SESION   DEL PRIMER  PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  DE LA LVIII LEGISLATURA.
14 DE NOVIEMBRE 2002

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (Toca la campanilla y dice): Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la

Presidencia que existen registrados previamente 334 diputados.

Por lo tanto, hay quórum.

- LA C. PRESIDENTA (A las 10:27 horas): Se abre la sesión.

Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Da lectura al orden del día)

- LA C. PRESIDENTA: Está a consideración el orden del día.

Pasamos al siguiente punto.

Le ruego a la Secretaría proceder a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Está a discusión el acta.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

- LA C. PRESIDENTA: Aprobada el acta.

Adelante diputado Secretario con comunicaciones.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: Comunicaciones.

(Da lectura a la invitación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal a la ceremonia cívica que con motivo del 178 Aniversario de la expedición del decreto de Creación del Distrito Federal, tendrá lugar el 18 de noviembre, a las 09:00 horas)

- LA C. PRESIDENTA: Para asistir en representación de esta Cámara se designa a los siguientes ciudadanos diputados:

Diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo, Diputado Jorge Alberto Lara Rivera, y Diputado Jesús Garibay García.

Le ruego a la Secretaría proceder a cerrar el registro electrónico de asistencia.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN: Se informa a la ciudadana Presidenta que hay 383 diputados.

Ciérrese el registro electrónico de asistencia.

(Da lectura al oficio por el que el congreso del estado de Hidalgo comunica la clausura de los trabajos correspondientes al receso del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional)

LA C. PRESIDENTA: De enterado.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN:

(Da lectura al oficio del congreso del estado de Hidalgo por el que se comunica la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio constitucional y la elección de los integrantes de la mesa directiva que funcionará durante el mes de octubre del 2002)

- LA C. PRESIDENTA: De enterado.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN:

(Da lectura al oficio del congreso del estado de Puebla por el que se comunica la apertura del tercer periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio legal, comprendido del 15 de octubre al 15 de diciembre del año en curso y la elección de la mesa directiva)

- LA C. PRESIDENTA: De enterado.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN:

(Da lectura al oficio del congreso del estado de Quintana Roo con el que se remite punto de acuerdo por el que se adhiere y apoya los acuerdos emitidos por las legislaturas de Zacatecas, Coahuila de Zaragoza y de Guanajuato, en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, por considerarla discriminatoria y violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos en situación migratoria irregular)

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PÉREZ GAVILÁN:

(Da lectura al oficio del congreso del estado de Quintana Roo por el que se comunica la elección de Presidente y Vicepresidente de la Mesa Directiva para el segundo mes del segundo periodo ordinario de sesiones, correspondiente al primer año de ejercicio constitucional que funcionará del 20 de octubre al 15 de diciembre de 2002)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: De enterado.

-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Comunicación del Jefe de Gobierno del Distrito Federal)

-PRESIDENTA: Remítase a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su conocimiento.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio del Gobierno del Estado de Querétaro)

-PRESIDENTA: Remítase a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su conocimiento.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación del Gobierno del Estado de Sonora)

-PRESIDENTA: Remítase a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública, para su conocimiento.

-MISMO SECRETARIO:

(Comunicación de la C. Presidenta de la Mesa Directiva, Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel)

-PRESIDENTA: De enterado y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, para su conocimiento; de Educación, para su conocimiento, y al promovente, Cutberto Cantorán.

-SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, con relación a que la Dip. Ma. Teresa Gómez Mont Urueta, quede como Secretaria de la Comisión Especial para la Reforma del Estado)

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

-PRESIDENTA: Aprobado.

-LA MISMA C. SECRETARIA.

(Junta de Coordinación Política. Solicitud a fin de que el C.Diputado Francisco Esparza Hernández quede como Secretario de la Comisión de Fomentoo Cooperativo y Economía Social).

En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA C. PRESIDENTA. Aprobado.

-LA MISMA C. SECRETARIA.

(Junta de Coordinación Política. Solicitud a efecto de que el C. Diputado Manuel Wistano Orozco Garza quede como Secretario de la Comisión de Seguridad Social).

-LA MISMA C. SECRETARIA. En votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA C. PRESIDENTA. Aprobado.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Junta de Coordinación Política. Solicitud a efecto de que el Diputado Mauro Huerta Díaz salga de la Comisión de Asuntos Indígenas)

-LA C. PRESIDENTA. De enterado.

-LA MISMA C. SECRETARIA.

(Junta de Coordinación Política. Solicitud a fin de que el Diputado Mauro Huerta Díaz sustituya al C.Diputado Bernardo de la Garza Herrera, como intgrante de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social).

LA C. PRESIDENTA. De enterado.

-LA MISMA C. SECRETARIA.

(De la Junta de Coordinación Política. Solicitud afin de que el C. Diputado Mauro Huerta Díaz sus-tituya al Diputado Concepción Salazar González).

-LA C. PRESIDENTA. De enterado

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Junta de Coordinación Política. Solicitud a fin de que la C. Diputada Nelly Campos Quiroz salga de la Comisión de Equidad y Género para sustituir al Diputado Mauro Huerta Díaz).

DE ENTERADO.

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: De la Secretaría de Gobernación:

(Oficios de los Gobiernos de los Estados de Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco y Tlaxcala respecto de los Centros de Readaptación Social )

- LA C. PRESIDENTA: Remítase a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Especial de Seguridad Pública para su conocimiento.

- EL C. MISMO C. SECRETARIO:

( Copia del oficio de la Secretaría del Medio Ambiente y RecursosNaturales respecto de la implementación de medidas de protección para salvaguarda la integridad de la mariposa Monarca )

- LA C. PRESIDENTA: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

- EL MISMO C. SECRETARIO:

(Dos que remiten copias de oficio de la Secretaría  de Contraloría y Desarrollo Administrativo de la Procuraduría General de la República,  solicitando información respecto al ex Secretario Adjunto Jurídico del IPAB )

- LA C. PRESIDENTA: Remítase a la Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.

- EL MISM OC. SECRETARIO:

( De SAGARPA solicitando se destinen recursos del FONDEN a los pescadores afectados por el paso de la tormenta "Julio" y el huracán "Isidore" en  los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas )

- LA C. PRESIDENTA: Remítase a las comisiones: Especial Encargada de Vigilar que los Recursos del FONDEN y partidas extraordinarias se apliquen oportunamente y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, para su conocimiento.

EL MISMO C. SECRETARIO:

( De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales respecto de la conservación de los recursos naturales en la región Iztapopo, que abarca los estados de Puebla, México y Morelos )

LA C. PRESIDENTA: Remítase a las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Presupuesto y Cuenta Pública, para su conocimiento.

EL MISMO C. SECRETARIO:

( De la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturalespara que se declare área natural protegida la zona conocida como Xcacel-Xcacelito en el estado de Quintana Roo )

- LA C. PRESIDENTA: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su conocimiento.

Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Marco Antonio Dávila Montesinos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 12 y 13 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

- EL C. DIP. MARCO ANTONIO DAVILA MONTESINOS: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados.

Los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 70, 71, 73 fracción X todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Hemos señalado en diferentes foros la falta de equidad en la asignación de tarifas eléctricas por parte de la Junta de Gobierno, de Hacienda y de Comisión, que toma como base la medida aritmética durante el día situación a todas luces injusta para ciudadanos de climas extremos y de humedad relativa para quienes lo correcto sería una media ponderada por el número de horas con temperaturas difíciles con que viven.

Asimismo se ha dicho con justicia que al carecer la Comisión Federal de Electricidad de los equipos necesarios para una adecuada medición de temperaturas, toma como base las mediciones que con agua y el CILA realizan como un trabajo adicional y distinto, para lo que son instalados y ubicados sus equipos de medición, ya que como todos sabemos en la mayoría de los casos, se ubican en ríos, presas y áreas arboladas, en razón de que es otra su función y que la temperatura que ellos registran varía en varios grados centígrados, la temperatura en la que viven los habitantes de las ciudades, con el lógico perjuicio para los habitantes que con esas temperaturas les impide tener acceso a otras tarifas con subsidio mayor pero de acuerdo a las condiciones climatológicas en la que viven.

Aunado esto y con la justificación de obtener mayores recursos para que las empresas públicas de energía eléctrica pudieran otorgar un servicio con más calidad y con eficiencia, así como para evitar seguir subsidiado usuarios, con mayor consumo de energía y proteger al 75% de la población por ser los de menor ingreso,el Ejecutivo publica un decreto del 7 de febrero, donde autorizan el ajuste, modificación y restructuración a las tarifas para su suministro de energía eléctrica reduciendo el subsidio a las mismas, amén de crear un tarifa nueva de alto consumo.

Las consideraciones de este acuerdo oficialmente elaborado de manera impecable, en cuanto a su orientación y objetivos, distó mucho de la realidad, ya que al analizar el articulado y contrastar las tarifas y rangos anteriores con los autorizados, confirman las enormes diferencias que hay y las consecuencias fácilmente predecibles en su operación, en la economía de los más amplios sectores de la población como oportunamente lo señalamos.

No conforme con lo anterior el Ejecutivo, según su dicho, atendiendo al marcado reclamo popular de las ciudades de climas húmedos y cálidos y extremosos, expide un nuevo decreto el 8 de abril creando la Tarifa 1-F, faltando una vez más a la verdad, ya que dicha tarifa lo único que ofrece es restablecer el segundo rango intermedio de la tarifa 1-E, que tenía hasta antes del decreto del 7 de febrero, y lo que éste último acuerdo no resolvió en lo más mínimo el problema del los estados con temperaturas extremas, ya que surtió efecto para tres ciudades en todo el país.

Prueba de lo anterior es el alto rechazo popular a ambas medidas en todo el país, problema que ha ido creciendo y ya son preocupantes las acciones de inconformidad que a lo largo de la República se están realizando. La desesperación puede tomar causas incontrolables, como se observa en el norte y sur del país, donde han pasado ya de en lugar de protesta pacífica, a acciones de movilización. Hoy la realidad de los recibos hace estragos en las familias mexicanas que viven en climas extremosos y de humedad relativa, en donde el uso de la energía no es un privilegio tanto en el verano como en el invierno.

Ese recibo que no admite demagogia ni cifras manejadas, ha puesto a miles de familias en la disyuntiva de comer o pagar la luz, como en el caso de los jubilados y pensionados que con su irrisoria pensión deben de dejar de medio comer o correr el riesgo de que les corten la luz.

Considernado: Primero, que en el caso de todos los habitantes de las ciudades de climas extremos es una necesidad el uso de la energía para contar con lo mínimo para tener una vida aceptable y digna, tanto en lo sofocante del verano y sobre todo en lo congelante del invierno, ahora el subsidio es menor.

Segundo, que en el caso de estas regiones son inequitativas las reglas para la asignación de tarifas de uso doméstico por las condiciones climatológicas en que viven.

Tercero, que los sistemas de medición de temperatura de CONAGUA y el SILA (¿) no reflejan la realidad de las temperaturas en que se vive en las colonias.

Cuarto, que como efecto de los consumos mayores por parte de las familias de clase socio económica media baja, media y alta, en realidad se ha pagado mucho más en proporción al consumo, lo que también ha repercutido en el pago de mayores proporciones de impuestos y derechos, ya que en casi la totalidad de las ciudades norteñas el pago del 15 por ciento del IVA mas el 15 por ciento del DAP aumenta en un 20 por ciento la facturación, por lo tanto es muy cuestionable definir el esquema tarifario anterior como regresivo.

Quinto, que en el caso de las ciudades con climas extremosos la afectación económica que sufrieron los habitantes, derivada del deslizamiento mensual a través del índice anualizado, representó el último año más del 14 por ciento, es decir el triple de la inflación oficial del 2001 y muy superior a los incrementos salariales.

Sexto, que en el caso de los consumidores de la nueva tarifa DAP son muchas las razones por las que se puede incluir como tales y no en todos los casos por ingresos altos, ya que en invierno en estas ciudades es casi el mismo consumo de energía en los hogares para mantener condiciones aceptables de vida ante el crudo invierno.

Séptimo, que los acuerdos publicados el 7 de febrero y el 8 de abril han puesto en una situación difícil a las familias de menores ingresos y de las clases medias, por el incremento de las tarifas eléctricas, causándoles un gran impacto tanto económico como social en las regiones de climas extremosos y de humedad relativa, ya que el porcentaje del salario que destinan para el pago de luz es sustancialmente mayor al que se destina en otras regiones del país.

Octavo, porque como parte importante de nuestra función es la de ser la Cámara de Diputados la auténtica representación popular responsable de cuidar los intereses de nuestros representados, proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente:

Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Artículo primero. Se reforma el artículo 12 de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue:

Inciso 6º. "Acordar el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas en los casos de emergencia previstos en el artículo 31".

Fracción 7ª. "Aprobar y presentar oportunamente a la Cámara de Diputados la propuesta anual para la aplicación de las tarifas".

Artículo 2º. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: "El Congreso de la Unión fijará anualmente en la Ley de Ingresos, las tarifas aplicables a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, atendiendo a las necesidades de las empresas públicas que los prestan, a los requerimientos de la ampliación del servicio y a la racionalización del consumo de energía. Igualmente, establecerá los criterios y los rangos de las variaciones aplicables a dichas tarifas, por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la prestación del servicio en horas de demanda máxima, mínima o las aplicables a una combinación de ambas".

La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar a la Cámara de Diputados su propuesta anual para el establecimiento de tarifas, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, para la fijación definitiva de las tarifas. La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados realizará las consultas necesarias con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta de las necesidades de subsidios al consumo de energía eléctrica para los consumidores domésticos que por razones de su situación económica o ubicación geográfica lo requieran, ésta propuesta deberá acompañarse al proyecto de establecimiento de tarifas que se presente ante la Cámara de Diputados.

Con el objeto de asignar las tarifas correctas y justas con el subsidio respectivo, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, deberán de tomar en cuentas las variaciones y diferencia de temperaturas que reconoce CONAGUA y el CILA en climas extremosos, así como en climas de factor humedad relativa, registradas por sus aparatos de medición en sus lugares de ubicación con las temperaturas que se registran en las colonias y áreas donde residen los ciudadanos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Proyecto de Egresos, deberá considerar las estimaciones necesarias para cubrir los subsidios indispensables en la prestación de este servicio con cargo al erario público y sin afectar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, la Cámara de Diputados resolverá lo conducente.

TRANSITORIOS

Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Por única ocasión este decreto considera el 30 de noviembre del 2002 como fecha límite para la presentación al Congreso de las propuestas respectivas.

Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, cualesquiera menciones que aludan a la facultad que anteriormente se concedía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas y reglamentos se extenderán referidas al Congreso de la Unión.

Cuarto.- Quedan sin efecto los ajustes tarifarios efectuados durante el presente año y publicados en el Diario Oficial de la Federación de 7 de febrero y 8 de abril.

La Comisión Federal de Electricidad seguirá aplicando las tarifas que regían con anterioridad a dichos ajustes para que entren en vigor las nuevas tarifas dictaminadas en el presente decreto, por el Congreso de la Unión.

Presento esta iniciativa de decreto a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribiéndolo todos los diputados integrantes del PRI, así como los integrantes del PRI de la Comisión de Energía.

Gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Energía.

Tiene la palabra el diputado Fernando Pérez Noriega del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma la Ley General de Salud en materia de donación y transplantes de órganos.

EL DIP. FERNANDO PEREZ NORIEGA: Con el permiso de la Presidencia.

Siguiendo el Acuerdo Parlamentario, voy a hacer una síntesis de la iniciativa, pidiendo que en su momento la Presidencia instruya a quien corresponda para efecto de que se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates.

Compañeras y compañeros diputados

Diversas condiciones sociológicas, culturales, religiosas, políticas y jurídicas han sido obstáculos en la evolución de los transplantes de órganos. Es indispensable el fortalecimiento de una cultura que favorezca la donación de órganos y tejidos para en consecuencia mejorar la atención e incrementar las expectativas de salud de los pacientes que requieren de un transplante.

Los padecimientos crónico degenerativos representan el 33% de la mortalidad en nuestro país, siendo susceptibles de atenderse mediante transplante alrededor de la mitad de esos casos.

La Ley General de Salud señala que el derecho a la protección de la salud tiene como finalidad, entre otras, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud.

Ciertos estamos de que es obligación de las autoridades prevenir la comercialización y tráfico de órganos, pero ello no se va a lograr coartando las posibilidades de efectuar un transplante entre vivos al restringirlo únicamente a la donación entre familiares. Ello es, en sí, un retroceso y un terrible inhibidor de la donación, como un acto esencialmente altruísta.

Es de señalarse que han sido debidamente tipificadas como delitos en la Ley General de Salud, las figuras relativas al tráfico internacional de órganos y la comercialización de éstos.

Por otro lado, lo transmitido por medios masivos de comunicación a este respecto, es en muchas veces inverosímil, en virtud de que la extracción de un órgano de manera ilícita, requiere de una infraestructura muy amplia y costosísima, además de una serie de análisis clínicos minuciosos, que permitan comprobar la compatibilidad entre donador y receptor, ya que de lo contrario, el órgano no serviría de nada a quien lo obtuviere.

No debemos perder de vista los beneficios que un transplante exitoso implica, el equipo médico cumple con la tarea de mejorar y prolongar la vida del paciente, el receptor ve incrementada y mejorada su calidad de vida y se incrementa el prestigio científico y técnico de nuestro Sistema Nacional de Salud, lo cual resulta en su conjunto y a todas luces, benéfico para nuestro país, toda vez que se incrementa el capital humano y el Estado cumple con su obligación en materia de salud.

Para citar un ejemplo de la importancia de esta materia, debemos señalar que la incidencia de insuficiencia renal asciende al año a 100 casos nuevos por cada millón de habitantes, y que la mitad de ellos son susceptibles de tratamiento por transplante, esto significa que es necesario realizar 5 mil transplantes renales al año.

El Registro Nacional de Trasplantes estimó que se requieren anualmente 10 mil córneas, 500 hígados, 500 corazones para ser transplatandos. Estos datos sugieren promover la cultura de donación intervivos, incentivar la aceptación de donación de órganos de cadáveres, urge un esfuerzo conjunto de legisladores, autoridades, medios de comunicación y sociedad civil en pro de la cultura referida.

La obtención de órganos de cadáver en México es muy reducida, existen condiciones socioculturales de la población, que dificultan la aceptación de esta práctica, pero el mayor problema es la apatía de la gente, es nuestro deber trabajar, para que la oferta de órganos se acerque a la demanda, incrementar la oferta de órganos es una tarea que nos corresponde a todos.

Es relevante la participación de los líderes morales de las principales regiones de Occidente, quienes se han sumado a este acto de fraternal solidaridad, como lo ha hecho el Papa Juan Pablo II, quien textualmente señaló, y lo cito: "Los transplantes son la gran conquista de la ciencia al servicio del hombre y no son pocos los que en nuestros días sobreviven, gracias al transplante de un órgano.

Por esto en la Carta-Encíclia Evangelium Vitae, recordé que entre los gestos que contribuyen a alimentar una auténtica cultura en la vida, merece especial reconocimiento la donación de órganos, realizada según criterios éticamente aceptables, para ofrecer una posibilidad de curación e incluso de vida a enfermos tal vez sin esperanzas". Ahí termina la cita.

En este orden de ideas, debemos pugnar porque terceras personas, como lo son los familiares, no puedan contravenir lo dispuesto inclusive a través de la aceptación tácita por el disponente originario.

La aceptación tácita no implica que el Estado se convierta en propietario de los cadáveres, toda vez que la disposición está limitada. No sólo al destino señalado sino por el factor tiempo, ya que sólo se cuenta con unas cuantas horas, para obtener los órganos susceptibles a ser transplantados.

La reforma sugerida, no atenta contra el derecho que los familiares tienen para dar al cuerpo del occiso el culto post mortem, de acuerdo con sus costumbres sociológicas y religiosas.

La fórmula de la aceptación tácita o de la no constancia en la oposición expresa, exalta los principios de solidaridad y altruísmo, y en consecuencia incentiva la cultura de la donación, con pleno respeto a la libertad de creencias y de culto.

En la medida en que se incremente la oferta de órganos, los familiares de personas enfermas menos necesidad tendrán de acudir a prácticas ilícitas para su obtención.

Se propone que la negativa de donación cadavérica, se plasme en la Cédula de Identidad Ciudadana, misma que dará la certeza que la voluntad de quien no desee donar sus órganos con posterioridad a su defunción, será plenamente respetada, salvaguardándose con ello su derecho de objeción de conciencia.

El principal objetivo de la iniciativa que hoy sometemos al pleno, es la de facilitar la praxis de los trasplantes de órganos en sus dos hipótesis: intervivos y postmortem, para satisfacer la indiscutible necesidad de quienes requieren un órgano para seguir viviendo.

Es así que se propone la modificación del artículo 324 de la Ley General de Salud, que regula la aceptación tácita para eliminar el requisito de obtener el consentimiento de un tercero para que prevalezca la voluntad, ya sea expresa o tácita del donante.

Asimismo, se propone determinar y precisar que el documento público en el que deberá constar en su caso la negativa a donar, será la Cédula de Identidad Ciudadana prevista en la Ley General de Población.

Por otro lado, se sugiere derogar el artículo 325, toda vez que en el texto sugerido por el artículo 324, se contempla tanto la condición de que se verifique la pérdida de la vida del donante para que opere el consentimiento tácito, como la de limitación del trasplante como único fin de la extracción de los órganos bajo esta hipótesis.

Asimismo, se sugiere derogar la fracción VI del artículo 333, eliminando con ello el requisito de parentesco para practicar la donación entre vivos por las razones ya expuestas.

Compañeras y compañeros legisladores:

Tenemos frente a nosotros una importante oportunidad para que el Estado cumpla con la impostergable obligación de satisfacer el derecho a la protección de la salud que tiene el pueblo de México.

Culmino esta exposición citando las palabras del doctor Lucio Shishione (¿), quien de manera muy acertada señala que "con la donación de órganos –y lo cito- se dibuja un singular cruce entre muerte y vida; chispas de vida saltan al reino de la muerte, de un cadáver de quien es ahora muerte se extrae algo que a otros les permitirá prevalecer sobre la muerte ya inminente y continuar viviendo sanos. La muerte entonces ha cambiado de rostro".

Muchas gracias por su atención.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.

Insértese íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria; asimismo túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra la diputada Raquel Cortés López del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma la Ley General de Protección Civil, hasta por diez minutos.

LA C. DIPUTADA RAQUEL CORTES LOPEZ.- Muchas gracias, ciudadano Presidente.

Los suscritos diputados y diputadas a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Asamblea de esta Cámara la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Protección Civil, con base en la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

La iniciativa que traigo a esta soberanía, responde a la preocupación que como representantes populares y como mexicanos debemos tener para con los más vulnerables de nuestro pueblo: los adultos mayores, las personas con discapacidad y los niños ante cualquier desastre.

La tormenta tropical "Chantal", los huracanes "Iries", "Juliette", "Isidore" y "Kena", las inundaciones en varios estados de la república, han dejado muchas secuelas sociales y económicas, pero estos fenómenos han golpeado a los que menos tienen y a los que menos se pueden defender.

La presente iniciativa tiene por objeto:

Primero. Ampliar el espectro de la protección civil establecida en el Sistema acional de Protección Civil y demás instrumentos gubernamentales en la materia a la integridad física de las personas, ya que la ley sólo habla de proteger la vida.

Segundo. elevar a rango de ley la prioridad de los grupos vulnerables en todas las acciones de protección civil.

La guía de prevención de desastres editada por el Centro Nacional de Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, señala cito textualmente: "Cada desastre generalmente produce efectos perdurables y arroja un lamentable balance en cuanto a la pérdida de vidas humanas". Este es el fin de la cita.

Datos tomadas de Atlas Nacional de Riesgos, indican que en el sismo de septiembre de 1999, en Oaxaca hubieron 35 muertos, más de 10 mil viviendas afectadas y daños estimados en 1424 millones de pesos.

En las lluvias torrenciales en Puebla, Hidalgo, Tabasco y Oaxaca en octubre del 99 el Atlas reporta 329 muertos, más de 295 mil damnificados. Hasta el momento sólo nos preocupamos por la vida; es decir, que nadie muera, ¿pero qué estamos haciendo por evitar que las personas no queden con una discapacidad el resto de sus vidas?

Ya hay estadísticas precisas sobre las secuencias que producen los desastres sobre la integridad física y mental de las personas. La discapacidad tiene uno de sus orígenes en los accidentes y de acuerdo con el glosario del vigésimo segundo Censo General de Población y Vivienda, accidentes son situaciones fortuitas y de 7.7% de las personas con discapacidad encuentran su origen en los accidentes. En este rubro se encuentran todos los tipos de discapacidad: motriz, visual, auditivas y mentales. Tampoco tenemos estadísticas acerca de los impactos de los siniestros a los adultos mayores.

Por las anteriores razones es que promuevo reformar el artículo 10 de la Ley General de Protección Civil. Además de la reforma antes mencionada la presente iniciativa pretende actualizar los términos usados en el artículo 28 fracción II, personas minusválidas por personas con discapacidad; de tercera edad por adultos mayores y menores de edad por niñas y niños.

El término minusválido en nuestra legislación dejó de tener vigencia a partir de 1994, cuando se reformó y adicionó la Ley Aduanera que en su artículo 61 fracción XXV, párrafo segundo, señalo cita: "... se considera como persona con discapacidad la que debido a la pérdida o anormalidad de una estructura o función sicológica, fisiólogica o anatómica, sufre la restricción o ausencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano". Fin de la cita.

La palabra tercera edad, para definir a las personas mayores de 60 años, ha quedado fuera de uso ya que el pasado pasado 25 de junio del 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores.

Por lo que se refiere a la reforma del término de menores de edad, esa se basa en la existencia de la Ley para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

En resumen, proponemos actualizar términos con base en nuevas leyes dirigidas a estos grupos vulnerables. Esta iniciativa pretende que los programas federales, estatales y municipales, consideren a los grupos vulnerables que hemos citado, en ella sean prioritarios, ya que existen un conjunto de factores que le impiden desarrollar plenamente los planes, programas de acciones de protección civil, en caso de desastre.

La lista sería enorme pero sólo mencionaremos los factores más importantes humanos. Velocidad, estos grupos por lo general son lentos. Agilidad, poca destreza por la edad o por la falta de algún miembro o facultad. Reflejos reducidos y lentos por edad avanzada. Los físicos, arquitectónicos, estructuras inaccesibles. Transporte, sin implementos mecánicos para el uso de grupos vulnerables.

Cabe desatacar que esta iniciativa es la respuesta para una de las líneas de acción que se ha propuesto realizar el Fondo de Desastres Naturales en Materia de Grupos Vulnerables.

Finalmente, la iniciativa propone que en el artículo 39 se adicione una fracción III que obliga a las unidades estatales y municipales del Distrito Federal, a aplicar medidas de seguridad tendientes a identificar esos espacios físicos, a la población con alto grado de vulnerabilidad como son los adultos mayores, las personas con discapacidad y los demás que cita la fracción II del artículo 28 de esta ley, para que establezcan las medidas específicas en caso de riesgos inminentes.

Me refiero a que las unidades tendrán que contar con una radiografía de los grupos vulnerables: dónde están, cómo son, cuántos son, para saber qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo.

Proponemos una protección civil en la que las más importantes sean las personas, su integridad física, en la que los grupos vulnerables sean prioridad en los programas y que éstos contemplen las características con alto grado de vulnerabilidad en caso de desastre.

Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Protección Civil.

Artículo 1. Se reforma el artículo 10, en su párrafo primero; el artículo 28, fracción II; el artículo 38, párrafo primero y se le adiciona un nuevo párrafo, así como la fracción III al artículo 39, para quedar como sigue:

Ley General de Protección Civil. Artículo 10. El objetivo del sistema nacional es el de proteger a las personas en su integridad física y en su vida y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o humanos, a través de acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.

Artículo 28. Se podrán elaborar programas especiales de protección civil cuando: fracción II, se trate de grupos específicos como personas con discapacidad, de adultos mayores, jóvenes, niñas y niños y grupos étnicos.

El artículo 38. En caso de riesgo eminente sin perjuicio de la declaratoria de emergencia y de lo que establezcan otras disposiciones, las dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal ejecutarán las medidas de seguridad que les compete a fin de proteger la integridad física y la vida de la población y sus bienes, la planta productiva y el medio ambiente para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.

La población objeto de los programas especiales previstos en el artículo 28, fracción II de esta ley serán objeto prioritario de todas las acciones de protección civil.

Artículo 39. Las unidades estatales, fracción III, identificación de la población con alto grado de vulnerabilidad y las medidas específicas en caso de riesgo inminente y

Transitorios: primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

En virtud de lo anterior solicitamos que la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Protección Civil sea turnada a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de esta Cámara de Diputados.

Es cuanto. Muchísimas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Insértese íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, como lo ha solicitado la ponente.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Ochoa Toledo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales, hasta por 10 minutos.

EL C. DIPUTADO ALFREDO OCHOA TOLEDO: Ciudadanas legisladores, ciudadanos legisladores: los ciudadanos legisladores que suscribimos la presente iniciativa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo que establecen los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Nacionales.

"El propósito fundamental que motiva la presente iniciativa, es el de actualizar su marco jurídico otorgando certeza legal a quienes deben su observancia.

Se busca evitar en la práctica cualquier situación que pudiera ser considerada de privilegio y que por consecuencia afecte negativamente la moral y disciplina del personal militar.

"En su implementación destacan fundamentalmente los siguientes aspectos:

"Primero.- Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 89 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 29 de la Ley de Ascensos establece que: "Los ascensos a los grados de Coronel, General Brigadier o de Grupo, General de Brigada o de Ala y de División, serán conferidos por el Presidente de la República atendiendo preferentemente al mérito, aptitud y competencia profesionales, a juicio de dicho alto funcionario".

"Para evitar malos entendidos o que se interprete que los ascensos pudieran ser selectivos o discrecionales, a dicho artículo se le adiciona la facultad de nombrar un cuerpo colegiado integrado por generales y otros elementos de apoyos para constituir la Comisión de Evaluación para la Promoción Superior. Este organismo ya existe y ha venido funcionando con eficiencia y eficacia desde 1989.

"Hoy por décima cuarta vez consecutiva ha aportado los elementos de juicio que permitirán al Presidente de la República decidir con transparencia quiénes serán los ascendidos en estos altos grados, el próximo 20 de noviembre.

"En una segunda adición al propio artículo 29 se precisa que los aspirantes al ascenso deberán tener por lo menos cuatro años de antigüedad en el grado que ostenten y los tiempos mínimos de servicio siguientes:

"Los Tenientes Coroneles, 23 años; los Coroneles, 27 años; los Generales Brigadieres o de Grupo, 31 años; y los generales de Brigada de Ala, 35 años.

"Actualmente la Comisión de Evaluación está integrada por el Subsecretario de la Defensa Nacional, quien actúa como Presidente, el Oficial Mayor, el Inspector y Contralor General, el Comandante de la Fuerza Aérea y el Jefe de Estado Mayor de la Secretaría, actúan como vocales, siendo auxiliares de la misma los directores generales de las armas y de los servicios.

"Segundo.- Por lo que respecta a la promoción especial se modifica la antigüedad: Los subtenientes egresados de las escuelas o Cursos de Formación de Oficiales, podrán ser ascendidos al grado de teniente fuera de concurso al cumplir dos años de antigüedad en el grado, en lugar de los tres establecidos, además de cumplir con los requisitos señalados en el instructivo correspondiente.

"Tercero.- Por lo que se refiere al personal militar que se desempeña como profesores o instructores en planteles de educación militar, los ayudantes del Presidente de la República, del Secretario, Subsecretario u Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, y los encuadrados en los Estados Mayores y en los Cuarteles Generales de las grandes unidades, mencionados en los artículos 15 y 18 de la Ley de Ascensos, se adiciona que se les compute por una sola vez su estancia en dichas comisiones como tiempo de servicio en unidades del activo en cuarteles para efectos de la promoción general, en el entendido que para participar en concurso de selección posteriores, deberán dar estricto cumplimiento a los artículos 15 y 17 de la Ley de Ascensos y Recompensas.

"Con lo anterior se fortalece el ejercicio del mando y permite que éste se ejerza en todas las jerarquías que la ley señala. En resumen, el ejercicio del mando, la estancia en cuarteles y el contacto con las tropas, refuerzan el perfil profesional del militar.

"4º En virtud de que la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos vigente ya no contempla la clasificación de ramas de la Fuerza Aérea, éstas quedan suprimidas en los artículos 4º, 10º, 11, 15, 17 y 38 de la Ley de Ascensos, haciéndose las modificaciones correspondientes.

"5º Se actualiza el título segundo de la referida ley en relación a las recompensas militares, adicionando al artículo 45 tres condecoraciones:

"La Condecoración de Retiro que se otorga a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea que causen baja del servicio activo y que hayan prestado más de 45 años de servicios efectivos.

"La Condecoración al Mérito en la Campaña Contra el Narcotráfico que se concede a los miembros del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos o a Civiles que en cumplimiento de su deber realicen actos de notoria trascendencia en la lucha contra los estupefacientes y en sus resultados, entregándose a la esposa o familiares en grado cercano en caso de muerte de aquellos.

"Y la Condecoración de la Legión de Honor Mexicana que se otorga por el Estado Mexicano a las personas que pertenecen o que en lo sucesivo ingresen a dicha institución.

"6º Finalmente esta iniciativa se propone derogar los artículos transitorios 2º y 3º, en virtud de que ambos ya han cumplido con los propósitos previstos en cada uno de ellos. De igual forma se propone modificar la última parte del artículo 6º transitorio en razón a que la Armada de México ya dispone de una normatividad específica en materia de ascensos y recompensas".

Con el de la voz suscriben esta iniciativa los diputados que se mencionan: José Alvaro Vallarta Ceceña, del Partido Revolucionario Institucional; José Alfredo Botello Montes, del Partido Acción Nacional; César Horacio Duarte Jaquez, del Partido Revolucionario Institucional y Julieta Prieto Furhken, del Partido Verde Ecologista de México.

Es cuanto, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Gracias, Diputado.

Túrnese a la Comisión de Defensa Nacional.

La iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Aduanera y de la Ley de Comercio Exterior propuesta para presentarse por el diputado César Alejandro Monraz Sustaita se pospone para otra sesión.

La iniciativa de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal propuesta por el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez se pospone para una próxima sesión.

Por lo tanto, tiene la palabra el diputado Jorge Carlos Berlín Montero, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 74 fracción IV párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 8 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación para adelantar la fecha límite de entrega de la Cuenta Pública, hasta por diez minutos.

-DIP. JORGE CARLOS BERLIN MONTERO: Con su permiso, señor Presidente.
"Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos, diputados integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 75 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de reformas al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Fiscalización Superior.

"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

"El 14 de julio de 1999, el Constituyente Permanente reformó los artículos 73, 74, 78 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de crear la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación, estableciendo nuevas bases que permiten a la Cámara de Diputados fiscalizar la gestión financiera de los Poderes de la Unión y de las entidades federales.

"En los artículos transitorios de este decreto se establecía que la Entidad de Fiscalización Superior iniciaría sus funciones el 1º de enero del año 2000 y que la revisión de la Cuenta Pública y las funciones de fiscalización que se reformaban con este decreto se llevarían a cabo a partir de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente al año 2001.

"En virtud de lo anterior y a efecto de reglamentar los artículos constitucionales reformados con fecha 14 de diciembre de 1999, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de este órgano legislativo, emitieron el dictamen correspondiente, siendo conocido y aprobado por el pleno de esta Cámara de Diputados en su calidad de Cámara de origen, el 15 del mes y año citados.

"El pleno de la Cámara de Senadores aprobó el dictamen indicado en el punto anterior y en virtud de las modificaciones contenidas en el mismo a la minuta remitida por la Cámara de origen, devolvió a esta Cámara de Diputados el expediente respectivo, mismo que contenía la Minuta con Proyecto de Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual una vez revisada y dictaminada por las Comisiones a la que fue turnada, fue aprobada por el pleno el 20 de diciembre de 2000.

"En la actualidad e inclusive antes de estas reformas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74 párrafo VI del inciso cuarto, establece que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de junio.

"A su vez, la nueva Ley de Fiscalización Superior, en su artículo 8º párrafo primero, señala que: La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara y en sus recesos, si es el caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los diez primeros días del mes de junio.

"Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del despacho correspondiente, a informar de las razones que lo motiven. En ningún caso la prórroga excederá de 45 días naturales.

"En cumplimiento a estos ordenamientos, el Ejecutivo Federal entregó el pasado 10 de junio la Cuenta Pública correspondiente al año 2001 y la Auditoría Superior de la Federación deberá entregar el informe de resultados de su revisión a más tardar el 31 de marzo de 2003, plazo improrrogable, según el numeral 30 de la Ley Superior de Fiscalización y 79 de nuestra Carta Magna, es decir, el plazo para la entrega de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo sigue siendo el mismo, no sufrió ninguna modificación, a pesar de las reformas al artículo 74 constitucional del 14 de julio de 1999, mientras que el plazo de entrega del informe de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, que sí fue reformado, se acortó, quedando éste en 300 días después de la recepción de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo.

"A mayor abundamiento, el Ejecutivo cuenta a partir de su cierre de ejercicio presupuestal anual, de hasta 160 días para la entrega de la Cuenta Pública y la Auditoría 300 días a partir de que la recibe la Cámara o la Comisión Permanente, un total de 460 días para conocer el informe de resultados de esta revisión.

"Si bien es cierto que con las reforma constitucionales multicitadas se acortaron los tiempos hasta en 150 días, 5 meses, esto fue a expensas del órgano técnico de la Cámara de Diputados, que antes de las reformas contaba hasta con 450 días que sumados a los 160 días con que ha contado el Ejecutivo para entregar la Cuenta Pública, daban un total de 610 días para poder conocer los resultados de la revisión.

Con la reforma que se propone, que consiste en adelantar la entrega de la Cuenta Pública por parte del Ejecutivo Federal a más tardar el 30 de Abril del año siguiente al término del ejercicio presupuestal del año anterior, se ahorrarían un mínimo de 40 y un máximo de 50 días, lo que acortaría el conocimiento de los resultados de la revisión de la Cuenta teniéndose este en un total de 420 días calendario como máximo.

Este Informe de Resultados se tendría a principios del mes de Marzo y no el último día del mes como actualmente se dispone.

Coincidimos con los grupos parlamentarios que aprobaron la Ley Superior de Fiscalización, en el sentido que esta Ley facilita la operación de la institución encargada de la Fiscalización Superior de la Federación y que garantiza una adecuada y eficiente función, pero también coincidimos con ellos mismos en cuanto a su señalamiento en que como toda norma jurídica esta Ley es susceptible de perfeccionarse y que una vez que esta entrara en vigor, se haría necesario una revisión puntual de la misma, todo en aras de hacer más expeditas las funciones de la Cámara de Diputados en materia de la Revisión de la Cuenta Pública.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Fiscalización Superior

1º.- Se reforma el Artículo 4º párrafo 6º del Artículo 74º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

La Cuenta Pública del año anterior, deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dentro de los diez últimos días del mes de Abril.

2º.- Se reforma el párrafo 1º. Del Artículo 8º de la Ley de Fiscalización Superior para quedar como sigue:

La Cuenta Pública del año anterior, deberá ser presentada por el Ejecutivo Federal a la Cámara y en sus recesos, si es el caso, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro de los diez últimos días del mes de Abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso, el Secretario del Despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven.

En ningún caso, la prórroga excederá de 45 días naturales.

Transitorio.- UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Diputado Jorge Carlos .G. Montero, su servidor.

Esta Iniciativa la hago también, en nombre del Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Revolucionario Institucional. Muchísimas gracias.

(aplausos)

-EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Insértese íntegra la presente Iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en La Gaceta Parlamentaria. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación y de Seguridad Pública.

Tiene la palabra la Diputada Gina Andrea Cruz Blackledge, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que reforma diversas Disposiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hasta por diez minutos.

-LA C. DIPUTADA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE:- Señor Presidente, por obviedad de tiempo sólo me referiré a la Exposición de Motivos de la Iniciativa, por lo que solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.

Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. La suscrita, Diputada Federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto al pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman los Artículos 185, 187, 189 y 190 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de Propaganda Electoral, conforme a la siguiente Exposición de Motivos.

Las democracias modernas no pueden ser entendidas sin la existencia de los partidos políticos por las tareas fundamentales que dichas organizaciones cumplen en la integración de los cuerpos representativos de Gobierno y en la vinculación del poder público con los grupos sociales de acuerdo a las ideologías, valores y metas que proponen.

Sin embargo, es un hecho cierto que hoy en día los partidos políticos enfrentan prácticamente en todo el mundo una crisis que cuestiona su actuación y el papel que tendrán ante los nuevos retos que enfrentan las sociedades.

En nuestro país, la Constitución define a los partidos políticos como entidades de interés público cuyo fin primordial es el de promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de la representación nacional y -como organizaciones de ciudadanos- hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal libre, secreto y directo.

Asimismo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es el instrumento jurídico que regula la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas; en tal sentido, en los artículos 24 y 25 se establecen los requisitos para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional.

Dentro de estos requisitos está el presentar una declaratoria de principios que incluya invariablemente la obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen.

Bajo esta tesis, el artículo 4º de nuestro Carta Magna dispone que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar por lo que los partidos políticos deben asumir su responsabilidad para que además de cumplir con las funciones delegadas por la máxima ley participen con la sociedad para logra un país limpio, libre de contaminación en el que nuestros niños puedan crecer sanos.

En las campañas electorales que duran de dos meses y medio hasta cinco meses, dependiendo de la elección, los partidos políticos tienen permitido imprimir su propaganda sin ninguna restricción en cuanto al número y materiales utilizados en su elaboración; además no se establece de manera clara la obligación de conservar en buen estado los elementos de equipamiento urbano, generando con ello deterioro y maltrato al mismo, así como contaminación visual y basura no desagradable.

Muchas veces reparamos en la contaminación del aire, suelo, agua, sin percatarnos de la contaminación visual ocasionado por el volumen indiscriminado de propaganda y anuncios dispersos en cualquier parte de las ciudades en especial durante el desarrollo de las campañas electorales.

En un análisis realizado por expertos en materia de sicoanálisis se indica que nuestro cerebro tiene una determinada capacidad de absorción de datos que cuando una imagen supera el máximo de información que el cerebro pueda asimilar, se produce una especie de estrés visual; el panorama perceptual se vuelve caótico y la lectura ordenada del paisaje se hace imposible. En ese tenor, el contenido visual de los mensajes publicitarios en rutas y calles también suele ser un importante factor degenerativo.

En materia electoral la contaminación visual es resultado de la excesiva propaganda política en campañas electorales largas y que además el material utilizado para dicho fin se convierte en basura no reciclable representando un alto costo social que asumen todos los mexicanos al tener que soportarla injustificadamente períodos tan prolongados de campañas y precampañas.

Lo anterior se agrava a consecuencia del volumen de desperdicio de plástico.

En México, igual que en otros países, se ha incrementado en forma notable el uso de los plásticos sin embargo este material ha recibido críticas severas sobre el impacto que produce en el medio ambiente. El tema del reciclaje de los materiales utilizados para elaboración de la propaganda es otro problema que no debemos dejar de atender, sabemos que el reciclaje es un proceso que tiene por objeto la recuperación en forma directa o indirecta de los componentes que contienen los residuos cualquiera que sea el origen de los mismos.

El nivel de la cultura democrática de nuestro país no mejora a mayor número de propaganda política expuesto en la vía pública, por el contrario provoca descontento en la población.

Estudios en mercadotecnia política revelan que el impacto en los electores por la utilización de esta clase de propaganda oscila alrededor del 6% de la población, es decir su influencia sobre el electorado es casi nula.

Por otro lado, es menester reconocer que el presupuesto asignado a los partidos políticos para gastos de campaña y por ende de propaganda impresa, representa una significativa carga al Erario Público por lo que reducir el período de duración de las mismas permitiría ahorrar recursos que pueden ser destinados a otros rubros, además de contribuir con la preservación del medio ambiente.

Abundando en lo anterior hay quienes afirman que una campaña tan larga identifica ciertos problemas a saber: un partido electoral por parte de la ciudadanía, un excesivo costo en las campañas, un agotamiento físico y material de los candidatos y partidos políticos y como ya se apunto una contaminación del medio ambiente, considerable y preocupante. Una campaña electoral debe tener como fin concienciar e informar a la ciudadanía, respecto a las opciones que tiene para elegir a sus gobernantes y representantes; no para hacer un derroche material, físico cuyo costo beneficio resulte ser negativo respecto a la percepción ciudadana.

Por ello esta iniciativa, pretende reformar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para establecer cinco propuestas fundamentales como son:

Que la propaganda impresa a que se refiere el primer párrafo del artículo 185, deberá estar fabricada con materiales reciclables y de reuso, que no contengan sustancias tóxicas ni materiales que representen un daño directo a la salud;, que el incumplimiento de esta disposición por parte de algún partido político sea sancionado de conformidad con lo dispuesto en el mismo Código.

Se prevé que la propaganda de los partidos políticos, Coaliciones y los candidatos realicen en la vía pública por cualquier medio, se sujetará a lo previsto por el artículo 186 así como las disposiciones administrativas expedidas en materia de prevención de la contaminación, no solo por ruido sino también el suelo y visual. Que no se podrá colgar, fijar o pintar ningún tipo de propaganda en elementos de equipamiento urbano, carretero o ferroviario ni en accidentes geográficos; que los Consejos Distritales, tendrán la obligación de vigilar que los partidos políticos, cumplan con las disposiciones establecidas en materia de propaganda impresa.

Finalmente, a efecto de acortar el tiempo de duración de las campañas federales, precisamente para evitar mayor contaminación visual, del suelo y por ruido se propone que las mismas, inicien a partir de los quince días siguientes al de la sesión del registro de los candidatos y no al día siguiente como lo prevé el actual artículo 190.

Debemos tomar conciencia de que la política no debe ser reducida a los límites estrechos, episódicos o efímeros de un acontecimiento electoral, sino bien, debemos trabajar en la víspera de las elecciones, no podemos sacrificar el destino de la voluntad del pueblo por una simple acción de propaganda partidista. Es necesario que como entidades de interés público sumemos esfuerzos y acciones para demostrar a la sociedad en general que nos preocupamos por un desarrollo íntegro de nuestra nación.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de ésta Soberanía, por conducto de la Honorable Cámara de Diputados reformar los artículos 185, 187, 189, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de propaganda electoral. Es cuanto señor Presidente.

Nuevamente solicito se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en el Diario de los Debates.

-EL C. PRESIDENTE: Muchas gracias, insértese íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

La iniciativa que reforma el artículo 34 del Código Fiscal de la Federación, propuesta por la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, se pospone para otra sesión.

Por lo tanto, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la Ley General de Salud con un artículo 41 Bis, para incorporar la obligación de contar en los hospitales del sector público, privado y asistencial, con comités hospitalarios de bioética.

Tiene el uso de la palabra hasta por diez minutos.

EL DIP. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Con el permiso de la Presidencia.

Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 2ª del artículo 71 constitucional y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Cámara la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona el artículo 41 Bis de la Ley General de Salud, con la finalidad de crear en los hospitales públicos y privados, los comités hospitalarios de bioética, al tenor de lo siguiente:

El progreso y evolución de las ciencias biomédicas en el último siglo, aunado al desarrollo de tecnologías y técnicas de aplicación clínica, han provocado que los trabajadores de la salud, los investigadores, los usuarios de los servicios y en general toda la población en sus ámbitos de conocimiento y competencia, se replanteen tanto nuevas pautas del ejercicio profesional, como los alcances y aplicación de la ciencia, la técnica y al tecnología en la salud individual y colectiva.

Hemos presentado ante esta Honorable Cámara una serie de temas que modifican y adicionan la Ley General de Salud en materia de diversas técnicas, de diversas aplicaciones del conocimiento en materia biomédica que no están actualmente legislados, como son –y éstos se encuentran ya en la Comisión de Salud- como son los temas de clonación; genoma humano; reproducción asistida; donación de órganos y trasplantes que el día de hoy se presentó; la utilización y experimentación de nuevos fármacos, de nuevas técnicas de investigación diagnóstica y terapéutica; reproducción asistida; objeción de conciencia; voluntad anticipada; todos ellos temas de actualidad en los cuales debemos de participar en la regulación y en la normatividad, para que precisamente los usuarios y los trabajadores de la salud no se vean en un momento en situaciones delictivas precisamente por no contar un marco legal actualizado.

Celebro el hecho de que recientemente en la Asamblea del Distrito Federal se hayan aprobado ya algunos de estos temas de actualidad, como son la prohibición de la clonación y la prohibición también de manipulaciones anómalas en la materia de reproducción asistida.

Ante esta situación hay dos corrientes: una que pudiéramos llamar muy conservadora y otra muy radical al respecto, que no ve límites en los avances de la ciencia, sin embargo, tenemos que tener una postura en la cual seamos respetuosos con los principios de la vida humana, con la dignidad de la persona para que estos avances sean realmente aplicados con eficiencia, con calidad y con el máximo respeto a la dignidad de la persona humana.

Surge así una ciencia nueva, que es la bioética, ciencia que conjuga a la medicina, el derecho, la filosofía como expresión de médicos, investigadores, filósofos, juristas y legisladores que crearon una nueva metodología de análisis a problemas asistenciales, clínicos, quirúrgicos y de investigación, que se basa en el análisis pluri interdisciplinario de los conflictos en una reflexión ética, plural y respetuosa de las creencias e ideologías de la otredad.

La bioética surge así en el mundo dominado por el conocimiento técnico-científico en el cual los propios trabajadores de la salud se han visto superados por el uso y disposición de tecnologías a la que sus códigos éticos ideontólogicos no tienen respuesta inmediata, ante situaciones concretas que no están normas y legisladas y que en ocasiones los líderes morales o ministros de culto se oponen sin pleno conocimiento y con un rigorismo idogmático.

Entre estas dos posturas que pudiéramos considerar irreconciliables, aparece pues, en las sociedades democráticas contemporáneas una nueva alternativa donde se cuenta con nuevos factores que actúan como referencia a los proyectos y posiciones contradictorias en las cuales el primer interés es siempre el hombre, el ciudadano y sus derechos y donde el concepto de libertad y dignidad es clave omnipresente en toda expresión social y el kit del asunto no radica en que sea el gobierno o los científicos quienes pongan las normas sino los usuarios de los servicios y nosotros, los representantes populares, los legisladores.

Es preciso responder a las necesidades de la sociedad y establecer una regulación nacional para asistir al paciente y a sus familiares, sobre todo en el ámbito interhospitalario para lo cual proponemos la creación de Comités Hospitalarios de Bioética integrados por grupos inter y multidisciplinarios con una actitud ética pluralista que se ocupen de los problemas éticos de la atención a la salud, certificando que al paciente se le proporcione, no tan sólo la atención a los problemas de la salud, sino información veraz, ética y suficiente.

Lograr que los encargados de bioética participen activamente en la formación de estudiantes de medicina y postgrado y que participen en la discusión de los protocolos de investigación, en el área de su competencia, lo que equivale a asegurar la protección de la vida y los derechos de cada persona.

Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos diputados de la LVIII Legislatura de esta Honorable Cámara sometemos ante esa asamblea, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona el artículo 41Bis de la Ley General de Salud.

Artículo 31 Bis.- En todos los centros hospitalarios, institutos nacionales públicos, privados o asistenciales del Sistema Nacional de Salud, deberá existir un Comité Hospitalario de Bioética, el que tendrá funciones de consultoría, asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de la investigación respecto a las cuestiones éticas que surjan de la praxis médica.

Los Comités Hospitalarios de Bioética estarán integrados como equipos multi e interdisciplinarios integrados por médicos, abogados, filósofos, profesionales y técnicos de la salud, los cuales podrán ser o no trabajadores del hospital. Serán temas de análisis y opinión obligatoria de estos Comités Hospitalarios de Bioética los siguientes: técnicas de reproducción asistida, experimentación en humanos, prolongación artificial de la vida, genética, transplantes de órganos, donación de órganos, salud mental, derechos de los paciente, objeción de conciencia de los trabajadores de salud, objeción de conciencia de los usuarios, sigilo profesional, equidad y racionalidad en el uso de los recursos disponibles, eugenesia y voluntad anticipada.

A solicitud del paciente o sus familiares, podrán ser invitados a participar en el Comité Hospitalario de Bioética para opinar sobre su caso en particular, un ministro de culto, un jurista o un bioeticista designado por el propio paciente o sus familiares.

T R A N S I T O R I O S

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- En un lapso de hasta 90 días la Secretaría de Salud expedirá el Reglamento para la conformación de los Comités de Bioética Hospitalarios y las características de los Centros Hospitalarios que deben de tenerlos.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Fecha 14 de noviembre del 2002. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputados. Insértese íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Salud.

Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 113 y 123 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Tiene el uso de la palabra hasta por 10 minutos.

-EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO: Gracias ciudadano Vicepresidente en funciones de Presidente. Le voy a solicitar que se inserte íntegramente el texto de la iniciativa que estoy planteando en el Diario de los Debates, para obviar la argumentación de la misma.

Tiene como propósito la iniciativa que traigo a la tribuna y a la consideración de las señoras y señores diputados, algo que parece sobre todo para los que tengan conocimiento y manejo de la técnica jurídica, que pudiera resultar contradictoria, es con el objeto de que en los delitos que se persiguen de oficio, baste el parte informativo de la policía, para iniciar una averiguación previa, parece contradictora pero no es así.

En días pasados daban cuenta los medios electrónicos, específicamente la televisión, de un caso en donde teniendo una videofilmación precisa, concisa, clara, en donde un presunto responsable asalta al conductor de un vehículo automotor, con toda nitidez se observa el acto delictivo, la consumación del hecho, y una autoridad investigatoria dice: no podemos proceder penalmente por virtud de que no hay una denuncia, ante la ausencia de la denuncia formal ante el Ministerio Público, no podemos desplegar la actividad investigatoria.

Y es que es cierto, miren, la Constitución Política en uno de los preceptos que contempla garantías de seguridad jurídica, garantías de libertad, establece que no se procederá al libramiento de una orden de aprehensión si no precede denuncia, acusación o querella.

Y es que para los términos del procedimiento, la denuncia es aquella que realiza cualquier persona, cualquiera que tenga conocimiento de la comisión de un delito ante el Ministerio Público, en cambio la querella es una relación de hechos, pero también el titular del bien jurídico afectado, tiene que expresar de modo contundente su interés jurídico, para que se proceda en contra del presunto responsable.

Y es que hay una contradicción, el Código Federal de Procedimientos Penales señala, que cualquier autoridad que tenga conocimiento de la comisión de un delito, está obligado a hacerlo del conocimiento del Ministerio Público, que es la autoridad en términos de lo que manda la Constitución Política, de integrar una averiguación previa y eventualmente remitirla, ejercitar acción penal ante un juez.

El planteamiento es hacer explícita esa obligación, cuántas veces en vías generales de comunicación, me refiero a una carretera federal, se comete un delito, pero el sujeto pasivo, el asaltado, el pasajero que va en el autobús, simplemente hasta por tiempo no formula la denuncia, y la policía dice: no hay denuncia y por ende no podemos iniciar o continuar la averiguación previa, ese es el propósito de la iniciativa.

Es ya un lugar común afirmar en nuestro país, que padece este flagelo de la inseguridad pública. Tal parece que la delincuencia está rebasando a nuestras instituciones y a los esfuerzos ciudadanos para construir espacios de convivencia digna.

Es alarmante la cifra negra de los delitos cometidos que no se denuncian o que no se radican las averiguaciones previas. Soy en lo personal un convencido de que no es suficiente el fortalecimiento cuantitativo ni la inversión cuantitativa en seguridad pública y sobre todo, en cuerpos de seguridad pública. Tenemos ya Policía Federal Preventiva con la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Policía Federal Investigatoria, pero no hay cambios cualitativos en este rubro.

La propuesta que dejo a la consideración de ustedes, es adicionando el artículo 113 del Código Federal de Procedimientos Penales que señala en su primera parte que el Ministerio Público y sus auxiliares, de acuerdo con las órdenes de aquellos -es decir las policías son auxiliares del Ministerio Público- están obligados a proceder de oficio a la investigación de los delitos de que tengan noticias. La adición reza:

"Tratándose de delitos que deban perseguirse de oficio, bastará para el inicio de la averiguación el oficio, comunicación o parte informativo que rinda el agente de cualquier cuerpo de policía, en donde se haga del conocimiento de la autoridad investigadora hechos que pudieran ser delictivos, sin que deban reunirse los requisitos a que aluden los artículos 118, 119 y 120 de este ordenamiento. Al oficio, comunicación o parte informativo, se acompañarán los elementos de que disponga y que sean conducentes para la investigación. La averiguación previa, luego viene el apartado de que, no podrá iniciarse si no media la querella en aquellos delitos que requieren precisamente la queja de la parte ofendida".

La adición al artículo 123 se limita a adicionar, repito, de que para los actos de investigación, para las prácticas de diligencias por parte del Ministerio Público, se observarán las reglas de la adición que propongo al numeral 113. Dicho de otra manera: quitémosle tanto formalismo a la denuncia cuando la autoridad policíaca tiene conocimiento de un hecho que pueda ser calificado como delito.

Espero la consideración de ustedes, seguramente esta adición al Código Federal de Procedimientos Penales tendría también que tocar manuales de procedimientos de las corporaciones policíacas, para ser un imperativo que cuando son testigos o forman parte del conocimiento de un hecho delictivo, lo hagan saber al Ministerio Público.

 Les aprecio su atención y a la Presidencia, el curso de la iniciativa con la integridad del texto.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, diputado.

Insértese íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria; asimismo túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

EL C. DIP. VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ, (desde su curul).- Señor Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Sonido en la curul del diputado.

EL C. DIP. VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ, (desde su curul).- Presidente, si lo autoriza el diputado Tomás Torres Mercado, me gustaría signar la iniciativa que presentó de adición al Código Federal de Procedimientos Penales.

EL C. PRESIDENTE.- Sonido en la curul del diputado Tomás Torres.

EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO, (desde su curul).- No solamente lo autorizo, señor Presidente,...

-DIP. TOMAS TORRES: (desde la curul) No solamente lo autorizo señor presidente, sino que es un honor de que el diputado Victor Roberto Infante González y otros, como la diputada Rosario Tapia, suscriban también la iniciativa.

Muchas gracias.

-PRESIDENTE: Gracias diputado.

Tome nota la secretaría para la firma.

Tiene la palabra la diputada Mónica Serrano Peña, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la fracción I y el último párrafo del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación. Tiene la palabra hasta por 10 minutos.

-DIP. MONICA SERRANO PEÑA: Con su permiso señor presidente; Honorable Asamblea:

La suscrita Mónica Leticia Serrano Peña, diputada federal integrante del grupo parlamentario Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa de decreto por la que se reforma el artículo 208 en su fracción I y el último párrafo del Código Fiscal de la Federación, bajo la siguiente:

"EXPOSICION DE MOTIVOS:

"Todo proceso constituye un instrumento de solución de controversias que se desenvuelven por medio de una serie de actos procesales para la realización

formal, especial y temporal; teniendo como objeto y fin último, llegar a una sentencia o resolución que soluciona el conflicto, con la posibilidad de que dicha sentencia o resolución pueda ser coercitivamente, en aquellos casos en que no se cumpla.

"En materia fiscal el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, es procedente con las resoluciones dictadas por la autoridad administrativa, que se consideren ilegales y por tanto que le sean impugnados. La acción la tiene tanto el particular como la propia autoridad administrativa.

"Actualmente el juicio contencioso administrativo en el ámbito tributario, se regula por el título sexto del Código Fiscal de la Federación y en lo específico la demanda está contemplada en el capítulo cuarto".

Ahora bien, el 21 de diciembre del 2000, aprobamos en esta Cámara la reforma al Código Fiscal en su artículo 208, fracción I y una adición a su último párrafo. En ese entonces consideramos entre otras cosas en el dictamen respectivo, que las reformas eran encaminadas a agilizar el procedimiento de las controversias que se siguen ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que con ella los particulares se ven beneficiados con las facilidades que otorga, a efecto de darles también mayor seguridad jurídica.

Con el tiempo hemos observado que esta modificación no ha cumplimentado las necesidades de los particulares, sino que por el contrario ha generado un entorpecimiento. Por ello, debemos de hacer la modificación correspondiente para que la materia de impartición de justicia dé una mayor precisión y claridad en lo que respecta al procedimiento.

Los procedimientos como señalamos deben ser prontos y expeditos, que posibiliten a los gobernador el ejercicio de los medios de defensa que tienen a su alcance, tanto en el juicio de unidad ante el Tribunal Fiscal, como ante cualquier otro tribunal.

El Código Fiscal al establecer que la demanda debe indicar el nombre del demandante y su domicilio para oir y recibir notificaciones en la sede de la Sala Regional competente, ha ocasionado que esa disposición desde su entrada en vigor, provoque gastos innecesarios a los contribuyentes que interponen el medio de defensa, toda vez que se encuentran obligados a señalar un domicilio en la sede de la Sala Regional, ya que muchos de ellos no habitan en dicha sede.

Es así como Acción Nacional considera que con objeto de seguir avanzando en la reducción de costos administrativos a favor de los contribuyentes, resulta necesario reformar la disposición antes referida para establecer, simple y llanamente como uno de los requisitos que debe contener la demanda, que sea el domicilio del demandante donde se reciban notificaciones, para así liberarlo de la obligación que actualmente tiene de citar un domicilio cuando no está ni dentro de sus posibilidades económicas ni conoce a ninguna persona que pueda hacer uso de ese domicilio.

Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de reforma de

Decreto por el que se reforma el artículo 208 del Código Fiscal de la Federación. Artículo único. Se reforma el artículo 208 en la fracción I del Código Fiscal de la Federación y en su último párrafo para quedar como sigue:

Artículo 208, fracción. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones en el supuesto de que no se señale domicilio para recibir notificaciones del demandante o se desconozca el domicilio del tercero, las notificaciones relativas se efectuarán por lista autorizada que se fijará en sitio visible de la sala regional que corresponda.

Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias por su atención.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada. Insértese íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Estamos en dictámenes de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto para que la Cámara de Diputados extienda el plazo para la dictaminación y entrega de la Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri, legisladores de 1913"

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto que adiciona el artículo 25 con un tercer párrafo y el artículo 31 con una fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de primera lectura.

Dictámenes a discusión.

El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación.

Consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura.

Para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, se ofrece el uso de la palabra al diputado Roberto Zavala Echavarría.

- EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna para pedirles su apoyo en un dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con las opiniones correspondientes de las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Educación Pública y Servicios Educativos de esta Honorable Legislatura.

Este dictamen implica modificar cuatro ordenamientos jurídicos para efectos de proteger a los menores y de prevenir y castigar los abusos sexuales en contra de ellos.

También me voy a permitir proponerles una modificación al propio dictamen contenida en el artículo 261 del Código Penal Federal.

Este dictamen, compañeras y compañeros diputados, tiene por objeto modificar los artículos 261, 262, 266 y 266 bis del Código Penal federal; reforma el artículo 2º., y adiciona y crea un nuevo artículo que es el 268 bis del Código Federal de Procedimientos Penales. Asimismo reforma el artículo 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y modifica el artículo 33 de la Ley General de Educación.

Todas estas modificaciones tienen como efecto principal, proteger a los menores contra abusos sexuales, pero sobre todo darle instrumento a las autoridades encargadas para efecto de que esta protección no solamente se concrete a un incremento en la penalidad, sino que también vaya acompañada de facultades a la Secretaría de Educación Pública, a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ministerio Público de la Federación para que se le dé tratamiento diferente a los menores cuando han sido víctimas de los llamados "delitos de pederastia y pedefilia".

Quiero también decirle a esta Honorable Asamblea que estos delitos, aunque no están tipificados como tales en el Código Penal Federal, el tipo correspondiente a la acción delictiva está contenida incluso en los artículos que nos permitimos proponer a su consideración. Elementos hay de sobra para estos hechos abominables.

El iniciador de este trabajo legislativo, fue el maestro Romero Apis, nuestro compañero diputado y Presidente de esta Comisión, que en su exposición de motivos plantea con mucha claridad las razones por las cuales se proponen las modificaciones que he expuesto.

En primer término se eleva la pena de prisión de los pederastas y pedéfilos. Discutimos ampliamente en la Comisión, porque hay quienes sostienen que el solo incremento de las penalidades no disminuye la comisión de los delitos. Sin embargo, también es conveniente que este incremento en la penalidad vaya acompañada de una serie de modificaciones procesales y de acciones que tendrá que realizar el Ministerio Público, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Seguridad Pública Federal para efecto de integralmente proteger a los menores.

¿Por qué esta protección y este análisis tan exhaustivo y este incremento de la penalidad y estas nuevas atribuciones de dependencias federales? ¿Por qué este delito no es un simple delito de abuso contra una persona, aún tratándose un menor? Es un delito que cuando conlleva el incesto generalmente termina en un crimen que muchas veces quedan impunes. Quedan impunes porque normalmente los hechos violentos tan abominables que tienen como respuesta o como efecto de la comisión delictiva, van más allá de la comprensión de las propias autoridades encargadas del caso y de las sociedad en lo general.

Muchas veces cuando un ascendiente atenta sexualmente contra un menor descendiente y que este hecho para que no se sepa esta conducta, se convierte en un delito que a veces llega hasta la muerte al menor y se presenta ante la autoridad correspondiente al autor del delito y señala que su hijo murió porque se cayó de la casa, porque se cayó de una escalera o porque sufrió un accidente de una naturaleza tal que le causó la muerte.

También tiene como efecto inhabilitar para el desempeño de la profesión, cargo, ocupación o empleo en el que se hubiese delinquido. Todos sabemos los casos públicos que hay recientemente en tratándose de este tipo de delitos.

Otra razón muy importante es que en las confrontaciones procesales, es decir, los careos entre el menor y el victimario normalmente atemorizan, lesionan, no solo la sique del menor sino también su propia personalidad y reduce muchas veces y afecta todo lo que es la personalidad del menor. Entonces estamos previniendo la circunstancia de que los llamados careos entre la víctima y el victimario, sean siempre ante la presencia del Ministerio Público Federal.

Luego también queremos que con esta modificación se propicie que en toda investigación para efecto de determinar la culpabilidad del indiciado y de establecer la sanción correspondiente, sean siempre Ministerios Públicos, peritos o personal especializado en la materia de abuso de menores, los que se encarguen de la investigación y de la consignación correspondiente. No es posible que un Agente del Ministerio Público Federal que normalmente se encarga de otro tipo de delitos como el narcotráfico, lleve a cabo una investigación para integrar la averiguación previa en tratándose de abuso contra menores.

También resulta conveniente darle facultades a la Secretaría de Seguridad Pública para que a través del Consejo Nacional de Seguridad Pública establezca políticas de prevención de este delito, para que intente crearse toda una cultura en los menores y en los mayores que prevengan las comisiones de estas acciones delictivas.

También tiene en el artículo 20 constitucional, que a mi juicio indebidamente se modificó desde el 22 de marzo del año 2001, que obliga a una precisión establecida en la ley, mandato del que este Congreso ha hecho omisión y que ahora a través de estas modificaciones pretendemos que se cumpla.

Por último, compañeros diputados, si me permite la señora Presidenta, quiero decirles que la Comisión hace suya la propuesta de nuestro compañero diputado David Rodríguez Torres para hacerle una adición más, con base en lo que está en el dictamen, al artículo 261, que si me permite la señora Presidenta voy a leerlo y les voy a decir cuál es la omisión. La propuesta en el dictamen dice lo siguiente:

<<Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejercite un acto sexual en una persona menor de doce años o en contra de persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de tres a siete años de prisión>>

Así dice el dictamen. La propuesta en la que la Comisión está de acuerdo y que fue hecha por el diputado Rodríguez Torres, pretende añadir y nosotros y yo en lo personal estoy de acuerdo en que esta Cámara lo apruebe así, que la persona menor no sea de 12 años, sino que sea menor de 14 años y que además este privada de razón, aún cuando mediare su consentimiento.

Consecuentemente, compañeros diputados, con base en el dictamen que ustedes tienen en sus manos, la modificación que propone la Comisión es que el artículo 261 quede como sigue:

"Al que sin propósito de llegar a la cópula ejercite un acto sexual en una persona menor de 14 años de edad o privada de razón, aún cuando mediare su consentimiento o en contra de persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 3 a 7 años de prisión".

Compañeras y compañeros diputados: La Comisión de Justicia y Derechos Humanos discutió durante más de cinco horas el texto y la modificación reciente que hoy se propone y llegamos a la conclusión de que esta es una medida que debe tomar el Congreso no solamente para prevenir y sancionar este delito, sino para proteger aún más a los menores que son víctimas de abuso sexual.

Muchas gracias, señora Presidenta.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Muchas gracias ciudadano diputado.

En consecuencia, está a discusión en lo general.

Para fijar posiciones en esta iniciativa, se han inscrito los siguientes ciudadanos diputados: El diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido de Alianza Social; el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Grupo Parlamentario del PT; la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del Grupo Parlamentario del PV; el diputado David Augusto Sotelo Rosas, del Grupo Parlamentario del PRD; la diputada María Guadalupe López Mares, del Grupo Parlamentario del PAN, y el diputado Juan Manuel Sepúlveda Fayad, del Grupo Parlamentario del PRI.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Calderón Cardoso, del Partido Alianza Social, hasta por cinco minutos.

-DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Gracias diputada Presidenta.
Amigas y amigos Legisladores: El abuso sexual contra niños constituye una de las conductas más aberrantes que puede darse en una sociedad, ya que no sólo atenta contra vidas que empiezan a vivir, sino que dejan huellas que de por vida marcarán esas existencias.

Mediante esta enferme conducta son violados tanto los derechos humanos como los derechos de los niños, en donde éstos últimos corren el riesgo de perder toda dignidad humana y convertirse en mercancías u objetos sexuales.

Los agresores normalmente racionalizan su conducta con argumentos que atentan contra la razón y la moral, asumiendo una posición en donde no existe el más mínimo rastro de arrepentimiento o vergüenza.

La pedofilia es un problema de salud pública con afectación física y psicológica de las víctimas y familiares. Desgraciadamente México es uno de los cinco países en América Latina en donde la prostitución infantil alcanza las mayores dimensiones.

Desgraciadamente este problema no sólo se da en las calles, sino que en el seno de las mismas familias esta conducta antinatural se comete en contra de seres indefensos, tanto física como mentalmente: los niños; en donde los mismos familiares en ocasiones son los criminales que con toda alevosía y ventaja hacen del poder algo aberrante.

Las relaciones se dispersan y penetran en todos los ámbitos de la sociedad y es en la institución de la familia en donde en ocasiones el ejercicio de esos poderes se manifiesta en condenables actos de violencia, como es la pedofilia, ya que se viola el derecho a la libertad a elegir y en ocasiones el derecho a la propia vida de los menores.

La explotación sexual de menores de edad en el ámbito mundial representa un negocio de millones de dólares en ganancias, representando en algunos países el equivalente al 50 por ciento de su PIB nacional.

La responsabilidad para dar fin a este cáncer social es de todos: padres de familia, servidores públicos, sector privado, organismos no gubernamentales, etc., el problema no es coyuntural, es un problema que pone en riesgo la vida de millones de personas en el ámbito mundial, que hoy son niños convirtiendo así que evitemos, combatamos y sancionemos ejemplarmente esta deshumana actuación en una responsabilidad impostergable.

El menor victimado no sólo carga sobre sus espaldas la agresión física y sicológica del ataque, sino que tiene que sobrellevar la amenaza de guardar silencio, llegando así a vivir un verdadero calvario al compartir en ocasiones en la misma vivienda con su agresor.

Desgraciadamente existe un alto porcentaje de probabilidad en cuanto a que una víctima de este tipo de agresión sexual se convierte en un futuro agresor repitiendo con el tiempo esta aberrante conducta.

Por todo lo anterior las leyes destinadas a dar solución de fondo a este grave problema, no pueden ser permitibles, flexibles o dar lugar a su fácil tergiversación, por el contrario, deben ser leyes que promuevan un castigo ejemplar, que condenen al victimario a una pena directamente proporcional al daño físico y sicológico propiciado a la víctima. Un estado de derecho auténtico es aquel en donde las leyes se cumplen, donde el Poder Judicial hace cumplir la ley y no dar cabida a la impunidad o a la comisión.

Por todo lo anterior, amigas y amigos Diputados, la Representación Política del Partido Alianza Social en el Congreso de la Unión, se suma a favor del Dictamen presentado y puesto a discusión esperando que acciones legislativas como esta, den a las víctimas del delito no sólo una retribución en la medida de lo posible, sino que den a los victimarios un castigo que inhiba la repetición del mismo delito por parte de otras personas.

Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Se ofrece el uso de la palabra al Diputado Víctor Antonio García Dávila, del Grupo Parlamentario del P. T. hasta por diez minutos.

-EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: *Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición acerca del Dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Coincidimos plenamente tanto con el autor de la Iniciativa como con la Comisión que dictamina la necesidad de salvaguardar la integridad física y emocional de nuestros niños.

Desafortunadamente, se ha generalizado la nefasta conducta de abusar no sólo sicológica y físicamente de los niños, sino que ahora, en complemento a las dos conductas anteriores se ha dado una agresión sexual. No es esta un conducta que se dé en lo que va del presente siglo, es una conducta de abuso de poder que se ha dado desde hace mucho tiempo

Que antes no trascendía, no es sinónimo de que estas perversas conductas no se cometieran, tanto al interior de las organizaciones donde existe una relación jerárquica de su dedicación hacia un jefe como al interior de la propia familia la agresión sexual a los menores ha existido.

Sin embargo, es obligación nuestra, como Legisladores, proveer a la sociedad de los mecanismos jurídicos que inhiban o desalienten estas conductas y a quienes las cometan se les sancione de manera ejemplar. Quien abusa de la fuerza para agredir sexualmente a un menor, sabe que en su favor opera el criterio de credibilidad ya que al menor agredido se le acusará de fantasear o simplemente de ser un niño mentiroso.

Por eso es pertinente que en el caso particular de las conductas de agresión sexual a menores, se provea de un entorno que garantice que quien sufrió a la fuerza una agresión, pueda ser sujeto de tratamiento médico, sicológico, etc., que le permitan superar este trauma.

El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, coincide con la propuesta de Reformas a cuatro ordenamientos jurídicos, el primero en relación al Código Federal, Código Penal Federal que tiene como propósito: el incrementar las penalidades a los sujetos activos en la comisión de este delito, pero, además, propone la inhabilitación de quien valiéndose de su cargo, sea público, privado o religioso, pero en donde se encuentre en una situación de imponer su autoridad o su fuerza, no pueda ocupar en virtud de la inhabilitación, nuevamente ese cargo hasta que haya transcurrido un tiempo igual a la pena impuesta a partir de la extinción de la misma.

Se propone la Adición al Código Federal de Procedimientos Penales para que el Personal Ministerial cuente con los elementos humanos especializados en la investigación de la comisión de delitos sexuales contra menores. Asimismo, que en dicho ordenamiento se propone dar cumplimiento al apartado B del artículo 20 constitucional para que los careos entre los menores sujetos pasivos de los delitos que se comentan, se practique de manera diferida con la intermediación del Ministerio Público sin que coincidan el activo y el pasivo en la confrontación o reconstrucción de hechos.

En la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se plantea que en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública se realicen acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política criminal en lo que concierne a delitos contra menores de edad. En la misma disposición legal se propone la creación de un servicio para la atención a las víctimas de estos delitos, particularmente en lo que concierne a los menores de edad.

Por último, se propone una adición a la Ley General de Educación en lo que concierne a la implementación de programas y acciones que permitan a los niños tener más confianza en sí mismos y hacer las denuncias correspondientes.

Compañeras y compañeros legisladores, cualquier medida legal que tomemos para salvaguardar la integridad y sano desarrollo de estos niños, siempre, siempre será poca. Por eso, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general y en lo particular a favor del dictamen que se nos presenta y sus modificaciones y congratula a la Comisión que la presentó.

Es cuanto. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Se ofrece el uso de la palabra a la diputada Olga Patricia Chozas y Chozas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.

- LA C. DIP. OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores.

La etapa de formación más importante en un ser humano, la que determinará su personalidad; la que moldeará su temperamento; la que lo facultará para desempeñarse en su vida de manera sana para él y para los que lo rodean, transcurre durante sus primeros años de vida hasta la adolescencia. Así, todos los sucesos que viva durante esta etapa el menor, los va a integrar en su subconsciente y en ocasiones en su inconsciente constituyéndose así un individuo con valores, intereses, necesidades y carencias distintas.

La sexualidad es uno de los aspectos formativos más importantes porque atañe a la parte más íntima de una persona y que en su etapa adulta el individuo lo reflejará y condicionará su actuar y su confianza en sí mismo.

El menor que es objeto de un abuso sexual, cualquiera que sea su modalidad, es dañado no sólo en su fuero externo sino más importante aún, en el interno. Es una parte que aún no descubre ni está listo para descubrir por lo que le genera desconcierto y por lo mismo, ansiedad; es a todas luces, un ser indefenso ante un mundo dominado por adultos.

Al ser víctima de un abuso, el menor no tiene los recursos ni la fuerza física, ni la madurez mental para entender y de alguna manera afrontar una situación de tal naturaleza.

A este respecto, es importante señalar que a diferencia de otros delitos violentos, robo, asalto o secuestro, el agresor sexual de niños casi siempre es conocido por el infante.

Salvo contadas excepciones el escenario habitual de estos crímenes está constituido por el centro recreativo, por el centro escolar y por el seno familiar por lo que el niño ha otorgado su voto de confianza a estos entes encargados de su cuidado y formación.

En este sentido el infante se encuentra aún en mayor desventaja.

Tomando en cuenta que en el seno familiar es el escenario perfecto para la comisión de este tipo de delitos, el Estado debe velar por los individuos que formarán su propia sociedad, garantizando su seguridad y su bienestar físico y mental es por ello que a través del Poder Legislativo, haciendo uso de los instrumentos legales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga, consideramos de suma importancia enfrentar de manera enérgica un tema hasta hoy desatendido: la agresión sexual a menores, problema que se ha incrementado de manera alarmante en el seno de nuestra sociedad y que está atacando directamente a nuestros niños. El marco legal fortalecerá la protección de los menores, nuestros menores que son, los que son el futuro del país.

En lo general estamos convencidos de que estas reformas que atinadamente propone el autor de la iniciativa, constituyen elementos no solo disuasivos para el pederasta, sino eficaces para la protección de los bienes jurídicos tutelados por la ley, por lo que el PVE, emitirá su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.

-LA C. PRESIDENTA:.Gracias diputada. Tiene la palabra el diputado David Augusto Sotelo Rosas del grupo parlamentario del PRD.

EL C. DIP. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS: Muchas gracias, ciudadana Presidenta.

No ocuparé el tiempo destinado para esta intervención, solamente para reiterar y confirmar la postura de mi partido, el de la Revolución Democrática , en contra de las conductas de pedofilia y pederastia y que con esta reforma a la ley, pretendemos no solamente elevar la punibilidad y también elevar la edad del sujeto-pasivo, sino que se trata de dar un mensaje a los ciudadanos del país, porque los diputados y diputadas estamos preocupados por recientes conductas que se han hecho públicas de parte de criminales, que han hecho de esta conducta un modus vivendi.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática se une a aprobar esta iniciativa, este dictamen y como lo ha mencionado Roberto Zavala, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos nos llevó tiempo de análisis para poder establecer la edad, que a mi juicio esgrimía el de la voz el que fuera no de 14 años, sino que fuese menor de edad. Finalmente los menores de edad son inimputables. Sin embargo, las razones ponderadas, las consideraciones justas, los argumentos jurídicos de parte de mis compañeros tanto del PAN como del PRI, me convencieron de que fuese la edad que ha quedado expresada en el dictamen para que esta conducta de ahora en adelante tenga una mayor punibilidad, una mayor condena, una exigencia social que se reitera y se hace manifiesta en la ley y que ninguno de los mexicanos y de las mexicanas bien nacidos queremos seguir tolerando.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias, diputado Sotelo.

Se ofrece el uso de la palabra a la diputada María Guadalupe López Mares, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para fijar su posición.

LA DIP. MARIA GUADALUPE LOPEZ MARES: Vengo a esta tribuna con la conciencia plena y el compromiso firme de que quien se está hablando es por la nación y muy especialmente por lo que constituye su mayor tesoro: la niñez mexicana.

Estoy aquí para fijar el posicionamiento de mi grupo parlamentario sobre el dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos que reforma diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de Educación, relativas todas al sensible y complejo tema de la agresión sexual a menores.

Permítaseme comentar que en Acción Nacional creemos que toda persona por el hecho de ser persona tiene una dignidad que le viene de su origen y de su destino: origen divino y destino de trascendencia, que por esa dignidad humana el hombre y la mujer tienen el derecho a vivir, y a vivir siendo respetados.

Este principio que como verdad universal hace suyo Acción Nacional, se traduce en la praxis en la actividad de gobierno que entre sus diversas funciones está el fortalecer instituciones cuyo compromiso natural se encuentra en su raíz y en su destino, pero debe localizarse en su desempeño.

El deber de la justicia no se limita a un solo órgano; su razón ética y jurídica alcanza a todas las instituciones en las que se expresa el Estado, las domina y conduce cuando el ser humano con su dignidad plena es justificación y destinatario del poder político que se cifra en el Estado. Entonces, las instituciones públicas nacen de un propósito humanista y son instrumentos del y para el humanismo.

Señores diputados: Todo lo anterior lo señalo para establecer la importancia histórica de la función de elaborar leyes, de ejecutarlas con verdadera voluntad política y de dirimir controversias entre particulares cuando se afecta el orden social.

La sociedad mexicana está deseosa de actos que fortalezcan la procuración e impartición de justicia y el estado de derecho, en el que no queden impunes actos de corrupción, actos delictivos; en suma actos que se aparten de la legalidad. L a sociedad aspira a una adecuada impartición de justicia, más aún si las víctimas son quienes por su calidad de infantes no pueden defenderse.

Coincidimos en el sentido de que las prácticas sexuales con niños o niñas resultan ser una conducta más grave que el abuso sexual a una persona que por su edad es libre de conducirse sexualmente y/o defenderse o impedir la conducta.

Además, el daño al infante es mayor porque por la circunstancia de su edad, permanece durante toda su vida la vivencia traumática, que por si fuera poco, se realiza muchas veces traicionando la confianza que el menor deposita en algún familiar, en el maestro, en la persona que lo cuida o hasta en alguno de sus progenitores y que al amparo de esa confidencialidad, los agresores confían en no ser denunciados.

Es cierto también, que durante la etapa investigadora o instructora el inculpado tiene derecho a defenderse y a ofrecer pruebas, entre ellos los careos con quien lo acusa, constituyendo este derecho del acusado un daño más para la víctima menor de edad, pues al recordar la experiencia negativa, el seguir viendo a su agresor, el asistir a pruebas periciales a reconstrucción de hechos, a crueles narraciones de lo sucedido aumenta el trauma psicológico que marca de por vida, creando sentimientos de inferioridad, de rencor, de impotencia y de venganza, circunstancias que se agravan cuando después de la conducta y después de volver a recordar en el proceso penal durante la fase de la instrucción, la madre del ofendido se ve obligada por necesidad o por negligencia muchas veces a otorgar el perdón a su cónyuge con la consecuencia inevitable de la convivencia cotidiana de agresor y agredido, en condiciones de peligro, de volver a sufrir la conducta depravada por lo menos de recordarla siempre.

Por todo lo expuesto, los diputados de Acción Nacional consideramos que:

Primero.- Es necesario aumentar las penas en las conductas que se analizan y no porque aumentarla sea suficiente para inhibir el delito en general, puesto que más que eso, se requiere que quien delinque sepa que son grandes las posibilidades de que el Estado lo sancione.

Sin embargo, en el caso concreto, resulta necesario incrementar la pena, porque como se expone en el dictamen, si frente al delito ambas víctimas son moralmente iguales, frente al proceso el menor es infinitamente más débil e indefenso.

Segundo.- Se destituya suspenda o inhabilite del cargo público, al que valiéndose de éste, abuse sexualmente de un menor de 14 años, sanción que será por un tiempo igual al de la prisión, computándose a partir de que ésta se haya extinguido.

Tercero.- No será necesario que el menor, cuando es víctima, coincida en careos u otras pruebas con su agresor.

Cuarto.- Se propongan políticas de coordinación en materia de prevención del delito, sobre todo en los que se cometan contra niños o niñas.

Quinto.- Se fomenten programa educativos que den confianza a los menores para pedir auxilio cuando son victimas.

Lo anterior, por sí solo no es suficiente, sensibles al tiempo que vivimos cuando la mirada a nuestro entorno nos produce desazón al advertir el deterioro de nuestras formas de convivencia, sentimos que requerimos la consistencia espiritual que dan los valores; los que ignoran o los que lo niegan, quedarán condenados a vivir en un mundo amorfo y sin relieve, como un ser indiferente, como una nada para la conciencia.

Los valores sociales son, por un lado, cualidades valiosas, pero también son bienes ideales que se realizan en los diversos aspectos de la convivencia humana, justicia, seguridad, bienestar, educación, solidaridad y libertad.

Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, votará a favor del dictamen que se presenta y como en su momento Abel Viscencio Tovar dijo: "Si todos los días despertamos con el propósito de defendernos y defender a nuestros hijos y a nuestros vecinos de las arbitrariedades; si todos los días amanecemos con el deseo de servir y llenar de dones a nuestra comunidad, entonces no habrá vacíos ciudadano, ni habrá tampoco la tentación de violencia; la violencia se convierte en tentación cuando un pueblo ha abandonado por muchos años el cumplimiento de su deber político".

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias diputada.

Queremos saludar a un distinguido grupo de Secretarios de Desarrollo Económico de diversas entidades federativas, del Distrito Federal, de Zacatecas, de Chihuahua, de Yucatán, de Chiapas, de Nuevo León, de Michoacán, de Guanajuato, de Jalisco, de Sinaloa, de Oaxaca, de Sonora, de Tabasco y de Puebla. Gracias por estar entre nosotros y aquí en el Congreso se respetan sus funciones en el ámbito del federalismo.

Se ofrece el uso de la palabra al diputado Juan Manuel Sepúlveda, Fayad, a nombre del grupo parlamentario del PRI.

-EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL SEPULVEDA FAYAD: Con su permiso señora presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados. Al presentar ante esta soberanía la iniciativa que hoy discutimos, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional a través de su proveedente, señaló con claridad, que el hablar de pedereste y pedefilia, es abordar un tema fuerte, es recurrir a un tema que cala, que alarma, que duele y que indigna. Toda acción de arrebato sobre un niño, nos mueve a furia, así se trate tan sólo de despojarlo de un juguete, que no resulta cuando se trata del pederesta y el pedefilo, que le arrebatan al niño mucho más que eso, le arrebatan en muchos ocasiones, todo.

El mundo de la agresión sexual al niño, es un mundo muy complejo y hasta hoy muy desatendido. Se mueve en el espacio generado por tres vicios que anidan en el alma y en la conducta de los humanos: la perversión, la indolencia y el abuso de la confianza. Es un fenómeno que se genera a partir de las desviaciones que orillan a algunas, a las prácticas sexuales semiautocomplacientes.

Pero a esto hay que agregar un ingrediente distintitivo de alta complejidad para la ley, se trata de una agresión casi siempre abusiva de las confianzas depositadas o supuestas. Refiere que la gran mayoría de los delitos violentos se producen entre desconocidos, la víctima del asalto, del robo de vehículo, del secuestro en todas sus formas y de muchos más, casi nunca conocía a su agresor, a diferencia de ello, el agresor sexual de niños, casi siempre es conocido por el infante.

Salvo contadas excepciones, el escenario habitual de estos crímenes, está constituido por el centro recreativo, por el centro escolar y por el seno familiar. La depravada fauna de aficionados al sexo con menores, no sólo abarca entrenadores, guardianes, profesores, prefectos y conserjes, sino que alcanza y en proporciones alarmantes y quizás mayoritarias, a padres, tíos, padrastros y otros familiares adultos, que mal uso de su relación de convivencia, para poder actuar y que en ellas se cobijan para sortear la eventualidad del castigo.

Por ello, a través de esta iniciativa, pretendemos elevar la pena de prisión, no sólo para tratar de inhibir la comisión de estos delitos, fundamentalmente para pronunciarle a la sociedad una señal de alarma, respecto de cómo los legisladores consideramos de grave esta conducta.

Pretendemos a través de esta iniciativa, precisar las circunstancias en que la Constitución impide el careo con el delincuente, para que no sean víctimas estos menores, después de la violencia generada por el delito, de una violencia más cruda y formal, que es la que se realiza en los órganos persecutores de los delitos, con el pretexto de la investigación.

Propiciar la investigación ministerial especializada, dado que ya se ha señalado aquí por varios de los oradores que me precedieron, que la complejidad de este delito requiere de formas especiales para su investigación, y sobre todo de un especial cuidado para no dañar más a los menores.

Establecer centros de atención a víctimas, para que no nos conformemos solamente con la persecución formal del delito y la aplicación de una pena, sino que también la víctima encuentre en el Estado el apoyo necesario para paliar el grave daño causado por este delito.

Pretendemos en esta iniciativa, además, impulsar programas que estimulen la solicitud de ayuda por parte de la víctima y sobre todo, fortalecer la cultura de la denuncia. La limitante fundamental para la persecución de estos delitos básicamente es la falta de denuncia. Si tratamos de incluir en la ley la obligación de que se trabaje en programas que tiendan a eso, aseguraremos que haya una mayor persecución de estos delitos, al tiempo de no quedarnos en esta parte y formular programas de prevención específicos para este tipo de delitos tan graves.

Por ello, por todo ello la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional presentó esta iniciativa que, desde luego, fue enriquecida en gran medida por nuestros compañeros de las demás fracciones en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; por ello la presentamos, por ello la votaremos a favor y estamos seguros que el voto de los demás compañeros diputados también será a favor.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Esta Presidencia abre el registro de oradores para la discusión en lo general.

En virtud de que no se han inscrito oradores en lo general, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

LA C. PRESIDENTA.- Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, deseo informar a este pleno que la Comisión reservó el artículo 261 del Código Penal Federal, recogiendo la propuesta del diputado David Rodríguez Torres.

Se consulta si adicionalmente hay la reserva de algún otro artículo en lo particular.

El diputado Vaca, sonido en la curul del diputado Vaca.

EL C. DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON, (desde su curul).- Diputada Presidenta, me reservó también yo el 261 y el 268 Bis del Código de Procedimientos Penales Federal.

LA C. PRESIDENTA.- Bien. ¿Hay alguna otra reserva?

Correcto. Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico hasta por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

LA C. SECRETARIA, DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA.- Háganse los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(Votación)

A esta Secretaría no se reportó ninguna falla, por lo tanto se emitieron 401 votos en pro, 0 en contra y 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Aprobado en lo general y los artículos no impugnados, por 401 votos.

Pasamos a la discusión en lo particular. En lo particular, la Comisión aceptó una adición al artículo 261.

El texto actual del artículo 261 es el siguiente: "...al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejercite un acto sexual en una persona menor de doce años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 3 a 7 años de prisión.

La propuesta aceptada por la comisión, por lo que ya la vamos a someter a discusión, es la siguiente:

"Artículo 261.- Al que sin el propósito de llegar a la cópula, ejercite un acto sexual en una persona menor de 14 años de edad o privada de razón, aun cuando mediare su conocimiento o en contra de persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o lo obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 3 a 7 años de prisión".

Como la comisión aceptó esta enmienda, esta presidencia la va a someter a discusión. La da por aceptada la propuesta.

Diputado Amador Rodríguez.

-DIP. AMADOR RODRIGUEZ (desde la curul) Perdón presidenta:

Lo que pasa que una vez que el dictamen ya fue publicado de primer lectura, la propuesta que se está presentando y que usted nos informa que aceptó la presidencia, perdón, la comisión, no puede darse ese trámite, sino tiene que seguir el trámite de las propuestas que se realizan en el momento de la discusión y debate. Es decir, preguntar a la asamblea si se acepta o no para su discusión. Porque como ya fue publicado el dictamen, la comisión si nos ilustra que hay acuerdo y hay consenso que no va a debate, pero que tiene que seguir otro trámite.

-PRESIDENTA: No tengo ningún inconveniente diputado Amador Rodríguez.

Está claro el texto de la propuesta de la comisión, presentada originalmente por el diputado David Rodríguez Torres.

Consulte la secretaría a la Asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por la comisión, al artículo 261.

-DIP.SRIA. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por la comisión, al artículo 261.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo..

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Aceptada señora presidenta.

-PRESIDENTA: Sobre el mismo artículo 261, el diputado Vaca, había hecho un reserva.

Le ruego al diputado Vaca presentar su reserva sobre el artículo 261.

Sí, diputado Garza Tamez.

-DIP. ENRIQUE GARZA TAMEZ: (desde la curul) En la precisión que la comisión acepta, escuché la palabra conocimiento, tengo la impresión de que es consentimiento.

-PRESIDENTA: Es consentimiento.

-DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: Con su autorización diputada presidenta.

El artículo 261 del Código Penal Federal, en la reforma que se está discutiendo dice: "... al que sin el propósito de llegar a la cópula ..." Con todo respeto para mis compañeros diputados, el propósito no se puede demostrar.

Propósito es sinónimo de intención.

Si estamos hablando de otras actividades de carácter sexual, que no son llegar a la cópula, evidentemente se configura otro ilícito que se llama abusos deshonestos. Tendría que haber agentes del Ministerio Público telépatas y jueces penales y magistrados penales que adivinaran el pensamiento.

Bastaría que el inculpado dijera "nunca tuve la intención", porque no llegó a consumar la cópula, para que entonces no fuera violación en grado de tentativa -- que en el Código Penal Federal existe la tentativa—y además sería otro ilícito.

La propuesta concreta que yo hago es que se suprima "sin el propósito de". El propósito solamente se castiga cuando es fallido; por eso hay homicidios en grado de tentativa y puede haber violación en grado de tentativa. No es el caso. Vamos a estar sujetos a que a quien se le impute la comisión del delito diga "no tuve el propósito" y entonces quién sabe qué va a pasar.

No sé, diputada presidenta, si me deba yo referir al otro artículo que me reservé o paso en ocasión posterior. Traigo la propuesta por escrito.

LA C. PRESIDENTA: En ocasión posterior, diputado, porque estamos ahorita desahogando el 261.

EL C. DIPUTADO SERGIO VACA BETANCOURT: Bueno, entonces insisto: si se aceptara la propuesta que presentaré oportunamente por escrito –ya la traigo, pero me la reservo para la siguiente intervención mía en tribuna—haría que este artículo quedara así:

"Al que, sin llegar a la cópula, ejercite un acto sexual en una persona menor de 12 años o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 3 a 7 años de prisión".

No cometamos el error de pretender tomar como una atenuante la intención, que solamente la sabe el que la tenía aquí, no en los hechos. Gracias, diputada.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado Vaca.

Por la Comisión, el diputado Roberto Zavala.

EL C. DIPUTADO ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Gracias, señora presidenta. Compañeros diputados: creo que la propuesta del señor diputado Vaca no tiene sustento. Quizás tiene él alguna confusión sobre la tipicidad de este delito.

No puede encuadrarse en otro tipo delictivo cuando hay el propósito de llegar a la cópula. El tipo delictivo asentado en el artículo 261 trátase de aquellos que solamente van a tener cierto tipo o pretenden tener cierto tipo de contacto o actividad sexual con menores de edad.

No se trata, de ninguna manera, de buscar en la investigación la intencionalidad posterior o la no intencionalidad. Son los hechos los que se califican para determinar si hubo o no el propósito de llegar a la cópula con el menor.

Yo quiero recordarles a los señores diputados que tanto la pederastia como la pedefilia tienen tres penalidades diferentes, que están establecidas con toda claridad en este artículo, en los demás siguientes, pero particularmente el 266, que se modifica.

Primero, es cuando no hay comprobada la intención de llegar a la cópula y se sanciona de tres a siete años.

Cuando hay relación carnal, pero no media violencia, la sanción es de 10 a 18 años, pero habiendo la relación carnal, con violencia de cualquier tipo,  moral o física, la sanción se eleva de quince como mínimo, a 24 como máximo, años de prisión.

Yo creo que sí es conveniente que en la redacción de este precepto se establezca que no hubo el propósito, porque la intención evidentemente está muy subyacente, que no hay el propósito evidente de llegar a la cópula cuando es simplemente contacto de otra naturaleza y que configura otros tipos delictivos.

Aquí quiero hacer la aclaración: Las penalidades son muy diferentes en tratándose de acoso, de abuso sexual, de cualquier tipo de manifestación que constituya un delito sexual, en tratándose de mayores de edad o de mayores de 14 años...(Interrupción)

LA C. PRESIDENTA: Diputado Zavala: ¿Autoriza usted una pregunta del diputado Vaca?

- EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA (En tribuna): Con mucho gusto, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA:. Adelante, diputado Vaca.

- EL C. DIP. SERGIO VACA BETANCOURT (Desde su curul): Le agradezco su atención, compañero diputado. Solamente le planteo este cuestionamiento: Supongamos que nos encontramos con un menor de edad en un lugar aislado, que el victimario lo despojó de sus prendas íntimas, lo tiene boca abajo, en ese momento lo sorprenden los vecinos del lugar, él estaba listo, usted me entiende, para la cópula, y en ese momento cuando lo detienen, porque no es tonto, ya lo ha cometido el ilícito otras veces, comienza a gritar: "Yo no tenía intención de violarlo, nada más le quería acariciar sus partes íntimas". ¿Sería violación en grado de tentativa porque no se consumo por causas ajenas o cree usted que el agente del Ministerio Público investigador y el juez, adivinarán cuál fue la intención del fulano? Gracias.

- EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA (En tribuna): Si me permite, señora Presidenta Evidentemente que la violación en grado de tentativa, quiere decir, significa que el propósito era violar a la persona, pero que por razones ajenas a su voluntad o por otro tipo de hechos, no pudo violarla; es como se tipifica cualquier delito en grado de tentativa. Hay muchas demostraciones pero yo creo que no vienen al caso.

Aquí, acuérdese usted, señor diputado Vaca, que esto es para menores de 14 años de edad. Y hay una distancia, son menores de edad se acordará usted, tanto penal como civilmente, aquellas personas que no han cumplido los 18 años de edad. Aquí hay una diferencia, en ese grado de tentativa entre los que tienen, entre 14 y 17 años once meses 30 días de edad, es decir, que no han llegado a cumplir los 18.

Evidentemente en materia penal tenemos que ser muy precisos en la terminología. La precisión técnica en esta materia es sumamente importante, por eso la Constitución, repito lo que dije hace unas semanas, le dedica once artículos a la materia penal y como expresamente lo señala la misma, no se aceptan analogías. Entonces tenemos que darle elementos al juzgador y por supuesto al Ministerio Público integrador de la averiguación previa, para que en sus conclusiones determine si hay violación en grado de tentativa o si existe este tipo de delito, solamente una digresión sexual sin la intención de llegar a la cópula. A mi juicio es muy claro, compañeras y compañeros diputados, el mandato expreso y está muy bien expresado a mi juicio y creo que a juicio de la mayor parte de los miembros de la Comisión de Justicia que debe establecerse el que no haya el propósito de llegar al acto carnal propiamente dicho.

- LA C. PRESIDENTA: Continúe con su exposición, diputado Zavala.

- EL C. DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA (En tribuna): Creo que con la respuesta a esta pregunta, señora Presidenta, doy mi opinión sobre el apoyo al dictamen de la Comisión y a la propuesta del diputado Rodríguez. Gracias, señora Presidenta.

Esta claro para el pleno. Si les parece vamos a proceder de la siguiente manera:

Vamos a votar primero la propuesta de modificación presentada por el diputado Rodríguez y con el respaldo de la Comisión.

Quiero que la tengan clara, pero antes consulto, a través de la Secretaría, si la propuesta presentada por el diputado Vaca de retirar la expresión <<propósito>> es de aceptarse por el pleno o si se rechaza.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Sergio Vaca Betancourt para sustituir sin el <<propósito>>

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Desechada, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Desechada.

En consecuencia se va a someter a votación el texto modificado con la propuesta de la Comisión recogida de la sugerencia del diputado Rodríguez del artículo 261. Sírvase presentarlo.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Propuesta de modificación al artículo 261 del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

<<Artículo 261. Al que sin el propósito de llegar a la cópula ejercite un acto sexual en una persona menor de 14 años de edad o privada de razón, aún cuando mediare su consentimiento, o en contra de persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo, se le aplicará una pena de 3 a 7 años de prisión>>

- LA C. PRESIDENTA: Se somete a discusión esta propuesta. Se pregunta si hay registro de oradores en pro o en contra.

No habiendo registro de oradores, consulte la Secretaría si se encuentra suficientemente discutida.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutida la modificación.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutida, Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación del artículo 261 tal y como lo leyó la Secretaría, incorporando la modificación sugerida por la Comisión.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 171 del Reglamento Interior y ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación de la modificación al artículo 261.

( V O T A C I Ó N)

Se emitieron 373 votos en pro, 1 en contra y 11 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado por 373 votos el texto del artículo 261, con las adiciones planteadas.

Pasamos a la discusión en lo particular del artículo 268-Bis, reservado por el diputado Sergio Vaca Betancourt.

Tiene el uso de la palabra el diputado Vaca Betancourt.

-DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: Gracias diputada Presidenta.

Compañeros Diputados: El artículo que nos atañe, 268 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, establece supuestamente, según las comisiones que dictaminan, que en términos del artículo 20 constitucional, los careos en los que participen menores víctimas de los delitos a que se refiere el Título Décimo Quinto del Código Penal Federal y Secuestro, se practicarán de manera diferida, con la intermediación del Agente del Ministerio Público o del Tribunal.

Ahora bien. ¿Qué es carear? No lo dice un diputado, lo dice el diccionario de la Lengua Española: "Carear es poner a una o varias personas en presencia de otra, en este momento, hoy, ahora, u otras, para comprobar la veracidad de sus afirmaciones. Carear es ponerse uno enfrente a otro, cara a cara".

Otra definición. "Careo es cotejar, confrontar, poner uno enfrente del otro, inculpado y víctima".

Ahora bien. No se puede carear de manera diferida. Yo no me puedo carear con ninguno de los 499 diputados restantes si yo digo aquí algo hoy y él me lo responde dentro de tres semanas; eso no es carear, no estamos enfrente uno del otro. Tiene dos aspectos: gramática y jurídico.

Por añadidura es falso que este dictamen dé cumplimiento al artículo 20 constitucional inciso b) fracción V, y lo leo:

"Cuando la víctima o el ofendido sean menores de edad, no estarán obligados a carearse con el inculpado cuando se trate de los delitos de violación o secuestro. En estos casos se llevarán a cabo declaraciones en las condiciones que establezca la ley".

Puntualizo: No es lo mismo declarar que carear. Nuestra Ley Fundamental, de la que todos hablamos y a la que debemos respetar, mayormente en la casa donde se hacen las leyes, no obliga a los menores a carearse con sus victimarios.

¿Por qué vamos a aprobar este mamotreto jurídico que no resiste un análisis gramatical ni legal? Se van a carear sin estar enfrente, se van a carear hoy el victimario y quizás dentro de seis meses la víctima.

Diputada Presidenta, ojalá y no se dejen llevar por la corriente. México requiere, diputados, que piensen, no que reciban línea y van al dedazo.

Aquí entrego mi iniciativa.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado.

Tiene la palabra el diputado Zavala, por las Comisiones.

-DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Gracias señora Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados: Yo quisiera exhortar al señor diputado Vaca a que se comporte con más respeto para sus compañeros diputados en general. Eso de que no sepamos leer o que esto sea un mamotreto jurídico, yo le diría que él es un cabeza dura, porque no leyó el segundo párrafo del artículo 268 bis.

Evidentemente que en estrictos términos técnicos la Constitución mandata que nunca será obligatorio el careo entre la victimaria, la víctima con los testigos, en tratándose de menores o el secuestro, no será obligatorio, pero el mismo Código Federal establece que podrá hacerse y es precisamente para estos casos complementando el Artículo 20 de la Constitución, perfeccionándolo, cuando existe el consentimiento de alguna de las partes para que haya careo sobre todo de los representantes del menor, este careo habrá de hacerse en forma diferida, que no es exactamente un término muy técnico hablar de careo, el propio artículo lo dice en su Artículo 2º, perdón en el párrafo 2º dice: "La confrontación… este es el careo compañeras y compañeros Diputados, y la reconstrucción de hechos de los delitos mencionados en el párrafo anterior, se realizarán sin que el indiciado coincida personalmente con la víctima" ahí no está diciendo que va a haber careo, pero no van a estar uno frente al otro y va a haber necesariamente la intermediación del Ministerio Público o del Tribunal.

Creo que esa insistencia del señor Diputado Vaca para tacharnos a todos de tontos o a la mayoría de que hacemos mamotretos, es faltarle al respeto hasta a él mismo, señor Diputado, yo le suplico que lea con más detenimiento este segundo párrafo complementario del primero Artículo 168-bis, pero además, decía yo hace un rato que tenemos que hablar de precisión y ciertamente por eso hablamos ahora de confrontación, si la Constitución no lo prohibe, dice la Constitución, que no serán obligatorios y en este caso, aunque haya intermediación entre la víctima, el victimario y esté en medio el Juez, su Secretario o el Ministerio Público, yo no encuentro otro concepto que no sea el de careo o el de confrontación consultado con mis compañeros Diputados y muy distinguidos Abogados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, en la cual estamos todos por unanimidad, de acuerdo.

Gracias, señora Presidenta. (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Gracias, Diputado. El Diputado Vaca quiere hacer uso de la palabra para alusiones personales.

-EL C- DIPUTADO SERGIO VACA BETANCOURT BRETON:- Gracias, Diputada. Con franqueza reconozco que soy cabeza calva pero no creo ser cabeza dura. Usted dice, Diputado, que ofendí a los compañeros, suyos y míos, cuando dije que no sabe leer ni escribir, jamás expresé eso, pero usted no sabe ni hablar, dijo que está mandatado y también con ánimo de no ofenderlo, total aquí el propósito no se toma en cuenta, no existe verbo mandatario, es el verbo mandar, nos han mandado, nos pueden conferir un mandato pero lo invito, ahí están los dos diccionarios a su disposición de nuestra lengua, la suya y la mía, a que me enseñe dónde está el verbo mandatar y me explique cómo lo conjugo porque en mis 60 años no lo he aprendido, pero aparte, el tema fue porque me aludió.

El segundo párrafo, que sí lo leí, dice: "La confrontación y la reconstrucción de hechos en los delitos mencionados en el párrafo anterior, se realizarán sin que el indiciado coincida personalmente con la víctima. Sin que el indiciado coincida personalmente con la víctima; en todo caso, el representante de ésta podrá participar en la diligencia.

Yo no veo en absoluto, discúlpenme, que aquí se esté diciendo algo distinto de lo que yo expresé simplemente digo que si carear es ponerse cara a cara uno frente a otro, todo esto no lo cumple y si la Constitución no lo obliga –a la víctima- yo quisiera que me explicara alguien cómo le van a decir al agraviado "el victimario pide carearse contigo pero en forma diferida, él se sostiene hoy y tú vienes hoy pero a las ocho de la noche". Esto no tiene razón.

Gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Compañeros, estamos discutiendo un tema donde la litis está muy clara y tengo la obligación de otorgar la palabra para hechos a quien nos la solicite pero les rogaríamos que se circunscriban al tratamiento del tema que está a discusión.

La diputada López Mares ha solicitado la palabra para hechos.

- LA C. DIP. MARIA GUADALUPE LOPEZ MARES: Muchas gracias señora Presidenta.

Vengo con todo respeto a discrepar de uno de mis compañeros diputados y de uno de mis compañeros de Acción Nacional, con todo respeto Sergio. (aplausos)

Efectivamente, cuando se habla de careos se habla de cara a cara, estamos de acuerdo y estamos de acuerdo también en que el careo puede ser constitucional, el que señala el artículo 20 de la Constitución y "procesal" la prueba pero el primero y nos concretamos al constitucional, el careo es un derecho del acusado para que frente a frente y para que ante la víctima, el ofendido por la conducta del acusado, esté al pendiente y responda a la acusación realizada.

En este aspecto del careo constitucional se trata pues de un derecho del acusado, eso no lo queremos restringir. Acción Nacional a través de los diputados que pertenecen a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y también los diputados de otras fuerzas parlamentarias unánimemente discutimos y decidimos que nos se trata de restringir el derecho del acusado pero sí queremos proteger a la víctima, al menor de 14 años que por un ataque sexual o violación ha sido atacado y que puede tener un careo diferido y, llámese aquí, por otros medios sea grabado, televisado, por otros medios, de tal suerte que no se le restrinja el derecho del acusado pero que sí se respete el derecho, la protección que por una manera especial queremos que quede plasmado con esa reforma al Código Penal.

En ese sentido, los careos diferidos por eso estamos pidiendo que para no restringir y sí tutelar a la víctima se acepte ese dictamen en el artículo que se ha reservado.

Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputada. Consulte la Secretaría a la Asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el C. diputado… diputado Tomás Torres, para hechos. Para hechos el diputado Tomás Torres. Diputado Tomás Torres, yo quisiera rogarle a la Secretaría diera lectura al artículo 114 del Reglamento.

- LA C. SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Artículo 114 del Reglamento para el Gobierno Interior: Antes de cerrarse en lo general la discusión de los proyectos de ley y en lo particular cada uno de sus artículos, podrán hablar seis individuos en pro y otros tantos en contra, además de los miembros de la Comisión dictaminadora y de los funcionarios a que alude el artículo 53 de este Reglamento.

En los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido a no ser que ésta acuerde ampliar el debate.

LA C. PRESIENTA. Diputado Tomás Torres, no se si su intervención sea para hechos o sea en los términos del artículo 114. Si diputado, en un momento diputado. El diputado Barbosa, con el mismo objeto del 114; diputado Tomás Torres en pro de la propuesta del diputado Vaca o en contra.

El diputado Tomás Torres: En pro de la propuesta.

LA C. PRESIDENTA. En pro, de la propuesta del diputado Vaca, el diputado Tomás Torres¿ el diputado Barbosa? Bueno el diputado Tomás Torres tiene el uso de la palabra.

EL C. DIP. TOMAS TORRES. Seguramente, ciudadana Presidenta y como ya lo señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra refiere uno de ellos, que en la parte de las garantías individuales de la Constitución Federal una buena de ellas, se ocupa justamente del derecho de defensa, por lo particular, por lo especial, por lo relevante de la materia penal. Y desde esa perspectiva defendería de quien disienta con relación a una propuesta incluso que haya sido votada al seno de una comisión.

Un servidor estima, ciudadana Presidenta, incluso con independencia de la naturaleza del porqué se me da el uso de la voz si para el mismo tema o para hechos de que la ley cuando es inadecuada la expresión empleada en materia procesal, no la desnaturaliza.

Yo coincido con el señor diputado Vaca, coincido con los sustentantes del dictamen de que el tema en discusión, tiene un rango elevadísimo en la tutela de bienes jurídicos sobre todo lo que tiene que ver con la integridad sicofísica, con la libertad sexualidad y el sano desarrollo de los menores.

Yo creo que en cuanto a este punto nadie disiente, en absoluto. El planteamiento tiene que ver con la técnica legislativa y con los medios de prueba que el Código Federal de Procedimientos Penales recoje, como recojen otros ordenamientos; si la diligencia no es careo con independencia de aquí le denominemos así, no desnaturaliza.

El planteamiento es, entonces, si para salvaguardar, para salvaguardar la integridad sicofísica del menor hay que practicar una diligencia, dice aquí, diferida, lo que me parece es que la expresión no es adecuada. Incluso si el diputado Vaca lo permite en términos de buscar un punto de equilibrio, de que pudiera ser la propuesta una modificación a la redacción dice: " los careos en los que participen menores víctimas de los delitos a que se refiere el título Décimo Quinto del Código Penal Federal y secuestro, se practicarán...la propuesta de un servidor es: "al través de medios que eviten la intimidación, el contacto o la agresión de la víctima". Esa es la propuesta.

La naturaleza de las pruebas el código las refiere, su valor probatorio también. El tema, el eje de la discusión es cómo salvaguardas no sólo al sujeto pasivo del delito, sino cómo evitas trastocar su integridad psicofísica para que un proceso tenga el fin en sí mismo.

Eso sería, ciudadana Presidenta, por al valoración de mis compañeros diputados y diputadas, muchas gracias, anteponiendo no la postura en contra, sino la jerarquía superior del bien jurídico tutelado de los menores.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Entiendo que el diputado Tomás Torres está presentando una propuesta distinta que ahorita está precisando con la Secretaría.

Voy a abrir un receso de tres minutos, para que el diputado Tomás Torres platique con la comisión, y le rogaría al diputado Vaca si quiere incorporarse.

Les ruego no salgamos del recinto.

(receso)

LA PRESIDENTA: (reinicia la sesión) Diputados, nos están solicitando los miembros del pleno reanudemos la sesión. Se reanuda la sesión.

Le rogamos a la comisión, si tiene alguna reacción de los planteamientos presentados a partir de la propuesta del diputado Vaca.

Diputados de la comisión, por favor les solicitamos su presencia en la tribuna para explicar el acuerdo al que han llegado.

Diputados de la comisión, si no tenemos una propuesta de manera inmediata...Tiene el uso de la palabra el diputado Roberto Zavala.

EL DIP. ROBERTO ZAVALA ECHAVARRIA: Gracias, señora Presidenta.

En primer término, compañeras y compañeros diputados: Yo quiero hacer una aclaración pertinente a nombre de la Comisión y de los grupos parlamentarios. Este artículo 268 Bis, es del Código Federal de Procedimientos Penales, referido concretamente a los careos, la intención, el espíritu de la reforma propuesta es proteger a todos aquellos menores que han sido víctimas de agresiones sexuales o de secuestro para que no puedan, en caso de haber careos, enfrentarse directamente con su victimario.

En consecuencia, señora Presidenta si usted lo permite, la Comisión ha acordado, con la intervención de los grupos parlamentarios, sustituir el primer párrafo del artículo 268 Bis propuesto como nuevo, para que quede en los términos siguientes si ustedes lo aprueban. Y leo:

"Cuando se decreta un careo en el que deba participar un menor víctima de delitos sexuales o secuestro y éste es aceptado por el menor y su representante legal, se practicará aquél, a través de medios que eviten la intimidación o la confrontación directa con el menor"

Creemos, a juicio de la Comisión, que esto satisface tanto a algunas de las propuestas de los compañeros diputados como la intención original del iniciador de esta reforma y de la propia Comisión, de proteger a los menores para que no sean víctimas de cualquier tipo de intimidación o confrontación directa con su agresor.

Gracias, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Roberto, nos hace usted favor de dejar el texto, por favor.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Sí, diputado Tomás Torres.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Si me puede conceder, ciudadana Presidenta el uso de la voz, para hechos.

LA PRESIDENTA: Sí, diputado Tomás Torres, hasta por cinco minutos.

EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Solamente, ciudadana Presidenta, el tiempo que le doy a usted las gracias por otorgarme el uso de la palabra, igual reconocer la generosidad de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para, a partir de una adición propuesta por un servidor, que se haya conducido a asumir la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la misma.

De igual manera, la generosidad del diputado Vaca a virtud de que un servidor no había hechos reserva de numeral alguno del Proyecto de Decreto que se está debatiendo en esta asamblea.

Finalmente haré una reflexión de tipo general. Hay una garantía así de exacta aplicación de la ley en materia penal, pero se refiere al aspecto sustantivo, no se refiere al procedimiento o a reglas relativas a la valoración o a la naturaleza de las pruebas.

¿Por qué hago esta precisión, compañeros diputados? Porque si nosotros decimos que en la confrontación no debe coincidir víctima y confrontados, entonces no tendrá esa naturaleza la prueba.

El Código Federal de Procedimientos Penales es el único ordenamiento en el país que contempla la figura del careo supletorio, es decir, cuando el sometido a proceso en uso de su derecho, en uso de esa prerrogativa desea carearse pero no está presente el testigo, se recurre a esa figura procesal.

Por lo demás, si no reviste el carácter de careo desde la naturaleza de la prueba, será, compañeros, una declaración, un testimonio que es de naturaleza y de valor jurídico distinto al careo.

Por su atención, muchas gracias.

EL DIP. SERGIO VACA BETANCOURT BRETON: Señora Presidenta.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias, el diputado Sergio Vaca, sonido en su curul.

-EL C. DIPUTADO SERGIO VACA BETANCOURT (desde su curul): Gracias diputada presidenta. Retiro mi propuesta, acepto plenamente la del diputado Tomás Torres Mercado y felicito a los que intervinieron en hacer esa adecuación, y vale la pena debatir, quedó muchísimo mejor. México nos lo va agradecer a todos. Gracias.

-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.

Se somete a consideración y le ruego a la Secretaría consulte a la Asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Roberto Zavala al texto del artículo 268 bis, y resultado de las consultas hechas por la Comisión a partir de la propuesta del diputado Vaca y del debate en donde participó el diputado Tomás Torres.

-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta si se admite o desecha la modificación propuesta.

Los ciudadanos diputados que estén porque se acepte la modificación, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén porque se deseche la modificación, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Se acepta señora presidenta.

-LA C. PRESIDENTA: El texto del artículo 268 bis que se somete a votación, es el siguiente:

Se sustituye el párrafo primero, y en lugar del párrafo primero, queda como sigue:

Artículo 268 bis.- Cuando se decrete un careo en el que deba participar un menor víctima de cualquiera de los delitos a que se refiere el Título Quince del Código Penal Federal y Secuestro, y sea aceptado por el menor y su representante legal, se practicará aquel a través de medios que eviten la intimidación del menor o su confrontación directa con el victimario.

Y el párrafo segundo queda como está en el dictamen.

Consulte la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 268 bis.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Suficientemente discutido presidenta.

-LA C. PRESIDENTA: En consecuencia, someta la Secretaría a votación hasta por cinco minutos el texto modificado del artículo 268 bis en su primer párrafo, tal y como lo leyó esta presidencia y el párrafo segundo tal y como está en el dictamen.

-LA MISMA C. SECRETARIA: Hágase los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico para proceder a la votación nominal del artículo 268 bis, tal cual dio lectura la presidencia a las modificaciones.

( V O T A C I O N )

Se emitieron 370 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

LA C. PRESIDENTA.- Aprobado por 370 votos el artículo 268 Bis, tal y como quedó establecido en este pleno con la modificación correspondiente.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

El siguiente punto del orden del día, ese la segunda lectura del dictamen...

EL C. DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA, (desde su curul).- Señora Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Sí, diputado Batres.

EL C. DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA, (desde su curul).- Señora Presidenta, sólo para hacerle esta atenta solicitud:

En virtud de que se incluyó un dictamen sobre el tema de la Ley de Educación y luego se excluyó del orden del día, sólo quiero pedirle que dicho dictamen, en función de lo que señala el artículo 88, sea incluido para la discusión de la próxima sesión, dado que el propio artículo 88 señala las características del dictamen, el artículo 88 del Reglamento, que es contar con la mayoría de las firmas de los integrantes y en virtud de que se cuenta con ello y si no, ustedes lo pueden verificar, le solicitamos se incluya en el orden del día de la próxima sesión.

En todo caso, nos parece que lo mejor sería tomar la publicación que aparece hoy como la primera lectura y en todo caso, podría ser para la próxima sesión en primera lectura, para la sesión del martes en primera lectura.

LA C. PRESIDENTA.- Tomo nota, diputado Batres y con gusto haré en un momento algún comentario.

¿El diputado Barbosa?

EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA, (desde su curul).- Declino, Presidenta.

LA C. PRESIDENTA.- Diputado Batres, con todo gusto procesaremos su atenta solicitud, en reunión de la Mesa Directiva. Queda muy claro el interés de la Comisión de Educación y de los grupos parlamentarios para que se incorpore este dictamen en el próximo orden del día y este interés también lo recoge la Mesa Directiva.

Estamos verificando con los miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Educación tener la certeza de que toda la tramitación que fundamente la presentación del dictamen, esté debidamente cumplida. Hemos dirigido comunicación al presidenta de la Comisión de Educación a ese respecto.

El diputado Enrique Meléndez, sonido en la curul del diputado Meléndez.

EL C. DIP. ENRIQUE MELÉNDEZ PEREZ.- Presidenta, únicamente para informarle que hemos recibido la documentación que emite esa Presidencia a petición del Coordinador de la fracción Felipe Calderón y del Presidente de la Comisión de Presupuesto, Luis Pasos y estamos en unos momentos para dar la contestación por escrito, con los documentos correspondientes que comprueban la totalidad del respeto de lo que debe ser en un trámite de Comisiones Unidas y estamos en la petición de que sea para el próximo martes en primera lectura para que podamos discutir este asunto.

LA C. PRESIDENTA.- Como no, diputado Meléndez.

Diputado Batres.

EL C. DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA, (desde su curul).- Sólo para solicitarle, diputada Presidenta, que se pueda leer el artículo 88 del Reglamento y que por otra parte, la propia Mesa Directiva verifique el número de las firmas que respaldan el dictamen que ha enviado a la propia Mesa Directiva la Comisión de Educación.

LA C. PRESIDENTA.- Con todo gusto.

Le ruego a la Secretaría dé lectura al artículo 88 del Reglamento.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior:

"Para que haya dictamen de comisión, deberá éste presentarse firmado por la mayoría de los individuos que la componen. Si alguno o algunos de ellos disintiesen del parecer de dicha mayoría, podrá presentar voto particular por escrito.

-PRESIDENTA: Gracias.

Sí, diputado.

Sonido en la curul del diputado Eduardo Rivera .

-DIP. EDUARDO RIVERA (desde la curul) Gracias diputada presidenta:

Yo nada más quisiera dejar constancia que respecto a este tema que se está tocando, no ha sesionado ni siquiera la Comisión de Educación para dictaminar este proyecto de iniciativa. Y que tampoco han sesionado las comisiones unidas para turnarlo a la misma Cámara de Diputados.

-PRESIDENTA: Compañeros diputado, yo le otorgué el uso de la palabra al diputado Martí Batres, por su condición de compañero legislador y de presidente de la Junta de Coordinación Política y supuse que me iba a hacer algún planeamiento relacionado con la Junta.

Yo le ruego al diputado Batres, para no abrir un debate en un área del Orden del Día, en que no corresponde, nos permita desahogar la Orden del Día. Le rogaría que hiciera alguna intervención para concluir esto.

-DIP. MARTI BATRES (desde la curul) Con todo gusto una intervención para concluir esto.

Sólo para señalar que en virtud de que hemos escuchado lo que señala el artículo 38 del Reglamento, lo que tiene que hacerse es verificar que el dictamen esté firmado por la mayoría de los individuos y la mayoría de quienes componen estas comisiones. Tal como nos han informado diputados de varias fracciones parlamentarias, ya han firmado dicho dicho dictamen.

Como esto tenemos la certidumbre de que es así, por eso solicitábamos que pudiera verificarse. Pero nos han informado los compañeros, que este dictamen tiene la firma de la mayoría de los integrantes de las comisiones.

Por lo tanto, solicitamos simple y sencillamente, que se incorpore al Orden del Día de la sesión del martes en primera lectura.

-PRESIDENTA: Gracias.

Como he comentado, la presidencia ha solicitado al diputado Enrique Meléndez, nos proporcione los elementos que permitan a la mesa directiva en su caso, incorporar o proceder como corresponda legalmente , sobre este dictamen.

Yo les exhorto compañeros para que nos permitan continuar con el Orden del Día, dado que el diputado Meléndez, nos ha informado con oportunidad que satisfará el requerimiento de la presidencia, para que podamos continuar con el desarrollo del Orden del Día.

Diputado Meléndez.

-DIP. ENRIQUE MELENDEZ: Nada más para alusiones y con el propósito de contribuir al ejercicio del Orden del Día presidenta, dejamos la discusión con los compañeros de las demás fracciones y de las demás comisiones. Pero hay pruebas y hay convocatorias hechas, en donde hemos, la Comisión de Educación ha dictaminado el procedimiento legal del dictamen correspondiente al 8%.

-PRESIDENTA: En la mesa directiva están representados todos los grupos. Si hay algún compañero legislador que quiera analizar el tema puntualmente. Yo les pediré a los miembros de la mesa directiva que les comuniquen para que en la reunión de la mesa directiva donde se analicen los documentos, puedan estar presentes.

Continuamos con el desahogo de la Orden del Día y el siguiente punto del Orden del Día, es la segunda lectura del dictamen con proyecto de ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

-DIP. MIGUEL BARBOSA (desde la curul) Pido la palabra.

-PRESIDENTA: Ya estoy en el siguiente punto del Orden del Día, diputado Barbosa.

Le ruego su comprensión. Nos pidieron alterar el Orden del Día. Fuimos comprensivos por ser un planteamiento del presidente de la Junt de Coordinación Política. Está claro cuál es el procedimiento y con gusto incorporaremos a los diputados que lo deseen cuando la mesa directiva analice ese asunto.

Le ruego a la secretaría consulte si se le dispensa la lectura al dictamen.

-DIP. SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

Mayoría por la afirmativa.

-PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura.

Tiene la palabra el diputado Rubén Félix Hays.

EL C. DIPUTADO RUBEN FELIX HAYS: Con su permiso, señora presidenta. Honorable Cámara de Diputados: por acuerdo de la Comisión, consensado por todos los grupos parlamentarios representados en ella, tengo la encomienda de manifestar que se modifican los textos de los artículos 10 y 18 al dictamen, en los siguientes términos:

El artículo 10, en el párrafo final, sería quitar: "la participación de las entidades federativas de los municipios y de los sectores se podrá realizar en el marco de los convenios que la Secretaría celebre con éstos", y se agregaría lo siguiente: "con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las Mipymes y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos en las entidades federativas donde exista el consejo estatal, todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del Distrito Federal. En donde no existan, la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los municipios y los sectores".

El artículo 18, en su fracción XX, quedaría como sigue: "dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores" Perdón, en el inciso II "Seis miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría". Deberá decir: "Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores".

En el artículo 21, "Tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría."

Respetables señoras y señores diputados: tengo el alto honor de presentar ante ustedes la posición de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en relación al proyecto de ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

Es un hecho significativo para la nación que una iniciativa de esta importancia se presente a la consideración y votación de esta honorable Cámara de Diputados. No puede ser mayor la importancia de esta ley ante la evidencia de que en el año 2001 se contrajo la economía mexicana, que en este año también se reducirá el producto per cápita y que se estima un reducido crecimiento en 3% para el año 2003.

Con esta ley el Poder Legislativo da respuesta a los reclamos de la sociedad y las organizaciones empresariales sobre la necesidad de establecer un marco jurídico que fomente la construcción de la competitividad de la economía nacional, con la participación de todos los sectores y en particular de los micro, pequeños y medianos empresarios de todo el país.

Antes de poner a su consideración los elementos sustantivos de la ley, debo señalar que esta propuesta es el resultado de la participación de diputados de las distintas fracciones parlamentarias, que aportaron su trabajo y disposición para sumar y coincidir en un proyecto que beneficia al país.

Quiero agradecer, además, la valiosa participación de las cámaras de la industria, comercio, servicios y sus confederaciones, de expertos abogados y académicos, así como funcionarios de la secretarías de Economía y Hacienda y Crédito Público, que aportaron elementos sustantivos para que este proyecto respondiera a las necesidades de la economía nacional con una visión de futuro.

Los diputados de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de esta LVIII Legislatura coincidimos en la convicción de que México es una nación con dignidad, que debe afirmarse con seguridad ante su propio destino en el concierto de las naciones y que para ello es absolutamente necesario tener una economía poderosa y en crecimiento.

Con esta iniciativa el Poder Legislativo contribuye a ofrecer a la sociedad mexicana un nuevo rumbo para el desarrollo económico que modifique ausencias y errores de enfoque de las políticas seguidas en los últimos 20 años.

Justificación. Por qué se requiere esta ley. Durante los últimos 20 años México adoptó un modelo de desarrollo para responder a los requerimientos de la economía global y el agotamiento de anteriores esquemas, que se orientó al pago de la deuda externa, reducción del Estado, apertura a la inversión extranjera y el comercio exterior y la privatización de empresas públicas.

"A veinte años de distancia podemos afirmar que la vinculación de México con la economía global, sin un proyecto productivo nacional, es inviable e injusto.

"México tiene una de las economías más abiertas del mundo y al mismo tiempo una de las menos competitivas, como resultado de haber abandonado la política industrial, tecnológica y de apoyo a nuestros productores agropecuarios.

"Ante las acciones de las naciones más avanzadas que cuentan con leyes de fomento desde hace décadas y acciones que no tienen nada que ver con el libre comercio como los subsidios agropecuarios en los Estados Unidos.

"Adicionalmente en los últimos veinte años se ha dado una reducción drástica de lo público que pone en riesgo la viabilidad del proyecto nacional pues el gasto público como proporción del PIB, se redujo del 52 % del PIB en 1982 al 21 % en el 2001, y se tiene gran dificultad para aumentar la recaudación, dadas las condiciones actuales de la economía y de la sociedad.

"Además el poder adquisitivo del salario en el mercado interno, se han reducido en los últimos 20 años porque la sociedad se ha orientado a la informalidad e incluso a la ilegalidad para poder subsistir.

"En suma, una nación que no tiene un proyecto productivo propio, no es viable como nación.

"Con ésta México puede unificar de manera ordenada, institucional, con sentido nacional y patriótico, su modelo de desarrollo para concentrar su energía en la producción de riqueza, valor agregado, tecnologías e inversiones nacionales y revertir con ello el deterioro salarial, la descapitalización de las micros, pequeñas y medianas empresas nacionales y el rezago fiscal del país.

"¿Qué características tiene la ley que se propone a votación? Procedo con la venia de todos ustedes, a presentar las características más importantes de este proyecto de ley. Es una ley general que establece como principal preocupación la construcción sistemática y permanente de la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta ley se refiere prácticamente a todas las empresas, excepto 8 mil grandes empresas.

"La ley establece la suma coordinada de capacidades y recursos tanto del mercado como del Estado en función de un proyecto nacional de desarrollo que es una tarea de todos los mexicanos y de todos los sectores.

"La ley define el concepto de "competitividad" tanto como el resultado del desempeño general de la economía y de las políticas públicas, como de la competitividad de las empresas.

"El mandato de ley es claro: El gobierno se convierte en un aliado corresponsable de la competitividad del país para alcanzar las capacidades productivas que le permitan a México enfrentar las estrategias económicas de otras naciones y responder a nuestros problemas estructurales.

"Para ello se definen formas de participación de los sectores público, privado, social y del conocimiento para producir los resultados que la nación requiere.

"El futuro está en la promoción de la creación de riqueza socialmente distribuida y sustentable desde el punto de vista económico, ecológico, político y social. Para ello la Secretaría de Economía promoverá y coordinará esfuerzos en corresponsabilidad de todos los sectores.

"La ley define responsabilidades específicas a la Secretaría de Economía y establece un consejo en el que participan todos los sectores para que a través de este mecanismo se sumen el Gobierno Federal, los gobiernos estatales a través de los secretarios de desarrollo económico y todos los sectores para promover y coordinar acciones para la competitividad nacional.

"También esta ley establece un marco que permitirá mejorar la coordinación, y esto es muy importante, de los 159 programas federales y 492 programas estatales para alcanzar la competitividad del país.

Los criterios específicos que establece esta ley se orientan a los siguientes objetivos:

Desarrollar mercado interno, promover la acumulación de capital de la economía nacional, consolidar las actuales empresas y desarrollar nuevas empresas nacionales, desarrollo de tecnologías propias, aumento de la productividad, salarios, ganancias, ahorro e impuestos, diseñar y poner en práctica una estrategia común para enfrentar las estrategias productivas de otras naciones, establecer un consejo para actuar cadena por cadena productiva en todas las regiones del país para alcanzar objetivos sectoriales y nacionales de competitividad; movilizar productivamente al país para alcanzar de manera sostenida altas tasas de crecimiento, establecer una evaluación de los resultados alcanzados como país y no solo a nivel de instituciones públicas.

"Destinar, al menos, un 35 por ciento de las compras de bienes y contratación de servicios a la administración pública federal, a las micro, pequeñas y medianas empresas.

"Evaluación anual por la Secretaría de Economía.

" C o n c l u s i ó n :

"La Comisión de Comercio y Fomento Industrial considera de una alta prioridad nacional la aprobación de esta ley y su vigencia en un plazo inmediato. México no puede seguir perdiendo el tiempo en la implementación de acciones urgentes para reactivar la economía nacional. Esta Comisión, consciente de esta realidad, ofrece todo su apoyo para que se realicen los objetivos de esta ley e invita a las señoras y señores diputados a sumar esfuerzos para alcanzar un proyecto productivo que dé sustento a la micro, pequeñas y medianas empresas como soporte fundamental de nuestro proyecto de nación a futuro".

Muchas gracias. Es cuanto.

(Aplausos)

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputado. Muchas gracias.

En consecuencia se abre la discusión en lo general.

Para fijar la posición a nombre de sus grupos parlamentarios y los partidos participantes en la Cámara, se han registrado los siguientes diputados y diputadas:

La diputada Norma Patricia Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por cinco minutos.

El diputado José Narro Céspedes, del grupo parlamentario del PT.

El diputado Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM.

El diputado Rafael Servín Maldonado, del grupo parlamentario del PRD.

El diputado Jorge Urdapilleta Núñez, del grupo parlamentario de Acción Nacional.

El diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, del grupo parlamentario del PRI, hasta por diez minutos cada uno.

Tiene la palabra la diputada Norma Patricia Riojas Santana.

- LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA (PSN): Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Legisladores:

"Los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista en un ejercicio serio, responsable y comprometido con toda la sociedad mexicana hacemos uso de esta tribuna para dejar en claro nuestra posición política respecto al dictamen de la ley para el desarrollo de la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.

"Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, afirmamos que el gobierno mexicano ha entendido tardíamente la importancia que representan las micro, pequeñas y medianas empresas, ya que de acuerdo con la Secretaría de Economía de las 200 mil nuevas empresas que se establecen anualmente en el país, el 65 por ciento desaparecen antes de dos años, principalmente por la ausencia de financiamiento y la falta de capacidad adecuada y oportuna. Pero a pesar de todos estos factores contribuyen con un 40 por ciento de la inversión y del producto interno bruto, generando aproximadamente un 60 por ciento de los empleos nacionales.

"Si bien es cierto que el gobierno mexicano ha comenzado a desarrollar esquemas y programas para fomentar y promover la calidad, competitividad, capacitación y desarrollo empresarial de las MIPYME´s, también lo es que ante la creciente complejidad y exigencias del país las medidas gubernamentales han sido insuficientes, situación que quedó en evidencia durante la X Cumbre de Líderes del Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, en donde nos dimos cuenta que nuestros socios comerciales como Japón y Taiwán promueven el desarrollo económico a través de la promoción y fomento de las MIPYME´s para proveer a las grandes empresas e incorporarlas a los procesos productivos, ayudándoles al acceso de financiamiento y tecnología. Todo regulado por entidades públicas.

Le Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, la cual desempeña un instrumento de gran valía para articular y estructurar el conjunto de estrategias, acciones e instrumentos que apoyan a las empresas y a los emprendedores, en particular las MIPYME’s constituyen el marco jurídico indispensable para promover el desarrollo económico nacional, a través del fomento a la creación de las MIPYME’s, ya que se establecen los criterios y mecanismos para apoyarlas en cuanto a su vialidad, productividad y competitividad y sustentabilidad nacional e internacional, como bien lo establece el artículo 1º de esta ley.

Por otro lado, extiende la competitividad de las MIPYME’s hacia todos los sectores económicos y las regiones del país, promoviendo la participación de las entidades federativas, del Distrito Federal, de los municipios, de las instituciones educativas de investigación, asimismo como los organismos empresariales, empresarios y emprendedores.

Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, reconocemos que somos un pueblo de raíces y costumbres nacionalistas, que los mexicanos somos excelentes microempresarios y sólo necesitamos los incentivos necesarios para incrementar y fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, y es con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, que todos los mexicanos defenderemos a la industria nacional, fomentaremos la capacidad productiva y fortaleceremos nuestro mercado interno, ya que se establecen esquemas de apoyo, fomento y planeación a través de la concurrencia de recursos y acciones de la Federación, estados, Distrito Federal, municipios y sectores privado y social.

Por las razones expuestas, el Partido de la Sociedad Nacionalista, consciente de su responsabilidad frente a la sociedad, considera como compromiso inalienable impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas y convertirlas en el motor de desarrollo que requiere la economía mexicana, por lo que nos manifestamos a favor del dictamen por el que se extiende la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en lo general y en lo particular, incluyendo las modificaciones del artículo 10 y 18 que comentaba el compañero, reiterándoles a todos los diputados que hoy es momento de compartir los riesgos que confronta la construcción de un México mejor.

Hoy es el tiempo para servir realmente a los intereses generales de los mexicanos y conformar el futuro de una perspectiva de progreso, bienestar y oportunidades para todas y todos los mexicanos.

Es cuanto, señora Presidenta.

(aplausos)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputada.

Tiene la palabra el diputado José Narro Céspedes, a nombre del Grupo Parlamentario del PT, hasta por diez minutos.

-DIP. JOSE NARRO CÉSPEDES: Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros Legisladores: En 1984 México se incorpora al GAT, al acuerdo de la Ronda de Uruguay y empezamos a vivir desde el inicio de la década de los 80’s todo un proceso de liberalización de nuestro mercado y de apertura también a la inversión extranjera, que se ve cristalizado fundamentalmente en una primera etapa con la entrada en ese año de 1984 al GAT y posteriormente con todas las reformas estructurales de primera generación que se hicieron durante 1989 hasta el año de 1994.

Todo esto arrojó miles de empresas pequeñas y medianas y de microempresas, las llevó prácticamente a la banca rota y a la ruina, llevando a miles de familias mexicanas al desempleo y a la pobreza.

Por eso, en 1994 se hablaba de 14 millones de mexicanos en extrema pobreza y de cerca de 27 millones de mexicanos en pobreza.

Ahora prácticamente ocho años después, hablamos de 65 millones de mexicanos en la pobreza y de 30 millones de mexicanos en extrema pobreza. Este es el resultado de esta política que se ha venido aplicando en nuestro país contraria a los intereses nacionales, contraria a una política de generación de empleo, una política que nos permite estructurar las cadenas productivas , una política industrial activa que no hemos visto en los últimos gobiernos ni en este Gobierno Federal, porque se han centrado fundamentalmente a privilegiar el capital usurero y el capital especulativo como parte de la política económica de este Gobierno.

Esta Ley de Coordinación para el Fomento de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es un paso importante para buscar revertir esta situación de bancarrota, de quiebra, en la que se encuentran muchas de estas empresas a nivel nacional.

Pero estamos seguros también que con la aprobación de esta Ley no es suficiente si esto no se ve acompañado de una política de crédito, de apoyo y de fortalecimiento para estas micro, pequeña y medianas empresas a nivel nacional y de una serie de planteamientos estratégicos que permitan que estas empresas que generan el 40% del Producto Interno Bruto y que generan cerca del 60, 70% del empleo en nuestro país, puedan seguir siendo, como lo han sido hasta ahora, uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y para el bienestar del conjunto de los mexicanos, partiendo de la tesis de que no hay mejor política social o no hay mejor forma de darle bienestar al pueblo de México, que el que este cuente con un empleo que les permita tener una retribución, un ingreso, que les dé condiciones para vivir en dignidad y en bienestar en compañía de su familia.

Para nadie resulta desconocido la importancia económica de los Mipymes, su importancia también radica en el desempeño económico que tiene esta gran empresa capitalista, sin estas micro, pequeñas y medianas empresas no había posibilidades de consolidar el papel de las nuevas tecnologías de la Informática y de la Industria Microelectrónica que crean las posibilidades de descentralizar a nivel mundial los procesos productivos de una nación a otra, de fragmentar estos procesos y de emplear cada vez más a las Mipymes mediante el esquema de subcontratación productiva y laboral, aquí es donde las Mipymes tienen una trascendencia considerable de contribución al desarrollo económico de nuestra nación.

Es importante señalar, que para arribar a la creación de una ley específica sobre este tema, fue necesario convencer a importantes sectores para vencer esas inercias y el peso de las concepciones neo liberales sobre el papel de estas empresas en el desarrollo económico nacional como parte de una visión estratégica en donde estas empresas pudieran estar incorporadas en una nueva visión para el desarrollo nacional y no excluidas.

No debemos olvidar que estas concepciones neo liberales del mundo prevalecieron y continúan prevaleciendo en el mundo y en nuestra nación, al dar mayor importancia a la gran empresa capitalista y a las grandes corporaciones transnacionales que han sido las únicas beneficiarias de la política económica que se ha venido aplicando en nuestro país.

Pese al hecho de que hoy estamos discutiendo la aprobación de un poderoso instrumento de regulación para el fomento de la competitividad de estas pequeñas empresas, quedarán varias asignaturas pendientes que debemos de ir solucionando de forma sistemática para apoyar realmente la subsistencia y la creación de más y mejores pequeñas y medianas empresas en todo lo largo y lo ancho de nuestro país.

Una de las asignaturas pendientes es el crédito porque como sabemos, estas empresas están prácticamente excluidas como sujetos de crédito para la banca comercial que sólo otorga financiamiento a las grandes empresas exportadoras que son quienes tienen capacidad real de flujo monetario para los préstamos; hacer real el acceso a los recursos tecnológicos y de acceso a la información para estas empresas, garantizando que los centros de educación superior se vinculen a las pequeñas y medianas empresas y se vuelva una cuestión de vital importancia en el contexto de la intensificación de la competencia económica entre las naciones.

Necesitamos garantizar con recursos reales la capacitación de quienes administran estos negocios para que se conviertan en empresarios bien informados, capacitados y profesionales por el bien de esas empresas y de México; sin ello, la presente ley será ley muerta.

El mundo empresarial moderno impone a las naciones modernizar y adecuar a las empresas a los cambios tecnológicos; las NIPIMES necesitan enormes recursos para lograr esto último, no podemos aspirar a tener empresas competitivas de este nivel si no damos pasos necesarios para apoyarlas con recursos públicos suficientes y una estrategia de apoyo que permita fortalecerlas.

Tampoco podemos olvidar que la integración de cadenas productivas, tanto al productor como al comprador y la creación de paquetes completos de estas cadenas se conviertan en un desafío para elevar la competitividad de la pequeña y mediana empresa que deberemos de incorporarlas en un futuro inmediato en el marco de esta nueva ley.

Es claro que en el desarrollo de la pequeña y de la mediana empresa, juegan un papel fundamental lo que son las empresas sociales de nuestro país y que tienen un papel estratégico que hay que revitalizarlas como siguen siendo el ejido, como siguen siendo las empresas sociales, las cooperativas que existen a lo largo y a lo ancho de nuestro país y que son uno de los sectores beneficiarios de esta ley que el día de hoy estamos discutiendo.

Por ello, el Gobierno Federal deberá de adquirir compromisos reales con estas empresas partiendo por incorporar sus necesidades de abastecimiento también que tienen que ser atendidas y que tenemos que generar condiciones como país para que tengan respuesta.

Ante lo anteriormente expuesto, queremos comentar ante este Pleno del Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados el voto positivo en lo general y en lo particular de nuestra fracción parlamentaria, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.

Es cuanto Presidenta. Muchas gracias. ( aplausos )

- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene la palabra el diputado Francisco Agundis Arias, del grupo parlamentario del PVEM.

EL C. DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con su permiso señora Presidenta.

Señoras y señores diputados.

Durante estos más de dos años, el trabajo legislativo de esta soberanía ha estado enmarcado por una fuerte preocupación por consolidar los lineamientos del desarrollo para el futuro.

A pesar de que la sociedad mexicana ha reclamado incansablemente un verdadero ajuste en los ámbitos económicos, el modelo que rige a uno de los principales sectores como es el de la micro, pequeña y mediana empresa no sólo no ha permitido que se mejoren las condiciones en las que se prevalece sino que ha agudizado sus problemas.

Es por ello que ante la globalización mundial en donde las grandes corporaciones o holding parecen devorar cualquier opción de producción, distribución y comercialización de baja escala, surge una pregunta: ¿existe alguna alternativa para consolidar las casi tres millones de unidades empresariales en nuestro país, de las cuales el 99.7% son micro y pequeñas que generan el 42% del Producto Interno Bruto y el 64% del empleo en este país.

Sin duda la cooperación y coordinación de esfuerzo es el método que puede solucionar algunos problemas de subsistencia en las comunidades más pequeñas y aisladas del mundo del libre mercado.

Es por ello que se requiere de un proceso que traduzca las características económicas, sociales, políticas y culturales que reflejen la realidad de nuestro pueblo para unificar criterios y enfrentar el contexto mundial con unidad traducida en fuerza, fuerza que la micro, pequeña y mediana empresa han mostrado al participar en el mercado internacional y comprobar que son capaces de enfrentar la competencia de productos de terceros países.

Por lo que consideramos que el dictamen que se encuentra hoy a discusión, representa un avance hacia la generación de un sistema que coordine efectivamente los recursos y capacidades destinadas al desarrollo del país.

Como sabemos el reconocimiento de la contribución de este sector a la economía a llevado a los diferentes órdenes de gobierno a buscar mecanismos de apoyo; sin embargo esto no ha sido suficiente para lograr crecimiento económico sustentado en una base sólida y tampoco se optimizado sus esfuerzos.

Por lo anterior el grupo parlamentario del Partido Verde, manifiesta su apoyo al presente dictamen toda vez que el apoyo hacía la modernización y fortalecimiento del sector de la pequeña y mediana empresa es clave para la actividad económica de nuestro país.

No debemos olvidar que todas las decisiones y acciones de la empresa, deben cimentarse en el análisis de la existencia de oportunidades de mercados, tanto de los actuales como los potenciales y para ello debemos contribuir para generarla. Muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.

LA C. SECRETARIA: Tiene la palabra el diputado Rafael Servin Maldonado del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos.

EL C. DIP. RAFAEL SERVIN MALDONADO. Con su permiso, señora Presidenta, Compañeras y compañeros:

Desde esta tribuna saludo a los Secretarios de Desarrollo Económico que están presentes en la discusión de este importante dictamen.

Las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas MIP y MES, enfrentan un difícil reto ante la competencia internacional, la apertura comercial, la incertidumbre financiera, la globalización, la falta de transformación científica y tecnológica aunado al fortalecimiento de grandes corporaciones comerciales, reto que deberán enfrentar con una ley, como la que seguramente con la mayoría de los votos de las señoras y señores diputados aprobaremos el día de hoy.

En nuestro país el 99 por ciento de las empresas son micro, pequeñas y medianas, su participación en el empleo, en la actividad económica regional y su contribución en el Producto Interno Bruto es muy significativa, su participación potencial en el desarrollo económico y social de México es determinante. La política neoliberal en México, desde 1988, ha tenido un impacto significativo en la micro, pequeña y mediana empresa, que en muchos de los casos no han podido sobrevivir a las crisis económicas de las últimas décadas, la reducción del mercado interno y la competencia desleal por la importación indiscriminada de productos extranjeros.

Con los tratados y acuerdos internacionales quedó claramente manifiesta la vulnerabilidad de la economía nacional, cuando se le hace depender básicamente del mercado externo para crecer. Se dejó de atender y promover el mercado interno, más aún, cuando el mercado interno es la expresión real del nivel de vida de los mexicanos.

Los programas e instrumentos de fomento reflejan multiplicidad y duplicidad en las funciones del Gobierno Federal, en la de los gobiernos estatales y en la banca de desarrollo. Reflejan también insuficiencia en la coordinación de acciones y apoyos en materia de financiamiento, tecnología, capacitación y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Es necesario ordenar y coordinar el trabajo de las instituciones responsables de instrumentar programas específicos ante los múltiples retos y desafíos que deben de enfrentar estas empresas. Se debe de estimular el desarrollo regional más equilibrado a nivel nacional y contribuir con una mayor descentralización de la vida económica del país, fortaleciendo a las entidades federativas, a los municipios e impulsando las micro regiones.

Es necesario establecer un nuevo marco legal para el fomento de las MIPyMES, ordenar y coordinar el trabajo de las instituciones responsables de instrumentar programas específicos ante los múltiples retos y desafíos que deben de enfrentar estas empresas, ante las amenazas que provienen del entorno internacional y los rezagos estructurales de la pobreza de nuestra nación.

Con la actual política económica hay una incapacidad manifiesta de generar oportunidades para obtener empleos bien remunerados para la generación actual y las próximas generaciones.

En el mundo se reconoce que las empresas micro, pequeñas y medianas, en particular las industriales y de servicios, desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social, por lo que muchos países han decidido establecer políticas y mecanismos institucionales que garanticen su adaptación y capacidad de competencia a través de nuevas leyes.

El proyecto de ley que hoy discutimos prevé un conjunto de estímulos y apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas para alcanzar sus diversos objetivos de fomento. Su aplicación es responsabilidad del Ejecutivo Federal, de los ejecutivos estatales, municipales y del Distrito Federal, pero también hay una corresponsabilidad de las confederaciones, cámaras empresariales e instituciones especializadas en el servicio a las micro y pequeñas empresas, mismas que, siguiendo las nuevas tendencias internacionales, serían beneficiarias de esta ley, sin perder de vista que el objetivo central es aumentar la competitividad de cada una de las empresas.

Su capacidad es crear nuevas inversiones, empleos y la generación de bienes, servicios e impuestos que beneficien a sus accionistas y trabajadores y a la sociedad en general. Esta ley crea un Consejo Nacional de Coordinación, que será la máxima autoridad del sistema y contará con un Comité Ejecutivo para diseñar y concensar las políticas específicas del fomento y los términos generales para la toma de decisiones. Se crearán comisiones de trabajo con la amplia participación pública y privada y también se invitará a la sociedad en general, buscando la concurrencia de todos los actores necesarios para fomentar la competitividad nacional.

Corresponderá a la Secretaría de Economía promover y celebrar convenios de coordinación con los estados, el Distrito Federal y a través de ellos, con los municipios, delegaciones que les correspondan para la articulación de las políticas e instrumentos que analicen recursos presupuestales necesarios para el desarrollo de esta empresa.

Quiero mencionar que este dictamen que votaremos hoy, ha sido respaldado por muchos ciudadanos y por nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, haciendo un trabajo arduo y concienzudo para sacarlo adelante.

Por estas razones expuestas solicito, compañeras y compañeros, su voto a favor de la Ley de Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Es cuanto, señora Presidenta.

LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Jorge Urdapilleta Núñez del PAN, hasta por diez minutos.

EL DIP. JORGE URDAPILLETA NÚÑEZ: Con el permiso de la Presidencia.

Honorable Asamblea:

A nombre de los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hago uso de la palabra ante este Pleno para apoyar la creación de esta ley, que no es un ordenamiento que va a pasar desapercibido y sin impacto entre la población, por el contrario, esta ley, de aprobarse, será un verdadero apoyo para millones de personas que trabajan y subsisten de una empresa que por su tamaño, se considera micro, pequeña y mediana.

El suscrito, como miembro del Partido Acción Nacional y proponente de esta iniciativa, es para mí muy importante informar a esta soberanía, que sobre todo el trabajo que realizamos para la elaboración de esta nueva ley, que desde hace cerca de dos años venimos trabajando en ella, primeramente en el seno de la Subcomisión de Micro y Pequeña Empresa, llevamos a cabo varias reuniones de trabajo donde participaron diputados de todas las fracciones parlamentarias, en donde acordamos hacer partícipe, desde el principio, a las Cámaras empresariales, a los Secretarios de Desarrollo Económico de los Estados y a todos los que participan directamente en los sectores sociales y del conocimiento.

Dentro de las Cámaras empresariales, destacamos la participación de la Confederación de Cámaras Industriales, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, sin dejar de reconocer las aportaciones de los Secretarios de Desarrollo Económico, de las 32 entidades federativas que participaron muy activamente en el enriquecimiento de la propuesta de ley.

Una vez que fue presentada esta iniciativa, el 11 de abril del 2002, se turnó a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en donde trabajamos los diputados proponentes, conjuntamente con los asesores de los grupos parlamentarios y de las Secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público en el análisis y discusión de las disposiciones que deberían de contener este nuevo ordenamiento, así después de más de seis meses de labor, el resultado es el dictamen que hoy estamos discutiendo, que consideramos, que sin duda será un gran apoyo para el desarrollo de las MIPyMES.

Cabe mencionar, que nuestro país, el 99% de las empresas están estratificadas como MIPyMES, las cuales contribuyen al 42% del Producto Interno Bruto sin dejar de valorar que el 64% del personal empleado trabaja en estas empresas. Por ello, es importante fortalecer estas unidades productivas para que logren un crecimiento sostenido con justicia social, de ahí que la creación de esta ley es trascendental para el desarrollo de la competitividad de las empresas y en general para México.

De esta manera, este Poder Legislativo y en particular el Partido Acción Nacional, no puede estar ajeno a los problemas que enfrenta los empresarios y emprendedores para su creación, desarrollo y consolidación. Es por esto, que la ley tiene por objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento de la creación de las MIPyMES y el apoyo para su viabilidad, productividad, concretividad y sustentabilidad.

Dentro de los objetivos de esta ley es establecer para el desarrollo de las MIPyMES las bases para la planeación y ejecución de las actividades, la participación de la Federación en las entidades federativas y del Distrito Federal, de los municipios y de los sectores involucrados.

El establecer instrumentos para la evaluación y actualización de las políticas, programas y actividades de fomento, además de políticas condición de largo plazo.

Asimismo, esta nueva ley contempla promover para las Mipymes, un entorno favorable para los negocios, la creación de una cultura empresarial, el acceso al financiamiento público y privado, la compra de productos y servicios, por parte del sector público.

Las condiciones para la creación y consolidación de las cadenas productivas, esquemas para la modernización, innovación y desarrollo tecnológico, así como la cooperación y asociación de las Mipymes a través de sus organizaciones empresariales.

En lo relativo a las compras gubernamentales, Acción Nacional se pronuncia para que éstas sean hechos con reponsabilidad, esto es, que propicien el desarrollo a las Mipymes con competitividad, sin fomentar jamás el solapamiento y paternalismo, en perjuicio de todos los mexicanos ni tampoco contravenir nuestro marco jurídico.

De esta manera, la Secretaría de Economía, quien es la dependencia encargada de aplicar esta ley, tendrá que formular y destinar programas encaminados al desarrollo de la competitividad de las Mipymes, como capacitación y formación empresarial, asesoría y consultoría, fomento para la constitución de incubadoras de empresas, formación de emprendedores, establecimiento, integración y apoyo a cadenas productivas, agrupamientos empresariales y vocaciones productivas locales y regionales, promover la modernización, innovación y desarrollo tecnológico, la constitución y desarrollo de proveedores y distribuidores, la consolidación de oferta exportable, el fomento para el desarrollo sustentable, además de que la Secretaría de Economía, promoverá esquemas para facilitar el acceso al financiamiento público y privado de las Mipymes.

Sin embargo, es trascendental para la economía del país y para las empresas mexicanas, internarse en los mercados internacionales y aprovechar los tratados comerciales que nuestro país ha suscrito, y no sólo como maquiladoras, para eso se debe de impulsar el establecimiento, la integración y el apoyo de cadenas productivas.

Sólo con esto, México puede consolidar una oferta exportable suficiente con estándares de calidad internacional y con un porcentaje elevado de contenido nacional, esto no es ajeno al desarrollo de proveedores y distribuidores que las Mipymes puede jugar dentro de los encadenamientos productivos.

Pero para lograr todo lo anterior, se necesita la participación de todos los agentes económicos y sociales involucrados para el desarrollo y fortalecimiento de las Mipymes nacionales. En este sentido, dentro de esta ley se establece la constitución de un Consejo Nacional para el Desarrollo de la Competitividad de las Mipymes, así como de Consejos Estatales en los diferentes estados y Distrito Federal.

Estos Consejos a nivel federal y estatal, estarán integrados por funcionarios del sector público, de la iniciativa privada, del sector social y de representantes del sector del conocimiento.

Así esos Consejos se constituirán como el foro de discusión y serán la instancia que promueva, analice y dé seguimiento a los esquemas, programas, instrumentos y acciones que se destinen para el apoyo de las Mipymes.

Es por todo lo anterior, que los diputados integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, estamos a favor de la creación de esta nueva ley que, lejos de hacer más burocracia es un ordenamiento claro, preciso y apegado a la realidad mexicana, que puede ser aplicado por la Secretaría de Economía, y más específicamente por la Subsecretaría para la Pequeña y mediana Empresa, que desde hace más de dos años y medio, encaminan todos sus esfuerzos en beneficios de los micropequeños empresarios.

Aprovecho para agradecer a las Cámaras empresariales, a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de Economía, a los asesores parlamentarios y a los secretarios de Desarrollo Económico, por su participación y apoyo que, por cierto se encuentran en el recinto y que les presento mi reconocimiento.

Finalmente, les pido a las compañeras y compañeros diputados su voto a favor del dictamen. Muchas gracias, es cuanto, presidenta.-

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Tiene la palabra el diputado Reyes Antonio Silva Beltrán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por diez minutos.

EL C. DIPUTADO REYES ANTONIO SILVA BELTRÁN.- Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

Acudo a esta tribuna en representación del grupo parlamentario del PRI para fijar la posición en relación al dictamen de Ley de Coordinación para el Fomento de la Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

La inserción de México en la economía global ha generado una estructura productiva dual, donde las grandes empresas tienen mejores condiciones para competir en una economía abierta, en tanto que las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales se encuentran en desventaja en materia de financiamiento, tecnología y apoyos para la exportación.

Con esta ley se busca nivelar el terreno juego, donde las empresas mexicanas de menor tamaño puedan ampliar sus mercados, generar mayor valor agregado nacional, crear nuevos empleos, fortalecer el salario real y como resultado de todo esto, contribuir a la recaudación fiscal federal, estatal y municipal.

En nuestro país el 99% de las empresas pueden clasificarse como PYMES, reconociendo su importancia en el desarrollo nacional no sólo por contribuir con 6 de cada 10 empleos o participar con el 42% de la producción nacional, sino por su potencial como fuente de oportunidades de crecimiento y de distribución del ingreso.

Una agenda pendiente de los cambios estructurales, es sin duda la definición de un proyecto productivo nacional con visión de largo plazo. México no puede depender para su desarrollo sólo de los flujos de inversión y comercio del exterior.

Para mi grupo parlamentario, la vocación productiva de nuestro país, forma parte de un proyecto de Nación independiente con mayores libertades, oportunidades reales y sobre todo para crecer con justicia, para que la justicia social se sienta por fin en la mesa de los mexicanos.

Con esta ley se rompen viejos dogmas, se vuelve al pragmatismo, a hacer de la política económica el instrumento de redistribución que siempre debió haber sido. La política económica es el arte de responder con medidas adecuadas a los problemas cambiantes de la economía. No es ni puede ser una receta siempre fija como algunas autoridades suponen. Hoy está claro que no siempre funciona esa receta que dice: "estabilicemos l a economía, dejemos que el mercado opere y todo lo demás vendrá por añadidura". En el caso de México se ha seguido esa receta, pero todo lo demás como los empleos y los salarios mejor remunerados, no ha venido como añadidura.

Como lo señala la alternativa económica propuesta por mi partido, al final del día los gobiernos se califican no por cuántos puntos bajó la inflación, sino por cuántos puntos mejoró el índice de empleo y cuántos empleos permanentes se crearon; no por cuántas reservas tiene el gobierno en sus arcas, sino por cuántos recursos tienen los ciudadanos en sus cuentas de ahorro y cómo ha mejorado su nivel de vida.

Por ello apoyamos esta ley, porque permite descentralizar, ahorrar recursos públicos y que la mayoría de las empresas de nuestro país cuenten con un marco normativo cierto, que les de oportunidades en el presente y sienta las bases para su desarrollo sostenido en el mediano y largo plazo.

Mi fracción parlamentaria considera que es indispensable establecer las bases institucionales y los mandatos específicos para que la Secretaría de Economía, así como todas las dependencias y entidades del Administración Pública Federal que contribuyen en cuestiones como financiamiento, desarrollo tecnológico, capacitación y política comercial, tengan un marco legal que articule sus recursos y capacidades para contribuir de manera organizada a la competitividad de todas las cadenas productivas en las que participan las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, la formación de un Consejo Nacional para la competitividad de las MIPyMES, que integre representantes de los sectores público, privado, social, del conocimiento y los trabajadores y que éste se convierta en un mecanismo de trabajo permanente y sistemático, establecido en una ley específica para el diseño, consenso, coordinación, ejecución y evaluación de las estrategias de desarrollo para todas las cadenas productivas.

Los legisladores promovemos la suma de gobierno y sociedad, para dar viabilidad a un proyecto productivo nacional. No pensamos en lo individual o en nuestros partidos políticos, pensamos y creemos en México.

Al establecerse la responsabilidad de la Secretaría de Economía en el diseño, ejecución, evaluación de las estrategias de competitividad, se tendrá una clara responsabilidad y marco de coordinación, para instituciones que en la actualidad tienen agendas y objetivos dispersos. Con ello se da respuesta a la demanda ciudadana por un marco institucional con responsabilidad específicas de desarrollo de la competitividad nacional, y a la vez tener un mecanismo legal para la coordinación de sus trabajos.

Debemos cambiar la mentalidad fatalista que condena injustamente amplios sectores de la economía y de la sociedad, a una competencia inequitativa con productores y productos que se generan en otras economías en los que se apoya a sus productores a través de múltiples mecanismos de los que no disponen nuestros empresarios.

Con esta decisión mandamos un fuerte mensaje a nuestros empresarios, trabajadores y a la juventud que tiene ímpetus emprendedores, de que ahora no se tendrá una actitud pasiva ante las fuerzas del mercado, en la que las alternativas sean de competir en desventaja o perecer, sino decidir y realizar de manera corresponsable, lo que se requiere hacer para alcanzar la competitividad de las empresas de los mexicanos.

Todos estamos comprometidos con el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno, a la vez de competitividad de los mercados internacionales. México debe mirar a su propio mercado, lo que implica una mayor inversión de las empresas orientadas al mercado interno y un crecimiento del empleo, de la productividad y salarios de nuestros trabajadores; que es el camino que han seguido las mayores potencias económicas.

Así lo expresaron y lo han experimentado los representantes de las economías más importantes del mundo en la pasada reunión de líderes económicos del mecanismo de cooperación económica Asia-Pacífico.

Por esta razón mi grupo parlamentario ha impulsado y establece un mandato para que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, destinen de manera progresiva la adquisición de bienes y contratación de servicios, iniciando con un 10% el primer año e incrementándose a lo largo de cuatro años hasta alcanzar un mínimo de 35% de compras a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Por otra parte, la ley prevé la suscripción de convenios entre la Secretaría de Economía con las entidades federativas, el Distrito Federal y con los municipios, para que en estos convenios se establezcan objetivos concretos, así como mecanismos para coordinar y sumar esfuerzos y recursos para alcanzar objetivos de desarrollo sectorial y regional y en las actividades económicas en la de cada una ellas tiene mayores oportunidades.

La ley es un marco general que permitirá establecer los convenios en función de objetivos nacionales y regionales, evitando así la discrecionalidad, así como también la dispersión de esfuerzos al suprimirse la suscripción de múltiples convenios entre la Federación, sus delegaciones, estados y municipios que han conducido a la falta de cohesión productiva en el pasado, generando economías de escala y asignación ineficiente de recursos.

Al aprobar este dictamen la distinguida, honorable asamblea, está cumpliendo con una de las grandes responsabiidades y corresponderá después al Ejecutivo Federal, destinar recursos económicos, tecnológicos y de información, significativos y crecientes, ya sea a través de sus programas e instituciones o por medio de la banca de desarrollo y la banca privada.

Por todo lo anterior, a nombre de mi grupo parlamentario, invito a esta Honorable Asamblea, a votar a favor de este dictamen.

Es cuanto presidenta.

-PRESIDENTA: Muchas gracias diputado.

En virtud de que no hemos recibido registro para la discusión en lo general ni en pro ni en contra, ruego a la secretaría consulte si está suficientemente discutido en lo general.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACION)

LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.

Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. El diputado Gregorio Urías.

EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS: Ciudadana presidenta. Para reservar, en lo particular, el artículo 10 y el artículo 18 de la ley, a nombre de la Comisión.

LA C. PRESIDENTA: Muy bien. A nombre de la Comisión se reservan, en lo particular, el artículo 10, último párrafo, y el artículo 18, fracción XXI y adición de una fracción XXII, por las comisiones.

Se consulta si hay la reserva de algún otro artículo, en lo particular.

Se han reservado, para la discusión en lo particular exclusivamente, por parte de la Comisión, el artículo 10, último párrafo, y el artículo 18, fracción XXI y adición de una fracción XXII.

EL C. DIPUTADO DIEGO HINOJOSA: Solamente para aclarar que no es a nombre de la Comisión, será a nombre personal de él.

LA C. PRESIDENTA: Bien. A nombre del diputado Gregorio Urías y del diputado Rubén Félix Hays, se han reservado estos artículos.

¿Alguna otra reserva? De no ser así, le ruego a la secretaría se abra el sistema electrónico, por 10 minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

EL MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados.

(VOTACION)

- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se emitieron 343 votos en pro, cero en contra y una abstención.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 343 votos.

Para referirse a las reservas a los artículos 10., último párrafo y 18 fracción XXI y la adición de una fracción XXII, tiene la palabra el diputado Gregorio Urías.

- EL C. DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso, ciudadana Presidenta.

Primero ofreciendo una disculpa y una aclaración a esta asamblea porque en la intervención del diputado Rubén Félix había expresado el sentido de estas modificaciones; hubo algunos problemas de comunicación entre nosotros, de tal suerte que son efectivamente de consenso y de la Comisión.

Primero el artículo décimo se propone que se suprima la última parte de la fracción VIII de dicho artículo, la que a la letra dice:

"La participación de las entidades federativas, de los municipios y de los sectores, se podrá realizar en el marco de los convenios que la secretaría celebre con estos".

Y se propone que se agregue en su lugar: "Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las MIPYMES y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos en las entidades federativas donde exista el Consejo Estatal. Todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal, por el Distrito Federal en donde no existan.

La Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa con los municipios y los sectores.

En lo relativo al artículo 18, se propone que se modifique primero la fracción XXI que dice, como viene en la iniciativa:

"Seis miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría".

Y se modifica quedando de la siguiente forma: Fracción XXI: "Tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría".

Y se adiciona la fracción XXII que a la letra dice: "Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de trabajadores".

Es cuando, ciudadana Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.

Le ruego deje con la Secretaría las propuestas específicas.

Entiendo que la propuesta relativa al artículo 10., último párrafo es suprimir el último párrafo, diputado Urías.

- EL C. DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Sí, señora Presidenta.

- LA C. PRESIDENTA: Y le rogaría a la Secretaría precise la propuesta vinculada con el artículo 18 fracción XXI y la adición de la fracción XXII.

- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: La propuesta hecha por el diputado a nombre de la Comisión, como lo refirió, es el artículo 18 en la fracción XXI. Dice:

"Seis miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría".

La propuesta quedaría de la siguiente manera:

"Tres miembros de los sectores que incidan en el cumplimiento de los objetivos de esta ley, quienes serán designados por la Secretaría.

Y la propuesta adiciona una fracción XXII que quedaría como sigue:

"Dos representantes del Congreso del Trabajo y un representante de la Unión Nacional de Trabajadores.".

- LA C. PRESIDENTA: Gracias. Consulte la Secretaría a la Asamblea si son de aceptarse, si se admiten o se desechan las modificaciones propuestas por el diputado Urias, a nombre de las Comisiones.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la propuesta de modificación y adición hecha por el diputado...

- LA C. PRESIDENTA: No, señor Secretario. Si se admiten a discusión.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: En votación económica se consulta a la asamblea si se admite a discusión las propuestas hechas por el diputado Gregorio Urías, a nombre de la Comisión.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Mayoría por la afirmativa, Presidenta.

- C. PRESIDENTA: En consecuencia, se abre el registro de oradores en pro o en contra.

No habiendo oradores ni en pro ni en contra, se va a proceder a la votación en un solo acto de las propuestas de modificaciones. En el artículo 10º la supresión del último párrafo y en el artículo 18 fracción XXI tal y como lo leyó la Secretaría y la adición de una fracción XXII tal y como la leyó la Secretaría.

Abrase el registro de votación hasta por cinco minutos para votar los artículos reservados.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: Se pide se hagan los avisos correspondientes a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

Abrase el sistema electrónico de votación hasta por cinco minutos para la votación de la propuesta referida.

- LA C. PRESIDENTA: Diputado Urias.

- EL C. DIPUTADO GREGORIO URIAS GERMÁN (PRD. Desde su curul): Gracias.

Ciudadana Presidente: Solo para aclarar que se suprime el último párrafo pero se sustituye por otro que en lo personal di lectura.

- LA C. PRESIDENTA: Por favor, precise la Secretaría. Del artículo 10.

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: Del artículo 10 se pide se suprima el párrafo que dice: <<La participación de las entidades federativas de los municipios y de los sectores se podrá realizar en el marco de los convenios que la Secretaría celebre con estos>> Y se pide se agregue el siguiente párrafo: <<Con el objeto de lograr la coordinación efectiva de los programas de fomento a las micro, pequeñas y medianas empresas y lograr una mayor efectividad en la aplicación de los recursos en las entidades federativas donde exista el consejo estatal todos los convenios serán firmados por el gobierno estatal o del Distrito Federal en donde no existan la Secretaría podrá firmar los convenios de manera directa en los municipios y los sectores>>

- LA C. PRESIDENTA: Se modifica entonces el último párrafo por el párrafo al que se le dio lectura.

( V O T A C I Ó N )

- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ: Se emitieron 330 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones.

- LA C. PRESIDENTA: Aprobado el artículo 10º y el artículo 18 fracción XXI y adición de una fracción XXII con las adiciones propuestas por la Comisión y de las que dio registro la Secretaría.

Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

(Aplausos)

Se va a dar lectura a una comunicación de la Junta de Coordinación Política.

- C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Da lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política relativa a acuerdo de la Junta de Coordinación Política para la comparecencia del C. Secretario de Hacienda y Crédito Público para dar cuenta del paquete financiero para el año 2003, el día 19 de noviembre de 2002)

- C. PRESIDENTA: Consulte la Secretaría en votación económica si se aprueba el acuerdo de la Junta de Coordinación Política.

- LA C. SECRETARIA DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si se aprueba la comunicación de la Junta de Coordinación Política.

En votación económica los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(Votación)

Aprobado.

- LA C. PRESIDENTA: Esta Presidencia acaba de recibir oficios de la Cámara de Senadores. Se ruega a la Secretaría dar cuenta con ellos.

-SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:

(Oficio del Senado de la República, con el que se remite Minuta Proyecto de Ley Orgánica de la Armada de México)

-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Túrnese a la Comisión de Marina.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio del Senado de la República, con el que se remite Minuta Proyecto de Decreto que concede permiso al C. Santiago Creel Miranda)

-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-MISMO SECRETARIO:

(Oficio del Senado de la República, con el que se remite

Minuta Proyecto de Decreto por el que se concede permiso

al C. Enrique Jackson Ramírez)

-PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

En virtud de que se ha agotado el tiempo previsto para la sesión, le ruego a la Secretaría dar cuenta con la orden del día de la próxima sesión y quisiera destacar y recordarles a los compañeros Legisladores que el lunes habrá sesión de Congreso General y que vamos a convocar para las 12:30 horas.

El lunes sesión de Congreso General para recibir a los Reyes de España.

Adelante señor Secretario.

-SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(LECTURA DEL ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION)

-PRESIDENTA: (16:42 horas) Se levanta la sesión y se cita a la Sesión Solemne de Congreso General el próximo lunes 18 de noviembre a las 12:30 horas, en la que se recibirá a los Reyes de España.

Se informa que el registro va a estar abierto desde las 11 de la mañana para los diputados que deseen registrarse.

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