARIO. En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición.
Los ciudadanos Legisladores que estén …..
--EL C. PRESIDENTE, UN momento señor Secretario.
-EL MISMO C. SECRETARIO: A ver , porque no la oímos.
-la c. diputada miroslava garcia suarez: es que estaba usted muy emocionado dando lectura.
Señor Presidente, le solicito amablemente que la votación pueda ser nominal.
--EL C. PRESIDENTE. sí bueno, votamos sobre suficientemente discutido y ya está declarado suficientemente discutido, votaremos ahora nominalmente el punto de acuerdo a propuesta de la Diputada García Suárez y tenemos legisladores que secunden la propuesta de acuerdo con el reglamento.
Muy bien, esta presidencia obsequia la solicitud habiendo legisladores que la secundan y por lo tanto le solicito al señor Secretario que levante la votación nominal del punto de acuerdo.
-EL MISMO C SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
La Presidencia se abstiene en esta votación.
-EL MISMO C. SECRETARIO. Señor Presidente, se han emitido 23 votos a favor y 4 votos en contra.
-EL C. PRESIDENTE. Aprobado el Punto de Acuerdo. Comuníquese. (aplausos).
Tiene la palabra el diputado Alfredo Botello, del grupo parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para que el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos comparezca ante las Comisiones respectivas de ambas Cámara. Al finalizar esta presentación someteremos a votación la posibilidad de concluir la sesión.
- EL C. DIP. JOSE ALFREDO BOTELLO MONTES: Muchas gracias.
Con su permiso señor Presidente.
Los diputados y senadores integrantes del grupo parlamentario del PAN, sometemos a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente punto de acuerdo para solicitar la comparecencia del Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, respectivamente, al tenor de las siguientes consideraciones:
Decía Montesquieu que para que no se pueda abusar del poder el preciso que el poder detenga al poder. Es en este sentido que instituciones como el ombudsman colaboran de manera fundamental para la consolidación del estado de derecho al que todos los mexicanos aspiramos; la doctrina ha sostenido y Acción Nacional coincide plenamente en ello, que los derechos humanos son facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a la libertad, a la seguridad y la integridad de su persona; al trabajo, a la protección de las leyes, a tribunales imparciales, a la privacía de su vida familiar, su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones; a la información verás y oportuna, a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación de sindicatos, partidos políticos, organizaciones profesionales y de cualquier otra índole a participar en las decisiones del gobierno por sí y a través de representantes libremente escogidos; a la educación, a formar a sus hijos conforme a sus convicciones o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona.
Las únicas limitaciones al ejercicio de estos derechos, sólo pueden ser el derecho de los demás, garantizado por las leyes, el orden público y el bienestar general. Desde luego que en una comunidad de hombres libres estos derechos fundamentales se encuentran estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y son al mismo tiempo las condiciones de desarrollo de esta idea de dignidad, idea que es fundamento y estandarte de Acción Nacional.
El grado de respeto, defensa, promoción y protección de los derechos humanos es uno de los mejores termómetros de los más convincentes parámetros para medir el grado de desarrollo en los países que enarbolan como causas últimas de su sistema jurídico la libertad, la seguridad y la democracia.
Los legisladores panistas sabemos que nuestra tarea es insistir incansable y permanentemente en la formación de valores sociales y solidarios así como por el respeto, la defensa y la promoción de los derechos humanos ya que el respeto que se le otorga a estos es claro indicador de la calidad de vida del gobernado.
En efecto, democracia y derechos humanos son dos tópicos que poseen la cualidad de tener un vínculo indisoluble; son al propio tiempo, recíprocamente, causa y consecuencia. En este sentido, los panistas trabajamos por un estado democrático y de derecho porque sólo ahí pueden tener mejor cabida la libertad, la igualdad y la dignidad humana y no así en el estado totalitario dentro del cual se dejan a un lado con mayor facilidad los intereses de la persona y se olvida que a ésta debe servir en este contexto el impulso y reconocimiento de figuras como el ombudsman nacional que son una obligación del Poder Legislativo.
Al efecto es importante recordar que a lo largo de nuestra historia parlamentaria hemos pugnado primero, por la creación de un organismo de defensa de los derechos humanos y particularmente, en la pasada Legislatura, por la plena autonomía de este órgano defensor de las más esenciales prerrogativas humanas, logrando la aprobación junto con los demás partidos, de la reforma que dio origen al vigente texto del artículo 102 constitucional.
Consideramos en tal sentido, que las instituciones están dada y debemos caminar en el sentido de consolidarlas en los hechos. El deber de ser plasmado en la norma debe ser llevado a la práctica.
De hecho, es incuestionable que nos encontramos en este proceso de consolidación y hoy el ombudsman es libre e independiente en su actuar y en sus decisiones y se encuentra vinculado con la representación popular en un ánimo de coadyuvancia al rendir su informe anual de actividades.
Los avances en esta materia en la presente administración, son de suyo significativos. Primero, porque hay un cambio de actitud de parte del Gobierno Federal respecto al tema de los derechos humanos.
En tal sentido y en obviedad de tiempo, como ejemplos baste señalar casos como el de los campesinos ecologistas de Guerrero, liberados por el Ejecutivo Federal; el caso de los pescadores de Pátzcuaro igualmente liberados; el caso del General Gallardo, liberado de acuerdo a resoluciones de organismos internacionales de derechos humanos y en estricto apego al derecho patria.
Tenemos, en tal virtud, plena convicción de que los derechos humanos son un límite natural y necesario al poder público, sabemos que si su respeto escrupuloso, ni el estado se justifica, ni la autoridad tiene razón de ser.
Afirmamos categóricamente que es necesario promover y garantizar los derechos humanos sin distinción de credos religiosos, convicciones políticas, rangos o categorías sociales, clases o ideologías.
Aquél que pretende ignorar que nos derechos humaos son anteriores y superiores al estado y éste por tanto debe de reconocerlos y garantizarlos plenamente, se engaña a sí mismo.
Ahora bien, el vertiginoso desarrollo de los derechos humanos tanto a nivel nacional, como en el internacional, nos obliga a adecuarnos, a modernizar y a humanizar nuestra visión del mundo y nuestras aptitudes. Por eso los legisladores tenemos la obligación de revisar con detenimiento el informe de actividades que presentó el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en comisiones estudiarlo con detenimiento para después contar con la notable presencia del "ombudsman" ante dichos órganos colegiados, dado que esta retroalimentación ante el Legislativo seguramente redundará en aportaciones. Esa es la naturaleza de la última reforma al artículo 110, mismo que vincula al "ombudsman" al Legislativo tanto por el aspecto de la elección, como por el informe y la comparecencia que nos ocupan.
Sabemos que las acciones nunca serán suficientes, la lucha por el respeto a los derechos humanos nunca estará acabada, pero también sabemos que con actos como el presente, vamos por buen camino.
El estado tiene como función primaria y esencial, además de la seguridad pública, la defensa y promoción de los derechos humanos, los esfuerzos de los tres poderes deben encaminarse a ello, la revisión minuciosa de la situación que guarda el respeto a los derechos humanos en nuestro país no es tarea aplazable.
En tal virtud, compañeros y compañeras diputadas; senadoras y senadores:
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone la Fracción III del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Comisión Permanente, el siguiente punto de acuerdo:
UNICO: Respetuosamente se sirva solicitar al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que comparezca ante las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, a efecto de que se amplíen las explicaciones del Informe Anual de Actividades del "ombudsman" nacional, así como se resuelvan las dudas que al respecto tengan los legisladores en tan trascendente tema.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de febrero del año 2002. Firma un servidor y mis compañeros legisladores del Partido Acción Nacional en esta Comisión Permanente.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, diputado.
Túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y de Derechos Humanos del Senado de la República.
En uso de las atribuciones concedidas por el artículo 23 de la Ley Orgánica, habida cuenta de que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias y en consideración a trabajos parlamentarios que suceden a esta sesión, particularmente en la Cámara de Senadores, daremos por concluidos los trabajos de esta sesión ordinaria y en el entendido de que los temas pendientes podrán ser cubiertos en una sesión posterior.
Yo quisiera dar cuenta de una invitación que nos hace llegar la Segunda Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente a todos los presentes para asistir el día de mañana a las 12 horas en este mismo salón y acompañar al señor Presidente de la República de Guatemala que estará con los miembros de dicha Comisión Segunda de Trabajo.
-LA C. SENADORA MARTHA SOFIA TAMAYO MORALES (desde su curul): En relación al acuerdo que está listado, que iba a presentar mi partido por mi conducto, estaba contemplado para ser leído antes del cierre de la sesión.
Por lo cual le solicitaría reconsidere muy amablemente esta posibilidad.
-EL C. PRESIDENTE: Lo que se resolvió fue que cumplidas las cuatro horas tendríamos la posibilidad de concluir la sesión y que así lo plantearía la Presidencia, no es el punto que usted me menciona el que sigue a continuación y por lo tanto aún dando esa holgura no cabría, por lo tanto la Presidencia somete al pleno la decisión que ha hecho pública, de suspender la sesión en uso de las atribuciones del 23 de la Ley Orgánica, pero lo somete al pleno, que es quien puede corregir los trámites de la Presidencia y por lo tanto le ruego, señora secretaria, que someta al pleno la suspensión de esta sesión para ser continuada en sus puntos en la próxima.
LA SECRETARIA, DIP. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL: Por instrucciones de la Presidencia, se somete a consideración del pleno la determinación de dar por concluida la sesión.
Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de manera económica.
(Votación)
Los que estén por la negativa...
EL PRESIDENTE: El voto por la afirmativa es en el sentido de suspender la sesión, el voto por la negativa es en el sentido de continuar la sesión y corregir el trámite de la Presidencia, y lo haríamos...Estábamos en la votación.
EL SEN. ERNESTO GIL ELORDUY: (desde la curul) Que la sesión continúe para poder atender un asunto de importancia que quiere plantear y que está en el orden del día, la senadora Martha Tamayo, y que pudiera darnos de media hora a 45 minutos para terminar la sesión, no para que continúe indefinidamente con todo el orden del día, sino solamente para este asunto. Esa es la petición que respetuosamente hago a la Presidencia.
EL PRESIDENTE: Sí. La votación que le ruego a la secretaria que levante es en el sentido de avalar el trámite resuelto por la Presidencia, para lo cual tiene atribuciones en el 23 de la Ley Orgánica, y el voto afirmativo sería por suspender la sesión, el voto negativo por prorrogarla y en el supuesto de que se prorrogue lo haríamos en términos de tiempo con relación a los puntos en el orden en que se encuentran y no en términos de asuntos. Por lo tanto, si me permite proceder a la votación, diputada.
LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: (desde la curul) Es una pregunta, Presidente.
Considero que es válida la petición de la senadora, considero que su punto es importante, pero también todos los puntos que están en la agenda son importantes, por lo que yo quisiera solicitar a ustedes que de continuar esta sesión se puedan agotar los puntos que están agendados que no se limite el tiempo, porque entonces habría una situación en la que no se desahogarían todos los puntos que son importantes, que están en la agenda.
EL PRESIDENTE: La Presidencia desde luego recoge con mucho gusto su observación, señora diputada, y vamos a proceder a votar en el sentido que he comunicado al pleno. El voto a favor es para suspender la sesión, el voto en contra es para prorrogarla por un tiempo prudente, habida cuenta de que ha tareas parlamentarias programadas para el día de hoy que reclaman entre otras cosas la presencia de los senadores en sesión de Cámara.
Por favor, señora secretaria, recoja usted la votación.
LA SECRETARIA, DIP. MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica, si se está de acuerdo en la suspensión de la sesión.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
12 votos por la afirmativa y 15 por la negativa.
- EL PRESIDENTE: Por lo tanto la Presidencia en base a la resolución de este Pleno corrige el trámite, continuaremos por espacio de media hora y después de 30 minutos volveré a hacer la consulta.
Tiene la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo Sobre Créditos Incobrables y Controvertidos.
-LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la Presidencia.
El Sistema Tributario Mexicano se compone de dos elementos básicos: el primero es el marco normativo o legal y el segundo son las técnicas fiscales que se utilizan para mejorar la recaudación y hacerla más equitativa.
El Estado a través de la política tributaria tiene capacidad para redistribuir los ingresos fiscales. La administración fiscal comprende aquellas actividades relacionadas con la recaudación de los ingresos públicos. El Estado Mexicano depende del monto recaudado para financiar el gasto gubernamental.
Una eficiente Administración Tributaria permitirá una recaudación más amplia y a bajos costos. La recaudación de impuestos será eficiente entre menos recursos fiscales se usen para ello y menos evasión y elusión fiscal ocurran en la economía.
El SAT, Servicio de Administración Tributaria, se instituye en julio de 1997, siendo un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y cuyo propósito es recaudar los impuestos federales destinados a cubrir los gastos presupuestados por el gobierno.
El SAT tiene a su cargo las facultades y el despacho de los asuntos que le encomienda la Ley del Servicio de Administración Tributaria y de los distintos ordenamientos legales aplicables así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Presidente. También administra lo programas especiales y los asuntos encomendados por la Secretaría de Hacienda.
El SAT tiene por principio la realización de la actividad estratégica del Estado, la cual consiste en la determinación, liquidación y recaudación de los contribuyentes por mejoras, derechos, productos, aprovechamientos federales y accesorios para el financiamiento del gasto público.
Como resultado de lo anterior el SAT deberá observar y asegurar la aplicación correcta, eficaz, equitativa y oportuna de la legislación fiscal y aduanera, así como promover la eficiencia en la Administración Tributaria y el cumplimiento voluntario por parte del contribuyente de las obligaciones derivadas de la legislación.
Sin embargo, si todo lo anterior es la base sobre la cual el SAT trabaja, no deja de ser preocupante que este organismo presente deficiencias que se traducen en engorrosos trámites para los contribuyentes y en crecientes problemas en el cobro de los impuestos.
Las autoridades hacendarías están orgullosas de la reciente calificación favorable de la firma Standard and Pours (?) por el grado de inversión. Entre las razones por las que se le otorgó esta valoración es por un mejor desempeño en la Administración Tributaria.
Sin embargo, observamos que en el reciente informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda, al cuarto trimestre del 2001 el saldo de créditos fiscales a diciembre del mismo año, específicamente en los llamados créditos controvertidos y créditos incobrables, asciende a una suma mayor de 131 mil 551 millones de pesos y 63,600 millones de pesos respectivamente. Los créditos controvertidos se definen como: aquellos que no pueden ser objeto de acciones coactivas de cobro por parte de la administración tributaria, debido a que están sujetos a algún procedimiento de carácter legal. Es decir, su cobro depende de una resolución o sentencia de la autoridad competente, mientras los créditos incobrables se refieren a lo siguiente: créditos que la administración tributaria ha determinado a cargo de deudores insolventes o no localizados.
La administración tributaria determina que los créditos son incobrables, después de aplicar una serie de procedimientos para intentar ese cobro, tales como la verificación en el Registro Público de la Propiedad, en los diferentes padrones de registro de propiedad de automóviles, de teléfonos, etc. Una vez que se han agotado las diversas instancias, se proceda a cancelar estos créditos.
Sin embargo, en el informe de Hacienda no se da más información sobre quiénes son los que están en estas categorías y en los sectores de la actividad económica.
Recordemos la propuesta de recaudación inicial de reforma hacendaría del Ejecutivo, en ella se mencionaba que se pretendía recaudar alrededor de 120 mil millones de pesos.
Si contrastamos estos créditos controvertibles e incobrables, tendríamos mayores recursos para destinarlos a áreas prioritarias de carácter social e inversión pública.
La falta de capacidad por parte del SAT para el cobro efectivo de los impuestos, refleja la ineficiencia de la administración tributaria mexicana. No se ha logrado resolver el rezago en esta materia.
Por ello, el Partido de la Revolución Democrática propuso una iniciativa, para que sea el Congreso de la Unión, quien nombre al presidente del SAT, y que el mismo sistema de administración tributaria, no tenga la facultad de interpretación de la norma fiscal, ya que esta práctica se presta a disposiciones discrecionales, que perjudican a los contribuyentes.
Cabe agregar que hasta el día de hoy, no hay titular en el Servicio de Administración Tributaria, la presidencia la sigue detentando el Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Ya hace año y medio que no se designa al presidente de ese órgano desconcentrado, quien además tiene que ser ratificado por el Senado de la república.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada federal, somete a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, haga del conocimiento al Poder Legislativo, sobre quiénes son los que se encuentran en el rubro de créditos controvertidos y créditos incobrables, y en qué sectores de la actividad económica se ubican dichos créditos.
SEGUNDO.- Asimismo la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita a dicha Secretaría, informe sobre el estado que guarda la designación del titular del Servicio de Administración Tributaria, dada la importancia que reviste para el funcionamiento eficaz en la obtención de ingresos fiscales para la federación.
Es cuanto señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias diputada García Suárez.
Se turna a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
La siguiente intervención es para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el régimen fiscal a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra la senadora Martha Tamayo Morales.
-LA C. SENADORA MARTHA TAMAYO MORALES: Gracias presidente. Compañeras, compañeros legisladores. En diciembre pasado el Congreso de la Unión aprobó una serie de modificaciones a ciertos ordenamientos fiscales, que si bien en un principio buscaban otorgar una nueva estructura y organización en el marco tributario vigente, en la realidad muchos de ellos han venido generando serias dificultades con un impacto negativo en diversas regiones y sectores del país.
Muy pronto el tiempo nos dio la razón a los legisladores priístas cuando nos opusimos a la aprobación de impuestos especiales y suntuarios, porque han resultado de ellos diversas irregularidades, imprecisiones y lagunas que motivan la inconformidad de amplios sectores de la población.
Por ello, a reserva de plantear las reformas legislativas que ameriten, presentamos este punto de acuerdo..
Este día el Presidente Fox anuncia correcciones fiscales, correcciones a la reforma fiscal, habla de una nueva reforma fiscal. Hay que advertir que una reforma fiscal no podrá ser nunca producto de la voluntad única del Ejecutivo y deberá siempre, como la Constitución mandata, pasar por esta soberanía.
Sin embargo, a lo que probablemente se refiera el Ejecutivo son a algunas enmiendas a las que la sociedad y el priísmo concretamente, le han exigido su reconsideración; no se trata, pues, de un acto de bondad ni gracioso o gratuito; obedece, pues, al legítimo reclamo de la sociedad con los priístas al frente. Nosotros estamos siendo congruentes con la negativa que dimos a la imposición de esto que consideramos injusto e irregular.
Yo le pediría al Ejecutivo que se ponga de acuerdo con Gil Díaz, porque él está tratando de tirar la piedra y esconder la mano; Gil Díaz dijo que hasta el último momento se había encargado de cabildear la reforma fiscal y así lo constatamos porque el Subsecretario de Ingresos Aguirre Pambur, estuvo hasta muy altas horas de la noche negociando en ambas Cámaras. ¿Cómo de que ahora esa reforma que la gente rechaza no es la de él?, ¿no será que la reacción negativa de la gente lo precisa a tratar de deslindarse de este hecho?
En primera instancia, mediante el establecimiento de un artículo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002, se gravó una serie de bienes y servicios que fueron considerados de consumo suntuario y si bien la medida pretendió obtener un ingreso tributario adicional a partir de los consumidores de altos ingresos, al realizarlo mediante la violación al marco constitucional que nos rige hizo nugatoria e inviable tal disposición, ello debido a que la presentación, discusión y aprobación se efectuó primero en la Cámara de Senadores que para el efecto constituye la instancia revisora, de acuerdo a la disposición expresa contenida en el apartado "H" del artículo 72 de nuestra Constitución, lo cual representó una transgresión constitucional de origen dando por resultado desde luego, la inconformidad de múltiples segmentos ciudadanos y de manera especial sectores productivos del país, quienes se han inconformado en diversas formas incluyendo la interposición masiva de juicios de amparo. Probablemente ahí está la intención de darle para atrás.
La anterior situación se agrava para el caso de los estados fronterizos, quienes han venido experimentando frente a sus vecinos una mayor pérdida de competitividad.
Igualmente los gravámenes especiales establecidos a las bebidas alcohólicas afecta de manera importante la industria restaurantera y turística por el encarecimiento de los servicios ligados al consumo de tales bebidas alcohólicas que sufrieron alzas impositivas muy superiores a los acuerdos que diversos grupos parlamentarios sostuvieron en este tema, específcamente el consenso que en la Cámara de Diputados tenía esta disposición correspondiente a bebidas alcohólicas de más de 25 grados gay luzac (¿), en donde el acuerdo era gravarlos con 45% y el impuesto alcanzó el 60%.
Mención especial merece que al haber sufrido tal alza impositiva requiere lo relativo al tequila, a las bebidas de origen, concretamente a nuestro tequila.
Las nuevas medidas lejos de contribuir al desarrollo e impulso productivo de la industria nacional, han originado una pérdida de la competitividad y el desplazamiento de los productos nacionales con el ingreso de productos del extranjero, y en el mejor de los casos de adulteración de productos que se expenden, que redundan en una menor recaudación, en un mayor contrabando sin la existencia de estímulos reales y eficientes a productos netamente mexicanos que integran cadenas productivas y generan valor agregado.
En atención a lo anterior desde hace varias semanas los legisladores del grupo parlamentario del PRI, nos hemos venido reuniendo con representantes de los distintos sectores en diversas regiones del país, dando y tratando de tomar medidas para incorporar a la reforma. Nos dimos a la tarea de buscar alternativas que nos permitan corregir todos los sesgos generados a partir de su aprobación en diciembre pasado. Como resultado de este proceso conjunto, el día de hoy sometemos a esta honorable tribuna el proponer una consideración de modificaciones que nos permita estructurar la reforma fiscal de mejor manera, en favor del desarrollo productivo y social de nuestro país; entendiendo que este trabajo es el primer paso de un proceso que habrá de continuar .
Por ello, con fundamento en los artículos 50 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos, los legisladores del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional, presentamos el siguiente:
"PUNTO DE ACUERDO
"UNICO: Que el Ejecutivo Federal a través de la facultad que al efecto le concede la fracción II del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, emita las regulaciones administrativas tendientes a precisar las siguientes materias:
1-. Con la finalidad de reducir la importación de bienes, desincentivar el contrabando, impulsar el desarrollo económico e incrementar la competitividad, se propone se deje sin efecto la aplicación del impuesto a bienes y servicios suntuarios, el cual no soporta un análisis de constitucionalidad.
2.- Se resuelva la situación tributaria de restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, en relación al impuesto suntuario que encarece tal servicio.
3.- Con la finalidad de inhibir la práctica del contrabando y la adulteración de bebidas alcohólicas, se deberá modificar el inciso b) de la fracción I del Impuesto Especial para la Producción y Servicios, a fin de que se reduzca el gravamen a niveles que no afecten la competitividad, ni se distorsione el mercado o se afecte el desempeño productivo de la industria nacional.
Con el objeto de preservar y fomentar el desarrollo de la industria tequilera nacional en una forma integral fortaleciendo la cadena productiva se propone el establecimiento de un estímulo a la producción del agave que consiste en un reconocimiento fiscal sobre el impuesto efectivamente causado y se constituya como incentivo para la reactivación y fortalecimiento de la industria".
Y por último, que esta Soberanía dispuso en un Punto de Acuerdo de fecha 6 de los corrientes, que el Ejecutivo emitiera una disposición administrativa de observancia general y su respectiva publicación en el Diario Oficial de la Federación, para prorrogar la aplicación del artículo transitorio sexto, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece la causación de la tasa cero por el servicio o suministro del agua potable para uso doméstico.
Por lo que enérgicamente pedimos una definición en este punto para conjurar la amenaza del pago del IVA al agua potable que se cierne sobre los mexicanos. Y desde luego que todas estas propuestas no son producto de una actitud individual, voluntaria, de parte del Ejecutivo. Son producto del esfuerzo de la sociedad que permanentemente y a partir de la injusta aprobación de estas medidas, se ha manifestado y ha podido tender un marco de observancia a la legalidad, que exigimos los priístas.
Por su atención gracias.
-PRESIDENTE: Se turna a la Tercera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.
Tiene la palabra el Senador Armando Chavarría Barrera, para presentar un Punto de Acuerdo, sobre la equidad y el fortalecimiento de las universidades públicas.
Discúlpeme, señor senador, efectivamente hay un orden distinto previsto en el orden del día.
Tiene la palabra el señor diputado Abelardo Escobar Prieto para presentar un punto de acuerdo sobre violación de los derechos humanos en el estado de Chihuahua.
EL C. DIPUTADO ABELARDO ESCOBAR PRIETO: Gracias, señor presidente. Mientras en nuestro estado de Chihuahua la sociedad se encuentra sumamente alarmada y agredida por los altos índices de violencia en contra de mujeres y de la sociedad en general, los presidentes municipales priístas y los diputados locales priístas, todos ellos obedientes a una sola voz, tuvieron la desfachatez de hacer esta publicación:
"Felicitamos al contador público Patricio Martínez García, Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua, por la forma responsable y valiente como ha enfrentado los problemas de inseguridad pública que vive nuestro estado". Siguen adelante y le exigen enérgicamente al Gobierno Federal, al licenciado Vicente Fox, asuma su responsabilidad. Y finalmente repudian rotundamente la actitud de los diputados panistas que, según ellos, todo lo politizan.
Compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitarle al Gobernador del estado de Chihuahua, contador público Patricio Martínez García, reconsidere el nombramiento del ciudadano licenciado Jesús José Solís como procurador general de justicia del estado, bajo las siguientes consideraciones.
Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en el territorio del estado, por lo que hace a la procuración de justicia, y en congruencia a nuestra responsabilidad constitucional de representar a una gran cantidad de mexicanos en nuestras respectivas entidades federativas, creemos que es imposible dejar de señalar lo siguiente:
Los chihuahuenses, particularmente quienes habitan en la frontera norte de la entidad, hemos tenido que lamentar en repetidas ocasiones diversas violaciones a los derechos humanos, sin que hasta el momento haya habido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad estatal competente, y en este sentido afirmamos que continúan los inexplicables asesinatos de mujeres, sin que existan todavía investigaciones serias que lleven a encontrar a todos los culpables.
Peor aún, hay suficientes datos que demuestran la intención del Gobierno del Estado de no hacerse cargo de la investigación, atención y resolución de ciertos crímenes, aunque dichas obligaciones legalmente le correspondan.
Tal es el caso de los asesinatos de habitantes del estado a quienes, sin que existan bases legales, se califica de ejecuciones derivadas del narcotráfico. Todo lo que las autoridades competentes del estado no saben, no pueden o no quieren resolver, se le califica como delito que debe resolver la autoridad federal.
Existen casos documentados de tortura en la investigación de delitos diversos. Ejemplo concreto el caso de los presuntos responsables de los homicidios de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En este caso, independientemente de los indicios, hay que lamentar que la confesión bajo tortura, suficientemente documentada en partes médicos de la propia autoridad, sea una de las principales, si no es que la única, pruebas de la Procuraduría.
Hay evidencias de agresión física por parte de autoridades estatales a manifestantes y líderes de opinión respecto del asesinato del abogado Mario César Escobedo Anaya, agresiones que, por su naturaleza, son constitutivas de diversos delitos tales como homicidio en grado de tentativa, lesiones y abuso de autoridad, sólo por mencionar algunos.
Los medios de información que no son afines a las políticas emprendidas por el gobierno del estado, son perseguidos, lo cual constituye una violación de los derechos humanos. Basta recordar lo ocurrido hace algunos años con el periódico Norte de aquella localidad, y hace apenas pocos días uno de los radiocomunicadores Tamira Izaguirre y Antonio Tirado, fueron sorpresiva violenta e ilegalmente separados de sus puestos de transmisión, y finalmente, el que haya habido un evidente cuestionamiento respecto de la designación del licenciado Jesús José Solís, mejor conocido con el apodo de "Chito" Solís, como Procurador General de Justicia, atendiendo a su desempeño en cargos previos, así como la confirmación posterior de esos mismos hechos tales como tortura, violación de los derechos humanos, agresión y delitos cometidos en grado de tentativa, entre otros, no obstante su elevada responsabilidad.
Estamos convencidos de que para el desarrollo armónico de una sociedad, no pueden estar ausentes dos aspectos fundamentales: la democracia y el estado de derecho. Este último, sin duda, implica una eficiente y eficaz procuración de justicia y una perfecta protección contra todas las violaciones de la ley.
Todo lo anterior nos obliga a pedir al señor gobernador del estado, Contador Público Patricio Martínez García, que reconsidere su decisión de tener como primer abogado en la entidad y como el principal responsable de las políticas públicas contra el crimen, a una persona como el licenciado Jesús José Solís, quien ha demostrado en los últimos días, no sólo su falta de capacidad, sino también su proclive y reiterada tendencia a violar la ley y los derechos humanos de los chihuahuenses.
Esperamos, en efecto, que se rectifique ese nombramiento por parte del Titular del Poder Ejecutivo, no sólo como consecuencia de respetar y hacer respetar la Ley, sino como una muestra de respeto al pueblo de Chihuahua.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, el suscrito diputado federal por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Que esta soberanía, respetuosa del Pacto Federal emita un atento llamado al gobernador del estado de Chihuahua, para que reconsidere el nombramiento del ciudadano licenciado Jesús José Silva, como Procurador General de Justicia Estatal, y
Segundo.- Que esta soberanía solicite al gobernador de Chihuahua, incremente sus esfuerzos para que se dé cabal cumplimiento a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los gobernados a la seguridad pública y el de investigar, perseguir y sancionar los delitos con apego al marco jurídico y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, D.. F., a 20 de febrero de 2002. Lo suscriben diputado Abelardo Escobar, servidor de ustedes, diputado César Reyes Roel, Luis Villegas Montes, María Eugenia Galván, Carlos Borunga Zaragoza, David Rodríguez Torres, francisco Jurado, Gregorio Arturo Meza, Manuel Narváez Narváez, todos ellos miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y representantes del estado de Chihuahua. Muchas gracias por su atención.
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador Armando Chavarría, para presentar una Propuesta con Punto de Acuerdo Sobre las Universidades Públicas.
- EL C. SEN. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Con su permiso, señor residente; señoras y señores legisladores: Con fundamento en los Artículos 67 numeral uno, inciso "b" y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos, un conjunto de diputados y senadores, someter a la consideración de esta soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes antecedentes:
El 29 de enero las universidades públicas realizaron un paro general de labores y el Doctor José Luis Ibarra, Secretario General de la ANUIES, informó que había recursos suficientes para otorgar a los trabajadores universitarios un incremento salarial similar al 8 por ciento.
El 1º de febrero la Universidad Autónoma Metropolitana estalló su movimiento de huelga al rechazar la oferta de 5.25 por ciento de incremento salarial y hasta hoy la huelga continúa.
El gobierno federal y el Congreso de la Unión nos hemos comprometido en otorgarle un lugar prioritario a la educación. Este compromiso debe traducirse en acciones concretas, atendiendo básicamente al derecho universal consagrado en el artículo 3º de nuestra Constitución Política que reclama para todos y todas el acceso a los beneficios que la educación ofrece.
Sin embargo, en el transcurso del presente mes hemos sido testigos de una ola de huelgas, tanto de trabajadores administrativos como académicos que afectan a las instituciones de educación superior públicas del país. Sus demandas son:
Un salario digno que restituya las pérdidas de los últimos 10 años de restricciones presupuéstales.
La solución satisfactoria a las violaciones a sus contratos colectivos de trabajo, pero sobre todo un trato igual en las negociaciones entre académicos y administrativos como en el financiamiento entre instituciones de educación superior estatales y las nacionales.
También hemos atestiguado las demandas de los rectores por corresponder con recursos suficientes a los esfuerzos de reforma que han realizado las comunidades universitarias para ponerse a tono de los retos presentes y futuros, reestructura orgánica y curricular.
En cada universidad pública del país los procesos de reforma generaron una participación comprometida de todos los sectores: estudiantes, maestros, administrativos y autoridades que en términos de vida interna democrática lograron consolidar la unidad y fortalezas institucionales, así como la construcción de objetivos comunes y grandes expectativas para el desarrollo de sus potencialidades.
La ya histórica y sostenida restricción presupuestal, sea en tiempos de estabilidad económica o de crisis, enfrenta a rectores con sus bases de trabajadores en el dilema de rebasar un tope salarial impuesto desde la Secretaría de Educación Pública y que no va más allá del 5.25 por ciento. El menor incremento por cierto, el menor incremento salarial directo en los últimos 20 años. Han estallado 6 huelgas. Un paro general en 30 universidades en 25 estados y han emplazado a más de 140 mil trabajadores a una huelga virtualmente generalizada.
Desde 1994 los recursos públicos destinados a la educación han alcanzado menos de 5 puntos porcentuales respecto del producto interno bruto. El Congreso trabajo para que en el ejercicio fiscal 2002 el presupuesto a la educación propuesto por el Ejecutivo se incrementara en 15,000 millones de pesos, con la intención de ofrecer al sistema educativo en general y a las instituciones públicas de educación superior un mínimo de certidumbre que les permitiera enfrentar sus requerimientos básicos de operación y sus problemas urgentes.
De estos recursos la UNAM recibió 500 millones, la UAM 300 y el Instituto Politécnico Nacional 200 millones más que la propuesta del Ejecutivo Federal. Recursos que supondrían atender, entre otros asuntos, los relacionados con la inminente demanda de los trabajadores para mejorar sus condiciones saláriales.
Las universidades públicas de los estados, en cambio, no corrieron la misma suerte. Mientras las universidades nacionales reciben la totalidad de su subsidio del gobierno federal, el conjunto de las universidades públicas de los estados recibe en promedio 30 por ciento del subsidio del gobierno estatal y 60 por ciento de la federación. Los porcentajes de las aportaciones de cada una de las universidades van desde la proporción 94 por ciento federal y 6 por ciento estatal hasta 45 por ciento federal y 55 por ciento estatal; lo que muestra de manera evidente la carencia de criterios claros y objetivos para la asignación de recursos escasos y confusamente distribuidos de la federación y el trato desigual o diferente al menos para cada universidad.
En consecuencia y a pesar de los programas compensatorios como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES, o el Programa para el Mejoramiento del Profesorado, PROMEP, las fechas se siguen ampliando y las inequidades siguen prevaleciendo. Equidad significa en este terreno, resarcir los desequilibrios financieros y presupuéstales históricos de las universidades públicas de los estados mediante los mecanismos que sean necesarios y que permitan alcanzar recursos suficientes para cumplir con calidad las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión que realiza la universidad pública.
Ha sido un reclamo constante de los rectores el tratamiento como iguales que se les debe dar a las universidades estatales y a las instituciones nacionales. La diferenciación e inequidad del tratamiento financiero no ha hecho más que acentuar las enormes carencias materiales y diferencias académicas entre nuestras instituciones de educación superior.
A esto se suma la necesidad de establecer criterios claros y objetivos de distribución de las participación, aportaciones y subsidios federales para el financiamiento de los servicios educativos en los estados y las instituciones autónomas federales y estatales de educación superior, así como mecanismos legales que hagan realidad una concurrencia estatal suficiente para sostener una educación equitativa y de calidad en todos sus niveles.
Todos creemos y nos unimos con el propósito de alcanzar en el 2006, un presupuesto público educativo de 8 puntos porcentuales en relación al PIB, por ello no debemos dejar a la deriva el presente financiero de nuestras universidades públicas y el futuro de la formación de los cuadros profesionales que México necesita.
La educación superior pública sigue siendo la opción de las y los jóvenes mexicanos y seguirá siendo la vanguardia del desarrollo profesional, tecnológico y científico de la nación.
Hoy tenemos la oportunidad de actuar a favor de la equidad financiera de las universidades públicas de los estados y avanzar con firmeza en las medidas que hagan factible, a partir del presupuesto del año 2003, la realización de los proyectos de transformación, innovación y desarrollo de nuestras universidades públicas, además de proporcionarles los medios para atender las justas demandas de sus trabajadores.
En este sentido, los trabajadores universitarios merecen nuestra firme solidaridad y retomamos la legítima demanda de rectores, sindicatos, especialistas de los temas educativos, comunidad científica y bases estudiantiles, para solicitar al Presidente de esta Mesa Directiva turne a las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión la siguiente
"PROPOSICIÓN
"Primero.- Atender las necesidades financieras de las instituciones públicas de educación superior y definir con claridad y transparencia los criterios de asignación de subsidios aplicables a todas las instituciones públicas de educación superior, a fin de que estén en condiciones de cumplir en oportunidad sus programas prioritarios como la superación académica del profesora, la infraestructura física, el equipamiento de las instalaciones, el fomento de la investigación científica y tecnológica y las labores de extensión y de difusión de la ciencia y la cultura, y evitar la acumulación de rezagos e irregularidades en la materia.
"Segundo.- Establecer una Comisión Especial, formada por los integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que convoquen al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las universidades públicas de los estados, a formar parte de los trabajos dirigidos a crear el Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, con base en los proyectos de desarrollo institucional de las universidades públicas estatales; y
"Tercero.- Que el proyecto resultante sea presentado al Congreso de la Unión a más tardar durante el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones, para que el Fondo inicie su ejecución en el ejercicio fiscal del año 2003 con los recursos suficientes en el nuevo concepto presupuestario y durante el tiempo que sean necesarios, hasta lograr restituir satisfactoriamente la capacidad financiera de las universidades de los estados en términos de equidad.
"Firman: El de la voz, senador José Natividad González Parás, Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República; senador César Camacho; senador Sadot Sánchez; diputado Efrén Leyva; senador Rafael Melgoza; senadora Martha Tamayo; senador David Jiménez; senadora Sara Castellanos; diputado José Rodolfo Escudero Barrera; senador Jorge Zermeño Infante y senador Francisco Fraile García". Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las Comisiones de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
-EL C. SENADOR JOSE GONZALEZ PARAS. Gracias señor Presidente, seré breve. Sólo quiero recordar que la educación es un capítulo central de la vida de nuestro país; y a propósito del Punto de Acuerdo que se presenta, señalar también el capítulo crítico de la educación en México está siendo en estos momentos de la educación Media y Superior.
Ciertamente el Presupuesto para la Educación Superior del país es insuficiente y además el sistema de financiamiento de la Educación Superior de México es irracional e inequitativo, esa es la razón por la cual en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República hemos considerado urgente para la vida del país, el realizar una reforma integral de la Educación Media y Superior del país, una reforma que permita definir con claridad lo que es, lo que no es autonomía, una reforma que establezca un órgano consultivo nacional, que establezca criterios para el otorgamiento de autorizaciones a las instituciones de Educación Superior y a los títulos que establezcan programas de formación de maestros y, sobre todo, que establezca un sistema racional y justo de financiamiento a la educación.
Así que por todas estas razones, a nombre de la Fracción Parlamentaria nuestra, yo apoyo el Punto de Acuerdo que ha formulado el Senador Armando Chavarría y exhorto a los compañeros Legisladores para que en conjunción con las autoridades del sector educativo y las universidades públicas y privadas del país, construyamos este nuevo sistema de educación Media y Superior que le hace mucha falta a México.
Muchas gracias (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese también la intervención del señor Senador González Parás , a las mismas Comisiones.
Tiene la palabra el diputado Ildefonso Guajardo para presentar una proposición Punto de Acuerdo.
-EL C. PRESIDENTE: Una vez que la propuesta llegó a la Mesa, lo comentamos en la mesa con todos los que la componen y anunciamos hace probablemente hora y media que ese Punto había sido incluido y otro en la Agenda Política por acuerdo de la Mesa en el curso de la sesión, de acuerdo como lo previenen las reglas que establecimos por el propio pleno para el desarrollo de las sesiones y fue anunciado de esta manera, al terminar este Punto propondremos, como lo habíamos anunciado, el procedimiento en términos de sesión.
Adelante Diputado.
-EL C. DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO: Con permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras Diputados y Senadores. El Punto de Acuerdo que vengo a presentar a esta tribuna tiene como antecedente la acción soberana de este Congreso en la pasada aprobación de la Ley de Ingresos del Gobierno Federal.
En esta aprobación, dentro del Apartado de Impuestos Especiales, con el apoyo de todas las fuerzas políticas se aprobó la creación de un impuesto sobre las bebidas que utilizaran como endulzante el alta fructuosa.
Esta decisión estuvo motivada fundamentalmente con un sentido estrictamente social, además de tener un elemento de apoyar al Ejecutivo de aumentar la recaudación, el sentido social fue el principal motivante.
Contribuir a apoyar a una industria, la industria azucarera, a un sector social como es el de los cañeros mexicanos que se han visto terriblemente afectados por la desigual interpretación, evidentemente de un Tratado signado con América del Norte, con los Estados Unidos y Canadá, específicamente en el caso del azúcar con los Estados Unidos.
Sin embargo, el pasado 14 de febrero los medios nacionales consignan en sus páginas el discurso de un senador norteamericano, el senador Charles Gatsleil (¿), en el piso del Senado el día 12 de febrero, lunes 12 de febrero donde este senador republicano por Iowa específicamente recrimina la acción por parte de México de establecer un impuesto al uso de alta fructuosa en la industria refresquera y adicionalmente dice que este impuesto es atentatorio contra la relación comercial y violatorio del Tratado de Libre Comercio.
Bueno, las mismas notas también consignan que según el senador Bradsley (¿), el Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbéz, se comprometió a dejar sin efecto dicha medida.
Bueno compañeros, este tema difundido en la prensa nacional y de alguna manera corroborado con los récords del senado norteamericano, nos da un elemento fundamental.
Resulta que cuando el Congreso Estadounidense toma una decisión para proteger a grupos afectados por la apertura comercial como fue el caso de los transportistas, la cual por acciones políticas de dicho Congreso retrasó su apertura cinco años, flagrantemente violatorio del Tratado de Libre Comercio, ahí no atenta contra la relación comercial, no atenta contra la buena voluntad en la relación de ambos países pero cuando este Congreso en su soberanía toma una decisión que no es violatoria del Tratado de Libre Comercio, porque ese impuesto se impone tanto a productores nacionales como a extranjeros, entonces sí estamos atentando contra la relación comercial y contra la buena voluntad
Así es que con este tipo de medidas, tradicionalmente el negociador norteamericano está fortaleciendo su posición de negociación frente al mexicano porque se voltea y dice "es que mi Congreso, es que mi Senado…", pero parece ser que para el Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbéz, este Congreso es un estorbo en sus negociaciones y no un aliado para fortalecer la posición negociadora de México.
Por tal motivo compañeros y en respeto al tiempo, señor diputado Calderón, brevemente propongo un punto de acuerdo único y este punto de acuerdo es: Se investigue sobre los supuestos compromisos adquiridos por el Secretario de Economía, Luis Ernesto Derbéz, con el Gobierno o el Senado Estadounidense relacionados con el tema de alta fructuosa y de encontrarse si dicho compromiso es atentatorio a los intereses de los campesinos mexicanos, tomar las medidas necesarias para compensar tal efecto.
Solicito atentamente a la Presidencia, que este turno se mande a la Tercera Comisión de esta Comisión Permanente. Gracias.
- EL C. PRESIDENTE: SE TURNA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO A LA TERCERA COMISIÓN DE TRABAJO y… (interrupción)…
- LA C. DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (DESDE SU CURUL) Para hechos…
EL C. PRESIDENTE: No hay hechos pero si usted quiere… Tenemos cinco minutos disponibles para la propuesta del senador y no sé si los tomamos para hechos y luego votamos la terminación de la sesión, puede quedarse fuera la propuesta del senador… (nuevamente interviene desde su curul la diputada Miroslava García pero ya no se escucha porque no tiene micrófono)
Bueno, lo que pasa es que el reloj va a cumplir las 4, las 5 horas cuando termine usted, si me permite darle la palabra al senador, cubrimos ese tema que nos falta en el capítulo de proposiciones. …
Tiene la palabra el senador Gerardo Higuera, para presentar una proposición con punto de acuerdo.
EL C. SEN. RICARDO GERARDO HIGUERA : Gracias señor Presidente.
Con fundamento en los artículos 67, numeral uno, inciso b) y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía una proposición con base en las siguientes consideraciones:
Que un grupo de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud fueron víctimas de una injusticia derivada de una mala práctica administrativa por la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, en aquél entonces a cargo del Contralor Interno, contador público Alfredo Adams Adams, quien no consideró apropiadamente las pruebas y documentos que fueron ofrecidas en defensa de los trabajadores, tales como sus licencias sindicales que la propia Secretaría del ramo extendió, cubriéndose el tiempo motivo y objeto de la sanción impuesta que por cuestiones ajenas a su voluntad no se presentaron en tiempo y forma por una omisión técnico-jurídica por parte de la defensa.
Que lamentablemente el departamento jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Salud no defendió los puntos clave y por ende hoy sus únicos bienes, producto de su trabajo, han sido embargados por la oficina local de Hacienda en La Paz, Baja California Sur y están a punto de salir a remate.
Que el procedimiento para el remate de dichos bienes está momentáneamente detenido gracias a la intervención del gobernador del Estado de Baja California Sur, licenciado Leonel Cota Montaño.
Hacemos un urgente llamado al Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala y al senador Joel Ayala Almeida, Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado para que intervengan ante las instancias correspondientes.
Que no es posible que por errores técnico-jurídicos, como los señalados, un grupo de trabajadores hoy sean despojados del único patrimonio de sus hijos, la casa donde hoy habitan con su familia.
Que a los trabajadores en comento hemos escuchado y estamos convencidos de apoyarlos en un acto de justicia. Por eso apelamos a la sensibilidad de ustedes como representantes populares, a todos ustedes compañeras y compañeros legisladores.
Por todo lo anterior, solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva, turne a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición:
UNICO: Que las comisiones antes aludidas y en uso de sus buenos oficios y con pleno respeto de las atribuciones de las autoridades correspondientes, se entrevisten con las mismas, a efecto de que reconsideren la cancelación de los créditos fiscales, número 85 mil 500, 86 mil 501, 86 mil 503, 86 mil 504, 86 mil 506 y 86 mil 507.
Y de ser pertinente se suspenda la ejecución de embargo de los bienes inmuebles de los C. María de Jesús Osuna Maldonado, Ayala Chávez Gamez, Miguel Agustín Colts Avilés, Juan Manuel Mayoral Cota, Rafael Olachea Sandoval, Héctor Ramón Olachea Castro.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de febrero del año 2002.
Compañeras y compañeros legisladores:
Yo les pido, de veras, apelo a su sensibilidad por este caso tan patético y que por estas irregularidades administrativas, por estas omisiones, este grupo de trabajadores está ahora en estos graves problemas y que si tenemos casos donde delincuentes verdaderos, algunos de cuello blanco y otros de diversa índole, no se han atendido como lo están haciendo con estos trabajadores, no se han puesto las leyes y las acciones correspondientes para sancionarlos en su justa dimensión. Yo apelo a su sensibilidad para que este caso y en especial a los compañeros de la Comisión, para que se lleve a cabo lo que aquí está solicitado.
Hago entrega, señor Presidente, de este punto de acuerdo.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor senador.
Se turna a la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente.
Señora Secretaria, consulte a la asamblea sobre la propuesta de la Presidencia para dar por concluida la sesión.
-LA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se da por concluida la sesión.
Los ciudadanos legisladores que estén por la afirmativa favor de manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos legisladores que estén por la negativa, favor de manifestarlo.
(Votación)
-EL C. PRESIDENTE: Gracias. Se queda para el orden del día de la siguiente sesión se incluyen los puntos de agenda política que quedaron pendientes de ésta, y se pide a la secretaría que se refiera al resto del orden del día.
LA SECRETARIA, SEN. NOEMÍ GUZMÁN LAGUNEZ: Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
(Orden del día)
EL PRESIDENTE: (16:05 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el miércoles 27 de febrero a las 11 horas.