SESION DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA.
7 DE
NOVIEMBRE DE 2002
EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO.- Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia, el resultado de cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 311 diputados; por lo tanto, hay quórum.
EL C. PRESIDENTE, (a las 10:22 horas).- Se abre la sesión.
Proceda la Secretaría a dar lectura del orden del día.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.-
(Dio lectura al orden del día. Insértese)
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, señora Secretaria.
Le ruego proceder a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
EL C. PRESIDENTE.- Aprobada el acta.
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruir su cierre.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 339 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias.
Pasamos al capítulo de comunicaciones, le ruego a la Secretaría proceder.
EL MISMO C. SECRETARIO.- Comunicaciones.
(Oficio del estado de Durango con punto de acuerdo relativo al Presupuesto de Egresos de la Federación)
EL C. PRESIDENTE.- Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.-
(Oficio de la diputada Alejandra Barrales Magdaleno, informando su reincorporación a esta Cámara de Diputados)
EL C. PRESIDENTE: De enterado y se le tiene por reincorporada a sus labores legislativas.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA COMISION DE ENERGIA, INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACION DE LA COMISION DE RECURSOS HIDRAULICOS, INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: De enterado
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA COMISION DE TRANSPORTES, INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: De enterado
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA RELATIVA AL PARLACEN INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: De enterado
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA A MODIFICACION DE INTEGRACION DE LA
COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA, INSERTESE)
EL C. PRESIDENTE: De enterado.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA DE OFICIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, INSERTESE
- EL C. PRESIDENTE: De enterado
- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(De la Junta de Coordinación Política. Del diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, Sub-coordinador del Partido Acción Nacional,
Que solicita que la diputada Arcelia Arredondo García se integre A la Comisión de Salud, para ocupar un lugar vacante del Partido Acción Nacional)
- ELC. PRESIDENTE: De enterado.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Del director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, que remite informe trimestral sobre la composición y situación
financiera de las inversiones del Instituto, de conformidad con el tercer párrafo del dl artículo 286 C de la Ley del Seguro Social)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
De las ciudadanas Nancy Burruel de Salcido y Heidi Pastor de Tapia
"por el que se autoriza ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y reduce el
subsidio a las tarifas domésticas", "por el que se autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta
de energía eléctrica". Publicado en el Diario Oficial de la Federación el lunes 8 de abril del 2002)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, para su conocimiento.
- LA C. DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: (Oficio que remite Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2003)
- EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Oficio con el que se remite la Iniciativa Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2003)
- EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Oficio con el que se remite la Iniciativa de Ley que establece, reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales
(Miscelánea Fiscal)
- EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Oficio con el que se remite la Iniciativa de Ley que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos)
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO (PRI): Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PEREZ (PAN):
(Da lectura al oficio con el que se remite el informe sobre el uso de la facultad conferida al Ejecutivo Federal en el artículo 131 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 4º. de la Ley de Comercio en materia arancelaria, durante el periodo comprendido de septiembre de 2001 a septiembre de 2002)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ (PRI):
(Da lectura al oficio con el que se remite la iniciativa de reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas)
- EL C. PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina.
Pasamos al capítulo de iniciativas de los ciudadanos diputados.
Tiene la palabra el señor diputado Simón Iván Villar Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 9-A y adiciona un artículo 9-B a la Ley de Coordinación Fiscal.
EL C. DIPUTADO SIMÓN IVÁN VILLAR MARTÍNEZ (PRI): Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros:
"Acudo a esta tribuna con el firme propósito de refrendar mi vocación federalista. Constancia de ello es esta iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal en donde reconozco al orden municipal y estatal como auténticos niveles de gobierno y piezas fundamentales del nuevo federalismo mexicano.
"Los importantes retos que presenta en la actualidad la diversidad regional de nuestro sistema federal no puede atenderse desde el centro político con la eficiencia requerida. Estamos obligados a realizar las reformas necesarias que nos lleven a la consolidación de gobiernos locales con capacidades financieras de respuesta inmediata y que puedan incursionar con éxito en el escenario global y nacional.
"En 1999 avanzamos en esa dirección, ya que esta soberanía aprobó diversas modificaciones al artículo 115 de la Constitución con la intención de fortalecer la gestión política administrativa y de gobierno del municipio mexicano. Sin embargo, en materia de federalismo fiscal los ayuntamientos y los estados de nuestro país siguen padeciendo la falta de mayores potestades tributarias o recaudatorias que éstas les permitan incrementar los recursos de su hacienda pública. Gran parte del problema se encuentra en el acuerdo que dio origen al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en 1980 y que permitió a la federación apropiarse de más del 90 por ciento de la recaudación tributaria del Estado mexicano.
"En este contexto, estamos emplazados a repensar nuestro federalismo hacendario, a discutir nuevas formas de coordinación que alleguen mayores recursos a nuestros municipios y estados. No olvidemos que en ellos se desenvuelven diariamente el 90 por ciento de los mexicanos y se genera el 87 por ciento del producto interno bruto de la economía nacional.
"Esta iniciativa que someto a su consideración retoma estas reflexiones y plantea como objetivo apoyar el desarrollo regional en los municipios de la frontera norte y de otras regiones del país. Históricamente los estados y las poblaciones fronterizas han mantenido vigente la solicitud de que los ingresos provenientes de los peajes que se cobran por concepto de los cruces internacionales y de carreteras de cuotas operados por Capufe, pasen a los estados y a los municipios.
"Petición que encuentra su justificación en la compleja problemática derivada del crecimiento explosivo de las ciudades fronterizas. Este resultado es consecuencia de la ubicación geográfica de estos municipios que día tras día los obliga a permitir el paso de todo el comercio, vía terrestre, con los Estados Unidos de Norteamérica. Por lo que esto implica un mayor deterioro de su infraestructura pública y la necesidad de ofertar mayores servicios que satisfagan las demandas que exigen las actividades relacionadas con la industria manufacturera y el comercio internacional.
"Es necesario que estos municipios y estados puedan recaudar ingresos públicos de las actividades que se desarrollan en sus espacios geográficos. La federación, al permitir que los dineros que ingresan en los puentes y caminos operados por Capufe le sean asignados a los estados y municipios, estaría dándole respuestas a problemas que por su naturaleza y dimensión demandan soluciones prontas y efectivas.
"En 1992 dimos un primer paso en la descentralización de estos recursos. El honorable Congreso de la Unión aprobó la iniciativa de adición a la Ley de Coordinación Fiscal que creó el artículo 9º apartado A. Esta reforma instituyó la creación de fondos para la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de las obras de vialidad en aquellos estados y municipios donde existieran puentes de peaje operados por la federación.
"En 1995 Legislatura federal en turno aprobó la última modificación del artículo 9º, Apartado "A" de la misma ley, esto para establecer un incremento del 10 por ciento al 25 por ciento de la aportación de la Federación del total de los ingresos brutos generados en cada puente para la construcción de infraestructura, creándose así reglas de operación que aún son vigentes, que establecen que por cada peso que la Federación aporte, el Estado y el municipio o ambos, cuando así lo convinieren, lo hagan con 20 centavos.
"Debo destacar que desde la reforma realizada en 1995, no se ha presentado incremento alguno en las aportaciones federales a dicho fondo. Para tales motivos presento ante esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de reforma.
"Esta iniciativa de reforma es al artículo 9º Apartado "A" de la Ley de Coordinación Fiscal y que crea un Apartado "B" de dicha ley.
"Artículo 9º, Apartado "A".- La Federación a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios en donde existan puentes de peaje operados por la primera, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad, en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o, en su caso, a la realización de obras de infraestructura o gastos de inversión, sin que de ninguna forma tales recursos se destinen al gasto corriente. Dichos fondos se constituirán con el 100 por ciento del monto total de los ingresos que se obtengan por la operación del puente de peaje de que se trate, luego de deducir los gastos de operación y mantenimiento del mismo.
"La aportación federal se distribuirá de la siguiente manera: el 25 por ciento a las entidades federativas y el 75 por ciento a los municipios correspondientes. La entidad federativa deberá destinar este recurso a obras de impacto regional que beneficien directamente en donde se ubique el cobro de peaje".
"Se elimina del texto del artículo 9º Apartado "A", el siguiente párrafo: "La aportación a los fondos mencionados se hará por el Estado, por el municipio o cuando así lo acordare por ambos, en un 20 por ciento del monto que aporte la Federación, sin que la aportación de ésta exceda de un 25 por ciento". Creándose así el Apartado "B" del mismo artículo 9º de dicha ley, al tenor lo siguiente.
"La Federación, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los estados y los municipios en donde existan puentes y caminos administrados por el fideicomiso número 1936 del Fondo de Apoyo al Rescate Carretero, FARC, podrán convenir en crear fondos cuyos recursos se destinen a la construcción, mantenimiento, reparación y ampliación de obras de vialidad en aquellos municipios donde se ubiquen dichos puentes o infraestructura carretera. También así, a la realización de obras de infraestructura o gastos de inversión, sin que en ningún caso tales recursos se destinen al gasto corriente. En aquellos en donde el ingreso obtenido por el peaje no alcance a cubrir el gasto financiero para operar por encima del punto de equilibrio, la Federación, los estados y los municipios podrán convenir la aportación en función de las posibilidades reales de la operación del puente o camino de peaje de que se trate.
"El 25 por ciento del monto total de los ingresos que se obtengan por la operación del puente o camino de peaje del que se trate la aportación federal, se distribuirá en una tercera parte a las entidades federativas y dos terceras partes a los municipios correspondientes. El Estado deberá destinar estos recursos a obras de infraestructura de impacto regional".
"Artículos transitorios.
"Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero del 2003.
"Rúbrica, diputado federal Simón Villar Martínez".
Es cuanto.
(aplausos)
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el Diputado José Manuel Minjares Jiménez, a nombre de diversos grupos parlamentarios, para presentar una Iniciativa que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para incorporar el Sistema de Tributación por parte del Flujo de Efectivo.
-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL MINJAREZ JIMENEZ.- Muchas gracias señor Presidente. Antes que nada quiero hacer mención que esta es una Iniciativa pluripartidista, producto del diálogo y el consenso que hemos alcanzado integrantes de diferentes grupos parlamentarios, está signada por la Diputada Rosalinda López Hernández y el Diputado José Antonio Magallanes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , por el Diputado Bernardo de la Garza Herrera del Partido Verde Ecologista de México, por el Diputado Enrique De la Madrid Cordero y el Diputado José Francisco Yunes Zorrilla del Partido Revolucionario Institucional y por el Diputado Hugo Zepeda Berrelleza y un servidor por parte del Partido Acción Nacional.
Los suscritos, Diputados a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71º Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la Fracción II del Artículo 55º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas Disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos.
En principio, debe destacarse que los cambios que se proponen en la presente Iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado, no alteran en forma alguna el régimen fiscal de la Tasa 0% aplicable a Alimentos y Medicinas así como tampoco modifican las exenciones que actualmente prevé dicho ordenamiento.
Las modificaciones que se proponen únicamente tienen por objeto dar seguridad jurídica a los contribuyentes por lo que hace a la concesión del Impuesto con base en el Flujo de Efectivo, simplificar su cálculo al eliminar la determinación del Impuesto por ejercicios fiscales y el ajuste semestral, así como establecer el tratamiento aplicable a las enajenaciones de bienes que realizan empresas que cuentan con programas de maquila o de importación temporal para producir artículos de exportación o que cuenten con regímenes similares en los términos previstos por la Legislación Aduanera.
En efecto, el Congreso de la Unión aprobó para el Ejercicio Fiscal de 2002 diversas Disposiciones Transitorias en la Ley de Ingresos de la Federación aplicables al Impuesto al Valor Agregado las cuales se refieren fundamentalmente a la causación, acreditamiento del Impuesto sobre el sistema conocido como Flujo de Efectivo.
La conveniencia de sustituir el sistema vigente de cálculo del Impuesto por el Sistema de Flujo de Efectivo surgió de la necesidad de evitar una complejidad adicional a las personas físicas con actividades empresariales y profesionales al tener que calcular, por un lado, el Impuesto al Valor Agregado sobre la base de devengados y, por el otro, el Impuesto sobre la Renta con base en el esquema de Flujo de Efectivo previsto para estos contribuyentes en la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta.
No obstante lo anterior, se considera que el esquema de Flujo de Efectivo previsto actualmente en el Artículo 7º Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002 no sólo representa un beneficio para las personas físicas con actividades empresariales o profesionales, al hacer congruentes los sistemas de cálculos de ambos impuesto sino que además, su aplicación ha resultado en beneficio de todos los contribuyentes ya que se reducen sus problemas de liquidez al no financiar el Impuesto como acontecía con las reglas de la Ley que estuvieran vigentes hasta el ejercicio anterior en las que los contribuyentes estaban obligados a pagar el Impuesto a pesar de no haber recibido el pago de los actos o actividades realizados.
En efecto, el Sistema sobre la base de Flujo de Efectivo consiste en que el Impuesto se causa hasta el momento en que los contribuyentes efectivamente cobran el precio contra prestación pactados y hasta por el monto de los mismos y como consecuencia de ello, el Impuesto se traslada cuando los contribuyentes cobran y sobre el monto de lo efectivamente cobrado.
Por lo tanto, el adquirente (¿) acredita el Impuesto hasta que pague el Impuesto al Valor Agregado al que se traslada, de esta forma, la obligación de pagos surge cuando se da la percepción efectiva del precio pactado y demás cantidades que se cobren al adquirente(¿) a quien recibe el servicio o a quien use o goce temporalmente el bien.
Por el contrario, la persona a quien se le efectúa el traslado únicamente lo podrá acreditar hasta que efectivamente pague la contraprestación y hasta por el monto del impuesto efectivamente trasladado no obstante que con anterioridad el pago hubiese recibido el comprobante de la operación.
Además de los beneficios mencionados, este esquema es más justo y equitativo puesto que se vuelve neutral frente a las políticas de comercialización y cobro que las empresas otorgan a sus clientes, considerando que el impuesto se pague en todos los casos hasta la percepción efectiva del cobro.
Asimismo, el sistema de flujo de efectivo en el Impuesto al Valor Agregado ha simplificado su cálculo para los contribuyentes lo que a su vez redunda en un mejor control y fiscalización por parte de las autoridades fiscales.
Con la finalidad de mantener los beneficios que representa para los contribuyentes el esquema de flujo de efectivo actualmente previsto en la Ley de Ingresos de la Federación, se considera indispensable que se incorporen en la Ley del Impuesto al Valor Agregado tales disposiciones con lo cual se otorgaría mayor seguridad jurídica a los contribuyentes.
Por otra parte, dentro de esta iniciativa también se propone que el período de cálculo del impuesto se realice únicamente en forma mensual y no en forma anual como actualmente prevé la Ley del Impuesto al Valor Agregado con el fin de permitir un mejor control del impuesto al eliminarse los pagos provisionales convirtiéndolos en pagos definitivos.
Cabe mencionar que el período de cálculo que se propone es coincidente con el mes de calendario, debiéndose efectuar el pago a más tardar el día 17 del mes posterior al cálculo. Esta periodicidad de cálculo y pago del impuesto no es nueva dentro del Sistema Tributario Mexicano ya que el Congreso aprobó para el ejercicio fiscal 2002 las modificaciones respectivas en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, mismo que también es un impuesto indirecto como lo es el Impuesto al Valor Agregado.
Con las modificaciones relativas a la periodicidad mensual en el pago del impuesto, los contribuyentes se verán beneficiados con la simplificación de cálculo del mismo en virtud de que en congruencia con dicha modificación se suprime la declaración anual del Impuesto al Valor Agregado así como el complejo cálculo del ajuste semestral que las empresas estaban obligadas a determinar, ya que resultaría innecesario pues ahora cada pago mensual sería definitivo.
Por otra parte, respecto de las operaciones realizadas por maquiladoras de exportación y empresas con programas de importación temporal para producir artículos de exportación, se considera necesario modificar diversas disposiciones de la ley en comento con el propósito de otorgar seguridad jurídica en el tratamiento aplicable a esas operaciones.
Inicialmente es necesario reiterar que la exportación efectiva y real de las mercancías no sufre modificación alguna ya que se mantiene la aplicación de la tasa 0% cuando ello ocurra pero se precisa en la fracción I del artículo 29 de la ley que no se considerará como exportación de bienes aquella en la que los bienes no salgan del país.
Por otra parte, las enajenaciones de bienes entre empresas que cuenten con los programas mencionados estarán afectas al pago del impuesto pero para evitar el efecto financiero que el traslado de dicho efecto representaría en las empresas adquirientes (sic), se establece la obligación para éstas de efectuar una retención por el monto total del impuesto que se les traslada; las empresas que hayan efectuado la retención y que a su vez le retengan dicho impuesto o bien realicen la exportación de los bienes, podrán considerar como impuesto acreditable el impuesto que les trasladaron y retuvieron aún cuando no se haya enterado.
Cuando en el cálculo del impuesto mensual resulte saldo a favor, los contribuyentes podrán obtener la devolución inmediata de dicho saldo disminuyendo lo del monto del impuesto retenido por las operaciones realizadas en el mismo período y hasta por dicho monto. Cabe mencionar que este tratamiento se hace extensivo a las empresas que tengan un régimen similar a los citados programas.
Finalmente, se establece una exención para la enajenación de bienes que se hayan introducido a México bajo un programa autorizado de maquila, PITEX (?), o un régimen similar, de conformidad con la legislación aduanera siempre que dicha enajenación se realice entre residentes en el extranjero o por un residente en el extranjero a una persona moral que cuente con alguno de los programas mencionados.
Por las consideraciones expuestas y con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al Pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Señor Presidente, en obviedad de tiempo, entrego a la Secretaría el texto íntegro de la exposición de motivos y del proyecto de decreto solicitando tenga a bien ordenar que se inserte en el Diario de los Debates y, para los diputados que van llegando en estos momentos al salón de sesiones, simple y sencillamente reiterar que esta es una iniciativa pluripartidista firmada por parte del PRD, por la diputada Rosalinda López Hernández y el diputado José Antonio Magallanes; por parte del PRI, por el diputado Enrique de la Madrid Cordero y José Francisco Yunes Zorrilla; por parte del Partido Verde, por el diputado Bernardo de la Garza Herrera y por parte del Partido Acción Nacional, por el diputado Hugo Zepeda Berrelleza y un servidor.
Es cuanto, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias señor diputado. Insértese completa la versión de la presente iniciativa tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La iniciativa que reforman los artículos 7, 8 y 47 de la Ley General de Educación propuesta por el Partido Verde Ecologista de México, a solicitud de esa fracción, se pospone para la siguiente sesión, por lo tanto tiene el uso de la palabra el Diputado Amador Rodríguez Lozano, para presentar una iniciativa que crea la Ley Federal, para la Prevención y Rehabilitación de Adicción a Drogas y reforma los artículos 184 bis y 191 de la Ley General de Salud y se adiciona el artículo 60 del Código Penal Federal.
Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.
EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Con su permiso Presidente.
Amigas y amigos legisladores,:
Hace unos días, en la ciudad de Veracruz sucedió un hecho verdaderamente bochornoso, molesto, que no podemos permitir que siga sucediendo. Veintiún niños de secundaria, sufrieron una intoxicación por consumo de cocaína. ¿Se imaginan ustedes la sorpresa y la indignación de los padres y los familiares de esos niños que van a la escuela, con el propósito de formarse como buenos ciudadanos, cuando les informaron que sus hijos estaban en el hospital, por haber consumido cocaína.?
Se imaginan ustedes la sorpresa de los profesores, de las autoridades ante este hecho. ¿Que respuesta, que respuesta va a dar este Poder Legislativo Federal, que fue nombrado por el pueblo para venir aquí, a tratar de resolver problemas de los ciudadanos, no sólo del interés de los Partidos Políticos o los cambios fundamentales que requiere el gobierno, sino resolver los problemas que están aquejando a la sociedad mexicana.?
Hoy vengo a nombre de un grupo numeroso de diputados de todas las fracciones representadas en esta Cámara de Diputados, para presentar una iniciativa que hemos estado trabajando, para dar respuesta precisamente a esa inquietud, a ese fenómeno, a ése cáncer, que avanza día a día en la sociedad mexicana, que es el aumento a las adicciones a las drogas.
En 1993, la encuesta nacional de adicciones mostraba el que el 3.9% de la población confesaba haber consumido una vez droga en su vida. Para 1998 ese 3.9% subió a un 5.2%. Actualmente, se está realizando ya, la última encuesta nacional, en materia de drogas, pero las organizaciones no gubernamentales, que son las que fundamentalmente han enfrentado el problema de la adicción a través de la rehabilitación formada por ex adictos, establecen que ya para esta fecha casi el 18%, dice que ha consumido aunque sea una vez droga en su vida. Estamos hablando de dieciocho millones de personas; los que dicen consumirla en el último año, en 1993 fueron tan solo el 3 por ciento, es decir 229 mil 581 sujetos. En 1998 aumentó a 400 mil personas.
Amigas y amigos; está subiendo considerablemente el consumo de drogas en el país y tenemos la obligación moral, jurídica y política de poner un alto, de poner un alto a las adicciones. Por eso presento ante ustedes esta iniciativa para crear la Ley Federal para la Prevención y Rehabilitación en materia de Adicciones, que modifica también la Ley de Salud y hay una adición en el Código Federal Penal. Se trata de presentar una nueva política pública en materia de adicciones.
El Gobierno Federal ha intentado hacer su parte, pero se ha quedado rezagado ante el crecimiento extraordinario del consumo de droga. En 85 se creó el Consejo Nacional en Contra de la Farmacodependencia, que cambió posteriormente en 87 para convertirse en el Consejo Nacional Contra las Adicciones, para incorporar también el tabaquismo y el alcoholismo.
En el país, amigas y amigos, existen alrededor de 60 centros de integración juvenil. De acuerdo con el último informe de gobierno presentado por el Presidente Fox, esos centros exclusivamente atendieron a 14 mil 834 pacientes de un potencial de un millón de ciudadanos. Se imaginan ustedes, ven ustedes la desproporción, cómo estamos atrás; de un millón potencial de adictos en el país, 14 mil 834 vieron los centros de integración juvenil.
De estos mismos informes, revisando los de los últimos años demuestran que su trabajo ha sido fundamentalmente de dar pláticas, de dar conferencias, de anuncios de televisión que no han tenido el resultado que nosotros hubiéramos querido. El esfuerzo lo están realizando fundamentalmente, como decía antes, organizaciones no gubernamentales, adictos y adictas que saben del infierno de las drogas y que no quieren que otras personas tengan que sufrir sus mismas angustias y por eso se han organizado a todo lo largo y ancho del territorio nacional.
Vean ustedes solamente un ejemplo del rezago que hay en materia de rehabilitación. En Tijuana hay más de 100 mil adictos, hay más de mil picaderos; ahora que se dice que ya se acabaron los capos, por qué no van a Tijuana, donde toda la gente sabe dónde están los picaderos de las drogas, dónde están tienditas donde se vende droga.
¿Cómo es posible que para poder lleva a un juzgado a un profesor universitario por el hecho de ser crítico al gobierno, se utilizaron patrullas, pero para poder hacer frente a los que venden las drogas, a pesar del destacamento de la Policía Federal Preventiva, a pesar del destacamento de la Judicial de Investigación, como se llama ahora o se va a llamar, a pesar de todas las coordinaciones, ahí están mil picaderos que han generado 100 mil adictos?
¿Saben ustedes cuántos de ellos atiende el gobierno en el centro de integración
juvenil?, veinticinco; las organizaciones no gubernamentales atienden 3 mil 500 a través de un sistema de los 12 pasos de alcohólicos anónimos que han acomodado al sistema de drogas; los grupos cristianos 300; las clínicas 62. Por eso necesitamos una nueva política en materia del combate a las adicciones.
Yo les vengo a proponer a nombre de este grupo pluripartidista de legisladores, que tomemos conciencia de este problema y que tomemos una decisión. Démosle respuesta a esas madres veracruzanas; démosle respuesta a esas 21 criaturas que en Veracruz fueron intoxicadas en materia de droga. Ustedes tienen la palabra.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con opinión de la Comisión de Salud.
Igualmente, que se inserte completo el texto en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.
EL DIP. AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Le pediría que si se envía a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, porque no desarrollé el concepto, ya que el Consejo Federal que se propone, está presidido por el Secretario de Gobernación porque deja de ser un problema de salud pública para convertirse en un problema de seguridad pública y de seguridad nacional.
Y asimismo, me han pedido muchos legisladores que quieren firmar la iniciativa, de tal manera le pido que quede abierta la posibilidad de que aquellos que se quieran adherir a ella, lo puedan hacer.
EL PRESIDENTE: Cómo no. Tome nota la Secretaría y túrnese también para la opinión de la Comisión de Gobernación.
Tiene la palabra el diputado Enrique Martínez Orta Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.
EL DIP. ENRIQUE MARTINEZ ORTA FLORES: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II; 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II, 56, 63 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma los artículos 25 en su primer párrafo, el 46 y se adicionan las fracciones VIII y IX al 25; el 45 A, 45 B y 45 C a la Ley de Coordinación Fiscal.
Solicito a la Presidencia, en atención a la importancia de los puntos del orden del día para desahogar y al tiempo de mis compañeros, se incorpore de manera íntegra en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria la presente iniciativa. Asimismo, se me permita dar cuenta a esta soberanía de un resumen de la misma.
Una solución para la construcción de un auténtico federalismo exige que el Gobierno Federal busque verdaderamente su fortalecimiento mediante la descentralización de recursos públicos y la promoción de una nueva cultura en las relaciones intergubernamentales, caracterizada por la cooperación, la confianza y la autonomía de gestión de los recursos públicos en los ámbitos estatal y municipal, con el objeto de profundizar la democracia, el desarrollo y la Justicia Social.
De igual manera, se deben fortalecer las
atribuciones, autonomía, libertad económica y responsabilidades de los estados y
municipios. Redistribuir el gasto federal, dejar en manos de los gobiernos estatales y
municipales, las funciones administrativas que les corresponden, servicios públicos,
programas en materia de salud, educación, medio ambiente, vivienda, superación de la
pobreza, desarrollo urbano y económico, vigorizar la soberanía política y económica de
los estados, y reivindicar la función compensatoria y subsidiaria el pacto federal, ya
que el esfuerzo de descentralización no sería suficiente, si en razón del origen
federal de los recursos, que constituyen los fondos de las aportaciones federales en su
distribución, operación, manejo, supervisión y fiscalización, se sujete a
disposiciones federales, como hasta la fecha, inclusive ateponiéndolas a la legislación
aplicable a cada entidad federativa y, en su caso, a las municipales.
Tomando en cuenta el respeto a la soberanía estatal y a la autonomía
municipal, y con la finalidad de otorgarle la misma naturaleza jurídica a los fondos de
aportaciones que a las participaciones en ingresos federales, se propone reformar el
primer párrafo del Artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, para eliminar el
término "con independencia", y sustituirlo por "como complemento".
Asimismo modificar el sentido de que su gasto o ejercicio no está condicionado al
cumplimiento de los objetivos, sino que tiene como finalidad el cumplimiento de los
mismos.
Consideramos necesario, que para darle seguridad a las entidades
federativas, en cuanto a los ingresos que reciben a través del Programa de Apoyo para el
Fortalecimiento de las Entidades Federativas que, año con año, ha venido siendo motivo
de múltiples negociaciones, éste se incluya de manera definitiva en la Ley de
Coordinación Fiscal en el Artículo 25 fracción VIII con carácter de fondo, el cual se
denominará Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, en
donde se contemple que dichas aportaciones se ejercerán libremente por los estados y el
Distrito Federal, para normar la forma en que se determinará y ejercerá el citado fondo.
Se propone la incorporación del Artículo 45ª y para reglamentar su
distribución el 45B, derivado del análisis de los recursos del Ramo general 33,
aprobados para la distribución a los estados en el ejercicio 2002, se observa que el
promedio nacional per cápita que reciben de este ramo, es de 2,410.80 y dentro de éstos,
Baja California, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla y
Sinaloa, reciben un importe por debajo de la media nacional, situación que los pone en
desventaja frente a otras entidades federativas, por lo que se considera conveniente para
unificar los recursos presupuestales, crear un fondo compensatorio del Ramo General 33,
que se incorporaría, como una fracción IX al Artículo 25, y como consecuencia adicionar
en la Ley de Coordinación Fiscal el Artículo 45C para normar dicho fondo.
Por ende se deberán prever los recursos necesarios en el Presupuesto
de Egresos de la Federación a partir del 2003, sin que con dicho fondo se causa perjuicio
a ninguna entidad, en cuanto a las cantidades que reciban de acuerdo a las fórmulas que
contempla la ley antes citada, sino como su nombre lo dice, el fondo compensa a las
entidades que reciben recursos por debajo de la media nacional.
Debido a la importancia que reviste el fortalecimiento del sistema
estatal y municipal de control y evaluación, y considerando que éste requiere de
recursos para contar con instalaciones, equipo y personal, con la capacidad técnica
necesaria, para supervisar y vigilar a fin de lograr un ejercicio eficiente, oportuno,
transparente y honesto de los recursos del Gobierno Federal, transfiere a los gobiernos de
las entidades federativas y éstas a su vez a sus municipios, es que se propone reformar
el primer párrafo del artículo 46 de la Ley de Coordinación Fiscal incluyéndole el
texto "salvo a la aplicación de los recursos necesarios para llevar a cabo la
supervisión y vigilancia de su ejercicio".
En el segundo párrafo del precepto legal antes citado, se propone
incluir un texto en el que se precisa que las dependencias federales no podrán intervenir
en la distribución y aplicación de los recursos del Ramo 33 y en consecuencia, se
considere nulo cualquier convenio que contravenga las disposiciones de la Ley de
Coordinación Fiscal, ya que debido a la firma de los convenios entre el Gobierno Federal
y los gobiernos estatales en materia de educación y salud, se limita de manera por demás
inequitativa y totalmente al margen de lo dispuesto en el texto vigente del artículo 46
de la ley en comento, el cual prevé que la administración de dichas aportaciones
corresponde a los estados y en su caso a los municipios, conforme a sus propias leyes y
que éstos deberán registrarlas como ingresos propios.
Es importante resaltar el hecho de que los estados y municipios cuenten
con recursos necesarios para que sus órganos de control se fortalezcan y abarquen la
supervisión y vigilancia de los recursos federales, por lo que se debe asignar a las
autoridades de control y supervisión interna del monto total de los fondos del Ramo 33 un
2 al millar para capacitación, equipo y contratación de personal especializado; por ende
se propone reformar el párrafo tercero del multicitado artículo 46.
Por último, consideramos necesario sustituir en la fracción IV y en
el penúltimo párrafo del artículo 46 el nombre de "Contaduría Mayor de Hacienda
de la Cámara de Diputados" por "Auditoría Superior de la Federación de la
Cámara de Diputados", en virtud de que la primera fue sustituida por la segunda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que
reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal.
Es cuanto, señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- Muchas gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera y
la Ley de Comercio Exterior presentada por el diputado César Alejandro Monraz Sustaita a
nombre de diversos diputados de diferentes grupos parlamentarios, se pospone para una
siguiente sesión.
La iniciativa del diputado Arturo Escobar y Vega del grupo
parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar una iniciativa que
reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, se retira de la agenda.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra la diputada Martha Ruth del
Toro Gaytán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una
iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 111 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.
LA C. DIPUTADA MARTHA RUTH DEL TORO GAYTAN.- Con la venia de la Mesa
Directiva.
Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados
del Honorable Congreso de la Unión.
La suscrita diputada federal del grupo parlamentario del Partido
Acción Nacional integrante de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la
consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para
reformar el artículo 111 de la Constitución federal a fin de acotar el llamado fuero
constitucional, para lo cual se propone establecer que se no se requerirá declaración de
procedencia de la Cámara de Diputados cuando el servidor público federal o local a que
hace referencia el párrafo 1º. y 5º. del artículo 111 actual cometa el delito de
traición a la patria, homicidio, genocidio, delincuencia organizada, delito grave del
orden patrimonial o delito grave del orden federal cometido en flagrancia, misma que se
fundamenta y motiva bajo la siguiente exposición de motivos.
La investidura de servidor público o de representante popular implica
un compromiso directo con la sociedad y con el Estado por ser el más alto privilegio
cívico a que puede aspirar un ciudadano.
Compañeras y compañeros diputados: si aspiramos a la construcción de
una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental
sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al estado de derecho, donde
ninguna persona se encuentre por encima de la ley, entonces nuestra legislación deberá
normar el ejercicio responsable y honesto de los servidores públicos de primer nivel.
En tal sentido, el tema de la inmunidad en el momento histórico de
arribo a la vida democrática que vive nuestro país es sin duda un asunto insoslayable.
En un sistema jurídico político realmente republicano no existe necesidad de que los
altos servidores públicos gocen de inmunidad, menos aún cuando ésta, por la compleja
aplicación de la ley, conlleve frecuentemente a la impunidad.
La palabra fuero evoca aquellos antiguos privilegios que tenían
personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no por la justicia común. Esta
fue la acepción con que la institución de los fueros penetró en nuestro derecho patrio
como herencia de la legislación colonial.
La historia del fuero constitucional en México es complicada y poco
clara. Así por ejemplo, en el texto original de la Constitución de 1917 se expresaba, en
el artículo 110: "No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la
federación por los delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el empleo,
cargo o comisión pública que hayan aceptado durante el período en que conforme a la ley
se disfrute de fuero".
En contrasentido, el artículo 109 del texto constitucional original
hablaba de fuero y establecía el procedimiento de desafuero para los delitos del orden
común cometidos durante el encargo público.
Después de leer ambos artículos resulta difícil saber cuál fue en
realidad el espíritu del legislador y cuál era el significado que quiso darle el
constituyente a la palabra y a la figura del fuero.
En nuestro país, en el año de 1982 se practicó una reforma
significativa al título cuarto constitucional relativo a las responsabilidades de los
servidores públicos. En virtud de las mismas, se excluyeron los términos fuero
constitucional y procedimiento de desafuero.
Como consecuencia, dentro del artículo 111 constitucional no se expuso
más el concepto de fuero ni de desafuero; sin embargo, tales figuras jurídicas siguen
teniendo una existencia real, aunque no textual, al llamar al desafuero de manera
eufemística: procedimiento para la declaración de procedencia.
Dicha prerrogativa, es decir, el fuero, consiste, de acuerdo a la
tradición jurídico constitucional de nuestro país, en la imposibilidad de poner en
actividad al órgano jurisdiccional, local o federal para que desarrolle sus funciones en
contra de quien está investido del carácter de servidor público de los descritos en la
clasificación que hace el párrafo 1º. del artículo 111 durante el tiempo de su
encargo, para seguir esta clase de procesos tan sólo cuando haya dejado de tener el cargo
público de referencia o cuando haya sido declarado por el órgano del estado competente
que ha perdido el impedimento o el llamado fuero de no procesabilidad..
El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que
entraña la libertad de expresión, únicamente se consigna en la Ley Fundamental en
relación con los diputados y senadores en forma absoluta conforme a su artículo 61, en
el sentido de que estos son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño
de sus cargos, sin que jamás puedan ser reconvenidos por ellas, así como respecto del
Presidente de la República de manera relativa en los términos del segundo párrafo del
artículo 108 constitucional, que dispone que dicho alto funcionario durante el tiempo de
su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del
orden común.
"La existencia del fuero de no procesabilidad es desde luego
contradictorio del derecho a la igualdad que tenemos los mexicanos y de lo establecido por
el artículo 13 de nuestra Carta Magna que en forma particular señala que nadie puede ser
juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ya que ninguna persona o
corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de
servicios públicos y estén fijados por la ley.
"De acuerdo a los anteriores razonamientos, es dable concluir que
la intención del constituyente al darle a determinados servidores públicos el fuero de
que gozan en términos de la propia Constitución, obedece a la necesidad de permitir el
desempeño de la función pública en forma eficiente, impidiendo que debido a vendetas
políticas se instauren procesos penales en contra de altos funcionarios públicos con el
fin de hacerles caer en el desprestigio social mermando así el tiempo que deben brindar
al encargo público de mérito.
"A pesar de lo anterior, compañeras y compañeros diputados, la
credibilidad en la clase política y en las instituciones públicas se ha demeritado de
tal manera que en las diversas encuestas los medios de comunicación han realizado a la
opinión pública, una gran cantidad de mexicanos se muestran totalmente escépticos a
creer que la justicia sea aplicada con exactitud en contra de los altos servidores
públicos. Ello se debe a que el actuar irresponsable y deshonesto de muchos gobernantes
ha roto una y otra vez con el principio democrático elemental que es el Estado de
derecho.
"Para algunos doctrinarios y para grandes sectores de la sociedad,
el fuero constitucional es visto como un instrumento de indebida protección para algunos
servidores públicos que al cobijo de este privilegio o prerrogativa han desvirtuado la
noble tarea del servicio público, distorsionándola en cuanto a su fin y pervirtiéndola
en cuanto a su contenido y alcance, evadiendo así una responsabilidad personal de tipo
penal que merece el reproche de la sociedad. De hecho, debido al conocimiento de
escándalos por parte de servidores públicos que gozan del fuero o inmunidad
constitucional, en algunos países esta prerrogativa se ha venido acotando o limitando en
la búsqueda de un sistema equilibrado que por un lado otorgue protección y por la otro
no provoque excesos. "Tal es el caso de países como: España, Panamá, Corea del
Sur, Bélgica, Brasil, entre otros muchos que han establecido en sus legislaciones que la
inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos cometidos en
flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves. Incluso las legislaciones
más avanzadas sólo otorgan inmunidad a los diputados en los trayectos a las Cámaras y
durante el tiempo que duran las sesiones.
"Como podemos observar, la tendencia internacional es la de
otorgar inmunidad a determinados funcionarios, pero de manera acotada. En tal sentido la
presente iniciativa propone un cambio al contenido y alcance del fuero de no
procesabilidad otorgada a los altos funcionarios que señale el artículo 111
constitucional, a fin de establecer que no se requerirá declaración de procedencia de la
Cámara de Diputados a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cuando se
trate de traición a la patria, delito grave del orden patrimonial, homicidio, genocidio,
delincuencia organizada o delito grave del orden federal cometido en flagrancia.
"Asimismo y congruente con esta limitación al llamado "fuero
constitucional" para los altos funcionarios de la Federación y del Distrito Federal,
es que resulta justificable reformar el actual párrafo quinto del mismo precepto
constitucional para establecer que en tratándose de los de los altos funcionarios locales
de los estados tampoco se requerirá declaración de procedencia, cuando se trate de los
delitos ya mencionados.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (PRD): Concluya,
señora Diputada.
- LA C. DIPUTADA MARTHA RUTH DEL TORO GAYTÁN (PAN): Un minuto, por
favor.
"Compañeras y compañeros legisladores:
"Esta propuesta, sin duda, es más acorde a un sistema republicano
y democrático, donde si bien es garantizar la función constitucional de ciertos
servidores públicos, así como proteger la independencia y autonomía de los poderes del
Estado, lo cierto es también que establecer una inmunidad que se traduzca en un
obstáculo, por muy transitorio que sea, para la persecución, investigación y sanción
de determinados delitos que por su naturaleza ofenden gravemente a la sociedad mexicana, o
bien que por haberse cometido de manera flagrante requieren la actuación de las
autoridades ministeriales y judiciales competentes. Sostener lo contrario, es un
contrasentido y un absurdo en cualquier Estado de derecho.
"De ser aprobada esta iniciativa, este Congreso mandaría una
señal muy clara a la sociedad de que la función pública...
- EL C. PRESIDENTE: Señora Diputada: Le suplico, por favor, concluya.
- LA C. DIPUTADA MARTHA RUTH DEL TORO GAYTÁN (PAN): Un renglón
solamente.
...de que la función pública no tiene un manto de privilegio o de
prerrogativas absolutas que llegan a ser un pretexto o un freno para la justicia y la
transparencia gubernamental, es decir, el que nada debe nada teme"
Dejo el texto completo de la iniciativa.
(Aplausos)
- EL C. PRESIDENTE: Insértese el texto íntegro de la iniciativa del
Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de
Puntos Constitucionales.
Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Martínez Cruz, del
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que
adiciona el artículo 298-Bis a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la
fracción XX al artículo 106 de la Ley de Instituciones de crédito hasta por diez
minutos.
- EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ (PAN): Con su permiso,
señor Presidente.
En atención al tiempo de los señores diputados no voy a leer la
iniciativa, la voy a explicar. Creo que se ahorra bastante tiempo y se puede entender a la
mejor mejor, válgame la redundancia.
Esta iniciativa tiende a controlar y de alguna forma a eliminar el
pacto de anatocismo que la banca hace firmar a los deudores bancarios. Analizamos desde
varios puntos de vista.
Si bien es cierto la suprema ley de los contratos es la voluntad de las
partes, también lo es que para que la libertad de las partes pueda concretar en un
convenio tienen que tener igualdad de circunstancia entre las partes contratas. Eber
Volderheirmmer, un teórico alemán, plantea que para que exista derecho debe de existir
una relación entre el poder y la anarquía, dos cosas totalmente contradictorias. El
poder controla la anarquía y la anarquía a su vez al poder.
¿Qué es la anarquía para Volderheimmer? Muy simple: dejar hacer todo
lo que sea a los particulares. Y el poder que se convierte en despótico, es cuando el
Estado interviene en todos los asuntos de los particulares. Para que exista una relación
realmente de derecho el Estado debe de intervenir en el derecho sin ser dueño del
derecho. Así de fácil y así de sencillo.
El Estado mexicano en diferentes ordenamientos interviene
constantemente en el derecho para que la libertad de las partes pueda ser realmente
defendida y realmente respetada. Así en el derecho, por ejemplo, laboral, el Estado
interviene en protección de los trabajadores. También en el derecho agrario el Estado
interviene y hasta en el derecho civil.
Otro principio general de derecho que es importante, que debemos tomar
en cuenta, es aquel que nos dice que a igual razón debe de prevalecer la misma
disposición, es un principio elemental de derecho digamos parlamentario, podríamos
decir, porque nosotros los parlamentarios tenemos que pensar en situaciones iguales dar la
misma resolución.
Y resulta que en el caso del anatocismo hay tres soluciones distintas.
El Código Civil lo prohíbe totalmente, el Código de Comercio en el artículo 363, si no
mal lo recuerdo, lo restringe; pero la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
deja la puerta abierta, lo que permitió a la Suprema Corte de Justicia resolver en la
contradicción de tesis que hace tres años se dieron, manifestar que el anatocismo no era
ilegal, porque la Ley General de títulos y Operaciones de Crédito no lo prohibía, lo
cual prácticamente resultaba aberración, que siendo la misma razón haya tres
disposiciones distintas.
Por otro lado, ¿cómo podemos hablar de que el acreditado por la
urgencia de recursos se presenta al todopoderoso banco? ¿Cómo podemos hablar de que haya
una libre contratación, cuando sabemos todos que todos los contratos bancarios son
contratos de adhesión, que no podemos ni siquiera resolver una sola coma, quitarle un
punto a un contrato? Al menos el único derecho que nos queda a los que vamos a solicitar
un crédito, es aceptarlo o no, pero con todas las condiciones que la banca impone.
Y entonces caemos en lo que dice Bodenheimer (?), se convierte en la
anarquía, dejando en las manos a un solo particular, que es la banca, toda la posibilidad
de la resolución de los contratos. Y es el momento en que el Estado debe intervenir.
La respuesta es muy simple, no quiero realmente ampliar mucho, es un
tema dificilísimo para muchos de los que están aquí, inclusive los diputados, que
muchos perdieron su patrimonio por el efecto de bola de nieve que se efectuó a través
del pacto de anatocismo y de la crisis financiera que existió a nivel mundial. Y en esas circunstancias debemos de hacer que el derecho intervenga,
poniendo los límites exactamente igual en el Código Civil, en el Código de Comercio y
en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Pero además existe un problema que agrava todavía la situación. Los
bancos normalmente prestan dinero para el pago de intereses, lo cual hace mucho más
difíciles de entender los propios contratos, son créditos adicionales que se abren y un
gran negocio bancario que en mi concepto, sin ser economista, sin tener los grandes
defectos de los economistas ni las grandes cualidades, planteo lo siguiente.
A mi modo de ver el problema de la quiebra de la banca, tanto que tuvo
el Estado que entrar por FOBAPROA e IPAB, se debió en gran parte al efecto bola de nieve,
ya que se adquirió la banca por los "particulares" en números negros, en
números contables, en un capital financiero inexistente en cuanto a las garantías que
había y, desde luego, ante número contables era el gran negocio del a vida. Sin embargo
se encontraron con que esos créditos era imposible recuperarlos, porque se creó la
cultura de no pago.
Ante estas circunstancias, vuelvo a repetir y termino con esto, planteo
lo siguiente.
Se pretende reformar el Artículo 292 perdón adicionar el Artículo
298-Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito para quedar redactado en
los siguientes términos.
Artículo 298-Bis, las partes no pueden, bajo pena de nulidad, convenir
de antemano que los intereses se capitalicen y que produzcan intereses ni aún bajo el
esquema de créditos adicionales para el pago de intereses.
Artículo 2º.- Se adiciona la Fracción XXI del Artículo 106º de la
Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue: Fracción XXI.- Otorgar de
cualquier modo, o sea, hay prohibiciones, se prohibe etc. etc. otorgar de cualquier modo
en los contratos de crédito, financiamiento a sus acreedores destinado al pago de pasivos
derivados de los propios contratos.
Y, por último, Artículo 3º. Se deroga la parte final del Artículo
13 y 3 del Código de Comercio para quedar como sigue:- Los intereses vencidos y no
pagados, no devengarán intereses.
Por su atención muchas gracias y espero que tenga la comprensión que
tiene por el interés social que amerita.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. ¿Perdón Diputado Tomás Torres?
Sonido en la curul del Diputado Tomás Torres.
--EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES (desde su curul):- Ciudadano Presidente,
si el Diputado Miguel Angel Martínez permite a los Diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y
a un servidor Tomás Torres suscribir en sus términos la Iniciativa que ha presentado
para que se tome de ello nota señor Presidente.
-EL C. PRESIDENTE. Señor Diputado, el Diputado ponente acepta que os
Diputados Torres y Barbosa firmen el documento. Tome nota la Secretaría.
Antes de dar el uso de la palabra al Diputado Roberto Aguirre Solís,
quiero corregir el turno de la Iniciativa presentada por el Diputado Amador Rodríguez
Lozano turnándolo a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con opinión de las
Comisiones de Salud y de Justicia y Derechos Humanos. Ruego a la Secretaría tomar nota.
Tiene la palabra el Diputado Roberto Aguirre Solís, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que Reforma el
segundo párrafo del Artículo 27º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Quiero igualmente solicitar a la Secretaría que la anterior Iniciativa
se inserte íntegra en el Diario de los Debates y se publique en La Gaceta Parlamentaria y
ratificar el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
-EL C. DIPUTADO ROBERTO AGUIRRE SOLIS. Con su permiso, señor
Presidente, señoras y señores Diputadas y Diputados. Por motivo de tiempo me permito
resumir la Iniciativa, en este acto le solicito al señor Secretario que se inserte
íntegramente la misma en el Diario de los Debates
La figura jurídica de la Expropiación puede ser definida como el
medio de derecho público en virtud del cual el Estado entendido el concepto en sentido
genérico logra que un bien sea transferido de un patrimonio a otro distinto mediante una
justa indemnización para que sea destinado al logro o satisfacción de un fin de utilidad
pública
Para la doctrina el Estado actúa como tal en uso de todas sus
prerrogativas y potestades de poder público utilizando el medio otorgado por la
Constitución, siendo la indemnización no un precio sino una compensación que procede
también por imperio constitucional.
El expropiante no contrata, sino que impone la transferencia de la
propiedad del objeto expropiado fundándose el interés público y en toda esta actividad
exorbitante, tampoco tiene cabida el derecho privado.
Un reconocido autor mexicano señala que la expropiación está vedada
a los particulares, el acto autoritario expropiatorio consiste en la supresión de los
derechos de uso, disfrute y disposición de un bien decretado por el Estado, el cual lo
adquiere; la expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el
Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad
pública y mediante la compensación que al particular le otorga por la privación de esa
propiedad.
El Estado al expropiar a un particular un bien, al adquirir éste,
tiene que otorgar a favor del afectado una contraprestación la cual recibe el nombre de
indemnización; a ella se refiere el artículo 27 constitucional al establecer que las
expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante
indemnización.
La determinación de la indemnización que se debe abonar al
expropiado, constituye el tema que mayores problemas plantea en esta materia, lo cual
resulta no sólo de las cuestiones de índole económica financiera que deben resolverse,
sino también del hecho concurrente de que la adquisición del dominio del bien expropiado
debe corresponderse con el pago que se hace al antiguo propietario, el que debe ser de una
índole tal que su patrimonio quede sin daño, es decir, indemne.
Los requisitos que el artículo 27 de la Constitución le impone al
Estado para lleva a cabo una expropiación, son condiciones sine qua non, es decir de
manera forzosa se deben dar siempre para que el Estado pueda ejercer su potestad
constitucional expropiatoria; estas son:
Número 1.- Las expropiaciones sólo pueden hacer por causa de utilidad
pública;
Número 2.- Y mediante indemnización.
La segunda de las condiciones señaladas en el párrafo anterior es la
que se pretende modificar y esto en tal sentido que en vez de que el texto constitucional
establezca que la expropiación será mediante indemnización, lo haga substituyendo el
término mediante por el de previa.
El término mediante no resuelve el problema de la temporalidad del
pago de la indemnización al sujeto o sujetos expropiados y al contrario se han generado
diversas teorías para tratar de explicar el término; la primera de ellas sostiene que el
término mencionado se refiere al pago que debe hacerse de manera anterior a la
expropiación; la segunda, a que el pago debe hacerse simultáneamente a la declaración
de la expropiación y la tercera, que debe realizarse en forma posterior a aquella. Es
decir, que no sea en este acto el pago de indemnización posterior o que quede en forma
indefinidamente.
En otras se ha afirmado que el pago de la indemnización es un
procedimiento posterior a la declaración también de dicha expropiación. Estamos de
acuerdo con la interpretación que se hace del término por parte de los altos tribunales
y es precisamente por esa indeterminación que se pretende substituir el término de
"mediante" por el de previa, tal como se establecía en la Constitución de 1857
y además de la razón establecida en las siguientes que se apoyan y que se han señalado.
En primer lugar, se considera necesario hacer la siguiente reflexión,
de la cual irremediablemente se obtendrá de una de las razones que se expone la
expropiación de uno o varios bienes, propiedad de particulares, a pesar de ser destinados
para fines de utilidad pública, implican un daño patrimonial, para el afectado que se
reconoce de manera directa.
El Estado al estar causándole un daño al particular o particulares
tiene la obligación por mandato constitucional, para que surta sus efectos la
expropiación, de resarcirles el daño causado a dicho acto; en este mismo sentido, si
bien es cierto que la propiedad originaria es del estado, también lo es que el mismo
concede la propiedad derivada a los particulares, más no de forma gratuita, es decir
mediante trabajo y esfuerzo que los particulares han adquirido a través de sus bienes.a
cambio de algún tipo de contraprestación y en parte es lo que corresponde a dicha
indemnización.
Existe concenso casi general, en el sentido de que la indemnización en
la expropiación, no constituye un precio con el que se paga la adquisición del bien
expropiado sino que su naturaleza jurídica es la de un resarcimiento de los daños
patrimoniales sufridos por el propietario, por motivos que son de utilidad pública y que
no tiene porque soportar, es pues la verdadera indemnización. Con el término previa se
está proveyendo al sistema jurídico y en particular en materia de expropiación de
certeza y seguridad jurídica .
En la actualidad en México vive una situación difícil económica y
socialmente hablando, misma que se refleja en todos nosotros, pero más que nada en las
familias de escasos recursos; en los pobres quienes cada vez son más pobres y se ven
forzados a abandonar el campo para buscar mejor suerte en las grandes ciudades del país o
del extranjero, en ambos casos las condiciones en las que viven son deprorables,
inhumanas, es decir no cuentan con un mínimo de alimentos que les permitan sobrevivir no
tienen acceso a servicios públicos, como el drenaje y agua, servicios que son básicos
para que tengan una buena salud y no se diga un techo donde tengan que resguardarse de las
inclemencias del clima.
El acto privativo de la propiedad consiste en la imposición libre de
la persona humana sobre las cosas, por esa imposición las hago mías, desde entonces
asimiladas a mi mismo, marcadas con el sello de mi persona y de mi derecho dejan de ser
simples cosas respecto de otras personas y por consecuencia ya no cuentan y tampoco pueden
caer bajo la ocupación de una apropiación de los demás. Mi propiedad participa de mi
persona, mis derecho me siguen en ella y estos derechos son los que merecen respeto, es
momento de aprovechar la experiencia y hacer lo correcto. Muchas gracias.
El C. Presidente: Gracias diputado.
Tal y como lo solicito el diputado ponente, insértese el texto
íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta
Parlamentaria, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
La iniciativa que reforma la fracción I, y el último párrafo del
artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, de la diputada Mónica Serrano Peña
del Partido Acción Nacional, se pospone para la siguiente sesión.
Queremos corregir, esta Presidencia rectifica el trámite dado a la
iniciativa de Reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas
Mexicanas, remitida por el Ejecutivo Federal; túrnese a la comisión de Seguridad Social,
con opinión de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina.
Tome nota la Secretaría.
Esta Presidencia informa que ha recibido un comunicado de la Junta de
Coordinación Política. Ruego a la Secretaría dar lectura.
EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(que la diputada Lorena Martínez Rodríguez se integre en la
Comisión de Comunicaciones, el diputado Rigoberto Garza Faz
se integre a la Comisión de Marina, el diputado Rodolfo Gerardo
González Guzmán se integre a la Comisión del D.F.)
EL PRESIDENTE: De enterado.
Estamos en el apartado de minutas.
LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(oficio del Senado, Ley de Transparencia y de Fomento a
la Competencia en el Crédito Garantizado)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA MISMA SECRETARIA:
(oficio del Senado, permiso a diversos ciudadanos, para
prestar servicios en diversas representaciones diplomáticas
de los Estados Unidos de América, en México)
EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad
Pública.
Dictámenes de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del
dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas
disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria.
EL PRESIDENTE: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del
dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 24, 25, 26 y 27 de
la Ley de Pesca y adiciona la fracción VI del artículo 420 del Código Penal Federal.
EL PRESIDENTE: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primea lectura del dictamen
con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal
de Procedimientos Civiles.
EL PRESIDENTE: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, queda de primera lectura.
El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del
dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código
Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.
PRESIDENTE: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta
Parlamentaria, queda de Primera Lectura.
El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a
la solicitudes de permisos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Vicente Fox Quesada y señora Martha Sahún de Fox, para aceptar y usar condecoraciones
que le confieren los gobiernos de la República Francesa y de Reino de España.
EL PRESIDENTE: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta
Parlamentaria, queda de Primer Lectura.
El siguiente punto del orden del día, son los dictámenes relativos a
las solicitudes de permisos de los ciudadanos diputados Gustavo Carvajal Moreno y senador
Jorge Zermeño Infante para aceptar y usar condecoraciones que le confiere el Gobierno de
República Federativa de Brasil.
EL PRESIDENTE: En virtud de que se encuentran publicado en la Gaceta
Parlamentaria, quedan de Primera Lectura
El siguiente punto del orden del día es el dictamen relativo a la
solicitud de permiso del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos,
Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretaña.
EL PRESIDENTE: Es de Primera Lectura.
En virtud de que el dictamen se ha reproducido y repartido a los
ciudadanos diputados, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la Segunda
Lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la
Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le
dispensa la Segunda Lectura al Dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa.
EL PRESIDENTE: Se le dispensa la Segunda Lectura.
En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión el Proyecto
de Decreto.
EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Está a discusión el Proyecto
de Decreto que concede permiso al ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Vicente Fox Quesada, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de San Miguel y San
Jorge, en grado de Caballero de la Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino Unido
de la Gran Bretaña.
Está a discusión el Dictamen.
No habiendo quien haga uso de la palabra se va a proceder a recoger la
votación nominal del Proyecto de Decreto.
EL PRESIDENTE: Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico
por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.
EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se pide se hagan los avisos a
que se refiere el artículo 161 del Reglamento para le Gobierno Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la votación
nominal del Proyecto de Decreto.
(VOTACIÓN)
Se emitieron 301 votos en pro 19 en contra 15 abstenciones.
-EL C. PRESIDENTE: Aprobado el proyecto de decreto por 301 votos.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El siguiente punto del Orden del Día es la segunda lectura del
dictamen con proyecto de Ley de Sistema de Pagos.
Consulte a la Secretaría a la Asamblea si se dispensa la lectura al
dictamen.
-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la
presidencia se consulta a la Asamblea, si se le dispensa la lectura al
dictamen.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa.
-EL C. PRESIDENTE:: Se dispensa la lectura.
Tiene la palabra el ciudadano diputado Humberto Muñoz Vargas, para
fundamentar el dictamen de conformidad con el Artículo 108 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
-EL C. DIPUTADO HUMBERTO MUÑOZ VARGAS: Con el permiso de la
presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna en nombre de los
legisladores integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta Cámara
de Diputados, para fundamentar y solicitar su apoyo y su voto para el dictamen que hoy
está a discusión sobre la nueva Ley de Sistemas de Pago.
Como bien se sabe, los sistemas de pago, son aquellos procedimientos
bancarios y mecanismos de transferencia de fondos y valores, por medio de los cuales los
agentes económicos pueden liquidar a través de instituciones autorizadas las
transacciones financieras y comerciales que realizan.
En estos sistemas, las reglas y procedimientos relacionados con la
forma, en las que se llevan a cabo este tipo de transferencias, es fijado por la entidad
administradora y un grupo determinado de instituciones financieras.
Es preciso mencionar que dichos sistemas de pago, son facilitadores de
la actividad económica de cualquier país y asimismo contribuyen a su desarrollo, ya que
permiten liquidar las transacciones referidas en forma expedita y efectiva, con la
característica de que se evitan costos y riesgos derivados del manejo de grandes
cantidades de efectivo.
Dada la importancia del sistema de pagos. Los diputados de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, estimamos necesario establecer un marco jurídico acorde
con estándares internacionales y que proteja a los sistemas de pagos de alto valor, en el
riesgo sistémico al cual se encuentran expuestos.
De igual forma, consideramos que es urgente incluir disposiciones
legales, para asegurar que la compensación y liquidación de las órdenes de
transferencias aceptadas en dichos sistemas, sean definitivas, al igual que en el caso de
la exigibilidad de las garantías correspondientes.
Ciertamente en la actualidad no existe certeza jurídica sobre la
finalIdad o irrevocabilidad de las órdenes de pago cursadas en los sistemas de pago
sistemáticamente importantes.
Por esta razón, ante una posible quiebra de cualquier institución
financiera o agente participante del sistema en cuestión, un juez estaría en la
posibilidad de decretar la reversión de una determinada orden de pago que se haya cursado
tiempo atrás.
De esta forma, el sistema de pagos con liquidación inmediata asegura
que una vez que el participante recibe la confirmación de que se acreditó un pago a su
favor,...
EL C. PRESIDENTE.- Permítame, señor diputado.
EL C. DIPUTADO HUMBERTO MUÑOZ VARAS.- Sí, señor.
EL C. PRESIDENTE.- Ruego a los señores diputados ocupar sus curules y
prestarle atención al orador, en vista que se está fundamentando un dictamen.
Continúe, señor diputado.
EL C. DIPUTADO HUMBERTO MUÑOZ VARGAS.- Gracias, Presidente.
De esta forma, el sistema de pagos con liquidación inmediata asegura
que una vez que el participante recibe la confirmación de que se acreditó un pago a su
favor, el dinero será irrevocablemente suyo; en el caso de los sistemas de pagos con
liquidación diferida, una vez que el sistema acepta una instrucción de pago se generará
una obligación irrevocable del pagador, por lo que si dicho pago no fuera efectuado, el
administrador del sistema deberá liquidar las garantías respectivas.
Así, compañeros diputados, el que estos hechos sean definitivos no
sólo beneficia a los participantes del sistema, sino también a los usuarios de los
servicios que se prestan a través de los sistemas de pagos y en general a la economía
nacional.
Actualmente las garantías otorgadas por los participantes en estos
sistemas puedan ser embargadas por terceros para cubrir otros adeudos, por lo que se está
afectando la irrevocabilidad misma de los pagos, además de que altera directa e
indirectamente la estabilidad del sistema financiero nacional debido a la magnitud de
operaciones realizadas diariamente.
Para dimensionar la importancia del sistema de pagos de nuestro país,
valga decir que en la actualidad existen tres sistemas de pago sistemáticamente
importantes, dentro de los cuales operan y liquidan en una semana normal órdenes
equivalentes a todo el Producto Interno Bruto anual de México, es decir arriba de 6
billones de pesos.
Estos sistemas de pago son el interactivo para el depósito de valores
que es administrado por INDEVAL, el sistema de pagos electrónicos de uso ampliado
conocidos como SPEUA y el sistema de atención a cuentahabientes el SIAC, siendo estos
últimos operados por el Banco Central.
Los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público,
consideramos que es importante el dictamen que el día de hoy está a discusión, ya que
otorga el carácter de firmes, irrevocables, exigibles y oponibles, frente a terceros a
las órdenes de transparencias de dinero y valores aceptadas a su compensación y
liquidación, así como a cualquier acto que en términos de las normas internas de los
sistemas de pagos, deba realizarse para asegurar su cabal cumplimiento.
De igual forma, es fundamental establecer las condiciones que
determinan el carácter de inembargabilidad de las garantías que se otorgan en los
sistemas de pagos o directamente al Banco Central.
También consideramos fundamental el establecimiento de requisitos que
deben reunir los sistemas de pagos para que puedan ser considerados como tales en
términos de esta ley, es decir que participen directa o indirectamente al menos tres
sociedades autorizadas como instituciones financieras, de conformidad con la legislación
aplicable y el monto promedio mensual de las obligaciones de pago que acepte el sistema de
que se trate, sea igual o mayor al equivalente a 100 mil millones de unidades de
inversión.
Esta ley obliga a que las autoridades emitan una resolución que
prohíba, suspenda o por lo menos limite a un participante a realizar pagos, debiendo
notificar personalmente su resolución al Banco Central, a la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y a los administradores de los sistemas de pagos en los que dicho
participante sea miembro en un plazo no mayor a tres días hábiles.
Consideramos que el proyecto de ley en discusión es relevante, ya que
dota de facultades suficientes y precisas al Banco Central respecto de los sistemas de
pagos y sus participantes, principalmente en lo que respecta a la supervisión, vigilancia
e incluso sanciones.
Finalmente, en el proyecto de ley se establece un capítulo a través
del cual se detalla el procedimiento de sustentación de recurso de reconsideración que
pueda interponerse en contra de las sanciones que imponga el Banco Central
Por las razones expuestas, compañeros legisladores, los integrantes de
la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideramos de vital importancia la
aprobación del dictamen en comento, reiterando que la Ley de Sistemas de Pago le
generará los siguientes beneficios al sistema financiero de nuestro país.
Primero, se cumplirá con estándares internacionales para proteger a
los sistemas de pago de alto valor del riesgo sistémico.
Segundo, se establecerá el carácter definitivo e irrevocable de las
órdenes de transferencias aceptadas en los sistemas de pago que son materia de esta ley.
Tercero, se disminuirá la materialización del riesgo sistémico al
que están expuestos los sistemas de pago más importantes del país.
Cuarto, se evitará que el Banco Central realice operaciones que al ser
incumplidas requieran de recursos fiscales.
De esta manera, al igual que en el caso de la colegisladora a través
de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del
Senado de la República, nos pronunciamos a favor del dictamen que hoy está a discusión
ante este pleno.
Démos pues nuestro voto a favor de este dictamen y no posterguemos la
oportunidad de sentar las bases para el fortalecimiento de nuestro sistema financiero.
Por su atención muchas gracias.
EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. En consecuencia, está a
discusión en lo general.
Se ha registrado, para fijar la posición de su grupo parlamentario, el
diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo, hasta por 10 minutos.
EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES: Con su permiso, presidente.
Compañeras y compañeras diputados: discutimos en esta asamblea el dictamen con proyecto
de decreto para que se expida la Ley del Sistema de Pagos enviada por la colegisladora el
martes 29 de octubre del presente año.
Este proyecto fue enviado como una iniciativa de ley del Poder
Ejecutivo federal, a raíz de la necesidad de buscar una reglamentación oportuna dado el
alto volumen de transacciones financieras y comerciales que se realizan en la economía
nacional.
Se concibe al sistema de pagos como los instrumentos, procedimientos
bancarios y mecanismos de transferencia de fondos y valores que permiten que los agentes
económicos de un país o región determinada cuenten con medios para liquidar sus
operaciones, facilitando la actividad económica y el desarrollo de los países.
De igual forma, estos sistemas evitan los riesgos y costos inherentes
al manejo de grandes cantidades de efectivo.
A través del sistema de pagos se realiza un número muy importante de
operaciones a través de las instituciones financieras. Asimismo se liquida un gran
porcentaje de las obligaciones pecuniarias y de las obligaciones con valores.
Nos refiere la minuta que el sistema de pagos se estructura de manera
común con un convenio entre un grupo determinado de instituciones financieras,
básicamente instituciones de crédito conocidas como participantes. De la misma forma hay
una entidad que funge como administradora de dicho sistema.
Ambas partes celebran un convenio donde especifican las reglas y
procedimientos relacionados para la forma en que se efectuarán las transmisiones de
fondos y valores que efectúan los participantes que de esta forma dan cumplimiento a las
obligaciones pactadas entre ellos, actuando por cuenta propia o bien por cuenta de sus
clientes.
Actualmente, como lo señala el dictamen de referencia, este tipo de
convenios utiliza la figura jurídicamente de la compensación de pagos, la cual permite
reducir un gran número de obligaciones y derechos a una sola obligación o derecho para
cada uno de los participantes.
El uso de las compensaciones permite a los participantes de un sistema
mantener menos recursos para liquidar sus operaciones, así como agilizar y hacer más
eficiente la operación.
Sin embargo, el riesgo que se corre con este método de la
compensación de pagos es que al ser operación interrelacionada, si alguno de los
participantes incumpliera las obligaciones a su cargo, se genera un efecto en cadena en el
que los demás participantes podrían ver afectada su capacidad de frente a las deudas,
ello dado en gran escala, podría detonar una crisis en el sistema financiero nacional en
detrimento de la economía nacional y de los usuarios de servicios financieros.
De ahí la necesidad de crear una legislación que contemple
disposiciones básicas para dar seguridad a los compromisos de los participantes en los
sistemas de pago, estableciendo que la compensación y liquidación de las órdenes de
transferencias cursadas y aceptadas por medio de ellos, sean definitivas e irrevocables.
Destaca dentro del proyecto de decreto las atribuciones que se les
confieren al Banco de México para exigir a las entidades que administran acuerdo de
compensación de pagos una serie de requisitos así como con la información del monto de
sus operaciones y un cálculo estimado del monto promedio mensual de sus obligaciones de
pago.
Nos parece adecuado lo que señala el artículo 13 del dictamen que
estamos analizando, al exigir a la autoridad judicial que emita o dictamine alguna
resolución que suspenda o limite a un participante ejercer sus pagos; deberán notificar
personalmente su resolución al instituto central, a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, así como a los administradores de los sistemas de pagos de los que dichos
participantes sean miembros, en un plazo o mayor al tres días hábiles.
Lo anterior para que puedan tomar las previsiones que requiere el caso
y disminuir el riesgo de provocar alguna alteración en el funcionamiento del sistema de
pagos.
Es correcto lo que establece el artículo 15 del proyecto de decreto en
el sentido de que las garantías y los recursos provenientes de las cuentas que tengan los
participantes tengan para el cumplimiento de las órdenes de transferencias aceptadas como
de las compensaciones y liquidaciones que resulten de estas, no podrán ser embargadas
hasta que sean cumplidas o liquidadas, y por ello no podrán ser susceptibles de
ejecución alguna ordenada por autoridad administrativa o judicial.
Compañeras y compañeros diputados y diputadas: Nos parece relevante
que el país y su sistema financiero pueda contar con un ordenamiento jurídico que brinde
certeza, seguridad y reglamentación al sistema de pagos.
Asimismo creemos positivo que el Banco de México sea la entidad
central que regule a su funcionamiento.
El Partido del Trabajo está de acuerdo con promover la creación de
instrumentos jurídicos que mejoren el funcionamiento de la economía nacional en todos
sus componentes. En este caso el sistema financiero y de pagos, por lo que votará a favor
del presente decreto en comento.
Es cuanto, muchas gracias.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Esta Presidencia informa que en vista de que no se han registrado
oradores para la discusión en lo general, consulte la Secretaría a la asamblea si el
dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la
Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra
suficientemente discutido en lo general.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
Votación)
Suficientemente discutido, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE. Para los efectos del artículo 134 del Reglamento
Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún
artículo para discutirlo en lo particular.
(No hubo reserva de artículo alguno para su discusión)
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en
lo particular, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos
para proceder a la votación en lo general y en lo particular del proyecto de ley en un
solo acto.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a
los que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la
votación en lo general y en lo particular del dictamen en un solo acto.
(Votación)
- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA (PRI): Se emitieron
342 votos en pro, 0 en contra y 15 abstenciones.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL (PRD): Aprobado
en lo general y en lo particular el proyecto de ley por 342 votos. Aprobado en lo general
y en lo particular el proyecto de Ley de Sistema de Pagos. Pasa al Ejecutivo para sus
efectos constitucionales.
El siguiente punto del orden del día es el dictamen a discusión
relativo a puntos de acuerdo.
En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria,
consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los
puntos de acuerdo.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Por
instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se autoriza que solo se dé
lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Se autoriza.
Continúe, señor Secretario. Dé lectura a los puntos de acuerdo.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN)
" P u n t o d e A c u e r d o
"Primero. Se exhorta al Ejecutivo Federal para que haga pública y
abierta la posición de nuestro país ante la Convención sobre el comercio internacional
de especies amenazadas de fauna y flora silvestre. Si alguna propuesta similar a ésta se
presenta para transferir a la tortuga carey del apéndice uno al dos y en consecuencia
vote en contra de aquella propuesta, ya que debido a las características biológicas de
la especie la recuperación no puede esperarse en el corto plazo.
"Segundo. Se exhorta al gobierno federal para que México acate el
principio precautorio hasta en tanto la UICN traslade a la tortuga carey a una categoría
que no implique peligro de extinción para esta especie. Asimismo que su participación en
los talleres regionales e internacionales sobre esta especie apoyen los puntos mencionados
en el presente punto de acuerdo, con el propósito de lograr y facilitar la recuperación
regional de la especie.
"Sala de Comisiones.
"Palacio Legislativo, Distrito Federal, a los veintinueve días
del mes de octubre del año dos mil dos".
Rúbricas: Diputado Diego Cobo Terrazas, diputado Jesús de la Rosa
Godoy, diputado Miguel Angel Gutiérrez Machado, diputado Jesús Garibay García, diputado
Francisco Arano Montero, diputado Vitalicio Coheto Martínez, diputada Delia Cota
Montaño, diputado Sergio García Sepúlveda, diputado Rómulo Garza Martínez, diputado
Raúl Gracia Guzmán, diputado José María Guillén Torres, diputado Pedro Manterola
Sainz, diputado Manuel Garza González, diputado Jacobo Nazar Morales, diputado Carlos
Pallares Bueno, diputado José Nogueda Ruiz, diputado Ramón Ponce Contreras, diputado
Rafael Ramírez Agama, diputado Rafael Ramírez Sánchez, diputado Juan Carlos Sainz
Lozano, diputado Raúl Efrén Sicilia Salgado, diputado José María Tejeda Vázquez,
diputado Miguel Angel Torrijos Mendoza. Todos ellos rúbrica.
- EL C. PRESIDENTE: Están a discusión los puntos de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
(Registro de oradores)
En vista de que no hay oradores inscritos, consulte la Secretaría a la
asamblea si se consideran suficientemente discutidos los puntos de acuerdo.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): En
votación económica se pregunta a la asamblea si se consideran suficientemente discutidos
los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse
manifestarlo.
(Votación)
Suficientemente discutido, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Suficientemente discutido. En consecuencia se pide
a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para tomar la
votación nominal.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Se
pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para tomar la
votación nominal.
(VOTACIÓN)
-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Ciérrese el sistema
electrónico.
Se emitieron 338 votos en pro, 0 en contra, 2 abstenciones.
-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: En vista de que no se
recibió ningún reporte anterior y se terminó el tiempo, damos por aprobados los puntos
de acuerdo.
Comuníquese.
Esta Presidencia informa a la asamblea que a solicitud de la Comisión
de Comercio y Fomento Industrial, la discusión del dictamen con Proyecto de Ley para el
desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, se pospone para
la siguiente sesión.
Excitativas. Estamos en el apartado de Excitativas.
La excitativa a las Comisiones de cultura y de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, de la diputada Mónica Serrano Peña, de la fracción del Partido
Acción Nacional, se pospone para la siguiente sesión.
Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Servín
Maldonado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para
presentar una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad
Social.
-DIP. RAFAEL SERVIN MALDONADO: Con su permiso, señor Presidente.
El pasado 10 de octubre de este año, en la sesión ordinaria me
permití solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva en uso de las facultades que me
conceden la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior, se sirviera excitar a
las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, toda vez que a esas
fechas las Comisiones citadas habían excedido el término que el Reglamento concede para
emitir dictamen a la iniciativa con Proyecto de Decreto por lo que se reforma el artículo
décimo cuarto transitorio del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la
Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día jueves 20
de diciembre del año 2001, presentada por el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel a
nombre de varios diputados de diversos grupos parlamentarios.
De entonces a la fecha ha transcurrido ya casi un mes sin que hasta la
fecha exista un dictamen, a pesar de la prevención hecha por la Presidencia de la Mesa
Directiva en aquella ocasión.
En razón de lo anterior y considerando que ha transcurrido de sobra
nuevamente el término legal de cinco días para dictaminar, tras el emplazamiento hecho
por la Mesa Directiva, con el debido respeto y en base a las facultades que me confieren
los artículos 23 inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso y 21 fracción XVI del
Reglamento para el Interior del Congreso General, nuevamente le solicito, señor
Presidente, se sirva excitar a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de
Seguridad Social, a efecto de que emitan el dictamen a la iniciativa con Proyecto de
Decreto por la que se reforma el artículo décimo cuarto transitorio del decreto por el
que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día jueves 20 de diciembre del año 2001.
Es cuanto, señora Presidenta.
-PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
se excita a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para que
emitan el dictamen correspondiente.
Y en virtud de que es la segunda excitativa, se fija el día 5 de
diciembre para que presenten el dictamen a esta asamblea.
Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del Grupo
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a
la Comisión de Transportes.
-EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ:- Con su permiso ciudadana
Presidenta, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. El pasado 13 de Julio el
Diputado Miguel Bortolini y el de la voz, presentamos ante la Comisión Permanente un
Punto de Acuerdo relativo al esclarecimiento de graves irregularidades que ocurren en
diversos aeropuertos del país a raíz del concesionamiento de su operación.
El día de hoy entrego elementos adicionales que brindarán a la
Comisión Dictaminadora un panorama más completo de las condiciones en que se encuentra
este sector estratégico.
La concesión original al Grupo Aeroportuario del Pacífico le fue
otorgada por un plazo de 50 años, en su caso duplicable de común acuerdo en los hechos
significa una concesión por 100 años. Corresponde a esta Cámara de Diputados revisar la
legalidad en el desempeño de esta concesión ya que a su otorgamiento siguió la
modificación de los términos originales en que esta fue otorgada concediendo ventajas
extraordinarias al concesionario en detrimento del interés público.
En términos generales, estas modificaciones a los acuerdos
inicialmente pactados con los concesionarios, otorgan a ellos negocios y ganancias
adicionales fuera del marco normativo de la concesión que les fue otorgada; más aún, en
el Plan Maestro autorizado al GAP para operar el Aeropuerto de Tijuana que establecía que
durante los años 2000, 2001 y 2002 el concesionario realizaría una inversión por 131
millones de pesos, a Mayo del año pasado este tenía un déficit de 72 millones, es
decir, más del 50% de la cifra global comprometida.
Despierta suspicacias que la acuciosidad que la Secretaría de Hacienda
emplea en la vigilancia del pago de impuestos en otros rubros, esté ausente en lo que se
refiere a los grupos aeroportuarios por concepto de recaudación de TUA es decir del pago
del uso del aeropuerto en 2000, 2001 y 2002 la Secretaría de Hacienda ha dejado de
percibir alrededor de 7 mil millones de pesos.
Queremos saber por qué la Secretaría de Hacienda que tanto le exige a
este Congreso la autorización para el cobro de mayores impuestos renuncia o cede a la
recaudación de 7 mil millones de pesos, ¿por qué tanta firmeza para cobrar el IVA y por
qué tan facilita para entregarle a los concesionarios extranjeros el cobro del TUA?.
Este asunto se agrava cuando es sabido que en la Asamblea General
Ordinaria de los Accionistas del Grupo Aeroportuario del Pacífico se adjudicaron
utilidades de años en os cuales el Grupo Aeroportuario del Pacífico no había tenido en
sus manos la concesión.
Se otorgaron, se auto adjudicaron 450 millones de pesos cuando dinero
que era de ASA que tenía en su propiedad los aeropuertos hasta mayo de 1999 . La
impunidad de estas irregularidades propicia el imperio del desorden y el descuido en la
operación de los aeropuertos en detrimento de las facultades legales de las autoridades
del Estado y Municipios.
En estas condiciones, pareciera existir una omisión absoluta de la
capacidad de fiscalización gubernamental en materia aeroportuaria, supuesto inaceptable
que demanda esclarecimiento.
Es conocida una interpretación distorsionada del Artículo 29 de la
Ley Federal de Paraestatales que pretende eximir a los concesionarios de la vigilancia y
fiscalización gubernamentales; sin embargo la corresponsabilidad de la SECODAM y de la
Auditoría Superior de la Federación son ineludibles, dado que el 85% de las acciones de
estos grupos, perdón de los aeropuertos, son propiedad de la nación y ambas entidades
públicas corresponde velar por su salvaguarda.
Voy a terminar, ciudadana Presidenta.
El señor Contralor no va a encontrar cacahuates ni tampoco simples
lingotes sino un barco repleto de oro si como se dice, está dispuesto a cumplir
cabalmente su función en los términos republicanos de las leyes que lo mandatan.
En función de lo anterior, solicito respetuosamente a la Mesa
Directiva de esta Cámara de Diputados que conmine a las comisiones a las cuales fue
turnado el punto de acuerdo presentado el pasado 13 de julio, para que el Gobierno Federal
actúe en consecuencia y se cancele la posibilidad de provocar daños mayores al interés
nacional.
Atentamente, un servidor y el diputado Amador Rodríguez Lozano que
también signa la presente excitativa. Es cuanto señora Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor
diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del
Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las
comisiones de Comunicaciones y de Transportes para que emitan el dictamen correspondiente.
Tiene la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal García, del grupo
parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una excitativa a la Comisión de
Cultura.
- EL C. DIP. LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA: Muchas gracias señora
Presidenta.
El 15 de diciembre del año pasado, presenté ante esta Asamblea un
punto de acuerdo que fue turnado a la Comisión de Cultura; dicho punto de acuerdo era
para que esta Cámara de Diputados hiciera un pronunciamiento en el sentido de respaldar
al municipio de San Miguel de Allende en sus aspiraciones porque la UNESCO lo designe
patrimonio cultural de la humanidad.
Ha sido largo el esfuerzo que ha hecho la gente de San Miguel de
Allende para reunir los requisitos, los expedientes técnicos, hacer la gestión ante el
Secretario de Educación para que éste a su vez la suba a la UNESCO; el respaldo también
del gobierno municipal y del Estado de Guanajuato y por eso presentaba yo este punto de
acuerdo que probablemente no sea un tema tan trascendente para la vida de este país pero
que ciertamente es un tema importantísimo para la vida de un municipio que durante más
de 450 años de su fundación ha conservado los trazos originales de su estructura urbana;
ha conservado y preservado sus edificios arquitectónicos, sus casonas, sus palacios, sus
plazas, sus calles y que lo ha hecho porque es ciertamente patrimonio de la humanidad, un
pueblo con la belleza y los encantos de un municipio además que le ha dado a esta
nación, a los primeros próceres del movimiento insurgente que le dio independencia a
este país.
Por lo mismo es importante, por el alto honor que significa que un
pueblo o una ciudad de México tenga el honor de ser designada patrimonio cultural de la
humanidad. Hay ciudades como Guanajuato capital, Morelia, Zacatecas y algunas otras que
tienen esa alta distinción. Son varias las ciudades en este país que tienen esa
distinción de ser designadas patrimonio cultural de la humanidad y por ello queremos que
una ciudad con la importancia y trascendencia no solamente cultural y de raíces, no
solamente arquitectónicas sino también históricas tenga este nombramiento.
Sin embargo parece que la improductividad que existe en esta Cámara,
la pereza que existe para llevar a cabo los dictámenes y pasarlos al Pleno nos está
ganando la batalla y por eso la crítica de la sociedad porque un punto de acuerdo que se
puede resolver en cuestión de días, sobre todo si viene con el respaldo del coordinador
de los diputados de Partido de la Revolución Democrática, del Partido
Acción Nacional, de diputados del PRI, de la Sociedad Nacionalista, nos parece que debe
prácticamente en automático como todos los temas.
Dictaminarse, cuando presente este punto no lo hice simple y llanamente
para salir del paso como representante popular; lo hice porqué realmente creo que es un
asunto trascendente para el municipio que me dio esta representación, pero también para
el municipio donde he vivido desde el primer día de mi vida. Por ello hoy, quiero
solicitarle a la Mesa Directiva de esta Cámara sirva, en los términos de las leyes y los
reglamentos que norman esta soberanía, excitar a la Comisión de Cultura, para que a la
brevedad dictamine el punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados respalde la
propuesta del municipio y de la sociedad de San Miguel de Allende ante la UNESCO , para
que sea designada patrimonio cultural de la humanidad. Muchas gracias.
La C. Presidenta: Gracias señor Diputado.
De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI, del
Reglamento para el gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos
se excita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para que emita el
dictamen correspondiente.
Pasamos al capítulo de Proposiciones y tiene la palabra la diputada
Magdalena García González, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a fin de solicitar a
la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública ,considere la creación de un fondo de
ejecución de obras y servicios metropolitanos.
LA. C. DIPUTADA MAGDALENA GARCIA GONZALEZ:: Con su permiso diputada
Presidenta, compañeras y compañeros diputados.
La suscrita, integrante del grupo parlamentario, del Partido de la
Revolución –Democrática, con base en el artículo 58 del Reglamento para el
gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presenta la propuesta con
punto de acuerdo, referente a la creación de fondo de ejecución de obras y servicios
metropolitanos.
Exposición de motivos :
En la actualidad las zonas metropolitanas son grandes espacios
territoriales compuestas por un estado y los municipios conurbados, en dichos casos los
límites territoriales no son suficientes para que cada entidad administrativa tome
decisiones, lo anterior en base a que comparten en común un cúmulo de problemas los
cuales tienen que ver con fuentes de empleo, generando esto un dilema entre ciudades
dormitorio y ciudades de tránsito, seguridad pública, espacios habitacionales, vías de
comunicación, transporte, abastecimiento de agua potable, zonas de reserva ecológica,
entre otros.
La zona metropolitana del valle de México, compuesta por las distintas
delegaciones del Distrito Federal, y los municipios colindantes conurbados del Estado de
México, municipios que fueron fraccionados en muchas veces en forma clandestina, sin una
previa planeación urbana. muchos de los cuales aún cuentan con asentamientos irregulares
que se caracterizan por la pobreza de sus habitantes y por la carencia de servicios
urbanos como son; pavimentación de calles y banquetas red de drenaje y equipamiento
urbano .
Si bien la respuesta a estas cuestiones debe ir acompañada de una
estratégica planeación en la cual los distintos gobiernos involucrados con zonas
metropolitanas deben de buscar concensadamente la solución a la problemática que los
envuelve, también es necesario que se les dote de elementos presupuestales que vayan
etiquetados para atender estos asuntos tan apremiantes que aquejan a la zonas
metropolitanas.
En el ánimo de contribuir a la solución a la magnitud de los
problemas que caracterizan a la zona metropolitana del Valle de México, consideramos que
es necesario que la Comisión de Presupuesto de esta Honorable Cámara de Diputados
estudie la necesidad de asignar recursos para la integración de un Fondo de Ejecución de
Obras y Servicios Metropolitanos, mediante una partida especial que sea incluida en el
presupuesto a aprobar para el ejercicio 2003.
Por lo anteriormente expuesto y con base en el artículo 58 del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos,
la suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, propone el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública designe en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2003, una partida
destinada a la integración de un Fondo de Ejecución de Obras y Servicios Metropolitanos.
Firman el presente, diputados de la fracción parlamentaria del Partido
de la Revolución Democrática, del Revolucionario Institucional, del Partido Verde
Ecologista de México y la de la voz.
Gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, señora diputada.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
EL DIP. HECTOR GONZALEZ REZA: (desde la curul) Pido la palabra para
hechos.
LA PRESIDENTA: Estamos en proposiciones con punto de acuerdo y no hay
hechos, señor diputado.
EL DIP. HECTOR GONZALEZ REZA: (desde la curul) Es sobre el mismo tema.
LA PRESIDENTA: Le pedimos al secretario que lea el artículo 12º del
acuerdo parlamentario relativo a la integración del orden del día y de las discusiones y
votaciones.
EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Acuerdo
parlamentario relativo a la integración del orden del día, las discusiones y las
votaciones, aprobado el 14 de diciembre de 2001.
Artículo 12º: "Quienes intervengan para presentar proposiciones
lo harán en un lapso no mayor de cinco minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara
que no requiera ser votada de inmediato, será turnada por la Presidencia de la Mesa
Directiva a la comisión correspondiente, sin que proceda deliberación alguna, excepto si
hubiere objeción de alguno de los diputados, en cuyo caso se sujetará a discusión y
votación su admisión, para lo cual podrá intervenir un orador en contra y un orador en
pro hasta por cinco minutos, sin que en este caso se puedan presentar intervenciones para
hechos. Si la proposición no hubiera alcanzado mayoría se considerará desechada".
LA PRESIDENTA: Señor diputado, en virtud de que es turnada a
comisiones y no se va a discutir, le rogamos su comprensión. Muy amable.
Tiene la palabra el diputado César Horacio Duarte Járquez, del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición
con punto de acuerdo en relación al incidente en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el cual se
violó territorio mexicano.
EL DIP. CESAR HORACIO DUARTE JARQUEZ: Gracias.
El trabajo legislativo se ha ido acumulando y hemos ido desfasando por
varias semanas en este tema, que lo hemos considerado muy importante puesto que hubo un
incidente internacional que tuvo lugar en Ciudad Juárez, el pasado 12 de septiembre, en
donde unas personas al parecer pretendían asaltar vagones del tren que circulaban por las
cercanías de la colonia Anapra, por el lado norteamericano, a unos cuantos metros de la
línea divisoria de México con los Estados Unidos de Norteamérica, no pudiendo lograr su
objetivo, pues en uno de los vagones venían agentes de una corporación policíaca
norteamericana, el FBI, custodiándolo, y al percatarse de ello los presuntos delincuentes
se dieron a la fuga cruzando la malla ciclónica que divide nuestro país de los Estados
Unidos de Norteamérica internándose a suelo mexicano, por lo que los agentes
norteamericanos solicitaron apoyo de la policía municipal de Ciudad Juárez, así como de
elementos de la aduana fronteriza, internándose en nuestro país con la anuencia de
dichas autoridades, capturando a los presuntos responsables en territorio mexicano,
sacándolos de sus respectivos hogares y entregándolos a las autoridades norteamericanas sin la observancia de los procedimientos legales adecuados y
éstos a su vez, llevándoselos a los detenidos a territorio norteamericano, por lo que no
hubo investigación de los hechos por ninguna de las aludidas autoridades y en franca
violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados
internacionales, así como una violación flagrante en nuestra soberanía nacional.
Cabe mencionar, que según manifiestan testimonios de los vecinos de la
colonia Rancho Anapra, como refiere la prensa local, los policías municipales y agentes
de la aduana fronteriza obedecieron órdenes de agentes del FBI, aún sin tener previa
autorización expedida por la autoridad competente para internarse en nuestro territorio.
Y por si todo lo anterior no fuera poco, se detuvo a personas inocentes
de haber cometido dichos actos, entre ellos, una señora dedicada a las labores del hogar
de aproximadamente 50 años de edad.
Asimismo, el 18 de septiembre en curso, los familiares directos de las
16 personas que fueron detenidas, presentaron denuncia de hechos ante la Procuraduría
General de la República bajo la averiguación 980/02, radicada en la Séptima Agencia del
Ministerio Público Federal y los nombres de los 16 connacionales detenidos son: Carlos
Enrique García Castillo, Carlos Ivan Aguirre Pérez, José Cerón, José Martínez, Juan
Macías, Rogelio Robles García, Juan Magallanes Torres, Oscar Moreno, Juan Magallanes,
Concepción García de Loyo, Mario Vázquez, Juan Carlos Vázquez Pineda, Juan Manuel
Limón Ribera, Efraín Sánchez Ortiz, Griseldo Ramírez Rodríguez y Miguel Angel Parra
Parra.
Considerando:
Que el origen del conflicto es la ubicación de los vagones del tren de
carga que circula en territorio estadounidense, a poco metros de la línea divisoria entre
México y los Estados Unidos,
Que al parecer se cometen actos delictivos respecto a la carga que
transporta dichos vagones, presuntamente por miembros de la Colonia de Anapra, ubicado a
menos de cincuenta metros de la línea fronteriza,
Que los agentes del FBI, Sergio Barrio y Samanta Niquezca,
sorprendieron el jueves 12 de septiembre a 16 connacionales supuestamente trasladando
mercancías sustraídas de la carga del tren y los detuvieron,
Que sin confirmar oficialmente se dice que el grupo de personas de
Ciudad Juárez llegaron a defender a sus paisanos y golpearon a los agentes del FBI,
quienes se encuetran internados en el paso Texas,
Que por lo menos 12 testigos señalan que la Policía Municipal
realizó la aprehensión de las personas que se encuentran detenidas en la Unión
Americana y que los detuvieron en el territorio nacional,
Que esas detenciones se realizaron violando todas las garantías de
nuestra Constitución Política, establece para los habitantes de la República Mexicana y
que según las versiones, luego esas personas fueron entregadas a través de la malla
fronteriza a las autoridades del FBI, por parte de la Policía Municipal de Ciudad
Juárez, Chihuahua,
Que otras versiones señalan que agentes de la Aduana Mexicana
autorizaron a integrantes del FBI incursionar en territorio mexicano,
Que el primer visitador de la red nacional de derechos humanos
denunció que policías municipales están coludidos con los que roban las mercancías de
los trenes e incluso fueron a cometerlos y entregarles la cuota a éstos mismos,
Habiendo consignado el Diario de Juárez la entrada de agentes del FBI
el 13 de septiembre del 2002, que en lugar de los hechos ocurridos un día anterior, en
los que nuevamente la Policía Municipal custodia a dichos a agentes, los cuales recabaron
evidencias sobre los hechos ocurridos el día anterior,
Que sin embargo y a pesar de la gravedad de la culpabilidad de los
presuntos ladrones y violación de los derechos y garantías de los ciudadanos procesados
no es medular de este caso sino la renuncia dolosa de los principios de soberanía por
parte de las autoridades municipales y aduanales de Ciudad Juárez,
Que en las dos hipótesis que se manejan los agentes del FBI
incursionaron a territorio mexicano violando nuestra soberanía o que los policías
municipales entregaron a los presuntos culpables a través de la malla para ser juzgados
en los Estados Unidos,
Que sin embargo la investigación ha llamado el caso Anapra suspendidas
por la PGR en lo que considera un intento de minimizar y hacer olvidar el asunto, lo cual
implica una corresponsabilidad del Gobierno Federal en el encubrimiento de relevante
incidente internacional.
El Congreso del Estado ha hecho una muy clara manifestación en este
sentido por lo que proponemos el siguiente:
Punto de Acuerdo
Que de acuerdo a lo que establece el artículo 115 constitucional la
fracción I, se exhorte al Congreso del estado de Chihuahua, dada la gravedad del asunto,
como parte de la actuación de la presidencia municipal de Ciudad Juárez, en torno a los
sucesos de septiembre en la línea fronteriza de El Paso, los cuales resultaron dos
agentes del FBI lesionados y varios mexicanos aprendidos en territorio nacional, y luego
detenidos en cárceles del país vecino.
Que asimismo se demande a la Secretaría de Gobernación, una clara
explicación al respecto a la actuación del personal suyo y de sus dependencias, en este
grave caso de violación de los principios irrenunciables de la soberanía nacional.
Que también se exija a la Secretaría de Relaciones Exteriores, una
aclaración de este incidente de carácter internacional, donde se ha desconocido, en una
u otra hipótesis manejadas, aun no establecidas definitivamente por negligencia, culpable
de las autoridades los principios de inviolabilidad del territorio y la defensa de los
derechos de nuestros connacionales. Es cuanto.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.
-EL C. DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ TORRES (desde su curul): Señora
presidenta, nada mas para solicitar el uso de la palabra en la tribuna para el mismo tema.
-LA C. PRESIDENTA: Señor diputado, acabamos de leer el Artículo
Décimo Segundo del Acuerdo Parlamentario relativo a la integración del Orden del Día y
las discusiones y las votaciones, yo le suplicaría que nos atengamos a este artículo.
Muchas gracias.
El siguiente punto agendado por el diputado Héctor Sánchez López del
Partido de la Revolución Democrática se pospone.
Y tiene la palabra el diputado Uuc-kib Espadas Ancona del grupo
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición
con Punto de Acuerdo relativo a la Ley Federal de Radio y Televisión.
-EL C. DIPUTADO UUC- KIB ESPADAS ANCONA: Diputada presidenta.
Ciudadanos diputados. La expedición de un Reglamento de Ley Federal de Radio y
Televisión que se publicó en singular edición vespertina del Diario oficial de la
Federación el 10 de octubre del presente, ha motivado las más diversas y encontradas
opiniones, se manifiestan voces en diversos ámbitos y, por supuesto, en los propios
medios, dejando ver preocupación y frustración, pues estas normas no eran las que la
sociedad esperaba.
Los actores involucrados a lo largo de 18 meses en las sesiones de
trabajo de la Secretaría de Gobernación, donde se discutían los temas para la reforma
integral de los medios de comunicación, fueron sorprendidos, al igual que los miembros de
esta H. Cámara de Diputados.
Se incumplieron acuerdos que habían sido firmados incluso por los
concesionarios, el propio Poder Ejecutivo y por representantes de la sociedad.
La conclusión a la que podemos llegar es que, en su texto, el
reglamento atiende y favorece, de manera abierta y exclusiva, a un reducido grupo de
concesionarios, sin considerar en ningún momento los requerimientos de otras
instituciones y actores.
Este tipo de acciones en nada contribuyen y si enturbian y colocan en
grave peligro el proceso de transición a la democracia que, dicho sea de paso, no culmina
con la alternancia en el poder.
El país requiere para este tránsito, dar continuidad al diálogo, y
no volver al más puro estilo del autoritarismo y la componenda, que pone en riesgo los
logros alcanzados hasta hoy.
El Poder Legislativo no puede avalar acuerdos, sin un análisis
objetivo, y sobre todo no puede permitir que poderes de facto amedrenten la soberanía del
Congreso también está en juego.
Queremos impulsar, junto con todos los actores y las fuerzas políticas
aquí representadas, un acuerdo político, que busque evitar la discrecionalidad y que
garantice una normatividad en esta materia a la altura de las necesidades democráticas de
la sociedad en su conjunto.
Por lo anterior, presente ante ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico.- El pleno de esta H. Cámara de Diputados, acuerda dictaminar
conforme al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso las iniciativas relativas a
la Ley de Radio y televisión, presentadas a la fecha, a más tardar el 15 de diciembre
del presente año.
Solicito, diputada presidenta, que este Punto de Acuerdo sea turnado a
la Junta de Coordinación Política.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.
De acuerdo con su petición, túrnese a la Junta de Coordinación
Política.
Tiene la palabra el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal del grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición
con Punto de Acuerdo sobre la actuación del Congreso del Estado de Nuevo León en materia
electoral.
EL C. DIPUTADO ILDEFONSO GUAJARDO VILLARREAL.- Con su permiso,
señora Presidenta.
Honorable Asamblea; compañeros y compañeras legisladores:
A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional y en calidad de
diputado por Nuevo León, me dirijo a esta Honorable Asamblea para denunciar hechos de la
mayor gravedad que atentan contra el espíritu mismo de nuestra democracia. Se trata de
hechos que de no resolverse con apego a la ley, pondrán en grave entredicho la actuación
de este gobierno que en forma reiterada se ha pronunciado por un estado de derecho.
Compañeras y compañeros legisladores, permítanme relatarles la
vergonzosa crónica de un fraude anunciado. Para ello, recapitulemos sobre la manera en
que Acción Nacional decidió conferirle una ficticia legalidad al proceso de selección
de los Magistrados que hoy conforman ilegítimamente el Tribunal Estatal Electoral en
Nuevo León:
El 12 de julio pasado se emitió la convocatoria para la designación
de cinco Magistrados con vistas a integrar el Tribunal Estatal Electoral, se recibieron 32
propuestas; tres meses después, el 26 de octubre, la Presidencia de la Comisión de
Gobernación de la Cámara Legislativa de la entidad emitió la convocatoria para reunirse
con el propósito de revisar los expedientes, dos días después se realizó dicha
reunión en calidad de permanente, pero no se realizó ningún análisis a los
expedientes; de hecho un día después el Presidente de la Comisión de Gobernación
informó que él ya había analizado los expedientes y que únicamente 5 de 32 cumplían
con los requisitos. Los partidos de oposición demandaron en el Congreso local saber qué
expedientes se habían rechazado, con el fin de analizar lo que establece la ley para su
efecto. Ilustrando una conducta ilegal y antidemocrática, los legisladores panistas
rechazaron la petición.
Aprovechando que suman la mayoría simple, Acción Nacional votó por
incluir solamente en el dictamen a los ciudadanos Arturo Salinas Salinas, Guillermo
Guzmán de la Garza, Guillermo Campuzano Zambrano, Graciela Buchanan Ortega y Pedro
Treviño García.
En forma amañada el dictamen fue presentado para su firma únicamente
a los miembros panistas de la Comisión de Gobernación, es decir el dictamen no se hizo
circular entre los integrantes de la Legislatura con las 24 horas necesarias que obliga
como anticipación el artículo 49 del Reglamento para el Interior del Congreso Estatal.
El orden del día de la sesión en que fue votado el dictamen se
modificó ilegalmente con la inclusión de un punto de acuerdo con el cual se agotó el
procedimiento de selección de los Magistrados. Se procedió a un remendo de insaculación
al impedirse que los diputados de oposición incluyeran entre los candidatos a Magistrado
a 23 ciudadanos que cumplieron con los requisitos de la convocatoria, así el sorteo se
realizó sólo con 5 para seleccionar 5. De estos ciudadanos ninguno acreditó, de los 5,
el cumplimiento de los requisitos establecidos en las fracciones A, B, C, y E de la
fracción IV del artículo 230 de la Ley Estatal Electoral.
Estas son sólo algunas de anomalías y atropellos cometidos por los
diputados locales panistas en Nuevo León.
Es evidente que en estas condiciones no es posible esperar que las
elecciones del próximo año sean limpias, legales y transparentes. ¿Dónde está, pues,
entonces la supuesta vocación democrática de Acción Nacional y de sus gobiernos?
De los Magistrados que hoy integran el Tribunal Estatal Electoral
figura Arturo Salinas Salinas, quien hoy enfrenta una denuncia penal por posible
violación a la autonomía del órgano electoral en 1999; además Arturo Salinas es padre
del diputado y Secretario de Acción Nacional Arturo Salinas Garza.
Para agravar las cosas, el pasado lunes, los presidentes de todos los
partidos políticos de oposición en el estado fueron agredidos cuando intentaban hacer
manifiesta su protesta al gobernador del estado, por las fuerzas de seguridad estatales y
sólo este lunes pasado, el Congreso local se vio sitiado por las fuerzas públicas. Esto
evidentemente nos demuestra que hay una verdadera y flagrante violación a los principios
democráticos en el estado.
Por tal razón, al incurrir en los graves atropellos irregulares a los
que nos hemos referido, el gobierno de Fernando Canales está vulnerando la democracia con
la que todos debemos de estar comprometidos, más allá de filiaciones o intereses
partidistas.
En consideración a los referidos antecedentes, con fundamento en los
artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados
Unidos Mexicanos, el PRI presenta el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la
Unión, exhorte a la Cámara Legislativa de Nuevo León para que en el marco de la
preparación de las próximas elecciones y particularmente en sus procedimientos para
integrar los órganos electorales, sin ninguna duda garantice las condiciones de equidad,
legalidad y transparencia que deben caracterizar dichos procedimientos.
Segundo. Se
La verdad es que si el artículo 4º de la Constitución nos da derecho a la vivienda,
cómo es posible que podamos creer que podemos tener acceso a un crédito para vivienda,
cuando al término del crédito, primero cuando firmamos el contrato ni siquiera sabemos
cuándo vamos a terminar de pagar, ni las cantidades que vamos a pagar, podemos ir más
allá, ni siquiera si podemos o no pagarlo, porque los contratos son de difícil
entendimiento para los peritos y para los legos de imposible comprensión.
Este punto de acuerdo es respaldado por compañeros legisladores federales de mi partido, el Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, de la Sociedad Nacionalista, de Convergencia Democrática y de diputados federales independientes.
Muchas gracias, señora presidenta y dejo esto en consideración de la secretaría.
LA C. PRESIDENA: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
EL C. DIPUTADO JOSE CALDERON CARDOSO: Respetuosamente, presidenta, para solicitar que se incluya al Partido Alianza Social en la proposición con punto de acuerdo.
LA C. PRESIDENTA: Tome nota la secretaría para incluir las firmas de los diputados que se han adherido a la proposición.
El siguiente punto agendado por el diputado Jorge Lara, del Partido Acción Nacional, se pospone para otra reunión.
Tiene la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a los recortes presupuestales federales en los estados de Coahuila y Baja California.
EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso ciudadana presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados: en el proceso de discusión del presupuesto federal de los años 2001 y 2002 esta Cámara de Diputados privilegió el acuerdo, por encima de las divergencias, aprobando casi por unanimidad los dictámenes correspondientes.
Y en la transparencia de la que tanto habla pero no practica, el presidente recortó partidas del presupuesto federal con un criterio parcial y unilateral.
Obviamente el presidente se curó en salud porque se preservan las multimillonarias partidas para su publicidad y propaganda con la que nos satura a todas horas en los medios de comunicación. La consigna es: los spots ya nadie los para… y las contradicciones tampoco.
Hoy, junto con la población de todo el país, Baja California y Coahuila sufren las consecuencias de una política presupuestal excluyente, sin que tengamos claro cuáles fueron los criterios para aplicar dichos recortes.
Por ejemplo, cuáles son los recursos adicionales por ingresos petroleros y cuál es su destino. A qué instancias ha informado el Ejecutivo sobre a dónde fueron a parar los subejercicios del 2001 y a dónde irán a parar los subejercicios del presente año.
O será que el gobierno federal pretende imitar el modelo del gobierno de Nuevo León, que del presupuesto hace su guardadito para aplicarlo en tiempos electorales, como será en el 2003.
Bajo qué criterios decide el Ejecutivo la distribución de la inversión federal para cada estado. ¿Hay un criterio general o se privilegia la afinidad partidaria?
Afortunadamente para el presidente él no está solo porque tiene el apoyo del expresidente Zedillo, el cual en un acto de congruencia personal y de pudor, debería afiliarse al Partido Acción Nacional, con quien coincide plenamente en ideas y proyectos. En ese partido lo esperarían con los brazos abiertos, como se desprende de la cálida acogida con que recibieron los panistas sus recientes declaraciones.
Junto a su nuevo aliado Fox, en tono que pretende ser serio, afirma que el tema de los recortes es un asunto de aritmética y no de política. De ser cierto, entonces preguntamos: ¿México requiere un presidente matemático y no un empresario habilitado como político?
Fox, en lugar de sumar y multiplicar, se ha dedicado a restar y dividir. Por ello y con el propósito de exigir lo que nos corresponde y evitar problemas similares en el presupuesto del 2003, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a consideración del pleno de esta Cámara el siguiente punto de acuerdo:
Primero.- Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara exija al Poder Ejecutivo el cumplimiento estricto del Presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión para el año 2000, y se le entreguen las partidas presupuestales asignadas a. Coahuila, a Baja California, así como a todas las entidades del país.
Segundo.- Con respecto al Presupuesto Federal del 2003, que la Cámara de Diputados instrumente los mecanismos de control para regular la facultad del Ejecutivo a recortar partidas presupuestales cuando una disminución en los ingresos fiscales lo hiciera necesario, señalando las partidas que deberán respetarse en todo momento y a las cuales se evitará cualquier disminución según las prioridades nacionales privilegiando las destinadas a: educación, salud, apoyo al campo y transferencias a entidades federativas.
En este sentido se deberá señalar que de ser necesario un ajuste, éste debe ejecutarse en gasto corriente antes que en inversión, gasto social y transferencias a los estados.
Asimismo que se establezca como obligación el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público transparente y permita el acceso a toda la información que sirve de base para determinar la recaudación federal participable, así como los criterios y políticas que han establecido el monto de afectaciones efectuadas en este año, antes de avanzar en cualquier sentido en el análisis del Presupuesto del 2003.
Atentamente, un servidor y el diputado Amador Rodríguez Lozano. Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias, señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Tiene la palabra el diputado Bernardo de la Garza, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la propuesta "Principios, Coincidencias y Convergencia Hacia una Política Hacendaria de Estado".
- EL C. DIP. BERNARDO DE LA GARZA: Con su permiso, Presidenta...Presidente, perdón.
"Los diputados que firman al calce, de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar dar curso a la siguiente proposición con punto de acuerdo en forma de urgente y obvia resolución.
"Primero.- El pasado 4 de noviembre del año en curso, fue presentado en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación un documento, por la Universidad Nacional Autónoma de México titulado: "Principios, Coincidencias y Convergencias Hacia una Política Hacendaria de Estado", el cual es un esfuerzo por lograr un consenso entre los diferentes órdenes de gobierno y conformar así una reforma integral que provea un nuevo esquema hacendario en nuestro país.
"Segundo.- En los últimos años las condiciones políticas en torno a las finanzas públicas han sido coyunturales, ocasionando que los consensos logrados al interior de esta soberanía no se logren consolidar a través de dictámenes e iniciativas lo suficiente claras y eficientes, provocando así el rompimiento de una misma idea compartida entre los legisladores de este Honorable Congreso que es promover un desarrollo y crecimiento económico para lograr un bienestar común.
"Tercero.- Nuestro país requiere de acciones específicas y contundentes que demuestren a la ciudadanía el compromiso y responsabilidad que tenemos los legisladores frente a una evidente insuficiencia de recursos para satisfacer todas las necesidades de nuestro país y ante un sistema de reglas económicas que aún carece de suficiente efectividad. por lo que un esfuerzo como el que se presenta en el documento citado debe retomarse y traducirse en iniciativas de ley encaminadas al fortalecimiento de nuestras finanzas públicas.
"Cuarto.- De igual forma en virtud de que la propuesta mencionada muestra las líneas de convergencia entre las distintas fuerzas políticas, resulta de gran utilidad, no sólo como puente generadora de ideas, sino para dar cauce a muchas de las iniciativas ya presentadas en este pleno y que han considerado la problemática establecida por los diferentes académicos que dieron vida al documento citado, por lo que esto representa una oportunidad para no dejar el trabajo realizado por los diferentes actores en el vacío y se tomen las medidas conducentes para que se integren bajo las premisas de coincidencia plasmadas en la propuesta para conformar una verdadera política hacendaria de Estado.
"Quinto.- Los esfuerzos fiscales y legislativos realizados durante el año pasado no fueron suficientes para generar un sistema tributario eficiente y para generar los recursos necesarios para hacer frente a los rezagos de nuestro país.
"Sexto.- Es urgente generar un verdadero federalismo
fiscal que provea a los estados y municipios de recursos suficientes para desarrollar una hacienda pública equitativa y eficiente.
"Séptimo. Es nuestra responsabilidad como servidores públicos trabajar para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
"Octavo. En un marco de responsabilidad y compromiso hacia el mejoramiento del bienestar social debe considerarse a los consensos como una prioridad nacional para lograr avances en materia de finanzas públicas, por lo que en ese sentido la inclusión de esta propuesta integral resulta fundamental para lograrlo.
"Es por todo esto que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y el diputado Oscar Levín han querido presentar este punto de acuerdo y considerarlo de urgente y obvia resolución, en virtud del momento coyuntural que nos encontramos al haberse iniciado las discusiones respecto al paquete económico que sin duda son un medio para lograr varias modificaciones que se mencionan en la propuesta.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"Unico. Este pleno instruye a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública a que inicien de forma inmediata los trabajos necesarios para convertir en la legislación los mecanismos fiscales considerados en el documento Principios, Coincidencias y Convergencias hacia una Política Hacendaria de Estado, elaborado por la UNAM y demás fundaciones políticas, en las discusiones y proyectos de Ley de Ingresos y de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003, a fin de incluir las modificaciones necesarias que lleven al establecimiento de una verdadera política hacendaria de Estado, con visión de futuro y que permita de una vez por todas resolver los alarmantes rezagos sociales que aquejan a nuestra nación.
"Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los siete días de noviembre del año dos mil dos".
El presente punto de acuerdo se somete de urgente y obvia resolución, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO (PRI): Gracias, señor Diputado.
Solo quisiera hacerle al señor diputado Bernardo de la Garza las siguientes consideraciones:
Esta mesa directiva tiene que integrar el orden del día, escuchando para ello a los coordinadores de los grupos parlamentarios. Y en el documento que fue turnado por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al Presidente de la Junta de Coordinación Política fue inscrito el tema, pero nunca se solicito inscribirlo como de urgente y obvia resolución.
En consecuencia, tendríamos que darle el trámite de turno a Comisión.
- EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA HERRERA (PVEM): Sí, señor Presidente. Hubo un error procesal, porque nosotros planteamos desde un inicio que se presentara de urgente y obvia resolución. De acuerdo al 59 del Reglamento creo que lo podríamos hacer. En el último de los casos yo le solicitaría muy respetuosamente consultara a la asamblea si está de acuerdo en que se tramite este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.
- EL C. PRESIDENTE: Un segundo, señor Diputado.
El diputado Jorge Carlos Ramírez Marín.
- EL C. DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN (PRI. Desde su curul): Señor Presidente: Nada más para informar a usted que en los términos del artículo 8º el coordinador del Partido Verde no solicitó si apoyaríamos el trámite de urgente resolución para modificar el orden del día. La fracción del PRI lo apoya.
- EL C. PRESIDENTE: El diputado Del Río Virgen.
- EL C. DIPUTADO JOSÉ MANUEL DEL RÍO VIRGEN (CD Desde su curul): Señor Presidente: Para rogarle en todo caso que por tratarse de un asunto en el que estamos de acuerdo diferentes partidos se proceda conforme al Reglamento, porque nosotros estamos de acuerdo que es un punto de urgente y obvia resolución y por eso apoyamos este punto de acuerdo, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Bien.
¿El diputado Calderón? ¿No? Correcto.
Diputado De la Garza: ¿Quisiera usted agregar algo?
- EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GBARZA HERRERA (PVEM): No. Simplemente creo que está la mayoría para poder hacer este trámite.
- EL C. PRESIDENTE: En términos de lo solicitado y lo expresado por los grupos parlamentarios, ruego a la Secretaría consultar a la asamblea si es de considerarse de urgente y obvia resolución el punto de acuerdo presentado por el señor diputado Bernardo de la Garza.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si es de considerarse el punto de acuerdo presentado por el diputado Bernardo de la Garza de urgente y obvia resolución.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias.
En consecuencia está a discusión el punto de acuerdo que ha sido referido.
El diputado Calderón.
- EL C. DIPUTADO FELIPE CALDERON HINOJOSA (PAN Desde su curul): Registrarme, Presidente, para hablar en pro del punto de acuerdo.
- EL C. PRESIDENTE: Con mucho gusto, Diputado.
¿Habría alguien más que deseara usar de la palabra en pro? ¿En contra? Bien.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Felipe Calderón para hablar en pro del punto de acuerdo presentado.
-DIP. FELIPE CALDERON HINOJOSA: Gracias señor Presidente.
Señoras y señores diputados: Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional es de singular importancia el Punto de Acuerdo presentado aquí por el diputado Bernardo de la Garza, a nombre del Partido Verde Ecologista de México y nos sumamos por supuesto, solicitando el voto de todos ustedes a favor, a fin de que el documento que se denominó "Principios, coincidencias y convergencias hacia una política hacendaria de Estado", sea de inmediato considerado para su análisis y para trabajo legislativo por las Comisiones de esta Cámara.
Consideramos que es urgente, en primer lugar, porque una vez que se ha presentado el paquete presupuestal para el año 2003, se requiere que de inmediato las Comisiones respectivas entren al análisis de todas estas materias. Y, segundo, consideramos que es de obvia resolución, porque dicho documento está suscrito, está autorizado, está apoyado por las dirigencias de los tres principales partidos políticos en el país y eso es un mérito adicional a que un partido que por lo pronto no estuvo en el trabajo inicial de este documento, el Partido Verde, sea el promovente ante esta Cámara.
Yo quisiera decir además que en alguna entrevista que conjuntamente tuvimos coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados el día de ayer, se hizo alusión a este serio trabajo encabezado por la Universidad Nacional Autónoma de México y hecho en colaboración con las fundaciones o institutos de investigación tanto del PAN, como del PRI y del Partido de la Revolución Democrática. Y ha sido un trabajo que conviene al país, un trabajo que se hizo desde la perspectiva objetiva, analítica, académica, que no siempre puede ser conservada en su objetividad y profundidad, en la coyuntura que cotidianamente enfrentamos aquí.
Somos presos muchas veces los legisladores, de las agendas políticas que sean o no prioridades nacionales, se convierten en nuestro debate cotidiano; eso no sería malo si no impidiera, como desafortunadamente ha impedido en algunas ocasiones, que pudiéramos llegar a los acuerdos de fondo que tanto reclama el país.
El documento de Principios, coincidencias y convergencias hacia una política hacendaria de Estado, es una oportunidad inigualable, y quizá la última que tenga esta Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso de la Unión y particularmente nosotros, los diputados que a ella pertenecemos, para plasmar en reformas legales los principios y las coincidencias que verdaderamente tenemos acerca de cómo fortalecer las finanzas y la vida pública del país.
Así que exhortamos para que anteponiendo el interés nacional a los legítimos intereses de los grupos parlamentarios, nos pongamos a trabajar de inmediato y traducir en reformas legislativas lo que ha sido ya un acuerdo valioso, formado al interior de los centros de pensamiento de diversas fuerzas políticas y con el irrefutable aval y apoyo académico de nuestra prestigiada Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que pedimos el voto de todos ustedes para que este acuerdo sea aprobado de inmediato.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTE. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias diputado Calderón.
Para hablar en pro del Punto de Acuerdo, se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Levín Coppel, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
-EL C. DIPUTADO OSCAR LEVIN COPPEL:- Con su permiso señor Presidente, compañeras Diputadas, compañeros Diputados. La UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México es el centro de creación más importante en el país, a una Iniciativa del señor Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y de un grupo de destacados intelectuales que por cierto una buena parte de ellos coincidieron en una Legislatura siendo Diputados Federales y en consonancia con las fundaciones, con el pensamiento rico de las fundaciones de los partidos políticos, produjeron un documento que es verdaderamente un esfuerzo loable, un esfuerzo que le da sentido a lo que le interesa a la nación que privilegia los acuerdos y que plantea la necesidad de una reforma hacendaria integral.
Pero no sólo hace el planteamiento sino que propone cómos, propone posibilidades, nos propone caminos, los Diputados del PRI firmamos el Punto de Acuerdo tan loable que nos presentó el Diputado Bernardo de la Garza, porque sentimos que es muy importante pasar estas cuestiones definitivamente a la Agenda Legislativa y encontrar el camino para que este país tenga un derrotero más claro, se requieren ingresos cada vez mayores y, sobre todo, se requieren de mantener las disciplinas económicas, financieras y monetarias.
Este documento ayuda y enriquece ala trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado de la República.
Agradecemos esta Iniciativa y el compromiso de los Diputados del PRI de darle la mayor celeridad posible.
Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor Diputado Levín.
En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, se concede el uso de la palabra al Diputado Tomás Torres.
-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES.- Gracias ciudadano Presidente. En un tema tan importante para la nación mexicana que tiene que ver con el ingreso que guarda relación con el gasto público, que se relaciona con el tratamiento de la deuda de este país, el Partido de la Revolución Democrática obvia y necesariamente tiene que fijar su postura frente a un documento que al ser presentado por el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y que de alguna manera refleja la expresión de miembros de todas las fuerzas políticas de este país y que de suyo engendra una fuerza por la calidad moral, política y académica de quienes han participado en su confección, resulta entonces necesario que abordemos, que toquemos los principios fundamentales con relación a la hacienda pública en este país.
¿Coincidimos? Evidentemente que coincidimos, que la Universidad Nacional tiene un simbolismo no sólo para México, lo engendra en términos de universalidad para Latinoamérica toda.
El día de hoy, los temas de la agenda política del Congreso ya fueron de alguna manera desplazados por el tema del paquete económico; el centro de la discusión de la diferencia y eventualmente de la divergencia es: el presupuesto.
El Partido de la Revolución Democrática reconoce y celebra el contenido de un documento cual se ocupa el punto de acuerdo y por qué no, por qué no, procedamos a analizarlo; procedamos a estudiarlo con la misma fuerza imperativa, con el mismo deber y con la misma responsabilidad que las diputadas y los diputados todos tenemos del análisis de más de 40 iniciativas sobre la materia fiscal que hoy día permanecen radicadas en las respectivas comisiones desde Puntos Constitucionales, Hacienda o Presupuesto y no contamos con un dictamen.
Me parece entonces que en el tema tan relevante para este país iremos a ese análisis objetivo, a ese análisis con sentido social, ojalá y como se ha expresado la venía del Partido Acción Nacional, del Verde o del PRI, vayamos con esa misma venía para reivindicar si no lo suficiente, sí lo racional al gasto de salud que el día de hoy refleja el 1.1 menos que el Presupuesto del 2002; ojalá y reivindiquemos el presupuesto necesario para educación con esa misma disponibilidad teórica que puede ser concretada en el texto del decreto de Presupuesto.
Ojalá que también vayamos a apoyar otros centros de enseñanza superior que hoy en quiebra no académica sino presupuestaria en el país se encuentran. Ojalá y este llamado de convergencia tan saludable para nuestro país nos lleve a considerar la necesidad de construir un auténtico, un franco federalismo hacendario que toque con sensibilidad el gasto social, que toque con sensibilidad a los Estados que menos tienen en este país.
Por esta coyuntura y por esta convergencia expresa nuestra fracción su reconocimiento y su suma a la posición del contenido del punto de acuerdo.
Muchas gracias señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor diputado.
Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al señor diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social.
- EL C. DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Gracias diputado Presidente.
Para a nombre por la Divergencia por la Democracia y Partido Alianza Social, estar a favor del punto de acuerdo que presentó el diputado Bernardo de la Garza y hacer una muy breve reflexión con ustedes.
El punto que se presenta es oportuno porque estamos por entrar a un debate que hace unos meses, hace un año para ser más exactos, despertó y generó muchas discusiones y finalmente tuvimos un producto que dejó insatisfecha a la sociedad y que dejó insatisfecho a éste Poder.
No debemos volver a repetir lo que hace un año que había generado una expectativa fundamental, generó finalmente un trabajo que para muchos no fue más que un Frankestein fiscal
Otro punto que es importante que destaquemos, es la necesidad que está teniendo y que está adoptando la sociedad organizada, los organismos intermedios y particularmente las instituciones públicas, para levantar la mano y pedir sensatez de los actores políticos.
celebramos que haya sido la Universidad Nacional Autónoma de México, Alma Mater de muchos de los diputados que hoy conformamos esta legislatura la que haya sido capaz de consitar y de llamar la atención a los grupos partidarios, para que más allá de sus intereses legítimos y algunos no tanto, hayan tenido la capacidad pues, de llegar a un acuerdo de principio. Sin embargo, este acuerdo de principio correría la misma suerte de la expectativa generada hace un año si no se llega a formar acuerdos concretos si no se llegan a tomar medidas puntuales de lo que hoy seguramente con bombo y platillo, de manera legítima estemos todos celebrando .
No creo que haya alguien que se oponga a que el documento que fue generado en primer momento solamente por tres fuerzas políticas y por la generosidad del contenido que esto puede traer, nos hayamos unidos todos. Pero una cosa que queremos llamar la atención repetimos y ya para terminar, que buena parte de la expectativa que llegó esta Legislatura, para desgracia, ha terminado en una descorazonada inversamente proporcional a la expectativa generada Después de los discursos que aquí se han planteado y los que se puedan dar, debemos pasar a las acciones y debemos pasar a los acuerdos y a los compromisos concretos, de otra manera la bondad del proyecto que se ha planteado no tendrá otro destino que el de las buenas intenciones y por el momento político que vive esta Cámara no podemos dejar pasar esta oportunidad y que vivamos la experiencia que hace un año dejó tan mal sabor de boca en la sociedad.
Por estas razones y con el compromiso de que pasemos a los acuerdos concretos, Convergencia y Alianza Social están a favor del punto de acuerdo. Gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, diputado Calderón.
Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al señor diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista.
EL DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias, ciudadano Presidente.
Trataré de ser muy breve y no tomarme los cinco minutos, pero es importante para los nacionalistas, para el Partido de la Sociedad Nacionalista, celebrar estos momentos en los que la Cámara de Diputados en su conjunto se une y con una gran responsabilidad y con un gran compromiso aprobamos este punto de acuerdo y sobre todo lo hacemos de pronta y urgente resolución.
Entendemos que las fracciones formalmente constituidas sean las que de alguna u otra manera deliberen y acuerden las cuestiones importantes en el país, solamente que el Partido de la Sociedad Nacionalista en estos puntos tan trascendentes para el país, para el futuro del país, para el bienestar de nuestros ciudadanos, les solicitaríamos respetuosamente se nos pueda tomar en cuenta.
Es importante el mensaje que demos dentro de esta Cámara, es importante cuando todos los diputados, cuando toda la LVIII Legislatura estamos de acuerdo en puntos tan importantes como el que se ha presentado. Por lo anterior, el Partido de la Sociedad Nacionalista expresa su posición a favor de este punto de acuerdo.
Por lo anterior, es cuanto señor Presidente. Gracias.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea si se considera...diputado Martí Batres. Sonido por favor en la curul del diputado Martí Batres.
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: (desde la curul) Sí señor Presidente, solamente para ser muy precisos que en este punto estamos muy de acuerdo en que se analice y se estudie por las comisiones correspondientes, lo cual no prejuzga el sentido, la orientación que tengamos sobre cada punto particular. En otras palabra, el grupo parlamentario del PRD considera que éste es un insumo importante que debe tomarse en cuenta, que debe estudiarse y analizarse y sin embargo ya en el estudio mismo iremos definiendo las posturas precisas sobre cada punto, en relación a todo este tema complejo de los ingresos.
Lo señalo para que quede perfectamente claro; estamos de acuerdo en que se avance en el estudio y en el análisis y sobre cada tema particular iremos tomando la postura precisa correspondiente. Por lo demás, consideramos que es muy urgente también tomar en cuenta todas las iniciativas que los propios legisladores han presentado aquí sobre los temas de reforma fiscal y presupuestaria, que son varias decenas de iniciativas que deben de abordarse.
Gracias, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Continúe por favor la Secretaría, consultando a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Mayoría por la afirmativa, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Secretario.
Le ruego consultar a la asamblea en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo que ha sido presentado por el señor diputado Bernardo de la Garza y que esta asamblea decidió que se considerara de urgente y obvia resolución.
EL MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo presentado por el diputado Bernardo de la Garza.
Los ciudadanos diputados...
EL DIP. FELIPE CALDERON HINOJOSA (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: ¿Diputado Calderón?
EL DIP. FELIPE CALDERON HINOJOSA(Desde su curul): Un acuerdo que habíamos hecho verbalmente los coordinadores, sugeriría que pudiéramos hacer la votación nominal.
EL PRESIDENTE: Abrase el sistema electrónico de votación, hasta por diez minutos.
¿Diputado Martí Batres?
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): Solamente le solicito si se pudiera leer el resolutivo, completo, por favor.
EL PRESIDENTE: Sí, cómo no.
Antes de iniciar la votación, ruego a la Secretaría leer los puntos de acuerdo.
EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
Punto de Acuerdo
UNICO.- Este Pleno instruye a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, a que inicie de forma inmediata los trabajos necesarios para convertir en legislación los mecanismos fiscales considerados en el documento, principios, coincidencias y convergencia hacia una política hacendaria de Estado, elaborado por la UNAM y demás fundaciones políticas, en las discusiones y proyectos de Ley de Ingresos y de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003, a fin de incluir las modificaciones necesarias que lleven al establecimiento de una verdadera política hacendaria de Estado, con visión de futuro y que permita de una vez por todas resolver los alarmantes rezagos sociales que aquejan a nuestra nación.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de noviembre del año 2002.
Rúbricas de los diputados del Partido Verde Ecologista de México.
EL PRESIDENTE: Diputado Martí Batres.
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): Diputado Presidente, como decía hace un momento, nosotros estamos de acuerdo en que se analice dicho documento por la forma en que está redactado el Punto de Acuerdo en el que se señala convertir en legislación dicho documento que aún no se analiza, el voto del grupo parlamentario del PRD será en abstención, puesto que nosotros no podríamos decir que un documento que aún no ha pasado al análisis correspondiente de las comisiones, automáticamente se convierte en legislación.
EL PRESIDENTE: Gracias, aún cuando vale la pena considerar que el Punto de Acuerdo propuesto, de hecho es una excitativa a las Comisiones para que consideren el documento; sin embargo las iniciativas tendrán que ser sustanciadas en términos del proceso legislativo que norma nuestras leyes.
EL DIP. JORGE C. RAMÍREZ MARIN (Desde su curul): Señor Presidente.
EL PRESIDENTE: El diputado Ramírez Marín.
EL DIP. JORGE C. RAMIEZ MARIN (Desde su curul): Señor Presidente, únicamente para aclarar que el resultado del punto es precisamente al ser turnado de inmediato a las Comisiones respectiva, sea sometido al estudio, sea sometido al análisis, sea objeto de lo que es en sí el trabajo y la materia del legislativo.
No descartamos además que es un punto, efectivamente, en el que han participado fundaciones y elementos de nuestros partidos y fue presentado ante las directivas de todos los partidos en Gobernación.
EL PRESIDENTE: Diputado Martí Batres.
EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA (Desde su curul): Nosotros estamos de acuerdo en expresiones como la del diputado Marín en que se turne, se analice, se estudie, pero el resolutivo que se propone tiene una frase de "convertir en legislación dicho documento". Nos parece que mínimamente antes de decidir convertir en legislación dicho documento, debería de haber un análisis minucioso de ese documento tan interesante, tan importante, que primero habrá que estudiarlo a fondo, tratándose de un tema tan delicado como el de los ingresos.
EL PRESIDENTE: Gracias señor diputado Batres.
Ruego a la Secretaría ordenar la apertura del sistema electrónico de votación, hasta por diez minutos.
EL SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Por instrucciones de la Presidencia, se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
Abrase el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación del Punto de Acuerdo.
(VOTACIÓN)
Se emitieron 273 votos en pro 5 en contra 32 abstenciones.
-EL C. PRESIDENTE: Aprobado el Punto de Acuerdo.
Remítase a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública y se instruye a la Secretaría para que se adjunte al Punto de Acuerdo el documento a que ha hecho referencia el señor diputado Bernardo de la Garza en su propuesta y que habrá de adjuntar a la misma.
El diputado Jorge Chávez Presa.
-EL C. DIPUTADO JORGE CHAVEZ PRESA (desde su curul): Sólo solicitamos que ese documento incluya el diagnóstico, porque el documento que se entregó en Gobernación no tenía diagnóstico, entonces ese documento no tiene sentido si carece de diagnóstico.
-EL C. PRESIDENTE: Diputado Samuel Aguilar.
-EL C. DIPUTADO SAMUEL AGUILAR SOLIS: Señor presidente, con la súplica de que no solamente sea turnado a las Comisiones, sino que instruya que se incorpore a la Gaceta Parlamentaria de manera íntegra, por favor.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado.
Diputado Tomás Torres Mercado.
-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (desde su curul): Gracias ciudadano presidente. Y además reconocerle el que haya registrado la sugerencia de un servidor, y que se turne no solamente el Punto de Acuerdo sino en todo caso, el documento que provocó la presentación del Punto de Acuerdo. Cuando menos por lo que hace a un servidor, el voto ha sido en abstención, porque habrá que reconocerlo, señor presidente, que formal ni materialmente, el documento está recibido en la Cámara de Diputados, era preciso para que no se malinterprete en modo alguno una votación respecto a un documento que no está integrado a la Cámara de Diputados.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Tomás Torres.
Efectivamente a sugerencia del señor diputado Tomás Torres, hemos solicitado al diputado Bernardo de la Garza, que incorpore el documento que está siendo entregado a la Secretaría, porque la única fuente formal de conocimiento que tenemos sobre el documento, es la propuesta que hace el diputado Bernardo de la Garza en su Punto de Acuerdo, a la que adjunta el documento de referencia.
Por lo que hace al planteamiento del señor diputado Chávez Presa, me parece que las Comisiones tienen en términos de ley, la posibilidad de recabar información, de convidar incluso a sus sesiones de trabajo a especialistas y a quienes eventualmente pudieran facilitarle el desarrollo de sus tareas.
El diputado Gregorio Urías.
-EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMAN: Si me lo permite, diputado presidente, sólo para aclarar que un servidor estuvo presente en el evento, donde estuvieron representados los partidos políticos, las fracciones parlamentarias, conducido por el Secretario de Gobernación, y con la exposición original del Rector de la UNAM, y de parte de la presidenta nacional de nuestro partido, la licenciada Rosario Robles, fue sumamente enfática en su discurso, en que el contenido de este documento, consciente de los términos generales en que está, pero que habla de coincidencias y de divergencias, particularmente en el tema del IVA hay tres propuestas: una del PRI, una del PAN y otra del PRD, pero la posición de nuestra presidenta nacional fue, que efectivamente ese documento no debe quedar en un documento general, y que tiene que traducirse en iniciativas y en proceso legislativo, pero tiene que cubrirse los términos normales, legales de los procesos legislativos, y eso debe quedar perfectamente claro.
-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Urías.
Efectivamente ha sido turnado el Punto de Acuerdo, en los términos que ha sido aprobado con el documento en el que fue sustentado.
El siguiente punto del Orden del Día, es la presentación de una propuesta con Punto de Acuerdo, para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluya en el fideicomiso correspondiente a otras cajas de ahorro que han caído en crisis a cargo del señor diputado Víctor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA.- Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados:
El cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio.
Vengo a nombre del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, a presentar este punto de acuerdo. El fraude de las cajas populares de nuestro país es en muchos sentidos un asunto irresuelto.
Gracias a las movilizaciones de los ahorradores defraudados y a las gestiones que esta soberanía efectuó, el Ejecutivo Federal planteó una solución a este problema; sin embargo, como a todos nos consta, la respuesta de la Secretaría de Hacienda a los fraudes cometidos por los pillos que embaucaron a ahorradores de buena fe, es insuficiente y todavía quedan rezagos importantes que atender en este sentido.
Nuestras propuestas para resolver de manera integral este problema, fue que se destinaran los recursos fiscales necesarios para que todos los ahorradores recuperaran sus fondos, asimismo demandamos que se aplicara todo el rigor de la ley a los defraudadores y que a su vez se recuperaran y vendieran los bienes que fueran mal habidos, con el objeto de que se restituyeran los fondos de ahorro.
El hecho es que a la fecha subsisten irregularidades que deben ser resueltas, por ejemplo es insuficiente al información que existe respecto de los bienes que fueron incautados y su respectiva venta para dotar de liquidez al fideicomiso; tampoco tenemos información respecto de si dicho fideicomiso agotó sus recursos o si todavía hay fondos para cubrir adeudos pendientes. Además, creemos que es necesario modificar el decreto para que se eleve el techo que contempla la recuperación parcial de los ahorros de los afectados.
En principio nos parece que la disposición de haber fijado un tope es correcta, porque permitió que los ahorradores recuperaran una parte de sus fondos, sin embargo consideramos que la responsabilidad en la que incurrieron las autoridades federales y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no está cubierta todavía.
En su momento, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia, denunciaron la diferencia (¿) y la falta de cuidado que se dio a las llamadas cajas de ahorro populares y la falta de regulación de dichas instituciones, fue, por decir lo menos, irresponsable.
Las autoridades federales, ante un hecho que proliferó debido a una política congruente de estímulo de ahorro para las clases populares, dichos sectores buscaron opciones que les permitieron obtener tasas más atractivas y con requisitos más asequibles.
En lo particular, queremos plantear el asunto relativo a la Caja Valparaíso, A.C. en la ciudad del mismo nombre en Zacatecas, que desde la década pasada ha presentado diversas irregularidades que dieron por resultado que los mil 200 socios activos, algunos de ellos fueron perjudicados al descapitalizarse dicha caja y cuando solicitaron recuperar su inversión, no había fondos con qué cubrirla; y el caso de los ahorradores oaxaqueños que nadie atiende y cuyo monto es de 3 millones de pesos.
Lo anterior, dio lugar a que más de 200 personas presentaran quejas e inconformidades y denuncias penales contra los miembros del Consejo de Administración, para que la autoridad actuara conforme a derecho.
Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a la consideración de este pleno el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Artículo Unico. Que se incluya en el fideicomiso del Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, a las cajas Valparaíso, A.C. y Fresnillo, también las de Oaxaca, para que a los socios defraudados se les reintegren sus fondos de ahorro conforme a derecho y que se amplíe la cobertura de ahorro para beneficiar a más ahorradores.
Asimismo, solicitamos que los responsables de administrar dicho fondo, nos informen inmediatamente acerca de los montos recuperados, producto de la venta de los bienes que fueron confiscados.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, 5 de noviembre del 2002.
Atentamente, grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el de la voz y por Convergencia por la Democracia, José Manuel Del Río Virgen.
Es cuanto.
EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado García Dávila.
EL C. DIP. VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ, (desde su curul).- Señor Presidente.
EL C. PRESIDENTE.- ¿Diputado Infante? Sonido en la curul del diputado Infante, por favor.
EL C. DIP. VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ, (desde su curul).- Señor Presidente, para rogarle que nos incluya al diputado Jorge Luis García Vera y Victor Roberto Infante González, apoyando el punto de acuerdo que presentó el Partido del Trabajo y Convergencia por la Democracia.
EL C. PRESIDENTE.- Le pregunto al diputado proponente si estaría de acuerdo en la incorporación de los diputados, gracias. Desde luego, señor diputado, pueden firmar el punto de acuerdo en la Secretaría.
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional ha solicitado una permuta en el lugar del orden del día y esta presidencia no ha tenido inconveniente. En consecuencia, tiene la palabra la diputada Lilia Mendoza Cruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una proposición con punto de acuerdo para aumentar los recursos para el sector salud en la República Mexicana.
Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
Y para concluir el trámite de la propuesta anterior, esta presidencia la turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
LA C. DIPUTADA LILIA MENDOZA CRUZ: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: una de las bases fundamentales en la construcción del Estado mexicano fue la consagración del derecho a la salud y a los derechos básicos de atención, sin diferenciación de ideas, condición social o condición económica.
El origen de esta garantía tiene sustento en los artículos 1º., tercer párrafo, artículo 4º., tercer párrafo en nuestra carta magna.
Así es como en el transcurso de consolidación del Estado una de las vertientes más sólidas de la política social se consolidó en la creación de infraestructura para la atención de la salud: hospitales, centros de salud comunitarios, capacitación de recursos humanos y una política pública integral para combatir y erradicar enfermedades y epidemias.
Sin embargo, en la actualidad el sector salud atraviesa por un proceso de falta de recursos, que han puesto en una situación de emergencia al sector. El déficit presupuestario, el desabasto de medicamentos, la calidad en el servicio y la falta de recursos humanos son sólo algunas de las variables que indican la crisis del sector salud en nuestro país.
Según las metas propuestas por el Ejecutivo Federal en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, se establece el compromiso de conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, participativo y vinculado al desarrollo, es decir, que toda la población tenga acceso a los servicios de salud.
A pesar de ello, siendo la principal limitante la falta de recursos, se ha tratado de poner en marcha proyectos de reingeniería que doten al sector de una capacidad de generación de recursos propios y de involucrar en esta nueva dinámica al sector privado.
Asimismo, se ha valorado la posibilidad de que los usuarios de los servicios de salud paguen de forma directa los beneficios bajo un mecanismo que no represente inequidad en su ejecución y que permita la posibilidad de que aquellos sectores menos favorecidos también tengan la cobertura del servicio.
Bajo esta grave situación el gobierno federal se empeña en aplicar una política de racionalización de recursos, una política utilitarista en las áreas estratégicas del sector, dejando de lado la suprema responsabilidad de atender con calidad y sin condición a toda la población que solicita este servicio.
Hoy no es posible que cada día aparezcan cientos de pequeños hospitales y clínicas que carecen de un control y supervisión para su operación y funcionamiento como resultado de la baja calidad en los servicios públicos y como alternativa para aquéllos que puedan sufragar un modesto gasto para su atención, pero que carecen de la capacidad financiera para pagar un servicio de calidad.
A pesar del alto costo que tiene para la población en general, en términos de carga impositiva, la manutención de una estructura burocrática deficiente y de servicios sin calidad y de edificios en mal estado, los contribuyentes carecen de una respuesta positiva en lo que a la demanda de salud se merece.
En este contexto hay casos particulares, como en el estado de Oaxaca, donde el sector salud tiene un déficit real de 66.83 millones de pesos y que aun cuando esta Cámara de Diputados autorizó la transferencia del recurso del ramo 12, salud, al estado de Oaxaca, por 90 millones de pesos para la creación de infraestructura hospitalaria, específicamente para la construcción del hospital de especialidades del tercer nivel.
Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, efectuó la cancelación parcial de los recursos por 13 millones 581 mil pesos, afectando con ello la capacidad de atención a la población no asegurada.
Es por esto y de otra manera y como resultado de un concepto de desarrollo social limitado y de corte empresarial, la condición de los institutos de servicios sociales tanto para los trabajadores del Estado como para los trabajadores del sector privado, carecen en un mayor o en un menor grado de los elementos básicos para dar atención a los derechohabientes con la dignidad y merecimiento que como seres humanos y como mexicanos merecemos.
Es por ello que solicito ante el pleno de este Honorable Congreso, se apruebe el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero.- Se solicita a la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, un aumento de recursos para el Sector Salud, sustentado en los criterios de justicia social y de consolidación del derecho a la salud que consagra nuestra Constitución.
Segundo.- Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos por un total de 13 millones 581 mil esos del ramo 12 "salud" para el estado de Oaxaca que unilateralmente canceló.
Ratifican y firman este Punto de Acuerdo, los siguientes diputados:
Una servidora, Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazabal Bretón, Bulmaro Rito...Perdón, Edith Escobar, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Cueto Martínez, Angel Meixueiro, Miguel Angel Moreno Tello, José Soto Martínez, Abel Trejo González, Araceli Domínguez, Martha Silvia Sainz, Erendira Cova, María Rosario Cruz, Samuel Aguilar, Aarón Irizar, Olga Margarita Uriarte, Héctor Esquiliano Solís, Juan Calleja, Víctor Díaz, José María Guillén, Nicolás Alvarez, Benito Vital, Javier García y Genoveva Domínguez. Gracias.
- EL C. PRESIDENTE Gracias, diputada Lilia Mendoza Cruz.
Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Héctor Taboada Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a que evalúe la posibilidad de derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-139-ECOL-2002, hasta en tanto se hace efectiva la instrumentación del Programa afectado por la SEMARNAT para el Desarrollo Sustentable de Actividades Alternativas a la Pesca, dirigida a pescadores ribereños.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.
-EL C. DIP. HECTOR TABOADA CONTRERAS: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos diputados federales de la LVIII Legislatura, presentamos el siguiente punto de acuerdo para solicitar el Ejecutivo Federal verifique el rumbo tanto la SEMARNAT como la SAGARPA, con la propuesta en marcha de la NOM-EM-139-ECOL-2002, incumpliéndose con lo dispuesto en la fracción VI del artículo 3 de la Ley de Pesca, bajo las siguientes
C O N S I D E R A C I O N E S
El pasado 9 de septiembre fue publicado en el Diario Oficial de la Federación aviso que daba a conocer el levantamiento de la veda del camarón en aguas marinas, y de los sistemas lagunarios, esturianos, marismas y bahías de jurisdicción federal del Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de California.
En dicho aviso se mencionaba que a partir de las once horas del 23 de septiembre en las aguas marinas del litoral del Océano Pacífico y Golfo de California, hasta los límites con la República de Guatemala, incluyendo la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California, y Delta del Río Colorado, este levantamiento entraba en marcha con base en lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-009-PESCA-1993, que establece el procedimiento para determinar las épocas y zonas de veda para la captura de las diferentes especies de la flora y fauna acuáticas en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo de 1994.
"No obstante el pasado 23 de septiembre es publicada en el Diario Oficial la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-139-ECOL-2002 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales que establece las medidas de protección de los ecosistemas marinos y costeros de las especies sujetas a protección especial en aguas de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, estableciendo que el aviso del levantamiento de veda antes citado no prevé restricciones a la utilización de artes de pesca dañinos a los ecosistemas que conforman el área natural protegida del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, especialmente la vaquita marina y la tortuga, incluyendo las condiciones naturales del fondo marino que constituyen su habitat. Y surgen las interrogantes de la actividad que realizan los encargados de la Sagarpa y la Semarnat, dejando en entredicho la labor que practican.
"Por lo anterior expuesto, los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos a consideración de esta asamblea el siguiente
" P u n t o d e A c u e r d o :
"Primero. Solicitamos al Ejecutivo Federal hacer un llamado a los titulares de la Sagarpa y de la Semarnat a fin de coordinar, tal como lo marca la fracción VI del artículo 3º de la Ley de Pesca, el esfuerzo ambiental y el desarrollo sustentable de los actores del sector pesquero, principalmente de los pescadores ribereños.
"Segundo. Exhortamos al Ejecutivo Federal evalúe la posibilidad de derogar la Norma Oficial Mexicana de Emergencia NOM-EM-139-ecol-2002, hasta que haga efectiva la instrumentación del programa ofertado por la Semarnat para el desarrollo sustentable de la actividad alternativa a la pesca, dirigida a los pescadores ribereños que voluntariamente decidan cambiar sus actividades económicas y al Programa de Aprovechamiento Sustentable para los Pescadores que por acatar las disposiciones de esta norma de emergencia cambien sus artes y equipos de pesca.
"H. Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Distrito Federal, noviembre del 2002".
Es cuanto, señor Presidente.
- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO (PRI): Gracias, señor diputado Taboada Contreras.
Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público información detallada sobre la situación de la integración de Servicios Operativos, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Adelante, señor Diputado.
- EL C. DIPUTADO JOSÉ ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ (PRD): Gracias, diputado Presidente.
Compañeras y compañeros Diputados:
"Hace algunas semanas la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, manifestó su desacuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a los recursos recibidos durante el presente año por concepto de las participaciones que reciben del gobierno federal y que se encuentran regidas por la Ley de Coordinación Fiscal.
" C o n s i d e r a n d o :
"Primero. Que parte central del reclamo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, lo constituye el posible recorte de los recursos entregados a las entidades federativas por aproximadamente 40 mil millones de pesos.
"Que si bien es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal establece claramente las contribuciones que integran la recaudación federal participable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha faltado claridad y transparencia en la determinación de estas cuentas con las respectivas entidades federativas.
"Que del asunto del federalismo en nuestro país exige por un lado el replanteamiento del pacto fiscal de la federación con los estados y que la transparencia con la que se opere este pacto fiscal es determinante para su viabilidad.
Que en 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió realizar una reestructuración administrativa, en la que se consideró que la adquisición y operación de los equipos de cómputo relacionados con la recaudación tributaria, fuese realizado a través de empresas privadas.
Que derivado de lo anterior y como resultado de irregularidades detectadas por la propia Secretaría, en la empresa Integradora de Servicios, S.A. de C.V., ISSA, primera concesionaria de este servicio, se le rescindió el contrato.
Que como resultado de la rescisión del contrato mencionado, la empresa denominada Integración de Servicios Operativos, S.A. de C.V., ISOSA, continuó con las operaciones que su antecesora llevaba a cabo.
Que pasar de que ISOSA debiera ser una empresa privada, el acta constitutiva que anexo al presente acuerdo, muestra que vía un fideicomiso es propiedad de Nacional Financiera.
Que dentro de los sistemas liberados y operados por ISOSA, se encuentra el de administración de las participaciones a entidades federativas.
Que como resultado fundamental para la discusión de cualquier tema relacionado con los ingresos públicos, es necesario conocer exactamente cuál es el proceso por el cual éstos llegan a las arcas nacionales.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicitamos a esta Presidencia somete a consideración de este pleno el siguiente:
"ACUERDO
"Primero.- Que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, solicite información completa y detallada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la empresa denominada Integración de Servicios Operativos, S.A. de C.V., ISOSA.
"Segundo.- Que las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto, establezcan un grupo de trabajo para el análisis del Presupuesto del 2003 a los estados de la República".
Es cuanto, diputado Presidente.
-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Esta Presidencia corrige el turno de la iniciativa presentada anteriormente por el señor diputado Héctor Taboada Contreras, en razón de que la norma a que hace referencia es una norma de carácter ambiental y, en consecuencia, debe ser turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado Félix Castellanos Hernández, del Grupo Parlamentario de ... Perdón, ha sido solicitado un intercambio en el orden.
En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el uso de recursos del FONDEN y el trato desigual a las entidades federativas en condiciones de emergencia.
-DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso de la Presidencia.
Compañeras y compañeros diputados: En el mes de septiembre del 2001 Baja California Sur fue azotada por el huracán Juliette. Los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú fueron dañados severamente, dejando a miles de sus habitantes en el desamparo. Las pérdidas materiales se calcularon en más de mil millones de pesos.
Justo cuando estábamos seguros que el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, sería un apoyo inmediato para quienes habían sido afectados por este huracán, no fue así, porque parte de esos recursos apenas fueron entregados en el mes de agosto de este año, once meses después, debido a reglas de operación que parecieran diseñadas para no funcionar y el burocratismo de quienes manejan ese fondo.
En ese contexto, por extensión entendemos el tortuguismo al que podrían ser sometidos los habitantes de Jalisco y Nayarit, que fueron víctimas del huracán Kenna en cuanto al tiempo que pasará para que les lleguen los recursos del FONDEN.
Pero además pareciera que para el Titular del Ejecutivo los efectos del huracán Juliette en Baja California Sur carecía de importancia ya que no se presentó en ninguno de los municipios afectados, no quisiéramos pensar que obedece a razones político partidarias ya que el trato hacia las entidades las entidades federativas no es equitativo.
Ante situaciones de emergencia los ciudadanos valoran favorablemente el apoyo solidario que sus gobernantes les externan en momentos difíciles.
Esta soberanía autorizó para el presente ejercicio fiscal la cantidad de 1,578.3 millones de pesos para ese fondo y además se nos señaló que junto con el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales que tenía un saldo de 9,8890.6 millones de pesos, nos iban a servir para destinarlos a la prevención y atención y atención de desastres naturales pero lo que estamos viendo es que las reglas de operación se convirtieron en una muralla para lograr tales propósitos.
El FONDEN se diseñó para atender situaciones de emergencia y ante desastres naturales imprevisibles. Se transformó en un desastre burocrático porque los recursos no llegan cuando la gente los necesita. En ese sentido el FONDEN no está cumpliendo con su papel de engranaje de los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional de Protección Civil porque cuando de trata de actuar a favor de los damnificados los recursos públicos que maneja ése fondo, no llegan.
La experiencia de Baja California Sur debe alertar a los integrantes de esta soberanía, en tanto los recursos que aquí aprobamos no tienen la fluidez necesaria para cumplir con los fines para los que fueron creados; se trataba de resarcir aunque fuera en parte los daños causados a las poblaciones de varios municipios de la entidad, nosotros nos preguntamos ¿de qué sirve que las reglas de operación que regulan el funcionamiento del FONDEN se establezca de forma rimbombante que el Gobierno Federal tiene como objetivo ayudar a través de este fondo a la población que pudiera verse afectada ante la inminencia de un desastre natural que ponga en peligro la vida humana?
¿Qué entienden los señores del Gobierno Federal por ayuda y cuáles son para ellos los tiempos necesarios para que los recursos fluyan a la población que sufre daños por los desastres naturales? Lo que sí queda claro es que las reglas de operación del FONDEN no contemplan plazos perentorios para ayudar efectivamente a la población.
Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al Pleno de esta soberanía, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente punto de acuerdo:
Artículo único.- Que la honorable Asamblea de diputados se pronuncie a favor de solicitar al Ejecutivo Federal para que sea haga una revisión integral de reglas de operación que regulan el funcionamiento del Fondo de Desastres Naturales; se definan claramente los tiempos máximos que deben regir la entrega de los recursos para apoyar a la población afectada por desastres imprevisibles.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de noviembre del 2002, firmando el diputado Víctor García Dávila; el diputado Miguel Arizpe; el diputado José Manuel del Río Virgen; el diputado Alfredo Hernández; el diputado Víctor Infante; el diputado Jorge Luis García; la diputada Martha Ofelia Meza; la diputada Margarita Uriarte y el diputado Jaime Martínez Veloz.
Es cuanto, Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada Rosa Delia Cota Montaño. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
En virtud de que ha transcurrido el tiempo previsto para la presente sesión, ruego a la Secretaría dar lectura del orden del día para la próxima.
EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
( Lectura del orden del día )
-EL C. PRESIDENTE: (A LAS 15:22 HRS):- Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de Noviembre, a las diez horas.