SESION   DEL PRIMER  PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  DE LA LVIII LEGISLATURA.
12 DE NOVIEMBRE DE 2002

LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Ruego a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 276 diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

LA C. PRESIDENTA: (10:20 horas) Se abre la sesión.

Proceda la secretaría dar lectura al orden del día

LA MISMA C. SECRETARIA:

(LECTURA ORDEN DEL DIA, INSERTESE)

LA C. PRESIDENTA: Está a consideración el orden del día. No habiendo ninguna observación, proceda la secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.

LA MISMA C. SECRETARIA: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

LA C. PRESIDENTA: Aprobada el acta

Pasamos al capítulo de comunicaciones.

LA MISMA C. SECRETARIA:

(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL INFORMANDO

LA ELECCION DE LA MESA DIRECTIVA, INSERTESE)

LA C. PRESIDENTA: De enterado

LA MISMA C. SECRETARIA:

(COMUNICACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR RELATIVA A ASIGNACION

DE RECURSOS DEL FONDO DE DESASTRES

NATURALES, INSERTESE)

LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LA MISMA C. SECRETARIA:

(LECTURA COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA RELATIVA A LAS TARIFAS DEL

SERVICIO ELECTRICO, INSERTESE)

LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

LA MISMA C. SECRETARIA:

(LECTURA COMUNICACIÓN DEL ESTADO DE DURANGO

RELATIVA A LOS GANADEROS ORGANIZADOS DEL

PAIS, INSERTESE)

LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y a la Especial de Ganadería.

LA MISMA C. SECRETARIA:

(LECTURA COMUNICACIÓN DEL CONGRESO DE

ESTADO DE NAYARIT RELATIVA A LA UNIVERSIDAD

AUTONOMA DE NAYARIT, INSERTESE)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Del Congreso del estado de San Luis Potosí que

comunica la elección de Presidente y Vicepresidente

de la mesa directiva que funcionará del 15 de octubre al

14 de noviembre de 2002, del Primer Periodo Ordinario de

Sesiones, del Tercer Año de Ejercicio Legal)

- LA C. PRESIDENTA. De enterado.

- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Del Congreso del Estado de Sonora por el que solicita

se busque solución favorable para las personas afectadas

por la Norma Oficial Mexicana de Emergencia

NOM-EM-139-ECOL-2002)

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y

Recursos Naturales.

De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, se pide a la Secretaría dar cuenta del mismo e instruir su cierre.

- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 344 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico.

(Se cierra el sistema electrónico)

- LA C. PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día es la comunicación de la diputada Laura Pavón Jaramillo. Esta Presidencia autoriza a la diputada para que dé lectura a su comunicación.

- LA C. DIP. LAURA PAVON JARAMILLO:

(Da lectura a su comunicación)

COMUNICACIÓN DE LA DIPUTADA LAURA PAVÓN JARAMILLO.

México tiene una larga y bien ganada tradición de colaboración internacional, basada en la tolerancia, la cultura y el respeto a la soberanía de las naciones.

La contribución de México al entendimiento y la cooperación entre las naciones se ha significado en muchos momentos definitivos para las relaciones hemisféricas; en este marco se inscribe también la presencia de nuestro Congreso de la Unión, de nuestra Cámara de Diputados, vigorosa y responsable que desde siempre ha estado presente en el caminar democrático de México.

Es de entenderse que participemos de manera permanente en organizaciones internacionales de parlamentos y de parlamentarios como lo es la Confederación Parlamentaria de las Américas, la COPA.

Asumí su Presidencia en Río de Janeiro, y muchos de ustedes, queridos colegas me acompañaron en ese acontecimiento.

La Confederación Parlamentaria de las Américas es un foro que reúne a las asambleas parlamentarias de los Estados unitarios, federales y federados; los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Américas, con el propósito de ampliar e intensificar la cooperación interamericana, de fortalecer la acción parlamentaria en el marco de los procesos de integración continental, así como contribuir a la edificación de una Comunidad de las Américas basada en la paz, la democracia y la justicia social.

Destaco que la COPA surge en 1997, mediante un consenso en el cual convergen la preocupación por promover la concertación para la cooperación interamericana, la necesidad de fortalecer el papel de los parlamentos, la importancia creciente del Continente como una unidad económica y política y, primordialmente, la ausencia de una organización interparlamentaria que agrupara a los parlamentos centrales de los 35 países americanos y de las 164 asambleas provinciales.

Nuestra organización apuntó su acción hacia representar ante los ejecutivos de las naciones los intereses de los pueblos frente a los desafíos e infactos de los procesos de globalización e integración continental. Estos objetivos con los que COPA surgió en 1997 inspiran hoy la realización de su IV Asamblea General, que habrá de realizarse en nuestro país, concretamente en Ixtapan de la Sal los días 24, 25, 26 y 27 del mes en curso.

Hemos recibido para la organización del evento los patrocinios del gobierno del Estado de México y de esta Honorable Cámara de Diputados de manera preponderante, por lo que expresamos a ambas instituciones nuestro reconocimiento y más amplio reconocimiento.

También el Honorable Senado de la República, las cámaras locales del Distrito Federal y el Estado de México han contribuido para sufragar el costo que este evento genere.

Hemos enviado a ustedes, compañeros diputados, información suficiente y las correspondientes invitaciones que estamos seguros aceptarán para participar y contribuir a enriquecer el debate que se generará en la discusión de los asuntos que las redes parlamentarias abordarán en los siguientes temas:

Democracia y derechos humanos.

Educación, cultura, ciencia y tecnología.

Salud y desarrollo social.

Medio ambiente y desarrollo sustentable.

El ALCA, economía comercio y trabajo, y;

La última comisión relativa a paz y seguridad pública.

Compañeros diputados, las cinco regiones que forman la COPA, América del Norte, América Central, el Caribe, la Región Andina y el Cono Sur estarán representadas en esta ocasión en la que les esperamos en su calidad de integrantes de la Asamblea Sede, para contribuir en este nuevo modelo regionalizado de parlamentarios, más próximo a grupos de naciones que permitan el establecimiento de mecanismos de comunicación y cooperación en espacios y problemáticas comunes, avanzando hacia la conformación de un sistema parlamentario continental, solidario y fraterno.

A los señores coordinadores parlamentarios, a la Presidenta de la Mesa Directiva y demás integrantes de la misma, especialmente a la Junta de Coordinación Política y a la eficiente administración central de esta Cámara, mil gracias por su respaldo.

La Confederación Parlamentaria de las Américas les espera, compañeros, en la última semana de noviembre. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada. Continuamos con las comunicaciones.

- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Del diputado Mauro Huerta Díaz)

- LA C. PRESIDENTA: De enterado y tómense las medidas administrativas y reglamentarias que procedan.

- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Del diputado Gustavo Buenrostro Díaz)

- LA C. PRESIDENTA: De enterado y se le tiene por reincorporado a sus labores legislativas.

- EL C. DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Del Auditor Superior de la Federación, en relación

al Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 2003)

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Junta de Coordinación Política y túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública con opinión de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

- EL C. DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Del gobernador constitucional del estado de Nuevo León)

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, con los anexos que contiene el documento.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ (PAN):

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política en la que hace una

atenta invitación a los titulares del ejecutivo de las entidades de la República para

llevar a cabo una reunión con objeto de tratar asuntos relacionados con la Ley de

Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2003)

- LA C. PRESIDENTA: De enterado y comuníquese a los gobernadores de los estados.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ (PAN):

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a la

designación del diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez, como Presidente

del Comité de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados para

el tercer año de ejercicio, a partir del 29 de noviembre del año en curso)

En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ (PAN): Uno más de la Junta de Coordinación Política.

(Da lectura al acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativa al acuerdo por el

que se designa al ciudadano diputado Ucuc-kib Espadas Ancona como Presidente

de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, a partir del 13 de noviembre

del año en curso hasta el término de esta Legislatura)

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN):

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a

la modificación de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social,

para que el ciudadano diputado Salvador López Orduña ocupe un lugar

vacante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional)

- LA C. PRESIDENTA: De enterado.

- EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Iniciativas del Congreso del estado de Jalisco.

(Da lectura al oficio con el que se remite la iniciativa que adiciona una fracción II al

artículo 8º de la Ley Federal de Derechos, del congreso del estado de Jalisco)

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Una más del Poder Legislativo.

(Da lectura al oficio con el que se remite la iniciativa que reforma la segunda parte

de la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, del congreso del estado de Jalisco)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.

-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Oficio de la Junta de Coordinación Política, relativo a la integración

del C. Dip. Silvestre Enrique Faya Viesca, a la Comisión de

Defensa Nacional)

-PRESIDENTA: De enterado.

-MISMO SECRETARIO: Oficios de la Secretaría de Gobernación.

(Oficio con el que remite información del Director del Instituto

Mexicano del Seguro Social)

-PRESIDENTA: Remítase copia al Senado de la República y al promovente.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio de la Secretaría de Gobernación, relativo al permiso

del C. Lic. José Luis Romero Hicks)

-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio de la Secretaría de Gobernación, relativo al permiso del

C. José Antonio Pujals Fuentes)

-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-MISMO SECRETARIO: Solicitud de particular.

(Oficio del Lic. Genaro David Góngora Pimentel, Presidente de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación)

-PRESIDENTA: De conformidad con los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se solicita a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Se dispensan todos los trámites, ciudadana Presidenta.

-PRESIDENTA: Gracias ciudadano Secretario.

En tal virtud, esta asamblea ha autorizado la dispensa de todos los trámites, por lo que vamos a proceder a someterlo a votación.

Le ruego a la Secretaría poner a discusión primero el proyecto de decreto.

-MISMO SECRETARIO: Está a discusión el siguiente

"Proyecto de Decreto.-

ARTICULO UNICO.- Se concede permiso al Licenciado Genaro David Góngora Pimentel para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz, que le confieren sus Majestades los Reyes de España y el Gobierno Español.

Está a discusión el Dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de este Proyecto de Decreto, en un solo acto.

-LA C. PRESIDENTA. Se pide a la Secretaría se abra el Sistema Electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación del Proyecto de Decreto.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. Háganse los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior.

Abrase el Sistema Electrónico por diez minutos para tomar la votación nominal del Proyecto de Decreto.

-EL MISMO C. SECRETARIO. Se emitieron 355 votos en pro, 1 en contra y 1 abstención.

-LA C. PRESIDENTA. Aprobado el Proyecto de Decreto por 355 votos. Pasa al Senado, para sus efectos constitucionales.

Pasamos al Capítulo de Iniciativas de ciudadanos Diputados.

Tiene la palabra el Diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Bosques y Selvas asentados en propiedad privada.

-EL C. DIPUTADO ILDEFONSO ZORRILLA CUEVAS. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. En la Iniciativa que presento se hace una relación del deterioro ambiental que afortunadamente ya es del dominio público y por razones de tiempo obviaré su lectura y me voy directamente a la fundamentación jurídica.

Para restablecer el equilibrio ecológico son necesarias medidas radicales, una legislación eficaz tanto en las medidas preventivas como represivas y asumir el costo político que conlleva afectar intereses individuales y sustituir bienes de capital.

Es necesaria una nueva concepción de la relación entre hombre y naturaleza, una relación de derechos y obligaciones entre persona y cosa y no una relación de dominio sobre la cosa como prescribe la Doctrina de los Derechos Reales, dotar de voluntad a seres inanimados es una ficción pero el derecho a menudo acude a la ficción o a la analogía de atribución verbo y gracia a la persona moral.

En realidad la Doctrina y la Legislación sobre los Derechos Reales y los Derechos Personales se estudian de manera sistematizada desde el Derecho Romano. El Derecho Real supone la existencia de una cosa sobre la cual recaerá la conducta autorizada por la Ley al Titular de esa cosa, la palabra real, cosa, significa todo objeto del mundo exterior sobre el cual puede atribuirse algún derecho a una persona.

Nuestro Código Civil Federal y el Código Civil del Distrito Federal en sus Artículos 764 identifican dominio con propiedad apartándose del espíritu del 27 Constitucional. En los ya citados artículos no encontramos la naturaleza jurídica de los derechos reales y las diferencias con las obligaciones personales influenciado por la teoría francesa fundamentalmente por los autores Planeur y Reffert (¿) defensores de la teoría que hacen consistir el dominio o la propiedad en la potestad jurídica sobre la cosa, en su sometimiento directo y exclusivo oponible a todo el mundo.

El Código Civil Federal considera el usufructo como un derecho real.

El artículo 996 y 997 establece la obligación de substituir el bien consumido, sin embargo en el usufructo del bosque no prescribe la obligación de substituir el bien consumido, lo que lo equipara con los recursos no renovables, es decir no impone la obligación de la reforestación.

Esta teoría de los derechos reales que es un derecho oponible (?) a todo el mundo, recae sobre bienes muebles o inmuebles o derechos, por lo anterior es muy importante para efectos de este proyecto establecer con claridad qué es para la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el dominio o la propiedad jurídica de la nación.

Nuestra Constitución habla indistintamente de propiedad, dominio directo o simplemente dominio. Algunos juristas piensan que cuando la Constitución habla de dominio directo se refiere a la antigua clasificación de dominio directo y dominio útil mediante el cual se distingue el derecho del propietario del derecho enfiteuta, sin embargo no es éste el sentido en que la Constitución emplea la palabra dominio directo; el dominio directo a que se refiere el artículo 27 constitucional es el que las ordenanzas de Aranjuez expedidas en 1783 denominaban "dominio radical". Esta palabra viene de la palabra raíz; este dominio no debe confundirse con otros derechos de propiedad, este dominio es inalienable e imprescriptible.

De acuerdo con este sentido, la nación no tiene sobre las tierras y aguas la plena inre potestad (?); es decir, no tiene el derecho absoluto y sólo puede entregar el uso, el aprovechamiento de ellas a los particulares con la condición resolutoria. Establece la reversibilidad si el beneficiario no cumple con la exigencia del contrato de la cesión ya que el dominio directo es irrevocable e imprescriptible.

Las opiniones antes expuestas son de los constitucionalistas Miguel S. Macedo y Manuel Herrera y Lazo.

El artículo 27 regula la propiedad pública 4 a 8º. Esta propiedad que se constituye en los bienes y derechos que forman parte del patrimonio nacional. La modalidad… (interrupción)…

- EL C. PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL : Permítame diputado. Permítame. Como lo están señalando algunos señores diputados, suplico a la Asamblea, suplico a los señores diputados ocupar sus lugares y guardar silencio para escuchar al diputado ponente. Adelante, diputado.

- EL C. DIP. ILDEFONSO ZORRILLA CUEVAS: La modalidad legal de carácter general que restringe el derecho de usar, disfrutar y de suponer una cosa se diferencia de la expropiación en que ésta es un acto concreto de privación de la propiedad por las causas de utilidad pública señaladas en la ley de expropiación.

En opinión de un sector de la doctrina, modalidad y limitaciones son términos sinónimos en tanto que otro sector le da significado distinto que afirma que las limitaciones no altera el régimen de la propiedad. Son prohibiciones impuestas por el legislador respecto a determinada facultad del propietario, como las contenidas en los artículos del Código Civil respectivo.

Por el grave deterioro de la naturaleza, observado ya no por científicos y estudiosos de la materia sino por el ciudadano común que lo aprecia en la contaminación de las aguas, en la desaparición de la flora y fauna, en el enzolve de lagunas, en los fenómenos naturales cada vez más destructivos y que ha afectado el derecho colectivo a los pueblos, a la biodiversidad que es en esencia el derecho a la subsistencia, proponemos lo siguiente:

Que los bosques y selvas ubicados en predios particulares, técnicamente se reviertan al dominio directo de la nación y no ser objeto de concesiones y permisos para su explotación, exceptuándose los bosques que hayan sido cultivados por los particulares para fines de comercialización o de industria, situación que debe ser probada fehacientemente, de conformidad con lo establecido en las leyes secundarias por el dueño del predio, esto para estimular la siembra y el cultivo de los árboles.

Esta iniciativa propone limitar la propiedad de los bosques, supone un verdadero cambio estructural, deja intocada la propiedad de los predios particulares donde se ubican bosques y selvas, sin embargo técnicamente revierte éstos últimos al dominio directo de la nación al no permitir las concesiones o permisos para su explotación,entendiéndose que lo anterior es una limitación al derecho de propiedad individual y no propiamente una explicación.

Por lo anterior y en ejercicio de las facultades constitucionales que nos otorga la fracción II del artículo 71 de nuestra Ley Fundamental, someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa:

Iniciativa con proyecto de derecho que adiciona el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se priva a los propietarios de la explotación de bosques asentados en su propiedad, se adiciona como sigue: no se otorgarán concesiones , ni contratos, ni permisos para la explotación de bosques y selvas a los particulares que gocen de la propiedad sobre los predios en que éstos se ubiquen, salvo cuando éstos se hayan sido cultivados por el propietario del predio.Excluimos de esta iniciativa la propiedad ejidal y la propiedad comunal, por una razón porque tienen definida en forma precisa su naturaleza jurídica en la Constitución y en las leyes reglamentarias respectivas

Segundo por una razón política, la mayoría de la superficie boscosa de México, está ubicada en los pueblos indios y la razón política es que la futura legislación, pueda decidir constitucionalmente, que los pueblos indios que son entidades preconstitucionales, puedan tener el carácter de entidades de derecho público. Esto será una de las razones más importantes porque traerá como consecuencia la vigencia y positividad de los derechos colectivos, y uno de los principales derechos colectivos es el derecho a la biodiversidad, que en esencia es el derecho a la subsistencia.

Le solicito a la Presidencia tenga a bien instruir que esta iniciativa sea inscrita totalmente en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.

Es cuanto, señor Presidente.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputado. Le agradezco mucho su esfuerzo de síntesis.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Tiene la palabra el diputado Rogaciano Morales Reyes, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

EL DIP. ROGACIANO MORALES REYES: Con la súplica, compañero Presidente, que en el orden del día se asiente que reforma y adiciona a las leyes de que trata la iniciativa, misma que por no alcanzarla a leer totalmente, voy a entregar en su texto a la Secretaría, pidiendo se hagan las publicaciones de rigor.

Y voy a tratar de resumir y de explicarla mirando porque haya algunos elementos que abunden en la fundamentación de la misma.

En nuestro actual Sistema de Coordinación Fiscal, compañeras y compañeros diputados, todos sabemos ha llegado a su límite, dado que regulado por la Ley de Coordinación Fiscal se lograron los objetivos de no dejar al Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda, al arbitrio las participaciones a los estados y a los municipios, además de que se evitó la múltiple tributación y por otro lado se concretó el primer aspecto en las fórmulas que de alguna manera normaron ese criterio de la autoridad central.

Ayer, como ustedes saben, estuvieron la mayor parte de los gobernadores de las entidades federativas de nuestro país y el planteamiento es coincidente, por lo que hay necesidad de reformar las disposiciones que regulan las relaciones intergubernamentales en este aspecto del federalismo fiscal, del federalismo hacendario, y tratando de aportar algunos elementos que contribuyan a la reingeniería que se ocupa para hacer que esto se modernice y responda a las necesidades actuales que plantean nuestros mandatarios estatales.

Proponemos la construcción de un nuevo federalismo hacendario basado en algunas ideas que pueden ser de utilidad compañeras y compañeros, como es plantear una reingeniería de nuestro actual esquema de federalismo fiscal para transitar a un sistema de coordinación hacendaria, donde se consolide la distribución equitativa de los recursos participables para lo cual deberán fijarse límites razonables en el reparto de estos recursos, sustentando estos límites en el esquema de un sistema federal cooperativo aunado además a la distribución de potestades y facultades en el aspecto tributario y recaudatorio.

Definir y delimitar con claridad las capacidades jurídicas de acción y competencias entre los tres órdenes de gobierno previendo sus alcances, coincidencias y solución de disputas dentro de los instrumentos del marco jurídico nacional y subnacional, que en este caso vendría siendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin duda alguna.

Establecer esquemas de programación, presupuestación. para mejorar los resultados de los gobiernos. Ello exige alcanzar, amarrada con los recursos ejercidos, que además considere una evaluación del ejercicio presupuestal de mediano y largo plazo.

Mejorar las condiciones técnicas para la operación financiera de las entidades federativas y de los municipios en tecnología y sistemas, esquemas de recaudación y métodos e instrumentos de coordinación intergubernamental a fin de dotar a los gobiernos estatales y municipales de bases fuertes para hacerlos capaces de asumir mayores responsabilidades fiscales.

Vaya, por la experiencia aquí se está proponiendo la descentralización tecnológica, la descentralización de conocimientos de experiencia para que los estados asuman con ese auxilio la Federación en forma competente las responsabilidades que se tendría que derivar, pues de la solución de la responsabilidad tributaria y de la disposición de los recursos que pudieran captarse con este tipo de propuestas.

Y yo digo que los diputados de mi fracción han estado trabajando, hemos estado trabajando, seguiremos trabajando dando algunas modestas ideas para que se sumen a las ideas de los diputados del PAN, del PRI.

El compañero Uuc-Kib Espadas Ancona, en iniciativa del 30 de enero de este año, propuso que los estados fueran asumiendo un punto porcentual del 15% del IVA para que en un plazo de cinco años pudieran estar cobrando el 5% y la Federación se quedara con el 10.

Nosotros consideramos que este enfoque fiscal de la reforma es razonable porque plantea una corresponsabilidad gradual y se entiende para ir, con la experiencia, enriqueciéndola, a fin de cumplir en forma eficaz con esa responsabilidad.

La compañera Miroslava García Suárez también en iniciativa de 15 de noviembre del 2001, a raíz de la presentación del presupuesto, que ya se avizoraba se iba a presentar por parte del Ejecutivo, Proyecto de Presupuesto, también hizo una propuesta en una iniciativa que tenía que ver con el gasto y establecía principios de alguna manera de orden al hablar de porcentajes.

Esta iniciativa que ahora propongo integra en forma respetuosa esas iniciativas de mis compañeros diputados para conformar un Sistema Nacional Hacendario y también con reglas que tienen que ver con una aplicación actual y que han demostrado que son razonablemente útiles en el ramo 28, las pasamos al ramo 33 porque han demostrado su eficacia y establecemos un porcentaje, un porcentaje del 24% que nosotros estamos proponiendo, bueno porque es el que están sugiriendo los gobernadores y ellos saben de la realidad que tienen sus estados, de las necesidades de dar respuesta a la demanda de servicios públicos fundamentales y en el área de los municipios.

Y en el contexto de todo lo que se ha dicho por ellos, encuentra esta iniciativa y su fundamentación, yo creo que la novedad es que en esta iniciativa hablamos de que esos recursos en algún porcentaje de 47.17%, se van a las entidades federativas en atención al número de habitantes, el 45.17% en atención al producto interno bruto nacional, que aportan, es decir, atiende al esfuerzo por el crecimiento económico y en alguna forma al esfuerzo fiscal, porque es justo darle también a las entidades según produzcan.

Pero sobre todo, compañeros, esta iniciativa integra una especie de principio de justicia social, para que los señores gobernadores integren otras variables, otras criterios con los cuales puedan mandar a sus diferentes regiones recursos, poniendo el acento sobre todo en aquellas regiones con más pobreza, con más marginación, para que hagan la lucha y acortar la distancia entre lo que es la pobreza y mejores condiciones de otras partes de sus estados.

Yo creo que el desarrollo regional sustentable aquí, puede hacerse efectivo con la participación de ellos, si les damos margen de que integren en la realidad que tienden a las distintas regiones de desarrollo, no nada mas en cuanto a economía, no nada mas en cuanto a cuestiones de orden político, sino potenciando aquellas actividades que se refieren a proyectos productivos que la gente tiene en lo local y que no encuentra como echarlos a andar.

Pero, bueno, ese desarrollo regional, cuyas bondades son amplias y que nos llevaría aquí mucho tiempo en explicar, no pretendo dar clases, mis respetos, da margen para que coadyuven para establecer un mecanismo y ayude sobre todo a los sectores más urgidos en este asunto de la globalización en que nos hemos metido, por virtud del Tratado de Libre Comercio.

Decimos allá afuera que: para los toros del Jaral caballerangos de allá mismo, pues vamos impulsando el desarrollo regional, si ya Japón se adueñó, si ya Alemania se adueñó, si ya Estados Unidos se adueñaron de las regiones que conforman este planeta materialmente hablando, con la diferencia de que, pues Japón y Alemania si potenciaron a sus socios, pero aquí celebramos, a través de nuestros gobiernos un tratado en condiciones asimétricas, desventajosas para nuestro país.

Tenemos la palabra, compañeros, el contexto nacional es adecuado, los señores gobernadores lo están pidiendo, el país así lo requiere.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese igualmente en la Gaceta Parlamentaria, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público e igualmente remítase para la opinión a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo.

La iniciativa propuesta por el Partido Verde Ecologista Mexicano, que reforma los artículos 7, 8 y 47 de la Ley General de Educación, ha solicitud de esta fracción se retira del Orden del Día.

La iniciativa de integrantes de la Comisión de Energía, que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, solicitan se posponga para la siguiente sesión.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Salvador Escobedo Zoletto del Partido de Acción Nacional, con una iniciativa que reforma el artículo 258 de la Ley General de Salud en lo referente a la farmacopea nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO.- Ciudadano Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

Un servidor, Salvador Escobedo Zoletto y la diputada María Eugenia Galván, en representación de integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55 fracción II y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa que reforma el artículo 158 de la Ley General de Salud al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Actualmente sabemos que farmacias y boticas no se dedican al proceso o elaboración de productos medicinales sino a expenderlos, sin embargo sin distinción y de forma continua les requieren de la última edición de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos oficiales invocando el artículo 258 de la Ley General de Salud y su sanción, lo que a todas luces es injusto e inequitativo, por lo que proponemos establecer con claridad la norma jurídica el sujeto al que va dirigido la obligación de contar con la licencia sanitaria la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y los suplementos y en virtud de lo anterior señalamos lo siguiente:

El Presidente Plutarco Elías Calles, desde 1928 promulgó la farmacopea nacional con carácter obligatorio en todo el país, con lo que se dio un paso definitivo para lograr la unificación de las farmacias en toda la Nación y cuya función es establecer legalmente los métodos generales de análisis, así como los requisitos de los fármacos y demás sustancias medicinales además de ser un instrumento de apoyo a las acciones de regulación sanitaria en el área de medicamentos.

Esta obligación se estableció en el Código Sanitario en ese tiempo vigente y se conservó hasta las reformas de 1973, en donde se considera, en el artículo 268, que los establecimientos a que se refiere el artículo 261, deberán poseer y utilizar la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos oficiales que expide la Secretaría de Salubridad y Asistencia, lo cual incluye a las farmacias y boticas, es decir se generalizaba el uso de la farmacopea.

Al entrar en vigor la Ley General de Salud de 1984, se conservó la redacción en el artículo 258: "los establecimientos a que se refiere el artículo anterior, deberán contar con la licencia sanitaria correspondiente expedida por la Secretaría de Salubridad y Asistencia y poseer y utilizar la última edición de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos y sus suplementos oficiales elaborados por la propia Secretaría".

En julio de 97, se publicó el primer suplemento para farmacias, droguerías, boticas y almacenes de depósito y distribución de medicamentos, cuyo objetivo fundamental es proveer la información necesaria para la comercialización, manejo, conservación, preparación y distribución de medicamentos, así como coadyuvar al establecer un proceso de comunicación profesional entre los miembros del equipo de salud y los empleados, encargados y propietarios de los establecimientos mencionados.

Lo anterior obedeció a las reformas a la Ley General de Salud, publicadas en mayo de 1997 entre las que figura la que se realizó en el artículo 258. Se estipula en dicho artículo que las farmacias y boticas, por el hecho de suministrar o expender estupefacientes, sicotrópicos, vacunas toxoides, sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados que están contenidas en la fracción I del artículo 198 de la Ley General de Salud, tienen que cumplir no solamente con tener licencia sanitaria, sino también se les obliga a contar con la farmacopea nacional de los Estados Unidos Mexicanos, así como los suplementos de la misma.

La farmacopea es ahora el instituto legal instituido por la Ley General de Salud en México, donde se establecen los métodos generales de análisis y los requisitos sobre la identidad, pureza y calidad que garantice que los fármacos activos, medicamentos y productos biológicos, vacunas y hemoderivados para que sean eficientes y seguros de acuerdo a las características propias. Su propósito es apoyar las acciones de regulación sanitaria en el área de medicamentos.

Se establece en él los métodos generales de análisis y los requisitos sobre identidad, pureza y calidad que garantice que los fármacos, aditivos, medicamentos y productos biológicos sean eficaces y seguros, de acuerdo a las características propias en este país para que se expidan y que sea reconocida por la autoridad sanitaria competente.

Esto indica que cuando se expiden y suministran medicamentos ya elaborados y envasados, como es el caso de la mayoría de las boticas y farmacias, aun cuando expendan lo contenido en la fracción I del artículo 198, si como trópicos, estupefacientes, vacunas, es obsoleto que se exija poseer la farmacopea nacional.

Todo lo anterior nos impulsa a los suscritos diputados a proponer ante el Pleno de esta Soberanía, las reformas que en una interpretación integral y vertical, a continuación detallo:

Primero: Se reforma el primer párrafo del artículo 258 de la Ley General de Salud, que señala que los establecimientos a que se refieren las fracciones: I, II, IV y XI del artículo 257 y los relativos a las demás fracciones cuando utilicen o suministren los productos señalados en la fracción I del artículo 198 de esta ley, para incorporarle que todos los que participen en el proceso obtención, elaboración, fabricación, preparación, mezclado, conservación, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o suministro de estos medicamentos que contengan estupefacientes, sicotrópicos, vacunas, toxóides, sueros y antitoxinas de origen animal y hemoderivados, sean ahora los que deban solicitar licencia sanitaria.

Esto así ha funcionado pero lo estamos enfatizando.

Segundo: Se agregue en un segundo en donde se establece quienes deben cubrir el requisito de poseer y utilizar la farmacopea nacional en los Estados Unidos Mexicanos, teniendo la responsabilidad los establecimientos a los que se refiere la fracción I; II, IV, IX y las demás del artículo 257 cuando se dediquen a la obtención, elaboración, fabricación, mezclado, envasado, manipulación y acondicionamiento de los productos señalados en la fracción I del artículo 198. No así los que únicamente se dediquen al transporte, distribución, almacenado, expendio o suministro.

Tercero: Se modifique el segundo párrafo, quedando como tercero, en donde se indica que los establecimientos diversos a los comprendidos en el primer párrafo, únicamente deberán presentar aviso de funcionamiento ante la Secretaría de Salud. Y los diversos a los contemplados en el segundo párrafo, únicamente deberán contar con los suplementos de la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la venta y suministro de medicamentos.

Como lo establecimos con anterioridad, la finalidad de la Ley General de Salud es la de brindar salud con calidad, eficiencia y seguridad, que conlleve al espíritu del postulado constitucional.

Por lo anterior expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71, fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 258 de la Ley General de Salud.

Solicito atentamente a la presidencia sea transcrito el texto original íntegramente en el libro de los debates y en la Gaceta Parlamentaria y se turne para su dictamen a la Comisión de Salud.

Muchísimas gracias.

-PRESIDENTE: Gracias diputado.

Insertese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Victor Emanuel Díaz Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de ley sobre los derechos de los migrantes. Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Señor presidente, de la manera más atenta le suplico dé la instrucción a quien corresponda para que se inserte esta iniciativa, en su totalidad, en el Diario de los Debates, así como en la Gaceta Parlamentaria y, si se me permite, iré directamente a hacer esta exposición de motivos, aspirando a que mis compañeros y compañeras legisladoras puedan tener la atención en unos minutos.

Miren ustedes, compañeros, México es un país eminentemente migrante, pero no cuenta con una legislación al respecto. Hemos escuchado en esta tribuna a grandes parlamentarios de otras legislaturas y de ésta misma, en donde han venido a verter sus comentarios al respecto.

Yo recuerdo últimamente las participaciones del diputado Navarrete, del diputado César Acosta, en donde han venido ellos, de manera recurrente, a defender los derechos de los seres humanos en diferentes países.

Yo pregunto a ustedes cómo podemos aspirar a que sean respetados estos derechos de nuestros connacionales en otros países cuando nosotros mismos, en la frontera sur, no lo hacemos con nuestros hermanos de Centroamérica. Cuando nosotros mismos no lo hacemos con nuestros connacionales dentro de nuestro país.

Habría que pensar si las propuestas que se han hecho aquí, si el esfuerzo de cada uno de esos legisladores ha valido la pena. O se queda, como muchos otros temas, en el vacío y en el olvido de las comisiones.

Reuniones bilaterales hemos tenido muchas, de éste y de otros tiempos, en donde de manera recurrente se dice que el tema principal va a ser el de la migración, y de esa manera, así de recurrente, nos encontramos que no hemos podido hacer una negociación que permita el tránsito de los migrantes por nuestro país, por los otros países, con la certidumbre y con la seguridad de que su integridad física estará resguardada.

La frontera sur, si se me permite tomar esta expresión, debe ser una vergüenza para todos los mexicanos. Cómo es posible que de manera cotidiana se violentan los derechos humanos de los compañeros del sur y también de los mexicanos, pero no sólo en los estados fronterizos, en la misma ciudad de México, se hace también en el centro y en el norte del país.

Aquí tenemos ahora la oportunidad de plasmar, dentro de nuestra carta magna, este articulado que cuando menos dé la esperanza a las personas que por necesidad económica tienen que buscar un mejor horizonte o tienen ellos la esperanza de encontrar un mejor trabajo y que esto permita darle a su familia un bienestar, cuando menos mínimo.

En México se dice, cuando menos en el contexto internacional, que no siempre se respetan los derechos humanos y en eso quiero decirles que casi lo puedo firmar. No hace mucho que el Instituto de Migración confundió a unos chiapanecos con centroamericanos que, a pesar de que habían mostrado sus identificaciones, para ellos esas no eran válidas y estuvieron detenidos más de 15 días.

No hubo ningún representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se presentar a verificar la calidad migratoria de estas personas.

Esta iniciativa aspira a que los migrantes tengan la posibilidad de encontrar siempre el respeto a su integridad física, el respeto a su trabajo y en igualdad de circunstancias puedan desarrollarse siempre y cuando su trabajo sea legítimo. Eso mismo lo marca nuestra Constitución.

Por su atención, por su paciencia y espero haber logrado el objetivo de esta iniciativa y que no se quede como otras durmiendo el sueño de los justos en alguna comisión, pronto se pueda dictaminar en este pleno.

Muchísimas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y Relaciones Exteriores.

La iniciativa de la diputada Mónica Serrano Peña, del Partido Acción Nacional, que reforma la fracción I y el último párrafo de los artículos 208 del Código Fiscal de la Federación, se pospone para la siguiente sesión.

Tiene el uso de la palabra el diputado David Rodríguez Torres, del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma el artículo 6º., de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.

- EL C. DIP. DAVID RODRÍGUEZ TORRES: Con el permiso de la Presidencia; Secretarios y Secretaria de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión; compañeras y compañeros diputados:

"Presento iniciativa que pretende reformar el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, para que exista la obligatoriedad en la fracción IV de que la Junta Directiva de la Lotería Nacional imprima en todos los boletos que emite por los sorteos, la fotografía y los datos generales de niños, mujeres y adultos extraviados, desaparecidos o raptados.

"Solicito a la Presidencia que por la brevedad del tiempo se incluya en forma íntegra el texto del documento en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria.

"Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6. de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, conforme a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"El Estado debe velar y garantizar la seguridad de toda la ciudadanía para lograr el establecimiento del orden y la paz social a la que todos aspiramos. Dentro de esta visión, es de particular importancia la integridad física y la seguridad emocional de nuestras familias mexicanas.

"En este contexto es preciso señalar que el Estado atienda al grave problema social que enfrenta con la privación ilegal de libertad, rapto y secuestro, y en la responsabilidad de atender en forma preventiva y el aspecto punitivo la incidencia de estos delitos, así como la cooperación y coordinación con el resto de los sectores públicos y privados.

"Es evidente que estos delitos resultan ser un agrave amenaza para la sociedad, particularmente para la familia que es víctima de este tipo de crímenes.

"Es alarmante que alrededor de 130 mil niños mexicanos han sido reportados como desaparecidos desde 1996 a la fecha. No todos ellos fueron de nuevo localizados, el destino de algunos pudo ser la pornografía, el tráfico de órganos o en el mejor de los casos la adopción presuntamente ilegal.

"De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal desaparece en la capital de la República un menor cada hora y una mujer cada tres horas, no todas vuelven a ser localizadas. El secuestro y privación ilegal de la libertad a menores y a mujeres se ha convertido en un problema de seguridad nacional y que se agrava día a día. Al respecto existen organismos de la sociedad civil, como padres de familia, que afirman que en México cada año desaparecen aproximadamente 20 mil niños. Insisto, no todos vuelven a ser localizados.

"Hemos comprobado que existe interés de la ciudadanía por participar en las acciones que desde el sector público se extienden a la comunidad en general. Esto se puede percibir en muchos hechos y ejemplo palpable es la creación de organismos no gubernamentales que han dado apoyo a las autoridades para la localización de las víctimas o el rescate de las mismas.

"En la mayoría de los casos estas ausencias son involuntarias y siempre están plagadas por la violencia al ser este el medio de sustraer a las víctimas del seno familiar, dejando a sus seres queridos en una total frustración, puesto que no saben si les van a pedir dinero por la libertad de su familiar o si será sujeto al sacrificio para el tráfico de órganos o si será prostituída o prostituído o si lo utilizarán para el tráfico de drogas o si será lastimado física o moralmente.

"Desafortunadamente nadie está exento de pasar por una situación de este tipo en nuestro país. Sabemos que la solución estaría por supuesto en la prevención del delito y en la eficacia de las autoridades en materia de seguridad pública, pero lo cierto es que debemos solidarizarnos y encontrar soluciones que aporten mayores elementos y mayores esperanzas a quienes han sufrido la pérdida de un ser querido en estas circunstancias. En ese sentido cualquier tipo de difusión de fotografías y datos en general de niños, mujeres, adolescentes y adultos extraviados, perdidos o raptados, puede ser determinante en la investigación del destino de los mismos, por lo que mientras más medios de difusión se utilicen mayor oportunidad habrá de encontrarlos.

"Así, por ejemplo, el juego de azar por excelencia, o sea la lotería, es uno de los más jugados en nuestro país. Los sorteos que realiza la Lotería Nacional para la Asistencia Pública tienen un enorme impacto popular. Abundando en lo anterior, como dato interesante, actualmente se realizan dos tipos de sorteo: el ordinario y zodiaco, dentro de los cuales encontramos el sorteo mayor, superior, magno y especial. Es la junta directiva quien determina el número de series y fracciones en cada sorteo, de igual manera es la misma junta quien determina el motivo que llevará impreso el billete en cada sorteo, es decir, los paisajes, personajes, centros turísticos, etcétera, que llevan impresos los billetes.

"Esta iniciativa pretende impulsar la colaboración ciudadana en la búsqueda de personas extraviadas o raptadas, como un conducto para coadyuvar con las distintas Procuradurías de Justicia, así como con los familiares de personas desaparecidas para conocer el destino de las mismas y tratar de terminar con el suplicio y martirio de algunas de las familias que viven esta pesadilla.

"En tal virtud, se propone reformar el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para que dentro de las facultades que le corresponde a la junta directiva se estipule expresamente como una característica obligatoria que en los billetes de cada sorteo se publiquen los datos y fotografías de personas desaparecidas que les reporten las Procuradurías de Justicia de los estados, procurando una rotación en las mismas, para evitar la centralización en este apoyo.

"No podemos dejar pasar por alto el sufrimiento enorme de cientos de familias que día a día despiertan, deseando que la pérdida o secuestro de un ser querido haya sido solo una pesadilla. No podemos pasar por alto la angustia de una madre, de un padre o un esposo por saber si ese ser amado está bien, si aún vive o si volverá a ser el mismo cuando regrese a casa, si es que regresa.

"No podemos olvidar hoy por hoy compañeros legisladores, que podemos dar un paso más en la solución de este lamentable problema que aqueja a nuestra sociedad y que es una penosa realidad.

"Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía, por conducto de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente decreto por el que se reforma el artículo 6º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

"Artículo Único.- Se reforma la fracción IV del artículo 6º de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, para quedar como sigue:

"Artículo 6º.- Corresponde a la Junta Directiva: Fracción IV.- Aprobar las bases para la realización de las distintas clases de sorteos, estableciendo en las mismas como característica obligatoria, que en los billetes de cada sorteo se publicarán los datos y fotografías de personas desaparecidas, que mediante lista le reporten las Procuradurías de Justicia de los Estados, garantizando que las mismas serán publicadas en forma rotativa.

"Transitorios.

"Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

"Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto.

"Atentamente. Firman diputados federales del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México".

Muchas gracias.

-PRESIDENTE, DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Dictámenes de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación.

En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes a discusión.

Los siguientes puntos del orden del día son la segunda lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la señora Martha Sahagun de Fox, para aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos extranjeros.
Le ruego a la Secretaría dar lectura a los dictámenes.

-SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Oficios de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, relativo

a los CC. Vicente Fox Quesada y Martha Sahagun de Fox)

LA C PRESIDENTA. Gracias ciudadano Secretario.

En virtud de que en el Orden del Día se encuentran otros dictámenes vinculados a la aceptación y permisos para poder recibir condecoraciones que confieren los Gobiernos extranjeros, quisiera rogarle a la Secretaría, dé lectura a los mismos para, en su caso, someterlos a discusión de uno por uno pero reservarnos la votación en conjunto.

Le ruego entonces pueda dar lectura a los relativos a las condecoraciones vinculadas con el Diputado Gustavo Carvajal Moreno y con el Senador Jorge Zermeño Infante.

-EL C. SECRETARIO DIPUTADO

(Oficio de la Secretaría de Gobernación solicitando permiso

Constitucional para que el C. Gustavo Carvajal Moreno pueda

Aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Rio Branco en

Grado de Comendador conferido por el Gobierno de Brasil)

-LA C PRESIDENTA. Favor de dar lectura al Dictamen vinculado con el Senador Jorge Zermeño.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(Expediente relativo a la solicitud de permiso del C.

Senador Jorge Zermeño Infante para aceptar y usar la

Condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul

En Grado de Gran Oficial conferido por el Gobierno de la

República del Brasil).

-LA C. PRESIDENTA. Muchas gracias Diputado.

Vamos a proceder de la siguiente manera; vamos a someter a discusión cada uno de los proyectos de Decreto de referencia y posteriormente lo someteremos a votación de conjunto.

Le ruego a la Secretaría ponga a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República Francesa y que concede al Ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de Collar conferida por el Gobierno del Reino de España)

-LA C. PRESIDENTA. Se abre a discusión. Se pregunta si hay registro de oradores en pro o en contra. ¿Si, diputado Infante?

-EL C DIPUTADO ROBERTO INFANTE GONZALEZ (desde su curul):- Presidenta, una aclaración; está señalando usted que se discutirán en lo individual y se votarán en conjunto. Me parece Presidenta delicado que..

-LA C. PRESIDENTA. Podemos votarlo en lo individual.

-EL C. DIPUTADO ROBERTO INFANTE GONZALEZ (desde su curul): en lo individual Presidenta porque la señora Fox no tiene ninguna representación, que sí tiene el señor Presidente de la República y los señores Legisladores.

-LA C. PRESIDENTA. Podemos votarlo en lo individual si así nos lo solicita algún compañero.

Entonces se somete a discusión el primer Proyecto de Decreto que es el relativo a las Condecoraciones para el Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de la Legión de Honor en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno de la República Francesa, en su Artículo 1º y en su Artículo 2º se concede permiso al ciudadano Licenciado Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica en grado de

Collar que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Se consulta si hay oradores. NO habiendo oradores, le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido.

- EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: En votación económica se consulta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto que concede permiso al licenciado Vicente Fox para usar las condecoraciones referidas.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

Mayoría por la afirmativa. Suficientemente discutido.

- LA C. PRESIDENTA: En consecuencia, se somete a votación el proyecto de decreto, por lo que se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación del proyecto de decreto referido.

( V O T A C I O N )

Se emitieron 332 votos en pro; 44en contra; 32 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 332 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se va a proceder a recoger la votación sobre el proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana, señora Martha Sahagún de Fox, para aceptar y usar la condecoración de la orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del reino de España.

Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación de lo proyecto de decreto.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para tomar la votación del proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana, señora Martha Sahagún de Fox para usar la condecoración de la orden de Isabel la Católica en grado de Gran Cruz que le confiere el Gobierno del Reino de España.

( V O T A C I O N )

Se emitieron 256 votos en pro; 123 en contra; 27 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado el proyecto de decreto por 256 votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Vamos a someter a votación el proyecto de decreto que autoriza al senador Jorge Zermeño Infante, para aceptar y usar la condecoración que le otorga el Gobierno de la República Federativa de Brasil y es la relativa a la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial.

Quiero rogarle a la Secretaría consulte a la Asamblea si autoriza que esta votación se recoja en conjunto, dado que son dos legisladores… (protestas de la Asamblea).

Proceda la Secretaría a votarla individualmente. Se va a votar en primer término la condecoración que se otorga al senador Jorge Zermeño Infante para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Oficial que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la votación del proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano senador Jorge Zermeño Infante para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul en grado de Gran Oficial que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

( V O T A C I O N )

Se emitieron 379 votos en pro; cero en contra; 10 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado por 379 votos el proyecto de decreto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se solicita a la Secretaría someta a votación el proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano diputado Gustavo Carvajal Moreno para aceptar y usar la condecoración de la orden de Río Branco en grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

- EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para tomar la votación del proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano diputado Gustavo Carvajal Moreno para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Río Branco en grado de Comendador que le confiere el Gobierno de la República Federativa de Brasil.

( V O T A C I O N )

Se emitieron 294votos en pro; 81 en contra; 21 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Aprobado el proyecto de decreto por 294 votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto de la orden del día es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia…

...- LA .C. SECRETARIA: ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, se le consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, los ciudadanos diputados por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación )

LA C. SECRETARIA: Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el ciudadano diputado Jorge Alejandro Chávez Presa, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

EL C. DIP. JORGE ALEJANDRO CHAVEZ PRESA. Con el permiso de la Mesa Directiva:

Muy buenas tardes, compañeras y compañeras legisladores.

Es un privilegio hacer uso de esta tribuna, para poner a consideración de esta Honorable Asamblea la Reforma Estructural al Servicio de Administración Tributaria, que hemos construido en la Cámara de Diputados.

Las reformas a la ley de Servicio de Administración Tributaria, se orientan principalmente a corregir uno de los problemas más graves que padece la recaudación de impuestos del Estado Mexicano, la evasión del pago de las contribuciones y la elusión fiscal. Con esta reforma la Cámara de Diputados da un paso más para la construcción de una auténtica reforma integral a las finanzas y la hacienda pública.

Vamos contra la corrupción y el influyentismo, vamos contra la ineficacia y vamos por la transparencia para la rendición de cuentas en la recaudación de las contribuciones para cubrir las responsabilidades del Estado. Con la reforma se inicia la transformación del SAT, en un órgano especializado para recaudar eficientemente y a su vez que respete las garantías de los contribuyentes y con ello contribuya a simplificarles los costos y así tener un mejor cumplimiento.

De ser aprobado el dictamen por el pleno quedará en ley la obligación de generar la información necesaria para una evaluación constante y permanente de las acciones de recaudación y fiscalización. También es una reforma con una visión innovadora para impulsar un federalismo transparente y corresponsable.

La eficacia del Servicio de Administración Tributaria ha dejado mucho que desear; los niveles de evasión y elusión fiscales son alarmantes. Estudios señalan que la evasión de los principales impuestos federales alcanza los 300 mil millones de pesos, es decir una cantidad equivalente a 5 puntos del Producto Interno Bruto o a la quinta parte del Presupuesto que está sometiendo a nuestra consideración el Ejecutivo Federal. Estos son recursos que le pertenecen a la sociedad para mejorar la educación, la salud, expandir la infraestructura básica, abatir la pobreza y que injustamente quedan en manos de los evasores. Un aumento de la eficiencia y la eficacia de la Administración Tributaria es indispensable antes de hablar del aumento de impuestos o de inventar nuevos tributos.

Durante varios meses la Comisión de Hacienda y Crédito Público trabajó con gran dedicación, pues la iniciativa del Ejecutivo Federal resultaba a todas luces insuficiente y además escogía el camino equivocado: encargarle al SAT la política tributaria y promover que el cobro de multas se utilizara para pago de bonos y el equipamiento del SAT.

Dada la debilidad y lo erróneo de la iniciativa del Ejecutivo Federal, los grupos parlamentarios presentaron iniciativas de reforma muy superiores, pues se orientaron al problema básico: la evasión y la falta de transparencia. De esta forma, el dictamen que nos ocupa abarca también a estas iniciativas que con las aportaciones valiosas de todos los grupos parlamentarios, conforman esta aportación trascendental de la Cámara de Diputados.

Es importante destacar que los trabajos de la comisión pudieron conducirse con un enroque siempre propositivo y constructivo por los principios acordados. Se acordó el principio de seguridad jurídica al contribuyente; el principio de seguridad jurídica a la recaudación; el principio de disminuir los costos de recaudación y el principio de reducir los costos para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

De la iniciativa del Ejecutivo Federal sólo se dictaminó favorablemente que el SAT sea responsable por un daño a los contribuyentes derivado de su labor, sin embargo, de manera categórica y por unanimidad se rechazó que a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se le quitara la facultad y responsabilidad exclusiva del diseño e implantación de la política tributaria.

Dentro de las principales aportaciones que hace la Cámara de Diputados a esta reforma cabe destacar lo siguiente:

En primer lugar se precisa el mandato al Servicio de Administración Tributaria. Ahora queda en ley que el SAT debe aplicar la legislación tributaria y aduanera con el fin de que las personas contribuyan de manera proporcional y equitativa al gasto público; fiscalizar a los contribuyentes; facilitar el pago voluntario de contribuciones y generar la información necesaria para el diseño y le evaluación de la política tributaria. Asimismo, el SAT tiene el mandato de implantar programas para reducir cada año su costo de operación por peso recaudado y los costos por trámites a los contribuyentes.

Ahora queda explícito en la ley que el SAT es el responsable de la política de Administración Tributaria y Aduanera y de contribuir con datos oportunos, ciertos y verificables, al diseño de la política tributaria. Ya no habrá más Presidente del SAT ni uno que ocupe dos puestos simultáneamente, en su lugar habrá el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con el objeto de resaltar su carácter técnico. Se especifican nuevos requisitos que debe cumplir el nombramiento de este servidor público. Se establecen también las condiciones para su remoción, la cual debe aprobar la Junta de Gobierno.

Como un avance en mejores prácticas de gobierno institucional, propusimos un cambio integral en la conformación de la Junta de Gobierno; ahora los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria no podrán ser juez y parte, ya que los miembros de la Junta serán el Secretario y funcionarios superiores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

También incluimos la figura de Consejero independiente. Ahora, se reconoce por ley a las entidades federativas su carácter de socio en la recaudación, por lo que dos consejeros serán designados por la Comisión Permanente de funcionarios fiscales de entre los Secretarios de Finanzas de las Entidades Federativas, de esta manera, se da mayor certeza a las cifras relativas a las participaciones federales.

Para avanzar en la eficiencia y la eficacia de la Administración Tributaria, la Junta de Gobierno aprobará cada año un programa de mejora continua y establecerá y vigilará que las metas relativas al aumento de la recaudación, la disminución de los costos de operación y la disminución de los costos para el contribuyente en tiempo y en dinero, sean una realidad.

También estudiará las propuestas respecto sobre los servidores públicos del SAT y propondrá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los cambios pertinentes a la legislación para una mejora continua a la Administración Tributaria.

Se establecen los aspectos que deben contener los Programas de Mejora Continua. De aprobarse esta reforma, el Sistema de Administración Tributaria debe establecer un sistema que permita evaluar su eficiencia para avanzar en la transparencia, en la lucha contra la corrupción queda establecido que los principales servidores públicos del SAT no podrán atender de manera personalizada a contribuyentes o sus representantes respecto de asuntos particulares en trámite ante ese órgano.

Se le otorgan facultades al SAT para que pueda, de manera transparente, condonar créditos fiscales de baja cuantía y que no sienten un precedente.

Incluimos también un nuevo título denominado De la Información, la Transparencia y la Evaluación de la Eficiencia Recaudatoria y de Fiscalización.

Los informes que debe rendir son para rendir cuentas sobre la recaudación federal, con la desagregación que establece la Ley de Ingresos, el origen petrolero y no petrolero de los ingresos, la explicación de las variaciones en los ingresos obtenidos respecto del programa; los saldos de los créditos fiscales, por mencionar algunos.

Destaca también la obligación de presentar junto con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal, el presupuesto de gastos fiscales, el cual cuantifica lo que la Federación deja de recaudar por concepto de regímenes especiales, exenciones, tasas diferenciadas, estímulos fiscales, deducciones y diferimientos que alcanzan alrededor de cuatro puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, es decir, cerca de 240 mil millones de pesos anuales.

Como avance fundamental en el respeto al federalismo y en la transparencia fiscal, se debe incluir en los informes el total de la recaudación federal participable y la integración de los fondos que se distribuyen a las entidades federativas y municipios vía las participaciones.

Por último, es necesario hacer una precisión a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo séptimo que debe decir: "Las entidades federativas y los municipios participarán en una tercera parte, cada uno, del total de las obras aceptadas".

Con estas reformas, damos una muestra clara del trabajo legislativo en comisiones. La propuesta del Ejecutivo Federal era débil; sin embargo, nos dimos a la tarea para avanzar en una auténtica reforma integral a las finanzas y la hacienda pública a través del Servicio de Administración Tributaria, la cual ponemos a consideración de ustedes.

A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, expreso el reconocimiento a cada uno de los legisladores de los distintos grupos parlamentarios que participaron en el grupo de trabajo y que hicieron posible una reforma más completa y más sólida.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Muchas gracias, ciudadano diputado.

En consecuencia está a discusión en lo general.

Se han registrado para fijar la posición de sus grupos parlamentarios los siguientes ciudadanos diputados:

Por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el diputado Víctor Antonio García Dávila;

Por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el diputado Francisco Agundis Arias;

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.

Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Julián Hernández Santillán,

Y por el grupo parlamentario del PRI, el diputado Juan Manuel Carreras López.

Tiene la palabra el diputado Víctor Antonio García Dávila del PT hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. Uno de los más graves problemas que por años han enfrentado las finanzas públicas nacionales, está siempre referido a la escasez y falta de recursos suficientes para afrontar el gasto público.

En este contexto el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha denunciado, una y otra vez, las ineficiencias del Sistema Tributario Mexicano, y en muchos casos la falta de voluntad política, para que las autoridades fiscales federales ataquen frontalmente los altos niveles de evasión y elusión fiscal que practican, al amparo de los vacíos de las leyes que en materia muchos contribuyentes, ya sean éstos personas físicas o personas morales, que se convierten en personas inmorales.

Lo que hasta hoy ha vuelto inequitativo el cobro de impuestos, la carencia de una administración tributaria, profesional, eficaz y eficiente, ha incidido en que los niveles de evasión fiscal, signifiquen aproximadamente porcentajes del 35 y 40% de los impuestos sobre la renta y valor agregado respectivamente.

Aunado a la ineficiencia y a su alto costo, la administración tributaria con la cual contamos es realmente centralista y ha significado el paulatino empobrecimiento de las haciendas estatales y municipales, cuyos presupuestos dependen en gran medida de los ingresos que por participaciones reciben de la federación, sin que exista certidumbre de lo realmente recaudado.

Sabemos que los problemas que enfrenta la administración tributaria son de carácter estructural, siendo uno de ellos la falta de un marco normativo, que al mismo tiempo que le de certeza jurídica a los contribuyentes, permita así si entrar y transparentar las relaciones entre los contribuyentes y la autoridad fiscal.

Hoy, la iniciativa de decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria, puede ser el punto de partida para lograr revertir la evasión fiscal, elevar los niveles de recaudación y con ello obtener más recursos para el financiamiento del gasto público, una sana administración tributaria requiere un adecuado marco normativo, que asegure la aplicación correcta, equitativa y oportuna de la legislación fiscal, para determinar, formular liquidaciones y recaudar los diversos impuestos, contribuciones, derechos, productos, aprovechamientos federales y sus accesorios, así como para fomentar el cumplimiento voluntario por parte de los contribuyentes de sus obligaciones fiscales a las que esté sujeto.

Con las reformas y adiciones propuestas, se busca elevar la eficiencia de la administración tributaria, asimismo la iniciativa en comento establece como una función sustantiva de la administración, el contar con un sistema de información sobre el compor5tamiento de la recaudación y fiscalización, con lo cual se brinda mayor transparencia de los resultados de dichas actividades y permitirá, establecer parámetros para evaluar oportunamente la vialidad de la política tributaria.

El que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenga establecido por ley el dar a conocer periódicamente los niveles de recaudación, creemos es uno de los aspectos positivos que contiene el decreto, ya que permitirá a las entidades federativas conocer efectivamente el monto de la recaudación participable, con lo cual éstas conocerán definitivamente y efectivamente los montos a recibir por concepto de participaciones federales.

En general, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera que el decreto que aprobaremos es una muestra más del compromiso de los diputados de todos los partidos políticos representados en esta Cámara, por dotar al Ejecutivo de instrumentos que le permitan cumplir con sus objetos de gobierno.

Sin embargo, consideramos que en materia fiscal, aun queda mucho por hacer, México requiere de un sistema impositivo justo y equitativo, y de un nuevo federalismo fiscal, que traslade a las entidades federativas mayores atribuciones para la administración, control y recaudación de impuestos federales.

Por las consideraciones antes señaladas, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del decreto que presenta la Comisión de Hacienda.

Es cuanto.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado García Dávila.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS.- Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

El Servicio de Administración Tributaria de nuestro país, como auditoría fiscal, tiene como objetivo fundamental implementar los mecanismos necesarios que hagan posible el financiamiento del gasto público. Para ello, se requiere además de la aplicación correcta de la legislación fiscal y aduanera, una verdadera eficiencia en la administración tributaria.

Esta última condición está muy lejos de cumplirse en nuestro país, pues actualmente por cada dos pesos que deberían ingresar a las arcas públicas, el Servicio de Administración Tributaria sólo recauda poco más de un peso.

Con ello casi el 50% del potencial recaudatorio de México se pierde en evasión, elusión, fraude y otro tipo de incumplimientos tributarios; además resulta preocupante que a pesar de que México cuenta con una estructura tributaria capaz de recaudar alrededor del 18% del Producto Interno Bruto, actualmente nuestro gobierno sólo recauda poco más de 11%.

Esto resulta un asunto prioritario para la Nación: cambiar los esquemas legislativos y administrativos, a fin de aumentar la efectividad del Sistema de Administración Tributaria, de tal forma que se logre igualar los estándares de países similares al nuestro.

En este contexto adquiere especial relevancia el presente dictamen, ya que es un paso para avanzar hacia la modernización de la Administración Tributaria y resulta fundamental en virtud de que todo aquel esfuerzo encaminado a proporcionar al Sistema de Administración Tributaria herramienta para el mayor y mejor cobro de las contribuciones. Esto resulta apremiante ante un entorno en donde los recursos públicos no son suficientes para satisfacer las necesidades mínimas de los ciudadanos de nuestro país.

Si bien este dictamen representa un avance hacia el fortalecimiento tributario, es necesario resaltar que la importancia de dotar a las autoridades tributarias de mayores elementos, de fiscalización y de transparencia, no debe significar el abuso de dichos instrumentos en perjuicio de aquellos contribuyentes cautivos que no cuentan con los recursos necesarios para entablar juicios y medios de defensa ante el abuso de la autoridad.

Finalmente, la profesionalización de los servicios públicos del Sistema Tributario, es un asunto de gran relevancia. En este dictamen los legisladores de nuestro grupo parlamentario aplaudimos las medidas que ahí se tomaron.

Por lo anterior, los legisladores de mi grupo parlamentario, nos manifestamos a favor del presente dictamen y reiteramos nuestro compromiso hacia el fortalecimiento de las finanzas públicas.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado Agundis Arias.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado José Antonio Magallanes Rodríguez.

.-DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso diputado presidente; compañeras y compañeros diputados:

El 18 de julio del año 2001 el Partido de la Revolución Democrática, presentó una iniciativa de mejora al Sistema de Administración Tributaria.

Nuestro coordinador Martí Batres Guadarrama, ya lo decía hace más de un año con mucha precisión: Necesitamos dotar de claridad y transparencia de la información relativa que da el SAT a través de Hacienda a la Cámara de Diputados, en relación a las participaciones a estados y municipios.

El Partido de la Revolución Democrática desde julio del 2001, planteaba la necesidad de darle mayor autonomía al Sistema de Administración Tributaria, puesto que hasta estos momentos el ciudadano Presidente es o era el responsable de nombrar al responsable del Sistema.

Hoy en esta iniciativa en comento, se le está quitando atribuciones al Presidente y naturalmente se le da facultades para que nombre pero que ratifique el Senado de la República.

La propuesta del Partido de la Revolución Democrática desde hace más de un año, hablaba de cómo encontrar la forma de eficientar la Administración Tributaria a través de lo que hoy se conoce como el Servicio Civil de Carrera, que recoge la iniciativa. Esta propuesta del Partido también con mucha claridad y con mucha antelación, proponía el cómo evitar que este Sistema de Administración Tributaria fuera totalmente ineficaz e ineficiente, porque recordemos que nada más en el Informe de Resultados de la Cuenta Pública, nos arroja Hacienda cantidades impensables.

El actual Sistema de Administración Tributaria es capaz de perder créditos fiscales ante los tribunales, por más de 75 mil millones de pesos. El actual Sistema de Administración Tributaria ha sido responsable e ineficaz, porque sigue perdiendo fiscales controvertidos; créditos fiscales controvertidos por más de 165 mil millones de pesos.

La capacidad recaudatoria que le estamos dando con estas modificaciones al Sistema de Administración Tributaria, si me permiten el término, le estamos dando "el remedio y el trapito" , Ya no tendrá ninguna excusa Hacienda, y particularmente el Sistema de Administración Tributaria, para no combatir la evasión, no combatir la elusión fiscal que en este país rebasa la cantidad de 300 mil millones de pesos.

En el caso de nuestro país naturalmente la evidencia empírica muestra que una de las mayores debilidades de nuestro sistema tributario radica precisamente en la forma en que éste es administrado.

El dictamen que se presenta modifica la composición del órgano de gobierno del SAT quien será presidido por el Secretario de Hacienda y tres consejeros designados por él; un consejero independiente designado por el Senado de la República y dos consejeros más, que se desempeñen como secretario de finanzas de las entidades federativas.

Aquí es una respuesta a la CONAGO; aquí es una respuesta a la nueva federalización de la participación de los estados en el Sistema de Administración Tributaria.

Se incorporan disposiciones tendientes a transparentar la información y a mejorar la rendición de cuentas estableciendo la obligación del Sistema de Administración Tributaria, para informar sobre la eficacia recaudatoria y su fiscalización. Para ello, se obliga al Sistema de Administración Tributaria, a presentar anualmente programas que establezcan metas específicas en materia de combate a la evasión y elusiones fiscales.

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, apoyará este dictamen en el espíritu de que es urgente mejorar la administración tributaria en el país, en el entendido de que aún falta mucho para hacer en este tema y de que es necesario continuar con el proceso.

Muchos de nosotros estamos convencidos de que el sistema fiscal mexicano, más que un problema de tasas enfrenta un problema de administración tributaria. La adopción de una administración tributaria eficiente, equitativa, moderna y competitiva debe garantizar la equidad en la distribución de la carga fiscal, fortalecer la competitividad del aparato productivo, reducir los costos de cumplimiento y garantizar la seguridad jurídica del contribuyente, ampliando los ingresos públicos para garantizar la plataforma que requiere un desarrollo sólido, dinámico e incluyente en la forma de una mayor inversión en educación, salud e infraestructura.

Compañeras y compañeros diputados: mi fracción parlamentaria apoyará la aprobación de este dictamen y también queremos ratificar una vez más el compromiso propositivo de este partido político en buscar más recursos, combatir la evasión, la elusión fiscal, que es uno de los grandes problemas tributarios y de las finanzas públicas del país. Es cuanto, ciudadano presidente.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Magallanes.

Tiene el uso de la palabra, hasta por 10 minutos, para fijar la posición de su grupo parlamentario, el diputado Julián Hernández Santillán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

EL C. DIPUTADO JULIAN HERNANDEZ SANTILLAN: Con el permiso de la directiva. La política fiscal debe tener siempre objetivos concretos, claros, precisos, que deben adecuarse a la situación económica que el Estado enfrente.

Debe tener como premisa ser eficiente en la recaudación y debe ser capaz de lograr captar recursos que tiendan a satisfacer el gasto público, distribuir equitativamente la riqueza, combatir la inflación y sobre todo debe promover el desarrollo económico del país.

Aunado a lo anterior se debe buscar que la actividad recaudadora del Estado, a través del servicio de administración tributaria, cumpla en el cobro de las contribuciones con los principios de simplicidad administrativa, flexibilidad, estabilidad, equidad y eficiencia.

El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional el día de hoy se pronuncia a favor del dictamen que se presenta, toda vez que éste ha sido resultado de una intensa labor de estudio y de múltiples reuniones de trabajo en comisiones y con instituciones de reconocido prestigio académico.

En Acción Nacional consideramos que es deber de todos luchar de frente contra la evasión y la elusión fiscal, que sin duda repercuten de manera significativa en el sistema recaudatorio del país.

Por ello consideramos importante modificar el objeto que tenía el SAT para adecuarlo a una realidad en la que la sociedad mexicana exige acciones importantes para transformar las leyes que tienen que ver directamente con la materia tributaria y que éstas cumplan con su función específica.

Es así como proponemos que se cambie el objeto del SAT con la finalidad de avanzar en la modernización administrativa tributaria, institucionalizando formalmente en su marco normativo la misión que tiene encomendada y los aspectos centrales de su responsabilidad. Es decir, aplicar la legislación fiscal y aduanera para que las personas contribuyan al gasto público, fiscalizar a los contribuyentes e incentivar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Asimismo, generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y evaluación de la política tributaria y reducir el gasto de operación del SAT. Todo ello sin que se otorguen facultades en materia de política de ingresos al SAT, facultad que sin duda es responsabilidad directa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Pues bien, estas grandes líneas de acción inciden directamente en múltiples artículos de la actual Ley del SAT que se pretende modificar y que Acción Nacional considera deben de ser aprobados, ya que con ellas contribuimos a eficientar el Sistema de Administración Tributaria en México.

En días pasados, la Universidad Nacional Autónoma de México, convocó a las fundaciones de diversos partidos políticos del Congreso de la Unión, para examinar conjuntamente los principios elementales necesarios para construir una nueva Hacienda Pública.

Dicha convocatoria tuvo como resultado la elaboración de un documento titulado: "Principios, Coincidencias y Convergencias Hacia una Política Hacendaria de Estado".

Y el jueves pasado votamos en este pleno un punto de acuerdo con la finalidad de que se convierta en legislación lo ahí planteado.

Dentro de este marco de referencia, Acción Nacional está consciente de los buenos propósitos que a través de la pluralidad ideológica se conjugan, ya que en el documento en cita, se propone concretamente revisar la legislación que regula la estructura y funcionamiento del Sistema de Administración tributaria, a fin de determinar las reformas que permitan conferirle mayor efectividad en su operación.

Con el dictamen que se presenta el día de hoy, no solo se cumple con esta conclusión, fruto de las coincidencias básicas que debemos tener, sino que nosotros como legisladores asumimos nuestro papel y con el trabajo que nos respalda de más de 17 meses de trabajo y de estudio que lo avalan, estamos seguros de que por lo que respecta a la administración tributaria, se da un importante avance y se traducen en ley los principios antes señalados.

Habrá, por ejemplo, cambios en la estructura del SAT donde se incluya la figura del Consejo Independiente, que contará con amplia experiencia en la administración tributaria y se incluirán dos representantes de las Secretarías de Finanzas Estatales ya que son, sin lugar a dudas, corresponsables activos y partícipes de la recaudación.

El titular del SAT ya no será más un presidente, sino un jefe del Servicio de Administración Tributaria y se establece con precisión que su titular no podrá desempeñar simultáneamente encargo o comisión dentro de la Administración Pública Federal u otros puestos análogos.

Será el SAT el órgano responsable de generar y suministrar los datos que alimenten al sistema informativo que será el sustento para diseñar y evaluar adecuadamente la política fiscal y sobre todo el responsable de elaborar con base a toda la información que se tenga, los informes sobre la materia que se rendirán a este Congreso, para que podamos tener la información precisa y así tomar las mejores decisiones por el bien del país.

Asimismo se incorpora un programa de mejora continua, así como el establecimiento de mecanismos y procesos que logren que haya comunicación entre las áreas operativas del SAT.

Para garantizar la transparencia y la autonomía del SAT, se prohibe a los funcionarios superiores, a los administradores locales y a los demás funcionarios de nivel jerárquico equivalente, tratar asuntos individuales directamente con los particulares y sus representantes, excepto cuando se denuncian hechos de corrupción y en los casos del Programa de Asistencia al Contribuyente, en que los particulares podrán presentar todo tipo de quejas y de recibir la orientación necesaria para realizar y concluir sus trámites.

Esta medida es sin duda un avance directo en la lucha contra la corrupción interna en las instituciones tributarias.

Si incorpora un nuevo título que será específicamente el de la información, la transparencia y la evaluación de la eficiencia recaudatoria y de fiscalización, con lo que sin lugar a dudas avanzamos y logramos que el SAT realmente cumpla con sus objetivos.

Es así como acción Nacional considera que se benefician con las reformas propuestas a todos los que intervienen en el proceso tributario, porque además se propone que los contribuyentes puedan ser resarcidos por el SAT por los daños y perjuicios de actos irresponsables que cometa el sistema en su contra.

Con lo anterior reforzamos la responsabilidad del Estado y que este tiene en el ejercicio de sus atribuciones.

Bien, compañeros, los anteriores elementos son solo algunos ejemplos de los avances que se logran en esta materia con la actual reforma, por lo que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, ya que resulta impostergable la necesidad de que el sistema de administración tributaria asegure su funcionamiento con principios claros y que cumpla con el objetivo de lograr una recaudación eficiente para un mejor desempeño de las finanzas públicas nacionales.

Muchas gracias.

(Aplausos)

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JAIME VÁZQUEZ CASTILLO (PRI): Gracias señor diputado Hernández Santillán.

Para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se concede la palabra hasta por diez minutos al diputado Doctor Juan Manuel Carreras López.

- EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros Diputados:

Acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI para fundamentar el voto y razonar el voto favorable al conjunto de reformas que se están presentando a la Ley del Sistema de Administración Tributaria.

Yo creo que tenemos que dejar claro en esta tribuna que esta es una reforma muy importante desde el punto de vista administrativo, no solamente porque introduce nuevas medidas para lo que vendría a ser la administración y sobre todo también la distribución del patrimonio artístico que se recibe en pago fiscal por el Estado mexicano, también por lo relativo a la información, transparencia, evaluación, de la tarea recaudatorio. Y también por la materia de evaluación de la eficiencia de la recaudación y fiscalización, además de la responsabilidad del propio órgano recaudador por los daños y perjuicios que pueda causar el personal que trabaja en dicha institución.

Asimismo me parece que merece un reconocimiento todo el grupo de trabajo que durante todo un año trabajó la iniciativa del Presidente de la República para, decirlo con toda claridad, mejorarla notablemente, es decir, el dictamen que se nos presenta el día de hoy no nada más es bueno desde el punto de vista administrativo por las funciones del SAT, sino que también es muy bueno por la labor de este legislativo que durante un año trabajó y transformó una iniciativa del Presidente de la República. Pero al mismo tiempo que reconocemos estos notables avances y la bondad de estas reformas y adiciones que se plantean el día de hoy a consideración de este pleno de esta Cámara, también tenemos que dejar claro que desde un punto de vista político, desde un punto de vista del federalismo hacendario representa solamente una etapa de un avance, el cual vamos a tener que seguir perfeccionando.

En el actual estado de cosas, del desarreglo fiscal que tenemos, tal como ha venido quedando manifiestamente notorio en los últimos días, pues tenemos una hacienda pública en donde los estados han cedido sus facultades tributarias a favor de la federación, donde con los recursos que recauda la federación los estados y municipios dependen en más de un 90 por ciento para subsistir. Y por otra parte tenemos que existe también un tercer elemento que es el monopolio de la recaudación por parte de la federación. Más del 85 por ciento de todos los recursos que se recaudan en el país lo hace el órgano que hoy nos ocupa en esta tribuna, que es el Sistema de Administración Tributaria.

Y en esta perspectiva tenemos que reconocer entonces que lo que se nos presenta el día de hoy es simplemente un paso que todavía faltan más pasos para dar. Tenemos que reconocer que el trabajo hacendario, que el reto que tiene esta Legislatura, que tenemos todos los mexicanos, es el de trabajar en tres frentes perfectamente establecidos que nos pudiera dar una nueva hacienda pública en el país:

El primero, el problema de tasas y la distribución de las mismas y de impuestos y la distribución de las mismas entre los estados y la federación.

La segunda, quién recauda. Es decir, con las reformas que establecemos el día de hoy de algún modo sigue persistiendo conforme el artículo 1º de la Ley del SAT, que no se toca en este dictamen, sigue prevaleciendo que la Federación es quien tiene este monopolio recaudador, con notorias mejorías en la materia de la Junta de Gobierno, dándole voz inclusive a la Junta de Gobierno, a los órganos de los estados, a las Secretarías de Finanzas de los Estados, pero también reconociendo que de algún modo todo el trabajo que se plantea en materia de eficiencia, en materia de información y en materia de poder generar una mejor fiscalización por todos los mexicanos, por este Poder Legislativo y por los propios estados sobre la tarea recaudatoria, pudiera quedar en su caso empeñada si es que no se resuelve de manera adecuada la parte política, es decir, no es una cuestión menor en nuestro país saber quién recauda y cómo lo está haciendo y cómo le da a cada nivel de gobierno lo que le corresponde.

Y para esto también vamos a necesitar entrar, una vez resuelto eso, a la tercera discusión, que va a tener que ser: Cómo le hacemos para transparentar el gasto público de los tres niveles de gobierno. Esa es la tarea pendiente.

El día de hoy reconocemos un notable avance por lo que se refiere a la mejoría administrativa del Sistema de Administración Tributaria, además medidas que me parece que son de avanzada en materia de información y de transparencia en la gestión pública. Pero tenemos que reconocer que desde el punto de vista político, desde el punto de vista del federalismo que está hoy por hoy en crisis, porque ya no se corresponde con la modernidad y la pluralidad democrática que tenemos en todo el país, vamos a tener que reconocerlo como un paso más de los muchos que nos faltan dar todavía para adelante.

Por eso el día de hoy a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, les quiero solicitar su voto favorable para este dictamen que presenta la Comisión de Hacienda. Es un conjunto de buenas medidas y también al mismo tiempo que estemos votando a favor, estemos comprometiéndonos con las nuevas tareas por venir.

Tenemos que profundizar en las nuevas tareas hacendarias, en los nuevos arreglos hacendarios. Tenemos que volver a establecer nuevas bases para una correcta distribución entre lo que vendrían a ser los impuestos y los recursos públicos entre los estados y la Federación.

Tenemos que establecer una vez hecho eso, una nueva manera de recaudar, sea a través de darles a los estados nuevas funciones recaudatorias y su fortalecimiento en esa materia o sea a través de una nueva transformación de este propio órgano, para que pueda cumplir de mejor manera con los objetivos a los que nos estamos comprometiendo el día de hoy en esta Cámara.
Muchas gracias por su atención.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general, los siguientes oradores: En pro el ciudadano diputado Martí Batres, del Grupo Parlamentario del PRD.

Se consulta si hay algún otro registro.

De no ser así, se ofrece el uso de la palabra al diputado Martí Batres.

-DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señora Presidenta.
El 18 de julio del año 2001, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentamos una iniciativa de reformas sobre el Sistema de Administración Tributaria, lo hicimos precisamente el año durante el cual se discutió el tema de la reforma fiscal y en el marco de más de una docena de iniciativas sobre este tema.

El Grupo Parlamentario del PRD trabajó con una actitud propositiva diversos planteamientos en relación con la reforma fiscal. Este fue uno de esos planteamientos que presentamos en tiempo y forma y que hoy se integra al dictamen que estaremos por aprobar en este pleno. Nos parece que este tema es vital y atiende uno de los grandes planteamientos que ha hecho el PRD, tenemos que ver las Reformas Fiscales no como una forma de agregar nuevos impuestos sino también y sobre todo como mecanismos para garantizar que los impuestos que actualmente existen se cobren bien, se cobren adecuadamente.

¿Cómo podríamos pensar en estar inventando nuevos impuestos o nuevas cargas impositivas cuando existe una evasión fiscal de alrededor de 200 mil millones de pesos en el Impuesto sobre la Renta y de aproximadamente 100 mil millones de pesos en el Impuesto al Valor Agregado.

Por eso nos parece fundamental trabajar para combatir la evasión y mejorar los mecanismos de recaudación, modificando sustancialmente el régimen de la Administración Tributaria.

Por eso propusimos buscar la autonomía del Sistema de Administración Tributaria, con el objetivo de que la Administración Tributaria sea técnicamente eficiente, permita contar con mayores ingresos para destinarlos al gasto social y para que la Administración Tributaria se despolitice y deje de ser utlizada como un conjunto de herramientas para premiar a unos o para castigar a otros.

Por eso es que nos congratulamos de que se haya llegado a este Dictamen en las Comisiones correspondientes, donde se recoge la Iniciativa que presenta el grupo parlamentario del PRD el 18 de Julio del 2001 junto con otras iniciativas que se han presentado por parte de otras fuerzas políticas.

Felicitamos ampliamente los trabajos que realizaron las Comisiones y que os permitirán hacia delante, contar con un Sistema Unico de Información Hacendaria, con datos oportunos y completos sobre el uso y destino de los recursos públicos reduciendo paulatinamente también el costo de la propia operación tributaria, transparentando la información, mejorando la rendición de cuentas Se obliga también al Sistema de Administración Tributaria a presentar anualmente programas que establezcan metas específicas, se establece también una información desagregada sobre la recaudación federal participable que estará a disposición de los Gobiernos Locales y se avance en el proceso de autonomía del órgano de Gobierno del Sistema de Administración Tributaria que no estará a merced exclusiva del Ejecutivo Federal, sino en cuya integración participará también el Poder Legislativo.

Con esta reforma se otorgan nuevos instrumentos al Gobierno Federal para tener una mejor recaudación, para elevar los ingresos y para poder destinar mayores recursos a las entidades federativas y al gasto social que necesita nuestro país.

Simple y sencillamente podemos decir que con esta reforma por aprobarse el día de hoy, el Poder Legislativo cumple con una de las tareas pendientes que era reformar este Sistema de Administración Tributaria y decimos también que ahora le toca al Poder Ejecutivo cumplir, recaudando eficientemente para tener mayores ingresos y destinarlos al gasto social.

Muchas gracias compañeras y compañeros.

-LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano Diputado.

Consulte la Secretaría a la Asamblea si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

-LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el Dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

-LA C. PRESIDENTA. Suficientemente discutido.

Para los efectos del Artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

El Diputado Tomás Torres, ¿qué artículo?

-EL C. DIPUTADO Tomás Torres, ¿qué artículo?.

- EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: (desde su curul) El artículo 20-A, ciudadana Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: ¿El diputado Miguel Barbosa?…

- EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: El artículo 27.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. ¿Hay alguna otra reserva?… ¿Si, diputado? El diputado David Rodríguez…

- EL C. DIP. DAVID RODRIGUEZ TORRES: El artículo 7º.

- LA C. PRESIDENTA: ¿Se consulta si hay alguna otra reserva? Bien. Se han reservado hasta este momento, por el diputado David Rodríguez el artículo 7º; por el diputado Tomás Torres Mercado el artículo 20-A; y por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta el artículo 27.

Se solicita a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos para proceder en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

( V O T A C I O N )

Se emitieron 405 votos en pro; cero en contra y una abstención.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 405 votos.

Esta Presidencia informa a la Asamblea, que se ha reservado para la discusión en lo particular, los siguientes artículos del proyecto de decreto:

Por el diputado David Rodríguez Torres, del grupo parlamentario de Acción Nacional, el artículo 7º,

Por el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del PRD, el artículo 20-A; y,

Por el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, el artículo 27.

Se inscribe la comisión. Se consulta con el diputado David Rodríguez Torres si va a presentar… Sonido en la curul del diputado Rodríguez.

- EL C. DIP. DAVID RODRIGUEZ TORRES: (desde su curul) Ya quedó aclarada la duda que tenía. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: El diputado Rodríguez Torres declina. Para referirse al artículo 20-A, reservado del proyecto de decreto, en proponer modificaciones y en contra, el diputado Tomás Torres Mercado y en pro del dictamen el diputado Fernando Pérez Noriega. Diputado Tomás Torres.

- EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Gracias ciudadana Presidenta.

En principio, compañeros diputados, compañeras diputadas, en principio debo –en honor al reconocimiento al esfuerzo de los grupos de trabajo, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a quien la preside- expresar la felicitación por avanzar en uno de los temas torales hoy día con relación a la actividad estatal.

Mucho hemos dicho con relación a la ineficiencia del servicio de Administración Tributaria con relación a su responsabilidad legal de recaudar los impuestos que sirven para sufragar los servicios públicos que la sociedad reclama.

He reservado el artículo 20-A y espero la atención de las señoras y los señores diputados…

He reservado el artículo 20-A en un afán propositivo, en un afán de construir sobre lo acordado somos conscientes que en este momento por concepto de; no de evasión y de elusión sino en el procedimiento económico coactivo de que por contribuyentes no localizados, por contribuyentes insolventes, por procedimientos económicos coactivos ineficaces o créditos controvertidos no se logra llevar a la hacienda pública federal cantidad cercana a los 300 mil millones de pesos.

No me llenaría de entusiasmo con relación a que, producto de una reforma legal se modifique una realidad; yo digo que el Congreso está haciendo su parte y me parece que el SAT y el Ejecutivo deben hacer la propia a partir de que planten una reforma administrativa interna que modifique su marco normativo.

¿Por qué?, me he reservado el artículo 20, le pido para ilustrar señora Presidenta instruya a la Secretaría dé lectura al artículo 20-A del proyecto de decreto.

LA C. PRESIDENTA: Por favor atienda a la solicitud del diputado.

- LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA. Artículo 20-A del proyecto de Decreto, los integrantes de la junta de gobierno, los administradores generales, los administradores locales, los administradores de aduanas de nivel jerárquico equivalente, no podrán por sí o interpósita persona atender sus oficinas o fuera de ellas, vía telefónica o a través de medios electrónicos o los contribuyentes ni a sus representantes, respecto de los asuntos particulares que se encuentren en trámite, ante el Servicio de Administración Tributaria.

Esta prohibición no aplicará cuando los contribuyentes o sus representantes acudan a denunciar un hecho de corrupción, llevado a cabo por servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria ni cuando los administradores de aduanas supervisen el reconocimiento aduanero de las mercancías o ejerzan facultades de comprobación.

EL C. DIP. TOMAS TORRES: compañeros diputados, compañeras diputadas, lo que establece el artículo 20 es que los funcionarios de la estructura del Servicio de Administración Tributaria cerrarán las puertas a los contribuyentes que tengan interés en verificar el avance del asunto gestionado ante el Servicio de Administración Tributaria.

Yo le pido a miembros de la comisión o a abogados, que los hay muchos, que me digan si en la facultad del SAT, al determinar un crédito, al liquidarlo y al querer cobrarlo, procede o no el recurso de revocación en contra de ese acto de determinación, pero no; hay que mandar a los funcionarios del SAT a vivir fuera de este planeta por virtud de que ya no podrán cumplir con el deber fundamental de atender al contribuyente. Qué paradoja. Al tiempo que planteamos la necesidad de mayor recaudación, estamos y si es que el cómputo del tiempo es correcto, ciudadana Presidenta, como la práctica parlamentaria nos ha ido induciendo, que fueran diez y no cinco minutos.

LA PRESIDENTA: Estoy de acuerdo, diputado. No tengo ningún inconveniente que al término de los cinco minutos se vuelva a abrir el reloj por cinco minutos. Fue un error del área de apoyo.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

Reitero. Los funcionarios del SAT cuando conocen de un recurso de revocación aplican la Ley Fiscal o Aduanera o la Ley Federal de Derechos, para dirimir una controversia entre el particular gobernado y la autoridad que determina el crédito. Realizan una función materialmente jurisdiccional; resuelven como lo hace un magistrado en materia agraria o un juez en materia penal, civil o familiar.

Yo digo, si evitar que el contribuyente vaya con los funcionarios del SAT, resuelve el problema de corrupción, cerremos las puertas de los jueces municipales, de los jueces de primera instancia, las puertas todas del Poder Judicial Federal y de todos aquellos que realicen una función jurisdiccional.

Este argumento por su peso cae. En obviedad de tiempo no iría a la lectura de los tipos delictivos que el Código Penal Federal contemplan para los funcionarios desleales. Alguien que tenga su código, lea la norma jurídico-penal relativa al delito de concusión, tráfico de influencia o el ejercicio abusivo de funciones.

Con este artículo ya no podrán los presidentes municipales, ya no podrán los gobernadores, ya no podrán los diputados ni los senadores ir ante el SAT y decirle: "tengo un asunto que se ventila ante ti, autoridad, y bueno, tengo la expectativa de perderlo. Te vengo a ofertar en dación en pago la casa que ya embargaste". Que no lo contempla el Código Fiscal de la Federación. ¿O qué no hay un apartado del Código Fiscal Federal que establece que hay beneficios para los deudores del Fisco Federal, en cumplimiento espontáneo?

Las puertas del SAT se cierran a los contribuyentes. Qué contradicción técnica, que aberración jurídica tan insostenible respecto de los asuntos particulares que se encuentren en trámite ante el Servicio de Administración Tributaria.

Diputados, diputadas; por antonomasia, el ejemplo de derecho público es la obligación fiscal.

Hace más ya de 150 años el insigne jalisciense, cuando se abordaban, el insigne jalisciense Ignacio L. Vallarta, cuando se abordaba el artículo 31 y 33 de la Constitución Federal que habla sobre los impuestos para establecer el carácter de público de los impuestos decía: "Hay que consultar en ocasiones hasta en el ocio el Diario de los Debates de ordenamientos".

El pago del impuesto no es una deuda nacida del contrato que la Ley Civil sancione, es el resultado de una necesidad política que el derecho público consagra. Los contribuyentes no ventilan asuntos particulares ante el SAT, vayan y díganles a los contribuyentes-patrones, vayan y díganles a los contribuyentes- personas físicas, que a partir de hoy, los diputados les cerraron la puerta con las autoridades fiscales, por lo que a mí toca, cuando menos en esta ocasión me eximo.

¿Por qué a nivel de la ley? ¿Por qué a nivel del Reglamento o de una circular del SAT? O que compren una cartulina y un marcador y digan: "No se reciben contribuyentes".

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias diputado.

En pro del dictamen tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega por la Comisión.

EL DIP. FERNANDO PEREZ NORIEGA: Con el permiso de la Presidencia.

A mí me gustaría iniciar con las palabras que utilizó el diputado Martí Batres, Coordinador del Partido de la Revolución Democrática al referirse a esta ley.

Se refería de que esta ley traía como finalidad el cobrar bien, el evitar la evasión y la elusión fiscal, el mejorar la recaudación, el buscar la autonomía de la Administración Tributaria de la Política Tributaria y algo más importante, transparentar la gestión pública en el cobro de los impuestos y por lo tanto, combatir la corrupción, palabras creo, que reflejan o que establece esta ley.

Y por eso me extraña que un diputado de su propio partido venga en contra de un precepto que lo que trata es de transparentar el trabajo técnico del Sistema de Administración Tributaria en materia fiscal y sobre todo en las áreas que se refiere este artículo 20 A en su primer párrafo, se refiere a un trabajo técnico, un trabajo en donde no necesita la presión del contribuyente, no necesita que se acerquen a quien va tomar una determinación, que lo vayan a presionar en un momento determinado altos socios de despachos grandes de contadores o de abogados o inclusive legisladores, que en muchas ocasiones hemos visto.

El contribuyente, a pesar de lo que dijo el propinante, sí puede acercarse a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en específico al SAT; se establece claramente en el último párrafo de este artículo 20 A que la prohibición que se establece en este artículo no será aplicable a la Administración General de Asistencia del Contribuyente, ni a las Administraciones Locales de Asistencia del Contribuyente. Esas son las áreas a donde debe de acudir el contribuyente para que se les dé la asesoría adecuada, para que pueda presentar bien sus declaraciones, para que pague sus impuestos en forma ordenada; las otras áreas a las que no tendrá acceso son las que se refieren la alta esfera, que se refiere a las liquidaciones, a las auditorías, a los procedimientos de investigación que está llevando a cabo la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público por conducto del SAT.

Si vemos y leemos con cuidado este artículo, vemos en forma adicional que solamente se limita la prohibición a las administraciones generales o a las administraciones locales o de aduanas o del mismo nivel jerárquico, lo cual significa que los subadministradores y los que están debajo de ellos, podrán atender en un momento determinado a los contribuyentes si así fuera el caso.

Pero en ningún podramos decir de que no se está permitiendo la entrada del contribuyente al SAT. Me extraña, como digo, que un diputado del Partido Acción Democrática, tenga el interés de proteger a los altos intereses de los grandes despachos de contadores o de abogados, en donde puedan utilizar el tráfico de influencias, en donde puedan pedir un trato excepcional, pidiendo la agilización del despacho de un asunto o hasta verdaderos actos de presión, para obtener resoluciones favorables indebidamente.

En materia fiscal, y con eso termino, compañeras y compañeros diputados, las normas tributarias son de aplicación estructura, y cuando son de aplicación estructura debe analizarlas el SAT solamente con los documentos que se le presentan, viendo, si el caso concreto se adecúa o no a las normas, y no veo por qué el prohibir el que estos señores, altos funcionarios del SAT reciban a contribuyentes, va en demérito de los derechos de los mismos.

Los contribuyentes estarán protegidos siempre con la aplicación del estado de derecho. Y es más, en este mismo artículo que están pidiendo que se derogue, se establece la posibilidad de que las Cámaras, las agrupaciones, los colegios, las federaciones de profesionistas, organizaciones políticas, representantes populares, o sea, ustedes como diputados, se puedan acercar a los altos funcionarios del SAT.

Pero eso sí tienen una sóla excepción: no podrán dar nombre de uno o varios contribuyentes o señalar el mismo específico de un expediente o resolución, es decir, podrán ustedes ir a plantear cuestiones generales a favor de los gobernados, pero no a favor particular de un determinado contribuyente.

Por lo tanto, compañeras y compañeros diputados, les pido que aprueben este artículo 20ª en los términos del dictamen. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias Diputado Tomás Torres. ¿con qué propósito?

-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (desde su curul): Señora presidenta, solamente un servidor ha hecho uso de la palabra, el señor diputado Pérez Noriega no sólo aludido sino innecesariamente descalificado alguna postura de un servidor.

Le pido el reconocimiento de mi derecho de réplica, por alusiones personales.

-LA C. PRESIDENTA: Adelante diputado para hechos le ofrecemos el uso de la palabra.

-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: Gracias señora presidenta. Seguramente de la manera más comedida y de la forma más convencida, pugnaría por el voto de ustedes, para la supresión de este Artículo 20ª y que se recorriera por su orden el 20B.

Y me parece innecesaria la alusión del señor diputado Pérez Noriega, no me afecta en mi privilegio de pensar y de argumentar esos pensamientos, en todo caso cuando se requiere a despachos gestores que logran asuntos por el tráfico de la influencia, seguramente estarán de aquel lado.

Hay quien cínicamente se ostenta como gestor en algún asunto que vale más de mil millones de pesos y consúltense los expedientes, no está acreditada su personalidad jurídica como representantes.

Digo y sostengo, y no voy a ocuparme de los tiempos de la Secretaría, pero la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que es reglamentaria del 108 de la Constitución Federal, impone como obligación primaria de los servidores públicos observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste.

La estructura del Servicio de Administración Tributaria, solamente y para efectos de denuncias de corrupción, recibirá a algunas Cámaras. No va a recibir ni a gobernadores ni a presidentes municipales. Compañeros, quien tenga noción del derecho fiscal, sabe que el estado y el municipio es también sujeto pasivo de la relación tributaria.

Un prestigiado diario el día de ayer cabeceaba -"Reforma" es al que me refiero- que los gobernadores de la CONAGO, pedían el perdón fiscal del Impuesto Sobre el Producto del Trabajo en un cúmulo de revisiones que estaba practicando por ahí el SAT. También de aquí, si no cumplimos la expectativa de un asunto integral de reforma fiscal, desde aquí estamos cerrándole la puerta.

No me preocupa, no me preocupa como abogado, el decir que puedo hacer factible el derecho de petición que consagra en el artículo 8º. de la Constitución Federa; me preocupa el contribuyente, que además de no cumplir, no sabe por dónde.

Hoy le cerramos la puerta al SAT, mañana, cual es característica de un Estado totalitario e intolerante, ciérrenle la puerta también al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al Tribunal Agrario, a las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

No veo, no veo razón ni argumento para decir que la corrupción se combate desde la cápsula de los funcionarios que no hablan con los gobernados; hay de aquellos que a veces postulan que son gobiernos de puertas abiertas.

No hay incongruencia, señor diputado, con el representante y con quien ha participado de mi fracción parlamentaria sobre el tema; hay congruencia porque hay tolerancia y porque hay capacidad de disentir y porque hay posibilidad de argumentar en los temas que necesitamos hacer este tipo de manifestaciones.

Voten por cerrar las puertas a los gobernados contribuyentes. Yo no voto a favor de ello.

Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.

Consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutido el artículo 20-A reservado.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 20-A.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutido, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el ciudadano diputado Tomás Torres, al artículo 20-A.

LA MISMA C. SECRETARIA.- En votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Tomás Torres, con respecto al artículo 20-A.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Desechada, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Pasamos al siguiente artículo reservado que es el 27 y lo ha reservado el diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD.

DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: He reservado el artículo 27 del proyecto de reformas a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, no porque estemos apartados de los alcances, de los motivos, de las razones y de la oportunidad de esta reforma. Así lo planteó el diputado José Antonio Magallanes, al posicionar en nombre de nuestro grupo parlamentario. Y de igual forma lo hizo nuestro coordinador el diputado Martí Batres, en razón de haber sido el grupo parlamentario del PRD, quien inicialmente hizo la iniciativa de reformas y planteamos como una necesidad una recaudación eficiente, como un elemento para que la Federación cuente con recursos y poder elaborar un presupuesto adecuado con las necesidades de la nación.

Sin embargo, no podemos dejar de observar algunos elementos como los que con toda convicción y razón hizo nuestro amigo y compañero diputado Tomás Torres Mercado.

La referencia de la reserva al artículo 27 tiene que ver con el contenido de lo que se ha calificado el instrumento legal de mayor relevancia que haya aprobado esta LVIII Legislatura. Me refiero a la Ley de Acceso, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en ella, se establecen como sujetos obligados de la ley, al Poder Ejecutivo Federal, a la Administración Pública Federal, que incluye desde luego a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria, como órganos desconcentrados de esta Secretaría.

Y se imponen en esta ley en su artículo 7, diversas obligaciones de transparencia que consisten en poner al alcance de todo interesado, de todo ciudadano, de toda persona, un conjunto de elementos que en lo que se refiere a la materia fiscal, van más allá de lo que hoy se está conteniendo en el capítulo de transparencia e información del dictamen que estamos discutiendo.

Y puedo pedirle a la secretaría que diera lectura, pero es un dictamen que ya fue aquí conocido y que desde luego yo estoy cierto que todos los elementos de esta Cámara lo tienen bien presente.

Y revisando el capítulo quinto, perdón, el título quinto, capítulo primero, del proyecto contenido en el dictamen a discusión, encuentro que está compuesto de seis artículos y que los seis artículos preferentemente se refieren a la información y a la transparencia de los datos contenidos entre los órganos del estado. Así, el artículo 21 sólo dice: "Publicar un programa de mejora continua que establezca metas". El artículo 22 se refiere a información del sistema tributario, de administración tributaria, para entregar al Ejecutivo y que el Ejecutivo lo entregue a la Cámara de Diputados.

El artículo 23 complementa la obligación establecida en el 22. El artículo 24 del proyecto es la obligación de la información que debe entregar el Sistema de Administración Tributaria a la Secretaría de Hacienda.

El artículo 25 es la información a las comisiones de Hacienda de las cámaras de Diputados y Senadores. El artículo 26, la transparencia de la relación fiscal entre la federación y sus miembros. Y sólo el artículo 27 se refiere a una obligación que se impone a la Secretaría de Hacienda y al Sistema de Administración Tributaria para entregar a la población. Así está dicho.

Y cuál es esta obligación. La de publicar el marco normativo que regula las atribuciones y las obligaciones de estos órganos del Estado. Estas obligaciones ya están contenidas en la mencionada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Por esa razón presento a la consideración de ustedes una adición al artículo 27 que sólo incluya un párrafo nuevo para quedar como sigue: "Artículo 27. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria atenderán las obligaciones que sobre transparencia e información les impone la Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Pública Gubernamental".

Hasta ahí la adición, para continuar con el texto del proyecto que se discute, que dice así: "…y difundirán entre la población en general, a través de las páginas electrónicas que tengan establecidas en el sistema internet la información relativa a la legislación, reglamentos y disposiciones de carácter general, así como las tablas para el pago de impuestos. Para tal efecto deberán incluir la información en sus páginas electrónicas dentro de las 24 horas siguientes a las que se haya generado dicha información o disposición".

Ese es el contenido de la propuesta y de la adición y la pongo a consideración de las comisiones dictaminadoras y de los elementos de esta Cámara de los Diputados. Gracias, mesa directiva, gracias, compañeras y compañeros legisladores.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.

Por la Comisión nos habían indicado que el diputado Jorge Chávez Presa. ¿Es así, diputado?

EL C. DIPUTADO JORGE CHAVEZ PRESA: Con su venia, señora presidenta. La propuesta que hace el diputado Miguel Barbosa es una propuesta que va con el espíritu que todos aquellos que trabajamos en comisiones para buscar transparencia para la rendición de cuentas es algo que fortalece el espíritu de la ley.

Consideramos que lo que está proponiendo el diputado del PRD contribuye y además hace énfasis en algo muy importante que se desarrolló en esta Cámara y que se aprobó, que es la Ley de Información para la Transparencia.

Como integrante de la Comisión y como persona que la Comisión designó para hacer el planteamiento por parte de la Comisión considero que lo que está presentando el diputado Barbosa es aceptable. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo impugnado.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutido, Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Sí, diputado Escobar.

- EL C. DIP. ARTURO ESCOBAR (Desde su curul): Gracias. En la propuesta de adición que hace el diputado Barbosa, menciona "Sistema de Administración Tributaria", debe de corregirse por "Servicio de Administración Tributaria", que es el nombre correcto.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias. Le ruego a la Secretaría... Diputado Barbosa. ¿No me hace favor de pasar a leer cuál es la propuesta que someteremos a votación y precisar en dónde empieza la adición?

- EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Sí, es "Servicio", lo que pasa es que probablemente se escribió sistema, pero está tal cual como está propuesto y le doy lectura, Presidenta.

Artículo 27 "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria atenderán las obligaciones que sobre transparencia e información les impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y difundirán entre la población en general a través de las páginas electrónicas que tengan establecidas en el sistema Interne, la información relativa a la legislación, reglamentos y disposiciones de carácter general, así como las tablas por el pago de impuestos. Para tal efecto deberán incluir la información en sus páginas electrónicas dentro de las 24 horas siguientes a las que se haya generado dicha información o disposición". Es todo, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: ¿Quedó claro a la asamblea? En ese sentido, se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico para proceder a la votación del artículo 27 con la adición propuesta por el diputado Barbosa.

- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Hágase los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo 27 con las adiciones propuestas.

(Se abre el sistema electrónico)

- LA C. PRESIDENTA: Vamos a votar el artículo 20 tal como está en el texto del dictamen, el 20-A y el artículo 27 con la adición propuesta por el diputado Barbosa.

Para ilustrar a la asamblea. En este momento estamos votando el artículo 27 con la adición propuesta por el diputado Barbosa, exclusivamente, exclusivamente. Inmediatamente después vamos a recoger la votación de los artículos 7 y 20-A que quedaron tal y como está en el texto del dictamen.

( V O T A C I Ó N )

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA (PRI): Se emitieron 408 votos en pro, 0 en contra y 1 abstención.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado el artículo 27 por 408 votos. El texto del artículo 27 aprobado es como sigue:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Servicio de Administración Tributaria –y aquí entra la adición- atenderán las obligaciones que sobre transparencia e información les impone la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental -hasta aquí la adición- y difundirán entre la población en general, a través de las páginas electrónicas...", etcétera, etcétera, tal y como lo dice el proyecto de dictamen.

Pasamos a la votación de los artículos 7º reservado y el 20-A reservado, tal y como vienen en el proyecto de dictamen.

Abrase el sistema de votación hasta por cinco minutos para su votación en conjunto.

Proceda la Secretaría a girar los avisos requeridos.

LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA (PRI): Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo 7º y 20-A del dictamen.

( V O T A C I Ó N )

- LA MISMA C. SECRETARIA: Se emitieron 341 votos en pro, 46 en contra y 5 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobados los artículos 7º reservado y 20-A reservado por 341 votos, tal y como vienen en el texto del dictamen.

Aprobada en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Esta Presidencia quiere dejar constancia de una felicitación a las Comisiones que trabajaron en este proyecto por su espíritu incluyente y por haber enriquecido una propuesta con las aportaciones de los legisladores.

Queremos saludar a nombre de la Cámara a un distinguido grupo de parlamentarios y funcionarios de la República del Perú, del Congreso de la República del Perú que se encuentran entre nosotros.

El señor congresista Ernesto Herrera, el señor José Eliche, la Doctora Milagros Campos, la señora Margarita Seminario, el señor Guillermo García y la señor Sali Crimens, del Proyecto de Fortalecimiento Legislativo.(Aplausos)

Para ilustrar a la asamblea queremos informarles que en esta sesión desahogaremos todavía dos dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas con proyectos de decreto que están a votación, por lo que les rogamos su permanencia en el recinto y al término del análisis de estos proyectos levantaremos la sesión por haberse agotado el tiempo previsto para su realización.

En consecuencia, pasamos al siguiente punto del orden del día que es el relativo a la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

- EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN (PAN): Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

La mayoría por la afirmativa.

-LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura.

Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, por las comisiones se ofrece el uso de la palabra al diputado Vicente Pacheco Castañeda, hasta por diez minutos.

- EL C. DIPUTADO VICENTE PACHECO CASTAÑEDA: Con el permiso de la Presidencia.

Honorable Asamblea:

"A las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión fue turnada para su discusión y resolución constitucional la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Estas comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 39 párrafo uno y dos fracciones II y XVIIII, XLV numeral 6 inciso f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las contenidas en los numerales 55, 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta H. Asamblea el presente dictamen bajo la siguiente propuesta:

"V A L O R A C I Ó N

"La propuesta de nuestra Colegisladora se sustenta en el interés de adecuar las normas procesales en la materia, con los principios fundamentales que nuestra Constitución General recogió a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto del año 2001, esencialmente aquellos que garantizarán el acceso pleno de los pueblos o comunidades indígenas a una jurisdicción del Estado Mexicano más oportuna y justa, sin distinción, por orden étnico, edad o cualquier otra circunstancia, con la asistencia de intérpretes y abogados que tengan el conocimiento de su lengua y cultura.

Para alcanzar estos extremos, en principio atiene a las reformas y adiciones a disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles implícitas en la iniciativa de decreto, que manifiestan la oportunidad socialmente propicia para su establecimiento, porque no presentan inarmonías o contradicciones con la fuente suprema de la que emergen y porque se trata de reformas y adiciones que se sustentan en una justa y fundamental causa que responde a los imperativos sociales que exigen su vigencia, complementándose con las reformas de otras leyes federales que se adecuan también a los nuevos principios constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, advirtiendo que estos instrumentos jurídicos vendrán a garantizar a los indígenas y sus comunidades el acceso a la jurisdicción del Estado en un plano de mayor igualdad y certezas jurídicas.

Si algo expresa nuestra colegisladora con claridad, es la situación de desventaja e inequidad que aqueja a los indígenas de México, así como un virtual estado de indefensión jurídica en que se hayan por no tener un dominio pleno de nuestro idioma español o simple y sencillamente no haber contado con una asistencia jurídica especializada que pudiera hacer valer sus derechos en los procedimientos judiciales de los cuales son parte.

Consecuencia de esta situación es innegable que un número considerable de indígenas no cuentan con las condiciones institucionales y materiales para acreditar sus derechos. De ahí que resulte obligado que a la reforma constitucional le sigan adecuaciones en distintos ámbitos de la legislación secundaria, en este caso en la materia civil, para lograr que la reforma se traduzca en hechos que mejoren la situación real de nuestros indígenas, como individuos y como colectividades.

En ese sentido, los cambios que se proponen tienen por objeto que ellos cuenten en todo tiempo y circunstancias con el derecho de ser asistidos pro intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Por ello, se impulsa la figura del intérprete, pues si éste se permite, cuando sea extranjero que desconozca el idioma quien absuelve posiciones, con mayor razón debe aceptarse su presencia, cuando quien las absuelva sea un indígena mexicano que no habla español o hablándolo no lo sepa leer.

Las mismas consideraciones se estiman válidas para la adición del artículo 180 del ordenamiento jurídico a que se alude, esto es, del intérprete que asista a un indígena en la rendición de su testimonio.

Por otra parte, con las presentes reformas se introducen cambios que manifiestan en la fracción IX del artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en el que aquel tenga su domicilio, siendo juez competente también el que ejerza jurisdicción en el del domicilio del demandante, si ambos son indígenas, si ambas partes son indígenas.

Con el fin de garantizarle a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, nuestra Colegisladora propone que los jueces, al momento de dictar resoluciones, deberán considerar sus usos, costumbres y especificidades culturales.

Contempla que en los procedimientos en que intervengan personas que aleguen tener la calidad de indígenas, a misma se acreditará con la sola manifestación de estas: sin embargo cuando el Juez tenga duda de ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad.

Con estas reformas se concretan así algunos de los derechos que se elevaron al rango constitucional para efecto de la referida reforma y que están contenidos en la Fracción VIII del Apartado A) del Artículo 2º de nuestra Carta Magna.

De todo ello se ocupa la presente Propuesta que Reforma y Adiciona varias disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para que junto con las modificaciones que en su oportunidad se hagan a diversos ordenamientos sustantivos y adjetivos, se desarrollo lo que el Constituyente permanentemente precisó.

Por su atención, muchas gracias compañeros. (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del Proyecto de Decreto.

Para fijar posiciones se han registrado los siguientes colegas Legisladores: la Diputada Norma Patricia Riojas Santana del Partido de la Sociedad Nacionalista hasta por 5 minutos, el Diputado Concepción Salazar González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 10 minutos, el Diputado Héctor Sánchez López del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos, el Diputado Carlos Raymundo Toledo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por 19 minutos, el Diputado Enrique Garza Taméz del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos.

Tiene la palabra la Diputada Norma Patricia Riojas Santana.

-LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores: los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista hacemos uso de esta tribuna para dejar constancia de nuestra posición política respecto a los dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, que reforman diversas disposiciones de los Códigos de Procedimiento Civil, del Penal Federal y del Federal de Procedimientos Penales.

México es una nación constituida a partir de la cultura y territorios de sus pueblos originarios, el esplendor de diferentes pueblos a lo largo de cientos de años, habla de una matriz cultural que en forma cíclica se desarrolló desde tiempos muy remotos. Los actuales pueblos indígenas conservan la herencia de culturas que mundialmente son reconocidas por sus adelantos científicos, políticos, sociales y culturales, que los distinguen como una de las más grandes matrices de nuestra cultura.

Sin embargo, la preeminencia de la cultura occidental ha provocado que nuestros pueblos indígenas sufran de indolencia, de injusticias, desventajas e iniquidades, así como de un estado de indefensión jurídico por no tener un dominio pleno del Español o no haber contado con asistencia jurídica especializada que pudiera hacer valer sus derechos en los procedimientos judiciales en los que son parte.

No pasando inadvertido ante nuestros ojos que los derechos de cientos de indígenas que se encuentran sujetos a procedimientos civiles y penales, son soslayados por la falta de instrumentos jurídicos institucionales y de las condiciones mínimas, materiales y humanas para acreditar sus derechos.

Si bien es cierto que el Constituyente Permanente aprobó el año pasado una Reforma Constitucional por el cual se incorporan todas las disposiciones constitucionales en materia indígena, es decir, el reconocimiento, la protección y el impuso de los derechos de la cultura de los pueblos indios así como garantizarles el acceso pleno a los pueblos o comunidades indígenas a una jurisdicción del Estado Mexicano, de manera oportuna y justa, sin distinción por origen étnico, edad o cualquier otra circunstancia y con la asistencia de intérpretes y abogados que tengan el conocimiento de su lengua y cultura.

También es cierto que congruentes de lo que reformamos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2002, éstas reformas que hoy son ley vigente, deben ir acompañadas de reformas estructurales a las leyes secundarias con la finalidad de que sea que no vayan a ser letra muerta o se encuentren como tantas otras leyes, durmiendo el sueño de los justos.

Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, los dictámenes que el día de hoy discutimos y aprobamos son sólo un pequeño esfuerzo para proporcionar a nuestros pueblos indígenas del acceso a la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, en un contexto de mayor igualdad y certeza jurídica tanto en los procedimientos civiles como en los penales en los cuales formen parte.

En virtud de que en caso de aprobarse ambos dictámenes que en este momento vamos a votar, proporcionaremos a los pueblos y comunidades indígenas, elementos jurídicos para que puedan ejercer plenamente sus garantías y que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; que sean juzgados por jueces del lugar en el que el indígena tenga su domicilio y que en el momento de dictar resolución consideren sus usos, costumbres y especificidades culturales.

Los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista nos manifestamos a favor de legislar en los diferentes campos para garantizar la mejor atención, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas ya que existe un significativo rezago en materia de procuración de justicia para los pueblos indígenas y un enorme desconocimiento de sus derechos, usos y costumbres.

Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, amamos a nuestro país y por lo tanto debemos unirnos en una gran cruzada por el respeto irrestricto y difusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ya que su vulnerabilidad y violación no fortalecerán la unión y el progreso del Estado Mexicano.

El Partido de la Sociedad Nacionalista, consciente de su responsabilidad frente a la sociedad y la deuda ancestral que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas, votaremos a favor de los dictámenes que reforman las diversas disposiciones de los códigos de Procedimiento Civil, del Penal Federal y del Federal de Procedimientos Penales.

Es cuanto, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias diputada. Se ofrece el uso de la palabra al diputado Concepción Salazar González, hasta por diez minutos.

- EL C. DIP. CONCEPCIÓN SALAZAR GONZALEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados.

No obstante que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha dejado clara su posición con respecto a la necesidad de revisar la Ley de Derechos y Cultura Indígena para que sea un reflejo real de los Acuerdos de San Andrés, no es por demás –sobre todo en este dictamen- ver y tener la conciencia clara de poder llevar a cabo nuestro voto en caso de que éste sea favorable.

Es de suma importancia garantizar el acceso pleno de los pueblos o comunidades indígenas a una jurisdicción del Estado Mexicano más oportuna y justa, sin distinción por origen étnico, edad o cualquier otra circunstancia y con la asistencia de intérpretes y abogados que tengan el conocimiento de su lengua y su cultura.

Lo que busca el dictamen a discusión es garantizar a los indígenas y sus comunidades el acceso a la jurisdicción del Estado en un plano de mayor igualdad y certeza jurídica.

En ese mismo tenor y en búsqueda permanente para actualizar un marco legal justo, se debe de precisar que a fin de que tales reformas o adiciones al Código que establece los procedimientos para dirimir los actos civiles, tenga éste actualizaciones materiales concretas que requiere también que el resto de las autoridades colaboren para hacer efectivos  tales mandatos del Poder Legislativo que es el mandatario y portavoz su representados.

Esta reforma busca garantizar a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, en la que se propone que los jueces al momento de dictar resolución deberán considerar sus usos, costumbres, y especificidades culturales; precisamente por todo lo dicho con anterioridad el dictamen que hoy se aprueba o que se aprobará, debe de establecer en el texto del Código Federal de Procedimientos Civiles las seguridad jurídica de todos los mexicanos por igual. Se asegurará por fin el que no existan trabas jurídicas y que se reconozca el respeto a la dignidad de la persona, sólo entonces habremos dado un gran paso en beneficio de todos aquellos que luchan por la integración jurídica nacional.

Hago votos para que esta reforma que hoy está en el pleno ante el pleno, sea para beneficio de todos los mexicanos que componen nuestro país, para así ofrecer al pueblo en hechos y acciones jurídicas que mejoren la situación real de nuestros indígenas como individuos y como colectividad, pero sobre todo la esperanza de un futuro verdaderamente próspero y productivo. La equidad debe de ser una prioridad para nosotros y el objetivo es llevar la justicia a todos los rincones del país, mediante ordenamientos específicos ya que se impartirá de una manera acorde a los usos, costumbres y respetando sus derechos.

Asimismo consideramos necesario realizar las reformas conducentes a todas aquéllas leyes que de una o de otra manera son aplicables de manera injusta a las comunidades; conformarnos con lo obtenido es contradictorio al espíritu de lucha de ese inicio de lucha en materia de cultura y derecho indígenas.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista apoyará en favor todas aquéllas iniciativas y reformas sobre todo que vayan en atención a lo que son nuestras comunidades indígenas. Por su atención, muchas gracias.

EL C. SECRETARIO: Gracias diputado Salazar González.

Se concede el uso de la palabra al diputado, Héctor Sánchez López, hasta por diez minutos para fijar la oposición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EL DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: Con su permiso, señor Presidente.

A las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas fue turnada por la Presidencia de esta Cámara las minutas con proyecto de decreto que reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, mismas que fueron aprobadas por la colegisladora. Hoy tenemos a discusión estas reformas.

Si bien las reformas que se han planteado buscan de alguna manera que los indígenas que se encuentran procesados o presos puedan estar auxiliados por intérpretes y por abogados que hablen la lengua del procesado y conozcan su cultura, nosotros creemos que esto que se plantea son cuestiones meramente superficiales con las que se pretende maquillar una reforma constitucional que en vez de reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas, simplemente las hace de lado, sin embargo, nosotros como grupo parlamentario hemos decidido apoyar y aprobar estas reformas que de alguna manera y de manera muy tangencial vienen a favorecer en lo particular a indígenas que se encuentran sujetos a procesos.

Sin embargo, es importante recalcar que lo fundamental y lo que debiéramos de estar discutiendo es por qué esos indígenas están presos, por qué esos indígenas tienen que requerir de un abogado que hable su lengua y conozca su cultura, que me parece a estas alturas un verdadero insulto a la inteligencia.

¿Cuántos abogados que hablen la lengua indígena y conocen su cultura tenemos ahora?, cuando precisamente los indígenas han sido aquellos que no han sido favorecidos por tener acceso a una educación, a veces ni la primaria, mucho menos a una educación superior. Y hablamos de abogados que conozcan la lengua y la cultura de nuestros pueblos indígenas. . ¿Cuántos de ellos no están presos ahí precisamente porque no tuvieron acceso a esta educación, cuántos están presos ahí porque no tuvieron la oportunidad de poder explotar sus tierras, sus territorios, sus recursos naturales y generar una riqueza que pudiera sacar de la pobreza y de la marginación a sus familias? ¿Cuántos de ellos no están ahí porque no tuvieron el apoyo para poder producir el campo, para poder comercializar sus productos?

Debiéramos de ir al fondo del problema, porque si vamos simplemente a lo superficial ya están presos y a ver cómo los apoyamos, definitivamente no estamos resolviendo el gran clamor de nuestros pueblos indígenas. Por eso hoy debiéramos estar discutiendo la iniciativa de la COCOPA, debiéramos estar discutiendo en estos momentos los Acuerdos de San Andrés Larráinzar para que los indígenas tuvieran una vivienda digna, tuvieran acceso a la salud, tuvieran oportunidades sus hijos para la educación no sólo primaria y secundaria, sino bachillerato y a nivel superior; tuvieran la infraestructura necesaria tanto en el campo y en la ciudad para que tuvieran acceso a un empleo digno o a la producción en el campo mexicano.

Necesitaríamos ahorita que los indígenas de México tuvieran acceso a la comercialización de sus productos, tuvieran caminos, tuvieran carreteras para poder sacar sus productos y poder venderlos a un precio razonable, no que actualmente se encuentran sujetos a los caprichos de los "coyotes" y a los intermediarios.

Por eso, compañeras y compañeros, nosotros creemos que estas modificaciones que hoy están a consideración, solamente buscan complementar para algunos lo que fue la reforma constitucional.

Para nosotros los perredistas, creemos que es una asignatura pendiente el derecho y cultura en nuestros pueblos indígenas, mientras los pueblos no tengan autonomía y libre determinación, no se acabara la pobreza, no se acabara la injusticia en la que hoy viven nuestros indígenas mexicanos. Por eso, el PRD fija su posición de apoyar estas reformas pero también deja constancia de que esto no es lo que queremos ni los perredistas, ni los mexicanos, mucho menos los indígenas de México.

Sabemos que más temprano que tarde, a lo mejor no en esta Legislatura, pero pronto habremos de estar discutiendo y analizando nuevamente la iniciativa de la COCOPA que fue presentada por más de 160 diputadas y diputados federales a las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Justicia.

En ese sentido, compañeras y compañeros legisladores, el PRD votará a favor pero deja muy claro, deja constancia de que esto no es lo único que queremos los indígenas de México, queremos una reforma constitucional que efectivamente reivindique nuestros derechos de fondo y que nos dé autonomía, autodeterminación, representación política, autonomía social, sólo entonces los indígenas de México podrán estar agradecidos con esta Cámara, mientras tanto queda la deuda pendiente. Gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias diputado Sánchez López.

Se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos al diputado Carlos Raymundo Toledo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para fijar la posición de su grupo.

EL DIP. CARLOS RAYMUNDO TOLEDO: Con su permiso, señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados:

He subido a esta tribuna para fijar la posición del grupo parlamentario de Acción Nacional respecto al dictamen que hoy se somete a nuestra consideración por parte de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas.

El sentido de nuestro voto es a favor del dictamen ya que se plantean reformas a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, Penales y Procedimientos Penales, reformas que hacen evidente la nobleza del propósito a refrendar y fortalecer el reconocimiento a la diferencia, el principio de no discriminación, el de igualdad y de equidad y por reafirmar que en el marco jurídico general se dé cauce a los derechos y cultura indígenas consagrados en nuestro Norma Suprema.

Es loable el planteamiento de las reformas del dictamen que se discute, ya que precisamente pretende garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en los juicios de carácter civil y penal de orden federal.

Como sabemos nuestra Ley Fundamental al consagrar el principio de igualdad no prescribe que el legislador trate de manera igual a quienes se encuentran en situaciones diversas entre sí, sino a dar el mismo tratamiento a quienes se encuentren en situaciones semejantes, lo que equivale a decir que en situaciones diversas el trato debe ser desigual, siguiéndose de ello que la desigualdad establecida por el legislador en determinados supuestos, es la vida de realización del principio constitucional de igualdad.

Así la noción abstracta de igualdad se ve permeada por las condiciones fácticas y sociológicas existentes, de tal manera que no siempre se puede dar el mismo trato a todos los individuos, sino que se trata de que todos aquellos colocados en la misma situación jurídica se les trata igual, lo que significa asimismo, que respetándose el principio jurídico de equidad, deberá darse trato igual a los iguales y desigual a los desiguales a fin de conseguir un trato igualitario.

Precisamente por virtud de este principio se dieron las recientes reformas a la Ley Fundamental en materia de Derechos y Cultura Indígena, en las que se reconoce que México es el producto de la unión de pueblos y culturas diferentes; que la mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural; que la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás, por el contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la nación.

La reforma, sin duda, fue bajo la idea de un principio de igualdad que su génesis implica tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. En tal sentido se plantea una serie de derechos a favor de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país, se reconoce y garantiza la libre determinación de los pueblos indígenas para lo cual se precisa jurídicamente, como la autonomía para gozar y ejercer una serie de derechos específicos que se establecen en el Apartado A del segundo constitucional.

Son diversos los derechos que forman el contenido de tal autonomía, entre ellos está el de garantizar el acceso pleno de los pueblos indígenas a la jurisdicción del Estado, en todos los juicios y procedimientos, que involucren individual o colectivamente a indígenas, se tomarán en cuenta sus prácticas jurídicas y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta constitución.

Los indígenas tendrán en todo tiempo el derecho de ser asistidos por intérpretes y defensores particulares o de oficio, que tengan conocimiento de sus lenguas y culturas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º. Constitucional Apartado A fracción VIII.

En tal virtud, resulta congruente y adecuada la propuesta de dictamen planteada por las Comisiones Unidas señaladas, ya que las propuestas de reformas aludidas, responden a un mandato de la ley fundamental, que obliga a adecuar los marcos normativos correspondientes, para dar viabilidad a este postulado fundamental a favor de los integrantes de los pueblos y las comunidades indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado.

Dentro de dicho acceso resulta importante que los indígenas cuenten con traductores, de forma que puedan comprender perfectamente en su propia lengua las actuaciones judiciales que les puedan afectar.

Por ello, el grupo parlamentario de Acción Nacional, considera oportuna la aprobación del presente dictamen, ya que de ser aprobada dicha reforma, se permitirá establecer que, en los juicios en los que el demandado sea indígena, el juez competente sea el del lugar en el que tenga su domicilio. Si ambas partes son indígenas, que sea juez competente el que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante.

Al derecho del indígena de que no habla español, que sea asistido por un intérprete con conocimiento de su lengua y cultura, cuando tenga que comparecer ante la autoridad judicial, además de asentarse su declaración en español y en su propio idioma.

Que en los procedimientos donde sean parte los indígenas, los jueces consideran al momento de dictar la resolución, los usos y costumbres y especifidades culturales. La obligación del tribunal de traducir las actuaciones en la lengua dialecto o idioma con cargo al presupuesto, por conducto de persona autorizada para ello, en aquellos juicios donde sea parte un indígena.

La no obligatoriedad de los pueblos o comunidades indígenas asentados en el territorio nacional de acompañar la traducción en español de aquellas promociones que hicieran en lo individual, que hicieran en su lengua, dialecto o idioma.

La obligación del tribunal de hacerla de oficio, con cargo a su presupuesto, por conducto de la persona autorizada para ello.

Que en los procedimientos de acreditación de calidad indígena, sean mediante manifestación de quien la haga, y en el caso de duda, como ya se dijo aquí por mi compañero Pacheco, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad.

Como se pueden escuchar, las reformas planteadas son evidentemente loables, más aun cuando la posibilidad de contar con traductores dentro de los procesos judiciales, como ya lo prevén diversos Códigos de procedimientos locales, no persiguen la protección de las minorías linguísticas sino que se constituyen como una manifestación del derecho a no sufrir indefensión, dentro del cual se encuentra el derecho de audiencia y defensa de vida, la autodefensa y el principio de contradicción, derechos que pueden verse afectados y la persona que se encuentra involucrada en un proceso desconoce la lengua en la cual ésta se desarrollo.

Además de en un análisis criminológico de la pena, así como de un principio de individualización, legislativa de la misma, resulta correcto que el juzgador tome en cuenta las circunstancias personales que los individuos involucrados en un proceso judicial, más aun si se considera que en el caso de los indígenas, éstos tienen su propia cosmovisión del mundo, por lo que en el acceso a la jurisdicción del Estado, es pertinente que en este reconocimiento a la diferencia, se tome en cuenta esta circunstancia.

En tal virtud, resulta congruente y adecuada, la propuesta de dictamen planteada por las Comisiones Unidas señaladas, ya que las propuestas de reforma aludidas, responden a un mandato de la ley fundamental, que obliga a adecuar los marcos normativos correspondientes para dar viabilidad a este postulado fundamental a favor de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas, para acceder a la jurisdicción del Estado.

Con dichas reformas se permitirá mejorar el acceso a la justicia y a dar mayor certidumbre y una mejor defensa de indígenas en los procedimientos de carácter civil federal.

Saludamos pues el consenso que se da en torno a estas propuestas de reforma y esperamos su voto a favor. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputado Carlos Raymundo Toledo.

Se concede el uso de la palabra al señor diputado Enrique Garza Tamez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por 10 minutos para fijar la posición de su grupo.

.. EL C. DIPUTADO ENRIQUE GARZA TAMEZ.- Con su permiso, diputado Presidente.-

Señoras y señores legisladores:

A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta tribuna para fijar, a través de la presente intervención, posición en pro respecto de los dictámenes recaídos a las minutas proyecto de decreto por los que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes adjetivas en materia civil y penal, relativas a juicios en que sean partes integrantes de pueblos y comunidades indígenas.

Estas acciones legislativas, a las que brindo particular atención y estudio, constituyen un real avance en la administración de justicia y de su análisis se advierte un afán progresista, técnico y que no trata sólo de un rosario de buenas intenciones.

Sustentamos nuestra votación favorable al considerar que se ciñe a los principios de constitucionalidad y legalidad que deben observar las reformas al marco jurídico; definen el objeto, sujetos, autoridades competentes, derechos, obligaciones, atribuciones, reglas y excepciones en materia de las reformas y adiciones.

Valoramos el impulso legislativo de la colegisladora, la cámara de origen, el Senado, cuyo fin es adecuar las leyes secundarias correlacionadas a los términos del texto constitucional vigente, producto de reformas mediante decreto publicado en el Diario Oficial del 14 de agosto de 2001. Así, se complementan las disposiciones contenidas en los artículos 2º., 17 y 20 constitucionales en materia de derechos de los pueblos y comunidades indígenas; al derecho a la administración de justicia expedita, imparcial y gratuita; al imperativo de que la ley provea los medios necesarios para garantizar la plena ejecución de sentencias de los tribunales y a las garantías del inculpado, víctimas y ofendidos dentro del proceso penal; de igual manera, perfecciona las reglas generales sobre competencia e intérpretes, asistencia legal, defensa y sentencias.

Por su parte, las dictaminadoras Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, en escrupulosa observancia al marco regulatorio del proceso legislativo y con base en un impecable trabajo metodológico, tras el estudio y valoración de los antecedentes argumentan y fundan las consideraciones en las que soportan sus resolutivos.

Los dictámenes avalan las iniciativas por las que se introducen importantes disposiciones que guardan estrecha relación con el desarrollo de juicios civiles y penales, particularmente la inclusión a la letra legal de provisiones para que habitantes de pueblos y comunidades indígenas que sean partes en juicios civiles o penales, tengan acceso a intérpretes, asistencia legal y en su caso, defensores con conocimiento de su lengua, usos costumbres, tradiciones y cultura al absolver posiciones, rendir testimonio y en general en el curso del proceso.

Esta aportación implica el reconocimiento que el requerimiento de intérpretes no es sólo un asunto de extranjería, sino fundamentalmente de idiomas y de origen étnico y cultural; además implica que los juzgadores, al momento de imponer sanciones o dictar sentencia, consideren usos, costumbres y particularmente culturales de los justiciables indígenas.

Adicionalmente enriquece la regulación procedimental al establecer que como parte en procesos civiles y penales, baste la simple y llana afirmación del individuo de ser indígena y que sea el juzgador, en todo caso, ante la duda fundada, quien acuda ante la autoridad comunitaria para que sea ésta la que acredite el origen étnico de aquel, dando así crédito a la afirmación del justiciable.

Por otra parte, consigna que en tratándose de determinar la competencia por territorio, se fije atendiendo el domicilio del indígena, cuando aparezca como demandado o del demandante, cuando ambos lo sean.

Por lo que se refiere a la etapa de ejecución, los jueces, merced a estas reformas, deberán considerar los aspectos extrínsecos se los hechos, actos, materia del juicio y los intrínsecos del origen, conducta, condición social, económica y cultural de las partes que además sean indígenas.

Con esta acción legislativa no sólo se transforma la letra de la ley, sino que también se modifican mecanismos constitucionales y reglas de convivencia social que reconocen la fortaleza de la nación a partir más que de lo semejante, de lo diverso.

Se fortalece el reconocimiento a la composición composición pluricultural de la nación sustentada en sus pueblos originales, el respeto a los derechos humanos y garantías constitucionales de los indígenas.

En esta materia subsisten rezagos. Es preciso ahora revisar otras leyes, las que norman el tratamiento a menores infractores por lo que hace a niños y niñas indígenas que eventualmente se encontraban en estas circunstancias. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Defensoría Pública e inclusive las que regulan otros aspectos tales como los registrales y de hecho también el de educación, para que defensores públicos, servidores públicos, jueces y empleados judiciales, tengan los conocimientos generales y especializados para una mejor procuración e impartición de justicia.

Por lo anteriormente expuesto y argumentado, habremos de votar los legisladores del partido Revolucionario Institucional en sentido favorable por ambos dictámenes y si los razonamientos aquí expuestos merecen su beneplácito, apelamos a su solidaridad política y social para expresarse en igual sentido.

Mucha gracias.

-PRESIDENTA: Muchas gracias diputado.

Se abre la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de dictamen.

No habiendo oradores sobre este dictamen, consulte la secretaría a la asamblea si el artículo único del proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa.

-PRESIDENTA: Esta presidencia desea solicitar al Honorable Pleno, la siguiente autorización: En virtud de que el proyecto de decreto de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, que está listado en la Orden del Día y que tiene que ver con disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, se ocupa de materia semejante a la que se trató en el proyecto de decreto que acabamos de analizar y dado que las comisiones nos han notificado que sólo habrá un orador para fijar posición al respecto, quiero solicitar a esta Honorable Asamblea, si autorizan a la presidencia a someterlo a votación ambos proyectos en conjunto.

Le ruego a la secretaría consultar si autorizan a la presidencia a someter a votación en conjunto ambos proyectos de decreto.

-MISMO SECRETARIO: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea la autorización de votar ambos proyectos en conjunto.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Votación

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Votación.

Mayoría por la afirmativa.

PRESIDENTA: En ese sentido solicitamos al diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, que va a fundamentar el dictamen relativo a las reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, haga uso de la palabra a nombre de las comisiones, en términos del 108.

EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL SEPULVEDA FAYAD: Con su permiso, señora presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados: a nombre de las comisiones unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, someto a su consideración las razones y fundamentos que sustentan el dictamen que en relación a la minuta proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 51 y la fracción V del artículo 52, ambos del Código Penal Federal, el párrafo segundo del artículo 6º. y la fracción IV del artículo 128, adiciona un párrafo segundo al artículo 15, un párrafo tercero al artículo 18, un párrafo tercero al artículo 124 bis, un párrafo segundo al artículo 154, un párrafo tercero al artículo 159 y un párrafo segundo al artículo 220 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, remitida a esta representación por la Honorable Cámara de Senadores.

El dictamen que hoy se somete a su consideración persigue esencialmente que los principios fundamentales en materia de derechos y cultura indígena contenida en nuestra Constitución a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, se hagan tangibles en la legislación secundaria para garantizar y ampliar las posibilidades de acceso a la justicia de los mexicanos pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas en un ámbito tan importante no solamente para el bienestar individual sino incluso para el desarrollo nacional, como lo es el ámbito de la justicia penal, bajo la premisa de que resulta injusto, desde cualquier punto de vista, dar un trato de igualdad formal a quienes evidentemente y por múltiples razones son desiguales.

Bajo ninguna circunstancia se puede pensar que estamos aplicando justicia cuando quienes son sujetos de la misma no alcanzan a comprender no solamente sus derechos fundamentales en relación a estos procesos, sino incluso el alcance y consecuencia de sus acciones.

Por ello es muy importante la propuesta de adicionar en el Código Penal Federal la obligación específica para el juzgador de que al momento de individualizar la sanción se tome en consideración, además de la educación, la ilustración, las costumbres, las condiciones sociales y económicas del sujeto, sus usos y costumbres, cuando éste perteneciere a algún pueblo o comunidad indígena, que en el caso de que en un conflicto se involucre como partes a indígenas y a no indígenas, la competencia se surta a favor de aquel tribunal que ejerza jurisdicción en el domicilio en el que radique la parte indígena, el que las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas deban de ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimientos no solamente de su lengua sino también de su cultura y, en el caso de los intérpretes, de los usos y costumbres, debiéndose destacar además que esta propuesta legislativa incluye disposiciones que tienden a asegurar que las prevenciones ya señaladas tengan una efectiva aplicación práctica, previniendo que la calidad de indígena no requiere prueba alguna y haciendo obligatorio el que se hagan saber, por parte del tribunal y a través del traductor, todos estos derechos y que de ello quede constancia en el acta respectiva.

Por todo lo anterior, consideramos que el dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno es un paso importante para garantizar en mayor medida el acceso a la justicia por parte de uno de los sectores sociales más desprotegidos, como lo son los indígenas, y por ello solicitamos el voto aprobatorio de esta asamblea.

Por su atención gracias. Es cuanto, señora presidenta.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.

En consecuencia, está a discusión en lo general. Se pregunta si hay registro de oradores en pro y en contra.

Se consulta si hay registro de oradores para reservar algunos artículos en lo particular.

No habiendo registro de oradores ni en pro ni en contra, le ruego a la secretaría consulte si está suficientemente discutido.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa.

- LA C. PRESIDENTA: Hay mayoría por la afirmativa.

Compañeros legisladores: Con toda atingencia el diputado Armando Salinas me ha hecho una observación que esta Presidencia estima pertinente.

Si bien es cierto que ustedes nos han autorizado a votar en un solo acto, dado que las materias son similares, se tratan de leyes diferentes y de articulado diferente, y en ese sentido no queremos dejar un precedente que pueda ser reclamado en otro momento. Quiero entonces abrir exclusivamente cinco minutos para la votación del primer proyecto de decreto que es el relativo a las reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Se abre entonces el registro de votación hasta por cinco minutos de las reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, e inmediatamente después se abrirá hasta por cinco minutos las reformas y adiciones de diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales.

En ese sentido le ruego a la Secretaría hacer los avisos correspondientes para que por cinco minutos se vote el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto. (Se abre sistema electrónico. Votación)

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se emitieron 382 votos en pro, cero en contra y dos abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, por 382 votos.

Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Vamos a votar de manera inmediata en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código de Procedimientos Penales.

Le ruego a la Secretaría girar los avisos correspondientes y ábrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por "diez" minutos para proceder a la votación...

-LA C. PRESIDENTA: ¡Por cinco minutos! Corrijo a la Secretaría.

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Abrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto.

(Se abre el sistema electrónico. Votación)

- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se emitieron 384 votos en pro, cero en contra, una abstención.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto que reforma y adiciona diversas disposiciones del código Penal y del Código Federal de Procedimientos penales.

- EL C. DIP. ABELARDO ESCOBAR (Desde Su curul): Presidenta, no tomaron mi votación, es a favor.

- LA C. PRESIDENTA: Diputado, ya estaba anunciada la votación y voy a reiterar el acuerdo del pleno.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal y del Código Federal de Procedimientos Penales por 384 votos.

Pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales.

Le ruego a la Secretaría dé cuenta de la orden del día de la próxima sesión.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Da lectura al orden del día de la próxima sesión)

- LA C. PRESIDENTA (A las 16:29 horas) Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar el jueves 14 de noviembre a las 10:00 horas.