LVIII LEGISLATURA

SESION   DEL PRIMER  PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS  DE LA LVIII LEGISLATURA.
28 DE NOVIEMBRE DE 2002

 

LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputada esta consideración el orden del día… ¿Si diputado Romero.?

- EL C. DIP. RIGOBERTO ROMERO ACEVES: (desde su curul) Sí, muy buenos días señora Presidenta.

Solamente pidiéndole tenga a bien ilustrarme el porqué, no esta en el orden del día de hoy la segunda lectura al dictamen a la Ley de Pesca; qué requisito requiere o qué puedo hacer para cuándo se puede enlistar. Muchas gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Como no estimado diputado: El dictamen respectivo fue retirado de esta Mesa Directiva por oficio de uno de los presidentes de las comisiones unidas que dictaminan. Yo estoy en la mayor disposición de procesarlo una vez me lo vuelvan a remitir formalmente. Gracias diputado

- No habiendo algún otro comentario sobre el orden del día, proceda a la Secretaría a poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.

LA C. SECRETARIA: Esta a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo:

( V O T A C I O N )

- LA C. PRESIDENTA: Aprobada el acta.

Pasamos a comunicaciones.

- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

( Del Congreso del Estado de Michoacán )

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión Especial de la Agroiondustria Azucarera de México.

- EL MISMO C. SECRETARIO:

( Del Congreso del Estado de Morelos )

- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión Especial de la Agroindustria Azucarera de México.

- EL MISMO C. SECRETARIO:

( Del Congreso del Estado de Nayarit )

- LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

- EL MISMO C. SECRETARIO.

( Del Congreso del Estado de Sonora )

LA PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones Especial para darle Seguimiento a los Fondos Aportados por los Trabajadores Mexicanos Braceros y a la Comisión de Relaciones Exteriores.

L MISMO SECRETARIO:

(del Congreso del estado de Sonora)

LA PRESIDENTA: De enterado.

LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(del Parlamento Latinoamericano)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Conferencia para la Programación, túrnese a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Relaciones Exteriores.

LA MISMA SECRETARIA:

(de la Cámara de Senadores, recursos suficientes a la Universidad Autónoma de Chapingo)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Le ruego a la Secretaría, que de conformidad con lo dispuesto en el acuerdo relativo al sistema electrónico de registro de asistencia, pueda dar cuenta del mismo e instruir su cierre.

LA MISMA SECRETARIA: Ciérrese el sistema electrónico y se registraron 383 diputados.

LA PRESIDENTA: Gracias, secretaria.

LA MISMA SECRETARIA:

(del Senado de la República, para incluir un fondo anual especial para los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca) 

 LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

LA MISMA SECRETARIA:

(de la Junta de Coordinación Política, para declarar zona de desastre los municipios de Talpa a Allende, Mascota y San   Sebastián del Oeste, del estado de Jalisco)

LA PRESIDENTA: Diputada, estamos hablando de lo relativo al Huracán Kenna. El registro...

LA MISMA SECRETARIA: Sí diputada, lo someto a votación.

En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto emitido por la Junta de Coordinación.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA PRESIDENTA: Aprobado

LA MISMA SECRETARIA:

(de la Junta de Coordinación Política, punto de acuerdo del diputado José Manuel Quintanilla Rentería)

LA MISMA SECRETARIA: En votación económica, se pregunta si se aprueba.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(votación)

LA PRESIDENTA: Aprobado.

LA MISMA SECRETARIA:

(de la Junta de Coordinación Política. Sale de la Comisión de Comunicaciones el dip. Bonifacio Castillo Cruz, en su lugar el diputado Humberto Mayans Canabal. El diputado Bonifacio Castillo Cruz se incorpora a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. El diputado Humberto Mayans Canabal sale de la Comisión de Ciencia y Tecnología)

LA PRESIDENTA: De enterado.

LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política, cambio de integrantes en las comisiones, que la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, sustituya al  diputado Tereso Martínez Aldana, como integrante de la Comisión de Pesca; que el diputado Tereso Martínez Aldana, sustituya a la diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña, como integrante de la Comisión de Seguridad Social)

LA PRESIDENTA: De enterado.

EL DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Comunicación de la Mesa Directiva)

En votación económica, se pregunta si se aprueba

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo

(Votación)

LA PRESIDENTA: Aprobado.

Esta Presidencia informa que el día de ayer se suscribió un convenio de colaboración entre la Comisión de Ciencia y Tecnología, y la Academia Mexicana de Ciencias y se acordó publicar el contenido del convenio y el texto de la intervención del Presidente de la Academia Nacional Mexicana de Ciencias, en la Gaceta Parlamentaria.

TRAMITE: Se desahoga ese trámite, publíquese en la Gaceta Parlamentaria.

EL DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Oficio de la Cámara de Senadores)

LA PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EL DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del oficio del Gobernador Constitucional del Estado de México)

LA PRESDIENTA: Remítase a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su conocimiento.

EL DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que remite copia del oficio del Director General del Fondo de Desastres Naturales, sobre la solicitud de declarar al Estado de Campeche como zona de desastre)

LA PRESIDENTA: Remítase copia al promovente, a los diputados por el Estado de Campeche y a la Comisión para seguimiento de los apoyos con motivos de los huracanes y desastres naturales en la zona.

 LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Oficio con el que se remite la iniciativa que modifica el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para todo la República en Materia Federal del Código Federal de Procedimientos Civiles, Del Código de Comercio y de la Ley Federal de Protección al consumidor)

LA PRESIDENTA: Recibo y túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Comercio y Fomento Industrial.

EL DIP. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(Oficio con el que se remite la iniciativa de Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación)

-LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley  de Obras Públicas y Servicios.)

-LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL C. SECRETARIO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:

(C. Alicia Guadalupe Buenrostro Masieu)

 -LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Andrés Manuel López Obrador)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Enrique González Torres)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Jaime Enrique Inocencio García Amaral)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C: Héctor Manuel Rodríguez Arellano)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(c. Clemente Serna Alvear)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Marco Antonio Peyrot González)

 -LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Gustavo Ernesto Casillas Rocha)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Enrique Aranda Salamanca)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO.

(C. Ana Cecilia Oliva Balcárcel)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO:

(C. Rodolfo Elizondo Torres)

-LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL MISMO C. SECRETARIO;

(C. Ernesto José del Sagrado Corazón de Jesús Velasco León)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Luis Ernesto Derbez Bautista, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Rodolfo Elizondo Torres, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Enrique Aranda Salamanca, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Nathan Wolf Lustbader, para aceptar y usar condecoración del Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. (Juan Carlos Hernández Wocker, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Francisco Alonso Durazo Montaño, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Jorge Lomonaco Tonda, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso a la C. Amanda Mireya Terán Munguía, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Jaime Enrique Inocencio García Amaral, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Julián Ventura Valero, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN.-

(Oficio de la Cámara de Senadores con proyecto de decreto que concede permiso al C. Arturo Sarukhan Casamitjana, para aceptar y usar condecoración que le confiere el Gobierno del Reino de Suecia)

LA C. PRESIDENTA.- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados.

Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa que adiciona un capítulo noveno al título décimo tercero del Libro Segundo del Código Penal Federal, para sancionar conductas indebidas en contra de los sistemas de respuesta a llamadas telefónicas de emergencia.

EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: un elemento de gran impacto en la percepción de la calidad de vida de que disfruta un pueblo es la confianza que éste tiene en la rapidez y oportunidad con la que el gobierno atiende sus solicitudes de auxilio en caso de emergencia personal.

La rapidez con la que se materializa la presencia de las instituciones públicas encargadas de prestar ayuda al ciudadano que ha sido víctima de la criminalidad, de la enfermedad o de diversos siniestros, es la expresión más convincente de la eficacia con la que el gobierno opera.

La Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone, en su artículo 48, que el Consejo Nacional promoverá que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre las emergencias, faltas y delitos que tenga conocimiento, servicio que tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás de asistencia pública y privadas.

Bajo este esquema, en el 99 el Consejo Nacional de Seguridad Pública impulsó el despliegue de una red nacional de telecomunicaciones para lograr la articulación de las acciones y procesos de operación de las diversas autoridades del sistema nacional.

Se crearon entonces los centros de control, comando, comunicaciones y cómputo, conocidos muy bien por todos ustedes en sus entidades federativas como los famosos C-4, con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el intercambio de información entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios y sus respectivos sistemas de seguridad pública y procuración de justicia.

Para su construcción y operación fueron puestos en marcha esquemas de inversión y financiamiento conjunto entre la Federación y las entidades federativas. El Consejo Nacional de Seguridad Pública creó, además, el servicio telefónico nacional de emergencia 066, que se presta a través del C-4 nacional, utilizando la más alta tecnología para la interconexión y operación real de todos los sistemas, bases de datos y redes de las instancias de seguridad pública en todo el país, dando cumplimiento a lo previsto por la ley en este rubro.

A esta red de comunicación se han ido sumando los centros de comando, control, comunicaciones y cómputo de las entidades federativas para prestar este importante servicio a través de sus redes locales de telecomunicaciones, aunque en algunas ocasiones existan variaciones en los tres dígitos que se usan para identificarlo.

El sistema telefónico nacional de emergencia es resultado de un esfuerzo tecnológico relevante y vanguardista que aprovecha la integridad de la red nacional de telecomunicaciones en materia de seguridad pública, permitiendo que la comunidad reporte emergencias, faltas y delitos de manera directa a las instituciones de seguridad y protección civil y que las instancias encargadas de atenderlas lo hagan de manera rápida y efectiva.

El tener acceso a este servicio puede llegar a ser vital en muchas ocasiones. Los problemas sociales que enfrenta nuestro país como la delincuencia, la violencia, el maltrato de menores, así como las emergencias causadas por desastres naturales, accidentes o por la negligencia o descuido de los seres humanos, hacen imperativo que los mexicanos contemos con este número universal al cual podamos llamar en cualquier momento para solicitar servicios de emergencia.

Para responder de manera rápida y efectiva a cada reporte se desplazan numerosos recursos humanos, materiales y son empleados cuantiosos recursos presupuestarios en la operación de los mismos.

Pero el mecanismo de respuesta efectiva a las solicitudes de ayuda no reside solamente en la tecnología empleada para generarla. En gran medida el éxito de esa respuesta se encuentra en la capacidad y actitud de quienes laboran en las dependencias públicas para atender dichas emergencias.

No obstante esto, hasta ahora la experiencia demuestra que estamos muy lejos de alcanzar el manejo adecuado y responsable de este tipo de servicios. Los actos de los menores de edad, jóvenes y adultos haciendo llamadas para dar alarma o avisos falsos y reportar información también falsa bloquean y desvían el desenvolvimiento eficiente de las dependencias en todo el país.

Las estadísticas al respecto son contundentes. Por ejemplo, conforme a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la central de emergencias de la policía capitalina recibe al día seis mil llamadas. De ellas el 60 % son realizadas por niños y adolescentes que juegan o por personas que insultan a la policía y otras más corresponden a personas que marcan de manera equivocada.

"De la cifra total diaria, sólo unas 1,600 llamadas son de las que efectivamente requieren auxilio y necesitan movilización de personal. De estas sólo unas 1,200 se concretan, y en el servicio para atenderlas participan los cuerpos policiacos o de emergencia pero en las otras 400 resultan ser falsas.

"Por su parte la Procuraduría General de Justicia del distrito Federal informó que el servicio telefónico denominado "061" recibió entre el primero y 31 de julio del 2002, 28,378 llamadas, de las cuales 26,227 fueron bromas, insultos, no contestan, números equivocados 179 fueron llamadas falsas, dando un total de 26,406 llamadas, lo que deja sólo1,972 llamadas de emergencia.

"En el caso de mi estado, el estado de Hidalgo, se reportó en diez meses de operación se han recibido 184,587 llamadas de las cuales 156 mil 55 son bromas o son insultos. De esta cifra las bromas representan un 85.98 %, o sea, 134,183 llamadas; los insultos: el 3.22 %, 5 mil 27 llamadas y los informes: el 10.79 %, 16,845 llamadas. Las llamadas reales atendidas informa Hidalgo, sólo han sido 14 mil 78 llamadas.

"Cifras similares a estas se repiten como patrón en todas las ciudades y municipios del país que cuentan con números telefónicos para solicitar intervención de autoridades de seguridad pública en beneficio de la ciudadanía.

"En la iniciativa que hoy presento aparecerán estas estadísticas en diversas latitudes de nuestro país para que ustedes, compañeras y compañeros diputados puedan consultarlas.

"Sin duda alguna tan altos porcentajes de llamadas falsas representan un significativo gasto de recursos materiales, financieros, humanos de manera inútil.

La movilización de un gran número de personas y equipo para atender un reporte falso, ocasiona que se dejen de atender verdaderas emergencias sobre todo en los lugares en que la disponibilidad de personal y recursos materiales es precaria, como acontece en la inmensa mayoría de los casos.

"Estos gastos pueden varias de acuerdo a las condiciones económicas, geográficas, de infraestructura urbana y servicios con que cuenta cada municipio, estado o región del país.

"Es claro que el uso irresponsable y doloso de cualquier sistema de atención ciudadana ocasiona el ejercicio ineficiente de los recursos del gobierno y puede tener trágicas consecuencias.

"La necesidad de acudir con rapidez al lugar de un siniestro o en ayuda de cualquier persona, puede generar accidentes, crear situaciones aun más riesgosas para los elementos de seguridad pública, el personal de urgencias médicas o para la ciudadanía en general.

"Es por esta situación que propongo establecer una sanción en el Código Penal Federal por esta afectación al servicio público que presentan las dependencias encargadas de la seguridad pública en el marco de los sistemas de emergencia telefónica de todo el país.

"El propósito, tratar de inhibir la acción dolosa de quienes utilizan este servicio serio y profesional como una opción para hacer bromas, para hacer reportes falsos, agredir verbalmente a los operadores de los distintos sistemas telefónicos, la creación de una medida legal más contundente que las existentes hasta ahora en algunos ordenamientos que se justifica plenamente por los argumentos ya expresados.

"Por un lado nuestro país necesita de una vez por todas, desarrollar una verdadera cultura de prevención y atención de riesgos que asocie instituciones, servicios, normas y conductas para una convivencia armónica de la sociedad. También se justifica la presencia legal de esta conducta como tipo en el código Penal Federal por la jerarquía y trascendencia de los diversos ámbitos de gobierno que se vinculan en el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

"Y concluyo diciéndoles que en este orden de ideas proponemos adicionar un capítulo noveno al título décimo tercero del libro segundo el Código Penal Federal relativo a la falsedad para establecer una sanción económica o incluso privativa de libertad a quien realice llamadas a servicios telefónicos para reportar emergencias. Las sanciones se establecerán en los artículos que ya mencioné y podrán ser de 1 a 6 meses de prisión y de 50 a 300 días multa. Y en el caso de reincidencia las conductas señaladas se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 500 días multa"

Pido a la mesa directiva turne esta iniciativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, Especial de Seguridad Pública y de Justicia.

Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias.

(Aplausos)

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias a usted, señor Diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, Especial de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra la diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de Ley del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

(Aplausos)

- LA C. DIPUTADA CELITA TRINIDAD ALAMILLA PADRÓN (PAN): Con su venia, señora Presidenta.

Buenos días compañeros y compañeros Legisladores:

Por razones de tiempo voy a concretarme a la exposición de motivos en algunos de sus elementos, rogándoles que se incluya en la Gaceta y en el Diario de los Debates el documento completo.

"México goza de una posición privilegiada en términos culturales en el mundo, gracias a que en su seno viven, se gestan y emana una inmensa riqueza y multiplicidad de manifestaciones culturales. La cultura mexicana no es un ente monolítico de una sola faz, es un fenómeno de complejas facetas de índole heterogéneo que refleja esta basta diversidad.

"En su ideología Acción Nacional contempla la cultura como el elemento que da raíz y sentido a la vida personal y social, la consideramos un bien común y estamos convencidos en que posibilita el desarrollo permanente y constante de todos los seres humanos.

"Cuando el individuo ejerce y fomenta su cultura, engrandece su espíritu y hace efectiva la diferenciación entre él y los animales a su derredor, solo entonces es posible que sea parte activa de la identidad de su comunidad en el tiempo que transcurre y con fortuna en el posterior.

"Es así que la cultura es pensamiento y es acción. Entre tanto, al Estado le corresponde participar como un proveedor de condiciones óptimas para que la cultura florezca. Debe asegurar a todos por igual, hombres y mujeres, el acceso a los valores culturales y debe promover la libertad en la creación y expresión de la cultura. En este sentido la acción gubernamental siempre debe estar guiada por el respeto permanente a la libertad de expresión y al bien común.

"Y es sobre esta importantísima tarea del Estado la razón por la que a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional hoy vengo ante esta tribuna, con el motivo de presentar una iniciativa, que sin pretender ser la panacea de las condiciones que imperen en el ámbito cultural sí en cambio promueva y fortalezca las instituciones y brazos operativos del gobierno en el cumplimiento de esa función.

"Desde el pasado el entramado institucional y burocrático se ha caracterizado por la sobreposición y duplicidad de funciones entre las diversas instituciones, evidenciando una deficiente y en ocasiones irregular pertinencia de la aplicación de las acciones y los recursos públicos, lo que ha generado una lerda y poco ágil respuesta gubernamental a las demandas y necesidades del sector cultural, que a su vez se caracteriza, entre otras cosas, por ser dinámico, flexible, veloz y vertiginoso en su actuar. Lo cual demanda la misma respuesta expedita del gobierno cuando éste participa en su devenir.

"Por otro lado, se requiere fortalecer la articulación entre la materia cultural y la educativa para revertir la endeble y exigua conciencia de lo enriquecedor que resulta la cultura en el desarrollo individual de las personas y no perder la oportunidad de inculcar el gusto, desde el principio de la edad escolar, por la demanda de bienes y servicios culturales.

"Hoy día el ejercicio de las acciones públicas en torno a la cultura se realiza a través de múltiples instituciones que carecen de un marco jurídico congruente.

"Afortunadamente este diagnóstico ya ha sido detectado y en el Programa Nacional de Cultura 2001-2006 se destaca que la falta de un marco jurídico unitario es resultado de la existencia de más de 300 normas jurídicas aplicables a la cultura, sin reglas claras que las relacionen entre sí, sin sistematización alguna y en muchos casos sin correspondencia con las exigencias y las realidades del mundo actual.

"Existe, pues, la necesidad de reformar dicho marco, para dar certeza jurídica a las diversas instituciones encargadas de la cultura y las artes. La regulación debe cumplir con la organización y coordinación necesaria, que dote a los órganos gubernamentales de las facultades y recursos necesarios, los cuales a su vez les permitan cumplir cabalmente sus funciones y a su vez permear en toda acción pública la eficiencia y transparencia de sus acciones. Este elemento es crucial en el momento de evaluar la actuación del gobierno, pues son estos insumos los que permitirán emitir un juicio objetivo de lo que la administración pública haya logrado.

"La correcta y fluida coordinación de las políticas culturales, incidirá en un mejor cumplimiento en el papel que tiene la cultura en el desarrollo de cualquier país, en la participación, en la corresponsabilidad, en el interés, cuidado, defensa y conservación de la riqueza cultural que posee la nación.

"Ahora bien, por mayores que sean las intervenciones y ajustes en el sector público, todas estas no se consolidarán sin la participación de la sociedad, sin que la ciudadanía coopere activamente en el acontecer de la cultura.

"La corresponsabilidad de los actores de los sectores social y privado en todos los asuntos que ocurren, es un valor que no debemos obviar como sociedad democrática que somos.

"La participación de las personas no implica el descargo de la responsabilidad que recae en los servidores públicos, pero la mesura y orientación que puede y debe brindar la ciudadanía es imprescindible para lograr que el gobierno cumpla con sus funciones acertadamente.

"Aquí la parte que le corresponde al gobierno es fomentar los diversos mecanismos para que esto ocurra, ya sea a través de organizaciones civiles, patronatos, asociaciones o grupos de voluntarios. También es fundamental promover e impulsar con el sector privado y social, esquemas de financiamiento, captación de ingresos, estímulos y premios a las personas, grupos, programas y proyectos que favorezcan la producción cultural y artística de calidad.

"Acción Nacional considera esta iniciativa un primer paso en esa dirección, por ello una de las partes nodales de nuestra propuesta es incluir a personas de connotado prestigio e inmersas en las actividades culturales en el seno mismo donde se toman las decisiones sobre los programas y acciones públicas que afecten directamente el acontecer cultural.

"El Partido Acción Nacional, preocupado por allegarse a la opinión de los principales afectados e interesados en el acontecer cultural, sostuvo una serie de reuniones con diversas personalidades de la cultura desde junio del presente año. A partir de ésta se diseñó una estrategia legislativa integral, la cual incluye la reforma constitucional para establecer el derecho al disfrute, preservación, difusión y desarrollo de la cultura, facultar al Congreso de la Unión para legislar en materia cultural, así como reformar el marco jurídico en materia cultural.

"Con base en ello, la iniciativa con proyecto de decreto que hoy proponemos, es la expedición de la Ley del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y entre las principales características deseamos mencionar las siguientes:

"- Que lo instituya como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

"- Que el CONACULTA se erija como el organismo rector de la política cultural y artística nacional y establezca los lineamientos, las bases, los mecanismos de participación corresponsable a los sectores público, social y privado para el estudio, fomento, difusión, preservación y fortalecimiento de las manifestaciones y expresiones culturales y artísticas, en un marco de respeto irrestricto a su diversidad.
"- Que se establezcan los servicios a observarse en la política cultural nacional.

"- Que auxilien al CONACULTA en el cumplimiento de su objeto diversas instancias representativas de la sociedad, así como las autoridades culturales de otros niveles de gobierno, como por ejemplo la Conferencia de Autoridades Estatales en Cultura y el Foro Ciudadano de la Cultura y las Artes, lo cual refleja la preocupación de Acción Nacional por profundizar la descentralización de las decisiones gubernamentales y promover la participación social en todos los ámbitos de gobierno.

"Cabe recordar que instituciones, organismos, entidades y personas, quienes formamos parte del Estado, debemos poseer una vocación de servicio a nuestra sociedad, siempre en búsqueda del bien colectivo. Por ello me permito mencionar que la dilación en la  toma de decisiones como esta, acepta negativamente el rumbo de la cultura mexicana pues al no encontrar en el Gobierno una contraparte coadyuvante a su tarea las manifestaciones tienen un doble reto, emprender sus ya de por sí complicadas y laboriosas actividades y por el otro, sortear los obstáculos que un gobierno eficiente deberá allanarles.

Conmino con todo el respeto a los demás Legisladores de las diferentes bancadas, a sumarse en este esfuerzo por proveer al mundo cultural de una instancia capaz y facultada para atender acertadamente sus demandas y necesidades.

En base a lo anteriormente expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía, el Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del consejo Nacional para la Cultura y las Artes, compuesta por 32 artículos y 36 Transitorios.

Solicito muy respetuosamente a la Presidencia, que se turne a la Comisión de Cultura. Acompañan a este documento firmas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

Por su atención, muchas gracias (aplausos)

-LA C. PRESIDENTA. Gracias señora Diputada. Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Cultura.

Tiene la palabra el Diputado Rogaciano Morales Reyes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que reforma….

-Diputada Verónica Sada, sonido en su curul por favor.

-LA C. DIPUTADA VERONICA SADA (desde su curul):- Solicito que se anexe mi firma a la recién presentada Iniciativa.

-LA C. PRESIDENTA.- Diputada Alamilla, si no tiene inconveniente que se le proporcione el texto para que estampe su firma la Diputada.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Rogaciano Morales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 6 y 33 de la Ley General de Educación.

-ELC. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES. Muchas gracias Presidenta. Esta Iniciativa, aparte del suscrito Diputado, la suscriben nuestro Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el compañero Diputado Martí Batres Guadarrama y el compañero Diputado Ramón León Morales.

La entrego en su texto para que de la misma manera se hagan las publicaciones de ley y voy a permitirme leer, en todo caso, un resumen que con mucho cariño dedico a mis ex Alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Alma Mater de nuestra querida Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, y de mis ex Alumnos de la Escuela Preparatoria "General Enrique Ramírez", misma que fundé en 1966 y que todavía está ahí con más de 900 estudiantes en dos turnos.

Con mucho cariño a los Padres de Familia que se esfuerzan hasta lo indecible por mandar a sus hijos a la Escuela.

Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 55º Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 3º Constitucional y los Artículos 6 y 33 de la Ley General de Educación.

En apego al tiempo otorgado, sólo presentaré este breve resumen, como dije. Compañeras y compañeros Legisladores. La Reforma de 1943 al Artículo 3º constitucional estableció la obligatoriedad de la Enseñanza Primaria y la gratuidad de la educación impartida por el Estado.

En la Reforma de 1993 a este mismo Artículo se amplió la obligatoriedad desde el nivel de secundaria y determinó que el Estado promovería y atendería a los diferentes tipos y modalidades de la educación, donde se incluía la Educación Superior.

Es un hecho que el aspecto educativo se suscribe como el elemento fundamental del desarrollo integral del ser humano, por lo que no es casualidad que dentro de nuestra Carta Magna, el artículo a que hace referencia a este respecto educativo, se incorpore en el Capítulo I de las Garantías Individuales y visualizándola propiamente como una garantía social.

En este contexto de obligatoriedad y gratuidad, se suscribe el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se firmó en El Salvador el 17 de Noviembre de 1988 al cual se suscribió México el 16 de abril de 1996. De igual manera la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana que se realizó en Colombia hace referencia este derecho a la educación.

En razón de lo anterior no solamente les asiste a la sociedad mexicana el derecho de demandar la gratuidad de la educación que imparte el Estado en todos sus niveles, sino el derecho a la igualdad jurídica dado que en la actualidad los derechos de igualdad jurídica de los mexicanos se anulan ante la inmensa brecha de desigualdad social que se profundiza con lo que se cierran perspectivas de oportunidad para las nuevas generaciones.

La reforma del 5 de marzo de 1993 sustrajo la responsabilidad del Estado de impartir educación en todos los niveles, circunscribiéndose de manera explícita esta responsabilidad al nivel de educación básica; recordemos que el conflicto de 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México se dio en el contexto del rechazo al sistema de cuotas que se pretendió establecer en esa institución.

El precepto de la gratuidad en la educación pública no se inscribe solamente a la obligatoriedad en la educación básica como se ha pretendido interpretar después de la reforma del ’93; es un hecho que dicha reforma abrió la tendencia para aminorar la responsabilidad del Estado en la educación media superior y superior, tendencia que ha impactado de manera directa en los niveles tan altos de deserción del Sistema Educativo Nacional de miles de estudiantes mexicanos.

Asimismo y como complemento de la intención de hacer vigente la gratuidad de la educación que mandata nuestra Constitución, la presente iniciativa de reforma también contempla garantizar en el marco de la Ley General de Educación que el conjunto de apoyos económicos que se destina con el fin de promover el acceso a la educación de los sectores más desprotegidos de nuestro país, se distribuyan con base en criterios de equidad.

La función compensatoria a los Estados y regiones del país que se establecen en la Ley General de Educación ha sido atendida por parte del Gobierno Federal mediante la implementación de programas dirigidos principalmente a las zonas de mayor rezago y marginación pero este apoyo se ha focalizado en mayor medida a la educación básica, grande es el reto entonces cuando según datos oficiales más del 50% de los estudiantes de educación media superior y superior dejan sus estudios por falta de recursos económicos.

Para atender el nivel medio superior y superior, el Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONABES busca propiciar que estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación puedan continuar con sus estudios hasta el nivel superior; sin embargo este programa en la actualidad no ha logrado destinar becas de igual cantidad y calidad en el medio rural a las destinadas en el medio urbano cuando de antemano sabemos que es precisamente en el medio rural donde más se requieren dichos apoyos.

En este sentido se hace necesario definir sobre bases de equidad el otorgamiento de becas en el conjunto del sistema educativo nacional público, el cual permita contar con criterios de justicia y transparencia para proporcionar la diversidad de modalidades de becas que se otorgan a estudiantes de todo el país. Dichos criterios deberán priorizar en mayor medida los sectores más marginados dado que ellos son quienes lo necesitan más.

Para establecer estos criterios que regirán el otorgamiento de las más de 5 millones de becas, consideramos pertinente crear una ley, un sistema nacional de becas que aglutine a las distintas instancias encargadas de su asignación y norme su actuación.

Por todo lo anteriormente expuesto es que se propone reformar el artículo 3º constitucional para enfatizar la gratuidad de la educación pública que el Estado imparte y restablecer la responsabilidad de éste en cuanto a la educación media superior y superior; asimismo reforzar estos preceptos en la Ley General de Educación mediante la reforma al artículo 6º y la creación del Sistema Nacional de Becas en su artículo 33 fracción VIII, de esta misma ley. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.

LA C. PRESIDENTA: Gracias señor diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnense a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 289 y 299, adiciona los artículos 164 ter y 399 ter, una fracción V al artículo 316 del Código Penal Federal; reforma la fracción VII del artículo 93 y el 188, del Código Federal de Procedimientos Civiles y cambia la denominación del capítulo VII del título cuarto, del libro primero, del Código Federal de Procedimiento Civiles.

EL C. DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA. Gracias Presidenta.

Solicitamos se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su dictamen y posterior discusión en el pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa:

El tema de la violencia en los estadios, se viene abordando desde años atrás en éste y en otros países, sobre todo en los sudamericanos y europeos, no solo con más experiencias sino que también con tintes más dramáticos.

En México este fenómeno social no se ha tratado con la seriedad y rigurosidad del caso, pese a que estamos en los albores de ellos y se evidencian hechos que dentro de su complejidad y componentes, muestran sus primeros signos que señalan, de no tomarse medidas drásticas y oportunas acciones, lamentaremos acciones que incluso llegaran a producir la muerte de personas inocentes.

El punto medular de la cuestión de la violencia en los estadios está en la cuestión de la impunidad, no podemos permitir que una persona desequilibrada incite u ocasione violencia en los estadios y pague simplemente una multa. Diversas acciones locales señalan como primera causa de la violencia en los estadios, a las porras de seguidores de los equipos y a la falta de una reglamentación adecuada para castigar los desmanes que hasta ahora se limitan a un arresto máximo de 36 horas.

En un estudio del Consejo Americano del Deporte se establece que algunos individuos de la sociedad, en el deporte ven la posibilidad de cumplir con muchos de sus anhelos, digamos que habría algunas frustraciones previas que se ven insatisfechas y acrecientan su inestabilidad emocional. Algunos individuos lo reflejan en sí mismos, desde niños, mujeres y grupos de diversas clases sociales, no podemos permitir que se utilice al deporte nacional como excusa y trampolín para lesionar al prójimo y cometer agresiones y actos vandálicos.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, consideramos que no es suficiente con tener más policías en los estadios o cuidando las calles o avenidas aledañas; que la seguridad pública o privada y el cateo al ingreso a los estadios, para evitar que se introduzcan objetos peligrosos que puedan herir espectadores, dirigentes, árbitros o jugadores, no es suficiente para contener a los grupos organizados o no, en el momento del desenfreno.

El Consejo Iberoamericano clasifica por su orden y peso los factores que promueven la violencia en el deporte:

1o.- Grupos de fanáticos.

2o.- Declaración de Jugadores.

3o.- Medios de comunicación social.

4o.- Frustración social.

5o.- Declaraciones de dirigentes.

6o.- Connotaciones políticas y económicas.

7. Infraestructura

8. Criterios de los árbitros.

9.- Ingesta de alcohol.

10.- Agrupamientos humanos.

11.- Ausencia e ineficacia de los contingentes policiales, y

12.- Sociedad maleducada y por supuesto el que no existan medidas punitivas que desalienten al cometer el delito, entre otros.

En otras latitudes, a comienzos de los años 90 entre el 30 y 40% de los partidos de futbol en Europa eran teatro de hechos violentos. Investigaciones en Bélgica e Inglaterra, donde la violencia en los estadios está asociada con el grupo denominado "Hooligans", demostraron que los jóvenes aficionados varones que buscan compensar sus problemas sociales y personales, son mucho más susceptibles de implicarse en barras bravas o porras violentas.

En un principio eran enfrentamientos aislados, pero los más grupos fueron creciendo, haciéndose cada vez más radicales y violentos. El recuerdo más lamentable que existe en el mundo fue en la final de la Copa de Campeones en Europa en el año de 1985, entre la Juventus de Italia y el Liverpool de Inglaterra, en donde murieron más de 30 personas por incidentes protagonizados por hooligans ingleses.

En el Continente Americano existe sobre todo en el cono sur, las barras bravas, aquellas que con cánticos apoyan a sus equipos, sin embargo la pasión desenfrenada provoca una práctica común en los aficionados: el enfrentarse violentamente después de cada encuentro.

En México han ocurrido varias muertes en los estadios de futbol. Caso memorable, triste e indignante fue el suscitado en la Ciudad Universitaria en una final del Campeonato Mexicano de Futbol, entre los equipos Pumas y América, donde perdieron la vida personas inocentes a manos de una turba desenfrenada.

En nuestro país se han realizado por lo menos varias decenas de casos en donde de manera cobarde y atentando a la convivencia y la sociedad en general, uno o varios individuos, escondiéndose entre la multitud, realizan todo un catálogo de faltas administrativas y delitos con absoluta impunidad. Si alguien tiene responsabilidad sobre este hecho son precisamente las autoridades ejecutivas y legislativas locales o federales de nuestro país. Quienes no hemos sido capaces o no hemos tenido la valentía de emitir señales claras en el sentido de reprimir en forma efectiva y responsable la violencia que está enquistada en nuestra sociedad, en nuestra juventud y no sólo en los estadios de futbol.

El Estado debe garantizar la seguridad del individuo en toda clase de espectáculos y sancionar con la eficacia requerida, a todo aquel que transgrede las normas de convivencia social. Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, la presente iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los artículos 289 y 299 y se adicionan los artículos 164 Ter y 399 Ter, así como una fracción V al artículo 316, todos del Código Penal Federal y se reforman los artículos 93 en sus fracciones 7ª y 188, del Código Penal de Procedimientos Civiles y se cambia la denominación del Capítulo 7º del Título 4º del Libro Primero del Código Federal de Procedimientos Civiles.

Artículo 1º. Se reforman los artículos 289 y 299 y se adicionan los artículos 164 Ter y 399 Ter, así como una fracción V al artículo 316, todos del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 164 Ter. "Cuando se cometa algún delito utilizando la concurrencia de varias personas para ocultar la comisión del mismo, se aplicará a los que intervengan en su comisión, hasta el doble de las penas que les correspondan por el o los delitos cometidos. Se entiende por utilizar la concurrencia de varias personas para ocultar la comisión del delito o delitos cometidos, a aquellas personas que ocultándose puedan cometer el delito, que estando en un número indeterminado de personas cometiéndose algún delito de manera organizada o no.

Artículo 289. En estos casos el delito se perseguirá por querella salvo los casos que se contemplan en los artículos 295 y 299 en cuyo caso se perseguirá de oficio.

Artículo 299. Si las lesiones fueran inferidas conforme al supuesto establecido en el artículo 164 Ter, se le impondrán hasta el doble de las penas establecidas en este Código, sin perjuicio de las sanciones que le correspondan conforme a los artículos anteriores.

Artículo 316. Se entiende que hay ventaja.

Fracción V. Cuando se vale de la concurrencia de varias personas para ocultar la comisión del mismo.

Artículo 399 Ter. Para los delitos previstos en los Capítulos V y VI de este Título, no se necesitará querella de la parte ofendida cuando se han cometido según el supuesto del artículo 164 Ter.

Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 93 en su Fracción VII y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles y se cambia la denominación del Capítulo VII del Título Cuarto del Libro Primero del Código Federal de Procedimientos Civiles para quedar como sigue:

Artículo 93. La ley reconoce como medios de prueba, Fracción VII, las fotografías, las videocintas, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la Ciencia.

Título Cuarto

Capítulo Séptimo.- Fotografías, videocintas, escritos y notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la Ciencia.

Artículo 188.- Para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, videocintas, escritos o notas taquigráficas y en general todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la Ciencia.

Artículo Transitorio

UNICO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Muchas gracias.

LA PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Moisés Alcalde Virgen, a nombre de integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para presentar una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

EL DIP. MOISÉS ALCALDE VIRGEN: Con la venia de la Presidencia.

Estimadísimos señoras y señores legisladores:

Los suscritos diputados federales, integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 70, 71, 72 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 88 y 135 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la siguiente:

 Exposición de Motivos

Dentro de la política de apertura y eficiencia que el Congreso de la Unión actualmente instrumenta uno de los temas que con mayor vehemencia se discuten, es el referido al fortalecimiento de los órganos internos que prestan servicios de asesoría técnica a los legisladores federales.

La Unidad de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, creada por Acuerdo Parlamentario el 2 de abril de 1998 y aprobado por este Pleno el 25 del mismo mes y año, surge con la naturaleza de prestar ese servicio de asesoría a los legisladores.

Con la nueva Ley Orgánica del Congreso, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1999, la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas cambió de denominación a Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

El objetivo de creación respondió a la necesidad de los diputados, de contar con un órgano técnico de carácter institucional, no partidista, que apoyase a través de los instrumentos técnicos de los análisis y de la objetividad en la investigación, en temas relacionados con finanzas públicas y economía.

Actualmente el Centro presta diversos servicios, entre los que destacan el análisis de los documentos emitidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, proporciona a las Comisiones, grupos parlamentarios y diputados, la información requerida para el ejercicio de sus funciones constitucionales en materia de economía y finanzas.

Imparte cursos, seminarios, talleres de capacitación en estos temas, y publica en su página de Internet, Entranet, diferentes secciones para el procesamiento, distribución, divulgación y fortalecimiento de los sistemas de información, que permiten apoyar nuestro trabajo legislativo.

Aunque es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como la revisión de la Cuenta Pública del año anterior, existen facultades concurrentes, como la establecida en la fracción VII del 73 Constitucional, que señala que el Congreso tiene la facultad de imponer contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto o la fracción VIII que faculta al Congreso para dar las bases, para que el Ejecutivo celebre empréstitos para aprobarlo y para mandar pagar la deuda nacional, que necesariamente requiere de un análisis rigurosamente técnico, que provea a los legisladores, y en este caso a los diputados y senadores, de los elementos necesarios para la toma de decisiones eficientes y eficaces.

Por otra parte, debemos recordar que el 72 inciso h) de la Constitución, establece que la formación de leyes o decretos a excepción de las relativas a empréstitos, contribuciones e impuestos que deberán iniciar en la Cámara de Diputados, pueden comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Legisladoras, y que el Artículo 73 faculta al Congreso, es decir, a las Cámaras, de manera indistinta y en forma separada y sucesiva, a legislar en materia de planeación económica, de programación para el abasto, suficiente y oportuno, de bienes y servicios, y de la promoción de la inversión extranjera, por citar sólo algunas de ellas.

Ya sea que la Cámara de Senadores actúe como Cámara de origen o Cámara revisora, es indudable que requiere de un órgano técnico que le facilite el análisis y las herramientas necesarias, para dotar de manera eficiente la facultad legislativa que le ha sido encomendada.

Asimismo la Constitución obliga al Senado, de manera exclusiva, analizar la política exterior propuesta por el Ejecutivo federal, y lo faculta para aprobar tratados internacionales. La toma de decisión en política exterior, implica un análisis de múltiples variables económicas, que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, ha clasificado minuciosamente a lo largo de cuatro años de trabajo.

Por lo antes mencionado, se propone que el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, preste sus servicios a ambas Cámaras, repartiendo equitativamente las cargas presupuestales, que la necesaria expansión del Centro requieren e implican.

Por otra parte, la justificación del proyecto, se encuentra en el ahorro de recursos que darían al evitar la contratación externa de personal técnico especializado en materia de economía y finanzas públicas.

Los legisladores federales tenemos la obligación de racionalizar los recursos que están a nuestro cargo bajo el actual sistema, redundando en los ejemplos, la aprobación del paquete fiscal que el Ejecutivo envía anualmente al Congreso, requiere la participación estrecha de ambas Cámaras, ya lo vivimos el año anterior, el análisis de la estimación de los ingresos públicos, necesarios para cubrir el presupuesto, no deben llevarse a cabo de manera aislada, es necesario contar con un órgano de las características de este Centro, que provea a ambas Cámaras de los indispensables elementos para tomar decisiones de manera coordinada.

Para ser operativo este proyecto, los suscritos diputados, integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, respetuosamente proponemos la creación de una Comisión bicameral, que sustituya al actual Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, como órgano de gobierno del Centro, en el entendido de que la Comisión conservaría las mismas atribuciones y obligaciones que actualmente tiene el Comité.

Por lo antes expuesto y fundado, los suscritos diputados federales e integrantes del Comité del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, buscando reformar el numeral tres del artículo 49 y el artículo 135 de la Ley Orgánica del Congreso General.

Adjunto a esta iniciativa, dejo el texto para que quede íntegro completamente en el Diario de los Debates y sea analizado.

Por su atención, señoras y señores legisladores, muchas gracias.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra el ciudadano diputado Salvador Cosío Gaona del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre del ilustre jalisciense don Mariano de la Bárcena y Ramos.

EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA.- Con su venia, diputada Presidente.

Presento a consideración de esta Cámara iniciativa de decreto para honrar la memoria de don Mariano de la Bárcena y Ramos, ilustre jalisciense, gloria nacional, inscribiendo su nombre con letras de oro en el Muro de Honor de este recinto parlamentario.

El Congreso de la Unión, reconoce a los mexicanos que han contribuido con su obra a consolidar nuestra Nación y lo expresa así en el Muro de Honor de este recinto. Ahí se encuentran quienes han dado su aportación y esfuerzo en las distintas actividades de la sociedad y con ello han dado lustre a México, como es el caso del ameritado jalisciense don Mariano de la Bárcena y Ramos, quien como sabio desplegó una impresionante versatilidad incursionando con talento y excelsitud en la ciencia, la plástica, la literatura, el humanismo y la función pública.

Mariano de la Bárcena y Ramos, nació el 25 de julio de 1842 en Ameca, Jalisco. Cursó estudios de Bellas Artes en Guadalajara, mismos que perfeccionó en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México.

En su vocación científica, estudió además las materias de geología y botánica en la Escuela Nacional Preparatoria, teniendo como maestro a Don Gabino Barrera y a don Leopoldo Río de la Loza.

Distinguido siempre por sus excelentes calificaciones, en octubre de 1869, Mariano de la Bárcena recibió su reconocimiento como miembro de la Sociedad Filomática Mexicana.

Como alumno de la Escuela de Ingenieros, manifestó la exposición extraordinaria del estudio de la mineralogía, lo que le permitió acceder a la Sociedad Mexicana de Historia Natural desde el año de 1871, año en que recibió su título como Ingeniero Topógrafo, ideomensor, geógrafo, ensayador y apartador de metales, áreas de las ciencias en las cuales descollaría a nivel nacional e internacional.

Posteriormente, inició su brillante carrera magisterial sustituyendo a su propio maestro, don Antonio del Castillo, en las clases de mineralogía y geología, en las que, como fruto de sus observaciones en las prácticas realizadas, presentó memorias abarcando la estadística, la geología, la botánica, la zoología, la historia, la geografía, siendo tan acuciosas dichas prácticas que como resultado de ellas, dio aporte a la ciencia universal con el descubrimiento de dos nuevas especies localizadas en los fósiles de rocas mesosóicas a las que bautizó en honor de sus mentores con los nombres de "cranea río loci" y de "Irinea Castilli", lo que le valió su ingreso a la sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

Aunado a sus logros de investigaciones paleontológicas en la ciencia botánica, descubrió especies vegetales, las que dedicó al maestro jalisciense don Leonardo Oliva.

De igual forma, su tenacidad como investigador, le llevó también al descubrimiento de nuevas especies minerales, entre ellas un antimoniato de mercurio y calcio que localizó en Huitzuco, Guerrero, al que en su honor, la comunidad científica internacional le denominó "la barcenita", perpetuando así el descubrimiento que le mereció la medalla de oro que en la gran exposición de la Ciudad de México le entregara el presidente Sebastián Lerdo de Tejada.

Ocupó el puesto de ensayador de la Casa de Moneda de México, de donde salió en el año 1876 para representar a nuestro país en la exposición mundial de Philadelphia, realizada con motivo de las fiestas del centenario de esa ciudad.

A su regreso le fue encomendada la fundación del actual Observatorio Meteorológico Nacional, que se inauguró en marzo de 1877 y del que fuera director hasta su muerte.

En el año 1874, junto con Antonio del Castillo, Mariano de la Bárcena descubrió restos que se les atribuyeron una antigüedad de más de 8 mil años, procedentes de una división superior al cuaternario, que fue bautizada como el hombre del peñón, descubrimiento que conmovió a antropólogos y geólogos de esa época.

La activa participación de Mariano de la Bárcena en materia geológica dio por resultado mapas geológicos de los estados de México, Veracruz, Aguascalientes y Querétaro, representando también a nuestro país en las exposiciones internacionales de Philadelphia, de Nueva Orleans, de París y de Chicago, dando en forma prolija mundialmente reconocimiento al nombre de Jalisco y a nuestra patria por sus destacadas intervenciones como erudito geólogo y naturalista.

Mariano de la Bárcena y Ramos fue a su vez un fecundo escritor y poseedor de bibliografía bastísima. Solamente sus obras sobre geología y minería contaban con 61 fichas en el número 10 del boletín del Instituto Geológico de México, entre las que destacan descubrimientos relativos a fenómenos geológicos verificados en Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora y en toda la zona Pacífico-occidental mexicana.

Asimismo ese intelectual jaliciense nos legó obras ameritadísimas que acreditan los sólidos conocimientos y sabiduría, comentadas tanto en nuestro continente como en Europa, siendo entre otras: descripción de crustáceos fósiles, géneros esfíromo y reseña geológica del Valle Ameca-Jalisco.

Igualmente se destacan tratados de palentología mexicana, geología dinámica, tratados de litología y algunos otros restos fósiles de México de la época mesozoica.

De igual relevancia son sus obras El hombre prehistórico de México y Noticias acerca del hallazgo de restos humanos prehistóricos en el Valle de México.

En su respetada actuación como funcionario público, el ingeniero Mariano de la Bárcena fue apreciado por sus gobernados en razón a su atinada función y la moderación que le dio al poder público.

Fue gobernador sustituto e interino de Jalisco y fue senador de la República.

Como refiere su biógrafo, Palomino Cañedo, pocos mexicanos han dado tanta gloria a su patria y han sido honrados con tantas preeminencias en el extranjero como el ilustre don Mariano de la Bárcena, expresión atinada que se ratificó al haber recibido la condecoración de la Real Orden de Isabel la Católica, en grado de Comendador, por real decreto del 31 de julio de 1895, por su reconocida capacidad científica como geólogo y naturalista.

Mariano de la Bárcena y Ramos fallece el 10 de abril de 1899, siendo sepuldado en el Panteón Español de esta metrópoli.

Compañeras y compañeros diputados: tenemos confianza los diputados jalicienses en que coincidamos todos en que efectivamente la vida de este ilustre jaliciense dejó profunda huella en la República y trascendió inconmensurablemente las fronteras de México, así como el de recordar con espíritu cívico y justeza su labor tenaz y eficiente en el campo de la investigación científica, por su contribución a la enseñanza en el ejercicio de cargos docentes, por la producción de obras de literatura científica, por su labor de estadista, por la probidad y acierto en que se desempeñó como gobernador y senados.

Debo mencionar que el Congreso del Estado de Jalisco, en la 55 legislatura, aprobó iniciativa del suscrito, entonces diputado local, y le decretó Benemérito del Estado en Grado Heroico y sus restos descansarán, a partir del próximo enero del año 2003 en la Rotonda Jaliciense de los Hombres Ilustres.

Por ello, considerando la importancia de la obra del ilustre jaliciense Mariano de la Bárcena y Ramos, es que presentamos esta iniciativa para que su nombre sea escrito en letras de oro en el muro de este recinto y sea reconocida su memoria como gloria nacional por su sabiduría, su intelecto, que produjo investigación científica superior y el reconocimiento mundial que le dio a Jalisco y a México.

"En mérito de lo anteriormente señalado y motivado, se propone el siguiente

D E C R E T O

"El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:

"Artículo Unico.- Inscríbase en letras de oro en los Muros de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el nombre de don Mariano de la Bárcena y Ramos.

"Transitorio. Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación:

"Atentamente, su servidor, diputado Salvador Cosío Gaona y los diputados: José Manuel Correa Ceseña, Socorro Velásquez Hernández, Jaime Hernández González y Marcelo García Morales. Muchas gracias."

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado Cosío Gaona.

Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias.

Tiene la palabra la diputada Josefina Hinojosa Herrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

- LA C. DIP. JOSEFINA HINOJOSA HERRERA. Con su permiso, señora Presidenta.

Compañeras y compañeros legisladores: "De conformidad a las atribuciones que me confiere en mi calidad de diputada federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica y el Reglamento de este Congreso General, someto ante esta soberanía la siguiente Iniciativa de decreto a su consideración.

"Hoy actuar bajo los principios del federalismo es una exigencia no solamente discursiva. Buscar y promover, en consecuencia, la aplicación de los preceptos, es una obligación.

"Nuestras normas en gran parte y en particular las que contienen mecanismos de coordinación entre los estados y la Federación, han sido muy consecuentes con la visión y la práctica centralista que desafortunadamente ha prevalecido a lo largo de la historia de la República.

"Por ello a esta iniciativa la motiva la necesidad de favorecer un aspecto que considero fundamental, para vigorizar el federalismo. Me refiero al diseño de políticas públicas, de distribución del presupuesto y a las obligaciones y compromisos de coordinación que esto conlleva.

"En diciembre del año 2000, esta Honorable Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres. Fue sin duda el consenso entre los grupos parlamentarios lo que hizo posible que esta Ley se aprobara.

"Para la funcionalidad del Instituto creado, ésta misma soberanía durante dos años consecutivos ha aprobado a iniciativa del Ejecutivo Federal, su presupuesto.

"Este como sucede en muchos de los rubros de prioridades nacionales, no es suficiente, sin embargo le ha permitido al Instituto sentar las bases de operatividad para las tareas que aceleren lograr la equidad entre los géneros.

"Para potenciar las acciones por la igualdad, ciertamente que el Instituto de las Mujeres ha llevado a cabo una relación cercana con sus homólogos en las entidades federativas.

"Este vínculo se ha concretado a través de convenios de participación o impulso a los programas que el Instituto realiza. Sin embargo en las entidades federativas las condiciones en las que operan las instituciones por la equidad, llámense estos institutos, secretarías o dependencias, son en extremo limitadas.

"Por una parte tienen como requisito intensificar su cabildeo con los Secretarios de Finanzas de las entidades a fin de que les asignen presupuesto. Y por el otro, rogarles a los ejecutivos estatales que firmen los convenios con el Instituto Nacional de las Mujeres en las búsquedas de obtener más recursos en participaciones.

"En este peregrinar se llevan una buena parte del tiempo que sin duda sería muy útil pues en lugar de andar limosneando, como luego decimos, deben de fijarse techos presupuestales tanto de la Federación como de los estados para atender de manera efectiva la causa por la equidad.

"Esta iniciativa pretende contribuir a lograr una distribución federalista del gasto de los programas dirigidos a las mujeres desde el instituto creado para ello, para lo cual proponemos reforzar los mecanismos de operación señalados en la propia norma.

"En la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres quedó reflejado que uno de los principios básicos sobre los cuales habrán de conducirse las políticas públicas a favor de la equidad de género es mediante el federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad y género en los estados y municipios.

"El instrumento, como lo establece la ley, para mejor dar dichas políticas públicas es el Instituto Nacional de las Mujeres, que está mandatado diseñar, evaluar y operar en algunos casos sus políticas en convenio con los institutos, secretarías u organismos de los estados de la República. Sin embargo, no existe un mandato legal que prevea la repartición equitativa de los recursos entre la federación y los estados en materia de programas de equidad.

"Es en este sentido pues, compañeros legisladores, que proponemos se reformen diversos artículos de esta citada ley, a efecto de que en el presupuesto de egresos de la federación se destinen recursos para los estados y municipios, los cuales deberán ser distribuidos equitativamente entre las entidades federativas y el Distrito Federal, bajo las prioridades que el propio Instituto Nacional de las Mujeres y sus mecanismos de aprobación y sus órganos de gobierno señalen para sus similares, igual en los estados.

"Por otra parte, con el fin de especificar claramente que los objetivos sobre los cuales se habrá de conducir el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres, se propone sean reformados distintos artículos de la ley en comento.

"Es necesario hacer referencia en la ley desde su definición el establecimiento de este importante programa para la concreción de los objetivos del texto normativo, al igual que establecer quien deberá aprobarlo. Le dará mayor vigor y eficacia a los propósitos del legislador de plasmar en la ley el compromiso por alcanzar la igualdad entre los géneros.

"La parte central para un mejor desarrollo de las políticas públicas, sin duda, es la asignación del presupuesto de forma clara y especifica, previamente discutido y consensado por las diferentes instancias involucradas y por la delimitación ordenada de las facultades y obligaciones de los organismos públicos.

"La institucionalización de la perspectiva de género en la actividad cotidiana del Estado y de la sociedad es uno, compañeros legisladores, de los principales retos que nuestro país tiene en el presente. Por ello, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres:

"Artículo único.- Se adiciona un párrafo décimo del artículo 5, se reforma el artículo 7º fracción VI, se adicionan los artículos 13 fracción II y 16 fracción V, y se reforman los artículos 28 y 32, todos de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres".

En obvio de tiempo para mi exposición me limitaré a leer la reforma que esta iniciativa propone al artículo 32, ya que ésta contiene la parte sustantiva de esta propuesta de reforma:

"Artículo 32. El decreto de presupuesto de egresos de la federación deberá contener las partidas y previsiones necesarias para sufragar los gastos del instituto, mismos que habrá de ejecutar en lo relativo a los programas en coordinación con los institutos, secretarías o dependencias encargadas de los programas de equidad de género en los estados. Lo anterior sin prejuicio de que el decreto de presupuesto de egresos de la federación deberá contener partidas especificas para distribuir equitativamente entre las instituciones encargadas de los programas de equidad en las entidades federativas".

Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.

- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA MARÍA ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias, señora Diputada.

Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Equidad de Género.

Diputada Chapa.

- LA C. DIPUTADA MARÍA ELENA CHAPA HERNÁNDEZ (Desde su curul): Si es tan amable de adicionar mi firma a la solicitud de la iniciativa presentada. Gracias.

- LA C. PRESIDENTA: Con gusto, señora Diputada.

Pasamos al apartado de dictámenes de primera lectura.

El siguiente punto del orden del día es la primera lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones I y IV y se adiciona la fracción VI al artículo 2º y se reforma el primer párrafo del artículo 3º de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

 -PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura.

-MISMA PRESIDENTA: El siguiente punto del orden del día son los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Alberto Manuel Ortega Venzor y Eduardo Sojo Garza Aldape, para aceptar y usar condecoraciones que les confiere el Gobierno del Reino de España

 -MISMA PRESIDENTA: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, quedan de Primera Lectura.

-PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Los siguientes puntos del orden del día son la Segunda Lectura de los dictámenes relativos a las solicitudes de permiso de los ciudadanos Enrique Jackson Ramírez, Santiago Creel Miranda, José Luis Romero Hicks y José Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar Condecoraciones y de José Antonio González Ibarra, María de Lourdes Aguilar Guzmán, Mónica Alejandre Cervantes, Adolfo Alberto Gutiérrez Félix, Raquel Herminia Rodríguez Brayda-Chapa, Graciela Torres González, José Heriberto Lugo Guajardo, Francis Michaelle Soto Macías, Gerardo Villarreal Rivas, Emma Lorena Solano Noriega, Benjamín Antonio Ayala Morales, Julio César Sánchez Rojas, Diana Citlalli Granados Díaz, Guillermo Meléndez Castro, Suzanne Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, Martha Graciela Pineda Trejo y Julio César García Aguilar, para prestar servicios a los gobiernos extranjeros.

Consulte la Secretaría a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

-SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se les dispensa la lectura a los dictámenes.

Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.

(VOTACIÓN)

Mayoría por la afirmativa Presidente.

-MISMO PRESIDENTE: Gracias señor Secretario.

Se les dispensa la lectura.

En consecuencia se pide a la Secretaría poner a discusión los Proyectos de Decreto.

-MISMO SECRETARIO: Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano senador Enrique Jackson Ramírez, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano Santiago Creel Miranda, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden de Isabel la Católica en Grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España.

Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano licenciado José Luis Romero Hicks, para aceptar y usar la Condecoración de la Orden Nacional de Cruzeiro do Sul, en grado de Gran Oficial, que le confiere el Gobierno de la República Federativa del Brasil.

Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Pujals Fuentes, para aceptar y usar la Condecoración de la Cruz de Caballero, de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, que le confiere el Gobierno de dicho país.

Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio González Ibarra, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Checa, en la ciudad de Tijuana, con circunscripción consular en los Estados Unidos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Sonora.

Está a discusión el dictamen.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a las ciudadanas María de Lourdes Aguilar Guzmán y Mónica Alejandrés Cervantes para prestar servicios en la Embajada de la República de Sudáfrica en México.

-EL C. PRESIDENTE. Está a discusión el Dictamen en lo general.

No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del Artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en conjunto.

Adelante señor Secretario.

EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN PEREZ RIVERA. Está a discusión el Proyecto de Decreto que concede permiso a los ciudadanos Adolfo Alberto Gutiérrez Félix. Raquel Herminia Rodríguez Moraida Chapa,a Graciela Torres González, José Heriberto Lugo Guajardo, Francis Michel Soto Macías, Gerardo Villarreal Rivas, Emma Lorena Solano Noriega, Benjamín Antonio Ayala Morales, Julio CésarSánchez Rojas, Ana Citlali Granados Díaz, Guillermo Meléndez Castro, Susana Elizabeth Bond Ortiz de la Peña, Martha Graciela Pineda Trejo y Julio César A. García Aguilar para prestar servicios de carácter administrativo de diversas Representaciones Diplomáticas de los Estados Unidos de América en México.

-LA C. PRESIDENTA. Está a discusión el Dictamen en lo general. No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos de Artículo 134 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se pregunta a la Asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se va a proceder a recoger la votación nominal de este Proyecto de Decreto y los anteriormente reservados en un solo acto.

Se pide a la Secretaría se abra el Sistema Electrónico hasta por diez minutos para proceder a la votación de los Proyectos de Decreto.

-EL MISMO C. SECRETARIO. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el Artículo 161 del Reglamento para el Gobierno Interior. .

Abrase el Sistema Electrónico por diez minutos para tomar la votación nominal de los Proyectos de Decreto.

(SE ABRE EL SISTEMA ELECTRONICO)

,-EL MISMO C. SECRETARIO: No se recibió ningún reporte en esta Secretaría.

Se emitieron 373 votos en pro, 3 en contra, 5 abstenciones.

-ELC. PRESIDENTE. Aprobados los Proyectos de Decreto por 373 votos.

Pasan al Senado y al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Decreto por 373 votos.

Pasamos al Capítulo de Excitativas. Tiene la palabra la Diputada Mónica Serrano Peña del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Excitativas a las Comisiones de Cultura y Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De acuerdo a la solicitud formulada por el Grupo Parlamentario, se pospone la presentación de esta Excitativa.

Tiene el uso de la palabra el Diputado Salvador Cosío Gaona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar Excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

-EL C. DIPUTADO SALVADOR COSIO GAONA. Con su venia señora Presidente. A nombre propio de quienes también firman este documento, vengo a esta tribuna a solicitar de la Presidencia de esta Cámara tenga a bien formular una nueva Excitativa a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública a efecto que como lo establece expresamente el Reglamento para el Interior de esta soberanía, presente de inmediato en la fecha exacta que usted determine y le emplace, el dictamen relativo a la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y de no cumplir con dicho emplazamiento formal, proponga esta Cámara se pase el trámite de dictamen a otra Comisión toda vez que esta es la segunda excitativa y la Comisión de referencia no cumplió con lo ordenado en la primera excitativa a que se hizo acreedora, instruida por la Presidencia de esta soberanía el 31 de octubre del año en curso.

Como es del conocimiento de todos, los suscritos compañeras y compañeros diputados, a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública le fue turnada desde el día 26 de febrero del año ’99 la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y Casinos que fue presentada al Pleno de esta Cámara por el entonces diputado Isaac González Cuevas.

En esta Legislatura, la Comisión de Turismo incluyó en su agenda el impulso al dictamen pendiente de dicha iniciativa motivando que la Comisión de Gobernación conformara un grupo plural de diputados de las comisiones de Turismo y de Seguridad Pública y Gobernación participando en esta propuesta de dictamen todos los diputados.

El grupo señalado acabó sus tareas desde hace varios meses, produciendo un documento proyecto de dictamen que contiene el esfuerzo y análisis de los legisladores de partidos políticos diversos, así como representantes de diferentes sectores productivos sociales por lo que se está ya en condiciones de concluirlo y presentarlo al Pleno de inmediato toda vez que además ha transcurrido en demasía el plazo legal de cinco días que el Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara otorga a las comisiones legislativas para presentar los dictámenes a su cargo y en el tiempo que la propia representación Cameral establece para ese fin, es decir antes de transcurrir los cinco días citados la Comisión que tiene pendiente el dictamen no cumplió en manifestar a la Cámara en sesión secreta, que hubiere juzgado necesario o conveniente demorar o suspender el trámite de dictaminación correspondiente, razón por la que es muy claro procedió la excitativa que solicité y se realizó el día último del mes pasado y además procede efectuar una nueva excitativa emplazando a dicha Comisión para que presente el dictamen en fecha siguiente determinada.

Compañeras y compañeros diputados, me permito insistir: los juegos con apuestas y sorteos deben ser regulados, vigilados y controlados para que se efectúen con honestidad y estricto apego a la legalidad. Es la ley y no su ausencia la que constituye el único instrumento para conducir las relaciones entre los individuos sin exclusiones.

La ilegalidad y el nulo control que hoy impera, genera riesgo a la sociedad y una pérdida económica a la nación. Es imperativo establecer un marco normativo adecuado que reconozca la estabilidad del país y propicie legalidad, certidumbre y desarrollo económico pero sobre todo que evite la gran corrupción que hoy impera en todo el país en relación con la operación clandestina en materia de juegos y sorteos.

La nación no puede esperar más este debate. Es urgente cumplir nuestra responsabilidad.

Diputado Presidente, por lo antes expuesto y con fundamento en lo que dispone los artículos 39 y 45 párrafo sexto, inciso e) de la Ley del Congreso General, así como el artículo 21 fracción XVI, 87 y 91 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de esta Cámara, solicito a usted:

UNICO.- Se acepte esta solicitud y se excite a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que en la fecha exacta que se determine, presente para su discusión en este Pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el dictamen correspondiente a la iniciativa de Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos y que en caso de incumplimiento se proponga se pase el trámite de dictamen a otra comisión legislativa a fin que cumplimente de inmediato el mismo en los términos legales.

Compañeras y compañeros diputados, en efecto, de no dictaminarse esto y seguir en la ilegalidad "la casa pierde". México pierde. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Salvador Cosio Gaona. De conformidad con lo establecido por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el dictamen correspondiente.

En virtud de que es la segunda excitativa, se fija el día 10 de diciembre para que sea presentado a la Asamblea.

La excitativa inscrita por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a la Comisión del Distrito Federal, se pospone.

Tiene el uso de la palabra para formular excitativa a la Junta de Coordinación Política, el diputado Jaime Martínez Veloz. En virtud de que no se encuentra presente en el salón, tiene el uso de la palabra para presentar excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, la diputada Martha Ruth del Toro Gaytán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

LA C. DIP. MARTHA RUTH DEL TORO GAYTAN: Con su venia, señor Presidente.

La que suscribe, en mi calidad de diputada federal integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, a efectos de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al tenor de los siguientes antecedentes:

Con fecha 10 de abril del 2001, el diputado José Francisco Blake Mora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.

La iniciativa de ley que se comenta busca que el procedimiento de declaración de procedencia, constituya un mecanismo eficaz para remover la protección constitucional de los servidores públicos, que comentan algún ilícito penal y que puedan ser enjuiciados en los términos de la legislación correspondiente.

También propone reglas más claras para el desarrollo de procedimientos de juicio político, de declaración de procedencia y de responsabilidad del Ejecutivo Federal, separando el marco jurídico de éstos, del que establece el procedimiento de responsabilidades administrativas. Se eliminan de la ley todas las vaguedades que permitían la diversificación de interpretaciones legales y por ende, entorpecían el desarrollo de los procedimientos respectivos que impiden con ello la exigencia de responsabilidad política y penal de los servidores públicos de alto nivel.

Por otro lado se establece con mayor claridad, quiénes son sujetos de responsabilidad política y las causales de juicio político, depurándose las causales que por redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, darían lugar a responsabilidad política en el servicio público. En ese sentido se eliminan aquéllas cuya vaguedad ha dado lugar a su inaplicabilidad en la práctica y se incorpora una que con mayor ampliltud tutelaría el derecho de los gobernados, para participar en los decisiones políticas del Estado.

En la iniciativa se reducen considerablemente los plazos para desarrollar los procedimientos que nos ocupan, fijando plazos máximos en los que deberán agotarse cada una de las etapas procedimentales, tanto en el juicio político como en el de declaración de procedencia, incluido el procedimiento que en su caso se le seguiría al Presidente de la República, destacando en este aspecto la imposibilidad legal para que se suspendan dichos procedimientos durante los recesos de las Cámaras, debiéndose solicitar en todo caso a la Comisión Permanente, que convoque a la Cámara respectiva a un período extraordinario de sesiones, con el objeto de que aquellos no se interrumpan ni se rebase el citado plazo constitucional.

No obstante lo anterior se cuide en todo momento la garantía de audiencia de los servidores públicos sujetos a estos procedimientos. De igual manera de acuerdo al texto constitucional se establece de forma más clara la posibilidad de los ciudadanos, de solicitar el inicio del procedimiento de declaración de procedencia, eliminando con ello la antigua discusión respecto de dicha acción a favor del Ministerio Público en forma exclusiva .

La iniciativa en comento, viene a dar claridad y aplicabilidad a una materia que ha tenido muy poca eficacia; por ello los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, insistimos en la importancia de que los servidores públicos de primer nivel y los representantes populares, respondan frente a la sociedad por haber incurrido en actos administrativos o delictivos que contravengan el orden público, sin cobijarse en la inmunidad constitucional que hasta el día de hoy ha hecho posible en muchos casos que se evada la acción de la justicia.

Por lo anterior, reviste suma importancia el contar con una ley bien estructurada y ordenada que regule lo relativo a la responsabilidad política de los altos funcionarios.

Por lo anteriormente expuesto, expreso las siguientes consideraciones de derecho:

Desde el día 10 de abril de 2001 a la fecha ha transcurrido más del tiempo que se concede en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita. En tal virtud es procedente que el ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción 16ª del artículo 21 del citado reglamento, excite a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales a fin de emitir el dictamen correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto, solicito en los términos de lo dispuesto por los artículos 21 ya señalados del Reglamento para el Gobierno Interior, que se excite y envía el presente documento a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, para que presenten en dictamen respectivo a la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por el diputado José Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la sesión del martes 10 de abril del 2001.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputada Martha Ruth del Toro Gaytán.

De conformidad con lo establecido por el artículo 21 fracción 16ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia, a quienes fue turnado este asunto, y a Puntos Constitucionales, para que emitan el dictamen correspondiente.

La diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ha hecho llegar a esta Presidencia las excitativas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Junta de Coordinación Política, por lo que ruego a la Secretaría dar lectura en primer término a la excitativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

EL SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Señora Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, diputada Beatriz Paredes Rangel, presente.

Irma Piñeyro Arias, diputada a esta LVIII Legislatura por el estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 67 G de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a la Presidencia de este Honorable Cámara de Diputados se sirva excitar a nombre de la Cámara, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que proceda a presentar dictamen dentro del término de 10 días que marca la ley, por haber transcurrido en más de un año el plazo reglamentario desde que se turnó el asunto, para su posterior discusión en el pleno, del punto de acuerdo sobre Régimen Fiscal de Ejidos y Comunidades Forestales, presentado por la suscrita de acuerdo a las siguientes consideraciones:

Primero. Que en la imposibilidad de presentar en tribuna dicho punto de acuerdo debido a la saturación de la agenda legislativa, el día 30 de abril de 2001 solicité al diputado Ricardo García Cervantes, Presidente en turno de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, se sirviera dar curso y determinara el trámite correspondiente de acuerdo a la materia del mismo.

Segunda. Que el Presidente de la Mesa Directiva turnó al mismo día el punto de acuerdo sobre el Régimen Fiscal de Ejidos y Comunidades Forestales, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por considerar su competencia en el asunto.

Tercera. Que ha transcurrido en exceso el plazo de cinco días que fija el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que la Comisión de Hacienda y Crédito Público haya presentado su dictamen.

Cuarta.- Que corresponde, por tanto, que esa Presidencia emita una excitativa a dicha Comisión para que en un término no mayor de 10 días, como lo establece el artículo 67 letra G de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presente el dictamen fundado a fin de que pueda sujetarse a votación en el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados.

Por las anteriores consideraciones, solicito con todo respeto a esa Presidencia:

UNICO.- Con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas, tenga por presentada esta solicitud y se sirva excitar a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por medio de su Presidente, para que emita dictamen en el término de 10 días respecto al Punto de Acuerdo Sobre el Régimen Fiscal de Ejidos y Comunidades Forestales, presentado por la suscrita diputada y firmado así mismo por diputados integrantes de la fracción del Partido Revolucionario Institucional de esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, apercibiéndole que de no cumplir con la excitativa y de no mediar causa justificada, se propondrá a la Cámara se turne a otra Comisión, según lo establecen las disposiciones legales y reglamentarias citadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 28 de noviembre de 2002.

Diputada Irma Piñeyro Arias. Rúbrica.

EL PRESDIENTE: Gracias, señor diputado Secretario.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que emita el dictamen correspondiente.

Le ruego señor Secretario, dar lectura a la siguiente excitativa.

EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Señora Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, diputada Beatriz Paredes Rangel. Presente.

Irma Piñeyro Arias, diputada de esta LVIII Legislatura por el
Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 67 letra G de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XVI, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito a esa Presidencia se sirva excitar, a nombre de la Cámara, a la Junta de Coordinación Política para que procedan a presentar dictamen dentro del término de 10 días que marca la ley para el caso de excitativas por haber transcurrido en exceso el plazo reglamento desde que se turnó el asunto para su posterior discusión en el Pleno, del Punto de Acuerdo en torno a las reformas constitucionales en materia indígena presentado por la suscrita, de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

Primero.- Que dicho Punto de Acuerdo fue presentado en tribuna el día 11 de octubre de 2001 y la Presidencia en turno de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados, determinó el trámite correspondiente de acuerdo a la materia del mismo.

Segundo.- Que el mismo día de su presentación ante el Pleno, como se ha expresado en el punto anterior, la Presidencia de esta Honorable Cámara lo turnó a la Junta de Coordinación Política por considerar que el asunto es competencia de dicho órgano legislativo.

Tercero.- Que la Junta de Coordinación Política emitió el 5 de septiembre en un acuerdo mediante el cual expresa que se desahogará la Proposición una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera lo conducente respecto de las controversias constitucionales que se presentaron a causa del descontento con el contenido de las reformas en materia de derechos y cultura indígena.

Cuarto.- Que la Corte de Justicia de la Nación, se pronunció el día 6 de septiembre de 2002, respecto de 322 de las 330 controversias interpuestas contra la reforma resolviendo declararlas improcedentes.

Quinto.- Que una vez cumplida la condición que mencionó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la suscrita presentó, en el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, en sesión del 10 de septiembre del año en curso, una exhortación para que se desahogue el Punto de Acuerdo por el cual se propuso la formación de una Comisión Especial Plural para realizar las consultas a los pueblos, núcleos o grupos afectados como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Sexto.- Que habiendo transcurrido en exceso el plazo de 5 días que fija el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sin que las comisiones hayan presentado dictamen, teniendo en cuenta la importancia que el asunto reviste a nivel nacional, en aspectos sociales, político y económicos que afectan a millones de nuestros compatriotas indígenas y al país en general.

7º.- Que corresponde, por tanto, que esta presidencia emita excitativa a la Junta de Coordinación Política, para que en un término no mayor de 10 días, como lo establece el Artículo 67 letra G de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presente dictamen fundado, a fin de que pueda sujetarse a votación en el pleno de esta H. Cámara de Diputados.

Por todo lo expuesto en las anteriores Consideraciones, solicito con todo respeto a esta presidencia:

UNICO.- Tenga por presentada esta solicitud con fundamento en las disposiciones legales y reglamentarias citadas, y se sirva excitar a la Junta de Coordinación Política, por medio de su presidente, para que emita dictamen en el término de 10 días respecto al Punto de Acuerdo, en torno a la formación de una comisión plural, para realizar las consultas relativas a las reformas constitucionales en materia indígena, presentado por la suscrita y firmado, asimismo, por diputados federales de esa LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, apercibiéndole que de no cumplir con la excitativa y de no mediar causa justificada, se propondrá a la Cámara se turne a otra Comisión, según los establecen las disposiciones legales y reglamentarias citadas.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 28 de noviembre de 2002, diputada Irma Piñeyro Arias. Rúbrica.

-LA C. PRESIDENTA: De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para que emita el dictamen correspondiente.

Proceda la Secretaría a dar lectura a la excitativa de la Junta de Coordinación Política.

De conformidad con lo que establece el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Junta de Coordinación Política.

La excitativa agendada por el diputado Rafael Hernández Estrada, se retira para otra ocasión.

Igualmente se retira del Orden del Día la agendada por el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez.

Tiene la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen del Partido Convergencia por la Democracia, para presentar una excitativa a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos y de Energía.

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso señora presidenta. H. Asamblea, vengo a presentar por tercera vez una excitativa a las Comisiones de Energía y Servicios Educativos. Compañeras y compañeros. La educación en el país es de vital importancia que apenas el martes pasado aprobamos la otorgación del 8% del PIB a este rubro, con lo que sin duda alguna, estamos atendiendo una de las demandas más sentidas de los mexicanos y reivindicando, a tanto y tantos maestros, que sabrán utilizar este logro en beneficio de su libertad de cátedra, y la educación del presente y del futuro.

Ojalá este mismo sentido nacionalista nos invada en la última etapa de esta LVIII Legislatura, que todavía puede ser la legislatura de la transición.

El 15 de diciembre de 2001 fue sometida a esta soberanía por diversos grupos parlamentarios, un Punto de Acuerdo, para que la Secretaría de Educación Pública, apoye la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos, y fue turnado a la Comisión de Educación y Servicios Educativos.

En la misma se destacó la función del Instituto Politécnico Nacional, en la formación de profesionales y especialistas en distintas disciplinas relacionadas con las ciencias de la energía, vinculadas con la exploración y administración económica de los hidrocarburos del país, tema de gran importancia para el futuro inmediato nacional.

En la sesión del 15 de octubre de 2002, nuevamente fue solicitado se dictaminara este punto en voz del diputado Miguel Bortolini Castillo, que en esencia pretendía exhortar a la Secretaría de Educación Pública para que apoyara con recursos presupuestales la creación del Centro Nacional de Geociencias y Administración de Energéticos, así como apoyar al Instituto Nacional del Petróleo con presupuesto para concretar este noble fin, no sin antes destacar que esa institución ha contribuido por más de 60 años a la formación de profesionales.

Como se ha sostenido con anterioridad, la creación del Centro Nacional de Geociencias, como dice el doctor Abelardo Cantú Chapa, contribuiría a capitalizar la labor realizada en las áreas de investigación geológicas y administrativas, a consolidar en todo el país los programas académicos y de investigación de las maestrías, a intensificar la oferta de servicios de consultoría de diversos organismos y empresas del sector público federal y estatal y establecer convenios de colaboración académica y de investigación con instituciones de otros países.

Por ello, compañeras y compañeros legisladores, es importante que dicho punto de acuerdo sea dictaminado a la brevedad posible por la Comisión de Educación y Servicios Educativos, al tiempo que solicitar conozca nuevamente de la misma la Comisión de Energía de esta soberanía, por ser un tema de simultáneo interés para ambas Comisiones, pero ante todo, de interés social.

PUNTO UNICO

Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Mexicanos, solicitamos diversos legisladores respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva de esta soberanía, tenga a bien formular una excitativa a la Comisión de Educación y Servicios Educativos y de Energía, a fin de que dictaminen a la brevedad posible la proposición con punto de acuerdo referida, así como se turne a la Comisión de Energía de esta soberanía con el mismo fin.

Les agradeceremos todo su apoyo, compañeras y compañeros. Es el momento en que las Comisiones presenten ya a este pleno el acuerdo correspondiente que seguramente con el voto de ustedes será aprobatorio.

Gracias, señora Presidenta; gracias, compañeras y compañeros.

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, señor diputado.

De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para que emita el dictamen correspondiente; a la Comisión de Educación, servicios Educativos y de Energía.

En virtud de que es la segunda excitativa, se fija el día 10 de diciembre para que se emita el presente dictamen a esta Asamblea.

La siguiente excitativa, agendada por el diputado Jaime Martínez Veloz del Partido de la Revolución Democrática, se pospone.

Siguiendo con el punto de proposiciones, tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a la propaganda electoral.

LA C. DIPUTADA GABRIELA CUEVAS BARRON.- Con su venia, diputada Presidenta.

Compañeras y compañeros diputados:

Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Instituto Federal Electoral, a implementar el uso de una boleta especial en sistema Braille que permita a los discapacitados visuales ejercer su derecho al voto al tenor de las siguientes consideraciones:

Nuestra carta magna, en su artículo 1º., deja sentada la prohibición a toda discriminación por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Al respecto no cabe duda que estamos avanzando hacia una sociedad incluyente y democrática. Prueba de ello es la ratificación de nuestro país de diversos convenios y tratados internacionales contra todas las formas de discriminación.

Sin embargo, hay esferas que debemos fortalecer para hacer efectivo uno de los presupuestos básicos que define a la democracia: la extensión del sufragio popular a todos los ciudadanos, con independencia de sus diferentes capacidades.

De acuerdo a las cifras del doceavo censo de población y vivienda en el 2002, en México existen cerca de 1.8 millones de personas con algún tipo de discapacidad de largo plazo. De este total, el 26.1% sufre discapacidad visual, el segundo tipo después de la discapacidad motriz.

De 469 mil personas con discapacidad visual, cerca de 415 mil, es decir, casi el 90%, están en edad de votar. No obstante, este derecho, plasmado en nuestra carta magna, se ve en la realidad limitado a causa de este tipo de discapacidad, ya que para el ejercicio del voto se utiliza como instrumento la boleta electoral, la cual tiene únicamente características visuales, especialmente los colores, para que los votantes diferencien su voto por el partido o el candidato de su elección.

El sentido del tacto es uno de los que más sirven para el desarrollo de las personas con discapacidad visual. Es por ello que se requiere de otras medidas que potencien el uso de este sentido y faciliten el ejercicio del derecho al voto por parte de los ciudadanos con discapacidad visual.

El reconocimiento jurídico para participar en la política mexicana por parte de los ciudadanos mexicanos con discapacidad visual requiere que las autoridades en materia eectoral implementen los instrumentos que les permita a todos los ciudadanos participar en las elecciones en igualdad de condiciones en la emisión del sufragio.

El ejercicio de la ciudadanía es la base de la sustentación del poder del Estado, ya que otorga la capacidad a quien ostenta dicha categoría jurídica de participar en los asuntos públicos del país básicamente en el proceso democrático de designación de autoridades públicas y representantes populares, así como en el ejercicio de las atribuciones fundamentales de los órganos del Estado.

En virtud de lo anterior y en aras del desarrollo democrático de nuestro país, por las razones antes expuestas presento y someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:

Unico. Que esta H. Cámara de Diputados, respetuosa de la división de poderes, solicita al Instituto Federal Electoral, por conducto del Consejo General Electoral, que en e ejercicio de sus facultades y atribuciones analice la posibilidad de implementar el uso de una boleta especial en sistema Braille que permita a los discapacitados visuales acceder al voto universal y secreto, enigualdad de condiciones para las elecciones federales del 2003.

Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias, diputada Gabriela Cuevas Barrón

De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turna la presente proposición con punto de acuerdo a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a las tarifas eléctricas.

En virtud de que no se encuentra presente en el salón, se pasa al final del capítulo.

Tiene el uso de la palabra, para presentar propuesta con punto de acuerdo, el diputado Santiago Guerrero Gutiérrez, en relación con una exhortación al titular del Ejecutivo Federal a iniciar las negociaciones para proteger las ramas de la producción agrícola y ganadera, por cinco minutos.

- EL C. DIP. SANTIAGO GUERRERO GUTIERREZ: Con su permiso, diputado Presidente.

"Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta soberanía en representación de los grupos parlamentarios de los partidos Convergencia Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a presentar una proposición con Punto de Acuerdo en la que se exhorta al Ejecutivo Federal a iniciar negociaciones para la aplicación de medidas de emergencias inscritas en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para la protección de las ramas productivas agrícolas y ganaderas.

"Solicitaría amablemente a la Presidencia de la Mesa Directiva que el texto íntegro de esta proposición sea insertada en el diario de los Debates y turnada a las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Comercio y Fomento Industrial, y de Desarrollo Rural para hacer algunas reflexiones adicionales en torno a dicho documento.

"Compañeras y compañeros diputados: Quienes estamos inmersos en la problemática del sector agropecuario vemos con preocupación como se aproxima el primero de enero de 2003, fecha en que de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, llegará el plazo en que prácticamente la totalidad de los agroalimentos y materias primas de origen agropecuario estarán libres de arancel.

"Muy lejos de las perspectivas del momento en que se anunció el TLCAN y el inicio de su puesta en marcha, el periodo que está por concluir encuentra un sector agropecuario mexicano en condiciones sumamente precarias.

"Desafortunadamente las acciones y las medidas emprendidas durante el periodo que fue de la entrada en vigor del TLCAN a la fecha, no han sido suficientes para impedir el deterioro del campo mexicano.

"Los apoyos diseñados para compensar las asimetrías de los productores de las tres naciones participantes en este acuerdo, en el caso de México, podríamos afirmar que se redujeron al PROCAMPO, Programa que atiende a una franja importante pero limitada, así como a diversos programas como la Alianza para el Campo y a la Comercialización.

"Adicionalmente, otro factor como la crisis económica de mediados de los 90 incidieron en las disponibilidades presupuestales, así como la sobrevaluación del peso frente al dólar que indiscutiblemente ha venido presionando el valor de nuestros productos, abaratándolos y creando la falsa imagen de que es más barato y rentable la adquisición en el exterior que la producción interior, lo que además pone en tela de juicio la búsqueda de nuestra soberanía alimentaria.

"No podemos soslayar que algunos sectores como la fruticultura y la horticultura han sido los triunfadores en los mercados comerciales en nuestro país con sus socios en el TLCAN, aprovechando las ventajas comparativas en estos productos. Además debemos reconocer que otras ramas distintas al sector agropecuario han resultado también beneficiadas con este Tratado.

"Sin embargo por encima de cualquier consideración comercial, existe una real y dramática asimetría en la estructura productiva agropecuaria entre México y sus socios comerciales que no es posible soslayar.

"Parte de esas asimetrías se ejemplifican con os siguientes datos:

"Mientras que en nuestro país la explotación agrícola por productor es de 2.8 hectáreas, en los Estados Unidos es de 91 y en Canadá de 119 hectáreas.

"Asimismo un dato que resulta avasallador- En México los productores agropecuarios reciben subsidios por la vía del PROCAMPO por alrededor de 1,300 millones de dólares, mientras que los productores rurales estadounidenses son beneficiarios con 92 mil millones de dólares. En tanto que en la Unión Europea los productores agrícolas son beneficiarios de subsidios del orden de los 112 mil millones de dólares. Estimaciones de la OCDE señalan que los subsidios que destinan Estados Unidos, la Unión Europea y los países asiáticos, nuestros socios comerciales, asciende a 245 mil millones de dólares.

"Las desigualdades pues entre los productores se profundizan cuando además se enfrentan problemas como el contrabando y el ingreso indiscriminado de productos, muchos de ellos sin guardar los requerimientos de calidad y sanidad que los consumidores nacionales reclaman.

"Ante esta situación no debe llamarnos a sorpresa que ramas productivas como la porcicultura y en general el campo mexicano atraviesen por una situación tan grave como la que actualmente padece.

"Desde nuestra perspectiva las acciones enmarcadas en el blindaje agropecuario, con el que se pretende enfrentar la dramática situación rural, deben además de las previsiones presupuestales comprometer acciones que tengan una estrecha relación con modificaciones a diversos ordenamientos legales, así como enérgicas acciones para cuidar que en nuestras fronteras no ingresen ilegalmente productos de baja calidad, que abaratan los precios y el gobierno estimule la producción y el consumo de productos nacionales.

"Es por tanto inaplazable que el Poder Ejecutivo en acatamiento de los mandatos previstos en los artículos 25 y 26 constitucionales proceda a formular una nueva política de Estado para el sector agropecuario que contemple objetivos claros, metas verificables y mecanismos precisos de instrumentación. Se trata en rigor de que el gobierno federal establezca un compromiso claro para el fomento de las actividades agropecuarias nacionales.

"En cuanto a las relaciones comerciales internacionales es igualmente indispensable iniciar las negociaciones con nuestros socios comerciales en el TLCAN en lo concerniente a los plazos de desgravación de aquellos productos agropecuarios altamente sensibles a los niveles de vida de la población rural. Para ello nos amparamos en el propio capítulo octavo del TLCAN que contempla las medidas de emergencia que un país este en aptitud de aplicar en caso de que las importaciones de alguno o varios productos estén causando daños a la actividad nacional. Nadie en el interior y en el exterior puede poner en entredicho que la situación por la que atraviesan varios renglones de la producción agrícola y pecuaria de nuestro país es aflictiva.

"A la luz de las anteriores consideraciones y en nombre de los grupos parlamentarios de los partidos Convergencia Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, someto a su consideración la siguiente proposición con

" P u n t o d e A c u e r d o :

"Unico.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que con fundamento en el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 45 y demás relativos de la Ley de Comercio Exterior y atendiendo los procedimientos previstos en el capítulo octavo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, relativo a las medidas de emergencia proceda a iniciar las negociaciones conducentes a proteger las ramas de producción agrícola y ganadera que pueden ser dañadas por la concurrencia de productos importados".

Muchas gracias, señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente.

Sí, señor Diputado Morales.

- EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES (PRD. Desde su curul): Sí, compañero Presidente. Digo que si el compañero diputado proponente no tiene inconveniente de que su servidor suscriba también, ya que nos interesa sobre manera poder contribuir con un granito de arena a la solución de ese problema.

- EL C. PRESIDENTE: Bien, señor diputado Morales. Le consultamos al señor diputado proponente, al diputado Santiago Guerrero si no tiene inconveniente.

El diputado Calderón Cardoso.

Sonido, por favor, en la curul del diputado Calderón Cardoso.

-DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO (desde la curul): Sí Presidente, para solicitarle pregunte al proponente si admite que también el Partido Alianza Social firme la proposición con Punto de Acuerdo.

-MISMO PRESIDENTE: Con mucho gusto señor diputado.

Esta Presidencia consulta al diputado Guerrero, si no tiene inconveniente en que los señores diputados del Partido Alianza Social suscriban también el Punto de Acuerdo.

-DIP. SANTIAGO GUERRERO GUTIERREZ: No tengo inconveniente, señor Presidente.

-MISMO PRESIDENTE: Pueden pasar a firmarlo en la Secretaría.

Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial.

Esta Presidencia quiere modificar la excitativa formulada a partir de la propuesta de la diputada Martha Ruth del Toro Gaytán, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en razón de que la iniciativa a la que ella se refirió únicamente fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos y no así a la de Puntos Constitucionales, por lo que queda excluida esta última de la excitativa formulada anteriormente.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado José Escudero Barrera, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Sin embargo, el propio Grupo Parlamentario ha solicitado que se retire este Punto de Acuerdo del orden del día.

El señor diputado Félix Castellanos Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, ha solicitado que se posponga el Punto de Acuerdo sobre la problemática agraria en el estado de Guerrero.

Estando presente en el salón de sesiones el señor diputado Alfredo Hernández Raigosa, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, para presentar una propuesta con Punto de Acuerdo en relación con las tarifas eléctricas, hasta por cinco minutos.

-DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Muchas gracias señor Presidente por su benevolencia.

Compañeras y compañeros diputados y diputadas: Es claro que cuando se publicó el decreto del 7 de febrero, los usuarios de energía eléctrica no tenían la idea del grave problema al que se enfrentaban, sino fue hasta después de la aplicación de la tarifa por parte de CFE y Luz y Fuerza del Centro, cuando se incrementó aún más el rechazo de miles de usuarios, al llegarles su siguiente recibo de luz con un incremento que fue verdaderamente desquiciante y que en promedio rebasaba más del 100 por ciento.

Además en el caso de las ciudades y estados donde se viven climas extremos, el consumo de energía es muy superior debido al uso intensivo de energía en aquellos lugares, tanto para refrescar o calentar el ambiente. El consumo promedio es de alrededor de mil 700 kilowatts; este consumo requiere, por las condiciones de aquellas comunidades, una aplicación de subsidio a sus tarifas domésticas.

Para la población de estas ciudades, el subsidio en el consumo eléctrico de ninguna manera significa un acto paternalista tal y como se ha considerado en algunas ocasiones por el gobierno en turno, por el contrario, es un derecho y un acto de justicia, debido a la necesidad de subsistencia de la población ante las condiciones extremas de un clima poco benigno para la vida humana.

A pesar de esta primera declaración del Presidente, donde se reconoce la grave problemática de la aplicación de las tarifas en la zonas nortes del país, con las 15 acciones múltiples multinacionales para el desarrollo regional de los estados de la zona noreste y noroeste de este país, en el punto 12 se establece que se regionalizará de acuerdo con las necesidades regionales, la estructura tarifaria de los servicios públicos federales, principalmente las tarifas eléctricas.

Asimismo, las últimas declaraciones del Presidente Fox, las ha dado en el sentido de hacer una revisión estructural de las tarifas en la región norte del país. Sin embargo y a pesar de ser loable esta "intención", es limitada, pues el problema no radica en el norte o en el sur de la República Mexicana, está hoy el problema de las tarifas en  todo el país a lo largo y a lo ancho.

Por todo esto millones de usuarios se han pronunciado por el total rechazo a los estratosféricos aumentos en las tarifas de energía eléctrica y en las calles se realizan protestas públicas en toda la República Mexicana con el objetivo de solicitar dar marcha atrás al aumento a las tarifas y el retiro al subsidio.

De hecho, la revisión estructural no puede hacerse únicamente en el Norte del país, sino la revisión estructurar debe hacerse en todo el territorio nacional a fin de que regrese el subsidio otorgado para las familias de escasos recursos de nuestro país.

De hecho, varios sectores de la sociedad han denunciado que desde la entrada en vigor de este Decreto del 7 de Febrero, su tarifa se incrementó y afectó su economía en más del 80%.

Es por ello, que hoy resulta necesario revisar el pronunciamiento del Senado en el sentido de derogar el Decreto del 7 de Febrero; es necesario prevenir más reclamos y hasta un posible estallido social por causa de las incrementes tarifas que se están aplicando en lo largo y ancho de nuestro país.

Por esta razón, el día de hoy vengo a esta tribuna a presentar un Punto de Acuerdo donde considero que es importante revisar las tarifas del norte del país, pero también es importante revisar las del Centro y de toda la República, porque a todas luces resultan injustas, inequitativas, arbitrarias y fuera de la ley y que mucha gente actualmente no puede pagarlas. Por ello propongo el siguiente Punto de Acuerdo.

1.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte al Ejecutivo de la Federación para que cumpla con la petición del Senado de la República de derogar el Decreto del 7 de Febrero del año en curso por el que se cancelan los subsidios a las tarifas domésticas y se aumentan las tarifas del Servicio Público de Energía Eléctrica en más del 185%.

2.- Que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión emita un Acuerdo para que lo turne al Ejecutivo para revisar las tarifas del Norte, del Noroeste del país así como también se designe una Comisión para que revise conjuntamente con la C.F.E y Luz y Fuerza del Centro, la estructura tarifaria no solamente de aquellos estados sino también de toda la República Mexicana en bien de los que utilizamos energía eléctrica en estas condiciones.

Firman este Punto de Acuerdo diversos Diputados de varias Fracciones Parlamentarias.

Muchas gracias señor Presidente. (aplausos)

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado Manuel Raigosa.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor Diputado José Manuel del Río Virgen, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, en relación on los trabajos del BANRURAL.

El señor Diputado José Manuel del Rio Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN:- Gracias señor Presidente, Compañeras y compañeros Diputados. Vengo a nombre del Diputado José Antonio Calderón Cardoso y del Diputado José Narro, para presentar un Punto de Acuerdo en relación con el BANRURAL.

Señalan ellos y señala un servidor que tal parece que los rescates no han acabado, el turno ahora es el BANRURAL, el Gobierno tendrá que inyectarle recursos por encontrarse en graves problemas financieros, después de la historia negra en la que por mucho tiempo la voz popular llamó a esa institución "Bandidal" y hace público el quebranto que ha sufrido durante años, reduciéndose irremediablemente a su desaparición, una desaparición que es tan real como dramática.

El propio Secretario de Hacienda dijo que al campo llega uno de cada cuatro pesos erogados por el BANRURAL, es decir el 25% y que con el nuevo organismo que está por crearse se pretende elevar estas cifras hasta entregar efectivamente 90 centavos de cada peso.

Hace apenas unos meses, el quebranto se estimó en 8 mil millones; luego 12 mil; luego 20 mil; luego 28 mil y ahora se habla de 30 mil millones de pesos.

De acuerdo con la auditoría externa que se realizó al banco, sólo una tercera parte del quebranto fue por cartera vencida considerando que actualmente el 90% de esta cartera total registra problemas de vencimiento y cobro. No van a poder cobrar, a los que les prestaron ya no están en el país; ya lo defraudaron y ya se fueron.

BANRURAL registra 10 mil millones de pesos de cartera crediticia prácticamente irrecuperable de préstamos que en su mayoría se otorgaron el sexenio pasado; cabe preguntarse de dónde salen los otros 20 mil millones de pesos. La voz popular dice que por parte de la institución y por parte de quienes lo designaron, hubo también responsabilidad; cómo poner en la Dirección General del BANRURAL a un hombre que se apellidaba "Terroba" (?), por tal motivo la responsabilidad es de quien estaba y de quien lo puso.

Compañeras y compañeros, es por todos sabido que en esta institución se han registrado innumerables desfalcos vergonzosos que ahora repercuten en su insanidad financiera.

Compañeras, compañeros, ahora se dice que la mala administración de BANRURAL lo lleva a su inevitable desaparición, sin embargo la deuda sigue ahí y serán los ciudadanos los que nuevamente se van a encargar de pagar los desfalcos y el despilfarro que sus directivos efectuaron todos los años anteriores.

Podemos contemplar como trasfondo que la desaparición de BANRURAL está pactada para favorecer también a grandes productores norteamericanos que desde hace tiempo reclaman el agua mexicana y ahora van sobre la producción de alimentos del país, por eso un grupo de diputados y de diputadas estamos solicitando que el capítulo agropecuario se posponga y que no entre en vigor a partir del primero de enero.

Desde mediados del año pasado, la SECODAM presentó ante la PGR diversas denuncias por más de 300 millones de pesos en operaciones auditadas además de que a través de los órganos de fiscalización interna de las propias dependencias de la Administración Pública Federal se han interpuesto otras denuncias con presunta responsabilidad penal como las derivadas de las auditorías realizadas a programas realizados con financiamiento federal en el Estado de Chiapas, donde se detectaron irregularidades superiores a 174 millones de pesos. Hasta el día de hoy, no se han dado respuestas.

El banco que tantos beneficios dejó a funcionarios políticos de toda talla y publirrelacionistas, excepto claro a ejidatarios y pequeños agricultores, se pretende ahora que sea rescatado por el Gobierno Mexicano, por el Estado Mexicano. Nosotros no estamos de acuerdo en que solamente se hayan fincado responsabilidades por 300 millones de pesos en operaciones auditadas cuando estamos hablando de que en el banco ha habido un quebranto por más de 30 mil millones de pesos.

Por ello señor Presidente, los diputados José Antonio Calderón Cardoso y el diputado José Narro Céspedes y el de la voz, solicitamos:

UNICO.- Que la Auditoría Superior de la Federación realice las auditorías correspondientes para que se presenten ante la PGR todas las averiguaciones previas y se meta a la cárcel a los que defraudaron el banco.

Gracias señor Presidente, gracias compañeras y compañeros diputados.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado del Río Virgen. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra la diputada Heidi Storsberg Montes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con punto de acuerdo en el que se exhorta al Poder Ejecutivo Federal en calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en el marco de un posible ataque de los Estados de América a Irak, favorezca con su sentido de voto aquella resolución que amplíe la posibilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto, misma que contribuya a la causa de la paz y la seguridad mundial.

Tiene usted la palabra hasta por cinco minutos, diputada Storsberg.

- LA C. DIP. HEIDI STORSBERG MONTES: Con su venia señor Presidente.

Compañeras y compañeros diputados.

Frente a la nueva agenda de seguridad mundial que emergió tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, México se convirtió en un aliado fiel en la lucha contra el terrorismo internacional con base en el compromiso de favorecerla con apego a derecho y de conducirla en el marco del Sistema de Seguridad Internacional que otorga al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas la responsabilidad de mantener la paz mundial.

En nuestro paso por el Consejo de Seguridad como miembro no permanente, México instó desde un principio a la comunidad internacional a solucionar el enfrentamiento de Irak de forma pacífica y con base en nuestra tradicional postura en torno al desarme y a no proliferación de armas de destrucción masiva . En apego a esa posición, México reitero la importancia de apoyar el desarme iraquí, en el marco de las Naciones Unidas y de otorgar nuestro respaldo a la postura francesa, debido a que amplía la probabilidad de alcanzar una salida diplomática al conflicto y privilegia el sistema multilateral de seguridad mundial.

No fue hasta después de largas discusiones, arduas negociaciones y numerosas rondas de consulta, que se logro establecer un acuerdo entre los países miembros del Consejo de Seguridad sobre Irak. Las posturas divergentes de Estados Unidos y Francia se lograron empatar en una posición más unida, reflejada en el texto del último proyecto de resolución que presentaron los Estados Unidos y Gran Bretaña al Consejo, aprobado por unanimidad el pasado 8 de noviembre.

La resolución que se concertó integra alguna de las peticiones más puntales que hayan hecho Francia, Rusia y México, para construir un documento que ampliara la posibilidad de alcanzar una solución pacífica al conflicto de Irak, el documento descarta el uso automático de la fuerza y acepta el enfoque francés de los dos tiempos, que estipula en un primer momento, la necesidad de considerar los informes que se desprenden de los inspectores de armas de Naciones Unidas, para evaluar con mayor detenimiento la verdadera capacidad armamentista, intención de uso y potencial acceso de grupos terroristas a armas de destrucción masiva iraquíes y en un segundo momento y en caso de que el Consejo determinará el incumplimiento por parte de Bagdad, de las disposiciones acordadas, convocar a nuevas deliberaciones en el seno de dicho órgano a fin de acordar lo que proceda hacer.

Sin duda otra de las grandes virtudes que encierra la resolución votada por nuestra Comisión Permanente, es que establece que el Consejo de Seguridad, será quien preserve en todo momento su autoridad para determinar la composición y las reglas de operación de los grupos de inspectores; cabe mencionar que se evitan las inspecciones de tipo armadas y se aseguran principios de neutralidad y de imparcialidad, al deber rendir cuentas al Consejo y no a otros países en lo individual.

Por todo ello el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se congratula por el hecho de que después de una larga jornada de discusiones entre los distintos miembros del Consejo de Seguridad, sobre diversos proyectos de resoluciones la actuación de México, en dicho Consejo, se haya capitalizado a favor de abrir un compás de espera, mismo que elimina la automaticidad de un ataque en contra de Irak y otorgue una nueva oportunidad a la diplomacia y a la paz mundial.

Reiteramos que la resolución acordada por todos los miembros del Consejo, fortalece el derecho internacional, refuerza el equilibrio regional y despeja la posibilidad inmediata de cobrar vidas de iraquíes y de soldados estadounidenses y europeos, pero que constituye un implacable éxito de la diplomacia mundial; asimismo nos mostramos confiados que la unidad del Consejo en torno a esta resolución, emita un mensaje claro y firme a Bagdad, para que cumpla cabalidad y sin dilaciones, todas las resoluciones que le impone el Consejo de Seguridad.

Reconocemos el valioso esfuerzo desplegado por México, la decisiva contribución que hace con el sistema multilateral en la adopción de medidas eficaces en la solución de conflictos y su puntual cumplimiento con las responsabilidades que les asigna la Carta de Naciones Unidas, preservando su espíritu y resguardando el Sistema Internacional de Normas y Principios que nos imponen.

Por último el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sostiene que México en calidad de miembro no permanente del Consejo de Seguridad, no debiera perder la oportunidad de manifestar que la lucha en contra del terrorismo internacional, pudiera ser mitigada en la medida en que se combata en estricta concordancia con el derecho internacional y persuadiendo ideológicamente a los países avanzados a involucrarse de manera más intensa y activa en la promoción del desarrollo económico y sustentable a nivel mundial.

Que por las razones expuestas con anterioridad, se presenta la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en apego a la posición que asumimos frente al conflicto de Irak, no ceje en su empeño para seguir desplegando una diplomacia activa, misma que apoye la lucha en contra del terrorismo internacional, en estricta concordancia con el derecho internacional y privilegiando el sistema multilateral de seguridad.

Mundial. Es cuanto señor Presidenta y esto viene a colación también, el día de hoy que la Comisión de Relaciones Exteriores nos reunimos con el Subsecretario de Naciones Unidas, que tiene a su cargo la parte de desarme en tal Consejo.

EL PRESIDENTE: Gracias, diputada.

Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Concepción González Molina, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo por el que se solicita declarar área natural protegida la zona "Cerro del Colihuic", ubicado en Texiutlán Hueytamalco, en Puebla.

LA DIP. CONCEPCIÓN GONZALEZ MOLINA: Con su permiso, señor Presidente.

Quienes suscribimos, diputadas y diputados federales integrantes de distintos grupos parlamentarios representados en esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 73 fracción 29G de la Constitución General de la República, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita declarar área natural protegida a la zona "Cerro del Colihuic", Hueytamalco, Teziutlán, Puebla, de conformidad con las siguientes consideraciones:

El Cerro del Colihuic se encuentra enclavado en la Sierra Madre Oriental, entre los municipios de Hueytamalco y Teziutlán, en el estado de Puebla, la región forma parte de la vertiente de la sierra hacia el Golfo de México. Existen dos grandes cuencas principales que descienden hacia el norte y que con la afluencia de algunos arroyos en sus cauces forman dos ríos de importancia: el Río de Nautla y el Río de Tecolutla.

El Cerro del Colihuic se distingue por una impresionante variedad forestal y por su riqueza en madera, ahí encontramos cedro, honguillo, caoba, caobillo, encino, bienvenido, árbol de hule, laurel, haya, mandroño, hojancho, liquidámbar, espino, entre otros. También se encuentran albergadas en la zona una amplia gama de especies animales, tales como el cojilite, venado, temazate, pájaros carpinteros, picos canoa, papanes, martos, chivo de monte y otros más.

Actualmente, el Cerro del Colihuic y toda la riqueza en flora y fauna que representa, vive diversas problemáticas ambientales que contribuyen a la destrucción y fragmentación del hábitat silvestre, enfrentando a la vez una sobre explotación de las especies por cacerías furtivas, extracción no regulada, tala ilegal y comercio ilícito.

Es importante señalar que cada día se acrecienta la contaminación en la zona por el uso de productos químicos nocivos y de tecnologías inadecuadas para la fertilización de suelos y la fumigación de cultivos.

A todo lo anterior se suma la extracción ilícita de bromelias y la transformación del paisaje a consecuencia de obras vinculadas con el crecimiento de los centros urbanos, que poco a poco invaden la zona. Frente a estos riesgos urge que autoridades locales y federales se unan con los pobladores para transformar la preocupación que esta problemática les genera en posibles soluciones, formando un frente común que permita rescatar esta zona a través de declararla área natural protegida, logrando con ello el beneficio de la comunidad.

Esta preocupación por preservar nuestros recursos es un asunto compartido y se relaciona con la estrategia mundial para la conservación.

Según el documento "Cuidar la Tierra", menciona que una estrategia de conservación tiene como objetivo lograr una combinación sostenible de desarrollo y conservación en forma integrada. Una estrategia, además, es un proceso tendiente a alcanzar una serie de objetivos predefinidos que a partir de una valoración diagnóstica de la realidad, identifica oportunidades y amenazas.

En el caso del Cerro del Colihuic se ha identificado que el problema principal es deforestación y degradación por falta de una adecuada conservación.

Por todo lo antes expuesto, sometemos a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo:

Primero. Que se proceda respetuosamente a exhortar el Ejecutivo Federal, para que emita el decreto por el que se declare a la zona del Cerro del Colihuic, Hueytamalco Teziutlán, estado de Puebla, área natural protegida.

SEGUNDO.- Se proceda a exhortar al Ejecutivo Federal, para que proceda de manera coordinada con las autoridades locales del estado de Puebla y de las comunidades aledañas, Zonpatizolla, Ejido de Hueytamalco a la zona del Cerro del Colhuic, Hueytamalco Teziutlán, a llevar a cabo las estrategias de rescate necesarias para la conservación de esta zona.

TERCERO.- Comuníquese.

Firman todos los diputados del estado de Puebla. Muchísimas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias diputada González Molina.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para presentar una proposición con Punto de Acuerdo a fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente junto con la Ley de Ingresos, la calendarización de los ingresos prioritarios, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, el señor diputado José Antonio Magallanes Rodríguez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

-EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso presidente. Compañeras y compañeros diputados. Durante los dos últimos años en el decreto de presupuesto se han incluido mecanismos automáticos de ajuste en las finanzas públicas, que han permitido al gobierno federal llevar a cabo ajustes en su gasto, cuando los ingresos que obtiene, provenientes de la recaudación son menores a los programados en la Ley de Ingresos.

Desafortunadamente la inclusión de estos mecanismos de ajuste automático, han permitido que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejerza con discrecionalidad el manejo de las finanzas públicas nacionales.

Para ello, sólo basta revisar cualquier informe de finanzas públicas de los dos últimos años, donde nos encontraremos frecuentemente, que a decir de la Secretaría los ingresos fueron menores a los programados, aunque en muchos casos se observe que en los mismos informes, crecimientos reales y nominales de los mismos.

Lo anterior, no sólo provoca confusión entre los legisladores, sino que coadyuva a este manejo discrecional de las finanzas públicas nacionales, ya que la calendarización de los ingresos y gastos públicos, hasta ahora, no es revisada por la Cámara de Diputados.

De esta manera, nadie impide que la Secretaría realice una calendarización que favorezca al Ejecutivo, sobreestimando la recaudación durante los primeros tres trimestres del año, para llevar a cabo recortes al gasto, bajo el argumento de que no se alcanzaron los ingresos programados.

Así en el último trimestre del año, nadie revisa las cifras de Hacienda, pues ya se discute el paquete financiero del siguiente año, permitiéndole al gobierno tener excedentes, sin la necesidad de resarcirlos en el gasto público.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO.- Que la evidencia muestra que durante los dos últimos años, la Secretaría ha recurrido al ajuste del gasto como una herramienta permanente en el control de las finanzas públicas.

SEGUNDO.- Que la calendarización de los ingresos y gastos del sector público, han incidido de manera determinante en el ejercicio del gasto público.

TERCERO.- Que la aprobación, control y supervisión del gasto público, es una facultad que la Constitución Política de nuestro país, le confiere a la Cámara de Diputados, que durante los dos últimos años se han observado spots, que la calendarización realizada por la Secretaría ha sido diferente al histórico observado durante los últimos 5 años.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicita a la presidencia de la Mesa Directiva someta a consideración de este pleno, el siguiente

A C U E R D O

Unico.- Que la Comisión de Hacienda y Crédito Público y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara de Diputados, establezca como requisito para aprobar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año 2003, la validación por parte de dichas Comisiones de la calendarización mensual de los ingresos y gastos del Sector Público.

Es cuanto, diputado Presidente, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado Magallanes Rodríguez.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Tiene el uso de la palabra el señor diputado Francisco Jurado Contreras del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo, a fin de exhortar al Instituto Federal Electoral, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para que se realice una campaña permanente de difusión de los delitos electorales y de su sanción correspondiente.

EL C. DIPUTADO FRANCISCO EZEQUIEL JURADO CONTRERAS.- Con el permiso de la Presidencia.

Compañeras y compañeros diputados:

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que el poder público dimana de éste y se instituye para su beneficio, así como que la soberanía del pueblo será ejercida por los Poderes de la Unión en los casos de competencia de éstos y por los estados en su régimen interior; asimismo, estipula quiénes son ciudadanos y reconoce los derechos y obligaciones conferidos a éstos.

Dentro de los derechos se encuentra el de votar y ser votado en elecciones populares, el de asociarse libre y pacíficamente y tomar parte en los asuntos políticos del país y dentro de las obligaciones, la de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, votar en la elecciones populares en los términos que establecen las leyes, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, entre otras.

De estas disposiciones deriva la necesidad de que en los términos que señala la ley, se realicen distintos procesos electorales a nivel federal, estatal o municipal con el fin de que el pueblo exprese su voluntad mediante el sufragio libre y secreto, asegurando la representación de sus intereses por conducto de aquellos que han sido electos para dicho fin.

Como bien sabemos, por mandato constitucional, la realización de estos procesos electorales, está conferida a un órgano autónomo especializado, cuya función fundamental es organizar las elecciones federales con certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; asimismo, tratándose de elecciones locales, existen órganos de la misma naturaleza con las mismas funciones y atribuciones, pero adscritos únicamente a la competencia local.

Ahora bien, tanto los derechos políticos electorales como la función electoral federal y local, deben ser protegidos de cualquier atropello o acciones de ilegalidad, ya que por exigencia de su propia naturaleza, deben de ser garantizados por los ordenamientos jurídicos y por las instituciones políticas de nuestro país, por lo que el Estado ha establecido figuras delictivas tutelando la adecuada función electoral.

De lo anterior se desprende que el bien jurídico protegido en el sentido amplio y general para los delitos electorales sean la imparcialidad, seguridad y exactitud del ejercicio de los derechos electorales de todo ciudadano mexicano, garantizando así la soberanía y la democracia que constituyen principios básicos de nuestra organización como República dentro de un sistema representativo y federal.

Todo ciudadano debe estar consciente de sus derechos pero también de sus obligaciones frente al Estado y de la responsabilidad que de éstos dimana. Si bien es cierto que conocemos el principio general de derecho que consigna el artículo 21 del Código Civil Federal en el sentido de que la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, no es menos cierto que en el ánimo de alcanzar un verdadero estado de derechos, los órganos del Estado deben coadyuvar en la difusión y conocimiento de los mismos.

Es importante que toda persona que se encuentre en territorio nacional y particularmente durante un proceso electoral, conozca los delitos electorales y las consecuencias que deriven de la realización de la hipótesis establecidas en los mismos.

Es innegable y alarmante el desconocimiento en materia político-electoral de la mayoría de los mexicanos, que si bien es cierto que a partir de las elecciones del 2000 la mayoría de los ciudadanos considera que vivimos en una democracia, no es menos cierto que en materia electoral y sobre todo tratándose de delitos y responsabilidades electorales existe un desconocimiento generalizado, situación que de no atenderse y corregirse, puede agravarse, obstaculizando en el futuro el correcto y transparente ejercicio democrático.

Ahora bien, dentro de las funciones del Instituto Federal Electoral se encuentra la de contribuir al desarrollo de la vida democrática y llevar a cabo la promoción del voto y coadyuvar a la difusión de la cultura democrática, por lo que se considera que bien podría ser un conducto, en coordinación con institutos electorales de los estados y demás dependencias públicas como la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, para hacer del conocimiento de la sociedad en general de los delitos electorales y de las consecuencias de los mismos.

La democracia no sólo implica los derechos político-electorales que los ciudadanos pueden ejercer, sino el asumir obligaciones que se tienen frente al Estado y la sociedad.

Lamentablemente el desconocimiento general de estas obligaciones y conductas de hacer o no hacer que pueden derivar en la consecución de un delito en materia electoral son en realidad poco conocidas.

Por todo lo anterior se somete a consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo.

Unico. Se proceda a exhortar al Instituto Federal Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, así como a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, inicien a la brevedad una campaña de difusión continua y permanente de los delitos electorales tipificados en nuestro ordenamiento jurídico, a efecto de generar y fortalecer una cultura de respeto a la legalidad democrática.

Es cuanto.

LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.

El siguiente punto agendado por el Partido Verde Ecologista de México para presentar un punto de acuerdo en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el año 2003, se pospone.

Igualmente se pospone el punto agendado por la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Partido del Trabajo.

El diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia, ha intercambiado su lugar con el señor diputado Jaime Vázquez Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará una proposición con punto de acuerdo para impulsar un programa vial de carreteras para el estado de México.

Tiene la palabra, diputado.

EL C. DIPUTADO JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: quién no ha transitado por las carreteras federales de este país. Son sin duda arterias que comunican al ser nacional del norte al sur, del oriente al poniente y por las que transitan un gran número de mexicanos, y aun en aquellos sitios en donde existen otras alternativas como carreteras concesionadas o autopistas, las carreteras federales siguen siendo los principales caminos de los mexicanos pobres, esto es, de la mayoría de los mexicanos.

Cuando transitamos por estas carreteras de México a Guerrero, de México a Morelos, de México a Michoacán, de México hacia Sonora, hacia Tijuana, hacia Baja California, hacia Nuevo León, hacia Tamaulipas, hacia Veracruz, advertimos que hace ya muchos años que las carreteras federales no reciben la atención, el mantenimiento, el cuidado que debieran recibir y que además necesitan.

Por su fuera poco, el número de accidentes automovilísticos arroja millones en pérdidas materiales: pero más importante que éstos, diría, son los cientos de vida que se pierden en estas carreteras por el reducido tamaño de la corona, por lo accidentado de su traza, en síntesis, porque no han sido objeto de la inversión necesaria para ser modificado su trazo o para ser ampliadas con carriles de rebase.

Esta inquietud, compañeras y compañeros diputados, surgió a partir de una necesidad de poblaciones del distrito por el que fui electo diputado al Congreso de la Unión, el distrito de Tenancingo.

El estado de México, el gobierno del estado, construyó hace ya varios años tres carriles de Toluca a Tenango del Valle, que permitió complementar una avenida de seis carriles, pero de Tenango del Valle a Tenancingo, que tiene un tramo no mayor de 20 kilómetros, el trazo sigue siendo el de la carretera de hace 30, 40 años con los consecuentes inconvenientes, los accidentes, las pérdidas materiales y la pérdida de vida de mexiquenses de esta zona.

Es importante el tema porque se está viendo ahora el Presupuesto para el año 2003. He revisado con todo cuidado, con toda atención el Presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y no advierto en él ningún rubro, ningún monto significativo destinado al mantenimiento de carreteras federales o a la ampliación de estas carreteras de uso intensivo.

Me parece, pues, que habiendo planteado el asunto de manera económica el año pasado, con los integrantes de la Comisión de Presupuesto, habiendo tratado de hacer gestiones con la propia Comisión en la Cámara, y al no haber logrado la modificación necesaria en el Presupuesto, me parece importante plantear a ustedes un punto de acuerdo que es muy sencillo y que comparten los diputados federales mexiquenses del Partido Revolucionario Institucional, los diputados federales de los estados de: Hidalgo, de Puebla, de Morelos, de Guerrero, que tienen como nosotros el interés de que estas carreteras sean ampliadas.

El Punto de Acuerdo que les propongo a ustedes y que le ruego a la Presidencia turnar a la Comisión de Presupuesto, son los siguientes:

Primero.- Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la ejecución de un subprograma de construcción de carriles de rebase dentro del Programa Nacional de Construcción y Modernización de Carreteras Federales en los estados de: México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Michoacán y Morelos.

Segundo.- Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública otorgue dentro del dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos 2003 que presentará al pleno de esta Cámara de Diputados, una partida presupuestaria a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que cumpla con la ejecución de obras de carriles de rebase en las carreteras federales de los estados mencionados en el punto anterior.

Gracias por su atención.

- LA C. PRESIDENTA: Gracias, señor diputado.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene la palabra el diputado Salvador Cosío Gaona, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional... Me informan que se retira del orden del día la proposición agendada por el diputado Cosío Gaona.

Tiene la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el Presupuesto de la Universidad Nacional autónoma de México para el año 2003.

- EL C. DIP. ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA: Con su permiso, compañera Presidenta; compañeras y compañeros legisladores:

"El día de ayer fuimos testigos de un acto verdaderamente histórico, cuando vemos en un auditorio sentados a los coordinadores de las fracciones parlamentarias de este Congreso. Un acto sin duda importante para la vida de la Universidad y que para los que somos egresados de esta casa de estudios significa un momento histórico en la vida educativa de este país.

"Sin embargo, nos preocupa que del discurso a plasmarlo en los hechos haya un trecho importante que no se materialice en los próximos días.

"Nosotros, este punto lo planteamos hace varias semanas. Sin embargo, no se había desahogado en virtud de las condiciones a veces tan burocráticas de este Congreso.

"Nos preocupa por lo tanto también que esta Universidad, la Unam, en el proyecto de presupuesto del gobierno federal, tenga una expectativa de incremento presupuestal raquítico del 1.65 por ciento, comparado con el 15.33 por ciento de otros años, y con el 7.3 por ciento del año 2000 y 2001.

"Es importante señalar que el aporte de la Universidad Nacional engrandece a este país fuera de toda duda. La Unam es formadora de miles y de miles de jóvenes, entre esos casos su servidor que es de una extracción popular, que tuvo la oportunidad de ir a la Universidad. Y así jóvenes, catedráticos, investigadores, han egresado del alma máter que han sido beneficiarios del esfuerzo de miles de universitarios.

"La mayor parte de la investigación de este país, la investigación científica se realiza en la Universidad. Uno de cada dos doctores graduados en México seguramente egresó de la Universidad. Destinar mayores recursos para el fortalecimiento del sistema educativo es un imperativo que no puede esperar más tiempo, más sin embargo la educación superior y en especial la universidad es un elemento que requiere de una especial atención, por congruencia política y ética para los mexicanos.

"Es urgente entonces elevar los recursos para la Universidad y que el acto que vimos el día de ayer a través de los medios de comunicación, se traduzca en que los hechos y las obras verdaderamente son amores y amores significa mayor recurso para la Universidad Nacional Autónoma de México.

"Por esta razón el día de hoy no queremos dejar pasar la posibilidad de presentar un punto de acuerdo, donde si lo de ayer es cierto se materialice con recursos suficientes y necesarios para nuestra Universidad.

"Por ello proponemos, como un primer punto, que la Cámara de Diputados considere que el decremento del presupuesto federal destinado a educación, ciencia y tecnología, en combinación con las restricciones impuestas a los recursos destinados a las entidades federativas tendría un impacto adverso sobre el desarrollo del sector educativo y el bienestar social presente y futuro de la nación, por lo cual es urgente llevar a cabo adecuaciones a la iniciativa de presupuesto de egresos para el año 2003 enviada por el Ejecutivo Federal a esta soberanía, que permita el crecimiento real de los recursos destinados al sector educativo del país especialmente la Universidad.

"2º. En materia de educación superior, ciencia y tecnología debe realizarse un esfuerzo para que el gasto público alcance las metas que el Ejecutivo Federal ha comprometido públicamente ante la nación, de manera que los recursos crezcan de manera sustantiva y aseguren la continuidad de los programas encomendados a las instituciones públicas de educación superior.

"3º. La propuesta enviada por el Ejecutivo Federal afectaría gravemente la operación institucional, así como el desarrollo de los proyectos sustantivos no solo de la Unam sino para el país.

"Por lo tanto, se debe asegurar el incremento del subsidio federal asignado a la Unam por el ejercicio fiscal 2003, en particular en lo que corresponde a sus necesidades de inversión y servicios generales esenciados para operar y asegurar la calidad de los servicios que presta la Unam a la sociedad mexicana".

Firma este documento su servidor y diputados del PRD, y el diputado Del Río Virgen.

Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Hernández Raigosa.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

El punto de acuerdo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sobre la exhortación a Semarnat para solicitar mayor vigilancia en las áreas naturales protegidas, se pospone para la siguiente sesión.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación con el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2003.

En virtud de no encontrarse en este momento en el salón, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Méndez Alarcón, a nombre de los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para presentar una propuesta con Punto de Acuerdo, por el que se solicita al Titular del Poder Ejecutivo Federal, expedir el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuados por las autoridades educativas.

-DIP. HECTOR MENDEZ ALARCÓN: Con su permiso, señor Presidente.

"Los que suscriben, ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, nos permitimos presentar la siguiente proposición con Punto de Acuerdo, por el que solicitamos al Titular del Poder Ejecutivo Federal, expedir el decreto que asegure el cabal cumplimiento de los propósitos y compromisos del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, conforme a las normas y objetivos consensuados por las propias autoridades educativas.
"La Comisión de Educación y Servicios Educativos conformó la Subcomisión de Artículos de la Ley General de Educación, para la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, la cual realizó los siguientes trabajos:

"a) Llevó a cabo reuniones periódicas para el análisis de la iniciativa a lo largo de varios meses, en las cuales participaron además de los integrantes de ésta, los funcionarios y asesores de la Secretaría de Educación Pública.

"En mesa de trabajo con los representantes de la Secretaría de Educación Pública y los Secretarios de Educación de los estados de Sinaloa, de Jalisco, de Quintana Roo, Tlaxcala, de Nuevo León, la Subcomisión valoró que el mecanismo legal que da mayor viabilidad y celeridad para alcanzar el objetivo de crear el Consejo, es la vía administrativa, por lo que se acordó, a solicitud expresa de las autoridades educativas, promover un Punto de Acuerdo mediante el cual se solicite al Ejecutivo expedir las normas reglamentarias y que por su parte la Secretaría de Educación Pública presentara el proyecto de reglamentación trabajado y acordado por los Secretarios de Educación de los respectivos estados.

"Se lograron además los consensos en los siguientes puntos:

"Primero.- La creación del Consejo significa avanzar adecuadamente hacia un verdadero federalismo educativo.

"Punto dos.- Es el primer paso para una agenda más amplia en la discusión de los temas educativos nacionales, con una visión de mediano y largo plazo, enfatizando aquellos que se refieren a la culminación de los procesos de descentralización pendientes.

"Punto tres.- Se pretende que el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, sea un organismo que permita el permanente seguimiento y evaluación del sistema educativo, para la toma de decisiones conjuntas sobre las políticas y aspectos de descentralización de la educación y construyendo una vía de cooperación entre las autoridades, para delinear conjuntamente el esquema de planeación del modelo educativo.

"Punto cuatro.- Que el Consejo sea presidido por la autoridad educativa federal e integrado por autoridades educativas de las entidades federativas, como lo establece la Ley General de Educación en su artículo 17.

"Punto quinto.- El Consejo tendrá, según se definan los mecanismos en su reglamentación, facultades consultivas.

"Así, los Secretarios de Educación de los estados han elaborado mediante la integración de mesas de trabajo y consenso, un Proyecto de Reglamento relativo a la Integración, Funcionamiento y Operación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas . Este Reglamento se titula Reglamento Interno del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y se estructura en cuatro capítulos.

Honorable Asamblea, los consensos y acuerdos a los que se llegaron son resultados de mesas de trabajo responsable y madura de los Diputados Federales de esta Comisión de conformación plural. Asimismo esta Comisión hace un reconocimiento a la disposición de la Secretaría de Educación Pública para establecer un diálogo y coordinación con el Poder Legislativo por lo que establece un precedente para posteriores temas a discusión.

Se ha actuado con responsabilidad en un ámbito de vital importancia para el desarrollo y progreso de nuestro país, como es el tema de la Educación, es el que nos puede prevalizar (¿) los intereses individuales o de grupo por ser de preeminencia nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 58 y 59 del Reglamento del gobierno Interior para el Congreso General, los Diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, promovemos el siguiente Punto de Acuerdo:

1º.- Se solicita respetuosamente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, expida con base en el Artículo 17º de la Ley General de Educación, las normas reglamentarias para formalizar y asegurar el adecuado funcionamiento del Consejo Nacional de Autoridades Educativas y lograr el cabal cumplimiento de sus objetivos y propósitos, tomando en consideración el proyecto de Normas Internas consensuadas por las autoridades educativas, mismo que se adjunta al presente y al que se ha señalado con anterioridad.

Por los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, es nuestra propuesta señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Señor Diputado Méndez Alarcón, no escuché las Comisiones a las que solicitaba en su turno.

-ELC. DIPUTADO HECTOR MENDEZ ALARCON: Era a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, señor Presidente.

-EL C. PRESIDENTE. Correcto señor Diputado, muchas gracias.

Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.

Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor Diputado Armín José Valdéz Torres, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario institucional para presentar propuesta con Punto de Acuerdo sobre el derecho de los trabajadores a una vivienda digna.

Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos.

-EL C. DIPUTADO ARMIN JOSE VALDEZ TORRES. Con su permiso Diputado Presidente. Compañeros Legisladores. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional consagrado en la Constitución General de la República en su Artículo 4º en el cual se establece con toda precisión, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa.

Señala también, que la Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tales objetivos.

Asimismo en el Título VI de nuestra Carta Magna en el Apartado del Trabajo y la Previsión Social, señala en su artículo 123 Fracción XII, precisa, que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier clase de trabajo, está obligada, según lo determinan las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas.

Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de Vivienda, a fin de constituir depósitos a favor de los trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a estos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones.

Se considera de utilidad social la expedición de una Ley para la creación de un organismo integrado por Representantes del Gobierno Federal de los trabajadores y los patrones, que administren los recursos del Fondo Nacional de Vivienda. Dicha Ley regirá las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones.

Estas disposiciones del más alto nivel jurídico constitucional, que otorgan derechos sociales a los trabajadores, están siendo violadas en la Delegación Coahuila del INFONAVIT, me refiero concretamente al caso de los trabajadores de la empresa ALTOS HORNOS DE MEXICO, la cual tiene su sede en Monclova, Coahuila y sostiene en buena medida la economía de la región Centro del Estado con una contratación de más de 10 mil trabajadores

Dada la situación financiera por la que atraviesa actualmente, los pagos de las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda o los pagos al INFONAVIT, se han retrasado en el último año con rezagos mínimos de 1 ó 2 bimestres.

esta situación administrativa de la empresa ha generado que la delegada del INFONAVIT en el Estado, ingeniero Imelda González Zavala, ha dado instrucciones precisas a sus subalternos de que (sic) de no recibir expedientes personales de los trabajadores que solicitan créditos para vivienda e incluso han girado indicaciones de que no se libere el pago de aquellos créditos que habiendo sido autorizados se encuentran en programación para su liquidación.

Esta disposición administrativa es desde todo punto de vista anticonstitucional en virtud de que cancela la posibilidad de que miles de trabajadores de esta empresa accedan a un crédito para adquirir una vivienda digna.

Por otro lado, la Ley del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la cual se crea para dar vigencia al precepto constitucional de referencia, determina en el artículo 30 que las obligaciones de efectuar las aportaciones así como su cobro, tienen carácter fiscal. Asimismo, en la fracción IV del mismo artículo, se establece la facultad de resolver en los casos que proceda los recursos previstos por el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución con lo cual se protege o salvaguarda el interés fiscal del Instituto.

Como se puede apreciar, en la Ley del INFONAVIT no existe disposición alguna en la que se determine que el incumplimiento del pago de las aportaciones por parte de los patrones deba afectar los derechos constitucionales de los trabajadores a quienes se les descuenta de su nómina la aportación del fondo de vivienda.

Estos comentarios y razonamientos se han hecho de manera directa a la delegada del INFONAVIT, buscando con el diálogo resolver esta problemática de los trabajadores de Altos Hornos. Hasta la fecha, la actitud de la funcionaria se mantiene en el mismo nivel de intolerancia y despotismo argumentando que tiene instrucciones precisas del Director General de no recibir expedientes de los trabajadores de esta empresa hasta en tanto no mejore su situación financiera ya que son créditos que a su juicio no podrán ser recuperados. Termino.

- EL C. PRESIDENTE: Por favor señor diputado.

- EL C. DIP. ARMIN JOSE VALDEZ TORRES: Por todo lo anterior citado y de acuerdo al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, me permito poner a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO:

Solicitar del Director General del INFONAVIT, cancele la disposición administrativa que viola el precepto constitucional de derecho a la vivienda y que impide a los trabajadores de Altos Hornos de México tener acceso a un crédito para la adquisición de vivienda.

Segundo.- Que se aplique la Ley de Responsabilidades a la delegada del INFONAVIT en el Estado de Coahuila por actuar al margen de la ley y por lesionar los derechos de los trabajadores de Altos Hornos de México.

Es cuanto señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado.

--------Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social.

Para proponer un punto de acuerdo a fin de que las autoridades federales y locales se aboquen al saneamiento y reforestación del Parque Nacional "Desierto de los Leones", tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Jorge Alberto Lara Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

- EL C. DIP. JORGE ALBERTO LARA RIVERA: Muchas gracias señor Presidente en funciones. Compañeras y compañeros.

Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento de este Congreso y de esta Cámara, expongo los siguientes puntos que anteceden a nuestra proposición:

Primero.- En abril de 1998, el bosque nacional Desierto de los Leones se vio afectado por un incendio en sus partes altas afectando aproximadamente 500 áreas de los bosques localizados en la Cañada de Contreras, punto de unión de las delegaciones Cuajimalpa, Alvaro Obregón y Magdalena Contreras del Distrito Federal.

En 1981, el expresidente José López Portillo publicó en el Diario Oficial de la Federación de fecha 6 de mayo un decreto en el cual se reconoció que el bosque nacional Desierto de los Leones era propiedad de los bienes comunales de San Mateo Tlaltenango con las comunidades de Santa Rosa equivalentes a 732 hectáreas y Magdalena Contreras con 543 hectáreas y que actualmente se ubican fuera del parque nacional con las siguientes características.

El área reconocida es de 1954 hectáreas cubriendo dos grandes predios el Desierto de los Leones, con una superficie de 1,525 hectáreas y el predio de La Venta que por la lejanía con la región afectada por el incendio, no tiene mayor repercusión o importancia en el proyecto de reforestación que solicitamos en esta proposición.

Tercero.- Actualmente como se ha dado cuenta la opinión pública, se encuentra en litigio algunas extensiones de tierra entre los bienes comunales de San Matero Tlaltenango con el gobierno del Distrito Federal, así como con las comunidades de Santa Rosa y Magdalena Contreras, esto a consecuencia de la expropiación realizada por el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, el cual expropió 1,529 hectáreas a favor del entonces Departamento del Distrito Federal y que actualmente su superficie conforma al Parque Nacional Desierto de los Leones.

Este procedimiento expropiatorio no se realizó de forma adecuada, motivo por el cual los representantes de los comuneros, se inconformaron. Lo anterior ha generado una serie de problemática que motivan la parte fáctica de esta proposición.

Consideramos: 1º.- Que la región afectada por el incendio ha gozado de fama por su belleza boscosa y que un bosque en condiciones normales se recupera por sí solo de un incendio, sin embargo, por las condiciones de los bosques del Distrito Federal las cuales definitivamente no son normales, porque requieren del cuidado humano para su preservación, debido a que el cambio climático, la contaminación de ozono, el cual provoca deterioro y muerte de árboles y la sobre explotación del agua en el Valle de México, son factores que ocasionan que los bosques no se recuperen de manera natural, el bosque mencionado no ha dado muestras de recuperación.

2º.- Que una parte de la región afectada por los incendios se caracteriza por sus pendientes acentuadas, la falta de arbolado y abundantes lluvias características de la zona, por lo cual se está causando una rápida erosión y el arrastre a la tierra a regiones más bajas, por lo cual de seguir posponiendo la realización de un proyecto serio de saneamiento y reforestación se producirá un daño permanente e irreversible a esta importante zona de la región centro del país.

3º.-Que como consecuencia de los litigios que actualmente existen, entre los comuneros de San Mateo Tlaltenango y el Gobierno del D.F. en las zonas afectadas por el incendio de 1998, no se han realizado los programas de rehabilitación y forestación, propiciando el empeoramiento de las zonas dañadas.

Por lo anteriormente expuesto nos permitimos sugerir a esta Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo.

1º.- Que como se ha afirmado en el Considerando No. 3, el principal obstáculo por el cual no se han llevado a cabo los programas de rehabilitación y reforestación de las zonas afectadas por el incendio de 1998, lo constituyen los litigios entre los comuneros mencionados; dicha circunstancia nos obliga a pronunciarnos por un arreglo urgente, que permita que inicien y se apliquen los programas de saneamiento y reforestación de manera inmediata.

2º.- Que considerando y reconociendo que los actuales representantes de bienes comunales de San Mateo Tlaltenango, están conscientes de que su actividad no se restringe a defender la posición de acuerdo a la Legislación Agraria, sino que también tienen la responsabilidad de cuidar los bosques que son un gran beneficio a la ciudad de México, se han comprometido a solicitar el apoyo de las autoridades tanto ejecutivas y legislativas, para que se realice la reforestación requerida. Concluyo señor Presidente.

Por virtud de lo anterior, solicitamos a las autoridades del gobierno del Distrito Federal y de la Federación, que inicien los programas de forma inmediata y así poder recuperar los bosques pertenecientes al Desierto de los Leones.

3º.- Dado el deterioro mencionado se solicita, al Gobierno Federal y al Distrito Federal que se realicen los esfuerzos necesarios para el saneamiento y reforestación del Distrito Federal, se pueda realizar y también es una petición a la Comisión de Presupuesto, tanto de la Asamblea como de esta Soberanía, para prever las partidas correspondientes a efecto de realizar el mantenimiento y la reparación de esta importante zona, insisto del Distrito Federal y de la región centro. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE. Gracias señor diputado Lara Rivera.

Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo a fin de solicitar a la Auditoría Superior de la Federación, investigar el posible desvío de recursos federales por parte de la Fundación "Vamos México", tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Elías Martínez Rufino, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

EL DIP. ELIAS MARTINEZ RUFINO: Con su permiso, señor Presidente.

Proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación investigue el posible desvió de recursos públicos federales, a cargo de la Fundación "Vamos México".

Los suscritos, diputados federales, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con punto de acuerdo a fin de que la Auditoría Superior de la Federación investigue el posible desvío de recursos públicos federales de la Fundación "Vamos México", al tenor de las siguientes consideraciones:

Uno. Las políticas públicas para superar la pobreza extrema colisionan con el modelo económico puesto en marcha desde hace dos décadas. Las promesas del Gobierno Federal de reducir la pobreza, generar empleos y recuperar el poder adquisitivo de los salarios comparten su vacuidad con la de sus antecesores priístas.

Ante el abandono que hace el gobierno de su responsabilidad, las instituciones e individuos que dedican sus esfuerzos a la filantropía, la provisión de bienes a la población necesitada a través de actos voluntarios de caridad, cobran un peso específico mayor al grado de confundirse con la política pública en la materia.

Dos. La confusión entre asistencia y desarrollo social se agrega a la mezcla de lo público y lo privado, en el caso de la Fundación "Vamos México". El apoyo de la Presidencia de la República y de diversas instituciones del Gobierno Federal ha apuntalado el financiamiento y la actividad de la fundación. En su primer evento, la fundación nació con pañales de seda, en contraposición a la legislación vigente, con el préstamo del Alcázar del Castillo de Chapultepec para organizar una cena-concierto con un músico británico.

Desde un inicio tuvo a sus pies a los más renombrados líderes empresariales y servidores públicos de la nación, instituciones y grupos económicos que serían incapaces de decirle no a la Primera Dama. Imprime 78 millones de guías para padres usando el presupuesto de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito; viaja con una agenda propia en las giras presidenciales por México y el mundo, usando los recursos que para ello destina la Presidencia.

Sin el respaldo gubernamental, ninguna de las mil 700 instituciones de asistencia privada registradas en el país alcanzarían en su primer trimestre de ejercicio la recaudación de casi 72 millones de pesos. Son estos apoyos los que constituyen una clara desviación de recursos públicos, pues se utiliza el poder político para una institución de carácter privado y para fines exclusivamente personales.

A través de este organismo, la señora Martha Sahagún de Fox ha utilizado recursos públicos federales a su servicio; se ha aprovechado de su posición privilegiada e influyente como consorte del Primer Mandatario y ha generado una estructura paralela a la Presidencia de la República y a las instituciones del Estado dedicadas a la atención de pobreza extrema.

Más allá del profuso anecdotario de los cuales pueden dar cuenta diariamente los medios de comunicación de los excesos de la señora Presidenta de la fundación, preocupa a nuestro grupo parlamentario que, cubriéndose con el discurso de las buenas obras y del esfuerzo válido de sectores específicos de la sociedad para superar los problemas nacionales, se cometan actos de ilegalidad y se utilice una posición privilegiada y recursos públicos para un proyecto político personal.

Como expresa la articulista Dennis Dresher, "no se puede usar el argumento de que yendo a trabajar por mi país tengo el derecho a usar recursos federales". Hay instituciones públicas y presupuesto para ello. ¿Por qué no destinar mayores recursos a ellas?, si el afán es crear una organización privada, ¿por qué valerse ilegalmente de influyentismos y de recursos públicos federales? ¿No que aquéllos ya estaban desterrados?

La Constitución faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar los recursos federales que ejerzan los particulares, si es realidad que el gobierno actual y su partido están comprometidos con la transparencia, espero no encontrarían mayor objeción a que se haga la solicitud que contiene esta proposición.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, los suscritos someten a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Auditoría Superior de la Federación que, en ejercicio de sus atribuciones, investigue el posible desvío de recursos públicos federales cometidos a favor de la fundación "Vamos México", y si hay lugar, finque las responsabilidades que correspondan.

Firman la presente el diputado Librado Treviño del PRI y su servidor, por su atención. Muchas gracias.

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Martínez Rufino.

Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.

El siguiente punto es la proposición con Punto de Acuerdo del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a la reunión entre el Ejecutivo federal y los gobernadores de las entidades federativas.

A petición del grupo parlamentario, se pospone para la siguiente sesión.

Tiene el uso de la palabra el diputado José Narro Céspedes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en relación a la entrada en vigor del Capítulo Agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte a partir del año 2003.

A petición del grupo parlamentario, se pospone para la siguiente sesión.

Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre las acciones del Estado ante los crímenes de lesa humanidad.

No encontrándose presente en el Salón de Sesiones se pasa al final del capítulo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Luis Alberto Villarreal a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Turismo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, a fin de solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, iniciar un programa de regularización de hoteles y establecimientos turísticos irregulares en distintos destinos turísticos del país.

-EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL: Muchas gracias presidente. Con fundamento en lo que disponen los Artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Turismo venimos a proponer el siguiente Punto de Acuerdo para solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lleve a cabo un programa de regularización de hoteles y establecimientos para hospedaje irregulares en varios destinos turísticos del país, bajo las siguientes

C O N S I D E R A C I O N E S

Desde hace algunos años ha venido proliferando la creación de hoteles y establecimientos de hospedaje irregulares en distintos destinos turísticos del país, establecimientos que no dan cuenta de su ocupación ni al gobierno ni a las distintas asociaciones hoteleras que existen en México.

Esto provoca, por un lado, la falta de captación de impuestos por parte del Estado, y por el otro, la falta de datos estadísticos que permitan a la industria turística implementar políticas, programas y acciones, que ayuden a mejorar los servicios turísticos y el rumbo de los destinos que deben llevarse a cabo, en un afán de desarrollarse con mejores resultados.

La mayoría de esos establecimientos irregulares, son propiedad de extranjeros, que bajo el disfraz de casa-habitación o descaradamente como casa de huéspedes o "bed and bread fast", se dedican en internet a ofrecer servicios de alojamiento a altos precios, mismos que se pagan desde el extranjero, se depositan en cuentas en el extranjero y se quedan los recursos en el extranjero.

La falta de regulación por parte de la autoridad, deja a los huéspedes en total estado de indefensión, pues no hay autoridad alguna ni hacendaria ni de salubridad ni ninguna otra que revise la calidad de servicios que éstos prestan. La falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Hacienda, ha provocado que este tipo de negocios irregulares proliferen cada día más, al tiempo de incentivar la competencia desleal.

Es realmente desmotivante para quienes cumplen a cabalidad con sus obligaciones fiscales, otorgan seguridad social a sus trabajadores, pagan nómina, etcétera, ver cómo ante la falta de acciones de parte de la Secretaría de Hacienda estos establecimientos irregulares crecen, invitando a los propietarios de hoteles, moteles, posadas, hostales y demás negocios de alojamiento establecidos dentro del marco de la ley, a pensar que en este país hay más protección por parte de la autoridad para quienes se sitúan fuera de la ley que para los propios que la cumplen.

La industria turística nacional está en franca crisis; los lamentables acontecimientos del pasado 11 de septiembre del 2001, la recesión económica a nivel mundial, la falta de créditos accesibles, entre otras cosas, han herido profundamente a la industria. Se han cerrado cientos de negocios, se han perdido miles de empleos, la situación no es sencilla; que la omisión de la Secretaría de Hacienda y la falta de la aplicación de la ley, no le dé la puntilla a esta tan importante industria para el turismo. Son muchos años de esfuerzo, dedicación y trabajo, los que han invertido los hoteleros en este país y por tanto, esta soberanía debe darles respuesta.

Compañeras y compañeros diputados, promovemos este punto de acuerdo porque la Comisión de Turismo cree que no podemos seguir tolerando la falta de aplicación de las leyes que este Congreso ha legislado y que obligan, por una parte a la autoridad hacendaria, a cobrar los tributos que la ley establece y por otra parte, a pagar, de parte del ciudadano gobernado, los mismos tributos establecidos en ley.

Ante un Estado que requiere con urgencia recursos para cumplir con los diversos compromisos adquiridos, no podemos comprender la omisión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y su falta de regularización para estos negocios ilegales. No se trata de cacería de brujas, no se trata de medidas agresivas por parte de la Secretaría; de lo que se trata es simple y llanamente de realizar un programa de regularización para invitar a aquellos establecimientos hoy irregulares a que se regularicen, a que paguen impuestos y a que empiecen a darle a los distintos órganos de gobierno y a las distintas asociaciones hoteleras del país los datos estadísticos de la ocupación hotelera que están teniendo, para que de esta manera, se puedan implementar políticas públicas.

Le pido 30 segundos para terminar, Presidente.

EL C. PRESIDENTE.- Adelante, señor diputado.

EL C. DIPUTADO LUIS ALBERTO VILLARREAL GARCIA.- Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la aprobación de esta Asamblea el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la creación de un programa de regularización de establecimientos para alojamiento que actualmente trabajan de manera irregular en distintos destinos turísticos del país.

Segundo. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informe a esta soberanía en un lapso breve, del programa de regularización que pretenda instaurar, para dar cumplimiento al punto anterior y de igual forma, informe periódicamente los resultados de la ejecución del programa correspondiente.

Por su atención, muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE.- Gracias, señor diputado Luis Alberto Villarreal.

Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.

El señor diputado José Manuel Del Río Virgen, quien habría de presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el proceso de entrega de concesiones de Ferrocarriles Nacionales de México, ha solicitado diferirlo para la siguiente sesión.

En consecuencia, tiene el uso de la palabra el señor diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un punto de acuerdo a fin de exhortar a todas las estaciones de radio y televisión a celebrar el día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de los Niños, promovido por UNICEF, así como a la Secretaría de Gobernación para otorgar todas las facilidades a las propias estaciones a fin de que realicen esa celebración.

En virtud de que no se encuentra presente en el salón, pasa al final del capítulo.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la instalación de terminales de gas en las playas de Tijuana.

En virtud de no encontrarse presente en el salín de sesiones, pasa al final del capítulo.

El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México ha solicitado posponer para la siguiente sesión la proposición con punto de acuerdo para convocar a una Convención Nacional Fiscal.

De la misma manera, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha solicitado diferir para la siguiente sesión la proposición con punto de acuerdo en relación con el proceso poselectoral en el estado de Hidalgo.

Tiene el uso de la palabra, en consecuencia, el señor diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien durante los cinco minutos que le son concedidos presentará una proposición con punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal información sobre el estado que guardan algunas áreas de la administración pública federal.

EL C. DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ: Señor presidente, muchas gracias. Yo desearía proponerle a la presidencia que antes de que empiecen a contar los cinco minutos con los que fui amenazado al subir aquí a la tribuna, considerara, señor presidente, que yo he, desde hace ya un largo tiempo, sometido a la consideración de los organismos burocráticos que coordinan la Cámara la posibilidad de presentar dos puntos de acuerdo que no entiendo cómo se van posponiendo de manera parece que indefinida en la presentación en la tribuna.

Los dos puntos tienen que ver con las mismas cuestiones y, ante la posibilidad bastante cierta de que no pueda yo volver a subir a esta tribuna pues ya llevo esperando casi dos meses, ¿quisiera la presidencia tener la gentileza de dejarme tres minutos y presentar los dos puntos de una vez, señor presidente? No será la primera vez que hacemos una mezcla reglamentaria con el ánimo de condescender con todos los compañeros diputados. Creo que merezco que me hagan esta concesión a mí. ¿Cómo la ve, señor presidente?

EL C. PRESIDENTE: Le fueron concedidos no tres sino cinco minutos, señor diputado.

EL C. DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ: Miren, señores, yo intenté presentar este punto de acuerdo en su momento, que era cuando pretendíamos recibir la comparecencia del señor secretario de Hacienda; ya hace algún tiempo que ocurrió.

El propósito es muy sencillo; no voy a leer el documento sino simplemente comentarles a ustedes que si vamos a discutir el presupuesto en estas limitaciones y con estas astringencias que se advierten, por qué no primero preguntamos los diputados qué ha pasado con esta importante creación burocrática del presidente de la República que, en su decreto del 4 de diciembre del año 2000, creó un sinnúmero de oficinas que, si me permiten, les voy a dar lectura.

Este decreto creó la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, la Oficina para las Políticas Públicas, la Oficina para la Planeación Estratégica y el Desarrollo Regional, la Comisión para el Desarrollo Social y Humano, "La Comisión para el Crecimiento con Calidad", "La Comisión para el Desarrollo Social", "La Oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas", "El Consejo Nacional Consultivo para la Integración de las Personas con Discapacidad", "El Consejo Nacional Consultivo para las Comunidades Mexicanas en el Exterior", y "La Coordinación Presidencial para la alianza Ciudadana":

Pero además creó las oficinas de "Coordinación General de Comunicación Social", "La Coordinación General de Opinión Pública e Imagen", "La Figura del Consejero Presidencial de Seguridad Nacional", "La Comisión para Asuntos de la Frontera Norte", "La Coordinación General del Plan Puebla-Panamá", El Consejo Nacional para la Infancia y la Adolescencia, y El Consejo Nacional de la Educación para la Vida y el Trabajo".

En el transcurso de los días, después de su creación, por la prensa nos hemos enterado que algunas de estas oficinas ya desaparecieron; algunas otras se han transformado en dependencias burocráticas de Secretarías de Estado y otras olímpicamente no sabemos si existen, no existen, cuánto gastan, a quién le rinden cuentas, para qué sirven.

Quiero suponer que no la desaparición de estas oficinas es porque suponen que ya los problemas a que se iban a dedicar ya se resolvieron. Pues si es el caso, bueno, pues vale la pena que lo sepamos.

El problema es que la difusión del Presupuesto nadie pregunta qué pasó con esto, a dónde rindieron este informe de la conclusión de sus labores, cuánto costó el desempeño de esas oficinas y todavía me atrevo a decir: ¿hay alguna responsabilidad en andar inventando oficinas que al poco rato no sirven para nada?

Mi punto de acuerdo era para suplicarle a la Comisión de Programación y Presupuesto, solicite la información por conducto de la Secretaría de Gobernación a efecto de que nos digan qué ha pasado con todo este grupo de oficinas, algunas de las cuales ya resultan en su título verdaderamente irónicas, eso de "imagen" y "eficacia" Y "calidad" me parece que es irónico ya decirlo, y que nos sirva de base para ver si podemos resolver de alguna manera algo a que se refiere mi segundo Punto de Acuerdo, que es decirles a todos ustedes, amigas y amigos, que mi segundo Punto de Acuerdo que lo voy a tratar atropelladamente, quisiera hacerlo con gran detenimiento, ya no tengo tiempo, pero es para que si es posible la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública acordara que concluyeran algunas carreteras del estado de Chiapas que están pendientes de conclusión desde hace mucho tiempo y que ya tienen la necesidad de concluirse, porque vean, todo mundo habla de Chiapas, de la necesidad de que se desarrollo, de que vengan las inversiones; los que son de esta filosofía capitalista dicen. "Bueno, que lleguen las inversiones a Chiapas".

Pero yo digo, amigas y amigos diputados, que si no pueden llegar físicamente los inversionistas ¿cómo van a llegar las inversiones?

La carretera que comunica a México con la capital del estado le falta un puente desde hace varios años, y la carretera de la capital del estado con la zona de los altos y las selvas les falta otro puente también que parece nunca se podrá realizar.

Si pudiéramos tener el informe de qué ha pasado con este dispendio gubernamental a lo mejor la voluntad de los amigos interesados en el estado de Chiapas consiguen que por fin se concluyan estas carreteras.

Dejo mis Puntos de Acuerdo, señor Presidente, y perdonen por el abuso de pasar los dos de una vez. Muchas gracias.

- EL C. PRESIDENTE Gracias, señor diputado César Augusto Santiago.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

- EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE Adelante, diputado Tomás Torres.

- EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO (Desde su curul): Señor Presidente, por su conducto para solicitarle al diputado César Augusto Santiago, si lo ve pertinente, que suscriba el Punto de Acuerdo número dos que ha presentado el señor diputado, y como miembro además de la Mesa Directiva de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Y por lo demás, bueno, asumiría el planteamiento del señor diputado a virtud de que teniendo interés de expresar dos puntos de acuerdo, aunque ya ha concluido en el desahogo de otras sesiones, con suficiencia se ha dado tiempo a los compañeros diputados para concluir con sus participaciones. Y era sólo una expresión de solidaridad por los temas importantes.

- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.

Le consulto al señor diputado César Augusto Santiago si no tiene inconveniente que el diputado Tomás Torres suscriba el segundo de los puntos de acuerdo que presentó.

- EL C. DIPUTADO CÉSAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ: No.

- EL C. PRESIDENTE: Ambos puntos de acuerdo han sido turnados a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo a fin de solicitar que la Semarnat promueva el decreto por medio del cual se constituya como área natural protegida el Sistema de Cavernas localizado en la sierra de Huautla de Jiménez, en el estado de Oaxaca, definiendo los programas de manejo y de ordenamiento ecológico que corresponden conforme a lo previsto en la ley de la materia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos el señor diputado Pablo de Jesús Arnaud Carreño, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

En virtud de no encontrarse presente en el salón de sesiones el señor diputado Pablo de Jesús Arnaud Carreño, pasa su turno al final del capítulo.

Para presentar una propuesta con punto de acuerdo sobre la aplicación del artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2002 y las partidas específicas para pueblos indios, establecido en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

- LA C. DIPUTADA GENOVEVA DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ (PRD): Con su permiso, señor Presidente.

"Punto de acuerdo sobre la aplicación del artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2002 y las partidas específicas para pueblos indios, establecida en el artículo 2 de la Constitución General de la República.

"Con fundamento en lo ordenado en los artículos 74 fracciones V y VIII, 77 fracción I, 108 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, 43 y 44 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a someter a consideración de esta honorable asamblea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el siguiente

" P u n t o d e A c u e r d o

"Punto de acuerdo de esta Cámara para solicitar a la Presidencia de la República, a los gobernadores de los estados y por su conducto a los ayuntamientos de todo el país, un informe sobre la situación que guarda la aplicación del artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación del año 2002, que obliga a la transferencia de programas del Instituto Nacional Indigenista y Programa Nacional de Zonas Aridas, así como de la aprobación y aplicación de las partidas presupuestarias específicas para pueblos indios para este mismo año, establecida en el articulo 2 de la Constitución General de la República.

"La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutió en la madrugada del día 1º de enero el Presupuesto de Egresos de la Federación. Durante las últimas horas del día 31 de diciembre de 2001 fue introducido el transitorio décimo sexto. En este sentido se obliga al Instituto Nacional Indigenista a trasladar a las entidades federativas sus programas, bienes muebles, inmuebles y personal, obligando también a hacer lo mismo como el programa de zonas áridas.

"El INI fue aprobado por decreto del Congreso de la Unión y este transitorio no lo desaparece sino que le reasigna sus programas, porque hasta la fecha no existe ninguna iniciativa que modifique el decreto sobre el INI, que de llegar el mes de diciembre el Congreso deberá incorporar al INI el presupuesto del año de 2003, reasignándole nuevamente un presupuesto ya que es una dependencia existente y que forma parte de la administración pública.

"El debate se encuentra en la aplicación de la política hacia los pueblos indios y una vez reformada la Constitución General corresponde a las entidades federativas y a los municipios su desarrollo. Por lo que el papel del Ejecutivo en este ámbito está en discusión, así como las oficinas y personal dedicado a esta tarea.

"El Instituto Nacional Indigenista ha convocado a una consulta nacional que a decir de sus propios documentos pretende dos objetivos básicos: la construcción de una nueva relación entre el Estado, los pueblos indios y la sociedad nacional y una reforma del Instituto Nacional Indigenista.

"Para que esta Cámara inicie un debate más a fondo sobre el tema es necesario considerar que el Instituto Nacional Indigenista es un organismo que depende del gobierno federal y que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios.

"La crítica al papel del INI y a la política indigenista en el país a lo largo de las últimas décadas, ocupa ya un importante acervo, pero éstas no han dado lugar a alternativas que solucionen la pobreza, la marginación, discriminación y derechos de los pueblos indios, la política asistencialista, integracionista, que persisten.

"Los indios mexicanos desde su conquista por los europeos, han mantenido sus demandas y han luchado por ellas en las más diversas formas, por ello, cada paso que hasta ahora ha dado el Congreso de la Unión en materia indígena, no es más que la ratificación minuciosa de la restricción a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas; lo mismo sucede con las Legislaturas locales, ya sea en materia de derechos lingüísticos, de justicia o de educación. Esto es sólo una reasignación de los programas del presupuesto federal y no de transformación institucional.

"El Partido de la Revolución Democrática no está por la desaparición del INI y mucho menos con el procedimiento aplicado de la irregular reasignación de sus programas, sí como de las zonas áridas a los estados, más bien planteamos la transformación del mencionado instituto en un organismo autónomo. Es por ello que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda:

"Primero.- Solicitar a la Presidencia de la República, a la Secretaría de Desarrollo Social y al Instituto Nacional Indigenista, informe de la situación de aplicación de los programas presupuestarios asignados al INI y al Programa de Zonas Áridas.

"Tercero.- Solicita a los Congresos de los Estados informen a esta Cámara sobre la aprobación de las partidas específicas para pueblos indios, establecida en el artículo 2º de la Constitución General de la República.

"Cuarto.- Solicitar a los gobernadores de las entidades federativas, para que por su conducto los ayuntamientos de todo el país informen a esta Cámara sobre la aprobación de las partidas específicas para pueblos indios, establecida en el artículo 2º de la Constitución General de la República".

Muchas gracias.

-PRESIDENTE. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias diputada Genoveva Domínguez.

Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Dueñas Llerenas, a nombre de diputados de diversos grupos parlamentarios , para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, a fin de que el Ejecutivo Federal prorrogue la vigencia del arancel aplicable a las importaciones de aceites de coco y de almendra de palma.

-DIP. J. JESÚS DUEÑAS LLERENAS: Con su permiso, señor Presidente.

"Los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Cámara de Diputados, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo al tenor de los siguientes

"CONSIDERANDOS

"Que la producción de la copra es una actividad económica de la que dependen productores de diversas entidades del país, como son Guerrero, Colima, Tabasco, Oaxaca y Campeche.

"Que la actividad coprera nacional atraviesa por una difícil situación, derivada tanto de problemas estructurales como de las condiciones del mercado internacional, afectando a los productores y a todas las regiones copreras del país.

"El precio de la copra nacional depende significativamente del comportamiento del precio internacional del aceite de coco, que a su vez depende de la oferta que registran los principales países productores.

"Que en los últimos años los precios internacionales han mostrado una tendencia a la baja, lo que se ha traducido en crecientes importaciones por el sector industrial, impactando negativamente  en el precio de la copra nacional.

El sector enfrenta situaciones que agravan la crisis de las regiones copreras como longevidad en las plantaciones, utilización de variedades de bajo rendimiento, escasa tecnificación de las plantaciones, ausencia de mejoramiento genético, entre otros, escasa atención a las áreas atacadas por enfermedades como es el amarillamiento letal, lo que provoca que la superficie coprera haya caido en los ´ultimos años.

La disminución de las superficies cosechadas deriva en estancamiento de la producción y reducción de los rendimientos ocasionando pérdida de competitividad con los consecuentes daños al sector coprero nacional. Que de mantenerse las condiciones actuales, la superficie dedicada al cultivo de reducir aún más, agudizará el problema de abandono de la actividad como principal fuente de ingresos de los productores nacionales de copra.

En el presente año, el Gobierno Federal instrumentó medidas temporales en materia de política comercial y arancelaria para mejorar las condiciones de los productores nacionales, en tanto se concentran acciones de cambio estructural para el sector.

Que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Abril del 2002, de este año, se estableció un arancel a las importaciones de aceite de coco y almendra de palma del 45% máximo permitido en la Organización Mundial del Comercio, que permanecerá vigente hasta el 31 de Diciembre del 2002.

Que con el fin de apoyar la cadena agro industrial de la copra y resolver los problemas estructurales de su producción, el Gobierno Federal ha instrumentado, conjuntamente con los Gobiernos Estatales, los productores y la industria jabonera, medidas que permitan mejorar de manera sostenible la productividad de la actividad y el ingreso de los productores.

Que estas acciones de carácter estructural para mejorar la integración de la cadena agro alimentaria, elevar la productividad y diversificar las fuentes de ingreso de los productores, se concentran en el Programa de Desarrollo Integral cuyos avances han sido limitados para dar una respuesta inmediata a las demandas de los productores copreros.

Que el aumento de los aranceles en la copra es solo una medida parcial y que para resolver el problema de los productores nacionales de este producto se requieren medidas estructurales tendientes a mejorar la productividad y el ingreso de los productores.

Señor Presidente, pido un poco de tiempo para concluir.

-EL C. PRESIDENTE. Le ruego concluir señor Diputado por favor.

Por lo anteriormente expuesto sometemos a consideración de esta Soberanía, el siguiente Punto de Acuerdo.

1º.- Que el Ejecutivo Federal informe a esta Cámara de Diputados sobre el grado de avance de las acciones implementadas para elevar la productividad en los copreros, mejorar la integración de la cadena agro alimentaria para diversificar las fuentes de ingreso de los productores.

2º.- Que considerando que la información anterior se considera que sigan vigentes los aranceles aplicables del 45% a la importación de aceite de coco y aceites de palma y copra.

Por su atención, muchas gracias.

Suscriben este Punto de Acuerdo, Diputados del PRI, del VERDE ECOLOTISTA, del PAN y del PRD.

Los Diputados Celestino Bailón, Santiago Guerrero, Jesús Dueñas, Tomás Ríos ye Diputado Francisco Arano.

Por su atención, muchas gracias. (aplausos)

-EL C. PRESIDENTE: Gracias señor Diputado. Esta Presidencia turna a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial la Proposición con Punto de Acuerdo que ha sido presentada por el señor Diputado Jesús Dueñas Llerena.

La Proposición con Punto de Acuerdo para que se declare el Año 2003.

- EL C. DIP. JOSE CARLOS LUNA: Con su permiso señor Presidente.

- EL C. PRESIDENTE: Adelante señor diputado.

- EL C. DIP. JOSE CARLOS LUNA: Hago uso de la tribuna para retomar un tema que será recurrente en los próximos años: la comercialización de granos.

Hoy quiero subrayar la situación particular del frijol. Hace exactamente dos años propusimos que a través de ASERCA, los gobiernos de los Estados y organizaciones de productores con la vigilancia de este Poder Legislativo de por medio, ejercieran los recursos fiscales necesarios para apoyar directamente a los productores de frijol, grano básico en la alimentación del pueblo mexicano.

Para este ejercicio fiscal del año 2002, se concretó en el Presupuesto de Egresos de la Federación un monto significativo de apoyo para comercializar el frijol dentro del programa de apoyos directos a la comercialización y desarrollo de mercados regionales.

De cero pesos en el año 2000, se han asignado por el Gobierno del presidente Vicente Fox y avalado por esta Legislatura Federal más de 500 millones para el Estado de Zacatecas, más de 200 millones. Diríamos que es un subsidio razonable, tomando en cuenta que el mercado del frijol siempre será difícil, muy difícil, quizás el más complejo de todos los granos básicos nacionales.

Una vez concretados en el Presupuesto esos apoyos, el Gobierno Federal en coordinación con los Gobiernos de los Estados han buscado la mejor mecánica de aplicación de dicho subsidio de forma tal que pueda ir retocándose para alcanzar mejores niveles de organización y distribución de dichos apoyos. Así, esta intervención tiene la intención de estimular nuevas exploraciones para mejorar las formas de asignación de esos recursos fiscales puesto que hemos intentado captar de manera directa ya no la problemática sino la parte de las soluciones que otean en el horizonte por parte de los productores del frijol, por lo menos de Zacatecas, sembrador del 40% de la cosecha frijolera de México.

Desde el inicio de nuestro ejercicio constitucional, los diputados federales de esta LVIII Legislatura nos hemos abocado a escuchar y a atender las demandas de la población que nos eligió como sus representantes. Es por ello que hemos logrado un subsidio acumulado de más de 500 millones de pesos para comercializar el frijol, sin embargo estamos obligados a convertir estas medidas en un proceso de aprendizaje acerca de lo que sí funciona y de convertir la obligación de prepararnos para la competencia comercial sin protección arancelaria en un círculo virtuoso de apoyo mutuo.

De ahí las exigencias o excitativas legislativas como éstas ya que la gente del campo requiere de las mejores herramientas y apoyos para salir adelante y facilitarles el proceso del cambio que más adelante dependerá fundamentalmente de su propio esfuerzo y energía.

Es indiscutible que un factor de alta influencia será aquél en que nuestros productores sepan comercializar de mejor manera sus productos porque en las unidades eminentemente agrícolas como Zacatecas, cuya infraestructura económica sigue trazada sobre sus actividades agropecuarias y el frijol ocupa su principal prioridad, no hemos logrado avanzar en el establecimiento de una cultura misma de los agronegocios por lo que tampoco hemos podido darle valor agregado a nuestro frijol a pesar de los apoyos federales para la comercialización.

Necesitamos verificar que los apoyos a la comercialización de frijol establecidas dentro del programa de apoyos directos a la comercialización y desarrollo de mercados regionales tengan una mejor y más amplia redistribución con espíritu federalista y democrático y sin que se condicione a esquemas únicos o a la influencia de los partidos políticos sino que los productores tengan la mayor oportunidad de tener acceso a este tipo de apalancamiento financiero sin mayor restricción que el cumplimiento de los lineamientos legales.

Debemos incluir dentro del blindaje agropecuario, instrumentos que el Ejecutivo Federal se amplié la cobertura de apoyos otorgados por ASERCA para nuevas integradoras y poder mitigar la comercialización realizada sin valor agregados en las zonas de origen y la falta de organización de la oferta.

Lo anterior será determinante para Zacatecas y también para el país, reiterando que la cosecha del frijol zacatecano fija en gran medida los términos del abasto y los precios del segundo alimento básico del pueblo mexicano. Estamos ante el reto de poder demostrar que los productores mexicanos podemos competir en el ámbito internacional.

Señor Presidente, pido tiempo para concluir.

- EL C. PRESIDENTE: Le ruego concluir señor diputado.

EL C. DIP. JOSE CARLOS LUNA: Gracias señor Presidente.

Esto sólo se podrá lograr si los gobiernos en todos sus niveles, junto con la cadena productiva del frijol, somos capaces de articular, programas de productividad regional y nacional.

El actual subsidio y la Ley de Capitalización de PROCAMPO, representan fuentes muy importantes de recursos para generar proyectos que permitan meternos de lleno a los nuevos términos de la apertura comercial mundial. Hagamos de los retos una oportunidad.

Por lo anteriormente expuesto el suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura, en la Cámara de Diputados y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta H. Asamblea, el siguiente punto de acuerdo:

1º.- Que esta representación social solicite a la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación, que dentro del blindaje agropecuario se haga una revisión y redistribución de los apoyos a la comercialización, dentro del programa de apoyos directos a la comercialización y desarrollo del mercado regionales.

2º.- Que esta Cámara de Diputados, exhorte a la SAGARPA para que el actual subsidio a Zacatecas y para cualquier entidad federativa, pueda ser aprovechado no solo por una integradora sino por varias de ellas y así diversificar la comercialización.

Por su atención. Muchas gracias.

EL C. PRESIDENTE: Gracias señor diputado Luna Salas.

Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.

Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con los trabajos de la Sección Instructora.

EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, compañero Presidente de la Mesa Directiva en funciones.

Durante el mes de septiembre participamos en lo que ha sido el más intenso debate que se ha sostenido en esta Cámara de Diputados, durante esta LVII Legislatura. Se trató de votar la integración de la Sección Instructora de esta Cámara, para poder substanciar los procedimientos de declaración de procedencia y cuando llegaré, de juicio político, que se encontraban presentados ante la Secretaría General de este Organo del Estado.

Y se dieron argumentos por los partidos políticos representados, unos para argumentar la legalidad, otros la ilegalidad, pero finalmente hubiera sido una vergüenza para los 500 diputados o diputadas, que las obligaciones constitucionales de tramitar esos procedimientos, no se hubieran podido llevar a cabo por la falta de acuerdo o de la conclusión del procedimiento legislativo que tenía que ver con ello. Se instaló bajo un ambiente de mucha tensión y de mucho conflicto, y sus trabajos se iniciaron.

Para nosotros resulta preocupante que dichos trabajos no pudieran concluir para este periodo ordinario de sesiones y es que, si bien valdría como estrategia de defensa la de proponer diligencias dilatorias para conseguir que la Sección Instructora no concluya sus trabajos en este periodo, también lo es que los diputados debemos tener una opinión sobre lo que se está haciendo en dicho órgano.

Nos preocupó también la ampliación del plazo concedido a los señores legisladores líderes petroleros, a 20 días, porque finalmente con ello lo que se estaba estableciendo es que ante la Sección Instructora debería de tramitarse un procedimiento en forma de juicio. Y no es así, lo que la Sección Instructora tiene que hacer es calificar la pertinencia para que uno de los miembros de esta Cámara o de otro órgano, o que tuviere fuero, deba separarse. Es lo que tiene que calificar y tal parece que esa estrategia de generar la impresión para que se piense que ante la Sección Instructora deba tramitarse un procedimiento en forma de juicio, se continúa.

Tenemos en nuestros escritorios fotocopias de las pruebas que presentó ante la Sección nuestro compañero diputado Carlos Romero Deschamps y eso es lo que se pretende, que se genere la impresión que hay que tramitar todo un juicio en la Sección Instructora, lo otro es permitir que en las instalaciones de la Cámara se puedan desahogar conferencias de prensa por quienes no son diputados, aun cuando sean sus representantes, como ocurrió el día de ayer con los diputados de don Carlos Romero, cuando utilizaron la sala de prensa de esta Cámara sin que estuviera presente ningún legislador.

Así que es preocupante que estén ocurriendo este tipo de hechos y por eso nos pronunciamos para que los 500 legisladores estemos pendientes de cómo se están desarrollando los trabajos en la Sección Instructora y para que por conducto de la Conferencia de la Programación de los Trabajos de esta Cámara, se pueda exhortar a ese órgano del Estado para que concluya sus trabajos a más tardar el día 15 de diciembre, fecha límite de este periodo ordinario de sesiones.

Esa es la propuesta que hacemos y la dejamos a su consideración. El planteamiento no es para dictaminar a favor o en contra; es para analizar y para combatir la impunidad.

Muchas gracias.

EL PRESIDENTE: Gracias, señor diputado Barbosa.

Túrnese a la Comisión Jurisdiccional y a la Conferencia para la Programación de los Trabajos, como lo ha pedido el diputado Barbosa, a ambas.

A petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, se pospone para la siguiente sesión la proposición con punto de acuerdo para exhortar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que concluya a la brevedad posible, la obra del distribuidor vial Troncoso-Zaragoza, en la Delegación Venustiano Carranza.

Le ruego a la Secretaría dar cuenta con el comunicado de la Junta de Coordinación Política.

-LA C. SECRETARIA ADELA CEREZO BAUTISTA:

(Comunicación de la Junta de Coordinación Política.

C. diputada Miroslava García Suárez)

-EL C. PRESIDENTE: De enterado.

En virtud de que ha transcurrido el tiempo para el desarrollo de la sesión, le ruego a la Secretaría dar cuenta con el Orden del Día para la siguiente.

-LA MISMA C. SECRETARIA:

(Lectura Orden del Día)

-EL C. PRESIDENTE (a LAS 15:32 HRS.): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 3 de diciembre a las 10:00 horas).