SESION DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
3 DE DICIEMBRE DE 2002
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL.- Ruego a la Secretaría, haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 316 diputados; por lo tanto hay quórum.
LA C. PRESIDENTA, (a las 10:22 horas).- Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-
(Dio lectura al orden del día. Insértese)
LA C. PRESIDENTA.- Está a consideración el orden del día.
No habiendo ninguna observación, continúe la Secretaría, sometiendo a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA.- Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.-
(Oficio del Congreso del Estado de Chiapas)
LA C. PRESIDENTA.- De enterado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.-
(Oficio del Congreso del Estado de Coahuila)
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-
(Dio lectura al orden del día. Insértese)
- PRESIDENTA: De enterado.
-DIP. SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Del Congreso del Estado de Durango)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
-MISMO SECRETARIO:
(Del Congreso del Estado de Nayarit con el que remite Punto de Acuerdo)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de San Luis Potosí, remite Punto de Acuerdo)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Comisión Especial de Ganadería.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de Sinaloa, remite Punto de Acuerdo)
-PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y Hacienda y Crédito Público.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de Yucatán, comunica elección de la mesa directiva)
-PRESIDENTA: De enterado.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de Zacatecas remite Punto de Acuerdo que solicita la intervención del H. Congreso de la Unión)
(SIGUE TURNO 3)
- PRESIDENTA: De enterado.
-DIP. SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Del Congreso del Estado de Durango)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
-MISMO SECRETARIO:
(Del Congreso del Estado de Nayarit con el que remite Punto de Acuerdo)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de San Luis Potosí, remite Punto de Acuerdo)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería y a la Comisión Especial de Ganadería.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de Sinaloa, remite Punto de Acuerdo)
-PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y Hacienda y Crédito Público.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de Yucatán, comunica elección de la mesa directiva)
-PRESIDENTA: De enterado.
-MISMO SECRETARIO:
(El Congreso del Estado de Zacatecas remite Punto de Acuerdo que solicita la intervención del H. Congreso de la Unión)
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Desarrollo Social.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Agradeciendo la atención del IFE, esta presidencia acuerda llamar al ciudadano Arturo Díaz Ornelas para que se incorpore a esta Legislatura.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA OFICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON RELATIVO A LOS CENTROS DE READAPTACION SOCIAL, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Remítase a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su conocimiento.
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se pide a la secretaría dar cuenta del mismo e instruir su cierre.
EL MISMO C. SECRETARIO: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 394 ciudadanos diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
LA C. PRESIDENTA: La comunicación de la Junta de Coordinación Política, señor secretario.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA A MODIFICACION EN LA INTEGRACION DE LA COMISION DE FORTALECIMIENTO AL FEDERALISMO Y DE LA COMISION DE TURISMO, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: De enterado
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA A MODIFICACION DE INTEGRANTES EN LA COMISION DE HACIENDA
Y CREDITO PUBLICO, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA A CAMBIOS EN INTEGRACION DE LAS COMISIONES DE EDUCACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES,INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: De enterado.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA:
(LECTURA A COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO QUE REMITE INICIATIVA SOBRE LA LEY GENERAL DE SALUD, INSERTESE)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Salud.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(De la Cámara de Senadores que remite iniciativa que adiciona un artículo 222 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(De la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras,
que remite Informe Estadístico sobre el
comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México
(Enero-septiembre del 2002)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, túrnese a la Conferencia y túrnese al centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(De la Secretaría de Gobernación que remite copia
del oficio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
en relación al Punto de Acuerdo aprobado por la
Comisión Permanente por el que comunica que el 27 de
Agosto de 2002 se celebró la Octava Sesión Ordinaria del
Comité consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud
en el Trabajo)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese copia a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados y al promovente para su conocimiento.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Oaxaca,
en relación al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión
Permanente, sobre la problemática que se presenta en las
Unidades Habitacionales del país.)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese copia a la Comisión de Vivienda y remítase copia al promovente para su conocimiento.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Del Oficial Mayor del H. Congreso del Estado de Oaxaca
en relación al Punto de Acuerdo aprobado por la Comisión
Permanente sobre la legislación en materia de adopción de
menores, de acuerdo a los convenios y tratados internacionales
firmados por nuestro país)
- LA C. PRESIDENTA: Remítase copia a la Cámara de Senadores, a la Comisión de Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados y al promovente, para su conocimiento.
Pasamos al Capitulo de Iniciativas de ciudadanos diputados. En ese sentido tiene la palabra el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
- EL C. DIPUTADO EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ (PRI): Con su permiso, señora Presidenta. Muchísimas gracias.
Quisiera yo empezar por solicitarle, de la manera más atenta, una modificación en el rubro. Yo originalmente solicité, efectivamente, que se incluyera como reformas y adiciones a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y aquí lo recogió correctamente la mesa directiva. Sin embargo del estudio que he estado haciendo sobre el tema, he llegado a la conclusión de que dada la naturaleza del impuesto que pretendo proponer sería técnicamente más correcto establecer una ley específicamente para este impuesto, lo cual se acostumbra en otras materias y es perfectamente compatible con la técnica legislativa de carácter fiscal.
En ese sentido entonces diría que en "ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley que establece el impuesto sobre transacciones efectuadas en el sistema de pago. En virtud de que se trata de una iniciativa en materia de impuestos la Cámara de origen debe ser precisamente ésta, la Cámara de Diputados.
"Todas las fuerzas políticas del país reconocemos la necesidad de fortalecer las finanzas públicas y por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional sostenemos la idea de que tal fortalecimiento debe realizarse, en primer término, mediante mecanismos tributarios de carácter progresivo que permitan aportar en mayor medida a quienes disponen de un volumen de recursos más considerable y no incrementar más cargas tributarias a las clases populares.
"En días pasados esta representación nacional aprobó la Ley del Sistema de Pagos, que constituye una novedad en el régimen jurídico mexicano, la cual permite garantizar la fluidez y efectividad de dicho sistema. En los datos proporcionados por el Banco de México y en la exposición de motivos de dicho instrumento legal se contienen elementos que muestran que el sistema de pagos constituye un servicio de la más alta importancia y prioridad para el país y que por él se mueve diariamente una cantidad aproximada de un billón 25 mil millones de pesos, repito, un billón -para la versión estenográfica que quede con "b"- un billón 25 mil millones de pesos.
"Los principales participantes en este sistema son Indeval, a través del cual circulan al día 650 mil millones de pesos, el sistema de pagos electrónicos de uso ampliado del Banco de México que mueve 250 mil millones de pesos diarios y el sistema de atención a cuentahabientes del propio Banco de México, en el que cotidianamente se operan 125 mil millones de pesos. De estas cifras resulta que día con día el sistema de pagos maneja recursos equivalentes a la quinta parte del producto interno bruto anual del país.
"Quienes participan en el mencionado sistema realizan actividades económicas relevantes que requieren precisamente de un sistema de tal naturaleza para la adecuada protección de transacciones significativas, de lo que se desprende que generan o tienen a su alcance flujos de efectivo que deberían ser la base para una aportación más racional y equitativa en el sistema fiscal.
"Una parte mínima, casi insignificante, de lo que se mueve por estos canales, que podría ser de una diezmilésima aplicada a cada transacción, permitiría recaudar aproximadamente 100 millones de pesos diarios y un volumen anual aproximado de 30 mil millones de pesos, equivalentes a medio punto del producto interno bruto. Si bien esta cifra no resuelve todos los problemas del país, permitiría avanzar en el equilibrio de las finanzas públicas y atender diversas necesidades sociales prioritarias como, por ejemplo, contribuir al financiamiento de la educación pública respecto de la cual aprobamos recientemente llegar a la asignación de recursos presupuestales por un monto equivalente al 8 por ciento del producto interno bruto anual. Se trata de una fuente de financiamiento sana que no afectaría la economía popular y que incluso permitiría, con un sacrificio mínimo de los montos que se mueven en el mencionado sistema, incidir positivamente en la reactivación de la economía.
"Los negocios del país que utilizan este sistema en el mediano plazo se verían beneficiados con el impacto de la inversión pública en obras y servicios que coadyuven a incentivar el empleo y a elevar el nivel de demanda de la población, con lo que podríamos iniciar un círculo virtuoso de la productividad fundado en nuestros propios recursos y en la expansión del mercado interno.
"El mecanismo que propongo tiene también la virtud de su simplicidad en cuanto a la facilidad administrativa para la recaudación y el control de la misma, dado que todos los recursos se mueven a través de conductos perfectamente identificados que pasan por el Banco de México, que el número de participantes es limitado de acuerdo a lo que señala la propia Ley del Sistema de Pagos y que las operaciones realizadas se cierran cotidianamente en ceros, lo que permite la absoluta verificabilidad de las mismas y el proceso de recaudación resulta altamente seguro y confiable.
"Otra ventaja del mismo es la posibilidad de llevar la contabilidad al día, lo cual permite hacer retenciones y enteros cotidianamente, de manera que la administración tributaria cuente con un flujo constante de ingresos por ese concepto.
"En atención a lo expuesto y con fundamento en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte relativa a la capacidad para establecer contribuciones, fracción XXIX, inciso tercero, sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros, me permito proponer la siguiente iniciativa de ley que establece el Impuesto sobre Transacciones Efectuadas en el Sistema de Pagos.
"Artículo Primero.- Se establece un Impuesto Sobre los Servicios de Transacciones que se efectúan a través del Sistema de Pagos, como lo define la ley de la materia. La base del impuesto será el monto de cada transacción efectuada.
"Artículo Segundo.- Se impone una tasa de un diezmilésimo sobre el monto de cada transacción. El 50 por ciento de la tasa será a cargo de quien ordene la transacción y el otro 50 por ciento a cargo de quien la reciba.
"Artículo Tercero.- Los participantes en el Sistema de Pagos, según están definidos en la Ley del Sistema de Pagos, tendrán la obligación de retener y enterar el impuesto a la Tesorería de la Federación, mediante el formato de declaración que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
"Artículo Cuarto.- El Banco de México será responsable solidario del pago de este impuesto y a requerimiento de la Secretaría de Hacienda podrá retener a los participantes en el Sistema de Pago las cantidades necesarias para cubrirlo.
"Artículo Quinto.- Los retenedores deberán cubrir diariamente pagos provisionales correspondientes a las transacciones del día anterior.
"Artículo Sexto.- A más tardar el último día de enero, los retenedores formularán una declaración anual a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y enterarán la parte que corresponda después de calcular los pagos hechos durante el año. Copia de esta declaración deberá ser enviada a los gobernadores de los estados, al Jefe de gobierno del Distrito Federal y a los presidentes y secretarios de las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y Fortalecimiento del Federalismo de las Cámaras de Diputados y Senadores.
"Artículo transitorio.
"Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Es todo. Muchas gracias señora Presidenta.
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.
En atención a la primera parte de la exposición del diputado Andrade, se corrige la nomenclatura de este trámite, para señalar que es la presentación de una iniciativa de ley y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Francisco Ricardo Sheffield Padilla, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de ley que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reducir el número de legisladores.
-DIP. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA: Con su venia, señora Presidenta y solicito a usted pudiera ser publicada de manera íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, obviando la lectura íntegra del documento.
Y pudiendo hacer una breve sinopsis de esta iniciativa, que conforme a derecho presenta un servidor a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a fin de reformar los artículos 52, 53 y 54 de nuestra Constitución y que con dicha modificación se pueda reducir en número de 100 las diputaciones plurinominales.
Hoy día, como sabemos, somos 500 diputados y diputadas federales, de los cuales 300 son por el principio de mayoría y 200 de representación proporcional y este número de 200 de representación proporcional es el que la iniciativa pretende reducir a 100, 100 que es el número de legisladores con el que nace originalmente la figura de los diputados plurinominales, como se les conoce popularmente, en 1977 y ese número de 100 se ve aumentado en 1986 a 200 diputados plurinominales, con lo que muchos estudiosos de la Historia y de la política nacional han interpretado como un esfuerzo y una lucha por no terminar de democratizar al país en lugar de abrir los canales democráticos y de elección directa de un mayor n úmero de diputados se abrieron cien curules más plurinominales.
Sin embargo, también hay que reconocer que aún hay partidos que están en proceso de consolidación, muchos de ellos nuevos, que requieren de tiempo para estructurarse a lo interno y que requieren de tiempo para fortalecer su presencia ante la ciudadanía.
Por eso la propuesta no es eliminar de tajo las 200 plurinominales sino reducirlo en una primera instancia a cien curules de elección proporcional.
Esta Iniciativa traería beneficios al Poder Legislativo y se enmarca dentro de un esfuerzo del Partido Acción Nacional por fortalecer al Poder Legislativo, facilitaría los consensos y los acuerdos en esta Legislatura, facilitaría la auditoría y el control de la ciudadanía sobre lo que hacemos cada uno y cada una de los Diputados y Diputadas en esta Cámara.
Por ello creemos y estamos seguros que una reducción de 100 plurinominales no sólo traería reducciones en los gastos de esta Cámara, que sería lo menos importante, sino por sobre todo vincularía más a todos los Legisladores con el electorado y reitero, volvería más ágil, más ordenado y más predecible el trabajo de esta Legislatura en cuanto a la supervisión por parte de la ciudadanía. Incluso haciendo análisis con las Legislaturas de otros países vemos como en México nos encontramos sobre representando a la ciudadanía, existe un Legislador por cada160 mil ciudadanos, lujo que muchos otros países no se dan y que consideramos que en México necesitamos reconsiderar esta proporción.
Por ello, se propone modificar mediante este Decreto, el Artículo 52º, 53º y 54º de la Constitución Política de los Estados Unidos, a efecto de reducir en un número de 100 las diputaciones plurinominales.
Muchas gracias señor Presidente. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL. Grcias Diputado. Insértese íntegra la presente Iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en La Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
-EL C. PRESIDENTE. Sí, Diputado Amador Rodríguez Lozano.
-EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO (desde su curul): Gracias Presidente. Hace un año o tres meses hice la misma propuesta en esta tribuna, de tal manera que le pediría que dictaminen conjuntamente.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado Tome nota la Secretaría y repito, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Inmediatamente tiene el uso de la palabra el Diputado Rubén Aguirre Ponce del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 7-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, hasta por diez minutos.
-EL C. DIPUTADO RUBEN AGUIRRE PONCE:- Con su permiso señor Presidente. El suscrito Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión y con fundamento en lo dispuesto en e Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta H. Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el Artículo 7-bis de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.
1.- Las patentes son el instrumento que permiten impulsar el desarrollo económico en los países, al mismo tiempo generan las condiciones para aumentar las actividades económicas de los mismos, facilitan la innovación tecnológica y aseguran por largo tiempo el crecimiento estable de la producción, el establecimiento de las patentes aseguran, protegen y estimulan la creatividad de muchos individuos interesados en el mejor desarrollo de las potencialidades del progreso del país.
2.- En México el Sistema de Patentes se regula por la Ley de la Propiedad Industrial cuya aplicación corresponde al Ejecutivo Federal a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Desde la década pasada la importancia de las patentes ha aumentado pero al mismo tiempo han sido constantes las denuncias sobre el robo de las mismas sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto, inclusive se habla de corrupción en los altos mandos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial encargado de velar por los intereses de quien patenta y registra un invento.
Las autoridades mexicanas mencionan que los niveles de protección patentaria se han incrementado en el país. Desde la década pasada en forma permanente y destacada se dice que ofrecen a los titulares protección legal, adecuada y eficiente sin embargo el índice de patentes, de inventores y empresas nacionales que no rebasan las 500 anuales, sigue mostrando las debilidades de un sistema que aún no permea sus bondades a la comunidad inventora y empresarial.
4.- La realidad para empresarios y creativos mexicanos y mexicanas, es que la lucha por la defensa de la propiedad intelectual se encuentra en una etapa difícil, donde la aplicación de las leyes en la materia a cargo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial han favorecido a las corporaciones nacionales y extranjeras con capacidad económica para sostener largos y costosos trámites que los inventores nacionales no pueden sostener, motivo por el cual se ven en la necesidad de abandonar la defensa de los derechos adquiridos de acuerdo a la Ley de la Propiedad Industrial. De hecho, esto es una desventaja de los mexicanos frente a los extranjeros.
5.- El ejemplo que tenemos a la mano para ilustrar la problemática es el caso de las compañías "Kolitas" (?) y Corporación Rollmark (?). Los accionistas y representantes legales de las mismas han denunciado al actual director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por supuestos malos manejos en el otorgamiento y registro de marcas que han afectado sus intereses comerciales y económicos.
Los dos casos anteriores se refieren a registro de marcas que en promedio llevan ocho años defendiendo sus derechos otorgados por el Instituto.
Con relación a derechos de patente y de modelos de utilidad, podemos mencionar el caso del señor Uriel Gastón Sabido Mendiburu, titular de un modelo de utilidad otorgado por el Instituto con dos años de anterioridad y que está en conflicto con otro invento otorgado posteriormente a una empresa nacional.
El modelo de utilidad aparece ahora con características propias de otros modelos internacionales, olvidándose el Instituto de que el primero en tiempo es primero en derecho, establecido en los artículos 10-bis y 42 de la Ley de la Propiedad Industrial.
6.- Estos son sólo dos casos denunciados sobre posible similitud entre las marcas a las cuales el IMPI ha otorgado beneficios. La lucha por la defensa de su creación ha sido costosa a estas dos compañías; largos años de lucha jurídica y además grandes pérdidas económicas que inclusive han llevado a la Corporación Rollmark a declararse en quiebra.
7.- El inventor debe tener el respaldo del Gobierno por el desarrollo y la comercialización de su invención a nivel nacional e internacional; al mismo tiempo se debe apoyar con recursos para generalizar el invento.
8.- Al respecto, en el artículo 2 de la Ley de la Propiedad Industrial, en las fracciones V y VI se señala expresamente la protección que gozará el inventor nacional.
9.- Es necesario que se tomen medidas prácticas para proteger los inventos de los mexicanos, por ello no se debe publicar la solicitud de patentes hasta que sea otorgado el título de innovación solicitado ya que existe un tiempo de un año para patentar.
Lo anterior favorece a grupos con gran poder económico que les permite apropiarse de los inventos en el transcurso de ese tiempo.
10.- El conjunto de irregularidades del proceso de registro de las patentes es indispensable que el gremio de los inventores pueda contar con información oportuna y transparente sobre el curso que lleva su trámite y al mismo tiempo deben ser copartícipes de la misma.
11.- A partir de 1994, el artículo 7 bis se introduce en la Ley de la Propiedad Industrial en sus órganos de administración del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que la Junta de Gobierno se integrará por diez personas, entre las cuales no hay representantes de los principales actores de la inventiva como son los inventores, siendo totalmente factible que estuvieran por ser un organismo descentralizado.
12.- Recientemente se presentó una iniciativa para hacer más transparente el servicio público y para dar información pertinente que así sea, solicitada por la ciudadanía. En el mismo sentido debemos impulsar que el gremio de los inventores sean los que conozcan con certeza qué destino tienen sus patentes.
13.- sabemos que un país sin desarrollo tecnológico propio, es un país que dependerá enormemente de los grandes centros industriales, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología propia que coadyuve al desarrollo económico del país y no sean las instituciones las que frenen la inventiva nacional.
14.- Por esto es que consideramos procedente incluir a dos inventores de organizaciones
privadas de alcance nacional debidamente constituidas lo cual resultaría trascendental, ya que la presencia de ellos motivaría a los inventores de todo el país a proteger sus innovaciones, fortaleciendo la competitividad de México frente a sus socios comerciales y consecuentemente, reduciría en una mejor defensa de los patentes y propiedad intelectual de los inventores mexicanos.
Por lo anterior expuesto y fundado presento ante esta Soberanía, la siguiente iniciativa de reforma y modificación al artículo 7 Bis, de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:
Artículo Único.- Se reforma y agrega la fracción V, al artículo 7 Bis de la Ley de la Propiedad Industrial para quedar como sigue:
Artículo 7 Bis.- La junta de gobierno se integrará por 12 representantes.
Artículo 7 Bis fracción V.- Un representante de la Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores, A.C. y uno de la Federación Nacional de Inventores Siglo XXI, A.C.
Artículos Transitorios:
Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, realizará las gestiones necesarias para la inclusión de los representantes de la Asociación Nacional de Inventores, Industriales e Innovadores A.C. y de la Federación Nacional de Inventores Siglo XXI A.C., en la junta de gobierno del mismo al día siguiente de la entrada en vigor del presente decreto .
Palacio Legislativo 3 de diciembre del año 2002.
Muchas gracias señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE : Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra la diputada Berta Alicia Simental García, del Partido de la Sociedad Nacionalista, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo con el número 3 al artículo 35 y un párrafo con el número 2 al artículo 83, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.
LA. C. DIP. BERTA ALICIA SIMENTAL GARCIA:- Con permiso de la Presidencia, Compañeros y compañeras diputadas.
Los suscritos diputados federales de la LVIII de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72, 79 fracción III y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 55 fracción II, 56, 60, 64 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta honorable asamblea la iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 35 y 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos:
Es innegable la importancia que tiene la información y el acceso oportuno a ello para el buen desarrollo de los trabajos legislativos, sobre todo si se trata de aquellos asuntos que están siendo abordados por alguna de las Cámaras y que serán aprobados o rechazados por la misma. También es incuestionable la importancia de la función que cumple la Junta de Coordinación Política dentro de ambas Cámaras, como lo señalan los artículos del Capítulo 4º de la Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, el conocimiento, discusión y aprobación de los temas tratados por la Junta de Coordinación Política sólo se encuentran al alcance de diputados cuyo partido político tiene representación en la misma y excluye a todos los diputados que no cuentan con dicha representación, dejándolos en franca desventaja en cuanto al conocimiento oportuno de dichos asuntos para el adecuado análisis y posicionamiento que al efecto se debe tomar bajo la conducta parlamentaria, ética y responsable que se debe de tener en estos asuntos.
El hecho de que un partido político que no está representado en la Junta de Coordinación Política lo desvincula de todos los trabajos de la misma, y por ello lo margina de los trabajos legislativos. Este hecho es debido a que la mayoría de los asuntos más importantes se toman dentro de dicho órgano de dirección y esto lesiona de forma evidente los fines para los cuales se incorpora en el derecho mexicano la figura de los grupos parlamentarios.
Es evidente también que impide la posibilidad de que los legisladores que comparten una misma corriente ideológica asuman posiciones comunes o afines con algún grupo parlamentario, a fin de que los pronunciamientos que se incluyan en los debates obedezcan a un criterio uniforme, organizado que permita la participación de todos los diputados integrantes de esta Cámara de una manera igualitaria, hecho que sin duda nos llevaría a efectuar de forma satisfactoria y expedita todos los trabajos legislativos.
Pero todos estos planteamientos y reflexiones quedan sólo como texto que no trasciende a la realidad, ya que el artículo señalado restringe el derecho de la libre expresión de la corriente ideológica que representan los partidos políticos sin grupo parlamentario, vulnerando además el derecho conferido en el artículo 9 constitucional, ya que en un sentido amplio la conformación de un grupo parlamentario en una forma de unión pacífica, es un agrupamiento plenamente reconocido por nuestra ley fundamental.
La ausencia de representación de mi partido político en este órgano de dirección lesiona gravemente el derecho a la información de los legisladores nacionalistas, así como nuestra participación en asuntos de vital importancia, de los cuales se toman las principales decisiones en esa Junta de Coordinación Política, sin que nos podamos enterar de las razones, fundamentos y negociaciones por las que se tomaron dichas decisiones, llegando incluso al absurdo de no contar con anticipación del conocimiento oficial de los minutos que la Junta de Coordinación Política nos hace el favor de otorgarnos o no otorgarnos, según el humor, para tener participación en tribuna en glosas y otras presentaciones de funcionarios.
Es por ello que consideramos de vital importancia la aceptación de la presencia de un representante de cada partido político sin grupo parlamentario, a fin de que dicha información fluya de modo equitativo para todos los partidos políticos, que de conformidad con la legislación vigente, no hayan podido conformar un grupo parlamentario a fin de que todos y cada uno de los diputados integrantes en esta Cámara de Diputados, tengamos el mismo derecho de acceso a dicha información.
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un párrafo con el número 3 al artículo 35 y un párrafo con el número 2 al artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo Primero.- Se adiciona un párrafo con el número 3 al artículo 35 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo texto tendría el siguiente contenido:
Capítulo IV, De la Junta de Coordinación Política, Sección Primera, De su integración.
Artículo 35, párrafo tercero que se adiciona:
"También tendrán derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a voz ni voto, un diputado por cado partido político con representación ante la Cámara que no cuente con grupo parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y decisiones que se tratan en dicho órgano".
Artículo Segundo, se adiciona un párrafo con el número 2 al artículo 83 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera:
Capítulo Cuarto, De la Junta de la Coordinación Política, Sección Segunda, artículo 83, párrafo segundo:
"También tendrán derecho de concurrir a las reuniones de la Junta de Coordinación Política, sin derecho a voz ni voto, un diputado por cada partido político con representación ante la Cámara, que no cuente con grupo parlamentario, a fin de que tenga conocimiento sobre los asuntos y decisiones que se tratan en dicho órgano".
Transitorios
Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Dado en la Honorable Cámara de Diputados el 3 de diciembre del 2002.
Suscriben la presente iniciativa, el diputado federal, ingeniero Gustavo Riojas Santana, la diputada federal Norma Patricia Riojas Santana y la de la voz.
Gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.
Tiene la palabra el diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 34 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal.
EL DIP. VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Con la venia de la Presidencia y haciendo la atenta súplica para que sea plasmada en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria en su totalidad esta iniciativa. Y yo trataré de captar la atención de mis compañeros diputados para hacer una breve explicación de lo que aspira esta iniciativa.
En el ramo 33, tal como está plasmado en este momento, tal pareciera que se quiere privilegiar la ineficiencia y castigar la eficiencia. ¿Por qué se dice esto? Los Presidentes Municipales saben que en el momento que ellos van logrando sacar a sus municipios de la marginación, en el año fiscal siguiente van a recibir menos recursos. Y esto, como podrán entender, le va a dar a su población el no tener los recursos necesarios para dar el servicio a todos y cada uno de sus conciudadanos.
Pero, qué pasa si nosotros con esta iniciativa logramos, como lo tienen otros países del mundo, y quiero poner el ejemplo de Alemania en su ley hacendaria fiscal, en donde ellos lograron que los estados nuevos alcanzaran el mismo desarrollo de los estados viejos, mediante esta fórmula.
Ellos les entregan un recurso adicional por parte de la federación, pero también de los estados viejos, pero con una meta para que ellos tengan ese tiempo, para lograr la infraestructura que tienen los estados viejos. Y así entonces se va privilegiando la eficiencia, en este momento nosotros actuamos exactamente al contrario.
Es cierto que algunos presidentes municipales han manifestado que se tendría que tener mucho cuidado en como se conforma la fórmula de distribución de estos recursos. Ellos no le tienen confianza a la estadística que maneja INEGI, pero de alguna manera tenemos que corregir nosotros esta inequidad que existe.
Y eso se da en la mayoría de los países de América Latina, tenemos regiones ricas, que tienen que apoyar a regiones pobres, para lograr el equilibrio de un país, de otra manera siempre vamos a tener, mexicanos de primera y mexicanos de segunda.
¿Cómo podríamos nosotros darle certidumbre a los presidentes municipales, que efectivamente van a recibir más recursos, si están trabajando y si están invirtiendo en agua potable, en electrificación, en drenaje, en salud y en educación?
Bueno, de acuerdo a los estudios que se tienen por región, se deben de sacar los parámetros, es decir, en esta región tenemos este grado de marginación: en el 2003, por ejemplo; para el 2004 debemos tener esta meta cumplida; para el 2005 ésta; y conforme el presidente municipal va cumpliendo con estas metas, la federación va a privilegiar con recursos adicionales, tal y como lo hace en este momento, solamente que entonces si se va a dar un incentivo a la eficiencia del presidente municipal.
¿Qué pasa en este momento en un renglón muy importante que es la seguridad pública? Efectivamente en el Ramo 33 quedan etiquetados los recursos, pero se dice estos recursos van para seguridad pública, pero no dice si el presidente municipal puede comprar una Suburban de 400 y tantos mil pesos y sólo ponerla una torreta y para eso es una patrulla, y deja a la comunidad sin esa inversión para servicios públicos.
Entonces es ahí donde hay una inequidad, y algunos presidentes, sobre todo en los municipios más apartados, en donde no tienen carreteras, no tienen calles pavimentadas, y los vemos con vehículos realmente ostentosos y que ofenden a sus conciudadanos, pero esto lo permite la misma ley dentro del Ramo 33.
Es por eso que un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional, nos dimos a la tarea de presentar esta iniciativa por mi conducto y logrando también el consenso de otras fuerzas políticas.
Yo aspiro a que cuando llegue esta iniciativa a la Comisión que le corresponde, cuente con la solidaridad de los compañeros diputados. Yo estoy seguro que cada uno de los aquí presentes, queremos el desarrollo sustentado en cada una de nuestras regiones, en cada uno de nuestros distritos, y por supuesto en cada uno de nuestros municipios, que es la cédula que conforma nuestro país.
Sea pues dejado aquí en esta tribuna esta aspiración de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, y ojalá en las Comisiones que dictaminen, puedan darle el trámite correspondiente, y aspiro tener la solidaridad de mis compañeros en Comisiones, como lo tuve en el momento de que firmaran esta iniciativa.
Señor presidente, muchísimas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias a usted señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que…
-el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, con respecto a los sicotrópicos enunciados en la fracción II del artículo 245 de la misma ley
EL C. DIPUTADO NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO.- Buenos días.
Con su venia, diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados:
Los sicotrópicos son un tipo de medicamentos que son una acción terapéutica efectiva y de gran utilidad en el campo de la neuropsiquiatría, pero su efecto en la conducta del ser humano, reacciones secundarias, el control y seguimiento de las mismas, deben ser evaluadas por un profesional especialista médico, toda vez que puede correrse el riesgo de que se desvirtúe su empleo, quedando susceptibles a un uso indebido o abuso de esas sustancias y considerando los efectos adictivos que puede provocar, los principales perjudicados serían los jóvenes como el grupo más vulnerable en estos problemas.
De acuerdo al artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud en su capítulo segundo, para la obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, comercialización, importación, exportación, prescripción médica, suministro, posesión, transporte, empleo, uso, consumo y en general todo acto relacionado con estupefacientes y sicotrópicos con excepción de los que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, sólo podrá realizarse con fines médicos y científicos previa autorización de la Secretaría.
En el artículo 45 del referido Reglamento, señala que la guarda-custodia de materia prima que sea o contenga estupefacientes o sicotrópicos, es responsabilidad de quien los posea, mismos que deberá contar con los documentos oficiales que comprueben su tenencia legítima, los que deberá conservar durante un plazo de tres años.
En la Ley General de Salud y el en Reglamento de Insumos para la Salud, se deben precisar y establecer claramente los requisitos para la venta al público de los estupefacientes y sicotrópicos, toda vez que hay imprecisiones con la redacción vigente, específicamente en el artículo 250 de la Ley General de Salud, cuya ambigüedad radica en que se remite al capítulo quinto, en donde sólo se hace referencia a la prescripción de estupefacientes; sin embargo no se hacen especificaciones para la prescripción de sustancias sicotrópicas que se establecen en la fracción II del artículo 245 de la misma ley, tal y como lo indica el artículo 250.
Por ello, el objetivo de esta iniciativa, es eliminar esta ambigüedad de la derivación actual y así coadyuvar a combatir el problema de consumo, tráfico y comercio de estupefacientes, así como de sustancias sicotrópicas a través de un mejor control del manejo de las sustancias, enfáticamente en lo referente a la prescripción médica, situación que si bien no resuelve el problema, será un gran apoyo para nuestras autoridades.
Asimismo reconocemos que es responsabilidad de las autoridades de la Secretaría de Salud revisar la clasificación de los medicamentos en cuestión, así como de la clasificación de los grupos establecidos en la Ley General de Salud; no obstante, es responsabilidad de todos nosotros, como legisladores, actualizar el marco jurídico a efecto de establecer las bases que permitan actuar de manera adecuada a la propia Secretaría de Salud en el ámbito de su competencia, así como a los especialistas que permitan un mayor control de flujo comercial de medicamentos para tratamientos tan específicos como son los sicotrópicos y estupefacientes.
El uso y abuso de estas sustancias, representa una preocupación creciente para el Gobierno Federal, las entidades federales y la sociedad en general. Esta problemática exige contar con procedimientos, criterios, normatividad y legislación clara, de tal modo que sean de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para los prestadores de servicios de la Secretaría de Salud, del Sistema Nacional de Salud y en los establecimientos del sector público, social y privado que realicen actividades preventivas de tratamiento, de control y de prescripción de los referidos medicamentos.
Por ello, compañeras y compañeros diputados, reitero el propósito de esta iniciativa para brindar, tanto a las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud como a los especialistas médicos, los elementos necesarios para el mejor ejercicio de sus actividades, eliminando las ambigüedades vigentes en el artículo 250 de la Ley General de Salud, a efecto de que se regule más estrictamente el manejo de los sicotrópicos y de los estupefacientes. Por los beneficios que trae consigo esta iniciativa espero que depositen en ella su confianza y apoyo.
Por lo que someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, referente al manejo de los sicotrópicos de la fracción II del artículo 245.
"ARTICULO UNICO.- Se reforma el artículo 250 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
"Artículo 250.- Las sustancias sicotrópicas incluidas en la fracción II del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevén en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, quedarán sujetas en lo conducente -y ahí viene la modificación- a las mismas disposiciones que se establecen para los estupefacientes en el Capítulo Quinto de este Título".
"TRANSITORIOS:
"UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Como ven, esta iniciativa lo único que busca es aclarar en el artículo 250 en donde especifica cómo deben ser tratados los sicotrópicos del tipo II o de la fracción II del artículo 246, en el sentido de que no los remite exclusivamente al Capítulo Quinto de la Ley General de Salud, en donde se establece exclusivamente, cómo deben ser manejados los estupefacientes.
En la actualidad lo remite, y lo que queremos manifestar nosotros con esta aclaración, es que esa remisión vaya conjunta con el hecho de que los sicotrópicos de tipo II deben de seguir con las mismas limitaciones y características para su expedición, uso, manejo, a los que se estipulan para los estupefacientes.
Muchas gracias por su atención y le solicito a nuestra diputada presidenta, sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates, en la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada para su dictamen y estudio, a la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados. Muchísimas gracias.
-PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.
Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una iniciativa que reforma los artículos 30 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
A petición del señor diputado se pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra el diputado Eduardo Andrade Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
-DIP. EDUARDO ANDRADE SANCHEZ: Muchas gracias señor presidenta.
Distraigo nuevamente su atención para traer a esta tribuna la voz de ciudadanos que habitan en distintas unidades del INFONAVIT, en Veracruz; que me han planteado en mi carácter de dirigente estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la necesidad de presentar una iniciativa que corrija una ancestral injusticia que se ha venido cometiendo con ellos. Y entiendo que así como ocurre en mi Estado, también sucede en otras entidades.
A partir de una circular que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) giró el 30 de julio de 1987. Hasta antes de esa fecha, los créditos que otorgaba el INFONAVIT se daban en pesos y así se registraba tanto el monto del crédito como los intereses que habrían de cobrarse hasta la conclusión de los pagos.
Pero con motivo del disparo del fenómeno inflacionario en los años 80, la circular a la que me refiero introdujo el concepto de múltiplos de salario mínimo vigente en el Distrito Federal como base para el otorgamiento de los créditos y se produjo entonces una aplicación de ese concepto a los préstamos que dio el Infonavit en aquella época.
El 24 de febrero de 1992 se modificó el artículo 44 de la Ley del Infonavit para establecer legalmente la determinación de los créditos en múltiplos de salario mínimo. Pero entre 1987 y 1992 en realidad la determinación de estos créditos, su pago, su actualización, los intereses que generaban se realizaron sin un verdadero fundamento legal e incluso podría decirse que la reforma de 92 vino a aplicarse retroactivamente a quienes habían obtenido créditos con anterioridad, que debieron haber estado denominados en pesos.
Ese motivo dio lugar a algunos convenios que han existido, en los cuales el Infonavit ha reconocido la necesidad de replantear al monto de los créditos porque el acreditado ha visto aumentar el precio de su vivienda en múltiplos de salarios mínimos, actualizar los montos de su saldo y aplicársele intereses sobre esas actualizaciones, en contra de lo que originalmente estaba pactado en sus contratos y que derivaba de la ley anterior.
En consecuencia, hay muchos derechohabientes del Infonavit acreditados que nunca han podido consumar la propiedad de su vivienda porque han pagado el monto inicial que habían contratado varias veces y aun así siguen teniendo un saldo deudor.
Esta injusticia debe corregirse. Cuando la ley que estableció ya el sistema de múltiplos de salario mínimo, y así se contrató, tiene que respetarse esa situación, pero los casos entre 1987 y 1992 sí pueden ser modificados con una determinación nuestra a partir de la aprobación de un decreto que adicione un artículo transitorio a la Ley del Infonavit.
En esa razón y con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución, me permito presentar esta iniciativa para que se adicione un artículo transitorio a la Ley del Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda de los Trabajadores para decir lo siguiente:
"Artículo transitorio. todos los créditos otorgados entre el 30 de julio de 1987 y el 24 de febrero de 1992 deberán considerarse otorgados en pesos, en los términos de la Ley vigente en ese momento.
"El Infonavit deberá hacer un nuevo cálculo de los montos pagados por los trabajadores acreditados que hubiesen recibido créditos durante el mencionado período y determinar la cantidad por virtud de la cual tales créditos hubieran quedado saldados, aplicando los términos de la ley vigente en esa época.
"Si la suma pagada por el trabajador acreditado al momento de entrar en vigor el presente decreto fuese igual o superior a la cantidad resultante de aplicar lo preceptuado en el párrafo anterior, el crédito deberá considerarse totalmente cubierto por el trabajador acreditado y el Instituto quedará obligado a emitir la escritura correspondiente que acredite la propiedad de la vivienda adquirida por el trabajador".
Este sería un artículo transitorio que forma parte sustantiva del decreto que propongo, y a su vez tendría un capítulo transitorio único, un artículo transitorio único señalando que entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
Tiene la palabra la diputada Silvia América López Escoffie, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- LA C. DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados: Me permito presentar ante ustedes esta Iniciativa de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 110 de la Constitución.
"La defensa de la Constitución ha sido un tema que ha preocupado siempre, más cuando mantener sus mandatos son base necesaria para el mantenimiento del Estado de Derecho en nuestro país.
"En efecto, la protección de nuestra Constitución deriva precisamente del principio fundamental que la caracteriza: El de la supremacía constitucional, y que se refiere específicamente a mantener la constitución Política de los Estados Unidos como la máxima disposición jurídica-normativa sobre la cual no puede existir ningún acto de autoridad.
"Tal principio constitucional llega a significar la necesidad de la existencia de un ordenamiento superior a los demás, al que no contravengan los actos autoritarios estatales, federales o municipales sirviéndoles de origen e implicando que se mantendrá vigente nuestro sistema federal, los derechos humanos, la paz social y pública, conjuntamente con el Estado de Derecho en nuestra sociedad.
"Asimismo y estrechamente vinculado con el principio de supremacía, está el de la fundamentalidad, el cual denota una cualidad de la Constitución que lógicamente hace que ésta se califique como Ley Fundamental del Estado.
"Entraña por ende que dicha Constitución sea el ordenamiento básico de toda estructura jurídica estatal, es decir, el cimiento sobre el que se asienta el sistema de derecho en su integridad. Por ello la Constitución es reconocida como Ley Fundamental y al mismo tiempo es la Ley Suprema del Estado.
"Como podemos observar, dicho principio de supremacía constitucional, se deriva el nacimiento de uno de los capítulos principales de la Carta Magna, el relativo al establecimiento de los medios de control constitucional o de defensa de la Constitución, medios que implican un dique a la actuación de las autoridades estatales o en su caso, cuando tales autoridades han actuado el proceso a través del cual se dejará insubsistente todo acto de autoridad que contravenga algún mandato constitucional.
"Asimismo el precepto constitucional señala textual y expresamente que la supremacía de la Constitución implica también que las leyes de los estados deberán sujetarse a la misma.
"Es debido a la necesidad de proteger y vigilar la observancia de la Carta Magna como surge y nace la necesidad de crear instrumentos de control constitucional.
"En efecto la defensa de la Constitución se realiza a través de lo que se conoce como "medios de control de la constitucionalidad", medios por los cuales va a sobrevivir la constitución para hacerla efectiva y suprema y que sea no lírica ni romántica o poética, sino auténtica, palpitante y viva.
"Por ello referirnos a la defensa de la Constitución es hablar de los medios jurídicos a través de los cuales se va a controlar la Carta Magna.
"Ahora bien, si el jurista yucateco Manuel Crescencio García y Rejón instituyó la creación del juicio de amparo y que hizo con éste el sistema jurídico de protección y defensa de la Constitución, más perfecto que ha habido, y precisamente por ello lo han adoptado muchos países del mundo.
"En este juicio de amparo se facultó a la Suprema Corte de Justicia para que además de seguir conociendo del amparo, conociera de otros medios de control constitucional como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que sumados al juicio de revisión constitucional electoral del Tribunal Electoral de dicho Poder Judicial de la Federación, puede observar y se afirma y traslada a las autoridades federales la única responsabilidad y la potestad el control constitucional por medio de estos instrumentos jurídicos.
"En base a lo anterior se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo exista una verdadera delimitación legal de funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del gobierno, mismo que deberán basar su actuación con apego a la Constitución y las leyes que derivan de ella, imponiendo a su vez un sistema de responsabilidades de los gobernantes cuando estos contravengan alguna disposición legal en ejercicio de sus facultades.
"Cabe puntualizar que corresponde al gobierno pugnar por la existencia de un verdadero marco jurídico en donde se desenvuelva todo servidor público que reconozca sus derechos pero donde también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocados a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal la imposición de sanciones a quien se haga acreedor o al servidor público por su proceder arbitrario e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes.
"Luego entonces no hay duda de la falta de cumplimiento de los deberes que impone la función pública y con esto se da nacimiento a la responsabilidad que alude nuestro propio marco constitucional y que puede ser de orden administrativo, penal o político. Asimismo existen otras responsabilidades, a saber, la civil y la indemnizatoria.
"Ahora bien, dentro de los medios de control político nuestra Constitución prevé, en su título cuarto, el juicio político y la declaración de procedencia. Encomendando el desarrollo de los mismos a un órgano político: el Congreso de la Unión.
"Luego entonces a fin de asegurar la supremacía del orden constitucional estableció medios de control jurídico pero a efecto de lograr el normal funcionamiento de las instituciones que sustentan al Estado, así como su adecuada nivelación y se generaron los medios de control político.
"Por lo que respecta a la naturaleza jurídica del juicio político esta gira sobre hechos no delictuosos y concluye con la separación e inhabilitación, en su caso, del alto funcionario que ha perdido la confianza pública. Por lo tanto, es ajeno a la actividad judicial. Es decir, el juicio político es aquel instaurado en las Cámaras del Congreso de la Unión en contra de determinado funcionario público como resultado de la realización de determinadas conductas que contrarían los intereses públicos fundamentales y originan responsabilidad política.
"La finalidad del juicio político no es comprobar la existencia de un delito, sino la identificación de ciertas conductas consideradas generadoras de responsabilidad, cuya gravedad debe juzgarse con criterio para separar al funcionario de su cargo. El juicio político debe aspirar a lograr una efectiva y eficiente aplicación dela Constitución y la ley a los servidores públicos que por integrar un poder público, por su jerarquía o por su trascendencia de sus funciones, afecten los intereses públicos fundamentales a su buen despacho.
"Ahora bien, el artículo 110 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ordena en su segundo párrafo: <<Los gobernadores de los estados, los diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este capítulo por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda>
"Como se observa en esta última parte de este párrafo hay un misterio que nos lleva a las siguientes interrogantes: ¿Para qué se comunicará a las legislaturas locales la resolución declarativa? ¿Cuáles son las atribuciones que deben ejercitar? ¿Qué es eso de proceder como corresponda?
"En ese orden de ideas podemos decir que además de resultar ocioso, confuso y ambiguo y una notable pérdida de tiempo el de facultar a las legislaturas de los estados para un ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda, lo más delicado está en que puedan llegar a convertirse en inoperante la función del control constitucional que tiene el juicio político y que la autoridad federal, o sea el Congreso de la Unión, quede subordinado, relegado, supeditado y sojuzgado como responsable de esta potestad de control por las autoridades locales y lo más grave es que el postulado de supremacía constitucional quede vulnerado o descobijado por este medio de control.
"En este sentido afirmamos que la función de controlar la constitucionalidad debe recaer en las autoridades federales en resoluciones y actos que no le deberían de corresponder a las autoridades locales basándonos en los principios antes argumentados.
"Si bien sabemos que el modelo constitucional de la supremacía se ha constituido sobre la base del Estado de derecho, entre sus principios fundamentales destaca, como ya se dijo, que se implica la sujeción de los actos y disposiciones normativas al texto de la Carta Magna.
"Por estas razones consideramos indispensable que el juicio político, tanto para altos funcionarios federales como locales, deba ser conocido y el resultado en definitiva debe darse por la autoridad política federal. Es decir, por el Congreso de la Unión, y debe descansar el control constitucional, esencia de este juicio, en la autoridad del poder de la Federación y no en los Congresos Locales como hasta hoy se establece.
"De ninguna manera la presente iniciativa es en detrimento de la soberanía y autonomía de los estados, ni mucho menos se pretende debilitar al sistema federal mexicano. Por el contrario, como ya se ha comentado, la finalidad es preservar el principio de la supremacía constitucional.
"En este sentido se propone eliminar lo relativo a que la resolución del Congreso de la Unión será únicamente declarativa y que se comunicará a las Legislaturas Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda respecto a los juicios políticos contra y establecer que será dicho Congreso de la Unión quien resolverá en definitiva y consecuentemente el que deberá imponer la destitución o inhabilitación respectiva en los casos de juicio político contra gobernadores de los estados, diputados, locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia y, en su caso, a los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales cuando hubiera habido violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales.
-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Señora diputada, si le parece, según el convenio, podemos turnar el texto íntegro de su iniciativa.
-DIP. SILVIA AMERICA LOPEZ ESCOFFIE: Sí, ya solamente voy a leer el artículo como quedaría, si me lo permite ciudadana Presidenta.
-MISMA PRESIDENTA: Sí, concluya por favor señora diputada.
-DIP. SILVIA AMERICA LOPEZ ESCOFFIE: Sí. Entonces, "se reforma el artículo 110 para quedar como sigue: Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrales de los Tribunales Superiores de Justicia locales y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título, por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanan, así como el manejo indebido de fondos y recursos federales.
"El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación y las demandas de juicio político que se hubieran presentado antes de la fecha de la vigencia del presente decreto, se regirán por la disposición constitucional anterior y consecuentemente las Legislaturas de los estados conocerán de los mismos para efectos que procedan".
Muchas gracias señora Presidenta
-MISMA PRESIDENTA: Gracias señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática, a cargo del diputado Torres Mercado, se pospone para la próxima sesión. Igualmente la agendada por el Partido Verde Ecologista de México, a cargo del diputado Francisco Agundis Arias, se pospone para la próxima sesión.
Continúe la Secretaría. Tenemos minutas.
-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Oficio de la Cámara de Senadores, respecto al Proyecto
de Decreto de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos)
-MISMA PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.
-MISMA SECRETARIA:
(Dieciocho oficio de la Cámara de Senadores, sobre permiso a los
CC. Marina Elvira Priscila Ruiz Maza, Luis Enrique Mateo Franco
Díaz de León, Valentín Díez Morodo, Luis Mauricio Peters Krayem,
Nathan Wolf Lustbader, Jaime Virgilio Nualart Sánchez, Amanda
Mireya Terán Munguía, Miguel Hakim Simón, José Armando Tamayo
Casillas, José Luis Romero Hicks, Bertha Leticia Navarro Ochoa,
Claudia Mendoza Mendoza, Julián Ventura Valero, Olegario Vázquez
Raña, José Luis Figueroa Cuevas, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa,
Bernardo Córdova Tello y Gustavo Iruegas Evaristo, para aceptar y
usar condecoraciones del Gobierno del Reino de España)
MISMA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
-MISMA SECRETARIA:
(Trece oficios de la Cámara de Senadores, sobre permiso a los CC.
Fernando Gómez, Carlos Enrique López Araiza Genis, Perla María
Carvalho Soto, Francisco Ponce Fernández de Castro, Julio César
Margaín y Compean, Luis Enrique Mateo Franco Díaz de León,
Miguel Hakim Simon, José Armando Tamayo Casillas, Gustavo
Ernesto Casillas Rocha, Sara Guadalupe Bermúdez Ochoa,
Francisco Javier Ortiz Ortiz, Pedro Cerisola y Weber y Oscar
Arturo Esparza Vargas, para aceptar condecoraciones que les
confiere el Gobierno del Reino de Suecia)
..-LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.||
El siguiente Punto del Orden del Día es la primera lectura del Dictamen con proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México
Es de primera lectura.
Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-LA C. PRESIDENTE. Se le dispensa la segunda lectura.
Tiene la palabra el ciudadano Diputado Julio César Lizárraga López para fundamentar el Dictamen, de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. DIPUTADO JULIO CESAR LIZARAGA LOPEZ.—Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea: De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 100 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Diputado Julio César Lizárraga López, a nombre de la Comisión de Marina, acudo a esta tribuna para fundamentar el Dictamen de Ley Orgánica de la Armada de México que hoy sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados.
Esta Comisión Dictaminadora considera que la Iniciativa de Ley Orgánica de la Armada de México es un marco jurídico adecuado para regular y ordenar las actividades de la Secretaría de Marina, ya que creemos que con este nuevo ordenamiento se dota al Poder Naval de aquellos mecanismos que le permitan salvaguardar los mares y litorales mexicanos y garantizar la soberanía y la seguridad del país en las aguas de jurisdicción nacional.
Las tareas que tiene asignadas la Armada, son por su naturaleza sumamente delicadas, toda vez que tiene a su cargo la seguridad nacional en los mares, la preservación del orden interior y la defensa exterior,encomiendas cuyo cumplimiento exigen de una normatividad flexible, ágil y expedita que permita tomar decisiones de manera inmediata y contar con un amplio margen de maniobras y capacidad de respuesta para enfrentar situaciones en que esté en peligro la soberanía y la seguridad del país.
Esta Iniciativa de Ley es complementaria de la Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México que fue aprobada recientemente por esta soberanía ya que los preceptos de ambos ordenamientos se orientan a la reestructuración administrativa, militar y operativa de la Marina de Guerra. Se definen de manera específica las atribuciones del Mando Supremo para disponer de la totalidad de las fuerzas que constituyen la Armada de México para designar al Alto Mando y a los Mandos Superiores en Jefes y permitir la salida de efectivos del país, preceptos que re toman las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Titular del Poder Ejecutivo Federal en el Artículo 89 Fracción VI y al Senado de la República en su Artículo 86 Fracción III para preservar y fortalecer la distribución de competencias y la división de Poderes que establece la Carta Magna.
El Dictamen prevé en su Articulado el re ordenamiento de las regiones, zonas, sectores y sub sectores navales así como la creación de apostaderos navales, medidas todas ellas con las que se pretende que el poder naval de la Federación cuente con la infraestructura y los recursos humanos y de combate necesarios para ejecutar con eficiencia y prontitud, las tareas a su cargo.
Este proceso de reestructuración se inscribe en el propósito de facilitar el cumplimiento de las obligaciones del alto mando de ejecutar y elaborar la política y estrategia navales, ejercer el poder naval, participar en la formulación de los planes de seguridad nacional, organizar la jurisdicción de los sectores, subsectores y apostadores navales, crear los establecimientos y unidades operativas necesarias y proponer al mando supremo la designación de los mandos superiores en jefe.
Con la iniciativa de ley que hoy nos ocupa, se delimitan las facultades y obligaciones de instancias como el Estado Mayor General de la Armada, que es un órgano asesor del alto mando cuya encomienda es auxiliar en la planeación, coordinación y supervisión de las operaciones requeridas para el cumplimiento de las atribuciones de la Armada.
De igual manera, se establecen las funciones de otros órganos asesores del alto mando como el Consejo del Almirantazgo reducido y ampliado, la Comisión Coordinadora para la Designación de Cargos y la Comisión Coordinadora para Ascensos, que aportan elementos de juicio para la toma de decisiones en sus respectivos ámbitos de competencia.
Es importante mencionar que el dictamen no sólo se ocupa de aspectos relacionados con el mando supremo, el alto mando y los mandos superiores en jefe sino que también dedica alguno de sus apartados a rubros importantes como la educación en los planteles de la Armada y en los del extranjero.
Con estas medidas, se persiguen dos objetivos fundamentales: a) formar cuadros con conocimientos técnicos y profesionales de acuerdo a las necesidades de la Armada; y b), garantizar que tanto los egresados de los Centros Educativos de la Secretaría de Marina y quienes sean becados para estudiar en escuelas del extranjero, se comprometan a trabajar para la dependencia por un tiempo equivalente a la duración de sus estudios en el primer caso y del doble de duración en el segundo supuesto.
La iniciativa incorpora además una figura novedosa que funcionará como un factor de equilibrio. El recurso de inconformidad en los casos de sanciones para que los militares cuenten con un medio legal para presentar su desacuerdo ante un órgano superior al que emitió el fallo, con lo que se garantizan los derechos de los militares navales y se les brinda la oportunidad de defenderse de actos de injusticia de sus superiores jerárquicos.
De los diputados integrantes de la Comisión de Marina, consideramos que este proyecto de ley es susceptible de aprobarse ya que sus características intrínsecas lo convierten en un instrumento jurídico moderno, dúctil y expedito que responde a las necesidades de la Armada y permite dotarla de mecanismos eficientes y prácticos para la toma de decisiones que por su trascendencia para la seguridad nacional no pueden ser diferidas sino que por el contrario, deben ejecutarse con rapidez y oportunidad.
Tenemos la firme convicción de que el dictamen representa un avance por lo que hace a la organización administrativa y militar de la Armada pero también consideramos que es un acierto la incorporación de disposiciones que se orientan a optimizar la infraestructura de combate y la utilización de los recursos materiales y humanos con los que cuenta la Secretaría de Marina.
Esto es de suma importancia porque si analizamos los recursos que se destinan a las Secretarías de Defensa Nacional y de Marina en el Presupuesto de Egresos de la Federación y considerando que ambas son instituciones militares de carácter permanente que tienen a su cargo tareas vinculadas a la seguridad nacional y a la preservación de la soberanía y a la integridad del territorio nacional, podremos observar que las Fuerzas Armadas requieren de un incremento en sus presupuestos ya que en la materia de contingencias y en la lucha contra el narcotráfico los ejercen de las partidas que se les asignan.
Por tal motivo creemos que la Armada de México debe contar con un marco jurídico que le facilite el cumplimiento de las labores encomendadas y que será necesario en el futuro cercano hacer una reestructuración de los recursos presupuestales que se destinan a las instancias del Gobierno Federal encargadas de la seguridad del país.
Por estas razones, los diputados integrantes de la Comisión de Marina votaremos en lo general y en lo particular, a favor del dictamen de la Ley Orgánica de la Armada de México y exhortamos muy respetuosamente a los diputados de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados a que voten favorablemente por el dictamen en comento. Por tal, muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas gracias diputado. Se han inscrito para fijar la posición de su grupo parlamentario en lo general, la diputada Julieta Prieto Fuhrken del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del grupo parlamentario del PRD; el diputado Vicente Pacheco Castañeda, del grupo parlamentario de Acción Nacional; y el diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, del grupo parlamentario del PRI.
Tiene la palabra la diputada Julieta Prieto Fuhrken del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por diez minutos.
..- LA C. DIP. JULIETA PRIETO FUHRKEN: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita Julieta Prieto Fuhrken, me permito a nombre de mi partido el Grupo Verde Ecologista de México fijar nuestra posición respecto al dictamen de la ley orgánica de la Armada de México.
La Armada tiene la obligación de mantener la soberanía en las zonas marinas nacionales cómo las pesqueras, yacimientos de hidrocarburos, instalaciones estratégicas, comerciales y portuarias, vías de comunicación marítimas, reservas ecológicas y polos de desarrollo turístico, ya que son éstos los recursos potenciales de desarrollo del país en el ámbito marítimo.
El programa institucional de la Secretaría de Marina establece como su columna vertebral el cumplimiento del objetivo rector del Estado, defender la independencia, soberanía e integridad del territorio nacional, asumiendo las medidas pertinentes en defensa del interés vital de la nación.
Este objetivo general exige el fortalecimiento de su estructuras, agilizar el proceso de modernización de sus unidades y equipos, para optimizar el desempeño de su personal y el empleo de los recursos materiales y presupuestarios que tiene asignado. , ya que son de suma importancia en la correcta ejecución de la operación que la institución lleve a cabo en el mar, aire y tierra.
Reconocemos los enormes esfuerzos que realiza el personal de la Armada de México, para llevar a cabo la operación de rescate y salvamento en el mar, el auxilio a la población civil en casos y zonas de desastre, el combate frontal al narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, el terrorismo y el deterioro ambiental, actuando en por sí o en conjuntamente con el Ejército y Fuerza Aérea Nacional.
En este contexto la Armada de México, requiere de un nuevo ordenamiento legal que facilite y eficiente sus tareas en beneficio del pueblo mexicano. Los diputados del Partido Verde Ecologista de México, coincidimos con la propuesta del dictamen de reducir el aparato burocrático de la Armada, mediante la compactación de su estructura administrativa sin afectar su eficiencia, así como para evitar la duplicidad de funciones y la existencia de cargos y plazas que no tienen una justificación operativa militar.
Otro de los avances que constatamos es que se proporciona al personal militar el recurso de impugnación, cuando se vea menoscabada sus derechos por fallo de un órgano disciplinario, así como por lo relativo a la disminución del tiempo, para pasar de la milicia auxiliar a la permanente.
Estimamos congruente y necesario la abrogación del los Tribunales Navales que conocerían los delitos del fuero de guerra, ya que existe la Procuraduría de Justicia Militar y los Tribunales Militares institucionales, encargados de conocer los delitos en contra de la disciplina militar.
Otro aspecto que resulta importante destacar es la creación del servicio del medio ambiente marino, integrado por personal con conocimiento técnico y profesional para cumplir con los objetivos y atribuciones de la Armada de México, en la materia de protección de los recursos marítimos, fluviales y lacustres nacionales, así como de realizar actividades de investigación científica, oceanográfica, meteorológica, biológica y lo concerniente a la prevención y control de la contaminación marítima.
Por lo anterior expuesto, los diputados integrantes del Partido Ecologista Verde de México, solicitamos con todo respeto a esta Honorable Asamblea, tenga a bien emitir su voto aprobatorio para el dictamen que hoy discutimos, ya que con el se beneficia el Instituto Armado, el personal que lo conforma y finalmente el país. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Para fijar la posición del Partido de la Revolución Democrática hará uso de la palabra el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, hasta por 10 minutos.
EL DIP. RUFINO RODRÍGUEZ CABRERA: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
Esta mañana he invitado a los diputados de la fracción parlamentaria a la cual pertenezco, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, a votar a favor de este dictamen. Quiero hacer lo mismo con todos ustedes, compañeras y compañeros, fundamentalmente porque consideramos que esta nueva Ley Orgánica de la Armada de México contiene avances sustanciales que a nuestro juicio –y así lo he comentado- tienden a humanizar el trabajo que realizan nuestros marinos.
Voy a decirlo así. En condiciones muy precarias, con presupuesto recortado, hace algún tiempo registró la prensa los problemas que tuvieron con algunos suministros en materia de combustibles los marinos. La Armada de México realiza la defensa, la vigilancia y la defensa de nuestra soberanía en todos nuestros litorales y déjenme decirles que siendo tan bastos nuestros litorales, el trabajo lo realizan con muy escasos recursos.
Una virtud que hemos notado tiene esta nueva ley, es el que se ha tendido a suavizar el trato entre los marinos.
Miren. Un servidor de ustedes ha hecho una propuesta para que es modifique la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea, en el sentido de que en esta ley se contempla la posibilidad de que los arrestos sean hasta por 15 días. Nosotros argumentamos que estos arrestos son inconstitucionales porque en la Constitución se establece que únicamente este tipo de sanciones por faltas administrativas deben ser hasta por 36 horas. Cuando se argumenta en contra de esta idea que hemos planteado, se nos dice que por el fuero de guerra se hace necesario que en la disciplina que se aplica en las Fuerzas Armadas de México –y en éstas se incluye la Armada- debe permanecer la posibilidad de que se sancione hasta por 15 días a quienes cometan alguna falta o insubordinación.
Nosotros seguimos sosteniendo que esto sigue siendo anticonstitucional y debe ser modificado, debe ser reformado en la Ley Orgánica. En este caso la Ley Orgánica de la Armada contempla la posibilidad de que se sancione únicamente hasta por ocho días, es decir, se vuelve un poco menos inconstitucional. Sigue persistiendo el error, sin embargo como decíamos, se humaniza más el trato.
Por otro lado. Esta ley también contempla la posibilidad –y es un avance- de que exista un órgano en donde las inconformidades internas puedan ser canalizadas para ser resueltas internamente, lo que no contempla la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea.
Por estas razones he explicado a los compañeros de mi bancada, que un servidor de ustedes votó a favor en la comisión y por esa razón quiero invitarlos para que en esta ocasión votemos unánimemente por la aprobación de esta nueva Ley Orgánica de la Fuerza Armada de México.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
El diputado Vicente Pacheco Castañeda fijará la posibilidad del Partido Acción Nacional. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.
EL DIP. VICENTE PACHECO CASTAÑEDA: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenos días, compañeros y compañeras.
Con fundamento en las disposiciones contenidas en el artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Vicente Pacheco Castañeda, a nombre de mi grupo parlamentario, Acción Nacional, acudo a esta tribuna para fijar nuestra posición respecto al dictamen de la Ley Orgánica de la Armada de México.
Consideramos que es un buen proyecto y que es uno de los aspectos más relevantes, su modernidad, su contemporaneidad, además del momento tan oportuno en que se presenta esta iniciativa de ley.
Recientemente la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Disciplina de la Armada de México y en su oportunidad manifestamos que dicho ordenamiento tenía en su complemento, tenía su complemento en otro de igual trascendencia que es el dictamen que hoy se encuentra a discusión.
Consideramos que la reestructuración del marco jurídico de las fuerzas navales, es una necesidad inaplazable y comprende a las dos normas citadas, toda vez que la modificación estructural de la Armada exige la redefinición operativa, administrativa y militar de las regiones, zonas, sectores, subsectores y apostadores navales, esfuerzo que demanda la optimización de la infraestructura física, del poder naval y de los recursos materiales y humanos.
Revalorando el papel de estos últimos como la parte medular de la reestructuración de la marina, proceso de modernización en el que la disciplina es un factor determinante para su consecución y porque el espíritu que impulsa a las Fuerzas Armadas del país, se nutre de los principios básicos que le dan sentido y norman las actividades de la milicia, el honor, el cumplimiento del deber, la disponibilidad total, el valor, la obediencia y la capacidad de sacrificio, incluyendo la vida.
Esto es así porque las tareas encomendadas a la Armada de México conllevan por su esencia una alta responsabilidad ya que de su cumplimiento depende la seguridad y la soberanía del país porque esto exige estrategias y acciones que garanticen la defensa ante agresiones externas para la preservación de la paz y el orden interior, el combate al narcotráfico, el tráfico ilegal de mercancías y personas, el mantenimiento del orden constitucional y la ayuda a la población en los casos de emergencias o desastres naturales.
Por eso es menester que el poder naval cuente con un marco jurídico que le permita actuar de manera expedita ante circunstancias que no permiten demora alguna y porque la toma de decisiones ante la eminencia de un riesgo para la seguridad nacional, requiere flexibilidad y capacidad de respuesta inmediata del mando superior para afrontar cualquier contingencia.
Compartimos la opinión de que representa un notable avance la autonomía que se otorga a los órganos colegiados como la Junta de Almirantes y los Consejos de Honor, superiores y ordinarios, instancias disciplinarias cuyas atribuciones son las de calificar conductas del personal y sancionar las faltas graves a la disciplina militar.
Se incluye en el mismo apartado del dictamen una disposición que nos parece sumamente acertada y necesaria, la figura de la apelación, mediante la cual no sólo se permite que el personal militar acuda ante un órgano disciplinario superior al que emitió el fallo, sino que con este recurso jurídico se salvaguarda los derechos de los marinos ante situaciones de injusticias por parte de sus superiores.
Con la iniciativa de ley que hoy nos ocupa, se ratifican las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere al Ejecutivo en el artículo 89 fracciones IV y VI, mediante los cuales puede nombrar a los coroneles y demás oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea Armada, o sea del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior respectivamente.
Con el dictamen también se convalidan las facultades que la Carta Magna le otorga al Senado de la República, toda vez que en su artículo 76 fracciones II y III, se prescribe que los nombramientos de los oficiales y jefes superiores a los que alude el artículo 89 requieren de la aprobación del Senado, al igual que la disposición que haga el Presidente del Ejército y de la Armada y Fuerza Aérea.
Con estas disposiciones se preserva la división de poderes y el régimen de competencias que consagran la Constitución General de la República, facultando al Ejecutivo para determinar los ascensos de los oficiales superiores de la Armada, pero sujetos al control de la Cámara de Senadores.
El dictamen incorpora además diversas prescripciones relativas a las suplencias en los diferentes niveles de mando, con lo que se establece la responsabilidad permanente de que se encuentre algún oficial al mando, señalando específicamente quien debe desempeñar el cargo en las zonas navales, sectores, subsectores, bases aeronavales, flotillas, escuadrones, aereonavales, unidades de superficie y de infantería de marina.
Se crean con la iniciativa de ley, los órganos de asesoría del alto mando, como el Consejo del Almirantazgo, cuya encomienda es el análisis y el acuerdo a la toma de decisiones trascendentales de las Secretarías y las Comisiones Coordinadoras para la designación de cargos y la Coordinadora para Ascensos, que auxilien al Secretario del Ramo en la toma de decisiones al calificar y seleccionar al personal para la asignación de cargos y de ascensos respectivamente.
El dictamen delimita detalle lo concerniente al personal que pertenece a la milicia permanente y a la milicia auxiliar, y propone que la reducción del tiempo en que estos últimos se capaciten para formar parte de la milicia permanente, valorando para tal propósito aspectos tales como conducta, edad, aptitudes físicas y formación académica y profesional.
Con esto se abre la carrera de las armas a aquellos que sin ser egresados de los planteles educativos de la Armada, cuenten con los méritos profesionales suficientes para incorporarse a la Secretaría de Marina.
La iniciativa de ley abunda sobre aspectos relacionados con los becarios que se preparan en las escuelas de la Armada o en centros educativos de otros países, estableciendo con precisión los compromisos que adquieren con la institución, una vez que han egresado de dichos planteles.
De igual manera el dictamen delimita las funciones del personal del cuerpo general y lo del personal de servicios, a los primeros les corresponde ejercer el Alto Mando y el mando en regiones, fuerzas, zonas, sectores, subsectores, establecimientos, instalaciones unidades áreas, a flote y de infantería de marina. En tanto que a los segundos, se les confieren labores acordes con su servicio o especialidad, así como el desempeño de las actividades militares que se les asignen.
Por lo que respecta a los ascensos, el proyecto determina que quien alcanza el grado tope al cumplir cinco años en dicho grado, recibirá una compensación mensual de igual magnitud a la diferencia de percepciones, que exista entre el grado que ostenta y el grado inmediato anterior. También prescribe lo relativo a la separación definitiva del servicio activo y las causales, pero en algunos supuestos se le permite al afectado ser escuchado, para que aporte todos los elementos y pruebas que juzgue conveniente para su defensa, con lo que se le brinda la oportunidad, no sólo de defenderse, sino de garantizar su respeto a sus derechos laborales y su reinstalación al servicio activo cuando sea procedente.
En general creemos que es un buen dictamen, sin embargo, queremos dejar constancia de que no estamos de acuerdo con la propuesta del Senado, en relación al Artículo 6º. fracción IV que a la letra dice: "Son atribuciones y obligaciones del mando supremo las siguientes:…" -establece tres definiciones y la cuarta es con la cual manifestamos que no estamos de acuerdo, y que es la relativa a permitir la salida del país a los efectivos de las fuerzas armadas, conforme al Artículo 76 fracción III de nuestra Constitución.
Con esta redacción, se quedan fuera diversas hipótesis que operan en la realidad, por ejemplo, si los efectivos de la Armada acuden a otro país para llevar ayuda humanitaria en casos de desastres naturales, será en este caso algún requisito del Senado para que nuestras fuerzas armadas puedan llevar ayuda humanitaria.
Y tenemos otros como son, cuando se van persiguiendo algunos traficantes, y por el hecho de que transgreden espacios de otro país, pues ya no se les va a poder perseguir a estos señores.
En fin, eso es nada mas por lo que no estamos de acuerdo por eso, señores,
Creemos que no es sólo es un proyecto moderno, flexible, sino que la reestructuración del marco jurídico de la Armada de México, es una necesidad insoslayable, para dotarla de un ordenamiento que le permita, de manera expedita y con eficacia, realizar las tareas de su competencia.
Por estas razones, compañeros, los diputados del grupo parlamentario de Acción nacional, votaremos en lo general y en lo particular a favor del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Orgánica de la Armada de México. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.
Finalmente tiene la palabra para fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, el diputado José Alvaro Vallarta Ceceña, hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE ALVARO VALLARTA CECEÑA.- Con su permiso, señora Presidenta de la Mesa Directiva.
Honorable Asamblea:
La Secretaría de Marina, como Instituto Militar, contempla dentro de sus atribuciones la de preservar el estado de derecho; de lo anterior, la legislación que la rige debe ser moderna y acorde con las necesidades operativas que se requieren, ya que dentro de sus objetivos se encuentra el de modernizar las estructuras y procedimientos educativos, logísticos y administrativos de la Armada en un marco de calidad, eficiencia, oportunidad, equidad, transparencia y respeto a los derechos humanos.
Por lo que a esta Ley Orgánica que ahora se presenta para su aprobación, acumula diversos criterios que permitirán a los altos mandos tener la capacidad de respuesta y margen de maniobra en la toma de decisiones que, por su transparencia, no admiten demora, logrando así el buen desempeño de las funciones y atribuciones encomendadas.
De lo anterior, podemos mencionar que se dota de autonomía a los organismos disciplinarios también, estableciendo un recurso jurídico en contra de las organizaciones de tales organismos por los que los tribunales desaparecen. Reorganización de unidades, considera como punto especial el delito de piratería en el mar y en el espacio aéreo.
La Secretaría de Marina, tiene como objetivo fundamental defender la independencia, soberanía e integridad nacionales. Para el cumplimiento de lo anterior, requiere de un marco jurídico que brinde a los integrantes de las Fuerzas Armadas la seguridad jurídica para un óptimo desempeño de sus funciones.
En ese orden de ideas, con esta nueva ley se fomenta y exige de sí mismo un espíritu de cuerpo, valor, sacrificio, lealtad y disciplina a fin de garantizar el éxito de las misiones que se le asignan.
Por todo eso y lo que también agregaron y dijeron y argumentaron los compañeros de los partidos el PRD, el PAN, queremos el apoyo de todos ustedes para que se apruebe por unanimidad esta nueva Ley Orgánica de la Armada Nacional.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.
En virtud de que no se han registrado oradores para la discusión en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA.- Suficientemente discutido en lo general.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado
artículo alguno para discutirlo en lo particular, se pide a la Secretaría se abra el
sistema electrónico por diez minutos para
proceder a la votación en lo general y en lo particular, del proyecto de ley en un solo
acto.
-DIP.SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los
avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos, para
proceder a la votación en lo general y en lo particular del dictamen.
(VOTACION)
-MISMA SECRETARIA: Se emitieron 420 votos en pro, cero en
contra y dos abstenciones.
-PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular el
proyecto de ley, por 420 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de
Ley Orgánica de la Armada de México.
Pasa el Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día, es la primera
lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 376 de la Ley
General de Salud.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, queda de Primera Lectura.
El siguiente punto del Orden del Día, es el relativo a
la discusión de dictámenes de la Sección Instructora.
En virtud de que el Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General establece que este tipo de asuntos deben tratarse según lo
fundamenta el artículo 32 y 33 en su fracción I, en sesión secreta, para conocer los
dictámenes de la Sección Instructora, se ruega a los asistentes en este Pleno, que no
sean diputados, abandonen el Salón.
Y se solicita a los compañeros legisladores que sean los
únicos que permanezcan en el Salón.
Y le rogamos a los ciudadanos que no sean legisladores
tengan la gentileza de abandonar el Salón. Y se suspende en este momento la transmisión
en el Canal del Congreso, por tratarse de sesión secreta.
SESION SECRETA
LA C. PRESIDENTA: Pasamos al punto relativo a dictámenes a discusión.
El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV y se
adiciona la fracción VI al artículo 2º. y se reforma el primer párrafo del artículo
3º. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al
dictamen.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la
presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(VOTACION)
Mayoría por la afirmativa, presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura.
Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del
Reglamento Interior, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Elías Romero Apis,
hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con su venia, señora
presidenta. Honorable asamblea: el dictamen que pone la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos a consideración de esta honorable asamblea para efecto de reformar la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, explica la realidad grave que vive México en materia
de delincuencia organizada, la explica por sí misma.
Consiste este dictamen esencialmente en proponer a esta honorable
asamblea que el combate a las actividades de falsificación que normalmente conocemos con
el nombre de piratería sean perseguidas con los requerimientos normativos y con las
posibilidades de actuación que establece la mencionada Ley.
Queda muy claro que la actividad de la piratería, la actividad de hacerse
ilícitamente de la propiedad intelectual o industrial de quienes son sus titulares, es
una actividad hoy plenamente organizada. Es organizada desde el punto de vista no
solamente de sus factores de organización, financiamiento, reclutamiento,
estructuración, distribución en mayor medida que lo que tuvieran hoy en día cualquier
corporación lícita y en ocasiones superan en capacidad productiva, en capacidad
financiera y en capacidad de distribución, a las propias empresas lícitamente titulares
de los derechos a los que afectan.
México se ha convertido tristemente en un paraíso de estas
actividades. El tiempo que en algunas ocasiones han perdido las autoridades para hacer
frente a una actividad de esta naturaleza, obliga hoy a remontar y a recuperar un terreno
delictivo que cuesta mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucho sufrimiento.
Es por ello que de manera unánime y con un gran consenso, de todas las
fracciones que concurren en este Congreso, en esta Cámara de Diputados y que se
encuentran representadas en participación activa en la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, se manifestaron por aprobar este dictamen que hoy se somete a esta soberanía
nacional.
Confiamos en que si la voluntad de esta asamblea es aprobarlo y la
consecuente voluntad de la revisora así lo determina, podamos instalar al Estado Mexicano
en una actitud más decidida, más vigorosa y más a la ofensiva, para recuperar el tiempo
que los desafiantes del Estado de derecho le han ido quitando a la seguridad y a la
justicia en México.
Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias, Honorable Asamblea.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Se abre la discusión en lo general.
Para fijar posiciones a nombre de sus partidos o grupos parlamentarios,
se han inscrito:
El diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza
Social; la diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad
Nacionalista; el diputado Alejandro García Sainz Arena, del grupo parlamentario del
Partido Verde Ecologista de México: Los dos primeros que mencioné, hasta por cinco
minutos, el del grupo parlamentario del PVEM hasta por diez minutos; el diputado David
Augusto Sotelo Rosas, del PRD, hasta por diez minutos; el diputado Roberto Eugenio Bueno
Campos, del grupo parlamentario del PAN, hasta por diez minutos y el diputado Enrique
Garza Tamez, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Calderón Cardoso, de
Alianza Social.
- EL C. DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso de la
Presidencia; señoras y señores legisladores:
"Hablar de la delincuencia organizada nos remite a una gran
cantidad de actividades delictivas: Tráfico de armas, narcotráfico, prostitución,
tráfico de seres humanos, lavado de dinero, secuestro, homicidio, robo de vehículos,
delitos cibernéticos, espionaje y piratería.
"La delincuencia organizada debe ser considerada por el impacto
social que tiene, un asunto de seguridad nacional.
"Es fundamental y prioritario revisar el marco jurídico existente
y hacerlo congruente con la realidad de acuerdo a las necesidades propias de la nación.
"En particular es necesario crear una conciencia social contra la
piratería, así como ejercer una más estricta acción penal contra todo aquel que
fomente el comercio ilegal, ya sea como introductor, distribuidor o vendedor de esos
productos.
"Se estima que aproximadamente 40 transportes de carga al día se
introducen a la capital del país abarcando todo tipo de mercancías, desde utensilios de
plástico de pésima calidad, hasta aparatos electrónicos que cuentan con la tecnología
más avanzada.
"No es gratuito que México ocupe el segundo lugar después de
China, en el ámbito mundial, con relación al porcentaje de comercio informal dentro de
la actividad económica sigue siendo la mayoría de la mercancía comercializada de
procedencia o manufactura ilegal.
"Asimismo el precio del consumidor final y la calidad del producto
en el mercado ilegal prácticamente deja sin posibilidad de competencia al mercado formal,
lo cual impacta de manera negativa en el desarrollo económico nacional.
La economía informal representa el 12.2 por ciento del PIB. Aunque es
justo reconocer que el comercio informal es producto de la falta de empleo formal, ya que
8 de cada 10 personas que buscan trabajo terminan como vendedores ambulantes y que el 54
por ciento del empleo que se consigue es informal, aun cuando el 80 por ciento de la
demanda que lo acepta lo hace en contra de su voluntad. La piratería abarca todos los
ámbitos de la actividad económica alcanzando a la industria del calzado, la textil, del
juguete, la de electrodomésticos, la fonográfica, la audiovisual y la de la
informática. Afectando en estas tres últimas los derechos de autor.
"Esta actividad, por otra parte, da lugar al aumento de las
actividades ilícitas mediante el contrabando documentado, la distribución y la
producción ilegal subterránea. La tecnología es neutral ya que está a disposición
tanto del mercado legal como ilegal, siendo el poder económico quien decide el acceso o
no a dicha tecnología.
"Por lo anterior, la piratería es uno de los delitos más
rentables del país ya que se estima que sus ingresos son del orden de los 32 mil millones
de dólares anuales, dinero que ha dejado de percibir el fisco.
"Otra de las consecuencias de la piratería se encuentra en la
pérdida de empleos formales, aproximadamente 691.
"Debemos reconocer que como toda actividad económica la
piratería es producto de la realidad nacional y por ende si bien puede utilizarse en el
comercio informal como una opción para ganarse la vida, también sirve para actividades
ilícitas. Las acciones contra la piratería requieren de contar con el apoyo de la ley
tanto en el ámbito federal, estatal y municipal, pero de poco servirá leyes eficaces si
éstas se enfrentan a la corrupción y la omisión de las autoridades encargadas de
hacerlas cumplir. La delincuencia organizada destruye de una u otra forma conciencias,
personas, pueblos y naciones. La corrupción, la violencia y la impunidad son acciones que
van estrechamente ligadas y que dan a la delincuencia organizada la influencia y poder que
hoy en día detentan.
"Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, el Partido Alianza
Social votará a favor del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el
que se reforma y adiciona la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el Código
Penal Federal. Hacer de México un país en donde la democracia sea más firme y hunda sus
raíces en la realidad cotidiana, dando con ello lugar a una convivencia pacífica entre
los miembros de la sociedad no es una empresa fácil, pero es una exigencia ineludible que
ya no puede omitirse".
Por su atención, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO (PRI): Gracias
señor diputado Calderón Cardoso.
Tiene el uso de la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana,
del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos, para fijar la posición
de su partido.
- LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA (PSN): Con el
permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros Legisladores:
"El derecho de autor como el reconocimiento que hace el Estado a
favor de todo creador de obra literarias y artísticas en virtud del cual otorga su
protección para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter
personal y patrimonial, ha jugado un papel importantísimo en la sociedad puesto que
constituye, por un lado, la manera de cómo proteger a los autores e invenciones en
general; y, por otro lado, representa una gran importancia en la economía de los países.
"Sin embargo, a pesar de que estas creaciones derivadas de la
creatividad, de la investigación o de la innovación cuentan con un marco jurídico
autoral que las protege y promueve, no están exentas de sufrir plagios y mutilaciones.
"Actualmente México enfrenta una grave problemática en materia
de violación de los derechos de autor que se expresa en la reproducción ilegal de
música, películas, libros, fonogramas, videogramas, software de negocios y
entretenimiento, entre otros, ya que la delincuencia, en todos sus tipos y modalidades. es
más agresiva, más diversificada, más sofisticada en sus métodos, más poderosa en sus
recursos, cada vez cuenta con mayor poder; poder que no solo soslaya los derechos
individuales sino las economías de los estados.
Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, en
un mundo económicamente globalizado como el actual, donde se propende a la libertad, la
libre circulación de las mercancías, se vuelve imperioso establecer medidas más
eficaces que protejan el derecho del autor.
Para los legisladores del Partido de la Sociedad Nacionalista de la
Quincuagésima Octava Legislatura, estamos conscientes de que ya no es posible dejar pasar
por alto el grave problema actual y latente como es la piratería. No podemos cerrar los
ojos ante el hecho visible de que la reproducción, producción, la venta de obras,
fonogramas, videogramas, de software, de todas las obras intelectuales, día con día deja
de ser un mero delito federal, por lo que su combate requiere de normas más novedosas y
eficaces para su atención y resolución.
Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista,
resulta vergonzoso que México sea considerado como un país de los más destacados
exponentes de la piratería a nivel internacional. Para ejemplificar, basta con mencionar
que nuestro país ocupa el segundo lugar, siendo Rusia el primero, en reproducción de
discos; como CD-Room tenemos el tercer lugar después de Rusia y China; en software la
posición de mercado es la catorceava.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por la Alianza Internacional de
la Propiedad Intelectual de 1996 al 2001, la Comisión de Delitos contra los Derechos de
Autor ha reportado pérdidas por 2 mil 935.5 millones de dólares.
Para los nacionalistas hoy es el momento idóneo para que dejemos de
ocupar el lugar destacado en materia de piratería, para que los números se reviertan a
favor de los autores y productores legales de fonogramas y de otras. Para ello exhortamos
a los legisladores a que aprobemos el dictamen con proyecto de decreto que reforma la Ley
Federal contra la Delincuencia Organizada y proporcionemos a México y a los mexicanos una
legislación más integral para combatir a la delincuencia organizada y dejar atrás la
legislación irreal, delirante, absurda, solemne, dotando a las autoridades encargadas de
la procuración e impartición de justicia de los instrumentos jurídicos idóneos que le
permitan lograr una mejor eficacia en el combate de la delincuencia.
Para los nacionalistas estas reformas ayudarán a salvaguardar el
acervo cultural de la nación, estimulará la creatividad del pueblo mexicano y
contribuirán a proteger las fuentes de empleo y el erario público, razón por la cual
los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista votaremos a favor del dictamen por
el que se reforma la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
Es cuanto, señor Presidente.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Muchas gracias diputada Norma
Patricia Riojas Santana.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Verde
Ecologista de México, tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el diputado
Alejandro García Sainz Arena.
-DIP. ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA: Con el permiso de la Mesa
Directiva.
Compañeras y compañeros diputados: El día de hoy se somete al pleno
de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que reforma y
adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que
establece eficazmente la protección de los derechos autorales.
En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México,
consideramos lo siguiente. La reforma que hoy plantea la Comisión de Justicia y Derechos
Humanos, busca concretar el esfuerzo de las policías del país, para remediar lo más
rápido posible el clima de inseguridad en materia de derechos de autor que impera en el
país y de esta manera evitar que el mismo siga afectando de manera general a la
producción artística en México.
El Estado y las leyes deben garantizar la protección de la creación y
producción en todos los campos, para no inhibir ni desalentar el trabajo honesto y
creativo de numerosos mexicanos del cual dependen miles y miles de familias.
Este es un paso firme para disminuir este flagelo de todas las
sociedades modernas pero aún hay muchos temas pendientes que deben ser discutidos para
fortalecer los Derechos de Autor como es la libertad de crear, expresar, manifestar sin
cortapisas cualquier expresión cultural.
De aprobar este Dictamen se evitaría la reproducción no autorizada o
la comercialización indebida de ejemplares conocidas comúnmente como piratería. Debemos
hacer un esfuerzo para ofrecer justicia pronta y expedita a los mexicanos y proteger el
patrimonio y derechos de aquellos que realzan a nuestro país con sus manifestaciones
artísticas, tal y como lo mandata nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan.
Por todo lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México apoya en
sentido favorable el Dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
Muchas gracias. (aplausos)
-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado García Sainz Arena.
Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, el señor Diputado
David Augusto Sotelo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática para fijar la posición de su grupo.
---EL C. DIPUTADO AUGUSTO SOTELO ROSAS.- Gracias ciudadano Presidente.
compañeros Diputados. La Autoría intelectual que produce entre otras cosas un derecho
patrimonial de parte de quien elabora, crea una obra, ha sufrido en nuestro país
diferentes atentados, entre ellos el que se denomina el de la piratería.
Es necesario proteger a los autores y compositores de diferentes obras
musicales que en México el crimen organizado, no se podría tipificar de otra manera, la
asociación delictuosa el crimen organizado, ha violado sus derechos patrimoniales y
también ha atentado y atenta contra una industria que da empleo a miles de familias.
Por consiguiente, la reproducción sin autorización correspondiente de
obras afecta gravemente la economía del país, esta reforma que planteamos y que inició
nuestro compañero Diputado del Partido Acción Nacional, Roberto Bueno, no solamente
trata de beneficiar a los autores, compositores que crean estas obras, no únicamente a
las familias, a las miles de familias que dependen de estas industrias, sino también va
protegiendo la economía del país, es decir, la economía de millones de mexicanos puesto
que en los sótanos del mercado negro todos los días se vulnera la economía de todos los
mexicanos.
De ahí que el Partido de la Revolución Democrática, en la Comisión
de Justicia hizo las pertinentes observaciones que fueron atendidas en la sesión
correspondiente para aprobar este Dictamen que en esta sesión votaremos los del Partido
de la Revolución Democrática unánimemente en su favor.
El objetivo de mi intervención es para manifestarles la reiteración de quienes me han precedido en el uso de la palabra para que votemos también en forma unánime sobre esta reforma que viene a tutelar, a proteger derechos patrimoniales, derechos del pueblo mexicano y la economía formal de todos los mexicanos.
Muchas gracias ciudadano Presidente.
- EL C. PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias a usted señor diputado Sotelo Rosas. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos, el señor diputado Roberto Eugenio Bueno Campos, para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
- EL C. DIP. ROBERTO EUGENIO BUENO CAMPOS: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados.
He subido a esta tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional respecto al dictamen que hoy se somete a nuestra consideración por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
El sentido de nuestro voto es a favor del dictamen ya que se plantean reformas a la Ley Federal contra la delincuencia organizada en virtud de, con estas reformas se hace evidente la nobleza del propósito para refrendar la esfera legislativa, una mejor protección a los derechos de autor en nuestro país.
Con esta reforma, se busca proteger los frutos del intelecto y del ingenio humano; se apoya a la industria y el comercio de la cultura; se garantiza de mejor forma la propiedad y posesión de los bienes que genera el talento, la creación, la inventiva, porque busca fortalecer la tutela en los intereses patrimoniales, los derechos morales y la protección de la obra como entidad propia de los autores o creadores.
Es loable la reforma que se plantea en el presente dictamen, pretende garantizar mediante el combate frontal y eficaz contra las violaciones, a los derechos de autor y de propiedad industrial; pretende combatir eficaz a la producción y comercialización ilícitas de productos apócrifos; en una palabra, con esta reforma se reconoce y establece que esta ilícita actividad conocida por todos como "piratería", es un delito federal que también es y puede ser no sólo por la delincuencia común sino por la delincuencia organizada.
Es pertinente que de ser el caso, deba ser investigado, perseguido y sancionado de conformidad con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; es decir, bajo el régimen jurídico especial y no el meramente tradicional. La piratería implica una conducta antijurídica que atenta contra el derecho exclusivo sobre las obras y productos culturales; la piratería es un delito federal, un delito grave que viola las facultades y derechos exclusivos de su autor como son: el derecho a divulgar o a mantener reservada su obra; el derecho al reconocimiento de su paternidad intelectual; el derecho al respeto a la integridad de su obra; el derecho al retracto o retiro de su obra; el retiro patrimonial o de explotación económica de la obra.
La piratería y la falsificación es un negocio que produce miles de millones de pesos de beneficios obtenidos en la ilegalidad. AMPROFON, según los datos que nos proporcionó, se calcula que alrededor de 300 millones de dólares al año se venden ilícitamente de los cuales la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deja de percibir 80 millones de dólares.
Por lo que vemos que en nuestro país, no a manera de orgullo pero está situado en un tercer penoso lugar en el mercado de la piratería después de China y de Rusia. Actualmente de cada 10 discos vendidos en el mercado, de 6 a 7 son piratas. Es así como la música, como cultura en México hay que protegerla y esta ha sido plagiada, duplicada y falsificada en gran escala .
La falsificación se traduce en la pérdida de puestos de trabajo e ingresos y en la colocación de productos de baja de calidad que en ocasiones son peligrosos, peligrosos porque destruyen su equipo, el láser, en fin todo eso ocasiona muchas anomalías en el aparato y sobre todo en la audiencia del disco y así que muchos países se han venido esforzando por sensibilizar a la opinión pública, acerca de la producción ilícita o la posesión ilegal de material copiado.
Sin embargo cada año las mercancías falsificadas que incautan se cifran en millones de dólares, este plagio de producción ilegal afectan a la industria están cerrando cada día más y más compañías, toda vez que dada la tecnología moderna se hace posible copiar los discos o producciones en baja calidad a un mínimo precio y a una velocidad cada vez mayor. A veces sale al mercado y en horas ya está vendiéndose en diferentes puestos que hacen de este negocio, unas ganancias ilícitas para su vida.
Entonces la piratería afecta tanto al autor, como al editor y a los titulares de los derechos con hechos, perjudica en general a la industria, entiéndase como esta no solo a sus dueños y socios, si no al obrero, a la secretaria, gerentes, distribuidores, incluye también a las gentes que trabajan en los medios de comunicación relacionados con la música, como la prensa, la radio, televisión, diseñadores, fotógrafos, editora y otros.
Con la piratería se daña también a los negocios relacionados con la industria, estudio de grabación, vendedoras de discos, editoriales, arreglistas, artistas etc., etc.,. en efecto la piratería perjudica a muchos sobre todo al talento y a la cultura de México, y este problema también afecta a la distribución ilícita de música extranjera, ya que obstaculiza el comercio y el intercambio cultural.
Clara manifestación de todo lo que la piratería genera ilícitamente se observa cotidianamente, a través del comercio informal en la vía pública, no se puede negar que la piratería es una actividad delictuosa que se ha extendido a grupos organizados que hacen de la violación de la ley, a través de la piratería su modo de vida. Por ello la necesidad de actuar enérgicamente contra este tipo de conductas delictivas que no son de ninguna manera aislada, o de una simple asociación sino de auténticos grupos organizados.
Y la industria mexicana requiere de todas las herramientas que le permitan crecer y responder en forma competitiva al desarrollo económico del país, por lo que se requiere de un marco jurídico que le brinde una protección adecuada en los distintos campos incluido el de los derechos de propiedad industrial. En tal virtud resulta oportuno como lo propone el decreto del dictamen modificar las normas vigentes, con objeto de atacar enérgicamente la industria delictiva de la piratería, cuyo bien jurídico tutelado es objeto constante de violación, hechos que como se reconocen en el dictamen también se dan en muchos de los casos por organizaciones, perfectamente orquestadas para su cometido.
Se trata de una delincuencia que daña y pone en peligro bienes y valores de la mayor importancia tanto para sus autores como para la propia industria. En consecuencia, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional solicita su voto a favor del dictamen, apoyemos la propuesta de reforma al artículo segundo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a fin de adicionar una fracción IV con el fin de establecer que la piratería sea sancionada como delincuencia organizada, siempre que 3 o más personas acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer el delito previsto en el artículo 424 Bis del Código Federal, es decir que cuando se trate de miembros de la delincuencia organizada, se sancione como tal a quienes produzcan, distribuyan, introduzcan al país, almacenen, transporten, distribuyan, vendan o arrienden copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal de Derechos de Autor en forma dolosa, con fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley deba otorgar el titular de los derechos de autor o de los derechos conexos.
Igualmente a quienes, a sabiendas, aporten o prevean de cualquier forma, materias primas o insumos destinados a la producción o reproducción de obras, fonogramas, videogramas o libros a que se refiere el párrafo anterior, o a quienes fabriquen con fin de lucro, un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispositivos electrónicos de protección de un programa de computación.
Con estas reformas se avanza en la construcción de un marco jurídico más adecuado, porque es congruente con la protección a la industria cultural e intelectual de nuestro país.
Compañeros, muchas gracias y ojalá que todo esto sea porque México vaya delante. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Bueno Campos.
Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos, el señor diputado Enrique Garza Tamez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para fijar la posición de su grupo.
EL DIP. ENRIQUE GARZA TAMEZ: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:
Hago acto de presencia en esta tribuna con el objeto de fijar la posición del Partido Revolucionario Institucional, de sus legisladores representados en esta Cámara, en relación al dictamen expedido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos recaído a la iniciativa de decreto por la cual se proponen reformas y adiciones a los artículos 2º y 3º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el artículo 424 Bis del Código Penal Federal.
El promovente en su iniciativa propuso introducir reformas y adiciones a los artículos 2º y 3º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada y el ya mencionado 424 Bis del Código Penal Federal. Los primeros al efecto de dejar establecido que aquellos que incurran en conductas previstas en estos
numerales, puedan ser considerados miembros de la delincuencia organizada y en consecuencia facultar a la autoridad investigadora, en este caso la Procuraduría General de la República, para la persecución e investigación de estos ilícitos, y en el último, en el artículo 424 Bis del Código Penal Federal, con el objeto de incrementar las medidas punitivas a los responsables de la comisión de estas conductas típicas y antijurídicas que en sus dos fracciones enuncia el numeral a que se hace referencia.
La modificación propuesta por el dictamen a discusión implica adicionar el texto del artículo 2º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada con una fracción 6ª, por virtud de la cual se considera que los delitos cometidos en la reproducción, producción, introducción al territorio nacional, almacenaje, transporte, distribución, venta y renta no solamente de fonogramas, sino también de videogramas y libros, los cuales están protegidos por la Ley Federal del Derecho del Autor, pero también de algunos programas de cómputo tendientes a dar protección a estos sistemas.
La modificación al artículo tercero, en consecuencia, faculta a la autoridad investigadora, como dije, para perseguir la comisión de estos delitos.
Ahora bien, es de destacarse el rigor metodológico que tanto la Subcomisión creada para redactar el proyecto de dictamen y en su momento el pleno de la Comisión Dictaminadora, la de Justicia y Derechos Humanos, aplicaron al estudio y resolución de la iniciativa.
Es un reconocimiento también al hecho de que al par de la evolución de la sociedad, también el fenómeno delictivo ha evolucionado hasta manifestarse en sofisticadas expresiones, en el caso particular, es propósito de la dictaminadora que reconoce el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el de tutelar, en principio, los derechos de los creadores de obras artísticas que están plasmados en medios fonográficos, videográficos y en libros, y por extensión, el legítimo derecho al lucro de sus creadores de los artistas, técnicos, comerciantes que en apego a la ley cuentan con los registros y permisos administrativos correspondientes que la ley le señala y cumplen con sus obligaciones fiscales.
Además del atentado contra los derechos de creación intelectual, artística, técnica y el ejercicio del comercio, está también el impacto negativo con que se afecta al sistema financiero y fiscal del país.
Es menester recordar que el primer párrafo del artículo segundo de la Ley contra la Delincuencia Organizada, establece con precisión, según el texto vigente en cinco fracciones y a raíz de la modificación con seis, cuáles son las conductas típicas y antijurídicas que serán consideradas como de delincuencia organizada.
Y el primer párrafo del artículo tercero, el que faculta -como ya he señalado- que a partir de esta reforma, también estas conductas, podrán ser perseguidas por la Procuraduría General de la República como de delincuencia organizada.
La iniciativa en cuestión, una vez que merezca de su aprobación y en su momento sea turnada a la Colegisladora Cámara de Senadores para perfeccionar el proceso legislativo y una vez que sea turnada al Ejecutivo y que merezcan su sanción aprobatoria y se publique en el Diario Oficial de la Federación, será un instrumento muy efectivo para que por una parte la Procuraduría General de la República cuente con un instrumento jurídico más, de gran eficacia para perseguir el fenómeno delictivo en su expresión de delincuencia organizada.
Es preciso también señalar que la iniciativa, así como mereció la aprobación de la dictaminadora en lo relativo a los artículos segundo y tercero de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, no fue del mismo criterio en tratándose de la reforma propuesta por el iniciador al artículo 424 Bis, ya que ha sido criterio de esta Comisión, que no necesariamente el incremento de las sanciones privativas de la libertad y pecuniarias disuade a los presuntos responsables de la comisión de esta práctica ilícita, atentatoria contra los derechos de autor y contra la propiedad intelectual y comercial, que está catalogada en el Título XXVI de la Ley Sustantiva Penal Federal, artículo en el cual en términos del texto vigente se establece ya una sanción de prisión de tres a diez años y una sanción económica de mil a 20 mil días.
Compañeros legisladores, es deseo de los diputados del Partido Revolucionario Institucional que estas reformas contribuyan, por una parte, para que la rama ejecutiva del gobierno a través de la dependencia encargada de la procuración de justicia y en su momento también el Poder Judicial cuenten con estos instrumentos eficaces apegados a la Constitución y a la legalidad para poder hacer su función tan importante como es la Procuración y la Administración de Justicia.
Por lo tanto y por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores de ustedes solicitamos atenta y respetuosamente la aprobación a este dictamen.
Muchas gracias.
EL PRESDIENTE: Gracias, señor diputado Garza Tamez.
Está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del Proyecto de Decreto.
No habiendo quien solicite el uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consultar sí el artículo único del Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular
-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el Artículo Unico del Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido.
Ruego a la Secretaría ordene se abra el sistema electrónico de votación hasta por 10 minutos, a fin de proceder a la votación del Proyecto de Decreto en lo general y en lo particular.
-LA MISMA C. SECRETARIA: Hágase los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.
( V O T A C I O N )
Se emitieron 422 votos en pro, 2 en contra y 0 abstenciones.
-LA C. PRESIDENTA: Aprobado el Proyecto de Decreto por 422 votos.
Aprobado en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se reforman las fracciones I y IV y se adiciona la fracción VI al Artículo 2º. Y se reforma el primer párrafo del Artículo 3º. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Los siguientes puntos del Orden del Día son la Segunda Lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alberto Manuel Ortega Venzor y Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el gobierno del Reino de España.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
-LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Se les dispensa la lectura.
-LA C. PRESIDENTA: En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los Proyectos de Decreto.
-LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Alberto Manuel Ortega Venzor, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Encomienda de Número, que le confiere el Gobierno de Reino de España.
Está a discusión el dictamen, no habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
-LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Eduardo Sojo Garza Aldape para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno del Reino de España.
Está a discusión el dictamen, no habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este Proyecto de Decreto y el anteriormente reservado en un solo acto.
-LA C. PRESIDENTA: Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación de los Proyectos de Decreto.
-LA MISMA C. SECRETARIA: Hágase los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la votación nominal de los Proyectos de Decreto.
( V O T A C I O N )
A esta Secretaría no se reportó ninguna falla.
Se emitieron 394 votos en pro, 10 en contra y 9 abstenciones.
EL C. PRESIDENTE.- Aprobados los proyectos de decreto por 394 votos.
Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente capítulo, es el correspondiente a excitativas y tiene la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Manuel Arturo Narváez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para formular excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
EL C. DIPUTADO MANUEL ARTURO NARVÁEZ NARVÁEZ.- Buenas tardes, compañeras y compañeros.
En mi carácter de diputado federal a la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el inciso m) del artículo 27 y párrafo tercero del artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a promover esta excitativa en virtud de que un servidor presentara una iniciativa de decreto por el que se adiciona un tercer párrafo a la fracción XIV del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito desde el 25 de abril de este año, que a la fecha no ha sido dictaminada por la Comisión de Hacienda, por lo que me permito acudir a ustedes para exponer los siguientes:
A N T E C E D E N T E S
Con fecha 25 de abril del año en curso, el de la voz, presenté ante el pleno de esta Cámara una iniciativa de decreto por la que se adicionaba un tercer párrafo a la fracción IV del artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Tal iniciativa, pretende prohibir de manera expresa y categórica, que las instituciones de crédito cobren o realicen cargos por cualquier concepto que excedan de diez veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la cuenta del librador de un cheque sin fondos.
Finalmente, se expresa una prohibición adicional para que en ningún caso, los bancos puedan hacer cobro o pago alguno al titular de la cuenta de cheques en la cual fue depositado para su cobro algún cheque carente de fondos disponibles y suficientes, ni al tenedor del mismo que lo presente para su cobro.
Esta propuesta surge por la necesidad de regular una situación actual que es injusta a todas luces, ya que a la fecha las instituciones bancarias cobran al titular de la cuenta a la que ha sido depositado un cheque sin fondos una comisión por la devolución del mismo, atentando así la esfera jurídica del titular de esta cuenta, ya que se presume la buena fe de éste y en todo caso la responsabilidad jurídica debe ser para el librador del título ejecutivo.
En este mismo tenor, es importante regular las comisiones que deben cobrar los bancos al librador de un cheque sin fondos, ya que en la actualidad cada una de estas instituciones cobra un importe diferente que oscila entre los 400 y los mil 200 pesos, así lo reconoce la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores al señalar que en los contratos que suscriben los bancos y sus cuentahabientes, se pacta el cobro de comisiones por servicios y diversos conceptos.
Cabe señalar a este respecto que entre dichos bancos no existen políticas generales de homologación de comisiones, siendo recomendable que la clientela de las mismas revisen las estipulaciones relativas contenidas en los mencionados contratos y en lo particular los conceptos e importe que cobre la institución de que se trate. Desde luego, esta recomendación es inatendible, en virtud de que los contratos de apertura de cuentas y de otros instrumentos bancarios, son meros contratos de adhesión en los que la materia revisable por la parte contratante es nula.
Así, al no contar los bancos con un criterio uniforme para realizar el cargo de expedición de un cheque sin fondos, nuestra propuesta se encamina en el sentido de que esta penalización no rebase los diez salarios mínimos.
Es el caso que una vez presentada la iniciativa en comento, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados, turnó para su estudio, análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda desde el 25 de abril del año en curso, habiendo transcurrido a la fecha evidentemente mucho más de los cinco días que como plazo concede nuestra normatividad interna, para que las comisiones de la Cámara presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita.
Por lo anterior consideramos procedente y rogamos a la presidencia de la mesa directiva que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso General y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excite a la Comisión de Hacienda, a fin de que emita el dictamen correspondiente de la iniciativa en comento.
Atentamente.
Dip. Manuel Narváez Narváez.
Es cuento señor presidente.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Narváez Narváez.
De conformidad con lo establecido por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita el dictamen correspondiente.
La excitativa inscrita por el diputado Jaime Martínez Veloz, a la Junta de Coordinación Política, a petición de su grupo parlamentario se pospone para la siguiente sesión.
La excitativa inscrita por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a la Comisión del Distrito Federal, a petición del propio grupo, se pospone para la siguiente sesión.
La excitativa inscrita por la diputada Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a petición de su grupo se pospone y es a las Comisiones de Cultura y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En consecuencia tiene el uso de la palabra el señor diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión del Distrito Federal.
-DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la presidencia; compañeros y compañeras diputados:
Quiero comentarles que con fecha 9 de octubre y 15 de diciembre del año 2001, fueron presentadas ante el Pleno de esta Cámara, proposiciones con punto de acuerdo, tendientes a solucionar problemas limítrofes entre el Distrito Federal y con el Estado de México.
El diputado Delfino Garcés, del grupo parlamentario del PRD, propuso a este Pleno, la revisión de los límites entre el Estado de México y el Distrito Federal, específicamente la delegación Tlahuac y del municipio del Valle de Chalco Solidaridad.
Meses después el de la voz presentó proposición con punto de acuerdo, sobre los problemas de límites en el Distrito Federal y del Estado de México, específicamente en los confines de la Delegación de Ixtapala y el municipio de Los Reyes la Paz.
Ambas proposiciones expresan consideraciones, fundamentos sociales, jurídicos y de fondo iguales, así como relativas a los límites de las mismas entidades federativas. Por lo que se solicitó la dictaminación conjunta de ambas proposiciones para su estudio y dictamen.
Es la fecha que la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y la del Distrito Federal, no han resuelto las iniciativas en comento, estando pendiente el dictamen correspondiente desde el primer periodo de sesiones del segundo año de esta LVIII Legislatura.
El objetivo fundamental de las iniciativas que motivan nuestra solicitud de dictamen, proponen la convocatoria de las comisiones de límites de cada entidad federativa para la revisión de los trabajos de la demarcación bilateeral.
Asimismo, se solicita que esta LVIII Legislatura a través de las Comisiones Unidas, soliciten a los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal, su opinión respecto de las solicitudes de los vecinos que aun aceptan la imposición de una línea que separa a sus comunidades como los de la colonia Emiliano Zapata, en la delegación Ixtapalapa o los ejidatarios de Santa Catarina Ecahuizot, en la delegación Tlahuac.
Un gobierno democrático surgido de la voluntad popular a través del sufragio de la ciudadanía, debe fortalecer y mejorar la relación con los ciudadanos de su demarcación territorial.
La excitativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal, responde a la necesidad y el derecho de vecinos y comunidades que mediante la solicitud del amparo de la justicia federal,continúan en su lucha por ejercer y exigir el respeto a su derecho de avecindarse con sus tradiciones cercanas y atender a la administración pública que ellos reconocen como suya.
Por eso entendemos que la consulta necesaria para dirimir esta controversia entre el gobierno y ciudadanos requiere de voluntad política para condensar una solución que pudiera motivar un convenio limítrofe que satisfaga la demanda de pertenencia de vecinos que se sienten agraviados por residir en el estado de México y no en el Distrito Federal, como sus conurbados.
Por lo antes expuesto y dado que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos establece que toda comisión deberá presentar su dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que los haya recibido, todo dictamen deberá contener una parte expositiva de las razones en que se funde y concluir con proposiciones claras y sencillas que puedan sujetarse a votación y que es la fecha de que no se han presentado ante este pleno el dictamen correspondiente a estas dos iniciativas en comento y aun habiéndose vencido el plazo referido, es imponderable que la presidencia de la Mesa Directiva, en uso de las atribuciones que le confiere el párrafo 1º. inciso f) del artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, conforme a lo que establece el artículo 38, párrafo 1º. inciso c) del mismo ordenamiento citado y el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior, realice una excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal, de nuestra Cámara de Diputados para que, conforme a lo dispuesto en el artículo 87, presente los dictámenes que corresponden a estas iniciativas para su discusión y, en su caso, aprobación por el pleno de esta honorable asamblea.
Por su atención muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez. De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones del Distrito Federal y de Gobernación y Seguridad Pública para que emitan el dictamen correspondiente.
Esta presidencia ha recibido solicitud del señor diputado José Bañales Castro en los siguientes términos.
"Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de diciembre del 2002.
"Diputada Beatriz Paredes Rangel Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados
Presente.
El suscrito, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, autor de la iniciativa presentada el día 9 de abril del presente año en materia de prostitución y pornografía de menores e incapaces y turismo sexual con menores e incapaces, solicito a esta presidencia, para fines procedimentales, otorgar la rectificación del turno a la Comisión de Puntos Constitucionales en lo que se refiere a la iniciativa de reforma constitucional, en su artículo 4º., y por lo que se refiere a las reformas y adiciones a diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Federación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal, se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos."
Considerando atendible la petición del señor diputado Bañales Castro, esta presidencia acuerda que la iniciativa, por lo que se refiere a la reforma al artículo 4º. constitucional, permanezca en la Comisión de Puntos Constitucionales y lo referente a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal, pasen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio y dictamen correspondiente.
- LA C. PRESIDENTA. Pasamos al siguiente Capítulo, que es el relativo a Proposiciones.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Pedro Manterola Sainz, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar que se emita el decreto de área natural protegida a la zona conocida como "Caña Alta", ubicada en diversas regiones de diferentes municipios del estado de Veracruz.
- EL C. DIP. PEDRO MANTEROLA SAINZ: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
"México es uno de los 17 países que en conjunto albergan entre el 60 y el 70 % de la biodiversidad del planeta.
"En nuestro país esta gran diversidad biológica se origina en la compleja topografía, la variedad de climas y la conexión de dos zonas existentes en el territorio mexicano que forman un variado mosaico de condiciones ambientales.
"Esta riqueza ambiental cumple la paradójica condición de ser al mismo tiempo sobre-explotada y desaprovechada. Sobre-explotada por intereses privados, poco racionales y alejados de los criterios de sustentabilidad que deben determinar el aprovechamiento de los recursos naturales. Desaprovechados por la gran mayoría de los habitantes de estas regiones privilegiadas, cuya riqueza es en muchos casos inversamente proporcional a la miseria de sus pobladores.
"El grave deterioro de los últimos veinte años muestra claramente que una crisis ambiental puede manifestarse en cualquier organización grande, pequeña, pública o privada, con o sin aviso y en cualquier parte.
"Las actividades más afectadas por la crisis ecológica son: La pesca, la agricultura y la ganadería.
"Entre los daños más destacados se observa la pérdida de suelos por sustancias tóxicas, lluvia ácida, erosión y salinización, factores relacionados con la pérdida de producción.
"Todo ello tiene un múltiple efecto en detrimento del medio ambiente de las condiciones de vida de poblaciones marginadas y en el futuro, de montañas, bosques y ríos, en nuestro propio futuro y en el de próximas generaciones.
"En Veracruz existen zonas de montaña, bosques, estros, lagunas y selvas. Presenta el estado diferentes variedades de clima y muchos cuerpos de agua, esteros, ríos y lagunas de importancia. Posee gran variedad de productos agrícolas, pecuarios, maderables y pesqueros, siendo los principales la caña de azúcar, el arroz, la piña, la naranja y el plátano.
"De estos cultivos dependen importantes agroindustrias generadoras de empleo. Posee importantes puertos pesqueros y de altura, cuenta con el mayor número de pozos petrolíferos en la planicie costera del golfo. Los domos salinos están entre los de mayor producción mundial. Cuenta con gran variedad de lugares turístico. El territorio del estado estuvo habitado por cuatro grandes culturas: Olmeca, huasteca, totonaca y náhuatl.
"Veracruz tiene condiciones privilegiadas y una gran riqueza y diversidad de recursos y condiciones naturales, pero no ha sido ajeno a graves condiciones de deterioro ambiental.
"En las sierras las condiciones de vida son lacerantes y no se contempla en el corto plazo una atención que permita corregir los problemas ambientales. Prevalece un pastoreo desordenado, una agricultura insegura y la tala clandestina.
"El ecoturismo no ha recibido ni el apoyo ni la promoción que permitiría extender sus beneficios a sectores más amplios de la población.
"Es común observar el clásico cambio de uso de suelo de forestal a agrícola; el abasto de agua en muchas regiones está en riesgo. La respuesta gubernamental ha sido en muchos casos la indiferencia.
"Existen asentamientos irregulares que han venido destruyendo zonas de manglar y selvas. En zonas pesqueras como las que ocupa la cuenca del Río Bobos en Náutla, Martínez de la Torre, Tlapacoyan y Vega de Alatorre.
"Los desechos industriales afectan la calidad de vida de cientos de pescadores. En bosques y áreas forestales hay aserraderos con capacidad instalada superior a la capacidad productiva, decretos de protección y de áreas protegidas han quedado en el papel. Ha disminuido dramáticamente la extensión de selvas y bosques.
"Esta amplia variedad de problemas carentes y condiciones de marginación, pueden ser superadas sólo con el esfuerzo y el trabajo conjunto de la sociedad organizada, los diferentes niveles de gobierno, campesinos, pescadores, artesanos y otras organizaciones sociales.
"Las reseras naturales, territorios y masas de agua de valor excepcional deben ser preservados para proteger ecosistemas, especies animales y vegetales amenazadas.
"En el desarrollo sustentable los ríos cumplen una función vital. Es el agua la que distingue a la tierra de los otros planetas conocidos y lo que hace posible la vida.
La falta de lluvias tiene consecuencias desastrosas para la vida del río y sus riberas y para el suminisro de agua. La cantidad y regularidad de las aguas de un río son de enorme importancia para las plantas, animales y personas que viven a lo largo de su curso.
"Es el caso que nos ocupa, la región de Caña Alta, en el municipio de Matzalan en Veracruz, es una depresión topográfica localizada en la cuenca del Río Bobos, cuya importancia estratégica permite la conservación de este río que beneficia a más de 25 municipios de la zona centro-norte del estado de Veracruz. En ella se encuentran especies de flora y fauna en diversas categorías de protección. Conviven agricultores, ganaderos, artesanos, prestadores de servicios, pescadores y muchos otros sectores que han hecho del río, de su cauce y de sus beneficios su principal fuente de ingresos.
"A pesar de este potencial muchas comunidades sobreviven en condiciones de verdadera miseria. La zona es propicia para actividades de turismo alternativo que tendrían una derrama económica considerable y coadyuvarían a un manejo sustentable de los recursos naturales en beneficio de la zona y de todas las comunidades en la cuenca hidrológica del río Bobos.
"Con un marco legal acertado se impulsará el desarrollo sostenible y se facilitará el cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños...
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado: Le rogamos que pueda concluir.
- EL C. DIPUTADO PEDRO MANTEROLA SAINZ (PRI): Termino, señora Presidenta.
"Por ello, por todo ello se pretende otorgar a esta zona un ordenamiento rector para las actividades productivas y el uso racional de los recursos naturales. Por ello consideramos pertinente que la región del bordo Caña Alta sea declarada área natural protegida, lo que permitirá la protección de sus recursos naturales.
"Solicitamos, por lo tanto, se turne el presente acuerdo a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que se le dé conocimiento a la autoridad competente y se exhorte al Ejecutivo Federal para que declare área natural protegida la zona conocida como Caña Alta en la zona centro-norte del estado de Veracruz".
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, Diputado.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Colegas Diputados y Diputadas: Queremos recordarles para aquellos que tengan interés que su punto de acuerdo
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Colegas Diputados y Diputadas: Queremos recordarles para aquellos que tengan interés que su punto de acuerdo pueda ser turnado con mayor diligencia y dado la carga de solicitudes de presentación de puntos de acuerdo, que los legisladores que lo deseen pueden hacerlo llegar a la mesa directiva, a efecto de que de manera económica se turne y se publique en la Gaceta Parlamentaria y que esto les dé la certidumbre de que se incorpora en los turnos a la brevedad posible.
El siguiente punto de acuerdo enlistado es la proposición del diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una proposición con punto de acuerdo con objeto de que la Cámara de Diputados exhorte al Director General del IMSS a que cumpla debidamente lo que establece el artículo XXV Transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
- EL C. DIPUTADO RAFAEL SERVÍN MALDONADO (PRD): Con su permiso, diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados:
"Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía una proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
" C o n s i d e r a c i o n e s :
"1ª Que el 20 de diciembre del año 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, mismo que el Congreso de la Unión había aprobado días pasados.
"2ª Que dentro de las normas
transitorias contenidas en dicho decreto se encuentra el artículo XXV que a la letra
dice: <<El Ejecutivo Federal deberá presentar al Congreso de la Unión un
estudio sobre la suficiencia financiera de los seguros y coberturas que conforme a la ley
del Seguro Social administra el IMSS y a las propuestas que, en su caso, sean necesarias
para que la medicina social brinde servicios eficientes y oportunos y se fortalezca el
régimen de pensiones a fin de que brinde mayor protección a los trabajadores con el
menor costo social a más tardar el 15 de octubre del 2002>>
"Tercera.- Que el
pasado 14 de octubre del presente año, el Instituto Mexicano del Seguro Social, por
conducto del enlace legislativo de la Secretaría de Gobernación, envió al Congreso de
la Unión el estudio antes mencionado y el 17 de octubre fue recibido de manera formal por
la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados.
"Cuarta.- Que habiendo realizado un análisis profundo del estudio enviado a esta legisladora por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el de la voz concluye que no reúne los elementos requeridos por el artículo vigésimo quinto transitorio, puesto que no presenta propuestas concretas en relación con el informe de estados financieros dado a conocer por el propio Instituto.
"Por todo lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente
proposición con punto de acuerdo.
"Único.- El pleno de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Ejecutivo Federal a que cumpla debidamente con lo establecido por el artículo vigésimo quinto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre del 2001".
Gracias señor Presidente.
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputado.
Túrnese a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.
El siguiente punto de acuerdo es en relación con la credencial de elector en el estado de Baja California.
Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso del Presidente.
Compañeras y compañeros diputados: Hemos solicitado el uso de esta tribuna para hacer a todos ustedes, compañeros legisladores, un llamado para que apoyen la presente solicitud, petición sustentada en las facultades que nos respaldan y que tenemos la confianza habrá de concluir en una resolución satisfactoria, ajustada a la legalidad y preservando la integridad, la soberanía y la autonomía de instituciones y estados que integramos el gran pacto federal mexicano, sujetos a los límites que marca y establece esa unión.
Esta exposición que hacemos ante ustedes, está vinculada decisivamente con el respeto a la soberanía y a la integridad de nuestro pacto federal y a las partes integrantes del mismo.
En nuestra Carta Magna existe el sustento legal en el Título Segundo, Capítulo Primero, que trata de la soberanía nacional y de la forma de gobierno y, en el Capítulo Segundo, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional.
El artículo 45 establece que los estados de la Federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos. Por su parte, el artículo 46 establece que los estados pueden arreglar entre sí por convenios amistosos, sus respectivos límites, pero no se llevarán a efecto estos arreglos sin la aprobación del Congreso de la Unión.
El caso que nos ocupa tiene que ver con autoridades del Estado Libre y Soberano de Baja California. Hemos de insistir en que el presente exhorto tiene un propósito respetuoso y acorde con las normas soberanas de los estados que nosotros tenemos el honor de representar en este Congreso.
Baja California fue el primer estado de la República Mexicana donde asumió al gobernatura un candidato opositor al entonces partido hegemónico, el Revolucionario Institucional; estamos hablando del año de 1989, de los cambios políticos que se derivaron a partir de esta nueva correlación de fuerzas en la entidad.
Cabe señalar que el nuevo partido político gobernante se ha consolidado en las preferencias ciudadanas de Baja California, hecho que sólo compete a los ciudadanos de esa entidad.
Entre las muchas reformas políticas que se han promovido de manera novedosa en Baja California, destaca por ejemplo la credencial para votar con fotografía, Baja California fue pionero en la emisión de un documento electoral más confiable que incluyó un listado con fotografía, es decir, las instituciones electorales de Baja California emitieron y mantienen una credencial particular local, con la que se presentan los eventos comiciales estatales. A diferencia de la credencial federal electoral, en Baja California se requiere la credencial estatal para participar en sus procesos electorales de carácter local.
Y sin embargo, en un detalle que trasciende el carácter soberano del pueblo y autoridades de Baja Calaifornia, una laguna jurídica está permitiendo el uso indiscriminado de elementos gráficos que distorsionan partes sustantivas de la adecuada territorialidad, estatal a inclusive del mismo perímetro nacional en una región fronteriza de importancia estratégica.
La precisión a que deseamos referirnos , es el inconveniente permisibilidad del Registro Estatal Electoral de Baja California para usar sin orden ni concierto figuras y dibujos de la totalidad de la Península Bajacaliforniana y de los perímetros mutilados de las delimitaciones geográficas y administrativas que deberían corresponder a los Estados de Sonora y Sinaloa.
El Registro Estatal Electoral de Baja Calaifornia en el diseño gráfico y emblemático de la documentación electoral que corresponde a la impresión de identificaciones personales, de ciudadanos facultados para votar he hecho un uso indiscriminado de figuras, dibujos y delimitaciones que alteran sustancialmente lo que sólo debería corresponder a una limitación geográfica y circunscrita en su estado.
La Credencial Estatal Electoral de Baja California, por ser un documento soberano de instituciones de esa entidad, debería limitarse a esfera de presentación a ese estado y en ese marco de referencia sus emblemas, dibujos y gráficas deberán respetar y sujetarse a criterios responsables y adecuados que recuerden la imagen y soberanía de sus entornos vecinos, situación que en su actual diseño está muy lejos de cumplirse.
Reconocemos que en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales no se precisa puntualmente que la integridad territorial y el uso oficial de reproducciones cartográficas acerca de límites territoriales y administrativos se respete y haga respetar.
Si analizamos el diseño de la Credencial Estatal Electoral de Baja California, apreciamos en este documento un uso indiscriminado de perímetros geográficos que hacen virtualmente imposible una identificación precisa del perfil territorial que uno supone corresponde a regiones nacionales del norte del país en la vecindad con Estados Unidos.
Con estos señalamientos no pretendemos alterar o reconvenir a entidades libres y autónomas de Baja California, pero sí deseamos rectificación y delimitación gráfica de las divisiones administrativas y legales que identifican a Baja California Sur, a Sonora y a Sinaloa como Estados Libres y Soberanos a la misma altura respetables y respetuosos de sus vecinos geográficos.
Discrepamos del uso gráfico indiscriminado de los perímetros administrativos y territoriales de tres estados libres y soberanos en el mismo tenor de Baja California .
Nos parece también grave que además de la inclusión gráfica de nuestros estados completen el caso de Baja California Sur y mutilada para Sonora y Sinaloa, nos parece grave que se haya prescindido de la obligada definición gráfica que permita distinguir los límites geográficos, administrativos y legales de cada una de estas entidades.
Por lo anteriormente expuesto, es que sometemos a consideración de esta Asamblea este Punto de Acuerdo.
PRIMERO Y UNICO.- Que esta Soberanía emita un Exhorto respetuoso a las autoridades locales del Instituto estatal Electoral del Estado Libre y Soberano de Baja California, a fin de que en su documentación oficial se rectifique el uso gráfico de imágenes y símbolos que por su proximidad pictórica incluyen figuras que remedan los perímetros geográficos territoriales de división legal y administrativa completos y mutilados de las entidades libres y soberanas de Baja Calfornia Sur, de Sonora y Sinaloa.
Firman el Grupo Parlamentario , los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, los Diputados Roberto Zavala, Víctor Gandarilla, Policarpo Infante, Martha Ofelia Meza, Aarón Irizar del PRI y los Diputados Gregorio Urías y Petra Santos delPRD
Es cuanto.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada.
Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
Un Punto de Acuerdo sobre la problemática de Seguridad del Distrito Federal, tiene el uso de la palabra la Diputada Nelly Campos Quiroz, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
- LA C. DIP. NELLY CAMPOS QUIROZ: Señor Presidente. Compañeros Legisladores.
La deficiencia, insuficiencia y en algunos casos la inexistencia de verdaderas políticas criminales, coherentes e integrales han traído como consecuencia que la delincuencia en el Distrito Federal se haya convertido en un problema de proporciones incalculables y actualmente incontrolable con resultados materialmente funestos.
En efecto, la seguridad pública en el Distrito Federal es la principal preocupación de los habitantes de la ciudad de México; nosotros nos sentimos cada vez más en desventaja frente a los altos índices de homicidios, asaltos, robo a transeúntes, lesiones, robo de vehículos, violaciones y por supuesto la corrupción en los cuerpos policiacos.
Sin embargo, mientras mañosamente el Gobierno capitalino centra todos sus esfuerzos en desconocer la gravedad del problema de la seguridad pública argumentando que sólo se trata de un problema de medios de comunicación, de raiting o de partidos políticos, allá afuera, en las calles, miles de estudiantes, obreros, enfermeras, amas de casa, profesionistas, sacerdotes y lo que es peor aún: en nuestras propias casas, seguimos siendo objeto de violencia sin que se pueda poner en marcha alguna acción certera que permita bajar los altos índices de la delincuencia.
Señores, no podemos seguir engañando a la ciudadanía. La resolución del problema de la inseguridad en el Distrito Federal le compete al Jefe de Gobierno capitalino. Mientras los delitos del fuero federal cometidos en el Distrito Federal en el último año han disminuido en un considerable 7.82%, los delitos competencia de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal han aumentado –tan sólo de enero a agosto del 2001 y de enero a agosto del 2002- en un 7.91%, es decir 9,537 delitos más.
Deseo dejar en claro que los diputados de Acción Nacional nos sumamos y aplaudimos todos aquellos esfuerzos encaminados a combatir la inseguridad en el Distrito Federal, pero siempre dentro del marco de la legalidad. Sin embargo, una vez más, a los habitantes del Distrito Federal el Jefe de Gobierno capitalino nos ha tomado el pelo; ya hace dos meses que anunció de manera espectacular la llegada Rudolph Gülliani, sin embargo –hasta el momento- no ha pisado el suelo mexicano, aunado al hecho de que sabemos también que el señor Güliani tiene ya otras responsabilidades de mayor envergadura en los Estados Unidos.
¿O será que se trata de una nueva argucia publicitaria y electorera del Jefe de Gobierno capitalino? Basta ver la realidad imperante en nuestra ciudad para preocuparse y ocuparse de la impunidad, de la inseguridad pública y del crimen que se ha venido agravando con la puesta en práctica de medidas inadecuadas. Ahora bien, en esta lucha el Estado no debe de romper los principios constitucionales y democráticos que históricamente han forjado nuestro esquema constitucional, de ahí que no consideramos adecuada la vía de la práctica meramente represora para apalear la impunidad.
Compañeras y compañeros legisladores, por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Primero.- Se sirva solicitar al Gobierno del Distrito Federal se implemente un mecanismo de rendición de cuentas respecto al programa de "Cero Tolerancia" que será implementado por Rudolph Gülliani en el Distrito Federal.
Segundo.- Que en la consulta telefónica que se llevará a cabo por el Jefe de Gobierno capitalino el próximo 7 y 8 de diciembre, se incluya la pregunta: si el ciudadano vive tranquilo o no en el Distrito Federal.
Tercero.- Se sirva solicitar respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe si existe o no una verdadera política criminal integral y en el caso afirmativo, se envíe a esta H. Cámara de Diputados para su conocimiento.
Firman el presente punto de acuerdo los diputados integrantes de Acción Nacional y los diputados integrantes del Distrito Federal. Muchas gracias. (aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada. Micrófono al diputado… sonido en la curul del diputado Hernández Raigosa.
- EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA. (desde su curul) Quisiera pedirle Presidente, si pudiera utilizar la palabra para el mismo tema.
- EL C. PRESIDENTE: Lea la Secretaría el artículo 12º del Acuerdo Parlamentario relativo a la integración en el orden del día.
- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: "Acuerdo parlamentario relativo a la integración del orden del día. Las discusiones y las votaciones, aprobado el 14 de diciembre de 2001…
Art. 12.- Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la Comisión correspondiente sin que proceda deliberación alguna excepto si hubiera objeción de alguno de los diputados en cuyo caso se sujetará a discusión y votación su admisión, para lo cual podrá intervenir un orador en contra y un orador en pro, hasta por cinco minutos sin que en este caso puedan presentar intervenciones para hechos. Si la proposición no hubiera alcanzado mayoría se considerara desechada."
- EL C. PRESIDENTE: Diputado, no hay para hechos, usted esta en contra de la proposición o declina su... Sonido en la curul del diputado Hernández Raigosa.
EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: ( Desde su curul): Como estoy en contra de la propuesta, quiero pedirle el uso de la palabra.
- EL C. PRESIDENTE: Muy bien, entonces en términos del artículo Décimo Segundo del acuerdo parlamentario, tiene el uso de la palabra, entiendo en contra diputado, de que se admita.
Sí puede intervenir en contra, en todo caso plantearemos sí se admite o no.¿Hay algún orador en pro?. El diputado, Armando Salinas, a favor. Tiene el uso de la palabra el diputado Hernández Raigosa, en contra de la proposición.
EL C. DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA:-Muchas gracias señor Presidente por su tolerancia.
Compañeras y compañeros diputados.
Quisiera reseñar y ya lo planteé en la Comisión del Distrito Federal, en la comparecencia del Secretario de Seguridad Pública; cuál es el problema de origen en el Distrito Federal que está provocando esta preocupación que plantea, que es sana, que planteo la diputada y que hay que analizarlo.
El problema que circunda a la comisión de los delitos en el Distrito Federal, tiene que ver con que en el D.F. hay más de diez mil puntos de venta de droga, que hasta este momento la PGR no ha combatido uno sólo de ellos, se están viendo afectados escuelas, mercados, la vía pública y que además los jóvenes están incurriendo en el consumo de drogas, provocando que en una jornada de consumo de éstas de 24 horas, los jóvenes bajo el influjo de las drogas cometan entre diez o doce delitos, de los cuáles en el caso de consumo de drogas y el tráfico de armas son delitos federales y no he visto una sola acción contundente, para la venta al menudeo que aquí otros compañeros diputados han planteado una y otra vez en torno a éste grave problema que circunda a la comisión de delitos del fuero común.
Por lo tanto si la preocupación es sana, yo planteé en la comisión del Distrito Federal, que hiciéramos una cumbre, un blindaje de seguridad, donde converjan la PGR, si tiene voluntad, la Secretaría de Seguridad Pública, que por cierto no veo un solo resultado objetivo al combate a la delincuencia de la PFP, pero sí veo una gran cantidad de recursos, en los medios de comunicación que no se reflejan en los resultados contundentes en el combate a la delincuencia, que tiene que ver en el fuero federal.
Por lo tanto decimos que además si queremos hacer vinculatorio el ejercicio que esta planteando el Jefe de Gobierno, le quiero decir a mi compañera con mucho respeto, no es aquí; es en la Asamblea Legislativa y ahí tienen diputados que hasta el momento no lo han planteado y que por el contrario, el mismo anuncio de la visita de Guliani en la Ciudad de México fue motivo para descalificar aun teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad...
EL PRESIDENTE: Permítame, diputado Hernández Raigosa.
Sonido en la curul del diputado Jorge Lara.
EL DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: (desde la curul) Gracias, señor Presidente.
Solamente para hacer una indicación respecto de lo que se está discutiendo. Es si se aprueba o no se aprueba que se admite a trámite en comisiones los puntos de acuerdo que nuestra compañera ha expuesto. Eso es todo, señor Presidente. Gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.
Continúe, diputado.
EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Yo le solicitaría con mucho respeto a la Presidencia, que le diga al diputado que se suba a debatir esto. El es el Presidente de la Comisión del Distrito Federal y no he visto una sola iniciativa en torno al problema de la seguridad pública en el Distrito Federal planteado por el Presidente de la Comisión del Distrito Federal.
Lo invito a que se suba a la tribuna y que debatamos racionalmente, propositivamente y no solamente hacer alegoría de que estamos en contra de una cosa para ver si salimos en los medios de comunicación. Eso me parece verdaderamente deplorable. Yo lo invito que debatamos.
Entonces creo que si por el pretexto de la seguridad pública queremos meter de contrabando que se coloque si la gente está en condición de seguridad o no en la Ciudad de México, que lo preguntemos en Ciudad Juárez, que lo preguntemos en otros estados donde han asesinado a las mujeres o donde hay bandas organizadas dedicadas al tráfico de drogas o bandas organizadas al tráfico de armas o bandas organizadas al tráfico de personas, que verdaderamente son preocupantes.
Y le quiero decir, les quiero decir, yo tengo un problema: he traido un problema a esta tribuna una y otra vez, sobre niños robados y los únicos que han hecho caso en este país a ese problema son los medios de comunicación. Yo no veo que ya hayan dictaminado la federalización del delito de robo de niños; yo no veo una
voluntad expresa de atender los orígenes y las génesis con presupuesto al problema social que vivimos en este país, que también es un factor criminógeno que tiene que ver con la pobreza y con la generación de delincuentes.
Termino. Si esta preocupación es sana yo los invito a que reflexionemos la posibilidad de lo que yo propuse en la Comisión del Distrito Federal; una Cumbre Metropolitana de Seguridad Pública, donde el Congreso esté presente, donde los diputados locales del estado de México y de la zona metropolitana estén presentes, donde hagamos un compromiso de que esté la PGR, la PFP, la Seguridad Pública del Distrito Federal, la Procuraduría del Distrito Federal y además reformemos el Código Penal Federal, el Código Penal de los estados para generar un blindaje de seguridad pública no solamente al Distrito Federal, porque hay que decirlo, un gran flujo de delincuencia que opera en el Distrito Federal es también de los estados conurbados o en su defecto hay una vinculación de unos a otros, pero todos los delitos que se cometen, y si no vean las encuestas, yo les mostré unas ahí, donde los delitos que se cometen en el Distrito Federal están cometidos en su mayoría bajo el influjo de drogas y alcohol y con armas prohibidas.
Entonces, dónde está la PFP, dónde está la PGR y por ello digo, esta propuesta no es viable. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado.
EL DIP. JORGE LARA RIVERA: (desde la curul) Señor Presidente, soilcito el uso de la palabra.
EL PRESIDENTE: Quiero hacer una aclaración. En este capítulo no hay inscripción para hechos, le podría conceder por alusiones. Adelante, por cinco minutos para alusiones.
EL DIP. JORGE LARA RIVERA: Agradezco a la Presidencia. Compañeras y compañeros.
Desde luego tengo que contestar las alusiones realizadas por nuestro compañero diputado y sin pretender entrar en un debate de fondo, que éste lo hemos venido dando en el seno de la comisión en diversas reuniones con 11 delegados, 11 jefes delegacionales, a muchas de las cuales no fue usted, compañero, con 11 ó 10 miembros del gabinete del Distrito Federal, a muchas de las cuales no fue tampoco el orador que me acaba de anteceder en el uso de la palabra; en muchas reuniones de trabajo en las cuales hemos dado trámite a puntos de acuerdo, iniciativas y donde también hemos procurador realizar un énfasis en puntos muy problemáticos de la ciudad de México.
Hemos hecho énfasis en el tema del colapso metropolitano, del colapso ecológico, del colapso del ordenamiento territorial, del colapso de materia de seguridad y las autoridades del Distrito Federal "bis a bis", la Comisión del Distrito Federal y el Congreso de la Unión, que desde luego tienen competencia en temas federales, no han alcanzado a respondernos de manera satisfactoria.
Hemos tenido, por ejemplo, en esta Cámara, a la Contralora del Distrito Federal, que de alguna manera siguió fungiendo como tapadera de las anomalías administrativas durante la gestión de la ex-Jefa de Gobierno, Rosario Robles.
Desde luego que hemos tenido un trabajo intenso, desde luego que hago un reconocimiento muy cumplido a nuestros compañeros de la Comisión del Distrito Federal en donde los anales, se podrá dar cuenta, de que esta Comisión del Distrito Federal ha generado mucho más trabajo legislativo que todas las comisiones del Distrito Federal en la historia de la existencia de la misma.
Yo le invitaría al compañero que me antecedió y que tuvo a bien aludirme, a que se incorporara a estos trabajo de manera generosa, de manera abierta como todos los demás compañeros lo hemos hecho y solamente solicitaría que se dilucide, en este Pleno, si es que acaso el punto de acuerdo que acaba de presentar nuestra compañera Nelly Campos, al respecto del tema más importante para los ciudadanos de esta capital, que es de seguridad pública, amerita o no el ser conocido por la Comisión o por las Comisiones que la Presidencia se sirva dictar.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado.
EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA (Desde su curul): Para alusiones.
EL PRESIDENTE: En estricto sentido, diputado, no le aludieron, debo decirlo.
Sonido en la curul del diputado Hernández Raigosa.
EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA (Desde su curul): Disculpe que lo contradiga, se equivoca, al que señaló de la Comisión, el Presidente, es a su servidor, entonces tengo el derecho a réplica en torno a este asunto.
EL PRESIDENTE: Para seguir el turno del debate, tiene el uso de la palabra el diputado Hernández Raigosa, por cinco minutos, para alusiones.
Debo recordarles a los compañeros diputados que no hay hechos en este capítulo.
EL DIP. JESÚS GARIBAY GARCIA (Desde su curul): Presidente.
EL PRESIDENTE: Sonido en la curul del diputado Garibay.
EL DIP. JESÚS GARIBAY GARCIA (Desde su curul): Señor Presidente, dado que al parecer podríamos tener un debate de gran relevancia para el país y para esta ciudad, para este Distrito Federal y a efecto de que todos pudiéramos compartirlo, me permito solicitar a usted que de acuerdo con el marco jurídico del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y su reglamento, se proceda a verificar el quórum.
EL PRESIDENTE: Lo haremos en unos minutos. Por favor diputado Hernázdez Raigosa, tiene el uso de la palabra.
EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA : Afortunadamente no me caracterizo por ser un diputado irresponsable y a esta Comisión he asistido las veces que ha sido necesario, pero cuando el sentido y la orientación de un grupo parlamentario en esta Comisión tiene como finalidad golpear, golpear, golpear sin sustento a un gobierno, no estoy de acuerdo.
Por esa razón, en algunas ocasiones, he decidido, que casi en todas he asistido y siempre, le quiero decir al diputado, siempre he hecho propuesta. Si alguien ha hecho propuesta en esta Comisión ha sido su servidor, pero usted solamente ha dictaminado lo que ha querido, usted no dictamina lo que beneficia a la ciudad, sino lo que le dé lustre a usted, y se lo digo también con mucho respeto y eso lo podemos debatir.
Sin embargo eso no me interesa, a mí me interesa de fondo el problema, el problema es que a ustedes no les gusta que Marcelo Ebrard les haya ganado la jugada de traer a Juliani contratado por la iniciativa privada. Ese es el fondo del problema, Juliani viene financiado por la iniciativa privada en la intención de poder realizar un trabajo en el Distrito Federal que le ganó la jugada al Gobierno Federal y particularmente a su partido que hoy encabeza Vicente Fox y obviamente el Secretario de Seguridad Pública, ese es el dolor que tiene.
Sin embargo, aquí el problema de fondo, a mí me gustaría que esa propuesta que hoy presentaron en el seno de la Comisión, la hubiéramos discutido y hubiéramos discutido entonces la otra propuesta que yo le hice a la presidencia de la Comisión, en el sentido de generar una cumbre metropolitana de seguridad pública, donde pudiéramos discutir con seriedad, con responsabilidad, un análisis serio, respetuoso de detalle de la problemática que se vive, no solamente en el Distrito Federal sino en la zona conurbada del Distrito Federal.
Pero además si el problema de la seguridad pública es una preocupación real actualmente, yo creo que hoy tenemos la oportunidad de regresarle al Distrito Federal algunos recursos, que se le han quitado para combatir la pobreza que tenemos en el Distrito Federal y que hay recursos suficientes para ello. Y que creemos que el problema de la pobreza, desde mi apreciación, yo vivo en Iztapalapa y conozco perfectamente lo que está pasando, y hay un proceso de descomposición por el golpeteo económico, particularmente estos dos años, donde brutalmente en el caso del gas LP, vean lo que está pasando, en el caso de las tarifas eléctricas, eso no fue el Gobierno del Distrito Federal, quien aumentó la tarifa a la luz fue Vicente Fox, quien aumentó el precio del kilogramo de gas en los últimos meses fue su gobierno, ¿y a quién le están pegando?, a los más pobres. Y si en algún lugar hay pobres, es en Iztapalapa.
Y le voy a decir, nosotros seguiremos defendiendo esa parte, pero no creemos también que solamente con una respuesta demagógica, de pura saliva, como se está haciendo a través de los medios de comunicación, se combate la inseguridad.
Yo entonces exhortaría al Procurador General de la República a que combata la venta de drogas al menudeo, donde en 10 mil puntos que hay en la ciudad de México. ¿Qué lugares?: escuelas, mercados, vía pública, en todos los lugares donde hay, que no solamente es en aquellos lugares que dicen: en las tienditas, no es cierto, hay muchos lugares.
Y le pediría también al procurador General de la República, que combata el tráfico de armas, en este país se registraron más de 15 mil armas que entraron de manera ilícita y no vi un sólo acto de parte del gobierno, donde se incautaran o se detuvieron traficantes de armas.
Vean las notas de dos años si hay un sólo traficante de armas que hayan sido detenido, ¿de quién es competencia entonces de este delito? ¿Del Gobierno del Distrito Federal? Es el gobierno federal.
Entonces hagamos cada quien su parte, y en ese sentido me parece que si los delitos que se están cometiendo en el Distrito Federal, según las encuestas que da la propia Secretaría de Seguridad Pública, señala que la mayoría de los delitos cometidos, el 75% en el país, son cometidos bajo el influjo de drogas y alcohol.
Que la mayoría de los delitos que se cometen son también con armas de fuego prohibidas, y tercero, la mayoría de los que están cometiendo delitos son jóvenes, que esa es una preocupación que se atiende con recursos a los jóvenes, a educación, a la universidad, al bachillerato, a las primarias, para que verdaderamente se atienda de origen y de fondo el problema, y no con un Punto de Acuerdo, donde se quiere tomar el pelo a esta soberanía, haciendo creer que con eso se va a resolver el problema.
Ese es un golpeteo, ese tipo de golpeteos falaces, que no resuelven nada, y que me parece lo más importante es entrar al fondo del debate, Armando, ya lo hemos discutido en otras ocasiones, y me parece que ahí está el debate.
¿Qué hace la PGR? ¿Qué hace Secretaría de Seguridad Pública Federal? ¿Y qué hace las otras entidades para combatir estos ilícitos?
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado.
En pro de que se admita el presente Punto de Acuerdo tiene el uso de la palabra el diputado Armando Salinas.
Diputado Garibay en unos minutos, escasamente en nueve minutos, se cumple el tiempo reglamentario de la sesión, entonces vamos a terminar este punto y también daremos por terminada la sesión.
Les ruego su comprensión a todos los diputados, sabemos que está muy larga la agenda, pero creo que es mejor.
Gracias, adelante diputado.
-EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia diputado presidente….
-EL C. PRESIDENTE: Permítame diputado, si los compañeros de las fracciones parlamentarias tienen una propuesta formal de prolongar la sesión, esta Mesa Directiva no tiene ningún inconveniente para ello.
Adelante.
EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Con su venia, diputado Presidente.
Es curioso, es común y esperemos que cada vez menos cotidiano, que a propósito de una cosa se hable de otra.
Se abrió un debate en pro y en contra de la propuesta de una proposición con punto de acuerdo con fundamento en el artículo 58 y hubo un orador que se apuntó en contra, está en contra de que se rindan cuentas, de que se implemente un mecanismo de rendición de cuentas respecto de un programa de seguridad pública en la capital de la República.
Está en contra de que en la consulta telefónica que se llevará a cabo en unos días en la Ciudad de México por la autoridad, se le pregunte a los habitantes que incluyan una pregunta en la que si viven tranquilos o no en el Distrito Federal; está en contra, para solicitar de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, informe si existe o no una verdadera política criminal integral. De esto yo creo que nadie puede estar en contra, ni debe estar en contra.
En una ciudad donde el tema de temas es el de la inseguridad, en una ciudad donde la información que sustenta la solicitud, la proposición con punto de acuerdo de mi compañera Campos, es de la información que da la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, no es una información que salga de una cifra o de un dato distinto al oficial en el Distrito Federal.
Yo he sido alguien que ha señalado y ha insistido en nunca caer en las cifras delictivas como si estuviéramos hablando de acciones en la Bolsa de Valores. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, es muy dado, por cierto muy temprano, a decir que sube o baja determinado delito como si fuera el boletín bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores y no es así.
Lo que hoy se sustenta en este punto de acuerdo, es lo que vino a decir el Secretario de Seguridad Pública, el señor Marcelo Ebrard, reconociendo que se había dado una coordinación con la Policía Federal Preventiva en 53 operativos en 24 zonas estratégicas de la delegación de seis delegaciones y como consecuencia de ello, se habían logrado disminuir, en términos de un mes, poco más del 7% de los delitos federales y que había logrado incrementarse, en la misma proporción, los delitos del fuero común; eso está sustentado en la información dada por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal.
En esta ciudad y creo que no es válido que se venga a plantear un tema argumentando que es un golpeteo, no.
Miren, la afirmación del diputado que se apuntó en contra de admitir la proposición, vino a decir que en las zonas pobres se delinque por la situación económica...
EL C. PRESIDENTE.- Diputado Salinas, permítame usted.
EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, (desde su curul).- Señor Presidente, es para pedir la palabra. Estoy escuchando con atención al orador.
EL C. PRESIDENTE.- Continúe, diputado.
EL C. DIPUTADO ARMANDO SALINAS TORRE.- Vinieron a afirmar que por la situación económica se delinque en Iztapalapa, lo cual quiere decir que por consecuencia, los pobres son delincuentes; nunca nada más falso, Es completamente sobre reactivo, reaccionaron de más.
Se vino a hacer un planteamiento serio de discutir el tema de la inseguridad en la Ciudad de México, en una ciudad donde hace pocos días, una vez más, se asesina por completo a una familia por un delincuente y ha sido el tema de los capitalinos durante días y días y lo viene siendo desde hace muchos años.
La propuesta es muy clara y por eso nos inscribimos para hablar en pro del punto de acuerdo, que se admita y se turne, y se turne a la comisión que lo tenga que dictaminar.
Si quien pidió abrir un debate y hablar en pro y en contra y empezó a aludir, fue la persona que consideró que era un tema que golpeteaba al gobierno. Hay que reconocer las cosas, el tema de la seguridad pública se tiene que abordar con toda seriedad.
Y vaya un reconocimiento a como lo han venido trabajando en la Secretaría de Seguridad Pública, en su coordinación tanto federal como estatal. Pero también vaya a la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados.
Porque déjenme decirles que gran parte de los operativos que se han implementado en estas coordinaciones, fueron propuestas de un diputado del PRD, el diputado Círigo. El diputado Círigo planteó puntos específicos de acción para llevarlo a cabo.
Esperemos admitan que esto se turne a una comisión y se debata como debe de ser.
Muchas gracias.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
-DIP. MANUEL CASTRO Y DEL VALLE (desde la curul) Pido la palabra para hechos.
-PRESIDENTE: No hay hechos diputado en este capítulo. Ya ha pasado un orador en contra y uno a favor.
Debo decirle que estamos con fundamento en el artículo décimosegundo del acuerdo parlamentario relativo a la integración del Orden del Día.
Yo pediría por favor a la secretaría mediante votación económica, pregunte a la asamblea si se admite el presente punto de acuerdo.
-DIP. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se admite la propuesta sobre la problemática de seguridad en el Distrito Federal, propuesta por la diputada Nelly Campos Quiroz.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Mayoría porque se acepte señor presidente.
-PRESIDENTE: Se admite el presente Orden del Día y se turna a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal.
En términos estrictos estamos ya en el tiempo reglamentario.
He recibido la solicitud de permitir la presentación de un último Punto de Acuerdo. Pregunto a los señores coordinadores si no hay inconveniente en este sentido.
-DIP. MANUEL CASTRO Y DEL VALLE (DESDE LA CURUL) A título personal yo quisiera hacer un extrañamiento a la mesa porque se permitió que se debatiera el fondo del asunto respecto al cual se estaba haciendo la propuesta y no si se admitía o no se admitía. No se dieron razones para la no admisión de la propuesta de Punto de Acuerdo a debate en comisiones.
Si así vamos a hacer con cualquier punto de acuerdo que se proponga al Pleno, no vamos acabar nunca, debemos turnar el Punto de Acuerdo a la comisión que corresponda y no dar pie a que se debata el fondo del mismo.
-PRESIDENTE: Gracias diputado.
Registramos sus comentarios pero debo recordarle que es muy claro el artículo décimosegundo en el sentido de que es derecho de algún diputado de cualquier fracción, oponerse a la inclusión de un punto de acuerdo.
Está fundamentado repito, en el artículo décimosegundo.
(Escándalo en el Salón)
-PRESIDENTE: De todas manera registramos sus comentarios y se lo agradezco mucho.
El último punto del Orden del Día es el punto de acuerdo para aumentar el presupuesto que PEMEX otorga para el desarrollo social de las entidades federativas donde extrae, refina y conduce petróleo.
El diputado Abel Trejo González, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos.
-DIP. ABEL TREJO GONZALEZ: Muchas gracias. Con su permiso señor presidente.
"Punto de Acuerdo en apoyo al Congreso Local del Estado de Chiapas y otros estados que lo han planteado ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para aumentar el presupuesto en materia de desarrollo social para beneficio de los municipios de la zona de influencia, derivados de la extracción y procesamiento del petróleo, descrito en la siguiente Exposición de Motivos:
Exposición de Motivos.
La industria petrolera nacional ha sido, desde hace décadas, el puntal de desarrollo de México. Desde su nacionalización el país ha girado en torno a la explotación y derivados del llamado oro negro, que representa el 60% de los ingresos del producto interno bruto, convirtiéndose así en la quinta empresa petrolera en el mundo.
Pemex pretende ser siempre una empresa limpia y segura, comprometida con el medio ambiente. Su alta rentabilidad y la futura modernización de su régimen fiscal le puede permitir seguir siendo un importante contribuyente al erario público, cuyos recursos pueden ser utilizados en beneficios palpables del país.
Sin embargo, el impacto ambiental que la empresa ha dejado en aquellos lugares donde se han instalado las refinerías, la industria petroquímica, los centros de distribución y los ductos que trasladan los hidrocarburos, han visto afectados sus sistemas ecológicos y con ello se ha iniciado un proceso de degradación ambiental.
Es por ello que Petróleos Mexicanos creó la Dirección Corporativa de Seguridad Industrial y Protección Ambiental. Esta instancia fue creada con el propósito de concebir e implantar los sistemas de administración que permitan tener operaciones más seguras y más respetuosas del medio ambiente.
Es así que en el año de 1998 el programa estratégico comenzó por definir la política de seguridad y protección ambiental, a partir del cual se construyó el Sistema Integral de Administración de Seguridad Industrial y la Protección Ambiental, donde Pemex debe asegurar la compatibilidad de los objetivos económicos con los objetivos de la seguridad y la protección del medio ambiente.
Es bajo este esquema que Petróleos Mexicanos aporta recursos económicos a los gobiernos estatales y municipales para el apoyo del desarrollo sustentable, buscando promover la integración de acciones que armonicen la operación y el crecimiento de Pemex con su entorno, según se desprende del apartado sobre desarrollo social del informe de labores del año 2001, en el cual la empresa aportó un total de 681 millones 741 mil 395 pesos, de los cuales el 57.9% fue en efectivo y 42.1% en especie, mediante la donación de asfalto, combustible, tubería, mobiliario y equipo, como se hace constar en el Informe de Labores de Pemex del año 2001, en el apartado de desarrollo social.
A los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, entidades donde Pemex tiene mayor presencia operativa, se canalizaron 315 millones de pesos, aproximadamente; a Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca y Tamaulipas se aportaron aproximadamente 37.4 millones de pesos y el resto a otras entidades del país, bajo los criterios que definió el Consejo de Administración.
De acuerdo al concepto de desarrollo social de Pemex, en el año de 2001 inició la integración de una serie de indicadores para cuantificar y evaluar sus impactos en las principales localidades petroleras en diversos rubros sociales, como son salud, educación, calidad de vivienda y empleo.
Sin embargo, la interpretación conceptual que Pemex tiene sobre el desarrollo social ha determinado que los recursos para este rubro que la empresa destina a las entidades federativas haya sido de bajo impacto y de una lenta distribución y ejecución por parte de la paraestatal.
De igual forma es necesario que el radio de reconocimiento de contaminación se amplíe de 10 a 15 kilómetros, puesto que el actual no reconoce el proceso de contaminación que sufren las comunidades situadas más allá del radio actual.
Respetuosos del marco jurídico que rige la vida institucional del Estado mexicano y reconociendo los diversos ordenamientos en materia presupuestal para los organismos públicos descentralizados, alentamos al Poder Ejecutivo que reflexione sobre esta problemática que la industria petrolera nacional genera en aquellos lugares y canalice los recursos suficientes de manera coordinada, transparente y con un alto sentido de equidad.
De lo anterior se solicita se apruebe el siguiente punto de acuerdo:
Primero. Se solicita a la Comisión de presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados asigne en el presupuesto de egresos de la Federación para el año 2003 recursos adicionales a Pemex para que se ejerza en el rubro de desarrollo social y que tiene como objetivo reducir los impactos que por la extracción y procesamiento de petróleo se hace en diversas entidades federativas, principalmente en Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato, Nuevo León y Chiapas, en donde se extrae y refina petróleo y sus derivados, para ser aplicado por conducto y con la supervisión de los gobiernos de las entidades federativas.
"Segundo.- Se exhorte al Consejo de Administración de PEMEX, instruya a las áreas competentes a realizar los estudios técnicos y presupuestales para que se amplíe el radio de reconocimiento de contaminación de diez a quince kilómetros y se ejecuten los programas de Atención al Impacto Ambiental en aquellos municipios y regiones comprendidas en el límite solicitado".
Atentamente diputados. Irma Piñeyro arias, Jaime Larrazabal Bretón, Edith Escobar Camacho, Lilia Mendoza Cruz, José Soto Martínez, Angel Meixueiro, Miguel Angel Moreno Tello, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Coheto Martínez y un servidor Abel Trejo González. Muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
En vista de que se ha cumplido el tiempo reglamentario, solicito a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Da lectura al orden del día de la próxima sesión)
- EL C. PRESIDENTE (A las 15:31 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles cuatro de diciembre a las diez horas.