SESION DEL
PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS DE LA LVIII LEGISLATURA
-PRESIDENTA DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: Ruego a la secretaría haga del conocimiento de esta presidencia el resultado del cómputo de asistencia de los ciudadanos diputados.
-SRIA. DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 282 diputados, por lo tanto, hay quórum.
-PRESIDENTA: (A las 11:14) Se abre la sesión.
Proceda la secretaría a dar lectura al orden del día.
-MISMA SECRETARIA:
(Da lectura al Orden del Día)
-PRESIDENTA: Está a consideración el Orden del Día. No habiendo ningún comentario le ruego a la secretaría poner a discusión y votación de inmediato el acta de la sesión anterior.
-MISMA SECRETARIA: Está a discusión el acta.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
-PRESIDENTA: Aprobada el acta.
Pasamos al capítulo de Comunicaciones.
-MISMA SECRETARIA:
(Comunicación de la Mesa Directiva sobre los Informes de Actividades de Comisiones)
-PRESIDENTA: En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria, remítanse los originales a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y también para que quede registrado en el archivo de la Cámara.
DIP. SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Relación de informes de gestiones en relación a proposiciones con puntos de acuerdo, mismos que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria del día 7 de octubre de las siguientes comisiones de trabajo: Agricultura y Ganadería, Comercio y Fomento Industrial y de Comunicaciones y Transportes)
-PRESIDENTA: Deseo que quede claro a los compañeros legisladores y legisladoras, que estamos dándole trámite a puntos de acuerdo y gestiones que se hicieron de puntos de acuerdo, por las respectivas comisiones y que las gestiones respectivas han sido publicadas en la Gaceta Parlamentaria del
7 de octubre. Por lo que se tienen por desahogados y archívense los expedientes como asuntos concluidos.
Márquese una copia al diputado proponente del Punto de Acuerdo respectivo en cada caso.
-MISMO SECRETARIO:
(Comunicación de la Mesa Directiva sobre solicitudes de diversas comisiones para cambio de turno de iniciativas y proposiciones con Punto de Acuerdo)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Como se solicita, se obsequian las peticiones y publíquense en la Gaceta Parlamentaria.
Continúe la secretaría.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE JUNTA DE COORDINACIÓN
POLITICA SOBRE LA MODIFICACION DE LA INTEGRACION
DE INTEGRANTES DE LA COMISION ESPECIAL SUR- SURESTE, INSERTESE)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTA: Aprobado.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR:
(LECTURA COMUNICACIÓN DE LA JUNTA DE COORDINACION POLITICA RELATIVA A LA COMISION ESPECIAL RELATIVA AL FONDEM, INSERTESE)
En votación económica se pregunta si se aprueba.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(VOTACION)
LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ PAREDES RANGEL: Aprobado.
EL MISMO C. SECRETARIO:
(LECTURA COMUNICACIÓN DEL CONGRESO DE
MICHOACAN, INSERTESE)
LA C. PRESIDENTA: Para asistir a la ceremonia con motivo del 188 aniversario de la expedición del decreto constitucional para la libertad de la América Latina se designa a los siguientes ciudadanos diputados, en representación de esta honorable Cámara:
Diputado Agustín Trujillo Iñiguez, diputado Ramón Ponce Contreras, diputado Donaldo Ortíz Colín, diputado Félix Castellanos Hernández.
Compañeras y compañeros legisladores: esta Mesa Directiva se une a la pena que embarga a nuestro compañero diputado Juan Manuel Martínez Nava y les ruega a todos ustedes guardemos un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de su hermano, el licenciado Noé Armando Martínez Nava. Les ruego nos pongamos de pie.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, continúe la Secretaría con los asuntos agendados.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Guanajuato que comunica la clausura del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio y la instalación de la Comisión Permanente)
- LA C. PRESIDENTA: De Enterado.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Estado de Guanajuato que remite Punto de Acuerdo por el que
se adhiere al acuerdo aprobado por el Congreso del Estado de Jalisco
para exhortar a diversas autoridades para que intervengan en el ajuste
de los precios del gas licuado por kilo)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Tlaxcala que remite Punto de Acuerdo
por el que solicita se reformen las Leyes de Ahorro y Crédito Popular,
General de Sociedades Cooperativas y a la Legislación Fiscal Federal)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Fomento Cooperativo y Economía Social y de Hacienda y Crédito Público.
- EL C. SECRETARIO DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN:
(Del Congreso del Estado de Zacatecas que comunica el
inicio del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del
Segundo Año de Ejercicio Constitucional y la integración
de la Mesa Directiva para el primer mes)
- LA C. PRESIDENTA: De enterado.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Del Congreso del Estado de Zacatecas que comunica
que el diputado profesor Marco Vinicio Flores Chávez
asumió la Presidencia de la Comisión de Régimen Interno
y Concertación Política)
- LA C. PRESIDENTA: De enterado.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal,
Segunda Legislatura, que comunica la Mesa
Directiva que coordinará los trabajos durante el
Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del Tercer
Año de Ejercicio correspondiente al periodo comprendido
Del 1º., al 31 de octubre de 2002)
- LA C. PRESIDENTA: De enterado.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Oficios de la Secretaría de Gobernación.
(Del C. Luis Ernesto Derbez Bautista)
- LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Del C. Rodolfo Elizondo Torres)
- LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(De la C. Amanda Mireya Terán Munguía)
- LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Del C. José Armando Tamayo Castillas)
- LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
- EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIÁN RIVERA PÉREZ (PAN):
(Da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita
el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Ernesto
Estrada Bustamante pueda aceptar y usar las condecoraciones de la Orden
Al Mérito Estrella de Carabobo, en su única clase y de Legión al Mérito
Aeronáutico, en su segunda clase, que le confiere el gobierno de la
República Bolivariana de Venezuela)
- LA C. PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
- EL MISMO C. SECRETARIO:
(Da lectura al oficio de la Secretaría de Gobernación con el que envía el informe
de la Secretaría de Economía, relativo a la asignación y el ejercicio de las cuotas
mínimas y adicionales de los productos señalados en el artículo 4º transitorio de
la Ley de Ingresos de la Federación, correspondiente al primer semestre de 2002)
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Pasamos al capítulo de iniciativas.
En consecuencia, se ofrece el uso de la palabra a la diputada Irma Piñeyro Arias, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida constitucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas en la región Loxicha del estado de Oaxaca.
LA C. DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS (PRI): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeros Diputados;
Compañeras Diputadas:
"Iniciativa de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región loxicha del estado de Oaxaca.
"E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s
"La vigencia de la ley es un bien inestimable en toda sociedad. Ese es un principio que nos hemos acostumbrado a valorar como ordenador de la vida social. No todos los seres humanos estamos sometidos a la misma realidad ni tenemos por supuesto las mismas oportunidades de optar por destinos dentro de satisfactores y normas establecidas y aceptadas por el orden jurídico.
"Muchos de nuestros compatriotas han optado, suponemos que se han visto obligados a hacerlo, por otras soluciones para su vida y la de los suyos. El elegir un camino diferente para encauzar sus demandas, el decidir quebrantar las normas tiene motivos muy fuertes y raíces muy hondas.
"La necesidad de ser escuchados, de plantear sus peticiones que nuestras leyes reconocen pero no siempre facilitan, ha llevado a hermanos oaxaqueños a tomar las armas. Tal vez ignorando que la violencia no es el camino fácil ni idóneo para la solución de problemas de cambio estructural que necesitan de coyunturas apropiadas y voluntades conjuntas.
"Aunque la ignorancia de la ley no sirve de excusa para su incumplimiento, los legisladores tenemos que tener presente que no siempre se les trató de acuerdo a su desigualdad económica, social y cultural. La cuesta de la marginación, la pobreza, la falta de oportunidades, no es fácil de remontar en situaciones adversas muy difíciles.
"Estas consideraciones no conllevan una disculpa, que no la hay para la violación de la ley, pero sí a la comprensión de la desesperanza, a la explicación de conductas fuera del marco legal que han sido inspiradas como reivindicación ante situaciones inequitativas son indígenas pobres entre pobres.
"Tampoco olvidamos la situación de las mujeres loxichas que han vivido ancestralmente en la marginación, monolingües en su mayoría, con un elevado índice de analfabetismo, múltiples embarazos, desnutrición y excesivas jornadas de trabajo. Que se han visto enfrentadas a situaciones que les obligaron a tomar actitudes sin precedentes en sus vidas de usos y costumbres. El temor las desplazó de la vida comunitaria, resquebrajó los lazos tradicionales, las dejó a un lado del devenir cotidiano, lo cual significó otra forma de violencia.
"La historia nos habla solo de los hombres. Cinco años de investigaciones, actuaciones y testimonios no nos refieren el destino de estas mujeres loxichas que tomaban el lugar de los hombres de su familia y además se organizaron en comités para luchar por su libertad, en medio del temor y la discriminación.
"Si bien los procesos a quienes delinquieron en la región loxicha del estado de Oaxaca los estamos revisando bajo la perspectiva de la justicia y los derechos humanos, tenemos claro que la posible excarcelación bajo la forma que sea, debe ser realizada solo por las vías jurídicas correspondientes dentro de la técnica legal más inobjetable, para no violentar un Estado de Derecho que a todos debe proteger.
"La paz como bien de la comunidad debe ser preservada mediante los medios que nuestra Constitución Política nos proporciona. Entendemos que una ley es medio apropiado para curar las heridas de un grupo humano que ha sido lastimado por la historia y soslayado por el desarrollo. Se han girado cientos de órdenes de aprehensión para sus integrantes. Hay que dejar claro que una amnistía general es un asunto de Estado, que impacta a la sociedad y a las autoridades competentes para su aplicación. Por lo cual proponemos un proyecto especifico, diseñado de la manera que creemos más apropiada para su acuciosa delimitación que facilite la reinserción de los involucrados de manera pacífica en sus familias, comunidades, municipios y regiones.
"En el marco de este espíritu conciliador y por iniciativa del gobernador de la entidad, José Murat, la LVIII Legislatura del Estado de Oaxaca, aprobó el 8 de diciembre del año 2000 una Ley de Amnistía para el Estado de Oaxaca, para los delitos del ámbito estatal, por la cual obtuvieron la libertad 214 personas comprendidas en sus supuestos. Asimismo se exhortó a este Honorable Congreso de la Unión, a fin de que legisle en términos similares para brindar amnistía por delitos del orden federal.
"El proyecto de Ley de Amnistía para las personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca, es un texto que acota los sujetos, el espacio y el tiempo y se refiere a delitos del orden federal.
"La intención es que su aplicación sea cierta, eficiente y no se presente la posibilidad de hacer una interpretación extensiva a casos que no estén comprendidos en esta iniciativa, cuyo objetivo es el logro de la distensión y la paz social en el estado.
"Es por eso que en esta iniciativa de Ley de Amnistía, se ha tenido en cuenta la necesidad de una definición clara de los tres elementos enunciados: a) sujetos, b) ámbito espacial de aplicación de la norma y, c) delimitación del tiempo que comprenderán los actos objeto de esta ley.
"a) Los sujetos de esta norma serán los enunciados en el título, es decir, las personas que impulsadas por motivaciones sociales cometieron actos presuntamente delictivos que alteraron la seguridad y la normalidad de las instituciones y de la sociedad.
"b) El ámbito espacial queda delimitado en el artículo 1º de la región Loxicha del estado de Oaxaca, relacionándose en el texto los municipios en los cuales ocurrieron los hechos que motivan esta iniciativa de ley.
"c) El tiempo se establece en el artículo 4, que comprenderá los hechos ocurridos a partir del 28 de agosto de 1996 hasta la fecha de la comisión del último presunto delito por parte de las personas cuyos expedientes penales son objeto de esta iniciativa.
"Por lo expuesto, fundado y motivado, de acuerdo a las facultades que otorga esta Honorable Cámara de Diputados, el artículo 73 fracción XXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los Tribunales de la Federación, me permito presentar el Proyecto de Ley de Amnistía, para las personas que hubieren alterado la vida institucional y la seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca.
"Artículo Primero.- Se decreta amnistía a favor de todas aquellas personas que hubieren alterado la vida institucional y seguridad pública por móviles de reivindicación social de los indígenas de la región Loxicha del estado de Oaxaca, formando parte de grupos armados, participando en los hechos ocurridos en La Crucecita y Santa Cruz, ambos del municipio de Santa María Huatulco, Macuilxóchitl, municipio de Tlacolula y en los municipios de Tlajiaco y San Agustín Loxicha, todos del estado de Oaxaca, y hayan incurrido en conductas tipificadas por la ley como delitos federales, como consta en los expedientes instaurados a este respecto y contra los cuales se hayan ejercitado o pudiera ejercitarse acción penal ante los Tribunales del Poder Judicial de la Federación.
"Artículo Segundo.- La aplicación de esta ley comprenderá los casos concretos de las personas que, como consecuencia de acciones ministeriales o judiciales, se encuentren en las siguientes hipótesis: a) personas privadas de su libertad por sentencia ejecutoriada; b) personas privadas de su libertad por sentencia que aún no haya causado ejecutoria; c) personas privadas de su libertad y sujetas a proceso; d) personas en libertad provisional, bajo caución y sujetas a proceso; e) personas a favor de las cuales se haya dictado auto de libertad con las reservas de ley por parte del juez de la causa en forma directa, por su superior o por cualquiera de ellos, en cumplimiento a una resolución de un tribunal federal; f) personas en contra de las cuales exista librar orden de aprehensión y, g) personas en contra de las cuales se está integrando averiguación previa.
"Artículo Tercero.- La aplicación de esta ley comprenderá los hechos ocurridos entre el 28 de agosto de 1996 hasta la entrada en vigor de la presente ley.
Artículo 4.-Las personas que al momento de entre en vigor la presente Ley se encuentren sustraidas a la acción de la justicia dentro o fuera del país por los motivos a que se refiere el artículo anterior, podrán beneficiarse de la amnistía condicionada a la entrega, si las tuvieran de todo tipo de instrumentos: armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de las conductas tipificadas como delitos, previa solicitud ante las autoridades competentes dentro del plazo de 120 días contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente Ley.
Artículo 5.- La amnistía extingue las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de las personas y delitos que comprenden dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirlas.
Artículo 6.- Se guardará confidencialidad respecto a la identidad de los amnistiados quienes quedarán sin antecedentes penales respecto de los delitos motivo de esta ley.
Artículo 7.- En cumplimiento a lo dispuesto por esta Ley, las autoridades judiciales y administrativas observarán su exacta aplicación en el ámbito de sus respectivas competencias.
El Ministerio Público Federal declarará extinguida la acción persecutoria en las averiguaciones previas, la autoridad judicial sobreseerá los procesos en trámite y revocará las órdenes de aprehensión libradas y la autoridad ejecutora de la pena, pondrán en inmediata libertad a los beneficiados que estén a su disposición.
Artículo 8.- Para el caso de las personas que se encuentren en el supuesto de esta Ley y hayan promovido Juicio de Amparo contra las determinaciones emanadas para los hechos a que se contrae la misma, es deber de las autoridades responsables remitir copia certificada de las actuaciones levantadas con motivo de la aplicación de la presente a los Tribunales que tramiten los Juicios de Amparo para los efectos legales consiguientes.
TRANSITORIOS.
Primero. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- La presente Ley será difundida a través de los medios de comunicación en todo el territorio del Estado de Oaxaca y deberá fijarse en bandos en las diversas poblaciones de la entidad, tanto en idioma Español o en las lenguas indígenas de cada región.
Palacio Legislativo de San Lázaro 8 de octubre del 2002 Firman los Diputados por Oaxaca: Abel Trejo González, Jaime Larrazábal Bretón, Lilia Mendoza Cruz, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Cueto Martínez, Miguel Angel Moreno Tello, Angel Artemio Meixueiro González, José Soto Martínez, Edith Escobar Camacho Diputados del Partido Verde Ecologista, del Partido del Trabajo, del Partido de la Revolución Democrática y un buen número de Diputados del PRI.
Es cuanto, señora Presidenta.
-LA C PRESIDENTA. Gracias Diputada. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Tiene la palabra el Diputado Gumercindo Alvarez Sotelo, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que adiciona el Capítulo VII así como el Artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal.
EL C. DIPUTADO GUMERCINDO ALVAREZ SOTELO.- Gracias señora Presidenta. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Diputados. Los suscritos, Diputados Federales de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción Segunda y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa.
Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un Capítulo VII así como un artículo 23-bis al Título Primero del Código Penal Federal a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio.
Acción Nacional siempre ha sostenido, la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente este destino.
En efecto, el ser humano que es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales, inviolables e inalienables a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social.
Por su dignidad, los hombres iguales por naturaleza no deben ser reducidos a la categoría de mero instrumento de personas, grupos o instituciones privada o públicas, con menoscabo de su propio destino por cuestiones étnicas nacionales, de género, condición social, estado civil, religión, entre otras pues toda persona tiene derecho al derecho y la obligación de ejercitar responsablemente su libertad e igualdad para crear, gestionar, aprovechar las condiciones políticas, sociales y económicas para una mejor convivencia humana.
El respeto a las prerrogativas que la dignidad a la persona humana impone es esencial para la vida de toda sociedad, es por ello que en un estado en el que la vida las formas esenciales de la libertad, la igualdad y la propiedad de los ciudadanos no se encuentren garantizadas con firmeza, se considera intolerable.
Por tal motivo es obligación ineludible de todos y cada uno de nosotros respetar la dignidad y la libertad de las demás personas y cooperar no sólo a la conservación sino también al desenvolvimiento de un orden social justo que armonice los aspectos individuales y sociales de la vida humana. Asimismo, se hace necesario propiciar la convivencia justa, libre y ordenada entre las personas con miras a lograr su perfeccionamiento.
Actualmente el máximo ordenamiento de nuestro país prevé en su artículo primero la garantía de igualdad de todos los individuos que se encuentren en territorio nacional, sin distinción alguna por cuestiones de nacionalidad, origen étnico, raza, religión, sexo, condiciones sociales, económicas, opiniones, estado civil o cualquier otra.
En tal sentido debemos señalar que la igualdad como garantía individual constituye un elemento consubstancial al individuo en su situación de persona humana frente a sus semejantes, independientemente de sus condiciones particulares que igual pudiese reunir en otras palabras.
La garantía de igualdad constituye una situación negativa en toda diferencia entre los hombres proveniente de circunstancias y atributos originarios emanados de la propia personalidad humana en particular, por lo que esta garantía es inherente a todo hombre desde que nace; es así que en nuestros días la igualdad la podemos concebir como un principio de no discriminación.
En este sentido, diversas han sido las definiciones que se le han conferido a la discriminación; sin embargo, en términos prácticos por discriminación podemos entender todo aquél acto que basado en prejuicios, convicciones u omisiones relacionadas con el sexo, raza, pertenencia étnica, color de piel, nacionalidad, lengua, religión, creencias políticas, origen y condición social o económica, estado civil, estado de salud, trabajo o profesión, carácter físico, preferencias, discapacidad física, intelectual o sensorial o una combinación de éstas u otros atributos que generen injustamente la anulación, menoscabo o la restricción del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.
En este orden de ideas bien es sabido que la discriminación constituye hoy en día un fenómeno complejo con múltiples vertientes que puede tener lugar en la escala social, económica, política, cultural, jurídica, civil o cualquier otra de la vida pública o privada, el cual tiene presencia en todas partes del mundo manifestándose en algunos lugares de manera más aguda que en otros.
En tal contexto, debemos señalar que a nivel internacional la lucha contra la discriminación ha emprendido por la comunidad internacional, tiene su punto de partida en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General de la ONU.
En la exposición de motivos anexo una serie de argumentos ya ratificados por el Senado de la República, son convenios internacionales en la materia que en la exposición de motivos puesta a su consideración podrán conocer a detalle.
Como resultado de estos esfuerzos y por la mayoría de los países integrantes de la comunidad internacional, las cláusulas de no discriminación incluidas en la mayoría de las constituciones del mundo han llegado a constituir instrumentos jurídicos fundamentales que permiten concretar el principio general de igualdad entre los hombres.
En tal sentido, nuestro país reconoce y concurre que desde varias décadas en esta convicción internacional en la que la dignificación y el respeto e igualdad de la persona humana como tal constituye un derecho humano y que por tanto el Estado se encuentra obligado a proteger y garantizar las condiciones de igualdad que deben existir entre todas las personas, independientemente de creencias, razas, condiciones sociales, entre otros factores. Sin embargo, a pesar de la participación de México en diversos convenios, pactos y pronunciamientos internacionales en contra de las prácticas discriminatorias, hasta el momento nuestro país no ha quedado al margen de dichas prácticas tendientes a menoscabar la igualdad y dignidad de las personas, pues desgraciadamente el daño que con el paso del tiempo han causado estas prácticas en México es tan agudo que no sólo ha logrado impedir el pleno desarrollo de la persona humana y las formas de convivencia social, sino que consecuentemente continúa afectando hasta nuestros días la estructura fundamental de nuestras instituciones.
Abrevio varias hojas de esta exposición de motivos solamente para solicitarles su aprobación a esta iniciativa y decirles que Acción Nacional en un afán de congruencia con sus ideales proclamados desde 1939 y en la prevención y lucha contra toda forma de discriminación en nuestro país, así como el respeto a la dignidad e igualdad humana como unidad indisoluble de toda persona, se presenta con todo respeto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto con el que se adiciona un capítulo 7º, así como un artículo 23 Bis al Título Primero del Código Penal Federal, a efecto de establecer como circunstancia agravante de cualquier delito cuando la comisión de dicha conducta delictiva haya sido motivada por cuestiones de índole discriminatorio.
Artículo único. Se adiciona un capítulo 7º, así como un artículo 23 Bis al Título Primero del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
"Capítulo 7º, de las circunstancias que agravan la responsabilidad. Artículo 32 Bis: Las penas previstas a los delitos contemplados en el presente código, se aumentarán hasta en una cuarta parte cuando éstos sean cometidos por motivos de origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religiones, opiniones, preferencias, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas".
Firman la presente iniciativa: diputada Beatriz Grande, Diputada Alba Leonila, diputada Silvia Alvarez Bruneliere y el de la voz.
Muchas gracias, con su permiso.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.
EL DIP. GUMERCINDO ÁLVAREZ SOTELO: Perdón, Presidenta, quisiera solicitar el turno también para la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
LA PRESIDENTA: Correcto, diputado.
Se turna entonces a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Atención a Grupos Vulnerables. Es a Comisiones Unidas.
Tiene la palabra la diputada Petra Santos Ortiz, para presentar una proposición con punto de acuerdo que reforma el Código Fiscal de la Federación. Una iniciativa.
Corrige esta Presidencia, es una iniciativa de ley que reforma el Código Fiscal de la Federación.
LA DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Con su permiso señora Presidenta.
Iniciativa de decreto que adiciona una fracción VI bis al artículo 105 del Código Fiscal de la Federación para evitar el indiscriminado decomiso generalizado de toda clase de vehículos en las regiones fronterizas de la República Mexicana.
La suscrita diputada Petra Santos Ortiz, integrante de la LVIII Legislatura propone la siguiente iniciativa.
Exposición de Motivos
La migración internacional es uno de los grandes fenómenos globales de nuestros días; la mayoría de los movimientos poblacionales en todas las regiones geográficas del mundo tienen como objetivo primordial la búsqueda de mejores condiciones de vida, a este proceso social le subyacen diversos y complejos factores estructurales entre los cuales se incluyen fundamentalmente las diferencias económicas y sociales entre las naciones.
La creciente interdependencia económica y las intensas relaciones e intercambio de todo tipo establecido entre los diversos países, también influyen en este fenómeno diversos factores que dan lugar a movimientos de población en condiciones forzosas o involuntarias, prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mundo, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus resultados y consecuencias.
Nuestro país, además de ser territorio de destino y tránsito de la migración internacional, es país de origen de cuantiosos flujos migratorios hacia Estados Unidos, con nuestros vecinos del norte compartimos una frontera de casi 4 mil kilómetros, en ella se registran alrededor de 310 millones de cruces al año, lo que revela el intenso y complejo entramado de contactos humanos que se desarrollan en esa zona.
En lo que corresponde a los migrantes mexicanos que forman la corriente migratoria a Estados Unidos, esto no constituyen un conjunto homogéneo sino que forman diversos grupos relativamente diferenciales, entre estos grupos se puede incluir por su importancia los siguientes:
a) Individuos con residencia más o menos fija en el vecino país del norte, residentes.
b) Los trabajadores migratorios sin residencia fija en ese país pero que regularmente entran y salen del territorio norteamericano, una o muchas veces al año.
Los dos tipos de trabajadores migrantes, particularmente aquellos que por su necesidad de trabajo cruzan la frontera varias veces a la semana, y aquí es donde entra su vía crucis para estas familias y que emplean para dicha acción un automóvil comprado en Estados Unidos, enfrentan, por este sólo hecho, infinidad de problemas con personal de aduanas, las cuales comúnmente terminan desfavorablemente para este tipo de migrantes con el decomiso de su vehículo y con el establecimiento de responsabilidades administrativas y fiscales en su contra al no poder comprobar las condiciones de residencia en los Estados Unidos, tal como lo establece el Código Fiscal de la Federación.
La acusación de contrabando y de importación ilegal de mercancía extranjera no sólo desata una persecución abierta sobre el migrante y su propiedad, sino que incluso desata todo un tipo de terrorismo fiscal que socava la convivencia social en la frontera, dejando a miles de trabajadores que realizan sus actividades productivas en los Estados Unidos en indefensión, limitando además sus posibilidades de traslado propio a dicho país dependiendo para ello de las innumerables flotillas de vehículos particulares situados en la franja fronteriza que cobran un ojo de la cara por prestar dicho servicio.
La magnitud del problema es sumamente relevante ya que el decomiso de los automóviles de estos mexicanos que viven en la frontera norte desde Tijuana hasta la frontera de Tamaulipas, pasando por Ciudad Juárez y Piedras Negras, ha provocado la existencia de más de 20 mil procedimientos administrativos en materias aduaneras.
La existencia de este fenómeno, producto de una visión limitada del gobierno y de sus operadores con relación a la problemática que produce nuestra interdependencia con la primera economía del mundo en aquellos lugares, que por su ubicación geográfica son zonas directas de intercambio económico y social como lo son las zonas fronterizas, lastima profundamente a la población de estos lugares ya que no pueden aprovechar las ventajas de que de dicha relación se desprenden como lo serían el bajo precio de los automóviles, que al ser adquiridos por los migrantes, configuran en nuestro país diversos delitos de carácter fiscal que no sólo amenazan sus propiedades, sino incluso atentan contra su libertad personal.
El tipo de sanciones que se desprenden del contrabando violentan las garantías individuales de los mexicanos expresados en nuestra Constitución, en el Artículo 14 el cual indica: que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
En el mismo sentido el Artículo 16, también asienta en su primer párrafo: que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de las autoridades competentes, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
Estas disposiciones son violadas permanentemente en la vida diaria, al aplicar sin consideración alguna para el migrante el Artículo 105 del Código Fiscal fracción VI que dice; será sancionado con las mismas penas de contrabando quien; fracción VI) Tenga en su poder algún vehículo de procedencia extranjera, sin comprobar su legal importación o estancia en el país o sin previa autorización legal, en el caso de automóviles y camiones, cuando se trate de modelos correspondientes en los últimos cinco años.
Esta estricta aplicación del Artículo 105, pasa por alto, ignora las múltiples necesidades y emergencias cotidianas de las miles de familias que viven en las zonas fronterizas, tales como recurrir a servicios médicos, administrativos o escolares, que obligan en momentos críticos a hacer uso del automóviles de procedencia extranjera, propiedad del familiar trabajador.
Ello ocasiona que la persona al ser detenida y no acreditar su propiedad, se le decomisa. El que una persona pueda tener acceso sobre el automóvil, no significa que tenga posesión sobre el mismo, en consecuencia, tiene que distinguirse el acto de entrega al de custodia y préstamo.
En el Código Civil en sus Artículos 790 y 791 para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se define la posesión de un bien de la siguiente manera: Artículo 790.- Es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder el hecho, salvo lo dispuesto en el Artículo 793, o sea, un derecho el que goza de él.
El primero de dichos artículos no define la posesión sino al poseedor, el segundo, establece que existen dos clases de posesión: la originaria y la derivada. La posesión originaria es aquella que se tiene el título de dueño por su parte al poseedor derivado de quien recibe un bien, en virtud del acto jurídico que tiene por objeto directo, inmediato del uso del bien especificado.
Con lo que se busca en esta iniciativa, es permitir el uso dentro de la región fronteriza de los parientes, propietarios del vehículo, sin salir de ella. Al mismo tiempo este hecho degenera desconfianza en nuestros compatriotas, que procuran desligarse de toda actividad en México es irse a radicar a los Estados Unidos, ocasionando con ello una baja sensible en la aportación económica al país.
No entender la interdependencia económica y social existente en la frontera y, en consecuencia, no reconocer que la misma crea problemáticas específicas en esta zona del país, genera un ambiente lesivo para el pueblo, y sobre todo da pie al autoritarismo, a la prepotencia y a la escasa sensibilidad de la aplicación de las leyes, tal es como el caso que exponemos.
En el Programa Diputado Amiga-Amigo, nos hemos dado cuenta de todas las injusticias que se han cometido, y cuando les hemos denunciado, nos dicen que esos vehículos no aparecen expedientes ni siquiera tienen una idea si fueron decomisados.
Por lo tanto, proponemos: Artículos 6º. Bis.- En el caso señalado por y la fracción VI de este artículo, no procederá el decomiso del vehículo, ni se tendrá por configurado el delito de contrabando, cuando estos vehículos de procedencia extranjera, sean tripulados por el cónyuge, ascendientes, descendientes y parientes consaguíneos en primer grado del propietario del vehículo, si éste último comprueba fehacientemente que su calidad migratoria, le permite tripular el vehículo en que se trata, sin necesidad de previo permiso o autorización, dentro de la región fronteriza, o en el entendido que por el sólo hecho de encontrarse el vehículo fuera de la región fronteriza, se estará en el caso señalado por la fracción Vi de este mismo artículo 105.
Por último, Artículo Transitorio. Este presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Firma Petra Santos, Hortensia Aragón, Alfredo Hernández, Héctor Sánchez, Miguel Bortolini e Irma Piñeyro del PRI.
Muchas gracias.
LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputada.
Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado José Soto Martínez del grupo parlamentario del PRI, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 4º., 162, 163 y 209 de la Ley Federal de Derecho de Autor.
EL C. DIPUTADO JOSE SOTO MARTINEZ.- Con su permiso, diputada Presidenta.
Compañeras diputadas y diputados:
El suscrito diputado José Soto Martínez integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y con apoyo además en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados una iniciativa de decreto para reformar los artículos 4º., 162, 163, 164 y 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, en base a la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los procesos creativos de la cultura indígena, responden a la herencia de un saber y una tradición colectiva que se ha mantenido por siglos como lo testifican artesanías, indumentarias, cerámicas, códices, arquitecturas, música popular en la actualidad, que no tienen ninguna protección autoral.
Uno de los mayores riesgos que enfrentan las expresiones artísticas de los pueblos indígenas es la falta de registro de autor. La voracidad del mercado, el avance de empresas transnacionales y leyes internacionales que privilegian el registro de fórmulas sobre los usos y tradiciones milenarias, son una amenaza constante para las manifestaciones culturales de nuestros pueblos indígenas, pues pretenden imponer el registro sobre el derecho de autor o se adueñan de tradiciones, como ocurrió con el "pozol", alimento utilizado por los mallas para curar problemas intestinales y limpiar heridas infectadas y del cual obtuvieron una patente una empresa transnacional americana y la Universidad de Minnesota.
Considerando que la falta de registro de los derechos colectivos de autor en México nos puedan llevar a que en un futuro muy cercano, los mexicanos deban pagar a transnacionales extranjeras derechos por el uso de remedios a base de hierbas que han sido usados por siglos en el país y específicamente en las comunidades indígenas y a que las tejedoras de rebozos, cobijas, gabanes en un telar de cintura, tengan que pagar por mantener sus tradiciones.
Considerando que la Ley Federal de Derechos de Autor tiene por objeto, entre otros, la salvaguarda y promoción del acervo cultural de la Nación; que las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana, forman parte del acervo cultural de la Nación y que la ley que nos ocupa no da la base para salvaguardar y promocionar dicho acervo.
Considerando que los diputados federales nos debemos a los intereses de la sociedad en tanto representantes de la misma y que al tomar posesión de nuestros cargos protestamos guardar y hacer guardar las leyes, la Constitución y las leyes que de ella emanan, presento ante ustedes el siguiente:
"DECRETO:
"ARTICULO UNICO.- Se reforman los artículos 4, 162, 163, 164 y 209, de la Ley Federal de Derecho de Autor".
"Artículo 4o.- Las obras objeto de protección pueden ser: a: según su autor.
"Fracción IV.- De arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuibles a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana".
"Artículo 162.- El Registro Público del Derecho de Autor, tiene por objeto la salvaguarda del acervo cultural de la nación constituido por las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyo autor no sea identificable y que pueda ser atribuida a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana; garantizar la seguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexos y de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y sus causahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de su inscripción.
"Las obras literarias y artísticas y los derechos conexos quedarán protegidos aun cuando no sean registrados".
"Artículo 163.- En el Registro Público de Derecho de Autor, deberán inscribirse además las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originadas o arraigadas en la República Mexicana.".
"Para lo anterior el Instituto Nacional de Derecho de Autor, se coordinará con las dependencias de gobierno correspondientes, y la omisión de este registro será motivo de responsabilidades".
"Artículo 164.- El Registro Público de Derecho de Autor tiene las siguientes obligaciones:
"Fracción IV.- Inscribir con auxilio de las dependencias de gobierno correspondientes, las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal cuyos autores no sean identificables y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada o arraigada en la República Mexicana".
"Artículo 209.- Son funciones del Instituto:
"Fracción VI.- La salvaguarda y promoción del acervo cultural de la nación y al efecto llevar un registro de las obras literarias o artísticas de arte popular o artesanal, cuyo autor no sea identificable y que puedan ser atribuidas a una comunidad o etnia originada y arraigada en la República Mexicana".
En obvio de tiempo, le suplico que sea insertada en el Diario de los Debates para el conocimiento de todos los diputados.
Muchas gracias compañeros diputados y diputadas.
-PRESIDENTA: Gracias diputado José Soto Meléndez.
Insértese de manera íntegra la iniciativa presentada, en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Cultura.
Se pide a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre.
-DIP. SRIO. ADRIAN RIVERA PEREZ: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 441 ciudadanos diputados.
Ciérrese el sistema electrónico.
-PRESIDENTA: Para información de la Asamblea, comentamos que levantaremos la sesión a las 4 de la tarde, a efecto de que los diputados interesados en asistir a la comparecencia de la Secretaria de Desarrollo Social, que será a las 5, puedan tomar las providencias necesarias.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una iniciativa que reforma la Ley del IPAB, sobre el monto de recursos fiscales que serán asignados al IPAB para el Presupuesto 2003.
EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: derivado de la crisis económica y financiera del país a finales de 1994, y de sus agudos efectos sobre el comportamiento de la economía de 1995, el sistema bancario enfrentó un severo problema que obedecía, entre otras cosas, a rezagos en la supervisión y control financiero.
Segundo. Esto orilló a que el mecanismo financiero de protección al ahorro, Fobaproa, se viera ampliamente rebasado para enfrentar un rescate bancario. No obstante, el gobierno federal decidió utilizar el fondo bancario de protección al ahorro, Fobaproa, para llevar a cabo el rescate del sistema bancario nacional.
Para tal efecto se implementaron programas para apoyar a los deudores de la banca y programas para apoyar a los bancos.
Los programas de apoyo a los bancos se dieron en dos modalidades: los llamados programas de capitalización y compra de cartera, cuyo propósito fundamental fue que los bancos incrementaran su capital mediante la sustitución de un activo financiero de baja calidad, carteras con problemas, por pagarés emitidos por el Fobaproa.
Estos apoyos se dieron a Banamex, Bancomer, Bital, Banorte y Serfin y los programas de intervención y saneamiento. Los programas de intervención y saneamiento buscaron solucionar los programas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria, asumiendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el control de las instituciones, lo cual estaba previsto en la Ley de Instituciones de Crédito.
Así, durante el período de 1994-98 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino 12 instituciones financieras: la primera, Banca Unión, el 1º. de septiembre del 94 y la última Banca Confía en agosto del 97.
Paralelamente se llevaron a cabo procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamiento de líneas de crédito para que éstos pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos.
Los bancos que fueron objeto de apoyos tendientes a sanearlos fueron Serfin, Atlántico, Del Centro, Promex, Banco Bilbao Vizcalla Argentaria y Santander.
Como resultado de estas operaciones, el impacto sobre las finanzas públicas, de acuerdo al informe sobre la revisión de la cuenta pública del 2000, al mes de marzo del 2001 ascendieron a 876 mil 254 millones de pesos.
Considerando:
Primero. Que en 1998 la Cámara de Diputados aprobó a la ley que creó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, y que la misma es la que rige el funcionamiento, operación y control del instituto.
Que el artículo 5º. transitorio de la ley del IPAB, que establece el procedimiento para realizar el canje de pagarés de capitalización y compra de cartera a cargo del Fobaproa. Por obligaciones a cargo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, pagarés IPAB.
Que el citado artículo 5º. transitorio establece la realización de auditorías a los programas de capitalización y compra de cartera, como requisito fundamental para realizar el canje de pagarés.
Que la Auditoría Superior de la Federación encontró, en su revisión de la cuenta pública del 2000, que en el caso del Banamex la adquisición de cartera por parte del Fobaproa se hizo con todo e intereses moratorios.
Que actualmente la Auditoría Superior de la Federación se encuentra revisando las operaciones de compra de cartera en Bamamex, Bital y Banorte.
Que en septiembre del 2000 la propia Junta de gobierno determinó la necesidad de auditar las operaciones de compra de cartera a los bancos citados anteriormente.
Que los bancos referidos se han opuesto a la realización de estas auditorías.
Que el artículo 7º. transitorio de la Ley del IPAB señala textualmente lo siguiente: "El Instituto asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento diferentes a aquéllos de capitalización de compra de cartera.
Que lo anterior implica que los pagarés derivados del programa de capitalización y compra de cartera son responsabilidad del Fobaproa y no del IPAB, por lo que en ellos no aplica la garantía ni el reconocimiento por parte del Congreso de la Unión de esa deuda.
Que a pesar de lo anterior el IPAB ha incluido esos pasivos como parte de los pasivos totales del Instituto de Protección al Ahorro Bancario.
Que este hecho es improcedente en virtud de que el monto de pasivos que por ese concepto asumirá el IPAB depende de las auditorías correspondientes.
Que la evidencia encontrada por la Auditoría Superior de la Federación señala que existen amplias posibilidades de reducir el monto de los pagarés derivados de los programas de capitalización y compra de cartera.
Que el incluir los pasivos originados por esos programas ha inflado los recursos fiscales que le han sido asignados al IPAB desde su creación en 1999.
Que la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha permitido que los bancos registren a estas obligaciones a cargo del IPAB como parte del activo de las instituciones bancarias.
...registren a estas obligaciones a cargo del IPAB como parte del activo de las instituciones bancarias.
"Que esta situación no tiene razón de ser en virtud de que nuevamente el monto de ese activo está sujeto a lo que se determine en la auditoria.
"Que en suma las operaciones de capitalización y compara de cartera representan 200 mil millones de pesos.
"Que es inaceptable que el Ejecutivo Federal esté destinando recursos para subsidiar la operación de los bancos, mientras descuida por ello la inversión social y productiva.
"Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración la siguiente Iniciativa de reformas al artículo 68 fracción II de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario.
"Artículo 68: Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
"Segundo.- Recibir y aplicar en su caso los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuestos de egresos de la Federación para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto asuma en los términos de esta Le, así como para incrementar y para administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca.
"La modificación será para quedar como sigue.
Artículo 68: "Para la consecución de su objeto, el Instituto tendrá las atribuciones siguientes:
"Segundo.- Recibir y aplicar en su caso, los recursos que se autoricen en los correspondientes presupuesto de egresos de la Federación, los cuales serán únicamente para apoyar de manera subsidiaria el cumplimiento de las obligaciones que el propio Instituto haya asumido en los términos de esta Ley, exceptuando aquellos derivados de los Programas de Capitalización y Compra de Cartera que sigan a cargo del FOBAPROA, así como para instrumentar y administrar programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca".
Es cuanto, ciudadano Presidente.
- EL C. PRESIDENTE: Gracias, señor diputado. Túrnese a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Tiene la palabra el diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona un párrafo séptimo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- EL C. DIP. FRANCISCO CARDENAS ELIZONDO: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso.
Ante esta Honorable Cámara de Diputados tengo el privilegio de presentar una Iniciativa de Decreto que reforma y adiciona el artículo 94, adiciona el séptimo párrafo a la fracción III del artículo 116 y deroga el párrafo décimo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos, la cual es suscrita por un número importante de diputados, más de cincuenta diputados de varios partidos.
Lo anterior es con la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La división de poderes constituye un elemento esencial del Estado de Derecho y se consagra en nuestra Ley fundamental en los artículos 49 y 116.
"Al establecerse que el poder público de los estados y el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"La mera división de poderes en la actualidad, no es suficiente para lograr su equilibrio, característica que constituye el espíritu original del principio político de la división de poderes.
"Por ello en nuestro país observamos que en los últimos años se ha registrado una evolución gradual de la disminución del predominio del Poder Ejecutivo paralela al fortalecimiento del Poder Legislativo.
"Sin embargo, no se puede afirmar lo mismo respecto del Poder Judicial Federal y de los estados, cuya evolución no ha sido en el mismo sentido, toda vez que las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de los años de 1987, 1994, 1996 y 1999 han abordado cuestiones relativas a las llamadas garantías constitucionales de la jurisdicción, la estructura, organización interna y funcionamiento de los órganos de justicia, pero no a sus relaciones con los otros poderes.
"En efecto, en la primera de las reformas constitucionales antes aludidas se dieron las bases mínimas para el establecimiento de la carrera judicial al ordenarse en el artículo 116, fracción III, entre otras cuestiones que ´la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los poderes judiciales de los estados´.
"En la reforma del ´94, entre otros temas, se abordaron las cuestiones relativas a la modificación de la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ampliación de sus facultades en el artículo 105 para conocer de controversias constitucionales. Se introduce en la estructura del Poder Judicial al Consejo de la Judicatura y se alude ya de manera expresa a la carrera judicial en los artículos 97 párrafo cuarto, 100 párrafo sexto y 122 fracción VII.
"Las reformas de 1996 y 1999, en cuanto al tema que aquí abordamos, comprendieron la inclusión del Tribunal Federal Electoral como otro órgano jurisdiccional depositario del ejercicio del Poder Judicial de la Federación, ampliando sus atribuciones para resolver cuestiones sobre el análisis de la constitucionalidad de actos y resoluciones controvertidos, la organización del tribunal, su administración, vigilancia y disciplina en la que participa el Consejo de la Judicatura Federal y, finalmente, se eliminó el Consejo de la Judicatura Federal y se precisó que a dicho Consejo le corresponde la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es, se determinó cual era la naturaleza jurídica del Consejo de la Judicatura porque inicialmente se había incluido como depositario del propio Poder Judicial.
"Como podemos observar de lo antes expuesto, el tema de la autonomía financiera del Poder Judicial y de los estados no fue abordado en las últimas reformas constitucionales. Por tanto, de poco o nada sirven los preceptos constitucionales que aluden a la independencia, autonomía y carrera judicial, si no se cuenta con la garantía de la autonomía financiera. Sin ella, dichas reformas se traducen solo en un buen propósito del Constituyente Permanente y no podrán tener plena vigencia hasta en tanto no se incorpore la autonomía financiera al propio texto constitucional.
"En los tiempos que vive el país el Poder Judicial representa una institución toral para el equilibrio de los poderes del Estado y de su buen desempeño depende, en gran medida, la armonía en las instituciones públicas, pues los requerimientos de la sociedad han aumentado de manera considerable. Las controversias que se someten al conocimiento de los tribunales rebasan sus posibilidades de trabajo, lo que impide dar cabal cumplimiento a la garantía de justicia expedita, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional.
"La cuestión que en esta iniciativa se aborda ha sido objeto de análisis y comentarios de estudiosos de la materia, de los representantes de los poderes judiciales e incluso ha despertado el interés de diversos diputados de esta legislatura. Así, se han presentado dos iniciativas con la finalidad de garantizar constitucionalmente la autonomía financiera del Poder Judicial Federal, elaboradas por los compañeros diputados César Augusto Santiago y Luis Miguel Barbosa Huerta.
"Esta iniciativa coincide en lo esencial con lo propuesto por nuestros compañeros diputados, es decir, en el propósito de fortalecer la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal, pero para quien ha vivido como el que habla, la experiencia en el ámbito del Poder Judicial local, resulta de igual o mayor importancia fortalecer también la independencia y autonomía de los Poderes Judiciales de los estados, así lo hemos propuesto ya en diversas ocasiones, como en el foro celebrado en la Ciudad de México el 5 de marzo de 1996, ante la Subcomisión de Administración de Justicia de la Comisión Plural del Senado de la República para la Reforma del Estado y en el Primer Encuentro de los Consejos Mexicanos de la Judicatura, celebrado el 28 de junio del mismo año.
"Es importante destacar que en las reuniones celebradas por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados unidos Mexicanos, el tema que hoy nos ocupa ha sido materia de análisis y discusiones, concluyendo en la preocupación general, de lograr este objetivo.
"Así, baste mencionar que en el mes de octubre de los años de 1999 y 2001, dicha comisión se pronunció públicamente en las declaraciones de Yucatán y de Chihuahua, en el sentido que los gobiernos locales contemplen en sus respectivos presupuestos un porcentaje fijo no menor al 3 por ciento destinado a los Poderes Judiciales Estatales y en la necesidad de que los Tribunales locales tengan un manejo autónomo de su presupuesto sobre la premisa de que le mismo debe representar un porcentaje prioritario del presupuesto general de cada estado.
"Ahora bien, ¿en qué consistiría la autonomía financiera del os Poderes Judiciales en nuestro país?
"Primero, en un porcentaje fijo mínimo del Presupuesto de Egresos, cuya resultante no podrá ser inferior a la asignada en el ejercicio inmediato anterior, que se traduzca en la no injerencia de los otros dos poderes para determinarlo, esto, es, que haya un margen suficiente par que el Poder Judicial no quede sometido a los otros dos poderes, a fin de obtener su presupuesto, con el propósito que aquél pueda darse una planeación adecuada en los programas de modernización y crecimiento y que los mismos sean elaborados sobre una base confiable, es decir, nunca más sobre la incertidumbre del presupuesto que finalmente le sería asignado.
"Segundo.- Que el Poder Judicial tenga la posibilidad de determinar libremente el monto de las partidas en función de sus necesidades de administrar justicia en forma expedita, completa e imparcial, lo cual implica que aún en el supuesto de recortes al presupuesto general del estado, tratándose del Poder Judicial, éste deberá determinar las partidas presupuestales en las que se deberá aplicar la reducción correspondiente con la aprobación del Poder Legislativo y no del Ejecutivo. En otras palabras, el Ejecutivo no podrá disminuir durante el ejercicio el monto del presupuesto aprobado al Poder Judicial, correspondiendo a la Cámara de Diputados o a las Legislaturas locales, según el caso, autorizar la reducción, tomando en cuenta la determinación del Poder Judicial, ya que éste es quien mejor conoce las necesidades más apremiantes que no pueden dejar de atenderse y los gastos que están en condiciones de diferirse o racionalizarse.
"Tercero.- La autonomía no debe traducirse en arbitrariedad en el manejo del presupuesto, esto es, se deberá observar la normatividad para la correcta aplicación de los gastos autorizados conforme a los planes y programas aprobados por el Legislativo en su respectivo presupuesto. En otras palabras, esta nueva garantía que proponemos para el Poder Judicial no lo releva de la obligación de rendir cuentas del manejo de los recursos asignados y, por ende, de estar sujeto a la labor de fiscalización de carácter externo encomendada a la entidad de fiscalización dependiente de la Cámara de Diputados o de las Legislaturas Locales, según el caso
Por esta razón se propone que, en aras de la transparencia en el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial, el órgano superior de Fiscalización de la Federación ó los correspondientes de las Entidades Federativas deberán comprobar que las sumas no erogadas al término del ejercicio se enteren a la Hacienda Pública atendiendo al principio presupuestal de unidad de caja.
Una vez precisado lo anterior, la cuestión es determinar qué porcentaje fijo del Presupuesto es el que debe establecerse para el Poder Judicial Federal y para los Poderes Judiciales de los Estados.
¿Qué criterio debemos adoptar para determinar dicho porcentaje? ¿Se deberá tomar como referencia el Presupuesto general o total del Estado, o bien sólo el gasto programable del mismo?.
Hay quienes han aprobado en otras Legislaciones…
-EL C. PRESIDENTE. Señor Diputado, le suplico concluya usted.
-Correcto, sí cómo no, muy amable. Entro a la cuestión toral, actualmente los recursos asignados al Poder Judicial Federal representan, según información proporcionada por el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara, el 1.50 del gasto programable y el 1.09 del Presupuesto General de la Federación, el Presupuesto ejercido por el Poder Judicial muestra en los últimos diez años un incremento gradual, de1992 representó el 0.30 del Presupuesto de Egresos y el 0.51% del gasto programable, en tanto que en el presente año, como ya señalamos, representa el 1.09 y el 1.50 lo cual significa aumentos del 200% del gasto programable y más del 235 del Presupuesto General.
Por eso proponemos que el Presupuesto sea del 2% del gasto programable que implica un aumento del 33% a precios actuales más el incremento normal del Presupuesto; y para los Estados, proponemos igualmente un 2% del gasto programable tomando en cuenta que, según estudios del Centro de Finanzas, fluctúa ene l año 2002 entre el 0.6% al 2.8 del Presupuesto General y el 0.7 al 3.8 del gasto programable y la media nacional es de 1.4.
En obvio del tiempo pues yo le pediría al señor Presidente que se reprodujera íntegra nuestra propuesta pues al parecer el tiempo asignado fue corto. Muchas gracias.
-EL C. PRESIDENTE- Gracias señor Diputado. Insértese completa la Iniciastiva en el Diario de los Debates; igualmente en La Gaceta Parlamentaria.
Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales.
Estamos en el Apartado de Minutas.-
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.
(Oficio del Senado de la República informando
haber resuelto desechar totalmente la Minuta
que reforma los Artículos 73, 76, 89, 108, 109,
110, 111 y 122 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos).
-EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Distrito Federal.
En el Apartado de Excitativas, tiene la palabra la Diputada Norma Patricia Riojas Santana del Partido de la Sociedad Nacionalista para presentar una Iniciativa de las Comisiones de Puntos Constitucionales.
- LA C. DIP. NORMA PATRICIA ROJAS SANTANA: Con el permiso de la Presidencia.
La que suscribe, diputada federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión integrante del Partido de la Sociedad Nacionalista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Puntos Constitucionales para que a la brevedad posible dictamine para su presentación en el Pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES:
El 11 de abril del año en curso, la que suscribe presentó a nombre de los diputados integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista, la iniciativa con proyecto que reforma los artículos 73, 76 fracción I, 89 fracción X y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objeto de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de analizar, revisar y evaluar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo además de aprobar los tratados internacionales y convenciones que celebra el Ejecutivo de la Unión.
El Presidente de la Cámara de Diputados turnó la iniciativa de reformas a la Comisión de Puntos Constitucionales por ser un tema de su competencia para que emitiera el dictamen correspondiente; en razones de lo anterior se expresan las siguientes:
CONSIDERACIONES:
La división de poderes que actualmente vive el Estado Mexicano no implica enemistad ni confrontación entre los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial; por el contrario, dicha práctica fomenta la creación de un verdadero estado de derecho.
Con base en los principios de división de poderes, el Poder Legislativo Federal tiene la misión primordial de crear y actualizar las normas jurídicas que rigen la convivencia justa y pacífica entre los hombres e individuos de una sociedad. En este sentido existen normas jurídicas que materialmente tienen las características de ley pero formalmente son actos emanados de otros dos poderes como es el caso de los tratados y convenciones internacionales que suscribe el titular del Poder Ejecutivo Federal en uso de la facultad que le otorga en la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Frente a la comunidad internacional en la firma y ratificación de los tratados, quien se obliga es el Presidente de la República y el Senado; ahora bien, en el orden interno de la Federación y los Estados salen obligados y a los gobernados se les impone derechos y obligaciones como consecuencia de la aprobación de los tratados internacionales, por lo que es válido cuestionarnos: ¿hace falta la participación de la Cámara de Diputados como representantes del pueblo en la aprobación de los tratados internacionales en virtud de que el Senado interviene por parte de la Federación?
La suscripción y aprobación de los tratados internacionales no sólo son obligación del Ejecutivo de la Unión y el Senado de la República sino que recae sobre la población mexicana en su totalidad y es la Cámara de Diputados quien representa a la nación, fundamentalmente en su aspecto popular; por lo tanto resulta obvio, necesario y congruente con los principios constitucionales que rige el estado de derecho mexicano que sea el Congreso de la Unión el facultado en aprobar los tratados internacionales y evaluar la política exterior realizada por el Ejecutivo.
Si bien la posición de la Cámara de Senadores es significativa no es suficiente pues no se logra un equilibrio entre los órganos que intervienen en la elaboración de las normas en cuestión, es necesario la intervención de la Cámara de Diputados ya que en el ámbito interno los tratados internacionales son ley suprema de la Unión y abarcan materias que puedan estar reservadas a los Estados o bien atribuciones exclusivas del Congreso.
Es urgente la reforma de los artículos antes mencionados para lograr una verdadera representatividad de toda la población mexicana en la toma de decisiones del poder público.
Señores diputados, no podemos permitir que la aprobación de los tratados sea facultad exclusiva del Senado. Tenemos la responsabilidad de verificar que todas las leyes que se aplican en nuestro país no contravengan a nuestra ley suprema.
Como representantes de la Nación tenemos la obligación de revisar la constitucionalidad de todos los concordatos que firma el Ejecutivo Federal, no dejemos que esta iniciativa siga durmiendo el sueño de los justos; convirtamos a este Poder Legislativo en un verdadero contrapeso.
Que en virtud de que ha transcurrido en exceso el término de cinco días señalados en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la Comisión de Puntos Constitucionales emita el dictamen correspondiente de la iniciativa presentada en este Pleno el 11 de abril del año en curso,… solicito unos segundos para concluir, señor Presidente. Hoy acudo ante esta honorable asamblea invocando el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para que la presidencia de esta mesa directiva excite a la comisión antes mencionada, a efecto de que dictamine la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción 1ª, 89 fracción 10ª y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, a usted señor Presidente de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, muy atentamente pido se sirva:
Unico. En los términos de los antecedentes y consideraciones expuestas, así como de conformidad con los preceptos legales invocados, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente el dictamen que corresponde a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 73, 76 fracción 1, 89 fracción 10ª y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Firma la presente por el Partido de la Sociedad Nacionalista, Norma Patricia Riojas Santana y solicitaría, señor Presidente, se inserte íntegra la presente en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria.
Es cuanto, señor Presidente.
EL PRESIDENTE: Cómo no. Insértese íntegra la excitativa en la Gaceta Parlamentaria, igualmente en el Diario de los Debates, y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción 16 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente.
LA PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ PAREDES RANGEL: El siguiente punto del orden del día, la presentación de una excitativa a cargo del diputado Amador Rodríguez Lozano, se pospone para próxima sesión.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, y es el relativo a discusión de dictámenes de puntos de acuerdo turnados a comisiones.
En virtud de que se están distribuyendo entre los ciudadanos diputados los dictámenes de referencia, consulte la Secretaría a la asamblea si se autoriza que solamente se dé lectura a los puntos de acuerdo.
LA SECRETARIA, DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se autoriza que se é lectura a los puntos de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA PRESIDENTA: Se dará exclusivamente lectura a los puntos de acuerdo.
LA MISMA SECRETARIA: Comisión de Comercio y Fomento Industrial, resultando:
Primero. Con base en los considerandos anteriores, se exhorta al Gobierno Federal a realizar un análisis minucioso de las tarifas eléctricas que actualmente operan en el territorio nacional, a fin de considerar la viabilidad en la reducción de las mismas.
Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción 2ª del artículo 77 constitucional, envíese el punto de acuerdo motivo del presente dictamen a la Cámara de Senadores, a efecto de que sea considerado en el dictamen que sea realizado en materia energética.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 24 días del mes de abril de 2002.
LA PRESIDENTA: Este dictamen ha sido distribuido y es un dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial en relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se rechaza la eliminación de los subsidios que se otorgan al servicio eléctrico para uso doméstico y agrícola.
En ese sentido, están a discusión los puntos de acuerdo a que ha dado lectura la Secretaría.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte al Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
Continúe la Secretaría.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo e infórmese al Senado.
Continúe la Secretaría.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUSTISTA: De Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes.
Primero.- Se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que en el proceso de venta de CINTRA, se analice el impacto de los eventos del 11 de septiembre de 2001 perpetrados en las ciudades de Washington y Nueva York, en las empresas aéreas nacionales y se determinen las mejores condiciones para su desincorporación.
Segundo.- Se recomienda al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que con base en la experiencia de lo acontecido a las empresas de transporte aéreo en la Unión Americana, se revisen las condiciones de desincorporación de CINTRA a fin de que se garantice que las empresas, hasta hoy mexicanas, queden en manos de mexicanos y se estudie la conveniencia de la participación del Estado que permita garantizar que México siga conservando una industria de aviación que sirva al interés nacional más allá de consideraciones comerciales y de mercado.
Tercero.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones dictaminadoras solicitan al Instituto de Protección al Ahorro Bancario y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informen de las acciones que se realizan para dar cumplimiento a los puntos primero y segundo aprobados por esta Honorable Soberanía.
Cuarto.- En consecuencia se ordena archivar el expediente como asunto concluido.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de marzo de dos mil dos.
LA PRESIDENTA: Están a discusión los puntos de acuerdo a que ha dado lectura la Secretaría.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo registro de oradores, consulte al Secretaría a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
LA SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA: En votación económica se pregunta si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA PRESIDENTA: Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
EL SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Sobre el Punto de Acuerdo por el que se solicita al Gobierno Federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el desarrollo rural, un informe pormenorizado de la actual situación política-jurídica y social del campo mexicano.
Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de las Comisiones de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural y de Reforma Agraria, nos permitimos someter a la consideración del pleno de esta H. Asamblea, el siguiente dictamen:
UNICO.- Se solicita al gobierno federal y a la nueva Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable, den a conocer a esta soberanía y al pueblo de México, un informe pormenorizado por escrito de la actual situación política, jurídica, social del campo mexicano.
Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión.
México, D.F., a los 30 días del mes de abril de 2002.
Por la Comisión de Agricultura y Ganadería rubrican el presente dictamen los integrantes de dicha Comisión, e igualmente los integrantes de la Comisión de Desarrollo Rural.
-LA C. PRESIDENTA: Está a discusión el Punto de Acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulte la Secretaría con la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
-EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
-EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Mayoría.
-LA C. PRESIDENTA: Aprobado.
Comuníquese al Ejecutivo.
-EL MISMO C. SECRETARIO: De la Comisión de Agricultura y Ganadería referente al Punto de Acuerdo para que la Sagarpa junto con el banco de Desarrollo Rural conozcan de la terrible situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el estado de Veracruz.
Con base en las consideraciones anteriormente establecidas, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería, sometemos a la consideración del pleno, el siguiente dictamen
PRIMERO.- Envíese el contenido del Punto de Acuerdo a la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como al Banco de Desarrollo Rural, para que conozcan la situación por la que atraviesan los productores de papa de la región de Perote en el estado de Veracruz.
SEGUNDO.- Se exhorta para que una vez que la Secretaría cuente con el diagnóstico pertinente, establezca un programa de apoyo a favor de los productores de papa de la región de Perote,. Ver.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 30 días del mes de abril de 2002.
Por la Comisión de Agricultura y ganadería, rubrican los integrantes de la Comisión de agricultura y ganadería.
-LA C. PRESIDENTA: Está a discusión el Punto de Acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte si está suficientemente discutido.
-EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Suficientemente discutido.
-EL MISMO C. SECRETARIO: En votación económica se pregunta si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
-LA C. PRESIDENTA: Aprobado el Punto de Acuerdo.
Comuníquese al Ejecutivo.
Pasamos al siguiente Punto de Acuerdo, cuyo dictamen se ha distribuido.
-EL MISMO C. SECRETARIO: De la Comisión de Salud referente al Punto de Acuerdo por el que se exhorta al presidente de la república, para que decrete la obligatoriedad de la Cartilla de Salud de la Mujer.
Resolutivo.
UNICO.- Se exhorta al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de Salud, se instrumenten las medidas necesarias a fin de poner en marcha de manera operativa y sistemática, el empleo de la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer, a efecto de garantizar un adecuado control de la salud de las mujeres mexicanas.
Sala de Comisiones de la Honorable Cámara de Diputados, 29 de mayo del año 2002.
Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de la Comisión de Salud y rubrican sus integrantes.
LA C. PRESIDENTA.- Está a discusión el punto de acuerdo.
Se abre el registro de oradores.
No habiendo quien haga uso de la palabra, consulta la Secretaría a la Asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- En votación económica, se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA.- Suficientemente discutido.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
LA C. PRESIDENTA.- Vuelva usted a consultar, señor Secretario.
EL MISMO C. SECRETARIO.- En votación económica, se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(Votación)
LA C. PRESIDENTA.- Aprobado el punto de acuerdo.
En virtud de que los siguientes dictámenes no han sido distribuidos, quedan de primera lectura.
Le ruego a la Secretaría dar lectura a los enunciados de los dictámenes respetivos e instruyo para que, además de distribuirse, se publiquen en la Gaceta Parlamentaria para que puedan discutirse la próxima sesión.
De la Comisión de Agricultura y Ganadería, con punto de acuerdo relativo a la proposición... Continué la Secretaría la lectura.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- Con punto de acuerdo para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se asigne una partida presupuestal especial al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática...
LA C. PRESIDENTA.- A fin de que se realice el censo agropecuario.
Queda de primera lectura.
Continúe la Secretaría.
EL MISMO C. SECRETARIO.- Punto de acuerdo por el que solicita se verifique y revise el precio de gas natural doméstico en el estado de Nuevo León. De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial.
LA C. PRESIDENTA.- Queda de primera lectura.
EL MISMO C. SECRETARIO.- De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo, relativo a la proposición del Congreso del estado de Jalisco, por el que se solicita apoyo al Congreso de la Unión para que la Secretaría de Economía norme la utilización de un sello inviolable en los cilindros de gas.
LA C. PRESIDENTA.- Queda de primera lectura.
EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ.- De las Comisiones de Comunicaciones y de Comercio y Fomento Industrial, con punto de acuerdo relativo a la proposición de la diputada Adela del Carmen Graniel Campos, sobre las demandas de los habitantes del estado de Tabasco, en relación a la reducción de las tarifas telefónicas.
LA C. PRESIDENTA.- Queda de primera lectura.
EL MISMO C. SECRETARIO.- De la Comisión de Comercio y Fomento Industrial con punto de acuerdo, relativo a la proposición del Congreso del estado de Jalisco, por la que manifiesta su apoyo al proyecto de norma oficial "jamón, denominación, especificaciones y método de pruebas".
LA C. PRESIDENTA.- Queda de primera lectura y se instruye al área de Servicios Parlamentarios de que provea su publicación o distribución para que se voten en la próxima sesión.
Pasamos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra la diputada Beatriz Cervantes Mandujano del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con la consolidación del área de servicio telefónico local referente a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc y Acolman.
-DIP. BEATRIZ CERVANTES MANDUJANO : Con su permiso diputada presidenta; compañeras y compañeros diputados:
El lunes 30 de noviembre de 1998 el Gobierno Federal a través de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Comisión Federal de Telecomunicaciones, emite una resolución administrativa que define los lineamientos y el procedimiento para la consolidación de los grupos centrales de servicio local existentes en áreas de servicio local, así como el calendario de consolidación respectiva.
Esta medida se desarrolló de manera gradual definiendo geográficamente las nuevas áreas de servicio local, las cuales se basaron fundamentalmente en una agrupación municipal, lo cual significa que las áreas de servicio telefónico que existían en ese tiempo, aumentaron su cobertura de tal manera que las llamadas locales que se venían realizando dentro de un mismo poblado, con la consolidación se pueden realizar ahora entre localidades vecinas, eliminando con ello los cargos de larga distancia., lo cual se traduce en un evidente beneficio para la población de los municipios beneficiados.
Este esfuerzo del Gobierno Federal, ha permitido la consolidación de los 1464 grupos de centrales de servicio local existente en 406 áreas de servicio local, lo cual fue posible con el apoyo decidido de los concesionarios y habitantes de las zonas beneficiadas, lo cual le permitió a la COFETEL, cumplir en dos años las expectativas establecidas en las reglas del servicio local, las cuales otorgaban un plazo máximo de 5 años para lograr este objetivo.
Durante 3 años cada mes se incluyeron diferentes ciudades y comunidades a este programa, lo que significó una reducción de 72% en los destinos de larga distancia.
Con este reordenamiento se ha dado respuesta a las necesidades de comunicación de miles de usuarios de diversas comunidades del país, organizaciones sociales y gobiernos estatales y municipales. Pero este esfuerzo no puede darse por concluido ya que existen municipios en distintas partes del país que reúnen los requisitos para ser considerados en este esfuerzo de consolidación telefónica.
Asimismo, los lineamientos expresados en la regla sexta transitoria de las Reglas de Servicio Local, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el
23 de octubre de 1997, establecen un plazo máximo de 5 años para concluir este proceso, contados a partir de la entrada en vigor de la normatividad de referencia, lo cual hace posible solicitar la incorporación de localidades o municipios que cumplan requisitos de la COFETEL.
Adicionalmente el párrafo sexto de la resolución administrativa emitida por la Comisión, señala que se podrá modificar la definición de las áreas de servicio local y su calendario de consolidación, cuando así lo exija el interés público.
Por lo anterior y dado que el objetivo central de todo este proceso es el de conseguir una mayor cobertura y penetración de servicio telefónico para aumentar la productividad de la economía en su conjunto, brindar más oportunidades de desarrollo en el país, elevar la calidad y aumentar la diversidad de los servicios con precios más accesibles en beneficio de un mayor número de usuarios, me permito a nombre de mi grupo parlamentario y de mis representados de los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, correspondientes al doceavo distrito electoral federal, así como a petición expresa de los habitantes de municipios colindantes como Tezoyuca, Tepletauxtoc y Acolman, solicitar la aprobación y apoyo de esta Honorable Asamblea, para lograr hacer extensivo el beneficio de la consolidación telefónica de áreas de servicio local de la ciudad de México, a los municipios citados.
Dicha petición se sustenta adicionalmente en los criterios de cercanía geográfica, conurbación y el hecho de que su actividad económica preponderante está relacionada con el sector servicios. Por lo que dicha determinación beneficiaría enormemente a los habitantes de los municipios aludidos.
Por todo lo expresado anteriormente y en base al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, me permito someter a su consideración el siguiente:
"PUNTO DE ACUERDO:
"UNICO.- Solicitar a la Comisión Federal de Telecomunicaciones incorpore en el Programa de Consolidación Telefónica de Servicio Local de la ciudad de México, a los municipios de Texcoco, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, San Salvador Atenco, Tezoyuca, Tepetlauxtoc y Acolman".
Es cuanto, señora presidente.
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión de Comunicaciones.
Para presentar una proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional, tiene la palabra el diputado Martín Gerardo Morales Barragán, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
EL C. DIPUTADO MARTIN GERARDO MORALES BARRAGAN: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 58 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante ustedes el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación y a la Secretaría de Economía informen a esta soberanía las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional ante el incremento de las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América.
Consideraciones:
Nuestro país enfrenta un incremento de las importaciones de la carne de cerdo proveniente de los Estados Unidos de América, las cuales son superiores a las cuotas autorizadas por la Secretaría de Economía.
La introducción de esos productos a nuestro territorio representa un problema de dos dimensiones: de salud pública y de competencia desleal.
De salud pública porque existe una denuncia constante por parte de las organizaciones porcícolas sobre la dudosa calidad de los productos cárnicos, lo cual puede tener efectos negativos en el mediano plazo en la salud de la población nacional, ya que la carne de cerdo requiere de un manejo, supervisión y control sanitario que garanticen que su consumo no represente ningún riesgo.
En este sentido es indispensable mantener un estricto control en los puntos de entrada de estos productos y una aplicación estricta de las normas zoosanitarias que son responsabilidad de la Secretaría de Agricultura.
Por otro lado, el sector porcícola nacional enfrenta una competencia desleal que está provocando que los precios del cerdo en pie en el país se hayan reducido en un 20% en los últimos meses, lo cual representa pérdidas importantes para el sector.
Actualmente la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación cuenta con dos programas dirigidos al sector porcícola: mejoramiento genético y programa avícola y porcícola; sin embargo, hasta el momento éstos han resultado insuficientes ante el impacto de las importaciones excesivas a precio dumping.
Por otro lado, de conformidad con la Ley de Comercio Exterior y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es responsabilidad e la Secretaría de Economía vigilar y aplicar de manera adecuada las disposiciones relativas a la regulación de estas importaciones.
En este sentido resulta urgente que dicha Secretaría, sin perjuicio de los convenios internacionales de los que México sea parte, aplique de manera rigurosa las acciones dirigidas a la protección de nuestros productores nacionales.
Asimismo, dentro de esta dependencia existen instancias como la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales encargada de iniciar los procedimientos correspondientes en contra de aquellos países cuyas prácticas desleales comerciales perjudican a la industria nacional.
Estamos conscientes de las asimetrías que guarda nuestro país frente a los Estados Unidos; sin embargo, ello no depende ni debe ser pretexto para permitir abusos y excesos en perjuicio de nuestros productores.
Por lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal de la 58 Legislatura de la Cámara de Diputados, y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta H. Cámara de Diputados el siguiente punto de acuerdo:
Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la de Economía, informen a esta soberanía en un plazo que no exceda de quince días a partir de la aprobación del presente Punto de Acuerdo, de las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional, frente a las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América.
Segundo.- "Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productor porcícolas y en caso de estar aplicándolo, informe los resultados que se han arrojado.
Tercero.- "Que la SAGARPA lleve a cabo en los centros de introducción, una supervisión sosanitaria rigurosa, de los productos porcícolas provenientes de los Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los resultados en un plazo no mayor a 30 días a partir de la aprobación de este Punto de Acuerdo.
Cuarto.- "Que la Secretaría de Economía evalúe la posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional a efecto de discutir y en su caso resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de carne de cerdo e informe a esta soberanía sobre la viabilidad de dicha medida".
Dejo el presente Punto de Acuerdo en esta Secretaría para su turno a Comisión. Por su atención, muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado.
Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y de Comercio y Fomento Industrial y Especial de Ganadería.
- EL C. DIP. RUBER GARCIA FARIAS (Desde su curul): En pro, diputada Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: El diputado Rubén García Farías, ¿en pro del Punto de Acuerdo, diputado?
- EL C. DIP. RUBEN GARCIA FARIAS (Desde su curul): Desearía que me permitiera abordar la tribuna.
- LA C. PRESIDENTA: Sí, diputado. En el Acuerdo respectivo yo estaría en posibilidad de suscribir el registro de dos intervenciones en pro y dos en contra cuando mucho y quiero que quede claro que en la presentación de Proposiciones, el capítulo para hechos del Acuerdo respectivo, no está contemplado. Por eso le consulto si su intervención es en pro.
- EL C. DIP. RUBEN GARCIA FARIAS (Desde su curul): Sí, en pro.
- LA C. PRESIDENTA: En pro.
- Diputado Jaime Rodríguez.
- EL C. DIP. JAIME RODRÍGUEZ (Desde su curul): También en pro, diputada Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: En pro.
- EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN Desde su curul): Presidenta...
- LA C. PRESIDENTA: Diputado Del Río.
- EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul: Señora Presidenta, solamente para respetar el Acuerdo que hay, me voy a solidarizar con el punto que presentó mi compañero en la tribuna y entonces darle el respeto que usted se merece y el acuerdo que está firmado por todos los partidos. Gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Se lo aprecio, diputado. Se incorpora el diputado Del Río Virgen en apoyo al Punto de Acuerdo.
Tiene la palabra, en pro, el diputado García Farías, hasta por cinco minutos.
- EL C. DIP. RUBEN GARCIA FARIAS: Muchas gracias, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: He solicitado hacer uso de la palabra para sumarme a la Proposición con Punto de Acuerdo que ha formulado quien hizo uso de la palabra con anterioridad.
Y deseo solamente expresar a ustedes, continuando la exposición del ciudadano diputado federal por Pénjamo, deseo ampliar el concepto de la gravedad del conflicto, del problema de la porcicultura.
En el municipio de Pénjamo, en Abasolo , en Santa Ana, en La Piedad, Michoacán, en una región muy amplia del estado de Guanajuato, del estado de Jalisco y de Michoacán, estamos a punto de conocer de un colapso económico.
Para nuestra región la porcicultura es muy importante no solamente de una manera intrínseca, sino porque los productores agrícolas sufren también las consecuencias porque el sorgo, el principal cultivo de la región, se habría de ver en un decremento muy peligroso. La economía de la región se habría de ver profundamente alterada.
¿Y cuál es la razón de esta posible debacle económica? Ni más ni menos que una desigual relación económica con nuestros dizque socios comerciales. Los cupos que están autorizados para la introducción de cárnicos no se cumplen, se burlan. Se están introduciendo artículos perniciosos para la salud, no hay ningún respeto al interés de la higiene y de la salud de los mexicanos. Se introducen vísceras de pésima calidad. Se introducen grasas. En fin, hay una invasión de productos que generan los problemas de que he hablado. No cabe duda, tenemos que resolver este problema por los campesinos y por los ganaderos y por la salud de todos los mexicanos. Y ojalá que no nos vayan a contestar que tenemos tales o cuales obligaciones con el Tratado de Libre Comercio, porque el Tratado de Libre Comercio para nosotros ya solamente es una entelequia que nos perjudica en todos sentidos.
Por eso creo yo que las comisiones a las que deba de ir esta proposición con punto de acuerdo, la deben de atender de inmediato y con un criterio nacionalista, con un criterio económico a favor de los mexicanos, deben de resolver y debemos de presionar -¿por qué no decirlo?- al gobierno de la República, para que ponga un límite a los contrabandos de carnes que perjudican, repito, la economía y la salud de los mexicanos.
Muchas gracias.
(Aplausos)
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputado.
El diputado Jaime Rodríguez, en pro.
- EL C. DIPUTADO JAIME RODRÍGUEZ LOPEZ (PRI): Con su permiso, señora Presidenta.
Compañeras y compañeros Diputados:
Venimos a esta tribuna a expresar de manera contundente que no solo Rubén García Farías y su servidor, sino sin duda alguna la fracción del PRI en esta Cámara habrá de sacar lo más pronto posible este punto de acuerdo, que ha sido presentado por nuestro paisano Gerardo. Somos de la misma región y conocemos de sobra este problema.
Efectivamente, es urgente que el Ejecutivo, porque es a quien le corresponde, lo más pronto posible haga algo ya por el sector porcícola del país.
Para conocimiento de ustedes, los porcicultores en una desesperación y dado que son una organización fuerte, muy unida en el país, tuvieron que recurrir incluso a movilizarse y cerrar las fronteras como una manifestación de la problemática que están viviendo y para que fueran escuchados por el Ejecutivo.
Ante esa movilización se tuvo una reunión en el Ejecutivo, en la cual participamos y a la fecha no se tiene una solución del problema.
Al día de ayer, que estuve en la región del distrito de La Piedad, con datos precisos y platicando aquí en la Ciudad de México con dueños obradores que manejan la carne de cerdo, sigue entrando pierna de cerdo a 8 pesos el kilo y esto no sólo golpea a los porcicultores del país, a los graneleros también que les venden el grano a los porcicultores, vienen a ser arrasados. Y lo más grave es que al consumidor le esté llegando esta carne cara, de mala calidad y que está arrasando con los agricultores, porcicultores y con el consumidor mismo.
Por ello, coincidimos en este punto de acuerdo que el compañero Gerardo ha traído a esta Honorable Cámara de Diputados y habremos de trabajar en las comisiones correspondientes para que lo más pronto posible se busque tener una solución a este sector tan importante para nuestro país y que no agrede sólo a los grandes porcicultores, como a veces algunos desde el gobierno lo ven, viene a arrasar también con el ejidatario y comunero que tiene en su solar un vientre o dos o tres para su subsistencia, dado que viven con una economía mixta en el campo todas las familias rurales.
Es nuestra exposición y por supuesto que de antemano hacemos un llamado a los diputados para cuando este dictamen esté terminado y listo para su votación, den un voto a favor, para que pronto se tenga una solución al sector porcícola nacional.
Muchas gracias.
(aplausos)
-PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias.
Diputado Garibay. Hasta por cinco minutos diputado.
-DIP. J. JESÚS GARIBAY GARCIA: Con su
venia, ciudadana Presidenta.
Compañeras; compañeros diputados: Qué pronto, qué pronto la necia realidad se impone.
Yo recuerdo que en el mes de diciembre del año 2000, en esta misma tribuna expresábamos
la necesidad urgente para poner orden en las importaciones no sólo de cárnicos sino
también de las importaciones indiscriminadas en granos y en otro tipo de productos que
estaban poniendo al campo y a la agroindustria en contra del a pared.
Qué pronto la realidad viene a ubicarnos. Recuerdo que en aquél entonces algún interés muy particular nos venció en la tribuna; recuerdo también que los importadores de pollo, no entero, de partes, finalmente se impusieron y se burlaron de lo que esta soberanía acordó
Ahora, qué bueno que hay más conciencia y que hay compañeros Legisladores de las Fracciones Parlamentarias que en aquel entonces no lo aceptaron y lo rechazaron, qué bueno que se empieza a ver a favor de la producción nacional.
Decía un compañero Diputado que me antecedió, que el día de ayer, de una región del Estado de Michoacán le planteaban el problema, esto se ha venido planteando el día de ayer, antier, hace una semana, hace cinco semanas, hace cinco meses , hace cinco años y no se ha querido escuchar.
Ahora descubrimos que el tratado de Libre Comercio en el sector agropecuario ha venido a dañar a la población y en nada ha beneficiado a este país. Ojalá no sólo en el Punto de Acuerdo sino cuando dictaminemos aquellas iniciativas, aquellas propuestas que se han hecho para que se abra el capítulo del sector agropecuario en el Tratado de Libre Comercio y se haga una re negociación, ojalá no cambien de opinión, ojalá su voto sea solidario por los agricultores y por el campo de este país.
Ya es tiempo, el campo no aguanta más, el campo ahí está, por ahora espera, después no esperará, vendrá a demandarlo. Ojalá compañeros no olvidemos esto. Gracias Presidenta.
LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. Esta Presidencia ha escuchado con interés el desenvolvimiento de la sesión y las intervenciones tanto del proponente como de los Diputados que intervinieron en pro y de quienes se sumaron al Punto de Acuerdo y es criterio de esta Presidencia, que el tema tiene tal importancia que el asunto debe ser considerado como de urgente resolución, si así lo determina este pleno.
Por lo tanto, le ruego a la Secretaría consultar si es de urgente y obvia resolución.
-EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. Por instrucciones de la Presidencia, de conformidad con lo que establece el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera de urgente resolución el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-LA C PRESIDENTA. Se considera de urgente resolución.
En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo. No habiendo oradores que hagan uso de la palabra, le ruego a la Secretaría consulte si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
-EL MISMO C. SECRETARIO. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se considera suficientemente discutido el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Los Ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
Suficientemente discutido Presidenta.
-LA C. PRESIDENTA. Consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba el Punto de Acuerdo.
-EL MISMO C. SECRETARIO. En votación económica se pregunta a la Asamblea si se aprueba el Punto de Acuerdo.
Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifesstarlo.
(votación)
Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.
(votación)
-LA C. PRESIDENTA. APROBADO EL PUNTO DE ACUERDO. Ruego a la Secretaría dé lectura a los Puntos de Acuerdo específicos que se acaban de aprobar como de urgente y obvia resolución, con lo que se comunicará al Ejecutivo y se rectifique el anterior trámite de la Presidencia.
- EL C. SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Punto de acuerdo:
Primero.- Que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Economía, informen a esta soberanía en un plazo que no exceda de 15 días a partir de la aprobación del presente punto de acuerdo las acciones dirigidas al apoyo del sector porcícola nacional frente a las importaciones provenientes de los Estados Unidos de América.
Segundo.- Que la Secretaría de Economía informe a esta representación social si actualmente se encuentra aplicando una cuota compensatoria o algún otro mecanismo para equilibrar el mercado nacional de productos porcícolas y en caso de estar aplicándolo, informe los resultados que han arrojado.
Tercero.- Que la SAGARPA lleve a cabo en los puntos de introducción, una supervisión zoosanitaria rigurosa de los productos porcícolas provenientes de los Estados Unidos de América e informe a esta soberanía los resultados en un plazo no mayor a 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo.
Cuarto.- Que la Secretaría de Economía evalúe la posibilidad de solicitar la instalación de un panel binacional a efecto de discutir y en su caso resolver la aplicación de una cuota a las importaciones de cerdo en pie y de carne de cerdo e informe a esta honorable Cámara sobre la viabilidad de dicha medida.
- LA C. PRESIDENTA: Se han aprobado estos puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución. Comuníquese al Ejecutivo para su desahogo.
Continuando con el orden del día, se ofrece el uso de la palabra al diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD para presentar una proposición con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados acuerde la integración de una Comisión especial en torno a los trabajos del IFE.
- EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta.
Efectivamente presento una proposición que contiene un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados acuerde crear una comisión especial con dos puntos de competencia:
1.- Para que dé seguimiento a las investigaciones que se encuentran en marcha en relación a la campaña presidencial del año 2000, y
2.- Dé seguimiento al financiamiento de los partidos políticos en el proceso electoral ya en marcha.
Lo hago al tenor de las siguientes consideraciones:
Sucede que en la vida política del México posrevolucionario no ha existido una sola elección equitativa; de recuerdo relevante, la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreu Almazán con Manuel Avila Camacho y desde luego la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con Carlos Salinas de Gortari.
Nuestro modelo de partidos hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rasgos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómenos que influyeron decisivamente en los resultados electorales, la desigualdad en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial.
El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, a genera condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral.
Todo ello no ha sido suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En ella, el PRI y el PAN además de las prerrogativas asignadas por el Estado utilizaron financiamiento privado nacional y extranjero y desviaron recursos públicos. A más de dos años de celebrados los comicios, el IFE tiene en marcha dos investigaciones cuyo resultado podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos políticos y la determinación de que importantes actores políticos hayan cometido delitos electorales.
La indagatoria que atañe a la campaña de Vicente Fox y que involucra a dos de sus hermanos, a Lino Corrodi y a Carlos Robinson entre otros, salió a la luz pública a través de una filtración del propio gobierno, sólo así se entiende el acceso al detalle, el instrumento: la tribuna de la Comisión Permanente en el año 2000 y la voz del entonces diputado Enrique Jackson, hoy Presidente de la Mesa Directiva del Senado.
La referente a la campaña de Francisco Labastida, que se ventila ante la opinión pública como el caso "PEMEX Gate", también se inició como producto de una filtración de información en posesión del Estado, hoy en manos de gobernantes que reproducen los vicios que en el pasado tanto combatían al percatarse que la información es poder y que el poder para ellos es simple disposición.
Sin duda, el proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2000; el tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y el transcurso del siguiente. Dos son las razones...
LA PRESIDENTA: Diputado Barbosa, el diputado Tomás Torres está solicitando hacer uso de la palabra. Diputado Tomás.
EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO: (desde la curul) Gracias, diputada Presidenta.
Solamente si por su conducto, ciudadana Presidenta, si el señor diputado me acepta un cuestionamiento, una pregunta.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Con mucho gusto.
LA PRESIDENTA: Diputado Barbosa, acepta, entonces, diputado Tomás Torres, puede usted formularle la pregunta.
EL DIP. TOMAS TORRES MERCADO: (desde la curul) Diputado Barbosa, a pesar de su planteamiento diligente y profundo del punto de acuerdo, nos deja señor diputado, la inquietud si habla usted de una comisión que se ocupe de revisar los dineros privados y públicos en el proceso federal de 2000 y extender la competencia de esta comisión al proceso federal de 2003. Si puede precisarlo, por favor.
LA PRESIDENTA: Adelante, diputado Barbosa.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Desde luego, diputado Tomás Torres, le reconozco su agudeza que ilustra a la asamblea.
Decíamos, y va a estar contenida su respuesta en esta mención que voy a hacer, señor diputado. Sin duda el proceso electoral ya iniciado está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2000. El tema del financiamiento electoral de los partidos políticos seguirá dominando el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año...
LA PRESIDENTA: Diputado Barbosa...
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Estoy dando respuesta, Presidenta.
LA PRESIDENTA: Está usted dando respuesta, diputado Barbosa.
Nada más el diputado Zapata Perogordo había solicitado hacer uso de la palabra.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Es un honor para mí.
LA PRESIDENTA: Diputado Zapata.
EL DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: (desde la curul) Sí, nada más para dejar constancia que cuando hicieron la pregunta ya se le había terminado el tiempo para el diputado Barbosa. Creo que contestó adecuadamente el cuestionamiento, pero sí queríamos, precisamente para que no se considere una artimaña de que quiere utilizar más tiempo del acuerdo parlamentario, dejar la constancia precisa de que ya había hecho el uso de su tiempo que le correspondía en tribuna.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: No son artimañas, diputado Zapata, las artimañas muchas veces se utilizan desde otro lado.
LA PRESIDENTA: Diputado Barbosa, concluya la respuesta al diputado Tomás Torres y concluya con la presentación de su punto de acuerdo, por favor.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Decíamos que este proceso electoral, el que ya está en marcha, está afectado por el nada limpio proceso electoral del año 2002 y que tanto duele que se mencione por la ilegitimidad que genera en la Presidencia de la República.
Estos dos temas dominan el escenario de la agenda nacional por lo que resta del año y por el transcurso del siguiente, dos son las razones: la primera, la sustanciación del par de averiguaciones ante el IFE, que tal parece, están calculadas para que revienten cuando el proceso electoral del 2003 esté en su punto culminante. Y la segunda, el control que deberá operar en los gastos de campaña de los partidos políticos para la elección en marcha.
Para atender estas dos razones, esta Cámara de Diputados cuya renovación es el único objeto del actual proceso electoral, tiene la obligación moral de involucrarse más allá de posiciones partidarias en un esfuerzo para garantizarle al pueblo de México un órgano legislativo con la mayor legitimidad.
LA PRESIDENTA: Diputado Barbosa, si quiere proponer su Punto de Acuerdo y concluir.
EL DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Por eso propongo a esta asamblea el siguiente:
Punto de Acuerdo
La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda crear una Comisión Especial cuya competencia será la siguiente:
1. Dar seguimiento a las investigaciones que está llevando a cabo el Instituto Federal Electoral sobre el financiamiento utilizado por los candidatos y partidos políticos en la campaña para Presidente de la República del año 2000.
2. Dar seguimiento al financiamiento electoral de los partidos políticos en el proceso electoral en marcha.
Gracias, señora Presidenta.
LA PRESIDENTA: Túrnese a la Junta de Coordinación Política.
EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Desde su curul): Señora Presidenta, para solidarizarme con el Punto de Acuerdo del señor diputado Miguel Barbosa que además contestó muy bien la interpelación del diputado Tomás Torres.
LA PRESIDENTA: Se registra la solidaridad del diputado Del Río Virgen con la propuesta de Punto Acuerdo y se reitera que el turno es a la Junta de Coordinación Política.
Tiene la palabra la diputada Erika Spezia Maldonado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo por el cual se solicita que el Poder Ejecutivo Federal informe a la Cámara de Diputados cómo se ha canalizado la ayuda humanitaria en la zona afectada por el Huracán Isidore.
LA DIP. ERIKA SPEZIA MALDONADO: Muchas gracias diputada Presidenta, con su venia.
Desde hace varios años, fenómenos naturales reiterados han ocasionado devastación y miseria en el territorio nacional. Basta recordar la presencia de los huracanas Paulina, Mitch y Julliette y sus efectos destructores.
El cambio climático es uno de los fenómenos que más impactan a nuestro territorio nacional por la posición que geográficamente ocupa. A la vez, que cada temporada evoluciona de manera distinta, sin que tengamos a ciencia cierta una visión correcta del fenómeno para poder prever sus efectos y prevenir sus consecuencias.
Hasta ahora, dicho fenómeno ha pasado desapercibido para las autoridades sin que adopten medidas adecuadas para mitigar y revertir sus efectos que cada vez serán más evidentes en perjuicio de las poblaciones costeras.
Los programas implementados hasta ahora por el gobierno han servido sólo para colmar necesidades a corto plazo sin lograr detener los efectos que año con año se vienen dando.
Así, las soluciones del gobierno sirven sólo para un año hasta en tanto llegue el próximo temporal de lluvias que de acuerdo a las condiciones de cambio climático, se prevé que serán cada vez más intensas y extremosas.
La política de prevención de desastres ha servido de poco para evitar los efectos negativos que los huracanes producen a la economía nacional, pero sobre todo al bienestar de los pobladores, por lo que la adopción de una política nacional de protección civil entre las diversas comunidades, es ya un imperativo impostergable.
Como es de todos sabido, el huracán Isidore dejó a su paso por el sureste del país, numerosos damnificados, devastación, cuatiosos daños a la infraestructura carretera y de servicios. En particular, la región norte de la Península de Yucatán sufrió los mayores daños, aunque los estados de Campeche y Quintana Roo, también sufrieron graves estragos.
En toda la zona de influencia se estima que hay cerca de 300 mil damnificados por el huracán que requiere nuestro apoyo. La mayor parte de ello es en Progreso, Tizimin y Mérida.
Hasta el momento las Secretarías de Marina y Defensa Nacional, han intervenido distribuyendo agua potable, alimentos, ropa y medicinas, así como el traslado de enfermos, la realización de vuelos de reconocimiento y otras labores propias de estos institutos armados.
Desde esta tribuna hacemos un reconocimiento a esa valiosa labor, y los invitamos a continuar apoyando a los damnificados.
En los municipios quintarroenses de Solidaridad, Tulúm, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, el alcalde de Benito Juárez, fue víctima de supuestos decomisos, más parecido al robo por parte de policías uniformados, así como de detenciones ilegales, al tratar de otorgar víveres recolectados en el municipio de Benito Juárez, como ustedes saben, Cancún, para las víctimas del desastre natural.
Por último, queremos exhortar al gobierno federal, para que se conduzca con legalidad e imparcialidad y no otorgue la ayuda de manera selectiva, en los municipios y estados que gozan de la preferencia del presidente de la república.
Por todo lo anterior, es que solicitamos al pleno de esta Cámara e Diputados, con fundamento en lo dispuesto del artículo del Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta y se acuerde:
PRIMERO.- Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, informe a la Cámara de Diputados cómo ha canalizado toda la ayuda humanitaria, en la zona afectada por el huracán Isidore.
SEGUNDO.- Que los Poderes Ejecutivos, federal y estatal de Quintana Roo, informen a la Cámara de Diputados, qué se ha hecho con las tres toneladas de víveres, que fueron decomisadas al presidente municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.
TERCERO.- Que el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, investigue y prevenga, la posible comisión de delitos por aquellos que, aprovechándose de la tragedia humana, realizan conductas delictivas en perjuicio de la sociedad mexicana.
En este sentido, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara de Diputados, sometemos el presente Punto de Acuerdo, en virtud de que miles de mexicanos lo necesitan, y por tanto se turne a la Junta de Coordinación Política el presente. Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
Dado que hay un asunto similar en torno al seguimiento turnado a la Junta de Coordinación Política, para la integración de una Comisión Especial, y que el día de hoy fue integrada la Comisión Especial de referencia, le consulto si puedo turnar este Punto a la Comisión Especial, que ya fue integrada para dar seguimiento, y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Gracias diputada.
Túrnese a la Comisión Especial para dar seguimiento a los respaldos a la zona afectada por el huracán Isidore y a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública.
Continuando con el Orden del Día, se ofrece el uso de la palabra al diputado José Francisco Yunes Zorrilla del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo, en relación al Parque Nacional del Cofre de Perote, Ver.
-EL C. DIPUTADO FRANCISCO YUNES ZORRILLA; Con el permiso de la diputada presidenta y agradeciendo de antemano la atención de las señoras diputadas y de los señores diputados, sobre un tema en el cual descansa una enorme preocupación y un gran interés, de una parte importante de la población veracruzana sentada en el centro del estado.
Vengo a platicar con ustedes, vengo a compartir con ustedes, un asunto vinculado con distintos problemas de orden social y que está relacionado de manera directa con el Cofre de Perote.
Los problemas son de orden social, en virtud de la población que está asentada en la parte alta de esta montaña, son de orden económico, porque sin lugar a dudas está implicando una combinación de esfuerzos y de recursos, que tienen su origen precisamente en esta cincunscripción, y de orden político porque evidentemente siempre es un factor a considerar, cuando la cuestión económica y social pueden conjugarse.
El Cofre de Perote, desde 1937 por Decreto Presidencial es Parque Nacional; el decreto delimita esta circunscripción por encima de los 3 mil metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, antes de la puesta en marcha de este decreto, había ya resoluciones presidenciales de dotación ejidales en esta región.
Convergen 5 municipios y cerca de 15 comunidades y después de 65 años de promulgar este decreto con el objeto de dar certidumbre en las cuestiones ecológicas, con el objeto de fincar una reserva ambiental que pudiese significar condiciones favorables tanto en la provisión de agua como oxigeno para las ciudades bajas, aledañas, entre las que figura la Ciudad de Jalapa, vemos que estos esfuerzos no han sido suficientes y con muchísima consternación entendemos que algo nuevo debe de hacerse; y aun cuando este problema puede, sin lugar a dudas resolverse desde distintos ángulos, el que yo pongo a la consideración de los señores diputados aquí reunidos, tiene que ver con los derechos de propiedad.
Me parece que es pertinente, me parece que es insoslayable la necesidad de hacer convertir de nueva cuenta los derechos comunales sobre el Parque Nacional con los derechos de propiedad que pueden tener los ejidatarios de estas dotaciones, así como los pequeños propietarios que conjugan y que coinciden en esta área geográfica del Parque Nacional.
Es importante, porque estoy plenamente convencido, que la delimitación de incentivos a través de los derechos de propiedad puede hacer, sin lugar a dudas, que los intereses particulares coincidan en algo más general y más importante; y en la medida en la cual los habitantes de la parte alta del Cofre de Perote tengan plena convicción de que los recursos naturales, de que los recursos maderables ahí asentados pueden ser parte de su patrimonio y pueden aprovecharse con racionalidad y con cultura ecológica y con sentido práctico, sin lugar a dudas habrá fuerzas naturales, relevantes que hagan que estos mismos pobladores cuiden de esos bosques para beneficio de todas las poblaciones que de manera directa e indirecta, en este sentido nos beneficiamos.
Por estas razones, me atrevo a poner a consideración de ustedes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente proposición de punto de acuerdo:
Unico. Que la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional Forestal, instrumenten acciones tendientes a definir y en su caso, rectificar los derechos de propiedad sobre el suelo y los recursos naturales de los ejidos de la colonia Agrícola y del Parque Nacional asentados arriba de la curva de los 3 mil metros sobre el nivel del mar del Cofre de Perote, con el objeto de alinear los incentivos particulares de sus pobladores con las metas de la conservación ecológica.
Por su atención y por el apoyo que puedan brindar a esta propuesta, de antemano en nombre de todos los habitantes de esa región, dejamos nuestra gratitud.
LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado.
Diputado Yunes, diputado Yunes le consulto: de manera lógica este punto de acuerdo se debe turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos naturales, le pregunto si también a la de Reforma Agraria.
Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Comisión de Reforma Agraria.
Tiene la palabra el diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo.
Nos han indicado que se pospone para la próxima sesión.
En tal virtud, tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, que nos solicito hacer una permuta de su turno para presentar en primer término la Proposición con Punto de Acuerdo, inscrita por él mismo, en relación al tema de la deuda pública del Gobierno Federal, esta presidencia obsequia esta petición del ciudadano diputado, por lo que el tema relativo al saneamiento, fusión y venta del Banco del Atlántico, pasa al lugar que en la Orden del Día estaba asignado a la propia propuesta del diputado Magallanes, en torno a la Auditoría Superior de la Federación.
Entonces se ofrece el uso de la palabra al diputado José Antonio Magallanes, del grupo parlamentario del PRD, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para solicitar que la Auditoría Superior de la Federación revise el destino de la deuda pública del Gobierno Federal.
-DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES: Gracias diputada presidente; compañeras y compañeros diputados:
El artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción VIII, confiere a la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva para dar las bases bajo las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para conocer y mandar pagar la deuda nacional.
Segundo, el artículo referido anteriormente de nuestra Carta Magna, establece que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos.
Considerando que de acuerdo a los últimos datos oficiales al mes de agosto, la deuda interna y externa reconocida oficialmente, es decir, aquélla que no incluye los llamados pasivos contingentes, ascendió en un promedio a 1 billón 356 mil millones de pesos, cifra que representa aproximadamente el 22% del Producto Interno Bruto.
Que durante los últimos años la deuda pública interna y la deuda total, han crecido a tasas muy superiores al crecimiento de la economía.
Que lo anterior implica que el endeudamiento neto del sector público no ha tenido como destino la inversión productiva, sino más bien el gasto corriente.
Que de continuar esa tendencia el peso de la deuda se traducirá en presiones sobre las finanzas públicas.
Que es preciso desalentar el gasto corriente y fomentar la inversión productiva y social.
Las cifras que se presentan en la Cuenta Pública difieren de las cifras que se reportan en los informes trimestrales de la deuda pública.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la presidencia de la mesa directiva someta a su consideración de este Pleno, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
"UNICO.- Que se solicite a la Auditoría Superior de la Federación que se revise el destino del endeudamiento público particularmente el desmedido crecimiento de la deuda pública interna durante los últimos años".
Es cuanto ciudadana presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias diputado.
Túrnese a la Comisión de Vigilancia del Organo Superior de Fiscalización.
Ratificando el turno a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Tiene la palabra el diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, en relación a la plaga de langosta en la Huasteca Potosina.
-DIP. ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Gracias presidenta; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que el Poder Legislativo debe ejercer sus funciones como órgano político representante del pueblo y depositario de la soberanía nacional atendiendo a las demandas de sus representados.
En ese tenor yo quiero plantear aquí un asunto que si bien es un asunto regional, afecta de manera nacional. En más de 17 mil hectáreas de pastizales, frutas tropicales, hortalizas, entre otros cultivos, ubicadas en la Huasteca Potosina, han sido afectadas por la plaga de la langosta.
Se padece prácticamente en todos los municipios de la huasteca y existe, además, el riesgo de que se vean afectados los cultivos de caña de azúcar de la región.
Sí sabemos que el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha enviado técnicos especialista en el combate de plagas a la zona donde se identificó esa plaga con el fin de apoyar a los campesinos y evitar que se incremente su presencia y afecte a otros cultivos.
Sin embargo, sí creemos importante que se debe solicitar apoyo de las autoridades federales de manera subsidiaria con los propios productores para intensificar las acciones de combate a la plaga de langosta que pone en riesgo cultivos y pastizales.
Las intensas lluvias y las altas temperaturas que se registran en esta temporada favorecen el desarrollo de esa plaga y se corre el riesgo de que aparezcan otras, afectando la producción de los cultivos antes mencionados.
En el caso de las frutas tropicales, el problema es muy grave si se considera que la productividad nacional de las mismas se vio seriamente disminuida a consecuencia de las lamentables devastaciones ocurridas en los estados del sureste del país y en la Península de Yucatán.
Es por ello que, como legisladores, tenemos la responsabilidad constitucional de buscar alguna respuesta que permita restablecer las condiciones de los productores de la zona afectada, ya que de no hacerlo se pueden perder más de 200 millones de pesos invertidos en cultivos.
Hay que recordar también las palabras de nuestro secretario de Agricultura, en Cholula, Puebla, que señala "El federalismo es la condición básica para alcanzar un desarrollo duradero en el campo mexicano, ya que federalismo es compartir las responsabilidades. El federalismo es iniciar nuevos apoyos para la gente que trabaja en su estado, pero sobre todo federalismo es actuar en consecuencia".
Hoy se nos presenta la urgencia de apoyar de manera subsidiaria y solidaria a los productores potosinos pues nuestra convicción, como representantes populares, es la de velar por los intereses de todos los mexicanos.
Además, debemos dejar claro que Acción Nacional siempre se ha pronunciado por la transferencia de instrumentos de promoción hacia los gobiernos locales que les permitan cumplir un papel activo en materia de desarrollo económico.
En ese sentido la transferencia de recursos y apoyos de la federación hacia los gobiernos estatales y municipales es una tarea pendiente que hoy debemos concretar.
Por lo anteriormente expuesto se pone a la consideración de ustedes el siguiente punto de acuerdo.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA: (DESDE LA CURUL) Solicito hacerle un cuestionamiento al diputado.
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO: Si es para una interpelación, al término de mi intervención con gusto se la aceptaré al diputado Barbosa.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA: (DESDE LA CURUL) Perdón, yo también le hablaba a la presidenta.
LA C. PRESIDENTA: Diputado Zapata, el diputado Barbosa quiere hacer una interpetación ¿es así, diputado Barbosa? Entiendo que el diputado Zapata la acepta al término de su intervención.
Diputado Tomás Torres.
EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES: Solamente, ciudadana presidenta, para un diputado, su servidor, refrendar la conducción en usted y no del diputado que está en uso de la tribuna. Somos absolutamente respetuosos, pero habremos de reconocer la conducción y la representación en usted. Para que no anticipe a descalificar el planteamiento de un compañero diputado.
A C. PRESIDENTA: Gracias, diputado, se toma nota.
Diputado Zapata, continúe con su exposición y está claro que la interpelación que quería formularle el diputado Barbosa la hará al término de su intervención.
EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO Muchas gracias.
Finalmente, se pone a su consideración el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se solicita que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación coadyuve en los trabajos de sanidad en la región afectada por la plaga de la langosta, enviando al efecto el equipo técnico pertinente.
Adicionalmente, yo quisiera también hacer una aclaración y un reconocimiento. Me había hecho la seña el diputado Barbosa que quería hacer un cuestionamiento y así en esos mismos términos fue, con todo respeto para el compañero diputado, que le solicité que fuera al final de la intervención, respetando siempre la conducción de quien preside esta Cámara. Adelante, compañero diputado.
LA C. PRESIDENTA: Diputado Barbosa, su interpelación.
EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA: (DESDE LA CURUL) Diputado Alejandro Zapata. Indudablemente que los asuntos del campo son asuntos de interés de todos los mexicanos. Una plaga de langosta en suelos potosinos involucra a todos los potosinos.
Es aquí la pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el interés de un legislador federal por plantear un problema del campo nacional, y el interés de un político por utilizar la tribuna como artimaña legislativa para posicionarse en su estado? La hago con todo respeto ¿eh?
- EL C. DIP ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (En tribuna): Así lo entendí y además habré de decirle que hay reciprocidad.
Primero.- Yo creo que los asuntos locales pueden llegar a tener relevancia a nivel nacional. El asunto del campo en México es un asunto que nos debe ocupar y que lamentablemente lo hemos ido dejando a un lado.
También habría de señalar que esta zona que es la Huasteca, y hablo por la Huasteca Potosina porque soy potosino y porque me interesa obviamente mi estado, pero que involucra a las otras dos partes de la Huasteca, la Huasteca Hidalguense y la Tamaulipeca, donde se están viendo afectados por una plaga de la langosta, en una zona que tiene gran productividad en cuestión de cárnicos, en hortalizas y en frutas tropicales, que puede verse mermada nuestra producción nacional toda vez que hubo zonas de gran productividad de estos mismos productos devastadas y que como consecuencia de ello sí debemos poner atención porque puede verse en consecuencia mermada la productividad nacional en una parte que es indispensable, no sólo por el consumo interno, sino adicionalmente por la parte externa que también mandamos hacia otros lugares fuera del país y que en ese sentido es obvio que nos interesa que de manera subsidiaria puede entrar la propia Federación en una zona que puede estarse rescatando para que no se alteren los productos en esta parte.
Y en la última reflexión que hizo, ¡no! yo creo que ene se sentido no podemos hablar de artimañas cuando hay una preocupación real y cuando no se trata de tratar tramposamente de utilizar la tribuna para obtener mayor tiempo del que un Acuerdo Parlamentario ha estado estableciendo. Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias, diputado.
- EL C. DIP. TOMAS TORRES (Desde su curul): Presidenta...
- LA C. PRESIDENTA Diputado Tomás Torres.
- EL C. DIP. TOMAS TORRES (Desde su curul): Ciudadana Presidenta, a virtud de la alusión sobre una observación de tipo procedimental, yo le pido a usted en ejercicio del más elemental derecho de un legislador, me dé oportunidad de hacer uso de la tribuna; de desconocerlo, sería para el mismo tema.
- LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra para alusión hasta por cinco minutos, el diputado Tomás Torres.
- EL C. DIP. TOMAS TORRES: Le agradezco, ciudadana Presidenta, con su permiso.
La fracción del Partido de la Revolución Democrática y en lo individual un miembro de esta fracción, siempre ha expresado que no rehuimos de que podemos abordar en la tribuna y en el debate en lo corto, los temas que los señores y las señoras diputadas deseen.
Se ha en esta tribuna adjetivizado el que un servidor haya hecho un cuestionamiento al diputado Luis Miguel Barbosa, en la presentación de un Punto de Acuerdo que resulta definitivamente relevante. Relevante ¿por qué virtud? Está proponiendo la creación de una Comisión Especial que tenga que ver con la vigilancia del destino de los recursos públicos y privados en los procesos políticos electorales; mayor bondad política no podríamos encontrarla.
¿Por qué razón? Pues antes de que ocurran cosas como las que ocurrieron en el proceso electoral del 2000, prevengamos y démosle competencia a los diputados federales.
Un servidor no hace uso de artimañas, diputado. Un servidor hace uso de instituciones procesales parlamentarias; un servidor pugna por la autoridad y el reconocimiento a la Mesa Directiva de la Cámara, como corresponde y como la ley lo señala, un servidor pidió a la Presidenta que por su conducto, cual debe ser, y no por la voz del propio diputado, procediera a reconocerle su derecho a plantear en una pregunta.
No desestimamos en modo alguno el tema local y regional de San Luis Potosí, como no se ha desestimado el de Zacatecas o el de Aguascalientes o el de Jalisco o el de cualquiera otra entidad federativa que traiga a esta tribuna nacional al debate temas que tienen qué ver con la localidad y con el debate público nacional.
Lo que un servidor no puede aceptar es, por supuesto, la descalificación al uso legítimo de las instituciones del procedimiento electoral. Si lo que yo hice fue una artimaña, la suya abunda no solo en la artimaña sino en la negligencia y en el desconocimiento de los recursos de los diputados en esta Cámara.
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: En pro de la propuesta del diputado Alejandro Zapata Perogordo, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Medellín, hasta por cinco minutos.
- EL C. DIPUTADO JOSÉ MANUEL MEDELLÍN MILÁN (PRI): Muchas gracias, señora Presidenta.
Estimados compañeros:
Me parece que este tema aunque parece muy puntual y regional es un tema que tiene qué ver con la aplicación de políticas de carácter nacional y propias del gobierno federal, porque ustedes recordarán perfectamente que en el proceso de descentralización de las actividades agropecuarias la parte de sanidad, tanto de sanidad animal como sanidad vegetal es un tema que incumbe particularmente a la federación, dado que la plagas no reconocen límites.
Y esta plaga en particular, la de la langosta o la del chapulín, como la conocen en las zonas afectadas, ha efectivamente devastado alrededor de cuarenta y tantas mil hectáreas en la zona huasteca, solamente dentro del estado de San Luis Potosí y ha afectado pastizales de los ganaderos, ha afectado sembradíos de maíz, sembradíos de caña de azúcar e incluso ha atacado a las plantas de naranjo en su edad temprana.
De manera que es una plaga que no tiene solamente una expresión local ni regional y que, además de este principio de subsidiaridad al que se ha aludido, me parece que hay una responsabilidad federal muy claramente señalada por tratarse de un tema sanitario. Y hay además una consecuencia social muy importante, algunas de estas zonas pueden estarse recuperando, pueden haber sido menos afectadas, pero ciertamente se requiere de un trabajo que sea uniforme en toda la zona puesto que el ataque a las plagas, cuando es puntual, cuando no está generalizado a toda la zona no es suficientemente eficaz.
De manera que la actuación del gobierno federal y el uso de fondos específicos para este tipo de desastres es indispensable en casos como este, independientemente del tamaño del daño y por otra parte la responsabilidad federal es ineludible. Pero además hay una consecuencia social, sobre todo entre quienes siembran granos para consumo propio. Me parece que muchas familias, cientos o tal vez miles de familias se quedaron sin el producto indispensable de su pequeña parcela para la sobrevivencia.
Y por lo tanto sería muy pertinente añadir a esta propuesta la necesidad de una actuación por el lado del desarrollo social y la atención por la vía de alimentos básicos, particularmente grano de maíz a los campesinos más pequeños y más afectados por esta plaga de la langosta o como lo conocen allá del chapulín.
Yo me solidarizo con la propuesta y le extiendo una actuación de desarrollo social.
Muchas gracias compañeros. Gracias Presidenta.
- LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones de Agricultura y Ganadería y a la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Benito Vital Ramírez, del grupo parlamentario del PRI, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el proyecto de gran visión.
-DIP. BENITO VITAL RAMÍREZ: Con su permiso, diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales, integrantes de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo en torno al Proyecto Regional de Gran Visión.
En el Proyecto Regional de Gran Visión se plantea la construcción de mil 74 kilómetros de autopistas que unen al Golfo con el Pacífico, facilitando el acceso a fronteras y aeropuertos, intercomunicando entre sí a los estados del centro del país y permitiendo más rápidos transportes que logren abatir costos de operación, a la vez que faciliten las actividades de importación y exportación de la región.
Con ello se busca modernizar la infraestructura carretera a una vasta zona nacional que abarca 296 mil 405 kilómetros cuadrados, integrando a 726 municipios y 16 delegaciones correspondientes al D.F., con una población beneficiada cercana a los 40 millones de habitantes.
El proyecto representa una inversión de aproximadamente 14 mil 500 millones de pesos.
El Proyecto Regional de Gran Visión fue visto como el instrumento adecuado para el desarrollo de la región central del país, en que habita casi el 40 por ciento de la población nacional y que serviría de vínculo eficaz entre norte y sur-sureste del país, incrementando las opciones nacionales de desarrollo, con lo cual el proyecto adquiriría una importancia estratégica de carácter nacional.
En el Proyecto Regional de Gran Visión participan los estados de Hidalgo, México, Morelos, Distrito Federal, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. Se inició por el convenio marco de colaboración firmado el 7 de agosto del año 2000 entre los gobernadores de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Veracruz, al que posteriormente se adhirieron el Estado de México, Morelos y el Distrito Federal.
Esta asamblea aprobó en diciembre de 2000 un fondo de apoyo para el Proyecto Regional de Gran Visión el 23 de agosto de 2001 en Cocoyoc, Morelos. Se firmó el convenio general en coordinación para el desarrollo y realización del Proyecto Regional de Gran Visión entre el gobierno federal y los gobernadores de los estados participantes, estableciéndose las siguientes estructuras financieras: Federación-Estado 70-30 y 50-50 por ciento.
Las carreteras con opción a ser concesionadas tendrán un monto de aportación privada por definir.
Hasta el año 2002 la inversión aplicada asciende a 3 mil 453 millones de pesos. Para el año próximo la inversión estimada se calcula en 5 mil 170, de los que corresponderán al gobierno federal la cantidad de mil 984 millones de pesos, correspondiendo a los estados aportar 965 millones de pesos y la inversión privada mil 436, lo cual significa que se podrán realizar obras de carácter nacional con una inversión federal cercana al 40 por ciento.
De la inversión total del Programa Regional de Gran Visión que se espera concluir en el 2006 y que importa una inversión aproximada de 14 mil 500 millones de pesos, de los cuales la Federación sólo habrá invertido 6 mil millones y los estados participantes 3 mil 500 millones de pesos aproximadamente, correspondiendo el restante a inversión privada en las autopistas-libramientos Sur-Pachuca, Tula-Atlacomulco, Lerma-Alpuyeca, Cuautla-Autopista del Sol, Xoxtla-Tlaxcala, Libramiento Tlaxcala, Amozoc-Perote, Libramiento Jalapa, Libramiento Plan del Río, Cardel-Veracruz y el Arco Norte Texmelucan-Atlacomulco, vialidad prioritaria como libramiento de la Ciudad de México.
Para realizar este proyecto altamente beneficioso para la nación y de bajo costo para la Federación, es indispensable el apoyo y la solidaridad de la República, asignándole un fondo específico y etiquetando en el próximo Presupuesto de Egresos de la Federación.
En cumplimiento de lo anterior se propone el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
1º Que este mismo año se inicie el tramo Tlaxco Tlaxcala Tejocotal , límites entre Puebla e Hidalgo utilizando los ahorros que se han tenido en el tramo de Netztatiloya, Teziutlán.
2º.-Que el Ejecutivo Federal por conducto de la SCT y considerando las aportaciones que se realizarán, que realizarán los Gobiernos de los Estados, incluyan en el Presupuesto de Egresos del 2003 una partida debidamente etiquetada para cada uno de los proyectos. Palacio Legislativo San Lázaro, a 3 de Octubre del 2002. Atentamente. El de la voz, Diputado Benito Vital Ramírez, Diputado Jaime Alcántara Silva, Diputado Alberto Amador Leal, Diputado Víctor Díaz Palacios, Diputado Cutberto Cantorán Espinosa, Diputado Melitón Morales Sánchez, Diputada Araceli Domínguez Ramírez, Diputada Concepción González Molina, Diputada Adela Cerezo Bautista.
Por su atención compañeros, muchas gracias. Aplausos.
-LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado.
Túrnese a las Comisiones de Comunicaciones y de Presupuesto y Cuenta Pública.
El siguiente Punto de Acuerdo en relación a la problemática en que se encuentra el Municipio de Ocoyoacac, Estado de México, el grupo parlamentario del PRD ha solicitado se posponga para una próxima sesión.
Tiene la palabra el Diputado Alberto Amador Leal del grupo parlamentario del PRI para presentar una proposición con Punto de Acuerdo en torno al Programa de Abasto Rural de DICONSA.
-EL C. DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL. Con su permiso Diputada Presidenta.
En días pasados el Diputado Estéban Daniel Martínez Enriquez y su servidor asistimos a la Reunión Nacional de Consejos Comunitarios de Abasto, celebrada en la ciudad de México el 26, 27 y 28 de Septiembre.
Como Secretarios de la Comisión de Desarrollo Social, recibimos la encomienda de presentar a este pleno los problemas y las alternativas para abrir una nueva perspectiva a este importante Programa.
En esa reunión, a la que igualmente asistieron representantes de la empresa DICONSA y de la Secretaría de Desarrollo Social, se hizo una revisión de la situación actual del abasto rural reconociendo que el Programa vigente se caracteriza por un esquema comercial anacrónico, poco flexible , con estancamiento y contracción en el volumen de productos distribuidos, pérdida de identidad del Programa y distribución del arraigo social entre los beneficiarios, debido a que no se ha alcanzado la rentabilidad social y la eficiencia administrativa esperada.
Entre los aspectos más relevantes que se propusieron, destaca formalizar un Programa para que, con decisión y oportunidad, se atiendan las contingencias metereológicas o de otro orden como las acontecidas en días pasados en el Sureste del país.
Desarrollar políticas de intercambio comercial de la producción regional comunitaria con los productores industrializados de las ciudades, donde las tiendas DICONSA serán el eje fundamental que potencíe este proceso de desarrollo. De igual forma, descentralizar las compras directas y el pago a las unidades operativas.
Por igual se propuso someter el Programa de Abasto Rural a un proceso de reestructuración integral, administrativa y operativa de la empresa, que resuelva de fondo el problema estructural que actualmente le impide cumplir cabalmente su misión.
En el Anexo a esta propuesta, compañera Diputada Presidenta, entregamos el conjunto de las Recomendaciones y Propuestas que se formulan.
En realidad en torno a este Programa, cabe destacar que prevalece la dualidad de propósitos entre una definición focalizada de la política social y una determinación de acometer el rezago social de manera articulada de acuerdo a los problemas diferenciados de los diversos estratos sociales, tal y como lo reconoce la propia Secretaría de Desarrollo Social al determinar la medición de la pobreza y los diversos estratos que la componen.
Cabe destacar tan solo que los recursos presupuestales destinados a DICONSA han ido paulatinamente disminuyendo; en el año 2000 el presupuesto fue de 715 millones de pesos; en el año 2001, de 515 millones y en este ejercicio es tan sólo de 200 millones de pesos.
Existe entonces una definición por parte del Ejecutivo en cuanto al destino y al futuro de este importante programa, es por ello que proponemos el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO:
Primero.- Que la Secretaría de Desarrollo Social proporcione a la Comisión de Desarrollo Social un informe detallado sobre el estado que guarda la empresa DICONSA y sus perspectivas de desarrollo considerando las propuestas de los comités comunitarios de abasto.
Segundo.- Que en base a lo anterior se incluya una partida presupuestal en el proyecto de Presupuesto de Egresos del 2003 que permita abatir los rezagos de la empresa y crear condiciones materiales para que se recupere su viabilidad económica y social.
Atentamente, diputado Alberto Amador Leal, diputado Daniel Esteban Martínez.
Muchas gracias.
- LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Rural. … Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Queda exclusivamente en la Comisión de Desarrollo Social.
Tiene la palabra el diputado Gregorio Urias Germán, del grupo parlamentario del PRD para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación a las universidades públicas.
EL C. DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso diputada Presidenta.
Compañeras y compañeros diputados solidarios.
Proposición con punto de acuerdo para la aplicación del fondo extraordinario destinado a las universidades públicas con rezagos estructurales aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002.
Considerandos que la educación superior en México es factor determinante para el desarrollo nacional, el bienestar económico y la justicia social de los mexicanos se alcanzará a partir de consolidar nuestra independencia científica y tecnológica, ello será posible en la medida que se diseñe y aplique una política de Estado en materia educativa.
Que el Sistema de Universidades e Instituciones de Educación Superior de carácter pública arrastra un lamentable rezago producto de la política educativa aplicada por los gobiernos neoliberales que nunca se comprometieron con el futuro de la educación pública; el resultado salta a la vista, las universidades privadas atienden hoy alrededor del 30% del total de la matrícula universitaria cuando en la década de los ’80 no superaba el 10%.
Es decir, fieles a sus postulados neoliberales los gobiernos de Carlos Salinas a la fecha asumen, por la vía de los hechos, que el Estado debe retraerse y dejar la educación en manos del mercado.
Que no obstante la gravedad de lo anterior, se observa una marcada simetría en la asignación de las partidas presupuestales a cada una de las universidades públicas, encontramos casos en los que el costo anual por alumno supera a los 50 mil pesos por año mientras que en otras apenas rebasa los 20 mil, originando con tan irregular asignación que varias universidades se encuentren al borde del colapso financiero.
Que a iniciativa de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, un fondo extraordinario de mil millones de pesos que el Poder Ejecutivo debe aplicar para aliviar una crisis de las universidades que enfrentan problemas estructurales que amenazan su viabilidad como instituciones encargadas de formar los profesionistas del futuro.
Que a diez meses de haber aprobado la mencionada partida y a punto de iniciar la discusión del proyecto de Presupuesto de Egresos para el siguiente ejercicio, es inaudito que no se aplique todavía un solo peso. No es posible que por medidas burocráticas, tanto de la Secretaría de Hacienda como de la Secretaría de Educación Pública, se esté incumpliendo el mandato del Poder Legislativo en detrimento de la buena marcha de la educación superior.
Que hemos constatado las penurias económicas de varias universidades del país, como es el caso de las universidades autónomas de Puebla, Sinaloa, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Nayarit, sólo por mencionar algunas, que enfrentan una serie crisis que amenaza el cumplimiento de sus funciones sustantivas en virtud de la falta de recursos para solucionar problemas estructurales.
Que la Universidad Autónoma de Sinaloa es un importante espacio educativo que desde hace más de un siglo se ocupa de formar a miles de profesionistas en el noroeste del país, y que ahora se encuentra gravemente amenazada en virtud de la incomprensión y falta de apoyo oficial. Los problemas estructurales le hacen crisis como consecuencia de la inequidad histórica en materia de financiamiento, y cuyos efectos se manifiestan en forma severa.
En los próximos cinco años la nómina de jubilados será mayor a la de los trabadores en activo, presenta un déficit de mil 474 plazas y 31 mil 89 horas clase no financiadas por la SEP, que tiene que cubrir de otros renglones de su exiguo presupuesto. Existe también un importante adeudo en las cuotas del IMSS y al INFONAVIT.
En suma, esta centenaria universidad que en el presente ciclo escolar cubre la demanda educativa de 104 mil 190 alumnos, requiere para superar estos rezagos 562 millones 869 mil 834 pesos, de lo contrario está al borde del colapso financiero.
En razón de lo anterior y con fundamento en el artículo 71 fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior de este órgano legislativo, pongo a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo:
Unico. Que esta Honorable Cámara de Diputados requiera a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Educación Pública para que de inmediato procedan a aplicar los recursos extraordinarios aprobados en la Ley de Presupuesto de Egresos 2002, considerando en forma especial a aquellas universidades como es el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que enfrentan rezagos producto de asimetrías e inequidades históricas que amenazan seriamente sus funciones sustantivas.
Atentamente diputado Gregorio Urías Germán; diputado Fernando Díaz de la Vega; diputado Enrique Meléndez; diputado José Manuel Quintanilla; diputado Justino Hernández; diputado Aarón Irizar; diputado Roberto Zavala; diputado Tomás Torres; diputada Magdalena Núñez; diputada María de los Angeles Sánchez Lira; diputado Rubén Félix.
Muchas gracias, diputada Presidenta.
LA PRESIDENTA: Gracias, diputado.
Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos.
La siguiente proposición con punto de acuerdo, el grupo parlamentario del PRI ha solicitado se posponga. Es la relativa a la inseguridad pública en la capital del país y en la zona conurbada.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez. Se pospone para la próxima sesión.
En consecuencia pasamos al capítulo de efemérides.
Tiene la palabra el diputado Diego Cobo Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo en torno al Día Mundial de los Animales. Es efemérides, es una efemérides, no es punto de acuerdo.
EL DIP. DIEGO COBO TERRAZAS: Gracias diputada Presidenta.
Compañeras, compañeros diputados:
El pasado 6 de octubre diversas organizaciones sociales, medios de comunicación y la Organización de las Naciones Unidas, por conducto de su Programa de Medio Ambiente, conmemoraron el Día Mundial de los Animales, que tiene por objeto generar conciencia entre los seres humanos sobre la importancia biológica y cultural de los animales.
Los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hemos querido, en esta ocasión, subir a esta alta tribuna para ser la voz de aquellos que no la tienen, lo animales.
El ser humano, desde su origen, ha estado cerca de innumerables especies animales que lo mismo le han brindado alimento que abrigo o simple compañía. No obstante ello, a siglos de evolución humana, aún no hemos sido capaces de valorar la importancia de los animales para nuestra vida diaria y estos seres siguen siendo objeto de vejaciones, crueldad y ahora de un proceso de extinción masiva.
En 1977, la Organización de las Naciones Unidas en su reunión de Londres proclamó por primera vez la Declaración de los Derechos del Animal, en su preámbulo dicha declaración establece que los animales son susceptibles de tener derechos, que el desconocimiento de los derechos de los animales ha conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza –y tres- que el conocimiento por parte de la especie humana de dichos derechos, constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo.
En nuestro país, fue hasta 1981 cuando se expidió la Ley de Protecciones a los Animales del Distrito Federal, la cual se refería a cuestiones tan amplias como la protección del Medio Ambiente y la Protección y Regulación de la Vida de Especies no nocivas, así como la erradicación y sanción del maltrato y los actos de crueldad contra los animales y la formación del individuo para inculcarle actitud de responsables y humanitarias hacia los animales.
A 21 años de aquella primera Ley de Protección a los Animales en México, aún hoy en día la mitad de las entidades federativas no cuentan con una legislación en la materia y aún aquellas que la tienen no la aplican, como es el caso del Distrito Federal, que pese a contar con una muy avanzada legislación, no la lleva a la práctica, por ejemplo, la prohibición para la entrada de menores de edad a las corridas de toros o el Fondo de Protección a los Animales, previstos ambos en esta ley.
Qué decir del uso y abuso de los animales domésticos destinados al consumo humano que también se traduce ahora en daños a las personas, ahí están los caos de las encefalopatías bovinas o mal de las vacas locas, producto de años de una alimentación insana de engorda que ahora afecta la salud de los humanos, o en el caso de México, en el que decenas de personas se han visto afectadas por el uso de sustancias como el clembuterol en el ganado, sin mencionar que el sacrificio cruel de la especies para consumo humano provocan la toxicidad de la carne.
Por otro lado, hablando de la vida silvestre, la destrucción de los hábitats naturales por la urbanización, el avance de la frontera agrícola y otros procesos degradativos del ambiente, han puesto al borde de la extinción a miles de especies de animales, muchas de ellas ni siquiera bien conocidas por la ciencia.
En México debemos lamentar la extinción de al menos 32 especies de animales entre las que están 19 peces, un anfibio, 89 aves y 4 mamíferos, es decir, el 10% de las especies animales extintas del planeta y a punto de desaparecer están decenas más como la vaquita marina, endémica del Golfo de California, que será el primer caso a nivel mundial de un cetáceo extinto si no la protegemos de forma urgente.
En los inicios de un nuevo siglo y un nuevo milenio que se caracterizan por los avances del pensamiento humano, la protección de los animales no sólo se convierte en un asunto ético, sino en una necesidad que está ligada a la propia sobrevivencia de nuestra especie.
Hoy tenemos la gran responsabilidad de tomar las medidas que den viabilidad al mundo que habitamos, no debemos olvidar que el mundo no nos pertenece, lo compartimos con millones de seres vivos.
Los diputados del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hacemos nuestros los principio bioéticos que demandan para los animales tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a no ser torturados.
Muchas gracias.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
El siguiente punto del Orden del Día es la efemérides en torno al Aniversario Luctuoso de don Belisario Domínguez.
Se ofrece el uso de la palabra al diputado Víctor Antonio García Dávila del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
-EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El cambio en México ya nadie lo para, la reversa también es cambio. Un aniversario luctuoso más de un hombre valiente, un hombre que defendió íntegramente sus ideales, un hombre con entereza, Belisario Domínguez, es una muestra e patriotismo, lealtad y compromiso, sus discursos, sus pensamientos de reflexión, nos permiten conocer al héroe nacionalista y su búsqueda por la verdad.
1913 un año de desafíos y afrentas políticas que pusieron en descubierto los vicios ocultos por la ambición del poder. La ética que mostró Belisario Domínguez, nos hace buscar, día a día, esa entrega a la función legislativa. Su
compromiso nacional ha llevado a que el nombre de Belisario Domínguez sea ícono de integridad y valor cívico, estos valores se refrendan con la entrega de la presea que desde 1952 la Cámara de Senadores concede actualmente, a quien se destaca por los mismos valores que fortaleció don Belisario Domínguez.
El grupo parlamentario del Partido del Trabajo reconoce que el trabajo subversivo y combatiente, no obstruyó que el corte ético de Belisario Domínguez permitiera su lucha justa, auténtica e incluso liberal, en contra de los desajustes del régimen huertista.
No dudó en oponerse al régimen del traidor y usurpador Victoriano Huerta, así como expresar públicamente su rechazo a un régimen espurio.
Desde muy joven fue un periodista combatiente, su publicación El Vate, cuyas siglas significaron: valor, alegría, trabajo y estoicismo, se corroboraron sistemáticamente en sus escritos, la transparencia de sus textos y el apego a la realidad caracterizaban su pensamiento manifiesto en contra de las grandes diferencias sociales.
Su popularidad fue revestida por su visión humanitaria y de solidaridad, sus aspiraciones políticas no fueron por la lucha misma el poder, sino el uso del poder para ayuda y cooperación.
Pese a la prohibición de dar lectura a los discursos de oposición al régimen de Huerta, el 23 y 29 de septiembre de 1913, Belisario Domínguez siguió con su fin: hacer públicas y evidentes las irregularidades de este régimen.
El destino final que confirió la voluntad de Victoriano Huerta, fue una muestra más de la ambición por el poder, la muerte de Belisario Domínguez es, desde el 7 de octubre de 1913 una conmemoración más que de luto de identificación nacional.
El doctor Belisario Domínguez ha tomado el papel de héroe civil memorable para la historia mexicana. El hecho de que se le admire y haya una condecoración del Senado en su nombre, nos muestra como una persona no afiliada al Ejército, pudo destacar entre los diferentes grupos beligerantes de la revolución. Un papel único en este tiempo, que el doctor Domínguez comparte con el personaje de Madero.
La última época de su vida, fue de continuos levantamientos armados, en donde comenzaría a tener mayor influencia que nunca el poder militar, en el control de la nación en aquel tiempo. No era el más apto y democrático quien dominaba sino el más fuerte y perverso.
Belisario Domínguez deseó y consecuentemente fue capaz de oponerse al control ilegítimo, personificado en su tiempo en la persona del general Victoriano Huerta. Por esto, y muchos actos de emoción, han permitido considerar a don Belisario Domínguez como un héroe nacional. Es cuanto.
-LA C. PRESIDENTA: Gracias diputado.
Tiene la palabra la diputada Celita Trinidad Alamilla Padrón, para referirse a la efemérides de don Belisario Domínguez, es del grupo parlamentario de Acción Nacional.
LA C. DIPUTADA CELITA TRINIDAD ALAMILLA PADRÓN.- Con se venia, señora Presidenta.
Honorable Asamblea:
Hace ya 89 años de la muerte de un hombre, cuya vida le mereció pasar a las páginas de nuestra historia patria; un hombre cuya trayectoria hizo que el Senado de la república instituyera en 1953 una medalla que lleva su nombre y que se entrega anualmente a los mexicanos que han acumulado méritos cívicos, ciudadanos y patrióticos como para merecer ese honor.
Don Belisario Domínguez nació en Comitán de las Flores, Chiapas el 25 de abril de 1853. Hizo sus primeros estudios en su ciudad natal y cursó la preparatoria en el Instituto Literario y Científico del estado en San Cristóbal de las Casas.
En 1879 marchó a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció ahí diez años. El 17 de julio de 1889 recibió su título de médico y regresó a su patria enseguida. Venía saturado de ideas filantrópicas y de servicio social y con deseos de servir a las gentes más humildes. Instaló su consultorio en Comitán y comenzó a emprender largos viajes para llegar a las zonas marginadas con el fin de atender a sus moradores.
Como político humanista, en una reunión en el Tíboli del Eliseo ante un auditorio de chiapanecos, manifestó sus ideas liberales; se distinguió entre los hombres de su generación por la solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía.
Continuando con sus actividades políticas, fundó un periódico donde publicó artículos sobre la situación política del país y su oposición al régimen del Presidente Porfirio Díaz.
"Vigilad de cerca, chiapanecos -decía a sus paisanos- todos los actos públicos de sus gobernantes; elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos siempre que obren mal; sed imparciales en vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. Nada de anónimos ni seudónimos, sostened la verdad con firmeza entera". Ese fue el camino que se trazó Belisario Domínguez.
Fundó un club democrático y comenzó a participar en las lídes electorales, en 1909 fue electo Presidente Municipal de Comitán; fue tan importante la obra que realizó al frente del ayuntamiento, que su prestigio trascendió a todo el estado y pronto fue uno de los más distinguidos políticos.
Su adhesión a las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia de hacer el bien a los desvalidos unidas a su habitual franqueza, le dieron una gran fuerza.
Para las elecciones de senadores en 1912, los chiapanecos pensaron en él, desde luego, pero su modestia lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan solo la suplencia en la planilla que encabezó Leopoldo Gouth.
El doctor Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se trasladó a la capital del país, ahí fue testigo de los acontecimientos de la Decena Trágica. Con dolor e indignación, recibió el doctor la noticia del sacrificio de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez. La ciudad presentaba un aspecto aterrador: numerosos muertos y heridos en las calles, gentes inocentes en su mayor parte, a quienes no bastaban los servicios médicos.
El doctor Belisario Domínguez, con su acostumbrado desinterés, colaboró en esta labor humanitaria pero estaba destinado a otra tarea. El 3 de marzo falleció el senador Leopoldo Gouth y enseguida fue llamado el suplente para cubrir la vacante. Le correspondía actuar en el alto plano de la política nacional y en momentos sumamente difíciles.
Desde la tribuna, en varias ocasiones se manifestó en contra del gobierno encabezado por el General Huerta, con claridad y contundencia lo expresaba el senador chiapaneco. En su discurso repitió varias veces su oposición sin otra idea que sostener con firmeza la verdad.
Con los perfiles de un héroe civil y la grandeza de los personajes éticos, dio una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes del ciudadano cuando ve en peligro las instituciones políticas de su país. La sentencia contra su vida no se hizo esperar, se movieron los resortes oficiales y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel en el que se hospedaba y conducido al cementerio de Xoco en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente.
La muerte del doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída de Huerta. 40 años después de su muerte, se instituyó la "Medalla Belisario Domínguez". El decreto determinó que la presea se otorgara a aquella mexicana o mexicano que se hubiera distinguido por toda una vida dedicada al servicio de la Nación y porque en todos los ámbitos de su desempeño hiciera un homenaje cotidiano a los valores que también don Belisario Domínguez representó y que por eso lleva ese nombre.
La honestidad, la congruencia cotidiana entre el decir y el hacer, un valor a toda prueba para defender la justicia y la verdad y un profundo sentimiento de la responsabilidad en el desempeño de la encomienda, son los principios y los valores que se ponderan para decidir quién merece este galardón que se otorga en un acto que está marcado por el espíritu de Don Belisario Domínguez se distinguió por sus testimonios y dio la vida por sus anhelos ideológicos en un esfuerzo continuado y vertebrado que fructificó en la civilidad y la democracia. Su ejemplo ha quedado como algo vivo que los mexicanos debemos imitar siempre.
Es todo señora presidenta.
-PRESIDENTA: Gracias diputada.
Para referirse al mismo tema tiene la palabra el diputado Alfredo Ochoa Toledo, del grupo parlamentario del PRI.
-DIP. ALFREDO OCHOA TOLEDO: Con su permiso señora presidenta¸ compañeras legisladoras; compañeros legisladores:
El doctor Belisario Domínguez, fue un actor que trascendió a su tiempo; fue un privilegiado por la historia. Nace en el momento en que las tropas de la intervención francesa ponen en jaque a Juárez y a las tropas de la República en el sitio de Puebla y es asesinado en el momento en que la Revolución toma camino hacia el triunfo, cuando el usurpador abría frente de combate por todos lados.
7 de octubre de 2002, fecha en que se cumplen 89 años del sacrificio del Senador Belisario Domínguez, quien nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Su árbol genealógico con ramas de gran estimación, pues sus antepasados fueron de condición humilde, pero siempre sirvieron y militaron en las filas del liberalismo.
Prueba de ello es la participación de su padre quien perdió la pierna derecha en la defensa de Comitán contra las fuerzas imperialistas que atacaron esta población en mayo de 1873 y del coronel Pantaleón Domínguez, que fue gobernador del estado y quien al frente del Batallón Chiapas, se incorporó al Ejército de Oriente para defender la ciudad de Puebla.
Médico de profesión, con estudios en el extranjero, regresó a su natal Comitán para ejercer su oficio, dedicado a servir a sus semejantes con gran altruismo, estableciendo una botica que llevó el nombre de "Solidaridad" y abriendo su consultorio con precios especiales para la gente de escasos recursos.
En 1903 incursiona en el periodismo y escribe sobre temas que lo apasionan y le preocupan tanto en el orden material como el social, de su estado natal, pues teniendo importantes recursos naturales, el atraso y la miseria de sus habitantes es notable. Eso debido a las ambiciones políticas y económicas que sus gobernantes que poco habían hecho a favor por mejorar el pueblo.
La difusión de sus ideas plasmadas en sus escritos, no tienen eco en la gran prensa, perdiéndose en el vacío. En ese tiempo la censura era muy estricta y la represión era muy dura para los que expresaban críticas contra el gobierno.
En 1910 se inició el movimiento armado de la Revolución Mexicana. La lejanía y la falta de comunicaciones mantenían en un real aislamiento a Chiapas, ocasionando que se incorporara tardíamente a este movimiento.
Al inicio de 1911 Belisario Domínguez fue postulado por el Partido Liberal de Comitán, como candidato a la presidencia municipal, debido a su gran popularidad obtuvo un triunfo casi unánime e indiscutible.
En noviembre de 1911, Madero asumió la presidencia de la República, convocando posteriormente a elecciones para renovar las dos Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Belisario Domínguez es candidato a senador suplente por su estado natal.
A principios de 1913 llega a la ciudad de México y es testigo del episodio conocido como La Decena Trágica, en la que son asesinados el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, debido a la traición de Victoriano Huerta quien, tras una maniobra encubierta de legalidad, este personaje usurpa la presidencia de la República.
Esos acontecimientos causaron indignación nacional. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, mediante el Plan de Guadalupe del 26 de marzo de ese mismo año, levanta la bandera de la legalidad constitucional y convocaba a los gobernadores y al pueblo a integrar el ejército constitucionalista.
El Congreso de la Unión no podía estar ajeno a esos acontecimientos. La Cámara de Diputados, dividida en fracciones, uno de filiación maderista y otros francamente contrarrevolucionarios. En la de Senadores el grupo maderista era pequeño y el de la contrarrevolución el mayoritario.
Belisario Domínguez había tomado posesión de su cargo el 3 de marzo, como senador en funciones, debido al fallecimiento del titular, y así el destino del doctor Domínguez lo ubicaba en el teatro de los acontecimientos cuando la situación política revestía un grado de atención especial.
En sus intervenciones en la Cámara alta, pese al ambiente hostil, fueron de una gran dignidad y de valor cívico, pues durante las sesiones en las que participaba demostró abiertamente su enemistad a Huerta y a su gobierno, calificándolo de ilegítimo y a la vez manifestando sus simpatías por el constitucionalismo y exigía la renuncia del presidente y su expulsión del país.
En la sesión del 29 de septiembre el senador Domínguez arremetió contra Huerta en un violento discurso en el que expresó lo siguiente:
"Antiguo soldado, sin conocimientos políticos y sociales indispensables para gobernar la nación, se alucina creyendo que aparecerá fuerte por medio de actos que reprueban la civilización y la moral".
El discurso del senador Domínguez no fue incluido en el Diario de los debates y esto obligó a que Belisario Domínguez decidiera mandarlo imprimir por su cuenta y hacerlo público. Recurrió a varios impresores, quienes temerosos por las represalias de que podían ser objeto, se negaron a imprimir el discurso.
Lo mismo ocurrió con su paisano Adolfo Montes de Oca, propietario de una imprenta, pero una operaria de ese negocio de nombre María Hernández Zarco, descendiente de los ilustres Hernández y Dávalos y Francisco Zarco, enterada del asunto se comprometió con el doctor Domínguez a imprimir en forma clandestina, en una noche llena de espanto y terror, el discurso en la misma imprenta propiedad de Montes de Oca.
Su publicación causó gran impacto en la opinión pública en la Cámara de Senadores, pues en ella, con un alto valor cívico, desenmascaraba a Huerta, acto que no se podía tolerar.
La noche del 7 de octubre de 1913 un grupo de esbirros se apoderó del Senador Domínguez y en el panteón nuevo de Coyoacán fue salvajemente ejecutado y sepultado en el mismo lugar.
Huerta más adelante disolvió el Congreso; no podía trabajar con él, aduciendo que las cámaras de la actual legislatura de la unión han llegado a convertirse en el peor enemigo del Ejecutivo.
Gran ejemplo de valor nos dio el mártir chiapaneco. Su vida ejemplar es verdaderamente excepcional pues entraña enseñanzas dignas de imitarse. Cualquier elogio siempre será insignificante ante la estatura que engrandeció a este héroe civil. Muchas gracias. (aplausos)
LA C. PRESIDENTA: Esta Mesa Directiva acuerda se edite la biografía de don Belisario Domínguez y el texto íntegro de su discurso histórico, para distribuirse entre los ciudadanos diputados.
Nos han solicitado que la efemérides en relación a Ernesto Guevara se posponga para próxima sesión. Se lo aprecio al grupo parlamentario del PT.
Voy a dar lectura a algunas comunicaciones importantes. Se adiciona la comisión que representará a la Honorable Cámara de Diputados en la ceremonia con motivo del 188 Aniversario de la Expedición del Decreto Constitucional par ala Libertad de la América Latina, del martes 22 de octubre de 2002 en Apatzingán, con la participación del diputado Felipe Calderón, del grupo Parlamentario del PAN y de la diputada Eréndira Coba, quedando la Comisión como sigue:
Diputado Felipe Calderón, diputado Agustín Trujillo Iñiguez; diputado ramón Ponce Contreras; diputada Eréndira Coba; diputado Donaldo Ortiz Colín; y diputado Félix Castellanos Hernández.
Comunicación de la Honorable Cámara de Senadores. Le ruego a la Secretaría dar lectura a la misma.
- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(De la H. Cámara de Senadores que invita a la Sesión Solemne
en la que se impondrá la Medalla de Honor Belisario Domínguez,
del Senado de la República al C. Dr. Héctor Fix Zamudio)
- LA C. PRESIDENTA Para asistir en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes ciudadanos diputados:
En representación de la Mesa Directiva, se designa al diputado Eric Villanueva Mukul; en representación del pleno de la Cámara, a los siguientes ciudadanos diputados por el estado de Chiapas: Diputado Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez; Andrés Carballo Bustamante; Santiago López Hernández, José Jacobo Nazar Morales; Nicolás Alvarez Martínez; Roberto Domínguez Castellanos; Patricia Aguilar García; Roberto Fuentes Domínguez; Enoch Araujo Sánchez; Carlos Soto Monzón; Oscar Alvarado Cook Adolfo Zamora Cruz; Alfredo Ochoa Toledo; César Santiago Ramírez, Carlos Raymundo Toledo.
Se ha recibido comunicación de la Junta de Coordinación Política, ruego darle lectura a la misma.
- EL C. SECRETARIO DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ:
(Del C. Diputado Martí Batres Guadarrama, quien solicita la modificación
en Comisión para que la Dip. Adela del Carmen Graniel sustituya al
diputado Eric Eber Villanueva Mukul en la Comisión Especial de la Cámara
de Diputados, encargada de vigilar que los recursos del FONDEN y partidas extraordinarias que se aprueben se apliquen para el restablecimiento de las condiciones de convivencia de la población y la ayuda a los damnificados por el Huracán Isidore)
- LA C. PRESIDENTA: De enterado. Tramítese la sustitución.
Se han agotado los asuntos en cartera. Le ruego a la Secretaría dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
- LA C. SECRETARIA DIP. ADELA CEREZO BAUTISTA:
(Da lectura al orden del día)
- LA C. PRESIDENTA (A las 15:23 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 10 de octubre a las diez horas)