5 DE DICIEMBRE DE 2002
SESION DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
5 DE DICIEMBRE DE 2002
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado del cómputo de asistencia de ciudadanos diputados.
-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se encuentran registrados previamente 269 ciudadanos diputados, por lo tanto, hay quórum.
-PRESIDENTA: (10:16 horas) Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.
-MISMO SECRETARIO: Se va a dar lectura al orden del día.
(LECTURA DEL ODEN DEL DIA)
-PRESIDENTA: Está a consideración el orden del día.
No habiendo ninguna observación, pasamos a someter a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
-MISMO SECRETARIO: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Mayoría por la afirmativa, diputada Presidenta.
-PRESIDENTA: Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de comunicaciones.
-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Comunicaciones.
(Oficio del Senado, con el que solicita que en el Presupuesto de
Egresos del año 2003, se aumenten los recursos en el ramo de
Educación, para los profesores que se trasladan a zonas rurales)
PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
-MISMA SECRETARIA:
(Oficio de la Cámara de Senadores transcribe Punto de Acuerdo
para que en el Presupuesto de Egresos del 2003 se aumenten
los recursos a la SEMARNAT, para resarcir los daños ocasionados
al distrito de riego 025)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
-MISMA SECRETARIA:
(Oficio de la Cámara de Senadores donde transcribe Punto de
Acuerdo, por el que solicita que en el Presupuesto de Egresos
de la Federación se aumenten los recursos al Sector Salud)
-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
-MISMA SECRETARIA:
(Comunicación el diputado y doctor Eric Eber Villanueva Mukul,
Vicepresidente de la Mesa Directiva)
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
Túrnense de manera separada y no como Comisiones Unidas, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, otro turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, otro turno a la Comisión de Agricultura y Ganadería, otro turno a la Comisión de Desarrollo Rural, y otro turno a la Comisión Especial de Ganadería. Y márquese copia de los turnos a cada una de las organizaciones participantes en el evento.
Hay comunicaciones de la Junta de Coordinación Política.
-MISMA SECRETARIA:
(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, referente a
que la Dip. Ma. Guadalupe López Mares, sustituya a la Dip. Gina
Andrea Cruz Blackledge, en la Comisión de Gobernación y
Seguridad Pública)
..-LA C. PRESIDENTA. De Enterado.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.
(De la Junta de Coordinación Política remite solicitud
de modificación para que el Diputado Bernardo Borbón
Vilchis sustituya a la Diputada Gina Andrea Cruz B. Como
Integrante en la Comisión de Población, Fronteras y Asun-
torios ).
-LA C. PRESIDENTA. De enterado.
-LA MISMA C. SECRETARIA.
( Se remite Iniciativa con Proyecto de Decreto por el
que se derogan diversos artículos de la Ley sobre
Producción, Certificación y Comercio de Semillas).
-LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería.
Pasando al Capítulo de Iniciativas de ciudadanos Diputados, tiene la palabra el Diputado Jaime Mantecón Rojo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Iniciativa para restringir la Importación de Carnes y Leche hasta en tanto se establezca una nueva fecha para la apertura total de las fronteras en este sector de acuerdo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
-EL C. DIPUTADO JAIME MANTECON ROJO.- Con su autorización, Presidenta. Con las facultades que nos confiere el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la difícil situación por la que atraviesa la actividad ganadera del país con motivo de la desigualdad económica respecto de nuestros socios comerciales con los que tenemos establecido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que la actividad ganadera nacional está considerada una actividad de interés público ya que ella destina 110 millones de hectáreas en nuestro país y constituye un pilar fundamental en la alimentación de los mexicanos.
En los últimos años se ha producido una acelerada desproporción en el volumen de carne importada en relación con un total del consumo nacional, pues en 1988 la importación de este producto significaba el 6% en tanto en la actualidad la importación de carne representa el 40% de dicho consumo , que en la carne de producción nacional se cotiza actualmente un 25% menos que hace dos años y la ganadería nacional ha sufrido una pérdida de rentabilidad del 64% a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte.
Que el 25% de la población nacional habita en e l medio rural y que es un asunto de seguridad nacional mantener las fuentes de empleo en dicho medio a fin de evitar fenómenos de ,migración descontrolada y de pérdida total de expectativa de desarrollo que puedan potenciar sentencia de inconformidades que se manifiestan a través de protestas sociales violentas.
Que es preciso evitar la quiebra eminente del sector pecuario del país y tomar medidas que aseguren la debida comercialización de la producción nacional en condiciones de competencia rentable con la producción extranjera, que los Estados Unidos de América han incrementado considerablemente los subsidios a las actividades agropecuarias en una medida que es imposible igualar los recursos nacionales y en consecuencia la eminente apertura del mercado nacional de manera plena a productos provenientes de los otros miembros del Tratado, redundará en un grave perjuicio que pone en peligro la estabilidad de la producción nacional pecuaria.
Que en un principio universalmente reconocido en prácticas comerciales el hecho de la aplicación de medidas provenientes de acuerdos internacionales no pueden llevar a la destrucción de las actividades productivas de algunos de los signatarios pues el libre comercio debe sustentarse en condiciones equitativas y nunca convertirse en razón de la supresión de fuentes productivas de algunos de los socios comerciales.
Que en el último inventario ganadero bovino en México es de 30 millones, 177 mil 135 cabezas de ganado según datos estadísticos de la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación correspondientes a 1999.
Que el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad privativa de la Federación reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivo de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República, de toda clase de efectos a cualquiera que sea su procedencia.
Que el ejercicio de esa facultad de la Federación corresponde al Congreso de la Unión con base en el artículo 73 fracción X y al artículo 131 ya mencionado.
Que este último artículo permita al Congreso otorgar facultades al Ejecutivo para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos y artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país.
Que dicha facultad si bien puede ser delegada al Ejecutivo por encima, puede ser ejercida por su titular original, que es el Congreso de la Unión.
Que con fundamento en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones del Congreso pueden tener el carácter de ley o de decreto.
Que por las características del asunto que nos ocupa, la naturaleza del acto jurídico a emitir por este Congreso deberá ser la de decreto.
Que resulta indispensable para poder cumplir adecuadamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dar margen razonable de tiempo a la ganadería nacional para estar en condiciones de enfrentar la apertura de las fronteras y que la medida impida temporalmente el ingreso de carne importada hará factible al Poder Ejecutivo disponer de un margen de maniobra para negociar una adición al Tratado de Libre Comercio que ponga la apertura absoluta al respecto de esta actividad, nos permitimos presentar por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de decreto que restrinja la importación de carne y leche hasta que en tanto se establezca una nueva fecha para la apertura total de las fronteras en este sector de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio del Norte.
ARTICULO 1º.- Se prohibe la importación de carne y leche al interior de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera que sea su origen.
ARTICULO 2º.- Se exceptúa de la prohibición mencionada en el artículo 1º, la carne importada de los Estados Unidos y de Canadá siempre que no provengan de ganado en pie y dicha importación se restrinja a una cantidad en kilos exactamente igual al peso de ganado en pie exportado por México a dichos países respectivamente.
ARTICULO 3º.- En ningún caso se permitirá la importación de carne proveniente de estos países que tengan más de treinta días de haber sido congelada.
ARTICULO 4º.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerá un programa de control sanitario para verificar el tiempo de congelación de la carne importada y para determinar, de manera indubitable, su lugar de origen antes de permitir la importación de que se trate.
ARTICULO 5º.- La Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizarán un estudio para determinar los costos reales de la producción de carne, así como de leche y sus derivados importados de otros países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto en dichos costos tenga los subsidios otorgados por distintas vías a dicha producción y tomará las medidas indispensables para evitar su venta a precios dumping en nuestro país.
ARTICULO 6º.- El estudio a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse a la Cámara de Diputados a más tardar seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto a fin de que esta Cámara esté en condiciones de terminar la permanencia o abrogación del mismo.
ARTICULO 7º.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentará un informe acerca de las necesidades de construcción y la infraestructura necesaria en todos los puntos de verificación e inspección sanitaria dentro del territorio nacional en frontera, puertos y aeropuertos por donde puedan ingresar productos de otros países de una estimación del costo correspondiente a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del decreto para que esta Cámara esté en condiciones de tomarlo en consideración en el Presupuesto del 2004 (sic).
ARTICULO 8º.- Se prohibe la verificación de carne importada en las instalaciones de los propios importadores. En todos los casos deberá efectuarse en los recintos de los despachos aduanales mexicanos aplicando estrictamente la normatividad sanitaria.
ARTICULO 9º.- Los titulares o encargados de las oficinas de Aduanas en todo el país serán directamente responsables de impedir la importación y el tránsito de los artículos a que se refiere el presente decreto. El incumplimiento del mismo dará lugar a que se finquen las responsabilidades administrativas que correspondan y en su caso, las responsabilidades penales derivadas de la comisión del delito de contrabando.
Artículo Décimo.- En caso de duda en cuanto a las interpretaciones del presente decreto, las autoridades administrativas deberán dirigirse en consulta a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores, para que establezcan la interpretación que deba darse en su contenido de acuerdo con el inciso f) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante el receso del Congreso el Presidente de la República indelegable dictará las medidas reglamentarias para la interpretación y aplicación del presente decreto.
Transitorios.
Primero.-El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero del 2003 y tendrá vigencia de un año.
Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la aplicación del presente decreto, en relación con los productos que son objeto del mismo.
México 4 de diciembre del 2002.
Su servidor y varios diputados, sobre todo de la fracción priísta de Veracruz. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA:-Muchas gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, con opinión de la Comisión Especial de Ganadería.
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruir su cierre.
LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA :- Se informa a la Presidencia, que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 399, ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.
- LA C. PRESIDENTA:- Tiene la palabra el diputado Neftali Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 198 y 260 de la Ley General de Salud.
EL C. DIP. NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO:-Con su permiso, diputada Presidenta.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, el artículo 260 de la Ley General de Salud con relación a los responsables sanitarios en farmacias y boticas. Exposición de motivos.
El uso y abuso de psicotrópicos y estupefacientes de uso terapéutico, representan una preocupación creciente para el gobierno federal, entidades federativas y la sociedad en general que hacen necesario mantener un estricto control en su manejo, a efecto de evitar un uso inadecuado de los mismos que pueda causar problemas tan graves como la drogadicción. Esta problemática exige contar con personal capacitado, así como de la coordinación de instituciones y programas disponibles en el país, que permita implementar estrategias y acciones de investigación, prevención, tratamiento y normatividad, de tal forma que se garantice que esas acciones beneficien directamente a la población. Asímismo debe asegurarse un nivel de calidad en la prestación de los servicios con la finalidad de reducir la incidencia y prevalencia del uso y abuso de estos medicamentos, por lo que es importante establecer las condiciones adecuadas para la prescripción de los mismos.
El manejo adecuado de este tipo de medicamentos exige que los profesionales de la medicina, cuenten con un marco jurídico claro y preciso para que puedan ejercer sus actividades de forma transparente y eficiente, por lo que es necesario que se eliminen las imprecisiones que vician la legislación actual.
Las políticas sanitarias demandan y por ello tienden, hacia la actualización de las disposiciones legales sanitarias vigentes en términos de claridad, seguridad, efectividad, eficiencia, equidad y beneficio social de nuestro sistema de salud pública; para ello es necesario que la legislación tenga una clara definición de los conceptos y requisitos específicos, de tal forma que se transparenten principalmente los procesos de gestión en materia sanitaria.
Lo anterior en virtud de que si bien en el artículo 198 de la Ley General de Salud se estipula cuáles son los establecimientos que requieren autorización sanitaria, en la fracción IV del artículo 260 existe un vacío legal que a todas luces vulnera la integridad de la industria farmacéutica, toda vez que no se asienta de forma clara y concisa quiénes pueden ser responsables sanitarios de las farmacias y boticas que expenden estupefacientes y psicotrópicos.
Esto puede prestarse a diversas interpretaciones por parte de las autoridades sanitarias que pueden perjudicar el desempeño de las actividades de los actores involucrados, como por ejemplo se presta a que se exija un determinado perfil profesional del responsable sanitario, pero sin fundamento alguno.
En este tenor, consideramos de gran importancia eliminar tal vaguedad, toda vez que es necesario conservar una regulación estricta para el manejo de estos medicamentos a efecto de evitar el uso y el abuso de los mismos, por lo que esta iniciativa propone una modificación en la fracción IV del artículo 260, a efecto de especificar que los establecimientos señalados en la fracción IX y X del artículo 257, o sea las farmacias y boticas únicamente requieran dar aviso de responsable para aquellas que expendan medicamentos que contengan estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aclarando que ésta podrá ser un farmacéutico, químico farmacéutico, químico farmacéutico industrial, un químico industrial, un médico, así como cualquier profesional cuya carrera se encuentre relacionada con la farmacia, conforme a lo que establecen las fracciones 1, 2 y 3 del propio artículo 260.
Compañeras y compañeros legisladores: Considerando que el eliminar imprecisiones de nuestra legislación se traduce en beneficios para nuestra sociedad, es que solicito su apoyo para esta iniciativa de decreto que permitirá trasparentar los procesos de gestión y acción de la industria farmacéutica, así como otorgar instrumentos a nuestras autoridades sanitarias para un mejor desempeño de sus labores competentes. Por lo tanto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 260 de la Ley General de Salud con relación a los responsables sanitarios en farmacias y boticas.
Artículo 1.- Se reforma la fracción IV del artículo 260 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Fracción IV. "En los establecimientos señalados en las fracciones 9 y 10, únicamente requieren dar aviso de responsable aquellos que expendan medicamentos que contengan estupefacientes o psicotrópicos, quienes podrán ser cualquiera de los profesionales enunciados en las fracciones 1, 2 y 3 del presente artículo. De no ser el caso, el propietario será responsable en los términos del artículo 261 de esta ley"
Transitorios. "Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación".
Solicito atentamente a la Presidencia, se transcriba el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, así como sea turnado a la Comisión de Salud para su estudio y dictamen.
Muchísimas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.
La siguiente iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática a cargo del diputado Tomás Torres Mercado, se pospone.
Tiene la palabra la diputada Julieta Prieto Fuhrken, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
LA DIP. JULIETA PRIETO FUHRKEN: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputados:
Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en el artículo constitucional y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos correspondientes, solicitamos se turne a la Comisión de Salud para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley.
Debido a los logros que se han tenido a nivel clínico y de investigación en el campo de trastornos mentales, así como la importancia que representa para las personas y familiares afectadas, se han experimentado grandes cambios en los esquemas de atención médica para el tratamiento de personas que padecen alguna enfermedad mental. La tendencia actual se enfoca a promover la reinserción social de la persona enferma al medio al que pertenece, favoreciendo la continuidad del tratamiento a través de implementaciones de programas extra hospitalarios y comunitarios.
Sin embargo, aún bajo estas perspectivas mundial, en nuestro país la salud mental continua rodeada por una serie de ineficiencias provocadas por un sistema hospitalizario incapaz de proporcional al enfermo mental los requerimientos mínimos indispensables de atención médica bajo un contexto de respeto a los derechos fundamentales del todo hombre.
Es por ello, que el gobierno como la sociedad, juegan un papel trascendental al hablar de enfermedades mentales, su obligación es velar porque lo política se extienda más allá del sistema de salud mental e incluyan la educación, el trabajo, la justicia y el sistema general de atención de salud. Del mismo modo, se debe proporcionar cobertura de los costos de atención como garantía básica, así como asignar fondos a la investigación de este campo.
Hoy por hoy, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México pugnamos por no sólo el tratamiento médico considere como un derecho fundamental de las personas que sufren una enfermedad mental, sino porque se aseguren los mecanismos necesarios para prevención y la restricción a la sociedad, a los pacientes, proporcionando un servicio y medicamentos en forma gratuita y continua.
En este sentido es necesario reconocer que nuestro país dio un gran paso en este sector al emitir la Norma Oficial Mexicana 025 para la prestación de servicio de salud en unidades de atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica.
En ella se estableció con objetivo uniformar criterios de operación, actividades y actitudes del personal de las unidades hospitalarias para dar un servicio integral con calidad y calidez.
Además menciona la necesidad de crear programas comunitarios para que los pacientes dados de alta puedan reintegrarse a la sociedad y establece que para lograr sus objetivos es necesario su cabal cumplimiento, atienda a la determinación de plazos permitentes para el desarrollo de los servicios, tomando en cuenta las condiciones específicas de cada entidad federal.
Sin embargo, ha pasado ya alrededor de cinco años de la publicación de esta norma y hasta el momento no existe un diagnóstico que nos indique de forma clara y precisa los requerimientos de recursos financieros y humanos para transformar las instituciones psiquiátricas del país, al mismo tiempo, no existe aún un plazo definido para complementar la transformación de los servicios de salud mental.
El modelo Hidalgo de atención en salud mental concibe como el eje principal de la transformación de los servicios de atención a enfermedades mentales, apenas fue implementado el 21 de noviembre del 2000 con el cierre del hospital psiquiátrico, doctor Fernando Carranza y la creación de la Secretaría de Salud, de la Dirección General de Rehabilitación Psicosocial, Participación Ciudadana y Derechos Humanos.
Este modelo contempla la creación de nuevas estructuras de atención que respeten los derechos de los usuarios sobre una base sólida dando énfasis en la prevención, hospitalización y reintegración social.
Aunque se ha hecho grandes esfuerzos, el modelo aún no se aplica a nivel nacional de manera generalizada a pesar de cumplir con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.
Actualmente, en Hidalgo, está funcionando dos casas de medio camino para 35 personas; tres centros de salud con módulo de salud mental, 10 villas para 12 personas cada una.
En el D.F. está funcionando el Centro Integral de Salud Mental y 2 centros comunitarios de hospitalización, así como una casa de medio camino, un taller protegido y 10 departamentos independientes.
Pero la realidad es que la mayoría de los hospitales psiquiátricos de nuestro país son obsoletos, pues no sólo siguen perpetuando la inaceptable e inhumana práctica de aislamiento de acilo, sino que también, absolviendo la mayoría de los recursos financieros disponibles con estancias muy largas de los pacientes.
Por lo anterior, es urgente, a la mayor brevedad posible, la vigencia de la presente Norma Oficial Mexicana 025, opere en plenitud con la implementación a nivel nacional del modelo Hidalgo de atención en salud mental.
Así, para evitar que siga siendo el viejo sistema de salud mental, completa soledad, discriminación, el Partido Verde Ecologista de México ha considerado presentar el día de hoy, ante esta soberanía, una iniciativa que reforme diversos artículos de la Ley General de Salud con la finalidad de que, por un lado, el modelo Hidalgo de atención en salud, sea considerado de manera obligatorio y gratuita en el desarrollo del sistema de salud mental nacional.
Y por otra parte se establece como parte de este modelo los programas comunitarios que favorezcan la reintegración social como parte fundamental de la atención de las enfermedades mentales, la promoción de la salud y la asistencia social, lo cual es básico para lograr el verdadero restablecimiento de todo aquel que sufre algún padecimiento mental.
Nosotros, como legisladores, debemos de verificar que el gobierno garantice a su tema de salud la no discriminación de las personas enfermas mentales y mayores recursos financieros sean aplicados a este servicio.
Por ello, y porque ningún país ni ninguna persona, es inmune a los trastornos mentales, los diputados que firmamos al calce, sometemos a esta Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma la fracción II y se adiciona la fracción III y IV del Artículo 74. Se reforma y adiciona un párrafo II al Artículo 75. Se adiciona una fracción VI al Artículo 11. Se adiciona una fracción V al Artículo 133. Se adiciona una fracción X al Artículo 168, todo de la Ley General de Salud.
Por respeto al tiempo otorgado por esta Asamblea, omitiré la lectura de los artículos reformados, por lo que solicito respetuosamente a la Mesa Directiva, la publicación íntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 5 días del mes de diciembre del año 2002. Gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias señora diputada.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.
La siguiente iniciativa agendada por el Partido del Trabajo, a petición del mismo se pospone al final del capítulo.
Tiene la palabra el diputado José Marcos Aguilar Moreno, a nombre de integrantes de la Comisión de Vivienda, para presentar una iniciativa de Ley General de Vivienda.
-EL C. DIPUTADO MARCOS AGUILAR MORENO: Gracias señora presidenta. En virtud de que este proyecto está transcrito íntegramente en Gaceta, solicito su permiso para explicar brevemente su contenido a nombre de los miembros de la Comisión de Vivienda.
Me dirijo a esta H. Asamblea, compañeros y compañeras diputados, para exponer de manera condensada, el resultado de los trabajos que los miembros de la Comisión de Vivienda, integrada por cinco partidos políticos, hemos venido haciendo desde hace un año de manera continua, sistemática y programada.
Estos trabajos se iniciaron en el mes de octubre del año 2001, con cuatro foros de consulta, a los que fueron invitados los diversos actores de este tema, en las 32 entidades federativas. Las memorias respectivas de estos foros de consulta, se entregaron en su oportunidad a todos ustedes, compañeros y compañeras diputados.
El proyecto de iniciativa de ley es la culminación de este trabajo y en la publicación se encuentra íntegra la Exposición de Motivos y el articulado completo, el cual se encuentra en este momento en sus curules. Este proyecto de ley, esta iniciativa, que consta de 10 capítulos 79 artículos y 3 transitorios, de ser aprobada por ustedes en su respectiva oportunidad, abrogaría la Ley Federal de Vivienda vigente todavía, que data de 1984 y que hoy en día está rebasada por la dinámica que imprimen los estados de la república y municipios en materia de vivienda, y por la aparición de instituciones que no existían en aquel tiempo, tales como la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda CONAFOVI y la Sociedad Hipotecaria Federal.
El proyecto tiene 47 artículos novedosos que equivalen al 59% del total, rescató sin hacerle ninguna modificación 10 artículos de la ley todavía vigente, que equivalen al 12% y 23 artículos con algunas modificaciones equivalentes al 29%. Todos los porcentajes se refiere al número total de 79 artículos del proyecto de referencia.
La nueva ley que proponemos a ustedes los diputados y diputadas de la Comisión de Vivienda, tiene como principales beneficiarios –escúchese bien- principales beneficiarios a los trabajadores que adquieren sus viviendas con créditos hipotecarios otorgados por los órganos federales como son el INFONAVIT, el FOVISSSTE y otras instituciones públicas y privadas.
Esta característica, de que beneficie fundamentalmente a los trabajadores no es casual, es totalmente intencional y responde a la vocación de los miembros de la Comisión de modificar la ley a la que se refiere el párrafo sexto del artículo 4 constitucional, para dar un giro de 180 grados en cuanto al logro de una mejor calidad de vida de los trabajadores, mejorando la calidad de sus viviendas en el futuro inmediato, si esta iniciativa fuera dictaminada en un plazo breve con las mejoras que todavía pueden imprimirse.
Todos los días se están otorgando créditos para viviendas, las cuales todavía no tienen de manera obligada la dignidad y el decoro respaldados con la calidad que esta iniciativa le puede dar al hogar de las familias que adquieren vivienda popular y de interés social, que es precisamente el nicho en donde existe el mayor rezago.
Hoy, 5 de diciembre del año 2002, mientras ustedes y yo estamos escuchando esta exposición, se otorgarán alrededor de mil nuevos créditos y un número similar día con día para alcanzar un total aproximado de 450 mil acciones de crédito en el presente año.
Por cada día que demoremos el dictamen y aprobación de este proyecto y por cada día que se demore en el Senado de la República su revisión y aprobación y posteriormente su publicación, estaremos dejando pasar más de mil posibilidades diarias de coadyuvar con las familias beneficiadas para obtener una vivienda de calidad. Por esta razón, no debemos demorar el dictamen y su aprobación, haciendo rápidamente las aportaciones que la enriquezcan todavía más, ya de por sí rica con las 155 propuestas colectadas durante los foros de consulta.
Otras características relevantes encontrarán ustedes en este proyecto, como es por ejemplo el impulso que le da al uso de recursos materiales propios de cada región para obtener componentes de construcción adecuados a la climatología regional.
Finalmente, comunicamos a ustedes que hemos sido respetuosos de las facultades propias que en materia de vivienda tienen las entidades federativas y los municipios, para no caer en cuestiones de inconstitucionalidad y hemos hecho, por otra parte, lo que es posible de acuerdo a la normatividad vigente.
Estoy seguro que lo que es deseable está aun por venir, si hay tiempo lo haremos y si no, próximas legislaturas tendrán un peldaño más que el que nosotros tuvimos en la Ley Federal de Vivienda todavía vigente, para seguir ascendiendo en una ley que respalde y coadyuve al interés del Presidente Fox, por otorgar 750 mil acciones de vivienda en el año 2006. Y fundamentalmente para tratar de satisfacer la injusticia que hasta hoy han tenido las familias de menos recursos al no poder acceder a una vivienda digna y decorosa.
Hago entrega señora presidenta, de un ejemplar de esta iniciativa completa, al señor secretario. Y solicito a usted con el debido respeto que sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates.
Agradezco la fineza de su atención.
-PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Insértese al texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Hacienda y de Desarrollo social.
Tiene la palabra el diputado Vitálico Cándido Coheto Martínez, del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que signan diputados del PRD y del PRI, entre los que se encuentra el diputado Héctor Sánche <López y el diputado Feliciano Moo y Can.
Una iniciativa que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
-DIP. VITALICO CANDIDO COHETO MARTINEZ: Con su permiso señora presidenta; señoras diputadas; señores diputados:
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de diversos grupos parlamentarios, por mi conducto presentan a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa de ley que crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y abroga la Ley del Instituto Nacional Indigenista, al tenor de la siguiente:
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"El Instituto Nacional Indigenista fue creado por ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de diciembre de 1948. Condicionado por su momento histórico, la creación del INI respondió tanto al interés del Gobierno Mexicano, por crear una instancia de atención integral a los grupos indígenas de México, como a los compromisos internacionales adquiridos por México en el seno de la Organización de Estados Americanos en el marco del Primer Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en Patzcuáro, Michoacán, en 1940.
"Desde su creación en 1948, el INI instrumentó la política indigenista del Estado Mexicano y en su evolución institucional fue limitado sus posibilidades para abatir las condiciones de aislamiento y marginación de las poblaciones indígenas.
"En 1983 al INI se le asignó el rango de organismo público descentralizado y fue ubicado bajos la directriz de la Secretaría de Educación Pública. En 1992, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, pasó a depender de dicha Secretaría. Esta decisión gubernamental demostraba que la cuestión indígena era concebida como un asunto educativo y de combate a la pobreza.
El Instituto perdió autenticidad al quedar subordinado a otras estructuras y al no reclamar su campo de acción propio y específico, como es la atención de una población culturalmente diferente. Perdió sus espacios de interlocución institucional y se convirtió en simple mano de obra operativa,
El Instituto Nacional Indigenista es una institución que manifiesta inequívocos signos de agotamiento. Se encuentra en una situación de cuestionamiento constante de grupos académicos, organismos de la sociedad civil, del movimiento indígena y hasta de los partidos políticos.
En sentido estricto, ha sido el principal y muchas veces el único organismo público encargado de atender las demandas de los pueblos indígenas, situación que corrobora su limitada cobertura de atención y explica, en gran medida, las condiciones de exclusión de los indígenas de los beneficios del desarrollo.
En la práctica no ha habido voluntad para transformar la estructura orgánica creada por sus fundadores, diseñada para la acción integracionista y reproduciendo su vocación de asistencia social, manifestada claramente en sus funciones de suplencia institucional.
A partir de 1977 se desechó la riqueza conceptual de Aguirre Beltrán y sus contemporáneos, sin que se pusiera un nuevo cuerpo teórico alternativo en la acción indigenista.
La extrema pobreza y marginación de los pueblos indígenas es una realidad que ofende a la nación y cuestiona cualquier proclama de desarrollo y progreso de México. Esta situación menoscaba la consolidación democrática de nuestro país y dificulta la gobernabilidad.
Esto es así porque el Estado mexicano no cuenta actualmente con una estrategia para impulsar el desarrollo integral de los pueblos indígenas. El indigenismo de la transición debe ser un replanteamiento profundo del cuerpo teórico, de metodologías, de estrategias, de objetivos, así como también para la aplicación de las políticas públicas. Y esto significa transformar, necesariamente, a las instituciones públicas.
Por eso proponemos la creación del Consejo Federal y la Comisión Nacional para el desarrollo de los Pueblos Indígenas como la nueva institucionalidad del Estado mexicano encargada de promover el desarrollo integral de los pueblos indígenas.
El Consejo y la Comisión tendrán como objetivo fundamental la promoción del desarrollo integral de los indígenas mexicanos, superando los esquemas que se agotan en políticas asistenciales o que sólo buscan paliar los efectos más lacerantes de la pobreza.
Para lograr esos objetivos es preciso que el Consejo y la Comisión tengan amplias facultades en materia de políticas públicas indigenistas en todo el país. De este modo, la Comisión podrá convocar y coordinar a las diversas instituciones gubernamentales para definir las estrategias de desarrollo integral para los indígenas.
Si no existen cambios estructurales en la política indigenista no se podrá hablar de una nueva relación Estado-sociedad nacional y pueblos indígenas.
La sociedad mexicana y los pueblos indígenas reclaman una institucionalidad que coordine y oriente los esfuerzos para impulsar el desarrollo integral de éstos, que responda a sus demandas, que promueva el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
A partir de la reforma al artículo 2 constitucional, en el 2001 se amplió el reconocimiento de la composición pluriétnica y pluricultural del Estado nacional. Como lo expusieron en su momento el constituyente permanente y el Ejecutivo Federal, se debe construir una nueva relación entre Estado, los pueblos indígenas y la sociedad nacional, fundada en el reconocimiento de la diversidad cultural, en el diálogo entre culturas y el respeto y asunción de las diferencias.
La sociedad mexicana y los pueblos indígenas reclaman una institución que coordine y oriente los esfuerzos institucionales para impulsar el desarrollo integral de éstos, que responda a sus demandas, que promueva el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.
"La conformación del Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, es de particular importancia ya que permite elevar a primer nivel
la definición de las políticas de las dependencias y entidades de la Administración Pública encaminadas al desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas.
"Al prever que será el Presidente de la República con el apoyo del Consejo quien defina e instruya las acciones necesarias para ese objetivo.
"La participación en el Consejo de integrantes de foros indígenas y de académicos, es garantía para tomar en consideración las necesidades y prioridades de los pueblos indígenas.
"Con base en estas consideraciones, proponemos a ustedes la propuesta que hoy entrego a esta Mesa y que por ser y tener un articulado muy amplio, el cual se concentra en el documento que aquí entregaré y solamente señalaré que tenemos el primer título que es del Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
"En su capítulo uno se crea el Consejo Federal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como órgano permanente de política y coordinación del Ejecutivo Federal en materia de desarrollo integral de los pueblos indígenas.
"El segundo artículo contempla la creación del Consejo, el cual será presidido por el Presidente de la República y estará integrado por los titulares de los encargados del despacho.
"Compañeros y amigos: A partir de que reformamos el artículo 2º. constitucional y en donde se establecen las responsabilidades de los tres niveles de gobierno en el apartado "b", ahora necesitamos de una institución que pueda interpretar cabalmente el espíritu de esta reforma, para que de esta manera podamos contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas.
"Dejo esta iniciativa con todo el articulado en la Mesa Directiva y pido que este documento pase para su análisis y dictaminación, a la Comisión de Asuntos Indígenas.
"Compañeros y amigos: Deseamos y desde aquí convoco a todos los legisladores a que hagamos nuestro mejor esfuerzo para contribuir al pleno desarrollo de los pueblos indígenas de México. Muchas gracias."
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, y de Asuntos Indígenas.
La siguiente iniciativa agendada por el Partido Verde Ecologista de México a petición del mismo se pospone.
Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Granel Campos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
- LA C. DIP. ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea:
"La suscrita diputada ala LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción I del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente Iniciativa de reformas y adiciones a diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal bajo la siguiente
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
"La falta de recursos es uno de los problemas más graves de los municipios en México. A pesar de que en años recientes los municipios han visto un ligero incremento en sus recursos, este incremento ha generado una nueva problemática: Los municipios están recibiendo más recursos pero estos no son suficientes.
"Nos enfrentamos ante una de las trampas de la autonomía, pues por un lado existen potencialidades para la realización del trabajo local, mientras que paradójicamente estos niveles aún están sujetos a lógicas burocráticas del nivel federal y estatal que secan a su control.
"Se ha buscado en años recientes, adecuar el federalismo a la nueva realidad económica y política del país, lo que incluye entre otras necesidades, revisar la distribución de responsabilidades y recursos entre la Federación y los estados, y al interior de estos entre los municipios.
"El capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal se refiere a los fondos de aportaciones federales, por lo que la presente iniciativa pretende modificar su contenido a propósito de alcanzar la equidad social y la transparencia en su asignación y operación. La actual Ley de Coordinación Fiscal tiene implícita una definición y una forma de cálculo explícita de la pobreza, aunque cargada hacia la pobreza extrema.
"La aportación del presente decreto se refiere a la definición y medición de la pobreza y la pobreza extrema, es decir, no solo se pretende erradicar la discrecionalidad del Ejecutivo en la materia, sino que propone un punto de partida común acerca de por qué, cuántos y quiénes son los pobres y los pobres extremos del país. Además corrige a su cálculo de medición.
"En la descentralización de recursos a través del Ramo 33 se destaca el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIL. Su propósito es financiar acciones de combate del rezago social y contra la pobreza. Si algo sigue caracterizando a México en los últimos años es la amplia y profunda desigualdad social, así como la brutal pobreza.
"La definición y medición de la pobreza ha sido uno de los objetivos principales de este decreto. Igualmente lo ha sido trascender su orientación exclusiva a la pobreza extrema. Por justicia social debe incluirse, con criterios propios y claros, a los pobres no extremos en los programas de desarrollo social.
"La presente iniciativa propone que el FAIL se transforme en el Fondo para la Superación de la Pobreza. La fórmula que se propone en este decreto pretende ser más certera y justa que la vigente. Además tiene la ventaja de que, al hacerse oficial su nueva orientación, permite asignar con transparencia las aportaciones federales a los estados. Por la misma razón servirá para todos los programas federales, estatales y municipales de lucha contra la pobreza a la hora de identificar su población-objetivo y evaluar su impacto.
"Finalmente, las operaciones de la fórmula serán las cifras homogéneas y oficiales del país.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal con el propósito de regular las aportaciones federales a las entidades federativas y municipios en temas asociados con el desarrollo social.
"Artículo único.- Se reforman los artículos 25, 32, 33, 34, 35 del capítulo quinto de la Ley de Coordinación Fiscal".
Señora Presidenta:
En obviedad de tiempo, solicito con todo respeto se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates.
Es cuanto señora Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias, señora Diputada.
Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La siguiente iniciativa agendada por el Partido de la Revolución Democrática pasa al final del capítulo.
Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que adiciona un artículo transitorio a la Ley Orgánica del Sistema Banrural.
-DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Buenos días compañeras y compañeros.
"Iniciativa de decreto que agrega un Séptimo Transitorio a la Ley Orgánica del Sistema Banrural, presentada por la diputada Petra Santos Ortíz, del Grupo Parlamentario del PRD.
"La suscrita, diputada, integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2º fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito formular ante esta H. Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que agrega un Séptimo Transitorio a la Ley Orgánica del Sistema Banrural, en el tenor de la siguiente
"Exposición de Motivos
"El financiamiento al campo es un pilar básico para el desarrollo económico del país, ya que propicia el progreso, genera canales de distribución de los recursos económicos, moderniza la explotación agropecuaria y crea una cultura de participación financiera. Por ello, el crecimiento del mismo debe ser fomentado para propiciar la renovación de la agricultura mexicana mediante un nuevo sistema de financiamiento rural.
"El sistema centralizado de financiamiento al campo es un esquema agotado por su inoperancia y pesado funcionamiento y por su reducida capacidad de respuesta a los requerimientos de una agricultura moderna en la administración, flexibilidad y capacidad de innovación tanto en la operación como en los esquemas de financiamiento del nuevo desarrollo.
"Los pequeños productores sin capacidad de negociación ante la banca, con problemas para reunir garantías reales, con una cultura agrícola tradicional o reproductora de paquetes tecnológicos costosos, requieren un esquema de organización financiera basada en uniones de crédito, fondos de garantías, cajas de ahorro y otras formas de integración financiera que les permita negociar en mejores condiciones de acceso al crédito.
"En este contexto, el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de ley que crea la Financiera Rural, la cual fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y Desarrollo Rural. El trabajo realizado por las mismas parte del principio de que existe la necesidad de hacer cambios en el sistema financiera destinados al campo.
"La banca de desarrollo dirigida al campo, ha mostrado en las últimas décadas ineficiencias en la administración de los recursos financieros, como es el caso del otorgamiento discrecional de los mismos, por motivos políticos antes que por incentivos de desarrollo rural sustentable.
"La pésima política crediticia de concentrar la cartera en unas cuantas empresas, ha ocasionado el desequilibrio financiero del Banrural y consecuentemente acentúa su precaria situación económica.
"Por ello, para solventar los problemas financieros del Banrural y crear la nueva Financiera, el Ejecutivo propuso en dicha iniciativa en sus artículos transitorios, aparentemente transparentar origen, monto y administración de los recursos que se destinarán para la transición de Banrural a Financiera Rural.
"Originalmente las disposiciones estaban contenidas en el artículo octavo de la décimo octavo transitorio de dicha iniciativa, ahora están contemplados en el octavo y noveno transitorio.
"Originalmente se tenían presupuestados 42 mil 878 millones de pesos para liquidar al Banrural e iniciar la operación de la Financiera Rural. Ahora están contemplándose 48 mil 878 millones, es decir, 6 millones de pesos adicionales a los programados. Se nos dice que éstos se repartirán de la siguiente manera: 31 mil 363 millones para la liquidación de Banrural y 17 mil 515 millones para la nueva Financiera Rural.
"La trascendencia que trae consigo la creación de este nuevo instrumento de financiamiento para el campo, aparte de las consideraciones que podemos tener en lo particular sobre su muy cuestionable finalidad, funciones y objetivos, nos plantea problemas que requieren por parte de esta Cámara, de su debida atención. Entre estos problemas destacan el destino final que tendrán los trabajadores y jubilados del Sistema Banrural, así como el manejo y destino de su importante cartera vencida, así como la rendición de cuentas que los funcionarios de esta institución deben de tener para con el pueblo de México a través de nosotros como sus representantes Por la importancia que reviste este hecho este Poder Legislativo no puede avalar sin más ni más este endeudamiento interno sin antes tener todos los elementos que nos permitan conocer el estado financiero que guarda la institución de crédito.
Recordemos que la Auditoría Superior de la Federación tiene las facultades para revisar las cuentas de las instituciones gubernamentales, la Cámara de Diputados debe ejercer su función de vigilancia y transparencia en el ejercicio público del Presupuesto, que el control y evaluación del mismo en los organismos públicos como la Banca de Desarrollo y en particular de Banrural es imperativo y más aún, por las implicaciones sociales tan desfavorables que conllevan a la eliminación de una institución que es eliminada por los malos e ineficientes manejos de las autoridades.
Las y los Diputados debemos estar informados de la real situación que priva el Banrural, ¿cuáles son los pasivos totales de la institución? ¿quiénes son los responsables del quebranto en Banrural? ¿Cuántos créditos se piensan recuperar? ¿Por qué asumir una deuda tan alta con cargo al Erario Público y consecuentemente con alto costo social para los mexicanos? ¿Estamos acaso en un tipo de FOBAPROA AGROPECUARIO’ ¿Cuántos Divinos y Cabales Peniches estarán detrás de esto?
Existe un rezago de años en la revisión de las cuentas en el Sistema de Banrural, ¿por qué no nos dicen quiénes son los 245 personas que tienen una deuda de 3 mil 700 millones de pesos? ¿Por qué no nos dan la cartera vencida a los productores , a los 15 centavos como luego se los venden a los bancos que los venden y re venden la cartera a los mismos productores? ¿Por qué le queremos echar tierrita a toda esta corrupción de años?.
Por década hemos dejado que las autoridades encargadas de las finanzas nacionales hagan operaciones que dañan las finanzas nacionales, ¿por qué seguir asumiendo deudas que no nos corresponde? ¿por qué servir de tapadera de los errores de los gobiernos anteriores?.
Debemos decir, basta de tanta impunidad; por ello esta Soberanía debe asumir su responsabilidad frente a los mexicanos, no se debe dictaminar la Iniciativa que hace desaparecer a Banrural y crear la Financiera Rural hasta tanto no contemos con todos los elementos que nos aporte una auditoría a esa institución y se deslindenlas responsabilidades por el mayor quebranto que se ha realizado a una institución de banca de desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento ante esta Soberanía la siguiente Iniciativa que agrega un 7º Transitorio a la Ley Orgánica del Sistema Banrural, para quedar como sigue:
ARTICULO UNICO. Se agrega un Séptimo Transitorio. El Banco Nacional de Crédito Rural, Sociedad Nacional de Crédito, deberá ser auditado en el Ejercicio Fiscal 2001-2002 a través del órgano de Fiscalización del Poder Legislativo.
Artículo Transitorio. Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al d ía siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, diciembre del 2002.
No queremos ser cómplices de algo que va a venir a perjudicar más a la gente del campo. Muchas gracias señora Presidenta.
-LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias, Diputada.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comsión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización, (aplausos)
LA MISMA C. PRESIDENTA. ¿acepta la adhesión del diputado Del Rio.
Adiciona la firma del Diputado del Rio.
La Iniciativa que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en torno a una adición al tercer párrafo de la Fracción III del Artículo 145 de la Ley Aduanera, se pospone para próxima sesión.
El Diputado Rafael Hernández Estrada: se pospone para una próxima sesión la Iniciativa que iba a presentar el diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del PRD, en torno a diversas disposiciones fiscales para crear el régimen del contribuyente social.
Honorable Asamblea:
El pasado domingo, murió uno de los más grandes muralistas mexicanos: don José Chávez Morado. A esta Presidencia han llegado textos muy importantes de remembranza de tan destacado talento de nuestro país, del diputado José Manuel Correa Ceseña, a nombre de la Comisión de Cultura y del diputado Del Río Virgen.
Ambos textos deberán publicarse íntegramente en la Gaceta Parlamentaria pero no queremos dejar desapercibido la enorme pérdida que para el mundo cultural e intelectual del país representa la muerte de Chávez Morado.
Don José Chávez Morado es trascendente por su obra de la cual queremos subrayar el mural "Prometeo", de la Torre de Humanidades número dos de la Ciudad Universitaria, así como los murales de mosaicos que adornan la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las aulas del Centro Médico Siglo XXI, entre otras obras de la mayor relevancia. Originario de Silao, Guanajuato, José Chávez Morado merece el rango de pintor universal.
Yo le ruego a todos nuestros colegas tengan la gentileza de ponerse de pie para homenajear a tan destacado artista por un minuto.
( Se guardó un minuto de silencio )
Gracias.
Pasamos al capitulo de minutas.
- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Del Senado de la República:
( Por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria )
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Del Senado de la República:
( Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;
del Código de Comercio; de la Ley de Instituciones de Crédito;
de la Ley de Mercado de Valores; de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros; de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas;
y de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito )
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA MISMA C. SECRETARIA: Del Senado de la República:
( Que remite minuta proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional, para establecer como zona de restauración ecológica y de reserva de aguas a la región Lerma-Santiago-Pacífico )
LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Recursos Hidráulicos.
- LA MISMA C. SECRETARIA: Del Senado de la República:
( Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Comercio Exterior )
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Dictámenes de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal; del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
( se inserta dicho proyecto de decreto )
LA C. PRESIDENTA:- El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de ley General de Derechos lingüísticos de los Pueblos Indígenas y reforma la fracción IV del artículo 7º. De la Ley General de Educación. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria queda de primera lectura.
( insértese dicho documento)
LA C. PRESIDENTA:- El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la ley del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
( se inserta dicho documento)
LA C. PRESIDENTA:- El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley sobre Tenencia o uso de Vehículos, En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
( insértese el documento)
- LA C. PRESIDENTA:- El siguiente punto de la orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de Ley de Energía para el Campo. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.
( insértese el documento)
LA C. PRESIDENTA:- El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Cinematográfica.
Consulte la Secretaría a la asamblea, sí se le dispensa la lectura al dictamen.
LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
LA C. PRESIDENTA:- Se le dispensa la lectura.
Los diputados de la Comisión de Hacienda estaban concluyendo algunas tareas; se están trasladando para el recinto, para iniciar la discusión, en un minuto iniciamos la discusión. Podemos pasar al capítulo de excitativas y regresar.
Sonido en la curul del diputado Batres.
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: (desde la curul) Sí, señora Presidenta. Antes de que pasemos al capítulo de excitativas, en este capítulo de dictámenes a discusión hay un dictamen que está visiblemente fuera de todo sentido normativo, que es el tercer dictamen a discusión que aparece aquí. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se deroga el artículo VIII transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, que establece el Impuesto a la Venta de Bienes y Servicios Suntuarios.
No entendemos cuál es el proceso que ha seguido éste, en virtud de que la discusión de la Ley de Ingresos se encuentra apenas pendiente. ¿En qué sentido hay un dictamen particular sobre este tema?
LA PRESIDENTA: En este momento la estoy pidiendo a la Secretaría nos remita el dictamen y le pido a uno de los colegas vicepresidentes que vaya con usted, diputado Martí, para que lo podamos precisar con la Comisión de Hacienda y si es pertinente su observación, lo retiraríamos del orden del día.
Sonido en la curul del diputado Batres.
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: (desde la curul) Gracias, señora Presidenta.
Sólo para precisar esto en el sentido de que la Ley de Ingresos de la Federación es una ley que tiene vigencia anual, es decir, la Ley de Ingresos se aprueba cada año y esta Ley de Ingresos para el Ejercicio del 2002 termina su vigencia precisamente al concluir el año 2002 y estamos en diciembre del 2002. Por esta razón consideramos que carece de todo sentido normativo plantear un dictamen en este sentido.
Le agradezco su atención y su amabilidad, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Procederemos como lo comenté hace unos momentos.
Le ruego al diputado Jaime Vázquez precise esto con el diputado Batres y lo consulten con la directiva de la Comisión de Hacienda.
Diputado Rogaciano, ¿tiene usted su documento de excitativa? Vamos a adelantar el orden del día, pasamos al capítulo de excitativas y regresamos al capítulo de votación de los dictámenes.
Tiene la palabra el diputado Rogaciano Morales, para presentar una excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. El es del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
EL DIP. ROGACIANO MORALES REYES: Compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, ciudadana Presidenta.
Voy a comentar esta excitativa que su texto entrego aquí a la Secretaría para los efectos de las comunicaciones de rigor. Y se trata de lo siguiente:
El 24 de octubre de este año, en términos de la legislación interna presenté una excitativa que se turnó a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y a la de Hacienda y Crédito Público. Esto fue con fecha 24 de octubre de este año y a la fecha no se ha producido el dictamen. Como ven, entonces el término ha excedido en demasía y el próximo primero de enero se abrirá de manera plena el capítulo agropecuario del TLC en las condiciones de injusticia asimétrica que todos sabemos en que nos encontramos respecto a nuestro campo con el de Estados Unidos y Canadá.
En situaciones asimétricas injustas, porque tanto la celebración de este tipo de convenios o tratados presupone condiciones de equidad o de igualdad, estados Unidos manda 180 mil millones de dólares al campo para los próximos 7 años y aquí, como respuesta oficial de nuestro gobierno, se nos pretende engañar diciéndonos que hay 102 mil millones de pesos para un supuesto blindaje agropecuario que no es más que, en concepto de nuestro compañero diputado Tomás Torres Mercado, ya lo dijo aquí en tribuna, una suma de cincuenta y tantos programas y 14 dependencias que tienen que ver con el ramo, de modo que no está incrementando nada.
Esto es la dieciochoava parte de lo que allá tienen para apoyar a su sector, y aquí, pues ni los compañeros diputados del PAN siquiera fueron a recibir este martes a las organizaciones campesinas que hicieron presencia con una serie de demandas, dado que como ellos dicen, el campo ya no aguanta y yo no sé compañeras y compañeros diputados, pero todo tiene un límite y si no se atiende este problema que ya es de seguridad nacional, puede haber conflictos sociales.
Todo mundo sabe que ahí hay muchos grupos armados en el país, eso no se puede ocultar y que algo está pasando, aparentemente todo está quieto, pero no es cierto.
Y luego, lo que pudiera haberse arreglado con una cantidad se va a sumas estratosféricas y los problemas no se arreglan, como ahí está el caso de Chiapas.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que este asunto ya no espera y que se debe hacer un esfuerzo adicional por redistribuir en lo más urgente, priorizando lo más urgente, los excesivos recursos que haya.
Tenemos información de que por los excedentes petroleros a septiembre de este año existen 3 mil 200 millones de dólares, que traducidos a pesos, son más de 30 mil millones de pesos y que de acuerdo con la propuesta que se hizo, le corresponderían al sector de que trato, poco más de 10 mil 200 millones de pesos. Ahí están las comisiones de Hacienda y de Presupuesto y tienen la palabra.
Yo había hablado con los compañeros diputados Jaime Rodríguez López y nuestro compañero diputado Oliverio Elías para que apoyaran este punto. Y yo pienso que ellos tienen mucho interés para subir a aquí hacer algunas precisiones y termino, ciudadana Presidenta, diciendo que también el compañero Félix Castellanos tendría que estar aquí porque esto ya no aguanta.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para que emitan el dictamen correspondiente.
Las dos excitativas agendadas por el Partido Verde Ecologista y por el Partido de la Revolución Democrática, a petición de los mismos se pospone para la siguiente sesión.
-LA C. PRESIDENTA: Solicito a la Secretaría el que se publique en la Gaceta Parlamentaria en honor de don José Chávez Morado el texto preparado por el diputado Oscar Maldonado Domínguez que le hago llegar.
Vamos a proceder a desahogar el punto relativo a la discusión sobre el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Cinematografía.
Ya se ha consultado con la Asamblea y nos instruyeron de dispensar lectura.
Para fundamentar el dictamen a nombre de las Comisiones, se ofrece el uso de la palabra al diputado César Monraz Sustaita a nombre de la Comisión.
-EL C. DIPUTADO CESAR MONRAZ SUSTAITA: Con su permiso ciudadana presidenta. Señores diputadas y diputados de esta Legislatura. Con relación a la iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, una vez que la hemos analizado ampliamente se determinó su procedencia, en virtud de que en la misma se otorga a los contribuyentes seguridad jurídica y promueve el fortalecimiento financiero de determinados organismos al otorgarles destinos específicos de ingresos.
Consideramos importante destacar que la recaudación registra el concepto de derechos distintos a los provenientes de los hidrocarburos, de acuerdo a la estimación de la Ley de Ingresos de la Federación para el 2003, se espera obtener 13,853 millones de pesos, de los cuales el 54% deriva por el uso y aprovechamiento de bienes de dominio público y el resto por los servicios que presta el Estado en función de derecho público.
El trabajo consensado y plural de los grupos parlamentarios tuvo como consecuencia, que se incorporen en el dictamen que sometemos a consideración de este pleno, diversas propuestas de legisladores de diferentes partidos, girando siempre sobre tres ejes fundamentales.
El primero, realizar medidas de simplificación y seguridad jurídica. El segundo, promover el aprovechamiento sustentable de los bienes de dominio público de la nación. Y el tercero, el incorporar medidas para adecuar las disposiciones fiscales al entorno económico, por lo que señalamos las modificaciones más representativas como son las siguientes:
Coincidimos con la propuesta de diversos legisladores, en el sentido de que es necesario elevar la cuota por la elaboración del dictamen técnico, para determinar los daños y perjuicios ocasionados por las infracciones a las disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que propone el Ejecutivo federal.
Asimismo esta Comisión considera necesario hacer la distinción entre personas física y moral en esta materia.
Incluimos la propuesta en materia de Aguas Nacionales, consistente en que los contribuyentes que cuenten con varios aprovechamientos de agua en sus instalaciones, presenten una sola declaración, con ello simplificamos el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
La iniciativa del Ejecutivo propone, con un sentido de elevar la cultura de uso racional de este vital líquido, el cobrar únicamente el agua que exceda de los volúmenes autorizados, lo que incluso ha sido previamente convenido con la mayoría de los distritos y unidades de riego del país.
Sin embargo, consideramos necesario, en atención al sector al que va orientada esta política de racionalización, el cobrar únicamente el agua que exceda de los volúmenes concesionados y comenzar por cobrar 10 centavos en lugar del peso que se proponía en la iniciativa del Ejecutivo federal, y proponemos que los ingresos que se obtengan por la recaudación de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales por usuarios distintos de los municipales y organismos operadores de los mismos, que 200 millones de pesos tengan como destino específico el Fondo Forestal Mexicano para el Desarrollo y Operación de Programas de Pago por Servicios Ambientales.
Consideramos que resulta conveniente incrementar el derecho que se cobra a los turistas conocido como el derecho de no inmigrante, derivado de este ajuste, otorgar un 10% de la recaudación obtenida a la Comisión Nacional de Areas Naturales protegidas, a fin de dotarla de mayores recursos para la preservación de las áreas naturales protegidas, destinando ahora un 45% al Instituto Nacional de Emigración, para mejorar los servicios que en materia emigratoria proporciona, y en un 45% al Consejo de Promoción Turística de México para la promoción turística del país.
En materia de derechos que aplica la Secretaría de Gobernación, el análisis de los costos que se incurre por el trámite, estudio y clasificación, así como la autorización de exhibición de películas en el país requiere de personal cada vez más especializado, lo que motiva la conveniencia de establecer un derecho que permita cubrir razonablemente los servicios que se vienen proporcionando.
Es importante señalar que todas las cuotas propuestas en ley se encuentran debidamente justificadas mediante el correspondiente estudio de costos, cumpliendo así con los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad.
Finalmente, es así como el trabajo realizado conjuntamente con los diversos partidos políticos que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hemos coincidido en considerar como premisa fundamental a la política hacendaria como una política hacendaria de Estado, la cual contextualizamos como una política integral que debe trascender los márgenes de la política tributaria y que debe repercutir en los diversos ámbitos de la política del Desarrollo.
La Ley Federal de Derechos que sometemos a su consideración, honorable Asamblea, es sin duda una respuesta a los propósitos superiores del desarrollo nacional y el centro del marco de referencia integral, contribuye a cumplir con objetivos claros de una política económica, enfocado al bien común de la Nación.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, ciudadano diputado.
En consecuencia está a discusión en lo general.
Nos van a dar a conocer una fe de erratas, les rogamos poner su atención, una fe de erratas a nombre de la Comisión el propio diputado Alejandro Monraz Sustaita.
EL C. DIPUTADO CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA.- Muchas gracias, señora Presidenta.
A continuación, por acuerdo de la Comisión de Hacienda, al revisar el dictamen que se publicó en la Gaceta Parlamentaria, nos percatamos de que existen en dos artículos errores, por lo que a continuación me voy a permitir darle lectura a la siguiente fe de erratas que sometemos a la consideración de este pleno.
Fe de erratas de la fracción XIV del artículo segundo transitorio y propuesta de adición de un artículo 40 a la Ley Federal de Derechos.
Durante la aprobación del dictamen en sesión de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, se aprobó incluir un artículo transitorio a través del cual se contemplará para el 2003 el porcentaje de 25% que aplica para el sector minero y que en el año 2001 fue contemplado mediante disposición transitoria del artículo segundo fracción VII.
En tal virtud, se tiene que corregir el primer párrafo de la fracción XIV del artículo segundo transitorio que entraría en vigor el próximo uno de enero del 2003 para quedar como sigue:
Dice: Segundo. "Durante el año del 2003 se aplicarán en materia de derechos las siguientes disposiciones...
Fracción XIV. "Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, apartado "A" de la Ley Federal de Derechos, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los procesos de exploración, extracción, molienda, separación, lixiviación y concentración de minerales hasta antes del beneficio secundario por los que efectúan los procesos de fundición y refinación de minerales durante el año 2003, se pagará el 40% de las cuotas por metro cúbico que corresponda a las zonas de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la citada ley. Durante el año del 2004 se pagará el 45% de dichas cuotas por metro cúbico, para el 2005 el 50% y para el 2006 el 60%".
Debe decir: Fracción XIV. "Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, apartado "A" de la Ley Federal de Derechos, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los procesos de exploración, extracción, molienda, separación, lixiviación y concentración de minerales hasta antes del proceso de fundición y refinación de minerales, pagarán el 25% de la cuota ordinaria o bien podrán pagar de la siguiente manera: durante el año 2003 el 40% de las cuotas por metro cúbico que corresponda a la zona de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la citada ley; durante el año 2004 se pagará el 45% de dichas cuotas por metro cúbico para el 2005 y el 50% y para el 2006 el 60%".
A fin de dar consistencia a las reformas realizadas en la iniciativa de Ley Aduanera, se adicionan dos derechos mediante la inclusión de los incisos i), l) y m) en el artículo 40 de la ley sujeta a su consideración, consistente...
-PRESIDENTA: Diputado Monraz, un favor, lo que acaba usted de leer sí es una fe de erratas, lo relativo al transitorio.
Lo que está usted leyendo ahorita resérvemelo en lo particular, como adición.
-DIP. CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Muy bien. Por lo tanto nos reservamos en lo particular en su momento.
-PRESIDENTA: Por favor y si nos deja la fe de erratas en este momento.
¿Correcto? Gracias.
En consecuencia está a discusión en lo general.
Se consulta si hay registro de oradores en pro o en contra en lo general.
No habiendo registro de oradores consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
-DIP.SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTA: Aprobado que la discusión en lo general está suficientemente desahogada.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular, especificando la ley que lo contiene.
El diputado Uuc-Kib Espadas, ¿qué artículo?
La comisión me reserva la adición que me va a presentar.
Diputado César Alejandro Monraz, adición al artículo 40.
Diputado Rigoberto Romero Aceves, para el 238-B-
Diputado Villarreal, fracción I del artículo 8o. y el artículo 18-A.
Diputada Rosa Delia Cota Montaño, 238-B de la Ley de Derechos.
Diputado Jesús Burgos, artículo 223, fracción b) inciso 1o.
Diputado Rafael Servín Maldonado, el artículo 18-B.de la Ley Federal de Derechos.
¿Alguien más?
Diputado Mauricio Enrique Candiani Galaz, la fracción XIV del artículo 2, transitorio. Precisamente a la que se refería, presidenta, sobre fe de erratas, nos la vamos a reservar porque es posible que sí cambiemos un par de palabras que cambian el contenido.
LA C. PRESIDENTA: Artículo 2, transitorio, fracción XIV.
Voy a hacer una relación de los registros que tenemos de reservas en lo particular.
El diputado Rigoberto Romero Aceves, del grupo parlamentario de Acción Nacional, artículo 238 de la Ley Federal de Derechos. El diputado Villarreal, del grupo parlamentario de Acción Nacional, la fracción I del artículo 8 y el artículo 18 a) de la Ley de Derechos.
Por la Comisión, el diputado Monraz para presentar una adición al artículo 40. El diputado UucKib Espadas, del grupo parlamentario del PRD, el artículo 288 de la Ley de Derechos.
La diputada Rosa Delia Cota, del grupo parlamentario del PT, el artículo 238 b). El diputado Jesús Burgos, del grupo parlamentario del PRI, el artículo 223, fracción b), inciso I. El diputado Servín, del grupo parlamentario del PRD, el artículo 18 b). Estos diputados, todos sobre la Ley de Derechos.
El diputado Candiani, del grupo parlamentario de Acción Nacional, la fracción IV del artículo 2, transitorio.
Vamos a ordenar esta relación y después de la votación en lo general volveremos a darle lectura.
Procedemos a la votación en lo general, por lo que le solicito atentamente a la secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación, en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: señora Presidenta: Se emitieron 441 votos en pro, cero en contra y una abstención.
- LA C. PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 441 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos:
Por la Comisión, una adición al artículo 40, por el diputado Monraz.
El diputado Rigoberto Romero, del grupo parlamentario de Acción Nacional, el artículo 238-B.
La diputada Rosa Delia Cota, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el artículo 238-B.
Los artículos 8º., fracción I y el artículo 18-A, el diputado Villarreal.
El artículo 18-B, el diputado Servín.
El artículo 2º., transitorio, fracción XIV, el diputado Candiani.
El artículo 288, el diputado Uuc-Kib Espadas.
El artículo 223 párrafo "B", fracción I, el diputado Jesús Burgos.
La diputada Mercedes Hernández, el artículo 198.
Se está cerrando el registro, diputados, si no o hacen inmediatamente, ya no tendremos reporte de registros.
Me están señalando que ya no es procedente abrir el registro. Ya está registrada la lista.
Tiene la palabra por la Comisión, el diputado Monraz,, para plantear una adición al artículo 40.
- EL C. DIP. CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Ciudadana Presidenta, señores diputados: A nombre de los integrantes de la Comisión de Hacienda nos hemos reservado la adición de dos incisos al artículo 40 en virtud de que antes de aprobar la Ley Aduanera que en unos minutos estaremos discutiendo, en la Comisión de Hacienda se aprobó la Ley Federal de Derechos, por lo tanto al aprobar el dictamen que contiene las modificaciones y adiciones a la Ley Aduanera, contempla conceptos nuevos que no están respaldados con el correspondiente derecho Para hacerla congruente con esto y darle la posibilidad jurídica del gobierno de cobrar por estos servicios, tengo a bien presentar la adición de dos incisos: el "L" y el "M" del artículo 40 para quedar como sigue:
Artículo 40 inciso "L": "Por la autorización para habilitar instalaciones especiales en los recintos fiscalizados estratégicos, 40 mil pesos".
Inciso "M": "Por la inscripción en el Registro de Empresas Certificadas, 15 mil pesos".
Los derechos a que se refieren los incisos: "B", "C", "D", "E", "H", "I", "K", "L" y "M" de este artículo, se pagarán anualmente.
Los derechos a que se refieren los incisos: "A", "F", "E" y "J", se pagarán por única vez.
Es todo, ciudadana Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Es adición.
Es todo, ciudadana Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Es adición.
- EL C. DIPUTADO CÉSAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA: Es adición.
- LA C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría a la asamblea si es de admitirse la adición propuesta por la Comisión, en votación económica.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si es de aceptarse la adición propuesta por la Comisión.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Se admite a discusión. En su momento la procesaremos.
Pasamos a las reservas presentadas al artículo 8º fracción I y al artículo 18, inciso a), por el diputado Villarreal García.
- EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCÍA (PAN): Muchas gracias, Presidenta.
"Me refiero primero a la reserva de la fracción I del artículo 8º de la Ley Federal de Derechos. Por insignificante que parezca aumentar un 10 por ciento el derecho de no inmigrante que el turista debe pagar por internarse en este país, no lo es; no lo es pues actualmente México está considerado como el quinto destino más caro en impuestos turísticos del mundo; cuarto lugar más caro del mundo en derechos de uso de aeropuerto; quinto lugar más caro del mundo en hospedaje, ¡pero eso sí 48 lugar del mundo en competitividad turística! O sea, somos malos pero caros.
"Estas estadísticas, compañeras y compañeros, no son una ocurrencia personal o de los miembros de la Comisión de Turismo de esta Cámara de Diputados, son el cúmulo de estudios mundiales que presentan anualmente organismos de amplísimo reconocimiento mundial como lo es el Consejo Mundial de Turismo, The World Trade and Tourist Council. Organismos internacionales como el mencionado tienen una gran influencia sobre los grandes tour-operadores del mundo. Al punto que muchas de las empresas tour-operadoras del mundo están dejando a un lado a nuestro país en sus planes de adquisiciones de paquetes turísticos.
"México no puede seguir viviendo de su pasado rico y majestuoso y debe de actuar ya. El turismo para nuestro país representa el 8.7 por ciento del producto interno bruto. Cifra nada despreciable. Es esta industria la que representa la tercer fuerza captadora de divisas en este país, solamente por debajo de la industria petrolera y de la maquila se generan a través de esta industria más de 10 millones de empleos, por cierto los mejores pagados de este país. El turismo paga algo así como tres veces más por ejemplo que la industria de la construcción.
"Pensar que la industria turística puede seguir aguantando el peso de impuestos y derechos es tanto, señoras y señores diputados, como pensar en el fracaso de la industria. Los integrantes de la Comisión de Turismo del PRI, del PAN, del PRD, del Verde Ecologista y de la Sociedad Nacionalista, hemos un fuerte esfuerzo durante estos dos años de legislatura por buscar no solamente mantener a la industria, sino también que la industria vaya creciendo.
Lamentamos por ello que así, sin más, sin consultar a la Comisión de Turismo, sin tomarla en cuenta, la Comisión Dictaminadora haya decidido incrementar un 10 por ciento de este derecho.
Pretender que ofertar al país más caro de Latinoamérica es cosa sencilla, pues es también equivocarse porque no lo es. Las cargas fiscales para el turista, sobre todo internacional, nos colocan en una posición poco competitiva ante otros destinos en el mundo.
La estrategia del sector turismo es convertir a México en un destino altamente competitivo, con costos y servicios a nivel mundial, razón por la cual este incremento en las contribuciones va en contra de la visión estratégica de este país.
Una carga fiscal adicional no contribuirá de ninguna manera a mejorar la competitividad de México, sobre todo en estos momentos tan difíciles para el sector a nivel mundial.
El pasado 1º de diciembre del 2002, durante la contestación al Segundo Informa de Gobierno del Ejecutivo, la diputada Presidenta de este Congreso, diputada Beatriz Paredes Rangel, categóricamente afirmó: "Porque es obvio que en una etapa de dificultad económica el turismo debería de ser una de nuestras anclas para impulsar la generación de empleos permanentes, aprovechando las ventajas comparativas de la belleza y ubicación geográfica de México". Fin de la cita.
Si esto es así, si esto de verdad es el sentir del Legislativo hace cuatro meses, no veo por qué contribuir al deterioro de este sector estratégico e indispensable para sacar adelante al país.
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado, su tiempo ha concluido.
-DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Le pido si me permite nada más argumentar la segunda reserva.
-PRESIDENTA: Bien diputado, si le parece procedemos como usted mismo me lo había sugerido. Dado que son dos temas totalmente distintos, vamos a tratar primero la propuesta vinculada con el artículo octavo.
-DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Gracias Presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Por la Comisión, el diputado Levin.
-DIP. OSCAR GUILLERMO LEVIN COPPEL: Muy buenas tardes tengan señores diputados, señoras diputadas.
Entendemos las razones que plantean algunos diputados sobre las reservas a los artículos 8 y 18-A. El criterio de la Comisión de Hacienda fue precisamente el de fomentar el turismo, en la medida que otorgándole recursos a SEMARNAT para que pueda proteger, cuidar las áreas de reservas naturales, eso a su vez genera una atracción fundamental al turismo.
Así que el criterio del dictamen de la Comisión de Hacienda fue precisamente fomentar al turismo, pero entendemos, aunque no necesariamente compartimos en plenitud, el hecho de que un aumento en un derecho es el que pagan los extranjeros que vienen a México por más de seis días y que no utilizan la frontera terrestre sino utilizan avión o barco o similares, si lo actualizamos de 195 a 220 pesos, este aumento de 25 pesos pudiera tener algún impacto en turismo.
Por eso, de común acuerdo con la Comisión de Turismo y de comun acuerdo con las Coordinaciones Parlamentarias, la Comisión de Hacienda propondría el siguiente cambio a su propio Dictamen y es que, el derecho que se proponía pasar de 195 a 220 pesos quede en 210 pesos y eso permitirá que se cuiden los criterios que les preocupan a algunos Legisladores en materia de fomento al turismo, dado que el impacto sería sólo de un dólar, recordándoles que hay países que se paga por este derecho más de cien dólares, ochenta dólares, setenta dólares y nosotros tenemos uno que en este caso sería de 21 dólares.
Y el reparto de los recursos lo cambiaríamos de la siguiente manera, como lo proponía la comisión era que fuera 45% al turismo, 45% al Instituto de Migración y 10% a la SEMARNAP
En el acuerdo con los Coordinadores Parlamentarios, este derecho quedaría ajustado de la siguiente manera: 46.5 al Fondo de Turismo, 46.5 al Instituto de Migración, lo que les permitiría tanto al fomento de Turismo como al Instituto de Migración recibir exactamente los mismos recursos que están recibiendo y le daríamos 7% a la SEMARNAP, lo cual le permitiría atender las áreas protegidas.
Pensamos que es una solución de compromiso que permite que todo mundo quede contento y, sobre todo, que podamos proteger las áreas tan importantes de protección que tenemos para el Turismo.
Muchas gracias compañeros Diputados.
-LA C. PRESIDENTE. Diputado Levín yo le rogaría para el procesamiento pertinente que las adecuaciones que usted ha formulado a nombre de la Comisión pudiera conversarlas con los Diputados que reservaron estos artículos, a efecto de que lo que yo someta a consideración del pleno, tenga el consenso de las firmas de la Mesa Directiva y que eso pueda someter, si se admite o no a discusión.
Lo que usted nos acaba de leer que nos lo haga llegar formalmente. ..
Le pregunto al Diputado Villarreal si retira su planteamiento del Artículo 18-A. Bien, entonces antes de proceder a darle nuevamente la palabra al Diputado Villarreal, dado que en torno al Artículo 8º Fracción I hay una propuesta de la Comisión y esta propuesta de la Comisión ha sido aquí presentada,le pregunto al Diputado Villarreal si en torno al Artículo 8º Fracción I acepta la propuesta de la Comisión.
Entonces en torno al Artículo 8º Fracción I se retira la objeción del Diputado Villarreal y se acepta la propuesta de la Comisión para que en tratándose de ese derecho, quede en 210 pesos.
En un momento someteremos a consideración del pleno si se admite esa propuesta inmediatamente que tengamos el texto.
Pasaremos antes de someterlo a consideración del pleno, entonces a escuchar la objeción del Diputado Villarreal sobre el Artículo 18-A.
-EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA.-Señora Presidenta agradezco mucho las palabras del Presidente de la Comisión de Hacienda, sin embargo no podemos estar de acuerdo porque aquí no venimos a regatear, si se da un 45 o un 46.5 ó un 47% al turismo o no. El argumento es muy simple y es jurídico y la ley no está en juego ni se puede regatear.
El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación en su fracción IV establece: "Derechos son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones del derecho público". Y le pediría, Presidenta, si da instrucción a la Secretaría de dar lectura al propio artículo 3 del propio dictamen de la Ley Federal de Derechos.
- LA C. PRESIDENTA: Sí, diputado. Dé lectura la Secretaría al artículo 3 del dictamen.
- EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: "Artículo 3.- … Primer Párrafo: El pago de los derechos que establece esta ley deberá hacerse por el contribuyente previamente a la prestación de los servicios por el uso, goce o aprovechamiento de bienes de dominio público de la Federación, salvo los casos en que expresamente se señale que sea posterior o cuando se trate de servicios que sean de utilización obligatoria".
- EL C. DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Gracias Presidenta.
De esto se desprende, compañeras y compañeros, que sólo debe pagarse un derecho si se hace uso de un bien del dominio público o se aprovecha de algún servicio en el caso que lo provea el Estado. Así pues, en el caso del derecho que debe pagar un turista por internarse en nuestro país, es decir el que establece la ley en discusión en su artículo 8º fracción I, es desde el punto de vista jurídico e improcedente pues la ley sólo puede cobrar un derecho el Estado por el servicio directamente relacionado con la prestación de los mismos, condición que limita la aplicación y la etiquetación de los recursos del DNI.
No hacerlo así, amigas y amigos, constituye una ilegalidad pues sería el propio Legislativo quien al aprobar una norma jurídica como la propuesta en el dictamen, estaría vulnerando y contraponiéndose a otra norma jurídica como la señalada en el artículo 2º fracción IV del Código Fiscal de la Federación o el propio artículo 3º de la Ley Federal de Derechos.
Por otro lado, aprobar el texto propuesto por el dictamen de este artículo 18-A, sería no sólo violentar el marco jurídico que regula este país en materia tributaria sino además abusivo para los turistas que generosos visitan nuestro país. Esto es así porque el turista paga un derecho por internarse en este territorio, más no por hacer uso de las áreas naturales protegidas pues para hacer uso de ellas, se le cobra –por ley también- cómo lo disponen los numerales 198, 198-A, 238-B y 238-C las contribuciones correspondientes por la prestación del servicio.
En otras palabras, aprobar el texto reservado por el de la voz y propuesto en el dictamen es abusar del turista extranjero al pretenderle cobrar dos veces por la misma tributación, por el mismo uso o aprovechamiento y esto también señores es una ilegalidad porque sería tanto como el pago de lo indebido.
Por si estas dos ilegalidades, es decir el de cobrar esta prestación sin dar el servicio y el de pretender cobrar una doble tributación no son suficientes, diríamos también –para terminar- que hay una tercera ilegalidad.
En el dictamen no está ni fundado, ni motivado la modificación que se propone en el dictamen; en pocas palabras, de súbito apareció la modificación sin consideración jurídica alguna. Ni siquiera era la propuesta del Ejecutivo, ni siquiera es propuesta de la Comisión de Turismo ni siquiera está fundada y motivada por ello.
Apelo a los miembros de este Congreso para que no modifiquemos el texto vigente pues traería con ello, serias y profundas ilegalidades a la vista de todos.
Nosotros, compañeras y compañeros diputados, no podemos darnos el lujo al aprobar una ley de violar otras normas, por lo mismo les solicito se considere por esta asamblea, que el texto actual vigente del artículo 18-A, se quede como está. Muchas gracias Presidenta.
-LA C. PRESIDENTA:- Diputado Levin sonido en la curul,donde se encuentra el diputado Levin. Sonido en esa curul.
EL C. DIP. OSCAR GUILLERMO LEVIN COPPEL:- Conoce usted ya el criterio de la Comisión de Hacienda y el criterio de los coordinadores parlamentarios, le propondría que ponga a votación si es de aceptarse las modificaciones que la propia comisión ha dado a estos artículos y si se aceptan las modificaciones que propone el compañero diputado para pasar a los siguientes asuntos.
LA C. PRESIDENTA:- Lo haré inmediatamente diputado Levin que me entreguen el texto de la propuesta que presentó usted verbalmente; la estoy esperando diputado.
EL C. DIPUTADO OSCAR GUILLERMO LEVIN COPPEL:- ( desde la curul) usted verbalmente: La estoy esperando diputado.
EL C. DIPUTADO OSCAR GUILLERMO LEVIN COPPEL:- ( desde la curul) Ya la tiene la Secretaría.
EL C. SECRETARIO ADRIAN RIVERA PEREZ- Le pedimos al diputado si nos hace la redacción y nos entrega el texto.
EL C. DIP. OSCAR GUILLERMO LEVIN COPPEL:- Si usted los tomó junto conmigo, no tiene ningún cambio más que lo que les di, esa es la propuesta.
LA C. PRESIDENTA:- Tiene usted la propuesta, o vaya a recogerla con el diputado Levin, diputado Secretario.
LA PRESIDENTA: Diputado Rivera, si quiere usted incorporarse, le aprecio mucho su colaboración. Y le señalo a la Comisión de Hacienda que si sus propuestas no están por escrito no van a poder ser procesadas por esta mesa directiva.
Lo vuelvo a subrayar para que la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda tenga la gentileza de atendernos. Si las propuestas no están por escrito aunque sea manuscritas, o sobre el dictamen o en un texto adicional no podrán ser procesadas.
Por favor, diputada.
LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Artículo 8º con las modificaciones: Inciso 1, turista, de 220 a 210.
Artículo 18 A con la modificación: Los ingresos que se obtengan por las recaudaciones del derecho establecido en la fracción primera del artículo 8º de la presente ley, se destinarán en un 46.5 –esa es la modificación- al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, en un 46.5% al Consejo de Promoción Turística de México, para la promoción turística del país, y en un 7% a la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas, para la conservación de las áreas naturales protegidas.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputada.
Se consulta a la asamblea si son de admitirse las propuestas presentadas por el diputado Luis A. Villarreal, al artículo 18 A.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
(votación)
Rechazadas.
Se consulta a la asamblea si son de admitirse las propuestas presentadas por la Presidencia de la Comisión, al artículo 8º y al artículo 18 A, para quedar de la siguiente manera:
Artículo 8º, inciso primero: Turista. Venía en el dictamen 220, queda en el dictamen 210.
Artículo 18 A: Los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho establecido en la fracción 1ª del artículo 8º de la presente ley se destinarán en un...venía en el dictamen 45 %, quedaría 46.5 al Instituto Nacional de Migración para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona, en un...venía en el dictamen 45%, quedaría en un 46.5 al Consejo de Promoción Turística de México, para la promoción turística del país, y en un 7% a la Comisión Nacional
de Areas Naturales Protegidas, para la conservación de las áreas naturales protegidas.
Se consulta a la asamblea si son de admitirse esas modificaciones. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Son de admitirse. Se reservan para su votación o su discusión en conjunto.
Pasamos a la siguiente reserva, que es la relativa al artículo 18 B, reservado por el diputado Rafael Servín, del grupo parlamentario del PRD.
EL DIP. RAFAEL SERVIN MALDONADO: Gracias, señora Presidenta.
Me permito hacer la reserva del artículo 18 B de la iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos, presentada por el Ejecutivo Federal, cuyo texto a la letra dice:
Artículo 18 B. "No pagarán los derechos a los que se refiere esta sección, los extranjeros que tengan las características de refugiado con base en la legislación nacional y en los tratados internacionales en los que México es parte".
La motivación de mi reserva la sustento en base al artículo 30 constitucional, letra A, fracción III, cuyo texto a continuación me permito leer.
Constitución Política de los Estados Mexicanos, capítulo 2º de los mexicanos, artículo 30: "La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización.
"A. Son mexicanos por nacimiento –fracción III- los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano o por naturalización o de madre mexicana por naturalización". Por lo tanto, en mi concepto se debe de adicionar en el artículo 18 B el texto que propongo a su consideración para quedar como sigue:
"Artículo 18 B.- No pagarán los derechos a los que se refiere esta sección, los extranjeros que tengan las características de refugiado con base a la legislación nacional y a los tratados internacionales en los que México es parte y los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero que así lo acrediten".
Sería el texto adecuado porque resultaría inconstitucional de cobrarles el derecho de no inmigrantes a los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero, que constitucionalmente son mexicanos.
Por lo tanto someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la adición del texto al artículo 18B.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias diputado. ¿Por la Comisión? Diputado Añorve por la Comisión. Sonido en la curul del diputado Añorve.
EL DIP. MANUEL AÑORVE BAÑOS (Desde su curul): Presidenta, estamos de acuerdo.
LA PRESIDENTA: La Comisión acepta esta propuesta.
Le ruego a la Secretaría consulte con el Pleno si es de admitirse la propuesta presentada por el diputado Rafael Servín.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si es de admitirse la Proposición del diputado Servín.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Se admite la propuesta, se reserva para su votación en conjunto.
Tiene al palabra para referirse al artículo 198, la diputada Mercedes Hernández.
Ha retirado su reserva la diputada Mercedes Hernández.
Para referirse al artículo 223, apartado B fracción Primera, tiene la palabra el diputado Jesús Burgos. Sonido en la curul del diputado Burgos.
EL DIP. JESÚS BURGOS PINTO(Desde su curul): Diputada Presidente, declino mi intervención para que en nombre de la Comisión lo haga el diputado Jorge Chávez Presa, si usted no tiene inconveniente.
LA PRESIDENTA: Diputado Chávez Presa, por la Comisión.
EL DIP. JORGE A. CHAVEZ PRESA: Con su venia, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores:
El agua es un recurso escaso y es un líquido muy preciado, y por ello, tenemos que tomar con un gran sentido de responsabilidad las medidas para dar el incentivo a su cuidado.
Sin embargo no es justo y no es equitativo que cuando la tarifa aumenta, cuando se rebasa un cierto volumen de consumo, también se penalice al usuario con todo el volumen que todos los mexicanos estarían pagando.
Por ello, estamos proponiendo a ustedes la modificación al artículo 223 en su fracción I, en el párrafo correspondiente sobre las tarifas a que se refiere esta fracción serán aplicables a los organismos operadores con la siguiente redacción:
"Las tarifas a que se refiere esta fracción, serán aplicables a los sujetos que en la misma se señalan cuando el consumo de agua en el período sea inferior o igual a un volumen equivalente a los 300 litros por habitante al día, de acuerdo con la población indicada en los resultados definitivos del ejercicio inmediato anterior referidos exclusivamente a población, proveniente del último censo general de población y vivienda publicado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, actualizado con la proyección de población publicadas por el Consejo Nacional de Población".
También se agregaría y se modificaría el siguiente párrafo para quedar de la siguiente manera: En aquellos casos en que el consumo sea superior a los volúmenes que se mencionan en párrafo anterior, se aplicarán las siguientes tarifas sobre el volumen del consumo excedente, y quedan las cifras que están establecidas en el dictamen.
De esta manea, compañeras y compañeros legisladores, vamos a lograr introducir equidad, pero también vamos a poder permitir que se vaya actualizando la población, y que no tengan que esperarse hasta cinco años, que es cuando el INEGI lleva a cabo el conteo o en su caso cuando es decenio el censo, se perjudique a la población y al organismo operador del agua.
Esta es la propuesta que hacemos por parte de la Comisión de Hacienda. Es cuanto señora presidenta.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Este artículo había sido reservado por el diputado Jesús Burgos, quien acepta la propuesta de la Comisión de Hacienda.
Le ruego a la Secretaría consulta a la Asamblea si es de admitirse la propuesta presentada por la Comisión de Hacienda al Artículo 223 Apartado B fracción I, tal como la presentó el diputado Chávez Presa.
-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la Asamblea si es de admitirse las modificaciones al Artículo 223 Apartado B fracción I propuestas por la Comisión a través del diputado Chávez Presa.
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Se admite se reserva para su votación en conjunto.
Han reservado el Artículo 238 B el diputado Rigoberto Romero Aceves y la diputada Rosa Delia Cota.
Le ofrezco el uso de la palabra al diputado Rigoberto Romero Aceves e inmediatamente después a la diputada Rosa Delia Cota.
Por favor diputado Romero.
-EL C. DIPUTADO RIGOBERTO ROMERO ACEVES: Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. Me he reservado este Artículo 238 B, artículo que habla de la observación de ballenas grises, es un impuesto que no existía el año antepasado y se originó el año anterior, como la temporada ya había iniciado, nadie lo ha pagado.
La observación de ballena se lleva a cabo sólo en los estados de Jalisco y Nayarit, con un total de 85 embarcaciones. También se lleve a cabo en Baja California, Puerto Adolfo López Mateos y San Carlos con un total de 124 embarcaciones y en las Lagunas de Guerrero Negro y Ojo de Liebre.
El pago por el derecho en las Lagunas de Guerrero Negro y Ojo de Liebre ya está contemplado en Artículo 198, esto es, el Artículo 234 sólo habla del pago de estas 210 embarcaciones en todo el país.
Como la temporada de pesca nada mas dura dos meses o dos meses y medio, que es cuando están las ballenas en la laguna, esto es, este servicio no se presta todo el año, solamente 70 días al año cuando mucho. Si hablamos de 210 embarcaciones con 70 días al año, que salieran todos los días, estamos hablando de 14,700 viajes. Si en cada viaje se llena la embarcación que tiene cupo de seis personas, estamos hablando de 88 mil viajes, lo que implicará un millón 300 mil pesos de ingreso al erario.
a propuesta original del Ejecutivo era de un pago de 10 pesos, en Comisiones se cambió a 25 pesos. Este pago de 10 pesos estaba acordado con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Medio Ambiente y con los pescadores de las localidades. ¿Por qué los pescadores?
Porque como es una observación de ballenas, y sobre todo se da en Baja California ballena gris, a los pescadores no les permiten pescar esa temporada para no interrumpir las ballenas y el servicio lo dan los pescadores.
En lo que es Guerrero negro y Ojo de Liebre por ser un área natural protegida, ahí el derecho está contemplado en el 198 por 20 pesos solamente, y ese servicio lo prestan empresas dedicadas al turismo. Y en tanto que en San Carlos y López Mateos el servicio lo dan pescadores que no los dejaron pescar, y a ellos se les están poniendo 25 pesos, esto es, está siendo más gravado el turismo donde están las clases sociales que donde están las pequeñas empresas. Por eso yo propongo que se regrese a la redacción del proyecto original del Ejecutivo, que el pago sólo sea por 10 pesos.
Yo quisiera aclarar, por otra parte, que los pescadores que dan este servicio no solamente pagan este derecho, ellos tienen que pagar el permiso de pesca al momento que son pescadores; tienen que pagar Impuesto Sobre la Renta; tienen que pagar Seguro Social; tienen que pagar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes derechos de navegación y aparte este otro nuevo derecho y como es un derecho, alguien podría decirme: oye, pero no lo paga el pescador, es un derecho, pero la Secretaría de Medio Ambiente no tiene quien cobre el derecho y entonces se acordó con los pescadores que ellos le cobren al turista y el pescador traslade el pago a la Secretaría de Hacienda. Entonces ahí también el pescador está contribuyendo en que no tenga que gastar el Ejecutivo en cobrar este servicio.
Por eso, a fin de cuentas es el pescador el que va a incluir en el costo de su viaje este derecho y por tanto, quien preste el servicio, que es una empresa turística en un área de protección, solamente va a pagar 20 pesos y quien lo haga como clase social, como pescador que no fue permitido que pescara en esa temporada, va a tener que pagar 25 pesos.
Yo les pido que nos ayuden en este punto y que nos aprueben la reserva de este artículo para que quede como venía en el texto original del Ejecutivo.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
La diputada Rosa Delia Cota del grupo parlamentario del PT, ha reservado el mismo artículo.
LA C. DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO.- Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
E ni calidad de diputada integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna con fundamento en lo que se dispone en el artículo 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para plantear mi reserva al artículo único del dictamen que se nos presenta por la Comisión de Hacienda y Crédito Público, específicamente el artículo 238 "B" de la Ley Federal de Derechos.
El artículo en comento establece que por el aprovechamiento no extractivo de ballenas en zonas federales originado por el desarrollo de actividades de observación y acercamiento, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona por día en la temporada, conforme a la cuota de 25 pesos. El establecimiento de cobros por el uso y disfrute de los recursos naturales, tiene básicamente dos objetivos: la recaudación monetaria y la generación de una conciencia del impacto del hombre sobre el medio ambiente.
La conservación y protección ambiental requieren recursos económicos y es uno de nuestros compromisos generarlos, pero igual responsabilidad tiene el Poder Ejecutivo para ejercerlos correctamente; por ello demandamos que estos fondos se destinen a la protección de los recursos y a los sitios bajo alguna categoría de protección.
Reconocemos que el Ejecutivo Federal haya recapacitado y en la iniciativa enviada a esta soberanía se ajustan o cancelan las tarifas de algunos derechos con el objeto de orientar a mantener los costos reales que implican la prestación de los servicios y el uso, goce o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la Federación.
Particularmente en el caso de la observación de ballenas, es evidente la disminución del cobro efectuado para la observación de ballenas en comparación a las tarifas actuales.
Desde mi punto de vista, con la tarifa vigente, en lugar de fomentar el conocimiento y la observación de estas especies de mamíferos marinos al establecer una cuota tan alta, se cancela el acceso de miles de mexicanos a este espectáculo de la naturaleza.
La tarifa vigente en el ejercicio actual tuvo efectos graves para los prestadores de servicios turísticos y se obtuvieron escasos ingresos por una actividad que puede tener el efecto de arrastre de mayor dimensión, para favorecer el desarrollo de actividades que se practican en pocos lugares del país.
En esas circunstancias, los beneficios económicos que se pretendían derivar al cobrar una cuota por la observación de las ballenas, no fueron favorables para muchos estratos de la población debajos ingresos, quienes no cuentan con suficientes recursos para canalizarlos al esparcimiento ni para las arcas de la Federación, y sí un gran golpe para el ecoturismo, que es una actividad que debemos fomentar como parte de la ocasión de nuestra sociedad.
Con el objeto de generar mayor compromiso de la ciudadanía con sus recursos naturales, pero reconociendo que las condiciones económicas de la mayoría de los ciudadanos son limitados, proponemos el cobro de una cuota simbólica.
Al mismo tiempo conminamos al Ejecutivo Federal que a cambio del pago recibido realicen los convenios y proyectos necesarios para que en los sitios donde arriban los turistas se cuente con la infraestructura y servicios necesarios para el uso de los propios turistas.
Asimismo estamos proponiendo que para alcanzar mayor transparencia y alentar la participación del sector privado, gobiernos estatales y municipales se permita la conformación de fideicomisos que administren los recursos generados.
Por las consideraciones expuestas en mi calidad de diputada federal propongo la modificación del artículo 238-B, para quedar como sigue:
"Por el aprovechamiento no extractivo de ballenas en zonas federales originado por el desarrollo de actividades, observación y acercamiento, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona por día, en la temporada conforme a la cuota de diez pesos.
"Propongo también que el 50% de los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho, se destinarán al Instituto Nacional de Ecología, para el desarrollo de las actividades de investigación y monitoreo de las poblaciones de los mamíferos marinos, así como para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para la inspección y vigilancia de las poblaciones de ballenas. El 50% restante de los recursos se destine al fomento de actividades productivas para los habitantes locales y será depositado en un fideicomiso público. En la administración del fideicomiso podrán participar además de las autoridades federales, prestadores de servicios turísticos, representantes de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos correspondientes".
Es cuanto, señora presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
Para ilustrar a la Asamblea, hay dos propuestas que son coincidentes en la tarifa que el proyecto de dictamen tiene como de 25 pesos, pase a 10 pesos. Y en eso son coincidentes ambas propuestas. Y hay una segunda parte de la propuesta presentada por la diputada Delia Cota, que es totalmente distinta, que señala el destino de los recursos y la forma de operación del destino de esos recursos.
Voy a proceder, dado que no son idénticas las propuestas.
Diputado Agundis por la Comisión de Hacienda ¿quiere usted subir a la tribuna?
-DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Muchas gracias señora presidenta.
En virtud de que en el artículo 238 inciso b) no hay exclusiones propuestas por algunos miembros de la Comisión, como sería el caso de que personas mayores a 60 años y menores de 10, fueran exentas del pago de este derecho, se propone que el artículo 238 inciso b) quedara en una cuota de 15 pesos. Y asimismo, aplicar esta misma cuota de 15 pesos al artículo 238 inciso c), derogando el segundo párrafo donde dice: "Estarán exentos del pago del derecho a que se refiere este artículo las personas mayores de 60 años, menores de 10 años y los discapacitados, así como grupos escolares de escuelas oficiales".
Por consiguiente, nuestra propuesta, a nombre de la Comisión, es que el pago de derechos del artículo 238 inciso b) e inciso c) se homologara a la cuota de 15 pesos y el segundo párrafo del artículo 238, inciso c) fuera derogado.
LA C. PRESIDENTA: Tenemos, sobre el artículo 238 b), dos propuestas coincidentes y una de la Comisión sobre el 238 b). Las propuestas coincidentes son las del diputado Rigoberto Romero y de la diputada Rosa Delia Cota en torno a que la cuota sea de diez pesos y la propuesta de la Comisión, en el 238 b), es que la cuota sea de 15 pesos.
Y hay una nueva propuesta de la Comisión en torno al párrafo último del 238 c) que significaría transformar la cuota del 238 c) para homologarla también y que en lugar de ser de 30 pesos sea de 15 pesos y que el párrafo que habla de la exención se retire.
Diputada Rosa Delia Cota, muy respetuosamente esta presidencia le quiere preguntar si la parte de la manera como se ejerzan los recursos, que está contenida en su propuesta, pudiera no someterla a discusión porque quizá nos pongamos en un problema de leyes. ¿Lo acepta, diputada? Se lo aprecio mucho.
Entonces tenemos, para votar, lo siguiente: si se admite o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Rigoberto Romero y la diputada Rosa Delia Cota sobre el artículo 238 b) para que la cuota, en lugar de 25 pesos, pase a ser de 10 pesos. Diputado Romero.
EL C. DIPUTADO RIGOBERTO ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta. Me parece adecuada la propuesta que hace la presidencia de la Comisión y me adhiero a ella, retirando la mía. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Diputada Rosa Delia Cota.
LA C. DIPUTADA ROSA DELIA COTA: Yo estoy de acuerdo siempre y cuando se retome el que se excluyan los niños, por lo menos menores de seis años, los mayores de 60 y los discapacitados. Con mucho gusto acepto los 15 pesos.
LA C. PRESIDENTA: A la Comisión le preguntamos si estaría de acuerdo en la propuesta de la diputada Cota.
EL C. DIPUTADO OSCAR GUILLERMO LEVIN: Estaríamos de acuerdo exactamente en los términos que lo propone la diputada.
LA C. PRESIDENTA: Muy bien. Entonces las modificaciones son las siguientes: la tarifa incorporada en el artículo 238 b), en lugar de ser 25 pesos, pasa a 15 pesos. La tarifa planteada en el artículo 238 c), en lugar de ser de 30 pesos pasa a 15 pesos y estarán exentos del pago del derecho a que se refiere este artículo las personas mayores de 60 años, los niños menores de seis y los discapacitados.
Pasamos a la discusión del artículo 288, reservado por el diputado Uuc-kib Espadas. Antes consulte la Secretaría es de admitirse la propuesta presentada originalmente por los diputados Rigoberto Romero y la diputada Rosa Delia Cota, y recogida y replanteada.
LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si son de admitirse las modificaciones que... (Interrupción)
- LA C. PRESIDENTA: Perdón. Diputado Calderón y diputado Agundis. Vamos a pasar a escuchar al diputado Uuc-kib Espadas, antes de someter a consideración los textos consensados del artículo 238-B y 238-C.
Tiene la palabra el diputado Uu-kib.
- EL C. DIP. UUC-KIB ESPADAS ANCONA: Diputada Presidenta; ciudadanos diputados:
El artículo 288 en su último párrafo, establece la exención de pago de derechos por el acceso a museos y zonas arqueológicas los domingos. Esta es una vieja disposición que tiene razones importantes para estar allá, pero que también representa un problema.
Los domingos son los días más concurridos a los museos y zonas arqueológicas, particularmente por el turismo extranjero, y generan una cantidad de gastos directos y otros indirectos al instituto Nacional de Antropología e Historia que no recibe ningún pago a cambio para poder afrontar estas obligaciones.
A nosotros nos parece que la razón central de esta exención deriva de la obligación del Estado mexicano a proporcionar servicios culturales y de la característica de bien nacional de los museos y zonas arqueológicas.
Sin embargo es un hecho que esta obligación la tiene el Estado mexicano con sus nacionales, y que en otros países del mundo no existen medidas semejantes y que el acceso a museos y zonas arqueológicas se cobra también los domingos.
En ese sentido nosotros estamos proponiendo una modificación al texto de la Comisión que en las últimas líneas del párrafo que diga:
"Asimismo estarán exentos del pago de este derecho los visitantes nacionales extranjeros con residencia en México que accedan a los monumentos y zonas arqueológicas los domingos y días festivos".
Esta es nuestra propuesta.
- LA C. PRESIDENTA: La propuesta del diputado Uuc-Kib Espadas, no sé si merezca alguna reacción de la Comisión.
Sonido en la curul del diputado Levin.
- EL C. DIP. OSCAR GUILLERMO LEVIN (Desde su curul): El criterio de la Comisión de Hacienda es que son de aceptarse los comentarios para incluir en ley, del diputado Uuc-kib.
- LA C. PRESIDENTA: Bien. Estamos recabando el texto preciso. Por favor si la Secretaría puede darle lectura al texto presentado por el diputado Uuc-kib.
-LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: La modificación presentada por el diputado al artículo 288 en su última fracción, adhiere:
"Asimismo estarán exentos del pago de ese derecho los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México, que accedan a los monumentos y zonas arqueológicas los domingos y días festivos".
- LA C. PRESIDENTA: Perdón, Secretaria, yo tengo entendido que modifica, no adhiere.
A ver...
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: ¿Leo el texto original?
- LA C. PRESIDENTA: Léame el párrafo completo del artículo 288 del final: <<No pagarán...
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CERESO BAUTISTA: Párrafo completo. <<No pagarán el derecho a que se refiere este artículo las personas mayores de 60 años, menores de 13 años, jubilados, pensionados, discapacitados, profesores y estudiantes en activo, así como los pasantes o investigadores que cuenten con permiso del Instituto Nacional de Antropología e Historia para realizar estudios afines a los museos, monumentos y zonas arqueológicas a que se refiere este artículo>>.
- LA C. PRESIDENTA: Punto. Punto.
Lea usted el texto como está ahorita y después lee la propuesta de Uuc-kib.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: De la Gaceta: <<Asimismo estarán exentos del pago de este derecho los visitantes que accedan a los monumentos y zonas arqueológicas los domingos y días festivos>>
- LA C. PRESIDENTA: Ese es el texto de la Gaceta del dictamen. La propuesta para sustituir el texto que aceptó la Comisión léala.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: <<Asimismo estarán exentos del pago de este derecho los visitantes nacionales y extranjeros residentes en México que accedan a los monumentos y zonas arqueológicas los domingos y días festivos>>
- LA C. PRESIDENTA: Es claro para la asamblea el sentido.
Consulte la Secretaría si es de admitirse la propuesta de modificación presentada por el diputado Uuc-kib.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si es de admitirse las modificaciones presentadas al artículo 288 por el diputado Uuc-kib.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)}
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- LA C. PRESIDENTA: Aceptadas.
Estamos nada más a la espera del texto. Nos lo dan en unos momentos. Mientras tanto vamos a pedirle al diputado Mauricio Candiani que había hecho alguna reserva sobre el artículo transitorio, fracción XIV, preguntarle si sigue vigente su reserva.
Sí, diputado Candiani.
- EL C. DIPUTADO MAURICIO ENRIQUE CANDIANI GALAZ: Señora Presidenta, con su autorización.
Estimados compañeros:
Se trata de una modificación que pretende definir en una forma precisa, simplemente el criterio que comparto con lo establecido por mis compañeros en la Comisión de Hacienda. Básicamente los compañeros lo que establecieron en esta disposición es crear dos figuras de pago de derechos para los usos del agua en todos los procesos que se detallan en el artículo: una de 25 por ciento para quienes lo elijan; y otra de 40 por ciento a partir del año, con un incremento gradual pactado, con un párrafo que le están adicionando que posibilita la acreditación del agua que se pone a disposición de municipios, de entidades federativas, de organismos operadores de agua o incluso de un cuerpo receptor de agua.
En el texto que se nos entrega no queda del todo claro esta doble separación del criterio que aprobaron en la Comisión de Hacienda e incluso en la fe de erratas que se nos expuso hace un momento surge la duda de si se está creando una doble cuota para un mismo año fiscal.
De tal manera que lo que estamos proponiendo, amigos, es simplemente establecer en un párrafo que para todos los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, apartado A y demás -lo entregaré por escrito a esta Presidencia- pagarán el 25 por ciento de las cuotas por metro cúbico que corresponda a la zona de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la citada ley y dejar ese primer párrafo tal cual.
Después prácticamente volver a copiar ese mismo párrafo en una segunda disposición, que establezca que para el año 2003 habrá una cuota de 40 por ciento con un incremento progresivo, como lo estableció tal cual la Comisión, de 45 por ciento para el año 2005, de 50 para el 2006 y de 60 para el 2007, pero que al quedar en dos párrafos nos permite que el tercer párrafo, que sería el segundo que propone la Comisión, que es el que explica el mecanismo de acreditación para los beneficiarios de esa segunda opción, quede perfectamente claro en la norma que se tarta de una premisa ligada, el tercer párrafo con el segundo párrafo, y no vayamos a tener alguna persona que pueda estar confundida por la disposición y que quiera hacer uso del beneficio que le estamos otorgando en el tercer párrafo, cuando está pagando la cuota del primero.
Entonces, de esa manera le damos absoluta precisión a la disposición. Subrayo, es exactamente el mismo criterio que la Comisión vertió en el acuerdo que tomaron, pero simplemente o estamos dejando de tal manera que haya absoluta claridad de la disposición.
Eso es todo, señora Presidenta.
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Yo le pediría al diputado Candiani que con el diputado Monraz y con la Comisión y con la errata que dejaron aquí, me hagan un texto compartido, para que esté preciso.
Por favor diputado Candiani, si se pone usted de acuerdo y con la errata que nos dejaron.
Diputado Levin.
-DIP. OSCAR GUILLERMO LEVIN COPPEL (desde su curul): Para comentarle, señora Presidenta, que es de atenderse por la Comisión el criterio del diputado Candiani. Ya él trae un texto, ahorita vemos que sea totalmente de común acuerdo con la fe de erratas, pero sentimos que es de atenderse el comentario.
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Me informan que ya hay una propuesta de texto formal del artículo 238-B y 238-C. Por favor léala la Secretaría.
-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: "Artículo 238-B". Le daré lectura total.
"Artículo 238-B.- Por el aprovechamiento no extractivo de ballenas en zonas federales, originado por el desarrollo de actividades de observación y acercamiento, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona, por día, en la temporada, conforme a la cuota de 15 pesos".
Se adiciona un segundo párrafo que consistiría: "Estarán exentos del pago del derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años y menores de 6 años, siempre y cuando éstos sean de nacionalidad mexicana, así como los discapacitados".
"Artículo 238-C.- Por el aprovechamiento no extractivo de tortugas terrestres dule cauqueolos y marinos, originado por el desarrollo de las actividades de observación en centros para la protección y conservación de las tortugas propiedad de la nación, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona, por día, conforme a la siguiente cuota: 15 pesos".
Y se modifica el siguiente párrafo quedando: "Estarán exentos del pago del derecho a que se refiere este artículo, las personas mayores de 60 años y menores de 6 años, siempre y cuando éstos sean de nacionalidad mexicana, así como los discapacitados".
La modificación al artículo 238-B, se adiciona el segundo párrafo y se conservan cinco líneas que permanecen y que aparecen en la Gaceta.
-PRESIDENTA: Por favor diputada Secretaria, lea usted cómo quedaría, completo, las líneas, los párrafos que se conservan y que simplemente cambiaron de lugar.
-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA. ¿Los leo?
-LA C. PRESIDENTA: Sí lea completo el 238-B.
-LA MISMA C. SECRETARIA. "Artículo 238-B. Por el aprovechamiento no extractivo de la ballena en zonas federales originado por el desarrollo de actividades, de observación y acercamiento, se pagará el derecho de aprovechamiento no extractivo por persona, por día en la temporada conforme a la cuota de quince pesos.
Estarán exentos del pago de este derecho a que se refiere este Artículo, las personas mayores de 60 años siempre y cuando estos sean de nacionalidad mexicana así como os discapacitados.
-En el caso de que la observación de ballenas se lleve a cabo en un área natural protegida, -rectifico- el pago del derecho deberá efectuarse por el Titular del persmiso para la prestación de servicios de observación de ballenas.
En el caso de que la observación de ballenas se lleva a caxbo en un área nacional protegida, se estará a lo dispuesto en el Artículo 198 de esta Ley tanto en la cuota como en el destino de los recursos. Los ingresos que se obtengan por la recaudación de este derecho se destinarán al Instituto Nacional de Ecología para el desarrollo de las actividades de investigación y monitoreo de las poblaciones de los mamíferos marinos así como a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para la inspección y vigilancia de la población de ballenas.
La temporada a que se refiere este Artículo será establecida mediante el aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El pago del derecho a que se refiere este artículo deberá realizarse mediante declaración que se presentará ante las instituciones de crédito autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria dentro de los diez días posteriores a la terminación de la temporada".
-LA C. PRESIDENTA- Bien y el Artículo 238-C queda claro que se modifica la cuota que pasa de 30 a 15 pesos y que se modifica el párrafo inmediato siguiente para quedar , ¿cómo, Diputada?
-LA MISMA C. SECRETARIA: "..Estarán exentos del pago del derecho a que se refiere este Artículo, las personas mayores de 60 años y menores de 6 años siempre y cuando estos sean de nacionalidad mexicana así como los discapacitados".
-LA C. PESIDENTA. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de admitirse las propuestas de modificaciones presentadas por el Diputado Romero y por la Diputada Rosa Delia Cota y admitidas por la Comisión.
-LAMISMA C. SECRETARIA. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si son de admitirse las modificaciones propuestas por el Diputado Rigoberto Romero , Rosa Delia Cota y aceptadas por la Comisión a través del Diputado Abundis.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-LA C. PRESIDENTA. Son de admitirse y se reserva para su votación en conjunto.
Se consulta con el Diputado Monraz y el Diputado Candiani siya tienen un texto unificado. SE está pasando en limpio.
Vamos a proceder de la siguiente manera, en lo que llega la última propuesta, le voy a rogar a la Secretaría que consulte si hay discusión de las propuestas de modificación aceptadas.
De la adición al Artículo 40 se consulta, propuesta de Adición presentada por la Comisión y que significa que en el Artículo 40 de la Ley de Derechos. A la Comisión, esta es una consulta para la Comisión.
En el proyecto de dictamen no está incorporado el artículo 40, entiendo que la propuesta de la Comisión es que el artículo 40 vigente se preserve tal y como está en su artículado base y en los incisos de la a) a la k) y la adición que plantean es el inciso l) y el inciso m). ¿Es correcta la interpretación de la Presidencia?… Le ruego entonces a la Comisión, lo vamos a someter a votación en este momento, pero nos haga llegar el texto vigente del artículo 40 para incorporarlo al dictamen y para que podamos darle lectura y el Pleno se entere de qué se trata.
El artículo 40 vigente, que se preservaría en el texto que existe, está conformado de la siguiente manera… Artículo 40 vigente que se preservaría tal y como está:
"Por el otorgamiento de las inscripciones, concesiones o autorizaciones que a continuación se señalan, se pagará el derecho aduanero de inscripciones, concesiones y autorizaciones conforme a las siguientes cuotas:
Por la inscripción en el registro del despacho de mercancías: $3,100 pesos;
Por la autorización para someterse al proceso de ensamble y fabricación de vehículos a empresas de la industria automotriz y manufacturera de autotransporte: …………………………………………………………………………$6,300 pesos;
Por la autorización para la entrada o salida de mercancías del territorio nacional por lugar distinto al autorizado: ……………………………………… $6,600 pesos;
Por la concesión o autorización para prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías de comercio exterior…………………….$33,000 pesos;
Por la autorización para prestar los servicios de carga, descarga, estiba, acarreo y transbordo de mercancías en el Recinto Fiscal………………….. $6,300 pesos;
Por la autorización de apoderado aduanal………………………..$5,000 pesos;
Por la autorización de dictaminador aduanero……………………$5,000 pesos;
Por la autorización para la entrada y salida de mercancías por tuberías, ductos, cables u otros medios de conducción………………………………$5,500 pesos;
Por la autorización temporal para locales destinados a exposiciones internaciones de mercancías…………………………………………………………$3,000 pesos;
Por la inscripción en el registro de empresas transportistas……..$3,300 pesos;
Por la autorización para el establecimiento de depósito fiscal para la exposición y venta de mercancías extranjeras y nacionales…………………….$27,470 pesos.
Y las adiciones son las siguientes:
l) Por la autorización para habilitar instalaciones especiales en los recintos fiscalizados estratégicos………………………………………………….$40,000 pesos; y
Por la inscripción en el registro de empresas certificadas………$15,000 pesos.
Los derechos a que se refieren los incisos b), c), d), e), h), i), k), l) y m), de este artículo, se pagaran anualmente.
Los derechos a que se refieren los incisos a), f) g) y J), se pagaran por única vez.
Esta es la propuesta de adición presentada por la comisión y aceptada por el pleno Consulte la Secretaría si hay discusión sobre la misma.
LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA:- Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si hay discusión de la modificación.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
( v o t a c i ó n )
LA C. PRESIDENTA:- No habiendo discusión sobre ella se reserva, para su votación en conjunto.
Diputado Candiani y diputado Monraz ¿ya? Me hacen favor de presentar el texto.
Bien en lo que el diputado Candiani o el diputado Monraz me entregan un texto vamos a verificar la adición discutida y planteada al artículo 8º. fracción I y el artículo 18-A, que fue admitida para discusión. Consulte la Secretaría si hay alguna intervención al respecto.
LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA:- Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si hay intervención con respecto a las modificaciones y aceptación de los artículos 8º, fracción I y artículo 18-A.
LA C. PRESIDENTA:- No hay registro de oradores. Se da por suficientemente discutida.
El texto aceptado por la comisión y propuesto por el diputado Candiani del artículo segundo transitorio, que entraría en sustitución de la fe de erratas leída, que sería el texto definitivo de la fracción XIV del artículo segundo transitorio, diputada Cerezo.
LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA:- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223, apartado A de la Ley Federal de Derechos, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los procesos de exploración, extracción, molienda , separación, lixiviación y concentración del minerales hasta antes del beneficio secundario, por lo que se exceptúan los procesos de fundición y refinación de minerales, durante el año 2003 pagarán el 25% de las cuotas por metro cúbico que corresponda a la zona de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la citada ley.
No obstante lo anterior, el usuario podrá optar someterse al siguiente régimen de pago: para los efectos de lo dispuesto en el artículo 223 apartado A de la Ley Federal de Derechos, la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales que se utilicen en los procesos de exploración, extracción, molienda, separación dixibiación (¿) y concentración de minerales hasta antes del beneficio secundario, por lo que se exceptúan los procesos de fundición y refinación de minerales, durante el año 2003 se pagará el 40% de las cuotas por metro cúbico que corresponde a la zona de disponibilidad a que se refiere el artículo 231 de la citada ley. Durante el año 2004 se pagará el 45% de dichas cuotas por metro cúbico, para el 2005 el 50% y para el 2006 el 60%.
Todos los usuarios que se encuentren en los supuestos de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales mencionados en el párrafo anterior hasta antes del beneficio secundario, que pongan a disposición de un municipio, estado o entidad pública o bien que descarguen en el agua en condiciones equivalentes a su extracción a un cuerpo receptor de agua, podrán compensar en la misma proporción el pago de derechos establecido en el párrafo anterior, en la cantidad igual de metros cúbicos entregados o descargados y en el mismo periodo de pago, o en su caso, podrán vender el agua correspondiente a cualquier persona pública o privada.
LA PRESIDENTA: Está a consideración de la asamblea si es de admitirse la propuesta de la Comisión en base al planteamiento del diputado Candiani y que corrige la propia fe de erratas presentada.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo de la manera acostumbrada.
(votación)
Se admite esta redacción como redacción definitiva.
Continuando con el procedimiento. La propuesta aceptada de modificaciones al artículo 18 B presentada por el diputado Rafael Servín, se consulta si hay orador en contra o a favor.
No habiendo, se da por suficientemente discutida y se reserva para su votación en conjunto.
La propuesta presentada por el diputado Chávez Presa a partir del planteamiento del diputado Jesús Burgos a nombre de la Comisión, del artículo 223 apartado B, fracción 1ª, se consulta si hay orador en contra o a favor.
No habiendo, se da por suficientemente discutida y se reserva para su votación en conjunto.
La propuesta presentada por el diputado Agundis, en torno al artículo 238 B, a partir de la propuesta del diputado Romero y de la diputada Cota, se consulta si hay orador en contra o a favor.
Sonido en la curul del diputado Gutiérrez Machado. ¿Se quiere usted inscribir, diputado? Sonido en la curul.
EL DIP. MIGUEL ANGEL GUTIERREZ MACHADO: (desde la curul) Gracias, señora Presidenta.
Es un comentario abusando de la paciencia de mis compañeros diputados. Pedir que el término que se incluyó en la adición de "discapacitados", se cambie por el de "personas con discapacidad", por la cuestión de la discriminación del término.
LA PRESIDENTA: Es atendible en las dos adiciones. Es atendible la propuesta. Regístrelo por favor la Secretaría, en 238 B y 238 C, en lugar de "discapacitados", "personas con discapacidad"
238 B, no habiendo quien se registre en pro o en contra, se reserva para su votación en conjunto.
La propuesta planteada por el diputado Agundis en relación al artículo 238 C, derivada de la discusión de la iniciativa de la diputada Rosa Delia Cota y de Romero, se consulta si hay oradores en contra o a favor.
No habiendo, se reserva para su votación en conjunto.
La propuesta presentada por el diputado Uuc-Kib Espadas y aceptada por la Comisión. Se consulta si hay oradores en pro y en contra, es el artículo 288, la modificación del párrafo final.
No habiendo oradores se da por suficientemente discutida y se reserva para su votación en conjunto.
La propuesta de nuevo texto al artículo segundo transitorio fracción XIV, presentada por la Comisión y el diputado Mauricio Candiani, tal y como lo leyó la Secretaría de manera definitiva.
No habiendo quien se registre para su discusión, se da por suficientemente discutida y se reserva para su votación en conjunto.
Abrase el registro de votación electrónica hasta por diez minutos para votar en conjunto todos los artículos reservados.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior, ábrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación de los artículos reservados.
(Votación)
Se emitieron 436 votos en pro, 7 en contra y 6 abstenciones.
LA VICEPRESIDENTA DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y de la Ley Federal de Cinematografía.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LA PRESIDENTA DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: Como bien señala la diputada Presidente en funciones, aprobada en lo general la Ley Federal de Derechos.
Aprobado tal y como se estableció en esta sesión la adición al artículo 40 de la Ley Federal de Derechos, las modificaciones al artículo octavo fracción Primera, las modificaciones al artículo 18, inciso a); las modificaciones al artículo 18 inciso b), las modificaciones al artículo 223, apartado B fracción I; el artículo 198 en los términos del dictamen; el articulo 238 B con las modificaciones aprobadas, el artículo 238 C con las modificaciones aprobadas, el artículo 288 con modificaciones y el artículo segundo transitorio, fracción XIV, las modificaciones presentadas que plantean un nuevo texto en la fracción XIV.
Aprobada en lo general y en lo particular la Ley Federal de Derechos, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es la discusión del Proyecto de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera.
Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, se ofrece el uso de la palabra al diputado Omar Fayad Meneses, hasta por 10 minutos.
-EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias compañera presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Esta reforma que hoy se presenta a su consideración, es producto de una consulta de debate y de consenso en diversas reuniones de trabajo, que durante varios meses del año que corre, sostuvimos diputados de los diversos partidos políticos de esta Cámara, con los diferentes factores que están involucrados directamente en el tema, como es el caso de los importadores y exportadores, organismos empresariales, el FAP, la Administración General de Aduanas, las asociaciones de maquiladoras, los agentes aduanales, las Cámaras de Comercio, Industriales y de Transportistas, entre muchos otros interesados en la materia.
Derivado de esto, hoy podemos aseverar que esta reforma aduanera tiene como propósito fundamental, realizar adecuaciones al marco legal, para fortalecer la seguridad nacional y el control de la aduana, para apoyar e impulsar la competitividad de los usuarios del comercio exterior, así como para alcanzar mayores niveles de certeza jurídica y simplificación administrativa a favor de los particulares, dando transparencia a la actuación de la autoridad frente a los particular, y dotando también a la autoridad de herramientas que le permitan enfocar sus recursos de manera mucho más eficiente.
En lo que a la seguridad nacional respecta, el tema que recientemente ha cobrado especial importancia, nuestro país ha adquirido compromisos internacionales de relevancia, en apoyo a la investigación y lucha contra el terrorismo, para lo cual se ha procurado la adopción de medidas que permitan reforzar la seguridad y prevenir la introducción de mercancías o personas que puedan poner en peligro la seguridad del país, con objeto de mantener una frontera segura.
En este sentido la reforma incorpora adiciones y modificaciones a la ley, para establecer la obligación a las empresas que prestan servicios internacionales de transporte área, marítimo y ferroviario, para efectuar la transmisión electrónica a las autoridades aduaneras de nuestro país, de los datos de pasajeros, tripulaciones y mercancías antes de su arribo.
Asimismo se incorporan reformas para reforzar los controles en los puertos y puntos de entrada a territorio nacional, con la participación de los usuarios del comercio exterior y las autoridades aduaneras, para vigilar estrictamente las entradas y salidas de vehículos, personas y mercancías de los recintos fiscalizados.
Por otro lado, esta reforma también sienta un precedente importante, al incorporar nuevos esquemas en materia de fomento a la competitividad de las empresas.
Buscar la mayor competitividad hace necesaria la adopción de políticas novedosas, que le permitan a nuestro país, no sólo preservar su nivel actual de producción sino además atraer nuevos proyectos e inversiones, que impliquen generación de empleos, transferencia de tecnologías y desarrollo de capital humano.
El otorgar condiciones de competitividad respecto a las operaciones del comercio exterior y aduanal de la industria maquiladora, provocará que México se ubique en el panorama internacional, como un país que ofrece ventajas atractivas, que le permitan constituirse como un polo de desarrollo en Latinoamérica, aprovechando desde luego la situación geográfica, pero además de su infraestructura, mano de obra calificada, así como la red de Tratados de Libre Comercio, que permitan a las industrias y comerciantes acceder a más de 32 economías en el mundo.
La reforma crea la figura de las empresas certificadas, figura que permitirá otorgar facilidades en los procedimientos aduaneros y de fiscalización a empresas calificadas por su contabilidad y volumen de sus operaciones de comercio exterior, a través de diversas medidas de simplificación y fortalecimiento de la seguridad jurídica, tales como extensión de las aduanas específicas para la importación de determinadas mercancías, medidas relacionados con el despacho a domicilio, facilidades relacionadas con la rectificación y el cumplimiento espontáneo de sus obligaciones derivadas del despacho aduanero.
Con este esquema, en una primera etapa, se beneficiarán alrededor de mil 300 empresas que representan el 80% del comercio exterior de este país, lo cual permitirá hacer más eficientes los recursos de las aduanas, para que éstos se orienten a la fiscalización de los productos que dañan la planta productiva nacional.
Bajo la misma óptica de continuar con la conveniencia de impulsar la promoción de la inversión en proyectos que otorguen ventajas competitivas a nuestro país, se analizó la posibilidad de incorporar una reforma que permitiera, sin detrimento del control de la autoridad aduanera, que el Servicio de Administración Tributaria habilite inmuebles para que en ellos se establezcan empresas que lleven a cabo operaciones de importación y exportación de mercancía, así como procesos de elaboración, transformación, reparación y comercialización respecto de las mismas, sujeto a beneficios en materia de impuestos, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias y facilidades administrativas, para proporcionar una alternativa atractiva para las empresas que llevan a cabo dichas actividades y propiciar, para nuestro país, importantes derramas económicas, empleos y un incremento en la recaudación de impuestos.
Así se propone reformar la Ley Aduanera y crear la figura del "recinto fiscalizado estratégico", para establecer en nuestro país en las terminales ferroviarias, aéreas, portuarias y multimodales, centros de desarrollo económico-industriales, comerciales y de servicios en puntos estratégicos del territorio nacional para el ingreso de mercancías de comercio exterior, lo cual, además de las ventajas que ya mencioné, constituye un hecho histórico en la clara señal a los inversionistas de que en nuestro país se están haciendo esfuerzos para simplificar, transparentar y reducir los costos de las importaciones y las exportaciones.
La creación de este nuevo régimen, propicia la posibilidad de captar, al traer a México aproximadamente mil millones de pesos en carga y resguardo que actualmente se encuentran en bodegas fuera de nuestras fronteras.
En apoyo al esfuerzo que los mexicanos estamos haciendo para modernizar la operación aduanera, automatizar procesos y hacer un uso más eficiente de los recursos humanos, la reforma que hoy ponemos a su consideración, compañeros diputados, dotará de mayores herramientas a la autoridad aduanera para mejorar el ejercicio de sus funciones.
Tendiente a una real modernización la reforma permitirá la habilitación de la firma electrónica avanzada que equivaldrá a la firma autógrafa, con lo que las operaciones de comercio exterior tenderán a la eliminación paulatina en el papel como medio de comprobación fiscal.
Las reformas propuestas, están orientadas a elevar la competitividad de las empresas manufactureras, las maquiladoras de exportación y a aquellas con programas de exportación, a la vez que buscan reducir la tramitología aduanal en torno a la simplificación administrativa en la elaboración de los documentos aduanales; hacer más eficiente el tiempo de cruce de las mercancías, sin desatender la fiscalización y asignar derechos y beneficios en justa medida, con lo cual podemos decir, se propicia la simplificación del 59% del comercio exterior, lo que representa el 66% de la economía nacional.
En lo que se refiere al combate al contrabando, a través de las reformas se establece como presunción de infracción grave, a aquellas empresas que no acrediten que las mercancías importadas temporalmente no fueron retornadas al extranjero ni se destinaron a otro régimen aduanero.
La reforma también faculta a la autoridad para embargar las mercancías que no cumplan con las normas oficiales mexicanas, lo cual permitirá hacer más eficiente el combate a la introducción de mercancías que afectan la planta productiva nacional.
Para dar transparencia a la actuación de la autoridad frente a los particulares y dotar a la misma de herramientas que le permitan enfocar sus recursos de una forma más eficiente, se modifica la legislación aduanera vigente, para permitir que participen, con su opinión, las cámaras y asociaciones industriales y el sector académico de nuestro país, asistiendo a la autoridad en la emisión de dictámenes técnicos como base de los criterios de clasificación arancelaria y que se publican en el Diario Oficial de la Federación.
Ante los reclamos de la comunidad importadora y exportadora de nuestro país, incorporamos al texto de la ley, la responsabilidad de la autoridad por los percances que pudieran que pudiera sufrir la mercancía que esté depositada en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras, el SAT deberá responder por extravíos, daño o destrucción de las mismas.
Compañeros legisladores y compañeras legisladoras: La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara, me ha pedido su apoyo para la aprobación de la presente reforma que ha sido votada a favor al seno de la misma y el cual, como ya les he informado, reviste un amplio consenso entre los diputados de los diferentes partidos políticos que participaron en su construcción.
Asimismo, es de destacarse que para llegar al texto final de lo que aquí se presenta ante el Honorable Pleno, fueron tomadas en cuenta no solamente la iniciativa del Ejecutivo, sino las propuestas emanadas de las reuniones de trabajo que señalé, así como las diferentes iniciativas que presentamos los diputados de esta Legislatura.
Por su comprensión y por su atención y apoyo votando a favor esta modificación, muchísimas gracias.
Es cuanto señora Presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado.
En consecuencia está a discusión en lo general.
No se ha registrado para fijar posiciones ningún grupo parlamentario.
Se abre el registro en pro y en contra.
Tiene la palabra en pro, el diputado Del Río Virgen.
-DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Los compañeros diputados que me hicieron favor de aplaudirme, seguramente están con el dictamen por eso aplauden con tanto aprecio.
Los que estamos a favor del proyecto de decreto que reforma algunas disposiciones de la Ley Aduanera, venimos a pedirles su voto compañeras y compañeros, porque con ellas damos parte a que por una parte se establezca como obligación de la empresas aéreas, marítimas y ferroviarias, que prestan el servicio internacional de transporte de pasajeros el efectuar la transmisión electrónica las autoridades aduaneras de los principales datos de los pasajeros, tripulación, antes de que el medio de transporte arribe a territorio nacional.
Por otra parte con el proyecto que se somete a la consideración del Pleno, se busca fortalecer el control exacto de las operaciones de comercio exterior por medio de que los recintos fiscalizados cuenten con equipo de circuito cerrado de video, con lo que se permitirá la vigilancia efectiva de las mercancías que ahí se almacenan.
Debemos tener en cuenta que antes, precisamente la falta de este tipo de medidas cautelares ocasionaron muchos problemas en la introducción de objetos no autorizados, incluso en los propios vuelos donde se daba una complicidad de la autoridad. Y por otra parte muchas de las mercancías resguardadas en las aduanas, bodegas o recintos fiscalizadores, eran sustraídos por la poca vigilancia que aún perdura o por burócratas de mala fe.
Por ello las medidas parecen correctas y así evitaremos todo tipo de anomalías tanto administrativas como en especie.
También se prevé que el Fisco sea responsable y responda por el valor de las mercancías depositadas en los recintos fiscales y bajo la custodia de las autoridades aduaneras se extravíen, destruyan, perdón, o queden inutilizables por causas imputables a la autoridad aduanera.
En si esta iniciativa pretende que la comunidad aduanera y de comercio exterior, cuente con un apartado burocrático que se adecúe a la realidad global en el flujo de mercancías, como un sistema aduanero más eficaz y más rápido.
Por eso venimos con ese espíritu constructivo a solicitarle su valioso voto para que sean aprobadas las reformas que adicionen esa Ley Aduanera. Venimos con el mismo espíritu que usamos para votar las reformas a la Ley Federal de Derechos. Que vea la Secretaría de Hacienda y que vea el Presidente de la República, que en el Congreso Mexicano y en la Cámara de Diputados, tienen un aliado.
Gracias señor presidenta. Gracias compañeras y compañeros.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.
No habiendo registro de oradores, consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. La diputada Lorena Bearregard, el diputado Víctor Infante.
LA C. DIPUTADA LORENO BEARREGARD: Sería el artículo 144, fracción XXXI, el 145, fracción II y IV.
EL C. DIPUTADO VICTOR INFANTE: Para reservarme y rogarle además que se discutieran en conjunto porque están relacionados, la fracción XXXI del artículo 144, la fracción II del artículo 145 y el último párrafo del propio artículo 145 que, reitero, están relacionados, por eso rogaría que se discutieran en conjunto.
LA C. PRESIDENTA: La fracción XXXI, del 144, la fracción II del 145 y el último párrafo del 145. El diputado Víctor Infante.
LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO: El párrafo tercero de la fracción III del 145.
EL C. DIPUTADO MANUEL DEL RIO: El 144, fracción XXX, señora presidenta, por favor.
Esta presidencia aclara, para los colegas parlamentarios, que el único registro de reservas es éste. No vamos a volver a abrir registro de reservas. A nuestros compañeros legisladores que estén en sesiones de comisiones les rogaríamos que se incorporaran; no vamos a volver a abrir registro de reservas a efecto de no estar sujetos a mociones.
Vamos a dar lectura a los artículos reservados:
Por la diputada Loreno Bearregard, el artículo 144, fracción XXXI y el artículo 145, fracciones II y IV.
Por el diputado Víctor Infante, el artículo 144, fracción XXXI y el artículo 145, fracción II y el artículo 145, último párrafo.
Por la diputada Rosalía Peredo, el artículo 145 fracción IIII, y por el diputado Del Río Virgen, el artículo 144 fracción XXX.
No habiendo ningún otro registro, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
(Votación)
- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se emitieron 432 votos en pro, cero en contra, cuatro abstenciones.
- LA C. PRESIDENTA: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 432 votos.
Esta Presidencia informa que se han reservado para la discusión en lo particular los artículos 144 fracción XXI, 145 fracción II y IV, 144 fracción XXXI, 145 fracción II y último párrafo, 145 fracción III, 144 fracción XXX.
Dado que me comentan los legisladores que los han reservado que son artículos interconectados, vamos a pedirles su exposición a cada legislador entorno a todos los artículos.
En primer lugar estaría la diputada Lorena Bearregard.
- LA C. DIP. LORENA BEARREGARD (Desde su curul): SÍ, diputad Presidenta, en atención a que nos hemos reservado los mismos artículos el diputado Víctor Infante y yo, hemos construido un acuerdo con la Comisión en una propuesta de redacción de la fracción XXXI del artículo 144, de la fracción II y IV del artículo 145. Y será el diputado Víctor Infante quien suba a presentar la propuesta del texto. Yo declino mi participación. Gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada. El diputado Víctor Infante tiene el uso de la palabra.
- EL C. DIP. VICTOR INFANTE: Gracias, Presidenta. Sin duda las reformas a la legislación aduanera que se proponen realizar para el próximo año, responden a tres propósitos básicos que ya refirió la Comisión en voz del diputado Omar Fayad. Es resultado de la combinación de propuestas tanto del Poder Ejecutivo como del trabajo de los legisladores aquí presentes.
Va a permitir dotar a la autoridad de las herramientas que le permitan enfocar sus recursos de manera más eficiente frente al contrabando y las operaciones irregulares.
Permítanme un momento de su atención, compañeros legisladores, para presentarles los comentarios a los artículos que me reservé.
El artículo 144 establece las facultades que tiene la Secretaría, el Sistema de Administración Tributaria, además de las conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes.
La fracción XXXI señala que: "Es facultad de la Secretaría promover la enajenación para la exportación de las mercancías que hayan pasado a propiedad del fisco federal mediante licitaciones internacionales".
La propuesta que hago es que se agregue: <<en los casos a que se refiere la fracción II del artículo 145 de esta ley>>. El artículo 145 de la ley en la fracción II señala: <<que en la enajenación de las mercancías se eviten perjuicios a los sectores de la economía nacional, para lo cual se podrán enajenar para su exportación>>.
Estamos sugiriendo que el texto sea: <<que en la enajenación de las mercancías se eviten perjuicios a los sectores de la economía, la seguridad nacional, la salud pública y el medio ambiente, para lo cual se podrán enajenar para su exportación>>
En el párrafo que reservé se señala: <<El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo para uso del propio servicio o bien para otras dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales, entidades federativas, del Distrito Federal y municipios, así como a los Poderes Legislativo y Judicial. También podrá donarlas a las personas morales con fines no lucrativos autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, previa opinión del consejo establecido en este artículo>>
La adición que se sugiere a este párrafo es la siguiente: <<El Servicio de Administración Tributaria podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo para uso del propio servicio o bien para otras dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales, entidades federativas...>> Nos parece muy adecuado que se incluya al Distrito Federal y municipios, así como a los Poderes Legislativo y Judicial.
Se agregaría: <<En este caso no se requerirá la opinión previa del consejo. El SAT deberá enviar mensualmente un reporte de las asignaciones al consejo y a la Honorable Cámara de Diputados y en periodos de receso a la Comisión Permanente>> Es la adición que estamos sugiriendo a la fracción XXXI del artículo 144 y de la fracción II y al párrafo del artículo 145.
Lo explico compañeros: dejar sin precisar los supuestos en que el Sistema de Administración Tributaria pueda promover la enajenación de las mercancías, podría originar que el SAT eventualmente pudiera hacerlo, es decir, enajenar el total de los bienes decomisados no dejando la posibilidad de atender sus propios requerimientos, los del gobierno federal, los de las entidades paraestatales, de las entidades federativas, del Distrito Federal que se incluye y los municipios. Y estos donativos, estas asignaciones, hay que recordar compañeros diputados que han sido muy útiles, han coadyuvado, para atender emergencias ante desastres naturales, zonas de alta marginación y requerimientos urgentes que tienen nuestros pobres municipios.
Dejaríamos también a este Poder Legislativo con limitadas posibilidades de gestión en este rubro. Respecto a este último punto resalto del párrafo del artículo 145 que no se precisa si en este tipo de asignaciones se requiere la opinión del consejo.
Estimo, compañeros legisladores, que es básico que se ponga este candado de que en este caso no se requerirá la opinión previa del consejo, que señala el artículo 145 integrado por instituciones filantrópicas y representantes de las Cámaras y asociaciones de contribuyentes interesadas en la producción y comercialización de mercancías idénticas o similares. Es decir, coincidimos con el objetivo de las reformas aquí planteadas, pero queremos evitar que se limiten las capacidades de gestión de los compañeros legisladores.
Muchas gracias, Presidente
- LA C. PRESIDENTA: Diputado Infante: ¿Comento usted que ya están...
El diputado Fayad. Sonido en la curul en donde está el diputado Fayad.
- EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES (PRI. Desde su curul): Gracias, señora Presidenta.
Comentarle que por parte de la Comisión hemos platicado los diputados de diversos grupos parlamentarios respecto de esta propuesta que está presentando a este honorable pleno el diputado Víctor Infante y la diputada Lorena Bearregard, y queremos decirle por parte de la Comisión que estamos de acuerdo con esta propuesta, que esto quizá ayude para centrar el debate. Y que no solo estamos de acuerdo sino pedimos se incorpore y pedimos que se haga como texto de la propia Comisión.
Gracias, Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Me hace el favor de explicarle a la Secretaría en qué consisten, a efecto de...
- EL C. DIPUTADO VÍCTOR INFANTE GONZÁLEZ: Como no.
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Con lo expresado por la Comisión, se consulta a la asamblea si están por aceptar la admisión de estas propuestas de modificación presentadas por el diputado Infante, con el respaldo de la diputada Bearregard y con el acuerdo de la Comisión. Es al artículo 144 fracción XXXI y el artículo 145 fracción II y último párrafo.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACIÓN)
Se admiten.
Pasamos al artículo 144 fracción XXX, que ha reservado el diputado José Manuel del Río Virgen.
Sonido en la curul del diputado Del Río.
-DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (desde su curul): Señora Presidenta, voy a retirar la reserva, toda vez que tengo ya un documento que aclara perfectamente bien mi reserva. Muchas gracias.
-PRESIDENTA: Gracias diputado Del Río.
La diputada Rosalía Peredo ha reservado el artículo 145 fracción III.
-DIP. ROSALÍA PEREDO AGUILAR: Con su permiso, señora Presidenta.
He hecho este reservado, porque en el caso específico de las presidencias municipales auxiliares, en cada estado de la República tienen una figura pareciera increíble, pero diferente en cuanto a la asignación de sus responsabilidades.
Y en el caso particular de Tlaxcala, las presidencias municipales auxiliares participan en la votación en cabildo, participan en el manejo de presupuesto, tienen responsabilidad en la entrega de Cuenta Pública, a diferencia de otros municipios que se dan en el resto del país.
Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se haga una modificación de excepción y en ese sentido estamos planteando que el artículo pudiera quedar de la siguiente manera.
Dice el artículo 145.- "La Secretaría podrá asignar las mercancías a que se refiere este artículo, para uso de la propia Secretaría o bien para otras dependencias del gobierno federal, entidades paraestatales, entidades federativas, municipios y las presidencias municipales auxiliares que cumplimenten la normatividad a la cual estén sujetas las presidencias municipales, así como a los Poderes Legislativo y Judicial. En este caso no se requerirá la opinión previa del Consejo. También podrán donarlas a las instituciones no lucrativas mexicanas con autorización para recibir donativos deducible en el Impuesto Sobre la Renta, previa opinión en el consejo establecido en este artículo".
Es la modificación, señora Presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
Consulto a la Comisión si tiene algún comentario.
Sonido en la curul del diputado Omar Fayad.
-DIP. OMAR FAYAD MENESES (desde su curul): Sí compañera Presidenta.
Nos había comentado la diputada Rosalía Peredo sobre esta inquietud para modificar el artículo 145, sin embargo para ilustrar a la asamblea, le informo que se trata de un caso de excepción, porque solamente hemos tenido la solicitud del estado de Tlaxcala, en virtud de que existe esta figura de presidente municipal auxiliar y como uno de los principios fundamentales de la ley es precisamente que sea general, no hemos podido encontrar todavía, por la premura además con la que se nos presentó esta solicitud, cómo encuadrarlo en un texto que tiene que ser general para todo el país.
Por eso es que yo rogaría a la diputada Peredo y rogaría a la asamblea que nos los autorizara así, que por ser un caso de excepción pudiéramos atenderlo a nivel reglamentario o a través de las reglas generales que puede establecer el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria.
-LA DIP. PRESIDENTA: Diputada.
-LA DIP. ROSALÍA PEREDO AGUILAR: Si está de acuerdo el diputado, estaríamos cambiando por el de autoridades municipales auxiliares, para que pudiera darse el fenómeno jurídico que él plantea.
-LA DIP. PRESIDENTA: ¿Diputada Peredo, estaría usted de acuerdo en aceptar la sugerencia de la Comisión de Hacienda para que con el respaldo de la Comisión de Hacienda esta especificidad quedara en el Reglamento?
-LA DIP. ROSALÍA PEREDO AGUILAR: Sí, estoy de acuerdo.
-LA DIP. PRESIDENTA: Entiendo entonces que retira su propuesta en el entendido de que hay el compromiso de la Comisión de Hacienda que se proyectará en el Reglamento este planteamiento. Gracias, Diputada.
Siendo así, esta Presidencia consulta si hay registro de oradores para la modificación propuesta al artículo 144 fracción XXXI primera y 145 fracción II y último párrafo presentada por el diputado Víctor Infante con el respaldo de la Comisión.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo registro de oradores se considera suficientemente discutido.
En tal virtud, se somete a votación hasta por diez minutos los textos de los Artículos 144 Fracción XXXI y 145 Fracción II y último párrafo en el texto propuesto a nombre de la Comisión y en el suyo propio por el Diputado Víctor Infante y en los términos del Dictamen el Artículo 145 Fracción III y el Artículo 144 Fracción XXX
Abrase el Sistema.
También en los términos de la Fracción IV del Artículo 145. Abrase el Sitema de Votación hasta por diez minutos.
(se abre el Sistema de Votación por diez minutos.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el Sistema Electrónico por diez minutos para proceder a la votación, conforme lo ha determinado la Presidencia.
(se abre el Sistema Electrónico por diez minutos)
Se emitieron 422 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones.
-LA C. PRESIDENTA. Aprobados los Artículos reservados por 422 votos, por lo tanto el Artículo 144 Fracción XXX queda en sus términos.
El Artículo 144 Fracción XXXI con las modificaciones expresadas en este pleno
Por el diputado Víctor Infante.
El Artículo 145 Fracción III y IV en sus términos y el Artículo 145 Fracción II y último párrafo, con las modificaciones expresadas en este pleno por el Diputado Víctor Infante.
Aprobada en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones de la Ley Aduanera.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Esta Presidencia informa al Diputado Martí Batres que en consideración al planteamiento hecho a la Presidencia y a las consultas hechas por la Comisión de Hacienda, la Comisión de Hacienda acepta retirar el día de hoy el Dictamen relativo a las modificaciones del artículo al que se hizo referencia.
Pasamos a la discusión del Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Por la Comisión para fundamentar el Dictamen en términos del Artículo 108 del Reglamento Interior, se ofrece el uso de la palabra al Diputado Fernando Herrera Avila.
Le ruego a la Secretaría consulte si dado que está publicado el Dictamen y ya ha sido la primera lectura, si se dispensa la segunda lectura.
-EL MISMO C. SECRETARIO. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al Dictamen.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-LA C. PRESIDENTA. Se dispensa la lectura.
El Diputado Fernando Herrera Avila fundamentará el dictamen en términos del Artículo 108 del Reglamento Interior. Gracias.
- EL C. DIP. FERNANDO HERRERA AVILA: Con el permiso de la Presidencia.
Honorable Asamblea.
Hace poco más de un año y medio que en la sesión del día 23 de abril del 2001, esta Cámara de Diputados aprobó el decreto por el que se creó la Ley de Ahorro y Crédito Popular la cual fue también aprobada por la Cámara colegisladora y entró en vigor el día 5 de junio del mismo año.
Decíamos entonces que esta ley otorgaba seguridad y certeza jurídica a las denominadas "cajas populares", ya que anteriormente no contaban con un marco jurídico adecuado para las actividades financieras que venían realizando. Igualmente esta ley persigue que los ahorradores tengan la confianza de que su dinero se encuentra seguro.
Al emitir el dictamen de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y la de Fomento Cooperativo y Economía Social consideramos que la primera acción de fomento al desarrollo del sector de ahorro y crédito popular era proporcionar una legislación propia que permitiera sentar las reglas claras de esta actividad.
Después de varias reuniones de trabajo y de valorar diversas iniciativas y puntos de acuerdo, el vacío legal existente en ese entonces se cubrió con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
La regulación es el primero de los tres pilares necesarios para un adecuado desarrollo del ahorro y el crédito popular; los otros dos son la supervisión y el fondo de protección a los ahorros de los socios o clientes. Si cualquiera de estos elementos falta, el esquema queda incompleto y susceptible de quebrantos.
Anteriormente, el ahorro y crédito popular era llevados a cabo por una amplia gama de intermediarios financieros populares en un número aproximado de 650 entidades en el país bajo figuras jurídicas muy disímiles entre sí. Es así como existían sociedades de ahorro y préstamo, uniones de crédito, cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades civiles, sociedades anónimas, asociaciones civiles, sociedades de solidaridad social e incluso personas físicas.
El hecho de que cada una de estas figuras operara bajo reglas muy diferentes, ocasionó la división del sector; además, es preciso señalar que algunas de estas figuras no contaban con supervisión alguna y otras ni siquiera tenían facultades legales para captar ahorro de terceros.
Con la nueva Ley de Ahorro y Crédito Popular, se corrige la diversidad de figuras y ordenamientos jurídicos imperantes en esta actividad autorizando únicamente dos clases de sociedades para lleva a cabo esta actividad, estas son la Sociedad Cooperativa de Ahorro y Préstamo y la Sociedad Financiera Popular bajo la figura de sociedad anónima.
Cada una de las cajas de ahorro que hoy existen deberán transformarse en alguna de estas dos posibilidades y adicionalmente obtener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En la ley, la labor de la supervisión se encomienda a las propias federaciones de las entidades. En este modelo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se auxilia en las federaciones, las cuales por medio de un comité de supervisión vigilarán el cumplimiento de la ley y de la regulación prudencial por parte de las entidades.
Así funciona la supervisión financiera popular en Alemania y en la propia provincia de Quebec en Canadá, países de donde proviene nuestra tradición cajista y así funciona también con distintas superintendencias bancarias en Latinoamérica, las cuales se auxilian en las federaciones integradas por las propias instituciones de ahorro y crédito popular para lleva a cabo una debida supervisión que además entienda debidamente las particularidades de este tipo de entidades.
En aras de cumplir con el nuevo marco normativo, el primer paso a seguir era la conformación de estas federaciones cuya labor de supervisión es uno de los pilares que mencionábamos para la consolidación del sector de ahorro y crédito popular en nuestro país.
Las cajas de ahorro tenían esta tradición de cooperación agrupándose en federaciones, sin embargo por diversas razones se había dado una diáspora cajista perdiéndose la unidad del propio movimiento.
Para lograr todo lo anterior, la Ley de Ahorro y Crédito Popular propuso un sistema innovador con el objeto de que los destinatarios de la propia ley puedan sujetarse paulatinamente a su contenido. Si bien la ley entró en vigor al día siguiente de su publicación, se estableció un período de dos años para que las entidades de ahorro y crédito popular pudieran obtener la autorización debida, es decir, no se pospuso la entrada en vigor de la ley en forma prolongada sino que estando completamente vigente la ley se otorgo un plazo, para poder cumplir con todos sus requisitos.
Este plazo de dos años vence en junio del año 2003 y tiene la finalidad de permitir que todas las cajas de ahorro puedan tener un conocimiento suficiente de la nueva legislación, así como de la propia regulación secundaria emitida en las circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Ahora bien la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no ha emitido toda la regulación secundaria derivada de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, debido a que el contenido de sus circulares se ha discutido ampliamente con los representantes de las instituciones de ahorro y crédito popular, lo cual ha tomado su tiempo. La mayoría de las sociedades que buscan integrarse a la ley y operar como entidades de ahorro y crédito popular, han iniciado ya los actos societarios tendientes a su transformación.
Sin embargo requieren de un período mayor para concretar el trabajo iniciado y dar cumplimiento a todos los requisitos legales y así lo han manifestado ante esta soberanía.
Por lo expuesto se propone una ampliación del plazo mencionado a dos años más, de esta forma este periodo de transformación terminaría hasta junio de 2005, esto permitirá dar un margen de tiempo adicional, para que las instituciones que realizan la actividad de ahorro y crédito organicen a sus federaciones, acuerden los términos de supervisión y obtengan la autorización por parte de la Comisión Bancaria y de Valores, para operar como entidades en términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Asimismo esta iniciativa hace eco de los planteamientos que el sector cooperativo nacional ha hecho respecto de la necesidad de que se mantenga la posibilidad de que diversos grupos de personas físicas, que tengan por objeto exclusivo la captación de recursos de sus propios integrantes para su colocación entre los mismos, puedan continuar operando, sin ser obligados a cumplir con todos los requisitos que marca la nueva ley.
En efecto, ante la preocupación real de que en el país existen numerosos grupos de personas denominados grupos solidarios que tienen por objeto exclusivo el de captar recursos de sus propios integrantes para su colocación entre los mismos y los cuales a la luz de las disposiciones en vigor y concluido el periodo de transitoriedad, quedarían impedidos de poder realizando este tipo de operaciones, se conviene en incluir un nuevo artículo 4 bis a la ley en comento, similar al que actualmente se contempla en el artículo 38 P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, pero incorporando determinados requisitos a cumplir como un número máximo de 250 miembros y activos hasta por 350 mil UDIS.
Estos límites buscan prevenir operaciones de carácter fraudulento, que en el pasado reciente han afectado en su patrimonio a muchas personas de escasos recursos. Por otro lado estas comisiones unidas, consideraron conveniente precisar que la referencias a las palabras " sociedad cooperativa, de ahorro y préstamo, caja popular y caja de ahorro", exclusivamente podrán ser utilizadas por las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, que son quienes tradicionalmente han usado estas denominaciones y no así las sociedades anónimas, quienes no podrán hacer uso de estas palabras en los nombres de sus instituciones.
Adicionalmente en relación con la utilización de las aportaciones hechas por las entidades al fondo de protección se incluyo en forma permanente que dichas entidades no podrán hacer uso del fondo de protección sino hasta en tanto no hayan realizado las aportaciones correspondientes por dos años, informando mientras tanto a sus usuarios que no gozan de la protección de este fondo.
También estas comisiones consideran necesario dar la posibilidad de que las instituciones que realizan actividades de ahorro y crédito popular puedan financiar su expansión y programas sustantivos a través de la emisión de obligaciones subordinadas, siempre que esta decisión sea una facultad indelegable del Consejo de Administración. Esto permitirá a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y a las sociedades financieras populares tener mayores posibilidades de capitalización.
El dictamen estableced que resulta un exceso el requisito de que las entidades de ahorro y préstamo se sujeten a una auditoría legal, ya que dicha figura ha desaparecido en los demás intermediarios financieros y no tiene sentido conservarla como obligación legal para las entidades de ahorro y préstamo popular.
Por último, se presenta hoy un problema respecto de la transformación de las sociedades de ahorro y préstamo y las uniones de crédito para convertirse en entidades de ahorro y crédito popular, ya que la revocación de su actual estatus jurídico las pondría por ministerio de ley en un proceso de disolución y liquidación.
En virtud de lo anterior, resulta conveniente que en los artículos transitorios se señale que en los casos en que estas sociedades obtengan la autorización para operar como entidades de ahorro y crédito popular, no será necesario que éstas se disuelvan y liquiden previamente a pesar de la revocación de la autorización con la que actualmente cuentan.
Compañeros legisladores, concluyo. Las Comisiones Unidas de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público consideramos que con las modificaciones y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que hoy proponemos, se superan muchas de las observaciones y preocupaciones que han venido manifestando tanto los agentes directamente involucrados en las actividades de ahorro y préstamo, y en particular las sociedades cooperativas como de las propias autoridades encargadas de su fomento, regulación y supervisión, por lo que las Comisiones Unidas consideramos y sometemos a su consideración este decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Es cuanto, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Muchas gracias, diputado.
En consecuencia, está a discusión en lo general.
Para fijar posición a nombre de su partido político o de su grupo parlamentario, se han registrado con oportunidad los siguientes ciudadanos diputados:
El diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática, hasta por 5 minutos.
El diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
El diputado Mauro Huerta Díaz, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos.
El diputado Alejandro Gómez Olvera, del grupo parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos.
El diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, hasta por 10 minutos, y
El diputado Raúl Homero González Villalba, del grupo parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.
Tiene la palabra el diputado Del Río Virgen, hasta por 5 minutos.
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Gracias, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados:
Vengo en nombre del Partido de Alianza Social y a nombre de Convergencia, para fijar nuestra posición con respecto a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Esta es una de las grandes preocupaciones que se ha hecho patente en el campo y la ciudad de todo el territorio nacional; de la de diversas organizaciones no consideradas bancarias, como es el caso de las sociedades cooperativas.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular publicada el 4 de junio se prevé en los transitorios de la misma un periodo de dos años a partir del 5 de junio del año 2001 para que dichas organizaciones pudieran llevar a cabo las gestiones necesarias a fin de obtener la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les permitan continuar operando, sufriendo sanciones en caso de no hacerlo así. Dicho tiempo resultó demasiado corto y así lo reconocieron las autoridades involucradas, como el Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANCEFI, entre otras propone de cuatro. Es decir, la ley no ha cumplido con el objeto de regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos y colocación de créditos en todas las sociedades cooperativas que no persiguen ningún fin de lucro.
Por ello, estamos en lo general a favor de que se amplíe el plazo para cubrir todos y cada uno de los requisitos, además de que se beneficien y restituyan en todos sus derechos a las sociedades que por alguna razón cayeron en estos supuestos.
Finalmente, estamos a favor del dictamen porque esta iniciativa hace eco de los planteamientos que el sector cooperativo reiteradamente ha hecho a fin de que las personas físicas tengan a su cargo la captación de recursos de sus propios integrantes, pudiendo continuar operando sin ser obligados a cumplir con todos los requisitos que marca la ley.
Asimismo debe dejar en claro los procedimientos de transformación más amplio para las sociedades que decidan sumarse al nuevo esquema de ahorro y crédito popular. Con ello, estamos coadyuvando a que nadie quede fuera de los beneficios de la ley y sí por el contrario trabajen bajo la normatividad establecida, quedando fueran de este tipo de actividad, líderes y caciques charros que también en este tipo de organizaciones se encuentran.
Hacemos manifiesto nuestro reconocimiento a los oportunos planteamientos que presentaron mediante diversos puntos de acuerdo, los Congresos locales de Querétaro, Morelos, Estado de México, Oaxaca y Tlaxcala, quienes demostraron preocupación respecto a un tema de interés toral para cientos de sociedades cooperativas que se verán beneficiadas con estas disposiciones que hoy se someten a la consideración del Pleno.
Le solicitamos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los diputados del Partido de la Alianza Social y su servidor, que cumplan con una labor de informar a los usuarios y cooperativistas para que no se repitan las experiencias negativas de quebrantos que hubo en el pasado.
Nosotros creemos que en este momento, esta responsabilidad la debe de asumir plenamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no queremos más fraudes al margen de la ley y no queremos más solapamiento por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Gracias compañeras y compañeros.
LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera del Partido del Trabajo hasta por diez minutos.
EL DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados:
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición en torno al dictamen con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Como se recordará, pequeños ahorradores en nuestro país fueron víctimas de la voracidad y la ambición de muchos defraudadores que bajo el pretexto de otorgar intereses más altos que los que pagaban los bancos, esquilmaron a cientos de miles de esos pequeños ahorradores.
Las cajas de ahorro popular se convirtieron en sinónimo de fraude y robo a lo largo y ancho del país, demandas penales y civiles se sucedieron una tras otra contra los administradores de esas cajas. Hasta la fecha, la mayoría de esas demandas no han tenido respuesta.
Como ejemplo, tenemos el caso de los ahorradores de la Caja de Ahorro Capricornio en Mazatlán, Sinaloa, que siguen esperando que la autoridad correspondiente actúe y logre resarcir el patrimonio que perdieron frente a esos administradores voraces.
Esos escándalos alertaron a la sociedad y a los miembros del Congreso de la Unión que no esperaron que el problema trascendiera y provocase mayores daños a la sociedad mexicana.
Fue así como surgió la necesidad de crear un marco normativo propio para regular el funcionamiento de esas cajas de ahorro. Este proyecto, como se recordará, se concretó con la aprobación de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 4 de junio del 2001.
Sin embargo, como era de esperarse, dada la premura que antecedió la discusión y aprobación de esta ley, determinado fundamentalmente por el contexto prevaleciente de la urgencia de contar con una ley específica sobre la materia, quedaron algunos vacíos o bien se fue más allá de lo requerido en materia de regulación, lo cual convertía la ley vigente en una camisa de fuerza para el desarrollo de los agentes involucrados en estas actividades financieras.
No debemos olvidar que la visión de los legisladores de promover y alentar la existencia de cajas de ahorro, se sustente en algo real que ocurre en este país y ese hecho está relacionado con la nula vinculación del Sistema Bancario Nacional con las actividades productivas.
Nadie puede negar que los bancos comerciales, no están cumpliendo con su papel de apoyar con recursos financieros a los pequeños y medianos productores, en estas circunstancias la existencia de las Cajas de Ahorro cumple una función primordial al sustituir el papel de los bancos, mediante el otorgamiento de préstamos a sus propios socios, para hacer frente a sus necesidades de liquidez para sus negocios.
En ese sentido, las reformas que se proponen a la ley vigente, nos parecen muy necesarias y convenientes, porque refuerzan el sentido de esa ley y reconocen las necesidades que tienen los socios de estas Cajas de Ahorro.
Por ejemplo, al no considerar como operaciones de ahorro y crédito popular, las que realizan las asociaciones y sociedades civiles, así como los grupos de personas físicas, que tienen por objeto exclusivamente la captación de recursos de sus integrantes para la colocación de entre éstos, y que cumplan con los requisitos que se plantean en las reformas en comento.
Nos parece que se trata de flexibilizar el funcionamiento de este ámbito financiero, pero sin dejar de lado su regulación.
Asimismo, al definirse las palabras como entidad de ahorro y crédito popular, sociedad financiera popular, sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, caja rural u otras que expresen ideas semejantes en cualquier idioma, sólo podrán ser utilizadas en la denominación de las entidades que se autoricen, para operar los términos de la ley en comento.
Se evita con ello que cualquier operador de ahorro y crédito popular, se ostente como tal, sin contar con la autorización respectiva.
No menos trascendente resulta el hecho de que se proponga la ampliación del plazo de dos a cuatro años, para que estas Cajas de Ahorro puedan solicitar a las autoridades financieras, integrarse a dicha norma y operar como una entidad de ahorro y crédito.
En ese mismo tenor debe considerarse el reconocimiento, de que manera específica las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, puedan ser objeto de estímulos fiscales por parte del gobierno federal, como un acto de equidad, toda vez que los banqueros de este país, no sólo se les premia con estímulos fiscales sino que además se le regalan miles de millones de pesos en forma anual a través del IPAB.
Por las consideraciones expuestas, el voto parlamentario del Partido del Trabajo está a favor de aprobar, en lo general y en lo particular, el contenido de las reformas que se señalan a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que hoy discutimos.
Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: GRACIAS SEÑOR DIPUTADO.
Tiene la palabra el diputado Mauro Huerta Díaz del Partido Verde Ecologista de México hasta por diez minutos
-EL C. DIPUTADO MAURO HUERTA DIAZ: Con su venia señora presidenta. Distinguidas señoras diputadas. Excelentísimos señores legisladores. En relación a las reformas planteadas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que han sido analizadas y dictaminadas por las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social, el Partido Verde Ecologista de México, manifiesta su apoyo al dictamen presentado por éstas, mismas que reforman y adicionan los Artículos 4 Bis, 6º., 9º., 22, 33, 35, 36, 36 Bis, 36 Bis1, 38, 42, 44, 45, 46, 55, 60, 61, 65 Bis, 67, 74, 101 Bis, 105, 130, 131 y 138 y Sexto Transitorios, además de la derogación de los párrafos cuatro y quinto del Artículo 105.
Lo anterior, porque consideramos congruentes las adecuaciones legales correspondientes a la ley referida, pues se superan muchas de las legítimas inquietudes que han venido manifestando los agentes directamente involucrados en las actividades de ahorro y préstamo, así como de las propias autoridades encargadas de su fomento, regulación y supervisión.
Estas reformas son producto de la necesidad de adecuar esta nueva ley, que tiene un vigor un poco más de un año, ya que la experiencia adquirida en este corto lapso, reclama las precisiones que se hacen en este dictamen, por lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se suma con su voto a favor del dictamen que está a discusión, por lo que invita a los demás grupos parlamentarios a sumarse a él, ya que éste es resultado de planteamientos legítimamente presentados ante esta H. soberanía.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias a usted, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Gómez Olvera del PRD, hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO GOMEZ OLVERA.- Con su venia, señora Presidenta.
La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en el mes de abril del 2001, no incorporó muchas de las observaciones y puntos de vista de los directamente afectados, entre los que se encuentran los representantes y presidentes del consejo directivo de las cajas y sociedades de ahorro e inversión.
En este sentido, es que en las diversas reuniones posteriores a la aprobación de dicha ley, los representantes de las cajas de ahorro de todo el país, han manifestado su descontento e inconformidad con la actual ley, las causas son diversas y no sin razón.
En general, sus posiciones eran coincidentes con la necesidad de regular, sancionar, supervisar, fiscalizar a las cajas de ahorro a fin de evitar, en la medida de lo posible, el manejo discrecional, arbitrario y en ocasiones fraudulento de los recursos por parte de alguno de los socios y ahorradores de dichas instituciones.
Al respecto, vale la pena mencionar que si bien la quiebra de alguna de las cajas de ahorro se debió a algunas de estas situaciones irregulares, la gran mayoría quebró debido a las crisis devaluatorias de 1994 por medidas de políticas monetarias y fiscales contra accionistas y regresivas de las anteriores y actuales administraciones.
La crisis de ese año aceleró la fuga de capitales y presionó el incremento en los precios, cuyo freno se hizo ajustando las medidas de la política monetaria, lo que a su vez elevó las tasas de interés. El incremento en las tasas de interés contrajo el mercado interno y la inversión, propiciando que una gran cantidad de prestatarios, socios e inversionistas, pequeños y medianos empresarios cayesen en insolvencia y en cartera vencida, no pudiendo hacer frente a sus compromisos financieros contraídos con la banca comercial y social, las cajas de ahorro.
La crisis financiera recorrió toda la columna vertebral del sistema de ahorro y crédito, hasta llegar a las cajas de ahorro y/o cooperativas. El sistema enteró, colapsó ante las crisis de liquidez, la banca quebró no pudiendo hacer frente a los retiros de los ahorradores. Fue así como el Estado intervino, inyectando liquidez a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro FOBAPROA, ahora Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, rescatando no sólo a quienes se encontraban en un verdadero problema financiero, sino a una gran cantidad de deudores que contaban con solvencia suficiente, pero para honrar sus compromisos financieros, del mismo modo se rescataron todos los proyectos fallidos concedidos a la iniciativa privada como el carretero, por el cual se rescató a las grandes empresas constructoras como ICA, TRIVASA y GMD.
Para el caso de la banca social, debido a las presiones de muchos ahorradores y socios, se decidió implementar un programa de rescate asignando por única vez mil 785 millones de pesos, para el ejercicio presupuestal de 2001 a través del fondo de apoyo para el fortalecimiento de sociedades cooperativas y ahorro y préstamo de apoyo a sus ahorradores.
En otras palabras, el gran problema de las cajas de ahorro, incluso de la banca comercial, más que un problema de regulación y supervisión fue un problema endógeno derivado de la política fiscal y monetaria del gobierno en turno.
Por otra parte, debemos decir que la gran importancia de las cajas de ahorro se centra en su impacto regional, al activa y dinamizar el desarrollo de las zonas marginadas. Su lógica ex función es distinta a la de la banca comercial, la cual funciona y opera a través de la ganancia fácil y rápida a través del agio de los recursos de los ahorradores y en función del margen de la intermediación financiera.
En la actualidad, la inversión bancaria se orienta a la compra del papel gubernamental, de la cual los banqueros obtienen buenos dividendos sin riesgo.
Las sociedades de ahorro y crédito popular, más que un objetivo puramente mercantilista, tienen un objeto social, por lo cual el método y la forma de regulación y supervisión no deberá interferir con su funcionalidad y dinámica interior de dichas entidades.
El decreto de la Ley de Ahorro y Crédito Popular que ahora se presenta, retoma en gran parte las propuestas hechas por este sector, sobre todo en el sentido de ampliar al número de socios de 200 a 250 y del capital de 300 mil a 350 mil UDIS, necesarios para ser considerados como asociaciones que realicen operaciones de ahorro y crédito popular, dentro de la regulación de la ley mencionada; ampliándose así las posibilidades de desarrollo para un gran número de micro asociaciones y cooperativas, las cuales por su misma naturaleza no podían hacer frente a los requerimientos para la regulación, fiscalización y supervisión establecidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Señoras y señores diputados: Dada la grave problemática por la que atraviesan las diversas asociaciones y agrupaciones de crédito popular, todavía queda mucho por hacer para esta ley. Por nuestra parte reconocemos un gran avance al actual proyecto de decreto que ahora se presenta.
Yo le pido a mi bancada, el Partido de la Revolución Democrática, que vote a favor, dejando en claro que tendremos necesidad de seguir avanzando en otros periodos, en otros momentos, para integrar mejor esta ley.
-PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Para fijar la posición del Partido Acción Nacional, tiene la palabra el diputado Alfonso Sánchez Rodríguez, hasta por 10minutos.
-DIP. ALFONSO SANCHEZ RODRIGUEZ: Con su venia señora presidenta;
Honorable Asamblea:
En relación con el dictamen que hoy se presenta porque se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, el grupo parlamentario de Acción Nacional, expresa su apoyo a las reformas propuestas bajo las consideraciones que explico a continuación.
El año pasado se cumplieron 50 años de la presencia de movimientos de cajas populares en México. En 1951 un hombre visionario preocupado por las cajas populares en México, vio los grandes problemas, en particular la situación de las clases de los menos favorecidos. En ese entonces el sociólogo Pedro Velázquez, defendía que sólo con la unión de las personas se podía hacer frente a estos problemas. Por lo que propuso la cultura del ahorro como la forma de hacer frente a estos mismos.
En pocos años el movimiento cajista se extendió por gran parte del territorio nacional, construyendo una verdadera opción para el ahorro y el crédito popular y sus consignas fueron: crédito, ahorro, educación. Crédito, ahorro, cooperación. Por un capital en manos del pueblo.
Estas cajas se fueron integrando en federaciones regionales y en una gran confederación nacional. Sin embargo, con el paso de los años diversas situaciones provocaron la fragmentación de esta gran confederación. Hoy, la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aprobada el año pasado por esta misma Soberanía, reconoce la naturaleza y tradición cajista, que con sus formas propias de organización en federaciones y confederaciones, buscando la integración como un gran reto a alcanzar; esta Legislatura reconoció que existe un retraso en nuestro país en la regulación propia de los organismos dedicados a la intermediación financiera popular.
Con la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, quedó satisfecha la necesidad de un marco normativo propio y adecuado para estas instituciones.
Reconocemos la labor llevada por las diferentes organizaciones y entidades de ahorro y crédito popular, para sujetarse a las nuevas disposiciones y obligaciones de este nuevo ordenamiento demanda. Pero también reconocemos que es necesario un plazo mayor para cumplir a cabalidad con toda normatividad a la que nos referimos.
Por lo tanto, el grupo parlamentario de Acción Nacional reserva y celebra el consenso logrado en las comisiones unidas para ampliar el plazo concedido a las organizaciones dedicadas al ahorro y el préstamo entre las clases populares con la finalidad de ajustarse a la nueva ley enviando, al término del mismo, hasta junio del año 2005, por lo que invito a todos los compañeros diputados a que se sumen a esta propuesta.
Por otro lado, tras la expedición de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la preocupación de nuestro partido ha sido, en todo momento, el futuro de los numerosos grupos de personas físicas en todo el país que unen sus esfuerzos para ahorrar su dinero en forma conjunta y concederse préstamos mutualistas a que no reúnen los términos técnicos y materiales para realizar una actividad dentro del marco de la nueva ley.
Si bien es cierto que la intención primaria es que, mediante la unión de esfuerzos y alianzas estratégicas las entidades de crédito y ahorro logren sumarse a la disposiciones del nuevo ordenamiento jurídico, también es cierto que estos pequeños grupos solidarios o mutualidades a los que nos referimos, en la mayoría de las ocasiones se encuentran ubicados en lugares geográficos de difícil acceso, en donde no existe ventanilla alguna en la que puedan depositar sus ahorros y mucho menos una opción para tener un crédito.
Además es de todos conocida la organización y práctica de las denominadas tandas, en las que un grupo de personas que se conocen juntan su dinero para satisfacer las necesidades económicas más precarias.
La proposición que hoy se plantea es la de eliminar los obstáculos a que esos pequeños grupos para seguir operando, siempre que cumplan con los requerimientos establecidos por el propio texto de la ley.
La fracción parlamentaria de Acción Nacional comparte estos valores y principios que por más de 50 años se han enarbolado en el movimiento cajista nacional, como son la autoayuda, la autorresponsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y en especial la solidaridad, por lo que en aras de impulsar y fomentar estas instituciones nos pronunciamos a favor y a la aprobación del dictamen que hoy se somete a consideración de esta sobernía. Es cuanto. Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Raúl Homero González Villalba, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO RAUL HOMERO GONZALES VILLALBA: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La seguridad de las personas y su patrimonio es una de las preocupaciones fundamentales de nuestra fracción en esta representación popular.
Las formas que los grupos sociales han adoptado históricamente para ayudarse y construir por sí mismos redes de protección social han sido –y son—valoradas y alentadas desde las diferentes posiciones de representación popular y de gobierno que tenemos los priistas.
Sin embargo, reconocemos que por las repercusiones en la comunidad de ciertas actividades de las organizaciones sociales la intervención de la autoridad se hace necesaria. Pero debe de hacerse siempre con respeto.
Este es, sin duda, el caso de las operaciones de ahorro y crédito que, dentro de un esquema de cooperativas y sociedades mercantiles vienen realizando por años los mexicanos de menos recursos.
La banca comercial no está al alcance de todos. Unas cifras nos indican que sólo el 37 % de la población económicamente activa tiene acceso a sus servicios bancarios; en cambio se estima que tres millones y medio de personas son atendidas por la banca popular y que su potencial es de 20 millones.
Todavía una parte importante de los mexicanos participan en sistemas informales de ahorro y crédito, ante la limitada oferta de la banca con fines de lucro.
Lo fundamental en las organizaciones sociales es la confianza. No obstante ha sido necesario dar certidumbre jurídica a lo mecanismos propios de vigilancia y control que ellas mismas han establecido y otorgar también mayor seguridad a los ahorradores.
Esta ha sido la preocupación de la actual legislatura, pues nuestra economía demanda una mayor cultura del ahorro entre los segmentos de menores ingresos y ésta puede darse plenamente sólo si existen las suficientes condiciones de seguridad.
En junio de 2001 se promulgó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fue una de las respuestas, junto con el Programa de Apoyo a Ahorradores, que nació de la preocupación de los legisladores por respaldar y fortalecer los mecanismos de ahorro que la misma sociedad ha construido.
Se atajó a un problema social que amenazo con desbordarse y afectar no sólo el patrimonio de un número importante de familias mexicanas, sino minar la confianza que es el principal componente del capital social activo sobre el que se constituyen las organizaciones populares de nuestro país.
El equilibrio entre la autonomía de las organizaciones y la intervención de la autoridad no es fácil. Las organizaciones de ahorradores se constituyen siguiendo los valores y principios del cooperativismo.
Uno de estos principios es justamente el de la autonomía e independencia que se complementa con el de gobierno democrático de los socios.
Nunca se ha intentado ni pensado siquiera atentar contra estos y otros principios del cooperativismo.
Sin embargo los ahorradores han demandado un marco jurídico que les dé seguridad y respalde el manejo que ellos mismos hacen de su organización.
A partir de la promulgación de la ley mencionada, nuestra fracción política, conjuntamente con otras fracciones, ha mantenido comunicación constante con las organizaciones de ahorradores
Sabíamos que con su participación los legisladores podríamos continuar perfeccionando el marco jurídico.
Producto de esa atención y diálogo, nuestra fracción apoya las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que en sus aspectos sustanciales contempla lo siguiente. Responde a la preocupación por la sobre-regulación a las sociedades cooperativas manifestada por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro, a la que se sumaron las de Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México.
Para ello se establece que el número de socios de una organización para no ser sujeto de la regulación de la Ley, será de 250 integrantes, lo cual favorece a los numerosos grupos denominados "solidarios" que existen en todo el país y se fija el monto total de recursos bajo su responsabilidad en 350 mil UDIS. También se amplía en dos años más el plazo para que las entidades de ahorro y crédito sujetas a la regulación procedan a cumplir los requisitos que la ley establece, beneficiándose con esto a más de 600 entidades. El plazo se extiende ahora hasta el año 2005, se definen con claridad los procedimientos que habrán de seguir las entidades de ahorro y crédito que decidan no integrarse a una federación y a las confederaciones de entidades, cumpliendo con su obligación de participar en un fondo de protección. Se amplían las posibilidades de obtención de recursos y de prestación de servicios no financieros, como mecanismos para favorecer sus ingresos y responder a las necesidades de sus socios y clientes. Se elimina la obligación de llevar a cabo auditorias legales externas para no imponerles cargas adicionales a las de otras entidades financieras.
Estas son, entre otras, las principales aportaciones a la actual Ley de Ahorro y Crédito Popular que sometemos a la consideración del pleno. Por ello, convocamos a todos los legisladores a aprobar el dictamen que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social hemos elaborado y que ha sido el producto de un trabajo constructivo y propositivo de todos los legisladores que integramos las comisiones mencionadas.
No obstante, sabemos que estamos obligados a mantener una permanente comunicación con el sector, para continuar perfeccionando el marco jurídico que fortalezca la confianza de los ahorradores sociales y que mantenga el respeto a los valores y principios del cooperativismo. Las reformas y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular constituyen un paso más para recuperar la confianza de muchos pequeños y medianos ahorradores a fin de que se consoliden como agentes fundamentales del crecimiento económico de México.
La fracción priista reitera el respeto y respaldo a la importante tarea que realizan las organizaciones de ahorradores. La representación priista en el Congreso de la Unión se mantendrá atenta a las preocupaciones y propuestas de los cooperativistas y empresas sociales de ahorro y crédito, así como de todo el movimiento cooperativo en su conjunto.
Es cuanto, diputada Presidenta.
(Aplausos)
- LA C. PRESIDENTA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Se consulta a la asamblea si hay registro de oradores en pro o en contra.
No habiendo registro de oradores en pro o en contra, consulte la Secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
- LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
El diputado Manuel Duarte Ramírez ha reservado el artículo 4º Bis, fracción VIII, último párrafo.
¿Alguna otra reserva?
Si no hay reservas de artículos, queda claro que no se abrirá nuevamente el registro. Queda entonces reservado el artículo 4º Bis, fracción VIII, último párrafo, por el diputado Manuel Duarte Ramírez.
Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZA BAUTISTA: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.
-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se emitieron 423 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 423 votos.
Esta Presidencia informa que se ha reservado para la discusión en lo particular, el artículo 4º-bis fracción VIII último párrafo de la ley.
Se ofrece la palabra al diputado Manuel Duarte Ramírez, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar su planteamiento.
-DIP. MANUEL DUARTE RAMÍREZ: Muchas gracias diputada Presidenta.
Quise reservarme el artículo 4º-bis y proponer la supresión del último párrafo de la fracción VIII de este artículo 4º-bis, por las razones siguientes.
Estas reformas que nos ocupan el día de hoy tienen dos objetivos fundamentales, señalar requisitos específicos para los grupos de personas, las asociaciones y las sociedades civiles que operan con recursos propios y que distribuyen recursos entre ellos, es decir, para pequeños grupos solidarios que funcionan en el medio rural y que incluso son impulsados por la Secretaría de Desarrollo Social, por la SAGARPA y por algunas entidades religiosas.
Y en ese artículo, en las fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII se señalan los requisitos bajo los cuales deben de operar este grupo de personas o asociaciones. Sin embargo, el último párrafo de la fracción VIII confunde la aplicación de los requisitos propios, porque le otorga facultades a la Comisión nacional Bancaria para en los casos que considere necesario incorporar a estos grupos a la Ley de Ahorro y Crédito, entonces considero que por un lado confunde la aplicación del artículo 4º-bis y un segundo aspecto que puede generar actos de autoridad contrarios a este artículo por parte de la Comisión Nacional Bancaria, desde luego apoyándose en este artículo.
Entonces, la propuesta es suprimir el último párrafo del artículo 4º de la fracción VIII. Muchas gracias.
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Por favor diputado, ¿nos deja algún documento si lo tiene?
Deseo consultar con la Comisión. Sí diputado.
A nombre de la Comisión el diputado Fernando Herrera.
-EL C. DIPUTADO FERNANDO HERRERA... Con el permiso de la Presidencia. Después de escuchar la reflexión que ha hecho el Diputado Duarte en torno a la supresión de este párrafo al que se ha hecho referencia, las Comisiones Unidas de Hacienda y Fomento Cooperativo no tienen inconveniente en atender esta propuesta que hace el diputado Duarte, por lo cual manifestamos nuestra conformidad con nuestra propuesta que se hace en virtud de que tal como se ha explicado, no modifica de manera sustancial el acuerdo que se ha tenido y lo que se suprime en su momento ya referido dentro del propio cuerpo de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Entonces les pedimos votar a favor de este planteamiento que nos ha hecho el Diputado Duarte a nombre de ambas Comisiones.
Es cuanto, diputada Presidente.
-LA C. PRESIDENTA. La Comisión acepta la propuesta planteada por el Diputado Manuel Duarte, que si la entiendo bien, es la supresión de un párrafo con lo que el Artículo 4º-Bis Fracción VIII quedaría tal y como está en el Dictamen sin el último párrafo.
Consulte la Secretaría a la Asamblea si es de admitirse la proposición presentada por el Diputado Duarte y aceptada por las Comisiones
-LA MISMA C. SECRETARIA. Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la Asamblea si es de admitirse la modificación propuesta por el Diputado Duarte y aceptada por la Comisión
Los Ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-LA C. PRESIDENTA. Se acepta
Se consulta a la Asamblea si hay registro de oradores en pro o en contra. No habiendo oradores ni en contra ni en pro, se considera suficientemente discutida, por lo que le ruego a la Secretaría someter a votación nominal hasta por cinco minutos la Modificación al Artículo 4º-bis Fracción VIII que consiste en la supresión del último párrafo respectivo, tal y como lo presentó el Diputado Duarte.
-LA MISMA C. SECRETARIA. Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento.
Abrase el Sistema Electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de la Modificación manifestada (Se abre el Sistema Electrónico)
.Se emitieron 391 votos en pro, cero en contra y 2 abstenciones.
LA C. PRESIDENTA. Aprobado el texto modificado del Artículo 4º.-bis Fracción VII suprimiendo el último párrafo por 391votos.
Aprobada en lo general y en lo particular el Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicional y Derogan diversas Disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En virtud de que se ha agotado el tiempo previsto para la sesión, le ruego a la Secretaría dé lectura al Orden del Día de la próxima sesión.
-LA MISMA C. SECRETARIA.
(Lectura del Orden del Día de la próxima sesión)
--LA C. PRESIDENTA (a las 16:35 horas):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo Lunes 9 de Diciembre a las 17:: horas.
Se les informa a los colegas Diputados y Diputadas, que el registro de asistencia estará abierto desde las 16:00 horas y vamos a iniciar la sesión a las 17:00 horas cerrando el registro a las 17:15 horas.