041202

LVIII LEGISLATURA
SESION DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.

4 DE DICIEMBRE DE 2002

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (Suena la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 292 ciudadanos diputados. Por lo tanto, hay quórum.

- EL C. PRESIDENTE (A las 10:24 horas): Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: Se va a dar lectura al orden del día.

(Da lectura al orden del día)

Es cuanto a la orden del día, diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Diputado Valenzuela. Por favor sonido en la curul del diputado Valenzuela.

- EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA CABRALES (PAN. Desde su curul): Diputado Presidente: Quiero manifestarle que en días pasados se dio a conocer un acuerdo de la Junta de Coordinación Política en el que se manifestaba que las sesiones iban a comenzar a las diez de la mañana y el cierre del sistema electrónico de votación a las diez treinta de la mañana.

Quiero decirle que lo único que se ha cumplido es el segundo precepto, o sea, el cierre del sistema electrónico de votación a las diez treinta o cercano a las diez treinta.

Yo tengo una sugerencia, ciudadano Presidente, de que el cierre del sistema electrónico de votación ocurra media hora después de iniciada la sesión, para respetar ambos acuerdos.

Gracias, diputado Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Diputado. Tomamos en cuenta su sugerencia y lo discutiremos en la Conferencia para analizar esta posibilidad.

Diputado Del Río Virgen.

- EL C. DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN (CD. Desde su curul): Señor Presidente: Yo por lo pronto rogarle que se honre el acuerdo y que se apague el sistema electrónico. Estamos en hora de apagarlo ya. Gracias, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado.

Ciertamente, de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruya su cierre.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 329 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

- EL C. PRESIDENTE: La diputada Lorena Bearregard.

- LA C. DIPUTADA LORENA BEARREGARD DE LOS SANTOS (PRI. Desde su curul): Sí, diputado Presidente. La propuesta del diputado Valenzuela es en el sentido de que una vez iniciada la sesión, a los treinta minutos de iniciada justamente se apague el tablero. Y esa propuesta es parte del acuerdo que se había tomado para efecto de las sesiones.

Lo que está pidiendo el diputado Del Río Virgen es ordenando a la Presidencia que apague el tablero.

A mi me parece que lo correcto es que la Presidencia espere efectivamente los treinta minutos transcurridos posterior al inicio de la sesión.

Gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputada.

Le pido a la Secretaría dé lectura del acuerdo relativo al cierre del tablero.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: <<Acuerdo de la mesa directiva relativo al sistema electrónico de registro de asistencia.

<<Primero. Se instruye a los Secretarios de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados para que el sistema electrónico de asistencia sea abierto a las ocho treinta horas y cerrado, con instrucción de la Presidencia, media hora después del término del citatorio que a la sesión de que se trate haya hecho la mesa directiva, o sea, cuando se cite a las diez horas el sistema electrónico de registro de asistencia se cerrará a las diez treinta horas y así respectivamente, según el horario del citatorio a la sesión ordinaria.

<<Segundo. En sesiones no ordinarias o en otras que se celebren en horas diversas la Presidencia de la mesa directiva dictará oportunamente el trámite de apertura y cierre del registro electrónico de asistencia.

<< T r a n s i t o r i o :

<<Unico. El presente acuerdo entrará en vigor el día martes cinco de noviembre de dos mil dos.

<<Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los treinta días del mes de octubre de dos mil dos>>

Por la mesa directiva firman todos sus miembros.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias.

La diputada Hilda Anderson. Sonido en su curul, por favor.

- LA C. DIPUTADA HILDA ANDERSON NEVAREZ (PRI. Desde su curul): Gracias, señor Presidente.

Quiero informarle que afueras de esta Cámara, todo lo que la rodea, es imposible llegar. Yo tuve que venirme a pie cerca de diez cuadras. Por eso estoy llegando a esta hora.

Le ruego a usted tenga benevolencia con todos los demás compañeros que no están todavía en el recinto.

- EL C. PRESIDENTE: A todos los diputados que no alcanzaron el tablero electrónico se les va a llegar a hacer una tarjeta para justificar la asistencia, para tener registro de asistencia. Y de todas maneras esta mesa directiva toma en cuenta la sugerencia de los treinta minutos después de iniciar la sesión, para plantearlo en la Conferencia para los trabajos parlamentarios.

El diputado Mendieta. Por favor, sonido en su curul. (Sigue turno 2)

El diputado Mendieta. Por favor, sonido en su curul.

-DIP. ALBINO MENDIETA CUAPIO (desde la curul): Presidente de la Mesa, de la misma manera reporto mi asistencia por tener dificultades aquí en el acceso y aquí en el tablero electrónico; fue el motivo de no haber registrado oportunamente mi asistencia, además de estar en reuniones de fracción parlamentaria. Sea tan amable de registrar mi asistencia, Albino Mendieta Cuapio, curul 480.

-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Queda registrada la observación. Igualmente se le hará llegar una tarjeta.

Proceda la Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.

-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Mayoría por la afirmativa.

-MISMO PRESIDENTE: Aprobada el acta.

Comunicaciones.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación del Congreso del Estado de Hidalgo)

-MISMO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Educación.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación el Congreso del Estado de San Luis Potosí)

-MISMO PRESIDENTE: De enterado.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación del Congreso del Estado de Yucatán)

-MISMO PRESIDENTE: De enterado.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

con que remite Punto de Acuerdo en relación a la revisión

del Presupuesto del año 2003, para considerar un aumento

al monto de las pensiones de los jubilados y pensionados

del IMSS y del ISSSTE)

-MISMO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito

Federal, sobre la elección de la Mesa Directiva que

Funcionará del 1º al 31 de diciembre del 2002)

-MISMO PRESIDENTE: De enterado.

-MISMO SECRETARIO:

(OfiOficio Oficio del Gobierno del Estado de Tamaulipas)

MISMO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

-MISMO SECRETARIO: Oficios de la Cámara de Senadores.

(Oficio de la Cámara de Senadores donde remite Punto

de Acuerdo por el que solicita que en el Presupuesto

de Egresos del año 2003, se tomen en cuenta medidas

de ajuste técnico en el capítulo agropecuario)

-MISMO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio de la Cámara de Senadores, donde remite Punto

de Acuerdo por el que solicita se emita el dictamen de la

Minuta Proyecto de Decreto que reforma la Ley del Sistema

Horario en los Estados Unidos Mexicanos)

-MISMO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Energía.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio de la Cámara de Senadores, donde remite Punto

de Acuerdo por el que solicita se dictamine la iniciativa

que deroga el Impuesto sobre la Venta de Bienes y

Servicios Suntuarios)

.EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Se encuentra a las puertas de este Recinto el ciudadano Arturo Díaz Ornelas, Diputado Federal Electo en la Segunda Circunscripción Plurinominal.

Se designa en Comisión para que lo acompañen en el acto de rendir la Protesta de Ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos Diputados: Diputado Javier García González, Diputado Javier Rodríguez Ferrusca, Diputada Teresa Campoy Ruiz Sánchez, Diputado Jaime Cervantes Rivera, Diputado Francisco Patiño Cardona.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. Se pide a la Comisión cumplir con este encargo.

Se invita a los presentes a ponerse de pie.

-EL C. PRESIDENTE. Ciudadano Arturo Díaz Ornelas. "¿Protesta guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Diputado que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación?"

-EL CIUDADANO DIPUTADO ARTURO DIAZ ORNELAS. "SI PROTESTO2.

-EL C. PRESIDENTE. "Si así no lo hicieres, que la nación se lo demande" (aplausos)

Continúe Secretario.

-EL MISMO C. SECRETARIO.

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política

informando que el C. Diputado Enrique Herrera y

Bruquetas asumirá la Secretaría de dicha Comisión)

-En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Mayoría por la afirmativa, Presidente.

-EL C. PRESIDENTE. Aprobado.

Estamos en el Capítulo de Iniciativa de ciudadanos Diputados.

Tiene la palabra el Diputado Jesús Alí de la Torre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa que reforma los Artículos 4 y 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

-EL C. DIPUTADO JESUS ALI DE LA TORRE:- Muchas gracias Diputado Presidente en Funciones. Muy buenos días, compañeras y compañeros Legisladores. Es una gran distinción el acudir a esta alta tribuna de la Nación para-presentar una Iniciativa a nombre de diversas Diputadas y Diputados que integramos esta Legislatura del Congreso de la Unión en una materia sin lugar a dudas importante, en la que el Congreso de la Unión ha tomado medidas, sin lugar a dudas relevantes, en un asunto que conlleva nuestra vocación como nación, como lo es nuestra perspectiva de Equidad y Género.

Hemos dado pasos importantes como fue la creación del Instituto Nacional de Migración, pero sin embargo necesitamos una ruta que venga marcada en nuestros ordenamientos constitucionales, además de tomar medidas más allá de programas sociales de índole paternalista, aquellos que puedan impulsar la productividad y que nos puedan también llenar de mayores iniciativas como son las mujeres que trabajan con su valentía, con su gallardía, con su iniciativa y sobre todo aquellas quienes más lo necesitan porque –como son los datos del INEGI- una de cada cinco mujeres en este país son sostén único de sus hogares.

El párrafo cuarto de nuestra Constitución establece textualmente en un enunciado que desgraciadamente queda casi siempre en el terreno declarativo de que: "… el varón y la mujer son iguales ante la ley sin que se reconozcan y definan mecanismos y ordenamientos para asegurar y garantizar que la legislación secundaria federal y local efectivamente se cumpla con el postulado constitucional abriendo paso a mecanismos de defensa y control constitucional cuando ello no resulte cumplimentado por el legislador ordinario".

Efectivamente, al no disponerse en el citado párrafo otra cosa que la declaración de igualdad de género, no se reconoce ni por lo tanto se abre la posibilidad de abatir el persistente fenómeno de inequidad de género especialmente en cuanto a las escasas oportunidades y nulo reconocimiento que el Estado otorga a las mujeres colocadas en franca situación de inequidad, tanto en el ámbito laboral como en los aspectos fiscales y de apoyo gubernamental como son las mujeres trabajadoras y las madres solteras y jefas de familia.

En esa tesitura se propone la reforma del citado párrafo segundo para quedar como sigue: "Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta deberá establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad de género, especialmente en el caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia además de proteger la organización y el desarrollo de la familia.

En el artículo 25 de la Constitución, se establecen las bases para la planeación, la conducción y coordinación de la actividad económica nacional y define al Estado como responsable de la rectoría del desarrollo y garante de su sustentabilidad que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad, de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución.

Como es de verse, nuevamente el texto constitucional incurre en generalidades de orden declarativo que al no poder ser expresamente referenciadas a circunstancias y casos específicos, permiten y propician la indefensión y trato inequitativo y desigual aun importante sector de la población que como nuestras mujeres representa poco más de la mitad de los habitantes del país y un enorme potencial de esfuerzo y aportación a las causas nacionales que resulta muchas veces menospreciado y desperdiciado por la falta de reconocimiento de la ley secundaria a sus particulares y condiciones.

Por el contrario, la introducción de una perspectiva de género en las leyes y las políticas públicas significa la promoción de la igualdad y por tanto reduce las causas y efectos de la discriminación.

En esa tesitura se propone adicionar un último párrafo al artículo 25 constitucional para quedar en los siguientes términos: La ley establecerá obligatoriamente mecanismos y dispositivos que alienten el esfuerzo de las mujeres, especialmente de aquellas que sean el único o principal sostén de sus hogares. Los ordenamientos en materia de planeación del desarrollo así como las disposiciones de orden presupuestario y fiscal, en su caso, deberán formularse bajo una reconocible perspectiva de genero que garantice la igualdad y equidad y el desarrollo familiar.

Según datos decíamos del INEGI, derivados del conteo general de población 1995 y el censo del 2000, el número de mujeres en México que son jefas de familia y sostienen íntegramente sus hogares, ya sea por ser madres solteras, abandonadas, viudas o responsables solidarias, es de una proporción de casi de veinte de casi cien hogares, es decir una de cada cinco familias mexicanas, es sostenida económica por una mujer trabajadora.

Lo anterior deposita bajo la responsabilidad de las mujeres jefas de familia, no sólo la carga del sostenimiento económico de sus hogares, sino que además deben hacerse cargo de la educación y formulación de sus hijos menores de edad, cuando los hay o de otro genero de dependientes económicos como pudieran ser hermanos menores, padres o adultos mayores no trabajadores, o inclusive en algunos casos cónyuges incapacitados o no productivos.

En la mayoría de los discursos y propuestas de las políticas se otorga a la institución familiar un papel central, llama la atención entonces la falta de correspondencia entre la extrema importancia asignada a las familias por los gobiernos, las instituciones civiles y religiosas y las personas y su ausencia o su valoración en las políticas públicas, especialmente en el ámbito laboral y fiscal. De igual manera a últimas fechas se han venido introduciendo en la legislación social y en los ejercicios presupuestales a nivel federal y en algunos casos estatal, criterios de equidad y justicia hacia los sectores de población marginado, como es el caso de mujeres jefas de familia, tales como el concepto de perspectiva de genero el cual implica un mayor, aunque todavía insuficiente grado de responsabilización del poder público hacia los grupos más vulnerables de la economía y de la sociedad.

Todo lo anterior aún cuando representa beneficios a condiciones de vida del sector de la población de que se trata, no constituye más que paliativos en el difícil entorno económico y social en que se desenvuelven, por lo tanto se requiere que el estado mexicano incorpore tanto a nivel constitucional, como legal, medidas más eficaces de apoyo ante una realidad social que demanda un compromiso indubitable y no meramente partenalista del poder público para con los grupos vulnerables de la población.

El país, sus legisladores y la sociedad en conjunto, estamos obligados a reconocer y aprovechar el infinito potencial de cambio social, que las mujeres representan para nuestras comunidades, especialmente aquéllas que por diversas circunstancias han debido hacerse cargo del sostenimiento integral de sus hogares. A esos esfuerzos individuales debe corresponder el reconocimiento colectivo institucional del estado, para fortalecer la capacidad de los mecanismos nacionales de promoción de la mujer, así como para integrar sus demandas y necesidades en los programas de buen gobierno y reforma del estado. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE:- Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates.

Tiene la palabra el diputado José de Jesús López Sandoval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reformas al 3 párrafo de la fracción XIII del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.

EL DIP. JOSE DE JESÚS LOPEZ SANDOVAL: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores.

El que suscribe, Jesús López Sandoval, diputado federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 de nuestra Carta Magna, así como de los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Constituyente Permanente y para efectos de lo establecido en el artículo 135 constitucional, la siguiente iniciativa de decreto por el cual se expide la reforma del 3er párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, solicito a la Presidencia de la manera más atenta, sea insertada en su totalidad la presente iniciativa de ley en el Diario de los Debates.

En México actualmente existen infinidad de problemas sociales en los cuales se necesita que se organice la justicia, la equidad y la seguridad pública, para la mejor convivencia de los individuos, miembros integrantes de los diferentes grupos sociales.

Es notorio el hecho de que en los últimos años se observa de manera palpable la inconformidad en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, cuestionándosele la vigencia y eficacia de las instituciones al observarse que éstas y los principios que las rigen ya no van de acuerdo a los principios generales de la convivencia social.

En este contexto, la sociedad mexicana reclama de los poderes instituidos, la actualización en los hechos de la eficaz y garantía de sus bienes de la persona, actos que tienen como objetivo final garantizar la seguridad pública.

En este mismo sentido, es del conocimiento general que uno de los grandes enemigos de la seguridad pública y de todos los actos encaminados a la garantía, lo es la corrupción existente tanto en el interior de las instituciones de gobierno como en cada uno de los ciudadanos que indebidamente consideran como un reto personal la violación sistemática de todos y cada uno de los que integramos la sociedad en su convivencia; corrupción que hace muchos años los actos de Estado queden en un buen nivel los deseos y enormes fracasos.

Es por ello que el combate a la corrupción debe ser considerado como un problema de primer orden en el Estado, en el cual debe reconocerse que no siempre ha sido eficazmente enfrentado, ya que no siempre ha dado respuestas que resulten convincentes y oportunas para combatirlas y garantizar la seguridad pública, en lo que los principios rectores de cada uno de los actores de la sociedad busquen erradicar de una vez por todas la injusticia, considerando sobre todo que de no hacerlo el costo social es el de enfrentar una consecuencia natural, que es la crisis económica, política y de convivencia generadas por el Estado y sus ineficaces y corruptas instituciones.

Es del dominio público la percepción de que cada día se incrementa la violencia en todos los ámbitos de la vida social, lo que trae como consecuencia el sentimiento generalizado de la inseguridad de la sociedad, que ante el temor de verse expuestos y sometidos a los actos violentos apremia al Estado con la búsqueda de medidas urgentes y eficaces para reestablecer de una vez por todas la tranquilidad y la paz pública.

Cabe destacar que el orden y el interés de la sociedad exigen que los derechos humanos sean ante todos respetados a fin de que no se obstaculice el bienestar y el progreso de la individuos y a su vez poder satisfacer adecuadamente esa exigencia.

La declaración o el otorgamiento institucional obliga a los órganos y autoridad a respetarlos y reconocer su efectividad, porque sólo así se mantendrá el orden jurídico instituido para la existencia y desarrollo del Estado.

Definitivamente, lo que hoy día se necesita es que el Estado a través de sus órganos y autoridades, solucione los conflictos sociales políticos y económicos existentes, pero a condición de que cada acto de gobierno se rija por el marco legal que permite y limita su poder como tal, garantía que exige el estado de derecho cuyos principios rectores son las garantías de legalidad y certeza jurídica que conlleva a la actuación del Estado dentro del marco normativo existente.

Ahora bien, para lograr lo que por el momento parece ser la utopía de la seguridad, es importante contar con elementos capaces, dignos y honestos que ayuden y apoyen y conserven la convivencia social.

Para lograr este objetivo, por principio debe buscarse la profesionalización de los cuerpos de seguridad, después de ello debe administrarse en forma eficiente los cuerpos policiales, dándoles un campo normativo desde el ámbito constitucional, que conlleve como consecuencia, la lucha firme y permanente en la prevención del delito, como lo dijera el célebre Maestro Epiza César Becaria que también garantiza la independencia del Poder Judicial y prevea mecanismos efectivos de acceso a la justicia y control de los actos de autoridad.

Más sin embargo, nuestra población está consciente de que el estado de derecho depende de la conservación de la paz social y la construcción de una mejor democracia.

Como legislador, integrante de la LVIII Legislatura, cada día forcejeo en la búsqueda de los recursos legales necesarios para edificar un país en donde la norma jurídica sea respetada en su aplicación, sea igual para todos, castigando la arbitrariedad, la corrupción e impunidad, cuya aplicación sea por igual a aquellos que comentan delitos de los considerados graves como los infrinjan los que establecen nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan.

Sólo la aplicación de la ley, el acceso igualitario y oportuno a la justicia, garantizan la imposición del estado de derecho en el disfrute y goce de las garantías individuales como son: certeza, seguridad jurídica, así como los principios generales del derecho relativos a la división de poderes de legalidad, de reserva, de igualdad y legitimidad en los cuales se despliega la preeminencia de cada persona y el bien común de la sociedad en su conjunto.

El Estado emerge adquiriendo potestades o facultades que le denotan poder para atender y solucionar cualquier problemática que pudiera existir en la sociedad. Ahora bien, el ejercicio de esa potestad o poder puede realizarse bajo la observación y límites que derivan la propia consideración de hombre o la misma concepción del Estado.

Es importante destacar que uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple su función de manera gratuita y expedita y adecuada, es el derecho, entendido éste como un conjunto de normas, reglas de conducta que tienen como objetivo la conducta de los individuos, sino también propiamente el comportamiento de los órganos del Estado, surgiendo así la idea de que el Estado tendrá que contar con un orden jurídico y regirse por él mismo, apareciendo entonces el concepto original del estado de derecho como aquél que establece en forma precisa un orden jurídico y regirse por el derecho, además de estás características como las que se plantearon precisamente hacia la segunda mitad del Siglo XVIII con las ideas manifiestas de grandes filósofos y pensadores, como fueron Montesquieu, Voltaire y Rosseau.

En los últimos tiempos se ha reiterado constantemente que el estado de derecho es un estado de leyes o de legalidad, en donde la sociedad se sujeta a vivir bajo normas jurídicas previamente establecidas, respetando las garantías individuales y la división de Poderes, en donde no se permita la impunidad ni nadie está por encima de la ley y cuya característica intrínseca es el Poder Judicial que sea autónomo.

Muchas gracias diputado presidente.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates.

La iniciativa que presentaría el diputado Tomás Torres Mercado a solicitud de su grupo parlamentaria, se pospone para la siguiente sesión.

Tiene la palabra el diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley de Aguas Nacionales.

-EL C. DIPUTADO GREGORIO ARTURO MEZA DE LA ROSA: Con la venia de la presidencia. Los que suscriben, diputados integrantes de esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 71 fracción II, 72 fracción XXIX G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía iniciativa de ley que reforma diversas disposiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y a la Ley de Aguas Nacionales.

Exposición de motivos.

El agua es elemento natural, origen y destino imprescindible de la vida en el planeta, el 75% de la superficie total de la tierra está cubierta por agua, sin embargo, sólo es posible utilizar un pequeño porcentaje para su consumo humano.

Hacer llegar el agua a todos los hogares, ciudades y lugares que lo necesitan, representa conducir, extraer y potabilizar mediante complejos procesos químicos, caudales gigantescos, que en algunos casos, como en la ciudad de México, alcanzan más de 62 m/2 de agua por segundo.

El consumo de agua potable en México ha crecido a ritmos que superan con mucho la posibilidad de ofrecer a las fuentes de abastecimiento, el tiempo suficiente para recargarse, de tal suerte que del proceso fuese sustentable.

Ese acelerado crecimiento del consumo ha impulsado, en primera instancia, por el crecimiento de la actividad económica y por el crecimiento demográfico, pero también por tres factores que juegan cada vez un papal más incisivo en esta dinámica:

1º.- Las tarifas bajas que propician el desperdicio.

2º.- La casi inexistencia de infraestructura para facilitar la recarga artificial de los mantos acuíferos junto con la acelerada desaparición de superficies de suelos permeables, y

3º.- Por el reducido volumen de aguas residuales sujetas a tratamiento, para ser reutilizadas en diferentes aplicaciones.

Los procesos hidráulicos no terminan en proporcionar el agua a los habitantes, sino que son seguidos por otros procesos de igual complejidad para completar el ciclo, como el desalojo de aguas residuales y plurales, en el tratamiento de éstas para el reuso.

La recarga de los mantos acuíferos con agua de lluvia, requieren una contaminación de presas de almacenamiento, infraestructura de limpieza y de pozos de absorción, mientras que la recarga artificial con agua residual, requiere un tratamiento de purificación y pozos de absorción.

Indudablemente que cualquiera de estos procesos requiere de inversiones cuantiosas, pero en el mediano y largo plazo será más caro, económica y ambientalmente, mantener los niveles de agotamiento de los mantos que vemos hoy en día.

Baste saber que en la Ciudad de México, el agua puesta en la llave de cualquier hogar con el costo de potabilización, distribución, drenaje, administración y financiamiento, si ésta proviniera del Temascaltepec costaría 10 pesos con 33 centavos el metro cúbico, la que proviene del Cutzamala actualmente cuesta 5 pesos con 37 centavos metro cúbico; el costo promedio del suministro de todas las fuentes es de 3.50 pesos metro cúbico. Estos costos son los reales que si los comparamos con las tarifas y con la recaudación real por el servicio de agua, encontramos en todas las ciudades diferenciales, que a la larga serán insostenibles.

El tratamiento de aguas residuales se ha venido consolidando consistentemente como indicador del desarrollo de los países, en vista de que constituye un elemento insustituible del desarrollo sustentable y recordemos que cuando hablamos de la sustentabilidad del desarrollo estamos en realidad hablando de la preservación, hoy, de la vida futura.

En este sentido, cualquier acción que contribuya a asegurar el abasto futuro del agua potable, actúa en realidad como un seguro de vida comunitario y la acción más racional es sin duda alguna el tratamiento de las aguas residuales, el limpiar y utilizar un elemento vital y no renovable. La acción que aportaría caudal adicional y resulta más barata, es la sustitución de muebles y accesorios sanitarios con mejor consumo de agua y la recarga artificial de los mantos con agua de lluvia y aguas residuales.

Otras acciones adicionales para facilitar la factibilidad del abasto son las siguientes: la posibilidad de inyectar a la red de distribución los escurrimientos del suelo de conservación para abastecer directamente a la población; reducir el agotamiento de los acuíferos inyectando agua residual tratada a nivel terciario;

La limitada capacidad en volumen y en calidad de tratamiento de aguas residuales que padece México, afecta también la salud de la actividad agrícola, ya que muchas de las aguas residuales sin tratamiento o con tratamiento deficiente se utilizan para regar sembradíos, lo cual evidentemente es foco de enfermedades para los cultivos y para las tierras.

En nuestro país existe la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SOL-1996, así como la Ley Federal de Derechos en su artículo 278-B fracción II, las cuales consideran con precisión los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en los cuerpos receptores.

Sin embargo, la experiencia ha demostrado que es conveniente reforzar las especificaciones de las normas a los mandatos específicos en las leyes aplicables, de tal suerte que se induzca a la sociedad y particularmente a los sectores industrial y de servicios a asumir de lleno la responsabilidad que les corresponde en la tarea de dar tratamiento a las aguas residuales que ellos mismos generan, de tal suerte que se haga efectivo el cumplimiento de las especificaciones establecidas en las normas.

En base en lo anterior y en función del bienestar de los mexicanos, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presenta a esta soberanía de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 92, 93, 117 párrafo primero fracciones I, II, III y V; 119-bis primer párrafo y su fracción II y el artículo 122 primer párrafo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y el artículo 86 en sus fracciones I, IV y VI de la Ley de Aguas Nacionales para quedar como sigue:

Artículo 1º. Se reforman los artículos 92, 93, 117 párrafo primero fracciones I, II, III y V, artículo 119-bis primer párrafo y su fracción II y el artículo 122 primer párrafo de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la protección para quedar como sigue:

Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 92. Con el propósito de asegurar la disponibilidad del agua, abatir los niveles de desperdicio, las autoridades competentes promoverán el ahorro y uso eficiente del agua, así como el tratamiento de aguas residuales, municipales, agrícolas y de servicios.

El tratamiento de aguas residuales podrá ser obligatorio en los términos que establezcan la reglamentación y la normatividad aplicable".

"Artículo 93.- La Secretaría verificará y sancionará la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales, municipales, estatales, industriales y de servicios, en los términos de la reglamentación y normatividad aplicable y realizará las acciones necesarias para evitar y en su caso controlar procesos de utroficación, salinización y cualquier otro proceso de contaminación de las aguas nacionales".

"Artículo 117.- Para la prevención, control de la contaminación y el reuso del agua, se consideran los siguientes criterios:

"Fracción I.- La prevención, control de la contaminación y el reuso del agua y el tratamiento de aguas residuales, son actividades fundamentales para evitar que se reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas del país".

"Fracción II.- Corresponde al estado, a la sociedad, en particular a los sectores que se dedican a realizar actividades productivas, industriales y de servicios, prevenir la contaminación de ríos, cuencas, vasos, aguas marinas y demás depósitos y corrientes de agua incluyendo las aguas del subsuelo".

"Fracción III.- El reaprovechamiento del agua en actividades productivas, en particular las industriales y de servicios susceptibles de producir contaminación, conlleva la responsabilidad de tratamiento para su reuso y posteriomente para su descarga, para reintegrarla en condiciones adecuadas para su utilización en otras actividades y para mantener el equilibrio de los ecosistemas".

"Fracción V.- La participación y corresponsabilidad de la sociedad, en particular de los sectores que desarrollan actividades industriales y de servicios, es condición indispensable para evitar la contaminación del agua".

"Artículo 119 Bis.- En materia de prevención y control de la contaminación del agua, corresponde a los gobiernos del Distrito Federal, de los estados y de los municipios, por así y a través de sus organismos públicos que administren el agua, de conformidad con la distribución de competencias establecidas en esta ley y conforme lo dispongan sus leyes locales en la materia".

"Fracción II.- La vigilancia de las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, así como requerir a quienes generan descargas a dichos sistemas y no cumplan con éstas, la instalación de sistemas de tratamiento, de conformidad con la reglamentación aplicable".

"Artículo 122.- Las aguas residuales provenientes de usos públicos, urbanos y de procesos industriales y de servicios y agropecuarios, que se descarguen en los sistemas de drenaje y alcantarillado de las poblaciones o en cuencas de ríos, cauces, vasos y demás depósitos o corrientes de agua, así como las que por cualquier medio se infiltren en el subuelo y en general las que se derramen en los suelos, deberán reunir las condiciones necesarias para prevenir".

Señor presidente, le suplico que se incluye completa la presente iniciativa en el Diario Oficial de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria.

-PRESIDENTE: Gracias señor diputado.

Tal y como lo solicita el diputado Meza de la Rosa, publíquese en la Gaceta Parlamentaria e insértese íntegro el texto de la iniciativa, en el Diario de los Debates.

Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.

La iniciativa que presentaría el diputado Héctor Sánchez López, en nombre propio y del diputado José Feliciano Moo y Can, sobre Iniciativa de Decreto por el que se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, se pospone para la siguiente sesión.

En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: la desmedida explotación de los recursos naturales, la contaminación del aire y de las aguas, la destrucción de los bosques, la urbanización cada vez más rápida y desordenada, la contaminación visual y sonora de las ciudades han dejado profundas huellas: el paisaje de la tierra ha sido cambiado.

La sostenibilidad del medio ambiente y de la vida humana no se alcanzará a menos que, entre otras cosas, los asentamientos humanos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales, sean económicamente pujantes, socialmente dinámicos y ecológicamente sanos.

Los asentamientos humanos encierran una promesa de desarrollo humano y de protección de los recursos naturales gracias a su capacidad de mantener a muchas personas, limitando al mismo tiempo su impacto sobre el medio natural.

Entre los objetivos que se pretenden alcanzar se traducen en armonizar los usos y los aprovechamientos actuales con la conservación de los recursos del espacio, evitando, en la medida de lo posible, transformaciones que puedan provocar la pérdida de los valores que fundamentan la protección del paisaje.

En este sentido, en la presente iniciativa se establece una serie de criterios para el desarrollo de las políticas de urbanización con el objeto de compatibilizar las actuaciones que se autoricen, con su adecuación y armonización con el paisaje en el que se inscriben.

Se busca garantizar la conservación del paisaje, hábitat y ecosistemas presentes y de los elementos de interés geológico y geomorfológico que doten de singuralidad al espacio.

También se recogen criterios referidos a tareas de restauración vegetal y ajardinamiento. Otros criterios van dirigidos a las instalaciones y mantenimiento de infraestructuras, propiciando siempre que sea técnica y económicamente viable, que la instalación de nuevos tendidos sea subterránea y las canalizaciones mimetizadas.

La contaminación visual generada por anuncios y avisos publicitarios es un estímulo no deseado que rompe el equilibrio del individuo con su medio, generando toda clase de afecciones, así como también problemas ecológicos, en virtud de que fomenta que algunas especies se alejen, rompiendo con ello el equilibrio ecológico.

Cuando el exceso de imagen supera el máximo de información que el cerebro puede asimilar, se produce una especie de estrés visual. El panorama se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible.

Las carreteras tienen un alto significado paisajístico por las visiones que de ella se obtienen. Aunado a lo anterior, el contenido visual de los mensajes publicitarios en carretera suele ser un importante factor distractivo, especialmente cuando se conduce un vehículo.

Ello trae consigo una consecuencia directa: el riego o la posibilidad de que el número de accidentes registrados en las vías generales de comunicación se incremente.

Por lo anterior y con el objeto de garantizar la seguridad que deben satisfacer las carreteras en nuestro país, así como impedir que se genere contaminación visual, el Partido Verde propone, a través de la presente iniciativa, que se prohiba la instalación de anuncios o avisos publicitarios a ambos lados de la carretera, comprendiendo una extensión territorial considerable.

Propiedad privada inclusive, modalidad impuesta por interés público conforme al artículo 27 constitucional a efecto de abarcar el campo visual susceptible al circular por una vía general de comunicación.

En virtud de lo anterior y reconociendo que el paisaje es en todas partes un elemento importante de calidad de vida de la población, tanto en los medios urbanos como en los rurales, en los territorios degradados como en la gran calidad y en los espacios singulares como en los cotidianos.

Queriendo satisfacer el deseo de la población de disfrutar de un paisaje de calidad, persuadiendo de que el paisaje constituye un elemento esencial del bienestar individual y social y de que su protección, su gestión, su ordenación implican derechos y responsabilidades para cada persona, aunado al reconocimiento constitucional del derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar que existe en nuestra carta magna, deben darse los fundamentos necesarios para reconocer jurídicamente el paisaje en tanto que componente esencial del entorno en el que viven las poblaciones y que con ello se consagre el derecho a un ambiente sano, a efecto de hacerlo acorde con la garantía de nuestro sistema constitucional.

Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 3º. y 28 y adicionan los artículos 155 Bis y 155 Ter, todos de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Y se reforma el artículo 8º. de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal.

Señora Presidenta, solicito se publique la presente en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.

Publíquese íntegramente y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, así como a la Comisión de Comunicaciones y con opinión de la Comisión de Transportes.

Pasamos al Capítulo de Dictámenes de Primera Lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Cinematografía.